Europa se mantiene bajo la amenaza de una dura crisis económica. Así se ha expresado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en el Parlamento Europeo, donde ha señalado este jueves que “la economía europea sigue expuesta al riesgo de un choque estanflacionario, una situación donde un crecimiento más lento coincide con una inflación más alta”, pese al “frágil” alto el fuego de dos semanas que están negociando Estados Unidos e Irán.

“La guerra en Oriente Medio ha provocado una de las mayores interrupciones en la cadena de suministro en la historia del mercado energético global. Los ataques al estrecho de Ormuz y la focalización de infraestructuras energéticas han provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, y las repercusiones de estas perturbaciones se sienten en toda la economía mundial”, ha subrayado el comisario.

Aunque el comisario admite que “la recientemente anunciada tregua de dos semanas aporta una desescalada muy necesaria que se refleja en los mercados energéticos, con el crudo Brent cotizando ahora por debajo de los 100 dólares por barril”, también avisa de que “la perspectiva a largo plazo sigue estando marcada por una profunda incertidumbre”, de manera que mantiene que “el crecimiento podría ser hasta 0,4-0,6 puntos porcentuales más bajo y la inflación hasta 1,1-1,5 puntos porcentuales más alta, tanto en 2026 como en 2027”.

Pese a los riesgos económicos para Europa, Dombrovskis ha rechazado una posible suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ante la posibilidad del incremento del déficit de los países miembros por las medidas de apoyo a la población y las empresas por el incremento de los precios de la energía que ha provocado la guerra de Irán. “La condición para activar la cláusula de escape general es una recesión económica severa en la zona euro o en la Unión Europea en su conjunto. Actualmente, no estamos en ese escenario”, ha remarcado el comisario.

“Margen de maniobra más limitado”

Sin embargo, Dombrovskis sí que ha insistido en que “es crucial tener en cuenta que el margen de maniobra es ahora más limitado que en choques anteriores, debido a mayores niveles de déficit y deuda, en un entorno de tipos de interés más altos y la urgente necesidad de un gasto adicional en defensa”.

“Cabe destacar que los recientes desarrollos en los precios de la energía y en Oriente Medio generan presión adicional sobre las finanzas públicas, no solo por el deterioro de las perspectivas económicas, sino también por los costos asociados a las respuestas políticas de los Estados miembros”, ha remarcado el comisario.

España ha sido avisada por la Comisión Europea por rebajar el IVA de los combustibles del 21% al tipo reducido del 10 %. Esta es una de las medidas dentro del paquete que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio. Según Bruselas, este cambio al tipo reducido se desvía de la normativa europea sobre este impuesto. La Comisión mandó una carta al Gobierno español, y al de Polonia por aprobar una medida similar, en la que recuerdan “a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”. Fuentes del Ministerio de Hacienda defendieron que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural y destacaron que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea.

Dombrovskis ha subrayado que cualquier medida que aprueben los países miembros “debe ser temporal y específica, con un plazo claro de finalización, y no debe aumentar la demanda agregada de petróleo y gas en un momento en el que se necesitan ahorros. Los Estados miembros deben seguir estos principios y mantener el crecimiento neto del gasto dentro de los límites recomendados por el Consejo”.

En cuanto a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea, entre las que se encuentra España, que pidieron un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, el comisario ha respondido que “ya hubo un impuesto a las ganancias inesperadas durante la anterior crisis energética”, en referencia a la subida de la inflación con la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Aunque la Comisión Europea aún no ha puesto encima de la mesa las medidas que supuestamente iba a lanzar por la crisis de precios energéticos, Dombrovskis ha comentado que “no hay nada que impida a los Estados miembros aplicar este impuesto, ya que la tributación directa está, en gran medida, dentro de sus competencias. Estamos evaluando la posibilidad de una estrategia más coordinada a nivel europeo. Actualmente se está analizando, pero sigue siendo una opción, como lo fue durante la crisis anterior”.

La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.

Así se lo ha comunicado este organismo dependiente del departamento que dirige Elma Saiz a los vecinos afectados por la venta de estas viviendas públicas en una comunicación oficial fechada el pasado día 30, consultada por Europa Press.

En ella, se deniega la posibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años aprobada en el Real Decreto-Ley 8/2026 sobre prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual.

Una decisión que afecta a numerosas viviendas vacías situadas en el centro de Madrid en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico que proceden de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012.

“Sorpresa e incredulidad” de los vecinos

La denegación de la prórroga por parte del Ministerio ha sido acogida con “sorpresa e incredulidad” por los afectados al tratarse de una medida aprobada por el propio Gobierno pero que no se aplica en las viviendas cuyo casero es público y estatal, como sucede en este caso, según ha apuntado el Sindicato de Inquilinas de Madrid en un comunicado.

Al hilo, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han subrayado que “no existe ningún impedimento legal” para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años mientras se inicia “una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio”.

Los inquilinos han denunciado en múltiples ocasiones que ningún responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda se ha reunido con ellos para dar explicaciones sobre la venta de las viviendas. Asimismo, han llegado incluso a ocupar la sede de la Tesorería en la calle Doctor Esquerdo para exigir una reunión, así como a interrumpir los actos de las subastas de las viviendas, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

En este sentido, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha recalcado que este movimiento “no hace sino aumentar la opacidad de esta operación de privatización y reforzar las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta” de estas viviendas.

El sindicato ha apuntado que la propia ministra de Vivienda “insiste públicamente en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda”, pero no ha dado “ninguna explicación sobre la venta de estas viviendas, que suponen una clara disminución de recursos habitacionales en plena crisis de vivienda”.

En la misma línea, desde este sindicato han tildado de “incoherente” que el Ministerio de Vivienda anuncie esta semana la compra de 600 viviendas a través de Casa 47, mientras la Tesorería de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y pretende desahuciar a inquilinos que llevan más de 20 años habitando sus hogares.

“Cabe recalcar que esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto, el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo”, ha advertido el sindicato.

Los vecinos, agrupados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, han subrayado que “darán la batalla” en todos los frentes, incluida la vía contencioso-administrativa, “hasta conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente sin suponer expulsión para ningún vecino”.

Así, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han denunciado la opacidad del proceso y han asegurado que los vecinos no van a abandonar sus viviendas, sumándose a la estrategia #NosQuedamos para forzar una negociación que garantice sus viviendas.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

Va a haber más turistas en España como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y la inestabilidad que ha generado en toda la región. Así lo reconoce Exceltur, la asociación que agrupa a las 30 mayores compañías del sector, en la que están todas las grandes hoteleras y las empresas de transporte como Iberia o Renfe.

“Que haya inestabilidad afecta a destinos muy relevantes, directa o indirectamente”, reconoce Óscar Perelli, vicepresidente de Exceltur. “Hay turistas que pueden venir al Mediterráneo, España incluida, pero va a afectar la subida de precios, especialmente el transporte aéreo y afecta la incertidumbre de turistas, que pueden cancelar”.

“Prevemos más turistas extranjeros y españoles, que prefieran quedarse”, ha indicado Perelli. Equivale a más de 4.000 millones de euros, porque España puede tirar de un “efecto refugio”.

Esa redirección de flujos, sobre todo internacionales, que prefieran España, se traducirá, sobre todo, en más tirón para los hoteles de costa, que prevén crecimientos de más del 5%, mientras que las agencias de viaje van a sufrir un detraimiento de la demanda de los españoles que van fuera, sobre todo, ven una caída de los viajes de larga distancia a Asia y un retraso en la venta, de turistas que están esperando, para ver qué pasa y si el conflicto se resuelve.

Los destinos afectados, de Oriente Medio, suman más de 180 millones de turistas, muchos de proximidad, de esos mismos países, “que pueden redirigirse a otros mercados, entre ellos España, pero es un contexto no deseado”, ha recalcado, aunque todavía es pronto para prever qué va a pasar en los próximos meses. A esos se suman cerca de 46 millones de euros que, calculan, también viajan tradicionalmente a los mercados de Oriente Medio. “Pero habrá turistas que no van a viajar”, ha recalcado Perelli.

Como consecuencia, Exceltur, calcula que el PIB turístico, el crecimiento de este sector, será del 2,5%, por encima de las previsiones esenciales, que eran del 2,4%. Es decir, crecerá en más de 14.000 millones, si se cumplen las previsiones, y este año aportará a la economía más de 226.000 millones, el 16% de todo el crecimiento económico de España.

Preocupación por la subida de precios

“Nos preocupa extraordinariamente la subida de precios, sobre todo por la energía, y su efecto en los márgenes de las empresas. Ya perciben el aumento de los costes energéticos, sobre todo las empresas aéreas, que ya están recortando los márgenes”. En cuanto a cómo va a ser la subida, Exceltur no ha entrado porque “los precios los marca el mercado. En el momento que se traslade, veremos cómo afecta a la demanda”.

Todo este escenario, ha indicado Perelli, en un contexto de conflicto corto, que no escale. “Estamos muy preocupados porque eso pueda pasar”. “Esperamos que el conflicto tenga una duración limitada, acotada territorialmente y que se estabilice el acuerdo de paz”, asume Perelli.

“La guerra es el peor enemigo del turismo”, ha indicado el vicepresidente de Exceltur, porque genera “incertidumbre, percepción de inestabilidad, aunque en el corto plazo impulse a España”. “Las vacaciones de verano se planifican con meses y estamos viendo ya reservas hacia España para el verano, de extranjeros y de españoles”, ha resumido. Y lo que más crece es el turismo local.

También reclaman que haya una garantía en el suministro de carburante, principalmente para el sector aéreo. “Nos parece bien el paquete de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para reducir el precio de la gasolina”, ha indicado el representante de Exceltur. “Ese posible impacto positivo tiene que ser gestionado razonablemente, es esencial”, ha concluido.

En cuanto al transporte, ha calificado de “errática” la gestión del transporte ferroviario en los últimos meses y ha reclamado más inversión en alta velocidad.

La OCDE recomienda a España reforzar las inversiones en materia energética, sobre todo aquellas relativas a las redes eléctricas y el refuerzo de la infraestructura, y mejorar las políticas de formación para jóvenes y adultos de cara a aumentar una productividad económica que, reconoce, ha avanzado en los últimos años.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media. Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35 % en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30 % en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún “significativo”.

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

El organismo, con sede en París, reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno.

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que “seguir agilizando” la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para “hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro”.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

Más IVA y menos impuestos al trabajo

En materia fiscal, la OCDE recupera viejas recomendaciones para reducir la imposición sobre el trabajo, que, dicen, desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales.

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las “elevadas” cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible. Su receta es “impuestos menos distorsionadores” como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

El nuevo simulador de gasto en pensiones a largo plazo de la Seguridad Social, la herramienta INTegraSS que anunció en verano la ministra Elma Saiz, prevé un menor peso de este gasto social en las próximas décadas frente a las estimaciones de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Comisión Europea. Son los primeros datos del modelo de proyección, cuya robustez y nivel de detalle destaca el Gobierno, ya que se basa en la enorme base de datos de los pensionistas de Seguridad Social, con información de generaciones desde las nacidas en 1938.

El modelo de proyección del gasto en pensiones ha sido explicado en detalle este jueves, en un acto inaugurado por la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, y con cierre del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

“Vamos a presentar esta importante herramienta pública. Con ese mensaje de compromiso con la transparencia y con acompañar y dar certidumbres al sistema público de pensiones”, ha dicho Saiz a la entrada de la presentación. “Las pensiones son el mayor contrato entre generaciones que tiene nuestra sociedad. Mantenerlas sostenibles, justas y predecibles no es solo una responsabilidad económica: es una obligación moral”, ha afirmado por su parte Cuerpo.

Los equipos técnicos de ambos ministerios han trabajado codo con codo en los últimos dos años para elaborar INTegraSS, que ofrecerá más información y “transparencia” al debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas, para que esté centrado en datos y “no en prejuicios”, sostuvo Saiz este verano. O en sesgos a menudo interesados, advierten fuentes de la Seguridad Social. El Gobierno publicará próximamente una extensa metodología sobre qué elementos tiene en cuenta la herramienta.

Bastante menos gasto, sobre todo en el pico de 2050

Sus resultados arrojan una imagen más halagüeña de la presión de gasto para las próximas décadas en España, en las que el sistema afronta la jubilación de la numerosa generación del baby boom. Si el gasto medio estimado por la AIReF entre 2022 y 2050 se sitúa en el 14,4% del PIB y el de la Comisión Europea, en el 15,5% (el 14,6%, según el dato revisado), el simulador de la Seguridad Social prevé una media del 14%.

Cuando se mira a 2050, el año previsto de mayor tensión para las cuentas públicas, las diferencias son sustanciales. La Comisión Europea calculó en su informe del Ageing Report de 2024 que el gasto en pensiones alcanzaría el 17,3% del PIB y la AIReF lo situó en el 16,1%, mientras que INTegraSS lo reduce casi un punto adicional: el 15,3%.

La ministra Elma Saiz ha destacado que los datos obtenidos por el simulador “permiten ser optimistas”. “El sistema de pensiones es sostenible, su gasto a futuro es asumible y las medidas que hemos adoptado están funcionando”, ha sostenido sobre las reformas aplicadas, como las que incentivan la jubilación demorada o varias modalidades para compatibilizar la pensión y el trabajo, así como desincentivan el retiro anticipado.

Los cálculos del simulador de la Seguridad Social se plantean como informativos y complementarios para el debate sobre las pensiones, pero no afectarán a la cláusula de revisión del sistema cada tres años aprobada en la reforma de 2023. En función de esta, la ley establece si hay que tomar o no medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Este control –pactado por el exministro Escrivá con Bruselas– lo realiza la Autoridad Fiscal, que analiza tanto el gasto como los ingresos de la Seguridad Social a largo plazo. Para la previsión de gasto tiene en cuenta los datos de la Comisión Europea, que tiene su propio modelo de proyección.

En su primer análisis, la AIReF concluyó que se cumplía la regla de gasto de la cláusula, lo que descartó los ajustes adicionales por el momento. Antes de junio, el organismo independiente debe realizar un informe de seguimiento de este cálculo por orden del Gobierno, contra el que se posicionó la anterior presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. Hace unas semanas fue elegida la nueva responsable de la entidad, Inés Olóndriz, hasta hace poco miembro del Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, la Seguridad Social reconoce que el objetivo de INTegraSS es mejorar la consistencia de las proyecciones que se realizan sobre pensiones, aportando datos de manera transparente y actualizada. La previsión del Ministerio es publicar los resultados de su simulador periódicamente. En principio, cada año.

Más población y más crecimiento económico

Los resultados de la Seguridad Social reflejan un menor gasto en pensiones que otras herramientas de proyección por varios motivos. Principalmente, porque tiene en cuenta datos distintos, pero también supuestos diferentes.

Por un lado, el Gobierno destaca el principal valor de INTegraSS: la enorme base de datos de jubilaciones que tiene en cuenta el modelo de la Seguridad Social, con información real de millones de pensionistas, con datos de hasta 35 generaciones distintas (jubilados por año de nacimiento), destaca el equipo de Saiz. Otros modelos analizan una muestra de pensionistas y, además, con un menor nivel de granularidad en sus estimaciones frente a las distinciones de la Seguridad Social por sexo, tipo de pensión, edad y régimen.

Por otro lado, la herramienta del Gobierno tiene en cuenta supuestos distintos más optimistas que los de la AIReF. Por ejemplo, un mayor crecimiento económico (que ha calculado el departamento de Carlos Cuerpo), del 2,8% entre 2022 y 2030 y del 1,4% hasta 2050, frente a un empuje medio de la economía del 1,3% que prevé la Autoridad Fiscal en todo este periodo.

INTegraSS también proyecta una mayor cantidad de población en España para las próximas décadas, con 53,7 millones de personas en 2050, frente a las 52,1 de la Autoridad Fiscal, gracias principalmente a la migración. Fuentes de la Seguridad Social apuntan que todos los supuestos se han incorporado desde un principio de prudencia, con escenarios incluso conservadores que confían en que puedan ser mejorados en la práctica.

Aunque el color naranja de los carteles de Alquiler Seguro es muy reconocible en las calles de ciudades como Madrid y Barcelona, nunca se había hablado tanto de esta inmobiliaria como en los últimos meses, después de una multa de 3,6 millones por contratos abusivos a inquilinos ratificada este miércoles por el Ministerio de Consumo. El pasado 15 de enero, se dio a conocer que el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, compró un 14,21% de la socimi cotizada de la misma marca a través del fondo 08022003 Limited, idéntica cantidad que adquirió el ex jugador del Barça Sergio Busquets, este a través de Buga Seler, S.L, inversiones con un valor aproximado de 1 millón de euros cada una, teniendo en cuenta que tiene hoy una capitalización bursátil de 6,9 millones. Ninguno de los dos ha explicado públicamente la motivación de esta inversión o si la multa a la empresa les hace replanteársela.

Con la compra de estas acciones, los fondos de Guardiola y Busquets pasaron a ser, empatados, los terceros máximos accionistas de la socimi. El principal accionista es la propia empresa, Alquiler Seguro, con un 52,63%, a su vez controlada en un 23,68% por el presidente y fundador, Antonio Carroza Pacheco, y por Aurica Growth Fund, que posee un 26% a través de dos participaciones. La entrada de los ex azulgrana en la socimi tuvo lugar en mayo de 2025 mediante una ampliación de capital, pero se dio a conocer en enero.

Antes, en marzo de 2025, el Ministerio había abierto el expediente sancionador a la empresa basándose a su vez en una investigación que se remontaba a 2023. Partió de las denuncias de Sindicato de Inquilinos, OCU y Facua. Entre otras cosas, la empresa era sancionada por obligar a los inquilinos a pagar un servicio por la gestión del contrato que está prohibida expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Todo ello en medio de una profunda crisis del alquiler con las familias asfixiadas por los gastos de la vivienda.

Socimi y empresa

Desde la empresa insisten en desvincular a la socimi, Alquiler Seguro Asset Market, que compra inmuebles en propiedad para dedicar a alquiler, de la empresa, que funciona como una inmobiliaria que se encarga de las viviendas de terceros para ponerlas en el mercado de alquiler. Es esta última la que ha sido sancionada por el Ministerio y no la socimi, si bien el máximo accionista es la propia empresa y el presidente de la misma.

Licenciado en Economía y fundador de la empresa junto a Gustavo Rossi en el año 2007, poco antes de que estallara la burbuja que desató una gran crisis económica mundial, Carroza ha sido siempre la principal cara visible de la compañía y compaginó presidencia y puesto de CEO hasta que en diciembre de 2024 ocupó este cargo David Caraballo, actual consejero delegado después de haber sido director comercial, gerente general y director general.

Su modelo de negocio, que cobró más sentido ante la reducción de compra de viviendas con la crisis económica y el consecuente crecimiento de la población inquilina, siempre se basó en las garantías para el propietario. “Garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes” o “Tasa de morosidad al 0% durante los últimos 16 años” son algunos de sus eslóganes efectivos, que le sirvieron para crear la socimi que llegó al Mercado Alternativo Bursátil en 2017 con una valoración de 9 millones de euros.

Una multa superior a los beneficios

En el año 2024, último publicado, la inmobiliaria (no la socimi) facturó 28 millones de euros, un 26% más que el año anterior y obtuvo un beneficio de 2,59 millones, según datos de Insight View a partir del Registro Mercantil. Para alcanzar este éxito, no obstante, el Ministerio denuncia que la empresa se vale de modelos de contratos abusivos. El recurso de alzada presentado por la empresa ante esta sanción fue desestimado, por lo que la multa es firme desde este miércoles. A Alquiler Seguro solo le quedaba recurrir a la justicia y así ha anunciado que lo hará para frenar una sanción que consideran “desproporcionada” y “abusiva”. La sanción impuesta por Consumo es mayor que las ganancias de la empresa y equivalen al 9,25% de su facturación

La sanción se dio a conocer poco después de que el Sindicato de Inquilinas de Madrid anunciara una huelga de alquileres, aun sin fecha, para dejar de pagar a la inmobiliaria, que gestiona unos 22.000 en toda España y tiene 65 oficinas en 12 Comunidades Autónomas. Según el ministerio, la empresa obliga al inquilino a cobrar gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato que están prohibidos expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Además, le imponía un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en casos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

La multa de Consumo no impide a Alquiler seguro, en cambio, concurrir a la licitación de 1.600 viviendas públicas de la nueva empresa estatal Casa 47 por valor de 6,5 millones de euros, a la que se presentó y fue admitida. Los sindicatos de vivienda se han mostrado críticos con el hecho de que empresas como esta puedan concurrir a estos concursos, pero desde Casa 47 han querido dejar claro que las normas y los precios los pone la empresa estatal, que no puede impedir presentarse a quienes cumplan requisitos y que no tiene organigrama para hacerse cargo de ello con funcionarios públicos.

Cuatro astronautas han viajado esta semana alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo. La NASA ha organizado el viaje más largo de la historia del ser humano, ha captado las primeras imágenes de la Tierra desde la cara oculta del satélite y reactivado la ilusión por la exploración espacial del siglo XXI. Sin embargo, esta carrera es muy distinta a la que EEUU ganó en los años 70.

“Construiremos bases científicas, conduciremos vehículos exploradores, haremos radioastronomía, fundaremos empresas, impulsaremos nuestra industria, inspiraremos; pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra”, pronunció la astronauta Christina Koch justo tras aparecer “zona de silencio”, la parte del viaje en la que la cápsula queda incomunicada detrás del satélite.

El discurso cuidadosamente escogido de Koch para este momento histórico evoca la nostalgia de la exploración del cosmos pero señala una parte de ese cambio. La nueva carrera espacial tiene un componente privado clave. La NASA vuelve al satélite para explotar sus recursos y la misión Artemisa II es el primer paso de una nueva arquitectura industrial y comercial que llegará en los próximos años de la mano de nuevos magnates espaciales.

La cápsula Orión que protagoniza este viaje será, con casi con toda probabilidad, una de las últimas fabricadas por la agencia espacial estadounidense siguiendo los métodos tradicionales. A partir de ahora, el diseño de las próximas generaciones de naves correrá a cargo de empresas privadas en un modelo en el que la NASA entrará como cliente, pero no será la dueña del proyecto ni tendrá control directo en sus requisitos técnicos.

Así ocurrirá con los módulos de alunizaje, cuyo desarrollo ya ha sido adjudicado a empresas como SpaceX (Elon Musk) o Blue Origin (Jeff Bezos). El primero se pondrá a prueba en la misión Artemisa III, prevista para 2027. La NASA defiende que este nuevo paradigma, conocido como New Space, permitirá abaratar costes y acelerar los desarrollos. Frente al modelo público tradicional, dominado por la aversión al fallo, la nueva industria bebe de las lógicas de Silicon Valley: asume errores como parte del proceso.

El cambio no es a futuro, sino que está sucediendo ya. La inmensa inversión de SpaceX para desarrollar cohetes reutilizables que disminuyan el coste por lanzamiento (y su mayor tolerancia a perder vehículos), las constelaciones de minisatélites baratos de producir y la extensión de los servicios espaciales mucho más allá de los estados son las primeras pruebas de ello. La seguridad y el paso firme de la exploración espacial clásica se ven sustituidos por la velocidad y la disrupción propias del sector tecnológico.

Sin embargo, la economía lunar y la producción de vehículos espaciales son solo la superficie del naciente sector del New Space. El verdadero negocio que las empresas espaciales están presentando a los fondos de capital riesgo, y por el que han conseguido inversiones de unos 150.000 millones de dólares en la última década según datos de Space Capital, no es convertirse en gestoras de la logística y la minería espacial. Ese es solo el primer paso. La carrera espacial oculta que se está desarrollando ahora trata de construir una nueva infraestructura de poder en el espacio y conectarla con la última gran revolución tecnológica terrestre: la inteligencia artificial.

La infraestructura invisible del poder orbital

El espacio se está convirtiendo en una extensión del sistema nervioso de la Tierra. Las finanzas globales se rigen por los relojes atómicos a bordo de los sistemas globales de navegación por satélite, de los que depende desde el comercio internacional de alta frecuencia hasta sacar dinero, explican los investigadores Clémence Poirier y Sébastien Moranta, del Instituto Europeo de Política Espacial. El transporte marítimo, la aviación y la logística terrestre que abastece los supermercados se basan en la misma red para no colapsar, mientras que prácticamente todas las operaciones militares modernas necesitan respaldo satelital.

“Aunque los sistemas espaciales aún no se hayan definido como infraestructuras críticas, sin duda desempeñan un papel fundamental en la prosperidad y la seguridad de las economías y sociedades modernas, y sirven de apoyo a otras infraestructuras críticas”, explican ambos investigadores en la Elgar Encyclopedia of Space Policy and Governance.

La red espacial es muy eficiente, pero eso la ha convertido en un “punto único de fallo”. Es el cruce de caminos moderno. Quien lo controle, obtiene un gran poder de influencia sobre la economía y la seguridad planetaria. Hasta ahora ese poder estaba en manos de los Estados. Pero eso está cambiando con el desarrollo del New Space.

El mejor ejemplo hasta la fecha de ese trasvase de poder se dio en 2022. Entonces Elon Musk decidió unilateralmente frustrar un contraataque ucraniano contra la flota rusa en Crimea. Ante la petición de Kiev para activar la cobertura de su constelación Starlink en la zona y guiar drones submarinos hacia sus objetivos, el magnate se negó y desconectó el servicio por temor a una escalada nuclear.

El curso de la guerra, las vidas de millones de personas y la seguridad internacional quedaron marcadas por la agenda personal de un solo empresario. “Hubo una solicitud urgente de las autoridades gubernamentales para activar Starlink hasta Sebastopol”, publicó Musk en X, su red social, citando la mayor ciudad portuaria de Crimea. “La intención evidente era hundir la mayor parte de la flota rusa anclada allí. Si hubiera accedido a su petición, SpaceX habría sido explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y de una escalada del conflicto”, justificó.

Por qué llevar la inteligencia artificial al espacio

Mientras la industria del New Space multiplica la cantidad de datos que llegan desde la órbita, en la superficie una nueva tecnología ha transformado la capacidad de analizarlos e interpretarlos en tiempo real. La convergencia entre la inteligencia artificial y la privatización del cosmos es, para sus impulsores, la mayor oportunidad económica de la historia.

“Estamos hablando de la mayor oportunidad de mercado de la historia, billones de dólares al año en inversión de capital (CapEx). Mi mejor estimación es que, en un plazo de entre cinco y diez años, al menos la mitad de toda la nueva capacidad de computación se desplegará en el espacio por motivos energéticos”, dice Philip Johnston, fundador y CEO de Starcloud, una startup fundada en 2024 que acaba de recibir 170 millones de dólares para desarrollar centros de datos en el espacio.

Estamos hablando de la mayor oportunidad de mercado de la historia, billones de dólares al año en inversión de capital

Philip Johnston — fundador y CEO de Starcloud

“Tan pronto como Starship [el cohete pesado de SpaceX] vuele con frecuencia, será más barato construir centros de datos en el espacio”, insiste Johnston, de 39 años. Hasta ahora, un satélite funcionaba de forma similar a un espejo: captaba una imagen o una señal y la enviaba a la Tierra para ser procesada. El problema es que la multiplicación de satélites y telescopios en órbita ha saturado la capacidad de las antenas terrestres para recibirlos y transmitirlos.

La propuesta de Starcloud (así como de otras 20 o 30 startups, de las que una decena están en fase avanzada) es saltarse ese último paso. Convertir esos espejos en centros de datos, desplegando infraestructura de computación en órbita alimentada por paneles solares. De esta forma, en lugar de bajar un archivo gigantesco para que sea analizado en la Tierra, sería el propio satélite el que analizaría la imagen en tiempo real y enviaría una alerta de unos pocos bytes si detecta algo relevante. El proceso podría ahorrar horas en transmisiones.

El modelo Qwen3 completó múltiples experimentos, en los que se transmitieron preguntas desde la Tierra al satélite, se procesaron a bordo y los resultados se enviaron de vuelta a las estaciones terrestres, todo ello en tan solo dos minutos

El Diario del Pueblo — periódico oficial del Partido Comunista Chino

SpaceX puso en órbita el primer satélite de Starcloud con chips de Nvidia el pasado noviembre. Microsoft y Amazon ya tienen en marcha proyectos similares. Pero la más avanzada, según sus anuncios oficiales, es China: en enero de este año la empresa Adaspace Technology consiguió subir el modelo Qwen-3 de Alibaba a un satélite en condiciones de misión real.

“En la prueba, el modelo Qwen3 completó múltiples experimentos, en los que se transmitieron preguntas desde la Tierra al satélite, se procesaron a bordo y los resultados se enviaron de vuelta a las estaciones terrestres, todo ello en tan solo dos minutos”, explicó El Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China.

Sin normas para las IA militar espacial

Tanto China como las startups estadounidenses promocionan estos avances como nuevas formas de desarrollar ciudades inteligentes, detectar catástrofes medioambientales antes de que sucedan o telemedicina. La realidad es que una de sus primeras aplicaciones está siendo la militar: satélites con IA que detectan tropas enemigas, tanques o misiles en tiempo real y envían alertas instantáneas para disparar contra ellos, sin esperar a que los datos lleguen a la Tierra.

La carrera de la IA entre Washington y Pekín y el aumento de la tensión internacional hace que todas estas tecnologías nazcan, en realidad, con la etiqueta de “doble uso” (civil y militar). Un factor que desdibuja las fronteras de lo que constituye un arma espacial, complicando su regulación y aumentando el riesgo de que sean atacadas en caso de conflicto, ha alertado el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) en su último informe.

Aunque la inteligencia artificial puede mejorar las operaciones espaciales, también pueden ser reutilizadas y explotadas para aplicaciones disruptivas u hostiles

Naciones Unidas

“Aunque las aplicaciones cuánticas y de inteligencia artificial pueden mejorar las operaciones espaciales, también pueden ser reutilizadas y explotadas para aplicaciones disruptivas u hostiles”, destaca: “Los sistemas avanzados de IA podrían aumentar indirectamente las amenazas relacionadas con el espacio si se utilizan para automatizar ciberataques, secuestrar interfaces o explotar datos de código abierto”.

Esa situación, unida al hecho de que las principales potencias espaciales son también potencias nucleares, hace que Naciones Unidas alerte de que la integración de la IA en los sistemas de mando incremente el riesgo de errores de cálculo o de una escalada militar involuntaria. “La incertidumbre sobre las capacidades tecnológicas emergentes puede alimentar la desconfianza e iniciar una carrera armamentística en el espacio”.

El UNIDIR, una institución autónoma dentro del marco de la ONU cuyo propósito fundamental es realizar investigaciones independientes sobre el control de armas y la proliferación de armamento, advierte que el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967) no tiene en cuenta la toma de decisiones de manera autónoma, lo que complica aún más la situación.

Con todo, el organismo subraya que las startups y los actores comerciales no pueden escudarse en el desconocimiento de las leyes ni en la naturaleza de doble uso de sus productos. En última instancia, advierte el instituto, la viabilidad a largo plazo del mercado espacial depende de que no se convierta en un caos bélico incontrolable. Por ello, les recuerda sus obligaciones de “conocer quiénes son sus clientes” y para qué utilizan sus productos. A los Estados, les pide que no descuiden el control de sus propias empresas.

El ser humano se lanza de nuevo al espacio, pero con unas capacidades inimaginables en su primera carrera hacia la Luna. Si una inteligencia artificial privada toma una decisión errónea sobre una infraestructura crítica desde el espacio, ¿bajo qué ley se juzga ese error? ¿Quién audita los sesgos de un algoritmo que envía alertas a la Tierra a 500 kilómetros de altura? ¿Pensaba Christina Koch en estos dilemas cuando citó a las empresas que protagonizaran la nueva conquista del espacio?

El Ibex 35 ha celebrado este miércoles el alto el fuego de dos semanas anunciado por Donald Trump tras sus amenazas de arrasar el país y pese a que siguen los ataques de Israel a Líbano y se ha vuelto a paralizar el tráfico en el estrecho de Ormuz. Pese a todo, el selectivo que agrupa a las 35 mayores empresas cotizadas, ha reaccionado al alza y se ha apuntado una subida de casi el 4% en la que ha sido una de sus mejores jornadas en casi un año.

En concreto, el Ibex 35 ha concluido la sesión con un repunte del 3,9% y vuelve a superar la barrera de los 18.000 puntos, porque ha concluido el miércoles en los 18.125,35 puntos, una cota que no veía desde las primeras jornadas de marzo.

Este repunte coincide con la fuerte caída del petróleo que, al cierre de las bolsas europeas, se ha desplomado más de un 13% en una jornada histórica y se sitúa en el entorno de los 95 dólares el barril de Brent, el de referencia en Europa.

Lo mismo ha ocurrido con los futuros a tres meses del gas en el mercado de Ámsterdam (TTF) que al cierre de los mercados europeos caían casi un 15% y se sitúan en los 45 dólares, volviendo a niveles de principios de marzo.

Esa positiva marcha no se ha quedado solo en el Ibex. Por ejemplo, el índice Dax alemán ha subido este miércoles más de un 5%. El Cac francés, casi un 4,5%; el MIB italiano, un 3,7%; y el FTSE de Londres, un 2,5%.

Todos los valores en verde, salvo las energéticas

La evolución de los parqués y el desplome del petróleo y del gas le ha sentado bien a todo el Ibex, menos a las compañías energéticas.

La que más se ha teñido de rojo este miércoles ha sido Repsol, que se ha apuntado una caída de más del 5,7%. En el caso de Naturgy, el paso atrás ha sido superior al 1%; Redeia se ha dejado un 0,46%; y Enagas, un 0,64%. Se ha salvado Iberdrola, aunque su repunte al cierre ha sido mínimo, del 0,1%.

En cambio, compañías ligadas al acero como ArcelorMittal o Acerinox se han apuntado subidas de casi el 13% y el 8%, respectivamente.

Y compañías aéreas, como IAG, han remontado un 8,5%. Indra, de la que hoy se vuelve a hablar de su proyecto de fusión con Escribano, también está entre las mayores subidas, más de un 8%.

Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han retomado las negociaciones de la posible operación de integración de la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano en la empresa de defensa y tecnología española, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

Estas mismas fuentes indicaron previamente que EM&E “está dispuesta a hablar” sobre la continuidad del proceso, al tiempo que Indra mantenía abierta esta opción.

EM&E renunció a la mencionada operación ante las presiones del Gobierno, que alegaba, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --el mayor accionista de Indra con un 28%--, un “conflicto de interés” por la relación del entonces presidente de Indra, Ángel Escribano, con EM&E, su empresa familiar. Ahora, con la salida del ejecutivo de Indra, la operación parecería estar de nuevo sobre la mesa.

Respecto al aterrizaje del nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, Ángel Simón, dichas fuentes señalan que ya se ha reunido con el equipo directivo en lo que está siendo su “primera toma de contacto” con el personal de Indra.

Así, en un futuro próximo se definirán sus siguientes movimientos o si presidirá las comisiones delegada ejecutiva y de estrategia. Más adelante se presume que mantendrá contacto con los empleados de la multinacional.

Cabe recordar que a la llegada de Ángel Escribano al puesto, aunque con funciones ejecutivas, hace algo más de un año, este envió un vídeo presentándose a los trabajadores de la empresa.

La patronal de autónomos ATA ha denunciado este miércoles un supuesto nuevo “sablazo” del Gobierno a los trabajadores por cuenta propia, por la subida de la base mínima de cotización –y, en consecuencia, de la cuota– de los autónomos societarios y los familiares colaboradores. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta queja, como un nuevo “atraco” por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la medida se pactó expresamente en la reforma de autónomos de 2022, con el apoyo tanto de ATA como del PP.

La polémica se centra en la base mínima por la que cotizan a la Seguridad Social los autónomos societarios (empresarios que desarrollan su actividad a través de una sociedad mercantil), los familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos. En la reforma de 2022, para que los autónomos pasaran a cotizar en función de sus ganancias, se previó que este grupo de trabajadores aumentara su base mínima a la del sistema para los asalariados (del Régimen General).

No obstante, se pactó un periodo transitorio para ello. La base de cotización –cuantía de referencia para después calcular la pensión o la baja por enfermedad, por ejemplo– se fijó en 1.000 euros al mes para 2023. Para los años 2024 y 2025, se dejó la decisión a los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente se prorrogaron. Y, finalmente, la ley especificaba que a partir del año 2026 se aplicaría la cotización mínima del Régimen General.

Un 42% de aumento, a pagar hasta 2028

En la práctica, la base de cotización sube un 42% de 1.000 euros a 1.424 euros al mes desde enero de 2026 “a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000 euros al mes”, ha cifrado ATA.

Esta cantidad elevará la cuantía por la que se calculan sus prestaciones, sus pensiones, bajas por enfermedad y permiso por nacimiento de hijo (por ejemplo), pero también la cuota mensual a pagar cada mes. Esta aumentará en 135 euros, hasta una cuota mensual de 435 euros, ha destacado ATA.

En el Ministerio de la Seguridad Social precisan que este aumento de la cuota puede aplicarse este año, pero también pagarse a posteriori, dentro de dos años, en 2028 cuando se realice la regularización de las cuotas del ejercicio de 2026.

ATA pide que se revierta la subida

La patronal de autónomos ATA, dirigida por Lorenzo Amor, ha calificado este miércoles de “sablazo” el aumento de la cuota y ha acusado al Gobierno de “mentir”, por no congelar las cuotas de este colectivo como las del resto de los trabajadores autónomos, con las cuantías de 2025.

Hay una diferencia sustancial entre ambas situaciones. En este caso, el pacto de 2022 ya contemplaba expresamente esta cuota para los autónomos societarios y familiares colaboradores este año, cuyo texto respaldaron tanto en ATA como en el PP.

Sin embargo, para el resto de autónomos no había una cuantía ya cerrada, sino que las partes se comprometieron a seguir negociando la senda de aumentos para 2026 y los años sucesivos, con la intención de continuar el camino a una cotización por ingresos reales en 2032.

En ATA han pedido al Gobierno que revierta el aumento por ley, para lo que han afirmado que se están reuniendo con otras formaciones políticas. En UPTA, la asociación de autónomos vinculada a UGT, su presidente Eduardo Abad también ha apostado por una “fácil solución”: “Hacer un real decreto ley para volver a recuperar esa base mínimas de cotización de 1.000 euros”.

En UATAE, colectivo de autónomos afín a CCOO, responden que este aumento es “algo que se pactó por las tres asociaciones, agentes sociales y Gobierno, para los societarios y se debería quedar así”. “Pero sí que consideramos que es necesario retomar las negociaciones que quedaron suspendidas, para abordar el problema de las personas colaboradoras y otros, como bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos y mejorar la protección social”, indican en el colectivo liderado por María José Landaburu.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social sostienen que “el Gobierno sigue tendiendo la mano a las asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos para concretar los términos del despliegue del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, las mejoras del proceso anual de regularización de lo cotizado y la extensión de la acción protectora de los autónomos”.

El Gobierno ha respondido que “ningún dato avala” el “discurso irresponsable y más propio de la extrema derecha” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles ha asegurado que España es “un infierno fiscal” durante un acto que ha protagonizado y en el que se ha comprometido a una rebaja impositiva si llega a La Moncloa: “En lo que de mi dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año: esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, que ahora lidera Arcadi España, han criticado la “demagogia” del líder de la oposición y han defendido que “ningún dato avala” ese “infierno fiscal” dibujado por los populares.

“El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una rebaja sin precedentes del IVA, del IRPF y ha reducido como nunca antes los gravámenes sobre la energía. Basta comparar qué hizo el Gobierno del PP de Rajoy y qué ha hecho el Gobierno progresista de Pedro Sánchez”, dicen desde el Ejecutivo. De hecho, defienden que todas las medidas adoptadas en los últimos años ha supuesto un ahorro de 50.000 millones de euros “para la clase media y trabajadora”.

El Ejecutivo pone como ejemplo las subidas del mínimo exento del IRPF para acompasarlo con el salario mínimo interprofesional (SMI), al menos hasta el año pasado, cuando optaron por una deducción para reducir su coste fiscal. Así, desde Hacienda defienden que un trabajador que hoy cobre este menor sueldo posible (17.094 euros) no paga IRPF, mientras que en el mandato de Mariano Rajoy habría abonado más de 2.000 euros.

“Incluso corrigiendo el efecto de la inflación, la carga fiscal que soportaba el equivalente a un sueldo de 17.094 euros de 2026 alcanza los 780 euros de media. Dicho de otra forma, el Gobierno ha aprobado la mayor rebaja del IRPF de la historia para rentas bajas”, aseguran estas mismas fuentes.

El Ejecutivo también niega que se hayan subido 100 veces los impuestos, como argumentan los populares, y destacan que la presión fiscal -la ratio de ingresos tributarios y cotizaciones sociales sobre el producto interior bruto- sigue lejos de la media de la eurozona.

De acuerdo con las métricas de Eurostat, la presión fiscal media en la Unión Europea es del 40,4% y en la zona euro, del 40,9%. En España, es del 37,3% del PIB. Cerrar la brecha con nuestros socios supondría recaudar cerca de 50.000 millones más cada año.

En Hacienda contraponen la política fiscal del PP con la del Ejecutivo de Sánchez con algunos ejemplos concretos. Así, destacan que Mariano Rajoy creó el impuesto al sol que ralentizó el despliegue de las energías renovables y aprobó una amnistía fiscal de la que se beneficiaron, entre otros, personas como Rodrigo Rato. Al otro lado, la coalición, señalan en Hacienda, prohibió por ley esta clase de medidas de gracia para quienes no pagan impuestos.

Feijóo promete una “deflactación”

El presidente del PP ha prometido una “deflactación” de las tarifas del IRPF para adaptarlas a la inflación de los últimos años, aunque las comunidades autónomas en las que Gobierna su partido llevan varios ejercicios sin adaptar el tramo que les corresponde.

En el Ejecutivo defienden que el récord de recaudación (superó los 325.000 millones en 2025) y el buen momento fiscal de las cuentas públicas (el déficit cerró en el 2,2%) se deben al dinamismo de la economía y a la creación de empleo, que alimentan el consumo y también los ingresos del Estado.

Sin embargo, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas defienden que un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026.

La AIReF también apuntó, en un estudio reciente, que Hacienda capta unos 10.000 millones más al año en concepto de IRPF por no adaptar los tramos a la subida de los precios.

Desde el Gobierno señalan que, del aumento de la recaudación del año pasado, que fue del 10,4%, apenas 1,3 puntos porcentuales se pueden achacar a la evolución de los precios.

La inmobiliaria Alquiler Seguro puede seguir optando, como pretende, a la gestión de las 1.600 viviendas públicas de Casa 47 a las que se presentó, pese a la sanción ratificada este miércoles por el Ministerio de Consumo de 3,6 millones de euros por contratos abusivos con los inquilinos, a quienes obligaba a pagar gastos de gestión ilegales o la contratación obligatoria de servicios no deseados.

Fuentes de Casa 47 han especificado en un encuentro con medios para detallar el avance de la oferta pública de compra de vivienda que “la sanción no incluye la prohibición de acceder a contratos públicos”, por lo que su posición anunciada en la licitación de 62 millones de Casa 47 no queda afectada.

Alquiler Seguro ya ha comunicado que recurrirá ante la justicia la sanción surgida de las denuncias de Facua, Sindicato de Inquilinos y OCU, ya que la considera desproporcionada. La empresagestiona unos 22.000 alquileres y fue fundada en 2007 entre otros por su actual presidente, Antonio Carroza. La socimi de la misma marca y de la cual el propio Carroza es máximo accionista está participada por el ex entrenador del Barça y técnico del Manchester City, Pep Guardiola, y por el ex azulgrana Sergio Busquets, que compraron un 14% cada uno.

Contactos con los fondos

El encuentro con los medios, en todo caso, no era para comentar esta posible licitación y la sanción a la empresa, sino para comentar el estado de la oferta de compra pública de 100 millones de euros lanzada a principios de mes. “Probablemente, los fondos de inversión ya han tenido la rentabilidad que querían. Y si quieren hacer acciones de desinversión, aquí estamos nosotros para darles rentabilidad”, han manifestado fuentes de Casa 47.

Las mismas voces han reconocido que ya han hablado con “todos los fondos”, más de 100, para exponerles la posibilidad de comprar lotes de viviendas por estos 100 millones. “Les ofrecemos seguridad, estabilidad y pago rápido”, cuentan desde la nueva empresa pública, que estiman que pueden alcanzar entre 500 y 600 viviendas con estos fondos, a razón de unos 200.000 euros por vivienda.

La compra prioriza zonas de mercado tensionado, donde viven unos 9 millones de ciudadanos que tienen que destinar más de un 30% de sus ingresos al alquiler. No solo las zonas declaradas por las comunidades autónomas, donde residen 4 millones, sino también aquellas detectadas por los índices de precios del Ministerio, pero que las comunidades no han declarado para no imponer el tope de precios.

La compra se hace basándose en los precios actuales de mercado y está abierta también a particulares y prioriza edificios completos a viviendas, la accesibilidad y las que tengan mayor descuento sobre su valor de tasación.

Los propietarios tienen hasta el 9 de julio para pensar si entran en este proceso y, en caso de que ninguno lo haga, arranca una segunda fase de adjudicación directa.

Una vez acabe esta primera oferta, Casa 47 espera iniciar una segunda sin depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que dicen tener “solvencia” para afrontar la compra con fondos propios. Las compras incorporan hasta un 20% de gastos de rehabilitación por si hubiera que hacer reformas y excluyen las viviendas de protección oficial porque “el objetivo es incrementar el parque de oferta asequible”, así como las viviendas con inquilinos con contrato en vigor porque no quieren que “la compra sea la excusa para sacar a gente de sus casas”.

La Agencia Tributaria ha disparado un 18,4% sus previsiones de ingresos al arranque de la Campaña de la renta de 2025, hasta los 24.628 millones de euros, procedentes de 7,7 millones de declaraciones 'a pagar', unas proyecciones impulsadas por el subidón que ha experimentado el precio de la vivienda el año pasado.

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha detallado este miércoles las principales proyecciones del organismo, que espera superar los 25 millones de declaraciones este ejercicio, un 2,1% más que en la campaña de 2024, gracias a la creación de empleo.

De estas 25.251.054 declaraciones que estima alcanzar la Agencia Tributaria, 15.706.190 serán a devolver, un 1,8% menos que el año pasado. En total, el fisco espera devolver a los ciudadanos 13.271 millones (un 3,2% menos) que ingresó de más en 2025.

A la inversa, 7.709.632 declarantes (un 10,3% más) tendrán que pagar 24.628 millones de euros (un 18,4% más). Así, Hacienda espera obtener un resultado positivo de la campaña por valor de 11.357 millones de euros, un 60% superior a los 7.089 millones obtenidos a cierre de 2025.

Según los datos oficiales, a las 10:45 de la mañana se habían presentado 640.000 declaraciones, un 5,7% que a la misma hora del año pasado. Las primeras devoluciones se producirán ya este viernes.

La vivienda y la bolsa disparan los ingresos de Hacienda

Fernández ha detallado que estas previsiones de ingresos se fundamentan en tres supuestos. Por un lado, el precio de la vivienda, sobre todo la de aquella de segunda mano. “Eso va a generar unos incrementos de patrimonio para quienes hayan realizado esas ventas”, ha explicado, unas ganancias que derivarán en mayores cuantías de ingresos.

Por otro, la revalorización de las acciones y el capital mobiliario, que se incrementaron un 40% en 2025, también impulsará la subida de ingresos, bien porque no se produjo la retención en el momento de la venta de los títulos o porque fue inferior a lo que debía.

La entrada en vigor de la subida de 2 puntos porcentuales a las rentas del capital de más de 300.000 euros, que entró en vigor con la reforma fiscal de finales de 2024, aportará a ese resultado positivo.

Esos mismos factores impulsarán al alza los ingresos del Impuesto de Patrimonio, hasta los 2.473 millones de euros, un 15,4% que los 2.143 millones de la campaña de 2024.

Esta subida se producirá a pesar de una caída del 2,5% en el número de declaraciones, motivada por algunas decisiones autonómicas como el incremento del mínimo exento en el impuesto de 500.000 a un millón de euros en la Comunitat Valenciana o por la bonificación del 100% que se ha aprobado en La Rioja. “Sin estos efectos, con nuestras estimaciones creemos que el número total de declaraciones habría tenido un incremento del 3,9%”, ha dicho la responsable de la Agencia Tributaria.

Sin cálculos de la deflactación

Fernánez ha asegurado que no cuenta con datos sobre los efectos de no deflactar -es decir, adaptar a la subida de los precios- los tramos del IRPF en la recaudación. “Algunos cálculos que hemos hecho, por ejemplo, con los incrementos de recaudación de 2025, que han subido un 10,4%, ya el otro día el Ministerio en una nota de prensa destacaba que, como mucho, el efecto de la inflación podía ser de 1,3 puntos porcentuales respecto a esos 10,4 puntos”, ha dicho.

Según los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. Este cálculo parte de una subida acumulada aproximada del 18,1%.

En la Agencia Tributaria tampoco estiman que el impacto de la deducción para compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se aplica por primera vez este año, vaya a ser muy elevada, ya que gran parte de los potenciales beneficiarios ya estaban exentos por otras circunstancias, como el ser declarante con hijos.

“Una parte ya eran declarantes y otra parte no tenía retenciones. A lo mejor el impacto en la deducción, en cuanto a número de personas, no es tan alto como se podía pensar”, han señalado.

Intensifica el control sobre las ventas online

De cara a la declaración, la Agencia Tributaria ha reforzado los avisos sobre aquellos ingresos obtenidos a través de la venta a través de plataformas online o por la tenencia de criptoactivos, entre otros.

Así, Hacienda emitirá 437.000 avisos sobre las transacciones de bienes y servicios online, así como de alquileres turísticos o de medios de transporte a través de estas plataformas, frente a las 329.000 del año pasado.

Sobre las criptomonedas, emitirá 1.243.000 avisos, frente a 1.022.000 del año pasado. También mandará 1.012.000 cartas por rentas obtenidas en otros países y 867.000 por las fianzas del alquiler de inmuebles.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USO han decidido suspender las jornadas de huelga convocadas para hoy miércoles y el próximo viernes en la empresa de handling Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, tras producirse en las últimas horas contactos con la dirección de la compañía que abren una vía de diálogo. El conflicto laboral afecta a las demandas salariales de la plantilla, de unos 3.000 trabajadores.

Fruto de esos primeros contactos, las tres centrales sindicales se reunirán este viernes, 10 de abril, con la empresa para intentar encauzar la negociación del conflicto laboral, que afecta al personal de tierra en una docena de aeropuertos españoles, según han informado a Europa Press fuentes de los sindicatos convocantes.

En concreto, los trabajadores de asistencia a tierra llamados a secundar los paros tienen presencia en los aeropuertos “de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao”, explica el sindicato CCOO en una nota informativa.

El conflicto laboral se debe a que los sindicatos denuncian el “incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo, así como a la interpretación unilateral de sus artículos que, en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo para la plantilla”, denunciaba CCOO en una nota de prensa.

Solo un parón, la huelga indefinida “sigue su curso”

“El conflicto está lejos de resolverse, pero siempre es bueno volver al diálogo”, han señalado fuentes sindicales a la agencia Europa Press. No obstante, han advertido que la convocatoria de huelga indefinida sigue su curso y se mantendrá activa hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio.

La huelga, que se viene desarrollando los lunes, miércoles y viernes en tres tramos horarios (05:00-07:00, 11:00-17:00 y 22:00-00:00) desde el pasado 30 de marzo, ha provocado en las últimas semanas retrasos generalizados, cancelaciones de vuelos y acumulación de miles de maletas sin gestionar en aeropuertos como El Prat, Barajas, Palma de Mallorca y otros.

Los sindicatos reclaman el cumplimiento de los compromisos salariales y la recuperación del poder adquisitivo recogidos en el convenio colectivo.

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación en Telefónica México al consorcio Melisa Acquisition, integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por un importe de 450 millones de dólares estadounidenses (unos 389 millones de euros al tipo de cambio actual), según ha informado de madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este paso se enmarca dentro de su plan de desinversiones en el continente, donde ya solo mantiene su actividad en Brasil, que considera estratégica; y en Venezuela

La transacción se realiza a través de Telefónica Hispanoamérica, sociedad 100% propiedad del grupo, y comprende la venta del 100% del capital de las sociedades Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que conforman Telefónica México. El importe de la operación corresponde al 'firm value' acordado entre las partes, que podrá ser objeto de los ajustes habituales en este tipo de transacciones. El cierre de la venta está condicionado a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de determinadas condiciones previstas en el contrato.

Telefónica ha destacado que esta desinversión se inscribe dentro de su política de gestión activa de la cartera de activos y de su estrategia de salida ordenada del mercado hispanoamericano, con el objetivo de concentrar su actividad en los mercados considerados clave para el grupo. La compañía presidida por Marc Murtra ha impulsado procesos de venta en varios países de Latinoamérica con el fin de reducir exposición y reforzar su estructura de negocio en Europa y Brasil.

Las ventas de filiales aportan más de 5.000 millones

Ese proceso de venta de sus filiales que inició en 2019 y que le ha reportado unos ingresos de alrededor de 6.000 millones de dólares (más de 5.100 millones de euros al cambio actual), según recoge EFE.

Con la venta anunciada este miércoles de su filial en México, Telefónica ha completado la penúltima operación de una estrategia que inició en 2019 con un plan que pasaba por reforzar sus cuatro mercados principales (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y salir de Hispanoamérica, según informó entonces el operador.

Telefónica ha anunciado este miércoles su salida de México, la séptima venta que cierra Marc Murtra desde su llegada a la presidencia de la compañía hace algo más de un año, cuando el negocio en la región aún suponía la quinta parte de los ingresos de la multinacional española.

Con Murtra, Telefónica ha salido de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia, con la idea de avanzar en la ejecución de su plan, que pasa por reducir su exposición en los mercados no estratégicos y por convertirse en una compañía con mayor ambición europea.

Telefónica tiene previsto salir también de Venezuela en este proceso de desinversión en Hispanoamérica, una hoja de ruta que mantiene pese a la salida de Nicolás Maduro del país, tal como comentó durante la presentación de resultados de 2025.

De este modo, la multinacional española está a punto de poner el broche final a una estrategia inicial impulsada por el que fuera presidente César Alierta, que quería situar al operador como la primera empresa de telecomunicaciones del mundo de habla hispana. En sus cuentas, Telefónica no detalla el negocio en Venezuela, donde se calcula que puede tener algo más del 40 % del negocio en el país y donde en 2025 obtuvo unos ingresos que no llegaron a los 300 millones de euros.

La inmobiliaria Alquiler Seguro tendrá que pagar 3,6 millones de euros por sus “prácticas abusivas” contra inquilinos, a no ser que gane el caso en la justicia. Este miércoles, el Ministerio de Consumo ha resuelto negativamente el recurso de alzada presentado por la empresa, de forma que la sanción es ahora firme. Entre las seis infracciones muy graves impuestas, está el cargo a los inquilinos de gastos de gestión inmobiliaria encubiertos en un servicio de atención al inquilino.

La Dirección General de Consumo abrió expediente sancionador a la inmobiliaria en marzo del año pasado e impuso la multa en diciembre, pero una vez agotada la vía administrativa la multa es ahora firme.

La sanción se ha dado a conocer tan solo unas horas después de que el Sindicato de Inquilinas anunciara una huelga estatal que promoverá el impago de los alquileres justamente a esta inmobiliaria. “Por ningunearnos, embolsarse honorarios fraudulentos e imponernos cláusulas abusivas. Nos vamos a organizar casa por casa y va a ser histórico”, rezaba el sindicato de Madrid en su cuenta de X.

La inmobiliaria ha estado en el foco también por haber anunciado su intención de presentarse a las licitaciones para gestionar alquileres públicos de la recién creada estatal Casa 47, posibilidad que también indignó a los representantes inquilinos. Y, poco después de presentarse a la licitación, el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, decidió comprar un 14,21% de la empresa a través de su fondo 08022003 LIMITED y el exfutbolista Sergio Busquets adquirió idéntica proporción con su fondo Buga Seler. El principal accionista sigue siendo la propia empresa, Alquiler Seguro, presidida por Antonio Carroza Pacheco, uno de los fundadores en el año 2007.

El ministro Pablo Bustinduy ha ratificado que son sancionables las prácticas denunciadas por el ministerio, que permitían a la inmobiliaria cargar de responsabilidades y presión al inquilino ante los contratos. El primero empezaba ya antes de la firma, pues con el servicio de atención al inquilino se cobraban gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, en contra de la prohibición expresa de la ley de vivienda 12/2023 del 24 de mayo, que puso fin al cobro de las gestiones por parte de las inmobiliarias a los inquilinos.

La empresa además imponía al arrendatario un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en caos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

Una de las sanciones por infracción muy grave supone el pago de 1 millón de euros y otra de 990.900 euros, a las que se les suman tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros. 

Además de la sanción económica, la inmobiliaria deberá eliminar estas cláusulas y hará pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídicas responsables (ALQUILER SEGURO, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción. El expediente se puso en marcha en 2025 después de las denuncias del Sindicato de Inquilinas, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Cuando ya se ha superado más de un mes desde que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y su respuesta expandiendo el conflicto sobre Oriente Medio, la Comisión Europea todavía no ha presentado las supuestas medidas energéticas que se estaban diseñando para rebajar el impacto de los precios sobre los ciudadanos y las empresas europeas.

De momento, no hay nada. Un portavoz de la Comisión Europea solo fue capaz de dar una respuesta críptica a las preguntas de los periodistas sobre las medias para solventar esta crisis de precios. “Es muy importante recordar cuál es la competencia de la Comisión Europea, así como en qué punto nos encontramos actualmente. Lo más importante en este momento es tener una visión completa de la situación de los Estados miembros. Antes de tomar cualquier medida lo más importante para la Comisión es que todas estas acciones se realicen de manera coordinada. Los primeros pasos son dialogar y escuchar a los Estados miembros sobre su situación”, han explicado desde la institución monetaria.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mandó una carta el pasado 16 de marzo a los líderes de los 27 países de la UE marcando las líneas por las que iban a discurrir las posibles medidas. Von der Leyen apuntaba que se “debía aprender de las lecciones del pasado”: “Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”.

En teoría, las medidas se iban a presentar en la cumbre europea que reunió a los mandatarios de los Estados miembros el pasado 19 de marzo en Bruselas. Pero, pese a que había muchas expectativas sobre el Consejo Europeo, tras 12 horas de reunión, solo se consiguió hacer otro bonito comunicado sin decir nada porque no había medidas que anunciar. Eso sí, los 27 instaban a la Comisión Europea “a presentar sin demora un conjunto de medidas temporales específicas para hacer frente a los recientes aumentos de los precios de los combustibles fósiles importados derivados de la crisis en Oriente Medio”.

Dos semanas después la Comisión sigue analizando la situación, pese a que hay voces entre sus miembros que ya han dado la alarma. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió de una posible “interrupción prolongada” del suministro energético derivada de la guerra de Irán por lo que pidió a los países miembros de la UE que estudien medidas voluntarias para reducir el consumo de petróleo y gas, especialmente en el sector del transporte. La propuesta giraría en torno a solicitar a los ciudadanos que conduzcan o vuelen menos para ahorrar combustible destinado a usos esenciales.

A la vez, los países europeos empezaron a aprobar medidas propias ante la inactividad y parálisis de la Comisión Europea, incluidas las subvenciones a los combustibles fósiles. Pese a ello, Jørgensen solicitó a los países miembros que sean cuidadosos con las ayudas públicas para afrontar los altos precios de los combustibles y la energía ante la posibilidad de que se inicie una crisis fiscal. “Lo que ocurre en un sector de la economía puede extenderse al resto de la sociedad. Estamos dando asesoramiento técnico y ayuda a los países para diseñar estas herramientas e instrumentos de política que quieren utilizar dentro del margen fiscal del que disponen”, explicó el comisario europeo de Energía en una entrevista con Financial Times.

Aunque la Comisión no ha tenido tiempo para presentar sus medidas, sí que ha encontrado un hueco para llamar la atención a España por la rebaja el IVA de los combustibles del 21% al tipo reducido del 10 %. Esta es una de las medidas dentro del paquete que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio. Según Bruselas, este cambio al tipo reducido se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, según adelantó El País.

Bruselas ha mandado una carta al Gobierno español, y al de Polonia por aprobar una medida similar, en la que recuerdan “a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”. Fuentes del Ministerio de Hacienda han defendido que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural y han destacado que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea, según informa EFE.

Mientras, el precio del petróleo se eleva a 110 euros el barril brent, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del inicio de la guerra de Irán. Los analistas advierten de que lo que parecía un fantasma empieza a revelarse como una posibilidad cada vez más cercana y este conflicto puede arrastrar a Europa a la estanflación, una pesadilla económica caracterizada por bajo crecimiento con un fuerte incremento de la inflación.

“Esta crisis energética es peor que las de 1973, 1979 y 2022”

Este martes, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se ha mostrado “muy pesimista” respecto a la crisis energética actual. Birol ha avisado de que “esta crisis energética es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”: “Nos enfrentamos a un gran choque energético que combina choque petrolero, choque gasístico y choque alimentario”. El directivo de la AIE teme un abril “negro” si no reabre durante este mes el estrecho de Ormuz.

La incertidumbre que provoca las continuas amenazas de Trump y sus constantes cambios de fechas de duración de la guerra hacen que la situación económica se tense aún más. “El ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán preocupa a los mercados, ya que una escalada causaría aún más daños a la infraestructura regional. Si Estados Unidos o Irán atacaran plantas de desalinización, se pondría en cuestión la capacidad de la población para permanecer en la región. La destrucción de infraestructuras energéticas retrasaría la normalización del mercado petrolero incluso después de que Irán decida reabrir el estrecho de Ormuz”, explica Paul Donovan, economista jefe de UBS.

Y para Europa, por su necesidad de combustibles fósiles, la amenaza es mayor. “La dependencia energética de Europa se ha convertido en una de las vulnerabilidades críticas de nuestra economía. Los recientes choques en los precios de la energía han transferido enormes recursos fuera de Europa, han obligado a intervenciones de emergencia y han tensionado las finanzas públicas. Estos costes son reales, recurrentes y en gran medida desperdiciados”, ha explicado este martes Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE en el blog de la entidad monetaria.

El vicepresidente del BCE ha recordado que “actualmente, Europa gasta cerca de 400.000 millones de euros al año en importaciones de combustibles fósiles. En cambio, el coste marginal de producir energía renovable propia es estructuralmente más bajo. Una vez que la infraestructura está en marcha, la energía en sí es prácticamente gratuita”.

Por este motivo, tampoco se entiende la falta de respuesta de la Comisión Europea a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea, que pidieron un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en plena escalada de precios del petróleo. Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal solicitaron formalmente, mediante una carta fechada el 3 de abril, a la Comisión Europea que diseñe un marco legal que permita aplicar este gravamen de forma coordinada en todo el bloque para “distribuir de manera justa la carga” económica que recae en los bolsillos de los europeos.

La respuesta este martes de la Comisión Europea a través de uno de sus portavoces ha sido “solo” pueden confirmar la recepción de la carta y que “actualmente se está evaluando y se responderá a su debido tiempo. No estamos en la misma situación. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo ocurrido en 2022 y aprender de las lecciones. Esto incluye la contribución temporal de solidaridad de la UE. Lamentablemente, no hay más comentarios que añadir”.

La crisis de precios que provocó la invasión de Ucrania por Rusia es el espejo donde se mira constantemente Europa para responder a esta nueva crisis inflacionaria provocada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y su posterior respuesta a todo el Golfo Pérsico. Aunque la situación energética es mejor que entonces, la economía europea sigue renqueante. En 2022, aunque fue siete meses después del inicio de la invasión, en septiembre, Bruselas aprobó una serie de medidas que iban desde limitar el beneficio de las compañías energéticas a acotar el precio del gas, reducir el consumo de luz y ayudar a hogares y empresas. Fue necesario echar mano del artículo 122 de los tratados de la Unión, que permite aprobar medidas por mayoría cualificada, en lugar de unanimidad, ante la necesidad de acelerar para sacar adelante las medidas.

España, como ejemplo para el BCE

Desde la Comisión Europea se insiste en que la mejor forma de luchar contra la dependencia europea de los combustibles fósiles es invirtiendo en energías renovables. En este sentido, el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE ha insistido en que “Europa no puede eliminar el riesgo geopolítico, pero puede reducir significativamente su exposición. La forma más eficaz de lograrlo es disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados y acelerar una transición ordenada hacia energías limpias producidas localmente. Si Europa alcanzara sus objetivos de energía sostenible, el vínculo entre los precios energéticos internos y los volátiles mercados energéticos globales se debilitaría de forma sustancial”.

El directivo del Banco Central Europeo ha puesto a España como de país que ha seguido una política en los últimos años centrada en las renovables que le ha permitido reducir la tarifa energética: “La transición de España hacia las energías renovables demuestra los beneficios de invertir en energía limpia: estimaciones del Banco de España indican que los precios mayoristas de la electricidad a comienzos de 2024 fueron aproximadamente un 40% más bajos de lo que habrían sido si la generación eólica y solar se hubiera mantenido en los niveles de 2019”.

Frank Elderson explica que “la certidumbre en las políticas, combinada con los incentivos adecuados, es esencial para garantizar que las perspectivas a largo plazo prevalezcan sobre las ganancias a corto plazo y que los objetivos públicos y privados se refuercen, en lugar de socavarse mutuamente. Esto comienza por cumplir los objetivos de descarbonización ya existentes y preservar el Sistema de Comercio de Emisiones como un instrumento creíble y basado en el mercado para la fijación del precio del carbono. Nada de esto es sencillo. Pero la verdadera cuestión ya no es si Europa puede permitirse llevar a cabo la transición energética, sino si puede permitirse no hacerlo. Desde la perspectiva de un banco central, la respuesta es clara”.

Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.