Este es el burofax redactado por Consumo para que los inquilinos soliciten la prórroga de los alquileres

El Ministerio de Consumo ha elaborado un modelo de burofax para aquellos inquilinos que quieran acogerse al decreto que establece la prórroga obligatoria de los alquileres que finalicen antes de diciembre de 2028. La solicitud, de apenas un párrafo, está pensada para solicitar formalmente a los caseros la prolongación del contrato por dos años, de acuerdo con lo que figura en el Real Decreto Ley 8/2026, del pasado 20 de marzo, para responder con medidas de vivienda a la crisis de la guerra de Irán. 

De esta forma, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy intensifica su campaña para animar a los inquilinos a acogerse a este decreto al menos mientras esté vigente. Por ahora, nada hace prever que se pueda validar en su tramitación en el Congreso, puesto que Junts de momento lo rechaza, pero desde Sumar, tanto Bustinduy como la vicepresidenta Yolanda Díaz, insisten a los arrendatarios que comuniquen ya a los caseros si se acogen al decreto. Si lo hacen mientras esté en vigor, señalan, la prórroga debe concederse. 

Desde Consumo han incluido además este modelo de burofax a la carta que enviaron a 13 grandes caseros que concentran unas 100.000 viviendas en España. A estos grandes tenedores les comunicaron la aprobación del real decreto y que deben aceptar la prórroga si sus arrendatarios así se lo piden –y siempre que cumplan los requisitos estipulados, como que el contrato finalice antes del 2027–. 

La carta, firmada por el director general de Consumo, Daniel Arribas, les comunica también la otra medida destacada del decreto: la actualización máxima anual de la renta del 2%, salvo acuerdo alternativo entre las partes. “Se solicita la máxima diligencia por parte de su entidad para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato”, señalaba Arribas. 

Según las estimaciones de Consumo, el decreto de la prórroga afecta a cerca de un millón de contratos de alquiler en España, es decir, a más de dos millones de personas. Desde las organizaciones de propietarios, sin embargo, cuestionan que las prórrogas tengan validez si decae el decreto en el Congreso, y acusan al Gobierno de animar a los inquilinos a hacer unos trámites que pueden acabar en los juzgados.