Gustavo González ha reaparecido públicamente para defender su inocencia en la Operación Deluxe, el caso que investiga la revelación de secretos de famosos en Sálvame mediante la extracción de información confidencial de fichas policiales. La investigación —ahora conocida oficialmente como Operación Luna— arrancó en 2017 con varios acusados, entre ellos La Fábrica de la Tele y Mediaset como personas jurídicas y el policía Ángel Jesús Fernández Hita, el propio González y el que fuera director de Sálvame David Valldeperas como personas físicas. A finales de abril la Fiscalía pidió el archivo de la causa contra Valldeperas, pero no contra el paparazzi, que se mantiene a la espera del juicio “preparado para lo que sea”.

“Tengo la conciencia muy tranquila, pero lo que se ha dicho y se ha hecho ya no tiene vuelta atrás”, asegura González en un directo realizado en su recién estrenado canal de YouTube, tal como recoge El Confidencial. “Se contó que éramos una banda organizada que espiaba a la gente. Que presionábamos para que a cambio de la información que teníamos diesen entrevistas”, lamenta el que fuera tertuliano del programa de Telecinco, para el que piden 12 años de cárcel: “Es una barbaridad. No estoy tranquilo, evidentemente, pero hay mucho que pelear y demostrar”.

González comenta que actualmente solo se le imputa el delito de “revelación de secretos”, del que dice que “no es poca cosa” pero también que “es el más común en el periodismo”. De hecho, sostiene que en el juicio se deliberará “si efectivamente hay un delito” de revelación de secretos o si “puede pesar más el derecho a la información”. En cualquier caso, niega que esté acusado de “espionaje, extorsión o cohecho” aunque parezca que esté ya “entre rejas”, según concluye de ciertas publicaciones que, dice, circulan por Internet.

“Yo fui el tonto útil, así me siento”

Sobre los orígenes del caso, apunta que hace más de 7 años arrancó una investigación policial después de que “mi querida Mila Ximénez contara en Sálvame que había tenido acceso a una información de una persona”, un policía “de asuntos internos” viera el programa y acto seguido decidiera que aquello había que “investigarlo”, lo que dio paso a las acusaciones que próximamente serán objeto de juicio. Unas revelaciones de secretos a las que Gustavo González resta importancia y cualquier atisbo de ilegalidad: “Por esta regla de tres habría que hacer una investigación a cada programa y cada revista. Es más, hay policías y expolicías trabajando en televisión. Lo que se hacía en Sálvame es lo propio de lo que se hacía en cualquier redacción”.

En este sentido, cree que el programa de Telecinco no fue señalado por casualidad, sino porque había “medidas políticas” y “un fin, que era acabar con Sálvame”, para lo cual se le puso a él en el centro: “Yo fui el tonto útil, así me siento”. “La famosa cúpula se reunió conmigo y sabían que era injusto, que era desproporcionado. Y me brindaron su apoyo, me dijeron que me iban a ayudar, a respaldar... y nada. No he tenido ninguna ayuda de ellos”, lamenta sobre los entonces responsables de La Fábrica De La Tele, productora de Sálvame.

Así pues, González salío “de un día para otro” del magacín pese a que “había otros compañeros implicados” en la causa. “No los voy a nombrar porque les tengo cariño y respeto. A los que no, ya les iré nombrando”, advierte. Además, denuncia que hay gente “que no asume su responsabilidad y que me han dejado tirado, o pretenden hacerlo”. Sobre sí mismo, reitera que “de lo bueno que soy, soy tonto”, pero también una persona “muy humilde” que sigue haciendo su trabajo “dentro de la legalidad”, igual que cree que lo hizo en el pasado.

Por ello, González asegura que ha colaborado “en todo momento” con la Justicia dentro de este proceso, el cual define como “duro”. Aun así, dice estar “en buenas manos” y libre de “rencor” u “odio”, aunque reconoce sentir “rabia, despecho y asco” por una situación que no solo le está afectando a él: “Todo esto lo llevo con pesar y con dolor por mis hijos, mi familia y mis amigos, que aunque tengo pocos, son buenos”.

La 'Operación Deluxe' continúa generando titulares cuando se cumplen nueve años del inicio de la investigación policial. Tiempo después de que el magistrado Marcelino Sexmero dictara el auto de transformación del caso como paso previo a la apertura del juicio, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra David Valldeperas y otros tres extrabajadores de Sálvame por ausencia de pruebas suficientes. Tampoco existe acusación formal contra una quinta persona.

Conviene recordar que el citado auto centraba la acusación en dos personas jurídicas como La Fábrica de la Tele y Mediaset, además de tres personas físicas: el policía Ángel Jesús Fernández Hita, el paparazzi Gustavo González, y el que fuera director del programa de Telecinco. Según avanza ECD y ha podido confirmar verTele, el procedimiento donde se juzgaba el presunto delito de revelación —llamada ahora 'Operación Luna'— de secretos vive un punto de inflexión.

El escrito del Ministerio Público ante los juzgados de Madrid pide el sobreseimiento provisional para Valldeperas, considerando que no existen pruebas suficientes para mantener una acusación penal. Esta solicitud va en consonancia con la evolución del procedimiento: el juez antes referido fue descartando posibles líneas penales con el paso de los meses para centrarse en el presunto delito de revelación de secretos.

Recordamos que el también exdirector de La familia de la tele en RTVE recurrió su imputación, según se dio a conocer en 2025. Su abogado argumentó que no era el 'David' referido en las conversaciones grabadas y analizadas en la causa: “Es habitualmente interpelado por su apellido, de tal forma que, si efectivamente la conversación se refiriera a él, la solicitud en el seno del programa no se habría efectuado de parte de David, sino 'de parte de Valldeperas'”.

Solicitud de archivo para otros trabajadores de 'Sálvame'

Además, la institución integrada en el poder judicial solicita el archivo provisional de las actuaciones para Miguel Menaut Palco, Isaac Pulido Arroyo y María Victoria Laseca Cascante. Los extrabajadores de Sálvame también podrían quedar fuera del procedimiento al no existir una acusación formal contra ellos a fecha de publicación de esta noticia; situación distinta a la de otros presuntos implicados. La petición es extensible a una quinta persona: María Pasqual García.

La rebautizada posteriormente como 'Operación Luna' contó con más de 30 famosos que decidieron personarse, según se informó previamente, como acusación particular como Isabel Pantoja, Omar Montes, Kiko Rivera, José Antonio Matamoros, Mayte Zaldívar, José Fernando Ortega, Irene Rosales, Lorena Morlote, Tania Grande o Ramiro Lapiedra. En el momento en que presentaron sus escritos respectivos, quedaron incorporados al procedimiento.

Las claves de la 'Operación Deluxe'

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía descubrió en abril de 2017 una supuesta trama iniciada en el año 2009. En ese momento, la resolución judicial explicó que Ángel Jesús Fernández Hita había supuestamente facilitado “numerosos atestados” y “otros documentos como fichas policiales” a Gustavo González a través de la aplicación WhatsApp. De “al menos 182”, algunos incluían informaciones sensibles sobre distintos famosos. Arrancó entonces la conodica como 'Operación Deluxe'.

En su auto, el magistrado estableció una relación directa de Sálvame con la supuesta trama; de hecho, apuntó a que la dirección del formato vespertino “promovía la búsqueda de información personal e íntima reservada”. Aunque ahora todo puede cambiar, en ese momento se propuso a La Fábrica de la Tele como responsable civil directo, ocupándose de las posibles indemnizaciones económicas que determinara una futura sentencia.

Por otro lado, se proponía a Mediaset como responsable civil subsidiario, afrontando esos pagos si no lo hacían ni los acusados ni la productora en cuestión. Cuando el grupo audiovisual y los creadores de La Fábrica de la Tele —Adrián Madrid y Óscar Cornejo— separaron sus caminos, ambas partes acordaron la reserva de una cantidad económica para hacer frente a las posibles condenas ante los procedimientos abiertos.

Con el paso de los años, el procedimiento judicial se ha ido 'estrechando' tras un inicio donde incluso se habló de un posible delito de cohecho. Estos ajustes para centrarse en la posible revelación de secretos han derivado en una reducción del número de personas investigadas, dejándolas fuera de la 'Operación Luna'. Algo similar ocurrió con el número de famosos implicados: comenzó con 138 y se fue reduciendo significativamente.

Gustavo González ha opinado públicamente sobre varios de los que fueron sus compañeros de Sálvame, algunos de los cuales ya cuentan los días para desembarcar en La 1 con su nuevo magacín, La familia de la tele. El paparazzi no estará en este formato, que al igual que hizo Ni que fuéramos Shhh mantendrá vivo -aunque solo sea parcialmente- el espíritu que un día abanderó el mítico formato de Telecinco. Un Sálvame que González califica como “historia de la televisión”, pero del que no solo guarda buenos recuerdos.

En una entrevista para el programa La suite, de Gran Vía Radio, el tertuliano asegura que sus entonces compañeros le hicieron “mucho daño”. “Se me calumnió gravemente”, afirma en el avance de la entrevista, que se podrá escuchar al completo este próximo viernes. En el fragmento compartido por él mismo, González también dice que “las discusiones y las diferencias más fuertes” que vivió durante aquellos años no se produjeron ante las cámaras, sino en las pausas de publicidad y antes y después de cada emisión. En esos momentos “había mucha tensión” que se creaba, según su versión, “porque se entendía que alimentar el conflicto entre colaboradores era muy televisivo”.

“Y yo creo que hay cosas que se les fueron de las manos”, añade el contertulio, que a continuación se sincera sobre varios de los rostros más ilustres del extinto magacín. Por ejemplo, de Belén Esteban dice que no tenía mucha relación con ella “y tampoco la quiero”, como tampoco la quiere con Kiko Hernández: “Es lo que es. Nunca tuve relación con él y afortunadamente nunca la tendré. Nunca he tenido afinidades con él ni él conmigo. Perderle de vista pues tampoco ha sido...”

Gustavo González sí tiene en buena consideración a Kiko Matamoros, al que define como “un caballero” y “un señor”. “Antonio Montero y Lydia Lozano se han portado muy bien conmigo. Y Chelito”, añade el reportero gráfico, que tiene claro cuál de sus excompañeros le ha decepcionado más: “Me ha decepcionado un poco porque la tengo muchísimo cariño, María Patiño. Tengo esa espinita porque cuando un amigo no está en algún momento complicado me parece que conlleva una decepción”. González no detalla en el avance a qué se refiere con “momento complicado”, pero cabe recordar que ahora mismo es uno de los principales imputados en la Operación Deluxe, cuyo juicio está próximo a celebrarse.

La 'Operación Deluxe' sigue alargándose, aunque ya haya quedado lista para juicio tras 8 años. La novedad ahora es que el juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido formalmente los escritos de acusación particular presentados por más de una treintena de famosos, como explica ECD.

Entre los nombres de los que han decidido personarse como acusación particular están los de Isabel Pantoja, Omar Montes, Kiko Rivera, José Antonio Matamoros, Mayte Zaldívar, José Fernando Ortega, Irene Rosales, Lorena Morlote, Tania Grande o Ramiro Lapiedra, como cuenta el citado medio. Al presentar sus escritos, quedan incorporados al procedimiento pues que ya constituyen acusaciones formales. En un paso siguiente del proceso, tendrán que presentar los presuntos hechos delictivos que se han producido, y su solicitud de pena por ellos.

En este proceso ha habido disparidad de estrategias. ECD repasa que algunas defensas han reclamado la nulidad de resoluciones anteriores, otras -como la de Miguel Ángel Flores- han optado por retirarse del proceso como acusación particular, aunque reservándose sus derechos en caso de continuar la vía penal a través del Ministerio Fiscal; y otras han presentado recursos de apelación y reforma. Ya recogimos el recurso de David Valldeperas, argumentando que no le llaman 'David' sino 'Valldeperas'; mientras otros como Benita 'Maestra Joao', Lorena Morlote y José Fernando Ortega solicitaron la suspensión del plazo para formular acusación alegando que aún no han tenido acceso completo a las actuaciones judiciales.

Imputados Gustavo González, Valldeperas, La Fábrica y Mediaset

En su auto de trasformación del caso como paso previo a la apertura del juicio, el juez aprecia un delito de revelación de secretos de decenas de famosos. El auto centra la acusación en dos personas jurídicas como son La Fábrica de la Tele y Mediaset, y en tres personas físicas: el policía Ángel Jesús Fernández Hita, el paparazzi y colaborador Gustavo González, y el director de Sálvame y próximamente de La familia de la tele, David Valldeperas.

La resolución estableció, como ya se había contado, que el agente de policía usaba su cargo para consultar bases de datos policiales, cuyo acceso es restringido, y después facilitar “atestados y otros datos de carácter personal” a diversas personas, “para su difusión en el programa Sálvame”.

El juez establece que la relación de la trama con Sálvame es directa. En su auto, apunta que la dirección del programa es “la que promueve la búsqueda de información personal e íntima reservada”, y en concreto se refiere a David Valldeperas para explicar que de sus conversaciones con Gustavo González que fueron intervenidas judicialmente “puede inferirse que tiene conocimiento de la cualidad de la fuente” que manejaba su colaborador.

Por ese motivo, además de a la dirección del programa afecta a la productora. El juez propone que la extinta La Fábrica de la Tele (ahora rebautizada como La Osa Producciones, a cargo pronto de La familia de la tele en RTVE) responda como responsable civil directo y deba ocuparse de abonar las indemnizaciones económicas que determine la futura sentencia. Igualmente, el juez propone que Mediaset, como grupo que emitía el programa a través de su cadena Telecinco, deba responder como responsable civil subsidiario, afrontando las indemnizaciones si no lo hacen los acusados y la extinta productora.

Respecto a Gustavo González, el juez establece que no sólo sacó beneficio con Sálvame, sino que también ofreció esta “información ilícitamente obtenida” a dos revistas, aunque matizando que en el caso de ambas “no conocían el origen de la fuente”. Sexmero incide en que el paparazzi y colaborador hizo “todo ello, con ánimo de enriquecimiento personal”.

Cuando ya han pasado 8 años desde el inicio de la investigación policial que dio pie a la 'Operación Deluxe', más tarde rebautizada como 'Operación Luna', el juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha dictado ahora el auto de trasformación del caso como paso previo a la apertura del juicio. En él aprecia un delito de revelación de secretos de decenas de famosos.

El auto centra la acusación en dos personas jurídicas como son La Fábrica de la Tele y Mediaset, y en tres personas físicas: el policía Ángel Jesús Fernández Hita, el paparazzi y colaborador Gustavo González, y el director de Sálvame y ahora de Ni que fuéramos Shhh, David Valldeperas. Así lo desvela El Español, que ha tenido acceso a la resolución judicial fechada el 12 de febrero.

La resolución establece, como ya se había contado, que el agente de policía usaba su cargo para consultar bases de datos policiales, cuyo acceso es restringido, y después facilitar “atestados y otros datos de carácter personal” a diversas personas, “para su difusión en el programa Sálvame”.

En abril de 2017 la Unidad de Asuntos Internos de la Policía descubrió esta trama, que se habría iniciado en el año 2009. La resolución judicial explica que Fernández Hita facilitó a Gustavo González, a través de WhatsApp o en persona, “numerosos atestados” y “otros documentos, como fichas policiales, hasta un total de, al menos, 182”. Algunos de esos archivos incluían información sensible, relativa a menores de edad o a procedimientos sobre malos tratos.

Aunque se desconoce la lista definitiva de famosos afectados, sí se sabe que supera los 30 nombres, y hay algunos nuevos que se han incorporado en los últimos meses, como el de Alba Carrillo. A la causa se han sumado también otros muchos famosos como Mariló Montero, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Coto Matamoros, José Fernando Ortega, Irene Rosales, Aída Nizar, Mayte Galdeano, Lucía Pariente, María José Galera o 'El maestro Joao'.

Conexión directa con 'Sálvame', y responsabilidad de La Fábrica y Mediaset

El juez establece que la relación de la trama con Sálvame es directa. En su auto, apunta que la dirección del programa es “la que promueve la búsqueda de información personal e íntima reservada”, y en concreto se refiere a David Valldeperas para explicar que de sus conversaciones con Gustavo González que fueron intervenidas judicialmente “puede inferirse que tiene conocimiento de la cualidad de la fuente” que manejaba su colaborador, como desgrana El Español tras tener acceso a la resolución.

Por ese motivo, además de a la dirección del programa afecta a la productora. El juez propone que la extinta La Fábrica de la Tele responda como responsable civil directo y deba ocuparse de abonar las indemnizaciones económicas que determine la futura sentencia. Igualmente, el juez propone que Mediaset, como grupo que emitía el programa a través de su cadena Telecinco, deba responder como responsable civil subsidiario, afrontando las indemnizaciones si no lo hacen los acusados y la extinta productora.

En este sentido cabe recordar, como explicamos en verTele, que cuando Mediaset y los creadores de La Fábrica de la Tele, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, separaron sus caminos, se tuvieron en cuenta las causas judiciales que dejaba abiertas la productora, y se reservó una cantidad económica aportada por los tres miembros que tenía la sociedad (Madrid, Cornejo y Mediaset) para hacer frente a las posibles condenas e indemnizaciones como los 800.000 euros a Alfonso Merlos, los 200.000 euros a María del Monte, o los 160.000 euros a Raquel Bollo, por citar las tres últimas condenas conocidas en el año 2024, cuando ya se había producido el divorcio de los productores con el grupo audiovisual.

Respecto a Gustavo González, el juez establece que no sólo sacó beneficio con Sálvame, sino que también ofreció esta “información ilícitamente obtenida” a dos revistas, aunque matizando que en el caso de ambas “no conocían el origen de la fuente”. Sexmero incide en que el paparazzi y colaborador hizo “todo ello, con ánimo de enriquecimiento personal”.

Tras el cierre de esta fase después de 8 años, ahora el juicio está por fin listo para comenzar. Hay un plazo de 10 días naturales, que acaba por tanto el próximo miércoles 26 de febrero, para que tanto la Fiscalía como el resto de las acusaciones puedan presentar sus escritos de acusación, plasmando las penas que solicitan para los encausados.

Adrián Madrid y Óscar Cornejo, completamente fuera del caso

Aunque La Fábrica de la Tele como persona jurídica sí es una de las señaladas por el juez, se confirma que sus creadores Adrián Madrid y Óscar Cornejo quedan completamente fuera del caso. Ambos aparecieron en un principio como imputados, pero desde finales de 2023 ya no figuraban en las notificaciones judiciales en el proceso de instrucción, tras solicitar ellos mismos en junio de 2023 que dejase de incluírseles en el caso. El final de la instrucción les ha dado la razón.

Desde su ruptura con Mediaset, Adrián Madrid y Óscar Cornejo fundaron Fabricantes Studio SL, su nueva productora a través de la cual se encargan del programa Ni que fuéramos Shhh, que hereda el espíritu y muchos de los rostros de Sálvame incluyendo en la dirección a David Valldeperas, que sí tendrá que responder ante el juez.

Que Adrián Madrid y Óscar Cornejo hayan quedado completamente desligados del caso facilita su rumoreada llegada a RTVE con Fabricantes Studio SL, una empresa nueva que empresarial y jurídicamente tampoco está relacionada con las múltiples condenas que recibió La Fábrica de la Tele.

Más de 7 años después de iniciarse la investigación policial que dio pie a la 'Operación Deluxe', más tarde rebautizada como 'Operación Luna', el juez Marcelino Sexmero ha dado por finalizada la instrucción de las diligencias previas, lo que significa que el juicio está listo para comenzar.

El juez ha resuelto todos los recursos de apelación de la Audiencia Provincial, como explica ECD, y tras años de recursos y personas que se han sumado a la causa, el proceso al fin está listo para avanzar. En él se dilucidará si el programa Sálvame incurrió en delitos de cohecho y revelación de secretos al filtrar datos policiales confidenciales.

Cerrada la instrucción, se supone que los tiempos del caso ahora se acelerarán. Fuentes conocedoras explican al mismo medio que este mismo mes de septiembre se conocerán el escrito de calificación de Fiscalía y de las acusaciones particulares, lo que aclarará los implicados finalmente en el caso. Si los plazos se cumplen, antes de acabar 2024 estaría preparado el auto de transformación en juicio oral, lo que dejaría para 2025 sus vistas.

El caso empezó con los nombres de 138 famosos implicados, y en enero de este año se aseguró que la Fiscalía los había reducido a unos 35. Sin embargo, el juez de instrucción pidió una nueva prórroga porque seguían personándose famosos, que definitivamente sí forman parte de la causa: ECD cita como ejemplos a María Edite Santos, supuesta amante de Julio Iglesias y madre de Javier Santos, del que afirma es hijo del cantante; y a Manuel Dols Samper, rejoneador y hermano del torero José María Manzanares.

Aunque se desconoce la lista definitiva de famosos afectados, tanto en número como en identidades, en la causa se seguían manteniendo hasta ahora nombres como los de Mariló Montero, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Coto Matamoros, José Fernando Ortega, Irene Rosales, Aída Nizar, Mayte Galdeano, Lucía Pariente, María José Galera o 'El maestro Joao', entre muchos otros.

Gustavo González, Óscar Cornejo y Adrián Madrid

La causa se centra principalmente en el policía Ángel Fernández Hita y su amigo Gustavo González, paparazzi y colaborador de Sálvame. Con la intención de lograr información privada comprometida que después fuera difundida en el programa de Telecinco, el policía accedía a fichas policiales de famosos para trasladarle información a Gustavo González. El propio Fernández Hita reconoció que filtró datos a Sálvame.

Gustavo González desapareció de los programas de La Fábrica de la Tele, y la productora centró su línea de defensa en que era él quien solicitaba los datos y luego decidía publicarlos en el programa. Sí reconocieron que a veces, sabiendo de sus “fuentes” policiales, le pedían algunos favores, pero insistiendo en que desde el programa no se le solicitaba acceder a información policial privada.

Sin embargo, y aunque la investigación policial se inició como una trama de supuesto espionaje ilegal a famosos en la que se imputó a la dirección de Sálvame, así como a sus directores e incluso a redactores; el caso ha ido evolucionado tanto que Óscar Cornejo y Adrián Madrid seguían imputados en enero, pero ya no eran mencionados en la notificación judicial. Los que sí habían desaparecido por completo eran los entonces directores David Valldeperas y Alberto Díaz; y los ocho redactores del programa y la productora.

El caso se enfoca claramente al agente Ángel Fernández Hita y al paparazzi Gustavo González, además de a otros dos policías y a la expareja del colaborador y exactriz porno María Lapiedra. Sin embargo la Justicia aún quiere dilucidar si el programa y la productora participaron de los delitos de cohecho y revelación de secretos, por lo que además de mantener como imputados a Óscar Cornejo y Adrián Madrid también menciona tanto a La Fábrica de la Tele como a Sálvame.

Tras cerca de dos meses sin que trascendieran novedades, se produce un giro en la recta final de la mediática Operación Deluxe, que afectaba a Sálvame, y cuya causa se dilatará hasta diciembre a petición del juez del caso, Marcelino Sexmero. Con el magacín fuera de antena desde finales de junio, las acusaciones contra su productora, La Fábrica de la Tele, se suavizan.

La Fiscalía ha reducido en un 76% el número de afectados por esta presunta trama de espionaje ilegal a famosos, según informa The Objective. En concreto, se pasa de los 138 perjudicados listados en un inicio a solo 17 por las mencionadas filtraciones que se llevan años investigando.

Conviene precisar que previamente se había postulado que solo 43 casos fueran “imputables” al programa; no obstante, a tenor de la investigación, que se remonta a 2018, la Policía Nacional solo ha conseguido acreditar indicios de 17 casos de famosos cuyos antecedentes policiales o judiciales fueron “comentados o divulgados” durante la emisión de Sálvame. Omar Montes, Aramis Fuster, Ángel Garó, Asraf Beno, Carmen Gahona y Chiquetete figuran en esta lista.

Otros 21 casos sin pruebas

En otros 21 casos, inicialmente ligados al programa, las investigaciones no han podido establecer la existencia de solicitud por parte de la dirección del programa al policía Ángel Fernández Hita y al paparazzi y excolaborador Gustavo González, los principales ejes de la causa. Tampoco se ha encontrado prueba de que se difundieran datos en Sálvame.

En cuanto a todos los restantes, el Ministerio Público reconoce que “lo más que se ha acreditado en los informes policiales del sumario son conversaciones de WhatsApp”, mantenidas entre Hita y González por conseguir información privilegiada de celebridades. En dicho intercambio de mensajes no consta alusión o participación de la productora o de la dirección de Sálvame.

Sin decisión sobre el archivo de la causa para los directores

Hay que recordar que uno de los motivos para que el proceso se dilatase en el tiempo estaba en el elevado número de personajes que se presentaban como acusación particular y cuya viabilidad había que decidir. La Fiscalía solicita a los más de 40 famosos que siguen ejerciendo como acusación que, “en caso de que opten por el ejercicio de acciones penales” contra los investigados, “procedan a concretar datos e información relacionada con los ilícitos accesos” a las bases de datos policiales y su posterior difusión en Sálvame.

En los últimos meses, y tras descartarse el delito de cohecho por parte del juez, las defensas de varios de los investigados -los directores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, el director del programa, David Valldeperas, así como a Alberto Díaz, y ocho de sus redactores- habían solicitado el sobreseimiento de la investigación por los delitos de revelación de secretos, amparándose en el derecho de información y en el secreto profesional como periodistas. No obstante, ha eludido por el momento tomar decisión sobre esta desimputación de los directores del formato.

Como decíamos, Sexmero prorrogó la causa hasta finales de diciembre, precisamente para resolver los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid. Quedan, por tanto, tres meses para dar respuesta a las solicitudes de archivo y para dictaminar quién se acaba sentando en el banquillo.

Gustavo González espera que “la justicia no esté contaminada” ahora que ha comenzado el juicio en el que Mariló Montero pide para él seis años de cárcel.

La presentadora le acusa tanto a él como a Diego Arrabal (ambos paparazzis) de cometer un delito de revelación de secretos al intentar comercializar unas fotografías que se le tomaron en 2014 y 2015. Pide para ellos seis años de prisión y una indemnización de 265.000 euros.

Montero les demandó por intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen por estas imágenes en las que aparecía junto a su familia y en topless con una amiga. Estas últimas, que no llegaron a ver la luz, supuestamente fueron utilizadas en varios programas de televisión para cuestionar su orientación sexual, informa El Mundo.

El Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid condenó a la agencia de los fotógrafos en 2022 a pagar 340.000 euros por tomar las instantáneas. Fue una sentencia histórica, pero pocos meses después quedó anulada por la Audiencia de Madrid al evidenciar que existía un procedimiento penal contra los fotógrafos en un juzgado de Barcelona. Hasta que no concluya este (que es el que arrancó el pasado 6 de julio) no podrá llevarse a cabo el otro procedimiento, el civil.

El juicio se celebrará a finales de enero de 2024, según González, que llega a los tribunales con cierta inquietud. La Fiscalía no acusa porque, al no haberse difundido las fotografías, no aprecia que los acusados hayan incurrido en un delito de revelación de secretos, señala El Mundo.

“Es imposible estar tranquilo cuando alguien te torpedea proceso tras proceso. Es un acoso tremendo, y no entiendo qué sentido tiene”, ha declarado el paparazzi en una breve entrevista concedida a la revista Pronto.

Además, González ve incomprensible algunas de las actuaciones de la presentadora, pues “hay detalles que se incluyen ahora que ya están juzgados y con sentencias favorables a nosotros, pero la defensa de la señora Montero los sigue incluyendo”.

En cualquier caso, el extertuliano de Sálvame, que también está inmerso en la Operación Deluxe, espera que “la justicia no esté contaminada”.

A vueltas con la Operación Deluxe. Ocho redactores de Sálvame investigados dentro de la causa han solicitado su caso. Como ya habían hecho los directores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, y el director del programa, David Valldeperas, estos profesionales solicitan el sobreseimiento del procedimiento judicial en torno a la presunta revelación de secretos de más de un centenar de famosos que afecta al magacín.

El abogado de estos redactores, no identificados, presentó un escrito al Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, que lleva el caso, donde califica de “pintoresco” todo el proceso, tal y como recoge Bluper.

Este investiga las supuestas filtraciones del policía Ángel Fernández Hita, y la colaboración de otros dos, a Gustavo González, imputado ya en 2018 por conseguir información privilegiada de celebridades. Se planteaba que el paparazzi, otrora tertuliano de Sálvame, pedía datos a Hita, quien ya reconoció haber filtrado datos por su “amistad” con aquel, pero sin haber recibido retribución por ello. La policía llegó a investigar las nóminas de González en el programa para tratar de acreditar un posible delito de cohecho, algo que se descartó.

Los redactores “no han visto en la vida” a Hita

El letrado que defiende a los redactores afirma que ninguno de ellos conoce a Hita: “No le han visto en la vida y, desde luego, nunca le han solicitado ninguna información o dato”, reiteran. Solo algunos de ellos tuvieron trato con González durante el tiempo en que este estuvo en Sálvame.

Es más, recuerdan que el fotógrafo también colaboraba con otros medios y que “muchas de las informaciones que comentaba en el programa también las abordaba en cualquier de las otras revistas con las que colaboraba”. Algo que destacan para cuestionar que se les investigue a ellos y no a los redactores, editoras o responsables de dichas publicaciones. Hay que decir que solo una redactora jefe fue interrogada en marzo de 2019 al respecto, pero la causa quedó archivada para ella.

Se considera que la investigación “ha transgredido o, cuando menos, ha sido muy poco respetuosa” con el secreto profesional que asiste a los periodistas, algo que ya enfatizaba Valldeperas en su escrito particular. Al igual que aquel, los redactores a través de su abogado señalan que se clonó el contenido de los teléfonos móviles de González “para revisar y extraer, entre otras cosas, las comunicaciones que un periodista mantenía con su fuente o con otros periodistas respecto a hechos de carácter noticioso”

Esto es considerado una “injerencia” de carácter “extraordinariamente intenso” en la actividad profesional del periodista del corazón. “No se trata en este trance de cuestionar decisiones del Juzgado ya materializadas”, argumenta. “Simplemente se pretende significar que el hecho de no haber tomado siquiera en consideración la eventual afectación del derecho a la información por las medidas de investigación adoptadas”. Eso, esgrime, “vicia el juicio de proporcionalidad” del Juzgado y “lesiona el derecho fundamental”.

Los mensajes con González “remiten a cuestiones de relevancia periodística”

Sobre las conversaciones que se encontraban en los móviles entre los citados en la investigación y González, se reafirman en que estos mensajes “remiten a cuestiones de relevancia periodística”, y señalan que las responsabilidades que pudieren achacárseles responden a la información publicada, no al carácter u origen de los datos que reciben y que no hacen público.

De hecho, se pone en valor “una de las anomalías que presenta este procedimiento”, a juicio del abogado: “No se dice, en definitiva, que se haya publicado nada que no debiera haber sido objeto de difusión. Se cuestiona la forma en la que se dice que mis representados pudieron obtener determinados datos para elaborar informaciones periodísticas, sin cuestionar propiamente la información a la que tales datos servían de soporte”.

Se recalca que “no solo no ha existido ninguna intencionalidad de causar un perjuicio” por parte de estos periodistas. “Tampoco por el acceso o el conocimiento de los datos —en aquellos casos en los que, efectivamente, se haya podido facilitar a mis patrocinados algún dato por parte del señor González— o por la naturaleza de los datos que se han podido manejar en el ámbito periodístico se ha causado perjuicio a los afectados”.

El proceso, abocado a una nueva prórroga

La mediática causa judicial, entre tanto, parece abocada a prorrogarse una vez más, lo que la llevaría hasta finales de 2023. La instrucción ya se había sometido a una prórroga de seis meses, a petición del juez Marcelino Sexmero, encargado del caso, que finaliza de forma oficial este mismo 21 de junio. Desde hace semanas se cuenta con que se dilate otros seis meses, como ya informamos.

A ello habría afectado tanto la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, que sigue adelante pese al adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez, como el creciente número de celebridades que quieren personarse como acusación particular: entre ellas, Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, que forma parte de la lista de cerca de 180 personas afectadas por la supuesta trama.

La mediática Operación Luna, la presunta trama de espionaje ilegal a famosos que afecta a Sálvame y que se conoce también como Operación Deluxe, está lejos de concluir, a juzgar por las nuevas informaciones que trascienden. La investigación por una presunta revelación de secretos parece abocada a prorrogarse una vez más, lo que la llevaría hasta finales de 2023.

Hay que decir que la instrucción ya se había sometido a una prórroga de seis meses, a petición del juez del Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero, encargado del caso. Esta ampliación del plazo finaliza de forma oficial el próximo 21 de junio. Sin embargo, se prevé que se dilate otros seis meses más, según recoge El Confidencial Digital. Eso llevaría hasta diciembre dicha investigación.

A ello habría afectado la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, que sigue adelante pese al adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para el 23 de julio. La situación había acarreado retrasos “de resoluciones importantes de la Audiencia Provincial de Madrid” y también afecta al retraso en los tiempos de esta Operación Luna. Precisamente la batería de recursos de los afectados y que estaban por resolver en el órgano judicial había motivado ya el atasco del procedimiento, que se inició hace cinco años.

Kiko Rivera se suma a la creciente acusación particular

Asimismo, la situación se explica también por el creciente número de celebridades afectadas que quieren personarse como acusación particular. Uno de los últimos en sumarse ha sido Kiko Rivera, según el mismo medio. El DJ, uno de los protagonistas de crónica social que ha desaparecido de los contenidos de la nueva Mediaset, seguirá así los pasos de su madre, Isabel Pantoja, que forma parte de la lista de cerca de 180 personas afectadas por la supuesta trama.

Se cuentan por más de una treintena las personalidades que han decidido emprender acciones legales. Meses atrás trascendieron los nombres de Mariló Montero y del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que se sumaban a otros como la citada Pantoja, Coto Matamoros y Omar Montes, Mayte Galdeano, el paparazzi Jordi Martín, el cantante Francisco, la bailadora Cecilia Gómez, Ángel Garó o la exconcursante de GH1 María José Galera.

La lista no terminaría aquí. Más famosos estarían interesados o tendrían intención de presentarse también como acusación particular una vez terminen las emisiones de Sálvame, con fecha del 23 de junio para su última emisión. Es decir, dos días después del final de la prórroga, lo que hace probable que se decida ampliar el plazo.

Se descartó el delito de presunto cohecho

Lo que sí está claro es que el magistrado Sexmero descartó ya el cohecho y de organización criminal de entre los presuntos delitos que se investigaban como parte de la trama.

Recordemos: la causa investiga las supuestas filtraciones de un policía, Ángel Jesús Fernández Hita, así como la colaboración de otros dos, a personas del entorno de Sálvame y de su productora, La Fábrica de la Tele. El eje de las pesquisas era Gustavo González, imputado en 2018 por conseguir información privilegiada sobre multitud de celebridades, al comienzo de las pesquisas.

En primavera de 2022 surgían una veintena de investigados, entre los que figuraban David Valldeperas, director del programa, y los directores de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, así como esta en sí como persona jurídica. La productora negó participar en ese supuesto espionaje, algo que González refrendó en el juzgado, y se desvinculó del proceso judicial.

La base de la operación planteaba que González pedía información a Hita, amigo de su familia, que ya reconoció que filtró datos aduciendo su “amistad” con el paparazzi, pero negó haber recibido ningún tipo de retribución al respecto. La policía pasó a investigar las nóminas de González, que estuvo contratado por La Fábrica de la Tele entre 2017 y 2018, para tratar de acreditar un posible pago a Hita, pero no se encontró ninguna prueba que lo acreditase. Por tanto, el cargo por el que los famosos que, como Rivera, pretendan participar en el caso como perjudicados, será por el de presunta revelación de secretos.

El juez debe decidir a quién sienta en el banquillo por presunta revelación de secretos. Desde Sálvame y su productora se mantiene que los ampara el derecho a la libertad de información y que Hita solo era una fuente. Más recientemente, David Valldeperas y Alberto Díaz, directores de Sálvame investigados, pidieron el sobreseimiento del caso tras descartarse el cohecho.

El especial por el 14 aniversario de Sálvame, emitido este jueves en Telecinco, no sólo fue un amplio y emotivo homenaje a Mila Ximénez. También supuso la vuelta, aunque efímera, de Gustavo González al magacín producido por La Fábrica de la Tele. El paparazzi, recordemos, dejó de aparecer en el programa tras el estallido de la Operación Deluxe, la presunta trama de espionaje ilegal a famosos que involucra a Sálvame y de la que el extertuliano es uno de sus nombres propios.

González, sin embargo, reapareció este jueves por unos instantes para rendir su propio tributo a Mila. “Era una persona que te podía decir la mayor barbaridad del mundo y, sin embargo, tenía la humildad de llamarte por teléfono y pedirte disculpas y decirte que te quería”, dijo en un breve vídeo grabado para la emisión. Sus palabras fueron emitida dentro de una pieza, 'El legado televisivo de Mila', que recogía las opiniones de varios periodistas (entre ellos, Nieves Herrero y Jimmy Giménez-Arnau) sobre la personalidad y la forma de ser de Mila Ximénez ante las cámaras.

La reaparición de Gustavo González no tuvo, pues, ningún tratamiento especial. De hecho, fue el único protagonista de la pieza que no grabó su opinión junto a un equipo del programa, sino con un móvil, a juzgar por la calidad y el fondo de la imagen. Aun así, desde Sálvame quisieron que formara parte del especial pues, al fin y al cabo, fue colaborador del magacín durante muchos años y, por consiguiente, compartió muchas tardes en plató con Mila Ximénez.

Más allá de la reaparición en sí, lo llamativo de la misma es que ha coincidido en el tiempo con las últimas informaciones de la Operación Deluxe. Tras varios meses sin noticias, ahora ha trascendido que el juez del caso, Marcelino Sexmero Iglesias, ha descartado el delito de cohecho, pues considera que no hay pruebas que sostengan que se retribuyó al policía Ángel Jesús Hernández Hita por la información que facilitó sobre los famosos presuntamente espiados.

Ahora el magistrado ha de decidir quién acaba en el banquillo por las filtraciones, aunque el caso sigue “atascado” después de cinco años por la complejidad de la investigación y el elevado número de damnificados, cuyos recursos aún debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin pruebas que apunte a la existencia de pagos a Hita

Para poner en antecedentes, la causa investiga las supuestas filtraciones de un policía, Ángel Jesús Fernández Hita, así como la colaboración de otros dos, a personas del entorno de Sálvame y de su productora, La Fábrica de la Tele.

El eje de las pesquisas era Gustavo González, imputado en 2018 por conseguir información privilegiada sobre multitud de celebridades, al comienzo de las pesquisas. Tras cuatro años de investigaciones, en primavera de 2022 surgían una veintena de investigados, entre los que figuraban David Valldeperas, director del programa, y los directores de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, así como esta en sí como persona jurídica. La productora negó participar en ese supuesto espionaje y se desvinculó del proceso judicial, algo que González refrendó en el juzgado.

La base de la operación planteaba que González pedía información a Hita, amigo de la familia. Este ya reconoció que filtró datos, por motivos de la “amistad” con el paparazzi, pero negó haber recibido ningún tipo de retribución al respecto. “Nunca. Eso lo puedes poner bien fuerte y muy alto: nunca”, recalcó en una entrevista a El Confidencial.

Ahora bien, la policía pasó a investigar las nóminas de González, que estuvo contratado por La Fábrica de la Tele entre 2017 y 2018, para tratar de acreditar un posible pago del tertuliano a Hita. No obstante, no se ha encontrado ninguna prueba que apuntase a un posible delito de cohecho, según detallan fuentes jurídicas a El País.

'Sálvame' se ampara en la libertad de información

Lo cierto es que en el momento en que salieron a la luz las retribuciones de la productora a González no se llegó a constatar que Hita hubiera recibido ningún tipo de contraprestación por cada solicitud, “si bien se observaba durante la investigación que el Policía era convidado a en bares y restaurantes por el paparazzi” y se apuntaba a que “en una ocasión” pudiera haber solicitado dinero en una conversación, sin que se hubiese llegado a corroborar.

Descartada la tesis del cohecho, ahora el juez debe decidir a quién sienta en el banquillo por presunta revelación de secretos. Por su parte, desde Sálvame y su productora se mantiene que los ampara el derecho a la libertad de información y que Hita solo era una fuente.

De acuerdo a los últimos datos se cuentan cerca de 180 personas como afectadas de la supuesta trama, de las cuales más de una treintena se han personado en el caso a título particular. Los últimos nombres en trascender fueron los de Mariló Montero y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que se sumaban a otros como Isabel Pantoja, Coto Matamoros y Omar Montes.

Novedades en la mediática Operación Luna, la presunta trama de espionaje ilegal a famosos que involucra a Sálvame también conocida como Operación Deluxe. La complejidad de la investigación y el elevado número de damnificados está provocando que el caso se dilate en el tiempo y se haya alargado hasta 2023.

La batería de recursos que han presentado decenas de afectados y que aún debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid han motivado el atasco en el procedimiento después de más de cinco años desde el inicio de la investigación, que lidera el juez Marcelino Sexmero Iglesias del juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid. Así lo cuenta El País, que explica que tal circunstancia ha frenado el final de la instrucción, pese a que el magistrado la daba prácticamente por finiquitada hace casi un año.

Ahora bien, hay detalles relevantes dentro de esta instrucción. El principal es el referido al presunto de cohecho que se investigaba. El magistrado al cargo de la causa ya ha descartado dicho delito, como recoge el mismo medio.

Sin pruebas que apunte a la existencia de pagos a Hita

Para poner en antecedentes, la causa investiga las supuestas filtraciones de un policía, Ángel Jesús Fernández Hita, así como la colaboración de otros dos, a personas del entorno de Sálvame y de su productora, La Fábrica de la Tele.

El eje de las pesquisas era Gustavo González, imputado en 2018 por conseguir información privilegiada sobre multitud de celebridades, al comienzo de las pesquisas. Tras cuatro años de investigaciones, en primavera de 2022 surgían una veintena de investigados, entre los que figuraban David Valldeperas, director del programa, y los directores de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, así como esta en sí como persona jurídica. La productora negó participar en ese supuesto espionaje y se desvinculó del proceso judicial, algo que González refrendó en el juzgado.

La base de la operación planteaba que González pedía información a Hita, amigo de la familia. Este ya reconoció que filtró datos, por motivos de la “amistad” con el paparazzi, pero negó haber recibido ningún tipo de retribución al respecto. “Nunca. Eso lo puedes poner bien fuerte y muy alto: nunca”, recalcó en una entrevista a El Confidencial.

Ahora bien, la policía pasó a investigar las nóminas de González, que estuvo contratado por La Fábrica de la Tele entre 2017 y 2018, para tratar de acreditar un posible pago del tertuliano a Hita. No obstante, no se ha encontrado ninguna prueba que apuntase a un posible delito de cohecho, según detallan fuentes jurídicas a El País.

'Sálvame' se ampara en la libertad de información

Lo cierto es que en el momento en que salieron a la luz las retribuciones de la productora a González no se llegó a constatar que Hita hubiera recibido ningún tipo de contraprestación por cada solicitud, “si bien se observaba durante la investigación que el Policía era convidado a en bares y restaurantes por el paparazzi” y se apuntaba a que “en una ocasión” pudiera haber solicitado dinero en una conversación, sin que se hubiese llegado a corroborar.

Descartada la tesis del cohecho, ahora el juez debe decidir a quién sienta en el banquillo por presunta revelación de secretos. Por su parte, desde Sálvame y su productora se mantiene que los ampara el derecho a la libertad de información y que Hita solo era una fuente.

De acuerdo a los últimos datos se cuentan cerca de 180 personas como afectadas de la supuesta trama, de las cuales más de una treintena se han personado en el caso a título particular. Los últimos nombres en trascender fueron los de Mariló Montero y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que se sumaban a otros como Isabel Pantoja, Coto Matamoros y Omar Montes.

Gustavo González ha roto su silencio. Siete meses después de salir a la luz la Operación Deluxe -posteriormente rebautizada como Operación Luna- y de su posterior desaparición de las ediciones diarias de Sálvame, el paparazzi ha hablado por primera vez de los detalles de su salida de la televisión.

“Fue una etapa de mi vida en la que estuve de paso. No me renovaron el contrato en Sálvame y se acabó”, ha declarado en una entrevista a Pronto que recoge 20 minutos.

Sin entrar en los motivos, dice que “simplemente no me lo renovaron. Será que no les gustaba... pero no pasa nada”, y opina del rumbo que ha tomado el magacín de Telecinco: “Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias. Primaba montar el espectáculo”.

Ahora, mientras espera que finalice la instrucción por la mencionada trama de espionaje a famosos, asegura que siempre ha tenido claro que la televisión era “una etapa pasajera” y que actualmente está volcado “en mi trabajo y en mi familia”.

Desaparecido de la TV en plena 'Operación Deluxe'

Cabe recordar que Gustavo González es uno de los investigados por la llamada Operación Deluxe y, de hecho, el juicio se ha alargado hasta 2023 después de que las investigaciones policiales detectasen indicios de un posible cohecho de la productora de Sálvame, La Fábrica de la Tele, al paparazzi.

Como ya publicamos, las nóminas de González como colaborador habrían pasado de 3.000 euros mensuales a 20.000 euros. La Policía y el juez investigan si ese aumento del 666% en su sueldo se corresponden a pagos para lograr la información de los famosos a través del agente que le filtraba los datos, lo que incurriría en un delito de revelación de secretos. Él declaró que nunca pagó al policía por sus informaciones, mientras que este sí asumió haber facilitado datos.

Paralelamente a esta trama, el fotoperiodista también se ha visto envuelto en un caso judicial con Mariló Montero, por el que se le condenó a él y a Diego Arrabal a indemnizar a la presentadora con 340.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y el honor. En julio de este mismo año, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la sentencia a la espera de resolverse el otro procedimiento penal del mismo caso.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº35 de Madrid que condenó a Gustavo González y Diego Arrabal a indemnizar a Mariló Montero y una amiga suya con 340.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y el honor.

El magistrado César Tejedor impuso a los paparazzis esta pena por la vía civil, la mayor condena de este tipo en la historia de la justicia española, por fotografiarlas sin su consentimiento en 2015, cuando las dos mujeres estaban de vacaciones fuera de España. La sociedad que compartían los fotógrafos, Diegus SL, recurrió ante la Audiencia Provincial, que ha estimado el recurso en cuanto a la prejudicialidad penal del caso, sin entrar a analizar el fondo de la cuestión, según recoge el portal especializado ConfiLegal.

A la espera de resolverse el otro procedimiento penal

En la sentencia, del 12 de julio, se dictaminan que la resolución del procedimiento civil “debería haber quedado en suspenso” mientras se dilucida por parte del Juzgado de Instrucción Nº30 de Barcelona la responsabilidad criminal a título personal de los periodistas, que afrontan una una petición de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de la profesión por tiempo de seis años, además del pago de la indemnización.

El quid de la cuestión está en este elemento. De acuerdo a la firma legal que representa a Montero, Ius Aequitas, inicialmente los dos juzgados de instrucción estimaron que no concurrían los requisitos legales para la existencia de prejudicialidad penal, por lo que el caso se juzgó en Madrid Consideraban, pues, que eran procedimientos distintos: en uno Montero y su amiga acusan a los fotógrafos por captar imágenes suyas; en el otro, el de Barcelona, la acusación de Montero es por un presunto delito de revelación de secretos por hechos ocurridos en Bora Bora, uno de los destinos por los que pasaron. “El juez de Primera Instancia consideró que teníamos razón y por eso dictó sentencia”, explican.

Ahora, la Audiencia Provincial considera que existía esa prejudicialidad, al tratarse de los mismos hechos, y que la vulneración del derecho al honor no se puede discutir en dos procedimientos a la vez. Por ello, ratificando las actuaciones realizadas en sede civil hasta la sentencia y sin valorar los hechos enjuiciados, ordena la suspensión del procedimiento civil hasta que finalice el procedimiento penal. Entonces se procederá a dictar nuevamente la sentencia por el órgano civil.

La primera reacción de Diego Arrabal

El foco judicial apunta ahora a Barcelona: el Juzgado de Instrucción Nº30 ha ratificado la apertura de juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos por parte de Arrabal y González, a quienes solicita una fianza de 265.000 euros con la que hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada del delito.

“Para mí es una victoria porque se ha hecho justicia, aunque a esto todavía le queda mucho tiempo”, ha declarado Arrabal a la revista Semana, donde añade: “Yo por lo penal estoy muy tranquilo”. Se refiere, claro, al otro proceso de Barcelona. “Hay un procedimiento penal en el que el Fiscal lo tiene muy claro. Ha pedido que nos absuelva porque cree que no hay delito”, añade.

En su día, el excolaborador de Viva la vida ya avisó de que plantaría cara a la decisión judicial, llamando la atención sobre las consecuencias de la sentencia. “Si no puedes hacer fotos a una persona pública en un lugar público, apaga y vámonos”, dijo el fotógrafo, que incluso dijo que llevarían el caso a Europa “si hace falta”.

La investigación por la 'Operación Deluxe', más tarde rebautizada como 'Operación Luna', va a alargarse seis meses más a petición del juez que se encarga del caso en el Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero. Así lo desvela este lunes ECD, explicando que la instrucción que iba a finalizar en este mes de junio se irá hasta finales de año.

La principal razón para esta prórroga ha sido que la Policía ha detectado indicios de cohecho en las nóminas de Gustavo González. Una línea de investigación de la que ya se habló a principios de abril y parecía descartada, pero que se ha retomado con más fuerza tras las nuevas averiguaciones de la Policía.

Después de que los abogados del colaborador de Sálvame entregasen las nóminas percibidas en los últimos años por su cliente, el juez ha considerado que la información es insuficiente, por lo que ha reclamado por un lado a la Agencia Tributaria toda la información declarada por la productora La Fábrica de la Tele en los ejercicios 2017 y 2018 sobre los pagos y retenciones realizados a Gustavo González, y por otro lado a la productora “todas las nóminas y facturas emitidas por todos los conceptos retributivos abonados a Gustavo González”, según cita el mismo medio.

Las nóminas de Gustavo González habrían pasado de 3.000 euros mensuales a 20.000 euros. La Policía y el juez investigan si ese aumento del 666% en su sueldo se corresponden a pagos para lograr la información de los famosos a través del agente que le filtraba los datos, lo que incurriría en un delito de revelación de secretos. El paparazzi declaró que nunca pagó al agente de policía por sus informaciones.

Los directores de La Fábrica de la Tele, investigados

Recordemos que este caso investiga a la dirección de Sálvame, que está imputada por “propulsar” una trama de revelación de secretos de famosos gracias al contacto de su colaborador Gustavo González con el policía Ángel Jesús Fernández Hita. La productora La Fábrica de la Tele negó ese supuesto espionaje y se desvinculó del proceso judicial, una versión que fue refrendada por Gustavo González al asegurar en el juzgado que no conocían a su fuente, después de que el policía reconociese que filtró datos.

Pese a ello, el sumario es claro: “Se puede afirmar que es la dirección de Sálvame la propulsora de la búsqueda y obtención de la información íntima reservada”, y de hecho el pasado lunes fue el diario El Mundo el que desveló que los directores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, han pasado a ser investigados a título individual dentro de la trama. Todo ello mientras Sálvame sigue adelante como si nada, recuperando incluso a David Valldeperas como director, y curiosamente algunos de los 138 investigados por el policía han reaparecido en el programa.

Mientras Sálvame sigue adelante con su emisión en Telecinco tras sus cambios, que coincidieron con la revelación de la 'Operación Deluxe' que realizó LOC de El Mundo, siguen conociéndose más detalles sobre el proceso judicial con Gustavo González como principal protagonista.

Este miércoles, ha sido el diario El País el que ha publicado un vídeo en el que se incluyen pequeños fragmentos de la declaración en sede judicial del paparazzi y colaborador del programa, y además se muestra cómo el policía que lograba y suministraba la información, Ángel Jesús Fernández Hita, prefirió no declarar.

En la vista, el juez les informa de que se les va a preguntar por un delito de descubrimiento y revelación de secretos en la ficha policial de José Fernando (hijo de Ortega Cano) que apareció en Sálvame en noviembre de 2013, en un momento que ha desaparecido de la web de Telecinco, como explicó Bluper. El policía prefiere no declarar, mientras que Gustavo González reconoce que pidió y recibió información sobre él “igual hace dos años, pero no recuerdo”, situándose fuera de esas fechas. También reconoce que pidió y recibió información sobre Omar Montes, aunque en este caso asegura que fue para corroborar su información: “Omar Montes ha tenido problemas, ha sido conflictivo. Mi manera de contrastar eso es recurrir a una fuente”.

Cuestionado sobre por qué tanto la productora como sus compañeros se dirigían directamente a él para conseguir ese tipo de informaciones, Gustavo González respondió que “saben que tengo alguna posibilidad, alguna fuente”. Y luego, en una declaración que seguramente ayudará a la productora, le preguntan “¿'La Fábrica de la Tele' conoce de dónde viene la información que usted les proporciona?” y él contesta: “No, ellos no tienen por qué saber”.

El colaborador de Sálvame también declaró que no pagó nunca a su amigo policía por la información, y que el interés era siempre “por personas de dimensión pública, que han expuesto su vida e incluso han hablado abiertamente de esos problemas”.

Este lunes se supo que la Policía investigaba las nóminas de Gustavo González en Sálvame para probar un posible delito de cohecho. Sin embargo, ECD asegura que el Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid no ha encontrado de momento pruebas por cohecho y organización criminal, por lo que el juez centrará la acusación en el delito de revelación de secretos.

Continúa la investigación de la Operación Deluxe, con las miras puestas en Gustavo González y en su relación con Sálvame. La policía investiga las nóminas que pagó La Fábrica de la Tele al paparazzi, para intentar acreditar un presunto delito de cohecho a Ángel Jesús Fernández Hita, el policía imputado en el caso, informa Libertad Digital.

Durante los años 2017 y 2018, González trabajó como empleado contratado por la productora y no como autónomo ni como colaborador. Esto se atestigua con las nóminas que aparecen en el sumario, que prueban su relación contractual con la empresa.

Las cantidades se recogen en un informe de 175 páginas del Grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos que forma parte del sumario. La de enero de 2018 cuenta con un “líquido a percibir” de 18.526,32 euros una vez descontados los complementos a la Seguridad Social e IRPF. El salario base se cifra en 344,52 al que se añade un “complemento a bruto” de 24.958,12 euros, por un total de 12 días trabajados; un mes después percibió 4.909,11 euros, con un complemento de 6.575,62. En diciembre de 2017, la productora pagó al reportero un total de 16.256 euros brutos, (11.816,63 netos) por 9 días de trabajo.

La Policía apunta un posible pago de González a Hita

La Policía apunta un posible pago del periodista y tertuliano a Hita, amiga de su familia, por el presunto espionaje. No obstante, más allá de las cantidades desveladas, los investigadores no hallan cobros del colaborador de Sálvame al policía.

“No se ha constatado que el funcionario policial reciba contraprestaciones económicas directas por cada solicitud de información, si bien se observaba durante la investigación que el Policía era convidado a en bares y restaurantes por el paparazzi”, recalca la policía en el texto de la investigación, donde sí constatan que Hita sí solicitó 500 euros “en una ocasión” por una información facilitada a través de una conversación a través de WhatsApp. Esto deberá ser verificado ahora por el juez que instruye la causa, Marcelino Sexmero.

Hita, que ya reconoció que filtró datos a González “por amistad”, negó haber cobrado retribución económica alguna por ello. “Nunca. Eso lo puedes poner bien fuerte y muy alto: nunca”, recalcó en una entrevista concedida a El Confidencial días atrás.

Los famosos espiados de la Operación Deluxe

La Operación Deluxe (también conocida como Operación Luna) persigue la supuesta trama de revelación de secretos de famosos que habría sido “propulsada” por la dirección de Sálvame y la productora del espacio, La Fábrica de la tele, que aunque investigada ya publicó un comunicado en el que negaba tal espionaje y se desvinculaba del proceso judicial. Se investigan presuntos delitos de revelación de secretos, contra la intimidad, contra la administración pública y el citado de cohecho.

La lista de 138 personas que fueron ilegalmente investigadas por Hita, que luego filtró datos a Gustavo González y Sálvame, se compone de una extensa lista de personalidades de todos los ámbitos. Entre ellos, se encuentran Isabel Pantoja, su hija Isa P. y su hijo Kiko Rivera, José Fernando Ortega (hijo de Ortega Cano), Omar Montes, Ángel Garó, Yvonne Reyes, el cantante Francisco, Aramís Fuster, Arantxa Sánchez Vicario y sus familiares, futbolistas como Miguel Torres, Jota Peleteiro y el fallecido Alfredo Di Stefano, el exboxeador Poli Díaz, Silvia Fominaya y su pareja, la exmujer del Duque de Alba Matilde Solís, o Mayte Zaldívar y Julián Muñoz. También figuran nombres de actores y actrices como Toni Acosta, Anna Allen, Álex González y Luis Fernández, pero también perfiles vinculadas a la Casa Real, empresarios y abogados. Todo ello, sin contar a colaboradores habituales del formato, como Kiko Matamoros o Belén Esteban.

Ángel Jesús Fernández Hita, el policía involucrado en la Operación Deluxe (ahora conocida como Operación Luna), que investiga una presunta trama de espionaje a famosos que ha salpicado en los últimos días a Sálvame, ha hablado por primera vez en un medio de comunicación. Tras cuatro años de pesquisas, el agente ya jubilado reconoce ahora haber filtrado datos privados por amistad, aunque niega haber cobrado retribución económica alguna por ello.

Hasta 140 celebridades habrían sido perjudicadas por esta red, que se habría dedicado a conseguir información de carácter confidencial sobre personalidades de todo pelaje, algo que podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Policía sospecha que Gustavo González actuaba como intermediario entre el magacín y el agente, que en declaraciones a El Confidencial admite haber facilitado datos al paparazzi.

“Eso es verdad. Se los he dado. No lo voy a negar porque él me pedía ciertos favores y yo se los decía”, reconoce abiertamente Hita, a la postre amigo del padre de González. Da ejemplos del tipo de información que se le requería, como la dirección “normalmente” de personajes conocidos, aunque asegura no recordar ningún nombre concreto: “No sé. Gente que ellos estaban a lo mejor para hacer un reportaje o tal”.

En los últimos días sí han trascendido identidades de los “espiados”, entre los que se cuentan famosos de todo pelaje como Omar Montes, Álex Casademunt, DiStefano, Isabel Pantoja, José Ortega Cano, su hijo José Fernando (de quien se tendría su ficha policial completa) y su sobrino Óscar Romero, el torero Julio Aparicio, la periodista Gema Serrano, Kiko Rivera, Aida Nízar, Yvonne Reyes y el Maestro Joao. Pero también se añadirían colaboradores del programa como Belén Esteban y Kiko Matamoros.

“El único al que yo le he dado algún dato es a Gustavo”

Sin mencionar a nadie en concreto, Hita defiende que “muchas cosas ayudaban a sacar cosas” y que “hay personas que se han salvado de estafas precisamente por esa amistad”. Se refiere a que los datos que facilitaba habrían servido para investigaciones que sacaban a la luz estafas: “Yo cogía esa información y verificaba si era buena o mala: ¿esto tiene visos de ser verdad? Pues llamaba a quien tenía que llamar: ”Oye, mira, tenemos esto, tal“. Y lo hacían o no lo hacían, en fin, en eso ya no me metía yo”, explica, preciándose de haber tenido “mucha capacidad de recibir información”. “Es que eso los señores de Asuntos Internos no lo han entendido nunca”, agrega, sobre el cariz de la investigación en proceso.

En todo caso, reitera: “El único al que yo le he dado algún dato es a Gustavo. Por amistad, nada más”. “Me han llegado a ofrecer dinero algunos, que no voy a decir nombres, por supuesto, y muchas veces se ha acabado la poca amistad que había”, añade, recalcando que sigue manteniendo relación con el tertuliano de Sálvame.

Preguntado por si asume haber cometido un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos, responde afirmativamente: “Claro que lo asumo, no soy tonto”, dice, y defiende que “La policía siempre está en el filo de la navaja”. “Que sí, ¿que he hecho una cosa mal? Yo lo asumo, por supuesto que lo asumo, claro que lo asumo. ¿Me entiendes? Pero de ahí a lo que han dicho, de que si es una mafia y tal... Mira, yo [en] lo que haya hecho la tele, ahí no me meto porque no lo sé”, continúa.

Su relación con Mila Ximénez y Kiko Hernández

En todo momento, Hita ciñe su relación de amistad a Gustavo González, aunque luego añade que también conocía “a alguno de los otros que hemos tenido relación, de tomar una caña, ocasionalmente”. “Con Mila tenía mucha amistad”, revela, refiriéndose a la periodista, fallecida el pasado 2021.

“Le hice un favor, le hice un favor en un momento dado”, explica. “Ellos me pidieron ayuda por medio de Gustavo, por un tío que les estaba molestando y tal, que les mandaba fotos. Dije: ”Mira, yo creo que debes hacer esto, esto y esto“. Y ya está. Lo hicieron y salió. Por ahí está la denuncia”, añade, aclarando que se trataba de un “acosador” contra la televisiva. “Lo miré y vi que este tío tiene un cierto punto de peligrosidad”.

Cuando habla de ellos se refiere a Ximénez, a González y a Kiko Hernández, con quien dice haber tenido “menos relación”, pero que también estaba viéndose afectado por el mismo acosador. “El hombre estaba asustado, estaba preocupado, porque el tío este parece ser que se presentó un día en la tele”, comenta sobre el tertuliano y ocasional presentador, a quien le recomendó poner una denuncia para “hacer las cosas bien” y al que luego advirtió de que su casa “es un peligro”.

Niega haber recibido ningún pago económico

Hita, como se puede comprobar, no tiene objeción a reconocer los hechos, si bien deja claro que no había pago económico por esta información. “Nunca. Eso lo puedes poner bien fuerte y muy alto: nunca”.

Esto es algo que ya se había indicado en las primeras informaciones conocidas sobre el caso, cuya investigación también cuestiona el implicado: “Estos señores [Asuntos Internos] creyeron que estaban ante la mafia siciliana o algo así, y de pronto hicieron sus poquitas investigaciones y, bueno, tiraron del hilo y cuando vieron la verdad de todo, se quedaron un poco colgados de la brocha, como se suele decir. Porque yo de todas las informaciones que yo me enteraba de ellos y tal, esas informaciones también las contrastaba, y ahí es que se ha juntado un lío que no veas”.

La Fábrica de la Tele niega su vínculo con el espionaje

Además de Hita y González, también se encuentran entre los investigados el ya exdirector de Sálvame David Valldeperas y otras siete personas más del equipo y La Fábrica de la Tele, como persona jurídica, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Terelu Campos también aparece como investigada en este sumario como investigada.

En el texto judicial, se considera como “propulsora” a la productora del magacín, en plena crisis de audiencia. Esta reaccionó negando la información.

“La Fábrica de la Tele y las personas que la integran han actuado siempre en el marco de la ley y dentro de su actividad periodística y en el legítimo ejercicio del derecho a la información, por lo que son absolutamente falsas las atribuciones de actividad de espionaje”. Desde la compañía se recalca que recalcan que “ningún director o redactor del programa ha tenido nunca ninguna relación con el agente de policía investigado en las actuaciones judiciales”, y recuerdan que González “colabora en Sálvame y con otros muchos medios de comunicación”.

A la crisis total que vive Sálvame por sus bajas audiencias se suma ahora un nuevo frente que tensa aún más la difícil situación que atraviesa el veterano programa de Telecinco. Según informa El Mundo, sus más altos responsables están siendo investigados por su presunta participación en una red que se dedicaba a conseguir información privada sobre decenas e incluso cientos de personajes famosos, lo que podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Los investigadores de la Operación Deluxe (ahora rebautizada como Operación Luna) sostienen que “se puede afirmar que es la dirección de Sálvame la propulsora de la búsqueda y obtención de la información íntima reservada”, según consta en el sumario al que ha tenido acceso La otra Crónica, suplemento del citado periódico.

Las indagaciones comenzaron en 2018, cuando el paparazzi Gustavo González (colaborador habitual del programa) fue imputado por conseguir información privilegiada sobre multitud de celebridades. Una auditoría de la Policía reveló que uno de sus agentes, Ángel Jesús Fernández Hita, estaba consultando en las bases policiales la información privada que existe sobre multitud de famosos.

Los investigadores observaron que este policía estaba relacionado con el tertuliano, cuyo padre era amigo de Fernández Hita. La Policía pinchó sus teléfonos y consiguió pruebas para acusarles de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos en relación a, por lo menos, una decena de famosos. La información compartida apareció después en Sálvame, según La Otra Crónica, que afirma que los agentes tenían indicios de que algunos documentos se guardaban en casa del tertuliano y en la redacción del magacín.

La Fábrica de la Tele, imputada como responsable mercantil del caso

En el caso también se ha imputado a La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, que figura como responsable mercantil del caso; a David Valldeperas, director del programa hasta esta semana; y a siete personas del equipo del programa. En cambio, no se está investigando a Alberto Díaz, que también era director del formato, porque no hay mensajes de Whatsapp como los que sí se han encontrado en relación al resto de acusados.

Aunque Valldeperas y Díaz hayan sido relevados en la dirección de Sálvame, continuarán trabajando para La Fábrica de la Tele, productora fundada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo.

Los investigadores, que sospechan que Gustavo González actuaba como intermediario entre Sálvame y el agente de policía investigado, también llamaron a declarar a otros colaboradores del programa: Mila Ximénez, Kike Calleja y María Lapiedra.

Mediante esta práctica supuestamente se accedió a información confidencial de hasta 140 celebridades, entre ellas Omar Montes (que se ha personado en el caso), Belén Esteban (que hace unas semanas se enfrentó al tertuliano por este mismo motivo, quizá sin saber hasta dónde se extendía la red), DiStefano y Álex Casademunt.

En el sumario, que señala a la dirección de Sálvame como “propulsora de la búsqueda y obtención de la información”, también se indica que algunos de los documentos con los que se mercadeó “afectan a menores de edad y versan sobre denuncias de violencia de género y lesiones”.

No obstante, en el sumario no consta que los implicados hayan extorsionado a los famosos con estas informaciones privadas, del mismo modo que tampoco se ha probado que el policía implicado (ya jubilado y suspendido de empleo y sueldo) percibiera alguna remuneración por su actividad.

Según indica La Otra Crónica, los investigados se podrían enfrentar a “una pena de prisión de entre 1 y 3 años”. No obstante, este delito se acumula por cada una de las víctimas, así que la condena sería muchísimo mayor, al margen de las multas que se pudieran establecer.

Desde el entorno de Gustavo González sostienen que el paparazzi se escuda en el derecho a la información, en que él, como tertuliano, sólo contrastaba los datos que le llegaban.

La productora se desvincula del procedimiento judicial

En un comunicado difundido en la tarde de este sábado 26 de marzo, La Fábrica de la Tele ha negado la información publicada por El Mundo. “Ni la policía ni ninguna autoridad judicial han adoptado ninguna medida de investigación respecto a La Fábrica de la Tele”, asegura la empresa.

“La Fábrica de la Tele y las personas que la integran han actuado siempre en el marco de la ley y dentro de su actividad periodística y en el legítimo ejercicio del derecho a la información, por lo que son absolutamente falsas las atribuciones de actividad de espionaje”, sostiene.

Según la productora, “el procedimiento judicial al que aluden las informaciones publicadas hoy por el diario EL MUNDO se encuentra aún en fase preliminar”. “Lo que se investiga es la naturaleza del vínculo que mantenía un periodista con una larga trayectoria profesional con una de sus fuentes, un agente de policía”.

“Este periodista colabora en Sálvame y con otros muchos medios de comunicación. En lo relativo a Sálvame, el procedimiento judicial investiga la procedencia de informaciones sobre una veintena de personas protagonistas de la crónica social”, argumentan desde La Fábrica de la Tele para dejar claro que “ningún director o redactor del programa Sálvame ha tenido nunca ninguna relación con el agente de policía investigado en las actuaciones judiciales”.

La empresa, que dice ser “la principal interesada en contribuir al esclarecimiento de los hechos por la justicia”, concluye el comunicado desligándose de la investigación puesta en marcha: “Ni la policía ni ninguna autoridad judicial han adoptado ninguna medida de investigación respecto a La Fábrica de la Tele. Ninguno de los documentos que figuran en el procedimiento judicial proceden de ningún archivo o dispositivo de la productora, ni de ninguno de los miembros del equipo de redacción de Sálvame ni de ninguno de los programas que produce. Y las informaciones que apuntan en esa dirección son falsas”.

Hace tres años y medio que se empezó a investigar a la presunta trama policial que facilitaba a los periodistas información privada sobre algunos famosos. El presentador Alfonso Arús se ha pronunciado al respecto después de que hace unos días se retomara este asunto en el plató de Sálvame, donde Belén Esteban reprochó a su compañero Gustavo González que hubiera buscado detalles comprometedores sobre ella.

Para el presentador de Aruseros, esta trama evidencia cómo funcionan algunas exclusivas periodísticas que no se deben a la investigación del reportero sino a filtraciones que suelen ser interesadas.

“A veces se vende como éxito periodístico lo que no deja de ser un soplo ilegal por parte de algún policía”, ha comentado este miércoles Arús después de que su programa emitiera un vídeo con las claves de esta investigación que afecta a otros rostros conocidos como María Patiño, Kiko Hernández, Aída Nizar y varios ministros, según 20 Minutos.

“Es el chivatazo de un policía que tiene acceso a tu vida privada o a temas que competen únicamente a la persona”, ha sentenciado el presentador del magacín matinal de laSexta, que lamenta las consecuencias de estas filtraciones que “se acaban extendido mediáticamente y afectan a muchos famosos”.

Además, el veterano comunicador ha destacado la paradoja en la que se vio envuelta Belén Esteban, que acudió “acongojada” a la comisaría de Policía porque no sabía por qué le habían citado: “Realmente, el tema era favorable para sus intereses”, ha añadido Arús, pues los agentes le hicieron saber en ese mismo instante que habían encontrado información sobre ella en casa del fotoperiodista Gustavo González, que posteriormente se disculpó con ella y se escudó en que él, como reportero, tiene que estar informado.