El experto en economía nombrado por Solbes discrepa del análisis de los Sabios

El experto de financiación nombrado por Economía expresa su “discrepancia”

El experto en temas de financiación que ha actuado como asesor del denominado 'comité de sabios' en la elaboración del informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad pública expresa su “discrepancia” respecto al análisis y las propuestas sobre RTVE realizadas en el documento entregado hoy al Gobierno.

Así, junto a la reserva de voto y consideraciones emitidas por Fernando González Urbaneja, uno de los cinco miembros del comité de 'sabios', el asesor por parte del Gobierno Miguel Angel Arnedo Orbañanos “hace constar su discrepancia con el análisis y las propuestas financieras sobre Radiotelevisión Española” al inicio del propio informe.

Cuando el Gobierno constituyó el 'comité de 'expertos' hace nueves meses nombró a dos asesores, Angel García Castillejo por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, y al propio Arnedo Orbañanos, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.

De hecho, en la argumentación de González Urbaneja sobre su voto discrepante, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España asegura que el trabajo de Arnedo Orbañanos ha sido “serio y bien fundado” y lamenta que el grupo de expertos no ha “estimado sus propuestas de fondo y ha discurrido por otros caminos”.

Los Sabios entregan su informe con el voto discrepante de Urbaneja El comité de expertos nombrado por el Gobierno para elaborar una propuesta de reforma de los medios públicos de comunicación presentó hoy su informe, tras nueve meses de trabajo, a la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega. Entre sus medidas, propone que el director general lo nombre mediante convocatoria pública un consejo de administración de nuevo cuño y profesionalizado. También pide asumir la deuda, prohibir nuevo endeudamiento, 40 por ciento de financiación por publicidad (limitada a 9 minutos por hora) y un 45-50% de subvención del Estado. La 2 dejaría de tener publicidad, y se crearía una fundación compartida con Cultura para la gestión de la Orquesta y Coros. El nuevo Consejo de Administración que se propone estaría formado por ocho miembros, cuatro elegidos por el Parlamento, a propuesta de al menos la mitad de los grupos parlamentarios, por mayoría cualificada de dos tercios; dos por el Consejo Audiovisual; y dos por las centrales sindicales mayoritarias. Su mandato se extendería por seis años (mandato superior al de una legislatura como refuerzo de su independencia) y sus miembros deberían ser profesionales de reconocido prestigio en el ámbito audiovisual. El director general sería elegido por el Consejo de Administración, por mayoría de dos tercios de sus miembros, tras convocatoria pública y una vez informado favorablemente por el Consejo Audiovisual, cuya creación se recomienda que sea inmediata. Consejo de redacción En el nuevo modelo de la radio y la televisión públicas existiría además un Consejo de Redacción que garantizaría la independencia informativa, y un Consejo Asesor que canalizaría la participación de la sociedad civil y el derecho de acceso de los grupos sociales significativos, tal como establece la Constitución Española. El Consejo propone la inmediata creación del Consejo Audiovisual que sería el responsable de la vigilancia del cumplimiento de las misiones de servicio público y de la ejecución del gasto. Para la elección del Consejo Audiovisual como organismo regulador independiente, se propone una mayoría reforzada (de dos tercios) en el Congreso de los Diputados, y mandatos de seis años. Para un mejor funcionamiento interno de la televisión y la radio del Estado en materia informativa, se considera necesaria la creación de consejos de información, que garanticen la independencia de los informadores. Cuatro miembros del consejo los elegirá el Parlamento a propuesta de al menos la mitad de los grupos y por mayoría de dos tercios; otros dos los elegirá el consejo audiovisual, y dos más los sindicatos mayoritarios. Definición estricta de TV pública El informe defiende un auténtico servicio público de televisión y radio con una programación de calidad con fuerte presencia de producción española y europea. También propone una definición estricta del servicio público que debe ser encomendado por ley a RTVE, y una batería de indicadores cuantitativos y cualitativos para el control riguroso de su cumplimiento. Se establecen líneas maestras detalladas de la programación radiofónica y televisiva para cada canal, con atención especial a la información, la cultura y la educación y, en general, para una programación de calidad para todos los ciudadanos. El informe propone que estas directrices sean fijadas con precisión, a través de principios de programación a largo plazo y con contratos-programa trianuales, con obligaciones rigurosas de contenidos, aprobados y controlados por el Parlamento, y por el Consejo Audiovisual. Nuevo holding público En el ámbito de la gestión, el Consejo propone el mantenimiento de los dos canales nacionales públicos. Esta posición se trasladaría al ámbito digital, con al menos un canal multifrecuencia asignado a la nueva televisión (con cuatro o cinco programas más). Los expertos apoyan la creación de una nueva entidad jurídica pública con absoluta autonomía y estricto control, como holding ligero y ágil para liderar estratégicamente el grupo, desligada de la SEPI, bajo la cual se estructuran distintas sociedades en función de su actividad. El resultado sería un holding de empresas de comunicación de titularidad del Estado, para la difusión de televisión, radio, comercialización, servicios multimedia e interactivos. Se crearían dos nuevas sociedades filiales además de las de difusión de Televisión y Radio: RTVE Comercialización y Publicidad que potencie la venta de programas y productos; y RTVE Digital y Multimedia para liderar la transición hacia el mundo digital. Se propone también una reforma de los centros territoriales y emisoras con plantillas adecuadas y mayor descentralización. Se sugiere la posibilidad de establecer acuerdos o consorcios con radiotelevisiones públicas autonómicas para optimizar su funcionamiento. n los centros territoriales se unificarían las delegaciones de RNE y los actuales centros de TVE, lo que pondría fin a la actual duplicidad de redes territoriales, con el consiguiente ahorro. Aumento de subvención y prohibición de endeudamiento El Informe parte de la asunción de la deuda histórica por el Estado (7.500 millones de euros en la actualidad), según los compromisos previos del Gobierno. Se configura un nuevo modelo financiero estable y sostenible, con prohibición estricta de endeudamiento financiero. Se recomienda una estimación rigurosa del coste neto del servicio público en cada contrato-programa trianual, con un sistema de contabilidad analítica que garantice la transparencia financiera y el desglose del dinero público de los ingresos comerciales. Habría una aportación pública a través los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo a la doctrina de la proporcionalidad con el servicio público de la Unión Europea, y con ahorros importantes de costes en el pago de intereses. El consejo propone la aplicación en RTVE de un modelo financiero mixto con porcentajes indicativos para las fuentes financieras de acuerdo con la realidad europea y española: entre 10-15% para la venta de programas y productos, con un esfuerzo comercial, en torno al 40% para los ingresos publicitarios, y 45-50% para la aportación estatal. La 2 sin publicidad, sólo con patrocinio Para compensar el efecto de la financiación pública sobre la competencia comercial y reforzar la programación de servicio público, la publicidad se reduciría progresivamente en cuatro años, para impedir que la presión comercial desnaturalice el servicio público muy por debajo de lo permitido a las cadenas comerciales pasando de los 12 minutos actuales a 9 minutos por hora como máximo y 10% del tiempo en TVE-1 y sólo patrocinio en TVE-2 y RNE. Los expertos plantean también la exigencia de elaborar auténticos planes estratégicos, con ahorro de costes, racionalización de las estructuras y relaciones laborales, con un aprovechamiento máximo de los recursos propios y un fuerte incremento de la productividad. Para evitar subvenciones cruzadas entre prestación de servicio público y actividades comerciales, se exigiría una contabilidad separada (analítica).

Piden que TVE apoye con más dinero y hueco en la programación el cine español El informe de los expertos designados por el Gobierno para reformar los medios públicos de comunicación exige, respecto a Televisión Española, un mayor esfuerzo de estímulo de la producción cinematográfica española (7 por 100 de los ingresos en inversión, frente al 5 general) y en la programación (30 por 100 de cine español, 50 por 100 de cine europeo y coproducciones), así como de la producción independiente audiovisual y de ficción (15 por 100 del tiempo, frente al 10 por 100 general). El Consejo considera que la programación debe estar destinada a la prestación de un servicio público impecable y que su subvención se justifica en tanto se dirige a las más amplias audiencias. Se aboga por un refuerzo de la programación de producción propia, nacional y europea (con el establecimiento de porcentaje obligatorio sobre el total), y que tenga en cuenta a los colectivos que componen las minorías, generalmente menos atractivos comercialmente, como la infancia y los jóvenes, los discapacitados, tercera edad, inmigrantes, minorías culturales, étnicas o lingüísticas. El informe defiende también la potenciación del actual Instituto Oficial de Radio Televisión como Centro de Investigación y Formación Audiovisual y Multimedia, para impulsar la transición digital y como plataforma de estudio de los medios al servicio de la sociedad española. Igualmente, los expertos apoyan la creación de una Fundación RTVE, abierta al patrocinio, que potencie su labor de proyección cultural, cobijando la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, en colaboración con el INAEM del Ministerio de Cultura. El informe propone que se programen espacios que permitan el ejercicio del derecho constitucional de acceso de los colectivos sociales representativos. Se plantea la necesidad de una potenciación de los canales exteriores de radio y televisión, en colaboración con la cooperación cultural y la proyección exterior de España y de sus lenguas y culturas. Según el criterio de los expertos, la nueva RTVE, como locomotora de la transición hacia la radio (DAB) y la televisión digital terrestre (TDT), debiera disponer de nuevos canales abiertos de servicio público, que exigen dos múltiples completos, y de un auténtico portal en Internet. Se trata de conformar al servicio público como puerta universal para el acceso a la Sociedad de la Información para todos los ciudadanos, incluyendo los beneficios de la administración electrónica.

De la Vega no pone fecha para remitir un texto al Congreso y creará una comisión interministerial La vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa de la Vega, recibió hoy de manos del presidente del denominado 'comité de sabios', Emilio Lledó, la propuesta elaborada por estos expertos durante los últimos nueves meses para reformar los medios de comunicación de titularidad pública. En la rueda de prensa posterior, De la Vega evitó poner fecha límite al proyecto de ley que recogerá sus conclusiones, pero prometió comenzar a trabajar en él esta misma semana. La vicepresidenta se comprometió a leer el informe con “máxima atención” para poder informar al Consejo de Ministros este mismo viernes. “A partir de ahí”, prosiguió De la Vega, se formará un “grupo de trabajo” con representantes de todos los ministerios afectados, con el fin de “transformar” el informe en un “borrador de anteproyecto de ley”. Aunque evitó especificar la fecha en la que podría estar finalizado, De la Vega se comprometió a trabajar “de forma inmediata”, con la “mayor intensidad”. Además, reiteró que “la idea del Gobierno es incorporar el máximo posible del contenido” del informe al proyecto legislativo que regule los medios de comunicación públicos. “Espero que el Gobierno sepa traducirlo en un proyecto”, resumió. La vicepresidenta recibió hoy de manos de Lledó el informe de más de 200 páginas, acompañado por seis gruesos tomos de documentación. En su intervención ante los medios expresó el “agradecimiento” del Ejecutivo a los miembros de la comisión y su “generosidad extrema” por el trabajo realizado desde el pasado 13 de mayo “sin contraprestación alguna”. De la Vega argumentó que el Gobierno quiere una televisión pública “plenamente independiente del Gobierno, con una financiación sana y estable, de calidad”, y que cumpla su función de servicio público. En ese sentido, dijo que el informe de los 'sabios' es un “análisis extraordinario”. Entre las principales medidas del informe para RTVE, destacó la existencia de una Dirección Profesional y unos Consejos de Redacción sometidos a un Consejo Audiovisual; una programación y servicios públicos de “calidad”, con especial atención a las minorías y a la diversidad; y con una financiación “responsable”, buscando el “equilibrio” entre las ayudas del Estado y los “necesarios” ingresos comerciales de la publicidad. “Hemos buscado rentabilidad social, no mercantil” Por su parte, Emilio Lledó explicó que, pese la expectación sobre la financiación de los medios de titularidad pública, éste no había sido el eje del informe. “Hemos buscado que haya rentabilidad social, no rentabilidad mercantil, por muy respetable que sea”, explicó. En su opinión, la misión “esencial” de las televisiones públicas es la “defensa de los derechos humanos de nuestros ojos”, por lo que consideró que “hay que mandarles (a los ojos de los telespectadores) convoyes de ayuda humanitaria”. Así, justificó que “el problema fundamental de las televisiones son los contenidos”. En su opinión, “la televisión pública debe considerar a las personas como seres ilustrados, que tienen que progresar”. Además, argumentó que en el mundo contemporáneo la televisión es “un elemento esencial de educación”, por lo que la responsabilidad de los medios de comunicación públicas es “gravísima” en la formación de los ciudadanos. Lledó reveló que los expertos mantuvieron en estos nueve meses una veintena de reuniones “con absoluta independencia” y confesó “cierta sensación de liberación, en el mejor sentido de la palabra”, después de una dedicación que definió “exhaustiva, más que exclusiva”. En este tiempo recibieron más de ochenta informes de diferentes instituciones y se entrevistaron con responsables de televisiones públicos de diversos países. Objeciones sobre temas financieros y jurídicos Finalmente, justificó que la propuesta de publicidad para los medios públicos del informe se encuentra “en línea” con la Unión Europa y admitió que el voto particular de Fernando González Urbaneja “afecta, en parte”, al contenido del informe, al poner “objeciones sobre temas financieros y jurídicos”. Urbaneja emite voto discrepante al esperar “más ambición en la propuesta financiera” El miembro del Consejo de Reforma de los Medios de Comunicación de Estado y presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fernando González Urbaneja, ha emitido un voto discrepante al informe del denominado “consejo de sabios” al considerar que en el mismo “cabía esperar más ambición en las propuestas financieras y de gestión y más rigor en el diagnóstico”. Urbaneja, que advierte que su voto discrepante “no es sobrevenido” porque las diferencias en el seno del consejo se apreciaron desde los primeros debates, censura que el informe emitido y hecho público hoy “se atasca en una visión quietista de la actual estructura y de la oferta de RTVE”, que es “continuista” y que “reinventa el mismo modelo, aliviándole de la deuda engendrada durante estos años”. Además, critica que el consejo, “que no ha tenido ni limitaciones ni interferencias en su trabajo”, debería haber ofrecido un “informe más ambicioso” y mostrar “mayor responsabilidad y compromiso” ya que, en su opinión, no se han estimado las propuestas de fondo del experto económico-financiero, designado por el ministro de Economía, cuya labor elogia Urbaneja, y las deliberaciones “han transcurrido por otros caminos”. En este sentido considera que se ha pasado “de puntillas” en las cuestiones relativas a los conceptos económicos y de gestión y, en cambio, “se dedica un amplio espacio, con mucho detalle” a la programación, una cuestión que, a su juicio, es “una materia especialmente compleja para quienes carecen de la más elemental experiencia en el medio”, al tiempo que se obvia que “parrilla y recursos disponibles son dos caras de la misma moneda”. Coincidencias y discrepancias

Urbaneja comienza su voto particular enumerando los aspectos que considera favorables del informe, como la recomendación de una autoridad independiente y de un consejo de administración colegiado responsable, con dedicación exclusiva, un mandato largo e irrevocable y razonable independencia. No obstante, también hace algunas precisiones al respecto, y reclama que “no debería apartarse al gobierno del proceso” de elección de los administradores, al tiempo que pide a los partidos políticos que se “tomen en serio la designación de personas competentes e independientes”. Pero las discrepancias surgen ya desde la metodología de trabajo y se hacen de fondo respecto al diagnóstico de los problemas básicos de RTVE y de la Agencia EFE, así como sobre el alcance de la reforma. En este sentido, apunta que “la propuesta que el informe hace para financiar RTVE es continuista, está insuficientemente fundamentada, tiene alto riesgo de tropezar en la Comisaría de la Competencia de la Comisión Europea y no es respetuoso con el contribuyente español”, como considera igualmente continuista la propuesta de modelo jurídico. “Es insuficiente porque parte de un diagnóstico débil sobre la situación de los medios públicos, una base de partida desenfocada que limita y extravía la reforma”, asegura. Urbaneja considera que el primer problema de RTVE es el gasto; el segundo, el desperdicio de recursos humanos y técnicos; el tercero, el desorden organizativo; el cuarto, la carencia de austeridad y desinterés por el equilibrio de ingresos y gastos, y el quinto, la incapacidad para comercializar sus propios productos y crear nuevas fuentes de ingresos, a lo que hay que sumar las dificultades que genera una estructura jurídica inadecuada y “el desinterés de los gobiernos para cambiar el modelo y dejar hacer a buenos gestores”. Yendo al detalle, Urbaneja considera que la propuesta del consejo “apenas modifica el modelo jurídico actual pese a su inoperancia” y a considerarlo inadecuado, y “reinventa el modelo aliviándole de la deuda engendrada durante estos años”; insiste en la necesidad de más control sin reparar que los sistemas “son ineficaces en RTVE”; se confunde déficit con deuda pese a que “la solución no viene con abolir el endeudamiento sino en evitar el déficit de explotación”, y se “asume y consagra un sistema desleal de doble financiación sin separar o escindir nítida e inequívocamente la programación de servicio público y la programación comercial”. Además, censura que se asuma la aspiración de que RTVE recupere la hegemonía del tiempo de monopolio, confundiendo “ser fuerte con ser grande”; que se critique la saturación publicitaria “aunque sea la propia RTVE quien la estimula”; que se acepte que la RTV pública española es barata cuando es “uno de los sistemas de TV pública más costosos del mundo”, y que se propongan programaciones y objetivos ambiciosos “sin detenerse un momento a calcular cuánto cuestan y cómo van a financiarse”, al tiempo que se amplían las cuotas de excepción cultural. Urbaneja tiene un especial recuerdo a los trabajadores de la Casa, “excelentes profesionales que conocen su oficio, aunque cada día están más desanimados y desesperanzados”. En este sentido, critica la “desconsideración” hacia estos profesionales y aboga por un “plan inteligente y generoso de bajas incentivadas con el paraguas de un ERE o de un programa voluntario de carácter inmediato” para afrontar una plantilla “cristalizada y sobredimensionada”. Por lo que se refiere a la Agencia EFE, Urbaneja considera que la propuesta es “compleja y desproporcionada porque parte de un diagnóstico erróneo”. En su opinión, la agencia precisa “independencia, más recursos y mejor gestión coemrcial y empresarial y para eso no requiere de leyes específicas ni de controles redundantes que no aportan más que burocracia innecesaria”.

INFORME PARA LA REFORMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD DEL ESTADO