Expertos de la FAPE dicen que el derecho de las víctimas prevalece sobre el de informar de los atentados
El Consejo Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) apunta, en su informe sobre 'El tratamiento informativo en los medios de comunicación respecto a las víctimas del terrorismo', que el derecho de éstas debe prevalecer sobre la libertad de expresión e información. Se trata del primer informe realizado por este comité, creado por la FAPE.
“En la hipótesis de que se planteara una situación de conflicto entre el derecho de informar y el deber del respeto a la dignidad humana, a la propia imagen, a la intimidad y privacidad --precisa--, el primero se deberá subordinar al segundo”, de acuerdo con la Constitución.
En este sentido, puntualiza, no obstante, que “la autorregulación que los propios medios y los profesionales se imponen no supone una restricción a las previsiones constitucionales de la libertad de expresión y de información sino, antes al contrario, toma su verdadero fundamento de la propia norma constitucional y constituye un servicio más del periodismo a la sociedad y a la propia dignidad de la profesión”.
Entre las conclusiones del informe, recogidas por Europa Press, figura la necesidad de que “el rechazo a cualquier expresión de violencia, a sus métodos y a sus objetivos deberá ser siempre explícito, llevando por ello a excluir de los contenidos periodísticos a cuanto incite a la violencia o a la subversión constitucional”.
Además, dado que “la violencia produce dolor y aflicción, que se causa además a personas inocentes --continúa-- las tareas informativas deben ser llevadas a cabo con discreción y sensibilidad, evitando la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias”, con un especial cuidado al lenguaje empleado.
TRATAR A LAS VICTIMAS COMO PERSONAS
Por ello, los expertos aconsejan que a los afectados directa o indirectamente por la violencia se les trate “no sólo como personas dignas del mayor respeto, sino como necesitadas de una atención y un trato especialmente prudente”, por lo que recomienda evitar el recurso a imágenes de las víctimas y también su posterior uso reiterativo. Y, en este sentido, recuerdan que “especial cuidado y esmero” en el caso de los menores.
De hecho, el informe constata que uno de los hechos que más dolor causa a las víctimas es precisamente la difusión reiterada de las imágenes de los atentados que “reviven y recuerdan la tragedia”. No obstante, el Consejo puntualiza que, aunque se han podido producir “extralimitaciones” en algún momento, lo cierto es que “de forma habitual la voluntad de la profesión periodística se centra en abordar estas cuestiones desde criterios democráticos y responsables”.
Ello no obsta para que, además, recuerde que hay que evitar en las información la discriminación por raza, religión o ideología y la criminalización de pariente o amigos de quienes están implicados en la violencia.
En cuanto al tratamiento informativo de los atentados en sí, los expertos consideran “esencial que tenga siempre presente cuáles son las verdaderas intenciones de los terroristas, que no son otras que a propaganda y la intimidación”.
Pese a ello y aun reconociendo los “efectos perniciosos” de esta publicidad no deseada de los planteamientos terroristas“, el consejo considera que ”un tratamiento periodístico detallado, sistemático y bien orientado de los hechos terroristas tiene efectos sociales y políticos beneficiosos, sirviendo para glutinar la reacción de la sociedad frente a esta violencia“.
No obstante, denuncia que el “inmenso caudal de dolor” causado por el terrorismo y el hecho de que la información ha estado “centrada de forma mayoritariamente en los terroristas mientras las víctimas eran algo circunstancial” se ha mantenido “hasta fechas bien recientes”, pese a haberse denunciado la situación en muchas ocasiones por la propia profesión.
Por eso, y por el “riesgo” que supone informar en tiempo real y en directo de atentados por los errores que se pueden cometer, el Consejo reitera la necesidad de “extremar la prudencia” para evitar “la comisión involuntaria de errores” y, al mismo tiempo, pide a los poderes públicos que faciliten la labor de los profesionales en esas circunstancias, para que la puedan desarrollar “con las mayores cotas de precisión”.
El informe finaliza expresando la “solidaridad y cercanía” del consejo con los periodistas que han sido víctimas de “la irracionalidad terrorista, incluidos aquellos que han tenido que dejar su lugar de origen para ejercer su profesión o quienes lo hacen bajo la presión del acoso de los violentos. ”A todos ellos se les debe reconocer su defensa de la libertad, su profesionalidad periodística, su confianza en la democracia y su servicio generoso a la sociedad española, siendo merecedores del apoyo y la permanente memoria social“.
