Por su interés, reproducimos a continuación un artículo publicado hoy en el diario económico Expansión Generalista o concreto, el modelo de televisión pública que han dado a luz los sabios puede presentar un problema: no exigirá una aplicación ni automática ni obligatoria a las televisiones públicas autonómicas. La comisión de expertos sabía que no era competencia suya y por eso no ha dedicado en el informe ni una sola referencia a esta cuestión. Pero el problema existe. Dada la estructura de distribución competencial básica entre poderes del Estado y de las comunidades autónomas, podrían presentarse graves desencuentros, ya no sólo conceptuales o de modelo, sino también operativos y de financiación si no se aplican las mismas o parecidas reformas en el ámbito autonómico. En el mejor de los supuestos se habrá conseguido un nuevo modelo de televisión pública de ámbito estatal, a todas luces más racional que el anterior que era un “no modelo”, pero seguirá funcionando el viejo modelo de televisión pública autonómica que había “copiado” todos los males de RTVE y que arrastra prácticamente las mismas debilidades, incluidas deudas millonarias. Cuando se ha preguntado a miembros del Gobierno por este problema han salido del compromiso con fórmulas más bien voluntarias del siguiente tenor: “Las autonómicas seguirán por su cuenta la estela del nuevo modelo estatal”. Es sólo un deseo. No obstante, podría arbitrarse alguna forma de coordinación de principios y comportamientos de la nueva RTVE y las autonómicas, entre otras razones para que no se produzcan distorsiones en el mercado. Tampoco lo van a tener fácil las autonómicas a la hora de incorporar la amplia definición de servicio público y sus funciones que, recogiendo las prescripciones teóricas europeas, han elevado los sabios a categoría. En el informe se hacen muchas referencias y muy documentadas a los diversos componentes de servicio público a la hora de definirlo –porque se trataba de delimitar el qué (servicio público) y a continuación especificar quién y cómo se va a concretar y a financiar ese qué- se acude a una formulación ciertamente compleja: “producción y oferta de programación diversas y equilibradas en todos los géneros y para todos los públicos (…). Así hasta dos párrafos. Desde esta perspectiva, el legislador va a tener que esmerarse para precisar un concepto de servicio público que pueda ser tasado en una asignación económica cierta, es decir, presupuestada. José Fernández Beamount