La reforma de RTVE es una apuesta personal de Rodríguez Zapatero y los primeros pasos de Carmen Caffarel van por buen camino: tiene claro que la audiencia no es el objetivo prioritario, se dispone a crear una comisión de control de calidad de la programación y aboga por unos informativos independientes y plurales. Celebro sus buenas intenciones, pero constato que, desde hace 24 años, cuando se aprobó el Estatuto de RTV, ya se daban las condiciones para que se pudieran llevar a cabo y no se han hecho realidad. Los mejores directores generales de RTVE, Fernando Castedo y Pilar Miró, fueron destituidos por motivos políticos. Esperemos que Caffarel tenga mejor suerte. Zapatero ha confiado a un comité la realización de un informe que defina el modelo de televisión pública, financiación incluida. Las personas que lo forman son intelectualmente prestigiosas, pero dudo mucho que sean las más adecuadas --con alguna excepción-- para llevar a cabo una tarea compleja para la que se necesita no sólo una opinión personal, sino un buen conocimiento de los medios audiovisuales. Tampoco creo que tengan una representatividad como para que se acepten sin discusión sus propuestas. El problema de RTVE se origina en su politización, pero va más allá porque sufre también la inadecuación del marco legislativo general de los medios audiovisuales, que desde hace años ha quedado obsoleto. Dudo, pues, que el informe sea de utilidad, porque la reforma de RTVE no puede ser una medida aislada que quede al margen de la necesaria reestructuración general del sector, que abarque medios públicos y privados, la creación de un organismo regulador independiente del poder político, la viabilidad económica del conjunto resultante, en fin, la apuesta por la libertad de expresión que, no se olvide, es un derecho fundamental de los ciudadanos que hasta ahora ha estado condicionada por la política. En todo caso, espero que las comunidades autónomas puedan configurar un modelo propio y distinto, porque la competencia en este ámbito puede ser un factor democratizador del conjunto. Mucho me temo que el informe dé satisfacción al PSOE recomendando que se traslade al Parlamento el nombramiento de los directivos de RTVE o del Consejo Audiovisual, es decir, que se mantenga en el terreno de la política la designación de los responsables de los medios públicos, previa su comparecencia ante la comisión correspondiente. Desde 1980, las Cortes hubieran podido nombrar a personas adecuadas en lugar de los políticos designados por cuotas que han sido la norma. ¿Por qué debemos confiar ahora en una instancia que ha perdido en este terreno toda credibilidad? Despolitizar los medios públicos es alejarlos de la política, y el principal centro político de la democracia es el Parlamento. Si no se libera la información de la política, no sería de extrañar que los esfuerzos que pueda hacer Caffarel y los buenos propósitos de Zapatero queden en agua de borrajas y que los cambios sirvan, como propugnaba el príncipe de Lampedusa, para dejar las cosas tal como están. El comité de expertos informará también sobre las soluciones de financiación y ahí ha intervenido Fernández Ordóñez sugiriendo la posibilidad de privatizar parte de la estructura de RTVE. Espero que se encuentre otra solución, porque los ciudadanos no nos merecemos pagar la mala gestión política y empresarial que ha conducido al déficit económico. Entregar a las privadas un canal de TVE, propiciando así el incremento de telebasura, constituiría un nuevo déficit democrático. La televisión pública es hoy más necesaria que nunca, siempre que se destine al servicio público, al entretenimiento de calidad, a la formación de la opinión pública sobre la base del pluralismo y la neutralidad. Los ciudadanos no tenemos la culpa de que hasta ahora se haya dedicado en buena parte a lo liviano, la telebasura y el servicio al Gobierno.