Pocas horas antes de protagonizar el acto “¿Qué se debe hacer?” junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero, el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, ha defendido en Catalunya Ràdio la necesidad de un entendimiento de las fuerzas situadas a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para “combatir el fascismo”.

Rufián ha pedido a ERC que “lidere esta confluencia” y ha advertido de que “no tiene sentido” que, ante la ofensiva de la derecha y la extrema derecha, se presenten “14 izquierdas” separadas en el Estado.

Con todo, Rufián ha descartado tener intención de abandonar su formación. “Sería un desgraciado si renunciara a ERC. Estaré hasta que me echen”, ha prometido, al tiempo que ha calificado de “cotilleo” las reflexiones sobre la ausencia de Oriol Junqueras en el acto de esta tarde.

Rufián ha advertido de que, para combatir y “frenar el fascismo español y catalán”, en referencia a Vox y a Aliança Catalana, es necesario “no insultar” a los votantes de estos partidos. Lo ha calificado de un “error”: “Hay mucha gente muy normal que simplemente está enfadada y a la que le han dicho que el culpable de su situación de precariedad es alguien todavía más débil que él”

En este sentido, ha defendido trabajar para “llenar la nevera de la gente” y “entrar en temas incómodos para la izquierda”, construyendo discursos sobre cuestiones como “el orden, la seguridad y la inmigración”, porque “no hay que dejar huérfanas a personas que quieren un relato progresista y de izquierdas” sobre estas cuestiones.

También ha apostado por construir una confluencia de formaciones de izquierdas que no ha querido detallar. “Dar detalles es la mejor manera de que las cúpulas de los partidos digan que no”, ha alegado.

Preguntado por las reticencias de su formación y de otros actores a los que interpela, como EH Bildu, ha recordado que él no pide a nadie que “renuncie a sus siglas”, pero ha advertido que “hacer ver que pasa lo mismo de siempre es marciano”.

“Yo no propongo ninguna formación: pido a los partidos a la izquierda del PSOE que sean conscientes de lo que viene”, ha afirmado. PP y Vox, ha añadido, “tienen una expectativa de voto de 200 diputados”. “No actuar ante eso me parece negligente”, ha reafirmado.

En cuanto a las discrepancias con su propia formación, que no comparte su receta, Rufián ha insistido en que él es de ERC y considera “un honor” representar a los republicanos en el Congreso. En todo caso, ha insistido en que ERC tiene “una responsabilidad histórica de frenar el fascismo”. “Quien diga que nosotros no estamos para inspirar a las izquierdas españolas desconoce nuestra historia”.

En este sentido, ha restado trascendencia al hecho de que el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, no asista al acto de esta tarde, como tampoco lo hizo —a pesar de estar en Madrid— en el que protagonizó con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado. “Si no puede, es porque no puede. No pasa nada”, ha dicho antes de recordar que ha hablado con el líder de ERC este mismo jueves y que el debate sobre su relación “es cotilleo”.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha vuelto al trabajo esta semana después de dos meses de baja. A su regreso, Niubó ha desvelado que la enfermedad de la que fue operada en febrero era un cáncer de timo, una glándula situada entre los pulmones y el corazón, según ha contado en SER Catalunya. Este martes se ha reincorporado al frente de la conselleria y ha asegurado que se encuentra “recuperada”.

Niubó ha detallado que en Navidad empezó a tener problemas de visión y que finalmente le diagnosticaron una enfermedad llamada Miastenia gravis, que genera fatiga muscular y que puede estar vinculada a este tipo de cáncer. Finalmente le confirmaron el diagnóstico y fue intervenida quirúrgicamente. Niubó ha reconocido que no lo había explicado antes porque quería “proteger” a su familia ante una operación que ha calificado de “compleja”.

La consellera ha explicado que pasó una Navidad “complicada” porque los problemas de visión iban en aumento. Uno de los primeros momentos en que lo notó fue en la ofrenda en la tumba de Francesc Macià, donde percibió que no podía enfocar con un ojo. Posteriormente empezó a tener mucha sensibilidad a la luz y más problemas de enfoque. “De un día para otro te cuesta mirar una hoja”, ha relatado.

En un primer momento dejó pasar unos días para ver si mejoraba, pero finalmente, después de Navidad, acudió a urgencias, donde le acabaron diagnosticando Miastenia gravis, que era lo que le estaba provocando los problemas de visión y que, finalmente, llevó al diagnóstico del cáncer. Ahora ha recibido el alta y ha asegurado que se encuentra “en todas las condiciones” para ejercer sus funciones.

Durante su ausencia, el sector educativo ha vivido el tramo del curso más turbulento. El profesorado ha llevado a cabo dos huelgas multitudinarias, con las que ha tenido que lidiar su sustituto, el conseller de Presidència Albert Dalmau, y cuyas consecuencias deberá afrontar ahora la consellera. 

Su Departamento logró un pacto para mejorar salarios y condiciones laborales con CCOO y UGT, pero el acuerdo fue tachado de insuficiente por los demás sindicatos –en su conjunto, mayoritarios–, que mantuvieron el pulso con nuevas huelgas. Este jueves, Niubó se reúne con USTEC-STEs, el más representativo en la enseñanza pública. 

La consellera ha afirmado que quiere “escuchar” a USTEC, pero ha avanzado que no prevén modificar el acuerdo. “No nos planteamos en este momento tocar el acuerdo, sino desplegarlo”, ha afirmado en la entrevista.

Niubó se reúne este jueves con el sindicato, al que quiere “invitar” a sumarse al pacto alcanzado con Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), así como al resto de sindicatos que se oponen. Y es que ha defendido que es “el mejor acuerdo posible” y ha garantizado que da respuesta a las reclamaciones de los docentes.

Así, ha detallado que a principios de curso habrá efectos reales en las aulas, como “dotaciones adicionales” de docentes para garantizar que no haya sobreratios y “muchas más manos” de apoyo para atender a alumnos con necesidades.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha respaldado este miércoles las intenciones del diputado de ERC, Gabriel Rufián, de articular un frente político de izquierdas al margen del PSOE de cara a las elecciones generales. Para ello, ha respondido también a Oriol Junqueras, el líder de los republicanos, que cierra la puerta a esta opción e incluso llegó a afirmar recientemente que él fue a la cárcel “por Catalunya, no para que Colau sea diputada en una lista de Esquerra”. 

Colau ha lamentado lo que considera una mención “gratuita” hacia ella, puesto que no tiene intención de concurrir en unas listas electorales. “No soy candidata a nada, no tengo ningún cargo institucional”, ha expresado en Els Matins de TV3. Y ha calificado de “mansplaining” las palabras de Junqueras: “Si quiero ser diputada, puedo presentarme con mi fuerza política, no necesito que Oriol Junqueras me bendiga”. 

No es la primera vez que Colau apoya la iniciativa de crear un frente amplio y plurinacional de izquierdas, un proyecto que en los Comuns ven con buenos ojos, pero que en ERC ha causado malestar debido a que parte de sus bases no lo entiende y temen que les haga perder votos. Rufián lanzó la idea en un acto con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, y seguirá con esa campaña en otra intervención el 9 de abril, esta vez en Barcelona y junto con la número 2 de Podemos, Irene Montero. 

Colau no podrá acudir al acto, ha precisado, pero lo respalda. De esta forma, ha animado a “cualquiera que pueda contribuir desde la izquierda a que haya el máximo diálogo y acuerdo posible, para que haya un frente amplio e ilusionante con toda la ambición”. “Hay que buscar los objetivos comunes y no los que nos separan, en un contexto en el que la extrema derecha podría gobernar España, y eso significaría un retroceso de derechos y de libertades que la ciudadanía no nos perdonaría”, ha afirmado. 

En cuanto a la relación entre Comuns y ERC, ha reconocido que ha pasado “momentos díficiles”, con “errores por todos lados”. Pero ha añadido que el diálogo se mantiene para que haya “candidaturas lo más amplias y coordinadas posible, más allá de la declinación territorial que pueda haber, con unas siglas u otras”. 

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha apostado por reducir la tasa de alcoholemia hasta el 0,0 y rebajar el límite de velocidad que se considera delictivo para conducir, y ha descartado volver a introducir los peajes en la autopista AP-7, una de las vías más saturadas.

En una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN), Parlon ha explicado que la mayoría de accidentes son por exceso de velocidad o por consumo de alcohol y drogas, además de la falta de descanso de los vehículos de mercancías.

“La mejor tasa de alcohol es la cero, porque es la que nos evita la accidentalidad”, ha remarcado la consellera, que se ha mostrado “totalmente partidaria” de regularlo después de que el Congreso tumbara, con los votos de PP, Vox, ERC y UPN, la ley para reducir a 0,1 la tasa de alcohol al volante.

Parlon ha destacado que el número de accidentes de tráfico se ha reducido, pero ha insistido en que “no es suficiente”. “Una única víctima mortal es una muy mala noticia por el sistema”, ha concluido.

“Nosotros trabajamos para concienciar a la ciudadanía de que no consuma alcohol ni drogas cuando coge el vehículo. Lo mejor es no consumir”, ha ahondado Parlon, quien ha subrayado que una víctima mortal ya no es solo la persona que pierde la vida, sino el daño que se causa a su familia. Por ello, las últimas campañas de Tráfico recogen testimonios reales de personas que han perdido a un familiar.

En los tres primeros meses del año murieron en las carreteras catalanas interurbanas 22 personas, un 45% menos que en el mismo periodo de 2025. El 59% fueron colectivos vulnerables (nueve motoristas, un ciclista y tres peatones).

La consellera también ha defendido la iniciativa del Gobierno para reducir el límite de velocidad a partir del cual se considera delito conducir. Ha remarcado que es una propuesta que piden asociaciones de familiares de víctimas, y ha argumentado que el exceso de velocidad es “uno de los elementos que hace que los accidentes no solo sean graves, sino que sean mortales”.

“El incremento de la mortalidad en los accidentes viene muy marcado por el exceso de velocidad”, ha agregado Parlon. El Congreso aprobó la semana pasada la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que endurece el castigo por superar los límites máximos de velocidad.

La medida propone reformar el Código Penal para que quienes conduzcan a una velocidad superior en 50 km/h en vías urbanas o en 70 km/h en interurbanas sean castigados con una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses o con trabajos comunitarios de 31 a 90 días. Hasta ahora, para considerarse delito era necesario sobrepasar en 60 km/h en vías urbanas y los 80 km/h en interurbanas la velocidad permitida. También se quiere retirar el carné de conducir por un mínimo de un año y un máximo de cuatro.

De cara al operativo para la Semana Santa, la consellera ha explicado que un dispositivo de más de 1.500 agentes de los Mossos d'Esquadra realizarán distintos controles y darán indicaciones en las vías. Habrá un operativo específico para conductores vulnerables, con controles para reducir la siniestralidad de motoristas, y también están previstos tres medios aéreos que seguirán toda la operación.

La consellera ha remarcado que una parte importante de los accidentes se produce por salidas de vía, y esto habitualmente es fruto de un descuido o del cansancio del conductor porque no ha hecho los descansos necesarios.

En cuanto al caso concreto de la AP-7, una de las vías con mayor accidentalidad y retenciones, Parlon ha recordado que en el futuro se harán obras, se mejorarán las salidas y se construirá un tercer carril entre Hospitalet de l'Infant y Amposta (Tarragona). A su juicio, esto permitirá que la autopista pueda estar “más oxigenada”, especialmente en cuanto a vehículos de mercancías.

“Lo importante es que seamos capaces, aparte de hacer estas mejoras en la infraestructura, de respetar los límites de velocidad y respetar los descansos”, ha remachado. Por ello, ha recordado que se han ido introduciendo diferentes reducciones de velocidad en algunos tramos, como el tramo entre Calafat y Amposta.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha archivado la causa abierta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa sanitaria Ambulancias Egara en Catalunya, una pieza separada del caso '3%' sobre supuesta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, al apreciar que “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.

En el auto de sobreseimiento de la causa, adoptado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y recogido por Europa Press, Pedraz argumenta que “no ha quedado acreditado ni el concierto previo” ni la “resolución arbitraria” para la concesión de la adjudicación bajo sospecha, que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y por el Tribunal de Cuentas.

En el proceso, investigado durante tres años, estaban imputados el exconseller de Salud Boi Ruiz, el exdirigente de CDC David Madí, el exdirector del Servicio Catalán de Salud Josep María Padrosa, el propietario de Ambulancias Egara, Óscar Simón, y otras personas físicas y jurídicas.

El magistrado había puesto el foco en la adjudicación de tres lotes de un concurso sanitario a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en un periodo en el que la Generalitat de Cataluña estaba gobernada por Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

Ahora, Pedraz aduce que no ha quedado acreditada “ningún tipo de contraprestación, ofrecida o recibida, a los funcionarios públicos y autoridades encargadas de elaborar el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato, ni la contraprestación ofrecida, solicitada o recibida por los intermediarios de la misma”.

El instructor argumenta que no ha quedado acreditado que los responsables del concurso hayan llevado a cabo delitos a conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para beneficiar a una persona, y con perjuicio a los intereses públicos, afirmando que sí se han detectado “meras irregularidades administrativas subsanables” que, en cualquier caso, no tienen “una gravedad” o “relevancia”.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado un dispositivo policial, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, para desalojar dos núcleos de asentamientos que se encontraban en el Pont del Treball Digne, en las obras del tren de la Sagrera. Los campamentos, en los que vivían unas 200 personas, están en unos terrenos que son propiedad de Adif.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el operativo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos de la capital catalana, que han realizado un informe de la zona en el que se constata que “existe un riesgo grave e inminente” para las personas que vivían allí, lo que hacía necesaria una actuación “con carácter de urgencia”.

Hasta el pasado octubre, en esta zona había hasta cuatro asentamientos de chabolas, pero el incendio que hubo en uno de ellos provocó el primer desalojo. Así, todavía queda otra zona de chabolas, justo delante de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, que estos días está siendo demolida. Los residentes de este cuarto asentamiento recibieron el lunes una notificación en la que se les ordenaba abandonar voluntariamente la zona en un plazo de 48 horas, que se acaba este mismo miércoles.

Ahora, a estos residentes que todavía quedan, les toca esperar la orden del juez, que es el que ordenará el desalojo. En el operativo de este lunes también han participado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y los servicios de limpieza municipales.

Miércoles de desalojos

El desalojo del asentamiento de chabolas del Pont del Treball Digne ha coincidido con otro desahucio, este en el bloque Sant Agustí del barrio de Gràcia. Allí estaba programada la primera expulsión de un bloque propiedad del fondo Amsterdam Developers, que compró la finca en 2023 para destinarla a 'colivings'.

La intención de la propiedad es trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones, una modalidad más lucrativa que el alquiler tradicional y cada vez más habitual en Barcelona.

El desahucio, que finalmente ha sido suspendido gracias a la movilización vecinal, ha cosechado el rechazo tanto del president de la Generalitat, Salvador Illa, como del Ayuntamiento de Barcelona, que instó a la propiedad a parar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda para los vecinos de la ciudad.

La constructora turca Limak, encargada del proyecto de renovación integral del Camp Nou, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 399 trabajadores, tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado el departamento de Empresa y Trabajo a la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El argumento esgrimido por la compañía para el recorte de empleo es que, más allá de la obra del campo de fútbol, la firma turca no ha encontrado otros proyectos. El ERE se plantea para dos años, por lo que la previsión es ir disminuyendo el volumen de trabajadores a medida que se vayan terminando las obras del estadio deportivo.

Limak ha subcontratado a lo largo de la obra varias empresas, con lo que ha llegado a haber hasta 1.200 operarios trabajando en el estadio. A finales de noviembre del pasado año, una de estas empresas, Extrem Works, fue multada con un millón de euros por tener 79 a trabajadores de origen turco sin papeles.

El sindicato CCOO había denunciado que la firma había despedido a trabajadores irregulares de las obras. El sindicato se ha manifestado en diversas ocasiones para denunciar las prácticas de la empresa, que ha estado despidiendo a trabajadores a medida que se ha ido cumpliendo el calendario de las obras. Algunos despidos, además, se han dado justo después de que los trabajadores realizaran protestas para denunciar su situación.

 Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya, detectó a diversos trabajadores en situación irregular y está realizando actas de infracción.

Las obras del Camp Nou llevan cosechando irregularidades desde sus inicios; desde trabajadores sin contrato hasta vulneración de condiciones laborales y explotación por parte de trabajadores traídos de diversas partes de Europa y hasta de refugiados palestinos, tal y como han demostrado diversas investigaciones llevadas a cabo por El Periódico de Catalunya.

El club ya reconoció en verano del pasado 2024 que había habido “malas prácticas” en las subcontrataciones de las obras del nuevo estadio, pero aseguró que no había habido “mala fe”. Por ello, se anunció la pronta firma de un convenio con los sindicatos para fiscalizar las obras. Pero dicho convenio nunca se llegó a firmar.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que este martes el Govern aprobará un primer paquete de ayudas de hasta 400 millones de euros a las empresas afectadas por la guerra en Oriente Medio. El plan incluirá un total de 40 medidas con ayudas directas, exenciones fiscales e instrumentos de financiación para proteger tanto a las familias como al tejido productivo, especialmente a los sectores más afectados como el transporte, la agricultura y la pesca.

Illa ha avanzado que este paquete “será ampliado según la evolución del conflicto” y ha remarcado que las ayudas a empresas estarán condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo. También ha pedido al resto de fuerzas políticas no sacar “rédito político” del conflicto bélico, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

En una jornada organizada por el diario Expansión, el jefe del ejecutivo catalán ha subrayado que el objetivo principal es “proteger el poder adquisitivo de las familias y trabajadores” ante el aumento de los costes energéticos y de los productos básicos, así como garantizar la continuidad de la actividad económica.

El plan contempla medidas específicas para facilitar que los hogares vulnerables puedan hacer frente a gastos como la alimentación y los suministros energéticos, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.

Illa ha enmarcado estas actuaciones dentro de una respuesta más amplia coordinada con el Gobierno y la Unión Europea, y ha defendido que “la mejor manera de protegernos es actuar con la máxima unidad y coordinación”.

El president ha valorado positivamente la reacción europea en defensa de la paz y del derecho internacional y ha insistido en que la fortaleza del modelo europeo está en la solidaridad y la cooperación entre estados.

Asimismo, ha defendido la necesidad de que las administraciones intervengan en situaciones excepcionales para garantizar los derechos de la ciudadanía y estabilizar la economía, de forma similar a cómo se actúa en otros ámbitos como la vivienda.

El president ha llamado a la “unidad, responsabilidad y consenso” de todos los actores políticos, económicos y sociales, y ha advertido de que “no es el momento de intentar sacar rédito político” del conflicto. En esta línea, ha apelado también a las grandes empresas y al sistema financiero para que actúen con responsabilidad y eviten “beneficios extraordinarios” en un contexto de crisis.

Junts sumará esta semana su voto a PP y Vox para dificultar la regulación de migrantes impulsada por el Gobierno. El partido de Carles Puigdemont apoyará la obligatoriedad de un certificado de ausencia de antecedentes penales, aunque su país de origen no conteste.

Tal y como ha avanzado el diario ARA, Junts votará a favor este jueves en el Congreso de una enmienda del PP en la ley de multirreincidencia que endurece los requisitos a los migrantes para obtener la regularización. La norma saldrá igualmente adelante.

La enmienda impulsada por el PP y que tendrá el aval de Junts y también de Vox contempla que todas las autorizaciones de residencia requieran que el solicitante no tenga antecedentes penales. Pero a diferencia del texto inicial pactado por el Gobierno y Podemos, la enmienda especifica que la falta de antecedentes se acredite con una certificación oficial de una autoridad competente del Estado de origen o de anterior residencia, y no solo con una declaración responsable del solicitante.

“En ningún caso, la imposibilidad de obtención de esta certificación o la falta de respuesta a las autoridades extranjeras sustituirá ese requisito por otros medios como declaraciones responsables”, se agrega en la enmienda del grupo de la derecha que apoyará Junts.

Entre los cambios introducidos en el texto en el Senado y que el Congreso votará esta semana, figura una enmienda del PP que exige un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia y otra que obliga, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma.

El texto incorpora también una enmienda del PSOE por la que se incluye un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico.

En el último pleno del Congreso, Junts y Vox ya se sumaron una moción del PP que pedía al Gobierno “renunciar con carácter inmediato” al proyecto para la regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes que viven sin permiso de residencia en España gracias a la unión de los votos de los populares con Vox y Junts.

Con 176 a favor, 172 en contra y ninguna abstención, la iniciativa del PP salió adelante también con el apoyo del diputado de UPN sin incorporar las enmiendas de Vox, que pedía añadir otras medidas más duras en materia de inmigración, ni de Junts, que quiso incluir la delegación de competencias en materia de inmigración para Catalunya.

Junts ha confirmado este sábado que el decreto anticrisis que congela los precios del alquiler tiene pocos visos de prosperar. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado contra el decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno, que incluye una prórroga de dos años para los contratos de alquiler, al considerar que “asfixia” a los pequeños propietarios.

Tras una discusión entre PSOE y Sumar, el Gobierno aprobó este viernes dos decretos para hacer frente a la inestabilidad en los precios derivada de la guerra en Irán. El primero contempla que todos los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027 vean su duración prolongada dos años en las mismas condiciones que se firmaron, y el segundo incluye la rebaja del IVA al 10% en el gas natural, los carburantes y la electricidad, entre otras medidas en energía.

El Ejecutivo confirmó que el decreto de energía se llevará al Congreso este jueves para su convalidación, pero para el segundo, el de vivienda, se va a dar un plazo más amplio, ya que quieren negociarlo con los socios parlamentarios del Gobierno. Junts ha anticipado ya su rechazo, y sus siete votos son indispensables para su luz verde en el Congreso.

Más opciones ha dado Turull de aprobar el decreto de medidas energéticas. “Van a tener nuestro apoyo todas aquellas medidas que den oxígeno a las clases medias y trabajadoras, a la pequeña y mediana empresa. Todas aquellas que vayan en la línea de asfixiar a las clases medias y trabajadoras ya la pequeña y mediana empresa no lo van a tener. Y de estos dos decretos, hay uno que claramente opta por asfixiar a las clases medias”, ha aseverado Turull.

En esta línea, ha instado al Ejecutivo central a “asumir los costes de las políticas sociales” y a “dejar de asfixiar al pequeño propietario” con un decreto que, ha augurado, “saben que luego el Congreso no aprobará”.

En declaraciones a los medios desde Viladecavalls (Barcelona), donde ha participado en unas jornadas de trabajo municipalista con representantes de las comarcas de Barcelona, Turull ha defendido que gracias a la insistencia de Junts en Madrid se ha conseguido la rebaja de precios de la gasolina, el gas y la electricidad.

El secretario general de Junts ha instado al president de la Generalitat, Salvador Illa, a “plantarse en Madrid para defender los intereses de los catalanes”.

Ha asegurado que Catalunya tiene recursos para hacer unas políticas fiscales que, dice, dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras, especialmente en referencia al IRPF. “Por esto nosotros pedimos al presidente Illa que haga esta rectificación, que no nos haga pasar más episodios de vergüenza”, ha apuntado.

“Si el president de la Generalitat hiciera de president de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa seguro que podría ser más beneficioso para los catalanes”, ha señalado.

Pugna interna en el PP catalán. El ex portavoz y exlider del partido en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha presentado una denuncia interna contra el líder del partido en la ciudad, Daniel Sirera, por supuestas “irregularidades” en los nombramientos en los consejos de distrito y en la gestión de afiliaciones.

Según ha avanzado el diario Ara, el escrito está en manos de la dirección estatal y cuestiona si los afiliados cumplen el requisito de residir o trabajar en los distritos en los que están inscritos. También pone el foco en cambios organizativos en barrios como Sarrià-Sant Gervasi, Horta o Sant Andreu, que, según los críticos, se habrían hecho al margen de la estructura local. Pese a ello, la dirección nacional mantiene por ahora su respaldo a Sirera y no ha movido ficha.

Fernandez Díaz considera que se ha impulsado una estrategia para situar perfiles afines en puestos clave. Desde el entorno de Sirera lo niegan y aseguran que todos los afiliados cumplen las normas, además de restar importancia a la denuncia, cuyo contenido dicen desconocer.

El malestar, sin embargo, va más allá de un pulso personal que dura más de una década. Fernández Díaz representa a un sector de la militancia que critica los cambios impulsados en los distritos, tanto por la renovación de cargos como por la estrategia política y comunicativa del partido en la ciudad.

Ni siquiera los intentos de acercamiento han servido para rebajar la tensión. Un acto celebrado a principios de marzo, en el que Sirera invitó a Fernández Díaz junto al presidente provincial, Manu Reyes, no logró frenar el conflicto, que ya venía de antes. Desde las elecciones municipales de 2023, el sector crítico ha intensificado la presión interna para forzar un relevo, sin éxito hasta la fecha.

Pese a las turbulencias, Sirera mantiene una posición sólida dentro del partido: forma parte de la ejecutiva estatal desde el pasado verano y cuenta con el respaldo de la dirección nacional, lo que refuerza su continuidad al frente del PP barcelonés.

Un vigilante de seguridad de Adif, el operador ferroviario, impidió este miércoles por la noche la conexión en directo que un periodista de TV3 estaba realizando desde la estación de Sants de Barcelona mientras informaba sobre el último episodio de la crisis ferroviaria en Catalunya.

Consultado por elDiario.es, el operador ferroviario ha achacado a “un malentendido” el boicot informativo y ha asegurado que “quedó solucionado” minutos después. Preguntado por si se ha pedido disculpas a la televisión catalana, el portavoz de Adif ha manifestado que se ha activado un “protocolo interno”.

Los hechos ocurrieron durante la emisión del TN Vespre, el informativo de las 21:00h. de la televisión catalana. El periodista explicaba los retrasos en los trenes provocados por un incendio cuando todos los espectadores pudieron ver la palma de una mano tapando el objetivo de la cámara.

Pese a contar con los permisos necesarios para realizar el directo, el vigilante boicoteó la conexión. El periodista constató que el trabajador estaba “impidiendo” el directo, que terminó poco después. Varios periodistas han reaccionado en redes apoyando a los informadores.

El reportero estaba informando desde el vestíbulo de la estación de la incidencia que obligó a interrumpir la circulación de los trenes de las líneas R1, R3 y R4 de Rodalies entre las estaciones de plaza de Catalunya y Barcelona Sants en la tarde de este miércoles.

A las 18:30 horas se detectó una anomalía en el sistema de señalización a causa de un incendio en el cableado, que quedó extinguido a las 18:48 horas. A raíz de este incidente, el tráfico se había tenido que suspender en las dos vías del túnel que une la plaza de Cataluña y Barcelona Sants, y se habían desviado los trenes por el túnel del paseo de Gràcia.

El incidente se sumó a la crisis ferroviaria que vive Catalunya desde hace casi dos meses, con los trenes de Rodalies funcionando a medio gas y con retrasos generalizados.

Los famosos “globitos de la risa” se han vuelto cada vez más populares entre los jóvenes y las secuelas de su consumo se han empezado a apreciar en los últimos años. Tras haber atendido a seis pacientes de entre 19 y 25 años con lesiones severas en los últimos cinco años, el Hospital de Neurorehabilitación Guttmann ha alertado sobre el grave riesgo neurológico asociado a la inhalación de óxido nitroso.

El centro advierte de que esta sustancia, cada vez más popular entre la población joven debido a su bajo coste, fácil acceso y la falsa percepción de seguridad, puede provocar lesiones neurológicas graves e incluso irreversibles. Entre 2020 y 2025, seis jóvenes —cinco hombres y una mujer— han requerido ingreso hospitalario tras sufrir daños derivados de su consumo.

Según los especialistas, la exposición continuada al óxido nitroso puede causar alteraciones importantes como pérdida de sensibilidad, debilidad muscular en extremidades, problemas de coordinación y dificultades de equilibrio.

En algunos casos, los pacientes han necesitado el uso de silla de ruedas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La médica rehabilitadora Margarita Vallès explica que el riesgo radica en que esta sustancia interfiere en el metabolismo de la vitamina B12, esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Esta alteración puede provocar la pérdida de mielina, una estructura clave para la transmisión de los impulsos nerviosos, especialmente en la médula espinal.

Desde Guttmann precisan que, como consecuencia, los seis pacientes tratados sufrieron debilidad muscular (tetraparesia o paraparesia), cinco perdieron sensibilidad vibratoria y dos presentaron una disminución del tacto.

Uno de los casos más graves, descrito en una revista científica en 2021, corresponde a un joven de 22 años que llegó a consumir hasta 200 globos diarios. Tras dos años de uso —ocho meses de forma intensiva— desarrolló una degeneración medular subaguda.

El óxido nitroso se consume inhalándolo a través de globos o cartuchos metálicos, y sus efectos duran entre 15 y 45 minutos, dependiendo de la dosis. El psicólogo del centro, Joan Saurí, señala que el perfil habitual de los afectados corresponde a jóvenes sin rutinas estables, a menudo con situaciones personales o familiares complejas, que utilizan esta sustancia como vía de escape. Este consumo suele ir acompañado de abuso de alcohol, ansiedad y una alimentación deficiente.

Además de los daños neurológicos, el gas de la risa puede provocar alucinaciones, desorientación, alteraciones de la percepción y reducción de la sensibilidad al dolor. También son frecuentes las quemaduras en la boca y las vías respiratorias, así como accidentes derivados de la pérdida de control y percepción.

Los especialistas advierten de que, aunque los efectos más graves suelen asociarse a un consumo continuado, en personas mayores de 40 años o con niveles bajos de vitamina B12 pueden aparecer antes. Otro problema es que estos casos no siempre se identifican correctamente en los hospitales, ya que los síntomas neurológicos pueden confundirse con otras enfermedades.

Según el último informe del Departamento de Salud, el óxido nitroso es la sustancia más consumida dentro de las llamadas “nuevas drogas psicoactivas”. En 2025, el 1,6% de los estudiantes de entre 14 y 18 años reconoció haberla consumido.

Los expertos insisten en la necesidad de concienciar sobre los riesgos reales de esta sustancia, desmontando la percepción de que se trata de una droga inofensiva.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado de forma provisional una modificación del planteamiento urbanístico para ampliar el Palau Marcet, sede del antiguo cine Comèdia, para que aloje el nuevo Museo Thyssen.

El trámite ha salido adelante con los votos a favor del PSC, Junts, PP y Vox, mientras que los Comuns y ERC se han posicionado en contra. La modificación se deberá votar en el pleno para que pueda pasar a manos de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, en la Generalitat, para su aprobación definitiva.

La teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, ha admitido que a lo largo de la tramitación ha habido “discrepancias” y un debate “intenso”, pero ha concluido que el contraste de opiniones ha permitido a los promotores mejorar “sustancialmente” la propuesta inicial.

El plan fija ahora que los usos comerciales del equipamiento representarán aproximadamente el 16% de la superficie total, muy por debajo del 25% que permite la normativa urbanística, con el objetivo de garantizar el carácter principalmente museístico y cultural del proyecto.

La intervención patrimonial se fundamenta en la preservación del Palau Marcet como edificio catalogado de nivel B, garantizando la conservación de su volumen original, de todas las fachadas, de los laterales y de las cubiertas históricas. Además, el plan establece la necesidad de restituir la composición histórica de una de las fachadas de acuerdo con la documentación patrimonial.

Bonet ha indicado que el proyecto es ahora “más sólido, más respetuoso con el patrimonio y urbanísticamente más equilibrado”. También se ha mostrado convencida de que el Thyssen será un museo “de referencia” y lo ha equiparado a otros como el MNAC, el MACBA o el Picasso.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento aprobó en julio de 2025 de forma inicial una modificación y ampliación del antiguo Comèdia para que alojara el museo Carmen Thyssen. Hasta ahora ha seguido la tramitación y este mes de marzo el plenario ya podrá votarlo de forma provisional, el último paso antes de enviarlo a la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat.

Esta votación ha podido salir adelante gracias al cambio de postura de Junts, que inicialmente se mostraba contrario al plan urbanístico. El motivo era que, en un principio, se establecía que el museo podría dedicar un 25% de su espacio a actividades complementarias y comerciales. Eso permitía usos diversos del espacio como tiendas especializadas y restaurantes, además de las salas de exposición.

Fue la negociación con Junts la que permitió rebajar ese 25% al 16%. Además, se ha acordado prohibir expresamente que el posible bar/restaurante tenga entrada directa desde la calle. Por otro lado, un punto trabajado con todos los grupos, pero “especialmente” con Junts es que el proyecto tenga una protección patrimonial reforzada del Palau Marcet, el edificio donde debe ubicarse el museo. La versión final de la propuesta establece el mantenimiento y restauración de las fachadas, la conservación del volumen original y la restitución de la composición histórica del chaflán. 

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha descartado que el Govern vaya a retirar el proyecto de presupuestos para ganar tiempo en la negociación con ERC. “No estamos en ese escenario en estos momentos”, ha afirmado en una entrevista en RTVE, donde ha insistido en que el Ejecutivo catalán trabaja para que las cuentas superen el debate a la totalidad en el Parlament y se pueda seguir trabajando en un acuerdo hasta el 24 de abril.

Romero responde así a la petición del equipo de Oriol Junqueras, que trasladó esa posibilidad al Departamento de Economía para salvar las conversaciones. “Nosotros estamos para que el viernes se tramite el presupuesto y para que ERC retire su enmienda a la totalidad”, ha insistido la consellera, para acto seguido defender que aún hay “margen” para incorporar prioridades de los republicanos durante la tramitación parlamentaria.

Romero también ha replicado que la recaudación íntegra del IRPF, una de las líneas rojas de los republicanos para otorgar su sí a las cuentas, “no depende de la Generalitat”, ya que requiere una modificación legislativa en el Congreso. En este sentido, ha asegurado que el Govern trabaja para preparar la Agencia Tributaria de Catalunya para que pueda asumir más competencias, con el horizonte en 2028.

La titular de Economía también ha afirmado que “no ve necesario” que el Gobierno español haga una nueva declaración pública de garantía sobre la recaudación del IRPF, como reclama ERC. Según ha argumentado, el compromiso ya consta en el documento acordado en la comisión bilateral entre ambos ejecutivos. “Más garantía que un documento firmado entre dos gobiernos no sé cuál puede ser”, ha dicho.

En paralelo, Romero ha situado entre finales de marzo y principios de abril la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe abordar el nuevo modelo de financiación. Según ha explicado, tras este paso el texto debería pasar por el Consejo de Ministros e iniciar la tramitación en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas.

Preguntada por si debería dimitir si los presupuestos no prosperan, Romero lo ha descartado. “Yo creo que no”, ha respondido, aunque ha añadido que su cargo “siempre estará a disposición” del presidente Salvador Illa.

Por último, ha advertido de que una prórroga presupuestaria prolongada generaría tensiones en las finanzas de la Generalitat. Aunque ha asegurado que la nómina de mayo se pagará, ha avisado de que será necesario “bloquear créditos de los departamentos” para garantizar este pago. “La pagaremos, pero dejaremos de hacer muchas cosas”, ha afirmado, advirtiendo de que varios consellers y entidades tendrán que detener proyectos si no se aprueban nuevas cuentas.

La consellera de Economia del Govern, Alicia Romero, ha avisado este lunes de que si no se aprueban los presupuestos a la mayor brevedad la Generalitat podría tener problemas para pagar las nóminas de los funcionarios. “Si esto sigue así [a partir del mes de abril] habrá dificultades para realizar pagos de nóminas y tendremos que retener dinero de los departamentos para pagar a bomberos, Mossos, maestros o agentes rurales”“, ha explicado la consellera en una rueda de prensa.

El Govern considera además que aprobar los presupuestos en junio, tal y como ha planteado ERC, es muy tarde y complica la situación de las cuentas de la Generalitat. La consellera ha reiterado que hay “margen” para la negociación con los republicanos, a los que ha vuelto a llamar a la “responsabilidad” para “exprimir al máximo” los días que queden antes de que la ley llegue al debate a la totalidad en el Parlament.

“Se me hace difícil no pensar que el viernes se iniciará la tramitación del presupuesto”, ha dicho Romero. También ha mencionado la “incertidumbre” por la guerra en Irán y ha apuntado que el Consell Executiu de la próxima semana podría aprobar un primer paquete de medidas, que “complementen” los que presentará el viernes el gobierno español.

Según ha explicado Romero este lunes, el Gobierno ya mantiene “conversaciones” con el Gobierno central para saber “hacia dónde van” las medidas que presentará esta semana. La consellera de Economia ha explicado que quieren “coordinarse” para “dar la mejor respuesta posible” porque hay algunos elementos donde las competencias son del Estado, por ejemplo las bonificaciones de impuestos de energía. Asimismo, ha explicado que tras los encuentros que mantuvieron el viernes, Junts, Comuns y agentes sociales les han hecho llegar sus propuestas, que están estudiando.

En cuanto a los presupuestos, Romero ha defendido que si la aprobación se demora hasta junio, supone “mucha dificultad” para ejecutarlo. “Los ciudadanos nos piden que sigamos eficientes y eficaces con los recursos, ahora la situación es difícil porque ni tenemos presupuestos ni tenemos suplementos”, ha dicho.

Las fuertes rachas de viento que golpean el norte de Girona y el prepirineo han causado la caída de numerosos árboles y han obligado a cortar carreteras y vías de tren. También han dejado al menos cuatro heridos leves y afectaciones en las líneas de media y alta tensión que han dejado sin electricidad a más de 5.000 personas.

El temporal, que ha dejado rachas de hasta 170 kilómetros por hora en comarcas como el Alt Empordà o el Berguedà, ha obligado a cortar la línea de trenes R11 de Rodalies entre Caldes de Malavella y Figueres por la caída de árboles, así como ocho carreteras comarcales por el mismo motivo. El aviso en la línea ferroviaria se ha producido a las 10:35 horas por el desplome de varios árboles y una valla. Renfe ha informado que ha activado un servicio alternativo por carretera. 

Las afectaciones por árboles en la vía se han dado a lo largo de toda la mañana. Ha habido cortes en Cabanelles, Llers, Pontós, Agullana-La Vajol, Cabanes, Pont de Molins-Masarac, Sant Martí Vell-Madremanya, Quart o Alp-Toses. 

Los Bombers de la Generalitat recibieron más de 1.254 avisos por el temporal, mayoritariamente provenientes de la Región de Emergencias de Girona y para retirar árboles caídos en la vía pública.

En cuanto al balance de heridos, hay tres personas con heridas leves. Una en Salt, por el desprendimiento de parte de un techo, otro en La Jonquera, por la caída de una rama, y otro en la localidad de Garrigàs. 

El Ayuntamiento de Girona ha suspendido todas las actividades en la ciudad a partir de las 14.00 horas por motivos de seguridad. El consistorio recomienda no salir de casa si no es imprescindible para evitar situaciones de peligro a causa del viento. Previamente, se habían cerrado el parque de la Devesa, el parque del Migdia y los jardines de las Pedreres ante la caída de ramas, árboles y alguna cornisa.

El temporal de viento también ha afectado al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, sin daños personales ni estructurales pero con varios árboles caídos dentro del recinto. Por seguridad, se han cerrado los accesos al parque y se pide a los usuarios seguir las indicaciones del personal de seguridad, ha informado el Institut d’Assistència Sanitària.

En Figueres, varios pinos y ramas de grandes dimensiones han caído este domingo por la mañana en el Parc Bosc (en la zona próxima a la cafetería), en la Pineda de la Pujada del Castell y en la zona deportiva municipal. El Parc Bosc y la Pineda del Castell están cerrados al paso de personas por riesgo de caída de árboles mientras dure la alerta por fuerte viento.

El área metropolitana de Barcelona reactiva este lunes la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después de casi dos meses sin aplicar esta medida que veta la circulación de los coches más contaminantes. Durante la crisis ferroviaria de Rodalies, el Govern de la Generalitat permitió a los ayuntamientos levantar esta prohibición para facilitar la movilidad, comprometida por el mal funcionamiento de los trenes. 

No solo son Barcelona y sus ciudades colindantes las que recuperan este lunes la medida. Lo harán también Tarragona, Reus, Sant Cugat o Lleida. Otras, como Terrassa, han decidido mantenerla debido a que la línea R4 de Rodalies, que pasa por la ciudad, no ha normalizado su servicio. 

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha firmado ahora el decreto para ponerla de nuevo en marcha. La capital catalana desactivó la restricción de circulación a los vehículos sin etiqueta el 22 de enero, dos días después del accidente de Gelida. A partir de ese día se desactivaron las sanciones. El alcalde firmó un decreto de alcaldía que daba respuesta administrativa a la Ordenanza de Bajas Emisiones que, en el artículo 12, abre la puerta a poder aplicar la excepcionalidad para desactivarla en casos de interés general.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, pidió este martes a los municipios con zonas de bajas emisiones que restablezcan su funcionamiento, después de que hayan finalizado las circunstancias excepcionales que justificaron su suspensión. El Ejecutivo catalán ha decidido reactivarlas después de que el servicio ferroviario se haya recuperado “significativamente” y se hayan reforzado los servicios de autobús.

El Govern decidió suspender las ZBE para minimizar el impacto de las incidencias en la movilidad y garantizar alternativas de desplazamiento a la ciudadanía mientras el servicio de tren quedaba afectado, facilitando puntualmente el uso del vehículo privado ante la reducción de frecuencias e interrupciones del transporte.

En este sentido, el Govern recordó que las ZBE son “un instrumento para garantizar la calidad del aire directamente vinculada a la salud”. Al mismo tiempo, ha animado a los ayuntamientos a retomar las limitaciones “para consolidar un modelo de movilidad más sostenible y saludable”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una campaña contra el incivismo en el espacio público para acompañar la entrada en vigor el pasado 15 de febrero de la nueva Ordenanza de Convivencia. Bajo el eslogan “Poca vergüenza”, el consistorio advierte contra conductas que considera que perjudican a los vecinos como los botellones, orinar en la calle, tirar mal la basura o no recoger las heces de los perros. 

“Queremos reforzar la idea de que cuidar el espacio público es un deber compartido entre vecinos, Administración y visitantes”, señalan en un comunicado. La campaña, que apela directamente a los incívicos, incluye anuncios de televisión, carteles en la calle y en el mobiliario urbano, lonas de gran formato en los edificios y proyecciones frente a puntos clave como el MACBA o la Torre Agbar.

Las principales actuaciones que combate la campaña son: el consumo de alcohol en la calle, tirar residuos o cigarrillos al suelo, orinar en la vía pública, dejar las bolsas de basura fuera del contenedor, tirar muebles viejos fuera de horario y conductas incívicas vinculadas a animales de compañía. Estas son, de hecho, varias de las conductas prohibidas por la Ordenanza de Convivencia desde hace años y cuyas sanciones se ha incrementado con su actualización. 

Barcelona aprobó a finales de 2025 la nueva ordenanza municipal de civismo con los votos de PSC, Junts, ERC y la abstención del PP. La normativa aumenta la cuantía de numerosas sanciones. En consumo de alcohol en vía pública, pasa a ser de 100 a 600 euros si perturba la “tranquilidad ciudadana”, y de 750 a 1.500 euros si es un espacio con menores de edad. Las rutas de borrachera pasan a sancionarse con hasta 3.000 euros a los organizadores. 

En cuanto a orinar en la calle, el texto introduce agravantes que aumentan las sanciones en algunos supuestos. Por ejemplo, se castiga con hasta 750 euros cuando se realice en las inmediaciones de baños públicos o de libre acceso al público, de bares o restaurantes, o en calles de una anchura de cuatro metros o inferior. Puede alcanzar los 1.500 euros si se orina en la calle en lugares concurridos por menores de edad o en algún edificio catalogado. 

También castiga con mayor dureza las pintadas o el exhibicionismo y la masturbación en espacio público. En el caso del nudismo, el nuevo texto multa con hasta 300 euros llevar el torso desnudo por la calle, salvo si se está practicando actividad física. También se multa con hasta 300 euros transitar por la calle con elementos sexuales, por ejemplo como ocurre en las despedidas de soltero. 

En vigor desde el 15 de febrero, durante la primera semana de aplicación, la Guardia Urbana impuso 982 denuncias, de las que 36% son por consumo de alcohol, un 20% por orinar en vía pública, un 31% por venta ambulante sin licencia, y un 7% por “degradación visual” del entorno.

El cierre de las más de 8.000 hectáreas del Parque Natural de Collserola debido a la peste porcina africana será indefinido. La conselleria de Agricultura, que publicará los detalles de las restricciones en una orden este jueves, ha adelantado que las medidas durarán hasta que se reduzca al mínimo el número de jabalís de la zona, que se estiman entre 500 y 600.

La secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, ha asegurado este jueves que “se están destinando todos los recursos disponibles” capturar y eliminar toda la población de jabalíes. Massot ha señalado que los 15.000 vecinos que viven en el ámbito del parque podrán entrar y salir de sus casas, también seguirá funcionando el transporte público y continuará la actividad educativa y de restauración, pero estarán restringidos los accesos lúdicos al bosque. “Hay que evitar que la enfermedad vaya más allá” del área afectada, ha afirmado.

Aun así, ha pedido a las personas que “por su día a día” tengan que acceder al parque que establezcan “una rutina de desinfección”“cuando entren o salgan de los límites de Collserola. Se trata de, según ha concretado Massot, de limpiar con un poco de lejía la superficie de los zapatos, la ropa y las ruedas de bicicletas y vehículos que hayan estado en contacto con el medio natural.

Más de un millar de capturas

El jefe de los Agentes Rurales, Antoni Mur, ha detallado que desde la detección del primer caso se han cazado 1.100 ejemplares. De este total, casi la mitad han sido en la zona de alto riesgo, en el área de Cerdanyola del Vallès, que supuso el perímetro inicial de cero a seis kilómetros. En cuanto al área de riesgo más bajo, sospecha que hay entre 8.000 y 12.000 jabalíes.

Mur ha valorado positivamente las medidas aplicadas, porque “han funcionado”, y ha señalado las barreras de contención en la C-58, la C-16 y la AP-7, con más de 150 puntos instalados.

El jefe de los Agentes Rurales ha puesto de relieve que se ha conseguido que el virus no se dirigiera hacia la Catalunya Central o Lleida, con mayor presencia de granjas de cerdos. “La enfermedad está contenida dentro de los límites que se habían previsto”, ha remarcado. Mur ha explicado que en Collserola “en términos generales no se trabajará con armas de fuego” y ha indicado que se emplearán trampas, hasta una treintena (actualmente hay 18), visores térmicos, drones y la unidad canina.

El Parc Natural de Collserola ha precisado que, de media, recibe anualmente unos cinco millones de visitantes: unas 5.000 personas lo hacen en días laborables y el fin de semana la cifra se eleva hasta 15.000 personas. El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha recordado que lo que se pide a la ciudadanía ya se hizo durante las restricciones por la pandemia “y no hizo falta multar a nadie”. Ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad” de la población, pero ha advertido de que, si se incumple la prohibición de acceso a Collserola, “habrá la correspondiente sanción”.