“Americana de lana negra con la etiqueta en el forro de Díaz y Rodríguez, Badajoz. No llevaba chaleco. Pantalón negro, tirantes de tela y gomillas con graduables niquelados. Camisa gris claro, calzoncillos cortos de tela fina. Alto y grueso, bigote recortado negro, el diente superior derecho postizo de marfil. Tenía consigo un estuche de lentes nuevo, una carterita de piel labrada en cuero y negra y el carnet de farmacéutico de Valladolid”.

Estos son algunos de los detalles que narra en una carta Josefa Pavón para intentar identificar a su marido, arrojado a una fosa común tras su fusilamiento el 3 de septiembre de 1936 en la fachada de la iglesia de Arroyo de San Serván (Badajoz).

Hay constancia de que 30 años más tarde, allá por 1969, la viuda seguía buscando a su marido de manera infructuosa. Pepita, como la conocían familiares y amigos, mantuvo conversaciones con las autoridades franquistas de Arroyo para tratar de encontrar sin éxito alguna pista que le llevara a la fosa común donde fueron arrojados sus restos.

La carta aporta detalles con los que reconstruir los últimos momentos del que fuera alcalde republicano de este municipio pacense. Se trata de un documento de gran interés histórico y antropológico, también muy emotivo, que muestra la angustia permanente de los familiares por encontrar a un ser querido, identificarlo y darle una sepultura digna.

Pepita llega a coser en la carta tres trozos de tela iguales a la vestimenta que llevaba su marido en el momento de su detención. Da cuenta de los objetos personales que portaba, como lentes, pulsera de oro y su reloj, así como los utensilios que había en la cestita que le acompañaba en el momento de su detención: toallas y cubiertos para comer en un viaje imprevisto que le condujo desde Valladolid hasta Arroyo de San Serván.

Resulta también un documento único porque ayuda a desprender del anonimato a las víctimas del franquismo. Detrás de las cifras y los registros de defunción hay historias personales y a los fusilados les acompañan las vidas truncadas de viudas e hijos. “Las víctimas de una desaparición forzada no son solamente las personas desaparecidas, son también los familiares que han sufrido daños psicológicos, sociales o económicos por la desaparición de su ser querido. Una represión que sufren doblemente las viudas por su condición de mujer y por ser víctimas condenadas a no saber dónde estaba su esposa”, señala el historiador Ángel Olmedo.

Asesinato y escarnio público

Varios testimonios orales narran cómo el asesinato (no hubo ningún proceso judicial) de Franco García fue todo un espectáculo de crueldad. A golpes de culata, los falangistas fueron llamando puerta por puerta para que el pueblo saliera a la calle.

Las autoridades franquistas organizaron un ritual macabro junto a la iglesia de este pueblo en el que la víctima había sido alcalde y farmacéutico durante años. Los testimonios orales conservados también dan cuenta de que había sido torturado y que tenía aspecto de estar malherido mientras era paseado e insultado en púbico, en los momentos previos a su muerte.

Explica el historiador Ángel Olmedo que sobre el alcalde se ejerce el mayor de los castigos, el de la muerte, para dar un escarmiento 'ejemplarizante'. Lo identifica con el ‘terror institucional’ ejercido por la dictadura como herramienta para perpetuarse durante décadas hasta la muerte de Franco.

Señala además a una similitud entre los autos de fe de Santa Inquisición y el modo en que es ‘aniquilado’ el alcalde republicano de Arroyo. Se le colocó a la vista de todo el pueblo para que sirviera de escarmiento por sus ideas progresistas. “Es una infamia, una degradación del honor de quien había sido alcalde democrático. Se humilla a la persona que tanto cariño había acumulado entre la clase trabajadora de Arroyo. Se trata, por tanto, de deshumanizado, de arrebatarle el honor”.

Libro sobre memoria histórica

Estas son algunas de las descripciones recogidas en el libro “Arroyo de San Serván en el contexto de la II República y la represión franquista. Excavación en la fosa de 'El Valle”. Es una reedición del documento que incluye nuevos hallazgos encontrados, entre ellos la carta que escribe su viuda, junto a una serie de fotografía y dibujos con diversas personas de la vida cotidiana.

La historia del alcalde republicano de Arroyo es una de las que aparece documenta en este libro, que sigue la pista de los 40 vecinos y vecinas represaliados –ninguno por parte de la República--. El punto de partida es la apertura de una fosa común abierta en el verano de 2012 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) y las excavaciones que se realizaron en un olivar cercano, dentro de una explotación agrícola, con la financiación del Ministerio de la Presidencia y el apoyo de familiares. Allí se encontraron los restos de tres fusilados, tres hombres de entre 16 y 32 años, cuyos análisis de ADN no fueron concluyentes para identificarlos.

Este libro ha sido editado por la Diputación de Badajoz, en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (ARMHEX) y el ayuntamiento de Arroyo de San Serván. El trabajo de investigación y la excavación han estado liderados por Ángel Olmedo junto con un equipo interdisciplinar de arqueólogos y antropólogos formado por Juan Antonio Aranda Cisneros, Silvia Herrero Calleja, Almudena García Rubio y Javier Iglesias Bexiga.

Incluye archivos de gran valor histórico, como la documentación de algunos consejos de guerra, además de los testimonios de familiares de las víctimas. También contiene las tareas de localización, excavación, exhumación de los restos de las tres personas de la fosa excavada, así como el estudio de sus restos. Entre los detalles del material audiovisual se encuentra el proceso de excavación de la fosa, con la las diferentes fases, y los actos posteriores para la exhumación, homenaje e inhumación de los restos recuperados. El trabajo de la excavación está disponible a través de Internet.

Al igual que en el caso de Franco García, nada se sabe del paradero de la mayoría de las personas represaliadas en este municipio. La búsqueda y apertura de esta fosa común resulta ser, por tanto, el inicio para recomponer los hechos acaecidos en el periodo de la II República en Arroyo de San Serván, la gestión política del momento y el posterior asesinato del alcalde con otros más de cuarenta vecinos.

Explica Ángel Olmedo que siempre que se abre una fosa hay que identificar a las personas que allí nacen, abandonadas 80 años atrás. Pero los trabajos permiten además reconstruir los hechos en un ejercicio de recuperación de la memoria que desea devolver a la sociedad esa parte de su identidad que una buena parte de la sociedad desconocía. Por tanto el trabajo busca conocer el pasado más reciente para aportar verdad, justicia y reparación.

Franco García, el alcalde de Arroyo

Francisco García Sánchez (Medina del Campo, 1894) llegó a Arroyo de san Serván desde Valladolid para montar su farmacia y terminó siendo alcalde socialista durante la II República en diversos periodos entre 1931 y 1936. Desapareció con poco más de 40 años “a consecuencias de causas relacionadas con la guerra”, según según consta en el acta de defunción en el juzgado municipal de Arroyo de San Serván.

Procedía de una clase acomodada y a medida que va pasando el tiempo sus ideas fueron evolucionando. De hecho en la dictadura de Primo de Rivera llegó a ser cabo somatén, un cuerpo armado de protección civil de carácter 'parapolicial' que también estuvo presente en Arroyo.

Con los años va siendo consciente de la situación de hambre y de miseria que azotaba a la localidad y a la clase obrera. En las primeras elecciones democráticas, con la República, se presentó como candidato con los socialistas y sale elegido alcalde. Su nombre aparece en los registros de regidores que en la Il República impulsan el plan de regadíos, que más tarde ejecuta Franco bajo el Plan Badajoz y en el que utilizó mano de obra de muchos presos republicanos.

Se preocupa en su labor como alcalde por las cuestiones más básicas: por llevar agua potable al pueblo, la apertura de escuela y la formación de trabajadores y jornaleros. Durante su mandato se firma un convenio para los trabajadores del campo en el que se mejora no sólo el salario que recibían, también la jornada laboral y los detalles sobre cómo había que contratar a los trabajadores en condiciones dignas.

También preocupado por la salud de sus conciudadanos, deja constancia de los problemas que muchos de ellos tenían para acceder a medicamentos básicos para sus enfermedades y pone en marcha una mejora de la beneficencia para su suministro.

Se trata por tanto de un regidor comprometido y querido, cuyas ideas debieron ser un ‘estorbo’ para la oligarquía local. Hay que tener en cuenta el sistema caciquil que imperaba en el primer tercio del siglo XX en la España rural, por el que los ‘señoritos’ estaban acostumbrados a realizar las contrataciones en la plaza del pueblo, a fijar los salarios sobre la marcha, con jornadas de sol a sol.

Por tanto la hegemonía oligárquica vio amenazado su poder bajo una autoridad política muy respetada, que les impone límites y que les obliga a establecer unas condiciones mínimas en la contratación de personas en el campo.

Por su labor como alcalde republicano no resulta descabellado pensar que Franco García, que en el mes de julio de 1936 se había desplazado a la ciudad de Valladolid para montar una farmacia, pasó a ser un objetivo al que había que eliminar por parte de los sublevados contra el gobierno de la II República. Es un caso que se puede extrapolar a la realidad del modelo represivo que se impone tras el golpe de Estado, con unas labores de limpieza ejecutadas contra dirigentes sindicales, alcaldes, concejales o defensores de la República.

Al igual que otros tantos, fue muerto y ‘desaparecido’, no de forma casual. Todo ocurrió  con una trama perfectamente organizada, que lleva a las autoridades franquistas a buscarlo en Valladolid y trasladarlo de nuevo a Arroyo, señala Ángel Olmedo.

Se suele tender a pensar que los descontrolados eran los falangistas, que actuaban de forma arbitraria. Nada más allá de la realidad, pues existía una cadena de mando con una maquinaria preparada,que parte desde la oligarquía y las nuevas autoridades franquistas de Arroyo paralograr que un juez de Mérida haga un requerimiento a las autoridades franquistas en Valladolid para detener al alcalde. “Los golpistas contra la República tenían un sistema represivo perfectamente medido, con el fin de imponer un régimen de terror y de acabar con todos aquellos posibles dirigentes obreros, políticos y sindicales”.

“Comprobamos que existía un plan preestablecido desde ámbitos superiores para eliminar a las personas más representativas de cada localidad afines a las ideas republicanas bajo un nuevo régimen de terror que consolida sus estructuras organizativas eliminando a sus amenazas, así como un intento deliberado de ocultación de los hechos mediante su desaparición”.

El resto de la historia es común a la del conjunto de víctimas de la guerra y la dictadura militar que siguen esparcidas por cunetas y fosas a lo largo de la región, donde se contabilizan al menos a 14.000 personas represaliadas. El franquismo no dejó un mapa con las personas fusiladas y enterradas, y el proceso resulta complejo, y por tanto faltan muchas piezas para recomponer el gran rompecabezas y determinar el paradero de las víctimas de la represión.

Con este trabajo de investigación y excavación se desea, al menos en parte, haber contribuido al deseo de Josefa Pavón para que la memoria de su esposo no se borrara con el paso del tiempo. Ha supuesto la recuperación de su vida y obra, de forma que pueda ser transmitida a sus vecinos de Arroyo de San Serván como parte de su historia más reciente. “Nos queda aún pendiente que en algún momento podamos recuperar sus restos y los de las demás víctimas que aún siguen como desaparecidas”.

La nueva renta mínima estatal contra la pobreza ha llegado en un momento clave, cuando los efectos de la crisis sanitaria hacen presagiar el desembarco de una crisis social con más desempleo y desigualdad.

El recién creado ingreso mínimo vital es una prestación con la que las familias sin recursos pueden satisfacer parte de sus necesidades. Es una prestación compatible con las rentas básicas de las comunidades, como la extremeña.

Ofrece unos ingresos medios por beneficiario de 460 euros, el equivalente a las pensiones no contributivas para el caso de un adulto solo. Puede incrementarse hasta llegar a algo menos del salario mínimo (1.000 euros al mes en 12 pagas) en función del número de personas de la unidad familiar y de sus condiciones.

En su breve trayectoria ha sido aplaudida por una mayoría de la sociedad, aunque también ha encontrado detractores, que la han definido de manera peyorativa como la ‘paguita de los pobres’.

Frente a estas críticas, desde Cáritas Mérida-Badajoz inciden en que viene a paliar una necesidad básica, y que garantiza la supervivencia de las personas y su inserción social.

Jesús Pérez Mayo, director de Cáritas en la diócesis pacense y profesor de Económicas de la Universidad de Extremadura, valora que tenga vocación de permanencia y que “permitirá a la gente salir adelante”.

Hasta el momento existían diferentes rentas en varias comunidades, no en todas, y el nuevo ingreso viene a traer un mínimo para el conjunto de la ciudadanía, viva donde viva la persona. Se trata de una cuestión que aplaude el responsable de Cáritas, que comenta que es un derecho que faltaba en el estado de bienestar, y que ya tenían la mayoría de países europeos.

Reducir la desigualdad

Se estima que el ingreso mínimo vital tendrá una incidencia especial en Extremadura, donde puede llegar hasta los 60.000 beneficiarios según algunos cálculos.

Pérez Mayo anima a mirar a los niveles de pobreza y exclusión de la comunidad, cuya última radiografía muestra que el ingreso medio anual de los extremeños es de 8.796 euros por persona, el más bajo del país.

La tasa Arope -indicador europeo que mide pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar- se sitúa en el 37,7 por ciento en la región, 12 puntos por encima de la media nacional. Mientras, la Comunidad presenta un riesgo de pobreza del 31,5 por ciento, 15 puntos más que la media.

Para el responsable de Cáritas son datos que confirman la necesidad de apostar por nuevas políticas de protección frente a la pobreza. Valora que la renta responde a las reclamaciones que han trasladado las entidades del tercer sector en repetidas ocasiones a todos los partidos del arco parlamentario.

Como aspecto positivo destaca que sea compatible con un trabajo, siempre que los ingresos no superen algunos umbrales de renta, que en el caso de una familia de cuatro miembros es de 10.500 euros anuales.

A su juicio la compatibilidad con las rentas del trabajo evita las ‘trampas de la pobreza’. En concreto evitará que una persona tenga que decidir entre un empleo o recibir una prestación, algo que en muchas ocasiones se usa para criticar este tipo de medidas.

Otro aspecto positivo a su juicio es la creación de itinerarios que ayudan a la inserción social, con formación específica para 'rescatar' a las personas, “una medida que conforma que no es una paguita”.

¿Desincentiva la búsqueda de empleo?

Sobre las críticas al ingreso mínimo vital, incide en que hay estudios previos centrados en la renta de inserción del País Vasco que muestran que los beneficiarios no han dejado de buscar empleo, algo que contradice el principal 'mantra' que repiten sus detractores.

En contra de las tesis 'negacionistas', explica que los estudios sobre Euskadi muestran que ésta ayuda a que la búsqueda de trabajo sea más tranquila, con mayor seguridad para la persona. No es igual aceptar un empleo en caso de no tener nada, con unas condiciones que pueden no respetar los derechos laborales y humanos, a disponer de un 'colchón' que aporta al beneficiario un mínimo de dignidad.

Una medida ‘paliativa’

El ingreso vital fija un umbral para cada tipo de hogar y desde Cáritas advierten que su cuantía es mínima, sólo paliará parte de las necesidades. Es decir, no permite vivir con total dignidad.

“Hay que mirar a las condiciones que soportan quienes viven con una pensión no contributiva (equivalente a la media del ingreso mínimo vital) para ser conscientes de lo que están recibiendo”. Anima a quienes hablan de ella como la 'paguita' a que vivan un mes con estos ingresos.

Ha mostrado sus dudas en toro a otras cuestiones, como el hecho de que haya que tener más de 23 años para acceder a la prestación. También, que una persona que tenga esa edad tenga que haber estado independizada al menos tres años, un condicionante que supone un obstáculo y que puede 'precarizar' aún más la difícil situación por la que atraviesan muchos jóvenes.

La consejería de Educación contratará 312 profesores más durante todo el curso para afrontar la pandemia, con independencia de cómo evolucione la crisis sanitaria. A la plantilla funcional, que sufrió un recorte de 302 profesores, se sumarán 614 docentes que serán contratados para todo el curso.

El aumento de las vacantes en los centros públicos se corresponde con un escenario de completa presencialidad del alumnado en las aulas y ha sido aprobado por unanimidad en la Mesa Sectorial de Educación, a la que han asistido la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, y los sindicatos.

En la reunión las organizaciones sindicales han valorado el aumento de la plantilla, aunque mantienen su exigencia de una bajada de ratios para cumplir las medidas de seguridad e higiene, algo que requeriría aumentar la plantilla.

A las 586 vacantes que sacará la Junta de Extremadura, 167 de Primaria y 418 de Secundaria, se sumará la contratación de 28 docentes más del Plan para la Formación Profesional, el Crecimiento Económico y Social y la Empleabilidad que presentó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Contarán con una inversión de 25 millones.

Por unanimidad también se ha decidido que la adjudicación de destinos que estaba prevista para el 31 de julio se aplace al 24 de agosto para incorporar las citadas 614 vacantes.

El modelo por el que ha apostado Extremadura se implantará también en la educación concertada, lo que supondrá asimismo un aumento de plantilla, lo que se verá en una mesa específica que se celebrará a principios de agosto, informa la Agencia Efe.

Desdobles en las aulas

La consejera Esther Gutiérrez ha señalado que para la nueva realidad educativa, que contempla la máxima presencia de alumnado y profesorado en las aulas, se hace necesario hacer desdobles de clases para garantizar las distancias de seguridad establecidos.

“Podíamos haber optado por hacer contratos temporales, debido a esta situación, como otras comunidades autónomas van a hacer, con contratos de 3 meses a la espera de la evolución de la pandemia, pero nosotros hemos decidido convertir estas plazas en vacantes de curso completo para dar estabilidad al sistema educativo extremeño y, por supuesto, para dar estabilidad laboral y seguridad al cuerpo de profesores y maestros de Extremadura”.

Bajada de las ratios

En reacción a la medida aprobada el sindicato UGT valora el aumento de contratación de docentes y que las vacantes sean para el curso completo. Eva María González, responsable de Educación, advierte no obstante que hubiera sido necesaria una baja de la ratio en todos los niveles.

En el mismo sentido el sindicato CCOO Extremadura considera que el aumento de la plantilla es insuficiente, ya que las medidas de seguridad requieren a su juicio un desdoble de aulas a partir de los 15 alumnos.

Desde el sindicato Clara Durán señala que el modelo de presencialidad resulta insuficiente en las primeras etapas educativas, donde se crearán grupos de convivencia en el aula para alumnos de Educación Infantil y hasta 4º de Primaria. Advierte que se trata de grupos muy numerosos, entre los que se puede producir contagios y donde no queda claro cómo sería el protocolo a seguir.

En el caso de Bachillerato y FP considera también insuficiente la distancia de un metro, más el uso de mascarillas, y muestra sus dudas de que dicha medida cumpla con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Mientras, el sindicato PIDE valora la propuesta y señala que el aumento de la plantilla era 'muy necesario' para afrontar con garantías sanitarias y educativas la nueva normalidad que se implementará el curso que viene. Sostiene que hay que reconocerles el esfuerzo, aunque “aún es posible un aumento mayor de plazas en plantilla”.

“Se cumple la pretensión sindical de revertir los recortes y aumentar el número de docentes como base necesaria de la que partir para la organización del nuevo curso, aunque consideramos insuficiente el aumento de plantillas y creemos que la Administración educativa ha podido hacer un esfuerzo mayor”.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles un decreto ley que establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas para frenar la propagación de la Covid. Recoge multas de hasta 600.000 euros para quienes pongan en riesgo la salud pública en la pandemia. Incluye sanciones de 100 euros por no llevar la mascarilla y el cierre de locales hasta 5 años para quienes pongan en riesgo la salud.

Se trata de un decreto que deberá ser convalidado en el próximo pleno de la Asamblea de Extremadura, y que modifica la Ley de Salud de 2011 para hacer frente a cualquier crisis epidémica que se pueda registrar en el futuro.

Las sanciones

Se establecen tres tipos de infracciones, la primera de ellas leves con multas de hasta 3.000 euros. También habrá infracciones graves, con una sanción de hasta 60.000 euros; y las muy graves, que pueden acarrear una multa de hasta 600.000 euros. Serán aplicables siempre que se incumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con el objetivo de intentar contener la pandemia o la epidemia.

El decreto reconoce a los profesionales sanitarios como agentes de la autoridad e incorpora la colaboración y participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Será la policía o la Guardia Civil la que inicie con su denuncia el expediente y a partir de ahí se procederá a la resolución de la infracción cometida. En caso de pagarse en los 15 días siguientes, la multa tendrá una rebaja del 40 por ciento.

Cierre cautelar de locales

Además los agentes y fuerzas de seguridad, ante un riesgo inminente para la salud pública, podrán determinar el cierre cautelar de un local de ocio, algo que tendría que ser convalidado posteriormente por la autoridad sanitaria. “Cuando uno pone una sanción por un incumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y estas afectan a la salud pública, es necesario que se sea contundente y efectivo”, ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

En una rueda de prensa, Vergeles ha explicado que resulta fundamental controlar cuatro focos fundamentales de propagación del coronavirus, que incluyen al ocio nocturno y a las reuniones familiares. También presta especial atención a los velatorios, por ser lugares en los que se congregan muchas personas, y a los contextos laborales en los que no se controla el aforo, por ejemplo en las campañas agrícolas.

Sobre el uso de la mascarilla, ha aclarado que la sanción por no llevarla dependerá de la incidencia que este gesto tenga en la salud pública, de modo que será una infracción leve para quienes sí respeten la distancia de seguridad. No será así en el caso de alguien que se encuentra en un local nocturno, sin respetar la distancia, y que está poniendo en riesgo la salud del conjunto de la ciudadanía.

Se permiten las verbenas

En materia sanitaria el Consejo de Gobierno ha modificado algunas de sus recomendaciones, siendo ya obligatorio el uso de mascarillas, al mismo tiempo que se abre el aforo de los mercados libres al cien por cien.

También se permite la celebración de verbenas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, siempre de manera cultura a los actos culturales. Deberán ser en espacios abiertos, aforo limitado y son baile social, junto con un circuito de entrada y salida y el resto de medidas de seguridad, que incluyen el, uso de mascarilla.

La Consejería de Educación y Empleo creará grupos de convivencia en el aula para alumnos de Educación Infantil y hasta 4º de Primaria. A partir del 5º curso de Primaria y hasta 4º de ESO deberán mantener una distancia de seguridad de metro y medio, mientras que en Bachillerato y FP se ha establecido una distancia mínima de un metro, con el uso obligatorio de mascarillas como medida de seguridad.

Los grupos de convivencia entre los más pequeños, deben permanecer siempre juntos, sin la necesidad de establecer una distancia mínima entre ellos. Sí que deben evitar el contacto con el resto de grupos, ya sea en recreos o en comedores escolares.

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha explicado que se han seguido las recomendaciones de Sanidad, que indican que es mucho más sencillo la 'trazabilidad' y control bajo estas medidas en caso de que se dé algún contagio.

Las bajas ratios presentes en el mundo rural favorecen el cumplimiento de las medidas excepcionales de seguridad. En el caso de las zonas urbanas, con mayor demanda, se contemplan mediadas excepcionales, entre ellas una bajada de ratio y la contratación de más profesorado.

Planificación del curso

Estas son algunas de las conclusiones de la guía elaborada por la Junta con las medidas de planificación del próximo curso 2020-2021 en la región, que se adaptan a la situación de excepcionalidad causada por la pandemia. La consejera ha presidido este viernes una Mesa de Educación, con la presencia de los sindicatos, en la que se han dado a conocer las medidas.

De cara al próximo curso académico se garantizará el transporte escolar y el comedor, al mismo tiempo que se establecerá un ‘fondo covid’ para que los centros hagan frente a los gastos ocasionados por la compra de material sanitario y de desinfección

Las nueva guías

Esther Gutiérrez, que ha comparecido en una rueda de prensa acompañada por el secretario general de Educación, Fran Amaya, ha explicado que la elaboración de las nuevas guías ha seguido un proceso participativo y ha contado con la participación de 700 interlocutores de la comunidad educativa.

Ahora cada centro deberá elaborar sus propias guías con un plan de contingencia, las adaptaciones curriculares necesarias y el plan de refuerzo, que debe incluirse en la programación del primer trimestre. Se suma la adaptación de horarios y todas aquellas medidas propias del funcionamiento del centro que garanticen la seguridad ante el contexto actual de pandemia.

De cara al próximo año académico Educación pondrá en marcha un plan de digitalización especial, algo fundamental en el contexto actual, y que se sumará al plan del Ministerio de Educación. Dentro del plan la Junta contempla la renovación de equipos con una inversión de dos millones de euros.

La Consejería de Educación plantea un incremento de plantilla y una bajada de la ratio en las aulas de los centros que lo requieran el próximo curso bajo la actual situación de pandemia.

Así lo ha adelantado la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, que ha explicado que el objetivo es garantizar la máxima ‘presencialidad’ en las aulas.

En aquellos centros que lo requieran, y en cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad, se plantean medidas especiales que incluyen más plantilla de docentes y menos alumnos por aula. En el mundo rural las medidas de seguridad que requiere el Ministerio son 'asumibles' a causa de la baja natalidad, aunque en las zonas urbanas se requerirán otras medidas adicionales.

Los inspectores verán centro por centro, para determinar su disposición, y en caso de necesidad se negociará con los municipios espacios alternativos en los que impartir clases.

Guía para el próximo curso

Gutiérrez ha comparecido en rueda de prensa acompañada del secretario general de Educación, Fran Amaya, tras la celebración de la Mesa Sectorial de Educación Pública, a la que han asistido los sindicatos. En el seno de la mesa han presentado la guía elaborada por la Junta con las medidas de planificación del próximo curso 2020-2021 en la región, que se adaptan a la situación de excepcionalidad causada por la pandemia.

La Consejería de Educación y Empleo creará grupos de convivencia en el aula para alumnos de Educación Infantil y hasta 4º de Primaria.

A partir del 5º curso de Primaria y hasta 4º de ESO deberán mantener una distancia de seguridad de metro y medio, mientras que en Bachillerato y FP se ha establecido una distancia mínima de un metro, con el uso obligatorio de mascarillas como medida de seguridad.

El Consejo de Gobierno aprueba este jueves en sesión ordinara la constitución de una comisión de trabajo que dará cumplimiento al auto emitido por el TSJEX, que ordena el derribo parcial del complejo turístico.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado sus respetos al auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y ha trasladado su deseo de cumplir su contenido en la menor brevedad posible.

El Ejecutivo espera determinar este jueves, con motivo del Consejo de Gobierno, cuáles son las obligaciones que marca el auto. También cuál es el gasto al que tiene que hacer frente a causa del derribo parcial y del resto de requerimientos que se incluyen. Entre ellos se incluye una indemnización para Adenex y Ecologistas en Acción como parte demandantes.

La sentencia establece la necesidad de desarrollar dos planes, uno para la demolición y otro con las medidas que minimicen el impacto ambiental de la parte del complejo urbanístico que seguirá en pie. Según ha dicho, el objetivo del Ejecutivo es dar cumplimiento a los plazos de tres y seis meses que la sala sal tribunal ha impuesto “con buen criterio”.

Llamada al diálogo

Vara también ha adelantado que la próxima semana convocará a las organizaciones ecologistas para que participen en el proceso de toma de decisiones. “Voy a convocarlas para que desde el minuto uno estén presentes, y lo hago convencido de que tiene que ser así”.

En una rueda de prensa ha insistido en la necesidad de acercar posturas y encontrar puntos comunes en la próxima comisión que deliberará sobre la forma de cumplir las sentencias. Según ha dicho, no resulta positivo que la relación entre una administración y los ecologistas se resuelva siempre en los tribunales. “Rogaría que hagamos un esfuerzo por encontrarnos, que nos demos una oportunidad para poderle poner a esto punto y final, tenemos muchísimas cosas por delante. Démonos una oportunidad”.

Ha comentado que Extremadura se enfrenta a nuevos retos, entre ellos determinar hacia dónde avanza el nuevo modelo energético, con un nuevo plan de energía y clima, cuyas propuestas está ahora finalizando la Junta. “Les ofrezco que participen en el desarrollo definitivo del plan de energía y clima y otras tanta cosas que hagamos. De esto tenemos que aprender un poco”.

“La administración no ha tenido la razón”

Sobre el dictamen del TSJEX, ha reconocido que la administración no ha tenido la razón, teniendo en cuenta que el Alto tribunal ha emitido un auto con las directrices con las que cumplir las sentencias previas. “Unos han ganado, los ecologistas, y otros hemos perdido, entre ellos nosotros”, ha señalado. “De esto hay que ser completamente consciente, hoy no es una revisión de la sentencia, la sala se ha pronunciado sobre cómo ejecutarla (...). Unos vieron reflejada en la sentencia la defensa de su demanda y sus peticiones, y otros no las vimos reflejadas. Es una cosa juzgada, desde hace ya mucho tiempo”.

Ha querido hacer un reconocimiento de las organizaciones ecologistas, “porque fueron capaces de llegar hasta el final y de defender aquellas cosas en las que creían”. “Eso en la vida es muy importante, aunque podamos no estar de acuerdo. Es muy importante en la vida llegar hasta el final”.

También ha querido trasladar su reconocimiento a la sala de TSJEX, por intentar solucionar cuestiones tan complejas como estas.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apuesta por hacer todos los esfuerzos posibles para que en otoño esté disponible un test rápido que discrimine entre gripe y coronavirus.

Las autoridades sanitarias ya han adelantado que de cara al invierno se podrían dar casos de sospechosos de Covid entre quienes tienen en realidad una gripe, algo que también ha pasado esta primavera entre los alérgicos.

Vara ha explicado que algunos laboratorios ya tienen muy adelantado el prototipo de test. Éste permite en un solo acto determinar si se trata de gripe o Covid-19.

Aboga además por que los exámenes se hagan en la Atención Primaria, “para que fuera mucho más rápido todo, y para que no nos encontremos con un tapón cuando comiencen los casos de gripe”.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa tras participar en la conferencia que Pedro Sánchez ha mantenido con los presidentes regionales. Ha sido la última que se celebra durante el estado de alarma y por videoconferencia.

Viajes del Imserso

En el seno de la reunión también ha reclamado que se reactiven los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y de termalismo social, unos programas 'muy necesarios' para el sector turístico de la región.

Dado que el día 21 de junio se reabren las fronteras y hay libertad de movimiento entre las CCAA, ha planteado que “no debe haber ya ningún impedimento para poner en marcha el programa del IMSERSO”, aplazado durante el estado de alarma, informa la Agencia Efe.

En materia educativa, los presidentes autonómicos han reclamado la máxima flexibilidad posible, dentro del principio de acuerdo que ya existe, para que el curso escolar comience con la mayor normalidad posible. Vara quiere también que las medidas sean negociadas con el conjunto de la comunidad educativa.

Muchas mancomunidades y municipios decidieron mantener cerradas las piscinas este verano por motivos de seguridad.

Sin embargo las condiciones han cambiado, los últimos datos de la pandemia arrojan unos datos muy positivos y las autoridades sanitarias han preparado un protocolo de apertura segura de las zonas de baño. Además las previsiones apuntan a la llegada de entre 300.000 y 500.000 extremeños del exterior a lo largo del verano.

La apertura de los espacios de baño es una competencia municipal y la Junta traslada que respetará su decisión, aunque mira a la llegada masiva de personas y a la buena evolución de la pandemia. Así les ha trasladado que tomaron la decisión en base a las condiciones de la fase 1 y 2 de ‘desescalada’, y las condiciones ahora han cambiado.

Ausencia de ocio saludable

Con un escenario diferente, y ante las previsiones que de la situación siga mejorando, se plantea la duda de si los municipios deben dar marcha atrás y poner a disposición del público los espacios de baño.

Las Casas de Extremadura en el exterior han avanzado que muchos paisanos optarán por pasar sus vacaciones en el pueblo ante el panorama actual. Ante la ausencia de la única alternativa que pueden tener para sofocar el calor ‘extremeño’ este verano se plantea un problema.

“En caso de que sea así, y vienen a los pueblos, sin la única medida de alivio a los 40 grados a la sombra, no sé cuál es la alternativa de ocio para estas personas. Eso me preocupa, porque la piscina es un ocio saludable, y hemos querido trabajar para rebajar las medidas de seguridad en la medida de lo posible”.

“No invadiremos la autonomía municipal”

Vergeles insiste en que no van a invadir la autonomía municipal, aunque la guía será remitida tanto a la Dirección General de Administración Local y la Fempex para que le den traslado a los municipios.

“Desde la autonomía municipal, con las nuevas condiciones y la guía, que lo valoren y que lo mediten. Si creen que se sienten capaces de abrirlas con seguridad que lo hagan. Si no lo hacen, están en todo su derecho para no abrirlas. No vamos a forzar a nadie ni vamos a hacer una recomendación fuerte en torno a este tema”.

“Lo único que estamos diciendo es que con estas condiciones pueden abrirse las piscinas, algo que también sirve para las comunidades de vecinos, que en estos momentos están manteniendo reuniones. Se enviará la guía al Colegio de Administraciones de Fincas”.

Guía de piscinas

La Junta de Extremadura ha presentado cinco guías con recomendaciones para un uso seguro en guarderías, actividades de ocio y tiempo libre, zonas de baño, parques de ocio y atracciones, y espectáculos taurinos. Estarán vigentes hasta que haya un tratamiento contra el COVID-19.

En la guía relativa a las piscinas y zonas de baño no hay modificaciones respecto a la calidad del agua y aforo del vaso de las piscinas según lo que ya está regulado, pero no se podrán producir aglomeraciones en el vaso de la misma.

Lo que cambia es el aforo de los solárium, césped y zonas de baño alrededor de la piscina, que tienen que permitir una distancia de seguridad de 1,5 metros.

Se considera importante limpiar el calzado, la higiene de manos y facilitar el uso de bolsas para material desechable, así como la desinfección de las zonas comunes y aseos. Los vestuarios, si tienen menos de 3,5 metros cuadrados, deberán ser individuales y si son más grandes deberán permitir una distancia de seguridad entre los usuarios de 1,5 metros. Tendrá que medirse cada hora la calidad del agua, PH y cloro, igual que en las piscinas de agua salada.

En relación a las piscinas naturales que se encuentran registradas en el registro europeo de zonas de baño (NAYADE). La calidad del agua será vigilada bajo control y seguimiento por Salud Pública en colaboración de los ayuntamientos. En ese sentido el vicepresidente ha instado a los alcaldes y alcaldesas que se inscriban en este registro europeo para conocer las zonas de baños de calidad y para el turismo regional.

La Comunidad de Extremadura afronta la última semana del estado de alarma con unos datos que animan a la esperanza. La evolución es positiva, con apenas dos ingresos por el virus y sin enfermos en cuidados intensivos desde que comenzó el mes de junio.

Sin embargo Sanidad mira con cautela al futuro y avisa de que nadie está libre de un nuevo brote. El SES está listo para afrontarlos, con toda la maquinaria en marcha en los servicios de Atención Primaria y de Salud Pública. Su intención es reforzar las plantillas con garantías durante las vacaciones estivales y unas previsiones de 8.000 contrataciones.

“No podemos evitar que haya contagios, eso depende del virus. Lo que podemos hacer es ponérselo difícil a la hora de generar un nuevo brote o un contagio a un importante volumen de población. Esas medidas se están poniendo en marcha, de modo que estamos preocupados, pero al mismo tiempo estamos ocupados de lo que está pasando”.

Así lo ha expresado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien señala que los nuevos contagios están controlados y se mantiene el protocolo de aislar a todas aquellas personas que hayan estado en contacto directo con el contagiado. Es el caso del último positivo, que ha obligado a aislar a otras seis personas en la zona de Almaraz.

Otra cosa distinta es que se presentase un brote de las características que se han dado en otras comunidades autónomas en los últimos días, según ha comentado. “Entonces iríamos a otro tipo de medidas, como en su día se hizo en Arroyo de la Luz, medidas de aislamiento domiciliario, aislamiento social, o cualquier otra que podamos utilizar con independencia de que exista o no el estado de alarma”.

Medidas excepcionales ante casos excepcionales

Una vez que concluya el estado de alarma, a partir del 21 de junio, prevalece la Ley General de Salud Pública, y las medidas excepcionales que pudieran tomarse se harían en función de la salud pública de la población. Serían medidas destinadas a controlar, en caso de que lo hubiese algún brote, algo que de momento se descarta.

Vergeles ha reiterado que la Comunidad no contempla adelantar el fin del estado de alarma, como ya ha anunciado que hará Galicia, por un principio de precaución. Se mantendrá en la fase tres hasta el día 21 de junio, cuando se pase a la nueva normalidad.

Eso sí, a partir del lunes 15 de junio se permiten los desplazamientos entre Cáceres y Badajoz y se introducen otras medidas de ‘relajación’, tales como la reapertura de las discotecas y bares de ocio nocturno de la región con un aforo limitado.

Al SES le preocupan todos los nuevos contagios que se produzcan, con independencia del área de salud donde se produzca, aunque en estos momentos hay un control estricto de los positivos que se van dando.

“Estoy tranquilo, porque la Atención Primaria y la salud pública están funcionando muy bien. Están teniendo muchísima sensibilidad a la hora de detectar los casos sospechosos”.

Ha explicado que en la actualidad sólo el 0,9 por ciento de los casos sospechosos detectados son finalmente contagios positivos. “La Atención Primaria de salud está haciendo un gran papel, al igual que los farmacéuticos, veterinarios y todo el personal de salud pública, que están rastreando todos y cada uno de los contactos”.

Cinco semanas de teatro y cinco obras de esencia grecolatina componen la 66 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que subirá el telón en una edición reducida entre el 22 de julio y el 23 de agosto.

Belén Rueda, Pepón Nieto, María Galiana y Paco Tous son algunos de los nombres que pasarán por el certamen. Junto a ellos Mariola Fuentes, Alex O'Dogherty, Jesús Noguero, Maxi Iglesias, María Esteve o Itziar Castro.

La programación oferta al público dos comedias, dos tragedias y la obra Penélope, con la que Belén Rueda se acude por primera vez al Romano.

A ellos se sumarán las representaciones en los teatros romanos de Medellín, Regina y la ciudad romana de Cáparra. También una amplia oferta de actividades artísticas, lúdicas, divulgativas y formativas tanto en Mérida como en otros puntos de Extremadura.

Se trata de una edición especial, con la que vuelve la magia del teatro en el marco incomparable y con la que también vuelve el movimiento en un sector fuertemente golpeado por la pandemia.

El festival de Mérida y el mundo de la cultura rendirán también un merecido homenaje a Juan Copete, tristemente desaparecido hace unas semanas. Se trata de un hombre de las letras, filólogo, gestor cultural y dramaturgo vinculado desde hace décadas al Festival de Mérida, para el que escribió algunos textos (Nundinae, Emiratalia, Las parcas o Miles Gloriosus).

Medidas de higiene y seguridad

La 66 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico cumplirá todas las normativas sanitarias, tanto para público como para los trabajadores. Con este objetivo habrá dos butacas libres entre cada grupo de espectadores que acudan juntos a disfrutar de la obra, con un máximo de 1.500 personas, la mitad del aforo. El Ayuntamiento de Mérida repartirá 50.000 mascarillas y geles monodosis de hidroalcohol a los espectadores.

La programación ha sido presentada este viernes por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el empresario adjudicatario y director del mismo, Jesús Cimarro, quien ha señalado que esta edición “será más especial que nunca” por la situación 'inédita' vivida. En cuanto al presupuesto, el Consejo de Gobierno aprobó este viernes la modificación del contrato para la organización del festival, con una inversión de 1,8 millones de euros.

Las obras

Será la compañía extrema El Desván, en coproducción con el Teatro Español, la encargada de inaugurar el Festival, del 22 al 26 de julio, con una Antígona en una visión mexicana, la que le da el autor del texto y director David Gaitán, y con un nuevo planteamiento teatral sobre la democracia.

Irene Arcos encabeza el cuadro artístico como Antígona, junto a Fernando Cayo, Clara Sanchis, Isabel Moreno, Elías González y Jorge Mayor. Esta producción cuenta con la colaboración de la Embajada de México.

Le seguirá, del 29 de julio al 2 de agosto, el humor del clásico de Moliére Anfitrión. El director y autor Juan Carlos Rubio imprime su sello personal a esta comedia de dioses y mortales de la mitología griega a la que pondrán cuerpo y voz Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, Paco Tous, Daniel Muriel y María Ordoñez. Una producción del Festival con Mitxolobo.

Según explica el festival en una nota de prensa, habrá más humor a continuación con Plauto, tan clásico como actual. Las carcajadas están servidas con el estreno de La comedia de la cestita (del 5 al 9 de agosto), coproducida por el Festival junto a GNP Producciones. La comedia de la cestita, adaptada por Pilar G. Almansa y dirigida por Pepe Quero, trae a Mérida una comedia puramente plautiana de enredos, pero en la que las protagonistas son las mujeres y a la que darán vida Mariola Fuentes, Alex O'Doherthy, María Esteve, Jimmy Barnatán, Itziar Castro, Falín Galán, Rosa Merás y Juanfra Juárez.

La tragedia centrará la penúltima propuesta del Festival con Cayo César (del 12 al 16 de agosto) de la compañía Atakama. Cayo César es un drama en un solo acto escrito por el dramaturgo Agustín Muñoz Sanz y dirigida por Jesús Manchón que se adentra en la etapa pública más destacada del tercer emperador de Roma, más conocido como Calígula.

Un amplio elenco extremeño encabezado por Juan Carlos Tirado dará vida a esta historia sobre la maldad y el poder: Rocío Montero, Miguel Ángel Latorre, Gema Ortiz, Fernando Ramos, Manuel Menárguez, Javier Herrera, Juan Carlos Castillejo, Paca Velardiez, Sergio Barquilla, Beatriz Solís y Abraham Samino.

Para cerrar esta 66 edición, un montaje donde las mujeres adquieren un protagonismo especial: Penélope (del 19 al 23 de agosto). La directora y autora Magüi Mira, que ha actuado y dirigido en Mérida en diferentes ocasiones, se vuelve a poner al frente de una producción del Festival y Pentación Espectáculos para dar voz a las mujeres, en este caso elevando a papel protagonista a la Penélope de la Odisea de Homero, la esposa de Ulises.

Para hacerlo, se contará con un reparto excepcional de actores y el debut de Belén Rueda en el Teatro Romano de Mérida. Junto a ella estarán María Galiana, Jesús Noguero, Maxi Iglesias, Pedro Almagro, Muriel Sánchez, Antonio Sansano, Alberto Gómez Taboada y Alfredo Noval.

Programación alternativa

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se completa con una serie de actividades entre las que destacan espectáculos de teatro en familia e infantil que tendrán lugar los domingos en la Plaza de España de Mérida. También el pasacalles “Hermes y el vigía de los cien ojos”, que tendrá lugar los sábados en la capital autonómica, así como los talleres que se desarrollarán en 20 localidades extremeñas.

Habrá dos exposiciones, una en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y otra en la sede del Festival integrada por fotografías de Diego Casillas. Como viene siendo habitual la compañía TAPTC TEATRO? representará varias obras en los escenarios del Tempo de Diana, el Foro, las Termas Romanas y distintas calles y plazas de Mérida.

Venta de entradas

Este viernes se han puesto a la venta las entradas a través de Internet, en la página web festivaldemerida.es, el portal de venta de localidades entradas.com y en la taquilla física que comienza a funcionar en la plaza de Margarita Xirgú de Mérida.

Además, está disponible la venta telefónica en los teléfonos 924 009 480 y 663 206 992 (solo grupos) y en las direcciones de correo electrónico reservas@festivaldemerida.es y grupos@pentacion.com (solo grupos). Este año, además, contamos con el apoyo de Correos, en cuyas oficinas se podrán igualmente adquirir las entradas para todos los espectáculos del festival.

La Consejería de Educación reducirá la plantilla funcional en 302 profesores el próximo curso, 37 en Primaria y 265 en Secundaria. Ha rebajado la propuesta técnica inicial elaborada por la Inspección, que era de 540.

La consejera del ramo, Esther Gutiérrez, ha justificado la reducción en la bajada de la natalidad y en la vuelta a las 19 horas lectivas en Secundaria, una más que ahora.

Ha recordado que se partía de una propuesta técnica con 186 docentes menos en Primaria, y el descenso será de 37 en este nivel. El recorte en Secundaria es consecuencia --según ha dicho-- de la subida a 19 horas lectivas, lo que se traduce en 265 vacantes.

Mesa sectorial de Educación

Gutiérrez ha comparecido en una rueda de prensa tras la Mesa sectorial de Educación, en la que los sindicatos se han levantado en protesta por los recortes planteados por la Junta.

Ha lamentado que las organizaciones sindicales hayan decidido abandonar la reunión, ya que “la negociación, la escucha y el diálogo tienen que estar presentes por encima de todo”.

Subraya que se trata de una propuesta justa, porque Extremadura tiene 1.600 profesores más desde 2015, mientras que la cifra de alumnos en las aulas se ha reducido en 10.000 desde 2014. “Somos la región de España con mejor ratio de alumnos: nueve alumnos por profesor, en el caso de Secundaria, y ocho alumnos por maestro en Primaria”.

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el logro de las 18 horas lectivas produjo 400 nuevas vacantes, todo ello condicionado a la capacidad presupuestaria, además del deseo de pagar la subida salarial del 2 por ciento, señala la Junta en un comunicado.

Ampliación de la plantilla

En su comparecencia ha explicado que la plantilla es suficiente, aunque no se descarta ampliarla para afrontar un nuevo rebrote de la pandemia del coronavirus si fuera necesario.

Así la Junta intentará garantizar al máximo la presencia del alumnado en las aulas, sobre todo en los niveles de Infantil y Primaria. Ha adelantado que la próxima semana habrá un Conferencia Sectorial de Educación con la participación de las comunidades autónomas, “donde se contemplan todos los escenarios, y si hace falta más personal se contratará sin ningún problema”.

Próximo curso y la pandemia

La Consejería de Educación abrirá un foro de trabajo con el que se desea contar con la opinión de los claustros y los equipos directivos de cara al próximo curso.

Se plantean tres escenarios, el primero de ellos la vuelta a la “nueva normalidad” con el cien por cien de alumnado en las aulas. Las otras dos se refieren a una situación de confinamiento como la de este curso, a causa del virus, o un sistema mixto, por el que se procede a la educación virtual y presencial.

Críticas de los sindicatos

Los sindicatos abandonaron este lunes la reunión con la consejera como gesto de protesta ante la supresión de plazas de la plantilla funcional de docentes propuesta por la administración.

CSIF, PIDE, ANPE, CCOO Y FeSP-UGT señalan en una nota de prensa conjunta que no descartan una huelga general en septiembre si la Junta de Extremadura “persiste en su actitud”.

Han decidido continuar con las acciones de protesta ya anunciadas, para obligar a que la Consejería de Educación y Empleo “apueste decididamente por una educación pública de calidad”.

El entendimiento ha llegado tras más de un año y medio de bloqueo. La patronal y los sindicatos han suscrito el preacuerdo para el convenio que marcará las condiciones laborales de 65.0000 jornaleros y unos 8.000 empresarios.

Hasta ahora seguía vigente el convenio de 2018, tras varias prórrogas. No se trata de un tema baladí, si se tiene en cuenta que es el segundo convenio más importante de la región, que afecta a más empleados tras el de la Administración de la Junta.

Las organizaciones agrarias UPA, APAG Extremadura ASAJA y COAG y los sindicatos CCOO y UGT de Extremadura han llegado a un principio de acuerdo para cerrar el convenio del campo de este año. Ha sido firmado por todas las OPAS excepto por Asaja Cáceres.

Ambas partes retomaron este miércoles las negociaciones, tras el ‘parón’ provocado por la pandemia, con la intención de cerrarlo. Se despejan las incertidumbres en un momento clave, cuando miles de temporeros se incorporan a las campañas del verano.

Largas desavenencias

El pacto resuelve los temas en los que había diferencias entre las partes, como la regulación de la jornada laboral, la flexibilización de la jornada y el registro horarios.

Incluye el valor de las horas extras de trabajo, con un incremento del 20 por ciento respecto a las convencionales. Se suma una tarjeta profesional agraria, que contempla una formación previa con la que evitar el aumento de accidentes que se han producido en el campo.

A falta de un nuevo convenio, en el campo se ha estado aplicando este año el nuevo SMI de 950 euros marcado desde el 1 de enero por el Gobierno. Eso sí, se pagaba en función de la jornada que marcaba hasta ahora (seis horas y media por día).

La patronal había propuesto respetar el Salario Mínimo Interprofesional, de 48,90 euros diarios, aunque con el aumento de las horas en el tajo. Finalmente el nuevo convenio incorpora en sus tablas la actualización del SMI con las mismas horas que estaban marcadas hasta ahora, tal como solicitaban las organizaciones sindicales. A cambio éstas han aceptado el 30 por ciento del incremento de salario que ya se había producido, no más.

La firma, el 17 de junio

En los próximos días se redactará el acuerdo de manera detallada y se procederá a firmar formalmente el día 17 de junio en Mérida con la presencia de los máximos responsables de todas las organizaciones involucradas, explica todas las organizaciones de forma conjunta.

Desde UGT Extremadura Miguel Talaver señala que las negociaciones no han sido fáciles, aunque había que alcanzar un entendimiento por ‘justicia social’. “La gente cobrará en el campo el salario mínimo que cobra cualquier trabajador”. “Era una cuestión de justicia social que los trabajadores y las empresas sepan cómo se tienen que regular”, ha dicho.

“Estábamos obligados a entendernos. Sabemos que el problema del campo no es sólo queda aquí, debemos de seguir reuniéndonos”, ha señalado en relación a los aranceles, el desafío del Brexit o la PAC. También le preocupa que la gente joven no acude al campo, en parte por lo poco atractivo que es el campo, según ha dicho. Por ello reclama un convenio estatal, que sea moderno y ajustado a la realidad.

Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, ha valorado que es un entendimiento necesario para un momento de crisis como el actual. “Queremos que no exista ningún tipo de discordia para poder afrontar las campañas de forma adecuada y que todo fluya para salir de la actual situación de la mejor forma posible”, ha señalado a Canal Extremadura Radio.

“Se garantiza la paz social”

Gracias a este acuerdo se garantiza la paz social en el sector agroalimentario extremeño y se consolida su proceso de modernización, valora CCOO en una nota de prensa.

El sindicato valora el ‘compromiso y responsabilidad’ de ambas partes para que la negociación llegue a buen puerto. “Es una buena noticia, tanto la para el sector agroalimentario como para la economía regional en su conjunto, y más en estos momentos tras la crisis sanitaria”.

Hay que recordar que patronal y las organizaciones agrarias “ya actuaron con la misma responsabilidad sobre este convenio cuando decidieron en diciembre la prorroga en la vigencia del anterior texto”, añade Comisiones Obreras.

Aquella prorroga se decidió ante las dificultades que surgieron en la negociación de un nuevo convenio al desconocer por entonces cuál iba a ser la cuantía en la que el Gobierno iba a fijar el SMI, pero se prefirió prolongar la vigencia del anterior para que empresarios y trabajadores siguieran teniendo un marco de referencia en sus relaciones laborales.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha garantizado que se retomarán todas las oposiciones que debían celebrarse este año, y que se han paralizado como consecuencia de la pandemia.

En una rueda de prensa ha explicado que a partir del uno de junio se recuperan todos los plazos administrativos, “y vamos a recuperar todas las oposiciones. Que nadie tenga ninguna duda”.

También apunta que los plazos y los procesos selectivos serán reabiertos de manera negociada y dialogada con las centrales sindicales, tanto en mesa general como en mesas sectoriales.

“A la mayor brevedad”

Varias comunidades autónomas han comenzado ya a emitir resoluciones para retomar los procesos paralizados, aunque el Gobierno ha aclarado a este respecto que deben ser las autoridades sanitarias las que autoricen de nuevo las concentraciones masivas de personas.

Días atrás la Junta transmitió que se retomará “a la mayor brevedad” las oposiciones cuyos procesos -ya fueran los exámenes o presentación de documentación- se paralizaron debido al estado de alarma.

La directora general de Función Pública, Carmen Vicente, señaló en sede parlamentaria que en primer lugar se retomarán los procesos que se quedaron a mitad de camino, pues hay casos de categorías que tienen pendiente de realizar el segundo ejercicio y otras se quedaron en la baremación de méritos. Y se seguirá trabajando y negociando en el resto de convocatorias, informa la Agencia Efe.

Trasladó un mensaje de tranquilidad de los aspirantes, porque las plazas no van a perderse y los procesos y ofertas no van a caducar.

Procesos paralizados

Con el inicio de la pandemia la Junta anunció la paralización de varios procesos, entre ellos las oposiciones de Secundaria, previstas en junio de 2020 y aplazadas para el próximo año.

Además la Junta aplazó los segundos ejercicios de las fases de oposición de Administración General, cuyas pruebas estaban previstas entre el 4 y el 29 de abril. Se trata de las pruebas selectivas de turno libre del Cuerpo Técnico, especialidades de Administración Financiera, Administración General, Biblioteconomía e Informática, así como, en el Cuerpo Auxiliar, de las especialidades de Auxiliar de Laboratorio y Auxiliar de Informática.

También se pospusieron otros procesos selectivos de concurrencia masiva, como los segundos exámenes de las categorías de Administrativo y Auxiliar Administrativo, o las listas de espera de Bombero Forestal Conductor.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reclamado al Gobierno la apertura de fronteras con Portugal, o al menos que se permita el movimiento entre las ‘eurociudades’ de Badajoz, Elvas y Campomayor.

Así lo ha transmitido a Pedro Sánchez en la tradicional conferencia de presidentes de los domingos, en la que ha puesto de manifiesto que con los datos del Alentejo, la Región Centro y los de Extremadura es posible abrir ya la frontera.

Defiende que es un escenario posible, en un momento en que la Comunidad prepara la documentación para solicitar entrar en la fase 3 de reactivación y vuelta a la normalidad. “Estamos en condiciones de poder abrir la frontera y sería bueno que así fuera”, ha resaltado en una rueda de prensa mixta, en la que ha habido periodistas que han acudido de forma presencial y otros por videoconferencia.

Apertura de las 'eurociudades'

Ha explicado que tanto él, como el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han pedido que se permita un tránsito libre entre las ‘eurociudades’, en caso de que no sea posible una apertura total.

Se ha mostrado convencido de que en el mes de junio se abrirá de manera definitiva, aunque ya ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Asuntos españoles español en tres ocasiones para agilizar el proceso. También lo ha hecho con la embajada de España en Portugal, a lo que se suma un contacto permanente con los alcaldes lusos del otro lado de la ‘Raya’.

La Consejería de Educación ha trasladado a los sindicatos un borrador con sus previsiones de plantilla funcional de cara al próximo curso, que contempla un recorte de 541 profesores. Se trata de una previsión realizada con la vuelta a las 19 horas lectivas semanales, una más que ahora, y el mantenimiento de la ratio actual de alumnado por aula.

Ha sido una reunión informativa, una primera toma de contacto, en la que la Administración ha puesto encima de la mesa sus cálculos. La propuesta inicial de la Junta contempla una reducción de 354 profesores en Secundaria, y el resto en Educación Primaria, algo que afectaría principalmente a los docentes interinos.

El aumento de horas se traduce en el caso de Secundaria en una reducción de profesores, a lo que se añade en Primaria la eliminación de algunas líneas educativas por la bajada de la natalidad, explican desde los sindicatos.

Las negociaciones, para la próxima semana

Fuentes de la Junta aclaran que la Inspección General, a través de las Inspecciones de las Delegaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, han hecho una propuesta ‘técnica e inicial’.

“Está basada estrictamente en criterios normativos, como son las ratios (fijadas por el Ministerio) y teniendo en cuenta que el próximo curso se volverá a las 19 horas lectivas en Secundaria (que es algo que ya estaba abordado y dado a conocer mucho antes de que estallara esta pandemia)”. El Ejecutivo afirma que se ha tenido “muy en cuenta” la atención a la diversidad y las características propias de cada centro educativo.

Será en la sectorial de Educación, prevista para el jueves de la próxima semana, cuando comenzarán las negociaciones formales en torno a la plantilla. Una mesa en la que las organizaciones sindicales reclamarán, lejos de un recorte, un aumento en atención a las recomendaciones sanitarias que indican la necesidad de 15 alumnos por aula y a las necesidades educativas que se han creado.

Una ratio de 15 alumnos por la pandemia

Por parte de CCOO Extremadura Francisco Jiménez señala que la propuesta inicial no ha tenido en cuenta un posible escenario con una bajada de la ratio por aula, como están recomendando las autoridades sanitarias y el Ministerio de Sanidad.

“No podemos dar por válidos los datos porque no dan respuesta a la situación del sistema educativo que podemos encontrarnos después del verano”. Insta por ello a garantizar la calidad en la educación “y la absoluta seguridad de todo el alumnado y de su familia”.

En el mismo sentido se pronuncia Mercedes Barrado, de CSIF Extremadura, que opina que es inviable mantener la ratio actual en un contexto educativo en el que se necesita más atención personalizada, para lo que se requiere bajar el número de alumnos por clase, no lo contrario. “CSIF mantendrá las movilizaciones que tenía previstas antes de confinamiento”, ha señalado.

“Hay que valorar la situación socioeducativa”

Desde UGT Extremadura Eva María González incide en la importancia de prestar una especial 'sensibilidad' ante una situación excepcional que ha provocado una desventaja socioeducativa y un previsible aumento del fracaso escolar.

“Tienen que aumentar el profesorado, la dotación de orientadores, para que esa brecha social y digital que se ha producido se refuerce de otro modo”.

El sindicato insta a reforzar sobre todo a los centros de educación preferente, con alumnado vulnerable. Más allá de una reducción cree que se vuelve necesario el desdoble en materias instrumentales, una mayor atención a la diversidad, “que sean ante todo sensibles ante las circunstancias ante las que nos encontramos”.

“Que recorten en la escuela concertada”

Desde el sindicato educativo PIDE han mostrado su malestar y señalan que desconocen los criterios técnicos dictados por la Consejería para para llevar a término “esta masacre en las plantillas de los centros públicos”. “Desconocemos qué ratio se emplean en los centros públicos, en los concertados es fácil la ratio se pone a la carta”.

“Hemos mostrado la misma postura, que primero los centros públicos y después los demás. Destruir en la provincia entre 331 y 662 puestos de trabajo de la enseñanza pública, ni es de recibo ni es justificable”.

“Indignación es la palabra que define nuestra postura con la propuestas de supresión de unidades y plazas de profesores que está haciendo la Inspección Educativa tras aplicar las órdenes de los responsables de la Consejería de Educación, aplica criterios estrictamente técnicos y sin tener en cuenta las múltiples casuísticas”.

Respuesta de la Junta

Fuentes de la Junta de Extremadura aclaran que este jueves las Delegaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz han informado a los sindicatos de la enseñanza de “una propuesta técnica y eminentemente elaborada por criterios normativos”.

En estas reuniones, los delegados provinciales de Educación han recogido las primeras propuestas de los sindicatos, “en un claro ejemplo de transparencia y en un ambiente de diálogo fluido entre la Administración educativa y los sindicatos de la enseñanza”.

Puntualiza que han sido reuniones previas a la cita donde cada año, desde siempre, se acaban fijando las plantillas funcionales del próximo curso, que será en una Mesa Sectorial de Educación, que se celebrará próximamente. En esta Mesa, tras escuchar las aportaciones de los sindicatos, se negociará y se acordará la plantilla funcional del próximo curso.

“Aún no hay ninguna decisión tomada sobre las plantillas docentes del próximo curso, como llevamos repitiéndolo en la última semana y media. Esto se hace de esta manera todos los años”.

Las condiciones laborales de los 65.000 trabajadores y trabajadoras del campo en Extremadura siguen paralizadas, a la espera de que la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo.

A finales de junio vence la prórroga de seis meses acordada entre los sindicatos y la patronal mientras sigue vigente el convenio de 2018. Miles de temporeros se incorporan estas semanas a las campañas mientras sigue sin firmarse el segundo convenio más importe de Extremadura por el volumen de personas que dependen de él.

A falta de un nuevo convenio, en el campo se aplica el nuevo SMI de 950 euros marcado desde el 1 de enero por el Gobierno. Eso sí, se paga en función de la jornada que marca el último convenio que sigue en vigor, que es de seis horas y media. Esto significa que se deben cobrar 48,80 euros por una jornada de seis horas y media.

En mitad de la incertidumbre actual los sindicatos no se muestran dispuestos a firmar un nuevo acuerdo que implique un aumento de horas en el 'tajo' a cambio de cobrar el nuevo SMI. Es el elemento protagonista de la discordia, la ‘patata caliente’.

Los sindicatos UGT y CCOO reclaman la vuelta de las negociaciones, aunque de momento sigue cerrada la Fundación de Relaciones Laborales, donde ambas partes se reúnen en presencia de un intermediario. La crisis del coronavirus paralizó las negociaciones, para las que no hay una fecha en el calendario.

La anterior prórroga de seis meses fue una medida adoptada ‘in extremis’. En caso contrario el 1 de enero de 2020 habrían entrado en vigor las reglas del Estatuto de los Trabajadores, con unas condiciones inferiores a las del convenio prorrogado.

Con el panorama actual las organizaciones sindicales piden una nueva prórroga, a la espera de que se retomen la negociación, y eluden cualquier tipo de ‘chantaje’ que implique más horas en el 'tajo' en este sentido.

Saturnino Lagar, de CCOO Extremadura, incide en que la prórroga de este convenio debería ir más allá de la fecha prevista para una situación normal. “Como no es normal la situación la fecha tampoco puede mantenerse con normalidad”.

Subraya que no se puede demorar cuando se habla de las reglas que marcan los derechos de miles de trabajadores. “La solución es que nos sentemos a negociar, y que mientras estemos negociando no tengamos la espada de Damocles, con que el convenio caiga o no caiga”.

Sobre la propuesta de aumentar las horas en el nuevo convenio, por encima de las seis horas y media, invita a los dirigentes de la patronal a que vayan y lo hagan ellos. “O las personas que tienen negociando en la mesa no saben de lo que hablan, o deben tener alguna clase de problema que lo explique”, señala en torno a la dureza del trabajo en el campo y de las inclemencias del tiempo cuando aprieta el sol.

Por parte de UGT Miguel Talaver señala que en el contexto de pandemia actual hay que prorrogar el convenio vigente, con el compromiso de que en el mes de septiembre se reúnan para comenzar a negociar el convenio de 2021.

Recuerda que ya en 2019 ambas partes se sometieron a un laudo arbitral, de obligado cumplimiento, que imponía la obligatoriedad de abonar el SMI marcado entonces, de 900 euros. Un año más tarde, y ante la subida, nada ha cambiado y hay que seguir cumpliendo las leyes, señala.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha propuesto retomar los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), paralizados con la pandemia, a través de un programa de turismo regional y de interior que estimule la demanda en este sector.

En la Conferencia de Presidentes de este domingo ha trasladado a Pedro Sánchez la necesidad de retomar los viajes de los mayores con planteamientos diferentes. 

Aboga por analizar la situación sector a sector, dando prioridad a aquellos que han salido más dañados, entre ellos el turismo. Una actividad que se ha frenado en seco a causa de la crisis del coronavirus, y que representa el 8 por ciento del PIB regional y el 13% nacional.

En una rueda de prensa por videoconferencia, ha adelantado que en próximas fechas habrá varias conferencias de presidentes monográficas, entre ellas una de turismo y otra sobre educación.

Conciliación familiar y laboral

En el encuentro de los presidentes autonómicos con Sánchez también ha propuesto dedicar una parte de los recursos económicos a un plan de conciliación de la vida familiar y laboral, con la participación de todas las administraciones públicas.

Podría financiarse con el superávit de los ayuntamientos, en caso de que pudiera liberarse, tal como han pedido Extremadura y otros territorios. A lo largo de la próxima semana la Junta mantendrá una primera reunión con las diputaciones y con la federación extremeña de municipios, la Fempex, para abordar este asunto.

Se trataría de una vía de conciliación a través de actividades de ocio y tiempo libre, infantiles y juveniles. “Sería una gran oportunidad que en los meses de junio, julio, agosto y septiembre pudiera haber apoyo a las familias y a los padres y madres trabajadores”.

Extremadura prepara la documentación para proponer al Gobierno pasar a la Fase 2 de reactivación y vuelta a la normalidad.

La propuesta para el Gobierno, que será entregada el próximo miércoles, es que ambas provincias extremeñas pasen juntas de fase. La decisión del Ejecutivo central se conocerá previsiblemente el viernes.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, advierte que las exigencias marcadas por Sanidad serán cada vez mayores. Sobre si la Comunidad está preparada para promocionar a otra etapa, Vara ha dicho que no es ni pesimista, ni optimista.

“Vamos a hacer las cosas bien, no empecemos la casa por el tejado, vamos a hacerlo poco a poco sin levantar falsas expectativas que no conducen a nada bueno”.

El documento que enviará la próxima semana Extremadura al Gobierno será analizado el lunes con los agentes sociales, y el martes con los grupos parlamentarios en el seno de la comisión constituida.

“No somos ni mejores, ni peores que otras CCAA”

En una rueda de prensa por videoconferencia, tras la Conferencia de Presidentes de Sánchez con las comunidades, ha incidido en la necesidad de mantener la alerta y de no relajar las medidas de seguridad y de distancia social, así como de mantener una adecuada higiene.

En torno a la evolución de otros territorios, ha dicho que “no somos ni mejores ni peores que Madrid”.

“Hay gente que va por ahí colgándose ‘medallitas’, como si unos fuéramos mejores que otros. Todos estamos haciendo humanamente y políticamente lo que está en nuestras manos, os puedo asegurar que no me estoy guardando nada en los bolsillos. Lo damos todo, lo mejor de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia. Y los demás también”.

Más de 25.000 estudiantes de los últimos cursos de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato podrán volver de manera voluntaria a las aulas cuando la Comunidad de Extremadura entre en la Fase 2 de reactivación, previsiblemente a partir del 25 de mayo.

No podrán hacerlo las guarderías públicas de la Junta, que ofertan la escolarización de cero a seis años, y los de Educación Especial, ante la imposibilidad de garantizar las medidas de seguridad e higiene en estas etapas.

Así lo ha explicado la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, tras la finalización del Consejo de Gobierno extraordinario, que ha autorizado la actividad educativa presencial sólo para los alumnos de final de etapa en la Fase 2. Es decir, la vuelta a las aulas es para los cursos que suponen titulación o cambio de ciclo y será una decisión voluntaria para la familia.

Unos 7.000 alumnos de los últimos cursos de Bachillerato y otros 7.000 de FP, así como 9.600 de cuarto de Secundaria, más los estudiantes del régimen especial (conservatorios), pueden volver si quieren a las sesiones de refuerzo.

Los alumnos de Primaria y Secundaria tampoco regresarán este curso a las aulas, aunque, de forma puntual y en los casos en que sea necesario, podrán solicitar tutorías u orientación con cita previa. Se hará extensible cuando los centros consideren que hay alumnos que están sufriendo especialmente la brecha digital educativa.

“Entendemos que hay alumnos muy vulnerables y existe esa brecha digital. Es real, y consideramos su atención de manera muy puntual para intentar eliminarla en la medida de las posibilidades”, ha señalado en una rueda de prensa por videoconferencia.

La consejera ha dicho que la postura no ha sido fácil, teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades que hay dentro de la comunidad educativa, como quedó de manifiesto en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. “Hemos analizado las diferentes posturas y no hay unanimidad de criterios y hay intereses encontrados”.

Las tareas administrativas, el 18 de mayo

A partir del lunes, 18 de mayo, los centros abren sus puertas para las tareas administrativas, con la vuelta presencial del personal de oficina y de los equipos directivos. Además, al día siguiente se abre el proceso de escolarización, que se podrá hacer tanto de forma online como presencial por parte de las familias.

A lo largo de esta semana la administración se ha dedicado a la limpieza de los centros y su puesta a punto para su apertura parcial, siendo competencia de los ayuntamientos en el caso de los ayuntamientos. A la Junta le corresponde la limpieza profunda de las dependencias de los institutos.

Es una limpieza que se adapta a los criterios del Ministerio de Sanidad, con desinfectantes registrados en el registro.

Durante la etapa administrativa los centros y el equipo directivo tienen las competencias para organizar los turnos, de modo que tendrán flexibilidad para establecer los turnos. La consejera ha recordado que para la vuelta a las aulas se han comprado más de 400.000 mascarillas quirúrgicas, de las que ya se han repartido 40.000 y la próxima semana se hará entrega de otras 40.000.

Próximo curso

La consejera ha señalado que el curso 2019-2020 se va a mantener como hasta ahora, con el aprendizaje a distancia, salvo en los casos excepcionales. Ha destacado que la enseñanza telemática se ha convertido en “la espina dorsal del sistema educativo”, aunque al inicio del estado de alarma hubo que tomar decisiones precipitadas.

Esther Gutiérrez no ha aclarado cómo será el próximo curso académico, para que el se contemplan varios escenarios diferentes. Existe la posibilidad de un sistema mixto, por el que se permitiría la educación presencial y online, reduciendo así a la mitad la ratio en clase.

Es una cuestión que por el momento no está deliberada, y para la que habrá que ver cuál es la evolución de la pandemia en las próximas semanas, según ha dicho.