El precio de la tierra se ha disparado, o quizás sería más apropiado decir que lo que se está encareciendo es el valor de los derechos de consumo de agua asociados a las parcelas, un ‘input’ de la agricultura cuya demanda está creciendo de manera exponencial y cuya eventual disponibilidad en la cuenca del Ebro, y especialmente en los grandes sistemas de regadío de su zona central y oriental, se está perfilando como un elemento estratégico clave para las decisiones de los fondos de inversión y de la agroindustria.

El portal inmobiliario Cocampo cifra en 18.534 euros por hectárea el precio de la tierra en Aragón, con picos por encima de los 30.000 en Zaragoza y un caso extremo de 147.000 por un lote de cinco parcelas que suman cuatro hectáreas en la huerta de la capital cuyo propietario destaca “un coeficiente de riego del 96%, lo que garantiza un suministro constante y confiable de agua para sus cultivos”.

En Agroanuncios hay opciones como una hectárea en Alfamén por 25.500, otra de 4,5 en Altorricón en la que, en este caso con un proyecto de granja porcina aprobado, sale cada una a más de 44.000 y una “finca de regadío, con pantano y luz en la finca, plantada de frutales de hueso a producción”, en Zaidín cuya tasación sube a 38.000.

Y, en los grandes portales inmobiliarios generalistas, Fotocasa e Idealista, se pueden encontrar propuestas como una torre con vivienda y cuatro parcelas que suman 6,3 hectáreas a 60.000 euros cada una de estas entre Utebo y Garrapinillos, una chopera de 60 hectáreas a 33.333 cada una de ellas en Remolinos o una finca de 16,6, a 60.000 cada una en El Burgo “con luz y agua propias”.

Un muro para llegar y un incentivo para salir

Hay un dato que ilustra con bastante claridad las dificultades que ese rango de precios conlleva para el acceso a la tierra en propiedad: el último Censo Agrario estima en 53,75 hectáreas la superficie media de una explotación agraria en Aragón.

Eso, con el promedio que calcula Cocampo a partir de las propuestas de intermediación que recibe, sitúa el valor de la tierra necesaria para ponerla en marcha en casi un millón de euros; un nivel de exigencia económica que, por otra parte, parece duplicarse y triplicarse con relativa facilidad.

“Estamos viendo precios de 30.000 euros la hectárea. En Bardenas, en el Canal de Aragón y Catalunya y en Riegos del Altoaragón se llega a pagar 25.000 y más por parcelas sin modernizar y más de 30.000 cuando lo están”, explica José María Alcubierre, secretario general de la organización agraria Uaga.

También se alcanzan los 30.000 en los Monegros cuando se trata de parcelas ya modernizadas o ‘vestidas’, es decir, con el equipamiento de riego completo y actualizado, y el rango se sitúa entre los 12.000 y los 15.000 para los campos en proceso de adecuación en La Hoya.

Las tierras de secano, mientras tanto, cotizan en torno a los 12.000 euros por hectárea en la mayor parte de Aragón, con caídas a una franja de 3.000 a 6.000 en áreas como Los Monegros, donde la lluvia es escasa.

La mayor garantía de suministro encarece la tierra

La disponibilidad de agua, mayor en el Ebro y el Duero que en cuencas de la mitad sur como el Tajo, el Guadalquivir y el Guadiana pese a las estrecheces de los últimos años, y notablemente superior que en las escasas y esquilmadas del Júcar y el Segura, se está situando como el factor clave que marca el valor de la tierra y, con él, las dificultades de acceso para nuevos agricultores y los incentivos de salida para los veteranos, que ceden año tras año terreno a la agroindustria y los fondos de inversión.

“En el sur están teniendo más problemas de abastecimiento, mientras que en la cuenca del Ebro, pese a todo, hay más tranquilidad”, apunta Alcubierre.

¿A qué se debe esa revalorización, más que de la tierra, de los derechos de regadío que en cada caso pueda llevar asociada?

Los factores y la casuística son variados, obviamente, aunque un vistazo a la transformación que se está dando en los últimos años en las zonas de regadío, donde ‘mares’ de almendros van ocupando progresivamente espacios en los que hasta hace poco predominaban el maíz y el alfalfa, ayuda bastante a entenderlo.

La elevada demanda de los nuevos cultivos intensivos

Así, cultivos con demandas de 7.000 y 9.000 metros cúbicos de agua por hectárea reemplazan a otros que, aunque generaban menor valor añadido, salían adelante con menos de 6.000.

En el caso del olivo, que hasta hace poco era básicamente un complemento del cereal, la demanda de agua de su cultivo intensivo, que también está creciendo, duplica a la del extensivo, de 2.500 a más de 5.000 metros cúbicos por hectárea.

Y a esa transición de la agricultura más extensiva y familiar a otra más intensiva e industrializada se le añaden otras dos, una que también tira al alza de los precios como es la energética con el despliegue de las renovables y otra que encarece la tasación de la disponibilidad del agua como la tecnológica.

Esta última se está traduciendo en un goteo de centros de datos que, con unas demandas para refrigeración sobre las que las administraciones guardan silencio, se están concentrando en las zonas de influencia del Canal Imperial y de Riegos del Alto Aragón, dos de los sistemas que, a priori, cuentan con mayores garantías de suministro de agua en la cuenca.

Eso siempre a expensas de que, en un país en el que la venta de derechos de agua no está prohibida sino regulada, la eventual entrada en servicio de la presa recrecida de Yesa tras dos décadas de obras y su asociado trasvase a Zaragoza, su cinturón y los ejes del Huerva y el Jalón modifique esa situación y emerja como fuente de suministro para esas actividades.

La azarosa trayectoria del pabellón de Aragón en la Expo92 de Sevilla lleva camino de derivar en pelotazo urbanístico cuando ya han pasado más de tres décadas de la muestra celebrada en la capital andaluza.

El Gobierno de Aragón acaba de negar que hayan sido recalificados los suelos limítrofes con el edificio en su actual ubicación junto a la ribera del Ebro en Zaragoza, en la avenida José Atarés en la margen izquierda, para que puedan levantarse en ellos viviendas de alquiler, en una operación que ofrecería un magro rendimiento para su nueva propietaria, la organización patronal Confederación Regional de Empresarios de Aragón (CREA), afiliada a la CEOE, que tuvo su sede en el inmueble hasta hace unos meses.

Esa opción ‘suena’ desde hace tiempo como destino final, aunque la propietaria tampoco ha descartado formalmente otros como ubicar en ellos un geriátrico o una residencia de estudiantes; o ambos, claro.

El consejero de Fomento, Movilidad, Vivienda y Logística, Octavio López, niega la primera de esas posibilidades en su respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Chunta Aragonesista Joaquín Palacín.

La calificación actual excluye la vivienda

El diputado se había interesado por saber si “la planificación futura de los suelos” en cuestión fue “objeto de debate y acuerdo, en su caso”, en la última cumbre bilateral entre la comunidad y el consistorio de la capital y si “está previsto realizar un acuerdo” entre ambos y la CREA (Confederación Regional de Empresarios Aragoneses) “para la construcción de viviendas de alquiler asequible en esa zona”.

“¿En qué plazo de tiempo? ¿Cuántas viviendas se podrían en marcha?”, preguntaba el parlamentario.

El consejero, sin embargo, niega la mayor: “en ningún momento fue objeto de debate, y acuerdos, nada relacionado con la posibilidad de construir viviendas en los suelos ocupados por el que fuera pabellón de Aragón en la Feria Universal de Sevilla, 1992”, asegura López en su contestación.

De hecho, remarca que los suelos tienen una calificación urbanística de “zona A2 grado 1, condición adjetiva ϴ/2, lo que permite cualesquiera usos terciarios, excluyendo explícitamente el de vivienda”.

La permuta, la calificación y las opciones abiertas

La respuesta del consejero recuerda cómo a finales de diciembre de 2022 el consistorio aprobó la calificación del edificio como equipamiento público, lo que permitió a la CREA materializar una permuta con el Gobierno de Aragón: este se quedaba el edificio, que pasa a integrarse en el Campus Digital de Zaragoza, mientras el resto de los suelos, una parte de los cuales pasaban a ser propiedad de la organización patronal, mantenían la calificación que permite acoger servicios terciarios pero no vivienda.

Otra cosa es que la legislación urbanística incluya entre los usos terciarios los servicios de alojamiento temporal y que alguien pueda hallar una fórmula que encaje una alternativa similar en la práctica a la vivienda de alquiler en esa calificación.

Los suelos de la parcela sobre los que no se asienta el edificio “sería transmitida a CREA como pago compensatorio por el valor del Pabellón de Aragón, de titularidad [de la] CREA”.

La patronal adquirió por una peseta el edificio en 1998 al comprárselo a la empresa pública sevillana Isla Mágica, el mismo precio que seis años antes había pagado esa entidad al Gobierno de Aragón, con el compromiso de asumir su desmontaje, traslado y reubicación en Zaragoza, una operación a la que se ha ido atribuyendo una variada gama de presupuestos que va de los seis a los trece millones de euros.

Esa factura sería objeto de una notable amortización en caso de que una nueva recalificación de los terrenos o un alarde de creatividad jurídica abriera la vía para la construcción de viviendas, o que alguno de los fondos de inversión que operan con geriátricos y residencias de estudiantes lo consideren una ubicación apropiada para su negocio.

¿Se puede heredar un pufo? El Tribunal de Cuentas considera que sí, tanto en dinero como en responsabilidad. Y ese es el motivo por el que reclama 175.000 euros, más unos intereses pendientes de ser calculados, a las dos hermanas de un fallecido secretario municipal que ejerció en Piedratajada (Zaragoza) y al que una investigación del órgano de fiscalización atribuye un desfalco de esa cuantía en las cuentas del consistorio.

La sentencia, la primera que dicta este año la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas declara que el “alcance” o agujero causado por el secretario asciende a 174.959,81 euros, del que declara “responsables contables” a M.L.R.B. y M.J.R.B. “por su condición de causahabientes” o herederas “del finado A.R.B.”, iniciales que correspondían a su hermano secretario.

La resolución indica que “cada una de ellas” responde por la mitad de esa cantidad (87.489,91), que salió de las cuentas municipales como gastos en unos casos y que no llegó a entrar en ellas como ingresos en otros, y debe reintegrarla a las cuentas del consistorio con “los intereses legales devengados desde que se produjo la aceptación de la herencia” a finales de junio de 2017.

El hecho de que esos intereses deban calcularse “año a año” y “según los tipos legales vigentes en las Leyes Generales de Presupuestos de cada ejercicio económico”, es decir del 3% desde 2017 y del 3,25% desde 2023 , añade a la cantidad inicial otros 34.554 euros, a los que se añadirían algo más de 5.600 por cada año que tarden en saldar esa deuda.

El secretario falleció antes de declarar ante el juez

El Tribunal de Cuentas resuelve por esa vía la demanda interpuesta contra las hermanas del secretario por el Ayuntamiento de Piedratajada, que se vio apoyado en su posición por la Fiscalía del órgano de fiscalización, en un procedimiento iniciado en 2019 por una denuncia del consistorio que apuntaba al secretario, fallecido en enero de 2017 tras haber llevado más de 25 años ese municipio y el cercano de Marracos.

El Tribunal de Cuentas acaba fijando el desfalco en esos casi 175.000 euros tras haber analizado y valorado varias estimaciones previas como la de la Diputación de Zaragoza y el ayuntamiento afectado, que ascendía a 547.098 euros, o la de la Fiscalía, que cifraba el agujero en 710.889.

La primera liquidación provisional del propio órgano de fiscalización, fechada a finales de 2021, “concluía, previa y provisionalmente, que los hechos eran susceptibles de generar responsabilidad contable por alcance, por un importe total de 549.034,69 euros, correspondiendo 462.103,33 euros al principal y 86.931,36 euros a los intereses legales”.

El ayuntamiento tuvo las primeras noticias de la presunta existencia de un fraude por una empleada de la sucursal de Ibercaja en la que tenía las cuentas, que les notificó la detección de “movimientos anómalos en las cuentas de los Ayuntamientos de Piedratajada y Marracos consistentes en que una gran cantidad de fondos de dichas cuentas se había transferido a una misma tercera persona”: el secretario A.R.B.

Tras eso, el consistorio denunció los hechos en Fiscalía, que llevó el asunto al juzgado de Ejea de los Caballeros. Este llegó a citar como imputado al secretario, aunque su fallecimiento unos días antes de su declaración, fijada para comienzos de febrero de 2017, llevó al archivo de la causa y dejó al Tribunal de Cuentas como única vía para investigar el desfalco.

600.000 euros de herencia que se quedan en 280.000

Unos meses después, a finales de junio de 2017, las dos hermanas de A.R.B. aceptaban la herencia, el “valor real” declarado de cuyos bienes y derechos ascendía a 611.590.98 euros a los que había que sumar un ajuar doméstico de 18.347,73  y restarle deudas y gastos deducibles por 348.716,59 euros, lo que deja un “importe de masa hereditaria” de 281.222,12, a 140.611,03 para cada una de las codemandadas

Posteriormente, las herederas pagaron 21.256,58 euros de plusvalía municipal y atendieron otros pagos por valor de 194.519,23 para liquidare una deuda del fallecido con la Agencia Tributaria que se encontraba en vía de apremio. 

Sin embargo, esas cantidades no pueden descontarse de la herencia, ya que en el caso de la plusvalía y de Sucesiones el deudor con el ayuntamiento y la comunidad autónoma no es quien lega sino quien hereda, por lo que eso no afecta a la cuantía final, mientras que el débito con Hacienda se considera incluida en los 348.716 euros de “deudas y gastos deducibles”.

Y lo mismo ocurre con la reclamación de una deuda de 140.000 euros por parte de A.V.C., quien previamente había renunciado a recibir como herencia de A.R.B. una pintura de cierto valor, que las hermanas reconocieron (debían liquidarla en 25 años) y de las que aseguran haber pagado al menos 60.000.

“El importe líquido de la herencia”

“No se ha acreditado” la “existencia de un contrato de préstamo o de cualquier otro documento justificativo” de ese débito ni “del concepto por el que se hizo la entrega de dinero”, concluye el tribunal, que anota que tampoco hay ninguna prueba de que ese dinero, cuyo impago tampoco figuraba en el pasivo de la herencia, “no se hubiera restituido” por parte del secretario “con anterioridad a su fallecimiento”.

Eso hace que el valor del legado correspondiente a cada una de las hermanas, de más de 140.000 euros, supere con creces el de la responsabilidad que deben cubrir, de 87.500. 

“La determinación del importe líquido de la herencia es absolutamente transcendental” cuando, como en este asunto, debe aplicarse la norma que limita los pagos a “la cuantía a que ascienda el importe líquido” de la herencia, ya que “fija el límite cuantitativo máximo por el que se podrá exigir responsabilidad contable a dichos causahabientes” o herederos.

Las licencias municipales para las terrazas que explotan los locales de hostelería de Illueca están provocando una etapa de tensión en el ayuntamiento, donde han coincidido en el tiempo las dificultades del Justicia para lograr saber si el teniente de alcalde, Carlos Martín, pagó la suya el último año, con una negociación que ha desembocado en un cambio de formato de esa tasa.

“Está pagado, está todo pagado. Soy el teniente de alcalde, sería una vergüenza si yo mismo no diera ejemplo”, insiste Martín (PSOE), que asegura que ha venido liquidando puntualmente esas tasas por la instalación de mesas en las inmediaciones del bar que lleva años gestionando, el Aloha.

Sin embargo, el Justicia lleva desde noviembre intentando sin éxito que el ayuntamiento le informe de ese extremo para incorporar su respuesta al expediente que está tramitando a raíz de una queja presentada por el portavoz del PP, Ignacio Herrero.

“De nuevo nos ponemos en contacto con usted para informarle [de] que todavía no se ha recibido la información solicitada al Ayuntamiento de Illueca”, la cual “es precisa para resolver la cuestión planteada”, informaba hace unos días por carta la nueva titular del Justiciazgo, Concepción Gimeno, al firmante de la queja“.

Tercer intento del Justicia para obtener información 

“Volvemos a efectuar un requerimiento” al consistorio “recordándole la obligación que tiene de colaborar con esta institución”, explica Gimeno, quien muestra su confianza en que ese nuevo intento de obtener la información “sea atendido y se pueda proseguir la instrucción normal del expediente”.

El anterior responsable del Justicia, el lugarteniente Javier Hernández tras la renuncia de Ángel Dolado, activó el expediente con la queja a mediados de noviembre, tras lo que el día 21 de ese mes informó a Herrero de que “se ha resuelto admitirla a trámite y dirigirnos al Ayuntamiento de Illueca para que nos informe sobre la cuestión que se plantea”.

“En el momento en que tengamos noticias al respecto nos comunicaremos de nuevo con usted”, añadía el documento. 

Sin embargo, dos meses después. el 18 de enero, el Justicia indicaba que “hasta el momento” seguían sin recibir el “informe sobre la cuestión planteada en la queja”, por lo que, “con el fin de cumplir el cometido” de la institución y “atender debidamente su demanda, con esta misma fecha enviamos nuevo escrito” para reclamar los datos y “recordándole su obligación legal de colaborar” con el ‘ombusdman’.

“Está todo pagado, no le debo nada a nadie”

El PP planteó la queja al Justicia tras haber detectado en los decretos del alcalde, José Javier Vicente (Par), con los números del 146 al 153 de 2023 la aprobación de las licencias de ocupación de la vía pública y sus correspondientes tasas para las terrazas de ocho de los nueve establecimientos de hostelería de Illueca, todos fechados el 10 de julio del año pasado, sin que apareciera en ese bloque el local de Martín.

“Lo tengo todo pagado, no le debo nada a nadie. Al Justicia le dijeron que estaba todo pagado y que ningún bar debe nada”, remarca el teniente de alcalde.

“Llama la atención, que justamente falta el del Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento, y que terminada la temporada en septiembre, no hubiera contado con dicha autorización ni, por supuesto, con la correspondiente liquidación. Esta ocultación de información, hace pensar que no ha cumplido”, sostiene, por su parte, Herrero.

La tasa por las veinte mesas del local suponen algo más de mil euros anuales, aunque ese valor va a reducirse a partir de este año, como para el resto de los hosteleros, tras el acuerdo cerrado hace unos días entre el colectivo y los responsables municipales.

El pasado miércoles, tras las consultas de ElDiarioAragon, y con fecha de registro del lunes pero data oficial y firma electrónica de primeros de febrero, el consistorio remitió a Herrero un oficio de la secretaria municipal que reseña dos pagos del teniente de alcalde por 532,70 euros pero sin fecha de solicitud. ¿Por qué no la tiene el Justicia desde hace un mes largo?

El banco zaragozano Ibercaja ha establecido varias marcas operativas en su décimo año de operaciones tras la absorción de Caja3, formalizada el 25 de julio de 2013: una en el cobro de comisiones por la gestión de servicios financieros, que alcanzaron los 450 millones de euros, y otra en sus beneficios netos, que por primera vez superaron, aunque solo por cuatro, los 300.

Sin embargo, y pese a tratarse del primer ejercicio de esa etapa con los tipos oficiales por encima del 2,5%, los 661 millones que ha ingresado por el margen de intereses, es decir, por el rédito que genera el préstamo de dinero, se han quedado por debajo de los 669 que llegó a registrar en 2014, el primer año completo tras la absorción de la ‘fusión fría’ de las antiguas CAI, Caja Círculo y Caja de Badajoz, las tres vinculadas a la iglesia católica en sus orígenes.

Y tampoco ha superado, en este caso por un amplio margen de más de 150 millones de euros, los 1.410 de volumen de negocio que alcanzó en ese primer año de funcionamiento tras la absorción al quedarse en 1.257 pese a la ‘ayuda’ de 146 que, con un incremento interanual del 136%, le generó la contratación de pólizas de seguro.

Esta última línea de negocio aportó el año pasado el 11,6% de los ingresos comerciales de la entidad financiera, que se completaron con 52,6% del margen de intereses y el 35,8% de las comisiones.

Siete años por encima del millón diario

Estas últimas pierden peso en el conjunto del negocio, frente a la participación del 45% y el 47% de los dos años anteriores, aunque, paradójicamente, ese retroceso de entre nueve y once puntos coincide con un aumento del volumen.

En esos dos ejercicios, Ibercaja fue la entidad financiera española en la que la cuota de las comisiones dentro del conjunto del negocio comercial alcanzó mayores registros.

Los ingresos netos por comisiones de Ibercaja alcanzaron el año pasado una cadencia de 1,23 millones diarios, más de 50.000 euros por hora, para mantenerse por séptimo año consecutivo por encima del millón diario con independencia de la mejora del negocio al socaire de las subidas de los tipos de interés del BCE (Banco Central Europeo).

Ibercaja se acerca a la posibilidad de eludir la salida a bolsa

La entidad llama la atención en este ámbito sobre “el comportamiento de las comisiones no bancarias, debido al aumento del volumen de activos gestionados gracias a la fuerte captación y la recuperación de los mercados”, que se añaden a las que se cobran a los clientes por gestiones más corrientes como el mantenimiento de las cuentas o la disponibilidad de tarjetas.

En este sentido, Ibercaja alcanzó en 2023 un récord de aportaciones a fondos de inversión por parte de sus clientes con 3.485 millones de euros, lo que sitúa su cartera en 23.657 y a la entidad en la segunda del país por cuota de mercado con un 19%, al tiempo que las aportaciones a los planes de pensiones aumentaban un 10,4% y la de los seguros de ahorro un 13,5% para llegar a 6.392 y 7.705 millones.

La “estrategia de diversificación” hacia ese tipo de productos, generadores de mayor valor añadido para el banco, elevó los recursos de los clientes un 3,6%, hasta los 71.506 millones de euros, en una tendencia simultánea a la llamativa caída de casi el 10% que acumularon los depósitos y los plazos, que se quedaron en 33.752 millones por dos motivos fundamentales: el trasvase hacia los productos financieros y un mayor ritmo de extracciones por las presiones inflacionistas sobre las economías familiares.

Esos resultados han permitido a la Fundación Ibercaja, el principal accionista del banco, destinar 260 millones de euros al Fondo de Reserva, una decisión que le permitirá eludir la salida a bolsa siempre que el año que viene aporte otros 65.

¿Impuestos de casi un tercio de las ganancias o de menos del 10%?

Las cifras de Ibercaja, una de las únicas tres implicadas en el proceso de fusiones y rescates iniciado en 2008 que, junto con Banca Cívica y CajaSur ha devuelto, el dinero que costó el saneamiento de lo que hoy es (407 millones), ofrecen en esa década una imagen boyante, aunque eso no impide que presente una debilidad generalizada en el sistema financiero español.

Su patrimonio neto era al cierre del pasado mes de diciembre de 3.317 millones de euros, y eso cubre menos del 8% del llamado pasivo exigible, que es el dinero que clientes y otras empresas pueden reclamar de un día para otro.

No obstante, esa tasa del 7,9% que marca la solidez financiera de la entidad se sitúa claramente por encima del 6% escaso que arrojan como media los seis grandes bancos del Ibex35.

En cuanto a los resultados acumulados en esa década, Ibercaja acumula beneficios netos por valor de 1.301 millones de euros tras haber ingresado 3.826 en comisiones y 5.727 en intereses y haber sumado un volumen de negocio comercial de 10.738.

En esos diez años acumula el pago de 403 millones en impuestos, que revelan una presión fiscal mayor o menor en función de con qué indicador se coteja la cifra: alcanzan el 31% sobre la base imponible, que es el beneficio bruto, pero se quedan por debajo del 10% del resultado contable, que incluye 2.359 en provisiones. 

El Ebro inunda estos días la llanura de la ribera zaragozana, como ha venido ocurriendo desde hace siglos, antes de que comenzara y conforme ha ido terminando la construcción de los embalses en sus afluentes, en un ciclo que en los últimos años va consolidando dos inquietantes tendencias.

Circula menos agua por los ríos de la cuenca al mismo tiempo que las crecidas ganan frecuencia, por el cambio de los patrones de lluvias en ambos casos y también por el aumento de la evapotranspiración, de la cubierta vegetal natural y de las demandas para riego en el primero.

Y eso, la menor disponibilidad de agua tanto en el secano como para el regadío y el aumento de las consecuencias catastróficas que las crecidas tienen para la agricultura de ribera, que corren paralelas a las mayores frecuencia e intensidad de otros fenómenos meteorológicos extremos como las heladas, el pedrisco y los vendavales, sigue pasando sin que, de nuevo, se haya arbitrado un sistema específico de seguros para esas áreas que ayude a conciliar una garantía de rentas para los agricultores que año tras año sufren las inundaciones y un nivel de seguridad de los cascos urbanos, que requiere, precisamente, de esos anegamientos.

Ese aspecto específico de lo que ocurre en la ribera con las crecidas, del que se lleva años hablando sin llegar a ninguna conclusión efectiva, no es muy distinto del que comienzan a sufrir, con una intensidad y extensión progresivamente mayores en los últimos años, los agricultores de secano y los de regadío de zonas no ribereñas.

El desfase entre la superficie asegurada y la afectada

Los datos de siniestros de Agroseguro ponen de manifiesto dos asuntos: la intensidad con la que los eventos meteorológicos extremos están sacudiendo a las explotaciones agrarias y el bajo nivel de cobertura frente a esas eventualidades que se da en el campo, algo que las organizaciones agrarias vinculan a la carestía de las pólizas y para lo que llevan tiempo reclamando soluciones al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de Aragón.

Agroseguro ha pagado a cuenta de los siniestros de 2023 un total de 88,4 millones de euros, una cantidad inferior a los 118 de 2022, la mayor en los más de 40 años de existencia del sistema de seguro agrario y en línea con lo ocurrido en el conjunto del Estado.

“El aumento de los fenómenos meteorológicos graves ha sido constante a lo largo de la última década”, señalan fuentes de Agroseguro, que anotan que “la alta siniestralidad e indemnizaciones (..) confirman los graves efectos de la realidad climática actual”: esas cifras suponen, en dos años, el 4,4% y el 5,9% de la renta agraria aragonesa, que ronda los 2.000 millones de euros.

Sin embargo, los daños resultan ser claramente mayores. Así se deduce del cruce de algunos datos como el referente a los cultivos herbáceos (cereal de invierno, cereal de primavera, oleaginosas, legumbres y arroz), afectados básicamente por la sequía y el pedrisco y a los que Agroseguro ha destinado 42,4 millones de euros, casi la mitad de las indemnizaciones.

“La superficie reclamada se ha situado en las 230.000 hectáreas”, informa la entidad aseguradora. Y esa extensión equivale a un 22% de la superficie que ocupan esos cultivos según los datos Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) cuando la merma de la cosecha supera el 33% según las estimaciones del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Aragón, lo que apunta a la existencia de amplias extensiones de cultivos sin asegurar.

Menos agua y mayor radiación solar en Aragón

Esa baja cobertura, que responde principalmente a motivos económicos, se da en todo tipo de producciones agrícolas, desde el frutal al viñedo pasando por la hortaliza y el fruto seco.

Y no parece que la campaña que se encuentra en marcha vaya a ser mejor que la pasada en cuanto a disponibilidad de agua en la zona aragonesa de la margen derecha del Ebro y en el área oriental de la izquierda vistas las bajas reservas embalsadas en todas ellas y la escasez de nieve acumulada en esta última.

A esa situación se le añade otra anomalía que se está consolidando en los últimos meses, según recogen los boletines mensuales de Agricultura, y que entrañan el riesgo de alterar el patrón de crecimiento de los vegetales adelantando las floraciones y aumentando su exposición a eventuales heladas, en línea con lo que ya ha ido ocurriendo en los últimos años.

“La insolación acumulada a lo largo del mes de diciembre fue superior a los valores normales (periodo de referencia 1991-2020) en todo el cuadrante nororiental de la península” y “las anomalías positivas relativas de insolación superaron el 30 % en la provincia de Zaragoza y sur de Navarra; elevándose por encima del 50 % en una pequeña zona del sur de Lleida”, que incluye el extremo meridional de Huesca.

En noviembre se había dado una situación similar, con una anomalía general del 10% al 30% y otra del 30% al 50% en la zona de confluencia de la Litera, el Baix Cinca y el Segrià, mientras que las diferencias superiores al 30% fueron generalizadas en enero en todo Aragón para caer a una franja del 10% al 30% de febrero a abril, mes el que subieron de nivel en la mitad occidental de Teruel.

Un cambio de criterio de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza va a permitir al PP ahorrarse 192.908 euros que, según las conclusiones de otro informe emitido apenas mes y medio antes, debían reintegrar al consistorio los conservadores por haberse excedido en gastos en esa cuantía la pasada legislatura.

En un primer documento, el “Informe definitivo de control financiero de comprobación de los gastos realizados con cargo a las aportaciones presupuestarias a los grupos municipales”, fechado el 22 de diciembre, los interventores concluían que en esos cuatro años el grupo municipal del PP se gastó 211.241 euros de más, una “diferencia” que “debería ser reintegrada por el grupo municipal PP”.

“De la totalidad de gastos realizados en el periodo entre 2019 y 2023, 494.302,07 euros se destinaron a la contratación de personal del grupo, y el resto, 626.285,53, tienen la consideración de gasto ordinario”, reseñaban.

Esta última cifra , anotaban, “duplican la cantidad recibida” para cubrir esa parte de los gastos de funcionamiento, que había ascendido a 312.016,85.

Más dinero para contratar al tener menos personal eventual

“Finalizado el mandato de la Corporación 2019-2023, podemos concluir que (…) deberían reintegrar las siguientes cantidades: 211.241,35 euros del Grupo municipal PP por la parte no justificada de la aportación recibida para la contratación de personal”, recordaba el segundo informe, datado el 24 de enero, y que la señalaba como “pendiente de justificar”.

“Se observó en el trabajo de control financiero que no se habían aportado justificaciones por el total de las aportaciones recibidas”, anotan los interventores, que reseñan también cómo en esa legislatura el acuerdo para la gestión del personal municipal incluyó un aumento de las dotaciones económicas para los grupos del PP y de Vox a cambio de un “detrimento de personal eventual que fue adscrito en favor de los restantes grupos”, ya que “existe un límite legal para la contratación de plantilla eventual que en todo caso debe respetarse y se respetó” en el conjunto del consistorio.

La contrapartida a esa menor disponibilidad de personal fue una mayor dotación económica “en principio concebida para la contratación de personal que asistiese la actividad de los concejales” y de la que los dos partidos “hicieron uso parcial” para disponer de trabajadores dedicados a “tareas de asesoramiento y trabajo administrativo”.

Concretamente, el PP “a partir de 2022 redujo la contratación de personal” mientras que Vox “incluso dejó de contratar”.

Un llamativo olvido por valor de 195.000 euros

Un mes después del primer informe, la Intervención ha dado por buenas las explicaciones del PP, que señalan que el grupo municipal “suscribió en 2019 un convenio” con el partido local, “así como sucesivas adendas que justifican la transferencia periódica de recursos presupuestarios” y que “permite la contratación de personal para la prestación de servicios al grupo”.

Dentro de ese marco, y “coincidiendo con la reducción de personal contratado (…) durante los ejercicios 2022 y 2023, el PP dedicó parte de su personal a la realización de labores de asesoramiento al grupo municipal”, anotaban los conservadores, quienes, curiosamente, se habían olvidado de explicar un detalle de ese calado en la primera fase de la fiscalización de sus gastos.

Concretamente, los conservadores reseñan la cesión de un oficial de primera administrativo con un salario (más cotizaciones) de 55.894,54 euros en 2022 y otro de 28.286,29 entre enero y junio de 2023, un auxiliar con un coste salarial de 29.627 y 17.203 y un titulado superior con otro de 51.304 en 2022 y otro de 12.814 en, solamente, enero y febrero de 2023, que desempeñaron “labores de asesoramiento y asistencia”.

“No hay inconveniente” para la Intervención

“Esas remuneraciones y las aportaciones a la Seguridad Social suman un total de 195.130,62 euros, cantidad superior a los 192.908,03 euros transferidos” por el grupo al partido “durante los ejercicios de 2022 y 2023 (entre enero y junio)”, indica la alegación de los conservadores, que no desglosa esos dos componentes del coste salarial.

Un documento emitido por el gerente del PP de Zaragoza se pronuncia en el mismo sentido, lo que reduce a 18.333,32 euros la cantidad pendiente de justificar por parte de los conservadores, que estos proponen liquidar en transferencias periódicas de 2.619 euros en los próximos siete trimestres.

“Esta justificación se ajusta a la finalidad inicial de contratación de personal por lo que se considera aceptable”, concluyen ahora los interventores, para los que “no hay inconveniente” en aceptar la propuesta de liquidación “minorando el importe de las aportaciones que corresponden al grupo en 2024 y 2025”.

“Resulta de interés la propuesta de la empresa Eventos MPH Directo S.L. consistente en la celebración de tres conciertos (uno por día) con fechas 21, 22 y 23 de junio de 2024, con artistas de proyección nacional e internacional, en el espacio recuperado de la antigua zona Expo de la ciudad de Zaragoza”, concluye el informe del director gerente de la empresa municipal Zaragoza Cultura, David Lozano, sobre la petición para usar ese espacio con esa finalidad que el consistorio estaba tramitando.

Lo curioso es que esa, la que recomienda la adjudicación, es la primera mención a esa sociedad que se hace en todo el expediente, que ya tenía un armazón de más de cincuenta páginas a esa altura de la tramitación.

La solicitud había sido presentada por Zusup Producciones AIE, una agrupación de tres empresas madrileñas que opera en el sector de los espectáculos musicales y que es la que finalmente recibe el visto bueno de la concejala de Cultura, Sara Fernández, para suscribir un convenio con el consistorio para organizar los tres conciertos en la plaza Lucas Miret, la misma que ha acogido las primeras ediciones del festival Vive Latino.

El proceso suscita varias incógnitas: ¿Qué validez tiene una concesión otorgada a una empresa que formalmente no cuenta con el informe favorable de la entidad que debe supervisar su idoneidad? ¿Cuál es el motivo por el que Eventos MPH se cuela en el legajo a las alturas del informe clave? 

Y, por otro lado, ¿cómo es que la concesión de un espacio público se gestiona mediante un convenio entre el ayuntamiento y un promotor privadio en lugar de salir a concurso público?

El Ayuntamiento de Zaragoza no ha respondido por ahora a esas cuestiones planteadas por ElDiario. Tampoco los responsables de Zusup ni de Eventos MHP han contestado a las consultas.

Un informe oficial con ‘cortaypega’ de la solicitud

El asunto, que ya de entrada pone sobre la mesa la existencia de un margen de mejora entre amplio y desmesurado en la supervisión de las actividades de Zaragoza Cultura, una empresa pública que maneja un presupuesto de diez millones de euros, presenta otras curiosidades.

Hay algunas como que la confusión se dé entre dos empresas que trabajan frecuentemente asociadas y que no son desconocidas para el consistorio, ya que una de esas alianzas ha consistido en la gestión del Espacio Z de las fiestas del Pilar como UTE (Unión Temporal de Empresas) con el consistorio zaragozano como licitador y en pujar por la consecución de una nueva contrata para la próxima edición, en la que tienen como potentes rivales a los organizadores de sendos festivales de primera división como Pirineos Sur y el bilbaino BBK.

Eventos MPH, por su parte, también se encarga del grueso de la programación musical del pabellón Príncipe Felipe.

Tampoco deja de resultar llamativa el clamoroso ‘cortaypega’ de párrafos de la instancia inicial del peticionario en el escueto informe, de un folio, del director-gerente de Zaragoza Cultura, que recoge alusiones a “un notable esfuerzo por parte del Ayuntamiento en habilitar y poner en valor determinados espacios de la ciudad, como es el caso de la zona Expo, objetivo para el que ya se han destinado importantes recursos” y a cómo eso ayuda a que “Zaragoza, cuarta ciudad de España en cuanto a población (sic), recupere su antiguo valor como escenario de referencia para citas culturales de primer nivel en el país”.

Así, los responsables de Zusup, o los de MPH, o hasta puede que todos ellos, comparten con Zaragoza Cultura conclusiones como que ese tipo de actividades “convierte la ciudad en destino atractivo para ser incluida -en el caso concreto del ámbito musical- en las giras de los artistas relevantes del panorama nacional e internacional” y “se enmarca bien en la estrategia de respaldo al sector de la música que ha desarrollado con eficacia el Ayuntamiento de Zaragoza, y que se traduce, entre otras iniciativas, en la organización de grandes conciertos”.

La cuota del 30% de música local desaparece del Espacio Z

La propuesta inicial de Zusup anticipaba la presencia en el cartel de Melendi, que “reinterpretara parte del repertorio de sus primeros discos e incluirá canciones que no ha cantado desde hace más de 15 años, además por supuesto, de sus éxitos más emblemáticos”.

Y a esa presencia debía sumarse el resultado de la “negociación [abierta] en estos momentos con grandes artistas y marcas para las otras fechas previstas, de manera que estas continúen dinamizando y poniendo en valor la zona Espacio Expo y la ciudad de Zaragoza”.

Otra decisión del Ayuntamiento de Zaragoza parece corroborar esa tendencia a fomentar la música de procedencia extranjera o, cuando menos, ajena a la ciudad y a la comunidad, ya que de los pliegos de condiciones por los que se regirá este año la explotación del Espacio Z, el mayor de los dedicados a los eventos musicales durante los pilares, se ha caído la obligación de reservar un 30% del cartel para propuestas locales.

Ese venía siendo uno de los rasgos identificativos del recinto, uno de los que mayor afluencia de público joven registra durante las fiestas de la ciudad y que, de esta manera, se convertía en un escaparate para la producción musical local.

Los ganaderos cuyas cabañas se vieron afectadas por la EHE (Enfermedad Hemorrágica Epizoótica), conocida coloquialmente como ‘el virus del mosquito’, van a quedarse sin compensaciones por las pérdidas de ingresos y de cabezas de ganado que han venido sufriendo en los últimos quince meses como consecuencia de esa patología animal.

Ángel Samper, consejero de Agricultura en el gobierno PP-Vox que preside Jorge Azcón, ha utilizado un retorcido argumento para anunciar que su consejería se desentiende de los efectos de la EHE en las explotaciones ganaderas aragonesas y en la cabaña: como no se encuentra entre las epizootias (enfermedades animales) concretas para las que el Estado contempla ayudas al sacrificio, el ejecutivo aragonés no va a habilitar una línea de apoyo.

La decisión ha sido comunicada oficialmente en la respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Chunta Aragonesista Joaquín Palacín, que se había interesado por saber si el Gobierno autonómico tiene previsto “conceder ayudas directas a los ganaderos y ganaderas afectados en sus explotaciones por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica”.

El parlamentario tiene pendiente de respuesta otra pregunta con la que intenta conocer “qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón ante la expansión de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), que afecta a rumiantes, ante la preocupación de los ganaderos aragoneses”.

No es para menos cuando Aragón concentra doce focos de EHE y hay otros tres en las fronteras con Lleida y Castellón, según el mapa oficial del Ministerio de Agricultura,

El posicionamiento de Samper coincide en el tiempo con otros movimientos que comienzan a perfilar un inquietante panorama de recortes, caso de los despidos de cientos de enfermeras que viene denunciando el sindicato Stepa o el tajo en la plantilla de auxiliares de las escuelas que puso de los nervios s las Ampas de medio país al comenzar el curso.

“Las comunidades autónomas, de oficio”, pueden adoptar medidas

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) es una enfermedad infecciosa causada por un virus para el que un mosquito actúa como vector y que “afecta a los rumiantes domésticos, especialmente al ganado bovino, y no es transmisible a la especie humana”, explica Samper, que anota que fue detectada por vez primera en Europa en octubre de 2022 y en España un mes después, aunque en realidad en septiembre ya había llegado a Aragón.

Esa enfermedad no está “incluida en planes y programas de control y erradicación”, añade el consejero, que asegura que “la normativa sólo contempla el otorgamiento de ayudas públicas en el caso de enfermedades incluidas en programas nacionales de lucha, control o erradicación de zoonosis” y, también, que el decreto 389/2011 limita esas indemnizaciones a “la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles”.

“La normativa aplicable limita, pues, los baremos de indemnización a los casos de sacrificio obligatorio de determinadas enfermedades (…), pero no lo prevé para el supuesto de otras enfermedades ganaderas como es la EHE”, dice el consejero de Agricultura, que explica en su respuesta a Palacín que el Real Decreto 389/2011 “establece los baremos de indemnización por el sacrificio de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación” de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles.

Sin embargo, el consejero omite que ese mismo decreto le ofrece, a renglón seguido en el punto b del artículo 1, la posibilidad de aplicar esos mismos baremos para el sacrificio obligatorio de animales “en ausencia de norma específica”; es decir, al margen de esas seis patologías a las que se refiere, como sería el caso de la EHE.

Ese artículo 1.b remite al 8.1.b de la Ley de Sanidad Animal, que incluye el sacrificio obligatorio de animales entre las “medidas cautelares” que “la Administración General del Estado o los órganos competentes de las comunidades autónomas, de oficio o a instancia de la primera, podrán adoptar” para “prevenir la introducción o difusión en el territorio nacional de enfermedades de los animales de declaración obligatoria” (la EHE lo es) y “para prevenir la extensión” de las mismas.

Un decreto de normativa básica ampliable por las comunidades

Por si quedaban dudas acerca del contenido del decreto, su primera disposición final deja claro que “tiene carácter básico”, es decir, que establece un marco general dentro del cual las comunidades autónomas pueden tomar sus propias decisiones.

Y la del Gobierno PP-Vox de Jorge Azcón ha consistido en no ordenar el sacrificio de animales con EHE para atajar la enfermedad y en no aplicar a los ganaderos las indemnizaciones que la ley le habilita a concederles.

Samper, por otro lado, reseña que “el Gobierno de Aragón colaboró con los ganaderos de las comarcas afectadas mediante la ayuda a la adquisición de desinsectantes para aplicar como preventivo a los animales bovinos sensibles” y que la DGA pidió en diciembre al Ministerio de Agricultura “la inclusión de la vacunación obligatoria de la EHE en los programas sanitarios del año 2024” para “favorecer la investigación y desarrollo de una vacuna por el sector farmacéutico”.

El ministerio, añade, “ha respondido (…) manifestando la voluntad de la Administración estatal de promover la investigación y desarrollo de una vacuna específica con dos laboratorios nacionales”.

La multinacional israelí Enlight Energy proyecta instalar en Abizanda (Sobrarbe) un complejo de cuatro hectáreas de baterías de litio del tamaño de un camión para almacenar excedentes de electricidad de origen renovable con el fin de verterlo a la red en las fases diarias de menor producción, las nocturnas para la fotovoltaica y las de calma para la eólica.

La empresa ya ha contactado con el Ayuntamiento de Abizanda y con las consejerías de Economía y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, la primera de las cuales gestiona las competencias del área de la energía mientras de la segunda cuelga el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), organismo del que depende el visto bueno de los impactos que vaya a generar.

Los contactos no abarcan al área de Urbanismo que depende de la Consejería de Fomento, ya que el grado de intervención de ese departamento, como el de los ayuntamientos, depende en iniciativas de esta magnitud de que Economía y la presidencia puedan catalogar o no como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) la iniciativa, lo que reduce notablemente la capacidad de decisión de los primeros.

El proyecto ha generado inquietud en la zona por, básicamente, dos aspectos: el riesgo de incendio en una zona de media montaña con amplia presencia de pino y carrasca y, también, el de que puedan producirse fugas de las bandejas de litio de las baterías que puedan contaminar las tierras y los acuíferos de la zona o llegar al cercano río Cinca y al embalse de Mediano.

Agua para refrescar baterías que operan a más de 90º

El proyecto consiste en la instalación de unas enormes baterías de litio, de tamaño similar al de una caseta de obra larga o una ‘barca’ de camión, que suman 49 Mw (megawatios) de potencia y que tendrían un metro de separación entre una y otra a lo largo de una superficie de cuatro hectáreas (40.000 metros cuadrados).

Las baterías, que operarían de manera alterna de manera que dos colindantes no cargan o descargan electricidad al mismo tiempo, requieren una importante aportación de agua para refrigerar, ya que su temperatura de funcionamiento supera los 90º según la propia información del fabricante, la empresa estadounidense Sungrow.

La línea de evacuación, de media tensión, se proyecta en paralelo a la de alta tensión que evacua la electricidad de la central de Mediano, gestionada por Acciona.

Llama a atención cómo un complejo de ese tipo, del que no hay antecedentes en Europa, se proyecta a menos de cuarenta kilómetros en línea recta de Monzón, donde otra empresa extranjera, en este caso la filial local de una compañía con sede en Singapur, está tramitando los permisos para sondear la existencia de una bolsa de hidrógeno en el aluvial del Cinca.

Y también resulta llamativa la atracción que está generando Aragón para empresas del ámbito tecnológico cuyas instalaciones requieren elevadas aportaciones de agua para la refrigeración, aspecto en el que el almacén eléctrico de Abizanda coincide con las granjas de servidores de Amazon y de Microsoft.

Una multinacional con presencia de los dueños de BlackRock 

El ayuntamiento está negociando con la empresa la ubicación del complejo en una zona de monte comunal. “Eso ya es un filtro. Si se acepta o no tiene que votarse en una asamblea de la comunidad de bienes del monte”, explica el alcalde, Javier Labat Latorre, que asegura que “ya veremos cómo se decide la ubicación del proyecto, que no es algo que vaya a decidir yo como alcalde. Lo decidirán los vecinos”.

“Vamos a ver el tema, que es un proyecto de municipio”, señala, que puede tener un elevado impacto económico en las arcas municipales por la vía de las licencias y los impuestos, aunque estos se reducen notablemente cuando se aplica un PIGA.

Labat Latorre asegura que el complejo de baterías, cuya ubicación sería una zona de pastos que habían ido ocupando las carrascas de manera natural y que después fue roturada, no sería visible desde el pueblo. 

Según señala, el consistorio plantea que las instalaciones puedan incluir un transformador conectado a la comunidad energética formalmente constituida en el municipio o, también, condicionar el proyecto a algún tipo de garantía o aval de que las baterías serían desmanteladas una vez queden fuera de uso.

Enlight Energy, cuyos planes apuntan a comenzar a operar en un año, es una compañía israelí del sector energético en la que el Estado tiene una participación y en la que tienen presencia fondos de inversión estadounidenses como Invesco, MCSI o Vanguard, uno de los principales propietarios de BlackRock. Ha sido contactada por este medio pero, por el momento, no se ha recibido respuesta.

Mueve inversiones por valor de 26.000 millones de euros, y en los últimos años ha ido comprando parques eólicos y fotovoltaicos en varas zonas de España.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, tiene como asesor a Jesús Escario, exalcalde de Loporzano por el PP y que en su primera etapa en ese cargo, a mediados de la pasada década, actuó como percutor de la rebelión cívica contra la proliferación de las macrogranjas que arraigó en toda España con la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Industrial como emblema y grupo catalizador.

El detonante de la creación de la plataforma fue, en diciembre de 2015, la tramitación en el Ayuntamiento de Loporzano de los permisos para instalar dos macrogranjas de cerdos de 1.999 plazas en el municipio, que incluye quince núcleos, que abarca una extensión de casi 170 kilómetros cuadrados y buena parte de cuyos vecinos mostraron una clara preocupación por los eventuales efectos de esas explotaciones en la calidad del agua.

La aprobación inicial de esos proyectos y su remisión al Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) desató una revuelta cívica en la que un número de personas equivalente a la mitad de los vecinos censados, 265 de 536 (hoy son 580), formaban parte de la plataforma, de la que unos años después saldría Loporvenir, la agrupación de electores que gobernó el pueblo la pasada legislatura y cuya lista resultó ser la más votada en las municipales de mayo de 2023.

Pese a esa victoria electoral, Escario, cuya lista del PP había empatado a tres concejales con la de Loporvenir, recuperó el pasado mes de junio la alcaldía gracias al apoyo del único concejal de la FIA.

De 1.452 euros brutos por un 25% de la jornada a 3.446 como asesor

Para entonces, el TSJA y el Supremo habían avalado la tramitación de los permisos para las macrogranjas. Y también uno de los juzgados de Primera Instancia de Huesca había desestimado la demanda en la que el promotor de una de ellas reclamaba una indemnización por daños y perjuicios a varios de los firmantes del recurso contra el proyecto.

Sin embargo, el paso de Escario por el sillón de alcalde, que ya había ocupado entre 2011 y 2019, duró menos de medio año, ya que a mediados de diciembre era sustituido por su teniente, Luis Suelves, tras haber renunciado al cargo a finales de noviembre.

Escario, cuya gestión en ese breve espacio de tiempo incluyó el polémico gasto de 8.000 euros en las fiestas de Bandaliés, cambió de ocupación y de órbita política, ya que dejaba una alcaldía del PP para pasar a trabajar desde finales de diciembre como asesor del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Sámper, uno de los dos miembros del Consejo de Gobierno designados por la ultraderecha de Vox.

También cambió de salario, a mejor en este caso: dejaba de percibir los 17.424,64 euros brutos en catorce pagas (1.452,05 prorrateados al mes) que el pleno del Ayuntamiento de Loporzano le asignó por una dedicación del 25% de la jornada, en lo que resultaba ser uno de los sueldos nominales de alcalde más elevados de Aragón, para pasar a cobrar 41.359 anuales (2.954 por paga, 3.446 en prorrateo) como asesor del consejero en el Gobierno más costoso de la autonomía.

El consejero que llama a “mantener la tensión”

La llegada de Escario a la consejería ha coincidido con una etapa de alboroto mediático en ese área, con asuntos como el retórico debate en torno a un hipotético trasvase de agua del Ebro a Catalunya, que sería el octavo que soporta la cuenca, o la surgencia, en paralelo a las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias, de otras autodenominadas “espontáneas” y a las que, quizás por la clara sintonía de sus mensajes con planteamientos de la ultraderecha como los ataques a las anteriores y el rechazo a los cauces establecidos de representación, Samper se ha mostrado especialmente receptivo aunque, paradójicamente, hasta primeros de agosto era el ‘número 1’ de Asaja en Aragón.

Así, Samper animó hace unos días a las plataformas, a cuyos representantes reconoció como “interlocutores válidos” en asuntos agrarios, a “mantener la tensión” para lograr que la UE “doble la rodilla”, en una intervención que, aunque en otro ámbito conflictual, no dejaba de evocar aquel “apreteu” del catalán Quim Torra.

Ese posicionamiento hizo que el PSOE reclamara su dimisión, aunque el PP de Jorge Azcón salió rápidamente a respaldar al consejero. “Nadie ha llamado a la revuelta o al desorden público”, sostuvieron desde las filas conservadoras poniendo venda en una herida inexistente.

Samper ha efectuado varias intervenciones llamativas acerca de la UE desde que ocupa el cargo de consejero. Una de ellas tuvo lugar en diciembre, cuando al visitar el matadero Fribín, en Binéfar, aseguró que “se ha demonizado la carne por parte de ideas erróneas que llegan de Europa”. “Hay que ir de la mano de la ciencia y no de la ideología”, anotó.

“Por parte de nuestro grupo tiene todo nuestro apoyo, porque entendemos que está donde tiene que estar, y es la mejor forma de representar al Gobierno de todos los aragoneses”, dijo hace unos días el portavoz de los ultras en las Cortes, Santiago Morón, que había convocado una rueda de prensa más dirigida a tensar la cuerda con sus socios del PP en torno a la baqueteada figura del consejero que a otra cosa.

Morón dejó claro que la ultraderecha se prepara para hacer causa de la continuidad de Samper en el Gobierno de Jorge Azcón.

La compañía semipública de distribución de gas Enagás ubica en Monzón (Huesca) una producción de más de 250.000 toneladas anuales de hidrógeno para finales de esta década cuando ni siquiera han comenzado los sondeos que, de ser autorizados por el Gobierno de Aragón, deben confirmar o descartar la existencia de una bolsa de ese gas bajo el aluvial del Cinca.

Las previsiones de Enagás superan con creces las que maneja la propia empresa promotora de los sondeos, Helios Aragón, cuyos documentos iniciales apuntaban la posibilidad de extraer, con una inversión de 900 millones de euros, en torno a 55.000 toneladas anuales de ese gas durante un periodo de “20 o 30 años” a partir de 2028.

Las estimaciones de Enagás plantean una producción anual entre cuatro y cinco veces superior a la que maneja de salida la promotora, que todavía no dispone de los permisos para desarrollar los sondeos.

De hecho, el Gobierno de Aragón ha enfriado el relato oficial en torno al proyecto al asegurar hace unas semanas su consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, que “no hay expediente” ninguno en tramitación en su departamento.

“El proyecto de extracción de hidrógeno natural del promotor Helios Aragón en Monzón del que se solicita información no ha sido presentado ante esta Administración ambiental, por lo que no hay expediente al respecto y nada se puede decir sobre su régimen de autorización”, señalaba Blasco a mediados de diciembre.

Un mapa sin referencia al Nudo Mudéjar

Enagás ubica, según consta en un documento remitido hace unos días a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), un ‘punto de concentración de producción’ de más de 250.000 toneladas anuales de hidrógeno en Monzón para el año 2030, uno más tarde de la fecha en la que Helios, una empresa formada por antiguos ejecutivos de empresas del sector petrolero y dependiente de una matriz societaria con sede en Singapur, pretende iniciar las extracciones.

Y coloca otro punto de concentración de producción de entre 100.000 y 250.000 toneladas anuales en otro área indeterminada entre el Moncayo y las Cinco Villas mientras, curiosamente, mantiene despejadas comarcas como las Cuencas Mineras, donde la propia Enagás impulsa con Naturgy, Vestas y Fertiberia proyecta una planta de producción de ese gas para abastecer con 40.000 toneladas anuales a la factoría que el último de esos grupos opera en Sagunto.

Endesa, por su parte, tiene previsto destinar a la generación de hidrógeno la producción del grueso del millar de megawatios (ampliable a 1.200) para los que ha obtenido permiso de conexión en el Nudo Mudéjar.

Y también se ubica en las comarcas turolenses el proyecto para fabricar amoniaco añadiendo nitrógeno al hidrógeno que promueven Tervalis y EDP.

Con la excepción de Endesa y Helios, y tal y como también ocurre con Químicas del Ebro en Alfajarín y con el proyecto H2Pillar en La Zaida y El Burgo, el resto del hidrógeno que se prevé generar en Aragón tiene ya destino.

Fuentes de Enagás declinaron dar más detalles acerca del proyecto, anotaron que el mapa tiene un carácter “genérico” y señalaron que el documento recoge “un sondeo del sector sobre el interés que hay en torno a la producción de hidrógeno” y a su demanda.

“Los datos de previsión de producción de cada empresa no podemos facilitarlos por motivos de confidencialidad”, añadieron.

Tres años antes de comenzar a construir la red

La producción del ‘punto de concentración’ de Monzón vendría a suponer una décima parte del total del país en 2030, aunque diez años más tarde su peso se reduciría notablemente de cumplirse las expectativas de Enagás, que estima para 2040 una producción total de 8,7 millones de toneladas y un consumo de 1,5.

“Permite atender tanto el consumo nacional como la exportación por H2Med y portadores”, indica el documento sobre el escenario de 2030, en el que destaca el “potencial de España para convertirse en el primer hub de hidrógeno de Europa”, mientras que para una década más tarde resalta el “interés en [una] potencial conexión con Marruecos y con Argelia”.

Enagás integra ese punto en la red troncal española que, al menos sobre el papel, debe servir de canal de abastecimiento al H2Med, el hidroducto que debe conectar Barcelona con Marsella para iniciar la comercialización a escala industrial del hidrógeno, un fluido al que algunos señalan como eventual sustituto del gas natural a medio plazo aunque todavía no ha comenzado su explotación comercial.

De cumplirse esos cálculos, el ‘sobrante’ anual de España sería de 7,2 millones de toneladas cuyo consumo sería dirigido a Europa mediante ramales por Francia, y desde allí a Córcega y Cerdeña; por Italia, con salto a Sicilia, y por Alemania, con cuatro eventuales conexiones con África desde el primero y el tercero de esos países y otra con Reino Unido desde el segundo.

La construcción de esa red troncal, no obstante, no comenzaría antes de 2027, una fecha en la que ya debería saberse si hay hidrógeno bajo el aluvial del Cinca en caso de que Helios obtenga finalmente los permisos para efectuar los sondeos.

“Existe aún mucho camino que recorrer, puesto que existen demandas de empleo en el territorio que no son cubiertas y que nos hacen observar la necesidad de recualificar ciertos sectores de la población”, asegura el Gobierno de Aragón en una de las primeras ocasiones en las que el ejecutivo, aunque desde un área sin competencias en esa materia, admite, si no el fracaso, cuando menos el pinchazo de sus políticas activas de empleo.

Ese punto es uno de los que mayor consenso genera entre los agentes sociales a la hora de analizar la situación laboral del país: los aparatos de formación y de recolocación de los desempleados no funcionan ni a escala estatal, en la que actúan como compartimentos estancos, ni a escala autonómica, donde la posibilidad de cargarle el muerto a otra administración se reduce claramente.

Ese problema, el del gripado de las políticas activas de empleo, se revela mayor, si cabe, ante los procesos de digitalización, automatización y robotización que se están dando tanto en el tejido productivo español como en el aragonés.

En cualquier caso, tampoco hay que esperar grandes avances durante los próximos años en este ámbito, ya que el apartado de empleo del pacto de gobierno entre el PP de Jorge Azcón y la ultraderecha de Vox se reduce a reseñar una serie de vaguedades por lo pronto, y ahí está la ‘prueba del nueve’ de su grado de priorización, no han entrado en los primeros Presupuestos de la coalición de populistas y ultras.

“Ajustaremos la formación y la recualificación de los trabajadores a las necesidades empresariales de la comunidad”, indica el pacto, que recoge otras iniciativas de las que tampoco hay noticias como “elaborar un mapa de necesidades”, “crear un Centro Formativo Especial para dar respuesta a las necesidades del mundo rural” o poner en marcha “una ‘Bolsa de Empleo Joven’ que facilite la búsqueda de empleo a la población juvenil”.

Síntomas de gripado en el tejido productivo aragonés

Las afirmaciones aparecen en la respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista y exconsejera de Economía Marta Gastón, que había solicitado al Gobierno una valoración de los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) del tercer trimestre del año pasado.

“Los datos de la EPA reflejan la situación del desempleo”, ante la que “es importante mantener los buenos niveles demostrados en los últimos ocho años”, señalaba la diputada.

El ejecutivo PP-Vox que dirige Jorge Azcón, que primero atribuyó la respuesta a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, y unas semanas después a la de Educación, Claudia Pérez, sostiene que “en Aragón son adecuados los datos en comparación con la media nacional” y que “ el mercado de trabajo viene mostrando una notable resiliencia, tanto en Aragón como en el conjunto de España, a pesar de la paulatina ralentización en el ritmo de actividad económica. Esta tendencia no es sólo española, sino global y generalizada entre las economías avanzadas”.

Sin embargo, los propios datos de la EPA apuntan a un estrechamiento de la brecha que, con saldos favorables, mantiene el tejido productivo aragonés en relación con el estatal.

Ocurre con la tasa de desempleo, en la que el diferencial de 4,6 puntos del cierre de 2021 ha caído en dos años al 3,9%, y con la de actividad en las personas en edad laboral (16 a 64 años), en que se ha reducido de 2,56 a 2,27 puntos.

Esos registros indican que en los dos últimos años, en los que el mercado laboral ha alcanzado cotas históricas por, básicamente, la combinación de las nuevas normas laborales, las políticas salariales de redistribución, la inyección de dinero europeo y el refuerzo del consumo, Aragón comienza a perder pistonada: tanto el crecimiento de la actividad como el decrecimiento del desempleo han sido menores que en el conjunto del Estado.

“El peor comportamiento de la población activa desde la pandemia”

No es que la respuesta obvie esas realidades, aunque no deja de resultar curioso que el diagnóstico provenga de dos departamentos sin capacidad para abordarlas al estar esas competencias concentradas en la consejería de Economía que dirige la vicepresidenta segunda Mar Vaquero.

Así, el documento recoge cómo en 2023 el crecimiento de la población activa tuvo “unas tasas débiles, pero positivas”, en lo que resultó ser “el peor comportamiento de la población activa en Aragón desde la pandemia”, cuyo porcentaje, no obstante, “sigue superando la media de España”.

Y achaca ese “menor dinamismo por comparación con el promedio nacional” a “una demografía también menos dinámica, pero también debido a las mayores tasas de actividad tradicionalmente existentes en la comunidad autónoma”.

“El empleo (ocupados) aumenta desde 2020 en Aragón a menor ritmo que la media nacional”, añade la respuesta parlamentaria, que llama la atención acerca del “mejor comportamiento del colectivo femenino, que muestra un mayor dinamismo tanto en lo que respecta a la población activa como en la evolución del empleo”, cuya tasa de crecimiento supera a la masculina (3% por 1,5%) en línea con la tendencia del conjunto del Estado.

También sigue siendo superior su tasa de desempleo, que alcanza el 9,3% de su población activa frente al 6,4% de paro masculino en Aragón.

“La era de los alimentos baratos se ha terminado”, coinciden en sentenciar desde hace un par de años los agricultores, los responsables de la industria agroalimentaria y los gestores de las cadenas de distribución, conscientes del cómo la comida se ha convertido en una de las nuevas presas de los procesos de financiarización de la economía.

Y eso, dado que no se ha acabado la era de los sueldos bajos ni de las rentas escuetas, y ya que las medidas de alivio frente a la inflación tienen un efecto limitado al no actuar sobre los precios sino sobre el recargo que se aplica a esos precios en forma de impuesto, está generando serios problemas a un número inquietantemente elevado de familias.

Existen pocos datos oficiales sobre ese fenómeno, pero los pocos de los que se dispone indican que las dificultades para llenar la nevera están creciendo en extensión y en intensidad, en lo que se revela como otro foco de incremento de la desigualdad tras un encarecimiento generalizado de los alimentos que, según los datos Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanza el 29,98% en tres años en Aragón.

Entre las pocas fuentes que manejan datos sobre ese asunto se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza, que maneja un indicador como el de los datos de las ayudas de urgente necesidad para familias con dificultades económicas.

Tres de cada cuatro ayudas de emergencia son para poder comer

Entre enero y noviembre de 2023, los Servicios Sociales del consistorio zaragozano recibieron 32.205 solicitudes de ayudas para la adquisición de alimentos de las que fueron aprobadas 30.262 (94%), con el grueso de las casi 2.000 restantes en proceso de tramitación.

La cuantía media de estas alcanzó los 270,47 euros, casi treinta por encima de los 241,75 de 2022, mientras que el incremento del número de las concedidas alcanzó el 4,7%, lo que supuso en esos once meses un total de 7,81 millones de euros.

Las ayudas de urgente necesidad para comida, que permiten adquirir alimentos de primera necesidad y artículos de higiene en dos cadenas de supermercados (Alcampo y Eroski) mediante tarjetas de prepago, suponen prácticamente tres cuartas partes del total de las que concede el Ayuntamiento de Zaragoza, 30.262 de 41.674 y el 59,86% del importe concedido, a mucha distancia en todos los casos de las relacionadas con la vivienda, con los servicios básicos, con la enseñanza y con la salud.

Los requisitos económicos de acceso limitan las rentas de los solicitantes a 1,25 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) (10.500 euros brutos anuales) incrementados en un 20% por miembro del grupo de convivencia a partir del segundo; es decir, 14.700 para una familia de tres miembros y 16.800 para una de cuatro.

Una bolsa de más de 24.000 familias necesitadas

A esos más de 30.000 beneficiarios zaragozanos de las ayudas de  urgente necesidad para llenar la nevera se les añade el grueso de los casi 25.000 beneficiarios en esa provincia, 24.838 en la primera fase de 2023 y 25.595 en la segunda, del programa de reparto de comida para personas en situación de vulnerabilidad que gestiona el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a través de instituciones como los bancos de alimentos y Cruz Roja.

Por mucho que algunos usuarios puedan haber solicitado ayuda en más de una ocasión a cada uno de esos dispositivos, la cifra mínima de grupos de convivencia que necesitan ayuda económica para poder alimentarse con unas mínimas condiciones de calidad sería la de los 24.838 beneficiarios de la primera fase del FEGA, una cifra que en una ciudad con menos de 280.00 apunta a una amplia extensión de la pobreza.

La petición de ayudas de ese tipo está creciendo en los últimos años de manera paralela a cómo se está cronificando el escalón inflacionista que comenzó a levantarse en la primavera de 2021 para comenzar a relajarse tras el verano de 2023, aunque no se trata de un abaratamiento de los precios de venta al público de los productos alimentarios, sino de una ralentización de su encarecimiento tras un acelerón previo.

Así, el aumento de la demanda de ayudas de urgente necesidad en el Ayuntamiento de Zaragoza es “el más elevado” de todos los epígrafes, mientras que “en cuanto al importe, se registra un aumento en todos los conceptos, salvo en energía; es más acusado el crecimiento en alimentación que en el resto de conceptos”, señala un informe municipal.

Los alimentos básicos han subido de un 25% a un 50% en tres años

Esa combinación ha hecho que en tres años, desde finales de 2020 hasta comienzos de 2024, los dos tipos de  carne de mayor consumo, la de pollo y la de cerdo, hayan subido prácticamente un 28%, mientras que otros alimentos básicos como el pan lo han hecho en un 26,5%, los huevos en casi un 53% y la leche, en cerca de un 40%.

Eso significa que los alimentos básicos se han encarecido, en números redondos, entre una cuarta parte y la mitad en tres años; es decir, que para comprar lo que a finales de costaba 2021 cuatro euros ahora hacen falta cinco o seis.

Dejando aparte al aceite, cuyo precio de venta al público se ha duplicado con creces en ese periodo para encarecerse en un 136,5% según los datos del INE, las subidas de precio de los alimentos han sido generalizadas.

Así, el precio del pescado ha aumentado un 22%, el de los derivados lácteos, las legumbres y las hortalizas ha subido un 30% y el de la fruta lo ha hecho en un 31,5%.

“Estamos completamente decepcionados. Nunca esperábamos esto. Es una barbaridad. Se está pagando caprichos con dinero público”, denuncia la portavoz del PSOE en Cuarte de Huerva, Merche Pérez, tras aflorar en el último pleno una serie de gastos de hostelería y alimentación cargados a las arcas municipales por el equipo de gobierno PP-Vox que encabeza la conservadora Elena Lacalle.

“Los ciudadanos hacemos un gran esfuerzo para pagar nuestros impuestos, y no estamos dispuestos a que se pague con nuestro dinero los caprichos del equipo de gobierno”, añade Pérez.

Los gastos en cuestión incluyen tickets de comida sin identificación de los comensales, gastos en tapas, cervezas y vinos cuya frecuencia en los viernes a mediodía resulta cuando menos llamativa, gastos como 585 euros en un “ágape de fiestas”, que en realidad era una cena el jueves 27 de julio, o, entre otros, un aperitivo de 104 euros fechado el 31 de agosto en el que figura como concepto “visualización partido selección”.

“No sabemos a quién se le paga las comidas. No sabemos a quién se invita, pero invitar con dinero público es duro, la verdad”, señala la concejala, que llama la atención sobre un ticket de un almuerzo de 290 euros.

“Se han pagado más de 2.300 euros en cafés en cinco meses”

Pérez llama la atención sobre la aparición de varios tickets de comidas en un bar cercano al ayuntamiento, “cuando todos los concejales vivimos a cinco minutos”, y de otros con conceptos como “alimentos miembros corporación”, “comida reunión concejales” y “hasta el roscón de Reyes”, este último por un valor de 53,50 euros.

“En cinco meses se ha pagado en cafés más de 2.300 euros”, denuncia la edil del PSOE, que esgrime otras dispendios como 1.596 euros en “fruta para almorzar” o en leche.

A esto se le suma la comanda para el ágape que el 22 de diciembre celebraron los trabajadores municipales y los miembros de la corporación: “Lo sorprendente es que se compre cava Reyes de Aragón, 18 botellas, entiendo que para los trabajadores, porque eran a 4,50 euros, y tres botellas de Moët Chandon, de champán, por importe de 35,90 cada una: 107 euros”.

“Supongo que esas botellas serían para los altos cargos. Me parece lamentable”, anota Pérez.

Las facturas de este tipo de gastos se encontraban dentro de un paquete de más de 250 que la alcaldesa Lacalle llevó al último pleno para aprobar su pago dentro de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, en procedimiento que se utiliza en los ayuntamientos para dar cobertura legal a los gastos sin respaldo presupuestario.

Invitar en el bar requiere un beneficio para “los intereses públicos”

El expediente, cuya cuantía asciende a 157.608,43 euros y en el que se incluyen desde 14.157 para pagar contenedores a 2.776 para labores de poda, corresponde “a gastos efectuados en ejercicios anteriores y están incluidos en la contabilidad municipal del ejercicio 2024”, señala la alcaldesa.

La Intervención llama la atención sobre cómo las facturas correspondientes a tres bares incluyen “conceptos de invitación a personas ajenas a la corporación” cuando “la tramitación de los gastos de esta naturaleza” requiere “una memoria en la que se especifique los motivos que justifican la realización del gasto con un beneficio o utilidad para los intereses públicos”. 

Ese requisito, cuya finalidad es tan simple y cabal como evitar que los cargos públicos puedan dedicarse a beber y comer a costa del erario y sin que afecte a sus sueldos e indemnizaciones, no ha sido cumplido, obviamente, en el caso de los aperitivos, comidas y rondas de Cuarte de Huerva.

En el caso de Lacalle, esa remuneración asciende a 57.509,90 euros brutos anuales, divididos en catorce pagas de 4.107,85 y para el que el ayuntamiento asume “el pago de las cuotas empresariales que corresponda” por ello a la Seguridad Social.

La alcaldesa dispone, además, de una tarjeta con un límite de gasto diario de 1.100 euros “destinada al pago de gastos protocolarios o de representación, así como a pequeños gastos que pudieran surgir en material no inventariable”, según reza el decreto por el que ella misma lo ordenó el 16 de octubre.

Un retahíla de irregularidades

La Intervención, ha detectado otras irregularidades en el paquete de facturas, como el hecho de que los gastos de 20 proveedores superen los 1.500 euros sin que previamente se hubiera solicitado la retención de crédito o hubiera una propuesta de gasto, tal y como establece la normativa, ni tampoco fueron sometidos a un trámite previo de fiscalización o intervención.

“Se han tramitado como contratos menores” los cargos de 71 proveedores que “realizan obras, servicios y suministros continuados y repetitivos” para el consistorio, por lo que, anota, “se debe proceder a licitar los correspondientes contratos” de acuerdo con la ley.

“Las facturas presentadas por estos proveedores corresponden a servicios necesarios de carácter permanente y perfectamente previsibles”, pero con el equipo de gobierno PP-Vox de Cuarte “se encargan de manera reiterada y de forma concatenada en el tiempo con el mismo contratista” eludiendo “el procedimiento de contratación oportuno”, añade.

La Intervención también ha detectado el pago reiterado a un profesional por trabajos de arquitectura, “prestaciones (…) que corresponden a necesidades permanentes de la Administración reservadas a personal funcionario”. “No es posible la contratación de empleados públicos mediante contrato de servicios”, concluye.

La Intervención municipal ha detectado irregularidades en la gestión de las horas extraordinarias del Ayuntamiento de Calatayud, que entre los meses de julio y agosto supusieron un coste de casi 10.000 euros para el consistorio al que unos meses después, en noviembre, se añadieron otros algo más de 6.000.

El informe de la Intervención referente a las liquidaciones del verano le recuerda al ayuntamiento, que gobierna el PP con mayoría absoluta y con José Manuel Aranda como alcalde, que “de acuerdo con la legislación vigente, es preceptiva la fiscalización previa del expediente”.

Es decir, que el consistorio no puede liquidar las horas extraordinarias sin que antes el órgano de fiscalización supervise la legalidad de esa propuesta e informe de su procedencia o, en su caso, de las vulneraciones legales que podría conllevar.

Y también recuerda que tanto en el Pacto de Funcionarios como el el convenio colectivo vigentes “se suprime con carácter general la realización de servicios especiales o extraordinarios, los cuales, de realizarse, se compensarán por horas de descanso y sólo cuando sea imposible la compensación horaria, se llevará a cabo la compensación económica”.

No es el primer informe en el que la Intervención cuestiona la gestión del consistorio bilbilitano, en el que ya había detectado un riesgo “grave” de que pudieran producirse irregularidades en el área de Tesorería y varios de carácter “significativo” en las de Subvenciones, Contratación, Convenios e Ingresos

Más de 7.000 euros en horas extra en un mes en la Policía

Sin embargo, en el caso de la Policía Local el alcalde emitió ya el 11 de agosto una resolución por la que, tras acordarlo con la representación sindical de los policías, acuerda gratificar con 22 euros más la parte proporcional de los pluses cada hora de “servicios extraordinarios prestados por los miembros de la Policía Local, que sean necesarios realizar para la prestación de un servicio público adecuado, hasta la firma del próximo pacto aplicable a funcionarios”.

El motivo se encuentra en que la gratificación de esas horas extra mediante compensaciones horarias no sería viable vista la situación en la que se encuentra la plantilla, que “hará necesario reforzar en ocasiones el servicio”.

“En los próximos meses se producirá una falta de efectivos en el Cuerpo de Policía Local de Calatayud con motivo de diversas situaciones de incapacidad temporal y paternidad por las que atraviesan o atravesarán algunos de sus miembros”, explica la resolución, que añade que a estas se les sumarán las derivadas de “las excedencias que se producirán como consecuencia de que varios de sus miembros han conseguido plaza en otra localidad”

Las minutas de horas extra de los policías ascienden en un mes a 5.764, en otro a 7.832 y en otro a 4.301, lo que, a 22 euros la hora, apunta a un exceso de jornada de entre 195 y 356 horas en la plantilla, es decir, a la falta de entre uno y tres efectivos para poder prestar el servicio en condiciones.

En cualquier caso, y según reseña el informe de la Intervención, el cuadrante de horas extra de la Policía Local es el único que permite conocer con claridad a qué responden las horas, algo que no ocurre con el resto de servicios.

El riesgo de no cobrar las horas por improvisar

“En dicho cuadrante, consta el nombre y apellidos, la fecha de realización de las horas, una sucinta referencia al motivo que las origina, número de horas e importe”, señala el documento, que anota cómo en el caso del personal de Deportes “consta el motivo de su realización pero no la fecha ni hora de realización de los servicios” y en el de Conserjería aparece “una sucinta referencia del motivo que los origina, la fecha y número de horas, pero no el horario de realización”.

“A juicio de esta Intervención, la motivación de la causa de realización de los servicios es escueta, no constando mención alguna del por qué resulta imposible su compensación horaria”, recoge el escrito, que dictamina que a partir de ahora el ayuntamiento deberá incluir la “relación de fichajes acreditativa del día y hora de prestación del servicio” y un “informe del empleado responsable del servicio y, en su caso, del concejal de área correspondiente en el que conste”.

En ese informe debe aparecer una “relación de servicios extraordinarios que incluya, como mínimo, la fecha, hora ‘desde hasta, número de horas e importe por hora y total”, y también se especifique la “causa, con el suficiente detalle, que motiva su realización” y el motivo por el que “resulta imposible su compensación horaria”.

El documento de la Intervención, que recuerda que esas recomendaciones pasarían a convertirse en obligaciones de ser incluidas en el Plan Anual de Control Financiero, plantea que “los servicios extraordinarios sean autorizados con carácter previo a su realización cuando las circunstancia lo permitan” y advierte de uno de los riesgos de gestionar esas horas extraordinarias como se hace en el Ayuntamiento de Calatayud.

Sin una “adecuada planificación” de la ejecución del presupuesto, y especialmente cuando no haya sido “retenido previamente” el dinero necesario, “se podría dar la situación de imposibilidad de reconocimiento de las obligaciones por falta de crédito presupuestario y, por tanto, demora en la misma o imposibilidad de compensación económica”.

El equipo de gobierno de Natalia Chueca (PP) tiene ya avanzado el siguiente capítulo del proceso de mercantilización de la información municipal: tras el viraje que supuso encomendar a Microsoft el equipamiento informático de la que en las últimas décadas había sido la principal capital española del dato abierto, los conservadores están cerrando la tramitación de una ordenanza municipal con la que el consistorio se pertrecha para poder vender sus datos.

¿Y qué es un dato? Pues, en resumen, casi todo lo que se pueda difundir o generar a través de una web: el borrador de la ordenanza lo define como “toda representación digital de actos, hechos o información, así como su recopilación, incluso como grabación sonora, visual o audiovisual”.

La Ordenanza de Gobierno del Dato, cuya fase de alegaciones finalizó hace a mediados de este mes de enero aunque su versión definitiva y de aplicación tardará unos meses en conocerse, deja poco espacio para las dudas cuando en su artículo 31, que regula la “remuneración por la reutilización”, establece que “la reutilización de datos corporativos puestos a disposición previa solicitud se podrá sujetar a una tarifa”.

Eso significa que pasará a ser de pago la información municipal que pueda solicitar una entidad vecinal o un movimiento social, por ejemplo, y que no se encuentre entre “los conjuntos de datos abiertos” ni “los conjuntos de datos corporativos” que “estén publicados”, el acceso a los cuales será gratuito.

Esa tarifa, señala el artículo del borrador, se establecerá de acuerdo con “los costes marginales producidos por la puesta a disposición incluyendo, en su caso, los relativos a la anonimización de datos personales y a las medidas adoptadas para proteger el secreto profesional o empresarial”.

La tarifa se calculará en cada caso

El importe de esa tarifa lo “calculará en cada caso” el “órgano o unidad responsables de la gestión del conjunto de datos”, aunque no incluye ninguna fórmula para estimarlo: ¿Incluirá la mano de obra funcionarial? ¿Tendrá en cuenta el uso o desgaste de los equipos informáticos? ¿Y el consumo eléctrico?

La ordenanza prevé que, además del ayuntamiento, también “las bibliotecas, museos y archivos podrán establecer una tarifa por la reutilización de los conjuntos de datos que publiquen”.

El importe de esta última “se calculará y se revisará con periodicidad anual por la unidad u organismo responsable de la gestión del conjunto de datos” y será publicado “junto a los criterios objetivos, transparentes y comprobables utilizados para fijarlo”, obligación que no afecta a las anteriores.

El borrador establece que “los ingresos totales obtenidos en un ejercicio a través de dicha tarifa no deberán superar los costes generados por la gestión y publicación de estos datos”, aunque con un matiz destacable: esa estimación de costes podrá verse incrementada con un recargo de “en no más de cinco puntos porcentuales”.

Por último, el borrador de la ordenanza, que a falta de mayor concreción en el texto definitivo omite cualquier referencia a si medios de comunicación y entidades declaradas de interés social estarán también sujetos al pago, sí contempla que “las entidades del sector público estarán obligadas al pago de los importes previstos en este artículo cuando reutilicen un conjunto de datos para actividades ajenas a sus funciones de servicio público”.

Una variada gama de licencias de acceso

El borrador de la ordenanza municipal también contempla la puesta en marcha de un sistema de licencias, aunque “la información pública disponible en el portal de transparencia o la que se ponga a disposición” de los ciudadanos previa solicitud “se podrá reutilizar libremente”, aunque con algunas excepciones.

Cuando se trate de “conjuntos de datos cuya descripción esté publicada en uno o más catálogos de datos reutilizables (…) se aplicará la licencia que conste en la misma y, excepcionalmente, aquella para la que se indique otra cosa en el lugar de la publicación o en la resolución que acuerde la puesta a disposición”.

Y, aunque de manera general “el Ayuntamiento de Zaragoza aplicará a la reutilización de sus conjuntos de datos la licencia Creative Commons by 4.0”, el consistorio ase habilita para, en “casos justificados” sobre cuyos motivos de justificación no especifica nada, “aplicar licencias que impongan condiciones adicionales, someter la reutilización a una tarifa o prohibirla”.

En cualquier caso, “no podrán ser reutilizados, salvo cuando se les asigne expresamente una licencia”, los datos que el consistorio “trata para finalidades ajenas a sus funciones de servicio público” ni tampoco “los conservados por centros educativos y culturales dependientes de dicha Administración, salvo las bibliotecas”, ni los “obtenidos por entidades del sector público empresarial local en actividades ajenas a los sectores del agua, la energía y los transportes”.

Por último, la versión inicial de la ordenanza habilita al consistorio para “sujetar excepcionalmente” a “licencias específicas” el uso de “los conjuntos de datos corporativos” siempre que las condiciones “sean objetivas, proporcionadas, no discriminatorias y estén justificadas por un objetivo de interés público”.

Y contempla también la posibilidad de “establecer derechos exclusivos sobre un conjunto de datos corporativo a favor de uno o varios reutilizadores” cuando el ayuntamiento lo considere “necesario para la prestación de un servicio o el suministro de un producto de interés general”, con unas condiciones que se registrarán en “un acto administrativo o figura contractual”, que deberá ser publicado en el portal de datos y que en general serán revisadas cada tres años.

El artículo 33: un régimen sancionador con lagunas

El borrador de la ordenanza se cierra con un régimen de infracciones y sanciones que se mueve a caballo entre el punitivismo y la inconcreción, algo que, cuando se trata de un régimen sancionador, deja las puertas abiertas a la arbitrariedad.

El apartado se arranca tipificando como infracción muy grave, sancionada con multas de 50.000 a 100.000 euros, “la reutilización de los datos desnaturalizando su sentido y, en particular, cuando se haga para la elaboración y difusión de noticias o informaciones falsas o engañosas, cuyo impacto sea elevado por su naturaleza, el alcance de su difusión o la vulnerabilidad de los destinatarios”.

El planteamiento sería más comprensible si ese “artículo 33” (sic, ese es el ordinal elegido) explicara en qué consiste la ‘desnaturalización’ de un dato, cómo se evalúan la falsedad o la tendencia al engaño de una información, qué es la ‘naturaleza’ del impacto de una noticia, cuáles son los grados de su difusión, qué es lo que sitúa a quién, y en qué grado, como vulnerable, de qué consta la vulnerabilidad y, en fin, cuál es la diferencia entre una noticia falsa y otra errónea.

El desaguisado jurídico gana intensidad en los puntos cuatro y cinco de ese artículo 33, el primero de los cuales prevé graduar las multas a partir de otra retahíla de condicionantes entre los que los hay de nuevo alguno indefinido, como “la naturaleza de la información reutilizada”, al volumen de dicha información, o subjetivo, como el “grado de intencionalidad” y “cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en cada infracción”.

El punto cinco y el artículo 34, por último, obvian un principio jurídico fundamental como el ‘non bis in ídem’, que impide imponer más de unas sanción por un único hecho, en un caso en relación con la normativa de protección de datos y en el otro con las jurisdicciones civil y criminal, las cuales considera compatibles.

La ordenanza prevé multas de 10.000 a 50.000 euros por varias conductas entre las que incluye, en este caso como infracción de carácter grave, “la reutilización de los datos desnaturalizando su sentido y, en particular, cuando se haga para la elaboración y difusión de noticias o informaciones falsas o engañosas”.

Ilumina Senegal, la activa asociación de ciudadanos de origen africano que ya puso en marcha la tienda Top Manta de Zaragoza y que ha impulsado varias iniciativas de carácter comunitario, ha puesto en marcha una oficina de asistencia jurídica dirigida básicamente a personas de origen migrante aunque abierta en la práctica también a autóctonos.

La entidad africana ha puesto en marcha el servicio de asistencia jurídica en coordinación con Diálogo y Acuerdo, una asociación zaragozana sin ánimo de lucro con casi una década de trayectoria y que centra su labor en la mediación en áreas como la social, la familiar y la educativa, además de en materia de extranjería.

“Pretendemos llegar a toda la gente y dar una respuesta completa y abierta a sus problemas y preocupaciones”, explica Idrissa Gueye, portavoz de Ilumina Senegal, quien señala que el servicio combina la asistencia jurídica con la mediación.

En este sentido, anota que pretenden “aplicar a los procesos sociales” esa fórmula y utilizarla como método para “solucionar de manera dialogada los problemas que la convivencia crea”.

“Abierto a toda la gente, la autóctona y la inmigrante”

El servicio, que comenzó a operar el pasado 11 de enero, abre sus puertas los jueves de seis a ocho de la tarde en el número 6 de la calle Colón, entre la avenida Tenor Fleta y el Camino de las Torres.

El servicio de asistencia cuenta con tres abogados especializados en derechos civiles, asuntos de extranjería y procesos penales, así como en la mediación, un sistema de resolución extrajudicial de conflictos cuya aplicación se va extendiendo poco a poco en paralelo a la actividad de los tribunales en ámbitos como el laboral y el de familia y, en menor medida, en el criminal.

“Creemos que ésta es un instrumento muy eficaz  si queremos ‘crear comunidad”, señala el senegalés, que aboga por utilizar la mediación para “crear espacios donde se pueda juntar todo tipo de gente si queremos unos barrios y una sociedad más dialogante, más abiertos más acogedores, con mayor integración”.

Se trata de “un servicio social de orientación y mediación”, indica Gueye, que ponen en marcha “abierto a toda la gente, a la autóctona y a la inmigrante, de todo tipo de edad y de todo tipo de orientación sexual, y sin ningún tipo de discriminación por origen, procedencia, ideas o creencias”.

Un servicio con cita previa

El servicio de asistencia opera con cita previa que se puede obtener contactando con el correo electrónico somiluminacuerdo@gmail.com o con el número de teléfono 657 041 845.

Los letrados atendieron las primeras consultas de usuarios el mismo día de la apertura del servicio, que incluyó un acto en el que intervinieron Gueye y los abogados Jesús Jiménez e Ignacio Vivas, representantes de Diálogo y Acuerdo.

Ilumina Senegal ya impulsó hace unos años una cooperativa que elaboraba parte de las prendas que se vendían en la tienda Top Manta de la Magdalena.

Si el dinero es un indicador riqueza, cuando menos monetaria, y el endeudamiento se presenta a menudo como otro de actividad, en este caso por su evidente relación con la financiación de inversiones, los datos de depósitos y de créditos que maneja el Banco de España ofrecen claras señales de la existencia de un incipiente gripado de la economía aragonesa.

Según esos registros del emisor español, los excedentes de renta se están reduciendo a un ritmo de diez millones diarios mientras el saldo vivo (pendiente de liquidar) de créditos y préstamos lo hace a otro de siete y medio, unas cadencias que apuntan a que el volumen de gasto de hogares y empresas supera con claridad al de sus ingresos y a que ambos ‘actores económicos’ comienzan a renunciar a la financiación bancaria para equilibrar los descuadres o para emprender nuevos negocios.

En este último aspecto tiene una influencia clave la disparatada subida de los tipos de interés hasta el 4,5% para las operaciones corrientes decretado por un BCE (Banco Central Europeo) que, carente de responsabilidades en materia macroeconómica más allá del control de la inflación, ha apostado por la receta tradicional de encarecer el dinero para un alza de precios con origen en la oferta, en lugar de en la demanda, con el resultado de una caída de la eurozona en recesión.

Aunque no es ese dato el fundamental sino otro: el del 4% en el que desde septiembre lleva fijada la remuneración de la llamada ‘facilidad de depósito’ y que marca lo que los bancos cobran del propio BCE por colocar su dinero en la ventanilla, un rendimiento sin riesgo de impagos que desincentiva la oferta de préstamos por debajo del 4% y que es la causa principal de que ya en noviembre el interés medio del crédito a empresas superara el 5%, el de consumo pasara del 7,4% y el de las hipotecas renegociadas no bajara del 4% pese a la caída del euríbor.

Los datos del crédito y de los depósitos

Los datos del Banco de España cifran en 29.431 millones de euros en volumen de endeudamiento bancario de familias y empresas en Aragón en septiembre de 2023 (último dato disponible), una cifra inferior en 2.569 a la del cierre del año anterior, lo que sitúa el ritmo de reducción en 9,4 millones diarios, 65,8 semanales.

Esos 29.431 millones de euros suponen la primera caída del registro por debajo de los 30.000 desde junio de 2005, cuando alcanzaba los 28.450 en pleno proceso de inflado de una burbuja inmobiliaria con la que el sector financiero llegaría a establecer un récord de 47.964 millones prestados en diciembre de 2008, en vísperas de una crisis habitacional y de destrucción de empleo y de unidades productivas de la que todavía quedan heridas.

Ese volumen de deuda, en cuya reducción tiene una clara incidencia el nivel prohibitivo de los precios de la vivienda, sigue duplicando el de algo menos de 14.000 con el que las sociedades y los hogares aragoneses recibieron el cambio de siglo y de moneda hace ya 24 años.

La mengua tiene una magnitud similar en el caso de los depósitos, que en esos mismos nueve meses se redujeron en 2.754 para, a un ritmo de algo más de diez diarios, quedarse en 37.835.

En este caso, no obstante, las cifras se mantienen más de 2.000 millones por encima de las del cierre de 2019 y el primer trimestre de 2020, lo que parece apuntar a que en el caso de las familias, principalmente en las de mayores niveles de renta, se mantiene parte de la bolsa de ahorro que se generó durante los confinamientos por la pandemia y en el de las empresas, parte de los ingresos y ganancias extraordinarios que, según todos los observadores, ha provocado el año y medio de alza de precios, con el efecto contrario para las economías familiares, al socaire de los precios de la energía, la guerra de Ucrania y la especulación.

De hecho, la cantidad de dinero mantenido por empresas y por hogares en depósitos y plazos solo se ha mantenido por encima de los 38.000 millones de euros entre junio de 2020 y marzo de 2023.

La morosidad denunciada alcanza niveles históricos

Hay algunos datos más que apuntan a ese incipiente gripado de la actividad económica en Aragón, entre ellos uno que señala en dirección a un aumento de la morosidad del que vienen alertando algunos agentes sociales como Cepyme y que normalmente se interpreta como un preludio de una ola de insolvencias.

Los monitorios, los procedimientos judiciales en los que los particulares se reclaman deudas impagadas, básicamente facturas no atendidas, alcanzaron en 2022 en Aragón una histórica cifra de 23.400, según los datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) que lleva camino de verse superada en 2023 tras sumar 18.077 de enero a septiembre.

Solo en dos ejercicios, en 2009 y en 2010, en la fase de mayor intensidad de la crisis que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, la cifra de demandas monitorias presentadas en los juzgados aragoneses había superado los 22.000, lo que permite hacerse una idea de los efectos que el encarecimiento del crédito está teniendo ahora sobre las familias y sobre el tejido productivo.

La economía aragonesa se encuentra en la parte baja de la clasificación de las comunidades autónomas por la relación entre la magnitud de su PIB (Producto Interior Bruto), de 41.763 millones de euros en 2022 y con previsiones de llegar a los 42.600 en 2023, y los depósitos bancarios de sus agentes económicos, mientras que se sitúa en la zona media cuando esta se compara con el volumen de endeudamiento; y, en ambos casos, claramente por debajo de la media.

La ratio de los depósitos se queda en el 90,6%, lejos de la media estatal del 104,75% y de la que se da en comunidades como Castilla y León o Euskadi, por encima del 120%, aunque claramente por encima del 76,7% y el 84,3% con el que cierran la clasificación Murcia y Catalunya.

La del endeudamiento resulta ser del 76,8%, casi trece puntos por debajo del promedio estatal del 89,6% y alejada, de nuevo, de Baleares, Asturias y Euskadi, donde se supera el 85%, y también de Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja, las cuatro por debajo del 70%.

La construcción de un muro perimetral de 1,2 metros de altura alrededor del colegio María Zambrano de Torrero, en Zaragoza, es solo una “medida complementaria de seguridad” ante las crecidas del barranco de la Muerte, que el 6 de julio registró una crecida que arrasó sus instalaciones por haber sido construido en zona inundable, como el llamado Tercer Cinturón, y para la cual “la medida principal es la regulación y desvío del cauce que se ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Las explicaciones corresponden a la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, y constan en varias de las respuestas que ha emitido a una batería de preguntas parlamentarias del diputado autonómico de IU, Álvaro Sanz.

“Esta actuación se considera medida complementaria de seguridad”, señala en varias ocasiones la consejera, que asegura que en su departamento “no disponemos de más información sobre el informe que debe emitir la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)” ante la propuesta municipal por ser el organismo competente sobre la gestión de los cauces fluviales.

La idea de desviar el cauce procede de un estudio elaborado por dos ingenieros de los despachos Laboratorio de Ensayos Técnicos, S.L. (Ensaya) y EID Consultores, que propone “construir un canal que arranque en el barranco existente y que discurra por la parte trasera del colegio” y del cuartel de la Policía Local para desaguar en el Tercer Cinturón“, señala la consejera, quien anota que ”esta actuación u otra de protección del área que se considere oportuna, es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza“.

Desviar un barranco para proteger un colegio en la capital

El consistorio, añade, trasladó a la consejería a primeros de agosto que “ha encargado con carácter de emergencia” un estudio que incluya una “caracterización hidrológica” de la barrancada, una “modelización de la cuenca del barranco y calibración de los resultados”, un “nuevo cálculo extremal (sic) y análisis de vulnerabilidad” y un “estudio de soluciones para la disminución del riesgo de inundación del área”.

La alusión a los cálculos se refiere en realidad a un cálculo de las distintas crecidas previsibles con los distintos periodos de retorno en el cauce, una estimación que normalmente se realiza con periodicidad de un año, un lustro, una década, cincuenta años, un siglo y cinco y diez siglos.

En cualquier caso, tanto los encargos del ayuntamiento como las primeras aportaciones de los ingenieros y las explicaciones de la Consejería de Educación presentan varios puntos de confluencia entre los que destaca uno: la presencia del colegio en el cauce del barranco entraña un grave riesgo de inundación y, en consecuencia, para la integridad física de sus usuarios, que resultan ser 450 niños, además del personal docente y el de servicios.

Lo cual, a su vez, no deja de encontrarse en sintonía con la resolución que en su día emitió El Justicia sobre la situación de riesgo del colegio María Zambrano que quedó constatada con la riada del 6 de julio.

La resolución del ‘ombusdman’ aragonés sugería al Ayuntamiento de Zaragoza que buscara solares “para un posible cambio de ubicación” del centro “de conformidad con las previsiones de suelo que establece el PGOU” y con “un estudio de riesgos naturales”, es decir, fuera de áreas inundables; reclamaba al Gobierno de Aragón “que facilite la tramitación del expediente de traslado” en “el menor plazo posible” y, también, proponía a ambos, a la CHE y a la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) que, “de forma coordinada (..) elaboren y pongan en marcha los protocolos necesarios de alarma y evacuación ante situaciones de riesgo como la acontecida”.

Cerrar una escuela con 21 niños en un pueblo

La batería de preguntas del diputado de IU incluía aspectos como la falta de materiales didácticos, que el ejecutivo considera solventadas, y las carencias de personal en el centro tras la riada, así como a las previsiones de informar de la situación a las familias y al personal, algo que ya ha comenzado a activar y que incluye un simulacro de evacuación realizado el 18 de septiembre.

La decisión del Departamento de Educación de alterar el medio natural en la capital para intentar dotar de seguridad a un colegio que se encuentra expuesto a riesgos naturales de calado, materializada en su apoyo al plan del ayuntamiento, que pretende nada más ni nada menos que el desvío de un barranco, contrasta con su posición en el pueblo de Caneto (Huesca), donde ha dejado a 21 niños sin clase argumentando que el edificio en el que se venían desarrollando las clases en los últimos cinco años resulta inseguro.

El problema tiene en realidad carácter documental, y político, obviamente, ya que la causa del cierre se encuentra en el proceso de legalización del solar sobre el que se levanta la escuela, cuya cesión al Ayuntamiento de La Fueva, del que depende Caneto, está incluida en el nuevo Plan Urbanístico, que el consistorio ha tenido que rehacer tras tumbar su redacción inicial el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) en un pleito relacionado con la instalación de parques de placas solares.

“Hay un grupo de alumnos matriculados en el CEIP La Fueva de la localidad de Tierrantona (Huesca) que están recibiendo el servicio educativo en unas dependencias no legalizadas en la localidad de Caneto”, señalaba la Dirección General de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón.

“No consta expediente alguno sobre el servicio escolar” en cuestión en sus archivos, aseguraba en una carta dirigida a los responsables de la escuela de La Fueva, que basaba su decisión de cerrar el espacio educativo de Caneto y ordenar el traslado de los alumnos a la capital del municipio en unos “informes de la Unidad Técnica de Construcción de ese Servicio Provincial, así como de la Inspección Educativa”.

Se trata de la misma Administración que, hasta donde se sabe, nunca advirtió de los riesgos de inundación en el María Zambrano ni puso peros a su construcción en el cauce del mismo barranco que ahora, años después, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sostienen que hay que desviar.