La familia de Haitam Mejri, fallecido en un locutorio de Torremolinos durante una intervención policial, asegura que recurrirá el archivo de la causa. “Por mucho que quieran dilatar esto, no nos vamos a cansar. Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, anticipa su hermano Nasser, que ya preveía que la jueza achacaría la muerte al “delirio agitado” de Haitam, causante a su vez de un fallo cardiaco que le produjo la muerte súbita. “Lo que me sorprende es que después de tantas pruebas y datos hayan preferido encubrir esta locura”, señala Nasser, que ha ejercido de portavoz familiar desde la muerte de su hermano.

La decisión de la jueza de instrucción abre ahora la puerta a que una instancia superior valore si hay algún delito en la actuación policial. “Sólo pido que el próximo juez que lea el recurso mire las pruebas; que no me crea a mí o a nadie, sino que vea los hechos y juzgue si es justo que no se investigue esta causa, sin tomar siquiera declaración a los policías”, proclama Nasser, que ve en el archivo elementos de prevaricación judicial que se sumaría a los presuntos delitos de lesiones, torturas, homicidio, omisión del deber de socorro o falsificación documental que observa en los vídeos: “La jueza no ha querido investigar nada. Seguimos teniendo esperanza en que se haga justicia, pero lo que nos ha tocado dejan mucho que desear y se delatan con sus hechos”.

Los abogados de la familia ya presentaron ante el Consejo del Poder Judicial una queja contra la jueza, por entender que ha entorpecido su derecho a la tutela judicial efectiva denegándole la práctica de diligencias y limitando su derecho a recurrir.

Reacción de partidos, ONG y sindicatos policiales

El archivo de la causa por la jueza provocó este jueves la reacción crítica de partidos de izquierda y entidades de derechos humanos, y la celebración de sindicatos policiales.

“Esto no es hacer justicia: es dar portazo a la verdad. El archivo es un insulto y provoca profunda tristeza por Haitam y por su familia. Vergüenza de actuación judicial. Espero que el recurso prospere y se haga justicia”, escribió Toni Valero, uno de los diputados de IU que ha interpelado al Gobierno por este asunto.

“Sin una justicia plegada al racismo y al mantenimiento de los privilegios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se entendería esta impunidad insoportable. Nadie con un mínimo de honradez que haya escuchado los audios de la policía puede archivar este caso”, posteó Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió la reapertura del caso, depuración de responsabilidades penales, transparencia y revisión del uso de las táser.

“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente una obligación del Estado investigar muertes en contextos de actuaciones policiales”, advierte Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, que cita algunos elementos del caso: el uso de táser a una persona bajo los efectos de las drogas o con delirio agitado [el fabricante desaconseja su uso en esos casos] mediante aplicación directa, “que es más doloroso y puede suponer tortura”, el uso de spray estando inmovilizado... “Hay una discusión sobre la relación causal entre estos elementos de la actuación policial y la muerte de una persona que en ningún momento supuso una amenaza vital para los agentes u otras personas. Es una obligación del Estado investigarlo con todos los estándares internacionales en la mano”, señala Canales a elDiario.es.

En un hilo en X, Amnistía Internacional califica de “inaceptable” el archivo basado únicamente en la autopsia.

Defensa “sin matices” de los sindicatos policiales

En cambio, los sindicatos policiales han celebrado el archivo. “Nadie quería ese resultado y dimos en directo el pésame a sus familiares. Ahora bien, nada justifica el acoso que han recibido mis compañeros desde el primer día y espero que esto pare”, señaló Laura García, portavoz de Jupol, que antes había posteado: “Espero que salgan a pedir disculpas todos los que apuntaron a los #policias como autores de su muerte. Pero esperaré sentada porque no lo harán”.

“Hoy no pedimos aplausos. Pedimos memoria. Y, sobre todo, lo que queremos es que esto sirva para recordar cuál debe ser siempre la razón de ser de los sindicatos policiales: defender a los policías, sin matices y desde el primer instante”, señala Unión Federal de Policías.

Algunos de estos sindicatos difundieron durante días versiones apócrifas que achacaban al fallecido intenciones delictivas. El 10 de diciembre, tres días después de la muerte, Jupol tuiteó: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron en #Torremolinos ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”.

Los vídeos que muestran la intervención completa (3 horas y 40 minutos) no muestran que les recibiera al grito de “Alá es grande” (sí les dijo que iba a rezar, justo después de decirles “voy a colaborar con vosotros”) ni que “esgrimiera unas tijeras”: no se observa ninguna amenaza y sí que lleva unas tijeras escolares que suelta cuando se lo dicen. Jupol no ha retirado su post.

La jueza sólo apunta al consumo de droga

Tras cinco meses de instrucción en los que ha recabado los vídeos y los informes de autopsia, pero no ha tomado declaración ni a los agentes ni a posibles testigos de los hechos, la jueza María José Alcázar ha concluido que la muerte del hombre se debió únicamente a que el consumo de cocaína le causó un cuadro de “delirio agitado” que le produjo la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria, y que la intervención policial no merece ningún reproche penal.

La jueza sustenta el archivo en el informe oficial de autopsia, que concluye que la muerte de Haitam tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”. La autopsia oficial rebaja a 19 las 86 lesiones documentadas en el informe encargado por la familia al doctor Aitor Curiel.

La autopsia del IML también reduce las entre siete y once descargas táser que se cuentan en los vídeos a sólo dos, en pierna y hombro. “Hasta ahora sólo teníamos el documento que registra el uso del primer táser, que marcaba que se había utilizado cuatro veces. Ahora tenemos también la del segundo, que marca que se ha usado ocho veces. Son once descargas en la franja crítica con 18,85 segundos acumulados de corriente”, señala su hermano. “Métele más táser”, insiste un agente durante la intervención.

Los forenses han encontrado 0,15 mg/l de cocaína y trazas muy inferiores de ketamina, MDMA y cannabis. Señalan que es inferior a las concentraciones letales, pero la sitúan como causa exclusiva del fallo cardiaco, con la intermediación del “delirio agitado”, un cuadro no reconocido por la OMS y cuyo uso habitual en contextos de muertes en inmovilizaciones policiales han denunciado algunas entidades de derechos humanos.

Los vídeos de la intervención policial

Haitam, que tenía 35 años, falleció el pasado 7 de diciembre durante una intervención de seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios (todas menos una cuando ya estaba en el suelo y tres de ellas cuando ya estaba engrilletado), le golpearon en la cabeza, le rociaron gas pimienta y le presionaron piernas y tórax para inmovilizarlo durante varios minutos, según se observa en los vídeos. Cuando los sanitarios que trataban de reanimarlo preguntaron qué había pasado, no les dijeron que le habían aplicado la táser.

Haitam había entrado buscando un cargador de móvil, muy agitado y bajo los efectos de las drogas. Forcejeó con el dueño del local, que dio el aviso por un presunto intento de robo, que en realidad no era tal, a tenor de lo que se ve en las imágenes: no cogió dinero de la caja registradora abierta, sino que se limitó a buscar el cargador. No portaba ningún objeto peligroso ni amenazó a los agentes, y sí les dijo en reiteradas ocasiones que iba a colaborar, ofreciendo su mano para que lo engrilletaran.

La intervención policial quedó registrada en cuatro vídeos (dos del local y dos de las cámaras asociadas a la táser) que la jueza incorporó a la causa. Su hermano Nasser subraya que las imágenes muestran una evidencia. “Puedo comprar la subjetividad en la causa de la muerte, aunque cualquiera con dos dedos de frente ve lo que hay y sabe a qué se debe. Pero la falsificación documental [en el atestado] y la desproporción usando táser cuando mi hermano estaba reducido son cosas objetivas que no se pueden refutar”.

La jueza que investigaba la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en Torremolinos el pasado 7 de diciembre ha archivado la investigación, según han informado fuentes judiciales en un comunicado. El archivo, que no es definitivo, ha sido recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. El abogado de la familia explica que lo que ha hecho ahora la jueza es resolver negativamente el recurso que él interpuso contra su primera decisión de archivar el caso, a mediados de febrero.

La jueza se basa en el reciente informe del Instituto de Medicina Legal (IML) que concluye que la muerte del hombre, de 35 años, se produjo por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en un “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias”.

Según se desprende de los vídeos grabados aquella tarde y desvelados por elDiario.es (dos del local y dos de las cámaras asociadas a las táser) Haitam Mejri recibió entre siete y once descargas eléctricas de entre 1.000 y 2.000 voltios, golpes, gas pimienta y fue inmovilizado presionándole piernas y tronco, después de que entrara, visiblemente agitado, a pedir un cargador de móvil.

Dos informes contradictorios

La familia sostiene que de las imágenes se extrae un uso desproporcionado de la fuerza, y que los seis agentes que intervinieron se excedieron conscientemente, lo que podría constituir incluso un asesinato.

La familia aportó un informe del especialista Aitor Curiel, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense y presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, que concluye que la muerte no se habría producido en ese lugar y en ese momento de no haber mediado una intervención policial como la que se produjo, y documenta 86 lesiones en el cadáver.

También dispone de un contrainforme que rebate las conclusiones del IML respecto a la relevancia del consumo de drogas, y señala que “en ausencia de dosis letales en sangre, la actuación policial se alza como el elemento más claro, objetivo y compatible con la causa que desencadenó el fallecimiento, superando cualquier riesgo derivado del consumo recreativo previo”.  

La jueza de instrucción no ve nada de eso, y sigue el criterio de los dos forenses que firman el informe del IML, atribuyendo la muerte al “delirio agitado” causado por el consumo de cocaína y agravado por unas patologías coronarias (desconocidas hasta ahora por la familia), lo que le habría producido la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria.

Según los forenses, Haitam sufrió un cuadro de delirio agitado caracterizado por la “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”. El delirio agitado es un diagnóstico no reconocido por la OMS o por las principales asociaciones de psiquiatría, muy controvertido por su caracterización difusa y su empleo en el diagnóstico de muertes en intervenciones policiales.

Recurso ante la Audiencia Provincial

El comunicado explica que el auto de archivo considera que la autopsia realizada por el IML es más concluyente que el informe de la autopsia presentada por la parte, “que no es concluyente, está basada en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima”.

La jueza confirma así la decisión que ya adoptó en febrero, cuando archivó a la espera de los resultados de la autopsia del IML, denegando la práctica de cualquier otra diligencia entre tanto.

Aquella decisión, que la familia no pudo recurrir entonces, motivó también que los letrados presentaran ante el Consejo General del Poder Judicial una queja contra la jueza, a la que acusan de vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. En la queja razonan que no se han practicado diligencias que podrían ser esenciales, como la toma de declaración a los propios policías (ya sea como testigos o como investigados) o la identificación de testigos.

Apoyada también en el criterio de la Fiscalía, la jueza no ha practicado ninguna de esas diligencias en los últimos tres meses, y ha archivado dos días después de recibir el informe del IML.

Fuentes judiciales explican que el procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales.

El informe definitivo de autopsia de Haitam Mejri, elaborado por el Instituto de Medicina Legal, concluye que el hombre, que el pasado 7 de diciembre fue reducido en Torremolinos por seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas eléctricas (según se observa en los vídeos), gas irritante, golpes y presión continuada en tronco y piernas, murió como consecuencia del “síndrome de delirio agitado”, que se habría producido como “reacción adversa” al consumo de drogas, fundamentalmente cocaína, agravada por las patologías cardiacas que padecía Haitam, de 35 años.

La familia Mejri dispone de otro informe, encargado por ellos al doctor Aitor Curiel, que documenta 86 lesiones (entre ellas, las producidas por al menos siete descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios y una gran herida contusa en la cabeza) y concluye que no habría muerto “en ese momento ni en esa forma” de no haberse producido esa intervención policial.

El síndrome de delirio agitado se describe como un estado de agitación extrema que puede desembocar en muerte súbita. Suele asociarse al fallecimiento bajo custodia policial de personas que han consumido drogas y son inmovilizadas, y es cuestionado por algunas entidades de derechos humanos porque puede enmascarar situaciones de abuso y muertes por asfixia.

Sólo encuentra dos descargas táser

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) llega cinco meses después de la muerte de Haitam, una vez que se han incorporado los análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La muerte de Haitam es “de origen violento” y tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”, según sostiene el IML, adelantado por Sur y al que este medio ha tenido acceso.

El informe no atribuye a las descargas de táser, las maniobras de sujeción o los golpes que le propinaron los agentes ningún peso en el fallecimiento. Reduce las 86 lesiones documentadas por el doctor Aitor Curiel a sólo 19, ninguna de las cuales supueso riesgo vital y todas “compatibles con mecanismos de compresión y rozamiento probablemente producidas por las maniobras de reducción”.

De las siete descargas que recoge el informe de parte, o las once que cuenta la familia al ver los vídeos, sólo recoge dos, en pierna y hombro. Son las dos que ya consignó la forense que acudió al levantamiento del cadáver, siguiendo lo que le dijeron los agentes.

La conclusión de los dos forenses que lo firman es que Haitam sufrió un “cuadro de delirio agitado”, un síndrome caracterizado por una “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”, que puede agraverse por las drogas y “evolucionar rápidamente a muerte súbita”, según el informe.

Un “lugar común” para muertes bajo custodia policial

Se trata de un síndrome controvertido. No está reconocido en el DSM-5 (el manual de referencia en psiquiatría) o por la OMS, pero en los últimos años se ha extendido para explicar muertes durante intervenciones policiales que incluyen la inmovilización mecánica del sujeto.

Algunos especialistas ven en él un cuadro no suficientemente descrito por la literatura científica y sin consenso y que puede servir para atribuir a una causa endógena muertes que, de no mediar la intervención, no se habrían producido. Así lo destaca un informe de Physicians for Human Rights, una ONG internacional de derechos humanos vinculada al ámbito sanitario, que en 2022 concluyó que es un diagnóstico sin fundamento y un “lugar común” para explicar muertes bajo custodia policial en Estados Unidos.

En 2023, el Gobernador del Estado de California modificó la ley procesal para prohibir el reconocimiento del “delirio agitado” como “diagnóstico médico válido o causa de muerte” en los certificados de fallecimiento.

En España, el concepto se importa desde Estados Unidos hace relativamente poco. Un trabajo publicado en la Revista de la Escuela de Medicina Legal en 2009 recopila la literatura científica publicada hasta ese momento: “El estrés producido por la percepción personal de peligro o amenaza a la vida produce un mecanismo de lucha o huida que conduce a un paro cardíaco”. De esta forma, la agitación produce una estimulación del sistema nervioso simpático y una “disminución brusca” de los niveles de potasio tras el cese del forcejeo junto con un incremento en los niveles de catecolaminas que, agravado por el uso de drogas o medicación, o una enfermedad previa, pueden explicar la muerte. Otro estudio de 2010 imputó ocho muertes a este síndrome en Andalucía en el periodo 2003-2009. Ambos estudios están liderados por Fernando Martín Cazorla, autor también de un libro sobre la materia y forense del IML en Málaga, quien no es autor del informe de Haitam.

Mencionado en la respuesta del Gobierno

La forense que acudió al levantamiento del cadáver ya hizo constar que la posible causa de la muerte era “delirio agitado/RADA [acrónimo de Reacción Agónica de Defensa Activa]”. Una de las características de este presunto síndrome es la hipertermia, y el cuerpo de Haitam estaba a 39,6 grados.

El Gobierno también abrió la puerta del delirio agitado en la respuesta parlamentaria que dio a dos diputados de IU, mes y medio antes de que elaborara el informe de autopsia, y a pesar de que la pregunta de los dos diputados no se mencionaba tal síndrome.

El informe del IML se apoya en las pruebas toxicológicas realizadas en Sevilla, que hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre. El informe sólo analiza la concentración de cocaína, la más alta, y señala que es inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Es la única sustancia de la que se concluye que su consumo fue reciente, ya que se encontraron restos sin metabolizar. El propio Haitam advirtió a los agentes de que había consumido drogas.

El informe del IML también ha hallado varias patologías cardiacas asociadas al consumo de cocaína que habrían influido en la muerte. La familia asegura que en su historial clínico no hay ningún antecedente de estas patologías, y que el único órgano que su perito no ha podido examinar es el corazón.

Archivo provisional hasta recibir este informe

La titular del juzgado de instrucción 1 de Torremolinos archivó provisionalmente la investigación de la muerte de Haitam el pasado febrero, condicionando su reapertura a las conclusiones de este informe. La decisión fue recurrida por la familia, que cree que la actuación policial que se observa en los vídeos grabados por las cámaras del local y las asociadas a las dos pistolas táser usadas por los agentes justifica la investigación por presuntos delitos de lesiones, omisión del deber de socorro, homicidio o incluso asesinato, y cree que hay diligencias que deberían practicarse con independencia de las conclusiones de la autopsia. La familia ha elevado una queja al Consejo del Poder Judicial.

El pasado 7 de diciembre, Haitam irrumpió muy alterado en un locutorio de Torremolinos. Buscaba un cargador para su móvil, y tras forcejear con el dueño, que huyó, desencajó la mampara del mostrador y comenzó a revolverlo todo. Mientras, el dueño llamaba al 112, que dio aviso a la Policía, que envío a una patrulla Zeta (dos agentes) al local con el aviso de un posible robo.

Tal y como desvelaron los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, el primer agente entró con la táser desenfundada y durante un par de minutos mantuvo con él una conversación en la que Haitam insistió en que quería colaborar y que su única intención era cargar el móvil. Haitam no portaba ningún elemento peligroso (durante unos segundos tuvo unas tijeras escolares que soltó cuando se lo pidieron) ni amenazó a los agentes o les fue hostil.

Cuando fue a darles la mano para que lo engrilletaran se le resbaló el móvil, y al intentar recogerlo se le abalanzaron para sujetarlo, comenzando entonces una intervención de seis policías en la que le dispararon dos táser entre siete y once veces, le golpearon en la cara, le rociaron la boca con spray pimienta y le inmovilizaron colocándose sobre sus piernas y tórax, mientras se animaban a darle “más táser” y él pedía que pararan y advertía de la existencia de cámaras. Con los minutos se fue apagando y murió.

Christine Ruiz-Picasso falleció este pasado lunes, 6 de abril, a las 18.00 horas a los 97 años, en su casa de Provenza, en Francia. Nacida en Francia en 1928, y vinculada al mundo del arte desde joven, era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, y fue la principal impulsora y artífice del Museo Picasso Málaga (MPM), junto con su hijo Bernard.

El Museo Picasso es el más visitado de Andalucía, con 800.000 visitantes al año. Abrió en octubre de 2003, fruto del empeño personal de Christine, presidenta de Honor junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía, y fue punta de lanza en la transformación cultural de Málaga, que hoy cuenta con espacios de referencia como el Pompidou o el Museo Carmen Thyssen.

La idea inicial nació en 1953 de los contactos entre el propio Pablo Picasso y Juan Temboury Álvarez, académico, investigador del arte y por entonces delegado provincial de Bellas Artes de Málaga. El pintor malagueño quería que su obra estuviera presente en su ciudad natal, pero este proyecto quedó frustrado poco después. El contexto político no era el más favorable. 

Cuatro décadas después, Christine Ruiz-Picasso, viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo mayor del artista, acudió a Málaga con motivo de las exposiciones Picasso clásico y Picasso, primera mirada en el Palacio Episcopal de Málaga. Y salió tan satisfecha al contemplar el entusiasmo entre la ciudadanía malagueña por contemplar por vez primera en Andalucía el trabajo de Picasso, que en 1996 reiniciuó el proyecto de su suegro. 

En 1997 la Junta de Andalucía adquirió el Palacio de Buenavista, un palacete del siglo XVI, y poco después, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, nuera y nieto del artista, donaron 233 obras a la Fundación Museo Picasso Málaga Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, fundada ex profeso para la génesis del proyecto y que es la que actualmente rige el museo. Sigue constituyendo el grueso de la colección del museo. Cincuenta años de que el artista malagueño concibiera la idea, el Museo Picasso Málaga se hizo finalmente realidad: fue inaugurado el 27 de octubre de 2003.

Reconocimientos

Christine recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio y ese mismo año fue distinguida como Hija Predilecta de Andalucía en 2003, en reconocimiento a su labor cultural y su contribución al patrimonio artístico de la región. Veinte años después, el Auditorio del museo fue rebautizado como Auditorio Christine Ruiz-Picasso para perpetuar su estrecho vínculo con el recinto. Ella no pudo asistir por motivos de salud.

El Museo Picasso Málaga y la Junta de Andalucía han lamentado la pérdida de una mujer “que dedicó su vida a preservar y difundir el legado de Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

“Su legado como mecenas, promotora cultural y defensora del patrimonio picassiano ha contribuido significativamente a la vida cultural de Málaga, de España y al conocimiento del arte moderno”, han señalado desde el MPM.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha trasladado el pésame de Málaga a la familia, recordando en un mensaje en X que Christine Ruiz-Picasso “fue artífice del impulso cultural de la ciudad”. “Su generosidad, junto a su hijo Bernard, permitió la creación del Museo Picasso Málaga, uno de los hitos de la Málaga cultural, en 2003”. El regidor que ha recordado que Christine “donó el grueso de la colección permanente del museo, contribuyendo a que seamos un referente internacional, acercando la obra de Picasso a las generaciones presentes y a las futuras”. “Transmito con este mensaje el pésame de Málaga a su familia y la gratitud, enorme gratitud, de la ciudad. Descanse en paz”, ha concluido el hilo de mensajes De la Torre.

El primer dato cerrado sobre el turismo en la Semana Santa de Málaga ha zanjado la polémica que se levantó durante semanas a partir de unas previsiones de parte descontextualizadas y el catastrofismo de diversos cargos públicos del PP andaluz. Málaga y la Costa del Sol, cuya Semana Santa estaba “definitivamente perdida” para el turismo (según llegó a decir el responsable de Turismo en Andalucía, Arturo Bernal), no sólo no han perdido turistas, sino que cerraron este periodo (del 27 de marzo al 6 de abril) con más ocupación hotelera, hasta alcanzar el 82,85%, 2,67 puntos más que en 2025. En los días “clave”, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la ocupación fue del 85,26%, dos puntos más que el año pasado, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

Son las segundas mejores cifras turísticas del último lustro, solo superadas por las de 2023, cuando la primera Semana Santa sin ninguna restricción Covid cayó íntegramente en abril y vino acompañada de un tiempo muy benigno. Aquel año la ocupación fue del 84,23% (1,5 puntos más que este año).

Los datos finales de 2026 superan las previsiones iniciales “ligeramente”, según AEHCOS, que llegó a alertar de una caída de demanda del 26% y a las puertas de la festividad previó una ocupación del 73,47% (9,3 puntos menos que la cifra final). La patronal atribuye el error de estimación al turismo internacional y, sobre todo, al buen tiempo, clave para las reservas de última hora: no ha llovido ni un día, y las temperaturas diurnas han rondado los 22 grados. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados”, ha asegurado José Luque, presidente de AEHCOS, que también destaca que se logran “pese a la desconexión ferroviaria”.

Los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena (90,30%), Costa Oriental – Axarquía, (86,67%), Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y Málaga – Rincón de la Victoria (84,51%). El turismo internacional (77,95%) triplica al nacional (22,05%). AEHCOS también ha divulgado los datos de marzo. La ocupación hotelera media fue del 78,07%, cinco puntos más que en el mismo mes de 2025.

También han sido positivos los datos de empleo, con un incremento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social en la provincia y una reducción de 1.863 personas en desempleo respecto a febrero. Ambas cifras mejoran las del conjunto de Andalucía: la caída del paro es la tercera mejor, tras Cádiz y Sevilla, mientras que el incremento de afiliación mensual es del 1,95%, por el 1,44% en el conjunto de Andalucía. La Confederación de Empresarios de Málaga lo atribuye al “impacto favorable de la Semana Santa”, “a pesar de los problemas generados por la deficiente conexión ferroviaria”.

De semana “perdida” a “mínimo” impacto

Estas cifras confirman los primeros indicadores, avanzados a mitad de semana por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (quien ya avanzó que impacto sería “mínimo”) y la consejera de Empleo, Rocío Blanco. También corroboran lo que ya advirtió la propia patronal hostelera, cuando su presidente declaró que la Semana Santa no iba a ser “tan mala como se está pintando”.

Quien la pintaba de negro era la Junta de Andalucía, que cebó el enfrentamiento con el Gobierno central por el posible impacto turístico de la interrupción del AVE directo a Madrid, motivado por las obras que se ejecutan a la altura de Álora por el desprendimiento de un talud. ADIF ha dado dos fechas para la reapertura, que ha incumplido, alegando que la obra es mucho más compleja de los previsto inicialmente. Ahora prevé reabrir una de las dos vías a finales de abril, si todo va bien. Entre tanto, Renfe ofrece completar entre Antequera y Málaga en autobús, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media.

Esto es un inconveniente para estudiantes y trabajadores, sobre los que se ha pasado de puntillas en este debate. La Junta se centró en el turismo, a pesar de que las encuestas de movilidad muestran que apenas el 10% de los turistas nacionales llega en tren a Málaga. El AVE tiene algo más de peso en el turismo de congresos y el de fin de semana (despedidas de soltero, por ejemplo).

Dos de los consejeros de Juan Manuel Moreno, Carolina España (Economía y Hacienda, además de portavoz) y Bernal (Turismo) tiraron de hipérbole: la consejera, asegurando que Málaga estaba “incomunicada”; el consejero, para darla por finiquitada. Y el propio presidente Moreno esgrimió un dato de parte, sin contrastar, sin contextualizar y sin desglosar para cuantificar el impacto: los famosos 1.300 millones de euros. La patronal se desentendió de esa cifra (“nosotros nunca la hemos dado”) mientras el ministro Óscar Puente acusaba a sus divulgadores de “buleros”.

El debate subió de tono a las puertas de las elecciones autonómicas, amplificado por las descalificaciones del ministro contra algunos periodistas por la derivada del papel de algunos medios en la difusión de un alarmismo económico que no ha tenido reflejo en la realidad.

El portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al presidente andaluz y a Francisco de la Torre “que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía”, aunque el alcalde, mucho más cauto que sus compañeros de partido, advirtió pronto que la incidencia sobre el turismo no sería tan importante. “El éxito arrollador ha desmontado por completo la campaña de desprestigio” orquestada por los populares, según Pérez, que les atribuye el intento de “dañar a la ciudad para sacar rédito político”. De momento, ni la Junta de Andalucía ni el regidor (más cauto en sus previsiones sobre el impacto de la crisis del AVE) se han pronunciado respecto a las cifras definitivas de AEHCOS.

El torero retirado Ricardo Ortiz ha fallecido en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta tras una fuerte cogida por parte de un astado en la tarde de este pasado viernes en su puesto de trabajo.

Así lo han confirmado el Sistema Emergencias 112 y Lances de Futuro, empresa gestora del coso malagueño, que ha confirmado que la muerte del trabajador ha tenido lugar cuando realizaba labores de manejo en los corrales de la plaza de cara a la popular corrida picassiana que se celebra este sábado.

Lances de Futuro ha expresado en un comunicado que el trabajador fallecido es Ricardo Ortiz, quien fue matador de toros de Málaga y trabajaba con la referida empresa en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta. “El trágico suceso tuvo lugar mientras se realizaban trabajos de manejo en los corrales, cuando uno de los toros le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte”, ha recogido la empresa en un comunicado.

Condolencias

En cuanto a la gestión de la emergencia, el 112 recibió sobre las 19.45 horas que indicaba que un trabajador había sido pillado por un toro en los corrales de la Plaza de la Malagueta. De inmediato se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Fuentes policiales y sanitarias confirmaron el fallecimiento del trabajador, un varón de 51 años, por las lesiones causadas por el animal.

El empresario José María Garzón y el resto del equipo de Lances de Futuro ha manifestado en un comunicado que se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña y ha expresado públicamente su pesar por esta pérdida.

Este lunes el alcalde de Málaga, el veterano Francisco de la Torre (PP) hizo las siguientes declaraciones a los periodistas: “Yo creo que al final no va a haber casi incidencia, porque el tiempo nos acompaña muy bien. La gente, a la que le encanta que la Semana Santa transcurra en tiempo bueno, hace el esfuerzo de venir aunque sea tardando más, como se tarda ahora. Creo que la incidencia será mínima”.

Estas declaraciones del regidor, verso libre del PP, a propósito de la repercusión turística (y por tanto económica) de la interrupción por obras de la línea de alta velocidad a la altura de Antequera suponen la enmienda final a varios cargos de su partido en la Junta de Andalucía, que han alimentado el catastrofismo económico durante dos semanas.

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, había dicho quince días antes el consejero de Turismo, Arturo Bernal, mientras que la consejera de Hacienda, Carolina España, alertaba desde la estación María Zambrano de que “Málaga está completamente incomunicada” y animaba a los empresarios a demandar a ADIF por las presuntas pérdidas, alimentando así el choque frontal con el Gobierno.

De la Torre, mucho más cauto, apuntala ahora la idea de que la incidencia no será tan grave. Ya lo advirtieron los propios empresarios, sorprendidos por un exceso de alarmismo que ni ellos vieron venir: probablemente la Semana Santa “no será tan mala como la están pintando”.

Los datos definitivos se conocerán después del Lunes de Pascua, pero empiezan a divulgarse algunos indicadores que sostienen esa conclusión, sobre todo en la capital.

El tiempo, factor clave

El alcalde sostuvo sus palabras en lo que le dicen desde la Oficina de Turismo, donde registraron menos consultas el viernes y el sábado que el año anterior, pero muchas más el Domingo de Resurrección.

Fuentes del sector restan peso al indicador, pero hay otros datos: la Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que en febrero de 2026, cuando el AVE a Málaga ya estaba interrumpido, hubo más pernoctaciones hoteleras (+1%) en la provincia que en febrero de 2025, un resultado que muestra fortaleza porque va en dirección contraria a la tendencia a nivel autonómico (-1,8%). La clave está en el incremento de la estancia media en Málaga y en el impulso del turismo internacional, que compensa la bajada del nacional, que da síntomas de agotamiento desde hace meses.

Tampoco ve probable un alto impacto el profesor Benjamín del Alcázar, director de la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga, quien presentó el lunes el informe anual que mide la repercusión de la Semana Santa en la economía malagueña, elaborado por la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga. Del Alcázar destacó una clave con mayor incidencia que el tren: las previsiones meteorológicas. En la de 2025, marcada por la lluvia, el impacto fue de 320,5 millones de euros. La de 2023, con un tiempo extraordinario, marcó el máximo: 394 millones de euros. Para este año no se prevén jornadas de lluvia, y sí sol y buen tiempo, con máximas de 25 grados.

En declaraciones a la SER este miércoles, Francisco Moro, presidente de AEHCOS en Málaga ciudad, ha calculado un descenso de ocupación del 6% en los primeros días, “un poquito peor que el año pasado”, pero prevé cifras similares al año pasado a partir de ahora, en torno al 94%, rozando el lleno el Jueves y Viernes Santo. “Sabíamos que por la fuerza y el atractivo de la ciudad la gente al final vendría. Se veía venir y así ha sido”.

Perspectivas “bastante optimistas” de la Junta, cautela en el sector

El PP andaluz, que hace un par de semanas alimentaba las previsiones más negras, ha ido aplicando en las últimas fechas sordina a un debate que cebaba con estruendo hace apenas 15 días.

Tanto el martes como el miércoles, el presidente Juan Manuel Moreno auguró unos “buenos datos” en Andalucía, y dijo confiar que la interrupción desl AVE directo a Málaga “no tenga impacto” o sea “el menor de los posibles”. En esa línea se manifestó la consejera de Empleo, Rocío Blanco: “Parece que, poco a poco, la afluencia [a la Semana Santa de Málaga] se está comportando muy bien”. La consejera confirmó que las perspectivas del sector son ya “bastante optimistas” y avanzó que los datos de paro registrado “apuntan a que vamos a tener una bajada de desempleo notable”.

Incluso el consejero de Empleo, Arturo Bernal, que habló de una semana “perdida completamente”, ha modulado su discurso. Hace una semana confió en “amortiguar” el impacto con el buen tiempo. Este martes pronosticó un descenso de ocupación en la provincia Málaga “en torno a ocho puntos porcentuales”, algo que estaría en línea con el descenso de seis puntos previsto para Andalucía.

Por su parte, AEHCOS (la asociación mayoritaria, que agrupa hoteles, apartamentos turísticos, albergues u hostales de Málaga, interior y Costa del Sol) pronostica una ocupación del 73,47% durante toda la semana, frente al 80,18%, 6,6 puntos menos (por tanto, una previsión mejor que la Junta), y una bajada de cinco puntos los días centrales. AEHCOS, que atribuye el descenso a la “desconexión ferroviaria de alta velocidad”, admite posibles “ajustes de última hora que pueden modificar” las cifras, apuntando a las reservas de última hora, muy condicionadas por la climatología. Sin embargo, su vicepresidente ejecutivo Javier Hernández, asegura a elDiario.es/Andalucía que no van bien, y que se han reducido un 50% respecto al año pasado.

AVVAPRO (la patronal andaluza de pisos turísticos) prevé para esta Semana Santa una ocupación media en Andalucía de entre el 68% y el 70%, con registros algo superiores en las grandes capitales, pero advierte de que el viajero tiende cada vez más a decidir en el último momento, “especialmente cuando las previsiones meteorológicas son favorables”, lo que deja margen para una mejora.

Más desplazamientos por carretera, estabilidad en el aeropuerto

La alta velocidad a Málaga funciona de Madrid hasta Antequera, desde Renfe realiza un transbordo hasta Málaga capital, lo que alarga el viaje entre una hora y hora y media, hasta las cuatro horas y media.

Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró que unas 3.000 personas siguen viajando al día, y Renfe ha reforzado los servicios para Semana Santa. Ouigo e Iryo mantienen suspendidos los trayectos, mientras que Renfe oferta alrededor de 50.000 plazas en estos días, con 15 servicios diarios (16 los domingos). Son unas 90.000 menos que las ofertadas hace un año. Este miércoles no había plazas en la mayoría de trenes para regresar a Madrid en la segunda parte de la semana.

Con todo, los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren apenas mueve alrededor del 10%. Para llegar a Málaga sigue habiendo carreteras, el cuarto aeropuerto de España y un puerto de cruceros que sostendrá las cifras de la temporada alta del año pasado (117 escalas y 172.000 pasajeros).

“La gente que quiere venir a Málaga se ha buscado la vida y ha venido a través de otros medios, sé que mucha gente ha venido en carretera”, señaló Blanco. La DGT prevé 730.000 desplazamientos en la provincia, 85.000 más que el año pasado, (+13%).  

La vía aérea se mantiene estable: los vuelos programados son cerca de 6.000, casi el 80% de ellos internacionales.

Un debate sin datos firmes en víspera de elecciones

La vía de alta velocidad entre Madrid y Málaga está interrumpida desde el 4 de febrero a la altura de Álora por la caída de un talud. ADIF ha dado ya dos fechas incumplidas, se remite ahora a la última semana de abril “como mínimo” y atribuye los retrasos a la complejidad de los trabajos.

La línea dura la sostiene Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Local del PP, quien este miércoles ha vuelto a pedir la dimisión de Óscar Puente y le ha acusado de no tomar medidas para paliar el problema y falta de transparencia con las obras. El PP, que ha pedido el expediente completo, ha solicitado sin éxito al Gobierno que bonifique el peaje en las autopistas de la Costa del Sol y Las Pedrizas, vuelos de mayor capacidad, un puente aéreo a precios tasados y ayudas al sector turístico.

Bendodo ha comparecido en la estación María Zambrano acompañado de De la Torre, quien ha insistido en que la ocupación en la ciudad será similar al año pasado, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha subrayado que es la primera vez que ha tenido que venir en avión. Para mañana está prevista la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El debate sobre las pérdidas económicas que la falta de AVE directo está provocando alcanzó su punto álgido hace ahora dos semanas cuando varios consejeros de la Junta de Andalucía pusieron el grito en el cielo a partir de la difusión descontextualizada de una cifra sin atribución ni desglose, 1.300 millones de euros en pérdidas que un diario tituló que se producirían “en Semana Santa”. El propio Moreno se hizo eco y aventó el agravio con otros territorios.

La previsión de los 1.300 millones la había formulado una parte interesada (el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol), en privado (en una reunión con la delegada de la Junta en Málaga), recogía pérdidas indirectas (incluyendo las pérdidas indirectas en proveedores o el consumo inducido por los salarios) y no se refería a las pérdidas “en Semana Santa”, sino a la estimación de las pérdidas del sector por la interrupción del servicio directo desde el 18 de enero (fecha del accidente en Adamuz) al 23 de marzo, cuando se suponía que se restablecería la vía, antes del nuevo retraso anunciado por el presidente de ADIF.

“Nosotros esa cifra no la hemos dado nunca oficialmente,” señala Hernández. El Gobierno andaluz la usó de trampolín para, en vísperas de elecciones, lanzarse en tromba por una senda que había ido abriendo en las semanas previas. Encontró réplica en el ministro Puente, que acusó a quienes difundían la cifra de “buleros”. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, aseguró este martes que la semana “está siendo un éxito extraordinario”, y criticó a Moreno por el “alarmismo irresponsable”.

A falta de cifras definitivas, los tronos y el buen tiempo han enterrado el debate. El año pasado las previsiones se quedaron cortas: la Consejería de Turismo pronosticó un 72,4% de ocupación y al final se alcanzó el 77,4%.

En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

El cuerpo de Haitam Mejri, fallecido durante una intervención policial en Torremolinos (Málaga) el pasado 7 de diciembre, presentaba “un número total de 86 lesiones externas objetivables”, incluyendo traumatismos “de alta energía”, compresión cervical y descargas eléctricas en torso y flancos. Así se recoge en un informe del doctor Aitor Curiel, médico especialista en Medicina Legal y Forense, elaborado a petición de la familia, que recoge los signos visibles por todo el cuerpo: Haitam recibió golpes o descargas en brazos, piernas, cabeza y tronco, según ese documento.  

El objetivo del informe es determinar la cuantía, distribución y naturaleza de los daños sufridos por Haitam aquella tarde. El documento describe minuciosamente los traumatismos y lesiones que el perito observó en el cadáver cuando tuvo autorización para examinarlo. Amplía de esta forma el primer examen, en el que el perito ya concluía que Haitam murió por una “parada cardiorrespiratoria secundaria a una insuficiencia cardiorrespiratoria como consecuencia de un politraumatismo con sujeción, inmovilización y presión elevada a nivel de cuello tórax y las cuatro extremidades, con utilización de irritantes y múltiples descargas eléctricas con táser prolongadas y reiterativas”.

Aunque padecía una “patología cardiaca previa no mortal a corto plazo”, el doctor ya era claro en aquella primera evaluación: Haitam “no hubiera fallecido en ese momento ni en esa forma de no haberse producido los politraumatismos moderados, presión, sujeción, inmovilización, utilización de irritantes y descargas eléctricas prolongadas y reiterativas”.

14 quemaduras que encajan con “al menos siete disparos o aplicaciones”

Ahora, la ampliación entra en detalles para intentar casar el estado en que quedó el cadáver con lo que se observa en los vídeos de la intervención policial (dos de las cámaras interiores del local y dos de las cámaras asociadas a las pistolas táser).

El cuerpo de Haitam, dice el especialista, tenía 86 “lesiones externas objetivables”: diez en cabeza y cuello, 12 en torso y flancos, 29 en extremidades superiores (16 en el miembro derecho y 13 en el izquierdo); y 35 en extremidades inferiores.

El informe describe las lesiones por el uso de la táser, reflejado en varias quemaduras de segundo grado: el cuerpo presentaba 14 lesiones cutáneas que encajarían con “al menos siete disparos o aplicaciones” en cuatro zonas distintas: clavícula izquierda, brazo izquierdo, región lumbar derecha y dorsal baja derecha. El Gobierno respondió por escrito a dos diputados que las descargas sólo se produjeron en hombro y pierna.

El perito observa que recibió tanto descargas directas (sobre la piel) como disparos por sonda. “Debido a la configuración de estas improntas —que incluyen tanto escaras necróticas por impacto de sondas como quemaduras circulares por contacto directo (drive-stun)—, el hallazgo es consistente con la ejecución de al menos 7 disparos o aplicaciones del dispositivo sobre la economía corporal del sujeto”. Algunos de los disparos se realizan sobre el mismo lugar. Axon, fabricante de las táser, recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas.

Además de dispararle, los seis agentes que intervinieron golpearon al hombre, le aplicaron gas irritante y le presionaron en diferentes zonas. Entre otras, Haitam tenía una lesión contusa en la cabeza “de gran amplitud que afecta a la región frontal”, alargada e irregular. Sus características “sugieren” una “transmisión de energía cinética de gran intensidad”. En los vídeos se observa a un agente que golpea a Haitam en la cabeza usando un cartel metálico. El especialista señala que el golpe pudo ser de tal fuerza que causara una “depresión” de la pared anterior del seno frontal.

También registra una lesión en el cuello “compatible con maniobras de contención y compresión extrínseca cervical”, por ejemplo un “mataleón”, y una marca que sugiere “lesión por pisada o aplastamiento” en la nuca y dorsal superior. Según se observa en los vídeos, un agente aseguró a los servicios médicos que “en ningún momento” le habían presionado sobre tórax o cuello.

La mayor parte de las lesiones se acumulan sobre el brazo derecho y las dos piernas, especialmente en los tobillos, sobre los que los agentes estuvieron de pie alrededor de 15 minutos con el fin de mantenerlo inmóvil.

“Correlación” entre las lesiones y los vídeos

Curiel resalta que “existe una correlación topográfica entre las lesiones objetivadas y los vídeos visionados” y que todas se produjeron cerca de la hora del deceso: “Todas las lesiones presentan signos de vitalidad (intra-vitam), con respuestas inflamatorias activas que indican su producción en un lapso temporal cercano al fallecimiento”.

A la vista de lo anterior, Curiel concluye que “el mecanismo causal es multitraumático”, “predominando las lesiones producidas mediante el uso de gran fuerza cinética e instrumentos de contención mecánica”. Haitam presentaba un “politraumatismo de moderada-elevada energía”.

Haitam entró aquella tarde en un locutorio de Torremolinos pidiendo un cargador. Estaba muy alterado, presumiblemente bajo efectos de algún estupefaciente. Tras forcejear con el dueño, está salió corriendo y llamó al 112, quien alertó a la Policía, que acudió por un presunto robo. El vídeo completo registrado por las cámaras del local no sostiene esa hipótesis. Tampoco muestra amenazas o la actitud intimidatoria con los policías o terceros. Haitam reiteró en varias ocasiones que quería colaborar, insistió en que sólo quería cargar su móvil y ofreció su mano a la policía. Pero cuando se la dio, y el agente intentó engrilletarlo, el móvil se le escurrió e intentó recuperarlo forcejeando con el agente. Veinte minutos después había muerto.

Los vídeos de aquella tarde, desvelados en su integridad por elDiario.es, muestran que los agentes golpearon en la cabeza, presionaron a Haitam sobre piernas, hombros y tórax, y descargaron su pistola táser (entre 1.500 y 2.000 voltios) en varias ocasiones. Once, según la familia, “al menos siete”, según el perito.

La jueza espera la autopsia del Instituto de Medicina Legal

Aitor Curiel examinó el cadáver minutos después de que la familia recibiera autorización judicial para recuperar el cuerpo. Habían pasado unos veinte días desde el fallecimiento. La familia tomó la precaución de documentar en vídeo el traslado desde el Instituto de Medicina Legal hasta la sala de autopsias para no romper la cadena de custodia.

La ampliación complementa el informe de autopsia encargado por la familia al doctor Curiel,  que debe servir de contraste al informe que elabore el Instituto de Medicina Legal, que aún no ha sido entregado.

El pasado 16 de febrero la jueza, con el apoyo del fiscal, archivó provisionalmente la investigación hasta que llegue el informe definitivo de autopsia del IML, pendiente del análisis toxicológico. Razona que hasta ahora no hay ningún “elemento jurídico ni fáctico” en la causa “que posibilite una calificación jurídica distinta de fallecido”.

En las diligencias ya constan el atestado, el informe balístico de las táser, las cámaras de seguridad y el informe preliminar de autopsia, pero la jueza ha ido rechazando otras diligencias propuestas por la familia (como la toma de declaración de testigos o investigados y el aseguramiento de las comunicaciones) hasta recibir el informe definitivo de autopsia.

Los abogados de la familia han elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial. Creen que estas decisiones ponen en riesgo la investigación por la posible alteración de pruebas, y denuncian que está bloqueando su derecho a recurrir al no dar trámite a sus escritos.

El Gobierno central ha acordado incluir en el censo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática el monumento erigido en Palma en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Se trata del primer elemento franquista del archipiélago en ser incorporado en este registro estatal, una decisión que ya ha sido comunicada formalmente al Ayuntamiento de Palma para que proceda a su retirada.

Paradójicamente, este mismo jueves, el pleno del Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha ratificado, a iniciativa de ambos partidos, la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. No solo eso. Tras conocer la decisión del Ejecutivo central, el Consistorio ha anunciado que la recurrirá en los tribunales y de que hará valer “todas las vías legales necesarias” para impedir su ejecución.

La incorporación de la edificación en el censo estatal se sustenta en un informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que concluye que el monumento forma parte del aparato simbólico de la dictadura. La resolución emitida este jueves señala que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos” impulsado por el franquismo, una de sus principales herramientas de legitimación política. Un culto que, subraya el documento, constituyó “una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas”.

“Caídos por Dios y por España”

La Secretaría de Estado asevera que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

El monolito, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Sin embargo, mientras el régimen convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

Para la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, estuvo presente este miércoles en la reunión del Consejo Estatal de Memoria Democrática en la que se informó de la inclusión del monolito en el censo, la medida constituye un paso que no solo reconoce años de reivindicación, sino que podría reabrir la vía judicial para intentar su retirada del espacio público.

En el mismo foro, Oliver puso sobre la mesa otras demandas: la creación de subconsejos territoriales que mejoren la coordinación de estas políticas y la declaración como Lugares de Memoria de espacios clave en la isla, como el Fortí d'Illetes -convertido, entre 1936 y 1941, en un siniestro centro de represión y fusilamiento franquista- o el Mur de la Memòria. También alertó de posibles retrocesos en ámbitos como la gestión de archivos, la identificación de restos humanos o los bancos de ADN. Preocupaciones que, a su juicio, hacen más necesario que nunca reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.

Reacciones

La inclusión del monolito de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática ha sido recibida con valoraciones contrapuestas en el ámbito político y social balear, evidenciando el debate que continúa generando. El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que recurrirá la medida en aras a evitar que el monumento sea retirado del espacio público. El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha defendido que “deberán ser los tribunales los que se pronuncien” al respecto, aseverando que el Consistorio no ha hecho más que “cumplir la ley” al modificar el planeamiento urbanístico municipal para catalogar la estructura como patrimonio protegido.

En este sentido, ha subrayado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoce los valores patrimoniales del monolito y que, a su juicio, avala su protección. “Por encima del Gobierno, gracias a Dios, están los jueces”, ha espetado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha calificado la decisión del Gobierno como “un paso importante” en la defensa de la memoria democrática y ha defendido que su retirada “es de justicia”. En un mensaje publicado este jueves en la red social X, la también secretaria general del PSIB-PSOE y expresidenta del Govern balear subraya que no se trata de borrar la historia, sino de “dignificarla, reconocer a las víctimas y construir un espacio público coherente con los valores democráticos”.

En la misma línea, Més per Mallorca ha celebrado la decisión del Gobierno y se ha mostrado convencido de que el monumento acabará siendo retirado. El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha aseverado que el debate trasciende lo estético y se sitúa en el terreno de los valores democráticos: “No puede haber una democracia plena mientras se exalta impunemente la dictadura”, ha afirmado. Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha considerado la decisión “muy positiva”, aunque ha reclamado ir más allá: “Cualquier paso contra la barbarie y la memoria fascista es positivo, pero solo tiene sentido si se actúa con determinación y valentía para acabar definitivamente con ella”. También el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su satisfacción, subrayando la paradoja de que esta decisión llegue en un contexto en el que se ha derogado la ley de memoria democrática de Balears, con un PP que, a su juicio, está “absolutamente entregado a los postulados más fascistas de Vox”.

Frente a estas valoraciones, la entidad conservacionista ARCA ha expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno central, augurando que tendrá “poco recorrido”. En un comunicado, la asociación defiende que los tribunales ya han acreditado el valor patrimonial del monumento, que además “está catalogado”, definiéndolo además como “un elemento arquitectónico racionalista creado por un arquitecto ilustre de nuestra ciudad, Francisco Roca Simó, y reconocido internacionalmente”.

La asociación asegura que el monumento fue adaptado a la ley de memoria democrática por unanimidad de los grupos políticos. “Resulta incomprensible la falta de voluntad de consenso y la voluntad de destrucción de patrimonio de determinados partidos”, critica, negando que sa Feixina sea “un monumento franquista”, sino “un hito que clama contra las guerras y las dictaduras”. “Esto es lo que dice el hierro troquelado que lo rodea”, asevera. Con todo, la entidad ha subrayado que siempre ha estado a favor de la ley de memoria histórica pero, ha indicado, el “problema es cuando las interpretaciones se hacen de forma intransigente y falseando la realidad como hace ahora la Secretaría de Estado”.

Málaga ha quedado este miércoles descartada como sede de la Autoridad Aduanera Europea (EUCA, por sus siglas en inglés) en las deliberaciones preliminares que han llevado a cabo por separado el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para decidir cuáles de las nueve candidatas pasaban a la fase final de selección. Tras este proceso Lille y Roma han quedado como únicas finalistas.

Cada institución debía decidir en la fase previa a sus dos candidatas favoritas que presentar a la última fase de votación y, en ambos casos, las elegidas han sido Roma y Lille, que deberán disputarse ahora la sede en una serie de rondas de votación, han informado a Europa Press diversas fuentes europeas y parlamentarias.

Según han precisado estas fuentes, Málaga no ha logrado superar el corte ni en la deliberación de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (IMCO) –en donde han sido necesarias hasta siete rondas para decidir sus finalistas–, ni en la del Consejo. Junto a Málaga, competían por la sede Lieja (Bélgica) Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Budapest) y Lille (Francia).

Centro Aduanero de Datos

Entre los criterios que han pesado en la decisión figuran la fecha a partir de la cual la infraestructura candidata podrá estar plenamente operativa para la EUCA, la accesibilidad de su ubicación y las infraestructuras educativas y sanitarias accesibles para los trabajadores de la agencia y sus familias.

También debía ser tenido en cuenta por los colegisladores las opciones que ofrezca cada ciudad de acceso al mercado laboral y seguridad social para las familias, así como que se respete el equilibrio geográfico en el reparto de agencias europeas entre Estados miembro.

La autoridad se encargará de coordinar la acción aduanera y apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la Unión, además de establecer un Centro Aduanero de Datos común con el que reemplazar los sistemas nacionales de declaración individuales.

En plena refriega política y mediática sobre las previsiones del impacto que tendrá la interrupción del AVE directo a Málaga en el potente sector turístico de la Costa del Sol, la Junta de Andalucía ha publicado la nueva entrega de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Y esta contiene un dato que sugiere que el impacto sobre el turismo en Málaga ha sido, de momento, limitado: en febrero, cuando el AVE ya llevaba 12 días interrumpido tras el accidente en Adamuz, visitaron los hoteles de la provincia menos personas que en febrero de 2025, pero el número total de pernoctaciones fue mayor porque la estancia media de los turistas se alargó.

De esta forma, los hoteles malagueños registraron 1.137.839 estancias, un 1% más que hace un año, gracias sobre todo al tirón del turismo procedente del extranjero, que compensó con creces la caída del turismo nacional, más expuesto a la interrupción del servicio ferroviario directo.

Los hoteles de Málaga recibieron 343.155 viajeros en febrero de 2026 (dato provisional), un 2,2% menos que en febrero de 2025, que ya experimentó una caída del 6% respecto a febrero de 2024, cuando se produjo el pico de viajeros de la serie histórica. La caída en el número de visitantes no es exclusiva de Málaga, sino que se refleja también a nivel andaluz. Pero en Málaga no se traduce en un descenso del número de pernoctaciones, gracias al turismo internacional y el incremento de la estancia media, de 3,2 a 3,3 días por turista.

Durante la semana pasada, responsables de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga, ambas gobernadas por el PP, cargaron con altas dosis de alarmismo las quejas por los incumplimientos de los plazos para la reapertura de la vía de alta velocidad a la altura de Álora. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, aseguró que la Semana Santa está “perdida definitivamente”, la consejera de Hacienda Carolina España expuso que Málaga está “aislada” y el propio Presidente, Juan Manuel Moreno, alertó de un impacto estimado en 1.300 millones de euros, sin desglosar el periodo ni los conceptos incluidos. España anunció que la Junta de Andalucía estudiaba acciones legales contra ADIF o el Ministerio, y animaba a los empresarios a hacer lo mismo.

Fortaleza del turismo internacional, descenso del nacional

La cifra publicada este martes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, una especie de INE andaluz) pone en cuestión las previsiones más derrotistas y sugiere que, al menos hasta febrero, el turismo hotelero volvió a crecer. Febrero es uno de los meses tradicionalmente flojos en la Costa del Sol y Málaga, nada comparable al arranque de la temporada alta que marca precisamente la Semana Santa, pero en los últimos años ha ido ganando peso al tiempo que la Junta se esforzaba por desestacionalizar el turismo.

Los datos del IECA muestran también que es el turista internacional el que sostiene el tirón turístico de Málaga. Baja un 10,1% el turismo nacional, para el que el AVE representa en torno al 10% de las llegadas (el 11,4%, según el Observatorio de Turismo Sostenible del Ayuntamiento de Málaga), mientras sube un 3,3% el número de turistas internacionales, que sigue siendo el mayoritario, el que más gasta y el que más días alarga la estancia: cuatro días de media. El aumento se debe al refuerzo del aeropuerto internacional de Málaga (el cuarto de España), que ha programado más vuelos (+1,9%) y recibido más pasajeros (+3,5%) que en febrero de 2025.

Este medio ha pedido también los datos de ocupación en febrero a la patronal de viviendas turísticas, sin obtenerlos.

Servicio directo interrumpido

Málaga y Madrid no tienen conexión directa de alta velocidad ferroviaria desde el 18 de enero, fecha del accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas. El 4 de febrero, las intensas lluvias provocaron el deslizamiento de un talud sobre la vía a la altura de Álora (Málaga). Por ese motivo, el AVE Madrid-Málaga se interrumpe en Antequera, desde donde Renfe ofrece completar el trayecto en autobús. Según Renfe, unas 3.000 personas hacen uso de esta opción cada día.

El pasado 16 de marzo el presidente de ADIF anunció que la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid (y por tanto con el resto de España) no reabrirá completa antes de la última semana de abril, “como mínimo”, debido a que las obras para despejar la vía son de mayor envergadura de lo que se había previsto.

ADIF trabaja allí con 75 operarios, 23 máquinas y turnos de 24 horas, según explicó Puente. Sin embargo, esos turnos no se aplicaron hasta hace tres semanas, y esta es la tercera fecha estimada de reapertura.

Choque político

El nuevo retraso fue el punto de inflexión del enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, cuyos dirigentes llevaban días advirtiendo del impacto sobre el sector turístico, principal motor de la economía malagueña.

El conflicto escaló de nivel con la irrupción de Óscar Puente, quien desacreditó un dato sin contrastar divulgado, en privado y sin desglose, por la patronal. Un titular de Sur señalaba que las pérdidas ascenderían a 1.300 millones de euros “en Semana Santa”, aunque en la información se explicaba que era una estimación de pérdidas indirectas durante los dos meses hasta el 23 de marzo, contando con que la vía reabriría ese día. Es decir, sin contar Semana Santa. Oficialmente, la patronal dijo no saber nada de esa cifra, y se ha limitado por ahora a avanzar que el descenso de reservas es del 26%. Estaba previsto que publicara una estimación a finales de la semana pasada, pero ahora nada se sabe.

Entre tanto, la previsión de los 1.300 millones había cobrado vida propia: se divulgó sin contexto en las redes sociales y fue aventada por dirigentes del PP, incluido el propio Moreno, hasta que Puente advirtió de que aventurar esas pérdidas en Semana Santa era un “disparate”, y acusó a quienes usaban el dato de “buleros” y “mamporreros de quinta”. Una pérdida de tal calibre en sólo nueve días equivaldría a decir que cada turista que visitó Málaga en la pasada Semana Santa se gastó 17.000 euros.

A pesar de que la propia patronal llamó a la calma, con el presidente de AEHCOS asegurando que la Semana Santa no será tan mala como se estaba pintando, España elevó el tono grabando un vídeo junto a los autobuses dispuestos por Renfe en la estación María Zambrano de Málaga.

El Gobierno de Moreno ha detectado un punto en el que percutir sobre el Gobierno de Sánchez justo a las puertas de unas elecciones autonómicas, convocadas ya para el 17 de mayo. La cuestión, además, enlaza bien con otras reclamaciones al Gobierno central a cuenta de las carencias de infraestructuras en una provincia Junta en franco crecimiento: falta un Cercanías hasta Marbella y la A7 está saturada.

De ahí que el PP haya pedido alternativas como la bonificación de los peajes en la autovía de Málaga o incentivos fiscales para los vuelos a Málaga. También ha planteado el posible uso de Cercanías desde Antequera por vía convencional, una propuesta rechazada por Renfe, que alega que faltan máquinas y maquinistas para eso.

Por su parte, Puente ha publicado un vídeo para hacer ver la complejidad de los trabajos, mientras el subdelegado del Gobierno en Málaga evitó acudir este lunes a una reunión telemática sobre “análisis y medidas ante la falta de AVE Madrid-Málaga en Semana Santa”, convocada el sábado por el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.

El hermano de Haitam Mejri ha pedido este lunes al Gobierno y a la jueza que investiga la muerte de su hermano que “abran los ojos” ante los vídeos publicados por este medio en los últimos días, grabados por las cámaras del local y las cámaras asociadas a las táser, y que constan en las diligencias previas. “En el vídeo no se ve un enfrentamiento, sino un asesinato encubierto”, ha señalado Nasser, en la línea ya avanzada por su abogado en diciembre. “La Justicia no funciona para todas las personas por igual. Uno tiene que mover cielo y tierra para demostrar lo que ya se ve en los vídeos”.

El hermano de Haitam ha ofrecido una rueda de prensa junto a Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, y Toni Valero (diputado de IU), quien ha anunciado que Sumar presentará una Proposición No de Ley para pedir al Gobierno que restrinja el uso del arma, que produce descargas de entre 1.000 y 2.000 voltios cuya acumulación y repetición sobre algunas personas puede causar la muerte, a situaciones muy excepcionales en las que haya riesgo vital. También pretende que se prohíba el uso en contacto directo y las descargas reiteradas y prolongadas.

Toni Morillas, coordinadora provincial de IU, ha denunciado que fue “víctima de la brutalidad”. “No es un testimonio, son hechos probados y contrastados. Y sólo se han encontrado con mentiras por parte de las instituciones que deben esclarecer los hechos. Estamos ante un caso de racismo y de violencia policial que no cabe en una democracia y no debe de quedar impune”, ha señalado.

Haitam falleció el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos después de recibir entre ocho y once descargas eléctricas de dos pistolas táser, inhalar gas irritante, recibir golpes y ser inmovilizado bajo presión en tórax y piernas durante una intervención de seis agentes de Policía que luego no revelaron a los sanitarios que habían disparado la táser, y dijeron inicialmente que se había “caído” mientras lo reducían.

El pasado 16 de febrero la jueza archivó provisionalmente la investigación hasta recibir el informe definitivo de la autopsia; por su parte, el Gobierno respondió a dos diputados que la actuación policía había cumplido “escrupulosamente” los protocolos y respondió a los criterios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Incumplimientos del protocolo

El hermano del fallecido ha enumerado todos los incumplimientos del protocolo de uso de la Policía Nacional, aprobado en 2021. Ese documento exige que las táser se usen sólo como última opción, agotando las demás opciones y en casos graves. “Todos los indicios visuales contradicen esto. No fue el último recurso”, ha protestado el hermano, recordando que Haitam, que estaba “nervioso y asustado” pero manifestó en más de una decena de veces su voluntad de colaborar, no atacó ni amenazó a ningún agente, hasta el punto de que uno de ellos se acercó a 30 centímetros de él “porque no vio peligro”. Ni siquiera se le escucha insultar a los agentes en toda la intervención.

Nasser extendió su mano para dársela al policía que portaba la primera táser, y es al retraerla para que no se le caiga el móvil cuando entre tres intentan reducirlo, y entra en acción la segunda táser, descargada por la espalda en la zona lumbar. A continuación, se produce una ristra de descargas, cinco en apenas medio minuto. “Descargas múltiples e indiscriminadas, cuando el protocolo dice que el uso es mínimo e indispensable”.

La familia cuenta once descargas. “La primera lo tumba. Luego el mismo le mete dos. Luego cuatro más del otro agente, y otra más del primero. Van ocho. Una vez engrilletado, dos más: espalda y otra. Ya pisoteado y sin fuerza, un agente le rocía con spray pimienta. A la petición de ”dale más“, le dan la undécima a modo de tortura, no tiene otra explicación”. “Ninguna norma autoriza a dar descargas hasta dejar una persona inconsciente. El manual dice que hay que evaluar después de cada descarga”.

El hermano de Haitam, que tenía 35 años, también ha denunciado los cinco minutos que pasaron entre que dijeron “este ya ha muerto” y empezaron la reanimación, y el mero uso de la táser contra una persona en estado de agitación mental, algo que el fabricante Axon desaconseja.

Respuesta con “numerosas falsedades”

La familia denuncia la falta de respuesta de las instituciones. “Si esto es una actuación correcta, a lo mejor el problema no es la mentalidad sádica de los policías, sino el protocolo en sí”, ha señalado Nasser, que ha acusado a los agentes de mentir y tergiversar los hechos. En el atestado posterior se indica que le arrebataron las tijeras (escolares) que llevaba y que gritaba en árabe; en el vídeo se refleja que él suelta las tijeras y que informa a los agentes, a quienes no amenaza ni insulta, de que va a rezar tras repetir insistentemente que quiere colaborar.

A la familia le dolió mucho la puesta en circulación de versiones apócrifas de un supuesto intento robo, de amenazas o incluso de proclamas islamistas, que los vídeos completos de la intervención, de 3 horas y 40 minutos, no reflejan.

El pasado 16 de febrero, más de dos meses después de la intervención, el Gobierno respondió a dos diputados asegurando que la actuación había cumplido “escrupulosamente” el protocolo. En esa respuesta, el Gobierno admitía que existían al menos cuatro vídeos que habían registrado lo ocurrido. “Han dado una respuesta sin preocuparse siquiera de ver los vídeos”, ha comentado Valero, quien ha vuelto a registrar una pregunta al Gobierno ante las “numerosas falsedades” que contenía la primera.

“Las respuestas que nos dieron no se corresponden con lo que todo el mundo ya sabe: se nos dijo que desobedecía, pero queda claro que no llevaba objeto peligroso, no actitud amenazante, dice voy a colaborar no quiero morir. Que fue proporcional, pero esto no casa con el uso reiterado de la táser, incluso con él ya reducido. Se nos dijo que no hubo presión sobre cuellos y tórax, no fue así. Se nos dijo que contaban con la formación adecuada, y esto nos genera más preocupación aún”.

“A nuestro juicio, la muerte es consecuencia de intervención desproporcionada, brutal y racista”, ha señalado el diputado de IU, quien ha denunciado la falta de respuesta disciplinaria: “Nadie entiende que sigan en la calle como si nada hubiese pasado”.

También han criticado la instrucción judicial, archivada provisionalmente hasta que llegue el informe definitivo de autopsia. Entre tanto, la jueza ha denegado diligencias como la toma de testificales o la preservación de las comunicaciones entre los agentes o, incluso, con ella misma en los días posteriores. También ha denegado sacar copia testimoniada de lo que ya hay en las diligencias (sobre todo los vídeos) para evitar las consecuencias de una posible pérdida.

Según ha denunciado, la familia aún no tiene el informe completo de la autopsia, tan sólo el previo, motivo por el cual encargaron un informe de parte que concluye que la intervención policial fue decisiva en la muerte. “Nos obligó a hacer una autopsia fuera del Instituto de Medicina Legal y pasamos 24 días sin ver el cuerpo de mi hermano”, ha lamentado Mejri, quien ha concluido pidiendo que se aparte ya a los agentes: “Ante unos hechos así están en libertad, y ni siquiera están imputados porque no ven ningún delito. Deben depurar responsabilidades porque los hechos son irrefutables. No deberían estar ni un día más vistiendo el traje de la Policía”.

Haitam Mejri, de 35 años, falleció el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos tras recibir entre ocho y 11 descargas táser, inhalar gas irritante, recibir golpes y ser presionado en piernas y tronco durante una intervención de seis agentes de la Policía. Un juzgado de instrucción ha archivado provisionalmente la investigación a la espera de que el informe final de autopsia determine las causas de la muerte del hombre, que también padecía patologías cardiacas y habría consumido estupefacientes. La familia sostiene que el uso desproporcionado y consciente de la fuerza por parte de la Policía fue decisivo para el fallecimiento, y su abogado apreció indicios de un delito de asesinato en una rueda de prensa.

Durante la semana, elDiario.es Andalucía ha publicado extractos de la intervención completa registrada en vídeo por dos cámaras desde el interior del local, así como de los dos vídeos más cortos grabados por las cámaras asociadas a las dos táser. El vídeo que acompaña a esta información se ha elaborado vinculando las dos grabaciones íntegras registradas por las cámaras corporales.

En ellos se observa sin cortes lo sucedido desde que los dos primeros agentes llegan al locutorio, ya con una de las pistolas en la mano, hasta que los dos agentes que las portaban interrumpen la grabación simultáneamente, tras mantener este diálogo:

– Esto cómo se para de grabar? ¿Dándole o cómo es?

– Le doy yo, que el mío no graba. ¿Le quieres dar?

– El tuyo está grabando, mira la cámara encendida. Está grabando también.

Entre ocho y 11 descargas en nueve minutos

Entre esos dos instantes, dispararon un mínimo de ocho veces entre los dos. La familia cuenta 11. Hay varias ocasiones en las que este medio no ha podido discernir si se trata de dos disparos seguidos o uno largo, de modo que ha escogido la cifra conservadora.

El primer agente ya lleva la pistola desenfundada nada más entrar. Un minuto antes de disparar, cuando ya está cerca, la señala y pregunta a Haitam: “¿Estás viendo esto?”. Un minuto después se dan la mano, pero cuando tratan de engrilletarlo un móvil se resbala y Haitam trata de cogerlo. Ahí arranca el forcejeo, en el que entre tres agentes acaban tumbando al hombre.

Todos los disparos se producen con él en el suelo, según se observa en las grabaciones. Al menos cinco de las descargas, de entre 1.000 y 2.000 voltios, ocurren en un intervalo de unos 30 segundos, mientras él grita y se retuerce de dolor, y las tres últimas descargas ocurren con él aparentemente reducido, minutos después de que uno de los policías diga: “¡Hala, engrilletado!”. Los agentes hablan entonces de evitar “que se venga arriba”, según se escucha en el vídeo.

En varias ocasiones, la grabación recoge que alguno de los policías animó a seguir descargando: “Tráete el táser, tráete el táser”. “Lo tengo aquí”. “Métele otra vez, métele, métele. Métele, que no se venga arriba”. A continuación, llegan dos descargas, casi tres minutos después de la primera (5:29 y 5:34 en el vídeo). Un par de minutos después, se escucha a un agente susurrar “métele más táser” (7:58). “No, porque ya está todo el mundo ahí mirando”, le advierten.

El problema parece ser engrilletarlo también de los pies y sacarlo del local, por lo que piden una ambulancia para darle un “pinchazo”. Sin embargo, finalmente deciden volver a dispararle (9:45), casi siete minutos después del primer disparo, según se escucha. “Dale, dale, dale, que se viene arriba”. Pocos segundos después la grabación se interrumpe.

Los sanitarios, que llegan a la escena minutos después, comentan entre sí su desconfianza hacia el relato inicial de los agentes, y vuelven a pedir explicaciones a los agentes. Según se oye y se ve en los vídeos del local, estos no les informan del uso del táser.

El protocolo pide “extremar las medidas de seguridad”

El Ministerio nunca ha publicado el protocolo de uso de las táser, recogido en una resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de diciembre de 2020, ignorando al Consejo de Transparencia, que le instó a hacerlo a instancias de Civio. El abogado de la familia ha solicitado a la jueza que lo incorpore a la causa, pero esta ha denegado todas las diligencias hasta contar con el informe definitivo de autopsia.

Este medio ha tenido acceso al protocolo, que señala que “vista la capacidad lesiva” de la táser “se deben extremar las medidas de seguridad así como la diligencia requerida en su manipulación y utilización, con la finalidad de evitar que el propio personal policial o terceras personas puedan resultar afectados por un uso indebido del mismo”. Las precauciones deben ser las mismas que para cualquier arma de fuego, advierte el documento.  

La táser se puede usar por contacto directo (bornes) como instrumento “eminentemente disuasorio”, “excepcionalmente utilizable como elemento de control y reducción”. “Será necesario haber agotado todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles, advirtiendo de manera clara a la persona requerida que se hará uso del dispositivo si no depone su actitud”. Según se observa en el vídeo, el primer agente que disparó le dijo a Haitam: “¿Estás viendo esto?”.

Su utilización se limita a situaciones en las que haya que “reducir o inmovilizar a una persona que amenace o tenga una actitud violenta” hacia los agentes o terceros y haya habido agresión previa o previsible, si no se puede controlar por otros medios. También se contempla en situaciones donde haya que “reducir o inmovilizar a una persona que muestra una resistencia activa, que ponga en riesgo la integridad física del personal policial, de terceros o la seguridad ciudadana”.

Los vídeos no muestran amenazas ni actitud violenta de Haitam, que señaló en múltiples ocasiones su voluntad de “colaborar” y “trabajar con vosotros”, y soltó las pequeñas tijeras que llevaba en la mano. Cuando fue reducido sí forcejeó con los agentes, según se ve en los vídeos.

Axon recomienda evitar descargas simultáneas

Salvo circunstancias excepcionales en que pueda servir para evitar un daño mayor, no se debe usar “en aquellos espacios o circunstancias en las cuales se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas”. Axon, la fabricante de la táser, desaconseja su uso contra personas bajo los efectos de las drogas o bajo “delirio agitado”, porque “puede causar o contribuir a la muerte súbita”. Axon también recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas, según el documento publicado por Associated Press y Civio, en España. Nada de esto se incorpora al protocolo de Interior, ni a los protocolos de la decena de municipios analizados por Civio.   

Después de usar la táser se debe informar inmediatamente a la jefatura de unidad, facilitar la asistencia médica e informar a la autoridad judicial. En caso de lesión, aunque sea leve, debe redactarse un parte de intervención y comparecencia para explicar la actuación. En los vídeos de la intervención completa grabados por las cámaras del local no se escucha a los agentes informar a los sanitarios del uso de la táser. Sí informaron al inspector de Homicidios de una “pequeña descarga”, pese a lo cual “ni se inmuta”.

Dos diputados denuncian “numerosas falsedades”

El Gobierno respaldó esta actuación, asegurando en una respuesta parlamentaria registrada el pasado 16 de febrero que los dos agentes que usaron las pistolas táser “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Según esa respuesta, la actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” atendiendo al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pidió este jueves esperar a “que la investigación concluya”, y se remitió al protocolo no publicado, asegurando que está “perfectamente definido y diseñado”. 

A la vista de los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, Toni Valero y Enrique Santiago (diputados de IU integrados en el Grupo Sumar) han registrado una nueva pregunta, en la que denuncian que la primera respuesta del Gobierno contiene “numerosas falsedades”.

“¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que las respuestas a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la veracidad y exactitud debidas, evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos?”, le preguntan, antes de volver a cuestionar si la actuación policial fue correcta y se ajustó a la legalidad. También preguntan si se ha incoado expediente disciplinario o suspendido a los agentes.

Un arma “disuasoria” de uso cada vez más extendido

La táser es un arma disuasoria fabricada por la empresa estadounidense Axon que paraliza al objetivo mediante la aplicación de impulsos eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje y corta duración que interfieren en las señales que el cerebro envía a los músculos, incapacitando el sistema nervioso sensorial y motor.

Se puede usar mediante la activación de los bornes de su extremo o disparando los dos cartuchos que contienen dos sondas cada uno, propulsados por un gas inerte hasta el objetivo. El Ministerio del Interior empezó a distribuirlas en 2020. Es necesario estar habilitado para su uso, restringido como último recurso, si existe un riesgo grave para los agentes, la persona o terceros.

Llevan asociadas una cámara corporal que registra lo que sucede en función de pregrabación y se activa automáticamente al desenfundar el arma, quitar el seguro o disparar, según su configuración. Cuando se activa, guarda también los momentos previos. En este caso, una de las grabaciones recoge la intervención desde la llegada de los dos primeros agentes al locutorio. La otra recoge lo ocurrido desde 30 segundos antes de dispararse. Ambas se interrumpen a la vez.

El uso del táser se ha extendido en los últimos años ante la alarma de organizaciones internacionales. El Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, en su informe de 2009, expresó su preocupación de que el arma se estuviera generalizando entre las policías locales en España e instó a dejar de usarlas por la posible vulneración de los artículos 2 y 16 de la Convención (prevención de la tortura y de trato cruel, inhumano o degradante, respectivamente).

Amnistía Internacional ha pedido que se apruebe una regulación estatal que delimite claramente su uso para evitar posibles abusos. Según una investigación internacional de la organización, los organismos encargados de hacer cumplir la ley “abusan de forma generalizada” de estos dispositivos “debido a la alarmante falta de regulación”.

Haitam Mejri, de 35 años, que murió el pasado 7 de diciembre en Torremolinos durante una intervención policial en la que participaron seis agentes y en la que recibió una decena de descargas eléctricas con pistolas táser, ha estado muy presente en la manifestación antirracista celebrada este sábado en Málaga. En la protesta han participado unas 200 personas y se han coreado consignas como “Haitam, hermano, nosotros no olvidamos”, “No son muertes, son asesinatos” o “No es un caso aislado, es racismo de Estado”.

El acto, convocado por varias asociaciones bajo el paraguas del Movimiento Antirracista de Málaga, ha tenido como eje que este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Al acto han acudido familiares de Haitam Mejri, al que se ha hecho mención expresa en el manifiesto que se ha leído, en el que se ha denunciado que “no hay seguridad en la injusticia, ni hay justicia en el archivo y falta de diligencias en la investigación de las causas: no hay seguridad en la impunidad”.

El texto carga contra la Policía, que “abrió fuego contra su memoria mintiendo al personal sanitario” cuando llegaron al establecimiento donde el asesinato ocurrió, y “siguieron disparando junto con el Estado, al definir los hechos como una actuación proporcional, tal y como ha respaldado y sostenido el Gobierno más progresista”. Además, “el Estado dispara justificando que esos seis agentes sigan desde ese día en activo”, achacando lo ocurrido a una cuestión de seguridad. “¿Seguridad para quién? Para nuestras comunidades desde luego que no”.

“Fomento” del racismo, la xenofobia y la intolerancia

La marcha ha iniciado su recorrido en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, y durante la misma se ha cargado contra una Policía “que no sólo mata a nuestros hermanos, nos criminaliza mediante las detenciones por perfilamiento racial”. Los asistentes han lamentado también que “en una ciudad como la de Málaga” no sólo no se desoyen los mandatos internacionales, “sino que se fomentan el racismo, la xenofobia y la intolerancia”, como cuando el gobierno local del PP “se posicionó en contra la regularización de las personas migrantes bajo pretextos racista”.

Los manifestantes han lanzado también mensajes como “Justicia ya, no a la impunidad”, “Basta ya de abuso policial” o “Aquí estamos, nosotros no matamos ni tampoco torturamos”. Algunos vestían camisetas con el rostro de Haitam Mejri junto a la palabra “Justicia”, portando pancartas con lemas como Tu historia no será silenciada, No nos vamos a rendir, Haitam no merecía morir así o 6 implicados ¿ningún imputado? Justicia!!! o La verdad jamás será silenciada.

La jueza del caso, que está a la espera el informe definitivo de la autopsia, ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones hasta que lo reciba, por lo que no ha practicado ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la acusación. Lo que sí se conoce ya es el informe pericial encargado por la familia, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

Nasser, su hermano: “Esa gente no puede estar en la calle”

En el acto ha habido representantes del Sindicato de Manteros de Sevilla en homenaje a Mamouth Bakoum, el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía, en diciembre de 2024. Y también ha acudido Nasser Mejri, hermano de Haitam, que ha señalado que la familia sigue “impotente y con mucha tristeza” cómo se desarrolla el caso, a la espera de una respuesta de la jueza o del fiscal. 

Tras la publicación por este periódico de las imágenes en las que se apreciaba la muerte de Haitam, su hermano confía en que “con la presión ya no se crean que somos cuatro gatos de Málaga y vean que España entera tiene el foco puesto en cómo instruye la jueza”. La familia espera que la magistrada “sea un poquito más contundente y haga su trabajo como debería hacerlo, porque a la vista está que no se pueden contradecir los vídeos y las imágenes”, lo que contrasta con la situación de los policías: “Esa gente no puede estar en la calle disfrutando de su libertad y mi hermano lleva tres meses enterrado”.

En cuanto a su presencia en la manifestación, Nasser considera que era importante porque simboliza “una lucha en contra de las víctimas racializadas, y mi hermano es un caso de esos”. “No podemos callar ante estas injusticias porque cualquier vida importa por igual”, y pese al impacto por la muerte de Haitam, considera que todavía cuentan con la baza de los vídeos: “Por desgracia, hay mucha gente que su intervención o fallecimiento no ha sido grabado y documentado, y entonces se cree antes al testimonio de un agente de la autoridad que al de la persona o la familia”, casos que en su mayoría “suelen quedar archivados y metidos en el cajón”.

Para Nasser, “lo que me demuestra a mí que fue un acto racista es que en cuanto llegan los sanitarios la primera justificación de ellos es que entró con unas tijeras gritando ”Allah akbar“, como si fuera a poner una bomba”. “Ni mi hermano ni yo sabemos ni leer ni escribir en árabe porque estamos aquí desde la guardería”, ya que su familia lleva alrededor de 30 años, donde regenta un bar.

Renfe ha explicado este viernes en relación el servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid, interrumpido por la caída de un muro en Álora (Málaga), que lleva estudiando varias soluciones desde que se produjo el corte por motivos del temporal, con el objetivo de restablecer y mejorar la operativa del servicio.

En concreto, en un comunicado ha detallado que, principalmente, esas medidas son mediante dos alternativas. La primera sería realizar el Plan Alternativo de Transporte (PAT) por la vía convencional por tren en lugar de autobús, lo cual requiere un transbordo en Antequera; la segunda, realizar un servicio especial que con material de rodadura desplazable pudiera hacer Málaga-Antequera por vía convencional y luego ir por la línea de alta velocidad.

No obstante, la implementación de estas medidas “se enfrenta a diversas limitaciones operativas”, han detallado. Por un lado, la indisponibilidad de trenes debido a que hay unidades que han quedado inmovilizadas tanto en Algeciras como en Málaga por motivo de los cortes de estas líneas por el temporal.

3.000 plazas diarias

Y también la indisponibilidad de trenes dado que el taller de Málaga AV ha quedado aislado y eso ha obligado a redistribuir la flota en otros talleres, y a elevar los periodos de mantenimiento y kilometraje de los trenes. Asimismo, es necesario formar y habilitar maquinistas para el tipo de material y el tramo de vía que actualmente no lo están.

De igual modo, han señalado que, aunque todas estas líneas y los trabajos necesarios se están estudiando, la operativa, hoy en día, no es posible realizarla.

Por último, han señalado que cuando Renfe pueda disponer de una operativa para mejorar la oferta actual lo comunicará. Asimismo, han recordado que Renfe es el único operador que ofrece servicio ofertando más de 3.000 plazas diarias y que realiza un transporte alternativo.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 24 años de prisión a Marcos R.A. por el asesinato de su exnovia Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, la cual recibió hasta 16 cuchilladas, y por maltratarla de forma habitual, con “un total control y dominación”. Además se le impone indemnizar a los familiares de la víctima con más de 918.000 euros en global. El ahora condenado, había matado años antes a su por entonces pareja, Sibora, cuyo cadáver emparedó en el piso que compartían y que fue descubierto en 2023 a raíz del caso de Paula.

Así, en la sentencia, que se dicta después del veredicto de culpabilidad emitido por unanimidad hace unas semanas por un jurado popular, se condena al acusado a 23 años de prisión por un delito de asesinato y a un año de cárcel por otro de malos tratos habituales.

A la hora de fijar la pena, la magistrada ha tenido en cuenta “la brutalidad de la agresión”, causándole 16 heridas, que “impidió” la ayuda y varias circunstancias que agravan la condena, como la de género, al considerarse que el acusado actuaba “en todo caso movido por su sentimiento de control y dominación sobre la mujer a quien no reconoce valor alguno por sí misma”.

El abogado que representa a la familia de la víctima y que ha estado personado como acusación particular en este proceso, Guillermo Smerdou, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que entiende que la pena de 24 años de cárcel es adecuada y que la familia se encuentra “satisfecha” con el resultado del proceso.

“Situación de total dominación”

Según se considera acreditado en la resolución, el acusado mantuvo una relación sentimental con Paula durante tres años, teniendo un hijo en común, además de otros dos de ella de relaciones anteriores. Durante ese tiempo, el acusado ejerció control económico sobre ella, “sometiendo a la víctima a una situación de total dominación”.

Así, está probado que hacía comentarios “con intención de desacreditar a su pareja” y que desde que se produjo la resolución de desamparo de los tres hijos, “el empeño de Paula fue conseguir trabajo, disponer de vivienda, aparentar una relación de pareja estable con el acusado –padre de su último hijo– y someterse a controles periódicos sobre consumo de tóxicos, todo con la esperanza de recuperar la custodia de los niños”, dice la sentencia.

Pero el acusado, señala la resolución, “no la dejaba salir a trabajar por lo que perdía sus trabajos, no le dejaba tener teléfono y tenía que usar el de él”. Asimismo, ya antes, durante el embarazo del hijo en común, el procesado “le decía que tenía que hacer lo que él decía o haría todo lo posible para que le quitaran a sus hijos”, además de “menospreciarla”.

Asimismo, señala la Sala, “la amenazaba con expresiones del tipo 'te voy a hacer lo mismo que a Sibora'”, en referencia a una pareja anterior de él que desapareció y nueve años después fue descubierto su cadáver emparedado en otra vivienda de Torremolinos, caso en el que también está acusado este hombre por un delito de asesinato.

Con un cuchillo profesional de cocina

El acusado y la víctima encontraron trabajo para una misma persona, dueña de dos restaurantes en la localidad, quien, además, les alquiló un apartamento sobre uno de estos locales, lugar donde ocurrieron los hechos el día 17 de mayo de 2023, cuando sobre las 11 horas los trabajadores del bar de abajo comenzaron a escuchar gritos de Paula pidiendo auxilio.

Durante una discusión, el acusado “asestó varias cuchilladas con el cuchillo profesional de cocina que días antes había sustraído del bar, hasta causarle la muerte”. La mujer “llevaba puesta una mochila en la espalda, pues estaba intentado huir del lugar cuando le asestó la última puñalada mortal, por la espalda”. Presentaba 16 heridas.

El dueño y otro compañero fueron a ver qué ocurría y escucharon “débilmente gemir a Paula, por lo que le preguntaron que si se encontraba bien”, pero fue el acusado quien respondió diciendo que “no pasaba nada, que solo era una discusión”. En un momento dado, el acusado aprovechó que no había nadie en la puerta para salir de la casa, tras haberse cambiado de ropa y lavarse las manos, aunque fue detenido poco después.

El día antes de los hechos, el acusado, dice la sentencia, supo que la mujer estaba en casa de un compañero, con el que tenía una amistad especial, y la llamó para decirle que podía volver a la casa porque se había marchado del apartamento, pero en realidad él “la había estado controlando” y siguiendo, preguntando a taxistas por ella.

Le tendió una trampa

Para el Tribunal y los jurados, “le tendió la trampa de decirle que él ya no estaba viviendo en el apartamento que compartían para que ella volviera y poder ejecutar el ataque y posterior muerte de Paula”.

Según la sentencia, durante los pocos días que el acusado y la víctima trabajaron juntos en el mismo restaurante ya hubo problemas porque el acusado estaba “celoso”. Además, un día que ninguno de los dos fue a trabajar, la mujer le contó a su jefa que había sido porque el procesado “la había pegado, y que ambos consumían drogas”.

Para los miembros del jurado y la Audiencia, los hechos constituyen un delito de asesinato, ya que “la intención de matar resulta clara tanto en número de heridas (16) que presentaba la víctima como por la zona del cuerpo en que se inflige y el instrumento utilizado, un cuchillo de 19,5 centímetros de largo”.

Así, al considerarse probado que el acusado engañó a Paula para que volviera al domicilio diciéndole que se había ido, “lo que no era cierto”, consiguió que la misma, “confiada”, volviera para, una vez allí, ser “atacada” por el procesado, “sin que la misma pudiera oponer eficaz resistencia a dicho ataque no sólo por lo inesperado” sino también por “la evidente desproporción física” con el agresor.

Eliminó “toda posibilidad de defensa”

Para la Sala, fue un ataque “totalmente inesperado en la forma concreta en que se produjo”. El acusado “planeó y ejecutó el ataque a quien hasta entonces había sido su pareja, empleando medios y en circunstancias tales que se asegurase la producción del resultado por él querido, eliminando toda posibilidad de defensa de la víctima como efectivamente sucedió”.

Asimismo, también señala la conducta del acusado respecto de Paula durante todo el tiempo de convivencia, “llegando no sólo a maltratarla físicamente sino también psíquicamente, tratando de controlarla en todo momento, impidiéndole desarrollar actividad laboral alguna fuera de su control, tratando de aislarla” y “denigrándola diciéndole 'sin mí no eres nadie'” y amenazándola, lo que provocó “el lógico temor y desasosiego”.

El acusado tras su detención se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales y en su declaración posterior a presencia judicial sólo contestó a las preguntas de defensa no habiendo reconocido en ningún momento los hechos, por lo que no se le aprecia la circunstancia que atenúa la pena de confesión ni tampoco la de drogadicción.

Además de la pena de prisión, se le impone la privación de la patria potestad respecto al hijo en común con la víctima; prohibición de tener armas por cuatro años; la prohibición de acercarse al hijo y a las personas encargadas de su custodia por tiempo de 15 años; y la medida de libertad vigilada por tiempo de diez años.

El presidente los Hosteleros de Andalucía y de Málaga, Javier Frutos, ha afirmado este viernes que “indudablemente” la Semana Santa en Málaga este año “va a ser distinta a la del pasado por la falta de comunicación de AVE” directo, pero ha esperado que “no sea tan mala como parece que se está diciendo, creemos que no va a ser tan mala como se está pintando”. Además, ha vuelto a pedir “celeridad” y “que se pongan los medios humanos y técnicos lo antes posible” para que el AVE directo se restablezca “cuanto antes”, ya que la fecha que se baraja en estos momentos es finales de abril.

Frutos, en declaraciones en Canal Sur TV recogidas por Europa Press, ha incidido en relación con la falta de AVE directo y sus consecuencias que “las pérdidas la verdad que son incalculables”. “Ahora mismo no tenemos noción de saber hasta qué punto van a llegar las pérdidas que tenemos con una de las arterias principales de comunicación, como es el AVE en Málaga”. El propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), lanzó el dato de 1.300 millones de euros en pérdidas, aunque la patronal hostelera niega oficialmente disponer de ese dato.

Ha agregado, además, que se viene notando desde “el fatídico accidente de Adamuz, sobre todo con los visitantes congresuales, congresos profesionales, entre semana o de negocio, y después en el turista de fin de semana se ha notado en estos meses primeros que llevamos”. Al respecto, ha recordado que en Semana Santa “el 60% de turistas que vienen a Málaga es nacional, y es verdad que gran parte de ellos venían en AVE”. Eso sí, los hosteleros de Almería ya han hecho ver que confían en poder absorber parte del turismo que evite este año la Costa del Sol.

Frutos, por su parte, espera que “el impacto no sea mayor” y ha subrayado que “Málaga es lo suficientemente atractiva como para coger transportes alternativos”, pero “indudablemente el AVE para nosotros es una arteria básica y principal y que necesitamos que se restablezca cuanto antes”. El Gobierno andaluz, por su parte, amenaza con llevar a los tribunales al Gobierno central por esta desconexión del AVE.

Que haya más aviones

Cuestionado por qué solución ven al problema de cara a Semana Santa viendo que comerciantes de la zona de la estación de trenes hablan de pérdidas y que eventos también se van visto afectados, Frutos ha incidido en que “la solución a día de hoy es verdad que es complicada para solucionar el problema del AVE, eso está claro”, pero “sabemos que se están en negociaciones con el aeropuerto, que se van a fletar más aviones”.

“Tenemos un aeropuerto internacional de primer nivel y eso al final ayudará a paliar esta falta de transporte y después visitantes que vendrán por carretera”, ya que, “ahora mismo es la comunicación que tenemos”, ha señalado, al tiempo que ha dicho que “también es verdad que seguimos teniendo AVE hasta Antequera, que también será otra de las formas” para llegar.

Frutos ha reconocido que hay lugares más afectados directamente, y ha puesto como ejemplo “todo lo que está alrededor de Vialia, donde se ubica la estación de tren María Zambrano, zona en la que ”se está notando mucho“ y ”en esa parte la situación es más dramática, quizá, que en el resto“. Al respecto, ha incidido en que la afectación ”está siendo grande“ y ”sobre todo lo que necesitamos es celeridad, que se pongan los medios humanos y técnicos lo antes posible a reparar esta vía“.

No se baraja bajada de precios

Cuestionado por si se han visto obligados a bajar precios para incentivar la llegada de turistas, Frutos ha señalado que “ahora mismo no valoramos ni la bajada de precio ni la subida de precio, es decir, ahora mismo yo creo que lo que necesitamos es que se pueda trabajar cuanto antes”.

“Creemos que la Semana Santa no va a ser tan mala como se está pintando, al final, creo que tampoco tenemos que rehuir de que el visitante venga, va a hacer buen tiempo, eso al final también creo que la llegada de última hora del visitante afectará en positivo a Málaga”. “Esperamos tener una Semana Santa que indudablemente va a ser distinta a la del año pasado por la falta de comunicación de AVE, pero esperemos que no sea tan mala como parece que se está diciendo”, ha sostenido.

Ha valorado que “tenemos el suficiente atractivo, quizás seguramente con bajadas de contrataciones, lógicamente, los empresarios al final en este caso tenemos que ver por la viabilidad de nuestros negocios, se va a ser más conservador a la hora de contratar”. No obstante, “esperemos que esa última hora, con el buen tiempo, haga que la forma de llegar, aunque no sea por AVE en su mayoría, haga que tengamos bastantes visitantes en Málaga, como estamos acostumbrados”.

Los hosteleros de Almería esperan beneficiarse

Por su parte, los hosteleros de Almería afrontan la Semana Santa con una marcada sensación de “incertidumbre” derivada del contexto internacional y el alza de los precios, que se unen a las limitaciones estructurales de las comunicaciones, si bien confían en poder absorber parte del turismo que evite este año la Costa del Sol ante la falta de AVE.

“Las reservas están bastante tranquilas, aunque esperamos que la última hora funcione bien si nos acompaña el tiempo”, ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, quien confía en que el turismo nacional y familiar despegue conforme se aproximan las fechas festivas.

Desde Ashal coinciden con la Asociación Provincial de Empresarios de Playa de Almería (Aeplayasal) en que el contexto de guerra internacional lleve a los turistas a apostar por un destino nacional. A eso unen que el corte de las comunicaciones a través de la alta velocidad con Málaga puede suponer, por otra parte, una oportunidad para atraer a visitantes que se mueven en coche a un destino como el de Almería, “menos saturado”.

La polémica política por la suspensión de la línea alta velocidad Málaga-Madrid hasta finales de abril “como mínimo” ha subido de decibelios en las últimas horas, cuando el presidente de la Junta de Andalucía ha asumido sin contrastar un dato de las supuestas pérdidas millonarias del corte ferroviario. El ministro Óscar Puente, ministro de Transportes, ha acusado a la Junta de Andalucía de tener un “grado de manipulación preocupante” y sostener un “disparate” por asegurar que las pérdidas serán de 1.300 millones de euros.

Ese es el dato que ha divulgado Moreno en Huelva, sin aclarar de dónde lo sacaba: “¿Qué pasaría si esta misma situación que está viviendo Andalucía y Málaga sucediera con el AVE a Barcelona? Si ahora mismo llevara Barcelona sin conexión ferroviaria desde Madrid, y por tanto con otras provincias, dos meses, se hubieran ofrecido tres fechas distintas, y tuviera un impacto económico de 1.300 millones de euros, ¿cómo estarían actuando algunos?”.

El lunes, antes de conocer que el nuevo retraso afectaría a la Semana Santa, Moreno calculó el impacto del corte en 300 millones de euros, cifra que cambió a 1.300 tras el anuncio. Si se refiere a todo el periodo en el que el AVE directo esté interrumpido, se entiende mal que Moreno la eleve en 1.000 millones tras alargarse un mes más. Desde la Junta aclaran que se refiere a dos meses, del 18 de enero al 23 de marzo.

Si se ciñe al impacto de la pérdida de ingresos en Semana Santa, como ha interpretado Puente, 1.300 millones de euros es una cifra que no casa con los datos oficiales de años anteriores. El año pasado los ingresos turísticos en esa semana rondaron los 470 millones de euros en toda Andalucía, según informó la Consejería de Turismo, con un gasto medio diario de 93,36 euros. Teniendo en cuenta que Málaga concentra alrededor del 40% de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía en Semana Santa, se puede estimar que el turismo dejó 188 millones en la provincia. Esa cifra recoge el impacto del turismo llegado por cualquier vía, pero los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren mueve alrededor del 10% de los turistas.

Asumiendo que todo ese turismo se cae, y que nadie opta por hacer el viaje en tren con transbordo en autobús desde Antequera ni sustituye el modo de desplazarse, el impacto de perder el turismo llegado en tren en Semana Santa rondaría los veinte millones de euros.

Otra manera de estimarlo es calculando el peso del AVE en situación de normalidad. Tras la incorporación de Ouigo e Iryo hace dos años, los trayectos desde Madrid son alrededor de 160 en semanas de pico, lo que garantiza unas 75.000 plazas. Asumiendo que todas fueran ocupadas, y también que todas fuesen ocupadas por turistas, cada uno tendría que gastar 17.000 euros en su visita para que Málaga dejase de ingresar 1.300 millones de euros.

Al menos tres meses sin AVE por el desprendimiento de un talud

El servicio normal en entre Málaga y Madrid se interrumpió el 18 de enero tras el accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas. El desprendimiento de un talud sobre la vía a su paso por Álora el 4 de febrero generó el problema que ahora impide la reapertura total, para la que se han dado dos fechas (el 8 de febrero y el 23 de marzo) que no se han cumplido. Por ahora, el AVE llega hasta Antequera y desde allí se ofrece un transbordo en autobús hasta la capital, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media. Según Puente, 3.000 personas al día están usando este servicio, de modo que la interrupción no es total.

Puente también ha defendido que el retraso es inevitable desde que los técnicos comprobaron que el alcance de los daños era más grave de lo previsto, y no bastaba con retirar la tierra caída y reponer el muro. “Nos hemos visto obligados a desmontar completamente ese talud y desmontar también el muro para dar una solución definitiva y segura”, ha dicho Puente, que asegura que hay 75 trabajadores y 23 máquinas sobre el terreno, “lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana”.

“Las posibilidades son las que son. Están limitadas por la física. No podemos meter más máquinas en ese talud, ni más trabajadores, ni trabajar más horas”, ha añadido. El PP denuncia que los turnos de 24 horas que no empezaron a aplicarse cuando surgió el problema, sino hace tres semanas.

Los hosteleros no tienen esa cifra

Moreno asegura que 1.300 millones es la cifra de pérdidas que le dieron los hosteleros, algo que ha reiterado Carolina España, consejera de Economía y Hacienda: “Yo no he entrado a analizar si esos datos son exactos o no son exactos. Es lo que dice el sector”.

La Asociación de Hosteleros de la Costa del Sol, la voz más autorizada en Málaga, niega que esa cifra haya salido de allí. “Nosotros esa cifra de 1.300 no la hemos dado. En ninguna de nuestras comunicaciones aparece esa cifra”, señala una portavoz. La patronal niega que esa cifra haya salido oficialmente de ellos, aunque su Presidente, José Luque, sí dijo esto en una reunión el lunes con empresarios y la delegada de la Junta Patricia Navarro, según un audio al que ha tenido acceso este medio: “Hemos puesto de manifiesto que entre gastos directamente a los hoteles son 300 millones, 1.300 son los que evaluamos que pueden ser para todo el sector”. Es decir, el impacto indirecto.

En un principio, AEHCOS había previsto comunicar su postura, se supone que incluyendo una estimación de daños, durante la tarde del jueves. Pero ahora la anuncia para el viernes o, quizás, ya el lunes. La última nota, emitida justo tras el anuncio del nuevo retraso, informa de que las reservas hoteleras han caído un 26% respecto a 2025, y advierte del impacto económico y sobre el empleo, pero no estima pérdidas. Los empresarios no ocultan su preocupación.

¿De dónde sale la cifra de 1.300 millones? Es un dato que se comenta al comienzo de una reunión de Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, con empresarios del sector el lunes por la mañana, según publicó Diario Sur. Pero 1.300 millones eran las pérdidas esperadas si el corte duraba hasta el 23 de marzo. Durante esa reunión se conoce que el presidente de Adif acaba de anunciar que el corte de la vía se alarga hasta “la última semana de abril”, lo que deja a la ciudad sin conexión de alta velocidad para Semana Santa. Y ahí cunde la “frustración” y la “rabia”, según Sur, por el impacto económico del retraso respecto a la fecha que se barajaba.

El periódico tituló: “La ”ruina“ por no tener alta velocidad en Málaga en Semana Santa: más de 1.300 millones de euros”, aunque en el interior matizaba que esa cifra ni siquiera incluía el impacto por la cancelación de trenes en Pascua.

La publicación en X generó decenas de comentarios denunciando la “manipulación”. Y Óscar Puente entró al trapo cargando contra el medio y sus periodistas, a los que calificó de “buleros” y “mamporreros de quinta”, enzarzándose en una dura discusión con el director del periódico, al que acusó “ridículo” por no “hacer la división de la barbaridad de cifra que os manda Moreno Bonilla”.

La Asociación de la Prensa ha calificado de “preocupante” que un ministro “recurra a la descalificación” contra periodistas.

Dos fechas incumplidas

El episodio culmina por ahora una semana de tensión creciente por el retraso en la reapertura de la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid y, por tanto, con el resto de España. El nuevo retraso causó “decepción” a los empresarios y espoleó al PP, que se lanzó contra el Gobierno por los retrasos y el presunto agravio con otros territorios. Es un terreno que ya había sembrado el propio Moreno, avanzando que ya se habían “echado a perder” las previsiones turísticas durante el Festival de Cine, aunque pocos días después el festival ofreció unos datos de asistencia récord.  

Tras el nuevo retraso, muchos cargos institucionales del PP, que concentra el poder en la Junta, la Diputación de Málaga y los grandes municipios turísticos de la provincia, han martilleado con la idea, que enlaza bien con las críticas por las críticas por el colapso o carencia de otras infraestructuras, sean los atascos en la autovía A4 o la insuficiencia del Cercanías de la Costa del Sol.

El PP andaluz carga contra el Gobierno con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Carolina España, consejera de Hacienda y malagueña, habló de “ruina” y de “traición” a los malagueños. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, aguijoneó con el “desprecio” del Gobierno a la provincia y al sector turístico, y pidió “ceses” y “dimisiones”. Y el consejero de Turismo aseguró que la Semana Santa de Málaga está “perdida definitivamente”, jugando nuevamente la carta del presunto agravio con “Cataluña o País Vasco”.

La Junta de Andalucía dice estar “estudiando” emprender acciones judiciales para reclamar al Gobierno central “responsabilidad patrimonial” por la suspensión de la conexión ferroviaria, que está causando “un daño incuantificable a la 'marca Andalucía', la 'marca Málaga' y 'Costa del Sol'”. “Alguien tiene de alguna forma que asumir esa responsabilidad”, ha señalado España en Canal Sur Radio.

Paradójicamente, ha sido el alcalde de Málaga, la ciudad supuestamente más afectada, el más comedido. Tirando de su formación como ingeniero, ya avanzó que los plazos marcados inicialmente por ADIF no se cumplirían subrayando la “complejidad técnica” de los trabajos, y pidió resolverlo “rápido y bien”, aprovechando para revisar toda la línea.

La Asociación Contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha puesto en marcha un proyecto en la plataforma Goteo con el objetivo de recaudar fondos para levantar un monumento, por suscripción popular, en reconocimiento de los protagonistas de “La Desbandá”. La escultura se levantará en el Campus de Teatinos, tal como se establece en el convenio firmado por la ARMH y la Universidad de Málaga, y contará con un diseño coherente con otras levantadas en pueblos del valle del Guadalhorce. El modelo concreto se decidirá tras la resolución de un concurso de ideas convocado por el Vicerrectorado de Cultura entre el alumnado universitario. Sus promotores esperan alcanzar o superar un tercio de la recaudación apenas una semana después de arrancar la iniciativa.

La idea se suma a una iniciativa que comenzó hace un par de años en el Valle de Abdalajís, dónde se levantó un memorial en honor de los vecinos de su pueblo que dejaron sus casas y, con cuatro enseres que pudieron recoger, emprendieron camino de Málaga para salvar sus vidas y las de sus hijos e hijas. La idea fue levantar un monumento sencillo, de un coste moderado, pero cargado de significado. Una gran piedra tumbada y ante ella una silueta recortada en acero en la que se representa a un grupo de vecinos que emprende la marcha. Tras el de Valle de Abdalajís, vecinos de Álora, coordinados por la asociación “La Llama sigue viva”, levantaron otro en su pueblo. Posteriormente se levantaron otros en Cártama y recientemente en Pizarra. En unos casos ha sido por iniciativa de asociaciones locales en solitario y en otros acompañados por asociaciones de carácter regional como la ASC La Desbandá. 

Hace cosa de un año, la Coordinadora Provincial de Asociaciones Memorialistas planteó la posibilidad de levantar un memorial en la capital, lugar de destino temporal de todos los que huían de la barbarie. La ARMH presentó un proyecto que fue respaldado por toda la coordinadora y fue elegida como impulsora del mismo. El proyecto incluía los siguientes puntos:

El monumento se debería levantar en el campus universitario de Teatinos por tres motivos:

A.      El lugar corresponde con la entrada natural a la capital de los pueblos del Valle del Guadalhorce, Montes de Málaga y Serranía de Ronda, de donde provenían la mayor parte de los que huían de las amenazas de los fascistas.

B.      El campus es el lugar en el que radican los estudios de Historia que han sido los responsables de las investigaciones sobre estos sucesos

C.      El entorno universitario es ideal porque aproxima el monumento a la juventud y explica unos sucesos que a muchos les resultan desconocidos.

El diseño debería ser coherente con los ya levantados en pueblos, tanto porque la sencillez de la propuesta nos parece muy adecuada para un homenaje popular a nuestros mayores, como por el objetivo de reconocer todos los monumentos ya levantados como los que se pudieran levantar en el futuro (se están estudiando en otros municipios cercanos a la capital) y presentarlos como un proyecto unitario. No obstante, por las especiales características de la capital en aquellos sucesos, el diseño puede presentar variaciones respecto a las que se han levantado hasta el momento.

El deseo de los promotores es que el monumento sea un homenaje de los malagueños de hoy a nuestros antepasados que, sin ninguna culpa, se vieron abocados a situaciones terroríficas. Teniendo en cuenta que el coste del memorial no es muy elevado pensamos que podría ser sufragado mediante una colecta en Goteo y mediante aportaciones de trabajo voluntario tanto en las tareas de construcción como en los actos de celebración en su inauguración.

Para lograr este trabajo voluntario invitan a la colaboración de trabajadores de construcción y de jardinería o a empresas de estos ramos, así como artistas, poetas, escritores, actores e historiadores para ofrecer un acto de inauguración lúdico y respetuoso. Si hay una mayor colaboración se podrá hacer una acto más vistoso y si la implicación es menor pues será un acto más modesto.

En cualquier caso, si las aportaciones de trabajo voluntario son notables y no es necesario utilizar todo el dinero recaudado para la construcción del monumento, el dinero sobrante se entregará tras el acto inaugural a la Asociación Alquds para promover proyectos de colaboración con Palestina por las similitudes que guarda la situación de la población palestina actual con la que tuvieron que pasar los malagueños y malagueñas en 1937. 

La ubicación de la escultura se negoció con la Universidad y fruto de esas negociaciones ambas entidades existe un convenio de colaboración que incluye, entre otros, los siguientes acuerdos para seguir adelante con el proyecto: 

1º El Equipo de Gobierno de la Universidad cederá un espacio en el campus para levantar el monumento.

2º El Vicerrectorado de Cultura convocará un concurso entre alumnos de la UMA para el diseño final de la escultura que se levantará en el campus.

3º El Vicerrectorado de Cultura colaborará con la Asociación para montar el acto de homenaje y unas jornadas académicas sobre los hechos acaecidos en nuestra provincia en 1937.

Para las personas que decidan colaborar con el proyecto aportando dinero o su trabajo, la Asociación, como promotora del proyecto ha decidido plantear cuatro tipos de recompensas que servirán para reconocer la aportación de todos los donantes sea cual sea su aportación. En la página web de la plataforma goteo están detalladas las recompensas que hemos establecido para los cooperantes, así como otros detalles de interés del proyecto. 

Las URL que dan acceso directo al proyecto son goteo.cc/desbanda y/o https://www.goteo.org/project/monumento-homenaje-a-los-protagonistas-de-la-desba