El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

Cientos de trabajadores de las escuelas infantiles madrileñas se han concentrado este miércoles por la tarde en la plaza de Callao de Madrid en la tercera jornada de huelga indefinida para exigir mejoras salariales y bajadas de ratios. 'Hasta los ovarios de sueldos precarios' y 'El 0-3 no llega a fin de mes' han sido algunos de los lemas que se han podido leer en los carteles de los profesionales, que han propinado una enorme pitada mientras vestían de amarillo, que representa el color de la infancia, acompañada por una cacerolada.

Convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y CGT, trabajadores de las escuelas infantiles vuelven a denunciar la “falta de atención institucional” hacia el primer ciclo de Educación Infantil, entre los 0 y 3 años, con unas reclamaciones que se dirigen al Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La huelga, que apoyan CCOO y UGT, se mantendrá “el tiempo que sea necesario” hasta que se produzcan mejoras que “permitan garantizar una educación de calidad”.

La Plataforma de Escuelas Infantiles reclama a la Comunidad de Madrid “un plan con mejoras” en los centros, con el reconocimiento de las categorías profesionales, más recursos materiales, el mantenimiento de las infraestructuras y un calendario escolar “acorde a las necesidades de la primera infancia”. El último encuentro entre la Comunidad y la Plataforma tuvo lugar hace unos días. Desde el Gobierno regional manifestaron que “reconocen y valoran” el trabajo de estos profesionales, a la vez que instaron a sindicatos y patronales al “diálogo” para mejorar el convenio colectivo del sector.

Según la Plataforma, el Ayuntamiento de Madrid hasta ahora no se ha reunido con los profesionales, por lo que prevén realizan más concentraciones para que “escuchen sus reclamaciones”. Tanto Más Madrid como PSOE han reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se siente con los trabajadores.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto este jueves a defender las relaciones de su gobierno con el grupo Quirón que es también el principal cliente de su pareja, Alberto González Amador. Durante la sesión de control a su Ejecutivo en la Asamblea de Madrid la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha reprochado el nuevo contrato suscrito entre la Comunidad de Madrid y Quirón para que esta empresa gestione el laboratorio central de la región por 120 millones de euros. Y la presidenta madrileña ha optado por responder atacando y, en concreto, haciendo mención al juicio del caso Mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, en el que están acusados el exministro José Luis Ábalos, el que fue su máximo colaborador Koldo García y Víctor de Aldama.

“Trabajan ustedes menos que miss Asturias”, les ha reprochado Ayuso a los socialistas en alusión a Claudia Montes, que el miércoles dijo en el juicio que en su etapa en Logirail dejaba solía ir a la biblioteca a leer “libros de trenes” en lugar de trabajar desde su despacho. “El modelo de la comunidad de Madrid es totalmente garantista, métaselo en la cabeza. No se perdona nada y cada actividad se factura”, ha añadido, para defender sus relaciones con Quirón.

Ayuso ha dicho que “en lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudieran contratar”. También ha afirmado que “el número dos” del PSOE, en alusión a Ábalos “va a pasar del banquillo a la cárcel”. “¿Y tienen todavía la caradura de hablarnos de corrupción esta semana ustedes? Obras, saunas, escuchas, cloacas, y eso sí, siempre con la conveniencia del presidente del Gobierno, porque se lo debe todo al señor Ábalos, el dos de su partido, el que organizaba su partido, el que traía los sobres, el que organizaba absolutamente todo”, ha añadido.

En su intervención, Espinar había criticado que Ayuso tenga “el don para juntarse con lo peor de cada casa” y “decida perdonar 70 millones a Quirón y Ribera Salud”. “En este trato a favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? Pues una sanidad peor, listas de espera récord, faltas de cama, falta de personal, urgencias colapsadas”, ha afirmado. La dirigente socialista ha subrayado que en la Semana Santa Ayuso parecía estar más centrada en pensar cuántos millones “le iba a regalar en el próximo Consejo de Gobierno a Quirón”. “¿Dónde está usted? ¿Con los que están haciendo aguantar la respiración al mundo o con los derechos humanos? ¿Con el amor al prójimo o con el infierno en la tierra?”, ha ironizado.

“¿Cómo tienen la poca vergüenza de hablarnos así con ese poco rubor después de lo que se está viviendo durante todos estos días?”, ha insistido Ayuso, que ha llegado a afirmar que esta semana Sánchez “huye a China con su mujer”. “No son capaces de dar explicaciones ni por la gestión del AVE, nos dejan sin luz, sin médicos y sin vivienda. Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa”, ha zanjado la presidenta madrileña.

La posición internacional

El otro gran rifirrafe protagonizado por Ayuso ha sido con la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que le ha recordado que el presidente estadounidense “amenazó con destruir una civilización entera” y “con aniquilar un país de 90 millones de habitantes, y lo que hizo la derecha española fue pedir sensatez”, en alusión a un tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien la máxima dirigente de la oposición ha tachado de “cobarde” por ni siquiera poner el nombre de Donald Trump en su mensaje.

“Es usted igual de cobarde”, le ha dicho a Ayuso, por callar ante el “genocidio en Palestina” y los “250 asesinatos de Netanyahu en el Líbano”. “Si ustedes no se atreven ni siquiera a decir eso, señora Ayuso, ustedes no están capacitados para gobernar este país y no deberían ser capaces de mirarse al espejo cada mañana”, ha recalcado.

Ayuso le ha respondido asegurando que si estar “callado es ser cómplice”, Bergerot lo es de “cada éxodo de país comunista que ha mandado a millones de personas a vivir a España y a la Comunidad de Madrid huyendo de sus políticas de miseria y de hambre”.

Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, ha dado en los pasillos de los juzgados de Collado Villalba sus condolencias a un familiar de una persona fallecida en una residencia de mayores durante la pandemia, manifestándole que “si tenían que buscar un culpable” era “el doctor Fernando Simón”, director entonces del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El ex alto cargo estaba citado esta mañana a declarar como investigado en una de las causas que se instruyen los protocolos de derivación hospitalaria en residencias durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, la comparecencia se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía.

José Manuel Parceiros, hijo de una de las víctimas que falleció el 20 de marzo de 2020 tras no ser trasladado a un hospital, ha comentado a los medios el pequeño encuentro que ha tenido con Burgueño en los pasillos, afirmando que su padre murió por “los protocolos de la vergüenza” y no por lo que dijera Simón meses antes al afirmar que solo habría un caso de Covid.

Según El País, Burgueño ha salido del juzgado mientras Parceiros estaba hablando con la prensa y otra de las familiares que se manifestaba en el exterior le ha increpado: “¿Cómo ha podido decir lo del doctor Simón? No hay vergüenza (...) Mi padre murió por los protocolos de la vergüenza. No porque el doctor Simón dijera tres meses antes que sólo había un caso de COVID”. Él le ha pedido disculpas por el fallecimiento de su padre en una residencia.

Después ha atendido a los medios de comunicación. “He mencionado arriba al doctor Simón como responsable de la pandemia”, ha dicho, según el relato de El País. “Pues ya está dicho. Y yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad. Que yo sepa, la Comunidad de Madrid no estaba en la organización de la pandemia. Es decir, la lucha estaba organizada desde el Ministerio de Sanidad”.

El procedimiento investiga los protocolos de derivación hospitalaria aplicados en residencias durante los primeros meses de la pandemia, una cuestión clave para esclarecer si se produjo discriminación en el acceso a la atención sanitaria de personas mayores. En este contexto, Burgueño ha defendido en declaraciones a los periodistas que las residencias no se medicalizaron por falta de médicos, aunque también ha reconocido que elaboró un plan de choque a petición del Gobierno regional.

En el mismo procedimiento, también está previsto que declaren el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y su sucesor en el cargo Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos han declarado ya en otras causas, también como imputados.

El procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

Por otro lado, mañana declarará en otra de las causas María Teresa Vidán, una doctora que fue señalada por Carlos Mur como la persona que redactó el texto del Protocolo de no derivación hospitalaria que él luego firmó. En este caso sí se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia colectiva.

El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el Gobierno por su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto por “institucionalizar la cultura de la muerte”. “Convertir en 'derecho' la eliminación del más vulnerable degrada el valor de la vida y rompe el consenso básico de una sociedad que debería proteger siempre a los que no pueden defenderse”, ha escrito en X Jorge Rodrigo Domínguez. En realidad, la redacción final no recoge de forma expresa el derecho al aborto sino la obligación de que los poderes públicos garanticen que se acceda en “condiciones de igualdad” en todo el territorio: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

El PP no tiene una posición unánime sobre el aborto. Isabel Díaz Ayuso decía en 2022 en una entrevista que estaba a favor de que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin permiso paterno. “No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado”, dijo en Onda Cero. La posición chocaba en ese momento con la del PP de Feijóo, que mantenía una década después un recurso que el Constitucional tenía guardado en un cajón. Años después diría: “No puede ser un derecho porque los derechos están para protegerse y ampliarse (...) Es acabar con la vida de un ser humano y no estoy de acuerdo. Siempre he defendido que debe ser legal, seguro pero muy poco frecuente”.

El Ejecutivo envió este martes el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Constitución.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la nación necesite “sacar a colación” el tema del aborto porque se le ha caído “la bandera feminismo” y por la “corrupción” del PSOE. “El aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente, y aquí el único intento que hay de PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez es sacar esta cuestión porque intentan recuperar la bandera del feminismo, después de que se les haya caído por leyes como la del 'solo sí es sí'”, ha valorado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha expresado así después de que la semana pasada, en plena Semana Santa, la Comunidad de Madrid iniciara los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal. Este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo.

García Martín ha insistido en que la Comunidad de Madrid lleva “desde hace muchísimo tiempo” garantizando el derecho a los médicos a la objeción de conciencia, algo que es “compatible” con que las mujeres puedan abortar en los términos establecidos en la ley si desean hacerlo. En realidad, el funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

Este martes 7 de abril ha dado el pistoletazo de salida a la huelga indefinida en las escuelas infantiles madrileñas. Las trabajadoras de los centros educativos de niños de 0 a 3 años se han organizado para denunciar el abandono institucional que sufren en este sector, además de para exigir una mejora de condiciones laborales lo antes posible. Las profesoras reclaman una bajada de las ratios, salarios dignos y mayor inversión en las escuelas, siguiendo el modelo de otros niveles educativos, como el segundo ciclo (de 3 a 6 años).

Además de comenzar hoy con la huelga indefinida, trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Educación para ser escuchadas por las instituciones, a las que culpan de las malas condiciones en las que desarrollan sus jornadas. La huelga y las movilizaciones han sido convocadas por la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), y apoyadas por el sindicato CGT. Además, CCOO también han estado presentes en la concentración de la calle Alcalá. Otra cara conocida que ha participado en la protesta ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En general, todo tipo de perfiles se han agrupado esta mañana en defensa de las trabajadoras del sector 0-3, desde las profesoras más jóvenes a las más ancianas, padres, madres e incluso niños pequeños.

Las propias manifestantes frente al Ministerio han aplaudido el resultado de la convocatoria, que ha recibido la asistencia de cientos de trabajadoras de las escuelas infantiles, además de madres y padres, muchos de ellos con sus hijos pequeños. “Nos ha sorprendido que cada vez se une más gente al movimiento porque cada vez se entera más gente”, asegura una de las asistentes, que explica que se trata de una reivindicación a nivel estatal, pero es en Madrid donde se dan las peores condiciones laborales en este sector, ya que en otras comunidades “se están movilizando y ya se han conseguido cosas”.

Esta mañana, las de Madrid tenían mucha motivación para conseguir sus objetivos. Rosa Marín, portavoz de la PLEI, ha recordado que, durante el resto de días que se reúnan (miércoles a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación y jueves a las 18:00 horas en la Plaza de Callao) “no hay que perder las fuerzas hasta que tengamos compromisos y papeles firmados. Tenemos que seguir a tope. Hay que secundar la huelga lo máximo posible y venir a las concentraciones”.

Según las trabajadoras, la capital acoge las escuelas que viven la situación más delicada. En Madrid, se dan las peores ratios de toda España, aseguran, además de recibir poca inversión, lo que se traduce en infraestructuras deplorables, poco material y pocas manos para dar a los más pequeños un espacio seguro, limpio y con buena educación.

Las personas se han agrupado esta mañana frente al Ministerio de Educación para denunciar que no han recibido ninguna solución por parte de las instituciones, pese a haber hablado con ellas en numerosas ocasiones: “Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid. Nos han atendido amablemente, pero sin ninguna respuesta. Las palmaditas en la espalda no nos sirven para nada”, defiende una de las asistentes.

Sin embargo, según sostienen las trabajadoras, lo que reclaman a los políticos no es algo nuevo: “Lo que nos sirve es que el decreto 18/2008 lo revisen de una vez. Es un decreto del 2008, de cuando estaba el Gobierno de Esperanza Aguirre, que nos subió las ratios, cuando había otro decreto, en el cual eran las ratios mucho más bajas. Ya lo hemos tenido. Estamos pidiendo una cosa que ya ha existido. Lo que pasa es que se derogó para peores condiciones”.

No solo exigen unas mejores condiciones para ellas, sino también para los más pequeños, pues denuncian que estas malas circunstancias en las que trabajan a diario se traduce en poca atención y cuidado a los niños y niñas: “Se creen que el niño es un trozo de carne al que no hay que cuidar hasta los tres años, pero no es así. Es un ser con necesidades de comunicación, afectivas y de aprendizaje continuo. Es el andamiaje psicológico de toda la vida de una persona”.

Así se leía esta mañana en las pancartas frente al Ministerio de Educación. “Dos manos no sostienen veinte criaturas”, “sin condiciones dignas no existe educación de calidad”, “mi vocación no paga mis facturas”. Entre los cánticos, se podía escuchar, entre otros gritos: “No guardamos, educamos” o “no es vocación, es explotación”, acompañados de sonidos de cacerolas y silbatos.

Las educadoras infantiles también denuncian la poca visibilidad que reciben frente al resto de etapas educativas, pese a las grandes capacidades y esfuerzo que requiere su sector: “Hacemos lo mismo que cualquier profesor de otra etapa educativa, pero con más carga, porque también asumimos la higiene, la alimentación y el sueño”, explica una de las asistentes, “y no podemos hacer nuestro trabajo como queremos, pese a la formación que tenemos. Es una etapa muy específica que requiere una preparación muy concreta”.

Para garantizar el derecho a huelga, se han establecido servicios mínimos en las escuelas infantiles, que han sido criticados por UGT al considerarlos abusivos. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, ha explicado que desde el PLEI han realizado un escrito al Defensor del Pueblo para conseguir alternativas y “garantizar que el 50% de los trabajadores pueda ejercer su derecho a huelga”. Una de las manifestantes exponía que “todos los servicios mínimos son abusivos. En muchas escuelas solo pueden hacer huelga tres o cuatro personas, lo que nos deja prácticamente con las mismas ratios de siempre”.

No obstante, en la concentración, además de profesoras, limpiadoras o cocineras de las escuelas infantiles, también han participado las familias, que apoyan las movilizaciones, ya que “quieren que a sus hijos se les dé una calidad educativa que merecen. Ni más ni menos, la que merecen”. Muchas trabajadoras o familias no han podido asistir esta mañana: “Se puede apoyar más, pero ya ha habido mucha gente que se ha sumado. En mi escuela han ido muy pocos niños hoy, y también hemos visto familias aquí, en la concentración, incluso con sus hijos”, insiste una de las asistentes, que señala familias con carritos y niños a sus hombros, con cascos para proteger a los más pequeños del ruido.

La Comunidad de Madrid ha fijado los servicios mínimos para la huelga convocada en el primer ciclo de Educación Infantil este martes con la presencia obligatoria de una persona de la dirección por centro y de al menos un o una maestra o educadora por cada 12 bebés y 18 niños de hasta dos años, además de mantener los servicios de comedor y limpieza en las escuelas que dispongan de ellos.

UGT Servicios Públicos ha convocado una jornada de huelga para el personal afectado por el XIII Convenio de Educación Infantil, desde las 0 hasta las 23.59 horas de este martes, en las escuelas infantiles de gestión indirecta y titularidad autonómica. Por su parte, CGT y la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles han llamado a un paro indefinido desde las 0 horas de este martes en los centros educativos que imparten primer ciclo de Educación Infantil en la región.

En el primer caso, la Comunidad y UGT alcanzaron un acuerdo sobre los servicios mínimos que deben regir el mantenimiento de las actividades esenciales el día de la huelga, mientras que en el paro indefinido convocado por CGT y la Plataforma no se llegó a ningún acuerdo sobre esos mínimos, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Así, deberá mantenerse en cada centro la presencia de la persona que lo dirija, así como de al menos una maestra o educadora infantil por cada 12 alumnos menores de un año, por cada 18 menores de dos años y por cada 24 escolares de más edad. En los centros que cuenten con comedor y servicios de limpieza, se pide garantizar estas prestaciones durante el horario de los paros.

Los y las directoras serán los responsables de abrir los centros al inicio de la jornada escolar, permanecer en las instalaciones y designar nominalmente al personal que quedará adscrito a los servicios mínimos, así como de informar a la Administración sobre el seguimiento de la huelga. El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

Entre las principales reivindicaciones de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles se reclama la inclusión del primer ciclo de Educación Infantil en la nueva ley educativa y una reducción de las ratios por aula “acorde a las necesidades de la primera infancia”. Es decir, tres bebés por educadora, cinco niños de 1 a 2 años y seis de 2 a 3 años.

Asimismo, exige la regulación de los servicios de atención temprana dentro del sistema educativo, con ratios específicas para los distintos perfiles profesionales: 200 alumnos por orientadora, 100 por pedagogía terapéutica, 150 por maestro de audición y lenguaje y 300 por profesorado de servicios a la comunidad.

Otra de las demandas es el reconocimiento de las profesionales del sector de gestión directa como personal docente en lugar de personal laboral. También exige salarios “dignos” mediante complementos que equiparen las condiciones con las de los modelos de gestión directa.

A ello se suma la petición de una mejora en el mantenimiento de las infraestructuras para “garantizar espacios seguros para la infancia” y una mayor inversión pública que “permita avanzar hacia el acceso universal y gratuito al primer ciclo de Educación Infantil”.

Por otro lado, UGT ha pedido a las administraciones no prorrogar los actuales contratos de gestión de las escuelas infantiles de gestión indirecta. Considera que la estabilidad de los proyectos educativos “depende de sus profesionales, no de la empresa adjudicataria”. “Sin condiciones laborales dignas, no puede hablarse de calidad ni de continuidad educativa”, ha recalcado.

También ha recordado que las mejoras salariales del convenio “no pueden sostenerse con los contratos actuales”, por lo que ve “necesario” un nuevo proceso de licitación que actualice los pliegos y garantice condiciones adecuadas.

Las profesoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid comienzan este martes 7 de abril una huelga indefinida con la que quieren denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) defienden que quieren dignificar un sector que se siente abandonado por la nueva ley de educación, que no incluía ninguna mejora en las escuelas de niños de 0 a 3. La plataforma exige, principalmente, una reducción de las ratios que establecen la cantidad de niños y niñas por profesora, y unas condiciones que se asemejen a las que se regularon para el resto de etapas educativas en la LOMLOE.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicaba en una conversación con elDiario.es que las movilizaciones empezaron “cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la nueva ley educativa a las puertas de una escuela infantil”. Marín pensó que esta ley incluiría modificaciones para este sector, y se sorprendió cuando “simplemente lo dejaron en la gratuidad de las familias”.

Desde la Plataforma defienden que el malestar de las profesoras del 0-3 no es algo nuevo, pero “ya empieza a ser insostenible”. Las profesoras llevan ya tres años organizándose desde todas las comunidades autónomas, recogiendo las quejas de todas las compañeras, para conseguir legislar estas mejores condiciones laborales a nivel estatal. Marín, además, reconoce que incluso presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Las educadoras más organizadas, según explican desde la PLEI, son las de la capital. Saldrán a las calles desde este martes 7 de abril, donde reclamarán, además, la implementación de la pareja educativa como recurso de organización pedagógica, la atención temprana dentro del sistema educativo, salarios que se asemejen a los de los educadores del segundo ciclo (de 3 a 6 años), mejoras en las instalaciones educativas (calefacción, goteras, sombra en los patios...), mayor descanso para los niños durante el calendario escolar, mayores inversiones y, en general, una mejor calidad para los más pequeños durante su estancia en las escuelas.

Las trabajadoras del PLEI denunciaban que, en la capital, se creó la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que prometía mejoras como subida de salarios e implementación de la pareja educativa, pero que “actualmente nada de eso existe, se lo han cargado”.

Un conflicto de las trabajadoras con las instituciones públicas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguraba el pasado viernes 27 de marzo que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Zarzalejo confiaba en que todo se resolvería mediante negociaciones entre ambas partes antes de recurrir a la huelga indefinida que comienza este martes. “Lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio”, añadió la consejera.

Desde la Plataforma Laboral de Educación Infantil subrayan que Mercedes Zarzalejo “está muy equivocada”. “Este conflicto es de las trabajadoras con las instituciones públicas”, explica Rosa Marín a elDiario.es. Rosa añade que estas instituciones “son las responsables de dotar de medios, de recursos y de dignidad al 0-3, y ya es hora de que se dejen de pasar la pelota de unos a otros y que hagan su trabajo”. Frente a los escasos recursos que reciben las escuelas en esta etapa educativa, Marín sostiene que “las empresas no pueden más”. A través de un comunicado de la PLEI, insisten en que las profesoras viven un “marco de precariedad impuesto por las instituciones públicas, a través de su falta de responsabilidad e inversión”.

Rosa lo tiene claro: “El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, ni nos recibe. Es como si la cosa no fuera con él. Es el que gestiona las escuelas del Ayuntamiento. Este conflicto va contra el Ministerio. No intenten desvirtuar con que vamos contra la patronal ni contra las empresas. No. Es que queremos más financiación y queremos normativas, inspecciones y queremos de verdad poder ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

La PLEI recuerda que las reivindicaciones van dirigidas a la Comunidad de Madrid, “por el mantenimiento de una financiación insuficiente que asfixia a los centros y condena al personal a salarios que rozan el mínimo profesional”; al Ayuntamiento de Madrid, “por la falta de una apuesta decidida que blinde la calidad educativa por encima del ahorro presupuestario y de igual manera que el Ayuntamiento condena al personal a salarios muy precarios”; y a los agentes institucionales, “por perpetuar un modelo que trata la etapa 0-3 como un servicio de 'guardería' o conciliación laboral, en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental. Sin ser capaces de regular a nivel estatal la calidad educativa que se le ofrece a la primera infancia”.

Por su parte, el PSOE registró el pasado 18 de febrero una proposición no de ley “para reforzar y blindar con una reforma de la actual normativa estatal el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)”, que pretendía que “se garantizaran estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y que las aulas cuenten con dos educadores para garantizar una atención a los menores de manera más individualizada”. La Plataforma Estatal de Escuelas fue la encargada de esta iniciativa, que fue apoyada por Sumar y Podemos, y que reconocía que “el sistema público no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas. La financiación insuficiente o la proliferación de modelos de gestión externalizada han provocado una situación de precariedad estructural en el sector”.

La portavoz de la Plataforma recuerda que las concentraciones comenzarán este mismo martes a las 12.00 horas frente al Ministerio de Educación; los miércoles a las 12.00 horas se agruparán frente de la Consejería de Educación, y los jueves a las 18.00 horas, “para las compas que no puedan ejercer su derecho a huelga y que económicamente no puedan”, se reunirán en la Plaza de Callao. Marín defiende que “es un sector muy feminizado, y con el salario mínimo interprofesional es muy difícil sostener una huelga indefinida”. “Estamos muy motivadas”, explica la portavoz, que insiste en que van a ejercer toda la presión que puedan para resolver el conflicto y conseguir “compromisos por parte de la Administración de unos cambios tangibles en breve”.

“Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices”

Las escuelas infantiles trabajan con distintos modelos de gestión (gestión directa e indirecta, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid), por lo que no todas tienen las mismas condiciones laborales, algo que la PLEI define como “segregador”. Sin embargo, la gran mayoría de escuelas son gestionadas de forma indirecta, es decir, por una empresa privada que accede a ello a través de unos pliegos de condiciones que marca la administración pública.

La baja inversión para las escuelas infantiles ha hecho que muchas profesoras tengan que aportar dinero de su bolsillo para financiar material y recursos que les permitan continuar con sus jornadas y con un pleno desarrollo escolar para los niños de 0 a 3 años. “Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices. Generalmente, en la dotación que llega, no hay dinero suficiente”, explica Rosa Marín en la misma conversación telefónica. Según la portavoz, en las escuelas que reciben la gestión directa de las instituciones públicas, el material está obsoleto y tienen que recurrir a carros propios para transportarlo entre aulas. En las escuelas de gestión indirecta, la Comunidad “no desglosa un presupuesto para material, entonces depende de la empresa, de la buena voluntad que tenga”.

Las madres y padres también apoyan la huelga que empieza este martes 7 de abril. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recuerda Marín, que sostiene que gran parte de la sociedad “no sabe lo mal valoradas y lo precarias que estamos a nivel laboral”. La portavoz de la PLEI defiende que lo difícil es gestionar una huelga indefinida para quedarse con los niños en casa y apoyar: “Es complicado. Para eso están los servicios mínimos y ellas (las familias) nos apoyarán poniendo quejas y ayudándonos en todo lo que podamos. Eso lo tenemos claro”.

Un sector feminizado

El ratio de niños por profesora es una de las razones principales que animaron a las educadoras a movilizarse, y reclaman una cantidad “acorde a las necesidades de la primera infancia” (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), que coinciden con las que establece la Unión Europea. Rosa Marín insiste en que las profesoras de educación infantil viven sus jornadas “con mucho agobio, con mucho estrés”, y que estas condiciones acaban incluso repercutiendo en su salud. Muchas educadoras sufren de hernias discales, problemas de hombros y tendinitis en relación a las grandes cargas y posturas, además de diferentes virus, que en muchas ocasiones les obligan a recurrir a bajas médicas, lo que conlleva a la sobrecarga de trabajo de otras compañeras. En España, se dan las mayores ratios de Europa, lo que se traduce en menor atención individualizada a los más pequeños.

Desde la Plataforma sostienen que no se trata solo de un problema de infraestructuras y material, sino de la educación de los niños y niñas en una etapa vital de su desarrollo: “El problema de todo es la privatización y la externalización de los servicios. Tú no puedes dar un servicio de calidad con una infrafinanciación, que es lo que pretenden. Si hablamos de tornillos vale, pero es que estamos hablando de criaturas”. En un comunicado de la PLEI, aseguran que “la excelencia educativa que tanto prometen solo es posible si se respeta a quienes la hacen realidad cada día en el aula”.

La Plataforma Laboral de Educación Infantil explicó que un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización cree que los sectores dedicados al cuidado siempre han estado enfocados a las mujeres, y estos trabajos más feminizados, ¿por qué deberían tener mejores salarios, si siempre se dedicaron a ello de manera desinteresada? Marín cree que la profesionalización total de los sectores más femeninos queda lejos aún de su reconocimiento social, como ocurre con la limpieza, la cocina, el cuidado de mayores, la enfermería, etc., donde las mujeres trabajan en condiciones laborales muy deficientes, con salarios bajos.

El sistema sanitario madrileño tiene una red de hospitales públicos que conviven con cinco concertados (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Todos atienden a los ciudadanos en función del área donde viven, pero los de empresas privadas pelean también por captar pacientes de la pública y de otras zonas. Esto se puede hacer porque en 2009 Esperanza Aguirre implantó la libre elección. Esto significa que cada madrileño tiene asignado un hospital según su zona de residencia, pero puede cambiarse a otro para ser tratado en cualquier otra zona de la región.

Este modelo mixto y abierto al cambio tiene una consecuencia económica. Cada mes, los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que poner en común qué tratamientos han hecho a pacientes que vienen de fuera de su centro para facturar a quien corresponda. Por ejemplo, si a una parturienta a la que le tocaba el Hospital Gregorio Marañón (público) la han atendido en la Fundación Jiménez Díaz (de Quirón), este hospital privado le cobrará al Servicio Madrileño de Salud el coste del parto. Si es a la inversa, será el sistema público el que cobrará por el parto a Quirón.

El sistema de facturación, que se llama Balance Intercentros, es complejo y exige que haya unos datos precisos de los pacientes que se deben presentar al pagador. La Comunidad de Madrid lleva años perdiendo millones por no facturar bien a las empresas privadas cuando pacientes asignados en estos hospitales de Quirón y Ribera se tratan en la pública, como publicó en exclusiva elDiario.es.

Los documentos internos que revelan el problema, y que publica ahora este medio, recogen toda esa pérdida. Son más de 71 millones que se han dejado de facturar entre 2017 y 2023 a las empresas concertadas. Como apunta una de las páginas del departamento encargado de auditorías y cobros, suman “71.653.032 euros por no encontrar documentación de la actividad clínica”. El Hospital Clínico San Carlos es el que más dinero ha perdido por no facturar bien en el periodo que va de 2017 a 2021. En los años que analiza el documento estaban al frente del gobierno regional Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso (desde 2019), todos ellos presidentes del Partido Popular.

El problema –según admite otro documento de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es (el manual de facturación)– reside en que hay hospitales públicos que tienen “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, que mientras las empresas privadas tienen departamentos y programas desarrollados para cobrarlo todo, en el sistema madrileño hay fallos burocráticos. “Las empresas no pagan un euro a la sanidad pública si no está todo absolutamente bien, aunque sea una cuestión formal”, admite una fuente del sector privado. Así lo reflejan algunas actas, como la de julio de 2019 de una reunión que deja constancia de que “las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”.

El Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de España, ha abierto una investigación tras la denuncia del PSOE de Madrid por este caso. En su diligencia anuncia que abre “una pieza de acción pública” tras la denuncia, que solicitaba una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”. El Tribunal da la opción de personarse en el caso “para la exigencia de la responsabilidad contable”, la única que puede ejercer este organismo. El PSOE ha confirmado que se va a personar.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado a elDiario.es que el caso está ahora siendo analizado y se consultará tanto a la Fiscalía como a las partes implicadas, que son los denunciantes y los denunciados, es decir, al PSOE madrileño y a la Consejería de Sanidad de Ayuso. Una vez se recabe la información, se decidirá si el caso se archiva por falta de indicios o pasa a ser investigado por un “delegado instructor” del tribunal.

La Consejería de Sanidad ha reiterado a elDiario.es que este tribunal fiscaliza y audita todos sus datos y, en el momento de la consulta, no habían sido citados a declarar.

La Comunidad de Madrid ha empezado el año con mal pie en los tribunales. El Ejecutivo de Ayuso acumula varapalos desde que el 12 de enero el Tribunal Constitucional abriese la veda con la decisión de tumbar el veto del PP a las preguntas en la Asamblea sobre Miguel Ángel Rodríguez. Luego se han sumado varios rechazos a sus variopintos recursos contra leyes del Gobierno, la orden judicial para iniciar los trámites del registro de objetores del aborto y hasta la citación de su jefe de gabinete como investigado.

En enero, el Constitucional respondió a los recursos que había presentado la oposición por la forma en la que el PP se aprovecha de su control de la Mesa de la Asamblea de Madrid para frenar debates incómodos para Ayuso, como las amenazas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de elDiario.es. El Constitucional lo zanjó con dos sentencias separadas por unos pocos días. La primera, del 12 de enero, estimó un recurso del PSOE y constató que la Mesa vulneró los derechos de los diputados al bloquear la tramitación de preguntas sobre Rodríguez después de que este periódico publicara la exclusiva sobre el caso de fraude fiscal de González Amador.

Solo dos días después llegó la segunda sentencia en el mismo sentido, en este caso para dar la razón a Más Madrid. El tribunal entendió que la Mesa de la Asamblea se excedió en sus funciones al vetar este tipo de iniciativas, que tendrían que tramitarse para su debate de forma pública. Con el rodillo de su mayoría absoluta, hurtó “la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas”, en palabras del Constitucional. Entre las cuestiones que la oposición quería debatir estaba examinar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del gigante Quirón. Así zanjó Ayuso el debate sobre las iniciativas censuradas a la oposición: “Plantean preguntas absurdas”.

Los derechos de la oposición también fueron protagonistas de la tercera y última sentencia del Constitucional. El tribunal censuró el procedimiento elegido por el ejecutivo de Ayuso para sacar adelante la norma que permitió al PP controlar Telemadrid sin enmiendas y sin debate parlamentario. El recurso cuestionaba la forma en la que se realizó ese cambio legal, no el contenido de la reforma.

Orden judicial para poner en marcha el registro de objetores

Ayuso aplicó con el registro de médicos objetores al aborto su particular manual de confrontación contra el Gobierno. Primero anunció que no cumpliría la medida, lo mezcló con la Guerra Civil, Hamás o los “narcoestados” y dejó una nueva proclama para resumir su posición sobre este derecho reconocido por la ley: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Y después recurrió a los tribunales.

La presidenta madrileña vio una nueva oportunidad de conflicto pese a que su Gobierno no había puesto ninguna pega a ese registro impulsado por el Ministerio de Sanidad, que obliga a que los médicos comuniquen que son objetores y rechazan practicar abortos. En un inicio, el Gobierno de Ayuso votó a favor de la medida en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó. Cuando Sanidad abrió el plazo para que los registros de objetores se pusieran en marcha, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó la medida, pero dijo que la cumpliría, pero la presidenta la corrigió en cuando vio una nueva oportunidad de confrontar.

Es precisamente aquel voto a favor de la medida en el que ahora basa su decisión cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que haya decisión definitiva, la Justicia dice que hay que ir poniendo en marcha ese registro, entre otras cosas, porque habían votado a favor y porque el resto de territorios ya lo habían creado, y que es una obligación recogida en una ley orgánica. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso.

“El registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios”, argumentó el tribunal. No es la decisión definitiva, pero los argumentos de la resolución, que tiran por tierra las alegaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, complican que salga victorioso de este proceso.

MAR investigado y el caso de Ana Millán, archivado

El todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene una cita marcada en el calendario: el 6 de mayo tendrá que declarar como investigado por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, “incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

Unas semanas antes que Rodríguez tendrá que declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo hará como testigo en la causa que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de un documento policial interno que el político utilizó para defender unas afirmaciones de Ayuso en las que vinculaba a un grupo de migrantes con delitos sexuales. La citación se ha retrasado tres veces y, de llegar a ocurrir, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración. Serrano es, también, uno de los señalados por la exconcejala de Móstoles que se ha querellado por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y el PP. El número dos del PP madrileño fue el encargado de gestionar ese caso que ahora está en manos de los tribunales.

Otra estrecha colaborada de Ayuso involucrada en la gestión de esa crisis es Ana Millán, número tres de Ayuso, quien precisamente ha visto cómo a finales de marzo se archivaba la investigación por corrupción en su contra. La Fiscalía cambió de criterio por sorpresa y apoyó la petición de archivo de Millán con los mismos indicios que había contra la exalcaldesa de Arroyomolinos en los cuatro años que ha impulsado la investigación contra ella.

Batería de recursos contra leyes del Gobierno

Los tribunales también han comenzado a dar respuesta a la batería de recursos que presentó Ayuso como parte de su ofensiva contra leyes de todo tipo del Gobierno. La Comunidad de Madrid despidió el año pasado con la noticia de que el Constitucional rechazaba las alegaciones contra la ley de amnistía, con el voto en contra del sector conservador, y el arranque de 2026 no ha ido mejor para sus intereses. En febrero, la mayoría progresista de este mismo tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda —que Madrid ni siquiera aplica— y avaló las competencias del Estado.

La Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso de la Comunidad, en este caso contra la reforma judicial del ministro Bolaños que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En concreto, el ejecutivo madrileño exigía que se condenase al Ministerio de Justicia a poner en marcha “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma. La Comunidad de Madrid ha recurrido.

En un futuro próximo los tribunales tendrán que dar respuesta a otro frente abierto: la autorización del centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió diligencias en febrero tras admitir a trámite un recurso del Gobierno y otro de los socialistas madrileños contra el centro del ICAM, acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del registro objetores del aborto en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Justicia. En concreto, el Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad para consulta pública el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Con este trámite se abre el periodo de 30 días hábiles contados a partir de mañana para presentar alegaciones.

En la memoria del proyecto, la Comunidad de Madrid alude a que el texto pretende dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenaba al Gobierno regional a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores. En el apartado de 'Posibles soluciones alternativas', añade: “La alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”. El funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

En su resolución, el TSJM atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad. Aunque la resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El citado órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo que fue adoptado por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, y que es vinculante como instrumento de coordinación administrativa.

Requerimiento del Ministerio de Sanidad

En este marco, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta al registro. Transcurrido el plazo, el pasado 15 de noviembre la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta decisión señalando que el aborto es “un derecho esencial, convertido en negocio” para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a “permitir”.

De esta forma, el departamento que dirige Mónica García anunció el pasado 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Ya entonces la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno regional defendería, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto.

El objetivo de estos listados es que las comunidades autónomas puedan saber con qué profesionales cuentan de cara a reorganizar los servicios sanitarios para poder ofrecer la prestación en centros de la red sanitaria pública, algo que solo ocurre excepcionalmente. Sobre todo en algunos territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la pública no llegan al 1%. A nivel estatal, el porcentaje es del 21,26% mientras que el resto se derivan a clínicas concertadas, un modus operandi que la ley del aborto pretende cambiar.

La Policía ha detenido este jueves al activista antirracista y exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye en la puerta de su casa, según ha publicado El Salto. Tras varias horas en comisaría, ha quedado en libertad. Mbaye es integrante de la ejecutiva estatal de Podemos, donde ostenta la Secretaría de Antirracismo del partido morado tras el último proceso congresual.

A su salida de la Comisaría de Usera, Mbaye ha denunciado “persecución y violencia policial”. “Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal”, ha exclamado, según se recoge en vídeos compartidos en redes sociales.

A las puertas de esta comisaria, un grupo de personas se había concentrado a lo largo de la noche para protestar por estas detenciones con gritos de “vergüenza” y “fuera racistas de nuestros barrios”.

Podemos había denunciado la detención de Mbaye en una “redada racista” en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid). Según Europa Press citando fuentes policiales, a los siete los han detenido acusados de delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad.

Según la versión policial, el incidente comenzó sobre las 19.30 horas en el aparcamiento de un supermercado situado en la calle Antonio López, cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color merodeando de forma sospechosa entre unos coches y han dado por hecho de que trataban de robar un vehículo. Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos. En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes policiales, cinco agentes resultaron heridos leves, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha manifestado en su perfil de la red social X: “Trabajamos siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que había exigido la inmediata puesta en libertad de Mbaye, ha reaccionado a su puesta en libertad en la red social X, donde ha escrito: “Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!”.

“Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social”, escribió mientras que la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, denunció que el arresto se ha producido a las puertas del domicilio de Mbaye “usando una violencia injustificada”.

El coportavoz del partido, Pablo Fernández, criticó que esta detención es fruto de “redadas racistas” que son “inaceptables” y que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es el “máximo responsable de esta vergüenza”.

Por su parte, las diputadas de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi y Alda Recas, han pedido explicaciones al Ministerio del Interior por el arresto de Mbaye por medio de una serie de preguntas parlamentarias. Ambas exponen que la detención del exdiputado autonómico “se produce en un contexto reiteradamente denunciado por organizaciones sociales, colectivos antirracistas y organismos internacionales” relativo a la “persistencia de prácticas de perfilamiento racial, criminalización de personas racializadas y violencia institucional en actuaciones policiales”.

“Lejos de tratarse de un hecho aislado, múltiples informes y testimonios vienen señalando que determinados operativos policiales, especialmente en barrios como Lavapiés, se dirigen de forma desproporcionada contra personas migrantes y racializadas, vulnerando derechos fundamentales y generando un clima de persecución y miedo”, han argumentado. En este caso recogen que en este caso se ha detenido a un reconocido defensor de derechos humanos y activista antirracista, para advertir que en España “no puede tolerarse ninguna forma de racismo institucional, ni actuaciones policiales basadas en criterios étnico-raciales”. Por todo ello, exige a Interior cómo justifica esta detención y si reconoce que hay prácticas de racismo institucional.

Por su parte, Movimiento Sumar ha reclamado explicaciones a la Delegación del Gobierno por la detención de Mbaye a través de un mensaje en su cuenta oficial de Bluesky.

La Comunidad de Madrid ha organizado una serie de charlas sobre terrorismo en distintos colegios mayores universitarios bajo el título 'Tu historia, mi memoria', donde participarán víctimas de ETA “para dar a conocer la historia reciente de España”. Según ha publicado El País, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró durante su intervención en este ciclo que el terrorismo “es un asunto de plena actualidad”, a pesar de los que se esfuerzan “por bloquearlo, e incluso negarlo, con el único objetivo de seducir a aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen su voto para condicionar la gobernabilidad de España”.

Estas conferencias se celebrarán hasta el mes de octubre en 13 centros de la comunidad, en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores. En la misma presentación del programa participaron cuatro mujeres cercanas a alguna víctima del terrorismo de ETA, y compartieron su experiencia, además de recordar a sus seres queridos: María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco y compañera de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en su presencia; Claudia Múgica, perteneciente a la asociación Ego Non y nieta del exdirigente del PSE-EE en Gipuzkoa Fernando Múgica; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, que perdieron a sus padres.

María San Gil afirmó que “es un proyecto político que sigue vivo”, además de añadir que Sortu y Bildu tienen “un líder político que es Arnaldo Otegi, que estuvo condenado por apología del terrorismo, que estuvo en la cárcel y que no se ha arrepentido de su pasado terrorista”. Según el mismo diario, San Gil comparaba el terrorismo en España con la Alemania de Hitler: “En la Alemania nazi hubo un juicio, el de Núremberg, y aquí no hemos juzgado el proyecto político por el que se ha asesinado a 853 personas”.

Maite Araluce acusó al Gobierno de “facilitar la vida de los terroristas” haciendo referencia a la salida de prisión de la exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre (alias Anboto) cuando accedió al régimen de semilibertad después de ser condenada a 800 años de cárcel acusada de 14 asesinatos, mientras a las víctimas de terrorismo “nos machacan”. Por su parte, San Gil insistía en que ETA “sigue influyendo” en la política española, como también hizo durante su actividad, porque “no hemos derrotado a ETA”: “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro”.

Según relata El País, la expresidenta del PP del País Vasco opina que los jóvenes recogen un legado que debe cambiar “con los siguientes gobiernos”, e insistió en su apoyo a partidos como PP y Vox, puesto que “ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden”.

Asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han rechazado las palabras de San Gil en declaraciones a El País. “Cuando se mete la política por medio no solo pervierten nuestra causa, sino que atacan nuestra dignidad”, han respondido desde la asociación. Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, cree que en estas charlas organizadas por la Comunidad de Madrid “lo que menos les importa” son las víctimas: “Van a lo que van, a tratarnos como mercancía política”, a lo que añadió: “Exigimos respeto”.

No es la primera vez que Covite se expresa en estos términos. En 2013, exigieron al Gobierno de Mariano Rajoy “que cesara en su empeño de instrumentalizar a las víctimas para disimular su parte de responsabilidad en la decisión de Estrasburgo”, y criticaron la actitud de los políticos españoles: “Todos los gobiernos que hemos tenido en este país tienen mucho que callar. Hoy lo que vivimos es un final de ETA negociado. Es indecente que con dinero público se esté financiando este programa y que San Gil se dedique a pedir el voto a dos partidos, PP y Vox, porque eso es lo que está haciendo”.

Quejas por el estado de la comida, la falta grave de cuidado de los residentes, el deterioro de las instalaciones y acusaciones sin fundamento hacia los usuarios le han valido a Víctor Manuel Fernández, de 58 años, un apercibimiento previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, en la que vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este antiguo profesional del gas que sufrió un accidente en 2014 que le afectó gravemente a la médula espinal. Desde entonces ha pasado por seis centros sociosanitarios madrileños. Ahora está en “el peor de todos” los que ha conocido, asegura.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha advertido de que su comportamiento “puede derivar en la pérdida de la plaza” que “disfruta en la residencia”. Fernández ya ha puesto lo ocurrido en manos de un abogado y denuncia indefensión para poder alegar ante la Comunidad de Madrid. “Conozco mis derechos”, dice.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha ocupado en tres de los centros por los que ha pasado. “Yo sé que soy bastante reivindicativo y un poco dolor de cabeza para los directores, pero quiero que nos traten con dignidad y conforme a la ley”, introduce. A principios de 2025, se convirtió en el representante de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por la sociedad limitada unipersonal La Saleta Care, radicada en València. Fue ahí el inicio de las desavenencias con la directora del centro, siempre según el relato esgrimido por Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita cómo durante meses el residente ha puesto en conocimiento de la dirección diversas situaciones que no le han pasado desadvertidas. Una de las más graves está relacionada con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre. Sucedió durante la cena, en una mesa individual. “Nuestra compañera se estaba cayendo al suelo, sujeta prácticamente con la barbilla, mientras pasaban continuamente auxiliares de un lado al otro sin darse cuenta”, escribió en su correo electrónico de queja a la directora en el que adjunta una fotografía que prueba lo que denuncia.

El mensaje continúa: “Cuando traté de pedir ayuda a través de la puerta exterior del comedor, una auxiliar, mientras le rogaba ayuda para mi compañera que se estaba cayendo, tan solo me respondía reiteradamente que cerrara la puerta porque entraba frío”. Aquella noche falleció esta mujer. “Solicito asistencia en la revisión de las cámaras del comedor, en el día y la hora señaladas”, finalizó Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “estuvo en todo momento bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal de la zona, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le rogó que, en adelante, se abstuviera de realizar fotografías sin contar con los permisos correspondientes.

Colisee Vallecas subraya a este medio que la postura a la que se hace referencia era una conducta clínica habitual de esta persona debido al perfil de su patología neurodegenerativa de evolución muy rápida que “requirió un nivel de atención y acompañamiento humano muy superior al estándar”. Según defienden, no existe “ninguna evidencia médica ni técnica” que vincule su fallecimiento con la atención prestada en el centro.

Para el representante de los usuarios, casos así son consecuencia de “la privatización de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, que provoca la proliferación de posibles negocios entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus demandas también obran en poder del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como en tantos otros centros de este tipo, la comida que los usuarios se ven obligados a ingerir dista mucho de la que desean. Las imágenes facilitadas por Fernández también dan cuenta de ello, incluso nombra como “garbanzos con misterio” un plato de esta legumbre con una sopa en la que se aprecian motas negras. “Y eso que yo casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera todos días del año”, recalca.

Ante dicho extremo, desde Colisee Vallecas ha remarcado que disponen de cocina propia “donde se elaboran menús diarios bajo estrictos controles de calidad y están diseñados por profesionales de la nutrición”, y que cuentan con la certificación Healthia Care nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

El estado del patio es otra de las reivindicaciones que Fernández quiere que la sociedad conozca. Tal y como se aprecia en las fotografías que ha remitido, los pocos toldos que en verano producen sombra están rotos, el pavimento presenta numerosas roturas y los bancos tienen listones levantados.

La residencia, por su parte, ha explicado que en el pavimento exterior “se han hecho reparaciones y estamos evaluando la posibilidad de una reforma integral que, por su envergadura, requiere una mayor planificación”. Del mismo modo, la sustitución de los toldos ya está en fase de gestión con proveedores. “Respecto al mobiliario, como los bancos, cualquier elemento detectado en mal estado es retirado o reparado de inmediato por seguridad”, han agregado.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas versa sobre la expulsión que sufrió una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “Lo hicieron dos veces y la tercera ya no ocurrió porque les pregunté que qué iban a hacer si no se iba”, comenta. En el contrato que firman al entrar se recoge que los residentes no pueden entrar en habitaciones de otros usuarios sin su consentimiento. “Y nosotros teníamos el consentimiento de mi compañero. Ya no eran las normas lo que había que respetar, sino órdenes de arriba. Aquí parece que el reglamento lo tenemos que respetar solo nosotros”, recalca. Colisee Vallecas explica que lo hicieron para “garantizar el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no hacen referencia al hecho de que Fernández asegura que tenía el permiso de su compañero.

El representante de los usuarios se quejó este mismo febrero de “acusaciones vanas y faltar al respeto”. Fernández y Ruiz se enzarzaron en una discusión por correo electrónico porque la directora del centro afirma que le entregaron una grapadora en buen estado y posteriormente fue devuelta dañada, pero sin pruebas de ello. Tampoco permite que el mismo Fernández pueda demostrar lo sucedido accediendo a la grabación de las cámaras de seguridad, ya que eso infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sostiene la dirección. La residencia no ha precisado qué pruebas tienen de que entregaron la grapadora en buen estado y fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ha comunicado a Fernández mediante carta certificada este febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le han acusado de “no hacer un uso ni un adecuado aprovechamiento de los servicios del centro”. Por último, le advierten de que reiterados incumplimientos de las normas pueden derivar en la pérdida de la plaza que actualmente disfruta en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han respondido a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos concretos. Aun así, han comentado que “los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid tienen que cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También confirman el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “mantendrá próximamente” una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad “para tratar su situación”. Sin embargo, la Consejería ha declinado explicar a qué se refieren cuando mencionan “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas, por su parte, incide en que en los casos en los que detecta “dificultades significativas en la convivencia y en la adherencia a las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Según añaden, “no se trata de una medida disciplinaria, sino de un procedimiento reglado y escalonado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para reconducir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “ninguna intención” de irse. “Porque esta también es mi casa”, explica. Según añade, ahí es donde tiene a su pareja y donde hace “algo útil por la sociedad”. Por el momento, trata con un abogado los próximos movimientos, que pasan por alegar. En dichas alegaciones explica que la falta de concreción en las acusaciones le provoca indefensión hacia las mismas.

Asimismo, ha planteado que “las manifestaciones vertidas en diversos correos y comunicaciones en relación a mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi intimidad”. Según Fernández, esto demuestra que el expediente persigue silenciar su presencia en el centro residencial y conseguir su expulsión del mismo.

La asociación Madrid Network, creada por iniciativa de Esperanza Aguirre y cuyos impagos del préstamo multimillonario recibido de la Comunidad de Madrid en 2011 ya han provocado un agujero de 70 millones en las arcas madrileñas, abonó a Equipo Económico SL 402.584 euros a través de 15 pagos en un solo día. Esos 15 abonos a la empresa fundada por Cristóbal Montoro y con la que la asociación sin ánimo de lucro había suscrito en 2008 dos contratos de servicios se efectuaron el 21 de febrero de 2012, fecha en la que Montoro llevaba dos meses al frente del Ministerio de Hacienda. Este diario se ha puesto en contacto tanto con Equipo Económico como con Madrid Network para tratar de recabar sus explicaciones acerca de este movimiento sin que por el momento haya recibido respuesta alguna.

Nada más desembarcar en el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, Montoro nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas a Antonio Beteta, consejero de Hacienda con Aguirre hasta junio de 2011 y, en virtud de los estatutos de Madrid Network, también presidente de la asociación hasta esa fecha.

Un extracto sobre operaciones bancarias de Madrid Network al que ha tenido acceso elDiario.es atestigua la existencia de esos 15 pagos a Equipo Económico SL en un solo día. Se realizaron a través de una cuenta de la asociación en Cajasol, la caja sevillana que en 2012 se integró en Caixabank.

Respecto al porqué de la acumulación de pagos y sobre las fechas en que fueron facturadas esas cantidades por Equipo Económico SL no ha sido posible obtener respuesta de Madrid Network ni del abogado que representa a la empresa en la causa donde un juez de Tarragona investiga a Cristóbal Montoro y otras 27 personas por supuestamente favorecer con cambios legales a empresas del sector gasístico. En la lista de investigados no figura el antiguo consejero madrileño y exsecretario de Estado Antonio Beteta.

La suma de los dos contratos adjudicados por Madrid Network a Equipo Económico SL arroja la cuantía de 2.018.400 euros. Pero según un informe de la UCO incorporado al sumario del caso, Equipo Económico SL solo cobró de Madrid Network 1.863.025 euros. Y, a tenor del desglose que muestra el citado informe de la Guardia Civil, esos pagos se corresponden en exclusiva a facturas emitidas entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2011.

¿Le abonó Madrid Network los 402.584 euros por facturas fechadas en 2012 o se trata de pagos atrasados? En principio, y según expertos independientes consultados, la hipótesis con mayores visos de exactitud es la de que, por razones desconocidas, Madrid Network demoró hasta febrero de 2012 el desembolso de nada menos que casi medio millón correspondiente a facturas de años anteriores. Según los expertos sondeados, el llamado Modelo 347 –los importes comprometidos con un tercero a lo largo de un ejercicio siempre que estos superen los 3.006 euros– reflejan la cuantía de las facturas emitidas en esos 12 meses tanto si se han desembolsado como si el pago queda pospuesto.

El extracto que desvela los 15 pagos en un día a Equipo Económico fue remitido por el Gobierno regional a un antiguo diputado del PSOE en la legislatura 2011-2015, pero había pasado inadvertido hasta ahora. ¿Por qué? Porque entonces no se digitalizaban las respuestas a peticiones parlamentarias de información, de manera que de ese extracto bancario no queda rastro en la web de la Asamblea de Madrid.

Asesoramiento tributario a terceras empresas

La relación profesional entre Madrid Network y Equipo Económico SL comenzó el 15 de diciembre de 2008. Ese día, la asociación y la empresa -constituida por Cristóbal Montoro dos años antes y cuyas participaciones había vendido ya a su hermano- firmaron dos contratos de “arrendamiento de servicios”.

Uno de los contratos tenía por objeto la “creación, mantenimiento y dirección de un servicio de información y asesoramiento” sobre las “ventajas fiscales” de las empresas de I+D+i [Investigación, Desarrollo e innovación]. En resumen, asesoramiento tributario “especialmente dirigido a las empresas integradas en los parques y clusters de la Comunidad de Madrid” así como a “otras que la asociación decida”. Con tres años de duración, el importe a pagar por Madrid Network a Equipo Económico ascendía a 547.520 euros por anualidad (1.642.560 en total).

El segundo contrato, también previsto para tres años, engrosaría las cuentas de Equipo Económico con 125.280 euros cada ejercicio. En total, 375.840 euros. Aquí, el objeto se describía como “desarrollar cuantas actividades sean necesarias para una adecuada asesoría estratégica en materia de I+D+i”. El asesoramiento –se lee en el contrato– “podrá incluir propuestas de cambio normativo para la potenciación de I+D+i” en la Comunidad de Madrid. Equipo Económico debía asimismo enviar a la asociación “informes periódicos” sobre la situación de la economía y de la normativa tributaria.

La investigación judicial sobre Montoro y parte de su entorno arrancó en 2017 tras una denuncia anónima. La denuncia incluía en su relato la existencia de los dos contratos de Equipo Económico SL con Madrid Network. “Parece obvio [se lee en el texto] que el Sr. Beteta está trabajando como 'comercial' de la empresa fundada por su mentor político aprovechando el cargo público que ostenta”.

Unas 4.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han entonado este sábado el “No a la guerra” en la manifestación convocada por la Asamblea Internacionalista de Madrid, que ha recorrido algunas de las principales calles de la capital de España.

Los manifestantes han portado numerosas pancartas en las que se podía leer, sobre todo “No a la guerra”, y en las que pedían “Paz” y el fin de la escalada bélica en Oriente Medio.

Desde Atoche hasta la Puerta del Sol, los convocados han proferido gritos en contra de la guerra en Irán y de la intervención del presidente de EEUU, Donald Trump, y también consignas en contra de los fascistas.

Entre los asistentes se encontraba la eurodiputada de Podemos Irene Montero que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez salir de la OTAN y que se retiren los militares estadounidenses de las bases españolas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

“Mientras estemos en la OTAN (...), lo queramos o no, estamos haciendo la guerra; mientras haya militares estadounidenses en las bases españolas (...), lo queramos o no estamos siendo cómplices de los crímenes (Donald) de Trump y de (Benjamin) Netanyahu”, ha advertido.

Montero, en declaraciones a los periodistas, ha condicionado también el apoyo de su formación a los decretos aprobados por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra a que se amplíen las ayudas, topando los precios de los alimentos y los combustibles, y a que España salga de la OTAN.

“Si no, si hacen las medidas que está proponiendo el PP, entendemos que están buscando los votos de ese partido”, ha agregado.

“A MAR (sic) no le persigue la justicia, le persigue la izquierda”. Con estas palabras ha reaccionado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando la oposición le ha recordado la imputación de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por la filtración de los datos personales de dos periodistas. “Son ustedes los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño, por eso las pierden todas”, les ha dicho la dirigente madrileña a los miembros de la izquierda y, en especial, al PSOE, con cuya portavoz, Mar Espinar, Ayuso ha mantenido su rifirrafe más agrio. 

Durante la sesión de control al Gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid, la socialista había asegurado antes que “Miguel Ángel Rodríguez y sus largas sobremesas están convirtiendo a Madrid una región sin ley”. “Usted no lo va a cesar porque le contrató para convertir Madrid en un lugar en el que poder hacer negocios para vivir como dios”, ha añadido.

A renglón seguido, Espinar ha reprochado a Ayuso su posición de apoyo a los ataques de EEUU e Israel en Irán. “Usted y su jefe de Gabinete tratan de arrastrarnos a los momentos más oscuros, al PP de Aznar que nos llevó a una guerra ilegal cuando los españoles no querían. Usted ha cogido el testigo de esa política cruel y carroñera. Por eso no le importan las 160 niñas asesinadas en una guerra ilegal que empezó Trump. Por eso jalea al genocida Netanyahu, porque el aprendiz ha superado al maestro”, ha añadido. “Si estuviéramos en mayo de 1808 me la imagino a usted abriendo la puerta de par en par a Napoleón con tal de que le dejaran pasar unos días en Versalles”, ha ironizado.

En su respuesta, Ayuso ha asegurado que las “campañas” promovidas según ella por la izquierda contra Madrid “provienen del entorno de la Moncloa”. A Pedro Sánchez le ha atribuido tanto la imputación de Miguel Ángel Rodríguez como la de la 'número tres' del PP madrileño, Ana Millán, cuya causa por corrupción ha sido precisamente archivada esta semana. Para Ayuso, a Espinar “le hacen los papeles” desde Moncloa, unos documentos “que le dicta encima el equipo de fracasados que han tenido que salir rebotados de la política madrileña, rescatados por Sánchez”. “Aquellos que están por su alta capacidad de hacer trabajos sucios, grabar, extorsionar, manipular y amedrentar”, ha concluido. 

El choque con Bergerot

Durante el Pleno también se han mencionado las críticas lanzadas por Ayuso al rey por haber dicho que en la conquista de América se produjeron “abusos”. La presidenta madrileña respondió el martes al monarca asegurando que esos abusos los realizaban “los aztecas” contra la población local y que “los de la cruz”, en alusión a los españoles, fueron a América a “civilizar” el continente.

“No sé si el rey le está pasando por la izquierda o que está pasada de vueltas, pero deje de hacer el ridículo diciendo de civilizar a la gente. La época de las cruzadas ya pasó”, le ha dicho la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en otro momento de la sesión de control. Ayuso ha optado entonces por sacar a colación el viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los Oscar, el pasado domingo.

“El Oscar es para Podemos, Sumar y HamásMadrid. Los mejores actores”, ha ironizado Ayuso. “Toda la vida diciendo 'la izquierda auténtica', 'la de las gentes de las calles', 'nosotros somos los del pueblo'. Pues por una pajarita, un esmoquin, el maquillaje, unas tenacillas, una casa de 400 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido”, ha añadido. A continuación Ayuso ha repasado los viajes de Díaz: “Estados Unidos, Vaticano, Festival de cine de Cannes, Punta del Este cuando se fue a ver al expresidente Mujica... Todo por el pueblo”, ha seguido, con sorna.

“Pero si no les hemos visto en Senegal con los pobres. O con los pueblos de Bolivia cuya pobreza ustedes multiplican allí para luego tenerles aquí sumidos en la misma. O ninguna comunidad necesitada en Asia mientras estrujan a los autónomos españoles”, ha añadido Ayuso, que ha recurrido al final al insulto: “Sánchez les vio venir desde el primer día. Los vio porque vio que eran los herederos del Duque de Galapagar, les olió a kilómetros. Son muy memos”, ha zanjado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este miércoles sobre el encuentro del martes entre el rey Felipe VI y el embajador de México en el que el monarca reconoció que “hubo mucho abuso” durante la conquista de América. Según explicaron ayer desde del Gobierno, Moncloa desconocía cuáles iban a ser las palabras exactas del rey aunque la Casa Real sí avisó al Ejecutivo de que el jefe del Estado iba a pronunciarse sobre la colonización. Pero Ayuso ha dado a entender que si el rey dijo eso fue por la influencia del equipo de Pedro Sánchez.

Ayuso ha definido las palabras del rey como una “polémica que ya venían buscando los comunistas en España y los gobiernos populistas en México” con el objetivo de “buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar ningunas riendas ni del presente ni del futuro”.

Además, ha añadido que “siempre están con el espejo retrovisor, guerras civiles, revoluciones del pasado”. Isabel Díaz Ayuso, además, ha reconocido que no es “responsabilidad nuestra la situación que tiene México en cuanto a inseguridad y otros problemas, no es de España. La Comunidad de Madrid lleva muchos años trabajando por la hermandad, por la unión entre México y España, a través de la hispanidad, y por eso hay tantos mexicanos viviendo en Madrid, y también hay tantos madrileños y resto de españoles en México”.

Ayuso discrepa de las palabras de Felipe VI, que reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista de América, tal y como dejó claro a primera hora en una entrevista en OK Diario. “Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”, dijo en la citada entrevista, en la que añadió: “Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre”.

Pese a la polémica generada, Ayuso ha evitado retractarse: “Lejos de pedir perdón, yo lo que sí que quiero decir es que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa, de ir al nuevo mundo, de llevar la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones de las universidades, de los hospitales, y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie”. En cuanto a la “forma civilizada de ver la vida” ha añadido que “no ocurría hasta que llegamos los españoles en poblaciones indígenas que se unieron a Hernán Cortés, que fue el padre del mestizaje”.

Ayuso justifica que en la actualidad España y México comparten “apellidos, religión e idioma” gracias a la conquista de América, y que la relación “no se puede estropear por los que la odian”. Preguntada de nuevo sobre si respaldaba las palabras de Felipe VI, Ayuso ha pedido “que dejen en paz al rey, que es el rey de todos”.

La presidenta ha vuelto a señalar al ministro Félix Bolaños, acusándolo de duplicar el censo de Madrid con “nacionalizaciones masivas” para “condicionar el voto” en la región. Ayuso insiste en que el Gobierno “sigue adelante con gran prisa y sin ningún rigor” en cuanto a la nacionalización de inmigrantes, y ha repetido que esto “reventará los servicios públicos y alterará el censo electoral”.

Ayuso ha añadido que “muchos ciudadanos regularizados de manera masiva van a votar en elecciones municipales, si provienen de países donde hay convenios de reciprocidad, imagínense cómo puede ser el proceso de votar en Madrid, pero desde Cuba, un país que ha vivido bajo dictadura tantos años. Es decir, ciudadanos que nunca han votado de manera democrática en Cuba, ¿cómo van a votar en ese proceso para elegir en Madrid?”.

En realidad, las afirmaciones de Ayuso parten de un bulo, ya que la regularización no supone que esas personas tengan la nacionalidad española y, por tanto, puedan votar en las elecciones. Únicamente se les otorga el permiso de residencia para poder trabajar de forma legal.

Tres contratos adjudicados a Madrid Network entre 2020 y 2024 por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner sobre la mesa el enigmático blindaje que desde hace 15 años protege a la asociación fundada por iniciativa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y cuyos constantes impagos del macropréstamo público que recibió en 2011 ya han provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas regionales.

A la pregunta de si la Consejería de Sanidad considera ajustada a la ley la adjudicación de esos contratos relacionados con proyectos financiados por la UE a una asociación que desde 2018 no ha devuelto ni un euro a la Comunidad de Madrid, fuentes autorizadas respondieron lo siguiente: “No existe [señala también la respuesta] ninguna relación con préstamos o financiaciones de dicha entidad [Madrid Network]; la vinculación se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. “Estos contratos”, agrega la respuesta, “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector público mediante la figura del contrato menor, al tratarse de necesidades técnicas específicas y por un importe dentro de la legalidad”.

El Gobierno de Ignacio González puso en manos de Madrid Network en 2015 el reparto de 10,5 millones en subvenciones cofinanciadas por la UE pese a que la Comunidad tenía ya datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo traspasados en 2011 iba cayendo en picado. En febrero de 2017 —mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes—, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios. Lo anuló de forma anticipada para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de aquellos fondos.

Impagos recurrentes en perjuicio de la Comunidad

Más allá del aspecto jurídico así como de la contradicción que entraña dar adjudicaciones públicas a una entidad morosa aun tratándose de cuantías pequeñas —las tres adjudicaciones suman 34.912 euros—, el episodio desvela otra paradoja: porque los tres contratos, de los conceptuados como “menores”, tienen por objeto el asesoramiento a las fundaciones de tres hospitales públicos (12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste) en gestión económico-financiera. Y resulta que la encargada de prestar tal apoyo es la asociación que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo 19 han cumplido o están cumpliendo los plazos de amortización.

Los tres contratos comparten la condición de menores —aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros si se trata de servicios y suministros— pero, sobre todo, comparten una circunstancia que alimenta los interrogantes sobre la relación del Gobierno madrileño con Madrid Network. Y esa circunstancia común se resume en lo que sigue: que se le otorgaron esos contratos cuando, lejos de ser un factor coyuntural, los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario ya se habían convertido en el patrón seguido por una entidad que en sus primeros años tuvo como presidente al consejero de Hacienda de Madrid, pagó por asesoramiento 1,8 millones a Equipo Económico —la mercantil del exministro Cristóbal Montoro— y para cuyo departamento de prensa trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de desembarcar en el Parlamento regional en 2011.

Pese a la recurrencia de los impagos del préstamo de 2011, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos antes citados eligieron a Madrid Network. Actuaron así porque —se lee en la respuesta de la Consejería de Sanidad— “tras realizar una prospección de mercado y valorar tres ofertas de diferentes empresas, se optó por Madrid Network por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”. Y ese servicio “consistió en apoyo administrativo, económico-financiero y de gestión para la correcta ejecución y justificación de proyectos europeos” en los que participan la fundación vinculada a los hospitales Infanta Leonor y el del Sureste así como la del 12 de Octubre. Esas dos fundaciones —aduce el Ejecutivo madrileño— no disponen “de medios propios”. Ninguna de ellas mantiene “relación continuada” con Madrid Network. En el caso del contrato del 12 de Octubre, fechado en 2020, año de la pandemia, la adjudicación “obedece a circunstancias excepcionales, siendo la única colaboración” con Madrid Network.

Una entidad que nunca publica sus cuentas

Oficialmente, Madrid Network es en efecto una entidad privada cuyas cuentas nunca han sido de acceso general —ni parlamentario— porque solo las asociaciones de “utilidad pública” están obligadas a depositarlas en el registro. Y Madrid Network nunca ha adquirido ese rango pese a que, en mayo de 2011 y para su reparto entre terceros dedicados al amplio campo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), la Comunidad de Madrid le transfirió 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y que necesariamente había que devolver al Gobierno central.

Dado que Madrid Network es un pagador moroso a gran escala, han salido del presupuesto público regional las cuotas de devolución al Ministerio de Ciencia. Es decir, al departamento que bajo el Gobierno de Zapatero asignó a la Comunidad de Madrid aquellos 80 millones que acabaron en manos de Madrid Network. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Los documentos oficiales remitidos por el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta del diputado socialista Daniel Rubio señalan que Madrid Network distribuyó 46 préstamos entre terceros y se reservó para sí misma uno de 2,58 millones sobre el que la tabla no facilita ningún dato. De esos 47 proyectos beneficiados con créditos a bajísimo interés (1,232%), más de la mitad —27— han acabado en los tribunales porque las prestatarias no han devuelto el dinero. En algunos casos, no han desembolsado ni un euro.

Entre las empresas beneficiadas figuran dos de Ildefonso de Miguel, que fue la mano derecha del sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González; y una asociación encabezada por Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad en la etapa de Aguirre lanzó una persecución inquisitorial contra los médicos del hospital Severo Ochoa, a los que acusó de matar a pacientes mediante “sedación irregular”.

De los 80 millones concedidos en 2011 por el Gobierno de Aguirre, Madrid Network solo ha devuelto 10,9 a través de dos cuotas de devolución, una abonada en 2016 y la segunda, en 2017. Y así consta en las memorias anuales que, pese a la escasa información en ellas ofrecida —esos documentos no equivalen a lo que conocemos como cuentas—, mantuvo ocultas el equipo de Ayuso hasta que el Supremo le obligó el pasado mes de octubre a difundirlas.

“Objetivos cumplidos”

Pese a que desde 2018 Madrid Network no ha devuelto ninguna cantidad al Gobierno madrileño y pese a que es la asociación la que ha llevado a los tribunales al Ejecutivo para cuestionar el calendario de amortización y bloquear así el preceptivo pago de las cuotas, la Comunidad no se ha planteado en ningún momento anular el convenio por el que en 2011 le transfirió 80 millones. De hecho, y cuando la Cámara de Cuentas de Madrid ya llevaba tres años avisando del creciente agujero provocado por los impagos, la Consejería de Educación volvió a subvencionar a Madrid Network: le dio 106.974 euros en 2023 y 229.877 al año siguiente. Hace un mes, portavoces de la Comunidad sugirieron, sin dar detalles, que se ha interpuesto una demanda judicial contra Madrid Network. De tal demanda no hay, de momento, ningún rastro.

La conexión oficial entre el Gobierno de Madrid y Madrid Network se mantuvo hasta que en septiembre de 2025 la Comunidad se desvinculó de la asociación a través de un escrito firmado por el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana. Destituido por Ayuso en febrero, Educación tiene ahora como consejera a Mercedes Zarzalejo. Hace una semana, y ante la pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano sobre qué motivos habían conducido a la Comunidad a darse de baja como socia de Madrid Network, Zarzalejo dijo lo siguiente: “Muy sencillo. Hemos decidido darnos de baja en esta asociación porque hemos cumplido los objetivos que motivaron incluirnos en ella”. La bancada parlamentaria del PP celebró con risas la respuesta. Y la consejera sonrió.