“La actual fase genocida ha intensificado la guerra tanto contra los medios de comunicación como a través de ellos”, advierte la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. Este lunes por la noche ha presentado ante la Asamblea General de la ONU, por videoconferencia desde Túnez, su último informe, titulado “La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio”.

La relatora se ha referido a las sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional y contra ella misma, un castigo que le impide comparecer presencialmente en la sede de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y ha destacado que “la destrucción de la verdad se ha convertido en parte integral de la destrucción del pueblo palestino”, un fenómeno que describe como “mediacidio”. En su informe, Albanese señala tres aspectos que contribuyen a la maquinaria del genocidio:

La eliminación de periodistas y documentos

El primero de ellos es la eliminación sistemática de periodistas palestinos y de los medios que les permiten documentar los hechos. Unos trescientos periodistas y trabajadores de medios han muerto en ataques israelíes, de los que aproximadamente setenta fueron asesinados en represalia por su trabajo. Además, más de cuatrocientos han resultado heridos, al menos un centenar ha sido detenido, unos setecientos diez familiares de periodistas han muerto en ataques israelíes y el 81% de las infraestructuras de información y comunicaciones de Gaza ha sido destruidas o dañadas.

La relatora especial de Naciones Unidas indica que la eliminación de testigos periodísticos y la destrucción de los medios de documentación forman parte de un “mediacidio”: destruyen las condiciones que permiten que las atrocidades sean observadas, documentadas y juzgadas. También contravienen la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia en 2024, que exigía a Israel preservar las pruebas de actos comprendidos en la Convención sobre el Genocidio.

Los medios que muchos de ustedes leen han sido parte del encubrimiento de crímenes atroces

Francesca Albanese, relatora de la ONU

Estructura israelí de censura y propaganda

En segundo lugar, Albanese advierte de la existencia de una “estructura israelí de censura y propaganda”, sostenida por “leyes cada vez más represivas”, que impide el acceso a Gaza de la prensa internacional y que hace uso de plataformas digitales y publicidad de pago para moldear las narrativas internacionales.

En el informe indica que medios de comunicación israelíes han difundido mensajes de deshumanización y de incitación a la discriminación y al genocidio, incluidos llamamientos a “borrar Gaza”, expresiones como “no hay inocentes en Gaza” o descripciones de los palestinos como “monstruos”, “un tumor canceroso” o “caníbales” que “deben ser erradicados”.

Aporta varias cifras significativas: solo en 2024 la censura militar israelí prohibió 1.635 noticias y censuró parcialmente otras 6.265, lo que supone más de 21 intervenciones diarias de censura. La relatora señala que Israel se ha convertido en “uno de los países que presentan un mayor número de solicitudes de retirada de contenidos en todo el mundo, dirigidas contra publicaciones que cuestionan las narrativas oficiales”.

Albanese recurre al precedente de la Radio de las Mil Colinas, medio que incitó al genocidio en Ruanda. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda estableció que quienes controlan medios de comunicación pueden incurrir en responsabilidad penal por la incitación difundida a través de ellos, incluso por no impedirla o sancionarla.

El «mediacidio» denunciado por Albanese abarca tanto la eliminación de periodistas como el papel de determinados medios israelíes y occidentales para legitimar el genocidio

Medios occidentales: distorsión de la realidad

El tercer aspecto que identifica la relatora especial de la ONU es el papel de influyentes medios occidentales en la amplificación de las narrativas israelíes y de afirmaciones no verificadas, así como en la marginación de las voces palestinas, el ocultamiento de la responsabilidad israelí y la equiparación de las expresiones de solidaridad con los palestinos con el antisemitismo.

“Muchos medios actúan como órganos de propaganda de israel”, ha dicho en su intervención ante la Asamblea de la ONU. “Probablemente lo hacen involuntariamente, por costumbre, o simplemente por conveniencia –porque es duro que te acusen de apoyar el terrorismo o de difundir antisemitismo– o, simplemente, por racismo. Los medios que muchos de ustedes leen han sido parte integrante del encubrimiento de crímenes atroces. Y esto debe terminar”, ha advertido.

Albanese también alerta de que las principales plataformas digitales han suprimido contenidos palestinos mientras amplificaban y monetizaban los relatos del Gobierno israelí, entre otras vías “mediante contratos publicitarios por un valor aproximado de 50 millones de dólares en distintas plataformas”.

“El genocidio ha puesto al descubierto sesgos ideológicos arraigados desde hace tiempo en la cobertura mediática de Palestina e Israel. Ha dejado al descubierto un sistema que determina qué voces son escuchadas y qué sufrimiento es reconocido”, indica en el informe.

Como ejemplo, menciona el predominio de un relato que suele omitir “la Nakba, casi seis décadas de ocupación israelí y cerca de dos décadas de bloqueo impuesto a Gaza” y que presenta “el 7 de octubre de 2023 como el comienzo de la historia, en lugar de situarlo en un contexto histórico más amplio”.

También alerta del “camuflaje humanitario”: presentar conductas que deberían examinarse como posibles crímenes internacionales como si fueran acciones militares legales y proporcionadas. Entre los ejemplos figuran expresiones como “órdenes de evacuación” para encubrir desplazamientos forzados, o “zonas seguras”, utilizadas para describir áreas a las que Israel ha obligado a desplazarse a la población palestina.

Albanese denuncia que influyentes medios occidentales han contribuido al «camuflaje humanitario» del genocidio en Gaza, al presentar crímenes internacionales como acciones militares aparentemente legales

Ejemplos

La relatora indica que las narrativas israelíes no verificadas, incluidas las acusaciones sobre “bebés decapitados” y sobre periodistas palestinos que supuestamente eran “terroristas”, fueron ampliamente difundidas antes de ser verificadas. Se observan patrones similares cuando “las muertes de civiles se atribuyen a las tácticas de Hamás” en lugar de a las acciones militares israelíes.

Entre otros ejemplos, menciona las directrices editoriales de la cadena alemana ARD, que presentan las muertes de civiles principalmente como consecuencia del supuesto uso de “escudos humanos” por parte de Hamás. También señala que en la cadena alemana ZDF, el 90,7 % de los usos del término “bárbaro” se han referido a la violencia contra víctimas israelíes, mientras que el término nunca se ha empleado para describir los ataques israelíes contra palestinos. Y cuando los hechos “ya no han podido negarse, la responsabilidad ha quedado frecuentemente oculta”.

La relatora de la ONU pide a la Corte de La Haya que investigue "la incitación directa y pública a cometer genocidio por parte de funcionarios gubernamentales y de figuras de los medios de comunicación"

Además, destaca que un análisis de contenido reveló que la BBC minimizaba la responsabilidad israelí en el 83 % de los titulares analizados. “La BBC todavía titula así la noticia sobre el asesinato de Hind Rajab por las fuerzas israelíes: «Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta en Gaza días después de sus llamadas de auxilio»”, apunta.

Durante dos periodos analizados, “el New York Times mencionó la violencia sexual contra israelíes en 76 ocasiones, frente a solo cuatro menciones relativas a palestinos, pese a las numerosas pruebas de su uso generalizado contra ellos”.

Estas preocupaciones también han surgido dentro de las propias redacciones. Periodistas de CNN describieron la cobertura de su propia cadena como una “mala praxis periodística”. Sin embargo, alerta Albanese, “quienes han cuestionado estos patrones han sufrido presiones y sanciones”.

En uno de los casos más emblemáticos, el de la periodista de ABC Antoinette Lattouf, el Tribunal Federal de Australia determinó en junio de 2025 que ABC había rescindido ilegalmente su contrato por motivos que incluían su opinión política sobre Gaza, y que la decisión se había tomado para “apaciguar a los grupos de presión proisraelíes”.

Muchos medios actúan como órganos de propaganda de Israel. Probablemente lo hacen involuntariamente, por costumbre, o simplemente por conveniencia o por racismo.

Relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese

Plataformas digitales

Ante el asesinato de periodistas palestinos y la exclusión de la prensa extranjera de Gaza, plataformas como “Meta, X y Alphabet” adquirieron un papel central en la circulación de información. Sin embargo, datos filtrados de Meta indican que “aproximadamente 38,8 millones de publicaciones relacionadas con Palestina en Facebook e Instagram fueron eliminadas, prohibidas o restringidas” desde finales de 2023, mientras que las interacciones con destacados medios de comunicación palestinos cayeron un 77 %.

Además, las solicitudes de retirada de contenidos presentadas por el Gobierno israelí fueron aceptadas con tasas de cumplimiento casi totales: el 99,2 % por TikTok y el 94 % por Meta. Al mismo tiempo, las plataformas no aplicaron de manera sistemática sus propias políticas contra los discursos de odio, la deshumanización y la incitación contra los palestinos, “mientras obtenían beneficios de las campañas publicitarias del Gobierno israelí, incluidos anuncios que negaban la hambruna”.

Cuando se silencia a los testigos, cuando el lenguaje deshumanizador se vuelve habitual y cuando la verificación independiente es sustituida por las afirmaciones del perpetrador, la violencia adquiere una apariencia de legitimidad y resulta más fácil mantener la impunidad

Francesca Albanese, relatora de la ONU

Conclusiones y recomendaciones

“El genocidio depende no solo de la destrucción de seres humanos, sino también de la destrucción de las condiciones políticas, morales y probatorias que permiten que esa destrucción sea visible, comprensible y cuestionable. Cuando se silencia a los testigos, cuando el lenguaje deshumanizador se vuelve habitual y cuando la verificación independiente es sustituida por las afirmaciones del perpetrador, la violencia adquiere una apariencia de legitimidad y resulta más fácil mantener la impunidad”, concluye el informe.

Añade que “la rendición de cuentas depende de la supervivencia de las pruebas documentales. Sin ellas, ni la justicia ni la prevención de futuras atrocidades siguen siendo posibles”. Ante ello, la relatora especial formula las siguientes recomendaciones:

A la Asamblea General de Naciones Unidas le solicita que establezca un mecanismo independiente para preservar las pruebas de los crímenes contra periodistas y garantizar el cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y que exija el fin de los ataques contra el entorno informativo, la liberación de los periodistas detenidos arbitrariamente y el acceso a Gaza de los medios internacionales y los observadores de derechos humanos.

Los perpetradores y facilitadores del genocidio suelen intentar influir en cómo se percibe y recuerda la destrucción genocida. La actual fase genocida ha intensificado la guerra tanto contra los medios de comunicación como a través de ellos

Francesca Albanese, relatora de la ONU

A los Estados les pide que investiguen y persigan judicialmente los ataques contra periodistas palestinos, cooperen con la Corte Penal Internacional y protejan los archivos periodísticos como pruebas de posibles crímenes. También les recomienda que revisen el apoyo público a medios y plataformas que difunden mensajes de incitación o que contribuyen a ocultar atrocidades.

A los medios de comunicación y las plataformas digitales les reclama que dejen de blanquear la propaganda mediante formatos periodísticos, verifiquen las afirmaciones de las partes beligerantes, corrijan las informaciones falsas, pongan fin a las represalias contra periodistas y dejen de suprimir de forma arbitraria información periodística. También les solicita que preserven los contenidos que puedan servir como pruebas de crímenes internacionales y que apliquen un procedimiento de diligencia debida reforzada “en materia de derechos humanos”.



Al fiscal de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, le solicita que investigue la incitación directa y pública a cometer genocidio por parte de funcionarios gubernamentales y de figuras de los medios de comunicación, en el marco de la investigación en curso sobre Palestina.

La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, acaba de publicar un nuevo informe sobre los ataques israelíes contra la prensa en Gaza y el papel del periodismo y de las plataformas digitales durante el genocidio. El título del mismo es “La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio”. En él examina “cómo la destrucción de la verdad se ha convertido en parte integral de la destrucción de un pueblo”, e identifica tres patrones interconectados:

1.- La eliminación de trabajadores palestinos de medios de comunicación “mediante asesinatos, mutilaciones, detenciones arbitrarias, torturas, intimidación y su etiquetado sistemático como «terroristas»”, con el fin de impedir la documentación de los crímenes. Nunca en la historia del mundo se había registrado un número tan elevado de víctimas periodistas, con casi 300 trabajadores de medios de comunicación muertos y más de 400 heridos, en menos de tres años.

2.- La construcción en Israel “de un régimen de información mediante restricciones a los medios, censura, propaganda, discursos de odio, incitación al genocidio y negacionismo”.

La relatora de Naciones Unidas menciona algunas afirmaciones emitidas en medios israelíes desde octubre de 2023. Por ejemplo, los palestinos “deben ser erradicados”, son “caníbales”, “un tumor canceroso”, “no hay inocentes en Gaza”, “no son civiles” o “hay dos millones y medio de terroristas en Gaza”. También recoge llamamientos de presentadores o periodistas israelíes pidiendo que Gaza sea “borrada de la faz de la tierra” o defendiendo que hay que “destruir, matar y aniquilar”.

3.- La reproducción, por parte de influyentes medios occidentales y plataformas digitales, de “narrativas que ocultan, justifican o legitiman crímenes atroces, al tiempo que marginan las voces palestinas, las pruebas y el derecho internacional”. El informe señala el empleo de eufemismos como “órdenes de evacuación” para referirse al crimen internacional de desplazamiento forzado o el uso habitual de la voz pasiva para evitar nombrar a los responsables de los crímenes. Por ejemplo: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta”.

Además de estos tres patrones, describe el bloqueo y las restricciones a la prensa extranjera impuestas por las autoridades israelíes como parte de ese “ataque sistemático contra la función pública del periodismo” y contra la documentación de los crímenes.

El informe ya puede consultarse en la web de la ONU. En él se destaca que estas prácticas mencionadas “no se han limitado a acompañar el genocidio”, sino que “han facilitado su comisión y obstaculizado la rendición de cuentas”. Por ello, la relatora de Naciones Unidas concluye que algunos aspectos de “este ataque contra la verdad” pueden describirse como “mediacidio” y solicita a la Corte Penal Internacional que investigue a algunos presentadores y periodistas por posible incitación directa y pública al genocidio.

Los vetos para entrar en Palestina impuestos por las autoridades israelíes son solo una de las manifestaciones de este ataque contra la libertad de información. En comparación con los asesinatos y las torturas de periodistas palestinos, el bloqueo a la prensa internacional podría parecer algo menor, pero no lo es. La ausencia de periodistas internacionales en Gaza tiene efectos muy concretos: contribuye a la invisibilización de lo que ocurre en la Franja, donde la población palestina está obligada a apelotonarse en menos del 30% del territorio, sin acceso a servicios y productos básicos y sometida por la ocupación militar israelí por tierra, mar y aire.

En comparación con los asesinatos y las torturas de periodistas palestinos, el bloqueo y los vetos israelíes a la prensa internacional podrían parecer algo menor, pero no lo son: tienen efectos muy concretos.

Esta semana Israel revocó el visado de la periodista de elDiario.es, Francesca Cicardi, cuando estaba a punto de viajar al país para cubrir las elecciones del próximo martes. Es la segunda reportera española vetada por las autoridades israelíes este año. En los últimos meses Israel ha prohibido la entrada a más de una decena de periodistas europeos y también a juristas y activistas internacionales, algunos de ellos judíos. Estas prohibiciones son solo la punta del iceberg del “régimen de información israelí” denunciado por la relatora de Naciones Unidas. A esos vetos, denunciados públicamente, se suman otros que no salen a la luz por decisión de los propios periodistas afectados o de los medios para los que trabajan.

Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Por eso la información de calidad es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Y por eso hay poderes que intentan controlarla, impedir la tarea periodística, vetar accesos, ocultar los hechos, tergiversarlos o falsearlos.

En Palestina se ha desarrollado un genocidio en el que los perpetradores se han jactado abiertamente de su campaña de segregación y destrucción. Las autoridades israelíes han contado para ello con un enorme respaldo militar de Estados Unidos y países europeos, con protección política y diplomática internacional y con medios y periodistas dispuestos a justificar o silenciar sus acciones.

Las guerras siempre comienzan antes del primer disparo: se inician con un cambio de vocabulario en los medios de comunicación, con la naturalización de la impunidad y la deshumanización en la conversación pública.

El periodismo es una de las primeras formas de escribir la Historia de nuestro tiempo: sienta las bases del relato de los hechos. Cuando se impide el acceso a los mismos, se están cerrando las vías para dar a conocer, prevenir y sancionar crímenes masivos. La matanza de periodistas, los relatos sesgados y los obstáculos al acceso a la información o a su divulgación no son consecuencias colaterales del genocidio, sino que forman parte de la maquinaria que lo ha hecho posible.

La vida fácil en el periodismo es reproducir las afirmaciones del poder en lugar de someterlas a escrutinio. Pero eso no es periodismo, porque no cumple con su función pública más básica: defender la verdad, es decir, contar los hechos y situarlos en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional. Por muy alto que sea el precio.

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¿Qué ocurre cuando una máquina participa en las decisiones sobre el control de una frontera? ¿Quién responde si esas decisiones provocan vulneraciones de derechos? ¿Qué empresas gestionan los datos biométricos que entregamos al cruzar un aeropuerto? ¿De qué manera nos puede afectar que haya empresas vinculadas a Israel controlando nuestras fronteras? El periodista de investigación José Bautista, de porCausa, analiza el creciente negocio de la vigilancia fronteriza en esta entrevista para el podcast Donde Callan las Armas y elDiario.es, en el que también participan la abogada Patricia Fernández y la antropóloga y periodista Sarah Babiker.

Bautista es uno de los autores del informe que porCausa y el Centre Delàs de Estudios por la Paz realizaron a principios de año sobre estas cuestiones y advierte de que las personas migrantes están siendo utilizadas como sujetos de experimentación de tecnologías que después pueden extenderse al resto de la sociedad.

¿A qué se llama tecnología de frontera y por qué debe preocuparnos?

Se llama tecnología de frontera al conjunto de técnicas y dispositivos que utiliza el Estado en sus fronteras por tierra, mar y aire. Y esto nos debería preocupar y ocupar porque nos afecta. No es algo que solamente padezcan personas de otros países a las que podamos percibir como seres lejanos. Está presente en nuestra vida cotidiana.

Cada vez que viajamos o nos desplazamos, nos encontramos con estas tecnologías. Y, sin embargo, sabemos muy poco de quiénes las operan, de cómo se manejan o de cómo funcionan. Deberíamos conocerlas, de la misma forma que sabemos, o intentamos saber, qué es lo que nos estamos llevando a la boca o cualquier otro aspecto de nuestra rutina.

Estamos poniendo en manos de empresas de armamento datos tan sensibles como nuestras huellas dactilares, nuestros rostros, nuestros pasaportes y nuestros movimientos.

Usted señala que estas tecnologías pueden ser una especie de caballo de Troya. ¿Por qué?

Todos conocemos la historia del caballo de Troya: parece que te están haciendo un regalo y, de pronto, se abre y ya es demasiado tarde. Pasa igual con la tecnología de frontera. La frontera es un campo de experimentación, un laboratorio. Y en ese laboratorio los conejillos de Indias de hoy en día son, a menudo, las personas migrantes, contra quienes toleramos muchas cosas porque nos parecen lejanas.

Las tecnologías que se están probando en las fronteras contra personas de otros países pueden terminar utilizándose contra nosotros. De hecho, ya está ocurriendo. Hay un ejemplo que me gusta mencionar para explicarlo. Hay un software israelí que se llama Cellebrite. Se utiliza para acceder al contenido de un teléfono móvil sin el consentimiento de su propietario. Si tú no quieres desbloquear el móvil y la Policía conecta este dispositivo, que se parece a una pequeña videoconsola, puede acceder a su contenido.

Para acceder por la fuerza a nuestros teléfonos, la Policía necesita autorización judicial. Tenemos derecho a la intimidad y a la privacidad de nuestras comunicaciones, derechos reconocidos en la Constitución. Pero hay una excepción en la práctica: cuando llega una persona migrante a Canarias en cayuco, baja de la embarcación y la Policía Nacional utiliza Cellebrite sin autorización judicial para acceder al contenido de su teléfono. Lo hace con el pretexto de la lucha contra el yihadismo, el terrorismo y otras amenazas de seguridad.

Estamos permitiendo que se vulnere un derecho fundamental de personas que se encuentran en nuestro país. Ahora está pasando contra migrantes y parece que no nos afecta. Pero ¿quién nos asegura que mañana no llegue un Gobierno de extrema derecha y utilice estas mismas prácticas contra quienes piensan de una determinada manera o protestan contra alguna política? Por eso hablo de un caballo de Troya. Estamos viendo cómo entra y lo estamos permitiendo. Puede que algún día terminemos sufriendo sus consecuencias.

Las fronteras son un laboratorio donde se vulneran derechos y se prueban tecnologías contra las personas migrantes que después pueden utilizarse contra el resto de la población, contra quienes protestan o piensan de forma diferente

Sabemos por la historia que eso ha ocurrido en el pasado. Una vulneración de derechos que comienza afectando a un sector de la población puede terminar normalizándose y extendiéndose a otros sectores.

Los derechos son universales o no son, son otra cosa.

También han subrayado desde porCausa el uso creciente de la inteligencia artificial, que ya se está utilizando en las guerras. Lo hemos visto también en el genocidio en Gaza. Y se está utilizando en las fronteras, donde se impulsa una especie de guerra contra las personas migrantes. En Ceuta y Melilla ya se emplea. ¿Qué consecuencias tiene delegar determinadas decisiones en sistemas de inteligencia artificial?

Hay muchos problemas. De hecho, mucha gente desconoce que, desde febrero del año pasado, Ceuta y Melilla tienen sistemas de inteligencia artificial incorporados a todo su perímetro fronterizo.

Lo que hace esta inteligencia artificial, básicamente, es recibir toda la información de los sensores que tienen esas vallas. Hay sensores de paso y de movimiento, cámaras nocturnas y cámaras de larga distancia. Toda esa información se transmite a un sistema de inteligencia artificial que, a partir de los datos recibidos, determina dónde considera probable que se produzca un salto de la valla y transmite indicaciones a la Guardia Civil para que actúe.

Dicho de otra forma, un sistema cuyo algoritmo desconocemos y que no podemos auditar ni como periodistas ni como ciudadanos está participando en decisiones que deberían corresponder a seres humanos. Cuando las decisiones las toma una máquina y se produce un problema, incluso la muerte de personas, ¿a quién se le exigen responsabilidades? ¿Al desarrollador que hizo el algoritmo? ¿Al técnico que lo instaló en la valla? ¿O al guardia civil que siguió las indicaciones del algoritmo?

Hay muchos problemas. Y uno de los más graves, como bien sabes por tu trabajo periodístico, es la opacidad. Otro es el papel de las empresas que desarrollan estas tecnologías. La inteligencia artificial desplegada en Ceuta y Melilla la desarrolla una empresa española llamada TRC, que trabaja mucho con la Guardia Civil, la Policía y el CNI. Esa misma empresa también está incorporando inteligencia artificial a los sistemas del Ministerio de Justicia para determinar a quién se concede la nacionalidad española y a quién no.

¿Qué mecanismo o qué criterio utiliza esa inteligencia artificial para decidir quién merece la nacionalidad y quién no? No lo sabemos. Tampoco podemos acceder a esa información. Ojalá algún día podamos, porque hay una sentencia del Supremo, gracias a Civio, que se supone que nos abre la puerta a examinar estos sistemas. Pero todavía no está ocurriendo.

En los puertos, aeropuertos y fronteras del Estado español hay numerosas empresas que comercializan tecnología israelí –y participan en procesos críticos– y el Gobierno de España continúa comprándola.

Además de todo esto, tenemos empresas tecnológicas y armamentísticas que pueden acceder a nuestros datos personales, nuestras huellas dactilares o nuestros datos biométricos faciales. ¿Por qué es preocupante?

Es preocupante, para empezar, porque son empresas muy opacas. Algunas son empresas armamentísticas que participan en el genocidio en Gaza o en conflictos en otras partes del mundo. Otras están dirigidas por personas muy cercanas a la extrema derecha, tanto en Europa como en Estados Unidos.

En el caso de España, algunas presentan numerosas puertas giratorias vinculadas a los grandes partidos políticos, lo que plantea dudas sobre la separación entre el poder político y los intereses empresariales. Todo esto nos tiene que preocupar por varias razones. Primero, porque se está haciendo con dinero público. Segundo, porque estas tecnologías pueden utilizarse para vulnerar derechos. Y tercero, porque estamos poniendo en manos de empresas armamentísticas información extremadamente sensible: nuestros datos biométricos faciales, nuestro rostro, nuestras huellas dactilares, la información de nuestro pasaporte o los registros de nuestros movimientos por los aeropuertos.

Volvamos al caballo de Troya. Podemos pensar que esto solo afecta a las personas migrantes, pero no es así. Cada vez que pasamos por un aeropuerto para coger un vuelo, ya sea por trabajo o para irnos de vacaciones, estas empresas pueden acceder a datos e información muy sensible sobre nuestra vida cotidiana. Y también a los datos de nuestros hijos o de cualquier persona que utiliza estas infraestructuras.

Son infraestructuras que consideramos públicas, pero cuya gestión se está confiando a empresas privadas, en muchos casos con actividades y relaciones que deberían examinarse con especial atención.

La empresa fundada por un antiguo alto cargo del Mossad que comercializó Pegasus en España también suministra tecnología para puertos y aeropuertos.

Desde porCausa también han señalado que la frontera española es un negocio israelí.

Esto fue una sorpresa. En septiembre y octubre del año pasado, el Gobierno anunció un embargo y afirmó que España dejaría de comprar productos de defensa israelíes y de venderlos a Israel, en el contexto del genocidio en Gaza.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Hay muchas empresas españolas que comercializan tecnología israelí y el Gobierno de España continúa comprándola. ¿Qué hemos descubierto? Por tierra, mar y aire, en los puertos, los aeropuertos y las distintas fronteras del Estado español, encontramos numerosas empresas que comercializan tecnología israelí y participan en procesos críticos.

Una de ellas es DARS Telecom. Esta empresa fue creada por un antiguo alto cargo del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Es la misma empresa que vendía Pegasus al Gobierno de España, utilizado para espiar en Cataluña. Ahora está instalando sistemas de inteligencia artificial cognitiva en aeropuertos y puertos.

Hay otra empresa muy interesante, ETEL88, que es prácticamente desconocida. A través de la externalización de fronteras, España y Europa entregan dinero y equipamiento a Marruecos y al régimen de Mauritania. Una de las empresas contratadas para suministrar visores nocturnos, cámaras y lectores biométricos es precisamente ETEL88, que está muy vinculada a Israel.

Otra es One Recovery. Antes hablábamos de Cellebrite, el programa que se utiliza para acceder por la fuerza a los teléfonos de las personas migrantes. Esta empresa es israelí y también está presente en las fronteras, en el contexto de la llegada de cayucos.

La Policía utiliza un programa israelí para acceder sin autorización judicial a los móviles de las personas migrantes que llegan a Canarias.

También mencionan Excem.

Es una de las que más preocupa. La creó David Hatchwell, que vive en Madrid. Por ejemplo, cuando entregas tu pasaporte y la Policía lo introduce en una máquina, según nuestra investigación, esa tecnología la proporciona Excem. También está presente en los sistemas de escaneo de equipajes. Son tecnologías que permiten tratar información muy sensible sobre las personas que cruzan las fronteras.

Y no es cualquier empresa. Su fundador fue Mauricio Hatchwell, padre de David Hatchwell, quien ha sido directivo en la compañía y financiador de campañas electorales de Netanyahu. También es cofundador de ACOM. ACOM es uno de los principales grupos de presión del sionismo más radical en Madrid, con el que muchos periodistas han tenido problemas en alguna ocasión. Es, además, muy cercano a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Estas empresas, que a menudo prueban sus tecnologías contra la población palestina, están participando en la gestión de información tan sensible como nuestros movimientos, nuestros rostros y nuestras huellas dactilares. ¿Qué puede salir mal?

Estamos dejando que algoritmos que no podemos auditar tomen decisiones que deberían corresponder a seres humanos. Si alguien muere, ¿quién asume la responsabilidad?

Y hay más casos...

Hay otro ejemplo que me preocupa especialmente: una empresa japonesa, NTT Data, que mucha gente no conoce. Todos hemos oído hablar de los graves problemas con los cribados de cáncer de mama en Andalucía. No sabemos cuántas mujeres han podido morir porque no se detectó a tiempo su enfermedad y no recibieron tratamiento.

Esa misma empresa trabaja con Aena y con el Ministerio de Transportes para gestionar datos de las personas que pasan por los aeropuertos. Si se han producido problemas tan graves en la gestión de los cribados de cáncer de mama, ¿qué podría ocurrir con los datos extremadamente sensibles de millones de personas que entran y salen de España? Estamos confiando información tan delicada como nuestras huellas dactilares a estas empresas.

La abogada Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, explica que en Ceuta se ha utilizado el hambre, la falta de acogida y la violencia contra las personas migrantes como instrumentos de disuasión. Fernández advierte de que la externalización de las fronteras ha permitido a otros Estados utilizar los movimientos migratorios como herramienta de presión política y denuncia la vulneración de derechos fundamentales.

Tras documentar testimonios de agresiones y torturas, la abogada señala la militarización de las calles en Ceuta, la desprotección de miles de menores y las devoluciones a Marruecos por pasos no habilitados. Hablamos con ella en el podcast 'Donde callan las armas' del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas y en elDiario.es.

¿De qué manera las políticas migratorias europeas y españolas son leídas y entendidas por países a los que se cede soberanía para gestionar fronteras y políticas migratorias?

La actual política de externalización de fronteras, que ha sido fomentada por la Unión Europea y asumida por los distintos gobiernos en España, es utilizada por parte de los países que están llamados a gestionar nuestra frontera. Se ha dado la llave de nuestra casa a un vecino o a una vecina, que es quien ahora mismo tiene la responsabilidad y la encomienda de hacerlo a través de una serie de fondos de difícil seguimiento y de escasa transparencia.

Por lo tanto, tenemos un déficit democrático porque no podemos monitorear adecuadamente los fondos, pero también tenemos un déficit de soberanía porque, en realidad, algo que debería ser responsabilidad única del Estado español o de los Estados europeos, si pensamos en el marco de las fronteras europeas, se lo estamos transfiriendo a un tercero.

¿Qué hacen estos terceros, esos países?

En el marco de las relaciones bilaterales con el Estado español o con la Unión Europea, lo utilizan para su propio beneficio. Lo hemos visto muy recientemente con las declaraciones del rey de Marruecos en la apertura del año legislativo en la asamblea de Marruecos: esto forma parte de su propio ejercicio de soberanía.

Cuando esto se hace, además, no sobre una frontera cualquiera, sino sobre la frontera hispano-marroquí –donde hay territorios en disputa y en litigio– la actual política de externalización de fronteras constituye una grieta de seguridad que, lógicamente, es aprovechada por los Estados del sur global en sus relaciones con Europa. No olvidemos que Marruecos no ha cesado en reclamar soberanía sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre parte de las aguas jurisdiccionales canarias.

Con Ceuta hemos normalizado el Ejército en las calles, con soldados de infantería y vehículos blindados

En este marco hemos visto cómo se han dado casos de malos tratos y agresiones muy graves por parte de militares a personas migrantes. Usted misma ha estado muchas veces en Ceuta y Melilla.

Hay una consecuencia muy visible, que parece que no tiene trascendencia, pero que la tendrá en el futuro: se ha normalizado el Ejército en las calles. A las puertas de un comercio o de un supermercado de barrio en Ceuta no hay un vigilante de seguridad, ni un agente de la Policía Local, ni de la Policía Nacional, sino dos soldados de infantería con un vehículo blindado en la puerta.

Ese marco ahonda en la idea de la invasión y penetra de una manera muy importante en el imaginario colectivo de la sociedad ceutí. Se perpetúa un daño real que ha sufrido la sociedad ceutí, que ha vivido con miedo toda esta situación. En ningún caso el Ejército puede tener labores de seguridad ciudadana: no lo permite nuestra legislación ni, desde luego, la Constitución; pero es que además, otra de las variables que nos encontramos es que se otorga una responsabilidad a una institución del Estado que no ha sido formada para ello.

El Ejército no actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad, y tiene material de combate. Esto ha llevado a un incremento de la conflictividad y de las vulneraciones de derechos humanos, si atendemos al testimonio de las víctimas, que nos hablan de agresiones muy graves y muy severas, de una manera muy notoria contra las personas que han llegado recientemente a la ciudad de Ceuta. Hemos visto lesiones gravísimas y hemos visto testimonios que no nos hablan de una mera agresión, sino de torturas, porque se les castiga por el hecho de haber accedido a territorio europeo o a territorio español.

Se ha otorgado al Ejército una responsabilidad para la que no ha sido formado. No actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad y tiene material de combate. Esto ha aumentado la conflictividad y las vulneraciones de derechos humanos.

Hay fotografías, pruebas gráficas y testimonios que, sin embargo, por el hecho de tratarse de personas migrantes, han pasado demasiado desapercibidos en algunos ámbitos. También hay otra cuestión: ¿Por qué desde el primer día no se aplicaron medidas para acoger a menores y construir espacios adecuados para todas las personas migrantes que llegaron?

Hemos visto imágenes que nos podrían recordar al campo de Argelès-sur-Mer. Hemos visto una playa con gente literalmente abandonada. Esto ha sido una estrategia de disuasión. En este conflicto que hemos vivido en la ciudad de Ceuta, en esta grave crisis de los derechos humanos, hemos visto cómo se ha jugado con el hambre como un arma.

Se han dado menos de 4.000 comidas diarias cuando teníamos aproximadamente 14.000 o 15.000 personas en situación de dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo diario que establece el Manual Esfera, un manual de estándares mínimos de atención en situaciones de crisis humanitaria. Ni siquiera se cumplía con el mínimo de calorías. Se ha jugado con la falta de atención para desesperar a la gente. Hemos visto gente pasando hambre, gente muy desesperada, porque la pretensión era la disuasión.

Hace años que venimos denunciando, a otros niveles, que los programas de acogida a personas migrantes forman parte también de la política migratoria del Estado y que se utilizan como manera de disuadir y de cortar rutas. Cuando la población siria empieza a llegar a Ceuta y Melilla en 2015 —no olvidemos que en el primer trimestre de ese año llegaron más personas sirias por Melilla que por la frontera este de Europa—, se dejaba a la gente hacinada en Melilla. No se le permitía transitar hacia el territorio europeo, hacia la península. Era una manera de cortar la ruta, de que les dijeran a sus vecinos o a sus compatriotas: «Por aquí no vengáis, que se pasa muy mal».

Esto se viene utilizando sistemáticamente. Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usa el hambre como estrategia de guerra y la violencia física como estrategia de guerra, en esta dialéctica de la guerra que se establece. Se ha utilizado para evitar la atención. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Se han dado menos de 4.000 comidas al día cuando teníamos 14.000 personas en dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo que establece el Manual Esfera. Hemos visto gente pasando hambre; la pretensión era la disuasión.

¿Cuál es la situación ahora?

A fecha de hoy, transcurridos más de 76 días desde las primeras entradas, tenemos 2.000 niños y niñas de entre 16 y 17 años que no han sido acogidos y que no esperan serlo. Ya han acudido a todos los dispositivos, han hecho colas, se han presentado y, sencillamente, hemos decidido que, como eran prioritarios los niños un poco más pequeños, los de 16 y 17 pueden esperar. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para personas adultas y se sacaban a los niños y a las niñas. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para hombres y se dejaban fuera a las mujeres.

Se han alterado todas las lógicas de la intervención social y de la intervención humanitaria. Parecía que había una lógica que forma parte del imaginario de cualquier crisis: las mujeres y los niños primero. Esa lógica se ha roto en Ceuta. ¿Cuál era el planteamiento? No vamos a acoger, no vamos a acompañar, no vamos a garantizar derechos; vamos a agotar a las personas para que regresen voluntariamente. Cuando han visto que esto no ha ocurrido es cuando se han inventado estos retornos voluntarios.

Esa gente que está volviendo, ¿de qué manera lo está haciendo?

Hay gente que se acerca tranquilamente por la carretera del Tarajal y llega a la zona de la playa. Allí hay una puerta que da acceso a la parte trasera de las dependencias de aduanas, donde hay una escalerita que baja a la playa del Tarajal, a la zona de seguridad. Por allí caminan hasta la valla, no al puesto fronterizo. En la valla hay una puerta de servicio para gestionarla, y la gente cruza esa puerta, que ahora mismo permanece abierta.

Esa gente retorna de modo voluntario, en el sentido de que nadie la ha llevado hasta la frontera y ha decidido regresar porque no se han cumplido sus expectativas, porque está agotada. Luego tenemos muchas personas, demasiadas, que son trasladadas. Una sola ya era mucho, pero estamos viendo contingentes de personas que llegan en coches policiales o, últimamente, en autobuses.

Los desalojados de las playas del Trampolín, del Guano y de Benítez han llegado hasta allí. Vemos cómo los autobuses paran en el puesto fronterizo, pero no se les devuelve por él: se les introduce en su interior y se les saca por otra puerta a un paso que hay en el polígono industrial del Tarajal. Se abre otra puerta de la valla y se les entrega a las autoridades marroquíes, o se les deja transitar hacia donde están las personas marroquíes.

Estamos viendo personas desalojadas de las playas que son trasladadas en coches de policía o en autobuses hasta el puesto fronterizo marroquí y se les devuelve por la puerta de atrás, custodiadas por policías. Eso no es un retorno voluntario.

Van custodiadas por policías...

Esas personas acuden custodiadas: hemos visto a dos policías nacionales delante, tres detrás y un coche policial. Eso no es un retorno voluntario. Sobre todo, queremos llamar la atención por el hecho de que no se está haciendo por el puesto fronterizo: no es un tránsito regular de fronteras bajo custodia. Cuando una persona es expulsada de España o regresa a su país voluntariamente porque tiene un permiso de residencia en España y transita hacia Marruecos o hacia Argelia, lo hace siempre por un puesto fronterizo. Entonces España sabe quién entra y quién sale.

Lo que no podemos hacer es abrir la puerta de atrás para echar a las personas, ni siquiera para consentir que se vayan voluntariamente, si es que tal cosa fuera real, porque esto es hacernos trampas al solitario. No podemos penalizar a la gente porque cruza la frontera irregularmente y luego nosotros —me refiero al Estado español— habilitar un paso fronterizo irregular. Esto lo hacemos única y exclusivamente porque, entre otras muchas causas, en el origen de esta crisis está que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta.

Esta es una de las muchas causas de la crisis. Llevamos años gestionando la frontera por la puerta de atrás, gestionando la frontera de facto, y estamos solucionando la crisis con la misma medicina que nos ha causado la infección. Por lo tanto, esto es un cierre en falso de la crisis.

Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usan el hambre y la violencia física como estrategia de guerra. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Desde la Coordinadora de Barrios ustedes han señalado que la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta tiene también razones geopolíticas, pero que eso, evidentemente, no despoja de derechos a las personas migrantes ni las convierte en proyectiles o armas, como algunos han dicho.

Tenemos que ser conscientes de que, tanto cuando hablamos de crisis geopolíticas como cuando hablamos de mafias, las víctimas de esta historia son las personas migrantes, las personas en movilidad. De una crisis se sale siempre con más derechos y con más Estado de derecho. Esa es la receta para una crisis de estas características. Pero, al haber atropellado los derechos de las personas migrantes, las estamos tratando exactamente de la misma manera que las ha tratado Marruecos o como las tratan las mafias: como pura mercancía. Por lo tanto, si queremos acabar con las mafias que se aprovechan de las personas y con esos tránsitos irregulares de personas utilizados por los Estados con sus intereses geopolíticos, lo que tenemos que hacer es dotar de derechos a estas personas y protegerlas.

No podemos olvidarnos de que, entre las personas que han cruzado, hay aproximadamente 5.000 en necesidad de protección internacional, y estas 5.000 personas no tienen hoy por hoy garantizado el acceso a la protección internacional en España. Por lo tanto, un Gobierno que se erige en baluarte del multilateralismo ha cometido atropellos contra el sistema internacional de derechos humanos como no los habíamos visto en mucho tiempo.

Maricarmen ha muerto después de haber sufrido tres intentos de desalojo y un desahucio. Hace dos semanas toda España vio cómo este país era capaz de expulsarla de su casa, pese a las peticiones de su abogada y de muchísima gente que acudió a las puertas de su vivienda para intentar evitar una injusticia.

El pasado 24 de junio estaba previsto el tercer intento de desahucio de Maricarmen. Días antes, la expulsión fue aplazada y consiguió una prórroga de dos meses. Sí, todo lo que las instituciones hicieron fue decirle a una mujer de 87 años que en septiembre tenía que irse. Imaginen su verano. Entre junio y septiembre la salud de Maricarmen se deterioró notablemente.

Durante esas semanas el fondo Urbagestión y los gobiernos central, autonómico y municipal tuvieron tiempo para barajar opciones, buscar alternativas y encontrar un modo de que Maricarmen pudiera quedarse en la casa en la que vivió 71 años. No lo hicieron. No quisieron. Con su inacción y complicidad contribuyeron a este resultado.

He seguido muchos casos de hombres y mujeres desahuciados. Cuando a una persona mayor le arrancan del hogar donde ha pasado la mayor parte de su vida no solo le quitan una casa. La dejan sin protección, sin entorno, sin referencias. El barrio es la familia de mucha gente. Es nuestra red. Como bien decía esta semana una mujer que habló en la manifestación de Málaga: “No soporto que en mi barrio construyan infraviviendas y que quiten mis tiendas, la tienda del barrio que sabe que si Manuela no baja en tres días es porque le pasa algo, cojones”.

El negocio depredador de la vivienda arroja a la calle a gente trabajadora y machaca el tejido que conforma la base de este país, el que nos hace sociables, mediterráneos, comunitarios; el que cuida a las abuelas que viven solas, el que mantiene cerca a las vecinas, el que echa un vistazo a los críos en las plazas, el que nos fía la compra cuando no llevamos dinero y el que se activa cuando Manolita no ha pasado por la tienda en tres días.

No somos seres individuales encapsulados: vivimos en comunidad y lo que les pasa a nuestras vecinas nos afecta y nos condiciona. Necesitamos a los otros para vivir, para sentirnos seguras, para no hablar solo con las paredes o con la tele. A Maricarmen le arrebataron su casa, su barrio, su entorno.

La pena, el desamparo, el miedo o el desconcierto pueden terminar de matar a un ser humano. No es la primera vez que la salud de una persona mayor empeora rápidamente tras sufrir un desahucio. Lo saben bien las activistas de las asambleas y los sindicatos por el derecho a la vivienda, que llevan muchos años sosteniendo la red para agarrar a las Maricármenes cuando este sistema despiadado las arroja al vacío. “Te tenemos, Maricarmen, te sujetamos, no estás sola. No te vas a caer, porque no estás sola”.

La violencia de un desahucio es estremecedora. El colonialismo segregador del ladrillo utiliza la vivienda como si fuera un activo financiero en vez de un derecho, agrietando nuestro entorno y nuestro vecindario. Cada vez más espacios son de repente extraños, porque ya no funcionan como parte de la comunidad, sino contra ella. Los de siempre estorban. Los especuladores quieren nuestras viviendas, nuestros edificios y nuestros barrios, porque podrían convertirse en más metros para su negocio.

Si no existiéramos, los fondos y los grandes tenedores podrían conseguir aún más millones de euros. Si Maricarmen no hubiera estado allí, sus desahuciadores podrían haber multiplicado antes el precio del piso. Ahora, con su muerte, ya tienen lo que querían. El turbocapitalismo devora barrios y familias. Lo engulle todo.

Necesitamos un planeta para respirar, una vivienda para vivir y una comunidad para ser. Pero hay una deshumanización normalizada y promocionada en prime time, para que algunos que jamás podrán disponer de cinco casas piensen y voten como si tuvieran cien.

Maricarmen no ha muerto en su casa, como debería haber sido, sino en una cama de hospital, adonde la llevaron en camilla cuando la echaron de su vivienda. Quiso luchar por sus derechos y por los de todos. “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”, dijo el día de su desahucio. Sin lucha quizá podemos sobrevivir (no siempre), pero no ser. No somos seres plenos si aceptamos la negación de nuestros derechos.

Si miles de personas han tomado las calles dispuestas a combatir esta impunidad ha sido en parte gracias a Maricarmen. “Ella ha sido y será símbolo y ejemplo para seguir organizándonos”, han escrito desde la acampada de la Puerta del Sol de Madrid. “Con cada burofax de expulsión, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida”, han señalado desde el Sindicato de Inquilinas. 

Maricarmen será recordada en las manifestaciones por el derecho a la vivienda, en la huelga general del próximo 11 de noviembre y en cada desahucio parado. Nos tienes, Maricarmen, en esta digna movilización por un modelo más justo, más humano.

Puede que dentro de muchos años alguien lea esta noticia y se estremezca pensando en la crueldad del mundo de entonces, que es el nuestro de hoy: Una mujer de 87 años del distrito Retiro de Madrid ha muerto días después de ser expulsada de la casa en la que vivió 71 años de su vida. 

A Maricarmen la han terminado de matar el rentismo, la violencia institucional, la hipocresía y la inacción de todos aquellos que pudieron evitar su desahucio, pero miraron hacia otro lado. Vamos de la mano contigo, Maricarmen. Tú nos llevas. Por ti, por nuestros hijos, por nosotras, por nuestros barrios, por nuestra tribu, por nuestra sociedad. Por nuestro futuro. 

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio dedicado a abordar uno de los grandes obstáculos que ha encontrado la memoria democrática para abrirse paso en nuestro país: la persistencia de la impunidad. Este episodio puedes verlo también en nuestro canal de Youtube.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, miles de víctimas de la dictadura y de la violencia política durante la Transición siguen sin haber podido acceder plenamente a la verdad, la justicia y la reparación. Mientras conocemos los nombres y las historias de muchas de las personas represaliadas, encarceladas, torturadas o asesinadas, sabemos todavía muy poco sobre quienes ordenaron, ejecutaron o ampararon aquella violencia.

La ausencia de depuración de los aparatos del Estado permitió que numerosos responsables de la represión franquista transitasen de la dictadura a la democracia sin rendir cuentas, continuando en muchos casos sus carreras profesionales y permaneciendo fuera del escrutinio público. Una impunidad jurídica que ha tenido también una dimensión política y social: durante décadas, los victimarios han permanecido ocultos detrás del anonimato institucional, mientras las víctimas y sus familias cargaban con la tarea de reconstruir lo sucedido. Desconocer quiénes fueron los responsables, qué papel desempeñaron y cómo operaron las estructuras represivas no sólo dificulta la búsqueda de la verdad, sino que prolonga el daño y contribuye a una nueva forma de revictimización.

En este nuevo podcast de Atado y Bien Atado queremos preguntarnos qué significa construir memoria democrática cuando todavía resulta tan difícil nombrar a los responsables de la represión. Para ello conversaremos con Sabino Cuadra, abogado, sindicalista y activista de la asociación Sanfermines-78: gogoan!, autor, entre otros trabajos, de ¡No os importe matar! y Sanfermines de 1978. Los victimarios; y con Mónica Puertas, escritora y profesora de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la Guerra Civil y el franquismo desde una perspectiva de derechos humanos e impulsora de Rutas y Memoria en Madrid. También es autora del libro España bajo libertad vigilada. Apuntes sobre el recorrido histórico.

Sus intervenciones se combinan con testimonios de especialistas para analizar cómo la persistencia de la impunidad sigue condicionando, medio siglo después, nuestra relación con las víctimas, los victimarios y la propia memoria de la democracia. Entre las voces que participan, están las de las integrantes de Historias Desobedientes, la argentina Analía Kanilec y la española Loreto Urraca, el sociólogo Rubén Juste, investigador de la estrecha relación entre las elites políticas y económicas en España, el catedrático de Educación Enrique Javier Díez Gutiérrez, autor de varios libros sobre educación y memoria histórica (La asignatura pendiente, Pedagogía Antifascista, etc), y la antropóloga Ruth Sastre, coeditora del libro Descendientes del franquismo.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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Y este episodio, por ser el último, puedes verlo también en vídeo en nuestro canal de Youtube.

Una investigación llevada a cabo por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel muestra que Barcelona se ha convertido, desde octubre de 2023, en la principal vía de tránsito hacia Israel de MTBE, un compuesto químico usado principalmente como aditivo para la gasolina y perteneciente a la familia de los éteres.

Entre marzo de 2025 y mayo de 2026 la aduana israelí registró nueve cargas de MTBE a granel procedentes del puerto de Barcelona con destino a Haifa, por un total de más de cincuenta mil toneladas.

“Esto demuestra la existencia de una línea de suministro programada, con una carga cada seis u ocho semanas, siempre desde las mismas terminales del puerto de Barcelona (TEPSA y TRADEBE) y con el mismo consignatario (ITALMAR 3000 S.L)”, indican los investigadores.

España es exportador habitual de MTBE, como puerto de tránsito

Barcelona, puerto de tránsito

Estos cargamentos de MTBE (metil-terc-butil éter) no están producidos en España, son transportados desde terceros países, hacen escala en Barcelona y continúan su trayecto hasta Israel.

El informe desvela que Barcelona fue el primer origen declarado de éteres ante la aduana israelí en 2025, con cerca del 39 % de todas las importaciones israelíes de esta partida, por delante de Francia y Chipre. También revela que, de las nueve cargas registradas por las aduanas de Israel, España solo ha declarado una en su estadística de exportación: la del buque IRINI, contabilizada en diciembre de 2025, de origen francés.

“El resto transita por Barcelona sin dejar rastro en los datos de comercio exterior”, indican los investigadores. Esto se debe a que los otros cargamentos proceden de países no comunitarios.

El MTBE que pasa por el puerto barcelonés con destino a Israel llega de Arabia Saudí, Estados Unidos, China, Japón y Francia, entra en Barcelona, se almacena y se reembarca hacia territorio israelí, reetiquetado como «origen España» ante la aduana de Haifa.

El equipo investigador ha analizado los datos de Aduanas de Israel, combinándolos con la información proporcionada por la Agencia Tributaria de España y el Puerto de Barcelona.

Las obligaciones derivadas de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia no exigen demostrar un uso militar concreto: basta con que el comercio contribuya a la ocupación y la segregación.

Uso civil y militar

El MTBE no es un producto específicamente para uso militar, “no es el queroseno de los aviones de combate ni el gasóleo de los blindados, pero sí es un aditivo importante para que los motores de gasolina funcionen correctamente: eleva el índice de octano y mejora la combustión”, explica el equipo investigador.

Desde una perspectiva económica, las 40.000 toneladas de MTBE que transitan por Barcelona al año suponen unas ventas totales de unos 30 millones de euros de aditivo al año. La investigación indica que esas 40.000 toneladas son un componente que permite poner en el mercado israelí aproximadamente unos 540 millones de litros de gasolina.

“A los precios que fija el propio Ministerio de Energía israelí, esa gasolina supone más de 1.150 millones de euros en ventas y aporta alrededor de 700 millones de euros anuales a las arcas del Estado de Israel en impuestos”, señala el informe. Los investigadores subrayan que este comercio “no es inocuo”, ya que este componente puede usarse no solo para coches particulares, sino también para vehículos militares o policiales.

De las nueve cargas registradas por las aduanas de Israel, España solo ha declarado una en su estadística de exportación: la del buque IRINI, en diciembre de 2025

Las obligaciones internacionales

El Real Decreto-ley español 10/2025, aprobado el pasado mes de septiembre, establece en su artículo 2 que se denegará el tránsito hacia Israel de “combustibles que puedan tener un uso final militar”.

“A pesar de que el foco de ese artículo sean los querosenos de aviación JP4, JP5 o JP8, es imposible descartar un potencial uso policial o militar del MTBE”, indican desde RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas.

Estos colectivos solicitan la suspensión de todo tránsito de dicho combustible, en base no solo al Real Decreto-ley 10/2025, sino también por las obligaciones derivadas de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte, máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, ha pedido a los países que eviten “relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a “la ocupación ilegal” y “la segregación”.

Esa obligación “ni siquiera exige demostrar un uso militar concreto: basta con que el comercio contribuya a sostener la ocupación” y la segregación. Las fuerzas armadas israelíes participan y contribuyen a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos.

“Los más de 700 millones de euros que los impuestos derivados del comercio de este combustible aportan al Estado ya son una contribución más que evidente de cómo este comercio ayuda a mantener gravísimas vulneraciones de derechos humanos”, denuncian desde RESCOP.

No hay un comercio bueno y un comercio malo con Israel. Todo intercambio que mantenga en funcionamiento su economía y su maquinaria ayuda a sostener el colonialismo, la ocupación ilegal, el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino

RESCOP y Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel

El destinatario más probable de estos cargamentos, según los datos obtenidos y el mapa de producción energética israelí, es Dor Chemicals, en Haifa, que abastece a las dos refinerías del país: BAZAN y la refinería de Ashdod, señaladas por organizaciones independientes –como SOMO y Oil Change International– por su papel en el suministro de combustible a las fuerzas armadas israelíes que participan en la ocupación ilegal.

La investigación también denuncia que, desde un punto de vista ambiental, el MTBE es un contaminante de aguas subterráneas, cuyo uso está prohibido en muchos territorios por su potencial cancerígeno y sus efectos contaminantes a largo plazo, “otro motivo más para detener su comercialización”.

El Reglamento del Consejo de la UE 833/2014, que establece las medidas restrictivas de la UE frente a Rusia, reconoce que el MTBE es un insumo con relevancia industrial y que tiene suficiente peso económico y estratégico en el comercio internacional como para restringir su comercio con Rusia en ambas direcciones.

La RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas destacan el diferente rasero que se aplica a la ruta que pasa por Barcelona hasta Haifa, que “contrasta con el nivel de escrutinio que la normativa europea aplica a este mismo producto en otros contextos geopolíticos”.

La investigación señala que esta vía de suministro a Israel "contrasta con el nivel de escrutinio que la normativa europea aplica a este mismo producto [el MTBE] en otros contextos geopolíticos", en referencia al embargo a Rusia

Estos colectivos explican que todo comercio “que mantenga en funcionamiento la economía y la maquinaria” israelí ayuda “a sostener el colonialismo, la ocupación ilegal, el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”. Desde hace meses insisten en que “no hay un embargo integral de armas a Israel” y que las medidas adoptadas por España “son insuficientes”.

“Los combustibles forman parte integral de la industria militar, la maquinaria genocida no se mueve sin combustible. Exigimos un embargo integral ya”, recalcan. En su comunicado piden al Gobierno español que deniegue el tránsito por puertos españoles del MTBE y de cualquier combustible o aditivo de carburante con destino a Israel, por su posible uso final militar.

También solicitan que las autoridades portuarias y aduaneras investiguen y hagan públicos los operadores de esta ruta de suministro –consignatario, terminales y cadena hasta el comprador– y que “cierren la opacidad estadística que permite que este flujo no figure en los datos oficiales de comercio exterior”.

Otra de sus demandas es la de la aprobación por el Congreso de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, registrada en julio de 2024, para garantizar un embargo de armas a Israel “con un mecanismo legal vinculante y permanente, no revocable por decisión del Gobierno, que abarque el conjunto del comercio que sostiene crímenes de guerra”, sin excepciones.

Además, exigen que el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, como parte del consorcio de gestión del puerto de la capital catalana, actúen de manera responsable y exijan a la Autoridad Portuaria la puesta en marcha de todos los mecanismos a su alcance “para asegurar la identificación, intercepción y decomiso de las cargas de MTBE que contengan los barcos que atraquen en el Puerto de Barcelona”.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en el que se analiza cómo durante décadas las vidas de millones de mujeres fueron vigiladas y disciplinadas por la dictadura. El franquismo impuso un modelo de mujer subordinada, confinada al hogar, a la maternidad y a la obediencia, bajo la tutela del nacionalcatolicismo y de instituciones dedicadas al control moral y social de las mujeres, como el Patronato de Protección a la Mujer.

Pero frente a esa maquinaria de represión también existe una historia de resistencia. La de las presas políticas que mantuvieron viva la lucha en las cárceles franquistas, la de las obreras y sindicalistas que desafiaron la dictadura en fábricas y barrios, la de las mujeres que participaron en las luchas vecinales y estudiantiles y las pioneras del movimiento feminista y lesbiano que cuestionaron las normas impuestas sobre el deseo y las identidades. Una memoria plural de rebeldías que contribuyó a erosionar los cimientos del franquismo y a conquistar derechos y libertades.

En este nuevo episodio recuperamos esas historias silenciadas de represión y resistencia. Reflexionamos, además, sobre el modelo de feminidad impuesto por el franquismo, interrogándonos sobre las continuidades entre aquel pasado y nuestro presente. Y lo hacemos con de la mano de mujeres que son un referente del feminismo y de la memoria:

Justa Montero, activista feminista y por la memoria antifranquista, Consuelo García del Cid, escritora y activista a la que su familia encerró por “rebelde” en un reformarorio dependiente del Patronato, Boti Rodrigo, activista por los derechos LGTBI, María José Gallego, sindicalista, Lucía Vicente, militante antifranquista y expresa política, Paca Blanco, presidenta de Las Olvidadas del Patronato de Protección a la Mujer y Sol Luque, presidenta de la Asociación Todos los Niños Robados.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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La francesa Laetitia Sédou es directora de proyectos de la Red Europea Contra el Comercio de Armas. Con sede en Bruselas, este colectivo está dedicado a analizar y supervisar las políticas de la UE en relación con el gasto militar y el rearme. La Red está integrada por una veintena de organizaciones. Hablamos con Sédou en esta entrevista realizada esta semana en el podcast 'Donde callan las armas', del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas y en elDiario.es.

Asistimos a grandes cambios en la UE que benefician a la industria armamentística. ¿Qué supone esto?

La defensa es una competencia de los Estados miembros, no de la Unión Europea, pero durante las últimas dos décadas se ha ido ampliando su papel en ese ámbito.

Desde hace poco más de un año la UE lleva adelante un proceso que llaman simplificar y armonizar a nivel europeo, pero detrás de esas palabras se esconde un proyecto para desmantelar las normas sociales, medioambientales y las reglas administrativas que son vistas como obstáculos a la competitividad industrial en el campo armamentístico.

Es decir, se está impulsando una desregulación.

Así es. Bajo esa idea de simplificar y armonizar se impulsa una desregulación destinada a facilitar la producción, la venta y la financiación de la industria armamentística. Parecen decisiones muy técnicas, pero son decisiones muy políticas.

Con ellas, por ejemplo, se aceleran los procesos de autorización de proyectos militares. También se facilita la venta de armas dentro de la UE. Esto tendrá consecuencias sobre la capacidad de controlar las exportaciones fuera de la UE. Otro ejemplo es que también se modifican algunas definiciones sobre financiación sostenible.

¿Qué supone eso?

Que se podrán financiar armas nucleares, armas autónomas y nuevas tecnologías armamentísticas disruptivas que no están reguladas por el derecho internacional. Esto significa que cualquier ciudadano que quiera hacer una inversión responsable puede estar, sin saberlo y sin quererlo, financiando armamento nuclear o tecnologías disruptivas.

La Comisión Europea no debería tener competencias en materia de defensa. La manera en que empezó a incorporar cuestiones de defensa fue bajo una perspectiva industrial, con políticas sobre la competitividad de la industria: es decir, exportaciones para la industria armamentística. Eso significa, por ejemplo, que en realidad la UE no tiene un comisario para la Defensa, sino un comisario para la industria armamentística, que es una perspectiva muy diferente.

La historia demuestra que estas carreras armamentísticas alimentan los conflictos y las respuestas bélicas, fomentan el uso de la violencia y de la fuerza ante problemas que son políticos.

¿Cómo se han ido impulsando estas medidas?

Primero se empezó a autorizar y permitir a la industria armamentística acceder a fondos europeos a los que antes no podían acceder para proyectos militares. Eso empezó en el año 2017. Con ese enfoque se creó el Fondo Europeo de Defensa sobre investigación y desarrollo. Así que antes de la guerra de Ucrania esas propuestas ya estaban en el discurso, ya estaban en marcha.

Después, con la excusa de la guerra en Ucrania, se empezó a subvencionar también la industria armamentística para las fases de producción y hasta de adquisición, apoyando la compra de sistemas militares en conjunto.

Con el plan de rearme de 2025 se añade otra nueva dimensión –además del gasto a nivel de la Unión Europea– que es la de la subvención directa y los préstamos para incitar a los Estados miembros a dedicar mucho más dinero al gasto militar, para que puedan comprar aún más armas. Eso significa deuda en favor de la industria armamentística. Y, por último, la desregulación, el desmantelamiento de normas que mencionaba antes.

¿Qué supone esa deuda?

Es deuda que habrá que pagar en un momento dado. Eso va a implicar recortes en recursos sociales y políticas públicas, la propia UE lo ha tenido que reconocer.

El Fondo Europeo de Defensa de la UE va a poder financiar pruebas armamentísticas fuera de Europa. Esto puede incluir Ucrania, pero también Gaza o Líbano.

¿Cómo se están abordando estos cambios?

En consulta con la industria armamentística, la misma que se beneficia de la desregulación. La Comisión Europea no ha preguntado a la sociedad civil crítica. Ha habido una voluntad política en ese sentido, por parte de actores políticos europeos.

¿Con qué finalidad?

Para responder a necesidades de competitividad, más que para responder a necesidades a nivel de seguridad. Esto es así, además, porque esas propuestas comenzaron desde 2016 de manera muy concreta, con unas fases de preparación antes. Es decir, comenzaron bastante antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Dentro de los programas de la UE hay un interés creciente en integrar la industria armamentística ucraniana.

Y de favorecer la cooperación entre ambas industrias. La idea es hacer de Ucrania el arsenal europeo, la sede del futuro arsenal militar europeo.

Europa está en una encrucijada y, desafortunadamente, está tomando la vía de prepararse para futuras guerras, para defender un modelo hegemónico lo más que pueda, para que una minoría pueda seguir sacando provecho.

¿Cómo y para qué?

En primer lugar, para extraer provecho de su experiencia en la guerra con Rusia, eso siempre supone un gran argumento en la venta: publicitar un producto como “probado en combate”, en el campo de batalla. Esto forma parte de las propuestas de desregulación. Por ejemplo el Fondo Europeo de Defensa va a poder financiar pruebas armamentísticas fuera de Europa. Esto puede incluir Ucrania, pero también Gaza. Las “pruebas” de armamento de Israel en Gaza o en Líbano pueden ser financiadas por dinero europeo. Ese argumento es importante para poder exportar y vender fuera de Europa.

¿Y en segundo lugar?

Las condiciones en Ucrania son peores que en el resto de Europa, más aún en el contexto de guerra. Las normas de trabajo y medioambientales son más laxas; todo esto permite la producción de material militar a un precio más bajo y con reglas de exportación más relajadas, ya que Ucrania no tiene la obligación de respetar la posición común europea para las exportaciones.

Y, además, se transfiere a Ucrania la responsabilidad de producir masivamente material armamentístico barato, porque la UE quiere seguir centrándose en la producción de sistemas sofisticados, complejos y muy caros, con los que se gana dinero de manera rápida.

La UE pretende convertir Ucrania en un futuro arsenal militar para la producción intensa de armamento

¿Qué está ganando la industria armamentística con esta tendencia europea?

Está ganando a todos los niveles: recibe ayudas nacionales y, además, nuevos subsidios europeos para investigar, desarrollar y producir armamento. Sin embargo, eso no significa que se esté construyendo una auténtica Unión Europea de la Defensa, sino un marco cada vez más favorable para la industria armamentística.

La capacidad de almacenamiento de armamento no es infinita y muchos productos tienen fecha de caducidad. ¿Qué se va a hacer con ellos?

Hay tres opciones. Una, usarlos, es decir, entrar en guerra. Otra, destrozarlos, lo que supondría un enorme gasto económico, un peligro para el medio ambiente y tener que seguir comprando, porque la industria pide contratos a largo plazo.

Y una tercera, exportar de manera masiva al resto del mundo, lo que alimenta una carrera armamentística a nivel global. La historia nos demuestra que estas carreras, aunque no causen guerra de forma directa –porque siempre hay causas políticas más profundas– sí alimentan los conflictos y las respuestas bélicas. Fomentan el uso de la violencia y de la fuerza ante problemas que son en realidad políticos.

Esto es un círculo vicioso: desarrollar armamento para poder acceder a recursos energéticos que también se usan para producir armamento.

¿Es necesario este gasto militar?

No, por varias razones. Los Veintisiete son, colectivamente, la segunda potencia en gasto militar desde hace décadas, desde que cayó la URSS.

¿Qué hemos hecho con ese dinero? El argumento que defiende más gasto militar dice que es necesario porque hay una amenaza rusa, ante la cual no estaríamos en condiciones de resistir. Si aceptamos esa premisa, y teniendo en cuenta que la UE tiene el segundo gasto militar más alto del mundo, surge una pregunta: ¿vamos a seguir gastando ese dinero sin resolver ninguno de los problemas estructurales y políticos, (por ejemplo, de confianza mutua, integración y liderazgo)?

Von der Leyen ha llegado a decir que más gasto militar es necesario para la paz.

No es el gasto militar ni la fuerza militar los que traen la paz. Muchos analistas militares lo dicen: lo que conduce a la paz es el diálogo, la diplomacia, la negociación y el análisis de la situación para entender las posiciones de los diferentes actores. Solo así se encuentran soluciones que puedan servir a largo plazo. Para ello se necesitan recursos humanos y gente, se podría invertir en ello, creando empleo. Sin embargo, el modelo actual prioriza servir a la industria armamentística en nombre de la competitividad global.

Por lo demás, la paz no es solo ausencia de guerra, es estar a salvo de la pobreza, del hambre, de la violencia policial, de la discriminación. La verdadera paz, integral y positiva, necesita garantizar justicia, acceso a la sanidad, a la educación, a un medio ambiente respetuoso… Este gasto militar está desviando recursos que deberían ir destinados a estas prioridades.

¿Qué dice el Libro Blanco Europeo de 2025 sobre la industria armamentística?

El Libro Blanco plantea mantener la ventaja tecnológica frente a China y EEUU, lo que implica competir por el acceso a materias primas estratégicas, como las tierras raras. Esto es un círculo vicioso: producir más armamento poder acceder a recursos energéticos que también se usan para producir armamento. No va a haber suficientes materias primas para los objetivos civiles y militares. Ya hay textos de la UE en los que se indica que se dará prioridad a los fines militares por encima de las necesidades civiles para mantener esta carrera tecnológica, la competitividad global.

El modelo es ser una rama europea de la OTAN para hacer el trabajo sucio que EEUU no quiere hacer; para llevar a cabo las guerras en las que Washington no quiere participar directamente, pero en las cuales tiene un gran interés estratégico.

Esto condiciona y condicionará aún más nuestro modo de vida.

Así es. Mantener nuestro modo de vida es en realidad un eufemismo. Se refieren a mantener nuestros privilegios nacidos de la hegemonía económica de Occidente, del imperialismo y, en cierta manera, herederos del colonialismo europeo.

¿Qué supone la respuesta de los aliados europeos de la OTAN ante la exigencia de Trump de llegar al 5% del PIB en gasto militar?

EEUU quiere que los europeos compren más material militar estadounidense, por eso presiona. Y funciona debido a las divisiones políticas europeas, a la falta de confianza y porque muchos prefieren seguir dependiendo de EEUU. El resultado es algo así como ser una rama europea de la OTAN para llevar a cabo las guerras en las que EEUU no quiere participar directamente, pero en las cuales tiene un gran interés estratégico.

Washington seguirá controlando en ellas porque tener material estadounidense supone que EEUU puede controlar en parte cómo y cuándo lo vamos a usar. Es ser una rama europea para hacer el trabajo sucio que EEUU no quiere hacer.

Se está asumiendo la vía militar como si fuera necesaria e inevitable.

Europa está en una encrucijada y, desafortunadamente, está tomando la vía de prepararse para futuras guerras, para mantener la hegemonía occidental un poquito más, para que una minoría pueda seguir sacando provecho. Esto es un peligro para nuestras propias democracias, es la normalización del uso de la fuerza para resolver los problemas políticos y sociales, que requieren de la negociación y del diálogo.

Sin embargo, se busca la confrontación, la fuerza militar o la fuerza policial. Y se quiere presentar eso como una opción única e inevitable. Para ello hay que criminalizar y callar a los que defienden otras cosas, y esto es un peligro. Ya estamos viendo que se van recortando las voces críticas, se las persigue o se les quita financiación.

En Occidente hay tensiones y diferencias, pero hay un interés común lo suficientemente fuerte para justificar esta situación. Esto no es solo por la presión exterior de EEUU. Los Estados europeos lo aceptan y contestan positivamente porque consideran que se trata de un interés occidental, de lo que podríamos llamar el imperialismo occidental.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio, grabado en la Sala Mirador, con público, donde se analiza cómo a pesar de que el franquismo dejó una profunda huella en los territorios colonizados por España, la memoria de esta colonización ha sido sistemáticamente borrada del relato oficial.

A diferencia de otras potencias coloniales, España apenas ha reflexionado sobre su pasado colonial. Se trata de un tema olvidado, en cierta medida, por la memoria histórica actual. Pero no solo queremos explorar cómo el franquismo construyó su narrativa colonial, sino cómo este pasado sigue influyendo en nuestro presente y en la política actual.

Lo hacemos de la mano de la profesora de Economía y Empresa Fati Jadad, nacida en los campamentos de personas saharauis refugiadas en Tinduf (Argelia). Gracias al programa 'Vacaciones en Paz', a los diez años tuvo la oportunidad de venir a España, quedarse con una familia de acogida y, a partir de esa experiencia, acceder a estudios universitarios. Esta activista por la libertad del Sáhara Occidental comparte conversación con la periodista y activista antirracista Lucía Mbomio, de padre ecuatoguineano y autora de los libros 'Hija del camino' y 'Las que se atrevieron'.

Además, contamos con las voces de Anacleto Bokesa, cuyo testimonio forma parte del proyecto Afroféminas, del catedrático de Antropología Social José Antonio González Alcantud, de la periodista y escritora Laura Casielles, del activista del Rif Reda Benzaza y de la periodista y escritora Ebbaba Hameida. Este episodio cuenta también con la actuación musical en vivo de la cantante de origen saharaui Suilma Aali.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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Las relaciones entre Washington y Tel Aviv son sólidas, estrechas y vienen de lejos. El apoyo político, diplomático, económico y militar que Estados Unidos aporta a Israel ha sido determinante desde hace décadas para que el Estado israelí pueda avanzar en su proyecto colonial de apartheid. Pero EEUU no lo ha entregado porque sí, sino porque ganaba con ello.

El fanfarroneo es una de las características de Donald Trump. Le gusta provocar. No oculta que quiere acceso a reservas de petróleo venezolano, construir un resort en Gaza, tomar el control del canal de Panamá, convertir Canadá en “el estado 51” de EEUU o apropiarse de Groenlandia. Pero es importante entender que también Trump esconde estrategias y disfraza objetivos cuando el precio a pagar por mostrarlos es demasiado alto. Y ese es el escenario actual en el que se encuentra, ante las consecuencias económicas —y en la opinión pública— de su guerra ilegal contra Irán.

Los intereses de EEUU

Por eso Trump y su equipo han endurecido su discurso hacia el Gobierno israelí. El aumento del precio del petróleo como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz y el rechazo mayoritario de la opinión pública estadounidense a la guerra contra Irán les obliga a escenificar enfados. Lo están haciendo con palabras y gestos, pero esto no se traduce, por el momento, en acciones que modifiquen su alianza preferencial con Tel Aviv. Es decir, no ha suspendido su protección política y diplomática a Israel ante los organismos internacionales ni ha congelado su ayuda militar, iniciada hace décadas.

Israel tiene unos diez millones de habitantes y un Producto Interior Bruto de 610.000 millones de dólares, mucho menor que el de Arabia Saudí. Estados Unidos es la primera potencia económica y militar del mundo, con un PIB de 30 billones de dólares. El Estado israelí no es más poderoso que Washington. Cuenta con grandes lobbies con capacidad de presión e influencia, pero eso no explica por sí solo el respaldo estadounidense. Israel suele coincidir con los intereses de EEUU en la región. Si dejara de ser así, la protección privilegiada de Washington a Tel Aviv podría llegar a su fin.

Oriente Próximo es una zona rica en gas y petróleo, clave como ruta de paso para transportar minerales críticos entre Asia y Europa y escenario de numerosas guerras por delegación, en las que potencias regionales e internacionales han combatido indirectamente por el control de recursos y áreas de influencia. Las potencias coloniales europeas primero, y Estados Unidos después, vieron en ella un filón para aumentar su poder y un tablero en el que frenar las posibilidades de expansión de sus adversarios.

Los intereses coloniales israelíes suelen ser útiles para los objetivos estadounidenses, y viceversa. Si dejaran de serlo, sus relaciones preferenciales llegarían a su fin

La geopolítica

La continuidad territorial de Eurasia marca las decisiones geopolíticas de Washington. Si las naciones que componen Eurasia mantuvieran relaciones comerciales preferenciales, aprovechando la vecindad y esas condiciones geográficas, se convertirían en “el centro del poder mundial”. Así lo expuso hace más de un siglo el británico Halford Mackinder, a quien muchos consideran el padre de la geopolítica moderna.

Todo esto condiciona la toma de decisiones de EEUU desde hace décadas. Washington sigue trazando planes para reafirmar su control sobre recursos energéticos, rutas de transporte de materias primas y corredores comerciales, resistiéndose a asumir un escenario de multipolaridad.

No son las prioridades de Israel las que condicionan a Washington, sino al revés. Lo que ocurre es que los intereses coloniales israelíes suelen ser útiles para los objetivos estadounidenses, y viceversa. Si dejaran de serlo, las relaciones preferenciales entre Estados Unidos e Israel llegarían a su fin.

El ejemplo sudafricano

Así ocurrió con el régimen del apartheid de Sudáfrica, que actuó durante años como un aliado útil para los intereses estadounidenses en la región, combatiendo contra movimientos de liberación en países como Angola, donde Washington y Moscú libraban una guerra por delegación. La resistencia interna negra sudafricana y la campaña internacional por el boicot y las sanciones contra el régimen sudafricano fueron esenciales para minar su imagen ante la opinión pública y para debilitarlo económica y políticamente.

La derrota estratégica de Sudáfrica en Angola y la desintegración de la URSS cambiaron las prioridades de EEUU en la zona. Ya no necesitaba al régimen sudafricano, y lo dejó caer.

¿Es esa la situación actual de Washington ante Israel? De momento, no. La importancia geoestratégica de Palestina en Asia Occidental sigue presente en los planes europeos y estadounidenses. El proyecto de Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa —IMEC— es un ejemplo. Está diseñado para hacer uso del puerto israelí de Haifa como enlace entre India, el Golfo Pérsico y Europa, con el objetivo de aislar a Irán y contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

La caída del sah en Irán en 1979 supuso para Washington la pérdida de un importante aliado regional, lo que aumentó aún más la importancia de Israel para EEUU. Y así, hasta hoy.

El respaldo a Israel

Israel nació como un Estado colonial dependiente del apoyo occidental. Al principio fue Francia el principal proveedor de armas a Israel, en la década de los cincuenta —cuando se asentaron las bases del reactor Dimona— mientras Washington se centraba en sus alianzas con Arabia Saudí, Irán y Egipto.

Pero con la intensificación de la Guerra Fría y ante el crecimiento del nacionalismo panárabe —que desestabilizaba el orden regional pro-occidental— EEUU incrementó su apoyo a Israel, consciente de su valor estratégico.

A principios de los sesenta, impulsó los primeros lazos formales de seguridad con el Estado israelí. También aumentó la cooperación encubierta entre Estados Unidos y Tel Aviv. El Mossad actuó como un brazo externalizado para las operaciones de inteligencia estadounidenses en el extranjero.

Ante la influencia de la URSS en Egipto, Siria e Irak, Estados Unidos comenzó a suministrar a Israel misiles, tanques y aviones. En los años sesenta y setenta Israel apoyó a las fuerzas prooccidentales en Yemen, Etiopía, Marruecos e incluso en Sudáfrica y otras partes del África subsahariana.

La relación preferencial

En 1967 Israel contó con el visto bueno de Estados Unidos para lanzar su ‘guerra preventiva’ contra Egipto, Siria y Jordania. Washington buscaba debilitar al Egipto de Nasser, aliado de la URSS. De ese modo el Estado israelí ocupó ilegalmente Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. Todos ellos, excepto el Sinaí, siguen bajo ocupación israelí a día de hoy.

Aquella operación militar ilegal debilitó profundamente a los gobiernos nacionalistas árabes que buscaban operar al margen de los objetivos estadounidenses y europeos. También supuso la consolidación de la relación preferencial entre EEUU e Israel. Washington asumió que Tel Aviv era un aliado clave para lograr sus objetivos políticos y para frenar a Moscú en la región. Desde entonces la ayuda militar estadounidense a Israel fue creciendo y reforzándose, a cambio de seguir actuando como ejecutor de los intereses de la Casa Blanca.

El triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979 —con la caída del sah— supuso para Washington la pérdida de un importante aliado regional, lo que aumentó aún más la importancia estratégica de Israel para EEUU. Y así, hasta hoy.

El plan de EEUU para Gaza, disfrazado de un alto el fuego que no es real, ha servido de excusa para apaciguar conciencias y rebajar exigencias a Israel

La mayor ayuda militar fija

La mayor ayuda militar fija que Estados Unidos entrega a un país es la que otorga a Israel: 3.800 millones de dólares anuales. La segunda es la que envía a Egipto, país que comparte frontera con Gaza, Israel, Sudán y Libia.

La mayor parte de la ayuda de EEUU a Israel se transfiere sin restricciones, directamente depositada en el tesoro israelí, a modo de subvención, no como préstamo. Esto permite a Tel Aviv desarrollar su industria armamentística nacional sin tener que proporcionar información detallada sobre su uso.

Además de esas transferencias directas, Estados Unidos ofrece un tratamiento fiscal favorable para las donaciones privadas a Israel, ofrece garantías de préstamos y garantiza el suministro de petróleo en caso de crisis. A ello se suma la protección diplomática, con decenas de vetos a resoluciones críticas con Israel en Naciones Unidas.

Las tensiones

Eso no significa que no haya tensiones. Washington busca equilibrios entre sus alianzas con Tel Aviv y sus pactos con los países productores de petróleo árabes. Si las ambiciones expansionistas de Israel perjudican a sus intereses, EEUU tiene capacidad para pararle los pies. Así ocurrió en 1956, durante la crisis de Suez, cuando obligó a Israel a retirarse de Gaza y del Sinaí egipcio. En los años sesenta el presidente John F. Kennedy se opuso al programa nuclear israelí y exigió inspecciones del reactor Dimona, construido por Francia.

También en 1973, con el embargo de petróleo desencadenado por la guerra del Yom Kippur, Estados Unidos presionó a Israel para que aceptara acuerdos de alto el fuego y se retirara de Egipto.

En 1981 EEUU criticó a Tel Aviv cuando destruyó el reactor de Osirak en Irak y en 1982 presionó al Gobierno israelí ante sus ataques contra Líbano y su papel en las masacres de Sabra y Shatila. Tras esas matanzas, Ronald Reagan llegó a amenazar con cortar el grifo de su ayuda militar a Israel, pero no lo hizo. El respaldo se mantuvo.

Otro de los episodios de mayor tensión entre ambos países fue el caso de espionaje de Jonathan Pollard, un analista de inteligencia de EEUU que entregó material clasificado a Israel. Aquel escándalo estalló en 1985 y fue un foco de tensión durante años, pero tampoco modificó las relaciones preferenciales. Un año después, en 1986, Joe Biden afirmó en el Senado que “si no existiera Israel, EEUU tendría que inventarlo para proteger sus intereses en la región”.

En 2015 Netanyahu llegó a intervenir ante el Congreso estadounidense sin el consentimiento de la Casa Blanca, algo extraordinario. Lo hizo para criticar con dureza el acuerdo nuclear con Irán impulsado por Obama en contra de la voluntad de Tel Aviv. Aún así, la integración entre Washington y Tel Aviv en todos los ámbitos de seguridad siguió afianzándose.

No habrá posibilidad de paz y estabilidad duraderas en la región si Palestina vuelve a quedar relegada al olvido

La guerra contra Irán

La guerra contra Irán iniciada el pasado marzo no fue solamente un capricho israelí. Netanyahu buscaba debilitar al Gobierno de Teherán y al propio Estado iraní, pero EEUU nunca habría impulsado esa guerra ilegal si no hubiera visto en ella una oportunidad para afianzar sus intereses en la región. Su problema es que no ha ganado esta guerra, ni en cuatro ni en seis semanas, tal y como Trump pretendía. El presidente estadounidense subestimó los riesgos y ahora se ve obligado a buscar unos acuerdos para paliar la subida del precio del combustible y para tranquilizar a su base de votantes, entre los que hay un importante sector contrario a la guerra. Por eso muestra enfado con el Gobierno israelí.

Israel, por su parte, seguirá violando el alto el fuego en Gaza y Líbano, como ha hecho hasta ahora, a no ser que EEUU modifique sustancialmente su política hacia Tel Aviv. Por ello, analizar las consecuencias de la guerra de Irán requiere poner el foco también en Palestina. La guerra de Trump y de Netanyahu contra Teherán ha logrado desviar la atención del genocidio israelí, y el plan de EEUU para Gaza –un proyecto colonial– ha servido a los aliados europeos de excusa para apaciguar conciencias y rebajar exigencias a Israel, mientras el Ejército israelí sigue matando a palestinos y oprimiendo a la población de la Franja.

Las imágenes que muestran la envergadura de los crímenes masivos y la creciente difusión de información sobre la historia de Palestina han contribuido a modificar la percepción del Estado israelí en el mundo. Israel ha perdido el relato, sí, pero el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y la UE le permiten seguir ganando terreno, con más anexión ilegal de territorio. Por eso conviene fijarse en los hechos, y no solo en las escenificaciones políticas. No habrá posibilidad de paz y estabilidad duraderas en la región si Palestina vuelve a quedar relegada al olvido.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio donde analizamos cómo el franquismo impuso el castellano como única lengua oficial del Estado bajo el lema “una patria, una espada, una lengua” y “Habla español. Sé patriota”.

La política lingüística del franquismo conllevó una persecución contra las lenguas que consideró ilegítimas e incluso subversivas, y prohibió su uso en la administración, en la educación, en los medios de comunicación y en la vida pública en general.

Sin embargo, estas lograron sobrevivir a la represión gracias a redes familiares, culturales y clandestinas, a su uso en ámbitos privados o religiosos, y a expresiones culturales como la canción protesta.

Exploramos la memoria de la resistencia lingüística ante la uniformidad franquista y lo hacemos de la mano de la catedrática de Lingüística Luisa Martin Rojo, reconocida como una de las fundadoras de la corriente Análisis Crítico del Discurso y de Jon Maia, licenciado en Filología Vasca, escritor, documentalista, cantante y bertsolari, es decir, improvisador de versos en euskera.

También contamos con las voces de Laura Villa, profesora universitaria en la UAM y experta en glotopolítica, la escritora gallega Luz Pichel, la abogada de derechos humanos, feminista y gitana, Pastora Filigrana, el historiador y profesor en la UOC Jaume Claret, la antropóloga Jaqueline Urla y el cantautor en aragonés Guillermo Laseca.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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Mientras la atención internacional se centra en las consecuencias de la guerra que Donald Trump y Benjamín Netanyahu iniciaron contra Irán, el Gobierno de extrema derecha israelí acelera la anexión ilegal de territorio palestino en Cisjordania con gran violencia, tanto del Ejército como de colonos.

'Limpieza étnica'

Esta semana la organización de derechos humanos Amnistía Internacional publicaba un nuevo informe en el que alerta de “una campaña de limpieza étnica impulsada por el Estado” israelí en Cisjordania. También denuncia la aceleración deliberada de la anexión formal de territorio en esa área y “el crimen de lesa humanidad de transferencia forzada” de población.

Además, recuerda que esta campaña de limpieza étnica no es nueva ni está impulsada solo por “algunos colonos renegados”, sino que está “arraigada en el sistema de apartheid de larga duración de Israel”, lo que “supone un crimen de lesa humanidad perpetrado por Israel contra todos los palestinos bajo su control durante años”.

La directora de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, señala que “la comunidad internacional es culpable de atribuir la anexión territorial a la ‘violencia de colonos’, como si fuera impulsada solo por ”algunas manzanas podridas“ o por ”ministros extremistas“. Su mensaje va destinado a la UE.

Amnistía Internacional denuncia una aceleración de la limpieza étnica, impulsada no solo por "algunos colonos renegados", sino “arraigada en el sistema de apartheid de larga duración de Israel”

La posición de la UE

Ese relato de las ‘manzanas podridas’ ha servido durante décadas a la extensión de la ocupación ilegal y del sistema de segregación racial contra los palestinos y, pese a ello, se mantiene a día de hoy.

Las sanciones europeas se han dirigido solo contra un puñado de colonos a los que se llama “extremistas”, como si el resto de colonos no lo fueran, y como si el proyecto estatal israelí no actuara como máximo abanderado de esa ocupación colonial de asentamientos y de apartheid.

La representante de la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, anunció el 28 de mayo esas sanciones, bajo el lema “los colonos extremistas socavan la paz”, culpándolos de poner en riesgo “la solución de los dos Estados”.

Esa diferenciación, planteada de forma habitual por el relato europeo, exonera al resto de colonos, como si la ocupación y el sistema de segregación en su conjunto no obstaculizaran “la solución de los dos Estados” y no violaran el derecho internacional. Como si hubiera una ocupación colonial de apartheid buena y otra mala.

El Estado israelí es el máximo impulsor del colonialismo. Cuando la UE señala solo a unos cuantos colonos israelíes transmite el mensaje de que el problema lo provocan ‘unas manzanas podridas’. Esta posición contribuye a mantener un statu quo que ha permitido a Israel, desde hace décadas, extender su anexión ilegal territorial y su sistema de apartheid contra la población palestina.

El relato de la UE exonera al resto de colonos, como si la ocupación y el sistema de segregación en su conjunto no violaran el derecho internacional. Como si hubiera una ocupación colonial de apartheid buena y otra mala

No solo Amnistía Internacional insiste en la existencia de un proyecto estatal que viene de largo. Hace unos días varios relatores de Naciones Unidas volvían a advertir del aumento del terror ejercido por colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este con el permiso y “la aquiescencia del Estado israelí”. Su denuncia es clara: “La escalada de violencia, perpetrada con total impunidad, actúa como un instrumento de coerción en manos de la potencia ocupante, facilitando la limpieza étnica”, señalan.

También esta semana una exhaustiva investigación internacional, detallada por elDiario.es, ha demostrado cómo los países de la Unión Europea, así como Suiza, Noruega y Reino Unido permiten la entrada habitual de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes y aceptan certificaciones inválidas en muchos de ellos.

'Producto de Israel'

El informe, del centro de litigación Global Echo, basado en más de 30.000 documentos, explica cómo mercancías alimentarias son importadas por la UE desde los asentamientos israelíes con trato preferencial, con la etiqueta “Producto de Israel”, pese a tener su origen en territorio ocupado palestino o sirio. Eso supone que comprar productos israelíes siempre conlleva el riesgo de estar adquiriendo productos sembrados o elaborados en tierras ocupadas ilegalmente.

Estos hallazgos confirman la necesidad de adoptar medidas inmediatas y contundentes para poner freno a la complicidad europea con el despojo que sufre el pueblo palestino. No basta con prohibir las importaciones de productos de los asentamientos israelíes, porque el sistema establecido favorece la ocultación de la procedencia real de los envíos, el uso de direcciones falsas o la mezcla, como detalla la investigación de Global Echo.

Por eso el equipo investigador de este centro de litigación, así como otros expertos, señalan la necesidad urgente de reexaminar por completo el modelo comercial europeo con Israel, garantizando inspecciones, control y medidas adicionales para evitar que esas mercancías entren en la UE.

Sin embargo, tampoco esa medida sería suficiente para cumplir con las obligaciones internacionales y garantizar la suspensión de la contribución europea con el modelo de ocupación colonial israelí. ¿Por qué? Porque el propio Estado israelí y numerosas instituciones, universidades y empresas israelíes impulsan el colonialismo de asentamientos o contribuyen al mismo.

El Estado de Israel defiende a los colonos, les proporciona ayudas económicas y los protege militarmente a través del Ejército. Es decir, facilita la ocupación colonial de asentamiento, que constituye un crimen de guerra

El papel del Estado e instituciones

El Estado de Israel defiende a los colonos, les ofrece subvenciones y otras ayudas económicas y los protege militarmente a través del Ejército. Es decir, facilita el robo de tierras y acuíferos, financia la construcción de carreteras y de viviendas, extiende muros y asentamientos con los que rodea, arrincona y encierra a la población palestina, sometiéndola a vigilancia coercitiva y a un apartheid consolidado.

Por tanto, asumir que las relaciones comerciales y de inversión que contribuyen a la ocupación colonial y a la segregación son solo las que se mantienen con empresas que trabajan en los asentamientos israelíes es negar el eje vertebral del proyecto colonial del Estado israelí.

Por ejemplo, el Gobierno de Netanyahu aprobó hace unos meses la mayor ampliación de asentamientos de los últimos treinta años. El primer ministro de Israel y su equipo adoptan esa decisión desde Tel Aviv, no desde un asentamiento en territorio palestino. Y, sin embargo, con esa decisión consolidan notablemente el colonialismo ilegal israelí. Desde la capital de Israel se diseña y se refuerza el modelo de asentamientos y un crimen de guerra, definido como tal por el derecho internacional: “la transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado”.

Para llevarlo a cabo, el Estado israelí cuenta con el Ejército –que protege a los colonos y ejerce violencia contra la población nativa (los palestinos)– y con otras instituciones que contribuyen al reemplazo de población palestina por población judía. También dispone de universidades que ofrecen sus laboratorios para sostener el desarrollo de armas y tecnologías militares, como denuncia la antropóloga Maya Wind.

A ello se suma el papel central de compañías armamentísticas de Israel, que colaboran con las fuerzas militares del país. Además, multitud de empresas con sede en territorio israelí, así como otras extranjeras, participan en proyectos de diseño, construcción y expansión en la ocupación colonial de apartheid.

La economía que sostiene el proyecto colonial de asentamiento israelí tiene su base central en Tel Aviv

Un simple trayecto de dos horas por Cisjordania y Jerusalén Este o una lectura rápida de los proyectos de construcción colonial israelíes de las últimas tres décadas son suficientes para entenderlo.

He sido testigo de la extensión de la ocupación colonial de apartheid en Jerusalén Este y Cisjordania desde principios de siglo, y en los últimos veinticinco años he presenciado de forma directa varios actos de violencia de colonos, con la protección del Ejército israelí, contra población palestina. No solo durante el Gobierno de Netanyahu, también con el de Ehud Olmert o el de Ariel Sharon. Desde la ocupación ilegal israelí de 1967 hasta hoy los asentamientos han crecido de manera exponencial, pese a que violan el derecho internacional.

La economía que sostiene ese proyecto colonial tiene su base central en Tel Aviv, y por eso la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, insiste en la obligación de suspender relaciones armamentísticas, comerciales, económicas y financieras con Israel.

En su opinión consultiva de julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia pide a los Estados “prevenir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”. La Corte de La Haya hace esa solicitud en virtud del derecho internacional, que establece obligaciones para los países, entre ellas, las de no contribuir a crímenes masivos, aplicar sanciones para evitar que continúen y adoptar medidas para prevenir el genocidio.

Asumir a día de hoy que esas relaciones que contribuyen a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos son solo y exclusivamente las importaciones de productos originarios de los asentamientos israelíes es dejar vía libre a la continuación de un comercio que facilita y refuerza el modelo de ocupación colonial israelí.

En el caso de la Unión Europea esto es muy claro, ya que representa el mayor socio comercial de Israel en todo el mundo. La diplomacia europea puede seguir haciéndose la tonta, con deliberada hipocresía, pero no logrará disfrazar su complicidad con los crímenes de traslado forzado de población local, transferencia de colonos al territorio ocupado, segregación y tortura.

La investigación realizada por Global Echo Litigation Center publicada esta semana –y detallada por elDiario.es– pone encima de la mesa la entrada sistemática en Europa de productos alimentarios procedentes de asentamientos ilegales israelíes con trato preferencial, lo que vulnera la legislación europea y el derecho internacional.

El informe Importing Occupation analiza 30.000 documentos de exportación correspondientes a más de 6.800 envíos realizados entre 2017 y 2026, con los que muestra que “los productos procedentes de los asentamientos están entrando ilegalmente en los mercados europeos en grandes cantidades”.

Esas mercancías llegan etiquetadas como 'Producto de Israel', pese a proceder de áreas palestinas o sirias ocupadas ilegalmente por Israel. El 71% de esos productos que entran en la UE lo hacen a través de Francia, Países Bajos y Alemania. España aparece como el cuarto país receptor hasta septiembre de 2025.

La abogada británica Jessica Stober, directora jurídica de Global Echo, explica en esta entrevista con elDiario.es las consecuencias de estos “hallazgos abrumadores”.

Pregunta: ¿Qué demuestra esta investigación? ¿Cuáles son las principales conclusiones?

Respuesta: Esta es una investigación que ha durado cuatro años, exhaustiva. Con ella salen a la luz pruebas abrumadoras de una práctica generalizada y sistemática mediante la cual productos agrícolas originarios de los asentamientos israelíes entran en los mercados europeos como si procedieran del propio Israel. Esa es la primera y principal conclusión.

La segunda es que nuestras pruebas sugieren que la cantidad de los productos procedentes de asentamientos que entran en Europa es mucho mayor de lo que se había sospechado hasta ahora.

Sabemos que Israel no recopila datos desagregados. Trata los territorios ocupados e Israel como si fueran un único territorio, por lo que no esperaríamos que desagregara sus datos. Pero la UE ni los Estados miembros europeos tampoco desagregan los datos. Así que no sabemos qué procede de Israel y qué procede de los asentamientos.

Hay pruebas abrumadoras de la entrada sistemática a los mercados europeos de productos originarios de asentamientos israelíes como si procedieran de Israel

Los documentos que han analizado desvelan que el 17% de los envíos agrícolas destinados a Europa contenían productos procedentes de asentamientos israelíes. ¿Qué datos tienen sobre España?

En el caso de España las cifras son especialmente llamativas. En el material que analizamos, principalmente frutas y verduras ecológicas, más del 75% de los envíos desde Israel destinados a España contenían productos procedentes de asentamientos. Nuestros datos son hasta septiembre de 2025, mes en el que España aprobó la prohibición de importación desde asentamientos. No disponemos aún de suficiente información para determinar qué impacto ha tenido esta medida.

Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 hemos analizado 35 envíos de productos agrícolas a España. Aunque Global Echo no detectó entre ellos ningún envío que contuviera productos procedentes de los asentamientos, consideramos que no se trata de una muestra lo suficientemente amplia como para extraer conclusiones más generales sobre el impacto de la prohibición española del comercio con los asentamientos.

¿Cómo afectan estas importancias desde los asentamientos a los consumidores europeos?

Lo que estamos viendo no es un error ocasional, sino un sistema mediante el cual productos procedentes de los asentamientos llegan a Europa apareciendo como si fueran israelíes. A los consumidores europeos esto les afecta principalmente desde una perspectiva ética, jurídica y social, porque muchas personas —y creo que esta cuestión es especialmente importante en España— desean tomar decisiones de compra acordes con sus valores.

La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia [julio 2024] nos ha informado de que toda la ocupación de Palestina por parte de Israel es ilegal. Y la propia presencia de Israel allí es ilegal. Los asentamientos son un crimen de guerra y están vinculados a numerosas violaciones de derechos humanos, por eso muchos consumidores no quieren comprar productos procedentes de estos asentamientos ilegales. Este sistema les niega la posibilidad de tomar esa decisión.

Los asentamientos son un crimen de guerra y están vinculados a numerosas violaciones de derechos humanos.

¿Qué deben hacer los países de la Unión Europea y Reino Unido para evitar que esto siga ocurriendo?

Deben abrir una investigación sobre los hallazgos de nuestro informe. No se trata de algo aislado. Hay todo un sistema mediante el cual los productos de los asentamientos llegan a Europa, y ese sistema contradice lo indicado por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024.

Pero también hay muchas infracciones concretas del derecho de la UE relacionadas con las cuatro vulneraciones que aparecen en la documentación, como es el trato preferencial a estos productos y los certificados que se les asigna. Por tanto, los gobiernos europeos deben examinar estas infracciones.

No hay simplemente algún incumplimiento puntual: el sistema entero está roto, no funciona. Tiene fallos estructurales y es incapaz de impedir abusos generalizados. Por eso hay que reexaminarlo y también, a la luz de la opinión de la Corte Internacional de Justicia, deben replantear su relación con todo el proyecto de asentamientos.

Tienen previsto iniciar acciones legales en Reino Unido en relación con este tema. ¿Hay planes para hacer lo mismo en otros países?

Sí, los hay. La estrategia de litigación es un documento vivo. Está respondiendo a las novedades que llegan desde la UE y desde los Estados miembros. Algunos Estados miembros están adoptando medidas por sí mismos ante la ausencia de una actuación de la Unión Europea.

Nos gustaría ver cómo evoluciona esto para determinar dónde es más conveniente dirigir nuestros esfuerzos legales. En todo caso, contamos con las pruebas que nos permitirían elegir entre varias jurisdicciones en las que presentar demandas. Y seguiremos atentos a lo que ocurra en el terreno político durante las próximas semanas y a los desarrollos jurídicos para decidir dónde situar nuestros esfuerzos.

El agua está siendo desviada de las comunidades palestinas para regar explotaciones agrícolas de los asentamientos israelíes, que prosperan mientras hay pueblos palestinos que no disponen de suficiente agua

¿Esperan alguna reacción específica de los países europeos ahora que se conoce esta información?

Creo que nuestras pruebas y el informe reforzarán el movimiento actual de la sociedad civil para que la UE y los Estados miembros reexaminen su relación con el comercio vinculado a los asentamientos. Ese movimiento puede ayudar a los Estados a analizar lo que la Corte Internacional de Justicia ha articulado como sus responsabilidades en virtud del derecho internacional y presionará para convertir esas responsabilidades jurídicas en acciones y políticas concretas.

Mientras esta situación continúe, la UE, sus Estados miembros y Reino Unido no pueden afirmar de manera creíble que están cumpliendo con sus obligaciones derivadas del derecho internacional.

¿Cómo explicaría por qué la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales contribuye al proyecto de ocupación y al despojo del pueblo palestino?

Los asentamientos no son urbanizaciones normales y la agricultura de los asentamientos no es una agricultura ordinaria. El propio Bezalel Smotrich [ministro israelí de Finanzas] ha dicho que “estamos borrando la Línea Verde fortaleciendo la agricultura en Judea y Samaria”, mediante la expansión de la agricultura de los asentamientos.

La agricultura ocupa una superficie mucho mayor que los asentamientos residenciales y, por tanto, es una herramienta muy eficaz para apropiarse de grandes extensiones de tierra ocupada en Cisjordania. Esto requiere enormes cantidades de agua, especialmente los dátiles y los aguacates.

Los países de la UE deben reexaminar su relación comercial con los asentamientos israelíes: no son incumplimientos puntuales

¿Qué efecto tiene la apropiación de agua?

El agua está siendo desviada de las comunidades palestinas para regar explotaciones agrícolas de los asentamientos, que prosperan al lado de comunidades palestinas mientras que estas, en ocasiones, ni siquiera disponen de agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Así que la importación europea de productos agrícolas procedentes de asentamientos no solo ayuda a financiar esos asentamientos ilegales según el derecho internacional, sino que además tiene un impacto desproporcionado y devastador sobre las comunidades palestinas en el terreno.

La ley es clara. La Corte Internacional de Justicia ya se ha pronunciado, y la UE y sus Estados miembros tienen que escucharla.

Una exhaustiva investigación de cuatro años de duración, realizada por el centro de litigación Global Echo, ha sacado a la luz un complejo sistema mediante el cual productos alimentarios procedentes de asentamientos israelíes ilegales –situados en territorio palestino y sirio ocupado– entran en los mercados europeos.

“Producto de Israel”

El informe Importing Occupation (Importar la ocupación), de 405 páginas, detalla cómo productos de asentamientos israelíes son introducidos en países europeos etiquetados como 'Producto de Israel', beneficiándose del régimen fiscal preferencial que Europa concede a los productos israelíes, “lo que socava la legislación de la Unión Europea y de Reino Unido”.

La investigación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se basa en 30.000 documentos de exportación correspondientes a más de 6.800 envíos alimentarios realizados entre 2017 y 2026, contrastados con datos gubernamentales israelíes y europeos sobre agricultura y comercio, amplias investigaciones sobre el terreno y entrevistas con altos representantes del sector, incluidos exportadores israelíes, centros de empaquetado y productores agrícolas.

“Ahora hemos confirmado las sospechas planteadas durante décadas por grupos palestinos e internacionales: los productos procedentes de los asentamientos están entrando ilegalmente en los mercados europeos en grandes cantidades”, declara Emily Schaeffer Omer-Man, abogada especializada en derechos humanos internacionales y directora ejecutiva de Global Echo.

El 71% de los productos de asentamientos israelíes que están entrando en la UE lo hacen a través de Francia, Países Bajos y Alemania

De los más de 5.900 envíos israelíes de cítricos, dátiles, tahini y otros productos frescos a Europa durante los últimos ocho años (2017-2026) examinados por Global Echo, uno de cada seis (17,2%) procedía de asentamientos israelíes. En concreto se trata de exportaciones a la UE, Reino Unido, Noruega y Suiza.

El equipo investigador también ha analizado más de 2.000 facturas, de las que el 16,7% declaraba un origen israelí para productos procedentes de colonias ilegales, “con el fin de beneficiarse del trato arancelario preferencial, lo que representa 13,1 millones de euros en productos agrícolas de los asentamientos”.

Incluso cuando las autoridades aduaneras europeas determinan que el envío procede de asentamientos y aplican los aranceles correspondientes, el Gobierno israelí reembolsa a los exportadores esos costes. “Este sistema crea, de facto, una exención arancelaria para los productos de los asentamientos”, advierte el informe.

Estos hallazgos fortalecen los llamamientos para prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en toda la Unión Europea

Martin Konečný, director European Middle East Project

Francia, Países Bajos y Alemania

El 71% de los productos procedentes de asentamientos israelíes rastreados por Global Echo entraron en la Unión Europea a través de Francia, Países Bajos y Alemania, por los puertos de Róterdam, Marsella Fos, Hamburgo y Múnich.

Los mangos, los aguacates, los dátiles, el tahini, las hierbas aromáticas y los cítricos (pomelos, naranjas, yuzus y mandarinas Orri) son los principales productos de asentamientos israelíes que entran en la UE.

Los datos oficiales israelíes subrayan la importancia de los mercados europeos para el sector agrícola israelí. En 2025, cerca del 80% de las exportaciones israelíes de frutas y hortalizas, medidas por volumen, tuvieron como destino Europa y el 65,4% de ellas se exportaron a la Unión Europea.

El 12% de los envíos procedentes de asentamientos israelíes analizados por Global Echo y destinados a la UE llegaron a través de España hasta septiembre de 2025

Envíos a España

De los 6.800 envíos analizados por Global Echo, 5.187 exportaciones tuvieron como destino la Unión Europea; de ellas, uno de cada cinco envíos (19,2%) contenía productos procedentes de asentamientos israelíes.

Ciento sesenta de esos envíos llegaron a España y ciento veinte de ellos contenían productos procedentes de asentamientos israelíes -en concreto, dátiles– por un valor mínimo de 4.792.011 euros, lo que supone que el 75% de los envíos desde Israel a España fueron de asentamientos.

Esto se traduce en que el 12% de los envíos de asentamientos israelíes destinados a la UE y analizados por Global Echo hasta septiembre de 2025 llegaron a través de España. Global Echo no dispone aún de datos suficientes para determinar qué impacto ha tenido la prohibición española –establecida en septiembre de 2025– a las importaciones de productos de asentamientos israelíes.

Los investigadores también descubrieron veintiocho facturas dirigidas a España que declaraban la elegibilidad de productos procedentes de asentamientos israelíes para recibir un trato preferencial, pese a que dicho trato está reservado a mercancías originarias de Israel. Estas facturas incluían productos de asentamientos por valor de 1.040.800 euros.

El equipo investigador indica que es probable que los productos procedentes de asentamientos “entren en España en cantidades aún mayores”, no solo directamente, sino también a través de puertos situados en otros Estados de la Unión Europea.

Los envíos destinados a España incluyen como empresas exportadoras israelíes a Hadiklaim, Tomer Packing, y Tamar Tov.Tanto Tomer Packing como Tamar Tov están vinculadas a Hadiklaim, el mayor exportador israelí de dátiles.

La Corte Internacional de Justicia señala la ilegalidad de la ocupación israelí y pide a los países “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan" a esa situación

Tergiversación, ocultamiento e ilegalidad

Los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos y en los Altos del Golán sirios son ilegales, según establece el derecho internacional, que designa categoría de crimen de guerra a “la transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado”.

En ese sentido, en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia señaló la ilegalidad de la ocupación israelí y pidió a los Estados miembros de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”.

La demostración de que Israel exporta habitualmente mercancías de asentamientos ilegales presentadas como 'Productos de Israel' indica la dificultad para distinguir la procedencia y para cumplir con las obligaciones que establece el derecho internacional en este sentido.

Por eso, este centro de litigación anuncia que impulsará acciones legales en Reino Unido “para obligar a las autoridades a actuar ante estas pruebas de graves fallos legales”, y tiene previstas más demandas en otras jurisdicciones. Con ello, además de denunciar infracciones de la ley, pretenden “presionar a la UE y Reino Unido para que corrijan el sistema que las hace posibles”.

Global Echo anuncia que impulsará acciones legales en Reino Unido 'para obligar a las autoridades a actuar ante estas pruebas de graves fallos legales', y prevé más demandas

Certificación y etiquetado

Global Echo señala que las autoridades aduaneras de la UE y del Reino Unido aceptan de forma rutinaria certificaciones ecológicas y fitosanitarias inválidas para mercancías procedentes de asentamientos israelíes, asignadas por el Ministerio de Agricultura de Israel como “Producto de Israel”, pese a carecer de autoridad para hacerlo, “socavando así los sistemas regulatorios europeos”.

Dichos certificados son jurídicamente inválidos, pero “las autoridades europeas continúan aceptándolos y permitiendo la entrada de estos productos” en los mercados europeos, en contra “de la legislación de la UE”.

La investigación denuncia que los consumidores europeos “están siendo sistemáticamente engañados respecto al origen de las mercancías procedentes de los asentamientos” israelíes, lo que impide que puedan “adoptar decisiones de compra informadas y éticas”.

La UE y Reino Unido aceptan habitualmente certificaciones inválidas para productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes

Obligaciones europeas

También alerta de que “el sistema actual permite —y, en algunos casos, incentiva— la tergiversación y ocultación del origen de los productos agrícolas procedentes de asentamientos a lo largo de toda la cadena de suministro, en vulneración de diversas áreas de la legislación de la UE y del Reino Unido”. Por ello señala “la complicidad de Europa en el despojo del pueblo palestino”.

Uno de los ejemplos que detalla es Achva Tahini, que a menudo se envasa en tarros listos para la venta minorista antes de su exportación, cada uno de ellos etiquetado como «Producto de Israel». Estas etiquetas permanecen inalteradas a lo largo de toda la cadena de suministro.

Global Echo subraya la obligación de las autoridades europeas de investigar el etiquetado engañoso de productos procedentes de asentamientos. También recalca que minoristas y supermercados deben cumplir con la legislación de protección del consumidor para evitar inducir a error a los compradores.

Los consumidores europeos están siendo sistemáticamente engañados acerca del verdadero origen de productos de asentamientos ilegales israelíes

Tres vías de engaño

La investigación identifica tres prácticas recurrentes mediante las cuales el origen real de las mercancías se disfraza como israelí. Una de ellas es “la ocultación a simple vista”, es decir, los exportadores indican correctamente el lugar de producción en los asentamientos pero describen el origen como “Israel”, pese a ser territorio palestino ocupado.

Otra es “la dirección ficticia”, una dirección falsa dentro del territorio israelí, inventada por los exportadores para ocultar la procedencia real.

La tercera vía es “la mezcla”, a través de la cual los centros israelíes de empaquetado mezclan productos procedentes de asentamientos con productos originarios de Israel, que posteriormente son exportados conjuntamente bajo la denominación de origen israelí.

Los principales productos de asentamientos israelíes que entran en la UE son mangos, aguacates, dátiles, tahini, hierbas aromáticas y cítricos (pomelos, naranjas, yuzus y mandarinas Orri)

Estas prácticas contribuyen a cuatro vulneraciones de la legislación europea: la asignación de un trato preferencial a productos de asentamientos ilegales israelíes, la violación de la protección del consumidor europeo y la aceptación de certificaciones fitosanitarias y ecológicas designadas a esas mercancías de asentamientos ilegales.

La repercusión del informe está siendo resaltada ya por expertos y organizaciones vinculadas con la situación en Palestina. “Estos hallazgos fortalecen claramente las peticiones para prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos en toda la Unión Europea”, señala a elDiario.es Martin Konečný, fundador y director del European Middle East Project (EuMEP).

“Demuestran que las declaraciones falsas sobre el origen y el etiquetado incorrecto son inherentes al comercio con los asentamientos”, apunta. Más allá de la prohibición a nivel comunitario, Konečný indica que “podrían y deberían adoptarse medidas adicionales de aplicación y control a escala de la Unión Europea”.

Mientras la UE y Reino Unido mantengan este sistema, Europa seguirá contribuyendo directamente a la sostenibilidad económica y a la expansión del proyecto de asentamientos y a la violencia, el despojo y la opresión que este conlleva

Basel Adra, responsable de participación comunitaria de Global Echo y cineasta

“De acuerdo con la legislación de la UE y del Reino Unido, los productos alimentarios procedentes de asentamientos israelíes ilegales no deben beneficiarse de exenciones arancelarias, pasaportes fitosanitarios ni certificaciones ecológicas, y no deberían encontrarse en las estanterías de los supermercados etiquetados como 'Producto de Israel'”, señala Emily Schaeffer Omer-Man, de Global Echo.

“Mientras la UE y Reino Unido mantengan este sistema, Europa seguirá contribuyendo directamente a la sostenibilidad económica y a la expansión del proyecto de asentamientos, así como a toda la violencia, el despojo y la opresión que este conlleva», afirma Basel Adra, responsable de participación comunitaria de Global Echo y cineasta palestino galardonado con un Óscar, como codirector del documental No Other Land.

“El proyecto de asentamientos constituye la violación más duradera y sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino”, advierte Adra, quien sufre las consecuencias de esta violación, como habitante originario y residente en la aldea cisjordana de Masafer Yatta, una de tantas comunidades palestinas que desde hace años sufre órdenes de demolición y desplazamiento por parte de las autoridades israelíes, así como violencia sistemática de colonos protegidos por el Ejército israelí.

La Franja de Gaza está siendo objeto de una nueva fase de genocidio algorítmico, con la población sometida a una vigilancia coercitiva constante, a desplazamientos forzados y a matanzas arbitrarias. Un nuevo informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que ha pasado bastante desapercibido, denuncia que Israel impone “a los palestinos condiciones de vida cada vez más incompatibles con su existencia continua en Gaza como grupo”.

El Ejército israelí está extendiendo de forma gradual y constante su presencia militar, impide la entrada de toda la ayuda humanitaria necesaria, obstaculiza la libertad de movimientos de la población palestina y lanza ataques que han matado a más de novecientas personas y herido a miles desde el pasado mes de octubre hasta hoy.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, los bombardeos israelíes en la Franja han aumentado un 35%, aprovechando el desvío de la atención internacional. Las tropas del Estado israelí ya controlan el 64% del territorio, arrinconando a más de dos millones de personas en el 36% restante. Desde octubre hasta hoy han tomado un 10% más de tierra palestina en Gaza.

Hace unos días el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo públicamente que pretende ocupar el 70%. Eso significa que miles de personas tengan que volver a desplazarse a la fuerza y que toda la población palestina de Gaza se apiñe en solo el 30% de la Franja, un área que ya antes de esta ocupación militar era uno de los lugares del mundo con más habitantes por metro cuadrado. Cada vez queda menos tierra para los palestinos.

Israel ya ocupa el 64% de Gaza, arrinconando a más de dos millones de personas en el 36% restante, y anuncia que tomará el 70%. Cada vez queda menos tierra para los palestinos

La llamada línea amarilla, establecida por el plan de Donald Trump para dividir el territorio y asegurar la ocupación israelí, sigue avanzando y devorando terreno gazatí. Las tropas israelíes aprovechan la oscuridad de la noche para trasladar los bloques de cemento pintados de amarillo que señalizan —solo en algunos tramos— esa frontera de demarcación. Cada vez que lo hacen, obligan a población palestina a desplazarse nuevamente. A menudo se sirven de la violencia militar, disparando contra tiendas de campaña, escuelas y viviendas. Así mataron recientemente a la niña Ritaj Abdel Raouf Rihan, que asistía a clase en un campo de refugiados cercano a la línea amarilla.

Esta semana el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que su Gobierno pretende implementar un plan para que un gran número de palestinos abandonen Gaza “en el momento y de la manera adecuados”.

El periodista israelí Gideon Levy advierte de que estas dinámicas sientan las bases para “la expulsión masiva”. Solo la presión internacional podría impedirla. En un artículo reciente en el diario Haaretz, Levy denunciaba que, “ahora que Gaza ha sido destruida casi por completo”, Israel avanza hacia la siguiente fase: “Dejar a toda la población permanentemente discapacitada, herida, enferma, hambrienta, sin hogar y desempleada”, como paso previo para “la expulsión masiva”.

El área que el Ejército israelí ocupa en Gaza contiene la mayoría de las tierras agrícolas y las principales reservas de agua, dejando a la población palestina el territorio desértico e improductivo

“Ninguna sociedad puede funcionar sin maestros, médicos, trabajadores sociales, ingenieros y empleados de oficina. Y sin una sociedad funcional, es fácil expulsar a los residentes de Gaza a los cuatro rincones de la tierra”, indica el periodista israelí, una de las escasas voces críticas del país en el panorama mediático.

El área ocupada por Israel en Gaza incluye las tierras agrícolas, las zonas fronterizas, las principales reservas de agua, las instalaciones de desalinización y de tratamiento de residuos, así como los espacios destinados al desarrollo futuro a través del plan de Trump. De ese modo, la población palestina queda confinada en el territorio baldío, desértico, infértil, sin recursos. El director del grupo de investigación Forensic Architecture, Eyal Weizman, alertó de ello desde el anuncio del proyecto de Trump para Gaza. Nadie podrá decir que no se sabía.

El 'alto el fuego' nunca fue real. No es una sorpresa, el propio texto del plan de Estados Unidos dejaba claros sus objetivos y así lo advirtieron relatores de Naciones Unidas, defensores de derechos humanos y analistas. Los términos estaban definidos desde el inicio y, sin embargo, los socios europeos lo apoyaron.

Las tropas israelíes aprovechan la oscuridad de la noche para trasladar los bloques de cemento pintados de amarillo que señalizan —solo en algunos tramos— la frontera de demarcación móvil

La puntilla final se dio en noviembre, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas legitimó ese proyecto, pese a que viola de forma contundente el derecho internacional. La Junta del presidente de EEUU para Gaza está diseñada para trocear la Franja y establecer una ocupación presentada como transitoria con posibilidad de ser permanente.

Algo similar ocurrió con los Acuerdos de Oslo en los años noventa, celebrados internacionalmente como una posibilidad de paz pero que, en la práctica, contenían trampas y cláusulas provisionales que Israel ha usado para anexionarse más áreas en Cisjordania. Aquel “proceso de paz” fue presentado como la posibilidad de asegurar más territorio a los palestinos, pero sirvió para lo contrario. Los pactos por fases suscritos por Israel nunca han llegado a su etapa final.

El plan de Trump para Gaza ha operado de forma similar, solo que esta vez había muchas más pistas y precedentes para saber que no se trataba de un plan de paz real, sino de un proyecto colonial 2.0 diseñado para anular la soberanía palestina y para facilitar la ocupación de Gaza y el desplazamiento de más población palestina.

De ese modo el aniquilamiento sigue su curso, con más facilidad que antes, porque la mala conciencia occidental se siente con permiso para mirar hacia otro lado. Ahora que el proceso de destrucción es más lento –y que el plan de Trump cuenta con la aprobación de la ONU y la UE- Gaza apenas existe en el debate diario para una mayoría de medios y dirigentes europeos.

Tampoco se presta suficiente atención a Cisjordania, donde se han aprobado nuevos asentamientos que expulsarán a más población palestina, sometida a la violencia militar y de colonos. Este viernes el Ejército israelí mató a un bebé de siete meses en Hebrón.

El periodista israelí Gideon Levy advierte del preludio de “la expulsión masiva” en Gaza

Líbano

El vaciado del sur de Líbano forma parte del mismo proyecto. Israel está devastando el sur del país, sus tropas saquean tierras y viviendas, han demolido casi por completo ochenta y un pueblos y han ordenado el desplazamiento forzado de más de un millón de personas, incluidos 350.000 niños y niñas. Esto significa que el 22,6% de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares.

Desde marzo hasta hoy el Ejército israelí ha lanzado más de 1.840 ataques contra territorio libanés, en los que ha matado a 3.560 personas y ha herido a 10.800. Las tropas israelíes suelen actuar a través de lo que llaman el doble o incluso el triple toque (“double/triple tap”), con un primer disparo que obliga a la huida de los supervivientes, un segundo ataque dirigido contra ambulancias, equipos médicos y de rescate, disparando contra ellos —impidiéndoles hacer su trabajo— y un tercer bombardeo, con el que suelen rematar a los heridos y asesinar a más civiles. Así mataron, por ejemplo, a la periodista libanesa Amal Khalil. Este método se repite de forma habitual en el sur de Líbano, donde se concentra la población chií, con grandes bolsas de pobreza y exclusión.

“Lo que Israel está haciendo en Líbano es, inequívocamente, un acto genocida contra los chiíes”, denuncia el periodista y escritor palestino Mohammed El-Kurd. “Y es un intento inequívoco de reocupar e incluso anexar una enorme parte del país. Es exasperante que los medios occidentales sigan haciendo la vista gorda ante la expansión colonial interminable de Israel”, señala.

El Ejército israelí aplica en Líbano el método del 'triple toque', con un primer disparo que obliga a la huida, un segundo ataque contra los equipos sanitarios que acuden al rescate y un tercero con el que remata a los heridos. Así mató, por ejemplo, a la periodista Amal Khalil

Siria

En Siria, el Ejército israelí se ha expandido hasta controlar cuatrocientos kilómetros cuadrados de territorio, con incursiones, controles y puestos militares más allá de los Altos del Golán sirios, ocupados en 1967 y anexionados ilegalmente en 1981.

Desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, Israel ha lanzado centenares de ataques contra territorio sirio. Imágenes por satélite mostraron a mediados de 2025 la presencia de al menos seis bases militares dentro de la zona ocupada por el Ejército israelí, y un informe reciente de Human Rights Watch describe abusos cometidos por las fuerzas israelíes contra la población local, incluyendo desplazamientos forzados, confiscaciones de viviendas y demoliciones.

El pasado mes de abril el Gobierno de Israel aprobó un plan de 334 millones de dólares para expandir los asentamientos israelíes en los Altos del Golán sirios ocupados. El proyecto pretende atraer a otras tres mil familias de colonos israelíes.

Israel ha ocupado más territorio sirio en el último año y medio y en abril aprobó un plan de 334 millones de dólares para expandir los asentamientos y aumentar el número de colonos en los Altos del Golán sirios ocupados.

El baile diplomático

Esta semana un medio de comunicación estadounidense, Axios, que a menudo ejerce como altavoz de mensajes que la Casa Blanca quiere difundir sin actuar como emisor directo, aseguró que Trump había abroncado a Netanyahu por teléfono y le había llamado loco. Esto ha generado muchísimos más titulares en la prensa internacional que las últimas matanzas de palestinos en Gaza o que el proyecto de vaciado de la Franja y el sur de Líbano.

Al igual que ahora Donald Trump, otros presidentes estadounidenses en el pasado declararon públicamente, en alguna ocasión, su enfado con Israel. Y, al igual que ahora, eso no significó una reducción del apoyo, protección y alianzas de Washington con el Estado israelí. A menudo esos gestos de presunta discrepancia o enfado surgen como una escenificación para consumo interno, dirigida a votantes estadounidenses desconcertados con la impunidad israelí, como es el caso de un sector MAGA en la actualidad.

El Estado israelí es concebido por Washington como una extensión de sus propios intereses en Asia Occidental. Desde 1985 es el país del mundo que más ayuda militar estadounidense recibe de forma fija y anual —3.600 millones de dólares—. A esa cantidad fija se suman grandes paquetes de ayuda adicional. No en vano, en ámbitos militares estadounidenses se denomina a Israel “el portaaviones de EEUU en Oriente Próximo”.

Los ataques contra Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano e Irán forman parte de un mismo plan, destinado a ampliar el control político y militar en la región. Israel y Estados Unidos comparten una estrategia expansionista, adversarios, intereses y objetivos en la región: Washington está dando tiempo a Netanyahu para destruir el sur de Líbano. EEUU usa a Tel Aviv como subcontratista militar y el Estado israelí recibe la protección y ayuda armamentística estadounidense que necesita para satisfacer los planes neocoloniales de EEUU en la zona, y los suyos propios.

Ejemplo de ello es el proyecto de Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, diseñado para usar el puerto israelí de Haifa como enlace entre India, el Golfo Pérsico y Europa, con el objetivo de aislar estratégicamente a Irán y contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda.

El baile de la diplomacia estadounidense y europea lleva décadas enmascarando la complicidad con el colonialismo israelí. Lo recordaba este mes la antropóloga Maya Wind, en esta entrevista que le hice en Madrid:

“Hay un gran teatro diplomático destinado a consolidar el dominio colonial israelí. Se ha hablado una y otra vez de un Estado palestino mientras en la práctica se avanzaba en sentido contrario. Hay un señuelo, una distracción continuada que contribuye a prolongar el statu quo, cuando lo que hay que hacer es abordar la descolonización”.

Este teatro es el escenario imprescindible para que Israel pueda seguir ejecutando su plan de destrucción y vaciado en Palestina y más allá. La complicidad es histórica.

Arab Barghouti visita estos días España para dar a conocer la situación de su padre en las cárceles israelíes. En Madrid se ha reunido con integrantes de siete grupos parlamentarios en el Congreso, con Amnistía Internacional y con gente del mundo de la cultura.

Arab es hijo de Marwan Barghouti, uno de los líderes palestinos con más popularidad en las encuestas desde hace años. Arrestado por Israel en 2002 y condenado a cinco cadenas perpetuas en un juicio cuestionado por la Unión Interparlamentaria [organismo internacional de parlamentos], Marwan Barghouti lleva 24 años en prisión y permanece en régimen de aislamiento desde octubre de 2023, sin contacto directo con su familia.

Su caso ha generado una amplia campaña internacional respaldada por once premios Nobel de la Paz, figuras de la cultura y defensores de los derechos humanos que reclaman su puesta en libertad. Nelson Mandela fue uno de los primeros en apoyarlo, seguido de personalidades como Desmond Tutu, Angela Davis o Stéphane Hessel.

Desde entonces, se han sumado a esa campaña centenares de artistas internacionales. La editorial Penguin publicará el próximo año su biografía en varios países a la vez, bajo el título Inquebrantable. Su hijo, Arab Barghouti, conversó el martes en Madrid con elDiario.es.

¿Cómo está su padre, qué saben de él a través de su abogado?

Está en régimen de aislamiento desde octubre de 2023. Ha sido agredido en varias ocasiones por sus carceleros, resultó herido, con costillas rotas, quemaduras en la mano derecha, heridas en un ojo, en el oído. Ha perdido mucho peso. Es fuerte mentalmente, pero nos preocupa su salud física.

El sistema de prisiones israelí es un horror. Más de cien prisioneros palestinos han muerto en cárceles israelíes en los dos últimos años y medio. Hemos visto el informe de Naciones Unidas y el reportaje del New York Times que detallan agresiones sexuales contra presos palestinos, niños, mujeres, hombres, sin distinción.

Como hijo me despierto cada día preguntándome por mi padre, temiendo que algo malo le haya pasado. En los últimos 15 años, el Gobierno israelí ha puesto en libertad a cientos de palestinos condenados a cadenas perpetuas, pero mi padre sigue en prisión por lo que representa, por la influencia que tiene, porque despierta esperanza en un liderazgo unificado y una renovación democrática.

¿Por qué cree que sería capaz de lograrlo?

Siempre ha luchado por los derechos del pueblo palestino y contra la ocupación ilegal israelí. Apoya el establecimiento del Estado palestino, la solución de los dos Estados, basa todo su trabajo en el derecho internacional e impulsó desde la cárcel el Documento de los Prisioneros de 2006, una iniciativa importante, respaldada por todos los grupos palestinos, lo que demuestra que es alguien capaz de unificar al pueblo palestino. Lucha por la democracia, cree profundamente en ella.

¿Cómo definiría la ideología de su padre?

Tiene un sueño muy sencillo: que los niños palestinos puedan vivir en paz y seguridad. Tan simple como eso. Fue un niño que vivió la ocupación israelí de 1967, cuando tenía ocho años. Después fundó el movimiento juvenil de Al Fatah y sufrió exilio por su activismo durante la Primera Intifada palestina [iniciada en 1987].

Cuando regresó apoyó una solución política, pero vio que la dirigencia israelí estaba socavando los acuerdos de paz, construyendo más asentamientos, oprimiendo a los palestinos, lo que llevó al estallido de la Segunda Intifada. Como integrante del Parlamento palestino, consideró que era su deber apoyar al pueblo.

Desde ese momento fue perseguido, porque el Gobierno israelí no quiere ningún líder que le diga que no. Solo acepta líderes que guarden silencio ante sus crímenes, y mi padre no está dispuesto a hacerlo. Siempre dice que tenemos que estar preparados para la paz, pero él nunca aceptaría una paz que no incluya la libertad y una vida digna para el pueblo palestino.

No existe algo llamado paz en Oriente Próximo sin resolver la cuestión palestina, sin la libertad del pueblo palestino

Su padre es integrante de Al Fatah y cuando fue arrestado sonaba como un relevo diferente a la vieja guardia. ¿Cómo está la situación ahora en Fatah?

Lo positivo es que Fatah acaba de celebrar sus elecciones. Mi padre obtuvo la mayor cantidad de votos en el Comité Central, que es el órgano más importante de Fatah. Tengo esperanza de cierta renovación dentro del movimiento.

Yo pertenezco a una generación que realmente no aprueba lo que representa Al Fatah hoy, incluso después de esas elecciones. Creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Hay una fusión poco saludable de Fatah con la Autoridad Palestina y con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Tenemos que separar estas instituciones, reformarlas y combatir la corrupción, que es un problema dentro de la Autoridad Palestina, de Fatah y de la OLP. Y necesitamos una renovación política con un liderazgo unificador que realmente represente a todos los palestinos y no solamente a un pequeño porcentaje del pueblo palestino.

¿Cómo cree que la guerra de Israel y EEUU contra Irán está afectando a la causa palestina?

Es una prueba de que no existe algo llamado paz en Oriente Medio sin resolver la cuestión palestina, sin libertad para los palestinos. El Gobierno israelí piensa que puede normalizar relaciones con el mundo árabe sin esto. Se ha demostrado que eso es cien por cien erróneo.

Netanyahu está dispuesto a prender fuego al mundo entero antes de abandonar el poder. Por eso la comunidad internacional debe ejercer más presión para detener esta locura. Israel tiene que ser sancionado y aislado, hasta que respete el derecho internacional. En los dos últimos años Israel ha bombardeado Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen, Gaza. Ha podido hacerlo porque hay un gran lobby internacional que quiere proteger y ocultar los crímenes israelíes.

Los palestinos somos el 50% de la población en la Palestina histórica: ni el apartheid, ni la limpieza étnica, ni el genocidio, ni la ocupación nos moverán de nuestra tierra

En Gaza el Ejército israelí ocupa ya el 63% del territorio y Netanyahu ha dicho que tomarán el 70%. Usted vive en Cisjordania, donde también se extienden los asentamientos.

En Gaza continúa el genocidio. El alto el fuego ha sido violado miles de veces. Esto no cambiará sin más presión internacional. Cisjordania y Jerusalén Este están bajo el régimen militar israelí, también sufrimos la violencia de los colonos, ataques, confiscación de tierras y expulsiones. Más de 40.000 palestinos han sido expulsados de sus propios hogares por el Gobierno israelí en Cisjordania.

Es una vergüenza la posición de la comunidad internacional, que reaccionó inmediatamente con sanciones a Rusia pero sigue sin actuar ante Israel, lo que la convierte en cómplice. El Ejército israelí controla la Palestina histórica, pero nosotros somos el 50% de la población que vive en esa tierra. No creo que el apartheid, la limpieza étnica, el genocidio, la ocupación y todos los crímenes israelíes vayan a cambiar el hecho de que permaneceremos en nuestra tierra. Seguiremos luchando por nuestra libertad. Esto no significa que no queramos la paz. Queremos que esto termine, pero no podemos aceptar la opresión, la ocupación, la injusticia.

Pregunto a cualquiera si aceptaría vivir bajo ocupación colonial con apartheid. Quienes dicen que los palestinos somos el problema deberían ponerse en nuestro lugar, visitar Cisjordania y Gaza, y entenderían inmediatamente quién es el oprimido y quién el opresor.

¿Cuál cree que es el propósito del Gobierno israelí?

Buscan el Gran Israel, ellos mismos lo dicen. Lo conciben como su propia supervivencia. La sociedad israelí está adoctrinada por sus medios de comunicación, por sus líderes, por su Gobierno. Netanyahu alimenta el miedo en la sociedad israelí. Se presenta como un salvador y presume de no tratar a los palestinos con compasión.

Invito a todo el mundo a examinar el sistema educativo israelí, en el que no reconocen la Nakba, la matanza de 15.000 palestinos y la expulsión de 750.000 más en 1948. Enseñan a niños y jóvenes que hubo una guerra, que Israel la ganó y ya. No explican la historia, la ocupación colonial, la toma de propiedades, las expulsiones…

Palestina necesita elecciones urgentemente para tener un liderazgo que realmente represente al pueblo palestino y pueda pedir a la comunidad internacional mas presión a Israel

Usted nació en Jerusalén pero tiene asignada una documentación que le impide acceder a esa ciudad.

A los palestinos nos han dividido en categorías. Están los palestinos israelíes, que viven dentro de Israel, tienen pasaporte israelí pero sufren discriminación, racismo. Otro grupo son los palestinos que viven en la Jerusalén ocupada. Hay un carné de identidad solo para ellos y disponen de un pasaporte jordano temporal. Son personas que, literalmente, pagan entre 1.000 y 2.000 dólares al mes en impuestos, simplemente para poder vivir en sus propias casas. Les ofrecen millones de dólares para vender sus viviendas a israelíes, pero no lo hacen, por lo que tienen mi máximo respeto.

Luego están los palestinos como yo, que vivimos en Cisjordania. Tenemos pasaporte palestino. No se nos permite entrar en Israel y no se nos permite ir a Jerusalén. Yo nací en Jerusalén y no he podido estar en Jerusalén desde hace 26 años. No podemos tener nuestro propio aeropuerto y tampoco se nos permite utilizar el aeropuerto israelí, por lo que tenemos que viajar por tierra hasta Jordania, y no todos tienen el derecho a desplazarse libremente.

Después están los palestinos de Gaza, con una identificación de Gaza y que están en una cárcel a cielo abierto. Es muy importante que la gente entienda todos estos niveles, la libertad que se nos niega en nuestra propia tierra, donde nuestros tatarabuelos vivieron durante miles de años.

Tengo entendido que el mayor de los cuatro hermanos también estuvo encarcelado un tiempo.

En 2003 mi hermano mayor estaba estudiando su carrera universitaria en Egipto. Quiso volver durante las vacaciones de Navidad, para sorprender a mi madre en la celebración del máster que ella acababa de terminar.

Por aquel entonces, mi padre ya llevaba un año y medio en prisión. Cuando mi hermano llegó a la frontera le hicieron varias preguntas y lo metieron en prisión durante tres años y medio. El propósito de aquello era simplemente presionar a mi padre durante los interrogatorios a los que le sometían en esa época, en la que aún estaba pendiente de juicio.

Las sanciones internacionales, el boicot y el aislamiento a Israel son la única manera de avanzar y lograr la paz. Israel no se detendrá si no hay presión

¿Qué pasos cree necesarios para lograr la libertad de Palestina?

Necesitamos un proceso democrático en Palestina lo antes posible, porque existe un peligro real de que se produzca el colapso de la Autoridad Palestina. En Palestina tenemos un sistema político disfuncional. Por eso es necesario reformar y renovar la Autoridad Palestina, a través de elecciones democráticas, para tener una representación sólida que realmente represente al pueblo palestino.

También es urgente construir más puentes con la comunidad internacional, a través de un sistema político funcional, con líderes internacionales dispuestos a ver a los palestinos como seres humanos y a presionar a Israel.

Las sanciones internacionales, el boicot y el aislamiento a Israel son la única manera de avanzar y lograr la paz. Tenemos que aprender de la historia. En Sudáfrica los integrantes del Gobierno del apartheid no se despertaron un día y decidieron convertirse en buena gente. No. Fueron presionados, sancionados y aislados internacionalmente. Si cometer crímenes de guerra sale gratis, nada cambiará.

¿Por qué no ha habido elecciones en Palestina en los últimos años?

Hay dos razones. La primera es que el Gobierno israelí no permite que los palestinos de Jerusalén voten. Y la segunda es que el liderazgo palestino no quería celebrar elecciones. Así de simple. Es una lástima, porque se necesita una renovación política. Pero hablemos del futuro. Se han anunciado elecciones al Consejo Nacional Palestino de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) para el próximo mes de noviembre. Eso renovará la OLP y su sistema interno.

A partir de ahí, debemos celebrar elecciones generales lo antes posible, tanto para el Parlamento como para la presidencia. Lo más importante es la unidad política entre Gaza y Cisjordania, actualmente amenazada. Quieren aislar Gaza y separarla de Cisjordania: celebrar elecciones evitará que eso ocurra.

Su madre, Fadwa, es una abogada muy activa, de hecho es la impulsora de la campaña por la puesta en libertad de su padre.

Es una gran líder. Ella es quien fundó la campaña en 2002, se reunió con Nelson Mandela e impulsó la campaña internacional en 2013 con Desmond Tutu, Angela Davis y muchas otras leyendas. Es la voz y la representante de mi padre. Ella es la razón por la que él es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Mi madre es una auténtica fuerza de la naturaleza. Crió a sus hijos, completó un máster en derecho civil y fundó la campaña por mi padre. Es una política con méritos propios.

¿Cómo está siendo este viaje a España?

Cuando vamos a cualquier país nos movemos en dos niveles. El primero es con el Gobierno. Nos aseguramos de que las autoridades conozcan nuestro proyecto, que entiendan que estamos aquí para aportar unidad y no división.

He tenido el privilegio de reunirme con integrantes del Congreso español, de al menos siete partidos políticos. Queremos trabajar con todos, porque la causa palestina es algo en lo que todos pueden aportar. Es la causa de nuestro tiempo. En Palestina España es percibida como un país que está ayudando y que marca un camino para que otros sigan sus pasos. Estamos muy agradecidos por ello.

El segundo nivel es hacer campaña junto a figuras públicas, culturales, actores, cantantes y escritores, algo que hemos hecho y seguimos haciendo cada vez más en España, porque queremos asegurarnos de que la sociedad sepa quién es mi padre y, en ese sentido, los artistas y referentes culturales son una de las mejores vías para divulgar.

El informe “Las puertas de entrada de la tecnología del genocidio a Europa”, impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo y las organizaciones SUDS, NOVACT e Irídia–Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, alerta de una relación creciente entre la UE e Israel en materia militar y de seguridad desde octubre de 2023.

La investigación, a la que ha tenido acceso elDiario.es antes de su publicación, denuncia que “Europa facilita que empresas vinculadas al genocidio en Palestina operen en el mercado europeo” y detalla cómo la UE es “un destino estratégico para la actividad empresarial israelí”, con la entrada de “empresas militares, de ciberseguridad, vigilancia, drones e inteligencia artificial vinculadas a la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina”.

A lo largo de noventa páginas, el equipo investigador señala nueve vías de penetración en la UE y Reino Unido de “empresas israelíes cómplices, con protagonismo o cuya tecnología ha sido utilizada en el genocidio en Palestina”.

El informe identifica una veintena de empresas israelíes del sector de la defensa tecnológica que se han consolidado en el mercado europeo en los últimos dos años.

Lo hacen mediante una arquitectura diversificada que combina “la creación de filiales y subsidiarias, la compra de empresas europeas, la participación en estructuras supranacionales como la OTAN, el acceso a instituciones y fondos europeos de investigación, y acuerdos bilaterales con Estados con marcos reguladores más laxos”.

El cambio de nombre o la creación de filiales en territorio europeo son vías empleadas para canalizar ventas de armamento y esquivar controles. También hay financiación europea en materia militar hacia Israel que se enmascara como cooperación científica, a través de institutos tecnológicos y universidades.

Por ejemplo, indica que fabricantes de armamento israelíes como Elbit Systems o Israel Aerospace Industries se están beneficiando de subvenciones públicas europeas.

El informe identifica una veintena de empresas israelíes del sector de la defensa tecnológica que se han consolidado en el mercado europeo en los últimos dos años. Entre ellas destacan Israel Aerospace Industries (IAI), Elbit Systems, XTEND Defense, NextVision o Cyberbit.

También menciona que en el año 2025 el Ministerio del Interior español renovó su colaboración con Cellebrite, empresa que, según la investigación, recopiló datos de los teléfonos de miles de personas palestinas capturadas y secuestradas.

Hay financiación europea en materia militar hacia Israel que se enmascara como cooperación científica, a través de institutos tecnológicos y universidades.

El rearme europeo como vía

El informe señala que el plan de rearme europeo, el aumento del gasto militar exigido por la OTAN y la expansión de la Alianza Atlántica favorecen a empresas vinculadas al ecosistema israelí.

Instrumentos como el Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), el NATO Innovation Fund o la NATO Support and Procurement Agency operan como aceleradores de esta integración.

“La UE usa la tecnología israelí para avanzar en los planes de rearme”, afirman los investigadores.

La guerra de Ucrania

La guerra en Ucrania es otra vía de penetración de las empresas israelíes, que entran a Europa del Este a través de contratos, alianzas industriales, plataformas de innovación y redes de producción. La guerra en Ucrania “sirve como espacio de pruebas, validación y proyección comercial”, refuerza la posición de estas empresas ante la OTAN y “facilita nuevas oportunidades comerciales”.

“Las pruebas de armamento y tecnología en Ucrania, así como el establecimiento de alianzas militares en ese país, abren la puerta a contratos con la OTAN”, subraya el informe.

Alemania

Alemania es otra vía de entrada clave, como epicentro del lobby militar israelí en territorio europeo. “Alemania quiere tecnología militar israelí para rearmarse y expandir su industria militar”, señala el informe.

Para ello, además de los contratos, hace uso de estructuras de influencia, como la European Leadership Network o Israel Defence and Security Forum.

Compañías con vinculación con el genocidio abren filiales comerciales, adquieren empresas o crean plantas de producción de armamento y desarrollo tecnológico en las principales capitales europeas

Informe 'Las puertas de entrada de la tecnología del genocidio a Europa'

Ferias

La participación en ferias de tecnología y ciberseguridad es otro mecanismo para acceder a la UE. Israel expande su industria militar a través de embajadas en hubs tecnológicos de la OTAN (como Estonia), de ese tipo de ferias y en el establecimiento de acuerdos entre agencias de internacionalización e innovación con contrapartes europeas.

Lugares como Barcelona, Bruselas, Madrid, Londres, Núremberg o Praga permiten a empresas israelíes “presentarse como actores civiles e innovadores, mientras ocultan sus vínculos con la industria militar y de vigilancia”.

Chipre

Chipre apuesta por la búsqueda de inversión extranjera para convertirse en una 'StartUp Nation' inspirada en el modelo israelí.

El informe la señala como una plataforma que favorece el aterrizaje gradual de empresas israelíes, gracias a “ventajas fiscales, la proximidad geográfica, la flexibilidad reguladora y la falta de control efectiva de los productos de cibervigilancia”, lo que “facilita la creación de estructuras opacas”.

El cambio de nombre o la creación de filiales en territorio europeo, por ejemplo, es utilizado para canalizar ventas de armamento y esquivar controles.

Luxemburgo

Luxemburgo se está consolidando como plataforma de lanzamiento para empresas israelíes. Uno de los casos paradigmáticos es NSO Group, fabricante del software espía Pegasus. Esta empresa israelí “ha sido ampliamente denunciada por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo por desarrollar y comercializar una tecnología de espionaje imposible de controlar”.

Cèlia Carbonell, de Irídia, explica que NSO Group “opera desde Luxemburgo a través de una estructura global compleja, fragmentada y deliberadamente opaca, con sociedades holding y filiales que permiten al grupo moverse entre jurisdicciones y esquivar regulaciones estrictas”.

Cambio de marca y filiales

Otra vía es la compra de empresas europeas, la creación de nuevas filiales o el cambio de marca. De ese modo, compañías israelíes logran operar en la UE, acceder a financiación europea y presentarse como actores europeos legítimos.

“Empresas con vinculación con el genocidio contra el pueblo palestino abren filiales comerciales, adquieren empresas o crean plantas de producción de armamento y desarrollo tecnológico en las principales capitales europeas”, advierte la investigación.

Como ejemplo, menciona el caso de Intracom Defense-IAI, que participa actualmente en quince proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Siete de ellos fueron adjudicados después de la venta de esta empresa a la israelí IAI y del inicio del genocidio en Gaza, en octubre de 2023.

Aunque Intracom Defense está registrada y tiene su sede en Grecia (y también cuenta con presencia griega en su consejo de administración), sus registros financieros de 2024 muestran que el 94,5 % de las acciones son propiedad de IAI, que, según los últimos registros de la empresa israelí, posee el 100% de los derechos de voto en Intracom.

Fabricantes de armamento israelíes 'como Elbit Systems o Israel Aerospace Industries se están beneficiando de subvenciones públicas europeas'.

Programas de financiación europeos

Otra vía de entrada son los programas de financiación europeos, especialmente Horizon Europe y el European Defence Fund, que funcionan como puerta de acceso institucional. De este modo, la financiación europea en materia militar hacia Israel se enmascara como cooperación científica a través de institutos tecnológicos y universidades.

Barcelona como hub

Por último, el informe señala como novena vía de penetración en Europa el uso de Barcelona como hub tecnológico de empresas de ciberseguridad israelíes o vinculadas a su ecosistema.

El equipo investigador indica que en Cataluña se ha impulsado “el reclutamiento de profesionales para startups israelíes que operan en Barcelona, replicando modelos de negocio y prácticas similares a las empleadas en Palestina”.

Derecho internacional

En sus conclusiones, el informe subraya la obligación de la UE y de sus Estados miembros de “prevenir el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como de no contribuir directa ni indirectamente a ellos”, tal y como indica el derecho internacional y sus tratados.

Las organizaciones impulsoras de la investigación, así como el propio informe, solicitan para ello una serie de medidas a través de las cuales la UE prohíba, sancione, vigile y evite relaciones comerciales que refuercen el entramado militar industrial israelí.

Entre ellas, recomiendan “introducir cláusulas vinculantes en la contratación pública europea para excluir a empresas implicadas en vulneraciones graves de los derechos humanos, con mecanismos de verificación y control basados en fuentes fiables”.

También piden sanciones específicas contra Israel y las entidades implicadas y un embargo integral de armas a Israel, “incluidas las tecnologías de doble uso, con medidas para prevenir la elusión, es decir, para evitar que pueda sortearse mediante intermediarios o vías indirectas”. Asimismo solicitan más supervisión a empresas y actores financieros e “imponer transparencia y auditoría en acuerdos tecnológicos y militares, para detectar cambios de nombre y estructuras opacas”.

En 2008, “tras años de activismo contra el proyecto colonial israelí”, la antropóloga israelí Maya Wind rechazó hacer el servicio militar obligatorio. Las consecuencias de aquella decisión fueron cuarenta días de cárcel “y empezar una nueva vida, una nueva comunidad, un nuevo entorno: una vida basada en la verdad”, explica. Wind vive ahora en Estados Unidos, es doctora por la Universidad de Nueva York y actual investigadora en la Universidad de California.

Su “posición como ciudadana blanca judía israelí” le permitió acceder a los archivos y bibliotecas estatales y militares en Israel. Allí encontró numerosos documentos oficiales que demuestran, “con gran detalle, los numerosos vínculos de las universidades israelíes con los aparatos de violencia del Estado de Israel”.

Wind ha plasmado las conclusiones de su estudio en un libro que ahora se publica en español: Torres de acero y marfil: Cómo las universidades israelíes destruyen la libertad palestina (Verso Libros). elDiario.es mantiene esta entrevista con ella en una terraza de Madrid, a su paso por España.

Pregunta: En su libro explica que, ya antes de la creación del Estado de Israel, el movimiento sionista creó tres universidades en Palestina.

Respuesta: Como la mayoría de los Estados coloniales de asentamiento, el Estado israelí fue fundado con el mismo objetivo: eliminar y reemplazar a la población palestina por población judía. Desde el principio, todas las instituciones de este proyecto estatal tuvieron que involucrarse en ello.

Las universidades forman parte de eso. El movimiento sionista las concibió como parte de la infraestructura de ese Estado que imaginaban. Y así se construyeron tres universidades, empezando por la Universidad Hebrea en 1918, y luego el Technion y el Instituto Weizmann en las décadas de 1920 y 1930. Desde el principio fueron muy explícitos: eran centros de formación para desarrollar conocimientos, tecnologías y ciencia al servicio del sionismo. Y así ha sido hasta hoy.

Las universidades israelíes están facilitando el genocidio, la academia israelí es cómplice y por eso debe ser aislada

¿Cómo cooperan estas universidades con el colonialismo de asentamiento y el apartheid?

Hay tres formas. La primera es la infraestructura física de los propios campus. Israel está inmerso permanentemente en un proyecto de expansión territorial. A medida que se extiende y aparecen nuevas fronteras, se construyen nuevas universidades para consolidar lo que Israel llama la “judaización”, es decir, el proyecto simultáneo de reducir las tierras y propiedades palestinas —el despojo de los palestinos— mientras al mismo tiempo se expanden los centros de población judía y los asentamientos en la Palestina histórica.

Así que, en todos los lugares donde se fundan —ya sea la Universidad de Haifa en Galilea, la Universidad Ben Gurion en el Naqab o la Universidad Ariel en la Cisjordania ocupada—, estas universidades sirven como anclas de este proyecto destinado a reemplazar a los palestinos por judíos. Ese es siempre un pilar de la ingeniería demográfica.

Sin el apoyo de Europa y de Estados Unidos, este genocidio israelí habría terminado hace años

La segunda forma es…

Sostener durante décadas un régimen de apartheid requiere conocimientos especializados. Las universidades se convierten así en espacios fundamentales para generar esa experiencia. Disciplinas como la ingeniería, el derecho, la criminología, la arqueología o los estudios de Oriente Medio se usan para implicar a las universidades en la violencia, al servicio del dominio colonial.

Y otra de las formas que usted indica es el modo en que las universidades israelíes sirven directamente al Ejército y a la industria militar.

Las principales industrias militares israelíes —las tres mayores empresas armamentísticas del país— fueron originalmente empresas estatales. Con el tiempo se privatizaron, aunque solo parcialmente, no por completo.

Esas empresas nacieron en los campus de las primeras universidades, como el Instituto Weizmann, la Universidad Hebrea y el Technion. Pero es que, además, las universidades siguen ofreciendo sus laboratorios para sostener el desarrollo y la fabricación de armas y tecnologías militares hasta hoy, incluso durante el genocidio.

El Estado israelí fue fundado con el objetivo de reemplazar a la población palestina por población judía. Desde entonces hasta hoy las universidades israelíes son usadas para ese fin.

Otro vínculo relacionado que menciona es la formación de la fuerza de trabajo.

El Shin Bet, la policía y los soldados —las personas que mantienen la violencia colonial israelí— reciben formación a través de programas universitarios especializados, diseñados específicamente para ellos. Por ejemplo, el Departamento de Estudios de Oriente Medio e Islámicos de la Universidad Hebrea alberga un programa de élite para entrenar soldados en lengua y cultura árabes con el fin de vigilar y controlar a la población palestina.

Muchos graduados de ese programa se integran en la Unidad 8200, la principal unidad de inteligencia israelí, que durante el genocidio ayudó a diseñar los llamados “bancos de objetivos” en Gaza, es decir, objetivos para asesinatos directos.

Las universidades también han facilitado la participación de reservistas en el genocidio, otorgando becas, facilidades e incluso créditos académicos a los soldados por su servicio como reservistas.

Cuando decidí no hacer el servicio militar obligatorio en Israel fui a la cárcel y empecé una nueva vida basada en la verdad

¿Qué debe hacer la comunidad internacional respecto a las universidades israelíes?

Como señalan la Campaña Palestina por el Boicot Académico y Cultural a Israel —nacida en 2004— y el movimiento internacional BDS [Boicot, Desinversión y Sanciones], hay que desestabilizar el sistema universitario israelí para desestabilizar el régimen de ocupación y apartheid. Así se hizo en Sudáfrica durante el apartheid. La academia israelí es cómplice y debemos aislarla para crear las condiciones para la descolonización.

Aquí en España ha habido algunas universidades que han asumido públicamente el compromiso de romper relaciones con instituciones israelíes.

Han sido un referente en este sentido. Sé que no en todos los casos se ha implementado. Me reuní aquí [en Madrid] con profesores y estudiantes que están trabajando en ello. Algunos vínculos ya se han roto. Solo el posicionamiento en sí tuvo un impacto enorme, abrió el camino para que en 2025 rectores de Bélgica, Países Bajos e Irlanda hicieran lo mismo.

Espero que la gente en el Estado español comprenda el poder de su movilización, porque evidentemente los rectores no actuaron solos: actuaron bajo presión. Hubo una movilización masiva de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios que los empujó a hacerlo.

El programa europeo Horizonte es una fuente muy importante de financiación y legitimidad para las universidades israelíes

Además de la ruptura de relaciones hay otra demanda, relacionada con el programa Horizon Europe.

Los académicos israelíes llaman a Horizon Europe “el oxígeno de la academia israelí”. Es una fuente muy importante de financiación, prestigio y legitimidad. Las universidades israelíes han recibido durante mucho tiempo un trato preferencial a través de ese programa europeo.

Por eso muchos estudiantes y profesores en la UE están exigiendo que ninguna universidad europea participe en proyectos financiados por Horizon Europe que incluyan universidades israelíes. Del mismo modo, piden la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. La UE sigue siendo hoy el mayor socio comercial del Estado israelí.

¿Qué consecuencias tienen las relaciones con Israel?

Este genocidio no es solo un genocidio israelí: es israelí y occidental. Sin el apoyo y el respaldo de Europa y de Estados Unidos, este genocidio habría terminado hace años. Pero hay una inmunidad diplomática permanente.

Es increíble que también en el Estado español siga habiendo relaciones con el Estado israelí. Estamos hablando de un Estado que está cometiendo un genocidio. No hay excusa válida para seguir manteniendo relaciones con este Estado israelí. No podemos esperar a que los gobiernos –sea Sánchez, sea quien sea– actúen, hay que crear presión popular desde abajo.

Los proyectos coloniales nunca se descolonizan sin una fuerza externa, Israel no va a ser la excepción en eso, por eso se necesita mucha presión internacional.

Usted creció en Jerusalén, en una familia judía israelí. En 2008 se negó a hacer el servicio militar obligatorio.

Durante la Segunda Intifada me convertí en activista y fui a Cisjordania y a Jerusalén Este ocupada. Allí vi con mis propios ojos lo que hacía el Ejército israelí y conocí a palestinos.

Después de eso, no podía participar en el Ejército. Me uní al movimiento BDS, lo conocí a través de los palestinos, y ahí me quedó muy claro por qué era necesario y por qué los proyectos coloniales nunca se descolonizan sin una fuerza externa. No existe ni un solo caso en la historia en el que eso haya sucedido. Israel no va a ser el primero. Por eso necesitamos presión internacional.

¿Cuáles fueron las consecuencias de esa decisión para usted?

La cárcel y empezar una nueva vida, en una nueva comunidad, en un nuevo entorno. Pero es una vida basada en la verdad.

Es muy importante contextualizar esto: ahora mismo estudiantes y académicos palestinos están siendo torturados y retenidos en campos de detención y tortura israelíes. Hay un genocidio en curso. De eso es de lo que debemos hablar.

¿Qué más deben hacer las instituciones y los movimientos sociales aquí en Europa?

Es necesario que se establezca un embargo total de armas, ningún material militar debe pasar por los puertos. Se necesitan sanciones económicas, ruptura de todas las relaciones comerciales y aislamiento total: diplomático, económico, político, militar, cultural, universitario y deportivo. No debería existir ningún vínculo entre instituciones españolas e instituciones genocidas del Estado israelí. Es la única manera de presionar y conseguir resultados, y es urgentísimo.

La gente tiene que entender que el proyecto sionista y toda la premisa del Estado de Israel se basan en la eliminación del pueblo palestino para reemplazarlo en esas áreas por judíos. Esto requiere una descolonización total y mucha más movilización europea.

¿Qué análisis hace del reconocimiento del Estado palestino por algunos países tras el inicio del genocidio?

Desde la Conferencia de Madrid [1991] hay un gran teatro diplomático destinado a consolidar el dominio colonial israelí. Han pasado treinta y un meses de un genocidio que sigue en curso.

Hablar de un Estado palestino es una distracción que contribuye a prolongar el statu quo. Lo primero que hay que hacer es cumplir con todo lo necesario para acabar con el genocidio y después juzgar a los criminales de guerra y abordar la descolonización.

Hay una ocupación israelí en el sur de Líbano, en los Altos del Golán sirios y en Palestina. ¿Es posible frenar esta expansión?

Sí. Israel cumple una función para Europa y para Estados Unidos, y por eso los gobiernos occidentales están prolongando esta situación. Pero nunca había existido una distancia tan grande entre lo que quieren los pueblos de estos países y lo que hacen sus gobiernos.

Lo que necesitamos ahora es presionar a los gobiernos occidentales para que pongan fin al proyecto que están sosteniendo. En Europa y en EEUU tenemos ese deber de hacerlo.

Desde 1991 hay un teatro diplomático destinado a distraer y consolidar el dominio colonial israelí

Hemos visto en Europa y en Estados Unidos a integrantes de comunidades judías decir “no en nuestro nombre” y ser acusados de antisemitismo…

La acusación de antisemitismo es impulsada por el Estado israelí y por los partidarios del sionismo. Todo el mundo sabe que el sionismo siempre encontró oposición dentro de las propias comunidades judías. Nunca ha existido un consenso judío alrededor del sionismo. Es falso afirmar que la oposición a un proyecto colonial equivale a antisemitismo. De hecho, oponerse a un proyecto colonial es totalmente legítimo y necesario.

El discurso del antisemitismo permite a Europa utilizar su apoyo al Estado israelí para evitar una conversación más amplia sobre reparaciones y responsabilidades por su propia colonización del mundo y sobre sus crímenes contra los judíos.

Otra cuestión fundamental de la que se habla poco es el proyecto contra las universidades palestinas.

Es el “escolasticidio”: destruir la infraestructura educativa de los pueblos colonizados para reprimirlos y dominarlos. La pensadora palestina Karma Nabulsi acuñó ese término.

Israel ha destruido sistemáticamente la educación palestina. Desde el comienzo del genocidio declaró abiertamente su intención. Han sido asesinados rectores, decanos, profesores y miles de estudiantes palestinos. Todos los campus universitarios de Gaza han sido destruidos, deliberadamente. Israel ni siquiera lo niega.

El escolasticidio es un hecho indiscutible. Que la mayoría de las universidades europeas no lo nombren forma parte del propio crimen, del borrado del sistema educativo palestino que no estamos protegiendo y que estamos dejando desaparecer.

No podemos esperar a que los gobiernos europeos actúen, se necesita más movilización y presión social desde abajo

¿Ha sentido o recibido amenazas o presiones de algún tipo?

Cualquier amenaza o presión que yo pueda recibir no es importante frente a esto. Primero, porque es mi obligación. Y segundo, porque soy israelí.

Y también porque, comparado con el valor y el coraje de mis colegas palestinos —estudiantes y profesores— que resisten cada día y continúan con su trabajo educativo y su movilización por la liberación pese a los bombardeos, el hambre, la tortura y los secuestros, todos tenemos que hacer mucho más.

Hay instituciones europeas, organizaciones o personas que justifican su falta de acción y de condena afirmando que reciben presiones…

Hay mucha obediencia y conformismo. Y algo peor. La gente en Europa tiene que entender que las instituciones europeas son materialmente responsables de lo que está ocurriendo. Sin el apoyo europeo —financiero, diplomático, político, económico y militar— no estaríamos en esta situación.

No se trata simplemente de pasividad. Es una complicidad activa. Lo que los palestinos están diciendo a los europeos es: eliminad los obstáculos que vosotros mismos habéis colocado en el camino hacia nuestra liberación. Esos obstáculos son vuestros. Eso es lo que la gente en Europa tiene que comprender.

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de 500 organizaciones, ha emitido este domingo un comunicado en el que alertan de que el buque Danica Violet atravesará en las próximas horas el estrecho de Gibraltar con material militar para Israel. Su denuncia se basa en una investigación publicada por el medio de comunicación irlandés The Ditch, que lleva tiempo haciendo un seguimiento de las rutas de varias navieras y barcos involucrados en el suministro de armamento al Estado israelí o a empresas de ese país.

Según esa información, el Danica Violet (IMO 8503967) transporta 60 toneladas de componente de misiles y un contenedor con cañones de artillería para la planta de la empresa Elbit Systems en Yokneam, Israel. El buque forma parte de la naviera danesa H. Folmer & Co., especialista en transportes de explosivos. Tanto la naviera como el barco han sido denunciados en varias ocasiones “por formar parte del abastecimiento de la maquinaria de guerra israelí y, de hecho, el Estado español ya denegó puerto al Danica Violet en una ocasión en mayo de 2025”.

La Rescop y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel detallan que el barco salió el pasado 28 de marzo del puerto de Chennai (India), con destino a Haifa y que llegará al estrecho de Gibraltar en la madrugada de este lunes. También señalan que “el buque está violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer dichas violaciones (prohibición del apartheid y prevención y sanción del genocidio), por lo que las autoridades españolas deben denegar el tránsito de este barco en nuestras aguas territoriales”.

En 2025, la organización Progressive International desveló que, en diciembre de 2024, esta embarcación transportó más de 18.000 kilos de explosivos de demolición desde India hasta Israel. Ese viaje fue solo uno de los doce que la flota de la naviera H. Folmer&Co ha realizado desde diciembre de 2023. Según denunció Progressive International, esos explosivos “podrían haber sido utilizados en recientes demoliciones de viviendas en la localidad palestina de Yenín, en Cisjordania”.

A la misma flota de H. Folmer & Co. pertenece el Danica Sunrise, cuya presencia en el puerto de Cartagena fue denunciada en febrero de 2025. Ese barco terminó atracando en el puerto español, según confirmaron entonces fuentes portuarias.

Otra embarcación de la misma naviera es el Marianne Danica, también con bandera de Dinamarca, denunciado en mayo de 2024, ante su inminente llegada a Cartagena. La relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, indicó entonces que la escala de ese barco -y de otro que también levantó sospechas- suponía “un desafío para la postura de España en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de las atrocidades que se cometen en Gaza”, y defendió la necesidad de “garantizar que se aplique de forma progresiva y completa un embargo de armas efectivo a Israel”. Finalmente, en esa ocasión el Gobierno español optó por denegar el acceso al Marianne Danica, ante los indicios de que llevaba armamento a Israel.

Las organizaciones sociales que integran la campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel piden al Gobierno español que incorpore y apruebe de manera urgente “las enmiendas necesarias” al Real Decreto aprobado en septiembre de 2025, para que “se haga realidad un embargo integral de armas a Israel, sin excepciones y blindado”. Para ello solicitan que se añada la prohibición de la contratación pública con empresas armamentísticas o sus filiales, el veto a la producción de material de defensa bajo licencias israelíes, “controles e inspecciones reales en puertos, fin de toda colaboración militar o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad”, entre otras medidas.