Qué prohíbe y qué no el decreto ley aprobado por el Gobierno español sobre el comercio de armas con Israel
El Gobierno español aprobó este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto ley -que tendrá que ser ratificado por el Congreso- por el que adopta medidas en relación con el comercio armamentístico con Israel.
El texto aprobado establece prohibiciones de las “importaciones originarias de Israel” y de las “exportaciones destinadas a Israel” de material militar, aunque con posibilidad de autorizarlas de forma excepcional. No menciona un veto específico a la contratación con la industria militar israelí, con sus filiales en otros países -o con intermediarios- y no prohíbe la asistencia financiera a la misma.
Sí señala la denegación de autorizaciones al tránsito por territorio español de armamento para Israel, aunque no incluye protocolos específicos de inspección para vigilarlo, ni prohíbe las escalas de barcos que cubren habitualmente las rutas de suministro a Israel. Las organizaciones civiles que vigilan este tipo de tránsitos y transbordos advierten de que no hay suficientes mecanismos para detectarlos.
Por lo demás, el decreto ley no prohíbe el paso de material militar por las bases de EEUU en España y no vincula el fin de las restricciones aprobadas al cese de los crímenes israelíes. Con respecto al comercio no armamentístico, sí prohíbe la importación de productos de asentamientos que estén identificados como tales y no suspende otras relaciones comerciales vinculadas a la ocupación o al genocidio.
El texto, publicado este miércoles en el BOE, contempla lo siguiente:
1.- “Prohibición” de las “importaciones originarias de Israel” y las “exportaciones destinadas a Israel” de “material de defensa” y de “productos y tecnologías de doble uso”.
2.- “Se denegarán” las solicitudes de autorización de tránsito de varios tipos de combustible con destino a Israel utilizable con fines militares -JP4, JP5 y JP8- y de tránsito de material militar y de doble uso.
3.- Establece la revocación de autorizaciones vigentes de importaciones y exportaciones (no de contratos).
4.- Más allá de lo armamentístico, prohíbe la importación de productos originados en los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.
Este contenido fue anunciado este martes por el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tanto en rueda de prensa como en sus redes sociales, incluyendo la denegación al tránsito de combustibles de uso militar, pero sin mencionar en un primer momento la denegación del tránsito de armamento. Esta ausencia y otras fueron criticadas públicamente por la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por 600 organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, a última hora, ese punto fue incluido en el texto definitivo.
El decreto ley aprobado es el primero de estas características en la Unión Europea –Eslovenia fue el primer país en anunciar oficialmente un embargo, el pasado julio, sin modificar o ampliar su normativa– y supone la oficialización de restricciones al comercio directo de material militar con Israel. Es un paso a nivel político y simbólico, pero no establece un embargo integral a las relaciones armamentísticas con Israel.
El decreto establece la posibilidad de excepciones en caso de “menoscabo” de “intereses generales nacionales" y no vincula el cese de las prohibiciones al cese de los crímenes
Excepciones
1.- El decreto ley permite la posibilidad de que, “excepcionalmente”, se autoricen exportaciones, importaciones o tránsitos en caso de “menoscabo” de “intereses generales nacionales”, salvedad con la que se podrían otorgar permisos de importación o exportación de material militar israelí para productos que un ministerio considere “imprescindibles”, por ejemplo.
Estas excepciones tendrán que ser autorizadas por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, cuyas actas son clasificadas como secretas desde un decreto de 1987, bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales. “No se podrán conocer los argumentos que se usen para declarar la excepcionalidad”, denuncian organizaciones integradas en la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.
“Intereses generales nacionales” es un concepto parecido al empleado alguna vez por el Ministerio de Defensa para recibir envíos de material militar israelí en 2024 y 2025. En estos dos años el portal DataComex de Comercio de España ha justificado varias importaciones de armamento de Israel apelando a “necesidades de la defensa nacional” o asociadas “a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España”.
El texto aprobado también establece que el Consejo de Ministros podrá “finalizar” -total o parcialmente- las medidas del decreto ley, sin mencionar que éstas deben mantenerse hasta que cesen los crímenes masivos que comete Israel, como indica la normativa internacional.
No se aprueba un veto específico a la contratación con empresas de la industria militar israelí o a la compra a sus filiales
Contratación y otros asuntos
2.- El decreto ley no establece una prohibición específica a la contratación pública o privada con empresas de la industria militar israelí o sus filiales, por lo que este tipo de empresas no podrían ser excluidas legalmente en una licitación pública. Esto significa que se podría seguir contratando con compañías armamentísticas israelíes o sus filiales.
Tampoco menciona los al menos 40 contratos de compra adjudicados por España a empresas armamentísticas israelíes o sus filiales entre octubre de 2023 y mayo de 2025, entre los que hay programas con plazos de ejecución no finalizados. La Plataforma de Contratación ha anulado recientemente la publicación de varios anuncios de adjudicación de contratos.
Fuentes del Gobierno afirman que todos los contratos están revocados, aunque los acuerdos de anulación no aparecen aún en la Plataforma, recuerda el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma, Eduardo Melero.
Por lo demás, el texto aprobado “limita la definición de transferencias” a “importaciones, exportaciones y tránsitos”, según apunta el investigador Alejandro Pozo, del Centre Delàs. Es decir, el decreto ley no menciona “compras y ventas, ni transbordos y corretaje”, “que son, junto con el tránsito, los términos usados por el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas para definir las transferencias”.
Por primera vez se aprueba una prohibición específica a las importaciones y exportaciones de armamento con Israel
El corretaje de armamento es el negocio de intermediación en operaciones de compraventa, una actividad legítima si se hace con las licencias correspondientes, pero que también está asociada a “subterfugios y chanchullos”, a tráfico ilícito, cuando se realiza sin los controles o la transparencia necesarios por todas las partes.
3.- Otros asuntos que no prohíbe este decreto ley son la colaboración tecnológica, la asistencia financiera a empresas armamentísticas israelíes, los servicios de mantenimiento de armamento israelí o de sus filiales, la cooperación en programas de I+D en universidades, así como la participación en ferias armamentísticas o en ejercicios militares conjuntos.
No hay prohibición a la colaboración tecnológica, programas I+D en universidades, asistencia financiera o servicios de mantenimiento de armamentísticas israelíes o filiales
Tránsito
4.- El texto aprobado no usa la noción de prohibición en este caso, y opta por indicar que el Gobierno “denegará” “las solicitudes de autorización de tránsito” de material militar o productos de doble uso, “de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de control del comercio exterior” de material de defensa.
No hace mención a las bases militares de EEUU, principal suministrador de armas a Israel. Washington se acoge al Convenio de Cooperación para la defensa entre España y EEUU -de rango inferior a la normativa internacional- para no desvelar el destino final de la carga que pasa por las bases españolas. Fuentes gubernamentales españolas indican que el Convenio no va a ser modificado.
Por ello es previsible que sigan produciéndose escalas de armamento en Rota y Morón desde EEUU con destino a Israel. Así ha ocurrido en varias ocasiones desde octubre de 2023, como contó en 2024 elDiario.es, debido a que España está situada en medio de esas rutas de transporte que suministran al Estado israelí.
Con respecto a otros puertos o aeropuertos españoles, el decreto ley no menciona protocolos de vigilancia específicos para inspeccionar y analizar los documentos de carga de embarcaciones que cubren rutas habituales de suministro de armamento para Israel y que hacen escala en territorio español.
El decreto no incluye los tránsitos de material militar por la bases de EEUU, principal suministrador de armas a Israel
En 2024 se detectaron varios tránsitos y transbordos en lugares como el puerto de Algeciras. Desde RESCOP y el Centre Delàs de Estudios por la Paz indican que, “sin un mecanismo definido con instrumentos claros y verificables, como inspecciones sistemáticas, un mayor control aduanero o un escrutinio riguroso de los manifiestos de carga”, esto puede repetirse.
Por lo demás, podrán seguir pasando embarcaciones que hacen escala en Barcelona o Valencia, por ejemplo, para adquirir combustible e insumos en su ruta hacia puertos de otros países, como Marruecos, para recoger armamento allí y transportarlo a Israel, facilitando un suministro que contribuye a la ocupación israelí.
En cuanto al comercio no militar, se prohíben importaciones de los asentamientos pero no otras relaciones comerciales que contribuyen a la ocupación israelí o al genocidio
Relaciones comerciales
5.- Sobre el comercio no armamentístico, el decreto ley no suspende relaciones comerciales que contribuyen a la ocupación o que tengan vínculos con el apartheid o el genocidio, excepto la importación de productos de asentamientos si están identificados como tales.
Hay empresas israelíes y de otras nacionalidades, incluidas españolas, que tienen proyectos y negocios en los Territorios Ocupados Palestinos y que contribuyen con ello a crímenes israelíes, como han denunciado Amnistía Internacional o la relatora de la ONU, con listados. También hay entidades implicadas en la ocupación ilegal que exportan productos no fabricados en los asentamientos.
La Corte Internacional de Justicia pide a los países, de forma específica, “impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. “Israel intenta encubrir, en muchos aspectos, la huella de la ocupación” en sus productos, recordaba el domingo en esta entrevista Chris Sidoti, uno de los juristas e integrantes de la Comisión de Investigación asignada por la ONU.
Por todo ello, la relatora de Naciones Unidas, siguiendo esta petición de la Corte -y en base a la exigencia de la Convención sobre Genocidio-, lleva tiempo solicitando a los Estados suspensión de sus relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, además de embargos integrales.
Ante un genocidio en curso lo que se necesita es un embargo integral, retroactivo y transparente que ponga fin a toda la relación militar entre el Estado español e Israel
“No es un embargo integral”
La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de seiscientos colectivos y organizaciones, ha emitido un comunicado en el que señala que “por primera vez” se adoptan medidas en este sentido, pero resalta que se trata de “un embargo parcial”, con “agujeros y graves excepciones” que “permiten la continuidad de las relaciones armamentísticas con Israel en medio de un genocidio”.
También subraya que el decreto ley “no menciona las bases militares de EEUU, ni la contratación con la industria militar israelí, ni detalles sobre cómo van a controlarse los tránsitos para evitar que nuestros puertos sean un coladero”.
La Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, uno de los colectivos más movilizados, afirma que el texto del Real Decreto-ley aprobado “está muy lejos de responder a las demandas de la sociedad civil, que reclama un embargo integral y una ruptura total de las relaciones con Israel” y destaca “la ausencia de medidas concretas para que los puertos españoles dejen de ser auténticos nodos logísticos del genocidio”.
“Ante un genocidio en curso lo que se necesita es un embargo integral, retroactivo y transparente que ponga fin a toda la relación militar entre el Estado español e Israel y todas las medidas posibles para prevenir y detener el genocidio”, añade el comunicado de la Campaña que integra a las 600 organizaciones.
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