El Gobierno aprueba el embargo de armas a Israel y la prohibición del comercio con los territorios ocupados

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, con dos semanas de retraso, al decreto ley que regulará el embargo de armas a Israel. La normativa, que tendrá que ratificar el Congreso, prohíbe la importación y exportación de armamento, material de doble uso y tránsito por territorio español del combustible que usan las Fuerzas Armadas israelíes y material defensivo. No obstante, el texto reserva al Gobierno la potestad de introducir excepciones al embargo en los casos que supongan un “menoscabo para los intereses generales nacionales”. El decreto también prohíbe el comercio con los territorios palestinos ocupados.

“El embargo de armas se erige como una medida dentro del conjunto de herramientas diplomáticas y coercitivas disponibles para los Estados que integran la comunidad internacional, dirigida a preservar la paz y la seguridad global, proteger los derechos humanos y prevenir el comercio ilícito de armas”, señala la exposición de motivos del decreto, que consta de cuatro artículos y siete disposiciones.

El decreto establece el marco legal para la prohibición de exportar e importar materiales militares a Israel, así como la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener un uso final militar. Sin embargo, el texto no incluye la prohibición de que los buques que transporten armamento con destino final Israel hagan escala en los puertos españoles, como sí hace en el caso del combustible.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa denegarán las solicitudes de autorización de tránsito” en puertos españoles de las embarcaciones que realicen rutas comerciales con destino a Israel cargados de armamento.

El Tratado de Comercio de Armas establece que las actividades de comercio internacional abarcan “la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje”. El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha asegurado que se trata de un “embargo total” y ha justificado que la denegación del tránsito ya se permite en la legislación española por decisiones de “política exterior”. “Es lo que se está haciendo”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado que el actual decreto aporta un “refuerzo” a esas decisiones con la prohibición de las exportaciones e importaciones que recoge en el artículo 1. También ha señalado que estarán “pendientes y vigilantes” en el marco de la Unión Aduanera por si hay un “desvío”.

Una vez que el decreto entre en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “quedará prohibida la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024”. En este sentido, la nueva normativa obligará a que las declaraciones de mercancías originarias de Israel incluyan “el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de las mismas”.

Para que se pueda cumplir esa prerrogativa, la Agencia Estatal de Administración Tributaria “aprobará el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado”. El último artículo establece que la publicidad de productos procedentes de los territorios ocupados se considerará ilícita.

Excepciones “puntuales y excepcionales”

El decreto establece, no obstante, una reserva para que el embargo deje de tener efecto: “El Consejo de Ministros podrá, excepcionalmente, autorizar las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso a que se refiere el artículo 1 de este real decreto-ley cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso”. Con eso salva, por ejemplo, los repuestos que necesitan los aparatos que utiliza actualmente el ejército español.

El Gobierno tendrá que comparecer en el Congreso cada tres meses para “rendir cuentas” sobre el embargo y la prohibición de las importaciones de productos procedentes de los territorios ocupados. El propio decreto apunta a que esas explicaciones se referirán “en particular” a las “autorizaciones que, en su caso, haya podido acordar el Consejo de Ministros” respecto al comercio de armamento.

Respecto a la retroactividad, es decir, la suspensión de los contratos que están ya vigentes o en tramitación, el decreto se remite a la normativa sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que recoge la posibilidad de suspender o revocar las licencias. Las autorizaciones pendientes de resolución también se podrán prohibir en base a esa ley de 2007.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha asegurado que se trata de un “paso contundente” con el que se han “agotado todos los márgenes de actuación legal”. “Hemos llegado al máximo”, ha dicho el titular de Comercio, que ha asegurado que España seguirá “empujando a nivel europeo para aumentar la presión y dar pasos adicionales”. La aprobación del decreto ha coincidido en el tiempo con la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en la que el reconocimiento del Estado palestino está teniendo un impulso con la decisión de una decena de países, entre ellos Reino Unido, Francia o Canadá, que se han sumado a la abrumadora mayoría del mundo que ya lo reconocía.

Corrección: una versión inicial del decreto consultada por elDiario.es no incluía el tránsito de embarcaciones con armamento, aunque sí de combustibles. El texto definitivo sí incluye el veto al tránsito y así ha sido corregido posteriormente en la información.