Los maltratadores no dejan de innovar, por eso el terrorismo contra las mujeres es un problema estructural, transversal, una cuestión de Estado. Lo he visto con mis ojos, incrédulos ante tanta miseria humana: un agresor condenado por delitos de violencia de género, que utiliza la rectificación registral relativa al sexo con la finalidad de neutralizar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Esta conducta constituye una prolongación de la violencia ya declarada judicialmente, donde el ordenamiento jurídico pasa a ser un mecanismo más de ejercicio de la violencia, también institucional.

El artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, reconoció a las personas trans mayores de edad (y menores en ciertos casos) y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo.

Posteriormente la Ley 4/23, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.

Esta legislación avanzada es utilizada por algunos maltratadores, en este caso uno condenado por un Juzgado de lo Penal hace ocho años, y que ha perpetuado la violencia como modo de vida, que modifica su situación registral con el propósito de alterar la respuesta judicial frente a sus agresiones. Como consecuencia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº5 de Sevilla (ahora Plaza nº5 de la Sección de Violencia), supuestamente especializado, declara la incompetencia de estos juzgados para asumir la causa y adoptar las medidas interesadas tras denuncia interpuesta con posterioridad al cambio registral, ya que sería un asunto entre dos mujeres, y quedaría fuera de su ámbito de competencia.

Esta decisión la toma al amparo del artículo 46.2 de la Ley 4/23 que establece “La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición”. No ahonda más, no presta la diligencia debida, dejando desamparada a la víctima que acude buscando protección.

El debate no debe girar en torno a la identidad de género, ni al derecho de la personas trans a la rectificación registral, sino a la instrumentalización de la ley como mecanismo de dominación y de perpetuación de la misoginia

Por si fuera poco, omite la aplicación del artículo 46.3 que constituye una cláusula antifraude para casos de violencia de género al establecer que “La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En este caso la mujer, reconocida como víctima de violencia de género por sentencia firme, queda desposeída de la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución española cuando el Juez permite al maltratador sustraerse a la jurisdicción especializada, perdiendo el acceso a un sistema procesal diseñado para su protección.

Interpretar que un cambio registral extingue la competencia especializada produce un deterioro de la protección de la víctima, difícilmente conciliable con las obligaciones del Estado derivadas del Convenio de Estambul y con la doctrina constitucional sobre la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿de qué tutela hablamos? ¿a qué protección nos encomendamos si la violencia institucional prolonga la ejercida por el terrorista doméstico?

Y luego está el fraude de ley. El artículo 6.4 del Código Civil impide obtener ventajas procesales mediante el uso instrumental de una norma, y es el poder judicial el obligado a impedir que esto ocurra. Si un agresor instrumentaliza una ley concebida para proteger derechos fundamentales con una finalidad fraudulenta, puede interpretarse dicha conducta como una manifestación más de la violencia de control y de la violencia institucional ejercida contra la víctima.

El debate no debe girar en torno a la identidad de género, ni al derecho de la personas trans a la rectificación registral, sino a la instrumentalización de la ley como mecanismo de dominación y de perpetuación de la misoginia. Pero la pregunta que debemos hacernos es si el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos suficientes para impedir que un maltratador condenado utilice ese derecho para seguir ejerciendo violencia. La respuesta es afirmativa, pero para ello harían falta juzgados determinados a hacer bien su trabajo. Y no están, ni se les espera.

Recientemente, en mi artículo “Sánchez Mejías no lo habría permitido”, reflexionaba a propósito de la inauguración del “Paseo de los Poetas” en la calle Tetuán de Sevilla, y subrayaba la necesidad de que se actuara con ecuanimidad y justicia, para no convertir ninguna presencia (por adecuada que sea) en el contrapunto de omisiones que, de inmediato, deberían repararse.

Hoy deseo completar aquellas líneas con otra posible ausencia que resultaría igualmente clamorosa: la de las extraordinarias mujeres poetas, artistas, pensadoras del momento cultural que situamos en torno al 27. Para que no tengamos que preguntarnos, cuando las placas comiencen a proliferar, dónde están las de aquellas mujeres que, codo a codo con sus compañeros de generación, fraguaron la modernidad literaria y artística de nuestra cultura .

Porque, aunque en la foto del Ateneo de diciembre de 1927 solo hay hombres, hay otras fotos igualmente significativas (como los homenajes a Lorca, Cernuda o Aleixandre) en las que la presencia de grandes creadoras es evidente e incuestionable. Y, sobre todo, ahí están sus importantes libros que las hacen merecedoras de figurar junto a los poetas de su generación.

Ya Gerardo Diego fue consciente de ello cuando, en la segunda edición (1934) de su emblemática antología Poesía española, dio un paso significativo -aunque claramente insuficiente- al incluir por primera vez a dos mujeres poetas -Josefina de la Torre y Ernestina de Champourcín- corrigiendo la ausencia inexplicable de voces femeninas en la primera edición de 1932.

Esta inclusión fue un tímido gesto de reconocimiento hacia la creación femenina de la generación, aunque dejó fuera a otras voces igualmente valiosas como Concha Méndez o Carmen Conde, por solo citar dos incuestionables. La propia Concha Méndez expresó en sus memorias el dolor de esa exclusión, recordando cómo muchos compañeros poetas las veían como “las mujeres de” sus maridos (Alberti, Altolaguirre, Domenchina, Oliver...), en lugar de como creadoras con voz propia. Y preparó en 1935 la Antología de poetisas del 27 que solo hemos conocido en edición facsímil, en 2018, gracias a Paloma Jiménez del Campo y Christina Linares. Las poetas incluidas en este proyecto original eran Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Concha Méndez, Pilar de Valderrama, Dolores Catarinéu y Cristina de Arteaga. Es una muestra la autoconciencia de grupo y la voluntad de estas escritoras por constituirse en parte del canon, sin depender de la mirada masculina.

El espacio público es el gran escenario de la comunicación social. Por ello, la señalética urbana, las placas conmemorativas, cumplen una función pedagógica fundamental. Sevilla, que aspira a ser un referente literario mundial, Capital del 27, debe proyectar una imagen de rigor histórico

Han tenido que pasar muchas décadas hasta el trabajo ejemplar de Pepa Merlo que, en 2010, ofrecía Peces en la tierra: Antología de mujeres poetas en torno a la Generación del 27, con una importante relación de veinte creadoras: Casilda de Antón del Olmet, Gloria de la Prada, Pilar de Valderrama, Lucía Sánchez Saornil, Rosa Chacel, Concha Méndez, María Luisa Muñoz de Buendía, Cristina de Arteaga, María Cegarra, Elisabeth Mulder, Ernestina de Champourcín, María Teresa Roca de Togores, Carmen Conde, Josefina de la Torre, Marina Romero, Josefina Romo Arregui, Dolores Catarinéu, Josefina Bolinaga, Esther López Valencia y Margarita Ferreras. A estas alturas del siglo XXI resulta incuestionable la importancia de estas poetas convenientemente rescatadas (también, por cierto, en Sevilla). Más recientemente Pepa Merlo ha ampliado la antología en el volumen Con un traje de luna. Diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX (2022).

En 2022 se publicaba en la colección Austral Mujeres del 27. Antología poética, preparada por el poeta y ensayista José Luis Ferris, autor de tres libros de referencia sobre mujeres del 27, que seguía la estela abierta por Pepa Merlo. Como indica la editorial, se trata de una “reveladora antología con el propósito de contribuir al rescate y la restitución de la vida y la obra de diecisiete poetas que protagonizaron la cultura del primer tercio del siglo XX; diecisiete autoras que formaron parte del tejido de esa época, que se desenvolvieron con naturalidad entre los compañeros de su generación y que, sin embargo, fueron borradas del tiempo, del recuerdo y del derecho a existir y a ser memoria”.

Si entendemos la literatura como un acto de comunicación radical y como un compromiso con la verdad y con la belleza, la ausencia de las mujeres creadoras en los hitos conmemorativos de Sevilla no es solo un olvido administrativo; es una distorsión del relato cultural. Reivindicar la presencia de estas escritoras no es una concesión a la corrección política, sino un ejercicio de ecuanimidad intelectual, ética y estética.

El espacio público es el gran escenario de la comunicación social. Por ello, la señalética urbana, las placas conmemorativas, cumplen una función pedagógica fundamental. Sevilla, que aspira a ser un referente literario mundial, Capital del 27, debe proyectar una imagen de rigor histórico. Incluir a estas mujeres en el “Paseo de los Poetas” es un acto de justicia y reparación; de enriquecimiento de la propia ciudad. También es necesario incorporar su presencia en el “Jardín de los poetas” junto a la Puerta de Jerez.

Leer y difundir a estas escritoras es, en última instancia, trabajar por la dignidad de la cultura compartida. Hagamos que Sevilla, madre de poetas desde hace siglos, reconozca a estas grandes mujeres con la misma generosidad con la que el tiempo ha preservado su obra, a pesar de todos los silencios impuestos. Solo entonces, la palabra estará verdaderamente habitada por la verdad, la bondad y la belleza.

El debate sobre discapacidad está secuestrado por una falsa dicotomía. Por un lado, el discurso del “empoderamiento individual” (échale ganas, prepárate) que, en el fondo, es una forma cómoda de victimización secundaria: si fracasas, fue por tu falta de actitud. Por otro lado, el discurso del “sistema opresor” que, aunque necesario, a veces se convierte en un paraguas bajo el que esconder cualquier fracaso personal, anulando la agencia del individuo.

Realiza un ejercicio loable de síntesis apelando a la “corresponsabilidad”. Pero permítanme ser el abogado del diablo: ese “punto medio” sensato es, en muchas ocasiones, el mayor enemigo del cambio real. ¿Por qué? Porque al apelar a la responsabilidad compartida sin señalar con claridad quién tiene el poder real para cambiar las reglas del juego, estamos repartiendo culpas de forma equitativa cuando el poder no es equitativo.

El peligro del “esfuerzo personal” como coartada del poder

La preparación es clave. Pero hay que ser brutalmente honestos: en un mercado laboral competitivo, la “preparación” es el precio de entrada, no el factor diferenciador. Decirle a una persona con discapacidad que “se prepare” mientras existe una brecha salarial del 30% y una tasa de desempleo duplicada respecto a la norma, es casi un insulto maquillado de motivación.

La crítica aquí debe ser más afilada: el discurso del “mérito individual” es el caballo de Troya del neoliberalismo en el ámbito de la discapacidad. Nos venden que si triunfas es por tu esfuerzo (y por tanto, eres un “ejemplo”), y si fracasas es por tu falta de resiliencia. Esto exime a las empresas de revisar sus sesgos inconscientes en los procesos de selección, donde el “fit cultural” suele ser un eufemismo para “normalidad”. Prepararse está bien, pero exigir preparación como condición previa para ser tratado con dignidad es la antesala de la discriminación.

La autocrítica interna: ¿unidad o canibalismo? Con valentía las “rivalidades y egos” dentro del colectivo

Este es un punto incómodo pero vital. He sido testigo de cómo la lucha por la representación legítima (¿quién es más discapacitado?, ¿quién sufre más?) fragmenta movimientos que deberían ser monolíticos.

Sin embargo, hay que matizar: la diversidad de voces no es debilidad, es riqueza. El problema no es que haya diferencias de opinión, sino que a menudo se confunde “crítica interna” con “trabajo sucio del sistema”. Cuando una organización de discapacitados pasa más tiempo peleándose por quién ocupa un escaño en un consejo asesor que exigiendo plazas de empleo real, estamos ante un síndrome del palco: se prefiere el privilegio de ser “la voz oficial” antes que la eficacia de ser “la presión real”. Pero ojo, que esta autocrítica no sirva para desviar el foco: por muy divididos que estemos, el poder responsable de nuestra exclusión sigue siendo el mismo.

La responsabilidad colectiva y el síndrome del “tick legal”

Las organizaciones de las diferentes discapacidades dicen, y con razón, que las leyes deben cumplirse. Pero la crítica debe ir más allá: las leyes de accesibilidad en gran parte del mundo están diseñadas para ser incumplidas. Son lo que llamo “leyes de mínimo impacto”: exigen rampas, pero no exigen que el software de RRHH sea accesible; exigen plazas reservadas, pero no exigen que los equipos de trabajo sean inclusivos.

La administración pública no es solo “responsable”, es cómplice por omisión cuando permite que el 80% de los edificios sigan siendo inaccesibles porque la multa es más barata que la obra. Por eso, se debe dice “la inclusión necesita corresponsabilidad”, me temo que está poniendo al mismo nivel al ciudadano que no exige y al estado que no invierte. No es lo mismo el que se ahoga que el que mira desde la orilla. La responsabilidad del Estado es indelegable e innegociable, y no puede supeditarse a lo bien o mal que se organice la sociedad civil.

La propuesta radical

Llegados a este punto, concluyo apelando a “menos discursos enfrentados y más objetivos compartidos”. Suena bonito, pero es ingenuo. El progreso social siempre nació del conflicto y de preguntas incómodas. Los derechos laborales, el sufragio femenino, los derechos civiles... ninguno llegó por un “reparto equilibrado de responsabilidades”; llegaron porque un grupo oprimido dejó de preguntarse “¿Qué más puedo hacer yo para encajar?” y empezó a preguntar “¿Qué le toca hacer a quien tiene el poder para cambiar esto?”.

Por eso, la propuesta que lanzo aquí, y que debe ser el nuevo motor del activismo, es un cambio de eje radical. Dejemos de hacernos la pregunta cómoda y victimista: “¿Qué parte de responsabilidad me toca a mí?” Empecemos a hacer la pregunta incómoda y transformadora: “¿Qué parte le toca al que tiene el dinero, el poder y la capacidad de cambiar mi vida sin que yo tenga que demostrar nada?” Esta pregunta duele, porque incomoda a los que mandan. Pero es la única que mueve montañas. ¿Qué implica esto en la práctica?

Conclusiones: fuera el término medio, dentro la exigencia

No busquemos “un único culpable” porque es obvio que el sistema y el individuo interactúan. Pero no confundamos el análisis de sistemas con la exculpación de los actores. La balanza debe inclinarse hacia la exigencia estructural, no por victimismo, sino por pragmatismo: las barreras no las pone el individuo, las pone el entorno. Y el entorno lo diseñan quienes tienen el poder.

El verdadero debate no es “esfuerzo vs. sistema”. El verdadero debate es “¿Quién tiene el poder de cambiar el sistema?”. Si la respuesta es “todos”, esa es una falacia. La respuesta real es “los que diseñan, legislan y contratan”.

El esfuerzo personal es para sobrevivir; la responsabilidad colectiva es para garantizar la justicia. Pero la exigencia al poder es la única herramienta que garantiza que esa justicia llegue. Dejemos de buscar un punto de equilibrio cómodo para los que están arriba. Empecemos a desequilibrar la balanza hacia abajo, hacia donde realmente se sufre la exclusión.

La próxima vez que alguien te diga “échale ganas”, respóndele: “Mejor exígele a quien puede cambiar mis condiciones sin que yo tenga que esforzarme para que me miren como humano”. Esa es la crítica que duele, pero que, históricamente, es la única que ha derribado muros.

Ya tenemos otra vez aquí 'la caló', así tal como se pronuncia en andaluz el exceso de calor, con temperaturas diurnas por encima de 40 y 42 grados, y mínimas nocturnas de imsomnio que no bajan de 26ºC. Pienso en las criaturas que en barriadas marginales andaluzas no disponen de aire acondicionado, o no lo enchufan para que no les achicharre la factura. Hay que refrescarse, tener a mano un búcaro o la frasca de agua en la nevera, y no salir a pasear y hacer deporte, en las horas centrales del día.

Cuando esto escribo, en las tertulias televisivas y en los informativos se muestra una pantalla infernal, tras la mesa de los presentadores y tertulianos. Como la TV se ha convertido en espectáculo y hay que comprar audiencia con las imágenes, se titula sobre las llamas del fondo: ¡España arde! ¡Toma ya, quién da más! Hay incendios en varios lugares pero no hay incendios en toda España. Leo en la web de RTVE que los satélites de la Nasa detectaron en las últimas horas 114 focos de calor activos en 35 municipios de 18 provincias españolas, que es mucho, pero el titular no deja lugar a dudas: ¡España arde! Mala contribución hacemos al ejercicio noble de periodismo si lo convertimos en amarillismo y en sensacionalismo, que parece son las corrientes desinformativas imperantes en la sociedad de nuestro tiempo. Además alarmamos a la población y le metemos el miedo en el cuerpo. Una lección de ética periodística es informar con veracidad y rigor pero, claro, ya vemos que, en general, son malos tiempos para la ética, y también para la lírica.

Hasta el momento, en el primer semestre de 2026 se han quemado en España más de 50.000 has, sin contar los incendios recientes. Desde que hay registros históricos de temperatura, el pasado mes de junio ha sido el segundo más caluroso, con una media de 23,2ºC, tras el de 2025, en el que se registró una media de 23,6ºC, con una anomalía de 3,6ºC por encima de la media histórica. La temperatura media de la España peninsular en junio de 2026 ha sido, según AEMET, de 23,2ºC, 3,2ºC por encima de la media del período 1991-2020.

En junio de 2026 más de un millar de muertes en España se han relacionado con las altas temperaturas. En 2015 se empezaron a registrar las muertes relacionadas con el calor, y la media de estos últimos 11 años es de 330 muertes en junio en episodios que tienen que ver con las altas temperaturas. En Francia y Bélgica, se registraron más de 3.000 muertes relacionadas con las ola de calor extremo en este junio. En 2023, año más cálido a nivel mundial, se estima que murieron más de 47.000 personas en Europa debido a las altas temperaturas. De ellas, 8.300 muertes en España. La AEMET constata que entre 1975 y 2000 se registraron dos olas de calor en junio en la Península, mientras que en el período 2000 - 2025, ha habido diez olas de calor. Los últimos 11 años han sido los que han registrado la temperatura media más alta del planeta. El aumento de la mortalidad se relaciona también con la contaminación.

Resulta indignante que en el pacto entre PP y VOX en Andalucía, para garantizar tranquilidad en el Gobierno de Moreno Bonilla, este haya aceptado imposiciones bestiales de los ultramontanos, como la propuesta que reza así: "Rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente"

Las alteraciones meteorológicas producidas por el cambio climático no son a futuro, son a presente, ya están aquí, y se hace imprescindible aplicar medidas peventivas en invierno como el uso de los rebaños de animales para limpiar el bosque, y aumentar las dotaciones presupuestarias y los efectivos en la lucha contra incendios. Hay que aclimatar las ciudades creando espacios verdes y plantando árboles por doquier, no cometiendo arboricidios como se hace en muchos municipios andaluces y españoles. Nos va la vida en ello. Por eso resulta indignante que en el pacto entre PP y VOX en Andalucía, para garantizar tranquilidad en el Gobierno de Moreno Bonilla, este haya aceptado imposiciones bestiales de los ultramontanos, como la propuesta que reza así: “Rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente”. Vox le exige a Moreno Bonilla: “La Junta de Andalucía revisará la Ley 8/2018 de 8 de octubre con objeto de eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces”. ¡Los negacionistas, almas negras carentes de razón, siguen a lo suyo que es el perjuicio para el futuro de todos, incluidos nuestros nietos!

Recientemente, entregamos en el Ateneo de Mairena del Aljarafe, Sevilla, el V Premio para jóvenes investigadores andaluces sobre Medio Ambiente y Cambio Climático que lleva mi nombre, y organiza la Federación Ateneos de Andalucía. El trabajo premiado ha recaído en el joven investigador Eduardo Diz Mellado por su proyecto “Patios andaluces frente al Cambio Climático”. El jurado, presidido por D. Miguel Delibes de Castro, y del que un servidor forma parte, considera que el proyecto resalta el valor de los patios como un elemento cultural de la arquitectura andaluza, con un nítido valor ambiental y con efectos positivos sobre la salud humana. El accésit se concedió al joven Alejandro Román Vázquez por su trabajo “Respuesta inteligente con drones e IA explicable para Catástrofes”, para evaluar los efectos de catástrofes asociadas al cambio climático o de otra naturaleza. Los dos trabajos distinguidos premian la investigación ante los retos que nos plantea el cambio climático. Mientras desde la sociedad civil se estimula la investigación para ofrecer respuestas a los problemas ambientales de nuestro tiempo, hay partidos que tratan de anular los avances y las medidas legislativas que tratan de mitigar esos efectos, que deterioran el medio ambiente, y amenazan a la vida de las personas, aunque para Vox y el PP que las acepta, sean “imposiciones de agendas ideológicas”.

El acuerdo de gobierno para Andalucía entre PP y Vox incluye muchas medidas previsibles, pero quizás las menos sorprendentes son las que tratan la cuestión de la vivienda. Es un planteamiento extremadamente reduccionista que acabará redundando en alimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario y que no ayuda a los hogares que realmente lo necesitan. Lo más triste es que se trata de un planteamiento continuista con la política que ha seguido la Junta de Andalucía hasta ahora en materia de vivienda, un ámbito donde hay una coincidencia casi total entre los dos partidos. Esto quiere decir que es un documento que insiste en los errores que se vienen cometiendo en los últimos 8 años por el gobierno del PP, muchos de los cuales repiten los cometidos por los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta.

El acuerdo empieza por plantear el problema de la vivienda como un problema exclusivamente de oferta, que debe solucionarse agilizando los procesos de transformación urbanística, rebajando las cargas fiscales y agilizando el proceso edificatorio. Es decir, el texto respalda la explicación monocausal, basada en un déficit de la construcción por un exceso de regulación, que encontramos en el preámbulo de la ley de vivienda andaluza y los decretos anteriores. Esta explicación, que ha alcanzado en los últimos años el rango de mantra en algunos círculos, es en extremo reduccionista e ignora la complejidad del mercado de la vivienda y la experiencia de este rubro en España durante el último medio siglo. Oculta intencionadamente el rol que juega la vivienda como bien de inversión para particulares y empresas, la competencia de los alojamientos turísticos en el litoral y en las grandes ciudades y la infrautilización del parque de viviendas existente.

De forma coherente con esto, en el acuerdo no hay mención alguna a la cuestión de las viviendas turísticas, apartamentos turísticos o sobrecarga de plazas turísticas en ciudades andaluzas. Tampoco se muestra voluntad por movilizar el parque de 600.000 viviendas vacías en Andalucía. La oposición a la ley estatal de vivienda recogida en el pacto augura que seguirán sin aplicarse la delimitación de zonas tensionadas y los topes a la subida de los alquileres que establecen (medidas totalmente insuficientes por otro lado). Lo único que plantea frente a esta problemática es “estudiar” formulas disuasorias para compradores extranjeros y operaciones especulativas. La vaguedad de la redacción en este punto contrasta con la precisión de las medidas que se anuncian en el resto del documento, dando cuenta del escaso interés en esta vía de actuación por parte del futuro gobierno.

La agilización administrativa sigue también la tónica de los gobiernos anteriores (recordemos que para hacer un apartahotel en Andalucía basta con juntar tres viviendas en un bloque y hacer una declaración responsable). Servirá para que algunos promotores inmobiliarios se enriquezcan más y de forma más rápida, pero no va a servir para solucionar el problema de la inflación del mercado de la vivienda en compra y alquiler. También se utilizará, previsiblemente, para justificar la flexibilidad urbanística, cambios de uso y densificación, ignorando los déficits dotacionales y de espacios libres, haciendo nuestras ciudades un poco menos vivibles.

El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad

La “oposición frontal” y no razonada a la ley por el derecho a la vivienda española resulta también continuista con lo que viene haciendo el gobierno del PP. La Junta recurrió esta norma de 2023 para evitar que el periodo de protección de la vivienda se prolongase por un periodo mínimo de 30 años. También ha recurrido el plan de vivienda estatal, que establece una calificación permanente para las viviendas financiadas con fondos públicos. El recurso contra la ley de vivienda ha permitido que en Andalucía se puedan seguir descalificando estas viviendas después de siete años, es decir, que las viviendas públicas puedan venderse en el mercado al precio que quieran los adjudicatarios en este tiempo.

El acuerdo debe leerse en este sentido como un espaldarazo a la especulación con el parque público de vivienda. De esta manera, nada asegura que las “al menos” 20.000 nuevas viviendas que el acuerdo compromete durante la legislatura tengan precios prohibitivos como los que ya hemos visto en los últimos años en muchas ciudades andaluzas. Viviendas protegidas que acabarán beneficiando a hogares con una buena situación económica (que son los que pueden hipotecarse) y que podrán ser revendidas en el mercado pasados algunos años, generando grandes ganancias especulativas para particulares a costa de fondos públicos. El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad. Esto implicará reducciones de impuestos para los que hereden hasta 300.000 euros, con la justificación de facilitar el acceso a la vivienda, pero para hogares que ya son extremadamente privilegiados.

La medida de excluir de la vivienda pública a cualquier persona que haya sido condenado por delito de usurpación ya lo recogían los borradores iniciales de la ley andaluza de vivienda. Si estos artículos fueron excluidos es porque se trata de un disparate legal, que supondría castigar un delito dos veces, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico español. Este afán punitivista se ceba y criminaliza una familia que haya tenido que ocupar una vivienda vacía para no quedarse en la calle, pero permite acceder a una vivienda pública a cualquier que haya violado, matado, realizado desfalcos públicos o cualquier otro delito, saltando del absurdo jurídico al absurdo ético.

Se trata en definitiva de una ley que apoya y busca cimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario, incluyendo el apoyo a la especulación con la vivienda protegida, al tiempo que ignora la contribución de cuestiones tan evidentes para la población como la vivienda turística. Una ley que busca criminalizar y castigar a los pobres y beneficiar apoyar a los ricos, que no solucionará el problema de la vivienda para las personas vulnerables y que persigue activamente acrecentar las desigualdades y la indefensión de las víctimas de un sistema de vivienda que no funciona y que va a seguir sin funcionar.

A inicios del presente siglo, cuando se planteaba la creación de un Comisionado para el Polígono Sur y se preparaba el Diagnóstico para el Plan Integral, documento en el que pude colaborar, se hablaba del interés que podría tener para el barrio una iniciativa similar a la que se había llevado a cabo en el valenciano barrio de La Coma, en Paterna. Aunque la inspiración en el histórico “Movimiento Settlement” resultaba evidente, recuerdo que el libro de Javier García Roca, de 2002, “Jóvenes, Universidad y Compromiso Social”, en el que se describen los detalles de aquel proyecto del Colegio Mayor Universitario de La Coma, podía ser un referente cercano y muy apropiado para una residencia de estudiantes en el Polígono Sur de Sevilla. Y así fue afortunadamente…, pero fue así gracias a que las nuevas viviendas construidas junto a la Avda. de La Paz (Giralda Sur) no fueron destinadas finalmente al realojo de chabolistas del Vacie, como se había previsto por el Ayuntamiento, sino que dio cobijo a esta otra esperanzadora propuesta que nacía con el impulso de Rosario Valpuesta, primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide. Las presiones en este sentido de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla (NTSS) habían tenido resultado.

Lo que sucede después es otra cuestión y tiene que ver con que la Residencia Flora Tristán (“La Flora”), a pesar de sus objetivos originales y su consolidación, con distintas orientaciones, en todos estos años, solo ha podido constituir uno de los pequeños oasis existentes en un desierto de intervenciones realmente transformadoras. Al poco tiempo de su nacimiento y del propio Comisionado, tuvo lugar la desastrosa gestión municipal para la erradicación del asentamiento chabolista de Bermejales, lo que generó nuevas tensiones en el vecindario, reyertas e incluso tiroteos mortales, agudizando un estigma que perdura hasta la actualidad; llegaron planes urbanísticos, reformas y rehabilitaciones que no mejoraron suficientemente la imagen conjunta del barrio; llegaron programas sociales que, en muchos casos, cayeron en saco roto como ayudas puntuales o intermitentes y bajo dinámicas asistencialistas; nunca se soterró el ferrocarril de Sevilla-Cádiz (recordemos que esto estaba previsto según la revisión del PGOU); nunca las naves y nuevos usos que separan del Cerro del Águila lograron articular la comunicación y encuentro con esa otra parte; y, más allá de la propia Flora, ningún centro o equipamiento con un pretendido rango ciudad ha conseguido permeabilizar verdaderamente esta área urbana, admitamos que Factoría Cultural no ha logrado tal propósito; como destaca por otro lado NTSS, se han eliminado la oficina de Correos y la Comisaría, no hay metro y resulta muy deficiente el servicio de autobuses. En definitiva, las distancias físicas y simbólicas continúan siendo inquebrantables.

Los hechos físicos, económicos y sociales, también los institucionales y políticos, continúan enquistando la segregación y marginación que se vive en Polígono Sur, pero me detengo en un dato significativo que de algún modo encuentra relación con la necesidad incidir en el factor educativo y formativo, tal como se reclama, desde hace años, por la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI). A pesar de la lucha contra el absentismo y el fracaso escolar en los centros educativos, a pesar de la voluntad de un profesorado vocacional y de recursos específicos puestos a disposición, a pesar de la existencia de dos universidades públicas y de la dotación de becas, sigue habiendo amplios sectores del Polígono, concretamente los más desfavorecidos de Murillo y Martínez Montañés, en los que las cifras de población con estudios superiores siguen estando por debajo del 5%, algo que solo se repite, dentro de la ciudad, en la parte más oriental de Torreblanca.

En este marco, proyectos sociales como el planteado por la Residencia Flora Tristán resultan irrenunciables: ¿qué puede significar que niños y jóvenes, también personas mayores, en circunstancias familiares y ambientales como las señaladas, interactúen cotidianamente a través de distintas entidades con estudiantes universitarios de distintas disciplinas, procedentes de muy distintos países y que viven en su mismo barrio? ¿Qué implica para todos ellos y ellas, que estos estudiantes, decenas de ellos, no solo colaboren en actividades sociales, culturales, festivas…, sino que además compartan panadería, farmacia, pista de baloncesto o parada de autobús? ¿Cuánta inspiración pueden representar -mutuamente- estos contactos? ¿No es esta una manifestación conspicua de ese compromiso social que deben desarrollar nuestras universidades? Una residencia así, que homenajea con su nombre a esta ilustre escritora franco-peruana, pionera de un socialismo feminista, es todo un orgullo para la Pablo de Olavide.

Esta situación no puede comprenderse sin observar el marco de infrafinanciación de las universidades públicas y la apuesta por un modelo educativo -y no solo educativo- en el que se trata de limitar lo público y los derechos de ciudadanía que implican, para favorecer su sustitución paulatina por la gestión empresarial privada y sus beneficios particulares

Y es este el contexto en el que podemos situar el conflicto generado en estas semanas en relación a la residencia Flora Tristán, los graves problemas del edificio en que se ubica y las dificultades para mantener su desempeño en la misma línea en que venía produciéndose. En la propia UPO, según la percepción de una parte importante de la comunidad universitaria, se ha echado de menos mayor transparencia y apertura en este sentido por parte del rectorado, es decir, se ha incidido mucho en que se debía haber expuesto, con mayor detalle, cuál era la situación que venía sufriendo el edificio desde hace años, saber hasta qué punto esto ponía en riesgo el mantenimiento de su uso residencial y social, y conocer, especialmente, la forma en que se ha tratado de abordar este problema derivando la gestión hacia una fundación ajena a la universidad, teóricamente sin ánimo de lucro. Las reacciones que se han producido desvelan claramente el modo en que la UPO ha interiorizado el valor emblemático de La Flora, su dimensión social en este contexto del Polígono Sur, y el de su objetivo propiamente residencial, aspecto que, dada la situación de la vivienda, termina obteniendo un doble valor social.

Pero siendo así lo anterior, tengo la impresión, y buscando de nuevo un paralelismo con aquel Colegio Mayor Universitario de La Coma, que terminó cerrándose en 2012 a causa de la crisis y los recortes de la Generalitat Valenciana, que lo que aquí sucede implica también directamente a las administraciones públicas, a la Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Es más, no se entiende que el Comisionado del Polígono Sur no defienda públicamente, con rotundidad, el mantenimiento y diría fortalecimiento y mayor desarrollo de esta iniciativa y otras similares. Esta situación no puede comprenderse sin observar el marco de infrafinanciación de las universidades públicas y la apuesta por un modelo educativo -y no solo educativo- en el que se trata de limitar lo público y los derechos de ciudadanía que implican, para favorecer su sustitución paulatina por la gestión empresarial privada y sus beneficios particulares.

Todo ello no puede comprenderse además sin percatarnos de la injustificable perpetuación de la desigualdad social y urbana que sufre Polígono Sur y otros barrios en la ciudad, siempre situados en la lista de los barrios “más pobres” de España (véase el V Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía). Podríamos ejemplificarlo de diversas formas, pero insisto en la trascendencia del dato ofrecido anteriormente: ni nuestras universidades, ni nuestro sistema educativo al completo, ni las políticas urbanas, ni las ayudas sociales, han permitido que se incrementen, como cabría esperar, los niveles formativos de la población. Aunque estos -sabemos- no constituyen ya, per se, ninguna garantía de promoción sociolaboral, sí suponen una desventaja que podríamos calificar de estructural, que es síntoma y causa de una marginación social persistente. Frente a ello, una iniciativa como la de la Residencia Flora Tristán, con sus estudiantes, trabajadoras y proyectos sociales (“joya de la corona” para la UPO en palabras de su exdirector, Juan Blanco) debe mantenerse en Polígono Sur como un espacio más del campus universitario y como un bloque más de viviendas donde residen vecinos y vecinas con ganas de colaborar, de enseñar y de aprender. Debe mantener así el carácter que le dio origen hace más de veinte años y seguir representando la semilla de la esperada transformación.

Este martes conmemoramos el 12º aniversario de la Ley Trans de Andalucía, una conquista histórica de la que en ATA Sylvia Rivera nos sentimos profundamente orgullosas.

Esta ley hizo posible, por primera vez, la despatologización de las identidades trans y el reconocimiento de la libre autodeterminación de género en España y Europa, situando a las personas trans como auténticas sujetas de derechos.

Doce años después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando, defendiendo cada derecho conquistado frente a cualquier intento de recortarlo o de devolvernos a un pasado que la sociedad ya ha superado y NosoTrans también.

Celebramos este hito histórico que cambió la vida de las personas trans en Andalucía. Estamos orgullosas de que los derechos trans en España se escriban con acento andaluz y, frente a aquellos que nos quieren devolver a tiempos oscuros, con la vida los vamos a defender si es necesario.

¡Que viva la Furia Trans!

La primera escena se desarrolla en una sala de espera. Todas las salas de espera conllevan un punto de inquietud; ésta, en unos Juzgados, eleva ese punto.

Pasan las horas. Van entrando en la sala del juicio las personas que aguardan por sus diferentes casos. Son ya pocos los que quedan: una pareja joven, otra pareja de edades muy diferentes… La inquietud se exacerba.

El hombre de la pareja joven se acerca a la pareja más dispareja y les pregunta si están allí para un juicio cuya referencia les da. La respuesta es afirmativa. Entonces mira al hombre que tiene delante y su reacción es inmediata: “¡Pero tú no eres!”.

No era una frase cualquiera. Quería decir que aquel hombre no era la persona a la que la joven había denunciado. No era quien aparecía en los vídeos. No era quien, según la denuncia, llevaba tiempo acosándola en la calle de su casa y amenazando a sus hijos.

En esas se abre la puerta de la sala de vistas y el secretario pide a la denunciante y al denunciado que pasen.

Segunda escena: la jueza advierte que algo raro pasa y les pregunta. La joven dice de inmediato que ella no conoce de nada a ese señor que aparece como denunciado; que ella ha denunciado a una persona que la acosa constantemente en la calle de su casa, que amenaza a sus hijos; que en la denuncia aportó vídeos con imágenes del acosador, y muestra algunos, cuyo nombre y datos personales desconoce.

La persona que aparece en esos vídeos es manifiestamente distinta del señor al que han citado como acusado: más grueso, más bajo, más mayor.

Una cierta estupefacción se instala durante algunos instantes, rota por una observación aparentemente banal de la fiscal: “pero si se le pone una gorra podrían ser la misma persona”.

La frase, precisamente por su banalidad, resultaba inquietante. Porque no explicaba el error: lo revelaba. Porque el error no nació de un parecido verdadero, sino de una mirada que no quiso o no supo distinguir. Allí donde debía haberse comprobado con rigor, se dio por buena una semejanza débil, sostenida por prejuicios. Y esa forma de mirar puede arruinar la vida de una persona.

La jueza reacciona con la solvencia debida. Pide perdón al acusado por el error y por la humillación innecesaria a la que se le ha sometido. Indica que va a averiguar cómo ha podido cometerse esa equivocación. Y manifiesta que no procede celebrar juicio.

Atrás quedan semanas de inquietud para el acusado. Semanas en las que nunca pudo averiguar por qué se le acusaba. Nadie le llamó o se interesó por identificarle. Sólo recibió una notificación escrita de citación. Se le han generado unos antecedentes policiales que en nada le ayudarán a futuro. Y queda además la sensación, difícil de reparar, de haber sido tratado como sospechoso antes de que nadie comprobara si realmente lo era.

Aguarda algo más que una mera disculpa formal, por sincera y de corazón que fuera.

Atrás quedan también meses de inquietud en la familia objeto de acoso. Una familia que pensaba que el juicio podía empezar a resolver la situación que envuelve su vida diaria, y que ahora ha de reemprender el proceso con el que trata de evitar la continuidad de esa angustia cotidiana en la que vive.

Porque el error no sólo ha dañado al hombre citado injustamente. También ha dejado sin respuesta a quienes buscaban protección.

¿Pero en qué se parecen el supuesto autor del acoso y el acusado?

Ambos son negros.

Y ambos son personas de escasos recursos.

Uno de ellos, el denunciado, se ha esforzado aprendiendo, adquiriendo las certificaciones profesionales que le ilusionaban, dando pasos sólidos en un trabajo que ya le permite ganarse la vida dignamente, haciendo trabajos peligrosos e incómodos que pocos españoles quieren.

El segundo, el acosador, perdido probablemente entre la pobreza y los desequilibrios mentales.

¿Cómo se ha podido producir ese error en nuestro sistema judicial?

Procedimientos de verificación desatendidos o resueltos a la ligera. Ausencia de rigor por las personas que debieron proporcionar la filiación del acusado. Prejuicios. Ignorancia. Refugio en banalidades. Comportamientos todos ellos nada honorables cuando lo que está en juego es la supervivencia, la dignidad y la calidad de vida de varias personas.

Porque cuando el prejuicio sustituye a la comprobación, el daño no es un accidente: es una forma de injusticia.

Escenas en Juzgados de Sevilla. Primavera de 2026.

Fabián Ruiz, a lo SFDK, ha marcado un gol sociolingüístico con magistral arte: si no se me entiende, me lo subtitula. Ha sucedido después de que RTVE subtitulara a su madre, Chari Peña, hablando como se habla en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

RTVE ha pedido disculpas. Su presidente, José Pablo López, lo ha calificado como “un gran error”. Lo es y muy grave. No es una torpeza de edición, un despiste técnico, una anécdota televisiva más o un intento inocente y fundado por facilitar la comunicación. Subtitular selectivamente a una mujer andaluza activa una lógica histórica de inferiorización: la que convierte una forma andaluza de hablar, sentir y estar en el mundo en algo que debe ser aclarado, corregido o mediado, mientras presenta como natural, transparente y legítima la forma lingüística y cultural asociada a lo castellano y a todo aquello que se le parece.

Hay un filósofo colombiano, Santiago Castro Gómez, que hace años habló de la hybris del punto cero para explicar la constitución del racismo. Esa soberbia o desmesura de quien se constituye en lo que Frantz Fanon llamó zona del Ser es una condición de posibilidad de este tipo de prácticas glotopolíticas. Es una desespacialización lingüística: quien subtituló se cree (absurdamente) en el vacío social y lingüístico; nuestras Charis (en este sentido, cada andaluz y andaluza es aquí Chari) tienen espacialidad. Es glotofobia y es, a la vez, racismo lingüístico, que va más allá de la glotofobia, pues esta no tiene por qué ser estructural y aquel sí lo es. La andalufobia es estructural, constituida históricamente y sostenida institucionalmente.

Esta ideología lingüística y estos y otros pilares que sustentan, como anverso, lo castellanocéntrico y, como reverso, lo andalufóbico, se reproduce a través del sistema educativo, incluido el superior

La base de esa ideología lingüística que lleva a una televisión a subtitular la variedad de la comunidad autónoma más poblada del Estado español siempre la hallamos en los conceptos que la sustentan y que circulan socialmente, empezando por el propio sistema educativo. No diré que aquí es donde está la raíz del problema, porque en mis clases universitarias hay denodados esfuerzos por descolonizar los conceptos y al estar tan normalizados la realidad es que está lo que digo (y lo que muestro con decenas de autorías y con atención a hechos concretos), lo que ya se trae aprendido en niveles preuniversitarios y lo que dice Chat GPT, Perplexity u otros. A veces, siente uno que pregona en el desierto, pero este es otro asunto. Estamos ante herencias conceptuales. El problema está en su plena aceptación, sin la problematización y reflexividad conceptual y metodológica que debe mediar cualquier hecho y concepto científico (en este caso, de lo concerniente a la lingüística, en tanto ciencia del lenguaje, las lenguas y sus hablantes).

Esta ideología lingüística y estos y otros pilares que sustentan, como anverso, lo castellanocéntrico y, como reverso, lo andalufóbico, se reproduce a través del sistema educativo, incluido el superior. Las ideologías lingüísticas que inferiorizan y excluyen representan las diferentes variedades lingüísticas en términos de correctas/incorrectas, normativas/no-normativas, neutras/dialectales, estándar/no estándar, más comprensibles/menos comprensibles, bonitas/feas y ridiculeces por el estilo. Lo penoso es que esto y más se enseña y es recibido como conocimiento, contraviniendo principios fundamentales de la ciencia lingüística cuyas conclusiones saca (sacamos) de los hechos y no de la mera opinión o el gusto, que es de otro orden y aquí no pintan na (subtitulado: nada).

Todas las variedades son funcionalmente correctas. Lo correcto no es de orden social (donde opera lo inadecuado, lo legitimado, etc.), sino de orden gramatical. La gramática (natural y lingüística) es el conjunto de relaciones formalizadas (constantes, estáticas, sistemáticas y abstractas) de unidades con significado. Lo agramatical, pues, no es de orden social sino lingüísticamente clínico. Otra cosa es que, de manera aplicada, el sistema escolar hable de gramática normativa y ponga en valor determinadas relaciones formalizadas frente a otras, en sus formas dinámicas, plenamente comunicativas y concretas, cuestión que no está alejada de lo que aquí criticamos.

El acento neutro no solamente no existe, sino que no es un concepto lingüístico. Es un intruso epistemológico. Nadie habla con acento neutro y mucho menos en el cine, la radio o la televisión

En cuanto a la norma, ningún/a hablante está alejado/a de una norma. Aunque haya quien guste hablar de “la norma” (hipostasiándola: “la norma dice”), lo cierto es que no hay una norma, sino muchas. La norma es lo normal, es decir, lo habitual que de manera situada, interaccional, social e histórica hacen las y los hablantes. Por ejemplo, el (llamado) ceceo de Chari Peña y Fabián Ruiz es norma en su pueblo, como en tantos otros de Andalucía. Y lo mismo sucede con el seseo, el heheo (o jejeo), etc. Todo es norma y no hay nadie alejado de “la norma”, como tan sorprendentemente escucho a veces. En este punto y para completar la explicación, conviene diferenciar la norma lingüística de la norma académica.

Esta última es una descripción de determinados usos de hablantes socialmente privilegiados y funciona como dispositivo de regulación, corrección y legitimación. En términos de Bourdieu y Foucault, pero también de bell hooks, como un dispositivo de poder, de vigilancia y castigo. Nada que ver con la norma lingüística. Por lo tanto, las intervenciones sobre las realidades de los hablantes señalándolas como no normativas o alejadas de “la norma”, estigmatizan, desvalorizan y descapitalizan arbitrariamente en nombre del conocimiento, aunque se opere contra el conocimiento mismo y, peor aún, contra los y las hablantes.

Vinculado a todo esto, otra falacia es la del acento neutro frente a lo dialectal. El acento neutro no solamente no existe, sino que no es un concepto lingüístico. Es un intruso epistemológico. Nadie habla con acento neutro y mucho menos en el cine, la radio o la televisión. Nadie neutraliza su forma de hablar. Lo que hace es cambiar parcial o totalmente de una variedad diatópica a otra. Técnicamente, lxs sociolingüistas críticxs lo llamamos muda lingüística. Además, normalmente, lo expresado está estilísticamente caracterizado, con las entonaciones y silencios (expresivos) propios de la interpretación dramática del doblaje, el cine, el teatro o la publicidad, así como de las entonaciones de las noticias, los reportajes, las retransmisiones deportivas, la radio fórmula, etc.

Así, no existe una variedad hablada que podamos llamar estándar, sino una variedad privilegiada. La variedad estándar o, más bien, estandarizada es la escrita y su dominio es de orden cultural y no natural

Todo está situado, no hay nada neutro. Erigirse como un punto cero es una soberbia ontológica y en términos de ideología lingüística supone aquel proceso de desespacialización lingüística: la persona se cree y dice de sí que habla con acento neutro, que su repertorio léxico es neutro o que su fraseología es neutra. Es una suerte de fantasía con consecuencias sociales para la Otredad de primer orden.

La otra falacia guarda una relación muy estrecha con esta última: la de hablar un estándar o, más soberbio y ridículo aún: hablar el estándar. Insistamos: nadie habla un estándar. No porque sea un ideal ni nada por el estilo. Lo estándar nunca es hablado sino escrito y cualquier sistema de escritura (alfabético, silábico o logográfico) y su ortografía (ya sea la de la RAE, la de Andrés Bello, la propuesta de García Márquez, la EPA o cualquiera de las ortografías de la ZEA, entre otras) es una estandarización en sí para poder cumplir su cometido material: ser producido, reconocido y reproducido. Se estandariza un trazo, que es orden material, gráfico y representacional.

Representa la lengua, pero no es la lengua en sí, y la representa con trazos (letras, logogramas, etc.) para el fin indicado: ser escritos y leídos. Es una tecnología. Pensar en lo hablado en estos términos es absurdo, porque la diversidad es consustancial al hecho lingüístico (y humano y natural) y, además, cuando se pretende una uniformización nunca estamos ante una estandarización, sino ante el privilegio lingüístico de una variedad y, por tanto, del modo de ser y estar en el mundo de sus hablantes impuesto al resto de la sociedad, excluyendo deliberada y arbitrariamente la mayor parte de la realidad lingüística.

En este punto, cabe resaltar que lo que se presenta lingüísticamente como prestigioso no lo es: sencillamente, se privilegia, por razones que nada tienen que ver con lo lingüístico. Así, no existe una variedad hablada que podamos llamar estándar, sino una variedad privilegiada. La variedad estándar o, más bien, estandarizada es la escrita y su dominio es de orden cultural y no natural, como es el caso de lo hablado, que es lo lingüístico per se. Además, lo escrito siempre es posterior a lo hablado y al ser una representación es otra ignorancia epistémica y absurda decir, como también se dice, que hay formas de hablar más cercanas a la escritura. De la fantasía vamos a la paranoia.

En cuanto a lo de más comprensibles/menos comprensibles es otra falacia más. Y burda. No hay variedades más o menos comprensibles. Esto está vinculado con la competencia analítica, el listening. La familiaridad y, por tanto, la exposición y la inmersión respecto de cualquier variedad lingüística hacen posible la comprensión. Por tanto, no tiene tanto que ver con quien habla como con quien escucha. Dicho sencillamente: en su pueblo o comarca, todo el mundo se entiende y quien llega de fuera, no coge ni una.

Se hace más necesario que nunca la creación de un Observatorio de la Diversidad Lingüística y los Derechos Sociolingüísticos en RTVE, que, por lo que he visto en un programa presentado por Iñaki Gabilondo, se dedica a ensalzamientos españolistas de una de las lenguas de España en lugar de cuidar de que la ideología lingüística de la desigualdad

Esta última persona no ha socializado allí, no ha normalizado patrones lingüísticos (fonético-fonológicos segmentales, prosódicos, gramaticales, léxicos, fraseológicos, etc.) y culturales. Tal vez otro tipo de educación social nos ayudaría a interpretar la realidad ajena de otra forma: no hay rarezas, solo otras formas de ser y estar en el mundo, de hacer y decir las cosas, equivalentes a las propias, que se tienen como normales simplemente porque están normalizadas. Vinculado a esto diremos, como en otras ocasiones, que no existen acentos cerrados y que este no es un término lingüístico; puestos a usar conceptos no lingüísticos, estaríamos ante oídos cerrados. Te falta listening, chaval/a.

Por último, tampoco existe eso de acentos feos o bonitos. Las percepciones son subjetivas y no dicen absolutamente nada de los hechos como tales, pero sí mucho de lo que media en tales percepciones.

Muchos de estos pseudoconceptos son herencias del pasado, interpretaciones mediadas por clasismo metodológico, pero también por colonialismo y racismo metodológicos, así como nacionalismo metodológico. Los conceptos no llueven de la nada y nunca se crean de una vez para siempre y en el vacío. Siempre hay que problematizar sus condiciones sociales de producción, que implican la autoría, su trayectoria intelectual, su lugar de enunciación, el contexto y los hechos a partir de los cuales son producidos, la metodología, entre otros. Que estén generalizados e incluso admitidos por consenso solo los legitima en lo político del asunto, pero no los hace operativos como tales para el fin primero y último de la ciencia (en este caso, lingüística): describir y contribuir a la igualdad y la justicia social (es decir al bien de la humanidad).

Se hace más necesario que nunca la creación de un Observatorio de la Diversidad Lingüística y los Derechos Sociolingüísticos en RTVE, que, por lo que he visto en un programa presentado por Iñaki Gabilondo, se dedica a ensalzamientos españolistas de una de las lenguas de España en lugar de cuidar de que la ideología lingüística de la desigualdad, mediada por ignorancias epistémicas como las señaladas, no jerarquice a las personas y sus grupos. La disculpa está bien, pero la inacción para que no vuelva a suceder nunca más hace a la institución cómplice y responsable de contribuir a la injusticia sociolingüística y de reproducir y reforzar las ignorancias señaladas.

La reciente colocación de una placa en homenaje a Ignacio Sánchez Mejías en el llamado “Paseo de los Poetas” de Sevilla nos obliga a una serena pero firme reflexión sobre la verdad histórica. Porque, más allá de la indiscutible talla humana e intelectual del torero, dramaturgo y mecenas, se está consumando una injusticia con José María Romero Martínez, que clama al cielo de la cultura española y que el propio Sánchez Mejías, con su honda conciencia ética, jamás hubiera tolerado.

Conviene recordar, y así lo han acreditado, con todo rigor documental, investigadores como Rogelio Reyes, Eloy Navarro o José Vallecillo, que el verdadero artífice del encuentro poético de diciembre de 1927 en el Ateneo de Sevilla —aquel acto que serviría para bautizar a la generación más luminosa de nuestras letras, sufragado por la institución— no fue otro que José María Romero Martínez. Médico humanista, responsable de la sección de Literatura del Ateneo, hombre de ciencia y de espíritu, fue él quien concibió, impulsó y materializó aquella convocatoria que reunió, entre otros, a Lorca, Alberti, Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Chabás, Bergamín, Bacarisse y al propio Sánchez Mejías, que sin duda colaboró con su amigo Romero Martínez, como generoso anfitrión, para rendir homenaje a Góngora en su tricentenario y conocer las nuevas vías de la poesía del momento. Un encuentro que solo se explica sobre el trasfondo fecundo de la cultura sevillana de las primeras décadas del pasado siglo, en el que también hay que subrayar los nombres del Presidente del Ateneo, Manuel Blasco Garzón, y del vicepresidente de la sección de Literatura, Alejandro Collantes de Terán.

Sin embargo, el nombre de Romero Martínez ha sido silenciado, sepultado dos veces: la primera, de forma brutal, cuando el general Queipo de Llano, tras la entrada de las tropas sublevadas en Sevilla, lo hizo fusilar por su compromiso con la democracia y la República; la segunda, mediante el olvido institucional que aún mantiene sus restos en la fosa común del Monumento del Cementerio de Sevilla y borra o desdibuja su imprescindible papel en la gestación de aquel episodio estelar de nuestra historia cultural. Afortunadamente, parece que este olvido comienza a repararse y acaba de aprobarse en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, por unanimidad, la rotulación con su nombre de la placita que está entre las calles Fernán Caballero y Monsalves, solicitada hace un año. El Ateneo le dedicará una exposición, con presentación de un nuevo e importante libro, escrito por su nieto, en otoño.

Decir que Sánchez Mejías no habría permitido que la primera placa del Paseo de los Poetas tuviera su nombre no es una concesión retórica, sino la expresión exacta de su talante. Fue Ignacio un espíritu libre, generoso y profundamente leal con sus amigos. Su amistad con Romero Martínez era de aquellas que se forjan en la admiración mutua y en el amor compartido por el conocimiento. Habría considerado una afrenta a la verdad que su nombre figurara en placa alguna sin que, en primer término, apareciera el nombre del médico humanista que hizo posible aquel acontecimiento poético. Habría sentido, con su acostumbrada sensibilidad, que se le otorgaba un protagonismo usurpado, una centralidad que solo puede sostenerse sobre la losa del olvido ajeno.

La memoria de un hombre bueno y justo, fusilado por la barbarie, aguarda. Porque él es un símbolo de reconciliación. Y el testimonio moral de Ignacio Sánchez Mejías, tan vivo en su ausencia, nos recuerda que callar ante esta ignominia es traicionar su legado. Él, sencillamente, no lo habría permitido

A esta primera omisión se suma otra que merece igual rechazo: no haber iniciado este paseo con la placa del poeta Vicente Aleixandre, el único Premio Nobel de Literatura nacido en Sevilla, cuya vinculación con la ciudad y con aquella generación es indisociable de su grandeza. Tampoco están aún Luis Cernuda ni Joaquín Romero Murube (y no basta que se anuncien placas futuras), como si se fuera a trazar una cartografía caprichosa de la memoria, ajena al rigor y a la ecuanimidad, y dependiente de patrocinadores privados.

Cuando la cultura se convierte en escenografía, corre el riesgo de traicionar su función más elevada: la de ser conciencia crítica, faro de verdad y acta de justicia. Lo cómodo es rendir homenaje a quien ya goza de reconocimiento; lo necesario es rescatar a quienes fueron silenciados injustamente. Sánchez Mejías, que vivió en la frontera entre la vida y la muerte, que conocía bien el sabor de la herida, sabría —lo supo siempre— que no hay homenaje auténtico si no se levanta sobre el fundamento de la verdad. Y la verdad, documentada, testaruda, insobornable, nos dice hoy que José María Romero Martínez fue el arquitecto silencioso de aquella cita inmortal y que su nombre sigue esperando, desde la fosa común del olvido, la restitución que la historia le debe. Y Sánchez Mejías no merece que se le utilice como arma arrojadiza ni por tirios ni por troyanos.

La memoria de un hombre bueno y justo, fusilado por la barbarie, aguarda. Porque él es un símbolo de reconciliación. Y el testimonio moral de Ignacio Sánchez Mejías, tan vivo en su ausencia, nos recuerda que callar ante esta ignominia es traicionar su legado. Él, sencillamente, no lo habría permitido.

Vivimos en un momento sin precedentes. La inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una promesa del futuro a ser una realidad cotidiana que atraviesa nuestras escuelas, nuestros hogares y nuestras relaciones. Ante este escenario, la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV formula una pregunta urgente: ¿cómo debe ser la educación en un mundo donde las máquinas piensan, generan contenidos y toman decisiones? La respuesta no consiste en rechazar la tecnología, sino en aprender a convivir con ella de manera crítica, consciente y profundamente humana.

Andalucía, con más de un millón y medio de alumnos escolarizados, no puede permitirse ignorar este desafío. Las brechas digitales que ya existen entre territorios, entre tipos de centros y entre familias con distinto capital cultural y económico convierten los retos de la encíclica en una urgencia social de primer orden.

La digitalización no es neutral. Cuando llega a territorios con desigualdades previas —como los que abundan en Andalucía, con zonas rurales desfavorecidas, alta tasa de abandono escolar temprano y franjas significativas de pobreza infantil—, tiene la capacidad de ampliar las distancias existentes en lugar de reducirlas. La brecha digital no es solo una brecha tecnológica: es una nueva forma de exclusión que se superpone a las ya conocidas.

Por eso la defensa de la escuela pública no es una posición ideológica, sino una exigencia ética derivada del principio de igualdad de oportunidades. La escuela pública es el único espacio que, por mandato constitucional y por su cobertura universal, tiene la obligación y la vocación de llegar a todos: a los hijos de familias sin recursos, a los alumnos con necesidades especiales, a los jóvenes de los pueblos más aislados de Sierra Morena o las Alpujarras. Ante los retos que plantea la IA, reforzar la escuela pública no es una opción entre otras: es la condición de posibilidad de una respuesta verdaderamente inclusiva.

Todos los centros deben incorporar en sus proyectos curriculares objetivos explícitos de pensamiento crítico. Pero son los centros públicos —que acogen a la mayor diversidad de alumnado— los que más necesitan recursos y guía para hacerlo

Ello requiere invertir en infraestructura digital con criterios de equidad, garantizar conectividad real en los centros más vulnerables, y dotar a los equipos docentes de los centros públicos de tiempo, recursos y formación para afrontar esta transición sin quedar rezagados respecto a centros con mayor financiación privada.

La encíclica identifica desafíos que el conjunto del sistema educativo —público, concertado y privado— debe asumir. Pero el énfasis en la escuela pública no obedece a un rechazo de la pluralidad educativa, sino al reconocimiento de que cualquier agenda de calidad e igualdad tiene que empezar garantizando que los centros públicos cuentan con las mismas capacidades que el resto.

La encíclica describe cómo la inmediatez de la IA —que ofrece respuestas antes de que el alumno haya formulado bien la pregunta— amenaza la curiosidad, el esfuerzo y el pensamiento profundo. En Andalucía, donde la implantación tecnológica en las aulas ha crecido en equipamiento, pero no siempre en orientación pedagógica, este riesgo es inmediato. Todos los centros deben incorporar en sus proyectos curriculares objetivos explícitos de pensamiento crítico. Pero son los centros públicos —que acogen a la mayor diversidad de alumnado— los que más necesitan recursos y guía para hacerlo.

Las familias no pueden resistir solas la presión de plataformas diseñadas para capturar la atención. Se necesita la colaboración del Estado, la escuela y la sociedad: marcos legislativos que limiten el acceso de menores a ciertas plataformas, y centros educativos que ofrezcan lo que la tecnología no puede dar: relaciones humanas auténticas y procesos de madurez que exigen paciencia. Esta alianza es especialmente urgente en entornos socialmente vulnerables, donde la escuela pública es con frecuencia la única institución de referencia para las familias.

La encíclica describe a los docentes como “artesanos de la educación”: profesionales que adaptan su trabajo a cada alumno y cada contexto. La red de Centros del Profesorado (CEP) andaluza tiene la oportunidad y la responsabilidad de ofrecer formación que vaya más allá del manejo de herramientas: formación ética, antropológica y pedagógica sobre el uso de la IA. Esta formación debe llegar con especial intensidad a los centros públicos que atienden mayor complejidad social.

El acceso temprano y sin supervisión a entornos digitales afecta negativamente al sueño, la atención y la regulación emocional, y expone a los menores al ciberacoso y a fenómenos de captación que la IA hace más insidiosos

La encíclica propone que, así como cuidamos la salud física, debemos cuidar nuestra capacidad de atención: con silencio, lectura pausada y reflexión. En una comunidad autónoma donde la presión por los resultados en pruebas externas tiende a colonizar los horarios, abrir tiempo para la lentitud es casi contracultural. Los proyectos educativos de todos los centros deberían incorporar programas concretos de educación de la atención, garantizando que estos espacios no sean un privilegio de los centros con más recursos.

Enseñar cuándo y por qué no usar la IA es tan importante como enseñar a usarla. La sobriedad digital —uso consciente y deliberado de la tecnología— y la competencia crítica ante los medios —detectar bulos, narrativas sesgadas y manipulaciones— son habilidades que deben enseñarse explícitamente. En un contexto de polarización informativa creciente y de extensa penetración de las redes entre los adolescentes andaluces, esta formación no es opcional. Garantizar que llega por igual a todos los centros es una responsabilidad del sistema público.

El acceso temprano y sin supervisión a entornos digitales afecta negativamente al sueño, la atención y la regulación emocional, y expone a los menores al ciberacoso y a fenómenos de captación que la IA hace más insidiosos. En Andalucía, los protocolos de actuación existen, pero no se aplican con la misma eficacia en todos los centros. Es preciso crear equipos de referencia de protección digital en todos los centros, articulados en red, con recursos garantizados por la Administración y con especial atención a los entornos de mayor vulnerabilidad social.

La propuesta de la encíclica Magnifica Humanitas no es tecnofóbica. No propone volver atrás ni ignorar las posibilidades de la IA. Propone algo más exigente: poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, y no al revés. Eso implica recuperar el valor del tiempo, del esfuerzo y de las relaciones; formar docentes capaces de acompañar, familias empoderadas para guiar y sistemas legales dispuestos a proteger.

Para Andalucía, esta propuesta tiene una condición de base sin la cual los demás retos quedan en papel mojado: una escuela pública fuerte, bien dotada y capaz de ofrecer a todos los niños y jóvenes, independientemente de su origen o condición, una educación de calidad que los prepare para vivir con libertad y criterio en la era digital. Eso no puede delegarse al mercado ni a la iniciativa privada. Es la tarea irrenunciable del sistema público.

En definitiva: apostar por una educación igualitaria, inclusiva y crítica. Eso, más que cualquier aplicación de inteligencia artificial, es lo que garantizará que el futuro siga siendo profundamente humano.

Días pasados, en el marco de un homenaje municipal a Francisco Espinosa Jiménez, primer presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido de Málaga, el alcalde de la ciudad no perdió la ocasión de reivindicar la concordia como referente a salvaguardar en el antiguo cementerio de San Rafael.

En función del discurso que lanzó, parece que en la mente del alcalde va tomando cuerpo la idea de que el Centro de Interpretación,que se está construyendo a escasos metros de donde se ubicaban las fosas también se dedique a homenajear la “concordia”. Es conveniente recordar que de esa fosas se exhumaron los restos de 2.840 republicanos asesinados durante la guerra y la postguerra. Según los documentos oficiales, los fusilados en aquel lugar entre febrero de 1937 y marzo de 1948 fueron casi 4.500 –once años de crímenes impunes dan para mucho-, pero “sólo” se recuperaron esos 2.840 que hoy en día reposan bajo la pirámide levantada en el lugar. 

Yo fui miembro fundacional de la Asociación y permanecí como socio hasta que concluyó la exhumación de restos. Hace, cosa de dos años, ya jubilado, volví a asociarme porque pienso que en estos momentos de vuelta de la extrema derecha estamos más obligados que nunca con quienes fueron asesinados y silenciados y contra quienes añoran el fascismo, aunque se disfrace con palabras tan sugerentes como “concordia”.

Para los que no sean de Málaga es preciso recordar que la exhumación de las fosas del cementerio de San Rafael se acometió con un acuerdo entre el gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad. Las dos primeras administraciones estaban dirigidas en aquel momento por gobiernos del PSOE, pero en la capital gobernaba el PP con Francisco de la Torre como alcalde. Hace 20 años dio un apoyo leal y sin condiciones al proceso de exhumación de las víctimas del franquismo, algo muy raro en aquellos momentos, incluso en ayuntamientos gobernados por la izquierda. También aceptaba que el parque que se iba a levantar en los terrenos del antiguo cementerio se dedicara a “La memoria” y que el centro de interpretación explicara las fosas y la mayor exhumación de España hasta la fecha.

Francisco de la Torre sabe bien que no tenemos ni rencor ni espíritu de venganza; sirva como muestra la frase de Melchor Rodríguez que elegimos para coronar la pirámide con los nombres de todos los abandonados en las fosas comunes: “Se puede morir por la ideas, pero nunca matar por ellas”

Hace unos años el alcalde de Málaga comenzó a hablar de “concordia”. Creo que fue uno de los pioneros en utilizar este término que posteriormente fue utilizado por su partido y por VOX para nombrar unas leyes que se oponían a las leyes de Memoria Democrática. En paralelo, Francisco de la Torre fue incrementando su alusiones a ese término y comenzó a acusar a los que no recibimos con algarabía su “concordia” de actuar con rencor. Él sabe bien que no tenemos ni rencor ni espíritu de venganza; sirva como muestra la frase de Melchor Rodríguez que elegimos para coronar la pirámide con los nombres de todos los abandonados en las fosas comunes: “Se puede morir por la ideas, pero nunca matar por ellas”.

Se refirió el señor alcalde, en varios momentos de sus dos intervenciones, a la necesidad de incluir a todos los muertos de la guerra en el memorial de San Rafael, como si los asesinados en la etapa republicana no hubieran tenido nunca un reconocimiento y eso es falso. Como bien sabe el alcalde -se refirió a ello de pasada- los vencedores de la guerra tuvieron sus homenajes y sus memoriales antes incluso de que acabara la guerra, en pleno centro de la ciudad, en la catedral. Allí quedaron inscritos sus nombres sin que nadie reclamara nunca que se ampliara la lista con los olvidados. Nadie, reclamó concordia, ni el propio Francisco de la Torre que fue presidente de la Diputación en el Tardofranquismo. Nadie.

También tuvieron los “caídos por Dios y por España” su propio relato de la historia, elaborado al dictado de la “Causa General”, y difundido durante décadas entre todos los españoles ocultando y tergiversando lo que había supuesto la República, en la Historia de España.

Los familiares de los represaliados en la zona republicana fueron recompensados con dinero, con propiedades y con puestos de trabajo lo que les permitió capear de las hambrunas de la posguerra, especialmente las de los años 1941 y 1946, mientras se seguía asesinando a republicanos y sus familias se morían de hambre, porque se les negaba la posibilidad de trabajar por ser “familia de rojos”.

Cuando los seguidores de la dictadura rendían homenaje a su caídos, nadie, absolutamente nadie, les recordó que había que desechar el rencor

Cuando los seguidores de la dictadura rendían homenaje a su caídos, nadie, absolutamente nadie, les recordó que había que desechar el rencor, es más continuaron asesinando a miles de compatriotas sometidos a unos juicios farsa que arrastraron por el barro la dignidad de la Justicia de este país. Nunca se les alertó, ni se les alerta, sobre los peligros del rencor. Sólo a los familiares de los olvidados, de los que nunca tuvieron reparación se nos exige una templanza y una piedad que jamás se les sugirió a los que llenaron el país de sepulturas.

En cuanto a la concordia, tampoco estoy de acuerdo con la utilización que hacen del término las derechas españolas. La palabra proviene del latín con-cordis, que se traduce literalmente como “unión de corazones”. Para que se produzca una verdadera unión es preciso que los corazones se encuentren en un mismo nivel. Es imposible que latan al mismo ritmo cuando a uno está en un altar y el otro abandonado en una cuneta. La concordia no se alcanza por decreto. La concordia es un acto de voluntad que requiere una actitud activa de las personas en discordia. Pero antes de plantearse siquiera superar las heridas es imprescindible que todos conozcamos lo que realmente pasó. Luego llegará el momento de la concordia y de que cada uno decida si quiere concordar o simplemente exige respeto por su dolor.

Antes de plantearse una concordia habría que saber qué cuerpos fueron trasladados al valle de Cuelgamuros a espaldas de sus familias; cuántos malagueños fueron asesinados los primeros días de la entrada de los sublevados en los pueblos y en la capital sin juicio y sin levantar acta; cuántos fueron los asesinados en la carretera de Almería por el fuego de los buques de guerra o por las balas de los aviones italianos, alemanes y españoles que hostigaban a los civiles que huían; cuántos fueron capturados en Motril y qué destino sufrieron; cuántos fueron asesinados y enterrados en fosas como la del Carrizal en Órgiva o en otros pueblos de la Alpujarra. La mayor parte de estos datos nunca los conoceremos, bien porque no quedó rastro de ellos en ningún archivo, bien porque fueron convenientemente destruidos en el ocaso de la dictadura.

Pero hay muchas más cosas que habría que investigar y rescatar del olvido antes de cerrar las heridas y hacer posible esa concordia que pregonan las derechas. El propio Papa, en su visita a Madrid, ha hecho hincapié en el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias, una reivindicación que había sido enarbolada en muchas ocasiones por los obispos de este país. Y nadie parece acordarse de tantos y tantas niños y niñas españoles, hijos de republicanos, anarquistas, socialistas o comunistas que fueron educados en principios y valores contrarios a los de sus padres. Y se hizo en todo el país con la colaboración entusiasta de la Iglesia, la misma Iglesia que defiende hoy justo lo contrario de lo que realizó ayer y, por su puesto, sin pedir perdón ni mostrar arrepentimiento.

¿Se puede avanzar en la concordia sin antes recuperar el buen nombre y el buen hacer de tantos maestros y maestras que fueron asesinados, encarcelados o depurados por soñar con educar en libertad a sus alumnos?

¿Se puede avanzar en la concordia sin antes recuperar el buen nombre y el buen hacer de tantos maestros y maestras que fueron asesinados, encarcelados o depurados por soñar con educar en libertad a sus alumnos?

¿Se puede avanzar en la reconciliación al mismo tiempo que se oculta la labor que realizaron miles de presos republicanos internados en campos de trabajo esclavo, mientras que unos cuantos se enriquecían con su sufrimiento?

¿Se puede hablar de perdón, mientras desconocemos los trabajos de Vallejo Nágera con presas malagueñas y, sobre todo, los efectos que tuvieron esos trabajos en el asesinato de jóvenes y en el robo masivo de niños? ¿Y que decir de la labor miserable que desempeñó el patronato de la Mujer en las tareas de sometimiento de la población femenina a los esquemas machistas y patriarcales de los vencedores de la guerra?

¿Tenemos que olvidar el expolio y el pillaje que se legalizó al abrigo de leyes tan arbitrarias como la Ley de Responsabilidades Políticas?

¿Tienen que seguir renunciado todos los que se jugaron la libertad o la propia vida en la lucha contra la dictadura y por la democracia y que, aún hoy, siguen sin obtener amparo de una justicia que parece más preocupada de ocultar sus vergüenzas corporativas que de amparar a la ciudadanía que sufrió represión por actos que jamás debieron ser considerados delitos?

Por mucho que se empeñe el alcalde, la palabra “concordia” es utilizada como señuelo para hacer digerible unas leyes totalmente indigestas. Las leyes de PP y VOX buscan el silencio y el olvido aunque lo disfracen de concordia. Uno de los primeros objetivos de las leyes que defienden PP y VOX es recuperar el relato de la guerra y del franquismo que realizó la dictadura; echar otra paletada de tierra o de cal sobre los asesinados que han sido abandonados en fosas comunes y ocultar definitivamente a sus asesinos. ¿Cree alguien realmente que se puede llamar concordia a las maniobras para impedir que haya una respuesta verdadera a todas las preguntas de los párrafos anteriores?  

Y no lo digo sólo yo. Lo dijeron el Relator Especial y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU en un informe publicado en 2024 en el que alertan de que las leyes de concordia “pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas” y “pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el régimen dictatorial franquista”.

No podemos callar, ni olvidar: “Contra el Silencio y el Olvido” fue el nombre que adoptó nuestra asociación. Más de 20 años después muchos mantenemos aquellos principios: ni odio, ni olvido, ni silencio. Pienso que la concordia, la verdadera concordia, esa que aproxima los corazones, sólo es posible por voluntad libre de víctimas una vez que se hayan aclarado los hechos y los crímenes, que la dictadura se afanó en enterrar y que las leyes que promueven ahora PP y VOX tratan de seguir ocultando. Se lo digo, SIN RENCOR, así en mayúsculas.

Antonio Somoza Barcenilla es periodista jubilado y autor del libro “Crónicas de la Barbarie”, algunas de las cuales ha publicado en elDiario.es Andalucía

Quienes decidimos opositar lo hacemos, a menudo, no movidos por una gran llamada profesional, sino buscando una salida a la precariedad. Elegimos la seguridad por encima de la vocación; la garantía de poder pagar el alquiler prima sobre la romantización del trabajo soñado. Es un camino que tomamos por voluntad propia para intentar conquistar algo que hoy parece un lujo inalcanzable: la estabilidad. Pero la realidad es que, a algunas, el proceso nos quita mucho más de lo previsto. Sabemos que habrá sacrificios, pero jamás imaginamos que el precio va a ser tan alto. Creemos que solo estamos poniendo nuestra vida en pausa por un tiempo, pero nadie nos prepara para el peaje emocional que conllevan el miedo, la incertidumbre y el aislamiento absoluto.

No es una regla inquebrantable, y por supuesto hay quien logra transitar este camino manteniendo cierto equilibrio, pero para una gran parte de nosotras este proceso implica renunciar al ocio, a los fines de semana y a la presencia. En medio de ese encierro necesario, nuestras relaciones de pareja se resienten o, directamente, se rompen. Para algunas, nuestro mundo se encoge tanto que hasta nuestro pasado cambia de lugar. Durante esos años, vivimos con la mirada tan fija en el temario que apenas nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y es justo al acabar, cuando la inercia se detiene y la adrenalina desaparece, cuando nos asaltan de golpe todos esos duelos pendientes que no pudimos atender. La vida de los demás, como es lógico y sano, ha seguido su curso, pero para algunas de nosotras el regreso a la “vida real” suele ser un aterrizaje en un lugar que ya no existe.

Muchas personas se desvanecen por el camino, y ahí reside una de las realidades más duras y silenciosas para quienes caemos en este aislamiento. Cuando por fin conseguimos la ansiada plaza y cruzamos la meta, miramos a nuestro alrededor y nos golpea la certeza de que ya no podemos celebrarlo con algunas personas que nos apoyaron al principio. El tiempo y la ausencia han hecho su trabajo, y algunos de los que estaban en la casilla de salida, dándonos aliento, ya no forman parte de nuestra vida. Es entonces cuando nos enfrentamos a una paradoja que nos bloquea: nos aterra el tiempo libre. No sabemos gestionarlo. Tras años de nerviosismo y encierro, el simple hecho de tener que buscar planes para llenar ese vacío agota profundamente. Nos produce un vértigo inmenso porque, al levantar por fin la vista de los apuntes, nos damos cuenta de que nos toca empezar de cero; tenemos que salir ahí fuera y volver a aprender a conocer gente para reconstruir una vida que el proceso dejó vacía.

Asumimos la responsabilidad de nuestras renuncias, pero este encierro, aunque adopte la forma de una decisión individual, es en realidad el síntoma de una fractura mucho más profunda y colectiva. Creemos vivir en la era de la hiperconexión, pero cuando las exigencias productivas cesan, una realidad cruda y silenciosa se abre paso: la soledad no deseada se ha consolidado como la gran epidemia contemporánea.

El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural

Para entender la magnitud de este vacío, hay que mirar de frente las cifras y dejar de tratar la soledad como un tabú o un simple déficit de habilidades sociales. Los datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada en España arrojan una radiografía alarmante. Hoy, una de cada cinco personas en nuestro país (un 20% de la población) sufre soledad no deseada. Y no, no es una dolencia exclusiva de la tercera edad, como dicta el imaginario colectivo. Cerca del 35% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirma sentirse solo.

¿Qué nos está pasando? La respuesta reside en las estructuras materiales que rigen nuestro día a día. El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural. Aislarnos durante años compitiendo por una plaza no deja de ser una estrategia de supervivencia frente a un sistema laboral hostil que no ofrece ninguna red de seguridad digna fuera del funcionariado.

En primer lugar, sufrimos la expropiación del tiempo. El modelo actual exige una hiperproductividad constante que resulta incompatible con los cuidados y la creación de vínculos. Las jornadas extenuantes, el pluriempleo, o el aislamiento extremo que requiere alcanzar la ansiada estabilidad profesional, no dejan margen para la vida. Construir redes de apoyo requiere tiempo libre de calidad, un recurso que el sistema nos roba sistemáticamente. Estamos demasiado cansados —o demasiado asustados por el futuro— para cuidarnos mutuamente.

En segundo lugar, la precariedad económica opera como un muro que aísla. Según los estudios, tener dificultades para llegar a fin de mes eleva la probabilidad de sentir soledad en casi un 40%. No poder permitirse participar en la vida social empuja al ostracismo. El sistema penaliza la falta de recursos, y el miedo a no tenerlos, con el aislamiento más cruel.

Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos

A esto se suma el desmantelamiento físico de la comunidad. Se nos vende el mito del individuo “hecho a sí mismo” (el que aprueba solo, el que triunfa solo, el que compite contra el resto) como el mayor de los éxitos y lo he podido sentir con la oposición. En realidad, ese discurso nos despoja de la interdependencia natural que nos define como seres humanos. El sistema nos genera un malestar profundo a través de la autoexigencia y luego nos ofrece soluciones puramente individuales, ignorando que el origen de nuestra angustia es estrictamente colectivo.

Combatir la soledad no deseada exige mucho más que pedirnos “voluntad” para salir de casa cuando nos toca empezar desde cero y ya no tenemos ni siquiera un refugio familiar cercano al que volver. Requiere una enmienda a la totalidad de cómo organizamos nuestra sociedad. Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos.

Tenemos la plaza y no nos arrepentimos de haber peleado por ella. Somos conscientes de que ahora nos toca la tarea, nada fácil, de reconstruir nuestro entorno. El silencio en algunas de nuestras casas es ensordecedor, pero sabemos que no somos las únicas que lo escuchamos. Romper la soledad hoy es, ante todo, un acto de resistencia política. Por eso, frente al individualismo voraz que nos rodea, la respuesta no pasa únicamente por forzar planes de fin de semana, sino por recuperar los espacios compartidos y volver al activismo como forma de vida. En mi caso, retomar la militancia, encontrarme de nuevo en los movimientos sociales y tejer redes de apoyo mutuo es, ahora mismo, el faro que ilumina mi camino de vuelta. Reconstruir los lazos, apostar por lo colectivo, reclamar el derecho al tiempo vivo y politizar nuestros afectos es la única manera de derribar los muros de un sistema que nos quiere aislados, estresados y compitiendo, pero nunca acompañados.

Cómo de casual resulta que cada crimen tenga un nombre clínico: concretamente, una realidad psiquiátrica. El mensaje para la audiencia es claro: el diablo está en todas partes. Le han otorgado libertad.

Pues no hay mejor titular que decir que un esquizofrénico ha apuñalado brutalmente a un sujeto. Porque claro, así se genera miedo irracional hacia el colectivo. Difícilmente se sostiene en la evidencia científica, pues son ejemplos de estigmas sociales.

“Un joven de 23 años con autismo mata a puñaladas …”. Un titular. El enemigo está sentenciado, un colectivo a señalar por sus acciones porque resulta un titular que vende más. Ese es el valor principal: la moneda de cambio.

Y así no permiten verbalizar los diagnósticos psiquiátricos si estos no se limitan a la depresión o la ansiedad. Los medios de comunicación se hacen eco de los trastornos tildando a las personas de peligrosas, agresivas e involucrándose en toda serie de crímenes.

En interpretación de Erving Goffman, no existen personas que sean “normales” o “estigmatizadas” por naturaleza. Esas categorías no son cualidades fijas de alguien, sino formas de ver e interpretar a las personas dentro de un contexto social.

Un enfoque mediático que hace mella en la sociedad. Y después se recibe un rechazo flagrante hacia los enfermos mentales, como si estuviésemos aún en 1940. En las instituciones psiquiátricas, aún existe un claro trato deshumanizado hacia los pacientes, propio de los manicomios de antaño.

Según un estudio realizado por el doctor y psiquiatra Mariano Hernández Monsalve, las personas que padecen enfermedades mentales graves tienen una probabilidad mucho mayor de terminar siendo víctimas que agresoras

Cala el mensaje hacia niveles cuestionables: una persona es indigna de compartir piso con otros inquilinos si tiene algún problema emocional. Quieren a personas socialmente determinadas como normales, no con taras psicológicas o psiquiátricas.

Los prejuicios rondan también hospitales, cuando el trato a un paciente con diagnóstico de salud mental se responde con evasivas y no se toma en serio su palabra. Carece de toda credibilidad y evidentemente, también depende del diagnóstico con el que lo hayan clasificado.

La temeridad no reside pues en los enfermos, sino en el estigma que se propaga deliberadamente sin ninguna base que fundamente los miedos de la sociedad.

Según un estudio realizado por el doctor y psiquiatra Mariano Hernández Monsalve, las personas que padecen enfermedades mentales graves tienen una probabilidad mucho mayor de terminar siendo víctimas que agresoras.

Y aún existe el discurso del no posicionamiento hacia la salud mental, mientras somos bombardeados con noticias de este calibre. Si no estamos exentos de recibir esta información, ¿cómo procesas entonces lo que recibes del exterior para decidir no posicionarte?

Porque decir que no tienes opinión al respecto, también es una forma de legitimar el estigma.

Hace un año y medio las palabras “Inteligencia Artificial” comenzaban a aparecer por todos los lados. Para la mayoría de los miembros de nuestra Asociación Nuevo Diagnóstico de Andalucía esas palabras tenían entonces alcances difusos, sólo visibles en la vida cotidiana mediante la incipiente expansión de sistemas ChatGPT. Inquietos por cuanto comenzaba a conocerse, nos unimos a otras personas de fuera nuestra asociación para profundizar en un tema particular: la relación entre la IA y las relaciones laborales en Andalucía. Este artículo recoge tres de las principales consideraciones que hemos alcanzado, y lo sacamos en un momento coincidente con fuertes y agrias polémicas en los Estados Unidos sobre el avance e impactos de la IA, y con la publicación por el Vaticano de la encíclica sobre la IA Magnifica Humanitas, que dice cosas muy importantes sobre ella, que pocos se atreven a señalar.

Una observación previa. La IA no son sólo los sistemas ChatGPT, como muchos no tan jóvenes y algunos jóvenes se empeñan en creer; es un conjunto de familias de aplicaciones, con cientos de miles de sistemas, que va desarrollándose a gran velocidad e implantándose en muchos aspectos de nuestras vidas.

Un conjunto de sistemas de extraordinario impacto

Este enunciado parece una conclusión obvia, pero a menudo se olvida en la vida cotidiana y en las decisiones que configuran las vidas y las sociedades a corto plazo.

La IA es un conjunto de sistemas con un extraordinario impacto sobre el trabajo, ya y en los próximos años: modificando los contenidos de los puestos de trabajo, cancelando parte de ellos, transformando la organización de las empresas e instituciones, requiriendo nuevos conocimientos, incorporando sistemas de control de los trabajadores hasta grados hasta ahora desconocidos, alterando la distribución del trabajo en el territorio, anulando buena parte del marco de los derechos de propiedad intelectual, modificando profundamente el papel y el empleo de las administraciones públicas y de sus empleados…

En las empresas capaces de obtener beneficios de las implantaciones de soluciones de IA, se extienden ya una pregunta muy relevante para los trabajadores: ¿cómo se reparten los mayores resultados que aporta? ¿Van todos a la empresa? ¿Se comparten entre empresas y empleados?...Y, entre las empresas e instituciones que ven canceladas sus funciones, se extienden preguntas de similar calado: ¿Cómo sufragar los costes que conllevan los cierres totales o parciales? ¿Cómo mantener a las decenas de millones de empleados que perderán sus puestos? ¿Y a los jóvenes que no hallen ocupación?

Todo ello requiere una concepción diferente de la negociación colectiva, de la regulación laboral, del campo de acción sindical, de la definición de la acción pública, de las subvenciones…

Saber qué ocurre es obviamente muy relevante para poder perfilar las respuestas adecuadas: estrategias de capacitación, de adopción de innovaciones, de orientación personal, de protección de derechos… Medidas que arrojen luz se echan muy en falta, máxime cuando fuera de Andalucía y de España suenan tantas voces autorizadas que alertan sobre la relevancia de lo que se viene encima

Andalucía no es ajena a esos impactos. Los empleos de las empresas informáticas establecidas en Málaga, Granada o Sevilla están expuestos particularmente a esos efectos. Como lo están los de las plataformas y actividades logísticas que se extienden por todo nuestro territorio, los de los negocios de servicios a las empresas (jurídicos, contables, marketing, recursos humanos…) y, no cabe olvidarlo, los numerosos empleos del sector público en prácticamente todas sus ramas.

Impactos que se manifestarán en reducciones de plantilla, pero también en modificaciones sustanciales en sus modos de trabajo.

Conocimiento muy limitado de las implantaciones de la IA en Andalucía

La transparencia no es lo que abunda en el mundo de las implantaciones de la IA: el ritmo con el que se extiende, los campos que atiende, sus efectos… Una falta de transparencia que, en el caso de Andalucía, afecta tanto al campo privado como al público.

No disponemos todavía de encuestas ni de estudios sólidos que den luz fiable sobre la difusión de las implantaciones de los distintos tipos de sistemas, ni sobre sus impactos, y tampoco de portales que informen, con la claridad que el marco normativo aconseja, sobre su uso en las administraciones públicas de la región.

Saber qué ocurre es obviamente muy relevante para poder perfilar las respuestas adecuadas: estrategias de capacitación, de adopción de innovaciones, de orientación personal, de protección de derechos… Medidas que arrojen luz se echan muy en falta, máxime cuando fuera de Andalucía y de España suenan tantas voces autorizadas que alertan sobre la relevancia de lo que se viene encima.

Una fuente de amenazas y de oportunidades: vigilancia y atención

El hecho de que los sistemas de IA estén siendo generados y promovidos por muy pocas empresas –en su mayoría al servicio del gobierno y del dictado de los Estados Unidos-, animadas con criterios éticos muy discutibles, con métodos que requieren ingentes recursos de todo tipo (espacio, energía, agua, procesadores, dinero…) y que generan colosales beneficios a sus promotores, cuyos procesos de funcionamiento y métodos y contenidos de adiestramiento quedan por lo general fuera del alcance del conocimiento de usuarios y propietarios…constituye uno de los mayores riesgos de amenazas procedentes de la IA.

Transparencia, soberanía, regulación…son clamores que saltan de inmediato ante la percepción de esos rasgos, que colocan en situación de completa dependencia e indefensión a quienes utilizan los sistemas ante cualquier eventualidad que pueda ir contra los intereses de sus promotores: errores y sesgos de los propios sistemas, suspensiones y caídas del servicio impuestas por las autoridades, manipulación descontrolada de los datos aportados por los usuarios, severas dificultades para explicar los procesos que aportan…Amenazas que, en el marco de las relaciones de trabajo, pueden expresarse en el despliegue de métodos de control de las personas, de métodos de reclutamiento y despido de las mismas, de soluciones de organización del trabajo… contrarios a los derechos de las personas trabajadoras. Son amenazas inquietantes, máxime cuando los sistemas de IA difunden los modos de pensar sobre la humanidad y la sociedad de los líderes de esas pocas empresas, que además desarrollan sus soluciones mediante el apropiamiento gratuito del legado de conocimiento de la humanidad, para el beneficio de su propio patrimonio, y del trabajo de quienes las emplean.

Las plataformas que se han arbitrado hasta ahora en Andalucía para conocer la expansión de la IA y sus efectos apenas han salido del papel. Arbitrar plataformas de observación rigurosas de lo que sucede en Andalucía en esta materia, mediante una estrecha colaboración entre los agentes privados y públicos, en los diferentes planos de la sociedad (salud, educación, empleo…) es una obligación cada día más urgente

Las ventajas de muchos de los sistemas que se desarrollan están abriéndose también camino: rapidez en los análisis de datos y en la toma de decisiones, aprovechamiento del conocimiento de múltiples personas para resolver los problemas con que nos enfrentamos y para emplear mejor los recursos de que disponemos…Salud, educación, atención administrativa, gestión de redes de toda índole (energía, logística, movilidad, finanzas…) son campos donde la IA puede realizar aportaciones muy sobresalientes.

Pero para su satisfactorio empleo por la humanidad, y por esta pequeña parte de la humanidad que somos Andalucía, es imprescindible neutralizar los efectos perversos del actual régimen de propiedad que sostiene los avances de la IA, muy próximo al monopolio, y de los efectos de la “soberanía estadounidense” sobre este conglomerado de tecnologías críticas para el futuro de la sociedad. Conocimiento, reglas del juego, esfuerzo creador… proporcionan los recursos de las posibles respuestas. Ello permitiría el despliegue de una IA a escala humana, sin dejar en la cuneta a cientos y quizás miles de millones de personas.

Las plataformas que se han arbitrado hasta ahora en Andalucía para conocer la expansión de la IA y sus efectos apenas han salido del papel. Arbitrar plataformas de observación rigurosas de lo que sucede en Andalucía en esta materia, mediante una estrecha colaboración entre los agentes privados y públicos, en los diferentes planos de la sociedad (salud, educación, empleo…) es una obligación cada día más urgente.

En conclusión

Conocer como se aplica y extiende la IA en Andalucía, introducir la atención a la IA en las estrategias sindicales en cuanto se refiere a los derechos de los trabajadores, cualificar a las personas de Andalucía en las técnicas y conocimientos que la IA precisa, fortalecer la transparencia de las aplicaciones IA en el marco público, apoyar el despliegue regulador europeo en materia de la IA…son algunas de las tareas prioritarias para gobernantes, educadores, sindicalistas…y ciudadanos de esta tierra.

Detrás de cada cifra de abandono escolar, de cada aula pública que se cierra en nuestros barrios y de cada joven que se queda sin plaza para estudiar lo que sueña, estamos nosotras. Estamos las madres y los padres. Familias que no dormimos pensando que nuestros hijos e hijas irán mañana a colegios convertidos en hornos, o pensando en cómo luchar para que el alumnado con necesidades especiales tenga garantizado su derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones.

Nos hemos convertido, por pura supervivencia y amor, en el parachoques de un sistema educativo andaluz que se cae a pedazos. Soportamos el frío de las protestas, la frustración de las promesas rotas y el peso de una responsabilidad que nadie nos debería exigir en exclusiva.

A veces miramos de reojo a la Comunitat Valenciana y se nos encoge el alma de admiración y de envidia sana. Allí, el profesorado ha decidido que no se puede delegar el dolor de la escuela pública en los hombros de las familias. Más de 200 directores y directoras han dimitido en bloque y han parado el sistema junto a sus docentes en una huelga indefinida valiente, demostrando que la defensa de la escuela pública es un acto de coraje absoluto que se asume en primera persona.

¿Y en Andalucía? En nuestra tierra, lo que encontramos en la mayor parte del profesorado es una anestesia y un silencio que duelen. Frente a ratios imposibles, frente a la falta de recursos y medios para el alumnado con necesidades especiales, frente al goteo constante de aulas públicas suprimidas y frente a la escandalosa privatización de la Formación Profesional (FP) —así como el desmantelamiento de la FP específica y adaptada para los chicos y chicas más vulnerables—, la respuesta de quienes habitan las salas de profesores, en su mayoría, se ha vuelto peligrosamente previsible. Se ha sustituido la movilización real por la queja de pasillo mientras la realidad nos pasa por encima. Quienes no actúan así son, lamentablemente, la excepción.

Parece que la estrategia de algunos claustros es esperar sentados a que la desesperación de las familias prenda la mecha ante los problemas estructurales reales

También resulta intolerable la alarmante estrategia de bastantes profesionales para justificar esta inacción. Desvían de forma vergonzosa el foco hacia el eslabón más débil, magnificando los problemas de convivencia, y poniendo el foco en situaciones excepcionales, criminalizando a los y las menores y dibujando las aulas como junglas ingobernables para tapar que, en realidad, miran hacia otro lado. Incluso tenemos que ver en las redes sociales a ciertos docentes reconvertidos en influencers lanzando odio y condescendencia sobre el alumnado y sus familias para buscar el aplauso fácil.

Esta actitud se traslada a la gestión del día a día. Una parte importante del colectivo acepta acuerdos que reducen la participación familiar al entorno online. Entienden la “comunidad educativa” como una notificación unidireccional por iPasen y nos vetan en los debates profundos bajo el pretexto de que “ellos son los profesionales”. Olvidan que las familias llevamos leída más normativa que muchas y muchos de ellos. No existe otro sector donde personas no profesionales se formen tanto para ejercer su derecho legal a opinar.

No se trata de un deseo de cuestionar la labor docente —como tantas veces se nos recrimina—, sino de una respuesta inevitable: suele decirse que el profesorado es el colectivo funcionarial que peor conoce su propia normativa. Una falta de formación en sus obligaciones legales que, paradójicamente, obliga a las familias a estudiar la ley para no quedar en el más absoluto desamparo.

Por ese respeto infinito que les tenemos a los docentes, les pedimos que despierten, que salgan de su letargo, y que den un paso al frente

Parece que la estrategia de algunos claustros es esperar sentados a que la desesperación de las madres y los padres prenda la mecha ante los problemas estructurales reales. Esperan que sigamos siendo nosotras las que pongamos el cuerpo, el desgaste emocional y las lágrimas de impotencia frente a la administración, para luego sumarse ellos cuando el terreno ya esté ganado.

Nosotras amamos y respetamos profundamente a los maestros y maestras de nuestros hijos e hijas. Precisamente por ese respeto infinito, les pedimos que despierten, que salgan de su letargo, y que den un paso al frente.

La defensa de la escuela pública andaluza no puede ser un escudo humano hecho de familias ya agotadas. Si de verdad queremos salvar el futuro de la educación pública, los maestros y maestras, el profesorado tiene que asumir las consecuencias de un conflicto real.

Las familias estamos dispuestas a vaciar aulas y a llenar las calles, nunca hemos dejado de hacerlo, pero no queremos ir solas en la vanguardia. El futuro de la educación pública se defiende con la comunidad unida, profesorado y familias, codo con codo. O no se defenderá.

[Definición de la R.A.E. de fascismo: Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista].

En democracia hay momentos en los que las sociedades se ven obligadas a detenerse, mirar alrededor y preguntarse qué está realmente en juego. Andalucía vive uno de esos momentos. Más allá de los resultados electorales, lo que hoy se discute es la salud de nuestras instituciones y la fortaleza de un sistema democrático que ha costado décadas consolidar.

Las instituciones no son un escenario neutro: son el armazón que sostiene derechos, libertades y convivencia. Por eso cuando aspiran a entrar en un gobierno autonómico fuerzas que cuestionan principios básicos del Estado de derecho, la sociedad y los partidos políticos democráticos deben reflexionar con profundidad. Debemos comprender que la democracia no solo se vota, también se protege.

En un Parlamento fragmentado, la responsabilidad institucional recae en quienes a priori buscan la investidura. En ellos recae la responsabilidad de explorar las vías que garanticen estabilidad, sí, pero también que garanticen el autogobierno y que preserven el marco democrático. Quienes a priori van a ejercer un papel de oposición, pueden y deben aportar análisis y advertencias, pero la primera iniciativa formal corresponde a quienes pretenden presidir la Junta.

Esta no es una cuestión de simpatías políticas, sino de lógica institucional: quien quiere gobernar está obligado a asumir la responsabilidad de evitar escenarios que debiliten la convivencia democrática.

La izquierda necesita tiempo para reorganizarse, actualizar su proyecto y reconectar con amplias capas sociales. Ese proceso sería mucho más difícil con nostálgicos del totalitarismo en el gobierno

Tras las elecciones andaluzas existen razones por las que un gobierno en solitario podría resultar atractivo para el candidato conservador:

Evitaría el “lío” del que él mismo advirtió durante la campaña, reforzaría su imagen de moderación, y gobernaría sin ataduras de fuerzas xenófobas. Además consolidaría la llamada “vía andaluza”, un camino propio dentro del panorama político nacional. Esta circunstancia situaría además a Juan Manuel Moreno como el referente moderado que pretende ser dentro de su partido. 

La memoria ofrece además advertencias útiles. En la Alemania de los años treinta, la derecha moderada creyó que podía “domesticar” al partido de Hitler otorgándole responsabilidades institucionales. Ocurrió lo contrario: primero fue arrasada políticamente y después vino la destrucción del sistema democrático. Esta es una lección histórica sobre cómo funcionan las dinámicas de poder cuando se cede espacio institucional a ciertas fuerzas políticas.

Por otra parte, y desde una perspectiva democrática existen argumentos que explican por qué la a priori oposición, podría optar por facilitar un gobierno:

El machismo, la homofobia y el odio a la persona distinta ya tienen presencia social. Pero la entrada en un gobierno autonómico de quienes defienden lo anterior supone un salto cualitativo: acceso a recursos, capacidad de condicionar políticas, influencia en el legislativo y de forma indirecta, en el ámbito judicial, y como ya hemos comentado la experiencia histórica demuestra que cuando entran estas ideas en las instituciones, no se moderan, se fortalecen.

La influencia de la izquierda y de las políticas que defiende necesariamente será mayor ante un gobierno en minoría que ante un bloque PP-Vox cohesionado. 

La izquierda necesita tiempo para reorganizarse, actualizar su proyecto y reconectar con amplias capas sociales. Ese proceso sería mucho más difícil con nostálgicos del totalitarismo en el gobierno, que impondrían ritmos, prioridades y debates diseñados para erosionar derechos y polarizar, obligando a la izquierda a estar en una posición permanentemente reactiva.

El argumento de “que entren en el gobierno y ya se enterará la sociedad de lo que son” es una falacia. Confiar en que la ciudadanía reaccionará tras verlos gobernar es una apuesta arriesgada

Además, el argumento de “que entren en el gobierno y ya se enterará la sociedad de lo que son” es una falacia. Confiar en que la ciudadanía reaccionará tras verlos gobernar es una apuesta arriesgada. Los grandes medios y las redes sociales están fuertemente condicionados por marcos, cuanto menos, conservadores, por lo que esa reacción social no está garantizada. La normalización del extremismo desde el poder no genera rechazo, sino habituación. La persona votante de izquierdas incluso puede llegar a sentir que ha sido abandonada en manos de un gobierno contaminado con ideas autoritarias, y que eso se podría haber evitado.

La democracia andaluza, como cualquier democracia, se sostiene sobre equilibrios que pueden ser frágiles: respeto institucional, pluralismo, derechos fundamentales y convivencia.

Por eso, se puede y se debe defender que la prioridad debe ser impedir que quienes cuestionan muchos principios democráticos accedan a posiciones de poder que les permitan erosionarlos.

La prioridad es la democracia.

Imaginemos por un momento que la universidad es una ciudad antigua, de esas con murallas de piedra y calles que llevan siglos sin moverse. Dentro, la gente estudia, investiga, discute ideas. Todo tiene su orden, su ritual, su jerarquía. Fuera, en cambio, ha crecido un mundo completamente distinto: plataformas digitales que enseñan lo que quieras en el momento que quieras, empresas que contratan sin pedir título, algoritmos que corrigen exámenes y hasta explican conceptos mejor que algunos profesores. La muralla ya no protege. Y lo más urgente no es tirarla, sino decidir quién abre la puerta y hacia dónde se sale.

Esa es, en pocas palabras, la situación en la que se encuentran hoy las universidades. Vivimos en la llamada “sociedad del conocimiento”, pero paradójicamente las instituciones que durante siglos tuvieron el monopolio del saber están perdiendo peso. Ya no son las únicas que forman, ni las únicas que investigan, ni siquiera las únicas que certifican que alguien sabe algo. Google ofrece certificados. Startups como ThePower tienen sus propios MBAs. Y millones de personas aprenden cada día en YouTube, podcasts y comunidades online sin que ningún rector les haya dado permiso para ello.

Sería tentador reducir todo esto a un problema de digitalización. Actualizar los campus, poner las clases en streaming, usar inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje... y listo. Pero eso sería quedarse en la superficie. Lo que está en juego es algo más profundo: la legitimidad de la propia institución.

En un contexto donde el populismo está creciendo en muchos países, las universidades se han convertido en blanco fácil. Se las acusa de ser élites desconectadas de la gente real, de hacer ciencia para sí mismas y de ignorar los problemas cotidianos. Algo de eso, hay que reconocerlo, tiene una base real. Durante demasiado tiempo, buena parte de la investigación académica ha vivido encerrada en revistas de pago que nadie lee fuera del mundo académico, evaluada por el número de citas que recibe en lugar de por el impacto que tiene en la sociedad.

La respuesta a esta crisis no puede ser el repliegue. Tiene que ser la apertura. La llamada Ciencia Abierta —que propone que los datos y los resultados de la investigación sean accesibles para todos, no solo para quienes pagan suscripciones caras— es un paso en la buena dirección. Pero requiere un cambio de mentalidad que muchas universidades aún no están dispuestas a asumir.

Aquí es donde la conversación se pone interesante, y también más incómoda. Porque todos los problemas que acabamos de mencionar tienen algo en común: son, en gran medida, problemas de gobernanza. De quién decide, cómo se decide y para quién se decide dentro de una universidad.

Las universidades públicas españolas cuentan, sobre el papel, con algo llamado Consejos Sociales: órganos diseñados precisamente para conectar la institución con la sociedad, el tejido empresarial y el mundo laboral. En teoría, deberían ser el puente entre lo que la universidad hace y lo que la sociedad necesita. En la práctica, muchos de estos consejos han sido durante años organismos más decorativos que funcionales, vistos con cierta desconfianza por los propios equipos rectorales, que los percibían como una intromisión externa en sus asuntos.

La idea de fondo es sencilla pero revolucionaria: la universidad no pertenece a los académicos. Es un servicio público. Y como tal, tiene que rendir cuentas a la sociedad que la financia y que necesita lo que ella produce

Pero algo está cambiando. Experiencias como la de la Universidad Pública de Navarra demuestran que cuando un Consejo Social funciona de verdad —con liderazgo claro, voluntad real y colaboración entre todos los actores— puede transformar una institución sin necesidad de grandes reformas legales. Puede atraer financiación privada, orientar la oferta académica hacia donde el mercado laboral lo necesita, y convertir la transferencia del conocimiento en algo más que un slogan.

La idea de fondo es sencilla pero revolucionaria: la universidad no pertenece a los académicos. Es un servicio público. Y como tal, tiene que rendir cuentas a la sociedad que la financia y que necesita lo que ella produce.

No se puede hablar del futuro de la universidad sin hablar de inteligencia artificial, aunque solo sea porque ya está dentro de las aulas, lo reconozcan o no los profesores. Los estudiantes usan ChatGPT para hacer sus trabajos. Las plataformas educativas adaptan los contenidos en tiempo real según el rendimiento de cada alumno. Y hay quien ya se pregunta en voz alta si el profesor humano tiene los días contados.

La pregunta no es si la IA va a cambiar la educación universitaria —eso ya está pasando— sino cómo va a responder la institución. La opción de prohibir o ignorar ya ha demostrado ser inútil. La opción inteligente es reimaginar qué es lo que un ser humano puede aportar que una máquina no puede: pensamiento crítico, empatía, ética, capacidad para navegar la incertidumbre. Justamente las cosas que más va a necesitar la sociedad en las próximas décadas.

Si echamos la vista al horizonte del año 2050, hay tres escenarios posibles para la universidad. El primero es la mercantilización total: instituciones convertidas en expendedoras de títulos rápidos al servicio del mercado, sin espíritu crítico ni compromiso social. El segundo es la fragmentación: universidades reducidas a actores marginales, incapaces de competir con plataformas digitales más ágiles y baratas.

El tercero —el deseable— es el de la universidad como infraestructura democrática. Un espacio que combina la apertura internacional con el compromiso local, que forma ciudadanos críticos además de profesionales competentes, y que sabe estar presente en los grandes debates de su tiempo. Una institución que no vende conocimiento, sino que lo construye con la sociedad y para la sociedad.

Para llegar ahí no hacen falta solo buenas ideas. Hacen falta líderes dispuestos a incomodar a sus propias instituciones, órganos de gobierno que funcionen de verdad, y una apuesta decidida por la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, hacen falta universidades que dejen de mirarse el ombligo y empiecen a mirar al mundo.

Artículo elaborado a partir de la Monografía “El liderazgo de la universidad en el cambio de época”. Fundación CyD. 2026

¿Recuerdas si alguna vez te hicieron esta pregunta durante tu infancia: qué poder te gustaría tener? Si es así, seguramente no te sonará extraña la siguiente respuesta: querría ser invisible, poder atravesar las paredes y ver lo que hacen otras personas. Así, la invisibilidad, junto con volar, estaría en el pódium de nuestros sueños imposibles. Esta cualidad que, en nuestra niñez, concebíamos como algo extremadamente genial y que nos haría muy poderosos, resulta ser que no es tal. Si, además, has tenido la oportunidad de leer la obra de Herbert George Wells, El hombre invisible, recordarás que Griffin, el protagonista de la novela, experimentaba su invisibilidad con una profunda angustia vital, azotado por dilemas morales y sufriendo el más trágico de los desenlaces.

Y es que ser invisible no es en ningún caso agradable. En nuestra sociedad actual, el término invisibilidad se asocia a personas, colectivos o temas que, por una u otra razón, simplemente no se ven, o no se quieren ver, y como consecuencia de ello, dejan de ser prioritarios o foco de atención en las agendas políticas y sociales.

Veo, veo. ¿Me ves? es la campaña que Save the Children lanza con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía y que desembocarán en la XIII legislatura en nuestra comunidad autónoma. No se trata de una llamada de angustia, tal y como sufría Griffin en la obra de Wells, pero viene a dar luz a una realidad que puedo asegurar viven miles de niños y niñas. Por un lado, experimentan con verdadera desesperación y aflicción episodios de violencia en el ámbito escolar, en el entorno digital o en círculos cercanos. Una violencia perpetrada la mayoría de las ocasiones por familiares o conocidos. Ellos nos están pidiendo como sociedad que visibilicemos su compleja realidad y las extremas dificultades a las que tienen que enfrentarse como víctimas de una violencia que a muchos de ellos además les provoca graves problemas de salud mental. 

Mirar de frente a la violencia contra la infancia exige una respuesta integral desde el ámbito de las políticas educativas y sociales, pero también del sector privado, donde las corporaciones tecnológicas juegan un rol fundamental, sin olvidarnos del deber que tiene la justicia adaptada a la infancia para con la infancia víctima, cuyos procesos se judicializan.

La pobreza infantil, en España y en Andalucía, sigue siendo la mayor aberración a la que un país con el nivel de desarrollo de España se puede enfrentar

Por otro lado, la campaña Veo, veo. ¿Me ves? también podría ser una llamada a la esperanza, desde la invisibilidad. Una incitación a retomar ese juego tan clásico de nuestra infancia, el Veo, Veo, con un anhelante deseo de que lo que veamos, entre otros, sea a los cientos de miles de niños y niñas que viven en hogares que sufren dificultades cada mes para pagar los suministros básicos, hacer frente a los gastos de vivienda o, aún más preocupante, poder enfrentar el coste de la crianza de sus hijos, y especialmente poder ofrecerles una alimentación adecuada.

Y es que la pobreza infantil, en España y en Andalucía, sigue siendo la mayor aberración a la que un país con el nivel de desarrollo de España se puede enfrentar. No poder ver y entender esta realidad quizás nos convierte a todos en cómplices por omisión de ayuda a la hora de combatir la pobreza infantil.

Pero no son solo la pobreza y la violencia lo que no vemos como deberíamos. Mejorar las políticas educativas destinadas a favorecer a los que se quedan atrás es crítico para contribuir a la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Si bien la educación de 0 a 3 años está alcanzando la gratuidad universal, lo que supone un avance muy significativo para las familias que tiene hijos e hijas en esta etapa educativa, es necesario construir más escuelas públicas y gratuitas en las zonas más desfavorecidas para promover la escolarización de los más pequeños en las familias que afrontan más dificultades económicas.

En cursos superiores de Primaria y ESO está demostrado que la repetición de curso, que afecta cuatro veces más a alumnos en riesgo de pobreza, no es una solución, pues asoma a los niños y niñas al abismo del abandono educativo temprano y a la exclusión social en la edad adulta. No debemos olvidar que los datos indican que, si no actuamos con urgencia, el 80% de los niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza seguirán en esa situación cuando alcancen la mayoría de edad.

Solo bajando la mirada y colocando a la infancia en el corazón de las políticas, podremos garantizar que todos los niños y niñas andaluces tengan las mismas oportunidades

Poner a su vez a la infancia en el centro, poder verla con nitidez, significa asumir una acción de gobierno integral, a nivel local, autonómico o estatal. Por eso, la acción coordinada de todas las administraciones y departamentos es el primer paso para el impulso de políticas, planes y estrategias destinadas a mejorar la vida de los niños y niñas.

Y qué mejor ejemplo que una emergencia. En el caso de Andalucía, cada año sufrimos temperaturas más altas, además de otros fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Por eso, contar con un plan de acción ante contingencias climáticas con enfoque de infancia, con atención prioritaria a los centros educativos y al impacto que los fenómenos climáticos tienen en la infancia y adolescencia nos permitiría minimizar los riesgos que los efectos climáticos tienen sobre los niños y niñas.

Para construir una Andalucía más justa, debemos mirar donde realmente se decide el futuro: a un metro del suelo. Solo bajando la mirada y colocando a la infancia en el corazón de las políticas, podremos garantizar que todos los niños y niñas andaluces tengan las mismas oportunidades para que, como sociedad, podamos avanzar en el camino correcto.

He tenido que procesar las palabras del juez David Mamán Benchimol, titular del Juzgado de violencia sobre la mujer nº8 de Madrid, vertidas el pasado 18 de febrero de 2026 en el Colegio de la Abogacía de Madrid, donde impartía una formación a profesionales de la abogacía en materia civil y penal en contextos de violencia de género. Este magistrado habló peyorativamente de las condiciones otorgadas por el sistema a las mujeres que necesitan denunciar por sufrir violencia en el ámbito de la pareja. Con un lenguaje inasumible en el ejercicio de su cargo, optó por el negacionismo para explicar por qué las mujeres “van a la caza de la orden”, cuestionándose qué pierden al denunciar, y acusándolas de “lavar el coco” a sus hijos cuando se oponen al modelo de guarda y custodia compartida, obviando el hecho de que esos hijos e hijas también son víctimas y que, por supuesto, un maltratador no es un buen padre. Pero sobre todo el magistrado lo que exhibió fue un profundo desconocimiento de la materia, poniendo al descubierto su incapacidad, peligrosidad y negligencia.

Mis pensamientos me llevaron a varias conclusiones: La primera, que este juez no está capacitado para impartir justicia, mucho menos en un juzgado que requiere conocimientos en igualdad y en perspectiva de género. Y no porque lo diga yo, sino porque lo prescribe la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 4, sobre la “Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas” establece que “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.” Con su verborrea evidencia que está dejando de aplicar el ordenamiento jurídico, de manera negligente y letal. Solo por esto debe ser sancionado y trasladado o suspendido.

La segunda conclusión es que tampoco está preparado para impartir formación en un colegio profesional, porque resulta evidente que él mismo no ha sido evaluado tras la escueta formación que les dan a las juezas y jueces que optan por este destino. Resulta notorio que este magistrado no superó la materia y, en consecuencia, debe ir a otra jurisdicción. Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid debe mostrar mayor celo en la elección de sus ponentes, exigir mayor grado de conocimiento y sensibilidad. Sería oportuno saber si cobró y cuánto.

Y la tercera, que este tipo de jueces y juezas están repartidos por todo el territorio nacional, no son todos afortunadamente, y no es siempre, pero siento decir que son más de los que nos podemos permitir, y no solo en juzgados de violencia sobre la mujer, también en los juzgados de familia, donde los estereotipos y los sesgos de género campan a sus anchas, dándose la paradoja de que la mujer que acude a la Administración de Justicia buscando protección, no solo se tiene que defender del maltratador o de un progenitor negligente, sino también lo tiene que hacer del juez misógino. Inasumible.

Ha llamado mi atención que el juez Mamán se sintiera legitimado para hacer estas manifestaciones en un lugar público, donde se vio reforzado e impune, llegando a olvidar que no estaba en la barra de un bar, o haciendo de cuñado en una reunión familiar, estaba formando a profesionales, o mejor dicho, estaba desinformándoles

Las y los profesionales que presenciamos estas situaciones somos conscientes de que no siempre la resolución dictada es la soñada, pero esto no es un inconveniente si se trata de una resolución motivada con conocimientos jurídicos. El problema radica en el hecho de que la falta de capacidad en esta materia, puede dar lugar al dictado de resoluciones que no garantizan derechos fundamentales, revictimizan, agrandan el daño a víctimas y menores y, a veces, matan.

Por último ha llamado mi atención que el juez Mamán se sintiera legitimado para hacer estas manifestaciones en un lugar público, donde se vio reforzado e impune, llegando a olvidar que no estaba en la barra de un bar, o haciendo de cuñado en una reunión familiar, estaba formando a profesionales, o mejor dicho, estaba desinformándoles, contagiándose como un virus, lo que provocó que nadie le cuestionara.

Concluyo mi reflexión reiterando que los profesionales de la judicatura que escojan esta jurisdicción deben ser evaluados, tras una formación extensa, profunda y continuada, impartida por personas instruidas. Si no superan la materia no pueden ejercer en esta especialidad, y si dictan resoluciones que producen mayor dolor a menores y madres porque se han dictado al margen del orden jurídico, que respondan por ello, y que vuelvan a ser evaluados o apartados.

Dancemos al unísono como los estorninos en invierno, que bailan juntos para espantar a los depredadores. Para que dejen de atacar. Dancemos unidas.