Hace cuatro años la Inteligencia Artificial (IA) era una desconocida para la mayor parte de los andaluces, a excepción de círculos muy determinados y pequeños. Desde entonces ha ido llenando portadas, noticieros, mensajes…y hoy está en muchas conversaciones, en muchas inquietudes y en casi todas nuestras mentes.

Durante lo que va de 2026 son además muy numerosas las personas y las instituciones que vienen advirtiendo sobre las oportunidades, pero también sobre las amenazas, del despliegue de la IA en todos los ámbitos de nuestras vidas. Desde el Papa a la OCDE, desde la ONU hasta los movimientos conservadores norteamericanos, y, paradójicamente, desde los propios creadores de los sistemas de IA (Altman o Amodei por ejemplo), se multiplican en las última semanas quienes llaman la atención sobre “peligros” de la IA. La mayor parte de esas observaciones suelen contener además llamadas a actuar:  desde “parar” la IA a fortalecer las soberanías digitales de la UE o de USA; desde desarrollar marcos normativos ad hoc hasta intervenir en su uso en la educación o entre los jóvenes…Medidas por lo general bastante pocos concretas.

En ese escenario lleno de ebullición, expectación, inquietud y hasta temor, la Junta de Andalucía ha creado este verano la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y, por decreto 203/2026 de 30 de julio, ha establecido su estructura.

Su creación provocó cierta expectación, como si Andalucía se animara, mediante lo dispuesto en ese decreto, a ser un agente activo en el diseño y en la búsqueda de soluciones para el aprovechamiento de las oportunidades y la neutralización de las amenazas que se le atribuye a la IA. Tareas no le deberán faltar donde intervenir para un mejor futuro: fomento de empresas especializadas en ese ámbito; impulso de conocimientos específicos para facilitar que personas y entidades andaluzas puedan liderar soluciones e implantaciones exitosas; adopción de pautas e iniciativas en el ámbito educativo para prevenir riesgos; regulación a favor de la protección de la privacidad, integración de soluciones IA en campos tan maltrechos como la salud, la educación, los cuidados, la justicia…

Pero cuando se abre el BOJA encontramos una sorpresa inesperada: la IA no aparece por ningún sitio en el cuerpo de esa flamante Consejería, salvo en su nombre (Viceconsejería, Secretarías Generales, Direcciones Generales… todas ellas sin atribuciones en esta materia); suena a incomprensible pero eso es lo que pone el Boletín Oficial de la Junta.

La Consejería relega todo cuanto tiene que ver con la IA –y cuando digo todo es todo- al campo competencial de la Agencia Digital de Andalucía, que reporta directamente a la persona titular de la Consejería

La Consejería relega todo cuanto tiene que ver con la IA –y cuando digo todo es todo- al campo competencial de la Agencia Digital de Andalucía, que reporta directamente a la persona titular de la Consejería. Y ¿qué problema hay en ello? Pues que esa Agencia, con naturaleza jurídica de Agencia Administrativa, es, por su misma naturaleza, un ente instrumental y, como ente instrumental carece de competencias para diseñar políticas, estrategias…en el ámbito de actuación que tiene señalado.

Así lo dice claramente la Ley 9/2007 de la Administración andaluza, que determina el campo de acción de este tipo de Agencias, en particular en su artº 65: 

1. Las agencias administrativas son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se atribuye, en ejecución de programas específicos de la actividad de una Consejería, la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas.

3. Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta Ley….

Entonces, ¿cómo va a llevar a cabo esa dirección estratégica una Consejería que carece del menor equipo para formular esa estrategia? ¿Que requiere una sólida e indiscutida posición institucional al intervenir en materias que se extienden por todos los campos competenciales de la propia Junta? y ¿Qué puede significar este extraño modo de fijar la atención institucional pública sobre la IA?

Quizá pueda significar que el Gobierno andaluz no sabe de lo que está hablando cuando se refiere a una Agencia. Y se ha equivocado en esa atribución de funciones a una Agencia Administrativa, aquellos “chiringuitos” que tanto achacó el PP a la Junta del PSOE en la década pasada.

Las anómalas disfunciones que la pobre asignación competencial crea, malamente puede justificarse señalando que la ADA sabe lo que ha de hacer: llevar a cabo lo previsto en la Estrategia Andaluza de IA 2030. Esa Estrategia es una manifestación programática, aprobada en el ya lejano 2023

Puede ocurrir también, lo que no sería menos inquietante y muestra de una llamativa ignorancia, el que los autores de esas atribuciones competenciales vean la IA como en el pasado se veía el uso de ordenadores o la habilitación en competencias digitales (correo electrónico, ofimática…). Instrumentos y equipos cuyo uso debe ser alentado. Una grave ignorancia también.

Pero puede significar algo mucho más importante: la Junta no se ha dado cuenta de la extrema relevancia que tiene la IA en estos momentos, y la que va a tener a corto y medio plazo al menos, trastocando sociedades, instituciones, empleos, capacitaciones… Si así fuera el desenfoque competencial con que se resuelve la atención a la IA adquiere una trascendencia política que convendría subsanar con rapidez.

Porque las anómalas disfunciones que la pobre asignación competencial crea, malamente puede justificarse señalando que la ADA sabe lo que ha de hacer: llevar a cabo lo previsto en la Estrategia Andaluza de IA 2030. Esa Estrategia es una manifestación programática, aprobada en el ya lejano 2023, que en poco se distingue de la avalancha de documentos similares aprobados en esas fechas en otras regiones, y que hace referencia a un tiempo y a unas situaciones que nada tienen que ver con lo que hoy representa y expresa la IA. Si eso es lo único que ha de hacer la ADA, son muchos los huecos por cubrir, máxime cuando una Agencia Administrativa carece de competencias para imponer a otras Consejerías sus decisiones sobre las materias que a aquellas les corresponden.

Si se quiere que esa Consejería, tan ampulosamente bautizada, sea algo más que una caja de cartón piedra sin incidencia alguna en un ámbito tan crucial hoy como la IA, con incidencia en todos los campos de las políticas públicas y en la propia configuración de la administración andaluza, quizás fuera conveniente reconducir el rumbo de la Junta en ese asunto, atribuyendo las responsabilidades sobre las políticas en esa materia a niveles directivos más relevantes y, por supuesto, con conocimientos en tales materias.

Estimado consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, como sabe la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores tiene como misión defender y revitalizar el entorno rural, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible que proteja el patrimonio natural, social y cultural de los pueblos de Andalucía. Su visión se orienta a garantizar el futuro del medio rural para las próximas generaciones, demostrando que estos territorios son espacios vivos y absolutamente esenciales para el equilibrio ecológico y territorial de nuestra tierra.

Como también sabe, sus actividades se centran en el apoyo a la agricultura y la ganadería tradicionales y ecológicas, la defensa de la biodiversidad, la interlocución constante con las administraciones públicas para mejorar las políticas territoriales, y el impulso de iniciativas de emprendimiento e inserción sociolaboral que generen oportunidades reales y fijen población.

Con ello en consideración, nos dirigimos a usted para trasladarle nuestra profunda preocupación ante la delicada situación que atraviesan las universidades públicas andaluzas.

Gracias a que contamos con varias personas del ámbito universitario en nuestro patronato, y a través de los medios de comunicación, hemos seguido con gran inquietud las reiteradas demandas de la comunidad universitaria y sus rectores, quienes alertan sobre la necesidad urgente de un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice la calidad docente, la viabilidad de las infraestructuras y el impulso a la investigación. Un problema que ha sido tema central de nuestro patronato. El hecho de que estas inquietudes se produzcan a la vez que se apoya desde el Gobierno andaluz la puesta en marcha de un número significativo de universidades privadas, varias de ellas muy por debajo de uno requisitos mínimos de calidad y excelencia, resulta poco tranquilizador.

La universidad es un pilar indispensable para la vertebración y cohesión de nuestro territorio, como se ha demostrado reiteradamente

Dicho esto, consideramos que el futuro de nuestra universidad pública está íntimamente ligada a nuestra misión. La universidad no es un ente ajeno a nuestros pueblos; al contrario, es un pilar indispensable para la vertebración y cohesión de nuestro territorio, como se ha demostrado reiteradamente.

Una universidad pública fuerte, desplegada con un modelo territorial que permite la cercanía en todos los territorios de Andalucía, ha garantizado el principio de igualdad de oportunidades, permitiendo que los jóvenes de nuestras comarcas y zonas de interior puedan acceder a estudios superiores y labrarse un futuro sin verse forzados a abandonar Andalucía.

Asimismo, la revitalización de nuestro medio rural, la modernización y sostenibilidad de sus sectores productivos requieren del talento, la innovación y la investigación que solo pueden gestarse en unas universidades públicas bien dotadas, comprometidas con la transferencia del conocimiento.

Invertir en la universidad pública es invertir en el equilibrio territorial de Andalucía

El debilitamiento del sistema universitario público andaluz supondría, inevitablemente, un golpe directo al futuro del medio rural, fomentando la fuga de talento y agravando el vaciamiento y envejecimiento de nuestros pueblos.

Por todo ello, desde la Fundación Savia le instamos respetuosamente a redoblar los esfuerzos de diálogo con las instituciones académicas para consolidar un marco de financiación que responda a sus necesidades reales. Invertir en la universidad pública es invertir en el equilibrio territorial de Andalucía.

Nuestra misión y voluntad es dialogar y colaborar en aquellas iniciativas que permitan estrechar los lazos entre el conocimiento universitario y los grandes retos de la Andalucía rural. Nos gustaría mantener un encuentro con usted y su equipo para compartir estas inquietudes y ponernos a su disposición para todo aquello que pueda estar a nuestro alcance.

La infancia nunca ha estado tan protegida como hoy ni tan intervenida por los adultos. Durante generaciones, el error, la frustración, el dolor o la incertidumbre eran entendidas como parte natural del proceso de aprendizaje y pilares sobre los que se construía la personalidad. Sin embargo, en la última década han pasado a percibirse como experiencias a evitar o prevenir.

Esta deriva ha favorecido, en muchos casos, dinámicas de control excesivo y sobreprotección que terminan condicionando el entorno del menor en lugar de acompañar su proceso de crecimiento.

Psiquiatras, educadores y psicólogos alertan de las devastadoras consecuencias que ello está produciendo en el desarrollo psicosocial de los menores educados bajo el paraguas de la sobreprotección: desarrollo de personalidad narcisista, inseguridades extremas o autonomía disfuncional, lo que dificulta tomar decisiones, asumir responsabilidades y desenvolverse por sí mismos.

Tanto padres como madres con estilos educativos sobreprotectores tienden a prevenir el dolor de sus hijos a toda costa. Pero, en paralelo a este propósito, suele operar otro más silencioso: protegerse a sí mismos. Es decir, evitar el contacto con su propia vulnerabilidad emocional, activada cuando el hijo atraviesa situaciones de malestar.

En el marco educativo, los profesionales reciben atónitos y desbordados un aluvión de amenazas, solicitudes de diagnósticos y prescripciones de padres sobre el modo en el que tienen que enseñar a sus hijos, a pesar de que el contexto escolar provee al menor exactamente lo que necesita: un escenario controlado y gestionado por expertos en los que pueda aprender a gestionar, enfrentar y trabajar las emociones incómodas derivadas de los conflictos propios de su etapa madurativa. Algo inaudito

Reminiscencias de dolor, miedo, impotencia e inseguridad arraigadas en la propia infancia de los padres se reencarnan en la crianza de sus hijos, como si su “niño interior herido” tomara el control a la hora de educar. En ese estado, se pierde la perspectiva y se reacciona con gran intensidad, bajo la apariencia legitimadora del discurso de “los derechos y el bienestar del niño”.

Un proceso de alquimia infinita que transforma procesos naturales del ser humano en denuncias, reclamaciones, protocolos… En otras palabras, la búsqueda desesperada de un responsable que justifique el conflicto interno que evitan analizar. Nada revelador: la mente humana buscando desesperadamente razones que apacigüen el dolor que emana de la incertidumbre.

En el marco educativo, los profesionales reciben atónitos y desbordados un aluvión de amenazas, solicitudes de diagnósticos y prescripciones de padres sobre el modo en el que tienen que enseñar a sus hijos, a pesar de que el contexto escolar provee al menor exactamente lo que necesita: un escenario controlado y gestionado por expertos en los que pueda aprender a gestionar, enfrentar y trabajar las emociones incómodas derivadas de los conflictos propios de su etapa madurativa. Algo inaudito.

crecer implica desarrollar tolerancia a la frustración, fortaleza interna y capacidad de afrontar la dificultad. Son cualidades vitales para la vida adulta que deben cocerse a fuego lento en la infancia y adolescencia, aunque duela, aunque cueste, aunque dé pavor

Aceptar que un hijo no siempre estará bien –que experimentará frustración, conflictos, rechazo, malentendidos, expectativas incumplidas o, incluso, situaciones injustas provenientes de otros menores y adultos– forma parte del desarrollo natural de cualquier humano. A veces, se nos olvida que los menores son solo eso, humanos y no una hoja donde proyectar los deseos, frustraciones y necesidades no resueltas de sus progenitores.

En definitiva, muchos adultos no solo intentan impedir el sufrimiento de sus hijos, también el de ellos mismos. Desde esta perspectiva, la sobreprotección puede entenderse como una estrategia de control que busca reducir el malestar del menor y evitar que el adulto confronte emociones difíciles de sostener.

Y aquí aparece una cuestión esencial: crecer implica desarrollar tolerancia a la frustración, fortaleza interna y capacidad de afrontar la dificultad. Son cualidades vitales para la vida adulta que deben cocerse a fuego lento en la infancia y adolescencia, aunque duela, aunque cueste, aunque dé pavor.

Nuestros abuelos y padres también atravesaron ese proceso. La diferencia es que ellos tenían menos posibilidades de sortearlo. Su contexto les obligaba a endurecerse. Hoy, en cambio, existen más recursos, más mediaciones y también más formas de amortiguar la realidad que incomoda, la que no queremos afrontar. Y la crianza es uno de los lugares donde esto se hace más visible.

En nombre del amor y de la protección del menor, y con la intención sincera de darle lo mejor, a veces los padres pueden encarnar una forma de egoísmo socialmente legitimada. A veces, a quien verdaderamente se protege no es al hijo, sino a uno mismo.

Los resultados del último Informe PISA son un aviso educativo, pero también son un reflejo de cómo se está transformando la sociedad y de cómo esas transformaciones afectan a nuestra capacidad colectiva para sostener una democracia sólida. La caída en lectura, matemáticas y ciencias coincide con un entorno donde la tecnología —especialmente la inteligencia artificial— está inundando tanto a la sociedad como al propio proceso educativo, sustituyendo el esfuerzo y la capacidad de análisis por la inmediatez de la automatización. Cuando una sociedad deja de ejercitar el pensamiento crítico, pierde una de sus principales defensas frente a la desigualdad, la manipulación y el autoritarismo. Pocas alarmas están sonando teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un gravísimo problema para la salud democrática.

España firma su peor resultado histórico en lectura. La OCDE señala que los estudiantes ya no sostienen textos largos ni razonamientos complejos. Y esto, además de en las escuelas, también se observa en la vida cotidiana. Cada vez cuesta más que una explicación pausada, que requiere conectar ideas y entender causas, sea escuchada con atención. La complejidad incomoda, el matiz se percibe como innecesario y la frase rápida parece ser más que suficiente. Este clima cultural encaja con lo que PISA detecta: menos comprensión profunda y menos tolerancia a la complejidad. No tenemos que olvidar que una sociedad que deja de escuchar argumentos es una sociedad más vulnerable a quienes quieren imponer su relato sin diálogo.

El uso de la inteligencia artificial en la escuela agrava este deterioro. Los estudiantes que delegan en la IA tareas de análisis o resolución de problemas obtienen peores resultados académicos. La IA por tanto está generando un problema de autonomía cognitiva, un problema en la capacidad de pensar por uno mismo. Si la tecnología hace el trabajo, la ciudadanía pierde capacidad de análisis y contraste. En términos sociales, esto significa una población más expuesta a discursos simplificadores, a bulos y a narrativas que buscan dividir y polarizar.

Y a todo esto se añade que la desigualdad educativa actúa como un vector de riesgo. Allí donde las condiciones materiales y culturales son más frágiles, el impacto es mayor y sus consecuencias más profundas. La frustración derivada de esa desigualdad crónica alimenta la desconfianza institucional y la sensación de abandono. Es el terreno donde prosperan discursos que prometen orden, identidad y soluciones fáciles a problemas complejos.

Mientras tanto ocurre un hecho revelador. Resulta significativo que muchas élites tecnológicas envían a sus hijos a escuelas sin pantallas, donde se prioriza la lectura profunda, la creatividad y el trabajo manual. La sociedad en general se expone masivamente a dispositivos que erosionan la atención, mientras quienes diseñan esa tecnología protegen a sus hijos de ella. Muy ilustrativo.

Si consideramos el informe PISA como un termómetro social, la fiebre es más que evidente. Y una sociedad con fiebre es más permeable a quienes ofrecen certezas absolutas en tiempos de incertidumbre. La cuestión no es si la tecnología nos está llevando al autoritarismo —aunque posiblemente esté ayudando a ello— sino si seremos capaces de rehumanizar la educación, la cultura y sobre todo la convivencia, antes de que la deshumanización tecnológica abra la puerta a quienes siempre esperan al acecho.

Ceuta es invadida como por casualidad. Cincuenta/setenta mil personas se desplazan por las carreteras del norte de Marruecos sin que se las advierta, guiadas por un impulso “natural”, acaso del tipo que mueve a las aves que cruzan el estrecho de Gibraltar, o a los ñu del Serengeti hacia el río Mara.

Tratar de hacernos creer que eso es un movimiento espontáneo es un insulto a nuestra inteligencia. Y hacernos creer que es un impulso de “mafias” otro tanto, ya que una mafia, por definición, ha de ganar dinero con lo que hace, condición que aquí, simplemente, no se cumple. Ni en Marruecos ni en ningún lugar del mundo se mueven esos volúmenes de personas, en esos plazos (en torno a 10 días), por casualidad.

Y si no es un movimiento espontáneo, ni tampoco soportado por delicuescentes mafias, y si tampoco ha sido contenido por las fuerzas de seguridad marroquíes, muy bien informadas habitualmente de lo que sucede en su Norte, máxime cuando el destino de esos movimientos se halla a pocos kilómetros de uno de los palacios reales, ¿a qué se deben esos desplazamientos consentidos?

Sólo cabe una respuesta: son alentados. Y esa respuesta conduce ineludiblemente a un par de preguntas más, ¿por quién? y ¿por qué? Ya no estamos ni en los tiempos ni en los actores de la “marcha verde·. Ahora estamos en todo caso en los tiempos del ”hombre naranja“, que trata de moldear el mundo a su antojo, y en los tiempos de una guerra inacabable de Israel, y de la proliferación de anarcocapitalistas iliberales, sólo atentos a su ”yo“; todas las fichas del tablero del Mediterráneo y de la Unión Europea están expuestas a los oscuros movimientos con que esas personas tratan de imponer sus pretensiones.

Cuando dentro de un tiempo se sepan con detalle los canales por los que se ha convocado (y se siguen convocando aún) a esas multitudes, que se sabrán, como se supo el origen de los mensajes repletos de bulo que sembraban la alarma en torno a la DANA, y como se han sabido los orígenes de los bulos que animaron y animan a algunas de las iniciativas antiinmigración en Inglaterra, en Alemania o en la propia España, podrán validarse las hipótesis que inevitablemente se formulan ahora por tantos especialistas en geopolítica y seguridad y por tanto ciudadanos. Hipótesis que nos conducen a reconocer en los sucesos de estos días comportamientos propios de las guerras híbridas, encubiertas…animadas por países que no dan la cara, y que se activan desde hace años contras las democracias liberales y socialdemócratas. Un caso más, acaso extremo, a tener en cuenta cuando examinamos y construimos alianzas internacionales, de las acciones oscuras que son lanzadas para socavar y polarizar nuestras sociedades, en la confianza de que mediante ellas se neutralizarán las oposiciones a determinadas condiciones económicas, a determinadas iniciativas que amparan el crecimiento exponencial de las riquezas de contadas personas, que se nutren paradójicamente en parte del elevado aumento de la circulación de flujos en las redes sociales, provocados por esta crisis geopolítica, que no migratoria.

Convendrá no olvidar los hechos de estos días y estar atentos a cuando aparezcan los hilos que nos conduzcan a sus impulsores.

Entre tanto, y si no queremos facilitar el éxito de quienes calientan las redes, urge resolver las situaciones creadas a los residentes en la ciudad de Ceuta, y las situaciones también extremas que viven quienes movidos por esas mismas redes, aún permanecen en condiciones inhumanas en la ciudad. Para ello urge demostrar que la sociedad española es capaz de facilitar un trato digno a quienes se han visto atrapados en la trampa en que hoy se hallan.

Es probable que en las tensiones geopolíticas, y políticas, que se han de vivir los próximos meses, este tipo de situaciones, con modalidades iguales o parecidas, vuelvan a repetirse. Facilitar la transparencia que rodean estas circunstancias, asegurar la eficacia a la atención de las personas atrapadas en estos siniestros enredos y evitar polarizaciones inducidas en pro de supuestos principios políticos (siniestros a menudo, cuando no ausentes simplemente en la mayoría de las invocaciones), es una tarea crítica en estas semanas y en los meses venideros.

Málaga no se entiende hoy sin el turismo. En 2025 la Costa del Sol recibió 14,65 millones de visitantes y generó más de 21.800 millones de euros; detrás hay empleo, riqueza y uno de los grandes éxitos económicos de la provincia. Pero ese desarrollo produce también tensiones en el agua. La sequía reciente mostró hasta qué punto puede convertirse en un límite: hubo restricciones, reducciones de dotaciones y embalses que durante meses nos obligaron a mirar al cielo. Finalmente llovió, las reservas se recuperaron y empezamos a olvidarlo.

La planificación de la sequía ofrece un ejemplo revelador. Desde 2010, la Ley de Aguas de Andalucía obliga a los municipios o sistemas supramunicipales de más de 10.000 habitantes a disponer de planes de emergencia. Sin embargo, cuando la escasez volvió a golpear con fuerza en 2022, sistemas tan importantes como la Axarquía o la Costa del Sol Occidental seguían sin culminarlos. Después se ha avanzado, pero la lección permanece: el plan que necesitamos cuando el embalse está vacío es el que deberíamos haber preparado cuando todavía llueve. Gestionar el agua exige memoria institucional.

Este agosto, Málaga capital ha ofrecido otra imagen de esa vulnerabilidad. Seis playas tuvieron que cerrar al baño tras detectarse concentraciones elevadas de E. coli después de las lluvias del día 15. El Ayuntamiento explicó que la tormenta provocó alivios en distintos puntos de la red. Parte del saneamiento sigue siendo unitario y, cuando una precipitación intensa supera su capacidad hidráulica, los aliviaderos cumplen una función de seguridad, aunque puedan trasladar contaminación al medio receptor. Conviene ser precisos: este episodio corresponde a Málaga capital y no puede extrapolarse sin más al conjunto de la Costa del Sol. En julio, Marbella registró también una incidencia microbiológica puntual, resuelta pocos días después, sin que deba atribuirse automáticamente al saneamiento.

También conviene reconocer que EMASA no parte de cero. La empresa municipal viene ejecutando separación de redes, nuevos colectores y mejoras de aliviaderos, y prevé seguir aumentando la red separativa junto con tanques de tormenta y otras soluciones de retención. Adaptar una ciudad consolidada exige tiempo e inversión sostenida. El reto es mantener una política inversora estable y acompasada con el crecimiento.

La nueva Directiva europea sobre aguas residuales urbanas refuerza esa dirección. España deberá transponerla antes del 31 de julio de 2027 y las aglomeraciones de 100.000 habitantes equivalentes o más deberán disponer, antes de finalizar 2033, de planes integrados que aborden también los desbordamientos de aguas de tormenta. La norma exige reducirlos mediante prevención, almacenamiento, optimización de infraestructuras y soluciones verdes y azules. 2033 puede parecer lejano, pero para las infraestructuras hidráulicas es prácticamente mañana: diagnosticar, proyectar, autorizar, financiar y ejecutar consume años.

El saneamiento no depende de una única Administración ni termina en una depuradora. Hay redes municipales, aliviaderos, bombeos, sistemas supramunicipales, EDAR y puntos de vertido, con competencias y responsabilidades diferentes en cada tramo

El episodio de las playas sirve para abrir el foco. Málaga ha crecido durante décadas en población, urbanización, actividad económica y demanda de servicios. La pregunta es si sus infraestructuras de agua han crecido con ella. Un territorio sometido a fuertes puntas estacionales necesita dimensionar redes, bombeos, colectores y depuradoras atendiendo a habitantes equivalentes, caudales punta, cargas contaminantes y escenarios reales de crecimiento. Y necesita margen. Llevar permanentemente un sistema cerca de su límite reduce su resiliencia.

El último análisis de Ecologistas en Acción sobre las EDAR andaluzas permite medir mejor otra dimensión del problema. Málaga alcanza un 89,1% de población beneficiada por depuradoras construidas o en construcción, una cobertura elevada, aunque inferior a la media andaluza, situada en el 93,1%. Pero disponer de infraestructura no significa necesariamente que funcione conforme a las exigencias de calidad. De las 43 depuradoras malagueñas de más de 2.000 habitantes equivalentes con datos disponibles en REDIAM, solo 21 cumplen la normativa y 22 no. Málaga no llega así al 49% de conformidad y se sitúa en 2025 como la provincia andaluza con peor grado de cumplimiento. Desde 2013 ha perdido casi 23 puntos porcentuales de conformidad.

Detrás de estas cifras hay problemas distintos —carga orgánica, sólidos, nutrientes, reparación, adecuación o ampliación— y sería injusto reducirlos a una única causa. Pero algunos casos son reveladores en un territorio de enorme presión turística. La EDAR de La Víbora, que presta servicio a Marbella, Mijas y Ojén, trata alrededor de 105.000 metros cúbicos diarios, está dimensionada para unos 525.000 habitantes equivalentes y aparece por primera vez como no conforme en el análisis de 2025. En Frigiliana, el informe recuerda que la instalación había alcanzado el límite de su capacidad y que las actuaciones realizadas no han resuelto los incumplimientos. Son situaciones distintas, pero plantean la misma cuestión: cuánto margen dejamos a infraestructuras sometidas a fuertes variaciones estacionales y a territorios que continúan creciendo.

Aquí aparece también la gobernanza. El saneamiento no depende de una única Administración ni termina en una depuradora. Hay redes municipales, aliviaderos, bombeos, sistemas supramunicipales, EDAR y puntos de vertido, con competencias y responsabilidades diferentes en cada tramo. Se necesita, por tanto, planificación coordinada entre entidades locales, entes supramunicipales, comunidad autónoma y Estado, pero coordinación no significa diluir responsabilidades: cuando una Administración asume la ejecución de una infraestructura imprescindible, su retraso condiciona también la capacidad de las demás para cumplir sus propias obligaciones. Allí donde existe gestión privada o mixta, las administraciones deben conservar capacidad técnica para controlar y exigir inversiones; y donde la gestión es pública debemos exigirnos el mismo rigor y anticipación. Ningún contrato sustituye una política pública del agua.

Transformar estos sistemas exige inversión, pero también mantenerla en el tiempo y convertirla con anticipación en infraestructura efectiva. Suelos, evaluación ambiental, expropiaciones, autorizaciones, convenios, proyectos, licitación y construcción pueden consumir años. Precisamente porque conocemos esos plazos tenemos que empezar antes.

No podemos esperar a la próxima sequía, al siguiente vertido o a otra bandera roja para volver a acordarnos del agua. Málaga necesita inversión, planificación, capacidad de ejecución y cooperación institucional ahora, cuando todavía tenemos margen para anticiparnos

Málaga Norte resume esta realidad. Concebida como una gran infraestructura supramunicipal para cinco municipios, la solución prevista en la Vega de Mestanza quedó anulada judicialmente después de años de tramitación. La necesidad permanece y llegar tarde también cuesta dinero. El retraso en resolver el incumplimiento asociado a Alhaurín el Grande seguía suponiendo, según la última información oficial disponible, más de 634.000 euros de multa cada seis meses, después de acumular ya 17,5 millones de euros en sanciones. En 2010 se declararon además 47 actuaciones agrupadas de saneamiento y depuración de interés autonómico en Málaga, con alrededor de 390 millones de euros de inversión prevista, y más de quince años después el proceso aún no puede darse por concluido.

Por eso aparece inevitablemente el canon de mejora. A cierre de 2024, la diferencia entre los ingresos acumulados del canon y la inversión financiada con cargo a él alcanzaba 597,09 millones de euros, mientras la Cámara de Cuentas cifraba en 678,28 millones la desviación de financiación acumulada. En 2023 el canon quedó bonificado al 100%, dejando de recaudarse alrededor de 140 millones de euros mediante un tributo afectado a infraestructuras hidráulicas, y en 2026 se amplió temporalmente su destino para determinadas actuaciones vinculadas a daños por inundaciones.

Son decisiones que pueden tener razones atendibles. Pero es legítimo preguntarse si, mientras persiste un déficit histórico de saneamiento y depuración, no debemos preservar la capacidad inversora del propio sistema del agua. El problema no es solo cuánto se recauda, sino cuánto tarda ese dinero en convertirse en infraestructura y si somos capaces de anticiparnos. En materia de agua sigue siendo válida una idea sencilla: el dinero del agua debe volver al agua.

El debate no debería terminar en un intercambio de reproches. Necesitamos cooperación institucional exigente, prioridades transparentes y capacidad de ejecución. Los operadores, las organizaciones sociales y profesionales y la universidad debemos aportar conocimiento y colaborar en las soluciones. Ser un interlocutor crítico no significa situarse enfrente de quien toma las decisiones: significa señalar con rigor lo que no funciona, reconocer lo que sí se está haciendo y contribuir a que las soluciones lleguen antes.

Málaga ha sabido construir uno de los grandes destinos turísticos de Europa y ese éxito debe ser motivo de orgullo. Precisamente por ello necesita sistemas de agua urbana capaces de acompañarlo. Una sequía puede terminar cuando vuelve la lluvia, una playa puede reabrirse cuando mejora una analítica y una emergencia puede desaparecer de los titulares. Lo difícil de recuperar es el tiempo perdido.

No podemos seguir llegando tarde. No podemos esperar a la próxima sequía, al siguiente vertido o a otra bandera roja para volver a acordarnos del agua. Málaga necesita inversión, planificación, capacidad de ejecución y cooperación institucional ahora, cuando todavía tenemos margen para anticiparnos. Porque la verdadera resiliencia no consiste únicamente en responder bien a la siguiente crisis, sino en haber hecho antes el trabajo necesario para que sus consecuencias sean menores.

El pasado 14 de agosto, junto con Antonio Maíllo, portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, y Marcos Toti, coordinador provincial de IU Huelva, estuve en el teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real. Allí nos encontramos con un grupo de vecinos y vecinas del pueblo, ayudando a lo que hiciera falta para mejorar la vida del grupo de personas evacuadas por causa del incendio, fundamentalmente de Berrocal.

Esas personas estaban en aquel momento en sus localidades, porque les habían autorizado a ir durante unas horas para que se hicieran una idea de cómo había quedado el terreno después del paso del fuego, por todo el territorio de su espacio vital.

Pudimos hablar con una psicóloga, nacida en Zalamea, pero viviendo actualmente en Cataluña y que en verano vuelve a su pueblo. Este año, una parte de sus vacaciones, ha discurrido como voluntaria aportando todo lo que su conocimiento y su experiencia en situaciones parecidas tiene, para mejorar la estancia a esas personas, casi todas ellas mayores de 50 años, en un espacio que no estaba previsto para ser de acogida pero que se había convertido, en palabras de esta mujer, en un espacio de convivencia comunitaria.

El vestíbulo del teatro era la zona donde compartían la vida diaria y todo el recinto del patio de butacas y el escenario se había convertido en el espacio personal de cada grupo familiar. En esa parte del teatro tenían colchones, que habían sustituido a unas camillas de lona insufribles el día anterior a nuestra visita. El espacio no tenía acondicionamiento de aire en el vestíbulo y habían colocado un aparato enorme de aire acondicionado para que el lugar fuera mínimamente habitable.

Presenciamos cómo volvían al teatro las personas evacuadas. Llegaron silenciosamente y con cara de preocupación pero sin aspavientos. Una de ellas, padre del alcalde de Berrocal, traía un cubo lleno de tomates y de pimientos verdes y rojos, que no sabemos muy bien cómo se habían salvado de la quema. Estoy seguro que el picadillo de esos tomates y pimientos iban a recompensarlos de todas las necesidades que habían pasado durante esos días.

El incendio, sus causas y sus consecuencias

Zalamea se ha convertido en el testigo preocupado de una situación que ya años atrás se había presagiado. Un vecino de Berrocal, Juan Romero, prestigioso miembro de Ecologistas en Acción, lo había publicado casi un año antes. No se trata de ser profeta, ni siquiera tener dotes de adivino, se trata de conocimiento del terreno que habita, se trata de preocupación por tener una naturaleza al servicio del bien común y, sobre todo de mesura y decir pocas sandeces y tonterías como hemos tenido que escuchar por radio, televisión, redes sociales e internet, de boca de los miembros del gobierno de la Junta de Andalucía. Una de ellas la dijo Moreno Bonilla el viernes antes mencionado, en una declaración oficial, tras nueve días desaparecido de Niebla, lugar donde radicaba el Puesto de Mando Avanzado: “El eucalipto es un árbol que debemos erradicar de nuestros campos”. A estas fechas, tras ocho años de gobierno del PP en Andalucía, no distingue un campo de un monte.

Bueno es que reconozca algo que en ecología y en Andalucía sabemos desde hace muchos años: ese tipo de árbol es un problema mortal para nuestros montes. Se plantaron para surtir de madera a la fábrica de Celulosas (ENCE) de San Juan del Puerto y han sido abandonados, la mayoría por sus dueños por ser tierra infértil y seca sin remedio, como dice Juan Romero en el artículo mencionado más arriba, los eucaliptos convierten a las zonas sembradas en “bosques butaneros”.

Más claro imposible: los montes de abundantes bosques de eucaliptos se convierten en presa fácil del fuego. Son espacios con una cantidad enorme de combustible vegetal sobre terrenos desecados que convierten los montes en terrenos rellenos de matorrales y que en esta situación actual de cambio climático, son el perfecto caldo para los incendios explosivos que ha producido la catástrofe del incendio de Berrocal, que no de Niebla. Niebla apenas ha sentido la presencia del fuego, mientras que Berrocal ha sido el eje central, de estos días, de llamas incontroladas.

A todo este panorama hemos de añadir la torpeza y postura de superioridad que ha mostrado el consejero de Emergencias y su equipo. Los escasos recursos, tanto en bomberos como en medios aéreos que había puesto la Junta de Andalucía, con el añadido de un increíble desconocimiento del terreno, les llevó a retrasar día y medio la solicitud de presencia de la UME. Las declaraciones del consejero Antonio Sanz, inconexas y con medias verdades en los dos primeros días, tuvo como consecuencia que el fuego creciera hacia el norte, alejándose cada vez más de Niebla hasta convertir el centro del incendio a la localidad de Berrocal.

Es muy lamentable que no se solicitara a tiempo la presencia de la UME a sabiendas de que iba a ser necesaria, por aquello de no colaborar con el Gobierno central, aunque ahora el presidente Moreno Bonilla declare que la coordinación de todas los recursos ha impedido que el fuego continuara más días. ¿Le parece bien a Moreno Bonilla que el fuego haya durado diez días y haya calcinado casi 40.000 has? Esas cifras son las de un fracaso absoluto porque el lugar estaba marcado por las circunstancias de los incendios anteriores, el último de ellos el pasado año 2025.

¿Y ahora qué?

Tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, que nos decía que lo que se vaya a hacer ahora debe quedar muy claro y transparente para todos los afectados. Por un lado, los ayuntamientos deben actuar de manera coordinada con las acciones de las instituciones del estado, de la Junta y de la provincia y, por otro, hay que evitar que haya agravios comparativos. Han tenido la experiencia de años anteriores que los ayuntamientos han conveniado individualmente y eso ha tenido como consecuencia que muy poco haya cambiado después de los incendios precedentes. Es una advertencia importante.

En segundo lugar, es vital hacer una evaluación real de las tierras y enseres afectados, porque en un espacio tan grande hay diversidad de propiedades, desde la propiedad pequeña, personal o familiar que puedan ser residencia habitual o segunda residencia, hasta propiedades enormes de fincas abandonadas a su suerte, que en buena medida son la causa de la extensión del incendio, así como espacios públicos municipales, de la Junta o del Estado que conjuntamente deberían ser el motor de un cambio de modelo productivo más sostenible y equitativo. Las decisiones en este espacio son claves para conseguir la resiliencia necesaria para el territorio y las personas que lo habitan.

En tercer lugar hay que emprender un plan de empleo, como ha planteado el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, con la puesta en marcha de un grupo de trabajo que dé soluciones administrativas conjuntas. En este asunto es primordial que nada ni nadie quede atrás. Por eso el plan de empleo es fundamental, porque podría garantizar la posibilidad de seguir habitando el lugar, si los espacios se han quemado y en la mayoría de los casos estos son la base del trabajo de los pueblos y de las personas. No hacerlo obligará a la gente a marcharse de esas localidades. Y que se haga por acuerdos de colaboración entre las instituciones que están obligadas a actuar.

En tiempos de negación de emergencia climática es más valioso lo que se haga en común, porque quitará razones a aquellos que su único interés es proteger a las grandes corporaciones y a las empresas especulativas que ya estarán haciendo planes para quedarse con la mayor parte del pastel económico que se ponga a disposición. Hay ejemplos de esta manera de actuar en toda la provincia de Huelva, por ello es necesario conseguir este tipo de acuerdos.

Y, en cuarto lugar, que no debe ser el último, hay que intervenir en el territorio para cambiar las prácticas forestales dañinas para el bosque. Hay grupos, científicos y técnicos de mucha garantía que podrán hacer propuestas más concretas para que los bosques cumplan su misión original, recuperar de manera sostenible con especies adecuadas al lugar y poner en marcha proyectos industriales ligados a la sostenibilidad y a las energías renovables. Es una oportunidad que nos obliga a todas a volcarnos con las soluciones.

El asesinato de Franyel, una mujer trans venezolana de 35 años, presuntamente a manos del hombre que era su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), nos ha situado ante una realidad que creíamos que las instituciones españolas habían comenzado a superar hace mucho tiempo. La investigación, inicialmente abordada en el ámbito de la violencia sobre la mujer, terminó siendo derivada a la jurisdicción ordinaria porque en la documentación de Franyel continuaba figurando sexo masculino.

Desde la Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) entendimos que no podíamos aceptar que la respuesta ante el asesinato de una mujer quedara condicionada por una mención administrativa. Por ello hemos presentado escritos ante el órgano judicial que conoce de las actuaciones y ante la Fiscalía, solicitando que se valore la competencia del órgano especializado en Violencia sobre la Mujer.

También hemos trasladado el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, porque lo que suceda con Franyel no es únicamente una cuestión procesal, afecta al alcance mismo de nuestro sistema público de protección frente a la violencia machista. A estas actuaciones hemos sumado ahora un escrito dirigido a Flor de Torres Porras, Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, y lo hemos hecho porque existe un antecedente jurídico de enorme importancia que procede, además, de la propia Fiscalía General del Estado.

Excluirla de esa protección por su situación documental supondría, en palabras de aquella resolución recogidas posteriormente por la Fiscalía General del Estado, “desconocer una realidad social”

La Circular 6/2011, de 2 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación con la violencia sobre la mujer, dedica expresamente un apartado a las mujeres trans. La Circular contempla incluso el supuesto de mujeres trans extranjeras que no hayan podido acceder a la rectificación registral y establece un criterio esencial: la ausencia de esa rectificación no puede determinar automáticamente que una mujer trans quede fuera de la consideración de víctima de violencia de género. Hay un dato especialmente significativo: para fundamentar ese criterio, la propia Fiscalía se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 3 de mayo de 2010.

El caso afectaba a una mujer trans extranjera que había denunciado al hombre con el que mantenía una relación sentimental y cuya documentación oficial no reflejaba su identidad como mujer. Se discutió qué órgano judicial debía conocer del asunto y la Audiencia Provincial determinó que correspondía al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Excluirla de esa protección por su situación documental supondría, en palabras de aquella resolución recogidas posteriormente por la Fiscalía General del Estado, “desconocer una realidad social”. Quince años después, en la misma provincia, volvemos a encontrarnos ante una cuestión que guarda una similitud difícil de ignorar.

Pero existe ahora un elemento añadido. La Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar el sexo registral en sus países de origen a adecuar esa mención en los documentos expedidos en España, la propia ley dio al Gobierno un año para habilitar el procedimiento necesario. Ese plazo no se cumplió y el procedimiento que permitió hacer efectivo ese derecho en la documentación policial de las personas extranjeras no llegó hasta julio de 2026, más de tres años después de aprobada la ley. Por tanto, durante esos años las personas trans extranjeras se encontraron con un derecho reconocido legalmente que no podían ejercer de manera efectiva porque el Estado no había habilitado el procedimiento necesario para hacerlo.

Esa es la realidad que también debe formar parte del análisis del caso de Franyel. No puede utilizarse ahora la falta de adecuación documental como argumento para excluirla del ámbito de la violencia de género cuando, hasta fechas prácticamente inmediatas a su asesinato, el propio Estado no había hecho efectivo el mecanismo que debía permitir esa adecuación.

Lo que suceda con Franyel no es únicamente una cuestión procesal, afecta al alcance mismo de nuestro sistema público de protección frente a la violencia machista

Sería difícil encontrar una contradicción mayor, primero impedir en la práctica el ejercicio de un derecho por falta de desarrollo administrativo y después hacer recaer sobre la persona las consecuencias de no haber podido ejercerlo.

Todo esto es lo que hemos trasladado a Flor de Torres. Hemos pedido que se valore la aplicación al caso de Franyel de la Circular 6/2011 de la propia Fiscalía General del Estado, el precedente de la Audiencia Provincial de Málaga, la legislación actualmente vigente y la particular situación que durante años han soportado las mujeres trans extranjeras y hemos solicitado que, dentro de las competencias del Ministerio Fiscal, se valoren las actuaciones necesarias para que la causa sea conocida por el órgano especializado en Violencia sobre la Mujer.

Pero el caso de Franyel también nos obliga a mirar más allá de un procedimiento judicial concreto, porque aquí aparece una cuestión que quienes llevamos décadas en el activismo trans conocemos muy bien: las sociedades pueden cambiar más rápido que las estructuras que las administran. España ha cambiado enormemente en su relación con las personas trans, quienes venimos de una época en la que ser trans significaba prácticamente vivir en los márgenes sabemos medir ese cambio mejor que nadie.

Hoy nuestras vidas forman parte de la cotidianeidad de millones de personas, somos compañeras de trabajo, vecinas, madres, padres, hermanas, amigas, estamos en los centros educativos, en las empresas, en las universidades, en las asociaciones y en las instituciones, y existe una sociedad mucho más empática y respetuosa con las personas trans de lo que determinados discursos interesados quieren hacernos creer.

Claro que sigue existiendo transfobia y estamos viviendo una reacción organizada que pretende convertir nuestros derechos en un campo permanente de batalla política, pero sería un error permitir que ese ruido ocultara el enorme cambio cultural que se ha producido. La sociedad española sabe perfectamente que una mujer trans es una mujer trans sin necesidad de pedirle antes el DNI, esa normalidad social existe y es una conquista colectiva. El problema es que determinados engranajes institucionales todavía funcionan con categorías, procedimientos y automatismos construidos para otra sociedad y ahí está, a mi juicio, uno de los retos fundamentales de esta nueva etapa de la lucha trans.

Reconocer un derecho no basta, hay que garantizar las condiciones para poder ejercerlo

Durante décadas tuvimos que pelear para cambiar las leyes, ahora tenemos que conseguir que el cambio llegue hasta el último engranaje que las aplica, a los procedimientos administrativos, a la formación de quienes toman decisiones, a las bases de datos, a los protocolos policiales, a la práctica judicial y a todos esos lugares aparentemente pequeños donde un derecho puede convertirse en realidad o quedarse simplemente escrito en un boletín oficial.

No se trata de forzar las leyes para acomodarlas a una reivindicación política, es justamente lo contrario. El propio artículo 3 del Código Civil establece que las normas deben interpretarse atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y, fundamentalmente, a su espíritu y finalidad. Y la finalidad de una legislación contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a una violencia que se ejerce sobre ellas, no convertir una casilla administrativa en una frontera infranqueable para esa protección.

El caso de Franyel nos recuerda además algo que el movimiento trans lleva mucho tiempo diciendo: reconocer un derecho no basta, hay que garantizar las condiciones para poder ejercerlo. El artículo 50 estuvo escrito durante más de tres años mientras las personas a quienes iba dirigido seguían esperando el procedimiento que debía convertirlo en realidad. Esa distancia entre la ley y la vida es precisamente la que tenemos que cerrar.

Quizá esa sea la transformación que ahora necesitamos: ya no solamente conquistar derechos nuevos, sino revisar estructuras antiguas, conseguir que las políticas públicas incorporen de verdad una sociedad que es más diversa, más abierta y también más empática de lo que algunas instituciones todavía parecen preparadas para gestionar.

Franyel no puede convertirse únicamente en el nombre de una injusticia, su caso debe servir para corregir aquello que ha fallado y para que ninguna otra mujer trans migrante vuelva a encontrarse atrapada entre una realidad que todo el mundo puede ver y una burocracia que llega demasiado tarde.

Blas Infante luchó como nadie para que Andalucía tuviera su propio autogobierno. Eso le costó la vida. 90 años después de su cobarde asesinato, la ultraderecha que reniega de nuestra autonomía y mancha su nombre, gobierna en Andalucía. Moreno Bonilla deshonra este aniversario al haber acordado que un representante de Vox se siente en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por la que Infante dio su vida.

Cuando la ultraderecha interior y global amenazan a España y a la UE, a través de una oposición que no acepta que la izquierda pueda gobernar y ha ensamblado una coalición reaccionaria para deslegitimar al Gobierno desde el primer momento, y Trump, Netanyahu y los tecnoligarcas han ensayado a guerra híbrida desatada sobre Ceuta y Melilla, esta Junta de Andalucía se ha convertido en la terminal de la reacción en nuestra tierra.

El reciente pacto entre Moreno y Vox se basa en la negación del cambio climático mientras que los andaluces y andaluzas sufrimos un calor insoportable, que además potencia incendios devastadores que ya han costado 12 muertes este verano o niega la violencia machista a pesar de que en Andalucía se suceden los asesinatos y la violencia machista. Somos la comunidad autónoma donde más asesinatos machistas: se han registrado desde 2003, 290 mujeres asesinadas. El pasado año en Andalucía fueron asesinadas 15 mujeres y diez ya en lo que llevamos de 2026.

El pacto entre PP y Vox le da la espalda a la realidad de Andalucía que afronta una encrucijada de problemas que se retroalimentan. Seguimos en una desigualdad estructural, debida un modelo productivo dependiente que ha apostado todo por el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria y la innovación, que causa entre otras consecuencias un desempleo que persiste como una herida crónica.

Van a seguir privatizando y deteriorando la sanidad y la educación públicas, que arrastran déficits crónicos de inversión

Son indiferentes ante el brutal encarecimiento de la vivienda y de la alimentación que golpea a las familias trabajadoras y demuestra que la inflación se vive de forma desigual: el salario real medio ya no mide el bienestar cuando lo esencial concentra el presupuesto.

Siguen fomentando un turismo masivo que tensa los servicios públicos municipales y el mercado de la vivienda, al reconvertir miles de alojamientos en vivienda de uso turístico.

Niegan la crisis climática que castiga sobre todo a los barrios vulnerables con una gestión del urbanismo en las grandes ciudades andaluzas donde gobierna el PP que obvia la emergencia climática y se olvida de los barrios.

Van a seguir privatizando y deteriorando la sanidad y la educación públicas, que arrastran déficits crónicos de inversión.

Ignoran que las infraestructuras ferroviarias y de transporte reclaman un impulso decidido, al igual que la transición a energías renovables y la electrificación, en un contexto de precios volátiles del petróleo.

Rechazan las propuestas de mejora de la financiación autonómica y de la quita de deuda, solo por seguir confrontando con el Gobierno de coalición.

Por todo ello, Andalucía necesita un proyecto de país que ponga la vida digna en el centro.

Defendemos listas unitarias de toda la izquierda en el Senado, una cámara cuya actual fórmula de elección distorsiona gravemente la proporcionalidad

Hay que organizar desde ahora la oposición al Gobierno de Moreno Bonilla con mucha más contundencia, con la urgencia de estar preparados incluso para un adelanto electoral en Andalucía, construyendo una mayoría social progresista que se proyecte en una mayoría electoral.

Las elecciones generales y municipales en 2027 son cruciales para Andalucía y para la defensa de la democracia en España y en la Unión Europea. La izquierda tiene que echar el resto para ganarlas. Defendemos listas unitarias de toda la izquierda en el Senado, una cámara cuya actual fórmula de elección distorsiona gravemente la proporcionalidad.

Para ganar las elecciones necesitamos construir un potente movimiento político-social que proporcione espacios para ampliar la dimensión participativa y representativa de la ciudadanía, para la movilización del electorado progresista, construyendo una relación de confianza y cercanía con la gente corriente, aportando la esperanza de que juntas podemos mejorar, ofreciendo más seguridad frente a la situación actual de incertidumbre, desde la identificación de objetivos comunes adaptados a la sociedad actual.

Queremos impulsar que Por Andalucía sea una organización político-electoral estable, con entidad propia, que dé el salto desde la coalición a la convergencia con una estructura organizativa democrática y participativa.

Queremos una Andalucía por sí, con una autonomía no solo jurídica sino también estratégica, con un proyecto reformista para España y la Unión Europea

Reivindicamos que Por Andalucía sea una organización andaluza 100%, un sujeto andaluz que comparta un andalucismo democrático, ni chovinista ni excluyente, para el empoderamiento de Andalucía en un horizonte federal y que se integre como tal en la urgente coalición a nivel estatal de la izquierda alternativa.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz aportamos una propuesta política que vaya más allá de las competencias autonómicas pero que son importantes para la vida de los andaluces y andaluzas porque donde acaban nuestras competencias, comienzan nuestras incumbencias.

Ese es nuestro homenaje a Blas Infante en este 90 aniversario de su asesinato. Siguiendo sus enseñanzas queremos una Andalucía por sí, con una autonomía no solo jurídica sino también estratégica, con un proyecto reformista para España y la Unión Europea desde la democracia y el federalismo, que contribuya a la transición ecológica universal para la justicia social.

Hay decisiones que definen a un Gobierno. Y hay decisiones que retratan a un presidente.

Juanma Moreno lleva años intentando convencer a los andaluces de que él es la derecha moderada. El dirigente que pone distancia con Vox. El político sensato que representa una derecha homologable, tranquila y alejada de los extremos.

Pero cuando le llega la hora de mantenerse en el gobierno, los hechos vuelven a desmontar el relato.

Moreno Bonilla ha decidido entregar a Vox las competencias relacionadas con la violencia de género. Y entre ellas, una pieza especialmente sensible: las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.

No estamos hablando de una competencia administrativa menor. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia machista. De sus hijos e hijas. De profesionales que evalúan el daño físico y psicológico sufrido, las consecuencias de la violencia sobre los menores y el riesgo y la peligrosidad del agresor. De informes que pueden ser determinantes para que un juez adopte decisiones que afectan a la protección y seguridad de la víctima.

Y esto debería bastar para que cualquier presidente responsable tuviera muy claro que hay cosas con las que no se juega.

Fue la respuesta de una sociedad que decidió que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas requiere una respuesta específica, especializada y coordinada

Estas unidades forman parte de un modelo de protección construido durante décadas. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, estableció un sistema especializado para afrontar esta violencia que Andalucía desarrolló con su propia Ley en 2007.

No fue una ocurrencia. No fue una moda. No fue una cuestión partidista.

Fue la respuesta de una sociedad que decidió que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas requiere una respuesta específica, especializada y coordinada. Y ahora Juanma Moreno pone una parte de esa responsabilidad en manos de un partido que lleva años diciendo exactamente lo contrario.

Vox quiere derogar la Ley Integral contra la Violencia de Género. Vox ha defendido sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar. Vox ha cuestionado reiteradamente la existencia misma de una violencia específica contra las mujeres y ha atacado las políticas públicas que se han construido para combatirla. No es una interpretación del PSOE. No es una exageración. Es lo que Vox ha defendido públicamente y lleva en sus programas.

no es lo mismo que las políticas contra la violencia machista estén dirigidas por quien reconoce su especificidad y defiende su protección integral, que ponerlas bajo la responsabilidad de un partido como Vox

Por eso la pregunta que Juanma Moreno tiene que responder no es qué hará Vox con las unidades de valoración. La pregunta es mucho más sencilla: ¿por qué ha decidido poner esta responsabilidad en sus manos?

Moreno Bonilla sabía perfectamente lo que piensa Vox cuando le entregó Justicia. Lo sabía cuando negoció su apoyo. Lo sabía cuando repartió las responsabilidades de Gobierno. Y, aun así, lo hizo.

Después vendrán las excusas. Nos dirán que los profesionales seguirán trabajando. Que las leyes siguen vigentes. Que las unidades continuarán funcionando.

Pero nadie está discutiendo la profesionalidad de quienes trabajan en ellas. Estamos discutiendo quién tiene la responsabilidad política de dirigirlas y qué concepción de la violencia de género tiene ese Gobierno.

Andalucía no puede retroceder en la lucha contra la violencia de género. Necesita más recursos para las víctimas. Necesita reforzar las unidades de valoración

Porque no es lo mismo que las políticas contra la violencia machista estén dirigidas por quien reconoce su especificidad y defiende su protección integral, que ponerlas bajo la responsabilidad de un partido como Vox que quiere eliminar precisamente el marco legal que las sustenta.

Y esto es lo verdaderamente grave. Moreno Bonilla ha convertido la protección de las mujeres en una pieza más de su negociación política con Vox. Ha decidido que el precio de mantenerse en el poder puede pagarse con los derechos de las mujeres.

Andalucía no puede retroceder en la lucha contra la violencia de género. Necesita más recursos para las víctimas. Necesita reforzar las unidades de valoración. Necesita más profesionales y mejor coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas de seguridad y administraciones. Necesita instituciones que estén a la altura de las mujeres que acuden a ellas cuando más lo necesitan.

Y necesita, sobre todo, que nadie tenga dudas sobre una cuestión fundamental: la violencia de género existe. Tiene unas características concretas. Tiene unas causas concretas. Y por eso necesita políticas específicas.

Que Juanma las haya puesto en manos de quien niega esta necesidad, lo retrata definitivamente: no es un moderado, es un irresponsable.

Imputaciones, investigaciones judiciales, comisiones parlamentarias, filtraciones y acusaciones cruzadas forman parte de la actualidad política española. Mientras unos denuncian campañas de persecución política y otros exigen responsabilidades, la ciudadanía asiste a un escenario que vuelve a situar la confianza en los representantes públicos en el centro del debate.

Más allá de nombres propios, partidos y campañas de comunicación, estos episodios actúan como un recordatorio de una realidad que muestran las encuestas desde hace años: la profunda desconfianza que una parte importante de la ciudadanía siente hacia la clase política. Lejos de ser acontecimientos aislados, contribuyen a reforzar la percepción de que representantes y representados habitan mundos cada vez más distantes.

Con independencia de la fuente consultada, ya provenga de instituciones públicas o de empresas privadas de investigación, los estudios coinciden en reflejar una percepción persistentemente negativa de la ciudadanía hacia la política en general y hacia los políticos en particular.

Según la IV Encuesta sobre la Calidad de la Democracia en España, publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas el 6 de julio de 2026, el 75,3% de las personas encuestadas está “muy o bastante de acuerdo” con la afirmación de que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente. Asimismo, solo un 20,5% se declara “muy o bastante” satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, frente a un 56,9% que afirma estar “poco o nada” satisfecho.

Ante este diagnóstico, ya no bastan campañas de comunicación en Instagram y TikTok o estrategias orientadas a mejorar la imagen pública. La cuestión de fondo es otra: ¿está la clase política dispuesta a asumir que recuperar la confianza ciudadana exige mucho más que gestionar su reputación?

Como muestra el Gráfico 1, la desconfianza hacia los partidos políticos no constituye un fenómeno coyuntural, sino una tendencia consolidada a lo largo del tiempo. Desde 1996 a 2024, una amplia mayoría de la ciudadanía manifiesta tener “poca o ninguna confianza” en los partidos políticos, alcanzando valores superiores al 70% durante buena parte del periodo analizado. Aunque en 2024 se aprecia una ligera recuperación de la confianza respecto a los años anteriores, el predominio de la desconfianza continúa siendo muy acusado. Más que una fluctuación puntual de la opinión pública, estos datos reflejan un desafío estructural para la calidad de la democracia y para la relación entre representantes y representados.

Ante esta situación, es habitual escuchar diagnósticos rápidos. Se habla de apatía ciudadana, de desinterés por la política o de desencanto democrático. Sin embargo, quizá la pregunta más interesante no sea por qué la gente desconfía de los políticos, sino qué nos está diciendo esa desconfianza sobre la sociedad en la que vivimos.

La desconfianza no siempre es apatía

El malestar ciudadano no debe interpretarse únicamente como un problema. También puede entenderse como una señal de alerta. Cuando una parte importante de la población expresa desconfianza, cansancio, frustración o irritación hacia quienes la representan, está enviando un mensaje. Está diciendo que espera más de la política. Que no acepta determinados comportamientos. Y que no está dispuesta a dar por buenas ciertas explicaciones.

El libro Una mirada sociológica a la vida cotidiana, recientemente publicado por la editorial Síntesis, menciona que este hartazgo tiene una doble lectura. Por un lado, es preocupante porque erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Pero, por otro, revela que la ciudadanía sigue siendo crítica, exigente y capaz de cuestionar a quienes ejercen el poder.

Que la gente esté harta de la política no es necesariamente una mala noticia. Significa que sigue prestando atención. Que no traga con cualquier discurso. Que mantiene expectativas sobre quienes gobiernan y legislan. El verdadero problema aparece cuando esa frustración se cronifica y acaba convirtiéndose en resignación, cinismo o indiferencia.

La política que vemos y la política que existe

Cuando encendemos la televisión, abrimos una red social o leemos determinados titulares, la sensación es que la política española vive instalada en una confrontación permanente. Broncas parlamentarias, acusaciones cruzadas, declaraciones altisonantes y enfrentamientos que parecen no tener fin.

El libro La teatralización de la política en España (2024), propone una idea sugerente: gran parte del conflicto político que percibe la ciudadanía es, en realidad, una escenificación. La teatralización adopta formas muy diversas: insultos, descalificaciones, zascas, gestos exagerados, acusaciones personales o intervenciones diseñadas para convertirse en titulares y viralizarse en redes sociales. Todo ello forma parte de una lógica comunicativa que premia la visibilidad y la confrontación.

La paradoja es que, mientras la ciudadanía observa ese espectáculo, una parte importante de la actividad política transcurre por caminos mucho menos llamativos. Negociaciones, acuerdos, transacciones y votaciones compartidas que rara vez ocupan las portadas o los informativos.

Cuando el ruido ocupa todo el espacio, los acuerdos dejan de verse. Cuando el conflicto se convierte en espectáculo permanente, la ciudadanía acaba percibiendo que sus representantes están más preocupados por derrotar al adversario que por resolver problemas.

Por ello, la desafección política se alimenta de una combinación de factores: la percepción de que las instituciones no responden adecuadamente a determinadas demandas sociales, la creciente distancia entre ciudadanía y representantes, y la forma en que la política se comunica, se representa y se consume en la vida cotidiana.

Un malestar que va más allá de las urnas

Cuando esta percepción de distancia se prolonga en el tiempo, la desconfianza deja de afectar únicamente a la valoración de los representantes políticos. Poco a poco, comienza a condicionar la forma en que las personas se relacionan con la política, con las instituciones e incluso entre sí. Sus efectos trascienden el ámbito electoral y terminan proyectándose sobre la convivencia cotidiana.

No es casual que el informe Atlas de la Polarización 2025 mostrara que una parte importante de la población evita hablar de política para no discutir, abandona grupos de WhatsApp por cuestiones ideológicas o incluso rompe relaciones personales debido a diferencias políticas. Uno de cada cinco españoles vivió una discusión fuerte en las cenas de Nochebuena o Nochevieja del año anterior a la realización del informe.

La frustración colectiva puede convertirse entonces en un terreno fértil para propuestas que encuentran en el enfado una oportunidad política. Pero conviene no confundir las consecuencias con las causas. El problema principal no es que existan actores dispuestos a capitalizar el malestar. El problema es que existe un malestar previo que lleva años acumulándose.

Si la desconfianza responde a causas profundas y termina afectando al funcionamiento de la propia democracia, parece difícil pensar que pueda resolverse únicamente mediante campañas de comunicación o estrategias destinadas a mejorar la imagen pública de los representantes. La cuestión de fondo no es cómo parecer más cercanos, sino cómo volver a construir una relación de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

La credibilidad se construye lentamente. Requiere coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, transparencia, rendición de cuentas y una capacidad real para responder a los problemas que preocupan a la población. También exige una forma de hacer política en la que el acuerdo no quede eclipsado ni por el espectáculo ni por la confrontación permanente sustituya al debate público.

Quizá expresiones como “los políticos van a lo suyo” nunca desaparezcan por completo. Pero una democracia de calidad no puede resignarse a que formen parte del lenguaje cotidiano. La política necesita comunicar mejor, sí. Pero, sobre todo, necesita volver a hacerse de una manera que merezca la confianza de la ciudadanía.

Los maltratadores no dejan de innovar, por eso el terrorismo contra las mujeres es un problema estructural, transversal, una cuestión de Estado. Lo he visto con mis ojos, incrédulos ante tanta miseria humana: un agresor condenado por delitos de violencia de género, que utiliza la rectificación registral relativa al sexo con la finalidad de neutralizar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Esta conducta constituye una prolongación de la violencia ya declarada judicialmente, donde el ordenamiento jurídico pasa a ser un mecanismo más de ejercicio de la violencia, también institucional.

El artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, reconoció a las personas trans mayores de edad (y menores en ciertos casos) y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo.

Posteriormente la Ley 4/23, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.

Esta legislación avanzada es utilizada por algunos maltratadores, en este caso uno condenado por un Juzgado de lo Penal hace ocho años, y que ha perpetuado la violencia como modo de vida, que modifica su situación registral con el propósito de alterar la respuesta judicial frente a sus agresiones. Como consecuencia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº5 de Sevilla (ahora Plaza nº5 de la Sección de Violencia), supuestamente especializado, declara la incompetencia de estos juzgados para asumir la causa y adoptar las medidas interesadas tras denuncia interpuesta con posterioridad al cambio registral, ya que sería un asunto entre dos mujeres, y quedaría fuera de su ámbito de competencia.

Esta decisión la toma al amparo del artículo 46.2 de la Ley 4/23 que establece “La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición”. No ahonda más, no presta la diligencia debida, dejando desamparada a la víctima que acude buscando protección.

El debate no debe girar en torno a la identidad de género, ni al derecho de la personas trans a la rectificación registral, sino a la instrumentalización de la ley como mecanismo de dominación y de perpetuación de la misoginia

Por si fuera poco, omite la aplicación del artículo 46.3 que constituye una cláusula antifraude para casos de violencia de género al establecer que “La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

En este caso la mujer, reconocida como víctima de violencia de género por sentencia firme, queda desposeída de la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución española cuando el Juez permite al maltratador sustraerse a la jurisdicción especializada, perdiendo el acceso a un sistema procesal diseñado para su protección.

Interpretar que un cambio registral extingue la competencia especializada produce un deterioro de la protección de la víctima, difícilmente conciliable con las obligaciones del Estado derivadas del Convenio de Estambul y con la doctrina constitucional sobre la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿de qué tutela hablamos? ¿a qué protección nos encomendamos si la violencia institucional prolonga la ejercida por el terrorista doméstico?

Y luego está el fraude de ley. El artículo 6.4 del Código Civil impide obtener ventajas procesales mediante el uso instrumental de una norma, y es el poder judicial el obligado a impedir que esto ocurra. Si un agresor instrumentaliza una ley concebida para proteger derechos fundamentales con una finalidad fraudulenta, puede interpretarse dicha conducta como una manifestación más de la violencia de control y de la violencia institucional ejercida contra la víctima.

El debate no debe girar en torno a la identidad de género, ni al derecho de la personas trans a la rectificación registral, sino a la instrumentalización de la ley como mecanismo de dominación y de perpetuación de la misoginia. Pero la pregunta que debemos hacernos es si el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos suficientes para impedir que un maltratador condenado utilice ese derecho para seguir ejerciendo violencia. La respuesta es afirmativa, pero para ello harían falta juzgados determinados a hacer bien su trabajo. Y no están, ni se les espera.

Recientemente, en mi artículo “Sánchez Mejías no lo habría permitido”, reflexionaba a propósito de la inauguración del “Paseo de los Poetas” en la calle Tetuán de Sevilla, y subrayaba la necesidad de que se actuara con ecuanimidad y justicia, para no convertir ninguna presencia (por adecuada que sea) en el contrapunto de omisiones que, de inmediato, deberían repararse.

Hoy deseo completar aquellas líneas con otra posible ausencia que resultaría igualmente clamorosa: la de las extraordinarias mujeres poetas, artistas, pensadoras del momento cultural que situamos en torno al 27. Para que no tengamos que preguntarnos, cuando las placas comiencen a proliferar, dónde están las de aquellas mujeres que, codo a codo con sus compañeros de generación, fraguaron la modernidad literaria y artística de nuestra cultura .

Porque, aunque en la foto del Ateneo de diciembre de 1927 solo hay hombres, hay otras fotos igualmente significativas (como los homenajes a Lorca, Cernuda o Aleixandre) en las que la presencia de grandes creadoras es evidente e incuestionable. Y, sobre todo, ahí están sus importantes libros que las hacen merecedoras de figurar junto a los poetas de su generación.

Ya Gerardo Diego fue consciente de ello cuando, en la segunda edición (1934) de su emblemática antología Poesía española, dio un paso significativo -aunque claramente insuficiente- al incluir por primera vez a dos mujeres poetas -Josefina de la Torre y Ernestina de Champourcín- corrigiendo la ausencia inexplicable de voces femeninas en la primera edición de 1932.

Esta inclusión fue un tímido gesto de reconocimiento hacia la creación femenina de la generación, aunque dejó fuera a otras voces igualmente valiosas como Concha Méndez o Carmen Conde, por solo citar dos incuestionables. La propia Concha Méndez expresó en sus memorias el dolor de esa exclusión, recordando cómo muchos compañeros poetas las veían como “las mujeres de” sus maridos (Alberti, Altolaguirre, Domenchina, Oliver...), en lugar de como creadoras con voz propia. Y preparó en 1935 la Antología de poetisas del 27 que solo hemos conocido en edición facsímil, en 2018, gracias a Paloma Jiménez del Campo y Christina Linares. Las poetas incluidas en este proyecto original eran Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Concha Méndez, Pilar de Valderrama, Dolores Catarinéu y Cristina de Arteaga. Es una muestra la autoconciencia de grupo y la voluntad de estas escritoras por constituirse en parte del canon, sin depender de la mirada masculina.

El espacio público es el gran escenario de la comunicación social. Por ello, la señalética urbana, las placas conmemorativas, cumplen una función pedagógica fundamental. Sevilla, que aspira a ser un referente literario mundial, Capital del 27, debe proyectar una imagen de rigor histórico

Han tenido que pasar muchas décadas hasta el trabajo ejemplar de Pepa Merlo que, en 2010, ofrecía Peces en la tierra: Antología de mujeres poetas en torno a la Generación del 27, con una importante relación de veinte creadoras: Casilda de Antón del Olmet, Gloria de la Prada, Pilar de Valderrama, Lucía Sánchez Saornil, Rosa Chacel, Concha Méndez, María Luisa Muñoz de Buendía, Cristina de Arteaga, María Cegarra, Elisabeth Mulder, Ernestina de Champourcín, María Teresa Roca de Togores, Carmen Conde, Josefina de la Torre, Marina Romero, Josefina Romo Arregui, Dolores Catarinéu, Josefina Bolinaga, Esther López Valencia y Margarita Ferreras. A estas alturas del siglo XXI resulta incuestionable la importancia de estas poetas convenientemente rescatadas (también, por cierto, en Sevilla). Más recientemente Pepa Merlo ha ampliado la antología en el volumen Con un traje de luna. Diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX (2022).

En 2022 se publicaba en la colección Austral Mujeres del 27. Antología poética, preparada por el poeta y ensayista José Luis Ferris, autor de tres libros de referencia sobre mujeres del 27, que seguía la estela abierta por Pepa Merlo. Como indica la editorial, se trata de una “reveladora antología con el propósito de contribuir al rescate y la restitución de la vida y la obra de diecisiete poetas que protagonizaron la cultura del primer tercio del siglo XX; diecisiete autoras que formaron parte del tejido de esa época, que se desenvolvieron con naturalidad entre los compañeros de su generación y que, sin embargo, fueron borradas del tiempo, del recuerdo y del derecho a existir y a ser memoria”.

Si entendemos la literatura como un acto de comunicación radical y como un compromiso con la verdad y con la belleza, la ausencia de las mujeres creadoras en los hitos conmemorativos de Sevilla no es solo un olvido administrativo; es una distorsión del relato cultural. Reivindicar la presencia de estas escritoras no es una concesión a la corrección política, sino un ejercicio de ecuanimidad intelectual, ética y estética.

El espacio público es el gran escenario de la comunicación social. Por ello, la señalética urbana, las placas conmemorativas, cumplen una función pedagógica fundamental. Sevilla, que aspira a ser un referente literario mundial, Capital del 27, debe proyectar una imagen de rigor histórico. Incluir a estas mujeres en el “Paseo de los Poetas” es un acto de justicia y reparación; de enriquecimiento de la propia ciudad. También es necesario incorporar su presencia en el “Jardín de los poetas” junto a la Puerta de Jerez.

Leer y difundir a estas escritoras es, en última instancia, trabajar por la dignidad de la cultura compartida. Hagamos que Sevilla, madre de poetas desde hace siglos, reconozca a estas grandes mujeres con la misma generosidad con la que el tiempo ha preservado su obra, a pesar de todos los silencios impuestos. Solo entonces, la palabra estará verdaderamente habitada por la verdad, la bondad y la belleza.

El debate sobre discapacidad está secuestrado por una falsa dicotomía. Por un lado, el discurso del “empoderamiento individual” (échale ganas, prepárate) que, en el fondo, es una forma cómoda de victimización secundaria: si fracasas, fue por tu falta de actitud. Por otro lado, el discurso del “sistema opresor” que, aunque necesario, a veces se convierte en un paraguas bajo el que esconder cualquier fracaso personal, anulando la agencia del individuo.

Realiza un ejercicio loable de síntesis apelando a la “corresponsabilidad”. Pero permítanme ser el abogado del diablo: ese “punto medio” sensato es, en muchas ocasiones, el mayor enemigo del cambio real. ¿Por qué? Porque al apelar a la responsabilidad compartida sin señalar con claridad quién tiene el poder real para cambiar las reglas del juego, estamos repartiendo culpas de forma equitativa cuando el poder no es equitativo.

El peligro del “esfuerzo personal” como coartada del poder

La preparación es clave. Pero hay que ser brutalmente honestos: en un mercado laboral competitivo, la “preparación” es el precio de entrada, no el factor diferenciador. Decirle a una persona con discapacidad que “se prepare” mientras existe una brecha salarial del 30% y una tasa de desempleo duplicada respecto a la norma, es casi un insulto maquillado de motivación.

La crítica aquí debe ser más afilada: el discurso del “mérito individual” es el caballo de Troya del neoliberalismo en el ámbito de la discapacidad. Nos venden que si triunfas es por tu esfuerzo (y por tanto, eres un “ejemplo”), y si fracasas es por tu falta de resiliencia. Esto exime a las empresas de revisar sus sesgos inconscientes en los procesos de selección, donde el “fit cultural” suele ser un eufemismo para “normalidad”. Prepararse está bien, pero exigir preparación como condición previa para ser tratado con dignidad es la antesala de la discriminación.

La autocrítica interna: ¿unidad o canibalismo? Con valentía las “rivalidades y egos” dentro del colectivo

Este es un punto incómodo pero vital. He sido testigo de cómo la lucha por la representación legítima (¿quién es más discapacitado?, ¿quién sufre más?) fragmenta movimientos que deberían ser monolíticos.

Sin embargo, hay que matizar: la diversidad de voces no es debilidad, es riqueza. El problema no es que haya diferencias de opinión, sino que a menudo se confunde “crítica interna” con “trabajo sucio del sistema”. Cuando una organización de discapacitados pasa más tiempo peleándose por quién ocupa un escaño en un consejo asesor que exigiendo plazas de empleo real, estamos ante un síndrome del palco: se prefiere el privilegio de ser “la voz oficial” antes que la eficacia de ser “la presión real”. Pero ojo, que esta autocrítica no sirva para desviar el foco: por muy divididos que estemos, el poder responsable de nuestra exclusión sigue siendo el mismo.

La responsabilidad colectiva y el síndrome del “tick legal”

Las organizaciones de las diferentes discapacidades dicen, y con razón, que las leyes deben cumplirse. Pero la crítica debe ir más allá: las leyes de accesibilidad en gran parte del mundo están diseñadas para ser incumplidas. Son lo que llamo “leyes de mínimo impacto”: exigen rampas, pero no exigen que el software de RRHH sea accesible; exigen plazas reservadas, pero no exigen que los equipos de trabajo sean inclusivos.

La administración pública no es solo “responsable”, es cómplice por omisión cuando permite que el 80% de los edificios sigan siendo inaccesibles porque la multa es más barata que la obra. Por eso, se debe dice “la inclusión necesita corresponsabilidad”, me temo que está poniendo al mismo nivel al ciudadano que no exige y al estado que no invierte. No es lo mismo el que se ahoga que el que mira desde la orilla. La responsabilidad del Estado es indelegable e innegociable, y no puede supeditarse a lo bien o mal que se organice la sociedad civil.

La propuesta radical

Llegados a este punto, concluyo apelando a “menos discursos enfrentados y más objetivos compartidos”. Suena bonito, pero es ingenuo. El progreso social siempre nació del conflicto y de preguntas incómodas. Los derechos laborales, el sufragio femenino, los derechos civiles... ninguno llegó por un “reparto equilibrado de responsabilidades”; llegaron porque un grupo oprimido dejó de preguntarse “¿Qué más puedo hacer yo para encajar?” y empezó a preguntar “¿Qué le toca hacer a quien tiene el poder para cambiar esto?”.

Por eso, la propuesta que lanzo aquí, y que debe ser el nuevo motor del activismo, es un cambio de eje radical. Dejemos de hacernos la pregunta cómoda y victimista: “¿Qué parte de responsabilidad me toca a mí?” Empecemos a hacer la pregunta incómoda y transformadora: “¿Qué parte le toca al que tiene el dinero, el poder y la capacidad de cambiar mi vida sin que yo tenga que demostrar nada?” Esta pregunta duele, porque incomoda a los que mandan. Pero es la única que mueve montañas. ¿Qué implica esto en la práctica?

Conclusiones: fuera el término medio, dentro la exigencia

No busquemos “un único culpable” porque es obvio que el sistema y el individuo interactúan. Pero no confundamos el análisis de sistemas con la exculpación de los actores. La balanza debe inclinarse hacia la exigencia estructural, no por victimismo, sino por pragmatismo: las barreras no las pone el individuo, las pone el entorno. Y el entorno lo diseñan quienes tienen el poder.

El verdadero debate no es “esfuerzo vs. sistema”. El verdadero debate es “¿Quién tiene el poder de cambiar el sistema?”. Si la respuesta es “todos”, esa es una falacia. La respuesta real es “los que diseñan, legislan y contratan”.

El esfuerzo personal es para sobrevivir; la responsabilidad colectiva es para garantizar la justicia. Pero la exigencia al poder es la única herramienta que garantiza que esa justicia llegue. Dejemos de buscar un punto de equilibrio cómodo para los que están arriba. Empecemos a desequilibrar la balanza hacia abajo, hacia donde realmente se sufre la exclusión.

La próxima vez que alguien te diga “échale ganas”, respóndele: “Mejor exígele a quien puede cambiar mis condiciones sin que yo tenga que esforzarme para que me miren como humano”. Esa es la crítica que duele, pero que, históricamente, es la única que ha derribado muros.

Ya tenemos otra vez aquí 'la caló', así tal como se pronuncia en andaluz el exceso de calor, con temperaturas diurnas por encima de 40 y 42 grados, y mínimas nocturnas de imsomnio que no bajan de 26ºC. Pienso en las criaturas que en barriadas marginales andaluzas no disponen de aire acondicionado, o no lo enchufan para que no les achicharre la factura. Hay que refrescarse, tener a mano un búcaro o la frasca de agua en la nevera, y no salir a pasear y hacer deporte, en las horas centrales del día.

Cuando esto escribo, en las tertulias televisivas y en los informativos se muestra una pantalla infernal, tras la mesa de los presentadores y tertulianos. Como la TV se ha convertido en espectáculo y hay que comprar audiencia con las imágenes, se titula sobre las llamas del fondo: ¡España arde! ¡Toma ya, quién da más! Hay incendios en varios lugares pero no hay incendios en toda España. Leo en la web de RTVE que los satélites de la Nasa detectaron en las últimas horas 114 focos de calor activos en 35 municipios de 18 provincias españolas, que es mucho, pero el titular no deja lugar a dudas: ¡España arde! Mala contribución hacemos al ejercicio noble de periodismo si lo convertimos en amarillismo y en sensacionalismo, que parece son las corrientes desinformativas imperantes en la sociedad de nuestro tiempo. Además alarmamos a la población y le metemos el miedo en el cuerpo. Una lección de ética periodística es informar con veracidad y rigor pero, claro, ya vemos que, en general, son malos tiempos para la ética, y también para la lírica.

Hasta el momento, en el primer semestre de 2026 se han quemado en España más de 50.000 has, sin contar los incendios recientes. Desde que hay registros históricos de temperatura, el pasado mes de junio ha sido el segundo más caluroso, con una media de 23,2ºC, tras el de 2025, en el que se registró una media de 23,6ºC, con una anomalía de 3,6ºC por encima de la media histórica. La temperatura media de la España peninsular en junio de 2026 ha sido, según AEMET, de 23,2ºC, 3,2ºC por encima de la media del período 1991-2020.

En junio de 2026 más de un millar de muertes en España se han relacionado con las altas temperaturas. En 2015 se empezaron a registrar las muertes relacionadas con el calor, y la media de estos últimos 11 años es de 330 muertes en junio en episodios que tienen que ver con las altas temperaturas. En Francia y Bélgica, se registraron más de 3.000 muertes relacionadas con las ola de calor extremo en este junio. En 2023, año más cálido a nivel mundial, se estima que murieron más de 47.000 personas en Europa debido a las altas temperaturas. De ellas, 8.300 muertes en España. La AEMET constata que entre 1975 y 2000 se registraron dos olas de calor en junio en la Península, mientras que en el período 2000 - 2025, ha habido diez olas de calor. Los últimos 11 años han sido los que han registrado la temperatura media más alta del planeta. El aumento de la mortalidad se relaciona también con la contaminación.

Resulta indignante que en el pacto entre PP y VOX en Andalucía, para garantizar tranquilidad en el Gobierno de Moreno Bonilla, este haya aceptado imposiciones bestiales de los ultramontanos, como la propuesta que reza así: "Rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente"

Las alteraciones meteorológicas producidas por el cambio climático no son a futuro, son a presente, ya están aquí, y se hace imprescindible aplicar medidas peventivas en invierno como el uso de los rebaños de animales para limpiar el bosque, y aumentar las dotaciones presupuestarias y los efectivos en la lucha contra incendios. Hay que aclimatar las ciudades creando espacios verdes y plantando árboles por doquier, no cometiendo arboricidios como se hace en muchos municipios andaluces y españoles. Nos va la vida en ello. Por eso resulta indignante que en el pacto entre PP y VOX en Andalucía, para garantizar tranquilidad en el Gobierno de Moreno Bonilla, este haya aceptado imposiciones bestiales de los ultramontanos, como la propuesta que reza así: “Rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente”. Vox le exige a Moreno Bonilla: “La Junta de Andalucía revisará la Ley 8/2018 de 8 de octubre con objeto de eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces”. ¡Los negacionistas, almas negras carentes de razón, siguen a lo suyo que es el perjuicio para el futuro de todos, incluidos nuestros nietos!

Recientemente, entregamos en el Ateneo de Mairena del Aljarafe, Sevilla, el V Premio para jóvenes investigadores andaluces sobre Medio Ambiente y Cambio Climático que lleva mi nombre, y organiza la Federación Ateneos de Andalucía. El trabajo premiado ha recaído en el joven investigador Eduardo Diz Mellado por su proyecto “Patios andaluces frente al Cambio Climático”. El jurado, presidido por D. Miguel Delibes de Castro, y del que un servidor forma parte, considera que el proyecto resalta el valor de los patios como un elemento cultural de la arquitectura andaluza, con un nítido valor ambiental y con efectos positivos sobre la salud humana. El accésit se concedió al joven Alejandro Román Vázquez por su trabajo “Respuesta inteligente con drones e IA explicable para Catástrofes”, para evaluar los efectos de catástrofes asociadas al cambio climático o de otra naturaleza. Los dos trabajos distinguidos premian la investigación ante los retos que nos plantea el cambio climático. Mientras desde la sociedad civil se estimula la investigación para ofrecer respuestas a los problemas ambientales de nuestro tiempo, hay partidos que tratan de anular los avances y las medidas legislativas que tratan de mitigar esos efectos, que deterioran el medio ambiente, y amenazan a la vida de las personas, aunque para Vox y el PP que las acepta, sean “imposiciones de agendas ideológicas”.

El acuerdo de gobierno para Andalucía entre PP y Vox incluye muchas medidas previsibles, pero quizás las menos sorprendentes son las que tratan la cuestión de la vivienda. Es un planteamiento extremadamente reduccionista que acabará redundando en alimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario y que no ayuda a los hogares que realmente lo necesitan. Lo más triste es que se trata de un planteamiento continuista con la política que ha seguido la Junta de Andalucía hasta ahora en materia de vivienda, un ámbito donde hay una coincidencia casi total entre los dos partidos. Esto quiere decir que es un documento que insiste en los errores que se vienen cometiendo en los últimos 8 años por el gobierno del PP, muchos de los cuales repiten los cometidos por los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta.

El acuerdo empieza por plantear el problema de la vivienda como un problema exclusivamente de oferta, que debe solucionarse agilizando los procesos de transformación urbanística, rebajando las cargas fiscales y agilizando el proceso edificatorio. Es decir, el texto respalda la explicación monocausal, basada en un déficit de la construcción por un exceso de regulación, que encontramos en el preámbulo de la ley de vivienda andaluza y los decretos anteriores. Esta explicación, que ha alcanzado en los últimos años el rango de mantra en algunos círculos, es en extremo reduccionista e ignora la complejidad del mercado de la vivienda y la experiencia de este rubro en España durante el último medio siglo. Oculta intencionadamente el rol que juega la vivienda como bien de inversión para particulares y empresas, la competencia de los alojamientos turísticos en el litoral y en las grandes ciudades y la infrautilización del parque de viviendas existente.

De forma coherente con esto, en el acuerdo no hay mención alguna a la cuestión de las viviendas turísticas, apartamentos turísticos o sobrecarga de plazas turísticas en ciudades andaluzas. Tampoco se muestra voluntad por movilizar el parque de 600.000 viviendas vacías en Andalucía. La oposición a la ley estatal de vivienda recogida en el pacto augura que seguirán sin aplicarse la delimitación de zonas tensionadas y los topes a la subida de los alquileres que establecen (medidas totalmente insuficientes por otro lado). Lo único que plantea frente a esta problemática es “estudiar” formulas disuasorias para compradores extranjeros y operaciones especulativas. La vaguedad de la redacción en este punto contrasta con la precisión de las medidas que se anuncian en el resto del documento, dando cuenta del escaso interés en esta vía de actuación por parte del futuro gobierno.

La agilización administrativa sigue también la tónica de los gobiernos anteriores (recordemos que para hacer un apartahotel en Andalucía basta con juntar tres viviendas en un bloque y hacer una declaración responsable). Servirá para que algunos promotores inmobiliarios se enriquezcan más y de forma más rápida, pero no va a servir para solucionar el problema de la inflación del mercado de la vivienda en compra y alquiler. También se utilizará, previsiblemente, para justificar la flexibilidad urbanística, cambios de uso y densificación, ignorando los déficits dotacionales y de espacios libres, haciendo nuestras ciudades un poco menos vivibles.

El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad

La “oposición frontal” y no razonada a la ley por el derecho a la vivienda española resulta también continuista con lo que viene haciendo el gobierno del PP. La Junta recurrió esta norma de 2023 para evitar que el periodo de protección de la vivienda se prolongase por un periodo mínimo de 30 años. También ha recurrido el plan de vivienda estatal, que establece una calificación permanente para las viviendas financiadas con fondos públicos. El recurso contra la ley de vivienda ha permitido que en Andalucía se puedan seguir descalificando estas viviendas después de siete años, es decir, que las viviendas públicas puedan venderse en el mercado al precio que quieran los adjudicatarios en este tiempo.

El acuerdo debe leerse en este sentido como un espaldarazo a la especulación con el parque público de vivienda. De esta manera, nada asegura que las “al menos” 20.000 nuevas viviendas que el acuerdo compromete durante la legislatura tengan precios prohibitivos como los que ya hemos visto en los últimos años en muchas ciudades andaluzas. Viviendas protegidas que acabarán beneficiando a hogares con una buena situación económica (que son los que pueden hipotecarse) y que podrán ser revendidas en el mercado pasados algunos años, generando grandes ganancias especulativas para particulares a costa de fondos públicos. El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad. Esto implicará reducciones de impuestos para los que hereden hasta 300.000 euros, con la justificación de facilitar el acceso a la vivienda, pero para hogares que ya son extremadamente privilegiados.

La medida de excluir de la vivienda pública a cualquier persona que haya sido condenado por delito de usurpación ya lo recogían los borradores iniciales de la ley andaluza de vivienda. Si estos artículos fueron excluidos es porque se trata de un disparate legal, que supondría castigar un delito dos veces, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico español. Este afán punitivista se ceba y criminaliza una familia que haya tenido que ocupar una vivienda vacía para no quedarse en la calle, pero permite acceder a una vivienda pública a cualquier que haya violado, matado, realizado desfalcos públicos o cualquier otro delito, saltando del absurdo jurídico al absurdo ético.

Se trata en definitiva de una ley que apoya y busca cimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario, incluyendo el apoyo a la especulación con la vivienda protegida, al tiempo que ignora la contribución de cuestiones tan evidentes para la población como la vivienda turística. Una ley que busca criminalizar y castigar a los pobres y beneficiar apoyar a los ricos, que no solucionará el problema de la vivienda para las personas vulnerables y que persigue activamente acrecentar las desigualdades y la indefensión de las víctimas de un sistema de vivienda que no funciona y que va a seguir sin funcionar.

A inicios del presente siglo, cuando se planteaba la creación de un Comisionado para el Polígono Sur y se preparaba el Diagnóstico para el Plan Integral, documento en el que pude colaborar, se hablaba del interés que podría tener para el barrio una iniciativa similar a la que se había llevado a cabo en el valenciano barrio de La Coma, en Paterna. Aunque la inspiración en el histórico “Movimiento Settlement” resultaba evidente, recuerdo que el libro de Javier García Roca, de 2002, “Jóvenes, Universidad y Compromiso Social”, en el que se describen los detalles de aquel proyecto del Colegio Mayor Universitario de La Coma, podía ser un referente cercano y muy apropiado para una residencia de estudiantes en el Polígono Sur de Sevilla. Y así fue afortunadamente…, pero fue así gracias a que las nuevas viviendas construidas junto a la Avda. de La Paz (Giralda Sur) no fueron destinadas finalmente al realojo de chabolistas del Vacie, como se había previsto por el Ayuntamiento, sino que dio cobijo a esta otra esperanzadora propuesta que nacía con el impulso de Rosario Valpuesta, primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide. Las presiones en este sentido de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla (NTSS) habían tenido resultado.

Lo que sucede después es otra cuestión y tiene que ver con que la Residencia Flora Tristán (“La Flora”), a pesar de sus objetivos originales y su consolidación, con distintas orientaciones, en todos estos años, solo ha podido constituir uno de los pequeños oasis existentes en un desierto de intervenciones realmente transformadoras. Al poco tiempo de su nacimiento y del propio Comisionado, tuvo lugar la desastrosa gestión municipal para la erradicación del asentamiento chabolista de Bermejales, lo que generó nuevas tensiones en el vecindario, reyertas e incluso tiroteos mortales, agudizando un estigma que perdura hasta la actualidad; llegaron planes urbanísticos, reformas y rehabilitaciones que no mejoraron suficientemente la imagen conjunta del barrio; llegaron programas sociales que, en muchos casos, cayeron en saco roto como ayudas puntuales o intermitentes y bajo dinámicas asistencialistas; nunca se soterró el ferrocarril de Sevilla-Cádiz (recordemos que esto estaba previsto según la revisión del PGOU); nunca las naves y nuevos usos que separan del Cerro del Águila lograron articular la comunicación y encuentro con esa otra parte; y, más allá de la propia Flora, ningún centro o equipamiento con un pretendido rango ciudad ha conseguido permeabilizar verdaderamente esta área urbana, admitamos que Factoría Cultural no ha logrado tal propósito; como destaca por otro lado NTSS, se han eliminado la oficina de Correos y la Comisaría, no hay metro y resulta muy deficiente el servicio de autobuses. En definitiva, las distancias físicas y simbólicas continúan siendo inquebrantables.

Los hechos físicos, económicos y sociales, también los institucionales y políticos, continúan enquistando la segregación y marginación que se vive en Polígono Sur, pero me detengo en un dato significativo que de algún modo encuentra relación con la necesidad incidir en el factor educativo y formativo, tal como se reclama, desde hace años, por la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI). A pesar de la lucha contra el absentismo y el fracaso escolar en los centros educativos, a pesar de la voluntad de un profesorado vocacional y de recursos específicos puestos a disposición, a pesar de la existencia de dos universidades públicas y de la dotación de becas, sigue habiendo amplios sectores del Polígono, concretamente los más desfavorecidos de Murillo y Martínez Montañés, en los que las cifras de población con estudios superiores siguen estando por debajo del 5%, algo que solo se repite, dentro de la ciudad, en la parte más oriental de Torreblanca.

En este marco, proyectos sociales como el planteado por la Residencia Flora Tristán resultan irrenunciables: ¿qué puede significar que niños y jóvenes, también personas mayores, en circunstancias familiares y ambientales como las señaladas, interactúen cotidianamente a través de distintas entidades con estudiantes universitarios de distintas disciplinas, procedentes de muy distintos países y que viven en su mismo barrio? ¿Qué implica para todos ellos y ellas, que estos estudiantes, decenas de ellos, no solo colaboren en actividades sociales, culturales, festivas…, sino que además compartan panadería, farmacia, pista de baloncesto o parada de autobús? ¿Cuánta inspiración pueden representar -mutuamente- estos contactos? ¿No es esta una manifestación conspicua de ese compromiso social que deben desarrollar nuestras universidades? Una residencia así, que homenajea con su nombre a esta ilustre escritora franco-peruana, pionera de un socialismo feminista, es todo un orgullo para la Pablo de Olavide.

Esta situación no puede comprenderse sin observar el marco de infrafinanciación de las universidades públicas y la apuesta por un modelo educativo -y no solo educativo- en el que se trata de limitar lo público y los derechos de ciudadanía que implican, para favorecer su sustitución paulatina por la gestión empresarial privada y sus beneficios particulares

Y es este el contexto en el que podemos situar el conflicto generado en estas semanas en relación a la residencia Flora Tristán, los graves problemas del edificio en que se ubica y las dificultades para mantener su desempeño en la misma línea en que venía produciéndose. En la propia UPO, según la percepción de una parte importante de la comunidad universitaria, se ha echado de menos mayor transparencia y apertura en este sentido por parte del rectorado, es decir, se ha incidido mucho en que se debía haber expuesto, con mayor detalle, cuál era la situación que venía sufriendo el edificio desde hace años, saber hasta qué punto esto ponía en riesgo el mantenimiento de su uso residencial y social, y conocer, especialmente, la forma en que se ha tratado de abordar este problema derivando la gestión hacia una fundación ajena a la universidad, teóricamente sin ánimo de lucro. Las reacciones que se han producido desvelan claramente el modo en que la UPO ha interiorizado el valor emblemático de La Flora, su dimensión social en este contexto del Polígono Sur, y el de su objetivo propiamente residencial, aspecto que, dada la situación de la vivienda, termina obteniendo un doble valor social.

Pero siendo así lo anterior, tengo la impresión, y buscando de nuevo un paralelismo con aquel Colegio Mayor Universitario de La Coma, que terminó cerrándose en 2012 a causa de la crisis y los recortes de la Generalitat Valenciana, que lo que aquí sucede implica también directamente a las administraciones públicas, a la Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Es más, no se entiende que el Comisionado del Polígono Sur no defienda públicamente, con rotundidad, el mantenimiento y diría fortalecimiento y mayor desarrollo de esta iniciativa y otras similares. Esta situación no puede comprenderse sin observar el marco de infrafinanciación de las universidades públicas y la apuesta por un modelo educativo -y no solo educativo- en el que se trata de limitar lo público y los derechos de ciudadanía que implican, para favorecer su sustitución paulatina por la gestión empresarial privada y sus beneficios particulares.

Todo ello no puede comprenderse además sin percatarnos de la injustificable perpetuación de la desigualdad social y urbana que sufre Polígono Sur y otros barrios en la ciudad, siempre situados en la lista de los barrios “más pobres” de España (véase el V Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía). Podríamos ejemplificarlo de diversas formas, pero insisto en la trascendencia del dato ofrecido anteriormente: ni nuestras universidades, ni nuestro sistema educativo al completo, ni las políticas urbanas, ni las ayudas sociales, han permitido que se incrementen, como cabría esperar, los niveles formativos de la población. Aunque estos -sabemos- no constituyen ya, per se, ninguna garantía de promoción sociolaboral, sí suponen una desventaja que podríamos calificar de estructural, que es síntoma y causa de una marginación social persistente. Frente a ello, una iniciativa como la de la Residencia Flora Tristán, con sus estudiantes, trabajadoras y proyectos sociales (“joya de la corona” para la UPO en palabras de su exdirector, Juan Blanco) debe mantenerse en Polígono Sur como un espacio más del campus universitario y como un bloque más de viviendas donde residen vecinos y vecinas con ganas de colaborar, de enseñar y de aprender. Debe mantener así el carácter que le dio origen hace más de veinte años y seguir representando la semilla de la esperada transformación.

Este martes conmemoramos el 12º aniversario de la Ley Trans de Andalucía, una conquista histórica de la que en ATA Sylvia Rivera nos sentimos profundamente orgullosas.

Esta ley hizo posible, por primera vez, la despatologización de las identidades trans y el reconocimiento de la libre autodeterminación de género en España y Europa, situando a las personas trans como auténticas sujetas de derechos.

Doce años después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando, defendiendo cada derecho conquistado frente a cualquier intento de recortarlo o de devolvernos a un pasado que la sociedad ya ha superado y NosoTrans también.

Celebramos este hito histórico que cambió la vida de las personas trans en Andalucía. Estamos orgullosas de que los derechos trans en España se escriban con acento andaluz y, frente a aquellos que nos quieren devolver a tiempos oscuros, con la vida los vamos a defender si es necesario.

¡Que viva la Furia Trans!

La primera escena se desarrolla en una sala de espera. Todas las salas de espera conllevan un punto de inquietud; ésta, en unos Juzgados, eleva ese punto.

Pasan las horas. Van entrando en la sala del juicio las personas que aguardan por sus diferentes casos. Son ya pocos los que quedan: una pareja joven, otra pareja de edades muy diferentes… La inquietud se exacerba.

El hombre de la pareja joven se acerca a la pareja más dispareja y les pregunta si están allí para un juicio cuya referencia les da. La respuesta es afirmativa. Entonces mira al hombre que tiene delante y su reacción es inmediata: “¡Pero tú no eres!”.

No era una frase cualquiera. Quería decir que aquel hombre no era la persona a la que la joven había denunciado. No era quien aparecía en los vídeos. No era quien, según la denuncia, llevaba tiempo acosándola en la calle de su casa y amenazando a sus hijos.

En esas se abre la puerta de la sala de vistas y el secretario pide a la denunciante y al denunciado que pasen.

Segunda escena: la jueza advierte que algo raro pasa y les pregunta. La joven dice de inmediato que ella no conoce de nada a ese señor que aparece como denunciado; que ella ha denunciado a una persona que la acosa constantemente en la calle de su casa, que amenaza a sus hijos; que en la denuncia aportó vídeos con imágenes del acosador, y muestra algunos, cuyo nombre y datos personales desconoce.

La persona que aparece en esos vídeos es manifiestamente distinta del señor al que han citado como acusado: más grueso, más bajo, más mayor.

Una cierta estupefacción se instala durante algunos instantes, rota por una observación aparentemente banal de la fiscal: “pero si se le pone una gorra podrían ser la misma persona”.

La frase, precisamente por su banalidad, resultaba inquietante. Porque no explicaba el error: lo revelaba. Porque el error no nació de un parecido verdadero, sino de una mirada que no quiso o no supo distinguir. Allí donde debía haberse comprobado con rigor, se dio por buena una semejanza débil, sostenida por prejuicios. Y esa forma de mirar puede arruinar la vida de una persona.

La jueza reacciona con la solvencia debida. Pide perdón al acusado por el error y por la humillación innecesaria a la que se le ha sometido. Indica que va a averiguar cómo ha podido cometerse esa equivocación. Y manifiesta que no procede celebrar juicio.

Atrás quedan semanas de inquietud para el acusado. Semanas en las que nunca pudo averiguar por qué se le acusaba. Nadie le llamó o se interesó por identificarle. Sólo recibió una notificación escrita de citación. Se le han generado unos antecedentes policiales que en nada le ayudarán a futuro. Y queda además la sensación, difícil de reparar, de haber sido tratado como sospechoso antes de que nadie comprobara si realmente lo era.

Aguarda algo más que una mera disculpa formal, por sincera y de corazón que fuera.

Atrás quedan también meses de inquietud en la familia objeto de acoso. Una familia que pensaba que el juicio podía empezar a resolver la situación que envuelve su vida diaria, y que ahora ha de reemprender el proceso con el que trata de evitar la continuidad de esa angustia cotidiana en la que vive.

Porque el error no sólo ha dañado al hombre citado injustamente. También ha dejado sin respuesta a quienes buscaban protección.

¿Pero en qué se parecen el supuesto autor del acoso y el acusado?

Ambos son negros.

Y ambos son personas de escasos recursos.

Uno de ellos, el denunciado, se ha esforzado aprendiendo, adquiriendo las certificaciones profesionales que le ilusionaban, dando pasos sólidos en un trabajo que ya le permite ganarse la vida dignamente, haciendo trabajos peligrosos e incómodos que pocos españoles quieren.

El segundo, el acosador, perdido probablemente entre la pobreza y los desequilibrios mentales.

¿Cómo se ha podido producir ese error en nuestro sistema judicial?

Procedimientos de verificación desatendidos o resueltos a la ligera. Ausencia de rigor por las personas que debieron proporcionar la filiación del acusado. Prejuicios. Ignorancia. Refugio en banalidades. Comportamientos todos ellos nada honorables cuando lo que está en juego es la supervivencia, la dignidad y la calidad de vida de varias personas.

Porque cuando el prejuicio sustituye a la comprobación, el daño no es un accidente: es una forma de injusticia.

Escenas en Juzgados de Sevilla. Primavera de 2026.

Fabián Ruiz, a lo SFDK, ha marcado un gol sociolingüístico con magistral arte: si no se me entiende, me lo subtitula. Ha sucedido después de que RTVE subtitulara a su madre, Chari Peña, hablando como se habla en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

RTVE ha pedido disculpas. Su presidente, José Pablo López, lo ha calificado como “un gran error”. Lo es y muy grave. No es una torpeza de edición, un despiste técnico, una anécdota televisiva más o un intento inocente y fundado por facilitar la comunicación. Subtitular selectivamente a una mujer andaluza activa una lógica histórica de inferiorización: la que convierte una forma andaluza de hablar, sentir y estar en el mundo en algo que debe ser aclarado, corregido o mediado, mientras presenta como natural, transparente y legítima la forma lingüística y cultural asociada a lo castellano y a todo aquello que se le parece.

Hay un filósofo colombiano, Santiago Castro Gómez, que hace años habló de la hybris del punto cero para explicar la constitución del racismo. Esa soberbia o desmesura de quien se constituye en lo que Frantz Fanon llamó zona del Ser es una condición de posibilidad de este tipo de prácticas glotopolíticas. Es una desespacialización lingüística: quien subtituló se cree (absurdamente) en el vacío social y lingüístico; nuestras Charis (en este sentido, cada andaluz y andaluza es aquí Chari) tienen espacialidad. Es glotofobia y es, a la vez, racismo lingüístico, que va más allá de la glotofobia, pues esta no tiene por qué ser estructural y aquel sí lo es. La andalufobia es estructural, constituida históricamente y sostenida institucionalmente.

Esta ideología lingüística y estos y otros pilares que sustentan, como anverso, lo castellanocéntrico y, como reverso, lo andalufóbico, se reproduce a través del sistema educativo, incluido el superior

La base de esa ideología lingüística que lleva a una televisión a subtitular la variedad de la comunidad autónoma más poblada del Estado español siempre la hallamos en los conceptos que la sustentan y que circulan socialmente, empezando por el propio sistema educativo. No diré que aquí es donde está la raíz del problema, porque en mis clases universitarias hay denodados esfuerzos por descolonizar los conceptos y al estar tan normalizados la realidad es que está lo que digo (y lo que muestro con decenas de autorías y con atención a hechos concretos), lo que ya se trae aprendido en niveles preuniversitarios y lo que dice Chat GPT, Perplexity u otros. A veces, siente uno que pregona en el desierto, pero este es otro asunto. Estamos ante herencias conceptuales. El problema está en su plena aceptación, sin la problematización y reflexividad conceptual y metodológica que debe mediar cualquier hecho y concepto científico (en este caso, de lo concerniente a la lingüística, en tanto ciencia del lenguaje, las lenguas y sus hablantes).

Esta ideología lingüística y estos y otros pilares que sustentan, como anverso, lo castellanocéntrico y, como reverso, lo andalufóbico, se reproduce a través del sistema educativo, incluido el superior. Las ideologías lingüísticas que inferiorizan y excluyen representan las diferentes variedades lingüísticas en términos de correctas/incorrectas, normativas/no-normativas, neutras/dialectales, estándar/no estándar, más comprensibles/menos comprensibles, bonitas/feas y ridiculeces por el estilo. Lo penoso es que esto y más se enseña y es recibido como conocimiento, contraviniendo principios fundamentales de la ciencia lingüística cuyas conclusiones saca (sacamos) de los hechos y no de la mera opinión o el gusto, que es de otro orden y aquí no pintan na (subtitulado: nada).

Todas las variedades son funcionalmente correctas. Lo correcto no es de orden social (donde opera lo inadecuado, lo legitimado, etc.), sino de orden gramatical. La gramática (natural y lingüística) es el conjunto de relaciones formalizadas (constantes, estáticas, sistemáticas y abstractas) de unidades con significado. Lo agramatical, pues, no es de orden social sino lingüísticamente clínico. Otra cosa es que, de manera aplicada, el sistema escolar hable de gramática normativa y ponga en valor determinadas relaciones formalizadas frente a otras, en sus formas dinámicas, plenamente comunicativas y concretas, cuestión que no está alejada de lo que aquí criticamos.

El acento neutro no solamente no existe, sino que no es un concepto lingüístico. Es un intruso epistemológico. Nadie habla con acento neutro y mucho menos en el cine, la radio o la televisión

En cuanto a la norma, ningún/a hablante está alejado/a de una norma. Aunque haya quien guste hablar de “la norma” (hipostasiándola: “la norma dice”), lo cierto es que no hay una norma, sino muchas. La norma es lo normal, es decir, lo habitual que de manera situada, interaccional, social e histórica hacen las y los hablantes. Por ejemplo, el (llamado) ceceo de Chari Peña y Fabián Ruiz es norma en su pueblo, como en tantos otros de Andalucía. Y lo mismo sucede con el seseo, el heheo (o jejeo), etc. Todo es norma y no hay nadie alejado de “la norma”, como tan sorprendentemente escucho a veces. En este punto y para completar la explicación, conviene diferenciar la norma lingüística de la norma académica.

Esta última es una descripción de determinados usos de hablantes socialmente privilegiados y funciona como dispositivo de regulación, corrección y legitimación. En términos de Bourdieu y Foucault, pero también de bell hooks, como un dispositivo de poder, de vigilancia y castigo. Nada que ver con la norma lingüística. Por lo tanto, las intervenciones sobre las realidades de los hablantes señalándolas como no normativas o alejadas de “la norma”, estigmatizan, desvalorizan y descapitalizan arbitrariamente en nombre del conocimiento, aunque se opere contra el conocimiento mismo y, peor aún, contra los y las hablantes.

Vinculado a todo esto, otra falacia es la del acento neutro frente a lo dialectal. El acento neutro no solamente no existe, sino que no es un concepto lingüístico. Es un intruso epistemológico. Nadie habla con acento neutro y mucho menos en el cine, la radio o la televisión. Nadie neutraliza su forma de hablar. Lo que hace es cambiar parcial o totalmente de una variedad diatópica a otra. Técnicamente, lxs sociolingüistas críticxs lo llamamos muda lingüística. Además, normalmente, lo expresado está estilísticamente caracterizado, con las entonaciones y silencios (expresivos) propios de la interpretación dramática del doblaje, el cine, el teatro o la publicidad, así como de las entonaciones de las noticias, los reportajes, las retransmisiones deportivas, la radio fórmula, etc.

Así, no existe una variedad hablada que podamos llamar estándar, sino una variedad privilegiada. La variedad estándar o, más bien, estandarizada es la escrita y su dominio es de orden cultural y no natural

Todo está situado, no hay nada neutro. Erigirse como un punto cero es una soberbia ontológica y en términos de ideología lingüística supone aquel proceso de desespacialización lingüística: la persona se cree y dice de sí que habla con acento neutro, que su repertorio léxico es neutro o que su fraseología es neutra. Es una suerte de fantasía con consecuencias sociales para la Otredad de primer orden.

La otra falacia guarda una relación muy estrecha con esta última: la de hablar un estándar o, más soberbio y ridículo aún: hablar el estándar. Insistamos: nadie habla un estándar. No porque sea un ideal ni nada por el estilo. Lo estándar nunca es hablado sino escrito y cualquier sistema de escritura (alfabético, silábico o logográfico) y su ortografía (ya sea la de la RAE, la de Andrés Bello, la propuesta de García Márquez, la EPA o cualquiera de las ortografías de la ZEA, entre otras) es una estandarización en sí para poder cumplir su cometido material: ser producido, reconocido y reproducido. Se estandariza un trazo, que es orden material, gráfico y representacional.

Representa la lengua, pero no es la lengua en sí, y la representa con trazos (letras, logogramas, etc.) para el fin indicado: ser escritos y leídos. Es una tecnología. Pensar en lo hablado en estos términos es absurdo, porque la diversidad es consustancial al hecho lingüístico (y humano y natural) y, además, cuando se pretende una uniformización nunca estamos ante una estandarización, sino ante el privilegio lingüístico de una variedad y, por tanto, del modo de ser y estar en el mundo de sus hablantes impuesto al resto de la sociedad, excluyendo deliberada y arbitrariamente la mayor parte de la realidad lingüística.

En este punto, cabe resaltar que lo que se presenta lingüísticamente como prestigioso no lo es: sencillamente, se privilegia, por razones que nada tienen que ver con lo lingüístico. Así, no existe una variedad hablada que podamos llamar estándar, sino una variedad privilegiada. La variedad estándar o, más bien, estandarizada es la escrita y su dominio es de orden cultural y no natural, como es el caso de lo hablado, que es lo lingüístico per se. Además, lo escrito siempre es posterior a lo hablado y al ser una representación es otra ignorancia epistémica y absurda decir, como también se dice, que hay formas de hablar más cercanas a la escritura. De la fantasía vamos a la paranoia.

En cuanto a lo de más comprensibles/menos comprensibles es otra falacia más. Y burda. No hay variedades más o menos comprensibles. Esto está vinculado con la competencia analítica, el listening. La familiaridad y, por tanto, la exposición y la inmersión respecto de cualquier variedad lingüística hacen posible la comprensión. Por tanto, no tiene tanto que ver con quien habla como con quien escucha. Dicho sencillamente: en su pueblo o comarca, todo el mundo se entiende y quien llega de fuera, no coge ni una.

Se hace más necesario que nunca la creación de un Observatorio de la Diversidad Lingüística y los Derechos Sociolingüísticos en RTVE, que, por lo que he visto en un programa presentado por Iñaki Gabilondo, se dedica a ensalzamientos españolistas de una de las lenguas de España en lugar de cuidar de que la ideología lingüística de la desigualdad

Esta última persona no ha socializado allí, no ha normalizado patrones lingüísticos (fonético-fonológicos segmentales, prosódicos, gramaticales, léxicos, fraseológicos, etc.) y culturales. Tal vez otro tipo de educación social nos ayudaría a interpretar la realidad ajena de otra forma: no hay rarezas, solo otras formas de ser y estar en el mundo, de hacer y decir las cosas, equivalentes a las propias, que se tienen como normales simplemente porque están normalizadas. Vinculado a esto diremos, como en otras ocasiones, que no existen acentos cerrados y que este no es un término lingüístico; puestos a usar conceptos no lingüísticos, estaríamos ante oídos cerrados. Te falta listening, chaval/a.

Por último, tampoco existe eso de acentos feos o bonitos. Las percepciones son subjetivas y no dicen absolutamente nada de los hechos como tales, pero sí mucho de lo que media en tales percepciones.

Muchos de estos pseudoconceptos son herencias del pasado, interpretaciones mediadas por clasismo metodológico, pero también por colonialismo y racismo metodológicos, así como nacionalismo metodológico. Los conceptos no llueven de la nada y nunca se crean de una vez para siempre y en el vacío. Siempre hay que problematizar sus condiciones sociales de producción, que implican la autoría, su trayectoria intelectual, su lugar de enunciación, el contexto y los hechos a partir de los cuales son producidos, la metodología, entre otros. Que estén generalizados e incluso admitidos por consenso solo los legitima en lo político del asunto, pero no los hace operativos como tales para el fin primero y último de la ciencia (en este caso, lingüística): describir y contribuir a la igualdad y la justicia social (es decir al bien de la humanidad).

Se hace más necesario que nunca la creación de un Observatorio de la Diversidad Lingüística y los Derechos Sociolingüísticos en RTVE, que, por lo que he visto en un programa presentado por Iñaki Gabilondo, se dedica a ensalzamientos españolistas de una de las lenguas de España en lugar de cuidar de que la ideología lingüística de la desigualdad, mediada por ignorancias epistémicas como las señaladas, no jerarquice a las personas y sus grupos. La disculpa está bien, pero la inacción para que no vuelva a suceder nunca más hace a la institución cómplice y responsable de contribuir a la injusticia sociolingüística y de reproducir y reforzar las ignorancias señaladas.