El 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una jornada para honrar la memoria de las personas trabajadoras víctimas de accidentes y enfermedades laborales; hombres y mujeres que perdieron la vida por unas condiciones de trabajo que no garantizaban lo más básico: su integridad física y su salud.

Un total de 121 personas perdieron la vida en el trabajo a lo largo del año 2025. Es inasumible que cada tres días fallezca una persona por el simple hecho de ir a trabajar. La causa fundamental es la impune falta de medidas básicas de prevención, como la ausencia de arneses en trabajos de altura o la falta de una formación real y efectiva. En la raíz de este drama encontramos un sistema productivo que prioriza los beneficios económicos por encima de la vida humana, dejando la seguridad y salud en un plano totalmente secundario.

La seguridad y la salud en el trabajo no son solo una cuestión de cumplimiento de normas o de farragosos sistemas de gestión. Son una cuestión de personas. Se trata de velar por la vida de quienes salen de casa cada mañana con la expectativa razonable de regresar en las mismas condiciones. Las familias no pueden vivir bajo la zozobra de si hoy será el día en que todo salga mal por negligencias empresariales. Es por ello que desde CCOO de Andalucía exigimos organizaciones que asuman, de una vez por todas, su responsabilidad de garantizar que esta expectativa se cumpla sin excepciones.

A pesar de los 30 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los accidentes siguen siendo una lacra social intolerable. Del mismo modo, las enfermedades profesionales —especialmente aquellas de origen laboral no reconocidas— suponen un castigo silencioso para miles de trabajadoras y trabajadores, ya que solo se declara un pequeño porcentaje. El sistema actual invisibiliza la realidad: no se puede prevenir aquello que la patronal se niega a reconocer. Por ello resulta imprescindible hacer visible lo invisible.

Dentro de este oscurantismo, el cáncer de origen laboral es la cara más amarga de la infradeclaración. En Andalucía, mientras en 2025 el cáncer fue la segunda causa de muerte con más de 19.000 fallecimientos, solo se declararon 7 casos como origen laboral. Se estima que el 8% de los cánceres podrían originarse en el entorno de trabajo, pero la falta de rigor en la vigilancia de la salud y el desconocimiento interesado sobre los agentes carcinógenos impiden que se establezca la relación causal.

Este escenario es evitable. Los lugares de trabajo son los espacios donde es más factible identificar y valorar las exposiciones a cancerígenos. No falta ciencia, falta voluntad política y empresarial para aplicar medidas preventivas eficaces.

Por otra parte, la salud mental de la clase trabajadora se ha convertido en una pandemia silenciosa. El estrés, la ansiedad y la depresión son el resultado de un sistema laboral que nos exprime. En 2025, sufrimos 108.622 situaciones de IT relacionadas con estos factores, afectando especialmente a mujeres y personas jóvenes.

Todo ello revela una evidencia: la precariedad es la que enferma. El incremento de cargas, los ritmos frenéticos, la invasión de las nuevas tecnologías en el tiempo de descanso, las horas extras no remuneradas y la imposibilidad de conciliar están detrás de estas bajas que, en cambio, siguen fuera del cuadro de enfermedades profesionales y no se notifican como accidentes de trabajo.

Lamentablemente, la respuesta de las patronales ante esta realidad es criminalizar y perseguir a las personas enfermas de baja, ocultando que estas dolencias nacen de su propia falta de inversión en prevención y del deterioro de una sanidad pública que sufre estragos debido a las políticas privatizadoras que se están llevando a cabo.

Frente a ello, en CCOO exigimos un cambio radical de actitud. Una empresa con verdadera cultura de seguridad es aquella que pone los medios para que su plantilla trabaje segura. La salud no es un favor, es un derecho y una obligación legal que la ética patronal debería poner por encima de cualquier cuenta de resultados. Necesitamos un cambio de modelo que coordine a administraciones, empresas y sindicatos, con la sanidad pública como pilar.

La mejor forma de honrar la memoria de quienes han perdido la vida cuando iban a ganársela es desarrollar una estrategia de compromiso real. La salud de las personas trabajadoras debe estar en primer y preferente lugar. Esa es nuestra reivindicación y nuestra lucha sindical.

La Cañada de los Pájaros se halla en peligro de extinción, si las instituciones y particulares no lo remedian. Los propietarios de la finca declarada Reserva Natural concertada en 1991, Maribel Adrián y Plácido Rodríguez, así lo atestiguan cuando, por llegar a la edad de jubilación, piensan en quién se hará cargo de La Cañada, convertida en hospital, restaurante y santuario para las aves de Doñana y del entorno. 

En 1987, dos biólogos entusiastas de la conservación y de la biodiversidad comenzaron una tarea a la que han dedicado sus vidas. Consiguieron transformar una escombrera o gravera en un humedal. Plácido Rodríguez (Sanlúcar de Barrameda,1953) desciende de una saga de guardas marismeños, “Los Clarita”. Su padre, Antonio Rodríguez Parada, “Clarita”, fue el guarda mayor de la finca Las Nuevas en plena marisma, donde se crió Plácido. Maribel Adrián (Burgos, 1960) y Plácido han desarrollado una labor increíble y han convertido La Cañada de los Pájaros en un paraíso para las aves. Ahora, en el tiempo de la jubilación, ven peligrar el futuro de la obra a la que se han dedicado en cuerpo y alma toda la vida.

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero. En La Cañada desde hace muchos años, en torno a esa fecha, se sueltan dos o tres especies de aves (cerceta pardilla, focha cornuda y porrón pardo), a las que se cuida y mima en esa Reserva Natural Concertada. En 2016 fui invitado junto al ornitólogo Luis García Garrido a soltar esas aves ante una concurrencia de centenares de personas. ¡Fue emocionante!

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustrostris). Se considera especie vulnerable en el mundo y en España, en peligro critico de extinción. Hasta 2025 en La Cañada de los Pájaros se han liberado entre 3.000 y 3.200 cercetas pardilla.

Porrón pardo (Aythya nyroca). Está clasificado como especie en peligro de extinción).Actualmente se han visto dos parejas de porrón pardo en la laguna del Observatorio José Antonio Valverde en las Marismas. Hasta 2025, en La Cañada de los Pájaros se han soltado unos 500 ejemplares.

Focha cornuda (Fulica cristata) se halla calificada en riesgo de extinción en el catálogo nacional de aves. A finales de los ochenta, la guardería de la Agencia de Medio Ambiente, rescató seis huevos de Focha Cornuda que fueron a parar a La Cañada. Plácido y Maribel empezaron a recuperar esta especie. En abril de 1992 se soltaron los primeros 22 ejemplares. Hasta 2025 se han liberado en La Cañada más de 1.900 fochas cornudas.

Como algunas de las especies que frecuentan La Cañada, la Reserva está en peligro crítico de extinción por falta de ayudas y de apoyo institucional

En La Cañada de los Pájaros se pueden observar unas 200 especies de aves, unas 180 autóctonas.En 1991 fue declarada Reserva Natural Concertada, la primera declarada en España. Se abrió al público en 1992. Está incluida en la Red de Espacios Naturales de Andalucía y en la Red natura 2000. Recibe más de 100.000 visitas al año y han pasado por sus instalaciones unos 3.000 ornitólogos. Han formado a cientos de becarios y voluntarios. Como algunas de las especies que frecuentan La Cañada, la Reserva está en peligro crítico de extinción por falta de ayudas y de apoyo institucional.

Con los ingresos por entradas y por el alquiler del restaurante, no les da para afrontar los 120.000 euros anuales de gasto. Desde sus inicios la gestionan sus propietarios Plácido Rodríguez y Maribel Adrián. La pregunta que nos hacemos quienes les conocemos y apreciamos es, ¿qué pasará con la Cañada de los Pájaros cuando decidan retirarse?

En 1983-84, Maribel Adrián desarrolló su tesina con la nutria bajo la dirección de Miguel Delibes. Maribel llegó a Sevilla para anillar aves y conoce a Plácido y en 1985 se ennovian. Plácido acaba la carrera. En 1986, la pareja decide alquilar una casita en “La Pilarica”, en Puebla del Río, y allí montan un pequeño aviario. Pero las ansíis de la pareja les lleva a buscar un lugar mejor. La idea era vivir en el campo.

La Nochevieja de 1989, Maribel y Plácido con unos amigos Yolanda y Vilches, sin luz eléctrica, inauguran la casa con el sueño de crear un refugio, un hospital y un restaurante para las aves de la Marisma

En julio del 86 ocurre la mortandad de aves en Doñana, una catátrofe ecológica en la que murieron entre 20.000 y 30.000 aves, envenenadas por el uso de insecticidas por parte de los arroceros de las marismas. Se fumigó el Brazo de la Torre. En el Lucio del Cangrejo, en la primera semana de setiembre del 86 se contabilizaron 2.300 patos muertos. Entre las especies afectadas: pato real, pato cuchara, chorlitejo, garzas reales, espátulas y cercetas pardillas. Plácido, Maribel y un grupo de voluntarios recogieron ejemplares enfermos.

Aquel desastre lleva a Maribel y a Plácido a pensar en criar y proteger a las aves de Doñana. Tras mirar varias opciones, encuentran un lugar en una antigua laguna convertida en gravera que se hallaba en pésimas condiciones con basura, escombros, etc. En 1987, Plácido y Maribel negocian con los propietarios y compran 7,5 hectáreas del terreno, que colindaba con una finca de los rejoneadores Peralta, y con unas fincas forestales aguas arriba de la Cañada de la Barca (antiguo arroyo) que fueron transformadas afectando al cauce que suministra el agua a la Cañada de los Pájaros. En 1988 se limpia la gravera, se introducen plantas autóctonas y la escombrera se transforma en un humedal. Los arquitectos José Antonio del Pino y Emilio Pizarro les construyen la casa. La Nochevieja de 1989, Maribel y Plácido con unos amigos Yolanda y Vilches, sin luz eléctrica, inauguran la casa con el sueño de crear un refugio, un hospital y un restaurante para las aves de la Marisma.

Hoy, cerca de 200 especies que frecuentan Doñana hallan en La Cañada el santuario, el lugar donde alimentarse y donde se les cuida y les cura si están enfermas o heridas. A quien corresponda: Ayuntamiento de la Puebla, Diputación de Sevilla, Junta de Andalucía, Gobierno de España, CSIC, Estación Biológica de Doñana, capital privado, organizaciones conservacionistas, traten de ayudar a Plácido y Maribel, dos biólogos, ecologistas y conservacionistas que ya en edad de jubilación, han salvado a miles y miles de aves en esta Reserva Natural a las puertas de Doñana, y han contribuido a que sobrevivan especies como la focha cornuda, la cerceta pardilla, el porrón pardo, las malvasías, cisnes, ánsares, cigueñas, calamones, grullas que vuelven a nidificar en Doñana, garzas, garcetas, avocetas, garcillas cangrejeras, patos, flamencos, cigueñuelas, golondrinas, verderones, y así hasta casi 200 especies de aves a las que han dedicado su vida.

La sociedad debe responder al reto de buscar la continuidad de la Cañada de los Pájaros, cuando Plácido y Maribel abandonen su actividad. Se lo debemos a las futuras generaciones, por quienes tanto han trabajado Maribel y Plácido con sus programas de educación ambiental y con su amor por las aves. ¡No permitamos que el humedal restaurado, convertido en Reserva Natural vuelva a ser una escombrera! Se lo debemos a nuestros nietos y a las futuras generaciones de andaluces.

Desde 2019 cuando se iniciaron los gobiernos del Partido Popular (PP) de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, el sistema sanitario público andaluz se ha deteriorado ostensiblemente. Las evidencias de ello son abundantes: En el informe de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de 2024, Andalucía ocupaba el penúltimo lugar de todas las Comunidades Autónomas (CCAA) en cuanto a la calidad de sus servicios sanitarios, las listas de espera sanitarias son de las peores del país, muchos profesionales sanitarios al acabar su formación se van a trabajar a otras Comunidades Autónomas (CCAA) o al extranjero por las malas condiciones laborales que aquí se les ofrece y en el último barómetro sanitario (2025) el porcentaje de ciudadanos andaluces que opinan que su sistema sanitario funciona bien o muy bien es el más bajo del país y, por el contrario, los que opinan que funciona mal o muy mal es el más alto de todas las CCAA.

Todo ello ha ocurrido de forma paralela a una notable privatización de los servicios sanitarios en Andalucía. En el informe correspondiente de la FADSP de 2025, el índice de privatización casi se duplicó de 2014 a 2025 (de 12 pasó a 23). En el año 2023, el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en Andalucía era prácticamente el mismo en hospitales públicos o privados; en el año 2014 esas proporciones eran el 63 % y el 37 % respectivamente.

Las consecuencias de esas políticas perjudican gravemente a los ciudadanos y se analizan en este artículo las que hemos considerado más importantes y trascendentes.

1. Listas de espera sanitarias prolongadas hasta límites escandalosos.

En el año 2024 en Andalucía, solo el 14,4 % de las solicitudes de asistencia al médico de Atención Primaria eran atendidas en las primeras 48 horas; en 2018 lo eran el 51,7 %. Ahora ese índice ocupa el lugar 15 de las 17 CCAA, es muy inferior a la media nacional y -como se aprecia en el gráfico- ese empeoramiento no ha ocurrido en otras Comunidades como Cantabria, por ejemplo.

En diciembre de 2025 100,3 pacientes / 1000 habitantes (en total 852.889 personas) estaban pendientes de ser atendidos por un especialista hospitalario y tenían que esperar 136 días de media para que esa consulta se produjera. Ese indicador ocupaba el lugar 14 de las 17 CCAA del país. Se sitúa desde 2018 (en esa fecha se produce un cambio en el criterio de cómputo) muy por encima de la media nacional (ver gráfico) y desde entonces esos tiempos de espera casi triplican a los de otras Comunidades como por ej. el País Vasco,

En diciembre de 2025 23,5 pacientes / 1.000 habitantes (en total 199.950 pacientes) estaban pendientes de una intervención quirúrgica en Andalucía. El tiempo medio de espera para ello eran 173 días, el más elevado de todas las CCAA del país. Viendo su evolución, de nuevo otra vez se comprueba que es muy superior a la media nacional y marcadamente peor que el de otras Comunidades.

Una lista de espera sanitaria prolongada no implica solo la impaciencia del paciente para ser tratado. Tienen consecuencias muy graves para la salud individual de las personas. Muchos estudios lo han demostrado y esos riesgos dependen de la naturaleza de la enfermedad de base.

Si la enfermedad que finalmente se diagnóstica a una persona es cáncer, los retardos de 4 semanas en el tratamiento principal aumentan el riesgo de muerte por la enfermedad. Si ese retarde es de cirugía, el riesgo de muerte aumenta en un 6-8 %. Los retardos de 8 y 12 semanas aumentan más el riesgo de muerte. Así, retardos de cirugía para cáncer de mama de 8 y 12 semanas aumentan el riesgo de muerte en 17 % y 26 % respectivamente. Haciendo la correspondiente extrapolación, un retardo de 12 semanas para todas las enfermas con cáncer de mama durante un año, produciría un exceso de mortalidad en esas pacientes de 1.400 mujeres en el Reino Unido, 6.550 en Estados Unidos, 600 en Canadá y 500 en Australia.

Está bien demostrado también las serias consecuencias que tiene las esperas sanitarias en muchas enfermedades. Por ej. en pacientes pendientes de implantación de prótesis de cadera o rodilla, en personas con enfermedad inflamatoria intestinal o con dolor crónico, por citar solo algunos procesos. En general se asocian con deterioro de la calidad de vida, mayor riesgo de complicaciones e ingresos hospitalarios por estas, problemas de salud mental incluyendo depresión e ideación suicida, menor actividad física y social, problemas laborales y mayor consumo de otros recursos y gasto sanitarios

Y en relación con ello, hay un aspecto que tiene una importancia capital: el tiempo de espera del paciente que no está diagnosticado. El problema empieza con la espera para el médico de familia que ya sabemos que en Andalucía puede ser larga, por la precaria situación de la Atención Primaria. Más si te pide unos análisis. Si a continuación el médico te deriva al especialista, la espera en Andalucía es de las peores del país, más de 4 meses y medio. Tiempo al que hay que añadir el necesario para hacer las exploraciones que él solicite (desde 2019 este dato no es publicado por el Servicio Andaluz de Salud, aunque si lo hacen otras CCAA), y lo que tarde la cita para valoración de resultados e informe. Pueden irse perfectamente unos 5-6 meses. Como hemos visto, esperas tan prolongadas son un peligro para la salud individual de las personas, con consecuencias en ocasiones vitales.

2. Los riesgos de la asistencia médica privada.

La privatización es uno de los problemas de salud pública más importante de la asistencia sanitaria en España actualmente y tiene consecuencias muy graves sobre la población atendida. Una excelente monografía sobre el tema se ha publicado recientemente.

2.1. El aumento de la mortalidad evitable de la población atendida.

La rentabilidad económica es el objetivo principal del negocio. En cambio, en los sistemas sanitarios públicos son indicadores en Salud los que, sin obviar los costes, son los fundamentales para medir la utilidad y la eficacia del sistema. De todos ellos, la mortalidad que se puede evitar es el más importante por su trascendencia. En los últimos años son muchos los análisis que comparan la mortalidad evitable en sistemas públicos y privados. Un resumen de las conclusiones fundamentales de algunos de esos estudios se expone a continuación.

Como se aprecia, no solo se demuestra una asociación entre asistencia en centros privados con aumento de la mortalidad evitable, sino también una mayor eficiencia con la financiación de los centros públicos (disminución de la mortalidad tratable). Dentro de las fórmulas de adquisición privada de los hospitales, el tipo PE, que otorga mayores ganancias, es todavía más lesivo para los pacientes. Y también como la ausencia de cobertura sanitaria por carecer de medios económicos y no poder contratar un seguro de salud implica mayor mortalidad. Los sistemas sanitarios públicos y universales son más equitativos y garantizan el derecho a la vida de todas las personas, mientras ello sea posible.

2.2. Otros resultados negativos y efectos perjudiciales para la Salud.

2.3. Irregularidades, prácticas indeseables y fracasos de gestión.

3. La crisis de los cribados del cáncer de mama.

En octubre de 2025 estalla el escándalo del programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía. Mujeres con lesiones dudosas en la mamografía inicial no eran informadas del resultado y muchos meses después, en algunas de ellas se comprobó la presencia de cáncer. Este hecho es sobrecogedor por si mismo y también porque anteriormente señalábamos que está demostrado que retrasar el tratamiento definitivo del cáncer de mama 12 semanas aumentaba el riesgo de muerte un 26 %. Estos retrasos empeoran mucho el pronóstico de la enfermedad y la espera es un factor evitable. O más aún, es obligado evitarlo.

Lo ocurrido es un acúmulo de despropósitos que demuestran una gravísima desorganización e incompetencia a nivel institucional: Se anula el control del programa a la Escuela Andaluza de Salud Pública, se cambia el sistema informático a una empresa japonesa, fallos en el control de aviso a mujeres con lesiones sospechosas, fallos en la coordinación entre niveles sanitarios, escasez de plantillas de radiólogos, privatización parcial para la realización de mamografías y atascos notables para esta prueba que no se solucionan, fallos en la aplicación de protocolos solventes y bien establecidos, etc. En 2023 los radiólogos del hospital Virgen del Rocío avisaron de los atascos en la realización de mamografías y propusieron un plan para solucionarlo que fue rechazado por el gobierno andaluz por ajustes presupuestarios.

Y lo ocurrido también tiene consecuencias muy graves en otro nivel de valoración. Cuando una mujer acude a una mamografía del programa de cribado, no está aceptando un servicio más: está confiando su vida a un sistema que debe responder con rigor y empatía. Ese pacto moral que se establece entre un ciudadano y su sistema sanitario se ha roto. Y su reparación no vendrá solo con comunicados falsos y coartadas, sino con verdad, transparencia y responsabilidad.

Hay motivos para la preocupación. Desde primeros de siglo, la mortalidad por cáncer de mama ha caído en todo el país gracias a la mejora de los tratamientos y a los programas de diagnóstico precoz. Pero en Andalucía esa caída ha sido inferior al resto de España y aquí la mortalidad por esa enfermedad es superior a la del resto del país. Es más, se conoce la tasa de cáncer para cada provincia española. Y en el año 2023 entre las diez provincias con tasas más altas de cáncer de mama, se sitúan cinco provincias andaluzas. Y cabe preguntarse ¿Cómo se está realizando los programas de cribado con otros tumores, por ej. el de colon? Porque hay datos muy alarmantes: Entre las diez provincias españolas con tasas más elevadas de este tumor en hombres, seis son andaluzas. ¿Por qué ocurren estas tasas tan elevadas de neoplasias entre la población andaluza?.

Todos los responsables políticos dicen siempre que ellos defienden la Sanidad Pública. Ninguno dice públicamente que es mejor un sistema liberal privatizado, pero muchos luego es lo que hacen y es lo que está haciendo ahora el PP de Moreno Bonilla en Andalucía con consecuencias desastrosas. Tendrá relación directa con ello o no, pero nuestra realidad es cruda: La mortalidad ajustada por edad en Andalucía es la mayor del país, tanto en hombre como en mujeres.

La Sanidad Pública andaluza está en crisis. El gobierno andaluz actual realiza una política sanitaria pésima que perjudica directamente a los ciudadanos y ¿Cómo es posible que estemos consintiendo esto? El sistema sanitario público andaluz es nuestro porque lo financiamos nosotros y los gobiernos de turno están obligados a gestionarlo bien, para que sea beneficioso para todos. Es obligación de los gobiernos estar al servicio de los ciudadanos. Y nosotros estamos permitiendo que nos quiten algo tan valioso y que nos pertenece. ¿Hasta cuándo? ¿Qué nos queda por ver para actuar? Si queremos recuperar un sistema sanitario público universal y de alta calidad, la opción política actual que gobierna en Andalucía tiene que dejar de hacerlo. Nosotros decidimos.

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Manuel Torres Tortosa. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

José Antonio Brieva Romero. Ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Antonio Vergara de Campos. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

Hasta el 30 de junio está abierto un proceso extraordinario para la regularización de personas de origen extranjero que acrediten haber estado en el país antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia de al menos cinco meses, ininterrumpida.

España no es ajena a los procesos de regularización bajo el mandato de Gobiernos de distinto color político. Desde los años ochenta se han sucedido distintas iniciativas –1985, 1991, 1996, 2000, 2001 o 2005– que han permitido aflorar a cientos de miles de personas trabajadoras que ya formaban parte de nuestra economía y de nuestra sociedad, y las últimas reformas reglamentarias en extranjería han tenido un impacto similar a una regularización.

Todas estas regularizaciones comparten un mismo patrón: no responden a situaciones excepcionales, sino a una realidad persistente. Personas que viven, trabajan y contribuyen quedan fuera del sistema por un marco normativo rígido, procedimientos lentos o vías legales insuficientes. Con el paso del tiempo, esa realidad acaba siendo tan innegable que exige una respuesta extraordinaria.

Y aquí es donde aparece la contradicción de fondo. Si un mecanismo supuestamente excepcional se repite de forma periódica, deja de ser excepcional. Y cuando deja de ser excepcional, lo que revela no es una anomalía puntual, sino un fallo estructural del sistema. En definitiva, las regularizaciones no son lo esencial del problema. Son el síntoma.

En Andalucía, sectores clave de la economía como la agricultura intensiva, la hostelería, el comercio, la logística de proximidad, la construcción o los cuidados dependen en gran medida de la mano de obra migrante. Almería o Huelva son ejemplos paradigmáticos de cómo la producción agrícola se sostiene gracias al trabajo de personas extranjeras, muchas de ellas en situación administrativa irregular. Esta irregularidad no es puntual, sino estructural: responde a un modelo que, por un lado, necesita de forma constante mano de obra migrante, y, por otro, no ofrece vías suficientemente ágiles, realistas y accesibles para que esas personas puedan incorporarse en condiciones de plena legalidad desde el inicio o mantenerse en ella.

La irregularidad no es neutra: genera trabajadores sin derechos, debilita la negociación colectiva y favorece prácticas de competencia desleal basadas en la precariedad

El resultado ya lo conocemos: bolsas recurrentes de irregularidad, alta vulnerabilidad laboral y social, economía sumergida y, finalmente, la necesidad de volver a regularizar.

Desde una perspectiva sindical, esto tiene implicaciones muy claras. Primero, porque la irregularidad no es neutra: genera trabajadores sin derechos, debilita la negociación colectiva y favorece prácticas de competencia desleal basadas en la precariedad. Y segundo, porque obliga a actuar siempre a posteriori, corrigiendo los efectos, en lugar de prevenir las causas.

Pero además, el debate no debería centrarse únicamente en si es necesario o no el proceso de regularización, que en este caso deriva de una iniciativa legislativa popular, por lo que responde, en origen, a una masiva petición ciudadana. Desde nuestra perspectiva supone un avance importante, aunque requiere un análisis crítico respecto a las condiciones en que se organiza y en cuanto a las garantías que ofrece para el logro de su objetivo de inclusión real.

Desde el primer día de apertura del plazo se han hecho visibles interminables colas de interesados ante los organismos competentes. Se han ampliado los horarios de atención en oficinas públicas, tensando unas plantillas ya de por sí insuficientes, y se ha habilitado la colaboración de entidades como la nuestra para ayudar en un proceso técnicamente complejo. El círculo vicioso de la pobreza planea para la realización de unos trámites en los que se aprecia una clara falta de previsión a la luz de todas las estimaciones que anticipaban más de medio millón de solicitudes.

Las bondades del proceso son innegables. La regularización permitirá que miles de personas salgan de la economía sumergida. Esto implica que podrán acceder a contratos de trabajo formales, cotizar a la Seguridad Social y beneficiarse de derechos básicos, como la protección frente al despido, la sanidad o las prestaciones sociales. Asimismo, facilitará la labor de la inspección de trabajo, reduciendo los espacios de opacidad donde proliferan los abusos laborales.

Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia un mercado laboral más justo, donde prime el principio de igualdad de derechos

Además, esta medida puede contribuir a mejorar las condiciones laborales generales. Cuando todas las personas trabajadoras están en igualdad de condiciones legales, se limita la capacidad de imponer condiciones abusivas. Esto fortalece la negociación colectiva y refuerza nuestro papel en la defensa de los derechos laborales.

Y otro elemento que no podemos obviar en este debate: la creciente utilización de la migración como arma política. Frente a los discursos que hablan de invasión, de colapso o de amenaza, la realidad es otra: mayor precariedad, mayor pobreza laboral y mayores dificultades de acceso a derechos para las personas migrantes.

El problema no es la migración. El problema es la desigualdad.

El uso político del miedo, fundando el rechazo a la regularización en mentiras de todo tipo sobre el supuesto comportamiento delictivo de los inmigrantes y sobre los efectos de la inmigración sobre la degradación de los servicios y derechos de los nacionales, busca desplazar el foco: que no hablemos de salarios bajos, de vivienda inaccesible o de precariedad laboral, sino de inmigración. Y así, el responsable deja de ser un modelo económico que necesita mano de obra barata.

Como sindicato, nuestro papel es fundamental, no solo como defensores de derechos laborales, sino también como agentes sociales que promovemos la igualdad y la cohesión social.

Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia un mercado laboral más justo, donde prime el principio de igualdad de derechos. Aprovechar plenamente esta medida dependerá de su implementación efectiva y de su articulación con políticas más amplias que garanticen trabajo digno para todas las personas.

Si la migración es estructural –y todos los datos indican que lo es–, también deben ser estructurales las políticas que la regulan. Eso implica diseñar un sistema que no genere irregularidad de forma sistemática

Porque una regularización extraordinaria no es suficiente por sí sola. Debe ir acompañada de medidas estructurales: refuerzo de la inspección laboral, políticas activas de empleo inclusivas, acceso a la formación y reconocimiento de cualificaciones profesionales. También es imprescindible garantizar vías legales y seguras de migración que eviten que nuevas personas caigan en la irregularidad en el futuro.

Y la respuesta nos lleva directamente a la necesidad de un cambio de enfoque.

Si la migración es estructural –y todos los datos indican que lo es–, también deben ser estructurales las políticas que la regulan. Eso implica diseñar un sistema que no genere irregularidad de forma sistemática: con procedimientos ágiles, con vías legales suficientes, con mecanismos de renovación realistas y con una conexión efectiva entre necesidades del mercado de trabajo y políticas migratorias.

En otras palabras, se trata de pasar de un modelo reactivo a un modelo preventivo.

Porque mientras esa transformación no se produzca, las regularizaciones seguirán repitiéndose. Y cada nueva regularización será, en el fondo, la confirmación de que el problema de origen sigue sin resolverse.

Trabajemos para que este proceso de regularización sea un éxito y, sobre todo, para que sea el último.

Como en el resto de España, la Sanidad Pública Andaluza (SPA) nace sobre la escasa red sanitaria generada al final de la dictadura, construyéndose en su casi totalidad tras la misma. Este logro es la respuesta a una profunda aspiración unánime de la ciudadanía manifestada, en gran medida, mediante una amplia movilización popular. La SPA y el sistema nacional de salud, financiados finalmente con los impuestos de todos, adquirieron en pocos años un desarrollo notable, alcanzando niveles de calidad que los llevaron hasta los primeros puestos de los rankings internacionales. No obstante, la crisis financiera de 2008 y las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno de entonces en Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español, dieron lugar a un claro retroceso de su desarrollo. Desde 2019, el Gobierno del Partido Popular (PP) de Moreno Bonilla ha alcanzado el poder en Andalucía y ha inaugurado una política aún más agresiva que plantea, por primera vez, la práctica deconstrucción funcional y organizativa del SPA. El objetivo del presente artículo es describir este proceso.

Desde su llegada al poder en 2019, el Gobierno del PP se ha empleado a fondo para ir, progresivamente, deteriorando la SPA. Para ello, ha usado combinada y simultáneamente dos estrategias básicas: la infrafinanciación y la privatización. La Consejería de Sanidad (CS) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en manos de Moreno Bonilla, han emitido una amplia y variada gama de decretos y órdenes en esa línea. Vamos a intentar mostrar resumidamente los hechos en los que nos basamos para lanzar esta afirmación.

Infrafinanciación. En la primera figura se observa la financiación de la SPA a lo largo de los años. Como puede verse, los presupuestos anuales de la SPA (línea de puntos azules) sufren una franca detención y posterior descenso a partir de 2010, debido a la crisis financiera de 2008. Es la época de la austeridad y los recortes.

Para estimar la extensión real de dichos recortes, se calcularon, a partir de 2010 (primer año con recorte evidente), una serie de valores “virtuales” en los que al presupuesto de 2009 (último año sin claros recortes) se le sumó la cantidad correspondiente a la variación porcentual del IPC entre ese año y cada uno de los años posteriores analizados. Eso permitió construir una serie de cifras imaginarias de presupuestos “no recortados” (línea de puntos rojos). La suma de las diferencias entre el presupuesto real y el “no recortado” de cada año, nos daría la suma del recorte total. Este ascendió a 21,000 millones de euros. Esa cantidad puede ser entendida como una deuda sanitaria histórica que ha dejado una profunda huella en los recursos y en la funcionalidad de la SPA.

Llama la atención que los recortes se extendieron más allá de 2018, cuando los efectos de la crisis financiera se daban ya por concluidos. No obstante, Moreno Bonilla alargó los recortes hasta el año pasado cuando, por primera vez, se igualó el presupuesto de 2009 (más el correspondiente incremento debido a la variación del IPC). Pero, desde 2009 hasta el año pasado, trascurridos 15 años, habían ocurrido al menos tres cosas importantes en Andalucía: 1) había 414.893 andaluces más (datos del Instituto Nacional de Estadística INE); 2) el número de andaluces con más de 64 años, los que más recursos sanitarios requieren, había crecido en 423.759 personas (INE); 3) además, la deuda sanitaria histórica seguía ahí. Ninguno de estos tres hechos se había compensado.

Para abordar con mayor precisión el nivel de financiación de la SPA en el periodo PP se puede comparar el gasto sanitario público per cápita (GSP) de Andalucía con el GSP per cápita medio del resto de las CCAA. Estos datos figuran en la tabla siguiente.

Como se ve, durante todo este periodo, el GSP per cápita andaluz ha sido inferior a la media española. Si estos déficits anuales se multiplican por el número de andaluces existentes cada año se alcanza una cifra de algo más de 17,000 M€ que la SPA no recibió. Estos datos confirman que nuestra SP lleva un largo periodo de tiempo sufriendo una financiación escasa con respecto a los estándares nacionales. Pero, además de que los presupuestos son escasos, el PP, desde 2019, aumentó claramente la desviación de dinero de la SPA al sector sanitario privado, como se verá más adelante.

Los resultados de esta financiación deficiente de la SPA son muy lesivos y, en bastantes aspectos, no solo no mejoran, sino que empeoran, la situación previa. Así, durante estos años, la SPA es la que menor tasa de médicos y enfermeros por 1000 habitantes tiene de toda España; asimismo, la SPA cuenta con el número de camas hospitalarias, aparatos de TAC y RNM y quirófanos por 1000 habitantes menor o de los menores de entre todas las CCAA. La Atención Primaria (AP) ha sido la más dañada por este desmantelamiento. Esto es de enorme gravedad ya que se ha demostrado que una AP accesible, con visita clínica en 48 horas, en la que las personas son vistas por el mismo equipo por largos periodos y que desarrolla funciones preventivas, disminuye la mortalidad de la población en un 30%. Pues bien, la cita media de la AP actual es de más de 11 días, los ciudadanos sufren cambios continuos de los profesionales que los ven y los programas preventivos se han eliminado por falta de plantilla.

Los efectos de estas deficiencias, base de las inaceptables listas de espera de la SPA actuales, son bien conocidos de todos.

Es preciso destacar que la financiación deficiente de la SPA habría podido ser paliada en este periodo empleando los superávits presupuestarios que, año tras año, han quedado sin gastar (véase un informe de FACUA sobre la inversión en infraestructura sanitaria en estos años), o usando los importantes ingresos adicionales que se recibirían de aceptar la nueva financiación para Andalucía propuesta por el gobierno central, o mediante la suspensión de las mejoras tributarias a las grandes fortunas, o la introducción de medidas de control en el gasto del SAS, como el de farmacia, que se expondrá más adelante. Por ello, se puede concluir que la asfixia presupuestaria de la SPA es parte de un programa predeterminado de este gobierno.

Privatización. Desde su llegada, el Gobierno de Moreno Bonilla ha hecho todo lo posible por apoyar a las empresas sanitarias privadas y por privatizar la SPA, mediante la aplicación inmediata de una serie de medidas. A continuación, vamos a detallarlas en varios apartados.

Tras el resumen anterior, puede afirmarse que el lobby de las empresas sanitarias ha logrado una extensa penetración en la SPA gracias al Gobierno de Moreno Bonilla y a su intención privatizadora.

Importa destacar que el Gobierno del PP ha usado las situaciones críticas de la SPA como oportunidades para instaurar su programa regresivo. Así, en vez de corregir la deficiente financiación debida a la crisis financiera, ha extendido los recortes de ese periodo fuera del contexto temporal, como se ha visto al principio, lo que ha ahondado el deterioro de la SPA y favorecido la expansión de las empresas aseguradoras. También, ha usado la difícil situación sanitaria generada por la pandemia de Covid 19 y la posibilidad coyuntural de realizar contratos de emergencia, para derivar fondos públicos sin control a clínicas privadas, empresas farmacéuticas u otras, incluso arriesgándose fuera del periodo de cobertura legal, un tema que ya hemos descrito en otro lugar. Todo ello confirma la intención deficitaria y privatizadora de la SPA de este Gobierno.

Queremos concluir este análisis sobre el deterioro actual de la SPA aportando nuestra opinión sobre la intencionalidad profunda del Gobierno andaluz actual y su gobierno en relación con la SPA. Pensamos que lo que se intenta es cambiar el concepto de salud. Para la mayoría de la población, la salud es un derecho conquistado que nos hace iguales a todos en cuanto a la salud, y que se sostiene sobre un sistema de Sanidad Pública universal, gratuito en el acceso, de alta calidad y pagado con los impuestos de todos. Sin embargo, para Moreno Bonilla y su Gobierno, la salud es un negocio en el que quien quiera mejor salud ha de adquirirla en el mercado privado, por lo que solo el que disponga de mayores medios económicos podrá acceder a ella, y los demás tendrán que conformarse con una SPA cada vez más deteriorada. Y la pregunta es: ¿lo vamos a consentir?

José Antonio Brieva Romero, ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas

La reaparición de Carmen Romero López en el escenario político no es ninguna casualidad, aunque ahora se sume a la campaña preelectoral de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía. Es un acto consecuente con una larga trayectoria -suya y de ningún otro-, de lealtad inequívoca a los principios del socialismo democrático, con un ingrediente específico: su “Pasión por la igualdad”; algo que se le puede atribuir, tomándolo precisamente del subtítulo del libro que presentó en Sevilla el pasado 23 de septiembre: Pablo Iglesias Posse, Pasión por la igualdad“, excelente trabajo de dos historiadores jóvenes, Francisco Javier Giráldez y Antonio Ortega Castillo (Fundepa, 2025).

Hablemos primero de ese libro, que lleva un documentado prólogo de Carmen Romero. En él destaca una cualidad no siempre bien observada del pensamiento de Pablo Iglesias, fundador de la UGT y del PSOE: su temprana defensa de la mujer, por su doble condición de sometimiento: el laboral y el de género. “Ni patrono en el taller ni déspota en el hogar”, escribió el creador del socialismo en España. Una tesis defendida por esos dos investigadores, con citas y documentos solventes. Lo curioso es que, todavía hoy, resulta llamativa esa firme convicción de Iglesias Posse, como precursor del feminismo en la clase trabajadora, sorteando las trampas que siempre le puso la derecha.

Carmen Romero repasa en su prólogo los fundamentos de aquella actitud precursora y de sorprendente actualidad: “Vivimos un cambio de era y las ideas decimonónicas que marcaron nuestro siglo XX están hoy en profunda revisión. Y para asentarnos en este nuevo tiempo buscamos hurgar en lo que nos ha quedado de aquellos sueños de la razón. Algunos de ellos derivaron en monstruos.” Así se expresa al comienzo del texto, que continúa con la aparición de los primeros focos del socialismo, en distintos lugares, testigos “de las atrocidades, las jornadas de 14 horas, los infames habitáculos, además de las enfermedades y de las inhumanas condiciones laborales”.

Sigue describiendo quiénes eran aquellos “quince tipógrafos, algunos médicos y algún zapatero” que fundaron el PSOE en 1879, con ecos de lo que ocurría en Alemania, en Francia o en Inglaterra, y los primeros signos del combate por la igualad que por allí se daban. Le seguirá una referencia al famoso artículo de Ortega, del 13 de Mayo de 1910, en El Imparcial, “señalando a Iglesias y a Giner de los Ríos como los grandes europeístas” de la época. Vino luego el fuerte encontronazo de Fernando de los Ríos con Lenin (“Libertad para qué”, le preguntó el soviético), con lo que estuvo claro que el camino para la emancipación de la clase trabajadora no iba a ser el del comunismo de Estado, auténtico monstruo de la razón. 

También destaca ese prólogo otras figuras olvidadas del proto-feminismo socialista, como María Cambrils, gran apoyo del fundador en ese campo (y tan autodidacta como él), que en 1925 publicó Feminismo Socialista, con prólogo de Clara Campoamor. Y así hasta llegar al 19 de noviembre de 1933, donde los votos del PSOE, tras algunos titubeos ideológicos, fueron determinantes para que se aprobara, por fin, el sufragio universal femenino. 

Más recientemente, el 25 de marzo, la siempre discreta líder sevillana tuvo en Cádiz un relevante papel en otro homenaje de memoria democrática: el recuerdo del Congreso de la FETE-UGT que allí celebramos hace la friolera de cincuenta años, todavía en la semiclandestinidad. Se ventilaba entonces nada menos que el sindicalismo de clase en el ámbito de la educación universal y gratuita, parejo al de la sanidad, que ahora defiende María Jesús Montero

Vayamos ahora con el retorno de Carmen Romero. La presentación de ese libro puede considerarse el de la reaparición de esta luchadora nata, bastante antes de que se anunciara la fecha electoral del próximo 17 de mayo. Le siguió su participación en el homenaje que le rindieron al “Abuelo” la UGT de Sevilla y el activo grupo de “Los jóvenes Socialistas del 68”, que lidera Pepe Romero (otro militante de ética insobornable).

Esto fue el pasado 10 de diciembre. Más recientemente, el 25 de marzo, la siempre discreta líder sevillana tuvo en Cádiz un relevante papel en otro homenaje de memoria democrática: el recuerdo del Congreso de la FETE-UGT que allí celebramos hace la friolera de cincuenta años, todavía en la semiclandestinidad. Se ventilaba entonces nada menos que el sindicalismo de clase en el ámbito de la educación universal y gratuita, parejo al de la sanidad, que ahora defiende María Jesús Montero; dos asuntos clave del socialismo, no lo olvidemos, representados por estas dos mujeres, igualadas en su pasión la igualdad, cada una con su estilo.

Parecerá un discurso de otro tiempo, casi una rareza, el de la doble militancia –sindicato y partido- de una organización democrática, educativa, feminista, europeísta, e internacionalista, a la que hay que refrescarle las raíces, y corregir los errores, con más democracia, no con menos.

Tarea difícil, pero no imposible, si se tiene en cuenta que ambas formaciones surgen de un mismo tronco fundamental: la Ilustración. Y que ahora más que nunca necesita de un nuevo impulso en la última seña de las que hemos enumerado: el internacionalismo, el de la socialdemocracia que hizo grande a Europa y a América del Norte; el modo ideático de Occidente. Con todos sus defectos, sigue siendo el menos malo de todos los sistemas democráticos inventados. Por algo será que Pedro Sánchez está ganando enteros en el (des)concierto internacional. Porque en el fondo de la historia sigue resonando la voz de Pablo Iglesias. La que Machado recordaba, de niño, como “el timbre inconfundible de la verdad humana”. 

Con su habitual tono de cronista oficial, Moreno Bonilla declaró, tras la negligencia que provocó la crisis de los cribados, que los problemas del SAS no eran de personal ni de dinero, sino más profundos. No le faltaba razón, el problema es el modelo del Partido Popular. Han empeorado todos los indicadores. Las listas de espera están en cifras escalofriantes, se ha maltratado al personal sanitario y a los pacientes. Todo ello tras dilapidar miles de millones de euros que vuelan a las cuentas de resultados de las multinacionales farmacéuticas y de las empresas de sanidad privada. Estas son las grandes beneficiarias del destrozo del Servicio Andaluz de Salud.

Mientras Moreno Bonilla promete, las empresas privadas facturan. Lo hacen con los “encargos” del SAS y con el aseguramiento privado, ese que sigue creciendo sin parar porque la ciudadanía necesita atención sanitaria y no puede esperar semanas una cita con su médico de familia o meses, incluso años, a que le vea un especialista. Un negocio redondo a costa de nuestra salud, pagado con nuestro dinero y atendido con nuestro personal, al que el PP ha abierto la puerta a trabajar en la sanidad privada mientras afirma que no contrata más profesionales “porque no los hay”.

Mientras Moreno Bonilla promete, otra vez con unas elecciones en puertas, el hospital de Cádiz, el de Málaga, o el materno infantil de Huelva, solo en el último concierto ha entregado 553 millones de euros a la sanidad privada, siendo las mayores beneficiarias HLA, Quirón, Vithas y Pascual. Él posa para la foto y pone la primera piedra, pero es la sanidad privada la que construye y amplía su red con nuestros recursos. Desde que llegó al gobierno, ha trasvasado 4600 millones de euros a la sanidad privada. Solo en este año, la inversión pública del SAS decrece en 244 millones, mientras que el presupuesto que irá a la privada contabiliza 705 millones.

Y todo ello con las listas de espera fuera de control.

Las consecuencias de no cuidar a la población ni al personal sanitario las estamos padeciendo a diario. La indignación que ha movilizado a sindicatos, mareas y asociaciones de pacientes marca con claridad el cambio de rumbo que toda la sociedad reclama y que las políticas de salud de la Junta necesitan.

Este pasado domingo lo vimos con claridad: profesionales sanitarios, desde médicos hasta celadores, desde enfermeras hasta personal administrativo, junto a cientos de colectivos y miles de personas, salieron a las calles de las 8 capitales andaluzas bajo el lema “Negocio en sanidad, más mortalidad” para manifestarse contra el deterioro constante que sufre la sanidad pública andaluza.

En definitiva, para reclamar algo tan básico como contar con una sanidad pública que cuide a las personas, que no mire la cartera y que garantice la atención en condiciones de igualdad. Porque la sanidad pública no es solo un servicio esencial: es una pieza clave del modelo de futuro que necesita Andalucía.

Los problemas son profundos y requieren decisiones políticas audaces. La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que coloque el bienestar de su población por encima del interés de cuatro empresas sanitarias

Estas movilizaciones suponen, además, una enmienda al intento de Juan Manuel Moreno Bonilla de expulsar del debate público la cuestión sanitaria, como si no fuera político garantizar cita rápida cuando tienes fiebre, diagnóstico a tiempo cuando hay riesgo grave en tu salud o intervención quirúrgica que no se cronifique en una espera desesperante.

Es imperativo un cambio de gobierno que rectifique esta deriva que, no lo olvidemos, cuesta vidas. El Servicio Andaluz de Salud no aguanta una tercera legislatura en esta situación.

“Hay que fortalecer el SAS” no es una frase vacía. Falta personal en todas las categorías y para contratarlo y retenerlo se precisan contratos más estables y mejor retribuidos. Este refuerzo permitiría acabar con miles de derivaciones y poner a pleno rendimiento los equipamientos sanitarios públicos. La sangría de derivaciones cuesta mucho más cara que mejorar las plantillas. Tenemos personal sanitario andaluz en todas las CCAA y en el extranjero, y una fuga incesante a la sanidad privada. Simplemente, no nos lo podemos permitir.

Tampoco es aceptable que sanitarios duerman en autocaravanas en los aparcamientos de los hospitales para cubrir contratos de corta duración en los municipios de gran afluencia turística. Para ese personal, el SAS debe incorporar un complemento a modo de “cheque vivienda” que les permita afrontar el sobrecoste de su alojamiento. No es de recibo que tengamos a miles de niños y niñas sin atención pediátrica en sus centros de salud y que la Junta mantenga una brecha salarial entre facultativos de hospitales y de Atención Primaria que en algunos casos supera el 20%. Es injustificable que las TCAE sigan con unas funciones de 1973 y se les niegue su categoría real, el C1. Es inaceptable que no haya matronas, técnicos de documentación o de anatomía patológica, personal administrativo… que lo formemos para que luego engrosen las listas del paro o se marchen a trabajar a otros sistemas. Y, definitivamente, es un insulto a nuestra inteligencia que se oculten los datos de listas de espera de pruebas diagnósticas mientras que trece CCAA los publican.

Ese apagón da la medida del riesgo cierto en el que se mantiene a la ciudadanía: sin diagnóstico no hay tratamiento, y sin tratamiento no hay recuperación. Así que es cierto. Los problemas son profundos y requieren decisiones políticas audaces. La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que coloque el bienestar de su población por encima del interés de cuatro empresas sanitarias.

La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que trabaje solo para ella y que no le tiemble el pulso. Sin corrupción, sin contratos a dedo, sin dar a ganar una fortuna a las multinacionales por medicamentos que podrían adquirirse a mejores precios, sin puertas giratorias, y sin faltar al respeto a las víctimas de este destrozo. Y, por encima de todo, sin mentiras

Y esto se logra, por ejemplo, con un férreo control del gasto en medicamentos, aunque a alguna que otra farmaceútica le moleste. O asegurando el acceso a un hospital de titularidad y gestión íntegramente públicas. Y si para ello hace falta expropiar el uso de hospitales actualmente privados, debe hacerse, moleste a quien moleste.

Y también es posible que a algunas personas les moleste un gobierno que elimine la compatibilidad entre sanidad pública y privada para jefaturas de servicio y puestos de responsabilidad. Pero debe hacerse, porque no es lógico que quienes dirigen nuestra sanidad trabajen en la “competencia”.

En definitiva: solo con medidas certeras, firmes y valientes es posible construir una sanidad pública a la altura de Andalucía.

Solo así será posible garantizar atención sanitaria de calidad los 365 días del año en todos los rincones de nuestra comunidad o garantizar un tiempo de espera máximo de 48 horas para las citas con el médico o médica de cabecera.

La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que trabaje solo para ella y que no le tiemble el pulso. Sin corrupción, sin contratos a dedo, sin dar a ganar una fortuna a las multinacionales por medicamentos que podrían adquirirse a mejores precios, sin puertas giratorias, y sin faltar al respeto a las víctimas de este destrozo. Y, por encima de todo, sin mentiras.

Porque los andaluces merecemos un gobierno que nos cuide, no que nos mienta. Un gobierno que cuente la verdad sobre lo que ocurrió con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, que restaure el daño causado a las afectadas y que repare la memoria de las que ya no están y fueron víctimas de tan criminal negligencia. Se lo debemos.

Estamos a tiempo de revertir la situación y hay recursos para hacerlo. Vamos a ello. Por la sanidad pública. Por Andalucía.

En el debate público andaluz y español se ha instalado una premisa inquietante: la idea de que las nuevas generaciones están abrazando en bloque la extrema derecha. Sin embargo, los datos exigen enfriar el diagnóstico. La evidencia empírica demuestra que no estamos ante una hegemonía radical, sino ante un fenómeno más complejo: una polarización generacional creciente y un aumento significativo de la influencia de estos discursos en segmentos específicos, particularmente entre los varones.

No obstante, minimizar el problema sería un error de cálculo. Aunque no exista una adhesión mayoritaria, las encuestas en España arrojan un dato que debería encender las alarmas en cualquier democracia: cerca de una cuarta parte de los jóvenes declara preferir una dictadura al sistema democrático en determinadas circunstancias. Este indicador no revela necesariamente una convicción ideológica firme, sino una profunda vulnerabilidad ante los relatos autoritarios. Para entender este deslizamiento, es necesario diseccionar las causas estructurales que operan en nuestro entorno y, sobre todo, el papel que está jugando —o dejando de jugar— nuestro sistema educativo.

El caldo de cultivo: precariedad, género y algoritmos

El atractivo de la extrema derecha no es un fenómeno meteorológico; es el síntoma de una triple crisis que golpea con especial dureza en regiones con tejidos económicos frágiles como el nuestro.

En primer lugar, opera un elemento material clave. La juventud se enfrenta a un horizonte vital marcado por la precariedad laboral, la sobrecualificación y unos salarios que convierten el acceso a la vivienda en una quimera. Esta realidad genera una sensación de “horizonte cerrado” y humillación social. En este contexto, los discursos que prometen orden, mano dura y protección identitaria frente a “los de fuera” encuentran un terreno fértil, presentándose no como amenazas a la libertad, sino como remedios rápidos a la angustia vital.

En segundo lugar, la brecha de género es el gran vector de esta radicalización. Los datos europeos sitúan el apoyo a la extrema derecha en torno al 21% entre los hombres jóvenes, frente a un 14% de las mujeres. Existe una reacción antifeminista palpable: narrativas que presentan la igualdad de género como un ataque a la “normalidad” y que capitalizan malestares masculinos que no han sido abordados desde una perspectiva igualitaria.

Finalmente, el campo de batalla es el ecosistema digital. Plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en los principales espacios de socialización política. Allí, actores de extrema derecha despliegan estrategias sofisticadas, utilizando el humor, la estética aspiracional y la pseudoautoayuda para permear en el imaginario juvenil. Sin una alfabetización mediática crítica, los mensajes de odio o conspirativos se normalizan con pasmosa facilidad.

La Escuela ante el espejo: de la inacción a la responsabilidad

Frente a este escenario, es común escuchar voces que acusan a la escuela pública de adoctrinamiento. Sin embargo, la investigación educativa sugiere que el problema no es el exceso de política en las aulas, sino su ausencia. Podría hablarse más de inacción y timidez que de manipulación.

El sistema educativo, también en Andalucía, ha tendido a evitar el abordaje frontal de los conflictos políticos actuales y del pasado traumático reciente. El tratamiento escolar del franquismo y las experiencias autoritarias suele ser tardío y a menudo superficial, lo que ha generado un déficit de cultura histórica. Esta carencia facilita que una parte de los adolescentes relativice la dictadura o simpatice con figuras autócratas por simple desconocimiento de sus implicaciones reales.

Ese vacío que deja la educación formal al no querer “politizar” la enseñanza lo ocupan inmediatamente otros agentes: los algoritmos de recomendación y los creadores de contenido extremista, que asumen la iniciativa formativa sobre qué significa vivir en sociedad.

Hacia una pedagogía de la resistencia democrática

Si aspiramos a revertir esta tendencia, la solución no pasa por incrementar las horas de instrucción memorística sobre las instituciones, cuyo impacto ha demostrado ser limitado. La investigación internacional señala el camino hacia una educación ciudadana más robusta y vivencial.

En conclusión, una educación ciudadana conectada con la realidad material y digital de los jóvenes no garantiza por sí sola la inmunidad ante la extrema derecha, pero es la herramienta más potente que tenemos para reducir la vulnerabilidad ante las soluciones autoritarias. Si la escuela no ofrece respuestas complejas a los problemas difíciles de nuestro tiempo, otros seguirán ofreciendo respuestas simples, falsas y peligrosas.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

En los primeros 80 muchos partidos españoles de izquierda vieron inicialmente la construcción europea como un proyecto capitalista, tecnocrático y de élites, alejado de los intereses de la población. La integración europea era percibida como un proceso impulsado por sectores socioeconómicamente altos en su beneficio. En décadas posteriores, estas fuerzas evolucionaron hacia un europeísmo crítico, defendiendo la integración, pero denunciando su orientación neoliberal y reclamando un giro social profundo.

En estos momentos, con los nuevos retos a nivel mundial, estamos convencidos que necesitamos que la Unión Europea se fortalezca y se convierta en una entidad autónoma para tomar decisiones con las que poder enfrentarse a las grandes tecnológicas americanas, al empuje de China, para mantener y defender la democracia, para imponer una redistribución más justa de los beneficios de la ultima revolución tecnológica, etc. Necesitamos, en primer lugar, que Europa se constituya como un bloque y en segundo orientarla en beneficio de la mayoría. ¿Pero que queremos decir con autonomía de Europa? Veamos, no exhaustivamente, algunos elementos necesarios para su fortalecimiento y autonomía.

El Informe Draghi, publicado en septiembre de 2024, es un análisis sobre cómo la UE puede recuperar competitividad frente a Estados Unidos y China. El informe diagnostica una Europa con crecimiento lento, baja productividad, energía cara, fragmentación regulatoria y fuertes dependencias externas, y propone un plan de transformación de gran escala. Mario Draghi advierte que, sin acción rápida y coordinada, la UE afrontará una “lenta agonía”, perdiendo autonomía, bienestar y peso global. El continente necesita un salto conjunto en inversión, integración y ambición estratégica para asegurar su competitividad futura.

Europa necesita cerrar la brecha de innovación frente a EE. UU. Para ello, según el informe, Europa necesita invertir masivamente: entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para digitalización, transición verde, defensa y tecnologías clave. Y esto debería afrontarse mediante deuda común europea para financiar grandes proyectos estratégicos, los llamados eurobonos.

Los eurobonos son títulos de deuda a largo plazo emitidos por la Comisión Europea o el Banco Central Europeo (BCE). Es la deuda conjunta de la UE. Nunca llegaron y muchos piensan que nunca vendrán, aunque la gente los sigue esperando. Sin embargo, el momento es especialmente oportuno para lanzar los eurobonos, ahora que Europa necesita un potente instrumento de deuda soberana. Las condiciones son oportunas para impulsar estos activos seguros, pero la palabra sigue siendo tabú en Alemania.

¿Y que hacer con las grandes tecnológicas fundamentalmente americanas? Los oligarcas de Silicon Valley están manipulando nuestra atención y abriendo paso en sus redes al autoritarismo populista de Trump y de la ultraderecha europea. ¿Qué se puede hacer desde el progresismo para frenar esta dictadura tecnológica y superar la dependencia de Estados Unidos? La primera idea pasa por regular las redes a nivel europeo para que no influyan de forma indebida en nuestras democracias. La segunda establecer, como ha sido sugerido, responsabilidad legal de los directivos de las plataformas por la publicación de contenidos. La tercera regular los desarrollos y la aplicación de la Inteligencia Artificial. Estas ideas han provocado la respuesta airada de Elon Musk, pero son claves para orientar el desarrollo de esta revolución tecnológica.

Son necesarias reformas fiscales en Europa para obligar a las empresas, y en particular a las grandes tecnológicas americanas, a pagar impuestos en los países en los que ofrecen servicios y no solo en aquellos donde tienen sede. Este tipo de planteamientos solo es posible en unidades políticas del tamaño de Europa.

También hace falta unidades políticas de tamaño europeo para imponer un impuesto mínimo a todas las empresas. La OCDE ha impulsado el Impuesto Mínimo Global (IC). Esta medida fue acordada en 2021 y tiene como objetivo garantizar que los grandes grupos multinacionales tributen un tipo mínimo del 15% en todos los países en los que operan. Este sistema, se busca que las multinacionales paguen impuestos justos, independientemente de las reglas fiscales de cada jurisdicción, eliminando prácticas de optimización fiscal agresiva. La Unión Europea limitó su aplicación a multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros y Estados Unidos a aquellas con más de 1.000 millones de dólares durante tres años consecutivos. En enero de 2025, en Estados Unidos, tras asumir su segundo mandato el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que declaraba que su país se retiraría y no seguiría aplicando las disposiciones del acuerdo fiscal mundial. Estas decisiones del gobierno de EE. UU. hacen más necesaria la autonomía de Europa.

En el aspecto energético Europa es claramente dependiente, no es autónoma. Europa tiene una baja producción de petróleo y gas, debido al agotamiento de yacimientos, y las políticas climáticas adoptadas. Esto genera alta dependencia externa, crisis de precios. Por una parte, Europa paga un precio muy alto por las sanciones contra Rusia, al sustituir gas procedente de gasoductos rusos por Gas Natural Licuado estadounidense mucho más caro. El problema no es solo comprar gas más caro, es que hace a los europeos más dependientes de EE. UU. que últimamente está demostrando que no es un socio del que fiarse. En segundo lugar, estamos convencidos de que las energías renovables son un elemento clave para abordar soluciones al cambio climático cuyas consecuencias ya estamos viendo. A medio plazo la autonomía energética europea se puede conseguir con un fuerte desarrollo de las energías renovables. Esto implica una mayor integración energética y un fortalecimiento de las redes eléctricas europeas.

Hoy muchos piensan que Europa está seriamente amenazada. Vemos que en geopolítica se ha impuesto la ley del más fuerte, Europa está seriamente amenazada por la doctrina Trump: América para los americanos, y eso incluye a Groenlandia. El trumpismo nos ve como un adversario. Y el compromiso de Estados Unidos en la OTAN se desvanece, pero somos completamente dependientes de ellos en sus decisiones y en la compra de material militar. Los problemas de seguridad europeos los tenemos que resolver los europeos. Esto implica que necesitamos integrar las fuerzas armadas europeas en una única fuerza con la capacidad de disuasión adecuada y separar los intereses europeos de los americanos. Eso implica fabricar en Europa el material militar necesario y no tener que comprárselo a EE. UU. Eso significa sacar a Europa de la OTAN o sacar a EE. UU. Europa no puede estar en una alianza que nos hace completamente dependientes de un socio no fiable.

El sistema financiero europeo debe ser autónomo. Desde hace meses, Guillou está sancionado por Estados Unidos por su labor como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) al investigar la actuación de Israel en Palestina. Al presidente estadounidense Donald Trump no le gustó que un juez hiciera sus pesquisas sobre un Estado aliado y le sancionó económicamente. Desde entonces, las empresas estadounidenses rechazan sus operaciones de pago. No puede tener una tarjeta de crédito, ni pagar con el móvil, ni comprar ese billete de tren. Las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos son solo de Visa y Mastercard. Si Trump considera oportuno sancionar a una persona o empresa cualquier empresa, o persona estadounidense o filial puede estar obligada a aplicar las sanciones y bloquear inmediatamente las transacciones asociadas porque, si no lo hacen, se enfrentan a procesos penales en Estados Unidos. Once juristas del Tribunal Penal Internacional y Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos están en la misma situación.

Desde el punto de vista de la gobernanza Europa necesita un mecanismo más eficaz de toma decisiones. La Comisión Europea debe tener mas competencias y las decisiones deben tomarse por mayoría simple. La unanimidad actual es un mecanismo que impide tomar decisiones.

Las universidades europeas están razonablemente bien integradas, pero hace falta un Plan Europeo de Investigación que focalice las capacidades universitarias europeas hacia la consecución de la tecnología necesaria para rebajar la brecha con EE. UU. y China.

Claramente queremos que Europa profundice su democracia y su estado del Bienestar.

Muchos más aspectos hay que analizar para definir lo que entendemos por autonomía de Europa, pero los esbozados arriaba nos pueden dar una idea.

En muchos aspectos Europa no va siguiendo la senda sugerida. Alemania impone sin oposición en Bruselas el ‘diktat’ de la simplificación normativa, tan equivocado como la austeridad de hace 15 años. Esto significa desregular y rebajar las pretensiones del Estado del Bienestar alemán. Las llamadas fuerzas de ultraderecha claman por un mayor nacionalismo, abandonar Europa y someterla a los dictados de EE. UU.

El camino trazado no es fácil, pero es un objetivo que orienta el camino de las fuerzas progresistas. Urge la creación de una fuerza política de tamaño europeo que compita electoralmente por estos objetivos y pueda llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas convencidas de la necesidad de Europa. Quizás la mejor manera sería comenzar este camino con un núcleo reducido de países fuertemente convencidos de la necesidad de Europa.

En mi recorrido por el sistema andaluz de salud mental he recibido múltiples diagnósticos, desde crisis adolescente hasta el famoso Trastorno Límite de Personalidad. Todos ellos sin plantear siquiera la posibilidad de que estuviera dentro del foco de la neurodivergencia. ¿Por qué cuesta tanto creer en la posibilidad de que una chica entre dentro de ese marco? Y sí, me refiero al género femenino a propósito por la poca prevalencia que el espectro autista tiene notificado oficialmente en mujeres. Esto refleja un problema enraizado: el sesgo de género, que se practica también en nuestras consultas psicológicas y psiquiátricas. Una brecha más para la mujer.

En cuanto a mi historia personal, mi contacto con una Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) comenzó en el 2014 y desde entonces he tenido que guiar mi viaje por mi mente a mis respectivos terapeutas. Parecía que ninguno comprendía lo que pasaba por mi cabeza, por qué tenía esas crisis o la razón de mis conductas y comportamientos.

Y es que no hay una soledad más oscura que sentir que nadie te comprende, de hecho, ni siquiera los que se suponen que son los profesionales que te acompañarán en tu viaje a la recuperación. Pero ahora he comprendido que la recuperación no es eso que ellos plantean. Un dibujo capacitista del futuro, un futuro neurotípico en el que trabajas sin problema, haces tu día a día como todo el mundo espera, mantienes relaciones sociales frecuentes, en resumen, hacer frente a la vida como todo el mundo comprende. 

Una demanda de entrar al mundo laboral, ¿no es así? En resumen, esa es la finalidad de la curación de un problema de salud. Todo está enfocado a ello.

Pero, ¿cuál es mi realidad? Tengo que hacer frente a una evaluación y diagnóstico por la privada legitimado por la pública de (el centro más barato pero de renombre) TEA en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral por 350 euros viviendo con una pensión por mi acreditado 65% de discapacidad al cual no puedo hacer frente

Entonces algo en tu cabeza estalla y no puedes soportar más esas exigencias. Te permites (solo algunos o algunas de nosotras) parar y te estabilizas. Al fin te encuentras a ti misma. Encuentras paz, te analizas. Y empiezas a leer. En mi caso, me interesa muchísimo analizarme así que leo mucha psicología (entre otras disciplinas) y me doy de bruces con el espectro autista.

Lo dejo apartado por un tiempo, pero necesito retomarlo meses después. Empiezo a hacer tests de autismo ¿y lo que más me preocupa? El propio sesgo de confirmación. Por eso contrasto información de mi infancia con mi madre, con personas de mi alrededor… no confío en mi propio criterio.

Acudo al SAS a cita rutinaria, le planteo mis dudas. Me indican lo siguiente: “Aquí no te podemos evaluar de autismo, las pruebas son muy caras”. Son palabras textuales de la psicóloga de la Seguridad Social. Es decir, mantenerme con ocho psicofármacos distintos sí, evaluarme no. Minipunto para las farmacéuticas. Volvéis a ganar.

La realidad es que necesito una revisión de diagnóstico urgente, conocer la realidad, mi mapa mental, que me aborden desde la objetiva clínica existente. 

Pero, ¿cuál es mi realidad? Tengo que hacer frente a una evaluación y diagnóstico por la privada legitimado por la pública de (el centro más barato pero de renombre) TEA en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral por 350 euros viviendo con una pensión por mi acreditado 65% de discapacidad al cual no puedo hacer frente.

De modo que tenía dos opciones: quedarme de brazos cruzados y que la Seguridad Social me tratase como le diese la gana o hacer justicia y montar un crowdfunding que es justamente lo que he hecho.

Mi duda existencial ahora es cómo nombrar a esto, ¿simplemente injusticia o propiamente negligencia?

El 26 de febrero de 2026 el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó con los votos del PP una moción “urgente” de Vox contra el proyecto de regularización de inmigrantes del Gobierno. El Ayuntamiento no presentó sin embargo ninguna alegación en el procedimiento de información pública de ese proyecto, el cauce normal de expresión de una administración, como sí hicieron más de 300 personas y entidades.

La moción aprobada por el PP no se detiene en el rechazo a la propuesta de regularización sino que incluye muchas otras medidas, en un apretado circo de confusión y contradicciones: repatriaciones, retiradas de nacionalidad, deportaciones –en especial de los “menores no acompañados con sus padres” (sic)-, adecuación de los inmigrantes a nuestras “cultura y costumbres”, eliminación de subvenciones a organizaciones, retirada de la figura del arraigo…

Una decisión poco comprensible

No es una sorpresa el rechazo frontal a la regularización mantenido por Vox. Pero sí lo es que ese proyecto, impulsado por amplios sectores sociales y por la misma Iglesia Católica, sea rechazado por el PP. Y, más aún, que lo haga mediante la aprobación de un documento de mentiras, insidia, ignorancia, incoherencia y odio, que además cuestiona y critica las iniciativas de “regularización” anteriores, algunas de las cuales fueron llevadas a cabo en su momento por el propio PP.

¿Qué ha llevado a que 17 concejales del PP aprueben esa moción, manchando así la trayectoria de buen hacer y de respeto de un alcalde como el que tiene Málaga? Porque el actual alcalde malagueño no se merece ese trato.

Mentiras

El documento es una pura mentira de principio al fin, además de estar plagado de inexactitudes jurídicas. Ni lo que quieren anular se llama como dicen que se llama (¿Qué es eso de la “regularización masiva…que llegará a afectar a tres millones y medio de inmigrantes”?), ni los “ilegales” a los que se refiere constantemente son ilegales sino irregulares (algo muy distinto, ya que en su gran mayoría entraron en España por aeropuertos y carreteras, con sus papeles para el caso), ni las cifras que cita son reales, ni los supuestos argumentos sobre los que sostienen su petición tienen el menor viso de verdad, ni los impactos que enumeran son ciertos.... El texto es una mera copia de tantos otros del mismo tono que circulan por las ciudades europeas desde ese interés de los populismos por centrar su mensaje de odio en la inmigración, ya que creen que el miedo resultante les proporciona votos.

Que este miedo, las mentiras con que se construyen y sustentan, y las inconstitucionales propuestas que contiene hayan calado en las ilustres cabezas de los concejales de dos grupos políticos de una capital tan liberal como Málaga, sólo puede hablar de la profundidad con que esas tonterías penetran en cabezas supuestamente “preparadas”, salvo que se pueda objetar, y no sé entonces qué sería peor, que esos ilustres munícipes no se hubieran leído los documentos que aprobaron.

La moción aprobada por el PP es un texto despreciable, ajeno por entero a los valores al uso en Andalucía, sean católicos, liberales, socialdemócratas o de izquierdas. Una moción que nunca debió prosperar y que se ha colado en la trayectoria honorable de una ciudad y de un alcalde que se ha esforzado hasta ahora por su mejor futuro

Ponerse a responder punto por punto cada una de esas mentiras es una mera pérdida de tiempo; en cualquier caso ya lo han hecho personas e instituciones en muchos países y ahí quedan sus argumentos, de fácil consulta en el reciente informe del Consejo Económico y Social de España sobre la inmigración, presentado por la Junta de Andalucía hace pocas semanas en Sevilla. Dar razones contra los mentirosos (a sabiendas de que lo son) es tan estéril como hubiera sido ponerse a rechazar a base de argumentos los incendiarios y provocadores mensajes antijudíos de los Protocolos de los Sabios de Sión, o tantas otras construcciones mentirosas sobre los inmigrantes -andaluces, extremeños, gallegos, murcianos, cántabros…- en algunas capitales españolas, en otras épocas.

Unas tristes “perlas”

De las tonterías de la moción sólo quería resaltar aquí por, para mí, su especial relieve, dos de ellas.

En primer lugar, los munícipes malagueños suscribientes de la moción, en su mayoría del PP, ciudadanos españoles, piden que se revise (“se audite” dice) todas las concesiones de nacionalidad a otros ciudadanos españoles, como si los propietarios de la “ciudadanía” fueran ellos. Acaso creen que hay ciudadanos de primera, de segunda e incluso de tercera, como en los antiguos trenes. Esa apropiación de la ciudadanía por quienes están en el poder en un momento dado tiene una larga historia -díganselo si no a los alemanes que vieron anulada su nacionalidad por tener alguna sangre judía-. Los escenarios que pueden seguir a la aceptación de ese principio son tan horribles que mejor no mencionarlos. Además, ¿es que los munícipes, entre los que se encuentran además un buen número de licenciados o graduados en derecho y en otras materias próximas a las relaciones laborales y al trabajo social, ponen en dudan la honorabilidad del trabajo de los miles de funcionarios que se ocuparon de la tramitación de los cientos de miles de expedientes de nacionalidad resueltos en lo que va de siglo?

En segundo lugar, es llamativo que ese mensaje contra la regularización, que contiene además muchas otras medidas contra los españoles no nacidos en España, se haga desde una ciudad que vive de los extranjeros, como vecinos, como visitantes, y como trabajadores, y que se ha esforzado y gloriado por atraer trabajadores extranjeros a sus espacios tecnológicos para mejorar su competitividad. Esta moción se hace, además, en un municipio donde la inmigración tiene un peso inmigratorio moderado, por debajo del medio en Andalucía. Es un signo más de que ese tipo de mensajes sólo persiguen el incendio, y le da igual su desajuste completo al contexto en el que se vierte.

Queda además la duda sobre si la propuesta contra los extranjeros (porque es a ese colectivo a quien constantemente se refieren de manera tácita), incluye a todos, o solo a los extranjeros “pobres”. Quizás debieran aclararlo ya que es difícil creer en la salud mental de quienes en la costa malagueña tirasen piedras contra los inmigrantes ricos.

Una pena

En definitiva la moción aprobada por el PP es un texto despreciable, ajeno por entero a los valores al uso en Andalucía, sean católicos, liberales, socialdemócratas o de izquierdas. Una moción que nunca debió prosperar y que se ha colado en la trayectoria honorable de una ciudad y de un alcalde que se ha esforzado hasta ahora por su mejor futuro.

Con motivo del 8M la radio televisión española programó una serie de películas de índole feminista. Una de ellas era “On the basis of sex”, película norteamericana de 2018 que en español se tradujo como “Una cuestión de género”, basada en hechos reales. Concretamente relata la batalla judicial de la abogada, y después jueza del Tribunal Supremo estadounidense, Ruth Bader Ginsburg contra la Administración Tributaria de EEUU por una causa de discriminación por razón de género, esta vez, de un hombre.

Los hechos se remontan a 1970, cuando el Tribunal Fiscal deniega a Charles Moritz una deducción en su impuesto sobre la renta, como cuidador de su madre, porque dicho beneficio fiscal solo estaba previsto en la ley en caso de ser mujer. El Código tributario presumía tácitamente que el cuidado de padres y madres recaía en las hijas, nunca en los hijos, y por este peregrino motivo denegaba la deducción al hijo Moritz.

La abogada Ruth B. Ginsburg pretendía desmontar con este pleito la descomunal estructura de discriminación legal basada en el sexo, que perjudicaba a la mujer de manera general, y a este hombre en particular. Su objetivo era que se reconociera que dicha discriminación vulneraba el Principio de Igualdad, lo que supondría un precedente extraordinario para que las mujeres pudieran usarlo en su favor. Partía de la triste premisa de que las leyes discriminatorias eran constitucionales.

El argumento de la fiscalía se basaba en la tradición conforme al orden natural de las cosas. Se amparaba en la tradición jurisprudencial de más de cien años, en la que reiteradamente se venía confirmando las diferencias entre sexos, acusando a la abogada de querer producir un cambio social radical.

Al hilo de este cambio social radical, temido por la parte más conservadora del país, la letrada Ginsburg basa su alegato en los múltiples cambios ya producidos, poniendo de manifiesto que los jueces (en ese caso eran todos hombres) “se empeñan en conservar la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe”.

El 22 de noviembre de 1972 la Corte de Apelaciones falla a favor del Sr. Moritz declarando inconstitucional la discriminación por razón de sexo.

¿Nos podemos permitir vivir en el pasado? ¿puede la justicia existir al margen de la realidad? ¿cómo se sostiene una profesión que permite que la mitad de sus colegiadas estén invisibilizadas? ¿por qué nos obligan a tener que luchar para que nuestros derechos sean una realidad? Si Ruth B. Ginsburg levantara la cabeza…

Toda esta batalla judicial me llevó triste e inevitablemente a la que mantenemos las abogadas que luchamos por nuestro derecho a ser nombradas. Las que desde hace diez años, los cuatro últimos ante los Juzgados, pedimos que el colegio profesional donde desarrollamos nuestro oficio se denomine Colegio de la Abogacía de Sevilla, en vez de Colegio de Abogados.

A medida que avanzaba la película me sentía peor, un regusto amargo lo impregnaba todo. Estamos en el siglo XXI, los hechos relatados se desarrollaron entre 1968 y 1972, y nosotras en 2026 estamos luchando por que el principio de igualdad y no discriminación no sea pisoteado. Dos juezas en sucesivas sentencias han obviado la legislación vigente en materia de igualdad para poner por encima la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe.

La lucha judicial no ha dicho su última palabra pero no puedo evitar recordar que el antiguo decano animó a sus cercanos a que votaran para que el colegio se siguiera llamando como en 1.706, imponiendo la tradición para mantener el orden natural de las cosas.

Qué pena me da sentir que estoy haciendo un viaje en el tiempo, que vengo del pasado para seguir luchando por un derecho reconocido pero que el poder judicial se resiste a aplicar, dictando resoluciones para un mundo que ya no existe. Una lucha anacrónica que nos debería hacer reflexionar, por justicia y por vergüenza, y hacernos las siguientes preguntas: ¿nos podemos permitir vivir en el pasado? ¿puede la justicia existir al margen de la realidad? ¿cómo se sostiene una profesión que permite que la mitad de sus colegiadas estén invisibilizadas? ¿por qué nos obligan a tener que luchar para que nuestros derechos sean una realidad? Si Ruth B. Ginsburg levantara la cabeza…

Para terminar cojo prestadas las palabras de mi colega en la película “Señores jueces no les pedimos que cambien el país, eso ya ocurrió sin su permiso, les pedimos que protejan el derecho del país a cambiar”. Así sea.

La autonomía de las universidades andaluzas está hoy, más que nunca, en el centro del tablero político y jurídico. Si te interesa el futuro de la educación superior, hay un pulso legal del que tienes que estar al tanto: el choque entre la ley estatal y la nueva normativa autonómica.

Por un lado, tenemos la LOSU (la gran ley estatal), que dibuja un marco de bastante libertad para que las universidades se organicen, contraten a su gente y gestionen su dinero. Por otro lado, acaba de aterrizar la nueva Ley de Universidades de Andalucía (LUPA). Aunque esta última mantiene el discurso de la autonomía, en la práctica introduce una batería de filtros y tutelas de la Junta de Andalucía que estrechan bastante el margen de maniobra de las instituciones públicas.

Veamos con lupa dónde están las fricciones.

De la teoría a la práctica: ¿quién manda en casa?

El punto de partida de nuestra autonomía universitaria está en la propia Constitución, que reconoce el derecho de cada universidad a aprobar sus estatutos, organizar sus estructuras y gestionar su presupuesto. La LOSU estatal se toma esto muy en serio y lo desarrolla con bastante generosidad. La idea básica es lógica: la comunidad autónoma pone las reglas del juego y el dinero (el marco general), pero las micro-decisiones del día a día se dejan dentro de la propia universidad.

Sin embargo, cuando entra en escena la LUPA, la música cambia. La Junta vende esta nueva norma como una inyección de “estabilidad” y “más autonomía”. Y oye, sobre el papel, suena bien. Pero rectores, sindicatos y parte de la oposición coinciden en que la ley despliega mecanismos de injerencia en terrenos que deberían ser de puro autogobierno. No es que la Junta marque grandes estrategias (lo cual sería lógico), es que baja al detalle más minucioso.

Un ejemplo claro lo vemos en los órganos de gobierno:

●      La LUPA reconfigura el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria metiendo en su pleno a las universidades privadas.

●      Esto significa que decisiones súper sensibles, como el mapa de qué carreras se imparten o la creación de nuevas universidades, se toman en una mesa donde las públicas ya no tienen una mayoría clara y compiten con intereses privados.

●      Además, se crea la figura de un “interventor interno” en cada universidad para controlar la economía, añadiendo una capa más de fiscalización a las auditorías que ya existían.

El dolor de cabeza de las contrataciones

Si miramos los recursos humanos, el giro es aún más contundente. Con la ley estatal, la Junta te dice “este es tu límite de gasto”, pero es el consejo de gobierno de la universidad el que aprueba su lista de puestos de trabajo y saca las plazas. Que un departamento necesite dos titulares o un ayudante es decisión de la universidad, formando parte del “núcleo duro” de su autonomía.

La LUPA andaluza da un paso más e impone un control “micro”:

●      Ahora la Consejería de Universidades tiene que aprobar las propias relaciones de puestos de trabajo y las ofertas de empleo público. La decisión viaja del campus al despacho de la Consejería.

●      Se establece un control muy estrecho sobre la temporalidad, limitando a dos años el máximo para profesores sustitutos interinos y exigiendo supervisiones semestrales.

●      Aunque esto se presenta como una garantía contra el abuso temporal, los sindicatos avisan de que ata las manos a las universidades para reaccionar rápido ante bajas o picos de trabajo.

●      Incluso se introducen autorizaciones previas de la Junta para ciertos contratos, reservándose el “bolígrafo” para decir qué contratos se firman y bajo qué condiciones.

Presupuestos: autonomía de boquilla

Llegamos al dinero. El modelo de la LOSU es claro: cada universidad elabora y ejecuta su propio presupuesto equilibrado, decidiendo cómo reparte su dinero entre docencia, investigación o infraestructuras. La comunidad autónoma no debería estar reescribiendo esas partidas.

La LUPA mantiene la palabra “autonomía financiera”, pero en la práctica introduce obligaciones muy concretas:

●      Obliga a destinar, por ley, un 3% de los ingresos a becas y un 5% a planes de investigación. Son objetivos loables, pero fijarlos como porcentajes rígidos quita agilidad para adaptarse a los imprevistos.

●      Se exige a las universidades que capten un 25% de su financiación de fuentes externas, sin que la Junta blinde a cambio una financiación pública suficiente.

●      Esto empuja a las instituciones a una carrera permanente (y agotadora) por captar recursos competitivos o patrocinios, dificultando la planificación a largo plazo.

●      Con la llegada del nuevo interventor, la sensación generalizada en los campus es de un fuerte tutelaje financiero.

En definitiva, la nueva legislación configura un escenario donde las universidades andaluzas conservan la palabra “autonomía” escrita en la ley, pero ven recortado su poder de decisión real en tres pilares básicos: gobierno, personal y presupuesto. Frente al abanico de libertad que abría la ley estatal (LOSU), la normativa andaluza ha optado por un enfoque marcadamente intervencionista. Y en el día a día de las aulas y los despachos, eso se nota.

La Academia de la lengua española define el matonismo como “conducta de quien quiere imponer su voluntad por la amenaza o el terror”. Hoy, fuera de nuestras fronteras, el ejemplo más palmario de matonismo es la decisión del presidente de los EE.UU. de atacar a Irán, sin autorización de su Congreso, sin el aval de las Naciones Unidas, y sin consultar o comunicar previamente a sus presuntos aliados. Estamos, pues, ante un acto unilateral, contrario a la propia Constitución de los EE.UU., a la legalidad internacional, cuyos objetivos permanecen en una difusa y premeditada ambigüedad y confusión. No sabemos muy bien qué pretende Trump: ¿acabar con el régimen de los ayatolás, controlar el petróleo, evitar una amenaza nuclear inexistente, acosar al creciente dominio comercial de China? Y, sobre todo, ¿cualquiera de esos objetivos merece una guerra y poner en riesgo la vida de millones de personas?

Es el dirigente de una de las naciones más poderosas del mundo quien ha decidido ante sí y para sí que hay que bombardear y asesinar a dirigentes y población civil de un país soberano, sin ningún aval de ninguna institución democrática de su propio país ni de instancia alguna de carácter multilateral. Todo lo contrario de lo que exigen el derecho propio, el internacional, la carta de Naciones Unidas, y los tratados multilaterales de los que forma parte Estados Unidos. Estamos, así, ante un acto de arbitrariedad y de máxima violencia que, sumado a los más recientes de Gaza y Venezuela, viene a dibujar un modus operandi que se identifica nítidamente con la vieja “Ley del más fuerte”.

Resulta evidente que el régimen iraní merece la absoluta y contundente repulsa de las sociedades democráticas del mundo, especialmente por su constante violación de los derechos humanos y, de forma más cruel si cabe, de los derechos de las mujeres, como podrían merecerla Arabia Saudí o El Salvador por motivos similares. Resulta una burla, en este sentido, que quienes menos interés han demostrado en condenar la violencia machista en nuestro propio país, salgan ahora a defender la agresión bélica sobre Irán invocando precisamente ese hecho: si tanto les preocupa la violencia machista deberían demostrarlo aquí cada día. Mucho más incoherente resulta que quienes insultan a Pedro Sánchez llamándole traidor a España se sometan dócilmente ante las amenazas y baladronadas de Trump contra España y su gobierno.

A unos y otros, al PP y a la extrema derecha, habría que preguntarles si, como Trump, resolverán sus discrepancias con los adversarios políticos a golpes o a tiros si llegaran a gobernar

Hay, por otra parte, una dimensión de esta situación que me parece debe ser subrayada. Trump es un matón, sin duda, pretende imponer su voluntad por la amenaza o el terror de la guerra. Pero debemos preguntarnos si aquí, entre nosotros, en España, no estamos asumiendo como forma normal de resolver las discrepancias y las diferencias ese matonismo. Cada vez que ese tal Vito Quiles amenaza, acosa y agrede verbal o físicamente a dirigentes políticos o analistas en los pasillos del Congreso o del Senado, en la calle y en las redes, está comportándose como un matón, igual que Trump. Cada vez que Feijóo y el PP callan ante estos hechos y no los desautorizan están siendo cómplices de esos matones. Cada vez que Feijóo y el PP celebran y comparten los insultos e injurias contra sus adversarios políticos están naturalizando y haciéndose cómplices del matonismo como forma de hacer política.

Asistimos, así, a la naturalización de las formas y el fondo del matonismo en la vida pública, con el aliento mediático de medios y pseudomedios de comunicación, con amenazas de motosierras y lanzallamas, generando un clima bélico en las relaciones sociales que se retroalimenta ante la pasividad, cuando no la complicidad activa, de actuaciones policiales y judiciales francamente incomprensibles para la ciudadanía.

A unos y otros, al PP y a la extrema derecha, habría que preguntarles si, como Trump, resolverán sus discrepancias con los adversarios políticos a golpes o a tiros si llegaran a gobernar. A fin de cuentas, ésa es la gran cuestión que debe de plantearse la ciudadanía: ¿la derecha y la extrema derecha pretenden un país donde la discrepancia y la crítica se resuelvan con la pura represión y persecución? ¿Su modelo democrático es el del autoritarismo, el militarismo y la autocracia de Trump? Es absolutamente necesario que aclaren esta cuestión, porque ese sería el gran paso que situaría de una vez por todas a la derecha clásica española en las antípodas de los valores y principios que proclama nuestra Constitución. Usted, ciudadano de a pie, debe saber qué modelo de sociedad defiende esa derecha, y tiene derecho a despejar cualquier incertidumbre sobre la seguridad cívica y jurídica que le asiste como miembro de un estado de derecho. Matonismo o democracia: ésa es la cuestión.

Decenas de miles de mujeres se han manifestado en España este 8M. El 8 de marzo de 1908 tuvo lugar el asesinato de 129 trabajadoras en la fábrica Cotton de Nueva York, cuando realizaban una huelga reclamando 8 horas de jornada laboral e igualdad de voto. De aquella fecha viene la reivindicación que fue declarada oficialmente como el Día de la Mujer Trabajadora, por Naciones Unidas, en 1975.

Bajé a Sevilla desde Mairena del Aljarafe con Ángeles, mi compañera y esposa, y con otros amigos, y vi a decenas, cientos, miles de mujeres manifestándose, gritando eslóganes y exhibiendo pancartas en las que se reclama y se exige igualdad de derechos, respeto, y justicia contra los agresores machistas. Y también se ha gritado y coreado “¡No a la guerra!” que unos machos asesinos y descerebrados llevan a cabo en Oriente Medio para exterminar a la humanidad.

Me fijé en algunas de esas mujeres. Algunas habrán sufrido maltrato y violencia física y/o psíquica. Otras se habrán separado. La mayoría, quiero pensar, ganarán un salario digno, igual al que gana un hombre en trabajo similar, tendrán su familia, un hombre al lado, compañero, esposo, amigo con quien lleve muchos años conviviendo, criando a los hijos, quizá a los nietos, y hoy su pareja va a su lado reclamando esa igualdad que ambos vienen reclamando para dignificar sus vidas y las de sus hijas y nietas. Veo a mujeres jóvenes que viendo lo que ven en sus casas, en el instituto, en la Universidad, en el trabajo y en la sociedad, y viendo cómo partidos que representan a la derecha y ultraderecha radicalizan sus propuestas y les niegan a ellas esa igualdad y no condenan e incluso alientan el machismo y la violencia de género. Viendo eso, esas jóvenes se manifiestan con pancartas y carteles exigiendo igualdad, y condenando a esos partidos y a esos descerebrados que tratarán de hacerles la vida imposible cuando esas jóvenes se enfrenten a su primer trabajo.

Me he encontrado con muchas amigas y amigos que hacía tiempo que no veía, compañeras periodistas que siguen en activo, fotógrafas que se manifestaban y hacían su trabajo para luego publicar en redes o en algún medio convencional. Y al saludarnos y besarnos noté en sus miradas alegres y en sus palabras una grata sensación solidaria hacia los hombres que participamos junto a ellas en la misma lucha. Y he visto a una pareja amiga llevando a su pequeña en una mochila delantera y mostrando a su hijita la primera manifestación del 8M a la que acude. Y me he encontrado con viejas amigas a las que hacía muchos años que no veía. Y he sentido la solidaridad y el afecto, la amistad y esa lucha unitaria de mujeres y hombres para conseguir que las sociedades democráticas avancen en igualdad y derechos sociales, laborales y humanos.

He sentido rabia, indignación e impotencia al comprobar que un año más, y en contra de lo que piensan la mayoría de las mujeres y hombres, no se consiga la unidad de acción en el 8M, y es triste que en una misma ciudad se monten dos manifestaciones distintas con el mismo objetivo y me pregunto y pregunto a las mujeres responsables en las diferentes organizaciones vecinales, sindicales, sociales y políticas: ¿es tan difícil que os pongáis de acuerdo en lo esencial?

Y me he sentido feliz al ver que, año tras año, seguimos defendiendo esa igualdad contra viento y marea. Y me he entristecido al recordar que en lo que va de año, diez mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas y exparejas, y que en 2025 fueron 46 mujeres inocentes, las asesinadas por sus parejas o exparejas, y he maldecido a partidos como Vox y cierto sector ultra del PP que con sus mensajes y declaraciones de odio, xenófobas y misóginas, niegan la igualdad y contribuyen a qué determinados varones, jóvenes y mayores, no respeten a las mujeres e incluso traten de agredirlas y violentarlas.

Y he sentido rabia e indignación ante ese retroceso. Y también he sentido rabia, indignación e impotencia al comprobar que un año más, y en contra de lo que piensan la mayoría de las mujeres y hombres, no se consiga la unidad de acción en el 8M, y es triste que en una misma ciudad se monten dos manifestaciones distintas con el mismo objetivo y me pregunto y pregunto a las mujeres responsables en las diferentes organizaciones vecinales, sindicales, sociales y políticas: ¿es tan difícil que os pongáis de acuerdo en lo esencial? ¿Cuesta tanto convocar una manifestación única y unitaria en cada ciudad, aunque en esa 'mani' haya tramos, cada uno con sus lemas y pancartas reivindicativas?

Y pienso que igual pasa con los partidos de izquierdas, que son incapaces de unirse para crear un frente unido y combatir al fascismo que en piña trata de arrebatarnos los derechos y avances sociales conseguidos desde la transición. Y pienso en el lema: “!La unión hace la fuerza!”, y también en “!Divide y vencerás!”. Y no entiendo cómo no somos incapaces de hacer el esfuerzo por unirnos, dejando a un lado los egos y el propio ombligo, y unirnos en la lucha para conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres, y para frenar el fascismo que avanza pisoteando a miles de víctimas en las guerras asesinas que asolan Oriente Medio (Irán, Gaza, Cisjordania, Líbano) y Ucrania, y amenazan al resto del mundo, incluida la vieja Europa dirigida por títeres siervos de los nuevos Nerones: Netanyahu, Trump, Putin y algún otro genocida. Y grito finalmente: “¡No a la guerra, no a la discriminación, no a la violencia de género!, y ”Sí a la unidad de acción de las fuerzas democráticas para defender las libertades y derechos conseguidos“. ¡Se lo debemos a nuestros hijos y nietos, no seaos egoistas!

Las tradiciones no pueden convertirse en rutinas irreflexivas acaudaladas décadas tras décadas. Conviene adaptarlas a los nuevos tiempos sin que por ello pierdan su esencia. El devenir de la vida no es algo estático y, afortunadamente, la sociedad avanza -con todas sus limitaciones- en valores, participación e igualdad. Aunque solo sea por adaptarse a los nuevos tiempos y a las generaciones más jóvenes, que no es poco, no abandonamos la esencia por caminar coherentes al siglo XXI. No hace falta recurrir a prácticas en el pasado aplaudidas y hoy denostadas.

Es el caso de la Semana Santa y la presencia de la Marcha Real. Un hecho impostado por el franquismo en su interés por estandarizar ritos y actividades públicas, e introducir en momentos claves de la vida social la reafirmación de aquella España, tan católica como una, grande y libre. No se trataría aquí de cuestionar la presencia de su interpretación en actos procesionales. En ningún caso. Solo recordar el origen de un acto asociado a otros “ritos de victoria”: condecoraciones militares a imágenes, creación de nuevas cofradías, hermanamientos, acompañamientos… 

Lo cierto es que con la llegada de la democracia pocas hermandades ha hecho del himno andaluz una presencia normalizada en sus cortejos. Nadie negará su constitucionalidad, su complementariedad con la marcha de granaderos, estando los dos protegidos y reconocidos oficialmente. Podríamos incluso polemizar sobre la presencia de himnos civiles en ceremonias religiosas como algo impropio de un Estado aconfesional, pero tampoco es nuestro caso ahora. Afortunadamente, estamos lejos de aquellos momentos donde para la consagración se escuchaba los sones de la marcha real como certificación de una España victoriosa de una cruzada contra rojos e infieles. Algunos sectores de la Iglesia, empapados del espíritu vaticanista, avanzan más que muchos cofrades. 

Con la llegada de la democracia pocas hermandades ha hecho del himno andaluz una presencia normalizada en sus cortejos. Nadie negará su constitucionalidad

Dicho esto, es justo reconocer que, aunque aun son pocas, va calando con normalidad la interpretación del himno andaluz en actos procesionales. Entre otras, la Hermandad del Señor de la Resurrección y Sta. Mª del Triunfo en Granada, así como la Virgen de los Dolores en el Cerro del Aguila sevillano, disputan ser las primeras. Es más, el palio de la cofradía escolapia granadina -Mayor Dolor- entró en la Plaza de San Pedro en el Vaticano bajo sones andaluces, cuando fue la primera en peregrinar a Roma a propósito del Jubileo de las Cofradías en el año 2000.  

Dicho estos ejemplos, no es arriesgado que bandas y vírgenes acojan el himno andaluz entre sus marchas de acompañamiento o, bien, en entradas y salidas de sus templos. Es más, el origen religioso de su melodía lo avala. Defiendo que es un gesto hermoso y consecuente. Cabe recordar así su origen sobre la base del canto del Santo Dios, que el propio padre de la patria andaluza según el Estatuto de Autonomía, Blas Infante, cantaría según reza en el Reglamento de los Padres Escolapios, donde estuvo escolarizado interno en Archidona. El propio notario de Casares anota entre sus escritos que dicha letra trinitaria la escucha por la Cuenca del Guadalquivir, desde Cantillana en Sevilla (en honor a su Pastora aun) a Alosno en la Sierra de Huelva. Es más, en su obra Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo apunta que se trata de un himno de segadores interpretado a la salida y puesta del sol. Es decir, asociado al trabajo y la naturaleza desde el imaginario del mundo agrario y jornalero. Sus primeros párrafos rezan así: “Santo Dios/ Santo fuerte/ Santo Inmortal/ Líbranos Señor de todo mal”.

Desde sus vivencias y estudios, Infante adoptará así su melodía para el himno de su movimiento, reforzando su origen popular, siendo registrado en 1933 por la Junta Liberalista ya con nueva letra. Es estrenado oficialmente el 7 de julio de 1936 en un concierto de la Banda municipal en la sevillana plaza de San Lorenzo dirigida por José del Castillo; aunque el intento autonomista andaluz en tiempos de la II República popularizó al pasodoble Giralda, del maestro Juarranz. Durante la transición, en junio de 1977, Carlos Cano y la Coral Polifónica Heliópolis de Sevilla presentaron en Ronda en un acto del Partido Socialista de Andalucía el posterior himno oficial. En esta ocasión, bajo formato de disco acompañado en la cara B de su conocido tema 'Verde, blanca y verde'. Lo cierto es que aquel símbolo nacido del testimonio de lo que fue una primera generación de andalucistas con Infante y los suyos, fue restituido y popularizado de la mano del andalucismo de segunda generación constituido en partido y asumido por el conjunto social en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, primer Día de Andalucía. Hoy, como sabemos, ya reconocido oficialmente mediante Ley del Parlamento de Andalucía para gozo de todos y todas. 

En los últimos días, la comunidad de personas con discapacidad en España ha visto cómo se reabría una herida que creíamos cerrada. Un debate que nos golpea directamente en uno de nuestros derechos más fundamentales: el de ser escuchados en las decisiones que moldean nuestras propias vidas. La pregunta que duele y que nos negamos a ignorar: ¿por qué pretenden decidir sobre nuestras vidas en despachos donde nunca hemos sido invitados?

El detonante de esta preocupación es un nuevo criterio que pretende modificar radicalmente la forma en que se realizan las consultas a las personas con discapacidad sobre las leyes y políticas que nos afectan. La propuesta plantea un cambio que no es menor: pasar de una consulta automática y obligatoria a un modelo en el que solo se nos consulte si nosotros, o las organizaciones que nos representan, lo solicitamos expresamente.

En apariencia, algunos podrían verlo como un simple ajuste administrativo. Nada más lejos de la realidad. Porque trasladar la carga de la consulta a quienes ya enfrentamos barreras no es simplificar trámites; es construir un muro invisible que nos deja fuera antes de empezar. Este giro de 180 grados vacía de contenido el principio de participación y coloca el peso de la defensa de nuestros derechos sobre unas espaldas que ya soportan demasiadas dificultades para acceder a la información, a los canales políticos y a la justicia.

Habría que preguntar: ¿cómo vamos a solicitar ser parte de un debate si ni siquiera sabemos que está ocurriendo? ¿Cómo defender nuestros derechos si se nos exige estar en alerta permanente para no perder la oportunidad de ser escuchados en una nueva ley que, se nos consulte o no, llevará nuestra huella?

Afortunadamente, la presión de la comunidad y la fuerza de nuestros argumentos han logrado, por ahora, la suspensión temporal de este criterio. Pero este respiro no es una victoria, sino una advertencia. La discusión sigue abierta, y la preocupación de organizaciones como la nuestra no ha hecho más que intensificarse. Porque lo que está en juego no es una cuestión burocrática menor, sino el cumplimiento de un tratado internacional de derechos humanos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas es meridiana en su Artículo 4. Obliga a los Estados a garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la elaboración de políticas y leyes que nos conciernen directamente. El lema que nos ha guiado durante décadas, “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, no es un simple eslogan para lucir en pancartas. Es el espíritu de la Convención, un mandato legal y un derecho innegociable.

Ignorar este principio tiene consecuencias concretas y dolorosas, y la historia, tozuda, así lo demuestra. Durante demasiado tiempo, las leyes se hicieron “para nosotros”, pero sin nosotros. El resultado fue una sociedad llena de barreras infranqueables: edificios públicos inaccesibles, sistemas educativos que nos excluían, un mercado laboral con puertas cerradas y una atención sanitaria que no comprendía nuestras necesidades. Cada vez que se silencia nuestra voz, se corre el riesgo de repetir esos errores del pasado, creando decisiones incompletas, ineficaces y, sobre todo, profundamente injustas.

Nuestra experiencia vital, nuestro conocimiento de primera mano sobre las barreras que enfrentamos a diario, no es un complemento ni un adorno institucional. Es un saber imprescindible para construir leyes justas y efectivas. Incorporar nuestra perspectiva desde el inicio del proceso legislativo no es un acto de caridad ni una concesión generosa: es una garantía de calidad democrática.

Por todo ello, desde la Alianza por la Polio-Postpolio en Andalucía alzamos la voz para hacer un llamamiento a la reflexión. A los legisladores y autoridades, les preguntamos directamente: ¿por qué quieren decidir sobre nosotros sin nosotros? Les pedimos que recapaciten y se comprometan firmemente con los principios de la CDPD. No podemos permitir que un criterio administrativo mal concebido se convierta en un paso atrás en el camino hacia la igualdad real.

Nuestra voz no es un ruido de fondo que pueda silenciarse con un cambio de criterio: es la brújula ética que debe guiar cualquier ley que pretenda llamarse justa. Sin ella, ninguna decisión estará completa, ninguna ley será digna de ese nombre.

“Nada de nosotros sin nosotros” no es solo un principio: es el pilar sobre el que debemos construir una sociedad donde quepamos todas y todos, sin excepción. Es, en definitiva, un compromiso ineludible con la justicia y la dignidad.

Y mientras alguien, desde algún despacho, se pregunte si debe consultarnos o no, nosotros seguiremos aquí, preguntando más alto: ¿por qué quieren decidir sobre nosotros sin nosotros.

En muchos pueblos de Andalucía la escena se repite: jóvenes que hacen las maletas al terminar la enseñanza obligatoria proyectando un futuro que parece escribirse siempre lejos del lugar de origen.

La despoblación rural no es solo una cuestión demográfica; es también educativa, laboral y social. Algunos estudios subrayan la delicada situación de sostenibilidad social que padecen las áreas rurales, fruto de la salida de personas jóvenes (Camarero et al., 2009; Li et al., 2019).

¿Y si estudiar Formación Profesional contribuyera a que la juventud encontrara motivos para quedarse en el medio rural? Una investigación sociológica publicada en 2025 en Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural señala que la FP puede convertirse en un factor clave de arraigo al territorio, aunque su impacto depende del contexto territorial, el género y el origen social.

La educación, clave en las decisiones de quedarse o marcharse

Durante décadas, la salida del medio rural se ha entendido casi como un paso inevitable para progresar académica y profesionalmente. Continuar estudiando suele implicar desplazarse a ciudades medianas o grandes, y muchas veces ese desplazamiento acaba siendo definitivo.

Sin embargo, no todos los itinerarios educativos generan las mismas expectativas. Mientras que algunos empujan hacia trayectorias claramente urbanas, otros pueden favorecer una inserción laboral vinculada al territorio. Comprender estas diferencias es fundamental si se quiere diseñar políticas educativas y de desarrollo rural más eficaces.

Qué analizamos y cómo lo hicimos

Para profundizar en esta cuestión realizamos una encuesta en 2022 a 171 estudiantes de educación postobligatoria en seis municipios rurales de Andalucía. El objetivo era conocer cómo influyen los distintos itinerarios formativos en las expectativas académicas, laborales y territoriales de la juventud rural.

Nos centramos especialmente en comparar dos vías educativas clave:

Analizamos también la influencia de dimensiones de análisis como el género, el origen social y propias las condiciones territoriales en el acceso a cada itinerario y en las expectativas laborales y residenciales.

No todos los caminos educativos conducen al mismo lugar

Los resultados muestran diferencias claras. El Bachillerato sigue estando fuertemente asociado a expectativas de continuidad educativa fuera del municipio de origen y, en muchos casos, fuera del entorno rural. Para la mayoría del alumnado de Bachillerato, estudiar en la universidad se percibe como un primer paso hacia la ciudad (89,9%). Asimismo,la inserción laboral se proyecta fuera del medio rural en la mayoría de los casos (71%), aunque con cierta inclinación a permanecer en ciudades andaluzas (34,4%).

La Formación Profesional de Grado Medio, en cambio, aparece más vinculada a expectativas académicas y laborales próximas al lugar de origen y, por tanto, a una mayor probabilidad de permanencia en el medio rural. No porque quienes cursan FP “renuncien” a irse, sino porque visualizan oportunidades más concretas y accesibles en su entorno cercano. Por ejemplo, el 63,5% considera que podrá emplearse en el medio rural: el 31,1% en su municipio de residencia, el 27,0% en un pueblo cercano y el 5,4% en un pueblo más alejado. Sin embargo, el restante 36,5% del alumnado proyecta su futuro laboral en entornos urbanos: el 25,7% en una ciudad andaluza y el restante 10,8% en el otra Comunidad Autónoma.

Dicho de otro modo, mientras el Bachillerato suele abrir una puerta que conduce hacia fuera, la FP puede funcionar como un puente entre la escuela y el empleo local.

El peso del género y del origen social

El estudio también revela que el acceso a los distintos itinerarios formativos no es neutral. Persisten diferencias de género y de clase social que condicionan las trayectorias educativas desde edades tempranas. Por un lado, la FPGM se encuentra en términos generales masculinizada (25,6% más de hombres matriculados), mientras que el Bachillerato feminizado (20,4% más de mujeres matriculadas).

Por otro lado, se observa una mayor concentración de progenitores con estudios universitarios entre el alumnado de Bachillerato con respecto al de FPGM. Por ejemplo, el 35,5% de las madres de alumnado de Bachillerato dispone de titulaciones universitarias, frente al 7,9% en el caso de la FPGM. En el caso de los padres, el 20,9% disponen de estudios universitarios entre el alumnado de Bachillerato y el 5,4% entre el alumnado de FPGM.

Esto implica que algunos perfiles de estudiantes encuentran más barreras para acceder a determinadas opciones formativas, lo que refuerza desigualdades preexistentes y limita la capacidad de elección real. Estas desigualdades no solo afectan a las oportunidades individuales, sino también al futuro demográfico y económico de los territorios rurales.

¿Puede la FP frenar la despoblación?

Nuestros resultados no permiten afirmar que la Formación Profesional sea, por sí sola, la solución al problema de la despoblación rural, ya que su vinculación con el arraigo territorial se encuentra condicionado por cuestiones territoriales, de género y de clase social. Pero sí muestran que puede formar parte de la respuesta, más si cabe, en un contexto donde su apreciación social como elección formativa se está revalorizando.

Cuando la FP está bien conectada con el tejido productivo local -agricultura, agroindustria, servicios, cuidados, etc.- ofrece a la juventud una alternativa realista para desarrollar un proyecto de vida sin necesidad de abandonar su municipio. En esta conexión, desempeñan un papel clave las prácticas curriculares que se realizan en las empresas del entorno local. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que se busca revalorizar la FP y adaptarla a las necesidades del mercado laboral. En el medio rural, esa adaptación puede tener un impacto territorial directo.

Implicaciones para las políticas públicas

Si se quiere aprovechar el potencial de la Formación Profesional como herramienta contra la despoblación, no basta con ampliar la oferta de ciclos formativos. Es necesario:

La despoblación no se combate solo con infraestructuras o incentivos económicos, sino también ofreciendo trayectorias educativas que puedan traducirse en una inserción laboral que haga posible quedarse.

Más opciones para decidir, no menos movilidad

Quedarse o marcharse debería ser una elección, no una obligación. La clave no está en frenar la movilidad juvenil, sino en ampliar las opciones disponibles para que vivir en el medio rural sea una alternativa viable y atractiva.

La Formación Profesional, bien diseñada e integrada en el territorio, puede contribuir a ello. No como una vía de segunda categoría, sino como un itinerario con valor propio, capaz de sostener proyectos vitales y colectivos en los pueblos del siglo XXI.

Los contenidos de este trabajo son producto del proyecto «Itinerarios formativos, desarrollo y sostenibilidad rural: relación entre las trayectorias académicas y las expectativas de arraigo de la juventud rural» (UPO-1260928). Ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de la Junta de Andalucía, en el marco del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. El porcentaje de cofinanciación FEDER ha sido del 80%.

Más información en la página web del proyecto: https://eldaupo.wordpress.com/

Andalucía decidió un 28 de Febrero ponerse en pie y no agachar jamás la cabeza. Por su identidad, por su progreso y por su capacidad de decidir por sí misma. No contra nadie. 

La España descentralizada que tenemos no sería posible sin el esfuerzo colectivo de las y los andaluces. Nosotras hicimos Historia logrando una autonomía de primera, al nivel de las más avanzadas de España, abriendo el camino que siguieron el resto de comunidades autónomas de nuestro país. Una igualdad que está cimentada en unos servicios públicos universales, que garantizan seguridad ante la adversidad y la oportunidad de una vida mejor. 

Los andaluces y las andaluzas, con el impulso de los gobiernos socialistas que democráticamente eligieron, construyeron una robusta sanidad pública que durante décadas fue el orgullo de nuestra comunidad y un referente en España y en Europa en calidad e innovación; una educación pública que funcionó como auténtico ascensor social para los hijos e hijas de los trabajadores, acabando con los privilegios; y unos servicios sociales que redujeron desigualdades y convirtieron los cuidados en derechos. 

Como tantas mujeres y hombres de mi generación, sé que lo público no es una palabra abstracta, sino la red que hizo posible nuestros sueños. La garantía de que el talento, el esfuerzo y el trabajo pesan más que la cuna o la cuenta corriente. 

Por eso me duele profundamente comprobar que hoy nuestros servicios públicos, esos que nos posibilitaron ser una comunidad de primera, atraviesan su peor momento desde la llegada de la democracia.

Los andaluces y las andaluzas que un 4 de Diciembre y un 28 de Febrero se echaron a las calles para pedir autonomía e igualdad, hoy se manifiestan masivamente en toda Andalucía en defensa de una sanidad pública de calidad que el gobierno de Moreno Bonilla les niega. Porque a base de recortes, maltrato a sanitarios y privatizaciones, ha dificultado el acceso de la ciudadanía a la sanidad pública cuando lo necesita, quebrando su confianza en el sistema sanitario público y obligando a acudir a la sanidad privada a todo aquel que pueda pagarla, aunque sea endeudándose. 

Andalucía tiene un Estatuto de Autonomía de máximos paralizado por un gobierno más interesado en el falso agravio entre territorios que en el desarrollo de una norma que permitiría mayores cotas de bienestar y progreso

Moreno Bonilla cierra aulas públicas al tiempo que amplía las privadas en todos los niveles educativos. Asfixia a las universidades públicas mientras pone alfombra roja a las privadas sin calidad. Permite que se dispare el precio de la vivienda y no ayuda a la juventud andaluza a tener una propia. 

No por falta de recursos, que es su falsa excusa. Andalucía ha recibido del Gobierno de España 199.782 millones de euros desde que Moreno Bonilla es presidente. 8.500 millones más al año que con Rajoy. Un presupuesto histórico, como él mismo presume, que, sin embargo, no ha supuesto una mejora de los servicios públicos andaluces, sino un deterioro sin precedentes. 

Las mujeres andaluzas han sido objeto de abandonos lamentables por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Como la grave negligencia en el cribado del cáncer de mama -que aún seguimos sin conocer ni su causa ni sus consecuencias reales-, o la lacra de la violencia machista que sigue asesinando a mujeres y a sus hijos e hijas, mientras el PP cada día está más cerca del negacionismo de Vox. 

No cabe resignación ante las políticas sin alma de Moreno Bonilla, ni ante su falta de ambición andalucista. Andalucía tiene un Estatuto de Autonomía de máximos paralizado por un gobierno más interesado en el falso agravio entre territorios que en el desarrollo de una norma que permitiría mayores cotas de bienestar y progreso. 

El 28 de Febrero es un día para celebrar y también para reivindicar. Andalucía vuelve a tener un reto mayúsculo por delante como sociedad: proteger lo que es de todos para que nadie se quede atrás. Lo público como bandera, lo colectivo como escudo

Los andaluces y las andaluzas merecen una autonomía viva y útil, no guardada en una vitrina y a la que sacan brillo solo un día al año. Y necesitan un Estado del Bienestar fuerte que les sostenga frente a la incertidumbre que recorre el mundo. 

Defender lo público no es ideología, es protección. Lo vimos en la pandemia, en accidentes como el de Adamuz o en las inundaciones que hemos padecido recientemente en Andalucía. Son los servidores públicos los primeros en llegar y los que se quedan cuando ya no hay cámaras de televisión. 

Defender Andalucía es, por tanto, defender nuestros servicios públicos. Es cuidar la sanidad, reforzar la educación, dignificar la dependencia, proteger a quienes más lo necesitan. Es entender que ninguna sociedad avanzada puede crecer sobre la desigualdad. 

Defender Andalucía es decir sí a los 5.700 millones más al año para la financiación de nuestros servicios públicos. Es decir sí a la condonación de la mitad de la deuda de la comunidad. 

El 28 de Febrero es un día para celebrar y también para reivindicar. Andalucía vuelve a tener un reto mayúsculo por delante como sociedad: proteger lo que es de todos para que nadie se quede atrás. Lo público como bandera, lo colectivo como escudo.