Días pasados, en el marco de un homenaje municipal a Francisco Espinosa Jiménez, primer presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido de Málaga, el alcalde de la ciudad no perdió la ocasión de reivindicar la concordia como referente a salvaguardar en el antiguo cementerio de San Rafael.

En función del discurso que lanzó, parece que en la mente del alcalde va tomando cuerpo la idea de que el Centro de Interpretación,que se está construyendo a escasos metros de donde se ubicaban las fosas también se dedique a homenajear la “concordia”. Es conveniente recordar que de esa fosas se exhumaron los restos de 2.840 republicanos asesinados durante la guerra y la postguerra. Según los documentos oficiales, los fusilados en aquel lugar entre febrero de 1937 y marzo de 1948 fueron casi 4.500 –once años de crímenes impunes dan para mucho-, pero “sólo” se recuperaron esos 2.840 que hoy en día reposan bajo la pirámide levantada en el lugar. 

Yo fui miembro fundacional de la Asociación y permanecí como socio hasta que concluyó la exhumación de restos. Hace, cosa de dos años, ya jubilado, volví a asociarme porque pienso que en estos momentos de vuelta de la extrema derecha estamos más obligados que nunca con quienes fueron asesinados y silenciados y contra quienes añoran el fascismo, aunque se disfrace con palabras tan sugerentes como “concordia”.

Para los que no sean de Málaga es preciso recordar que la exhumación de las fosas del cementerio de San Rafael se acometió con un acuerdo entre el gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad. Las dos primeras administraciones estaban dirigidas en aquel momento por gobiernos del PSOE, pero en la capital gobernaba el PP con Francisco de la Torre como alcalde. Hace 20 años dio un apoyo leal y sin condiciones al proceso de exhumación de las víctimas del franquismo, algo muy raro en aquellos momentos, incluso en ayuntamientos gobernados por la izquierda. También aceptaba que el parque que se iba a levantar en los terrenos del antiguo cementerio se dedicara a “La memoria” y que el centro de interpretación explicara las fosas y la mayor exhumación de España hasta la fecha.

Francisco de la Torre sabe bien que no tenemos ni rencor ni espíritu de venganza; sirva como muestra la frase de Melchor Rodríguez que elegimos para coronar la pirámide con los nombres de todos los abandonados en las fosas comunes: “Se puede morir por la ideas, pero nunca matar por ellas”

Hace unos años el alcalde de Málaga comenzó a hablar de “concordia”. Creo que fue uno de los pioneros en utilizar este término que posteriormente fue utilizado por su partido y por VOX para nombrar unas leyes que se oponían a las leyes de Memoria Democrática. En paralelo, Francisco de la Torre fue incrementando su alusiones a ese término y comenzó a acusar a los que no recibimos con algarabía su “concordia” de actuar con rencor. Él sabe bien que no tenemos ni rencor ni espíritu de venganza; sirva como muestra la frase de Melchor Rodríguez que elegimos para coronar la pirámide con los nombres de todos los abandonados en las fosas comunes: “Se puede morir por la ideas, pero nunca matar por ellas”.

Se refirió el señor alcalde, en varios momentos de sus dos intervenciones, a la necesidad de incluir a todos los muertos de la guerra en el memorial de San Rafael, como si los asesinados en la etapa republicana no hubieran tenido nunca un reconocimiento y eso es falso. Como bien sabe el alcalde -se refirió a ello de pasada- los vencedores de la guerra tuvieron sus homenajes y sus memoriales antes incluso de que acabara la guerra, en pleno centro de la ciudad, en la catedral. Allí quedaron inscritos sus nombres sin que nadie reclamara nunca que se ampliara la lista con los olvidados. Nadie, reclamó concordia, ni el propio Francisco de la Torre que fue presidente de la Diputación en el Tardofranquismo. Nadie.

También tuvieron los “caídos por Dios y por España” su propio relato de la historia, elaborado al dictado de la “Causa General”, y difundido durante décadas entre todos los españoles ocultando y tergiversando lo que había supuesto la República, en la Historia de España.

Los familiares de los represaliados en la zona republicana fueron recompensados con dinero, con propiedades y con puestos de trabajo lo que les permitió capear de las hambrunas de la posguerra, especialmente las de los años 1941 y 1946, mientras se seguía asesinando a republicanos y sus familias se morían de hambre, porque se les negaba la posibilidad de trabajar por ser “familia de rojos”.

Cuando los seguidores de la dictadura rendían homenaje a su caídos, nadie, absolutamente nadie, les recordó que había que desechar el rencor

Cuando los seguidores de la dictadura rendían homenaje a su caídos, nadie, absolutamente nadie, les recordó que había que desechar el rencor, es más continuaron asesinando a miles de compatriotas sometidos a unos juicios farsa que arrastraron por el barro la dignidad de la Justicia de este país. Nunca se les alertó, ni se les alerta, sobre los peligros del rencor. Sólo a los familiares de los olvidados, de los que nunca tuvieron reparación se nos exige una templanza y una piedad que jamás se les sugirió a los que llenaron el país de sepulturas.

En cuanto a la concordia, tampoco estoy de acuerdo con la utilización que hacen del término las derechas españolas. La palabra proviene del latín con-cordis, que se traduce literalmente como “unión de corazones”. Para que se produzca una verdadera unión es preciso que los corazones se encuentren en un mismo nivel. Es imposible que latan al mismo ritmo cuando a uno está en un altar y el otro abandonado en una cuneta. La concordia no se alcanza por decreto. La concordia es un acto de voluntad que requiere una actitud activa de las personas en discordia. Pero antes de plantearse siquiera superar las heridas es imprescindible que todos conozcamos lo que realmente pasó. Luego llegará el momento de la concordia y de que cada uno decida si quiere concordar o simplemente exige respeto por su dolor.

Antes de plantearse una concordia habría que saber qué cuerpos fueron trasladados al valle de Cuelgamuros a espaldas de sus familias; cuántos malagueños fueron asesinados los primeros días de la entrada de los sublevados en los pueblos y en la capital sin juicio y sin levantar acta; cuántos fueron los asesinados en la carretera de Almería por el fuego de los buques de guerra o por las balas de los aviones italianos, alemanes y españoles que hostigaban a los civiles que huían; cuántos fueron capturados en Motril y qué destino sufrieron; cuántos fueron asesinados y enterrados en fosas como la del Carrizal en Órgiva o en otros pueblos de la Alpujarra. La mayor parte de estos datos nunca los conoceremos, bien porque no quedó rastro de ellos en ningún archivo, bien porque fueron convenientemente destruidos en el ocaso de la dictadura.

Pero hay muchas más cosas que habría que investigar y rescatar del olvido antes de cerrar las heridas y hacer posible esa concordia que pregonan las derechas. El propio Papa, en su visita a Madrid, ha hecho hincapié en el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias, una reivindicación que había sido enarbolada en muchas ocasiones por los obispos de este país. Y nadie parece acordarse de tantos y tantas niños y niñas españoles, hijos de republicanos, anarquistas, socialistas o comunistas que fueron educados en principios y valores contrarios a los de sus padres. Y se hizo en todo el país con la colaboración entusiasta de la Iglesia, la misma Iglesia que defiende hoy justo lo contrario de lo que realizó ayer y, por su puesto, sin pedir perdón ni mostrar arrepentimiento.

¿Se puede avanzar en la concordia sin antes recuperar el buen nombre y el buen hacer de tantos maestros y maestras que fueron asesinados, encarcelados o depurados por soñar con educar en libertad a sus alumnos?

¿Se puede avanzar en la concordia sin antes recuperar el buen nombre y el buen hacer de tantos maestros y maestras que fueron asesinados, encarcelados o depurados por soñar con educar en libertad a sus alumnos?

¿Se puede avanzar en la reconciliación al mismo tiempo que se oculta la labor que realizaron miles de presos republicanos internados en campos de trabajo esclavo, mientras que unos cuantos se enriquecían con su sufrimiento?

¿Se puede hablar de perdón, mientras desconocemos los trabajos de Vallejo Nágera con presas malagueñas y, sobre todo, los efectos que tuvieron esos trabajos en el asesinato de jóvenes y en el robo masivo de niños? ¿Y que decir de la labor miserable que desempeñó el patronato de la Mujer en las tareas de sometimiento de la población femenina a los esquemas machistas y patriarcales de los vencedores de la guerra?

¿Tenemos que olvidar el expolio y el pillaje que se legalizó al abrigo de leyes tan arbitrarias como la Ley de Responsabilidades Políticas?

¿Tienen que seguir renunciado todos los que se jugaron la libertad o la propia vida en la lucha contra la dictadura y por la democracia y que, aún hoy, siguen sin obtener amparo de una justicia que parece más preocupada de ocultar sus vergüenzas corporativas que de amparar a la ciudadanía que sufrió represión por actos que jamás debieron ser considerados delitos?

Por mucho que se empeñe el alcalde, la palabra “concordia” es utilizada como señuelo para hacer digerible unas leyes totalmente indigestas. Las leyes de PP y VOX buscan el silencio y el olvido aunque lo disfracen de concordia. Uno de los primeros objetivos de las leyes que defienden PP y VOX es recuperar el relato de la guerra y del franquismo que realizó la dictadura; echar otra paletada de tierra o de cal sobre los asesinados que han sido abandonados en fosas comunes y ocultar definitivamente a sus asesinos. ¿Cree alguien realmente que se puede llamar concordia a las maniobras para impedir que haya una respuesta verdadera a todas las preguntas de los párrafos anteriores?  

Y no lo digo sólo yo. Lo dijeron el Relator Especial y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU en un informe publicado en 2024 en el que alertan de que las leyes de concordia “pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas” y “pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el régimen dictatorial franquista”.

No podemos callar, ni olvidar: “Contra el Silencio y el Olvido” fue el nombre que adoptó nuestra asociación. Más de 20 años después muchos mantenemos aquellos principios: ni odio, ni olvido, ni silencio. Pienso que la concordia, la verdadera concordia, esa que aproxima los corazones, sólo es posible por voluntad libre de víctimas una vez que se hayan aclarado los hechos y los crímenes, que la dictadura se afanó en enterrar y que las leyes que promueven ahora PP y VOX tratan de seguir ocultando. Se lo digo, SIN RENCOR, así en mayúsculas.

Antonio Somoza Barcenilla es periodista jubilado y autor del libro “Crónicas de la Barbarie”, algunas de las cuales ha publicado en elDiario.es Andalucía

Quienes decidimos opositar lo hacemos, a menudo, no movidos por una gran llamada profesional, sino buscando una salida a la precariedad. Elegimos la seguridad por encima de la vocación; la garantía de poder pagar el alquiler prima sobre la romantización del trabajo soñado. Es un camino que tomamos por voluntad propia para intentar conquistar algo que hoy parece un lujo inalcanzable: la estabilidad. Pero la realidad es que, a algunas, el proceso nos quita mucho más de lo previsto. Sabemos que habrá sacrificios, pero jamás imaginamos que el precio va a ser tan alto. Creemos que solo estamos poniendo nuestra vida en pausa por un tiempo, pero nadie nos prepara para el peaje emocional que conllevan el miedo, la incertidumbre y el aislamiento absoluto.

No es una regla inquebrantable, y por supuesto hay quien logra transitar este camino manteniendo cierto equilibrio, pero para una gran parte de nosotras este proceso implica renunciar al ocio, a los fines de semana y a la presencia. En medio de ese encierro necesario, nuestras relaciones de pareja se resienten o, directamente, se rompen. Para algunas, nuestro mundo se encoge tanto que hasta nuestro pasado cambia de lugar. Durante esos años, vivimos con la mirada tan fija en el temario que apenas nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y es justo al acabar, cuando la inercia se detiene y la adrenalina desaparece, cuando nos asaltan de golpe todos esos duelos pendientes que no pudimos atender. La vida de los demás, como es lógico y sano, ha seguido su curso, pero para algunas de nosotras el regreso a la “vida real” suele ser un aterrizaje en un lugar que ya no existe.

Muchas personas se desvanecen por el camino, y ahí reside una de las realidades más duras y silenciosas para quienes caemos en este aislamiento. Cuando por fin conseguimos la ansiada plaza y cruzamos la meta, miramos a nuestro alrededor y nos golpea la certeza de que ya no podemos celebrarlo con algunas personas que nos apoyaron al principio. El tiempo y la ausencia han hecho su trabajo, y algunos de los que estaban en la casilla de salida, dándonos aliento, ya no forman parte de nuestra vida. Es entonces cuando nos enfrentamos a una paradoja que nos bloquea: nos aterra el tiempo libre. No sabemos gestionarlo. Tras años de nerviosismo y encierro, el simple hecho de tener que buscar planes para llenar ese vacío agota profundamente. Nos produce un vértigo inmenso porque, al levantar por fin la vista de los apuntes, nos damos cuenta de que nos toca empezar de cero; tenemos que salir ahí fuera y volver a aprender a conocer gente para reconstruir una vida que el proceso dejó vacía.

Asumimos la responsabilidad de nuestras renuncias, pero este encierro, aunque adopte la forma de una decisión individual, es en realidad el síntoma de una fractura mucho más profunda y colectiva. Creemos vivir en la era de la hiperconexión, pero cuando las exigencias productivas cesan, una realidad cruda y silenciosa se abre paso: la soledad no deseada se ha consolidado como la gran epidemia contemporánea.

El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural

Para entender la magnitud de este vacío, hay que mirar de frente las cifras y dejar de tratar la soledad como un tabú o un simple déficit de habilidades sociales. Los datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada en España arrojan una radiografía alarmante. Hoy, una de cada cinco personas en nuestro país (un 20% de la población) sufre soledad no deseada. Y no, no es una dolencia exclusiva de la tercera edad, como dicta el imaginario colectivo. Cerca del 35% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirma sentirse solo.

¿Qué nos está pasando? La respuesta reside en las estructuras materiales que rigen nuestro día a día. El capitalismo salvaje neoliberal no solo ha mercantilizado nuestros bienes, sino que ha colonizado nuestro tiempo, nuestros afectos y nuestras comunidades. Y aquí es donde nuestras historias personales se cruzan con lo estructural. Aislarnos durante años compitiendo por una plaza no deja de ser una estrategia de supervivencia frente a un sistema laboral hostil que no ofrece ninguna red de seguridad digna fuera del funcionariado.

En primer lugar, sufrimos la expropiación del tiempo. El modelo actual exige una hiperproductividad constante que resulta incompatible con los cuidados y la creación de vínculos. Las jornadas extenuantes, el pluriempleo, o el aislamiento extremo que requiere alcanzar la ansiada estabilidad profesional, no dejan margen para la vida. Construir redes de apoyo requiere tiempo libre de calidad, un recurso que el sistema nos roba sistemáticamente. Estamos demasiado cansados —o demasiado asustados por el futuro— para cuidarnos mutuamente.

En segundo lugar, la precariedad económica opera como un muro que aísla. Según los estudios, tener dificultades para llegar a fin de mes eleva la probabilidad de sentir soledad en casi un 40%. No poder permitirse participar en la vida social empuja al ostracismo. El sistema penaliza la falta de recursos, y el miedo a no tenerlos, con el aislamiento más cruel.

Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos

A esto se suma el desmantelamiento físico de la comunidad. Se nos vende el mito del individuo “hecho a sí mismo” (el que aprueba solo, el que triunfa solo, el que compite contra el resto) como el mayor de los éxitos y lo he podido sentir con la oposición. En realidad, ese discurso nos despoja de la interdependencia natural que nos define como seres humanos. El sistema nos genera un malestar profundo a través de la autoexigencia y luego nos ofrece soluciones puramente individuales, ignorando que el origen de nuestra angustia es estrictamente colectivo.

Combatir la soledad no deseada exige mucho más que pedirnos “voluntad” para salir de casa cuando nos toca empezar desde cero y ya no tenemos ni siquiera un refugio familiar cercano al que volver. Requiere una enmienda a la totalidad de cómo organizamos nuestra sociedad. Necesitamos políticas públicas que pongan la vida en el centro: reducción de la jornada laboral, acceso garantizado a la vivienda y unas condiciones materiales que no nos obliguen a vivir para trabajar, ni a encerrarnos durante años asumiendo un coste personal devastador solo para lograr el derecho a respirar tranquilos.

Tenemos la plaza y no nos arrepentimos de haber peleado por ella. Somos conscientes de que ahora nos toca la tarea, nada fácil, de reconstruir nuestro entorno. El silencio en algunas de nuestras casas es ensordecedor, pero sabemos que no somos las únicas que lo escuchamos. Romper la soledad hoy es, ante todo, un acto de resistencia política. Por eso, frente al individualismo voraz que nos rodea, la respuesta no pasa únicamente por forzar planes de fin de semana, sino por recuperar los espacios compartidos y volver al activismo como forma de vida. En mi caso, retomar la militancia, encontrarme de nuevo en los movimientos sociales y tejer redes de apoyo mutuo es, ahora mismo, el faro que ilumina mi camino de vuelta. Reconstruir los lazos, apostar por lo colectivo, reclamar el derecho al tiempo vivo y politizar nuestros afectos es la única manera de derribar los muros de un sistema que nos quiere aislados, estresados y compitiendo, pero nunca acompañados.

Cómo de casual resulta que cada crimen tenga un nombre clínico: concretamente, una realidad psiquiátrica. El mensaje para la audiencia es claro: el diablo está en todas partes. Le han otorgado libertad.

Pues no hay mejor titular que decir que un esquizofrénico ha apuñalado brutalmente a un sujeto. Porque claro, así se genera miedo irracional hacia el colectivo. Difícilmente se sostiene en la evidencia científica, pues son ejemplos de estigmas sociales.

“Un joven de 23 años con autismo mata a puñaladas …”. Un titular. El enemigo está sentenciado, un colectivo a señalar por sus acciones porque resulta un titular que vende más. Ese es el valor principal: la moneda de cambio.

Y así no permiten verbalizar los diagnósticos psiquiátricos si estos no se limitan a la depresión o la ansiedad. Los medios de comunicación se hacen eco de los trastornos tildando a las personas de peligrosas, agresivas e involucrándose en toda serie de crímenes.

En interpretación de Erving Goffman, no existen personas que sean “normales” o “estigmatizadas” por naturaleza. Esas categorías no son cualidades fijas de alguien, sino formas de ver e interpretar a las personas dentro de un contexto social.

Un enfoque mediático que hace mella en la sociedad. Y después se recibe un rechazo flagrante hacia los enfermos mentales, como si estuviésemos aún en 1940. En las instituciones psiquiátricas, aún existe un claro trato deshumanizado hacia los pacientes, propio de los manicomios de antaño.

Según un estudio realizado por el doctor y psiquiatra Mariano Hernández Monsalve, las personas que padecen enfermedades mentales graves tienen una probabilidad mucho mayor de terminar siendo víctimas que agresoras

Cala el mensaje hacia niveles cuestionables: una persona es indigna de compartir piso con otros inquilinos si tiene algún problema emocional. Quieren a personas socialmente determinadas como normales, no con taras psicológicas o psiquiátricas.

Los prejuicios rondan también hospitales, cuando el trato a un paciente con diagnóstico de salud mental se responde con evasivas y no se toma en serio su palabra. Carece de toda credibilidad y evidentemente, también depende del diagnóstico con el que lo hayan clasificado.

La temeridad no reside pues en los enfermos, sino en el estigma que se propaga deliberadamente sin ninguna base que fundamente los miedos de la sociedad.

Según un estudio realizado por el doctor y psiquiatra Mariano Hernández Monsalve, las personas que padecen enfermedades mentales graves tienen una probabilidad mucho mayor de terminar siendo víctimas que agresoras.

Y aún existe el discurso del no posicionamiento hacia la salud mental, mientras somos bombardeados con noticias de este calibre. Si no estamos exentos de recibir esta información, ¿cómo procesas entonces lo que recibes del exterior para decidir no posicionarte?

Porque decir que no tienes opinión al respecto, también es una forma de legitimar el estigma.

Hace un año y medio las palabras “Inteligencia Artificial” comenzaban a aparecer por todos los lados. Para la mayoría de los miembros de nuestra Asociación Nuevo Diagnóstico de Andalucía esas palabras tenían entonces alcances difusos, sólo visibles en la vida cotidiana mediante la incipiente expansión de sistemas ChatGPT. Inquietos por cuanto comenzaba a conocerse, nos unimos a otras personas de fuera nuestra asociación para profundizar en un tema particular: la relación entre la IA y las relaciones laborales en Andalucía. Este artículo recoge tres de las principales consideraciones que hemos alcanzado, y lo sacamos en un momento coincidente con fuertes y agrias polémicas en los Estados Unidos sobre el avance e impactos de la IA, y con la publicación por el Vaticano de la encíclica sobre la IA Magnifica Humanitas, que dice cosas muy importantes sobre ella, que pocos se atreven a señalar.

Una observación previa. La IA no son sólo los sistemas ChatGPT, como muchos no tan jóvenes y algunos jóvenes se empeñan en creer; es un conjunto de familias de aplicaciones, con cientos de miles de sistemas, que va desarrollándose a gran velocidad e implantándose en muchos aspectos de nuestras vidas.

Un conjunto de sistemas de extraordinario impacto

Este enunciado parece una conclusión obvia, pero a menudo se olvida en la vida cotidiana y en las decisiones que configuran las vidas y las sociedades a corto plazo.

La IA es un conjunto de sistemas con un extraordinario impacto sobre el trabajo, ya y en los próximos años: modificando los contenidos de los puestos de trabajo, cancelando parte de ellos, transformando la organización de las empresas e instituciones, requiriendo nuevos conocimientos, incorporando sistemas de control de los trabajadores hasta grados hasta ahora desconocidos, alterando la distribución del trabajo en el territorio, anulando buena parte del marco de los derechos de propiedad intelectual, modificando profundamente el papel y el empleo de las administraciones públicas y de sus empleados…

En las empresas capaces de obtener beneficios de las implantaciones de soluciones de IA, se extienden ya una pregunta muy relevante para los trabajadores: ¿cómo se reparten los mayores resultados que aporta? ¿Van todos a la empresa? ¿Se comparten entre empresas y empleados?...Y, entre las empresas e instituciones que ven canceladas sus funciones, se extienden preguntas de similar calado: ¿Cómo sufragar los costes que conllevan los cierres totales o parciales? ¿Cómo mantener a las decenas de millones de empleados que perderán sus puestos? ¿Y a los jóvenes que no hallen ocupación?

Todo ello requiere una concepción diferente de la negociación colectiva, de la regulación laboral, del campo de acción sindical, de la definición de la acción pública, de las subvenciones…

Saber qué ocurre es obviamente muy relevante para poder perfilar las respuestas adecuadas: estrategias de capacitación, de adopción de innovaciones, de orientación personal, de protección de derechos… Medidas que arrojen luz se echan muy en falta, máxime cuando fuera de Andalucía y de España suenan tantas voces autorizadas que alertan sobre la relevancia de lo que se viene encima

Andalucía no es ajena a esos impactos. Los empleos de las empresas informáticas establecidas en Málaga, Granada o Sevilla están expuestos particularmente a esos efectos. Como lo están los de las plataformas y actividades logísticas que se extienden por todo nuestro territorio, los de los negocios de servicios a las empresas (jurídicos, contables, marketing, recursos humanos…) y, no cabe olvidarlo, los numerosos empleos del sector público en prácticamente todas sus ramas.

Impactos que se manifestarán en reducciones de plantilla, pero también en modificaciones sustanciales en sus modos de trabajo.

Conocimiento muy limitado de las implantaciones de la IA en Andalucía

La transparencia no es lo que abunda en el mundo de las implantaciones de la IA: el ritmo con el que se extiende, los campos que atiende, sus efectos… Una falta de transparencia que, en el caso de Andalucía, afecta tanto al campo privado como al público.

No disponemos todavía de encuestas ni de estudios sólidos que den luz fiable sobre la difusión de las implantaciones de los distintos tipos de sistemas, ni sobre sus impactos, y tampoco de portales que informen, con la claridad que el marco normativo aconseja, sobre su uso en las administraciones públicas de la región.

Saber qué ocurre es obviamente muy relevante para poder perfilar las respuestas adecuadas: estrategias de capacitación, de adopción de innovaciones, de orientación personal, de protección de derechos… Medidas que arrojen luz se echan muy en falta, máxime cuando fuera de Andalucía y de España suenan tantas voces autorizadas que alertan sobre la relevancia de lo que se viene encima.

Una fuente de amenazas y de oportunidades: vigilancia y atención

El hecho de que los sistemas de IA estén siendo generados y promovidos por muy pocas empresas –en su mayoría al servicio del gobierno y del dictado de los Estados Unidos-, animadas con criterios éticos muy discutibles, con métodos que requieren ingentes recursos de todo tipo (espacio, energía, agua, procesadores, dinero…) y que generan colosales beneficios a sus promotores, cuyos procesos de funcionamiento y métodos y contenidos de adiestramiento quedan por lo general fuera del alcance del conocimiento de usuarios y propietarios…constituye uno de los mayores riesgos de amenazas procedentes de la IA.

Transparencia, soberanía, regulación…son clamores que saltan de inmediato ante la percepción de esos rasgos, que colocan en situación de completa dependencia e indefensión a quienes utilizan los sistemas ante cualquier eventualidad que pueda ir contra los intereses de sus promotores: errores y sesgos de los propios sistemas, suspensiones y caídas del servicio impuestas por las autoridades, manipulación descontrolada de los datos aportados por los usuarios, severas dificultades para explicar los procesos que aportan…Amenazas que, en el marco de las relaciones de trabajo, pueden expresarse en el despliegue de métodos de control de las personas, de métodos de reclutamiento y despido de las mismas, de soluciones de organización del trabajo… contrarios a los derechos de las personas trabajadoras. Son amenazas inquietantes, máxime cuando los sistemas de IA difunden los modos de pensar sobre la humanidad y la sociedad de los líderes de esas pocas empresas, que además desarrollan sus soluciones mediante el apropiamiento gratuito del legado de conocimiento de la humanidad, para el beneficio de su propio patrimonio, y del trabajo de quienes las emplean.

Las plataformas que se han arbitrado hasta ahora en Andalucía para conocer la expansión de la IA y sus efectos apenas han salido del papel. Arbitrar plataformas de observación rigurosas de lo que sucede en Andalucía en esta materia, mediante una estrecha colaboración entre los agentes privados y públicos, en los diferentes planos de la sociedad (salud, educación, empleo…) es una obligación cada día más urgente

Las ventajas de muchos de los sistemas que se desarrollan están abriéndose también camino: rapidez en los análisis de datos y en la toma de decisiones, aprovechamiento del conocimiento de múltiples personas para resolver los problemas con que nos enfrentamos y para emplear mejor los recursos de que disponemos…Salud, educación, atención administrativa, gestión de redes de toda índole (energía, logística, movilidad, finanzas…) son campos donde la IA puede realizar aportaciones muy sobresalientes.

Pero para su satisfactorio empleo por la humanidad, y por esta pequeña parte de la humanidad que somos Andalucía, es imprescindible neutralizar los efectos perversos del actual régimen de propiedad que sostiene los avances de la IA, muy próximo al monopolio, y de los efectos de la “soberanía estadounidense” sobre este conglomerado de tecnologías críticas para el futuro de la sociedad. Conocimiento, reglas del juego, esfuerzo creador… proporcionan los recursos de las posibles respuestas. Ello permitiría el despliegue de una IA a escala humana, sin dejar en la cuneta a cientos y quizás miles de millones de personas.

Las plataformas que se han arbitrado hasta ahora en Andalucía para conocer la expansión de la IA y sus efectos apenas han salido del papel. Arbitrar plataformas de observación rigurosas de lo que sucede en Andalucía en esta materia, mediante una estrecha colaboración entre los agentes privados y públicos, en los diferentes planos de la sociedad (salud, educación, empleo…) es una obligación cada día más urgente.

En conclusión

Conocer como se aplica y extiende la IA en Andalucía, introducir la atención a la IA en las estrategias sindicales en cuanto se refiere a los derechos de los trabajadores, cualificar a las personas de Andalucía en las técnicas y conocimientos que la IA precisa, fortalecer la transparencia de las aplicaciones IA en el marco público, apoyar el despliegue regulador europeo en materia de la IA…son algunas de las tareas prioritarias para gobernantes, educadores, sindicalistas…y ciudadanos de esta tierra.

Detrás de cada cifra de abandono escolar, de cada aula pública que se cierra en nuestros barrios y de cada joven que se queda sin plaza para estudiar lo que sueña, estamos nosotras. Estamos las madres y los padres. Familias que no dormimos pensando que nuestros hijos e hijas irán mañana a colegios convertidos en hornos, o pensando en cómo luchar para que el alumnado con necesidades especiales tenga garantizado su derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones.

Nos hemos convertido, por pura supervivencia y amor, en el parachoques de un sistema educativo andaluz que se cae a pedazos. Soportamos el frío de las protestas, la frustración de las promesas rotas y el peso de una responsabilidad que nadie nos debería exigir en exclusiva.

A veces miramos de reojo a la Comunitat Valenciana y se nos encoge el alma de admiración y de envidia sana. Allí, el profesorado ha decidido que no se puede delegar el dolor de la escuela pública en los hombros de las familias. Más de 200 directores y directoras han dimitido en bloque y han parado el sistema junto a sus docentes en una huelga indefinida valiente, demostrando que la defensa de la escuela pública es un acto de coraje absoluto que se asume en primera persona.

¿Y en Andalucía? En nuestra tierra, lo que encontramos en la mayor parte del profesorado es una anestesia y un silencio que duelen. Frente a ratios imposibles, frente a la falta de recursos y medios para el alumnado con necesidades especiales, frente al goteo constante de aulas públicas suprimidas y frente a la escandalosa privatización de la Formación Profesional (FP) —así como el desmantelamiento de la FP específica y adaptada para los chicos y chicas más vulnerables—, la respuesta de quienes habitan las salas de profesores, en su mayoría, se ha vuelto peligrosamente previsible. Se ha sustituido la movilización real por la queja de pasillo mientras la realidad nos pasa por encima. Quienes no actúan así son, lamentablemente, la excepción.

Parece que la estrategia de algunos claustros es esperar sentados a que la desesperación de las familias prenda la mecha ante los problemas estructurales reales

También resulta intolerable la alarmante estrategia de bastantes profesionales para justificar esta inacción. Desvían de forma vergonzosa el foco hacia el eslabón más débil, magnificando los problemas de convivencia, y poniendo el foco en situaciones excepcionales, criminalizando a los y las menores y dibujando las aulas como junglas ingobernables para tapar que, en realidad, miran hacia otro lado. Incluso tenemos que ver en las redes sociales a ciertos docentes reconvertidos en influencers lanzando odio y condescendencia sobre el alumnado y sus familias para buscar el aplauso fácil.

Esta actitud se traslada a la gestión del día a día. Una parte importante del colectivo acepta acuerdos que reducen la participación familiar al entorno online. Entienden la “comunidad educativa” como una notificación unidireccional por iPasen y nos vetan en los debates profundos bajo el pretexto de que “ellos son los profesionales”. Olvidan que las familias llevamos leída más normativa que muchas y muchos de ellos. No existe otro sector donde personas no profesionales se formen tanto para ejercer su derecho legal a opinar.

No se trata de un deseo de cuestionar la labor docente —como tantas veces se nos recrimina—, sino de una respuesta inevitable: suele decirse que el profesorado es el colectivo funcionarial que peor conoce su propia normativa. Una falta de formación en sus obligaciones legales que, paradójicamente, obliga a las familias a estudiar la ley para no quedar en el más absoluto desamparo.

Por ese respeto infinito que les tenemos a los docentes, les pedimos que despierten, que salgan de su letargo, y que den un paso al frente

Parece que la estrategia de algunos claustros es esperar sentados a que la desesperación de las madres y los padres prenda la mecha ante los problemas estructurales reales. Esperan que sigamos siendo nosotras las que pongamos el cuerpo, el desgaste emocional y las lágrimas de impotencia frente a la administración, para luego sumarse ellos cuando el terreno ya esté ganado.

Nosotras amamos y respetamos profundamente a los maestros y maestras de nuestros hijos e hijas. Precisamente por ese respeto infinito, les pedimos que despierten, que salgan de su letargo, y que den un paso al frente.

La defensa de la escuela pública andaluza no puede ser un escudo humano hecho de familias ya agotadas. Si de verdad queremos salvar el futuro de la educación pública, los maestros y maestras, el profesorado tiene que asumir las consecuencias de un conflicto real.

Las familias estamos dispuestas a vaciar aulas y a llenar las calles, nunca hemos dejado de hacerlo, pero no queremos ir solas en la vanguardia. El futuro de la educación pública se defiende con la comunidad unida, profesorado y familias, codo con codo. O no se defenderá.

[Definición de la R.A.E. de fascismo: Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista].

En democracia hay momentos en los que las sociedades se ven obligadas a detenerse, mirar alrededor y preguntarse qué está realmente en juego. Andalucía vive uno de esos momentos. Más allá de los resultados electorales, lo que hoy se discute es la salud de nuestras instituciones y la fortaleza de un sistema democrático que ha costado décadas consolidar.

Las instituciones no son un escenario neutro: son el armazón que sostiene derechos, libertades y convivencia. Por eso cuando aspiran a entrar en un gobierno autonómico fuerzas que cuestionan principios básicos del Estado de derecho, la sociedad y los partidos políticos democráticos deben reflexionar con profundidad. Debemos comprender que la democracia no solo se vota, también se protege.

En un Parlamento fragmentado, la responsabilidad institucional recae en quienes a priori buscan la investidura. En ellos recae la responsabilidad de explorar las vías que garanticen estabilidad, sí, pero también que garanticen el autogobierno y que preserven el marco democrático. Quienes a priori van a ejercer un papel de oposición, pueden y deben aportar análisis y advertencias, pero la primera iniciativa formal corresponde a quienes pretenden presidir la Junta.

Esta no es una cuestión de simpatías políticas, sino de lógica institucional: quien quiere gobernar está obligado a asumir la responsabilidad de evitar escenarios que debiliten la convivencia democrática.

La izquierda necesita tiempo para reorganizarse, actualizar su proyecto y reconectar con amplias capas sociales. Ese proceso sería mucho más difícil con nostálgicos del totalitarismo en el gobierno

Tras las elecciones andaluzas existen razones por las que un gobierno en solitario podría resultar atractivo para el candidato conservador:

Evitaría el “lío” del que él mismo advirtió durante la campaña, reforzaría su imagen de moderación, y gobernaría sin ataduras de fuerzas xenófobas. Además consolidaría la llamada “vía andaluza”, un camino propio dentro del panorama político nacional. Esta circunstancia situaría además a Juan Manuel Moreno como el referente moderado que pretende ser dentro de su partido. 

La memoria ofrece además advertencias útiles. En la Alemania de los años treinta, la derecha moderada creyó que podía “domesticar” al partido de Hitler otorgándole responsabilidades institucionales. Ocurrió lo contrario: primero fue arrasada políticamente y después vino la destrucción del sistema democrático. Esta es una lección histórica sobre cómo funcionan las dinámicas de poder cuando se cede espacio institucional a ciertas fuerzas políticas.

Por otra parte, y desde una perspectiva democrática existen argumentos que explican por qué la a priori oposición, podría optar por facilitar un gobierno:

El machismo, la homofobia y el odio a la persona distinta ya tienen presencia social. Pero la entrada en un gobierno autonómico de quienes defienden lo anterior supone un salto cualitativo: acceso a recursos, capacidad de condicionar políticas, influencia en el legislativo y de forma indirecta, en el ámbito judicial, y como ya hemos comentado la experiencia histórica demuestra que cuando entran estas ideas en las instituciones, no se moderan, se fortalecen.

La influencia de la izquierda y de las políticas que defiende necesariamente será mayor ante un gobierno en minoría que ante un bloque PP-Vox cohesionado. 

La izquierda necesita tiempo para reorganizarse, actualizar su proyecto y reconectar con amplias capas sociales. Ese proceso sería mucho más difícil con nostálgicos del totalitarismo en el gobierno, que impondrían ritmos, prioridades y debates diseñados para erosionar derechos y polarizar, obligando a la izquierda a estar en una posición permanentemente reactiva.

El argumento de “que entren en el gobierno y ya se enterará la sociedad de lo que son” es una falacia. Confiar en que la ciudadanía reaccionará tras verlos gobernar es una apuesta arriesgada

Además, el argumento de “que entren en el gobierno y ya se enterará la sociedad de lo que son” es una falacia. Confiar en que la ciudadanía reaccionará tras verlos gobernar es una apuesta arriesgada. Los grandes medios y las redes sociales están fuertemente condicionados por marcos, cuanto menos, conservadores, por lo que esa reacción social no está garantizada. La normalización del extremismo desde el poder no genera rechazo, sino habituación. La persona votante de izquierdas incluso puede llegar a sentir que ha sido abandonada en manos de un gobierno contaminado con ideas autoritarias, y que eso se podría haber evitado.

La democracia andaluza, como cualquier democracia, se sostiene sobre equilibrios que pueden ser frágiles: respeto institucional, pluralismo, derechos fundamentales y convivencia.

Por eso, se puede y se debe defender que la prioridad debe ser impedir que quienes cuestionan muchos principios democráticos accedan a posiciones de poder que les permitan erosionarlos.

La prioridad es la democracia.

Imaginemos por un momento que la universidad es una ciudad antigua, de esas con murallas de piedra y calles que llevan siglos sin moverse. Dentro, la gente estudia, investiga, discute ideas. Todo tiene su orden, su ritual, su jerarquía. Fuera, en cambio, ha crecido un mundo completamente distinto: plataformas digitales que enseñan lo que quieras en el momento que quieras, empresas que contratan sin pedir título, algoritmos que corrigen exámenes y hasta explican conceptos mejor que algunos profesores. La muralla ya no protege. Y lo más urgente no es tirarla, sino decidir quién abre la puerta y hacia dónde se sale.

Esa es, en pocas palabras, la situación en la que se encuentran hoy las universidades. Vivimos en la llamada “sociedad del conocimiento”, pero paradójicamente las instituciones que durante siglos tuvieron el monopolio del saber están perdiendo peso. Ya no son las únicas que forman, ni las únicas que investigan, ni siquiera las únicas que certifican que alguien sabe algo. Google ofrece certificados. Startups como ThePower tienen sus propios MBAs. Y millones de personas aprenden cada día en YouTube, podcasts y comunidades online sin que ningún rector les haya dado permiso para ello.

Sería tentador reducir todo esto a un problema de digitalización. Actualizar los campus, poner las clases en streaming, usar inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje... y listo. Pero eso sería quedarse en la superficie. Lo que está en juego es algo más profundo: la legitimidad de la propia institución.

En un contexto donde el populismo está creciendo en muchos países, las universidades se han convertido en blanco fácil. Se las acusa de ser élites desconectadas de la gente real, de hacer ciencia para sí mismas y de ignorar los problemas cotidianos. Algo de eso, hay que reconocerlo, tiene una base real. Durante demasiado tiempo, buena parte de la investigación académica ha vivido encerrada en revistas de pago que nadie lee fuera del mundo académico, evaluada por el número de citas que recibe en lugar de por el impacto que tiene en la sociedad.

La respuesta a esta crisis no puede ser el repliegue. Tiene que ser la apertura. La llamada Ciencia Abierta —que propone que los datos y los resultados de la investigación sean accesibles para todos, no solo para quienes pagan suscripciones caras— es un paso en la buena dirección. Pero requiere un cambio de mentalidad que muchas universidades aún no están dispuestas a asumir.

Aquí es donde la conversación se pone interesante, y también más incómoda. Porque todos los problemas que acabamos de mencionar tienen algo en común: son, en gran medida, problemas de gobernanza. De quién decide, cómo se decide y para quién se decide dentro de una universidad.

Las universidades públicas españolas cuentan, sobre el papel, con algo llamado Consejos Sociales: órganos diseñados precisamente para conectar la institución con la sociedad, el tejido empresarial y el mundo laboral. En teoría, deberían ser el puente entre lo que la universidad hace y lo que la sociedad necesita. En la práctica, muchos de estos consejos han sido durante años organismos más decorativos que funcionales, vistos con cierta desconfianza por los propios equipos rectorales, que los percibían como una intromisión externa en sus asuntos.

La idea de fondo es sencilla pero revolucionaria: la universidad no pertenece a los académicos. Es un servicio público. Y como tal, tiene que rendir cuentas a la sociedad que la financia y que necesita lo que ella produce

Pero algo está cambiando. Experiencias como la de la Universidad Pública de Navarra demuestran que cuando un Consejo Social funciona de verdad —con liderazgo claro, voluntad real y colaboración entre todos los actores— puede transformar una institución sin necesidad de grandes reformas legales. Puede atraer financiación privada, orientar la oferta académica hacia donde el mercado laboral lo necesita, y convertir la transferencia del conocimiento en algo más que un slogan.

La idea de fondo es sencilla pero revolucionaria: la universidad no pertenece a los académicos. Es un servicio público. Y como tal, tiene que rendir cuentas a la sociedad que la financia y que necesita lo que ella produce.

No se puede hablar del futuro de la universidad sin hablar de inteligencia artificial, aunque solo sea porque ya está dentro de las aulas, lo reconozcan o no los profesores. Los estudiantes usan ChatGPT para hacer sus trabajos. Las plataformas educativas adaptan los contenidos en tiempo real según el rendimiento de cada alumno. Y hay quien ya se pregunta en voz alta si el profesor humano tiene los días contados.

La pregunta no es si la IA va a cambiar la educación universitaria —eso ya está pasando— sino cómo va a responder la institución. La opción de prohibir o ignorar ya ha demostrado ser inútil. La opción inteligente es reimaginar qué es lo que un ser humano puede aportar que una máquina no puede: pensamiento crítico, empatía, ética, capacidad para navegar la incertidumbre. Justamente las cosas que más va a necesitar la sociedad en las próximas décadas.

Si echamos la vista al horizonte del año 2050, hay tres escenarios posibles para la universidad. El primero es la mercantilización total: instituciones convertidas en expendedoras de títulos rápidos al servicio del mercado, sin espíritu crítico ni compromiso social. El segundo es la fragmentación: universidades reducidas a actores marginales, incapaces de competir con plataformas digitales más ágiles y baratas.

El tercero —el deseable— es el de la universidad como infraestructura democrática. Un espacio que combina la apertura internacional con el compromiso local, que forma ciudadanos críticos además de profesionales competentes, y que sabe estar presente en los grandes debates de su tiempo. Una institución que no vende conocimiento, sino que lo construye con la sociedad y para la sociedad.

Para llegar ahí no hacen falta solo buenas ideas. Hacen falta líderes dispuestos a incomodar a sus propias instituciones, órganos de gobierno que funcionen de verdad, y una apuesta decidida por la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, hacen falta universidades que dejen de mirarse el ombligo y empiecen a mirar al mundo.

Artículo elaborado a partir de la Monografía “El liderazgo de la universidad en el cambio de época”. Fundación CyD. 2026

¿Recuerdas si alguna vez te hicieron esta pregunta durante tu infancia: qué poder te gustaría tener? Si es así, seguramente no te sonará extraña la siguiente respuesta: querría ser invisible, poder atravesar las paredes y ver lo que hacen otras personas. Así, la invisibilidad, junto con volar, estaría en el pódium de nuestros sueños imposibles. Esta cualidad que, en nuestra niñez, concebíamos como algo extremadamente genial y que nos haría muy poderosos, resulta ser que no es tal. Si, además, has tenido la oportunidad de leer la obra de Herbert George Wells, El hombre invisible, recordarás que Griffin, el protagonista de la novela, experimentaba su invisibilidad con una profunda angustia vital, azotado por dilemas morales y sufriendo el más trágico de los desenlaces.

Y es que ser invisible no es en ningún caso agradable. En nuestra sociedad actual, el término invisibilidad se asocia a personas, colectivos o temas que, por una u otra razón, simplemente no se ven, o no se quieren ver, y como consecuencia de ello, dejan de ser prioritarios o foco de atención en las agendas políticas y sociales.

Veo, veo. ¿Me ves? es la campaña que Save the Children lanza con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía y que desembocarán en la XIII legislatura en nuestra comunidad autónoma. No se trata de una llamada de angustia, tal y como sufría Griffin en la obra de Wells, pero viene a dar luz a una realidad que puedo asegurar viven miles de niños y niñas. Por un lado, experimentan con verdadera desesperación y aflicción episodios de violencia en el ámbito escolar, en el entorno digital o en círculos cercanos. Una violencia perpetrada la mayoría de las ocasiones por familiares o conocidos. Ellos nos están pidiendo como sociedad que visibilicemos su compleja realidad y las extremas dificultades a las que tienen que enfrentarse como víctimas de una violencia que a muchos de ellos además les provoca graves problemas de salud mental. 

Mirar de frente a la violencia contra la infancia exige una respuesta integral desde el ámbito de las políticas educativas y sociales, pero también del sector privado, donde las corporaciones tecnológicas juegan un rol fundamental, sin olvidarnos del deber que tiene la justicia adaptada a la infancia para con la infancia víctima, cuyos procesos se judicializan.

La pobreza infantil, en España y en Andalucía, sigue siendo la mayor aberración a la que un país con el nivel de desarrollo de España se puede enfrentar

Por otro lado, la campaña Veo, veo. ¿Me ves? también podría ser una llamada a la esperanza, desde la invisibilidad. Una incitación a retomar ese juego tan clásico de nuestra infancia, el Veo, Veo, con un anhelante deseo de que lo que veamos, entre otros, sea a los cientos de miles de niños y niñas que viven en hogares que sufren dificultades cada mes para pagar los suministros básicos, hacer frente a los gastos de vivienda o, aún más preocupante, poder enfrentar el coste de la crianza de sus hijos, y especialmente poder ofrecerles una alimentación adecuada.

Y es que la pobreza infantil, en España y en Andalucía, sigue siendo la mayor aberración a la que un país con el nivel de desarrollo de España se puede enfrentar. No poder ver y entender esta realidad quizás nos convierte a todos en cómplices por omisión de ayuda a la hora de combatir la pobreza infantil.

Pero no son solo la pobreza y la violencia lo que no vemos como deberíamos. Mejorar las políticas educativas destinadas a favorecer a los que se quedan atrás es crítico para contribuir a la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Si bien la educación de 0 a 3 años está alcanzando la gratuidad universal, lo que supone un avance muy significativo para las familias que tiene hijos e hijas en esta etapa educativa, es necesario construir más escuelas públicas y gratuitas en las zonas más desfavorecidas para promover la escolarización de los más pequeños en las familias que afrontan más dificultades económicas.

En cursos superiores de Primaria y ESO está demostrado que la repetición de curso, que afecta cuatro veces más a alumnos en riesgo de pobreza, no es una solución, pues asoma a los niños y niñas al abismo del abandono educativo temprano y a la exclusión social en la edad adulta. No debemos olvidar que los datos indican que, si no actuamos con urgencia, el 80% de los niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza seguirán en esa situación cuando alcancen la mayoría de edad.

Solo bajando la mirada y colocando a la infancia en el corazón de las políticas, podremos garantizar que todos los niños y niñas andaluces tengan las mismas oportunidades

Poner a su vez a la infancia en el centro, poder verla con nitidez, significa asumir una acción de gobierno integral, a nivel local, autonómico o estatal. Por eso, la acción coordinada de todas las administraciones y departamentos es el primer paso para el impulso de políticas, planes y estrategias destinadas a mejorar la vida de los niños y niñas.

Y qué mejor ejemplo que una emergencia. En el caso de Andalucía, cada año sufrimos temperaturas más altas, además de otros fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Por eso, contar con un plan de acción ante contingencias climáticas con enfoque de infancia, con atención prioritaria a los centros educativos y al impacto que los fenómenos climáticos tienen en la infancia y adolescencia nos permitiría minimizar los riesgos que los efectos climáticos tienen sobre los niños y niñas.

Para construir una Andalucía más justa, debemos mirar donde realmente se decide el futuro: a un metro del suelo. Solo bajando la mirada y colocando a la infancia en el corazón de las políticas, podremos garantizar que todos los niños y niñas andaluces tengan las mismas oportunidades para que, como sociedad, podamos avanzar en el camino correcto.

He tenido que procesar las palabras del juez David Mamán Benchimol, titular del Juzgado de violencia sobre la mujer nº8 de Madrid, vertidas el pasado 18 de febrero de 2026 en el Colegio de la Abogacía de Madrid, donde impartía una formación a profesionales de la abogacía en materia civil y penal en contextos de violencia de género. Este magistrado habló peyorativamente de las condiciones otorgadas por el sistema a las mujeres que necesitan denunciar por sufrir violencia en el ámbito de la pareja. Con un lenguaje inasumible en el ejercicio de su cargo, optó por el negacionismo para explicar por qué las mujeres “van a la caza de la orden”, cuestionándose qué pierden al denunciar, y acusándolas de “lavar el coco” a sus hijos cuando se oponen al modelo de guarda y custodia compartida, obviando el hecho de que esos hijos e hijas también son víctimas y que, por supuesto, un maltratador no es un buen padre. Pero sobre todo el magistrado lo que exhibió fue un profundo desconocimiento de la materia, poniendo al descubierto su incapacidad, peligrosidad y negligencia.

Mis pensamientos me llevaron a varias conclusiones: La primera, que este juez no está capacitado para impartir justicia, mucho menos en un juzgado que requiere conocimientos en igualdad y en perspectiva de género. Y no porque lo diga yo, sino porque lo prescribe la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 4, sobre la “Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas” establece que “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.” Con su verborrea evidencia que está dejando de aplicar el ordenamiento jurídico, de manera negligente y letal. Solo por esto debe ser sancionado y trasladado o suspendido.

La segunda conclusión es que tampoco está preparado para impartir formación en un colegio profesional, porque resulta evidente que él mismo no ha sido evaluado tras la escueta formación que les dan a las juezas y jueces que optan por este destino. Resulta notorio que este magistrado no superó la materia y, en consecuencia, debe ir a otra jurisdicción. Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid debe mostrar mayor celo en la elección de sus ponentes, exigir mayor grado de conocimiento y sensibilidad. Sería oportuno saber si cobró y cuánto.

Y la tercera, que este tipo de jueces y juezas están repartidos por todo el territorio nacional, no son todos afortunadamente, y no es siempre, pero siento decir que son más de los que nos podemos permitir, y no solo en juzgados de violencia sobre la mujer, también en los juzgados de familia, donde los estereotipos y los sesgos de género campan a sus anchas, dándose la paradoja de que la mujer que acude a la Administración de Justicia buscando protección, no solo se tiene que defender del maltratador o de un progenitor negligente, sino también lo tiene que hacer del juez misógino. Inasumible.

Ha llamado mi atención que el juez Mamán se sintiera legitimado para hacer estas manifestaciones en un lugar público, donde se vio reforzado e impune, llegando a olvidar que no estaba en la barra de un bar, o haciendo de cuñado en una reunión familiar, estaba formando a profesionales, o mejor dicho, estaba desinformándoles

Las y los profesionales que presenciamos estas situaciones somos conscientes de que no siempre la resolución dictada es la soñada, pero esto no es un inconveniente si se trata de una resolución motivada con conocimientos jurídicos. El problema radica en el hecho de que la falta de capacidad en esta materia, puede dar lugar al dictado de resoluciones que no garantizan derechos fundamentales, revictimizan, agrandan el daño a víctimas y menores y, a veces, matan.

Por último ha llamado mi atención que el juez Mamán se sintiera legitimado para hacer estas manifestaciones en un lugar público, donde se vio reforzado e impune, llegando a olvidar que no estaba en la barra de un bar, o haciendo de cuñado en una reunión familiar, estaba formando a profesionales, o mejor dicho, estaba desinformándoles, contagiándose como un virus, lo que provocó que nadie le cuestionara.

Concluyo mi reflexión reiterando que los profesionales de la judicatura que escojan esta jurisdicción deben ser evaluados, tras una formación extensa, profunda y continuada, impartida por personas instruidas. Si no superan la materia no pueden ejercer en esta especialidad, y si dictan resoluciones que producen mayor dolor a menores y madres porque se han dictado al margen del orden jurídico, que respondan por ello, y que vuelvan a ser evaluados o apartados.

Dancemos al unísono como los estorninos en invierno, que bailan juntos para espantar a los depredadores. Para que dejen de atacar. Dancemos unidas.

La Sanidad Pública de Andalucía (SPA) está en crisis desde la recesión económica de 2008. A partir de 2019 con los gobiernos del Partido Popular (PP) de Juan Manuel Moreno Bonilla la asistencia sanitaria pública se ha deteriorado ostensiblemente más, debido a sus medidas de acentuación de la infrafinanciación y la privatización. Esta política ha conducido a un fracaso estrepitoso de la atención sanitaria pública desarrollada por el PP en Andalucía, como evidencia la pérdida actual de función de la Atención Primaria (AP) y las inaceptables y mantenidas listas de espera para AP, pruebas diagnósticas, consulta con especialistas hospitalarios y cirugía. En los dos primeros artículos de esta serie se han analizado sus causas fundamentales y las graves consecuencias que este fracaso está teniendo para los ciudadanos. En el presente artículo, se van a tratar las soluciones a esta situación.

Creemos que son necesarios cambios decididos hacia otra política sanitaria que revierta los deterioros actuales antes de que estos sean ya irreversibles. En esta línea, las Mareas Blancas andaluzas presentaron la Iniciativa Legislativa Popular “Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía”, que contenía medidas de reparación del sistema y que fue avalada por más de 57.000 firmas de andaluces y andaluzas. Su tramitación fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento de Andalucía el 26 de noviembre de 2025, lo que refleja un elevado respaldo social a esta norma. A partir de este consenso ciudadano, se elaboró un documento con las medidas prioritarias para recuperar la calidad de la SPA, que ha sido refrendado el día 8 de abril en el Parlamento por los partidos políticos progresistas andaluces (Adelante Andalucía, Partido Socialista Obrero Español y Por Andalucía). Basados, en gran medida, en estos antecedentes, se han elaborado las propuestas que juzgamos necesarias para solucionar la grave situación actual. El conjunto de ellas se detalla a continuación:

1 El marco conceptual: Sanidad 100 % pública, de calidad, gratuita y universal.

Todo el Sistema Sanitario debe ser público, financiado con impuestos de forma progresiva según capacidad de todos los ciudadanos. Debe tener alta calidad y capacidad y por tanto, estar adecuadamente dotado en medios técnicos y humanos. Debe ser universal, gratuito para el ciudadano en el momento de su uso y equitativo en su distribución.

2 Aumentar los presupuestos para Sanidad Pública y devolver la deuda sanitaria histórica.

El primer artículo de esta serie analizó el déficit presupuestario que la sanidad andaluza arrastra y sus causas. Moreno Bonilla miente al hablar de “presupuestos sanitarios históricos”, ya que en el periodo 2008-2025, la SPA ha sido continuamente infra financiada, mientras la población andaluza ha aumentado en cerca de medio millón de personas y ha crecido notablemente el número de andaluces con más de 64 años, que son las personas que más necesitan los recursos sanitarios. Hay, por tanto, que dedicar un presupuesto anual para la SPA en el que se alcance, al menos, el Gasto Sanitario Público per cápita medio de las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas. Además, hay que revertir la deuda sanitaria histórica andaluza estimada en 20.000 millones de €, mediante un plan plurianual, a añadir a los presupuestos anuales. Creemos además que el presupuesto sanitario debe ser Finalista: Lo presupuestado para Sanidad tienen que invertirse en Sanidad.

3 Lo más urgente es poner en marcha un PLAN DE CHOQUE CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA durante dos años. Un plan extraordinario de reducción de listas de espera, incluyendo turnos de tarde en veinte hospitales con personal adicional y otras medidas organizativas que permitan normalizar los tiempos de atención para consulta en Atención Primaria, de especialista hospitalario, cirugía y pruebas complementarias.

4 Hay que aplicar la ley, actualmente no usada, sobre los CONSEJOS DE SALUD, y constituirlos realmente con representación de la administración sanitaria, profesionales sanitarios, ciudadanía y pacientes, a nivel de Centro de Salud, Área, Distrito, Hospital, Municipio y Comunidad. Estos órganos se reunirán, al menos, cada seis meses, y garantizarán la información y participación social, la transparencia, el control democrático del sistema sanitario, y cuidarán la calidad asistencial y el reparto equitativo de los recursos.

5 Hay que establecer normativamente una extensión de infraestructuras técnicas y humanas de los Centros Sanitarios de forma lógica y equitativa con la distribución de la población en los territorios andaluces. Distribución razonable de los Centros de Salud y Consultorios. No puede haber un hospital en cada pueblo. No puede haber un servicio de cirugía cardiaca en todos los hospitales. Pero no puede haber discriminaciones territoriales en cuanto a infraestructuras técnicas y/o humanas que deberían ser equitativas, entre otras razones, porque todos pagamos los mismos impuestos. Es responsabilidad de cada Administración la publicación de mapas sanitarios que demuestren esta equidad de infraestructuras en los territorios bajo su competencia. Ello es fundamental para que las desigualdades en Salud que existen actualmente entre determinados territorios se reduzcan.

6 Establecer un plan de cinco años para revertir toda la asistencia actualmente externalizada mediante convenios y conciertos con el sector privado hacia el sector público, ampliando los Centros Públicos existentes y creando nuevos los que sean necesarios. Los Centros Sanitarios públicos deberán ser autosuficientes para ofrecer una asistencia sanitaria de alta calidad. Un concierto o una externalización con una empresa privada, solo puede admitirse en el caso de ser imprescindible y con carácter subsidiario: el contrato debe tener una fecha de caducidad no superior a 5 años. En ese tiempo el centro público debe tener resuelta su capacitación para ser autosuficiente. Se establecerá por Ley que hospitales privados no puedan convertirse en referentes para asistencia Sanitaria Pública para ningún territorio o comarca de Andalucía. Además, el gasto sanitario privado (de bolsillo), que pagan las familias en España, es bastante más alto que la media europea. Por ello, la SPA deberá absorber en su totalidad la asistencia en odontología, audiología y oftalmología, junto al coste de sus prótesis sensitivas.

7 Se establecerá por Ley que todos los centros Sanitarios Públicos andaluces deben tener su PLANTILLA ESTRUCTURAL DEFINIDA (por servicios, especialidades y resto de sectores funcionales), que tiene que ser actualizada periódicamente y ser pública. Los ciudadanos tienen que conocer los recursos de su centro sanitario y estos recursos no pueden ser disminuidos (plantillas incluidas) de forma silenciosa por ninguna Administración. Se establecerá por Ley la realización ANUAL de OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO para cubrir las plazas vacantes y las nuevas necesarias para todos los centros sanitarios de Andalucía, que dé estabilidad laboral a los profesionales sanitarios. Para ello, una labor prioritaria es ampliar con urgencia y en cantidad suficiente el número de profesionales sanitarios estables. Así se irá resolviendo de forma paulatina el hecho de que la mitad de los trabajadores de la sanidad pública en España son interinos, permaneciendo esta situación hasta edades avanzadas del profesional.

8 PLAN ANDALUZ DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. La Atención Primaria (AP) es el nivel fundamental del Sistema Sanitario Público y actualmente está afectado por una profunda crisis. El gasto sanitario público en AP en Andalucía es actualmente del 16,4 % (2023) del gasto sanitario total. Lo recomendable es que sea del 25 % sin incluir el gasto de farmacia. La precariedad laboral de la AP en Andalucía es notable, soportando mucha carga burocrática y escasas remuneraciones. Tiene que redefinirse el funcionamiento de los Centros de Salud en los aspectos que son fundamentales para una correcta asistencia a los ciudadanos. Todas las primeras consultas clínicas de AP deben ser presenciales y deben ser atendidas dentro de las 48 h (días hábiles) de su solicitud. Debe consagrarse los 10 minutos por consulta. Y tiene que ser posible que cualquier paciente pueda acudir por motivos urgentes al Centro de Salud y pueda ser atendido en el propio día de su padecimiento aunque sea por otro profesional distinto a su Médica de Familia. Todo ello no sólo es justo, sino rentable en múltiples aspectos. Son numerosas las investigaciones que han comprobado que una mayor continuidad en AP a los pacientes es muy eficiente, dado que se producen menos hospitalizaciones y menos gasto farmacéutico, con el ahorro económico que ello implica. Pero es más, se ha demostrado de forma rotunda que un mayor seguimiento por el mismo médico de AP disminuye notablemente la visitas a Urgencias y la mortalidad de la población atendida.Ha de crecer la plantilla de AP con puestos estables para que pueda volverse a asumir su papel preventivo, hoy por hoy, perdido. Hay que incorporar incentivos económicos, formativos y de otros tipos, suficientes para que se ocupen los puestos de difícil cobertura.

9 Las remuneraciones de los PROFESIONALES SANITARIOS DEBEN SER JUSTAS según su formación y responsabilidad, asimilándolas a los salarios medios nacionales. Hablamos de remuneraciones justas según el nivel profesional establecido por su jornada laboral estándar de 35 horas semanales para todas las categorías. Las guardias médicas han de tener un periodo de descanso adecuado. Estas y otros complementos como trienios, cargos y productividades (disminución de listas de espera, etc) deben tener reglamentaciones específicas y también, en cuanto a honorarios, que tienen que ser adecuados con la función que hace cada categoría. Todo ello resolverá en gran medida la precariedad laboral actual de la profesión sanitaria, dado que en Andalucía las condiciones laborales son peores que en otras CCAA lo que propicia la fuga de profesionales a otras CCAA, al extranjero o a la asistencia médica privada. Con dotación adecuada de profesionales, estabilidad laboral y remuneraciones justas, las Plantillas Estructurales de los centros sanitarios se cubrirán sin problemas.

10 Se establecerá de nuevo por Ley la INCOMPATIBILIDAD en el ejercicio médico entre el sector público y el privado. No sólo para los jefes de servicio y sección y otros cargos intermedios no médicos, sino para todos los médicos y otros profesionales que trabajan en la Sanidad Pública. De esa forma se evitarán los efectos perversos de los potenciales conflictos de intereses que pudieran existir en la actualidad. Por otro lado es falso que trabajar en la medicina privada te permite hacer mejor carrera profesional. En la mayoría de las circunstancias, se trabaja también en la privada para ganar más dinero. Se estima que en España un 37,4% de los médicos compatibilizan el trabajo en la Sanidad Pública con la actividad privada. Muchos cargos de las Administraciones Públicas no pueden desarrollar otra actividad laboral privada, un impedimento regulado por ley y así debería ser también en la SPA. Se establecerá por Ley un plazo no superior a 3 años, para que los profesionales del sistema Público con actividad privada añadida abandonen ésta y que solo los profesionales con dedicación única pública perciban el Complemento de Exclusividad, mientras se implanta el sistema de Incompatibilidad absoluta entre los entornos público y privado.

11 Se cumplirá la Ley de Garantía que fija los TIEMPOS MÁXIMOS DE ESPERA para la atención médica, para pruebas diagnósticas y para tratamiento quirúrgico. Cada tiempo de espera máximo será acorde con la trascendencia potencial de la misma para el enfermo, con especial atención al diagnóstico y tratamiento de posibles casos de cáncer. Las personas que superen esos tiempos máximos deben ser considerados como prioritarios y deben estar establecidos los métodos para que la asistencia pendiente se haga rápidamente. Actualmente, en España las listas de espera se han convertido en un problema sanitario de primer orden. En todo el país la situación de la espera sanitaria es grave. Pero en Andalucía el problema ha llegado ya a límites escandalosos. Las consecuencias de un excesivo retraso diagnóstico y de la aplicación de las medidas terapéuticas necesarias son distintas dependiendo de la índole de la enfermedad causal, pero habitualmente ese retraso tiene consecuencias muy serias para la persona. Otro hecho, quizás menos nombrado, es el notable sufrimiento personal que induce la espera sanitaria. Cuando una persona nota que está enferma y los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos se alargan excesivamente, esa espera se convierte en una tortura continúa.

12 Se establecerá por Ley que en los hospitales públicos existirán, de forma evaluada según las listas de espera del centro, TURNOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE MAÑANA y TARDE, pero con profesionales diferentes en cada turno. Se aumentarán las plantillas lo necesario para ello. De esa forma los horarios efectivos asistenciales se incrementarán sustancialmente y se reducirán las esperas sanitarias. No se podrían hacer conciertos con los centros privados mientras los hospitales públicos estuvieran a medio gas. Esto no solo es posible, sino que se ha estimado que es mucho más rentable y eficiente que enviar pacientes a que sean atendidos por entidades privadas concertadas. De igual manera deberá establecerse la prohibición de las “peonadas” hospitalarias, es decir, los mismos profesionales médicos que trabajan por la mañana no podrán continuar su jornada laboral en horario de tarde. También, debe establecerse cómo y cuándo utilizar las consultas telefónicas. Se ha comprobado que las consultas telefónicas son inapropiadas en las personas de mayor edad, que son las que más necesidad tiene de su médico de AP. La potencialidad diagnóstica de la consulta presencial es muy superior a la telefónica.

13 Es imprescindible la potenciación legal del PLAN ANDALUZ DE SALUD MENTAL dentro del Sistema Sanitario Público. La atención pública a la Salud Mental en España y Andalucía es muy deficiente. Los principales problemas que presenta son falta de profesionales, estigmatización y desigualdad en la atención, mucho peor en áreas rurales y diferencias entre unas regiones a otras. Los problemas psicológicos y psiquiátricos en la población son muy frecuentes y la espera, tras solicitar atención, muy prolongada: Solo el 26,7 % pudo ser atendido dentro del mes de la solicitud de asistencia. Se establecerá que las Adicciones tienen que ser atendidas en los Servicios Sanitarios Públicos.

14 Se potenciará la función y actividad de los Servicios de Salud Pública y Epidemiología Clínica y Social dotándolos de la infraestructura y personal de acuerdo con estándares acreditados. Este sistema ha de ocuparse de la vigilancia epidemiológica, los programas de prevención, el control de cribados, la preparación ante emergencias sanitarias y de la elaboración de Planes de Salud municipales. Es prioritaria la recuperación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, actualmente privatizada en su gestión.

15 Se establecerá por Ley en todos los centros sanitarios la creación de un ÓRGANO TÉCNICO PROFESIONAL con representación de todos los estamentos competentes y con la función principal de velar y garantizar la calidad asistencial en todos sus aspectos. Se establecerá por Ley el uso obligado de sistemas acreditados de abaratamiento y control del gasto de la SPA. Por ejemplo, al Gasto Farmacéutico se le aplicará el uso de fármacos genéricos y biosimilares, la existencia de Subastas Públicas de medicamentos o el empleo del decreto 512/2015 que permita la compra centralizada de la farmacia de los centros sociosanitarios. Asimismo, hay que establecer un plan de infraestructura que repare y modernice continuamente el instrumental y los Centros Sanitarios Públicos y evitar estructuras obsoletas, como las que a veces existen.

En definitiva, con este programa se puede conseguir que la SPA preste el soporte necesario para que las andaluzas y los andaluces disfruten de una vida saludable, alcanzando la máxima esperanza de vida libre de discapacidad que permita la ciencia. Múltiples estudios demuestran que medidas como las que actualmente hacen los gobiernos del PP de Moreno Bonilla que desmantelan la SPA, se asocia a niveles precoces de discapacidad y a un aumento de mortalidad evitable en la población atendida. Tenemos que evitar que esto ocurra. En las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, los ciudadanos podemos elegir qué modelo sanitario tendremos para el futuro. Es el momento de optar por una SANIDAD 100 % PÚBLICA que beneficiará a TODA la población de Andalucía.

Antonio Vergara de Campos. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Manuel Torres Tortosa. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

José Antonio Brieva Romero. Ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

Hoy conmemoramos el Primero de Mayo, el día que representa la lucha de la clase obrera por sus derechos, la igualdad y la dignidad. Como secretario General de UGT Andalucía, hago un llamamiento a participar en las manifestaciones que se celebrarán este 1 de Mayo.

Nos jugamos nuestros derechos y libertades, conseguidos durante generaciones de lucha sindical y política. Estamos en un momento decisivo en el que están en juego las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero algo más: la calidad de nuestra democracia.

Frente a quieres pretenden dividirnos, enfrentarnos y levantar trincheras, los sindicatos de clase respondemos exigiendo más derechos, más cohesión social y más democracia.

Andalucía no es una excepción. No olvidemos que fue nuestra comunidad, la primera, en la que la ultraderecha alcanzó un pacto parlamentario y dio estabilidad a un gobierno de derechas que aceptó aplicar medidas antifeministas, antisindicalistas y paralizó la memoria histórica. 

El Gobierno andaluz de esta legislatura, con mayoría absoluta, eliminó algunas de esas políticas y avanzó hacia una mejor relación con los sindicatos, pero ha sido fiel a su ideología conservadora avanzando, a paso rápido, hacia la privatización de la sanidad pública, de la educación y las universidades, o de la dependencia. Y seguimos esperando la recuperación de las políticas de memoria democrática, con un presupuesto decente.

No debemos permitir que las decisiones, en un momento tan importante, las tomen Gobiernos que desprecien las políticas sociales

El próximo 17 de mayo, tenemos una cita con las urnas, para elegir un nuevo Parlamento andaluz, del que saldrá un Gobierno que regirá nuestro destino los próximos 4 años.  

Este Primero de Mayo comienza la campaña electoral de las elecciones andaluzas. Málaga acoge la manifestación central, a nivel nacional, con la participación de los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, y allí les acompañaremos el secretario general de UGT Andalucía, y la secretaria general de CCOO Andalucía.

Vivimos un momento histórico que no podemos dejar pasar, sin actuar. No debemos permitir que las decisiones, en un momento tan importante, las tomen Gobiernos que desprecien las políticas sociales, que resten capacidad de negociación a los sindicatos en la defensa de los intereses de las personas trabajadoras, y de las que son vulnerables. O incluso, negionistas de la ciencia, que se rijan por fake news conspiranóicas.

La vivienda se ha convertido en una emergencia social, que no puede ser tratada como una propiedad especulativa

Tenemos retos estructurales que requieren respuestas serias, respuestas de Estado, que también se desarrollen, de forma correcta por las administraciones autonómica y local: la emergencia climática, el reto demográfico (que afecta especialmente a jóvenes y personas migrantes), el refuerzo de los servicios públicos para garantizar la igualdad y la cohesión social. España, y con ella Andalucía, tienen una oportunidad inmejorable para mejorar la competitividad de nuestro modelo productivo, reequilibrando el territorio y mejorando la calidad del empleo, de la mano de las energías renovables. Recientemente, ambos sindicatos entregamos nuestra propuesta para un Pacto de Estado por la Emergencia Climática. 

Y en el ámbito andaluz, también hemos presentado, hace unos días, en el Parlamento, una Iniciativa Legislativa Popular, junto a otras organizaciones progresistas, por el derecho a la vivienda. La vivienda se ha convertido en una emergencia social, que no puede ser tratada como una propiedad especulativa. Es necesario un pacto social y político, y una intervención pública decidida, que garantice el acceso a la vivienda digna, con un parque público suficiente, que no pierda su protección, y mecanismos eficaces para garantizar el acceso ágil, seguro y asequible, especialmente a las personas jóvenes.

Es el momento de consolidar y profundizar en las reformas progresistas que, han demostrado, que es posible compatibilizar avances sociales con desarrollo económico y de empleo. Pero faltan medidas que permitan que ese crecimiento permita mejorar la calidad del empleo y de la vida de las personas trabajadoras. El fortalecimiento de la negociacióin colectiva debe ser una prioridad. Y, en ese contexto, deben aplicarse fórmulas efectivas, que acaben de una vez con la siniestralidad laboral y las muertes en el trabajo. Son más de 6300 las personas muertas, en Andalucía, por ir a trabajar, desde que comenzaron los registros en 1988. Esto es una lacra laboral y social insoportable, para nuestras organizaciones.

La mejora de la productividad debe traducirse, no en despidos, sino en mejores salarios, menos tiempo de trabajo y más derechos

Estamos también en un contexto de transformación tecnológica. La digitalización y la inteligencia artificial deben ponerse al servicio de las personas trabajadoras. La mejora de la productividad debe traducirse, no en despidos, sino en mejores salarios, menos tiempo de trabajo y más derechos, y no en mayor precariedad y control empresarial.

UGT es un sindicato internacionalista, y no podemos obviar el escenario de conflictos en todo el Mundo, en buena parte, motivados o influenciados por el presidente de EEUU, y sus decisiones contra el derecho internacional. Este Primero de Mayo, queremos reivindicar la paz justa, como principio fundamental.

Hoy, más que nunca, es necesario activar la movilización sindical y social. Participa en las manifestaciones del 1 de Mayo en tu ciudad y provincia. Y vota, en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. El futuro de todos y todas, depende de ello. 

Hay un dogma que se repite con tanta frecuencia que ha acabado pareciendo sentido común: lo privado es eficiente, lo público es un despilfarro. Es una afirmación que no resiste el contraste con los datos, pero que ha servido durante décadas para justificar la externalización sistemática de servicios esenciales que se financian con dinero público y que afectan directamente a la vida de los andaluces.

En Andalucía, servicios como la limpieza de centros sanitarios y educativos, la atención domiciliaria a personas dependientes, los comedores escolares o el mantenimiento de infraestructuras públicas están mayoritariamente en manos de empresas privadas que cobran un margen de beneficio —entre el 15% y el 25% del contrato— por ser intermediarias entre el dinero público y el trabajador que presta el servicio. Ese margen no genera ningún valor para el ciudadano. Solo enriquece al intermediario.

La evidencia europea es contundente. El sistema sanitario público del Reino Unido gasta el 9,8% del PIB en salud y obtiene una esperanza de vida de 81,3 años. Estados Unidos, con un modelo mayoritariamente privado, gasta el 16,8% del PIB y obtiene 78,9 años. Más del doble de gasto, peores resultados. Los países nórdicos tienen los mejores sistemas educativos del mundo con gestión 100% pública. Finlandia, Dinamarca y Suecia lideran todos los índices de calidad de vida precisamente porque sus servicios esenciales están directamente gestionados por la administración, sin intermediarios que se lleven parte del presupuesto.

La externalización tiene además costes ocultos que raramente aparecen en los argumentarios de quienes la defienden. El diseño de pliegos, los procesos de licitación, la supervisión de contratos, la gestión de incumplimientos y las renegociaciones pueden suponer entre el 10% y el 15% adicional del presupuesto. A eso se añade la alta rotación de personal —entre el 30% y el 40% anual en muchos servicios externalizados en Andalucía— que deteriora directamente la calidad: en atención a personas dependientes, en educación, en sanidad, la continuidad del profesional que atiende a una persona no es un lujo. Es la base misma de la calidad del servicio.

La propuesta de internalización progresiva de servicios esenciales en Andalucía no es ideología. Es una decisión de eficiencia organizativa perfectamente amparada por la legislación vigente. La Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconocen expresamente la libertad de las administraciones para determinar la forma de gestión más adecuada de sus servicios. No hay obligación de externalizar. Hay libertad de elegir el modelo más eficiente socialmente. El Tribunal Supremo, en sentencia de mayo de 2019, ha ratificado expresamente la legitimidad de la reversión de servicios externalizados.

Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo

Los servicios prioritarios para iniciar este proceso son claros: limpieza de centros sanitarios y educativos, atención domiciliaria a dependientes, comedores escolares, mantenimiento de infraestructuras públicas y servicios auxiliares sanitarios. En conjunto, representan en Andalucía una bolsa de más de 24.000 puestos de trabajo que hoy se prestan en condiciones de alta precariedad y que podrían transformarse en empleo público estable, con derechos plenos y con carrera profesional real.

El proceso debe ser gradual y ordenado: auditoría real de los costes de externalización en cada servicio, identificación de los contratos prioritarios, calendario de reversión respetando los contratos vigentes sin renovarlos, y subrogación automática del personal con reconocimiento de antigüedad, mejora salarial media del 15-20% por equiparación a convenios públicos y acceso a la formación continua y la carrera profesional. Este proceso ha sido aplicado con éxito en municipios de varias comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos españoles en los últimos años.

Hay también una dimensión territorial que en Andalucía resulta especialmente relevante. Las empresas privadas priorizan zonas rentables y tienden a descuidar zonas rurales o barrios con menos capacidad de presión. La gestión pública garantiza el mismo nivel de servicio en todo el territorio, sin discriminación por rentabilidad comercial. En los municipios del interior andaluz, en las comarcas con riesgo de despoblamiento, eso no es un detalle menor: es con frecuencia la diferencia entre tener servicios de calidad o no tenerlos.

Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo. Y quienes argumentan que no hay dinero para financiar la internalización olvidan que ese dinero ya existe: es el que hoy se destina a pagar los márgenes empresariales, los costes de transacción y la gestión de los incumplimientos contractuales.

Andalucía puede y debe tomar esta decisión con claridad. No como medida ideológica, sino como apuesta por la eficiencia real, por la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos y por la dignidad de los trabajadores que los prestan. Es lo que hacen los países europeos más avanzados. Y es lo que Andalucía merece.

El 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una jornada para honrar la memoria de las personas trabajadoras víctimas de accidentes y enfermedades laborales; hombres y mujeres que perdieron la vida por unas condiciones de trabajo que no garantizaban lo más básico: su integridad física y su salud.

Un total de 121 personas perdieron la vida en el trabajo a lo largo del año 2025. Es inasumible que cada tres días fallezca una persona por el simple hecho de ir a trabajar. La causa fundamental es la impune falta de medidas básicas de prevención, como la ausencia de arneses en trabajos de altura o la falta de una formación real y efectiva. En la raíz de este drama encontramos un sistema productivo que prioriza los beneficios económicos por encima de la vida humana, dejando la seguridad y salud en un plano totalmente secundario.

La seguridad y la salud en el trabajo no son solo una cuestión de cumplimiento de normas o de farragosos sistemas de gestión. Son una cuestión de personas. Se trata de velar por la vida de quienes salen de casa cada mañana con la expectativa razonable de regresar en las mismas condiciones. Las familias no pueden vivir bajo la zozobra de si hoy será el día en que todo salga mal por negligencias empresariales. Es por ello que desde CCOO de Andalucía exigimos organizaciones que asuman, de una vez por todas, su responsabilidad de garantizar que esta expectativa se cumpla sin excepciones.

A pesar de los 30 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los accidentes siguen siendo una lacra social intolerable. Del mismo modo, las enfermedades profesionales —especialmente aquellas de origen laboral no reconocidas— suponen un castigo silencioso para miles de trabajadoras y trabajadores, ya que solo se declara un pequeño porcentaje. El sistema actual invisibiliza la realidad: no se puede prevenir aquello que la patronal se niega a reconocer. Por ello resulta imprescindible hacer visible lo invisible.

Dentro de este oscurantismo, el cáncer de origen laboral es la cara más amarga de la infradeclaración. En Andalucía, mientras en 2025 el cáncer fue la segunda causa de muerte con más de 19.000 fallecimientos, solo se declararon 7 casos como origen laboral. Se estima que el 8% de los cánceres podrían originarse en el entorno de trabajo, pero la falta de rigor en la vigilancia de la salud y el desconocimiento interesado sobre los agentes carcinógenos impiden que se establezca la relación causal.

Este escenario es evitable. Los lugares de trabajo son los espacios donde es más factible identificar y valorar las exposiciones a cancerígenos. No falta ciencia, falta voluntad política y empresarial para aplicar medidas preventivas eficaces.

Por otra parte, la salud mental de la clase trabajadora se ha convertido en una pandemia silenciosa. El estrés, la ansiedad y la depresión son el resultado de un sistema laboral que nos exprime. En 2025, sufrimos 108.622 situaciones de IT relacionadas con estos factores, afectando especialmente a mujeres y personas jóvenes.

Todo ello revela una evidencia: la precariedad es la que enferma. El incremento de cargas, los ritmos frenéticos, la invasión de las nuevas tecnologías en el tiempo de descanso, las horas extras no remuneradas y la imposibilidad de conciliar están detrás de estas bajas que, en cambio, siguen fuera del cuadro de enfermedades profesionales y no se notifican como accidentes de trabajo.

Lamentablemente, la respuesta de las patronales ante esta realidad es criminalizar y perseguir a las personas enfermas de baja, ocultando que estas dolencias nacen de su propia falta de inversión en prevención y del deterioro de una sanidad pública que sufre estragos debido a las políticas privatizadoras que se están llevando a cabo.

Frente a ello, en CCOO exigimos un cambio radical de actitud. Una empresa con verdadera cultura de seguridad es aquella que pone los medios para que su plantilla trabaje segura. La salud no es un favor, es un derecho y una obligación legal que la ética patronal debería poner por encima de cualquier cuenta de resultados. Necesitamos un cambio de modelo que coordine a administraciones, empresas y sindicatos, con la sanidad pública como pilar.

La mejor forma de honrar la memoria de quienes han perdido la vida cuando iban a ganársela es desarrollar una estrategia de compromiso real. La salud de las personas trabajadoras debe estar en primer y preferente lugar. Esa es nuestra reivindicación y nuestra lucha sindical.

La Cañada de los Pájaros se halla en peligro de extinción, si las instituciones y particulares no lo remedian. Los propietarios de la finca declarada Reserva Natural concertada en 1991, Maribel Adrián y Plácido Rodríguez, así lo atestiguan cuando, por llegar a la edad de jubilación, piensan en quién se hará cargo de La Cañada, convertida en hospital, restaurante y santuario para las aves de Doñana y del entorno. 

En 1987, dos biólogos entusiastas de la conservación y de la biodiversidad comenzaron una tarea a la que han dedicado sus vidas. Consiguieron transformar una escombrera o gravera en un humedal. Plácido Rodríguez (Sanlúcar de Barrameda,1953) desciende de una saga de guardas marismeños, “Los Clarita”. Su padre, Antonio Rodríguez Parada, “Clarita”, fue el guarda mayor de la finca Las Nuevas en plena marisma, donde se crió Plácido. Maribel Adrián (Burgos, 1960) y Plácido han desarrollado una labor increíble y han convertido La Cañada de los Pájaros en un paraíso para las aves. Ahora, en el tiempo de la jubilación, ven peligrar el futuro de la obra a la que se han dedicado en cuerpo y alma toda la vida.

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero. En La Cañada desde hace muchos años, en torno a esa fecha, se sueltan dos o tres especies de aves (cerceta pardilla, focha cornuda y porrón pardo), a las que se cuida y mima en esa Reserva Natural Concertada. En 2016 fui invitado junto al ornitólogo Luis García Garrido a soltar esas aves ante una concurrencia de centenares de personas. ¡Fue emocionante!

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustrostris). Se considera especie vulnerable en el mundo y en España, en peligro critico de extinción. Hasta 2025 en La Cañada de los Pájaros se han liberado entre 3.000 y 3.200 cercetas pardilla.

Porrón pardo (Aythya nyroca). Está clasificado como especie en peligro de extinción).Actualmente se han visto dos parejas de porrón pardo en la laguna del Observatorio José Antonio Valverde en las Marismas. Hasta 2025, en La Cañada de los Pájaros se han soltado unos 500 ejemplares.

Focha cornuda (Fulica cristata) se halla calificada en riesgo de extinción en el catálogo nacional de aves. A finales de los ochenta, la guardería de la Agencia de Medio Ambiente, rescató seis huevos de Focha Cornuda que fueron a parar a La Cañada. Plácido y Maribel empezaron a recuperar esta especie. En abril de 1992 se soltaron los primeros 22 ejemplares. Hasta 2025 se han liberado en La Cañada más de 1.900 fochas cornudas.

Como algunas de las especies que frecuentan La Cañada, la Reserva está en peligro crítico de extinción por falta de ayudas y de apoyo institucional

En La Cañada de los Pájaros se pueden observar unas 200 especies de aves, unas 180 autóctonas.En 1991 fue declarada Reserva Natural Concertada, la primera declarada en España. Se abrió al público en 1992. Está incluida en la Red de Espacios Naturales de Andalucía y en la Red natura 2000. Recibe más de 100.000 visitas al año y han pasado por sus instalaciones unos 3.000 ornitólogos. Han formado a cientos de becarios y voluntarios. Como algunas de las especies que frecuentan La Cañada, la Reserva está en peligro crítico de extinción por falta de ayudas y de apoyo institucional.

Con los ingresos por entradas y por el alquiler del restaurante, no les da para afrontar los 120.000 euros anuales de gasto. Desde sus inicios la gestionan sus propietarios Plácido Rodríguez y Maribel Adrián. La pregunta que nos hacemos quienes les conocemos y apreciamos es, ¿qué pasará con la Cañada de los Pájaros cuando decidan retirarse?

En 1983-84, Maribel Adrián desarrolló su tesina con la nutria bajo la dirección de Miguel Delibes. Maribel llegó a Sevilla para anillar aves y conoce a Plácido y en 1985 se ennovian. Plácido acaba la carrera. En 1986, la pareja decide alquilar una casita en “La Pilarica”, en Puebla del Río, y allí montan un pequeño aviario. Pero las ansíis de la pareja les lleva a buscar un lugar mejor. La idea era vivir en el campo.

La Nochevieja de 1989, Maribel y Plácido con unos amigos Yolanda y Vilches, sin luz eléctrica, inauguran la casa con el sueño de crear un refugio, un hospital y un restaurante para las aves de la Marisma

En julio del 86 ocurre la mortandad de aves en Doñana, una catátrofe ecológica en la que murieron entre 20.000 y 30.000 aves, envenenadas por el uso de insecticidas por parte de los arroceros de las marismas. Se fumigó el Brazo de la Torre. En el Lucio del Cangrejo, en la primera semana de setiembre del 86 se contabilizaron 2.300 patos muertos. Entre las especies afectadas: pato real, pato cuchara, chorlitejo, garzas reales, espátulas y cercetas pardillas. Plácido, Maribel y un grupo de voluntarios recogieron ejemplares enfermos.

Aquel desastre lleva a Maribel y a Plácido a pensar en criar y proteger a las aves de Doñana. Tras mirar varias opciones, encuentran un lugar en una antigua laguna convertida en gravera que se hallaba en pésimas condiciones con basura, escombros, etc. En 1987, Plácido y Maribel negocian con los propietarios y compran 7,5 hectáreas del terreno, que colindaba con una finca de los rejoneadores Peralta, y con unas fincas forestales aguas arriba de la Cañada de la Barca (antiguo arroyo) que fueron transformadas afectando al cauce que suministra el agua a la Cañada de los Pájaros. En 1988 se limpia la gravera, se introducen plantas autóctonas y la escombrera se transforma en un humedal. Los arquitectos José Antonio del Pino y Emilio Pizarro les construyen la casa. La Nochevieja de 1989, Maribel y Plácido con unos amigos Yolanda y Vilches, sin luz eléctrica, inauguran la casa con el sueño de crear un refugio, un hospital y un restaurante para las aves de la Marisma.

Hoy, cerca de 200 especies que frecuentan Doñana hallan en La Cañada el santuario, el lugar donde alimentarse y donde se les cuida y les cura si están enfermas o heridas. A quien corresponda: Ayuntamiento de la Puebla, Diputación de Sevilla, Junta de Andalucía, Gobierno de España, CSIC, Estación Biológica de Doñana, capital privado, organizaciones conservacionistas, traten de ayudar a Plácido y Maribel, dos biólogos, ecologistas y conservacionistas que ya en edad de jubilación, han salvado a miles y miles de aves en esta Reserva Natural a las puertas de Doñana, y han contribuido a que sobrevivan especies como la focha cornuda, la cerceta pardilla, el porrón pardo, las malvasías, cisnes, ánsares, cigueñas, calamones, grullas que vuelven a nidificar en Doñana, garzas, garcetas, avocetas, garcillas cangrejeras, patos, flamencos, cigueñuelas, golondrinas, verderones, y así hasta casi 200 especies de aves a las que han dedicado su vida.

La sociedad debe responder al reto de buscar la continuidad de la Cañada de los Pájaros, cuando Plácido y Maribel abandonen su actividad. Se lo debemos a las futuras generaciones, por quienes tanto han trabajado Maribel y Plácido con sus programas de educación ambiental y con su amor por las aves. ¡No permitamos que el humedal restaurado, convertido en Reserva Natural vuelva a ser una escombrera! Se lo debemos a nuestros nietos y a las futuras generaciones de andaluces.

Desde 2019 cuando se iniciaron los gobiernos del Partido Popular (PP) de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, el sistema sanitario público andaluz se ha deteriorado ostensiblemente. Las evidencias de ello son abundantes: En el informe de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de 2024, Andalucía ocupaba el penúltimo lugar de todas las Comunidades Autónomas (CCAA) en cuanto a la calidad de sus servicios sanitarios, las listas de espera sanitarias son de las peores del país, muchos profesionales sanitarios al acabar su formación se van a trabajar a otras Comunidades Autónomas (CCAA) o al extranjero por las malas condiciones laborales que aquí se les ofrece y en el último barómetro sanitario (2025) el porcentaje de ciudadanos andaluces que opinan que su sistema sanitario funciona bien o muy bien es el más bajo del país y, por el contrario, los que opinan que funciona mal o muy mal es el más alto de todas las CCAA.

Todo ello ha ocurrido de forma paralela a una notable privatización de los servicios sanitarios en Andalucía. En el informe correspondiente de la FADSP de 2025, el índice de privatización casi se duplicó de 2014 a 2025 (de 12 pasó a 23). En el año 2023, el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en Andalucía era prácticamente el mismo en hospitales públicos o privados; en el año 2014 esas proporciones eran el 63 % y el 37 % respectivamente.

Las consecuencias de esas políticas perjudican gravemente a los ciudadanos y se analizan en este artículo las que hemos considerado más importantes y trascendentes.

1. Listas de espera sanitarias prolongadas hasta límites escandalosos.

En el año 2024 en Andalucía, solo el 14,4 % de las solicitudes de asistencia al médico de Atención Primaria eran atendidas en las primeras 48 horas; en 2018 lo eran el 51,7 %. Ahora ese índice ocupa el lugar 15 de las 17 CCAA, es muy inferior a la media nacional y -como se aprecia en el gráfico- ese empeoramiento no ha ocurrido en otras Comunidades como Cantabria, por ejemplo.

En diciembre de 2025 100,3 pacientes / 1000 habitantes (en total 852.889 personas) estaban pendientes de ser atendidos por un especialista hospitalario y tenían que esperar 136 días de media para que esa consulta se produjera. Ese indicador ocupaba el lugar 14 de las 17 CCAA del país. Se sitúa desde 2018 (en esa fecha se produce un cambio en el criterio de cómputo) muy por encima de la media nacional (ver gráfico) y desde entonces esos tiempos de espera casi triplican a los de otras Comunidades como por ej. el País Vasco,

En diciembre de 2025 23,5 pacientes / 1.000 habitantes (en total 199.950 pacientes) estaban pendientes de una intervención quirúrgica en Andalucía. El tiempo medio de espera para ello eran 173 días, el más elevado de todas las CCAA del país. Viendo su evolución, de nuevo otra vez se comprueba que es muy superior a la media nacional y marcadamente peor que el de otras Comunidades.

Una lista de espera sanitaria prolongada no implica solo la impaciencia del paciente para ser tratado. Tienen consecuencias muy graves para la salud individual de las personas. Muchos estudios lo han demostrado y esos riesgos dependen de la naturaleza de la enfermedad de base.

Si la enfermedad que finalmente se diagnóstica a una persona es cáncer, los retardos de 4 semanas en el tratamiento principal aumentan el riesgo de muerte por la enfermedad. Si ese retarde es de cirugía, el riesgo de muerte aumenta en un 6-8 %. Los retardos de 8 y 12 semanas aumentan más el riesgo de muerte. Así, retardos de cirugía para cáncer de mama de 8 y 12 semanas aumentan el riesgo de muerte en 17 % y 26 % respectivamente. Haciendo la correspondiente extrapolación, un retardo de 12 semanas para todas las enfermas con cáncer de mama durante un año, produciría un exceso de mortalidad en esas pacientes de 1.400 mujeres en el Reino Unido, 6.550 en Estados Unidos, 600 en Canadá y 500 en Australia.

Está bien demostrado también las serias consecuencias que tiene las esperas sanitarias en muchas enfermedades. Por ej. en pacientes pendientes de implantación de prótesis de cadera o rodilla, en personas con enfermedad inflamatoria intestinal o con dolor crónico, por citar solo algunos procesos. En general se asocian con deterioro de la calidad de vida, mayor riesgo de complicaciones e ingresos hospitalarios por estas, problemas de salud mental incluyendo depresión e ideación suicida, menor actividad física y social, problemas laborales y mayor consumo de otros recursos y gasto sanitarios

Y en relación con ello, hay un aspecto que tiene una importancia capital: el tiempo de espera del paciente que no está diagnosticado. El problema empieza con la espera para el médico de familia que ya sabemos que en Andalucía puede ser larga, por la precaria situación de la Atención Primaria. Más si te pide unos análisis. Si a continuación el médico te deriva al especialista, la espera en Andalucía es de las peores del país, más de 4 meses y medio. Tiempo al que hay que añadir el necesario para hacer las exploraciones que él solicite (desde 2019 este dato no es publicado por el Servicio Andaluz de Salud, aunque si lo hacen otras CCAA), y lo que tarde la cita para valoración de resultados e informe. Pueden irse perfectamente unos 5-6 meses. Como hemos visto, esperas tan prolongadas son un peligro para la salud individual de las personas, con consecuencias en ocasiones vitales.

2. Los riesgos de la asistencia médica privada.

La privatización es uno de los problemas de salud pública más importante de la asistencia sanitaria en España actualmente y tiene consecuencias muy graves sobre la población atendida. Una excelente monografía sobre el tema se ha publicado recientemente.

2.1. El aumento de la mortalidad evitable de la población atendida.

La rentabilidad económica es el objetivo principal del negocio. En cambio, en los sistemas sanitarios públicos son indicadores en Salud los que, sin obviar los costes, son los fundamentales para medir la utilidad y la eficacia del sistema. De todos ellos, la mortalidad que se puede evitar es el más importante por su trascendencia. En los últimos años son muchos los análisis que comparan la mortalidad evitable en sistemas públicos y privados. Un resumen de las conclusiones fundamentales de algunos de esos estudios se expone a continuación.

Como se aprecia, no solo se demuestra una asociación entre asistencia en centros privados con aumento de la mortalidad evitable, sino también una mayor eficiencia con la financiación de los centros públicos (disminución de la mortalidad tratable). Dentro de las fórmulas de adquisición privada de los hospitales, el tipo PE, que otorga mayores ganancias, es todavía más lesivo para los pacientes. Y también como la ausencia de cobertura sanitaria por carecer de medios económicos y no poder contratar un seguro de salud implica mayor mortalidad. Los sistemas sanitarios públicos y universales son más equitativos y garantizan el derecho a la vida de todas las personas, mientras ello sea posible.

2.2. Otros resultados negativos y efectos perjudiciales para la Salud.

2.3. Irregularidades, prácticas indeseables y fracasos de gestión.

3. La crisis de los cribados del cáncer de mama.

En octubre de 2025 estalla el escándalo del programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía. Mujeres con lesiones dudosas en la mamografía inicial no eran informadas del resultado y muchos meses después, en algunas de ellas se comprobó la presencia de cáncer. Este hecho es sobrecogedor por si mismo y también porque anteriormente señalábamos que está demostrado que retrasar el tratamiento definitivo del cáncer de mama 12 semanas aumentaba el riesgo de muerte un 26 %. Estos retrasos empeoran mucho el pronóstico de la enfermedad y la espera es un factor evitable. O más aún, es obligado evitarlo.

Lo ocurrido es un acúmulo de despropósitos que demuestran una gravísima desorganización e incompetencia a nivel institucional: Se anula el control del programa a la Escuela Andaluza de Salud Pública, se cambia el sistema informático a una empresa japonesa, fallos en el control de aviso a mujeres con lesiones sospechosas, fallos en la coordinación entre niveles sanitarios, escasez de plantillas de radiólogos, privatización parcial para la realización de mamografías y atascos notables para esta prueba que no se solucionan, fallos en la aplicación de protocolos solventes y bien establecidos, etc. En 2023 los radiólogos del hospital Virgen del Rocío avisaron de los atascos en la realización de mamografías y propusieron un plan para solucionarlo que fue rechazado por el gobierno andaluz por ajustes presupuestarios.

Y lo ocurrido también tiene consecuencias muy graves en otro nivel de valoración. Cuando una mujer acude a una mamografía del programa de cribado, no está aceptando un servicio más: está confiando su vida a un sistema que debe responder con rigor y empatía. Ese pacto moral que se establece entre un ciudadano y su sistema sanitario se ha roto. Y su reparación no vendrá solo con comunicados falsos y coartadas, sino con verdad, transparencia y responsabilidad.

Hay motivos para la preocupación. Desde primeros de siglo, la mortalidad por cáncer de mama ha caído en todo el país gracias a la mejora de los tratamientos y a los programas de diagnóstico precoz. Pero en Andalucía esa caída ha sido inferior al resto de España y aquí la mortalidad por esa enfermedad es superior a la del resto del país. Es más, se conoce la tasa de cáncer para cada provincia española. Y en el año 2023 entre las diez provincias con tasas más altas de cáncer de mama, se sitúan cinco provincias andaluzas. Y cabe preguntarse ¿Cómo se está realizando los programas de cribado con otros tumores, por ej. el de colon? Porque hay datos muy alarmantes: Entre las diez provincias españolas con tasas más elevadas de este tumor en hombres, seis son andaluzas. ¿Por qué ocurren estas tasas tan elevadas de neoplasias entre la población andaluza?.

Todos los responsables políticos dicen siempre que ellos defienden la Sanidad Pública. Ninguno dice públicamente que es mejor un sistema liberal privatizado, pero muchos luego es lo que hacen y es lo que está haciendo ahora el PP de Moreno Bonilla en Andalucía con consecuencias desastrosas. Tendrá relación directa con ello o no, pero nuestra realidad es cruda: La mortalidad ajustada por edad en Andalucía es la mayor del país, tanto en hombre como en mujeres.

La Sanidad Pública andaluza está en crisis. El gobierno andaluz actual realiza una política sanitaria pésima que perjudica directamente a los ciudadanos y ¿Cómo es posible que estemos consintiendo esto? El sistema sanitario público andaluz es nuestro porque lo financiamos nosotros y los gobiernos de turno están obligados a gestionarlo bien, para que sea beneficioso para todos. Es obligación de los gobiernos estar al servicio de los ciudadanos. Y nosotros estamos permitiendo que nos quiten algo tan valioso y que nos pertenece. ¿Hasta cuándo? ¿Qué nos queda por ver para actuar? Si queremos recuperar un sistema sanitario público universal y de alta calidad, la opción política actual que gobierna en Andalucía tiene que dejar de hacerlo. Nosotros decidimos.

---------------------------

Manuel Torres Tortosa. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

José Antonio Brieva Romero. Ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Antonio Vergara de Campos. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

Hasta el 30 de junio está abierto un proceso extraordinario para la regularización de personas de origen extranjero que acrediten haber estado en el país antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia de al menos cinco meses, ininterrumpida.

España no es ajena a los procesos de regularización bajo el mandato de Gobiernos de distinto color político. Desde los años ochenta se han sucedido distintas iniciativas –1985, 1991, 1996, 2000, 2001 o 2005– que han permitido aflorar a cientos de miles de personas trabajadoras que ya formaban parte de nuestra economía y de nuestra sociedad, y las últimas reformas reglamentarias en extranjería han tenido un impacto similar a una regularización.

Todas estas regularizaciones comparten un mismo patrón: no responden a situaciones excepcionales, sino a una realidad persistente. Personas que viven, trabajan y contribuyen quedan fuera del sistema por un marco normativo rígido, procedimientos lentos o vías legales insuficientes. Con el paso del tiempo, esa realidad acaba siendo tan innegable que exige una respuesta extraordinaria.

Y aquí es donde aparece la contradicción de fondo. Si un mecanismo supuestamente excepcional se repite de forma periódica, deja de ser excepcional. Y cuando deja de ser excepcional, lo que revela no es una anomalía puntual, sino un fallo estructural del sistema. En definitiva, las regularizaciones no son lo esencial del problema. Son el síntoma.

En Andalucía, sectores clave de la economía como la agricultura intensiva, la hostelería, el comercio, la logística de proximidad, la construcción o los cuidados dependen en gran medida de la mano de obra migrante. Almería o Huelva son ejemplos paradigmáticos de cómo la producción agrícola se sostiene gracias al trabajo de personas extranjeras, muchas de ellas en situación administrativa irregular. Esta irregularidad no es puntual, sino estructural: responde a un modelo que, por un lado, necesita de forma constante mano de obra migrante, y, por otro, no ofrece vías suficientemente ágiles, realistas y accesibles para que esas personas puedan incorporarse en condiciones de plena legalidad desde el inicio o mantenerse en ella.

La irregularidad no es neutra: genera trabajadores sin derechos, debilita la negociación colectiva y favorece prácticas de competencia desleal basadas en la precariedad

El resultado ya lo conocemos: bolsas recurrentes de irregularidad, alta vulnerabilidad laboral y social, economía sumergida y, finalmente, la necesidad de volver a regularizar.

Desde una perspectiva sindical, esto tiene implicaciones muy claras. Primero, porque la irregularidad no es neutra: genera trabajadores sin derechos, debilita la negociación colectiva y favorece prácticas de competencia desleal basadas en la precariedad. Y segundo, porque obliga a actuar siempre a posteriori, corrigiendo los efectos, en lugar de prevenir las causas.

Pero además, el debate no debería centrarse únicamente en si es necesario o no el proceso de regularización, que en este caso deriva de una iniciativa legislativa popular, por lo que responde, en origen, a una masiva petición ciudadana. Desde nuestra perspectiva supone un avance importante, aunque requiere un análisis crítico respecto a las condiciones en que se organiza y en cuanto a las garantías que ofrece para el logro de su objetivo de inclusión real.

Desde el primer día de apertura del plazo se han hecho visibles interminables colas de interesados ante los organismos competentes. Se han ampliado los horarios de atención en oficinas públicas, tensando unas plantillas ya de por sí insuficientes, y se ha habilitado la colaboración de entidades como la nuestra para ayudar en un proceso técnicamente complejo. El círculo vicioso de la pobreza planea para la realización de unos trámites en los que se aprecia una clara falta de previsión a la luz de todas las estimaciones que anticipaban más de medio millón de solicitudes.

Las bondades del proceso son innegables. La regularización permitirá que miles de personas salgan de la economía sumergida. Esto implica que podrán acceder a contratos de trabajo formales, cotizar a la Seguridad Social y beneficiarse de derechos básicos, como la protección frente al despido, la sanidad o las prestaciones sociales. Asimismo, facilitará la labor de la inspección de trabajo, reduciendo los espacios de opacidad donde proliferan los abusos laborales.

Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia un mercado laboral más justo, donde prime el principio de igualdad de derechos

Además, esta medida puede contribuir a mejorar las condiciones laborales generales. Cuando todas las personas trabajadoras están en igualdad de condiciones legales, se limita la capacidad de imponer condiciones abusivas. Esto fortalece la negociación colectiva y refuerza nuestro papel en la defensa de los derechos laborales.

Y otro elemento que no podemos obviar en este debate: la creciente utilización de la migración como arma política. Frente a los discursos que hablan de invasión, de colapso o de amenaza, la realidad es otra: mayor precariedad, mayor pobreza laboral y mayores dificultades de acceso a derechos para las personas migrantes.

El problema no es la migración. El problema es la desigualdad.

El uso político del miedo, fundando el rechazo a la regularización en mentiras de todo tipo sobre el supuesto comportamiento delictivo de los inmigrantes y sobre los efectos de la inmigración sobre la degradación de los servicios y derechos de los nacionales, busca desplazar el foco: que no hablemos de salarios bajos, de vivienda inaccesible o de precariedad laboral, sino de inmigración. Y así, el responsable deja de ser un modelo económico que necesita mano de obra barata.

Como sindicato, nuestro papel es fundamental, no solo como defensores de derechos laborales, sino también como agentes sociales que promovemos la igualdad y la cohesión social.

Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia un mercado laboral más justo, donde prime el principio de igualdad de derechos. Aprovechar plenamente esta medida dependerá de su implementación efectiva y de su articulación con políticas más amplias que garanticen trabajo digno para todas las personas.

Si la migración es estructural –y todos los datos indican que lo es–, también deben ser estructurales las políticas que la regulan. Eso implica diseñar un sistema que no genere irregularidad de forma sistemática

Porque una regularización extraordinaria no es suficiente por sí sola. Debe ir acompañada de medidas estructurales: refuerzo de la inspección laboral, políticas activas de empleo inclusivas, acceso a la formación y reconocimiento de cualificaciones profesionales. También es imprescindible garantizar vías legales y seguras de migración que eviten que nuevas personas caigan en la irregularidad en el futuro.

Y la respuesta nos lleva directamente a la necesidad de un cambio de enfoque.

Si la migración es estructural –y todos los datos indican que lo es–, también deben ser estructurales las políticas que la regulan. Eso implica diseñar un sistema que no genere irregularidad de forma sistemática: con procedimientos ágiles, con vías legales suficientes, con mecanismos de renovación realistas y con una conexión efectiva entre necesidades del mercado de trabajo y políticas migratorias.

En otras palabras, se trata de pasar de un modelo reactivo a un modelo preventivo.

Porque mientras esa transformación no se produzca, las regularizaciones seguirán repitiéndose. Y cada nueva regularización será, en el fondo, la confirmación de que el problema de origen sigue sin resolverse.

Trabajemos para que este proceso de regularización sea un éxito y, sobre todo, para que sea el último.

Como en el resto de España, la Sanidad Pública Andaluza (SPA) nace sobre la escasa red sanitaria generada al final de la dictadura, construyéndose en su casi totalidad tras la misma. Este logro es la respuesta a una profunda aspiración unánime de la ciudadanía manifestada, en gran medida, mediante una amplia movilización popular. La SPA y el sistema nacional de salud, financiados finalmente con los impuestos de todos, adquirieron en pocos años un desarrollo notable, alcanzando niveles de calidad que los llevaron hasta los primeros puestos de los rankings internacionales. No obstante, la crisis financiera de 2008 y las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno de entonces en Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español, dieron lugar a un claro retroceso de su desarrollo. Desde 2019, el Gobierno del Partido Popular (PP) de Moreno Bonilla ha alcanzado el poder en Andalucía y ha inaugurado una política aún más agresiva que plantea, por primera vez, la práctica deconstrucción funcional y organizativa del SPA. El objetivo del presente artículo es describir este proceso.

Desde su llegada al poder en 2019, el Gobierno del PP se ha empleado a fondo para ir, progresivamente, deteriorando la SPA. Para ello, ha usado combinada y simultáneamente dos estrategias básicas: la infrafinanciación y la privatización. La Consejería de Sanidad (CS) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en manos de Moreno Bonilla, han emitido una amplia y variada gama de decretos y órdenes en esa línea. Vamos a intentar mostrar resumidamente los hechos en los que nos basamos para lanzar esta afirmación.

Infrafinanciación. En la primera figura se observa la financiación de la SPA a lo largo de los años. Como puede verse, los presupuestos anuales de la SPA (línea de puntos azules) sufren una franca detención y posterior descenso a partir de 2010, debido a la crisis financiera de 2008. Es la época de la austeridad y los recortes.

Para estimar la extensión real de dichos recortes, se calcularon, a partir de 2010 (primer año con recorte evidente), una serie de valores “virtuales” en los que al presupuesto de 2009 (último año sin claros recortes) se le sumó la cantidad correspondiente a la variación porcentual del IPC entre ese año y cada uno de los años posteriores analizados. Eso permitió construir una serie de cifras imaginarias de presupuestos “no recortados” (línea de puntos rojos). La suma de las diferencias entre el presupuesto real y el “no recortado” de cada año, nos daría la suma del recorte total. Este ascendió a 21,000 millones de euros. Esa cantidad puede ser entendida como una deuda sanitaria histórica que ha dejado una profunda huella en los recursos y en la funcionalidad de la SPA.

Llama la atención que los recortes se extendieron más allá de 2018, cuando los efectos de la crisis financiera se daban ya por concluidos. No obstante, Moreno Bonilla alargó los recortes hasta el año pasado cuando, por primera vez, se igualó el presupuesto de 2009 (más el correspondiente incremento debido a la variación del IPC). Pero, desde 2009 hasta el año pasado, trascurridos 15 años, habían ocurrido al menos tres cosas importantes en Andalucía: 1) había 414.893 andaluces más (datos del Instituto Nacional de Estadística INE); 2) el número de andaluces con más de 64 años, los que más recursos sanitarios requieren, había crecido en 423.759 personas (INE); 3) además, la deuda sanitaria histórica seguía ahí. Ninguno de estos tres hechos se había compensado.

Para abordar con mayor precisión el nivel de financiación de la SPA en el periodo PP se puede comparar el gasto sanitario público per cápita (GSP) de Andalucía con el GSP per cápita medio del resto de las CCAA. Estos datos figuran en la tabla siguiente.

Como se ve, durante todo este periodo, el GSP per cápita andaluz ha sido inferior a la media española. Si estos déficits anuales se multiplican por el número de andaluces existentes cada año se alcanza una cifra de algo más de 17,000 M€ que la SPA no recibió. Estos datos confirman que nuestra SP lleva un largo periodo de tiempo sufriendo una financiación escasa con respecto a los estándares nacionales. Pero, además de que los presupuestos son escasos, el PP, desde 2019, aumentó claramente la desviación de dinero de la SPA al sector sanitario privado, como se verá más adelante.

Los resultados de esta financiación deficiente de la SPA son muy lesivos y, en bastantes aspectos, no solo no mejoran, sino que empeoran, la situación previa. Así, durante estos años, la SPA es la que menor tasa de médicos y enfermeros por 1000 habitantes tiene de toda España; asimismo, la SPA cuenta con el número de camas hospitalarias, aparatos de TAC y RNM y quirófanos por 1000 habitantes menor o de los menores de entre todas las CCAA. La Atención Primaria (AP) ha sido la más dañada por este desmantelamiento. Esto es de enorme gravedad ya que se ha demostrado que una AP accesible, con visita clínica en 48 horas, en la que las personas son vistas por el mismo equipo por largos periodos y que desarrolla funciones preventivas, disminuye la mortalidad de la población en un 30%. Pues bien, la cita media de la AP actual es de más de 11 días, los ciudadanos sufren cambios continuos de los profesionales que los ven y los programas preventivos se han eliminado por falta de plantilla.

Los efectos de estas deficiencias, base de las inaceptables listas de espera de la SPA actuales, son bien conocidos de todos.

Es preciso destacar que la financiación deficiente de la SPA habría podido ser paliada en este periodo empleando los superávits presupuestarios que, año tras año, han quedado sin gastar (véase un informe de FACUA sobre la inversión en infraestructura sanitaria en estos años), o usando los importantes ingresos adicionales que se recibirían de aceptar la nueva financiación para Andalucía propuesta por el gobierno central, o mediante la suspensión de las mejoras tributarias a las grandes fortunas, o la introducción de medidas de control en el gasto del SAS, como el de farmacia, que se expondrá más adelante. Por ello, se puede concluir que la asfixia presupuestaria de la SPA es parte de un programa predeterminado de este gobierno.

Privatización. Desde su llegada, el Gobierno de Moreno Bonilla ha hecho todo lo posible por apoyar a las empresas sanitarias privadas y por privatizar la SPA, mediante la aplicación inmediata de una serie de medidas. A continuación, vamos a detallarlas en varios apartados.

Tras el resumen anterior, puede afirmarse que el lobby de las empresas sanitarias ha logrado una extensa penetración en la SPA gracias al Gobierno de Moreno Bonilla y a su intención privatizadora.

Importa destacar que el Gobierno del PP ha usado las situaciones críticas de la SPA como oportunidades para instaurar su programa regresivo. Así, en vez de corregir la deficiente financiación debida a la crisis financiera, ha extendido los recortes de ese periodo fuera del contexto temporal, como se ha visto al principio, lo que ha ahondado el deterioro de la SPA y favorecido la expansión de las empresas aseguradoras. También, ha usado la difícil situación sanitaria generada por la pandemia de Covid 19 y la posibilidad coyuntural de realizar contratos de emergencia, para derivar fondos públicos sin control a clínicas privadas, empresas farmacéuticas u otras, incluso arriesgándose fuera del periodo de cobertura legal, un tema que ya hemos descrito en otro lugar. Todo ello confirma la intención deficitaria y privatizadora de la SPA de este Gobierno.

Queremos concluir este análisis sobre el deterioro actual de la SPA aportando nuestra opinión sobre la intencionalidad profunda del Gobierno andaluz actual y su gobierno en relación con la SPA. Pensamos que lo que se intenta es cambiar el concepto de salud. Para la mayoría de la población, la salud es un derecho conquistado que nos hace iguales a todos en cuanto a la salud, y que se sostiene sobre un sistema de Sanidad Pública universal, gratuito en el acceso, de alta calidad y pagado con los impuestos de todos. Sin embargo, para Moreno Bonilla y su Gobierno, la salud es un negocio en el que quien quiera mejor salud ha de adquirirla en el mercado privado, por lo que solo el que disponga de mayores medios económicos podrá acceder a ella, y los demás tendrán que conformarse con una SPA cada vez más deteriorada. Y la pregunta es: ¿lo vamos a consentir?

José Antonio Brieva Romero, ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas

La reaparición de Carmen Romero López en el escenario político no es ninguna casualidad, aunque ahora se sume a la campaña preelectoral de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía. Es un acto consecuente con una larga trayectoria -suya y de ningún otro-, de lealtad inequívoca a los principios del socialismo democrático, con un ingrediente específico: su “Pasión por la igualdad”; algo que se le puede atribuir, tomándolo precisamente del subtítulo del libro que presentó en Sevilla el pasado 23 de septiembre: Pablo Iglesias Posse, Pasión por la igualdad“, excelente trabajo de dos historiadores jóvenes, Francisco Javier Giráldez y Antonio Ortega Castillo (Fundepa, 2025).

Hablemos primero de ese libro, que lleva un documentado prólogo de Carmen Romero. En él destaca una cualidad no siempre bien observada del pensamiento de Pablo Iglesias, fundador de la UGT y del PSOE: su temprana defensa de la mujer, por su doble condición de sometimiento: el laboral y el de género. “Ni patrono en el taller ni déspota en el hogar”, escribió el creador del socialismo en España. Una tesis defendida por esos dos investigadores, con citas y documentos solventes. Lo curioso es que, todavía hoy, resulta llamativa esa firme convicción de Iglesias Posse, como precursor del feminismo en la clase trabajadora, sorteando las trampas que siempre le puso la derecha.

Carmen Romero repasa en su prólogo los fundamentos de aquella actitud precursora y de sorprendente actualidad: “Vivimos un cambio de era y las ideas decimonónicas que marcaron nuestro siglo XX están hoy en profunda revisión. Y para asentarnos en este nuevo tiempo buscamos hurgar en lo que nos ha quedado de aquellos sueños de la razón. Algunos de ellos derivaron en monstruos.” Así se expresa al comienzo del texto, que continúa con la aparición de los primeros focos del socialismo, en distintos lugares, testigos “de las atrocidades, las jornadas de 14 horas, los infames habitáculos, además de las enfermedades y de las inhumanas condiciones laborales”.

Sigue describiendo quiénes eran aquellos “quince tipógrafos, algunos médicos y algún zapatero” que fundaron el PSOE en 1879, con ecos de lo que ocurría en Alemania, en Francia o en Inglaterra, y los primeros signos del combate por la igualad que por allí se daban. Le seguirá una referencia al famoso artículo de Ortega, del 13 de Mayo de 1910, en El Imparcial, “señalando a Iglesias y a Giner de los Ríos como los grandes europeístas” de la época. Vino luego el fuerte encontronazo de Fernando de los Ríos con Lenin (“Libertad para qué”, le preguntó el soviético), con lo que estuvo claro que el camino para la emancipación de la clase trabajadora no iba a ser el del comunismo de Estado, auténtico monstruo de la razón. 

También destaca ese prólogo otras figuras olvidadas del proto-feminismo socialista, como María Cambrils, gran apoyo del fundador en ese campo (y tan autodidacta como él), que en 1925 publicó Feminismo Socialista, con prólogo de Clara Campoamor. Y así hasta llegar al 19 de noviembre de 1933, donde los votos del PSOE, tras algunos titubeos ideológicos, fueron determinantes para que se aprobara, por fin, el sufragio universal femenino. 

Más recientemente, el 25 de marzo, la siempre discreta líder sevillana tuvo en Cádiz un relevante papel en otro homenaje de memoria democrática: el recuerdo del Congreso de la FETE-UGT que allí celebramos hace la friolera de cincuenta años, todavía en la semiclandestinidad. Se ventilaba entonces nada menos que el sindicalismo de clase en el ámbito de la educación universal y gratuita, parejo al de la sanidad, que ahora defiende María Jesús Montero

Vayamos ahora con el retorno de Carmen Romero. La presentación de ese libro puede considerarse el de la reaparición de esta luchadora nata, bastante antes de que se anunciara la fecha electoral del próximo 17 de mayo. Le siguió su participación en el homenaje que le rindieron al “Abuelo” la UGT de Sevilla y el activo grupo de “Los jóvenes Socialistas del 68”, que lidera Pepe Romero (otro militante de ética insobornable).

Esto fue el pasado 10 de diciembre. Más recientemente, el 25 de marzo, la siempre discreta líder sevillana tuvo en Cádiz un relevante papel en otro homenaje de memoria democrática: el recuerdo del Congreso de la FETE-UGT que allí celebramos hace la friolera de cincuenta años, todavía en la semiclandestinidad. Se ventilaba entonces nada menos que el sindicalismo de clase en el ámbito de la educación universal y gratuita, parejo al de la sanidad, que ahora defiende María Jesús Montero; dos asuntos clave del socialismo, no lo olvidemos, representados por estas dos mujeres, igualadas en su pasión la igualdad, cada una con su estilo.

Parecerá un discurso de otro tiempo, casi una rareza, el de la doble militancia –sindicato y partido- de una organización democrática, educativa, feminista, europeísta, e internacionalista, a la que hay que refrescarle las raíces, y corregir los errores, con más democracia, no con menos.

Tarea difícil, pero no imposible, si se tiene en cuenta que ambas formaciones surgen de un mismo tronco fundamental: la Ilustración. Y que ahora más que nunca necesita de un nuevo impulso en la última seña de las que hemos enumerado: el internacionalismo, el de la socialdemocracia que hizo grande a Europa y a América del Norte; el modo ideático de Occidente. Con todos sus defectos, sigue siendo el menos malo de todos los sistemas democráticos inventados. Por algo será que Pedro Sánchez está ganando enteros en el (des)concierto internacional. Porque en el fondo de la historia sigue resonando la voz de Pablo Iglesias. La que Machado recordaba, de niño, como “el timbre inconfundible de la verdad humana”. 

Con su habitual tono de cronista oficial, Moreno Bonilla declaró, tras la negligencia que provocó la crisis de los cribados, que los problemas del SAS no eran de personal ni de dinero, sino más profundos. No le faltaba razón, el problema es el modelo del Partido Popular. Han empeorado todos los indicadores. Las listas de espera están en cifras escalofriantes, se ha maltratado al personal sanitario y a los pacientes. Todo ello tras dilapidar miles de millones de euros que vuelan a las cuentas de resultados de las multinacionales farmacéuticas y de las empresas de sanidad privada. Estas son las grandes beneficiarias del destrozo del Servicio Andaluz de Salud.

Mientras Moreno Bonilla promete, las empresas privadas facturan. Lo hacen con los “encargos” del SAS y con el aseguramiento privado, ese que sigue creciendo sin parar porque la ciudadanía necesita atención sanitaria y no puede esperar semanas una cita con su médico de familia o meses, incluso años, a que le vea un especialista. Un negocio redondo a costa de nuestra salud, pagado con nuestro dinero y atendido con nuestro personal, al que el PP ha abierto la puerta a trabajar en la sanidad privada mientras afirma que no contrata más profesionales “porque no los hay”.

Mientras Moreno Bonilla promete, otra vez con unas elecciones en puertas, el hospital de Cádiz, el de Málaga, o el materno infantil de Huelva, solo en el último concierto ha entregado 553 millones de euros a la sanidad privada, siendo las mayores beneficiarias HLA, Quirón, Vithas y Pascual. Él posa para la foto y pone la primera piedra, pero es la sanidad privada la que construye y amplía su red con nuestros recursos. Desde que llegó al gobierno, ha trasvasado 4600 millones de euros a la sanidad privada. Solo en este año, la inversión pública del SAS decrece en 244 millones, mientras que el presupuesto que irá a la privada contabiliza 705 millones.

Y todo ello con las listas de espera fuera de control.

Las consecuencias de no cuidar a la población ni al personal sanitario las estamos padeciendo a diario. La indignación que ha movilizado a sindicatos, mareas y asociaciones de pacientes marca con claridad el cambio de rumbo que toda la sociedad reclama y que las políticas de salud de la Junta necesitan.

Este pasado domingo lo vimos con claridad: profesionales sanitarios, desde médicos hasta celadores, desde enfermeras hasta personal administrativo, junto a cientos de colectivos y miles de personas, salieron a las calles de las 8 capitales andaluzas bajo el lema “Negocio en sanidad, más mortalidad” para manifestarse contra el deterioro constante que sufre la sanidad pública andaluza.

En definitiva, para reclamar algo tan básico como contar con una sanidad pública que cuide a las personas, que no mire la cartera y que garantice la atención en condiciones de igualdad. Porque la sanidad pública no es solo un servicio esencial: es una pieza clave del modelo de futuro que necesita Andalucía.

Los problemas son profundos y requieren decisiones políticas audaces. La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que coloque el bienestar de su población por encima del interés de cuatro empresas sanitarias

Estas movilizaciones suponen, además, una enmienda al intento de Juan Manuel Moreno Bonilla de expulsar del debate público la cuestión sanitaria, como si no fuera político garantizar cita rápida cuando tienes fiebre, diagnóstico a tiempo cuando hay riesgo grave en tu salud o intervención quirúrgica que no se cronifique en una espera desesperante.

Es imperativo un cambio de gobierno que rectifique esta deriva que, no lo olvidemos, cuesta vidas. El Servicio Andaluz de Salud no aguanta una tercera legislatura en esta situación.

“Hay que fortalecer el SAS” no es una frase vacía. Falta personal en todas las categorías y para contratarlo y retenerlo se precisan contratos más estables y mejor retribuidos. Este refuerzo permitiría acabar con miles de derivaciones y poner a pleno rendimiento los equipamientos sanitarios públicos. La sangría de derivaciones cuesta mucho más cara que mejorar las plantillas. Tenemos personal sanitario andaluz en todas las CCAA y en el extranjero, y una fuga incesante a la sanidad privada. Simplemente, no nos lo podemos permitir.

Tampoco es aceptable que sanitarios duerman en autocaravanas en los aparcamientos de los hospitales para cubrir contratos de corta duración en los municipios de gran afluencia turística. Para ese personal, el SAS debe incorporar un complemento a modo de “cheque vivienda” que les permita afrontar el sobrecoste de su alojamiento. No es de recibo que tengamos a miles de niños y niñas sin atención pediátrica en sus centros de salud y que la Junta mantenga una brecha salarial entre facultativos de hospitales y de Atención Primaria que en algunos casos supera el 20%. Es injustificable que las TCAE sigan con unas funciones de 1973 y se les niegue su categoría real, el C1. Es inaceptable que no haya matronas, técnicos de documentación o de anatomía patológica, personal administrativo… que lo formemos para que luego engrosen las listas del paro o se marchen a trabajar a otros sistemas. Y, definitivamente, es un insulto a nuestra inteligencia que se oculten los datos de listas de espera de pruebas diagnósticas mientras que trece CCAA los publican.

Ese apagón da la medida del riesgo cierto en el que se mantiene a la ciudadanía: sin diagnóstico no hay tratamiento, y sin tratamiento no hay recuperación. Así que es cierto. Los problemas son profundos y requieren decisiones políticas audaces. La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que coloque el bienestar de su población por encima del interés de cuatro empresas sanitarias.

La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que trabaje solo para ella y que no le tiemble el pulso. Sin corrupción, sin contratos a dedo, sin dar a ganar una fortuna a las multinacionales por medicamentos que podrían adquirirse a mejores precios, sin puertas giratorias, y sin faltar al respeto a las víctimas de este destrozo. Y, por encima de todo, sin mentiras

Y esto se logra, por ejemplo, con un férreo control del gasto en medicamentos, aunque a alguna que otra farmaceútica le moleste. O asegurando el acceso a un hospital de titularidad y gestión íntegramente públicas. Y si para ello hace falta expropiar el uso de hospitales actualmente privados, debe hacerse, moleste a quien moleste.

Y también es posible que a algunas personas les moleste un gobierno que elimine la compatibilidad entre sanidad pública y privada para jefaturas de servicio y puestos de responsabilidad. Pero debe hacerse, porque no es lógico que quienes dirigen nuestra sanidad trabajen en la “competencia”.

En definitiva: solo con medidas certeras, firmes y valientes es posible construir una sanidad pública a la altura de Andalucía.

Solo así será posible garantizar atención sanitaria de calidad los 365 días del año en todos los rincones de nuestra comunidad o garantizar un tiempo de espera máximo de 48 horas para las citas con el médico o médica de cabecera.

La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que trabaje solo para ella y que no le tiemble el pulso. Sin corrupción, sin contratos a dedo, sin dar a ganar una fortuna a las multinacionales por medicamentos que podrían adquirirse a mejores precios, sin puertas giratorias, y sin faltar al respeto a las víctimas de este destrozo. Y, por encima de todo, sin mentiras.

Porque los andaluces merecemos un gobierno que nos cuide, no que nos mienta. Un gobierno que cuente la verdad sobre lo que ocurrió con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, que restaure el daño causado a las afectadas y que repare la memoria de las que ya no están y fueron víctimas de tan criminal negligencia. Se lo debemos.

Estamos a tiempo de revertir la situación y hay recursos para hacerlo. Vamos a ello. Por la sanidad pública. Por Andalucía.

En el debate público andaluz y español se ha instalado una premisa inquietante: la idea de que las nuevas generaciones están abrazando en bloque la extrema derecha. Sin embargo, los datos exigen enfriar el diagnóstico. La evidencia empírica demuestra que no estamos ante una hegemonía radical, sino ante un fenómeno más complejo: una polarización generacional creciente y un aumento significativo de la influencia de estos discursos en segmentos específicos, particularmente entre los varones.

No obstante, minimizar el problema sería un error de cálculo. Aunque no exista una adhesión mayoritaria, las encuestas en España arrojan un dato que debería encender las alarmas en cualquier democracia: cerca de una cuarta parte de los jóvenes declara preferir una dictadura al sistema democrático en determinadas circunstancias. Este indicador no revela necesariamente una convicción ideológica firme, sino una profunda vulnerabilidad ante los relatos autoritarios. Para entender este deslizamiento, es necesario diseccionar las causas estructurales que operan en nuestro entorno y, sobre todo, el papel que está jugando —o dejando de jugar— nuestro sistema educativo.

El caldo de cultivo: precariedad, género y algoritmos

El atractivo de la extrema derecha no es un fenómeno meteorológico; es el síntoma de una triple crisis que golpea con especial dureza en regiones con tejidos económicos frágiles como el nuestro.

En primer lugar, opera un elemento material clave. La juventud se enfrenta a un horizonte vital marcado por la precariedad laboral, la sobrecualificación y unos salarios que convierten el acceso a la vivienda en una quimera. Esta realidad genera una sensación de “horizonte cerrado” y humillación social. En este contexto, los discursos que prometen orden, mano dura y protección identitaria frente a “los de fuera” encuentran un terreno fértil, presentándose no como amenazas a la libertad, sino como remedios rápidos a la angustia vital.

En segundo lugar, la brecha de género es el gran vector de esta radicalización. Los datos europeos sitúan el apoyo a la extrema derecha en torno al 21% entre los hombres jóvenes, frente a un 14% de las mujeres. Existe una reacción antifeminista palpable: narrativas que presentan la igualdad de género como un ataque a la “normalidad” y que capitalizan malestares masculinos que no han sido abordados desde una perspectiva igualitaria.

Finalmente, el campo de batalla es el ecosistema digital. Plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en los principales espacios de socialización política. Allí, actores de extrema derecha despliegan estrategias sofisticadas, utilizando el humor, la estética aspiracional y la pseudoautoayuda para permear en el imaginario juvenil. Sin una alfabetización mediática crítica, los mensajes de odio o conspirativos se normalizan con pasmosa facilidad.

La Escuela ante el espejo: de la inacción a la responsabilidad

Frente a este escenario, es común escuchar voces que acusan a la escuela pública de adoctrinamiento. Sin embargo, la investigación educativa sugiere que el problema no es el exceso de política en las aulas, sino su ausencia. Podría hablarse más de inacción y timidez que de manipulación.

El sistema educativo, también en Andalucía, ha tendido a evitar el abordaje frontal de los conflictos políticos actuales y del pasado traumático reciente. El tratamiento escolar del franquismo y las experiencias autoritarias suele ser tardío y a menudo superficial, lo que ha generado un déficit de cultura histórica. Esta carencia facilita que una parte de los adolescentes relativice la dictadura o simpatice con figuras autócratas por simple desconocimiento de sus implicaciones reales.

Ese vacío que deja la educación formal al no querer “politizar” la enseñanza lo ocupan inmediatamente otros agentes: los algoritmos de recomendación y los creadores de contenido extremista, que asumen la iniciativa formativa sobre qué significa vivir en sociedad.

Hacia una pedagogía de la resistencia democrática

Si aspiramos a revertir esta tendencia, la solución no pasa por incrementar las horas de instrucción memorística sobre las instituciones, cuyo impacto ha demostrado ser limitado. La investigación internacional señala el camino hacia una educación ciudadana más robusta y vivencial.

En conclusión, una educación ciudadana conectada con la realidad material y digital de los jóvenes no garantiza por sí sola la inmunidad ante la extrema derecha, pero es la herramienta más potente que tenemos para reducir la vulnerabilidad ante las soluciones autoritarias. Si la escuela no ofrece respuestas complejas a los problemas difíciles de nuestro tiempo, otros seguirán ofreciendo respuestas simples, falsas y peligrosas.