El Tribunal Supremo ha zanjado un debate que afectaba al colectivo de profesionales sanitarios: los enfermeros que se dedican exclusivamente a la docencia universitaria no están obligados a permanecer colegiados, como sostenía el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería. La resolución, recogida en una sentencia firmada el pasado 23 de marzo a la que ha tenido acceso este periódico, sienta jurisprudencia y unifica criterios respecto a la colegiación obligatoria, tras fallos contradictorios en instancias inferiores.

La doctrina surge a raíz del caso de un profesor del Grado de Enfermería de la Universidad de Jaén, que en 2019 solicitó su baja en el colegio profesional alegando que no ejercía labores asistenciales como enfermero, sino únicamente docentes. El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén y, posteriormente, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería rechazaron su petición. Tras un largo recorrido judicial con resoluciones dispares, el Supremo ha terminado dándole la razón al profesor universitario.

Desde el despacho de abogados Salvador Martín que ha representado al docente señalan que el alcance de la sentencia va más allá de este caso concreto. “A todas las profesiones sanitarias les va a afectar”, explica el letrado, apuntando a que la doctrina “puede ser extensible a otras muchas profesiones” que impongan la colegiación obligatoria. Según detalla, el criterio del Supremo es claro: “El profesional que no se dedique expresamente a labores de asistencia sanitaria –en este caso, el que se dedique a la docencia universitaria– no tiene la obligación de colegiarse”.

Enseñar no es curar

La clave del fallo radica en una distinción que el Alto Tribunal considera fundamental: no es lo mismo ejercer la profesión que enseñarla. “Hay que tener en cuenta la diferencia entre ejercicio profesional, en cuanto supone la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a una situación real, y la docencia, que implica la transmisión de unos conocimientos que van a capacitar para aquel ejercicio”, recoge la sentencia.

A partir de esa diferencia, el Supremo concluye que impartir clases en el Grado de Enfermería no puede equipararse automáticamente al ejercicio de la profesión sanitaria, al no existir una relación directa con el paciente. Y, por tanto, no justifica por sí solo la obligación de colegiarse.

“El ejercicio exclusivo de la docencia universitaria en el Grado de Enfermería, cuando se acredite que no se encuentra vinculada al ejercicio de prácticas clínicas asociadas a la prestación de servicios sanitarios propios de la profesión de enfermería, no supone el ejercicio de la profesión de enfermería y, por tanto, para dicho ejercicio exclusivo de la docencia universitaria no es exigible la colegiación obligatoria en el Colegio Oficial de Enfermeros correspondiente”, establece el Tribunal Supremo en su doctrina.

La sentencia también recuerda que la colegiación obligatoria solo tiene sentido cuando actúa como garantía del interés general, especialmente en ámbitos donde pueden verse afectados la salud o la seguridad de las personas, como establece la normativa vigente. En el caso de la enseñanza universitaria, esa función de control no corresponde a los colegios profesionales, sino a las propias universidades, que “no centros sanitarios ni forman parte de la estructura asistencial del sistema sanitario”, como apostilla el Alto Tribunal.

Unificar criterio entre colegios profesionales

Durante el procedimiento, la defensa aportó documentación que evidenciaba diferencias de criterio incluso dentro de la misma comunidad autónoma. En Andalucía, algunos colegios de Enfermería –como el de Huelva– ya eximían de colegiación a los docentes universitarios, mientras que otros –como el de Jaén– sí les obligaba a mantenerse inscritos.

A juicio del letrado, la imposición de esas cuotas respondía más a un “ánimo recaudatorio” que a una verdadera necesidad de control profesional. Ahora la reciente sentencia del Alto Tribunal pone fin a esta disparidad y delimita con claridad cuándo puede exigirse la colegiación: únicamente cuando se desarrollan funciones sanitarias.

Con este fallo, el Tribunal Supremo fija como doctrina que el profesorado de Enfermería que no desarrolle actividad clínica ni participe en prácticas asistenciales no tiene obligación de estar colegiado. Una premisa que, según los abogados, puede extenderse a otros colectivos sanitarios, como el de los médicos.

La sentencia no solo resuelve el caso concreto del profesor jiennense —reconociendo su derecho a darse de baja y a recuperar las cuotas abonadas desde diciembre de 2019—, sino que establece un criterio con alcance en todo el territorio nacional y en otras profesiones reguladas. Este periódico ha consultado al Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería si quería hacer algún comentario tras la sentencia, si bien hasta el momento no se ha pronunciado.

Durante décadas, Jaén ha cargado con una imagen tan poderosa como limitante: la de ser un territorio casi exclusivamente ligado al olivar. Una imagen real, pero incompleta. Porque mientras el aceite de oliva consolidaba a la provincia como líder mundial, otro tejido productivo crecía en paralelo, menos visible y más disperso, pero con un peso creciente en la economía y el empleo. Ahí es donde nace hace tres años la estrategia 'Jaén por Industria', impulsada por la Diputación de Jaén, para ordenar ese mapa, hacerlo visible y convertirlo en palanca de desarrollo.

“Jaén es mucho más que olivar, aunque estemos orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva del mundo”, explica el presidente de la institución provincial, Paco Reyes. El objetivo, dice, no era inventar una industria que no existía, sino “visibilizar el poder que la industria ya tiene en la provincia y las oportunidades que genera”. Y los datos respaldan ese discurso. La provincia de Jaén tiene a un 15,6 % de su población ocupada en el sector industrial, la cifra más alta de las ocho provincias andaluzas. La industria aporta ya el 11,23 % del PIB provincial, apoyada en 104 espacios productivos, cinco centros tecnológicos y una red empresarial que va desde la automoción hasta la robótica, pasando por el plástico, la cerámica, el metalmecánico, la agroindustria o la impresión 3D.

“Había empresas que no se conocían entre sí, que estaban externalizando servicios fuera de la provincia simplemente porque desconocían que existían aquí”, señala Reyes. En ese punto es donde entra 'Jaén por Industria', una estrategia que en solo tres años ha logrado sumar a más de 260 empresas y no se trata solo de adhesiones formales. Según el presidente de la Diputación, el proyecto ha servido para crear espacios de cooperación y colaboración empresarial, mejorar la competitividad y, sobre todo, reforzar la autoestima económica de un territorio que durante años ha visto cómo su talento joven se marchaba por falta de oportunidades.

Industria: el otro relato de Jaén

“Cuando la gente conoce estas empresas, ve que no tiene por qué instalar su futuro laboral fuera de Jaén”, cuenta Reyes. La industria abre salidas para la Formación Profesional, los grados medios y superiores, las ingenierías y los perfiles tecnológicos. Sectores como el aeronáutico, la defensa o la automatización industrial empiezan a aparecer en el horizonte laboral de muchos jóvenes que hasta ahora no los asociaban con su propia provincia.

La estrategia se apoya también en el sistema universitario y de formación. Jaén cuenta con dos universidades y una comunidad investigadora joven, con capacidad para generar patentes y transferencia de conocimiento. “Eso refuerza el ecosistema industrial y ayuda a que el talento que se fue pueda plantearse volver”, apunta el presidente provincial. La ubicación juega a favor. Con más de 600.000 habitantes, 97 municipios, 13.484 kilómetros de superficie de superficie y 324 kilómetros de autovía, Jaén se sitúa en un eje clave de entrada y salida de Andalucía. Dispone de suelo industrial, costes competitivos y espacios productivos preparados para nuevas inversiones.

Ese contexto explica por qué la provincia empieza a sonar como destino de “nearshoring”, que es como se conoce al hecho de trasladar la producción a entornos cercanos: un lugar idóneo para que empresas españolas y europeas relocalicen procesos productivos que antes desarrollaban en países lejanos. De hecho, ya existen en Jaén grandes plantas industriales de capital nacional e internacional, algunas de referencia a nivel estatal y europeo, que han contribuido a crear un ecosistema con empresas de certificación TIER 1, TIER 2 y TIER 3. Municipios como Martos, Alcalá la Real, La Carolina, Linares, Alcaudete o Andújar concentran algunos de los núcleos industriales más relevantes de la provincia.

CETEDEX, el gran proyecto motor

El salto cualitativo llegará con el CETEDEX (Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación), impulsado por el Ministerio de Defensa con una implicación clave de la Diputación de Jaén. El centro comenzará a funcionar a finales de 2026 y está llamado a convertirse en uno de los grandes polos tecnológicos del sur de Europa en el ámbito de la defensa y la seguridad. “El CETEDEX es un proyecto de presente y de futuro”, afirma Reyes. Sus líneas de trabajo se centrarán en drones y sistemas antidrones, vehículos inteligentes y no tripulados e inteligencia artificial aplicada a la defensa, ámbitos estrechamente ligados a los conflictos actuales y a los nuevos escenarios geopolíticos.

En una primera fase, el centro contará con alrededor de 200 empleos directos, a los que se sumarán los puestos asociados a las empresas que se instalen a su alrededor. “Permitirá que compañías que hoy tienen que irse fuera de España a hacer pruebas puedan hacerlo aquí”, destaca el presidente provincial, que afirma que tendrá un efecto tractor del proyecto sobre la industria auxiliar. Para la Diputación, 'Jaén por Industria' y el CETEDEX forman parte de una misma hoja de ruta: diversificar el modelo económico, reforzar el empleo cualificado y fijar población. No se trata de sustituir al olivar, sino de complementarlo y equilibrar el peso de los sectores productivos.

“Jaén es un territorio de oportunidades”, insiste Reyes. “Tenemos espacios productivos, formación, mano de obra cualificada y gente que quiere quedarse”. El reto ahora es consolidar ese cambio de relato y convertir los proyectos en resultados a medio y largo plazo. La provincia quiere seguir siendo sinónimo de aceite de oliva, pero también empieza a reivindicarse como un territorio industrial, tecnológico y estratégico. Y esta vez, los datos acompañan al discurso.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se está investigando el asesinato de una mujer en el municipio de Quesada, en Jaén, como un posible crimen machista. El cuerpo de la fallecida, de 38 años, presenta varias heridas de arma blanca.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del que sería el primer crimen machista de 2026 en España. Andalucía cerró el año pasado con 14 víctimas mortales por violencia machista, casi un tercio de las 46 que se registraron en toda España.

Aunque en estos momentos todas las líneas de investigación están abiertas, el propio subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández Palomino, ha confirmado “se recaban datos de un posible asesinato por presunta violencia de género”. “Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado al respecto.

Desde Emergencias 112 se ha confirmado que fue sobre las 15.45 horas cuando se recibió una llamada alertando del hallazgo del cadáver en el paraje de Los Molinos de Quesada. Al lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de Quesada ha emitido un comunicado en el que asegura que “no hay palabras para describir esta situación” y expresa su apoyo al dolor de familiares, amigos y allegados de la víctima. Ha decretado tres días de luto oficial, suspendiendo todos los actos programados, y ha anunciado una concentración para hoy, a las doce, en la Plaza de la Constitución.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha confirmado este lunes que el instituto en el que estudió una de las dos adolescentes que fueron halladas muertas el sábado en Jaén mantuvo abierto el curso pasado un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes. En un comunicado, la Consejería ha aclarado que en el momento del suceso solo una de las menores -después de que ambas titulasen en la Enseñanza Secundaria Obligatoria- estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de la capital jienense, en un ciclo medio de Formación Profesional.

La otra alumna, aunque se matriculó inicialmente en el mismo, causó baja en septiembre, según ha precisado la Junta. El IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.

La Consejería ha reiterado el llamamiento a la prudencia y la tranquilidad a la espera de las conclusiones de la investigación de la Policía. “Es momento de prestar todo el apoyo y el cariño en estos días tan duros a las familias, amigos y a la comunidad educativa de la que han formado parte”, ha señalado el departamento que dirige Carmen Castillo, que ha trasladado su pésame a las familias por la pérdida de sus hijas.

Ha mostrado además el apoyo a la comunidad educativa, profesorado, alumnado y todo el personal de los centros educativos en los que han llevado a cabo su trayectoria académica en los últimos años. La Consejería ha recordado que estos “son momentos muy difíciles que requieren también de evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación por parte de la Policía, que será la que esclarezca las circunstancias que hayan podido concurrir en esta tragedia”.

Amigos y compañeros de las dos jóvenes, de 15 y 16 años, han asegurado este fin de semana que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según los testimonios recogidos por EFE. La Policía Nacional informó el sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no confirmó si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar porque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

El espectáculo 'Libertad sin ira', un encuentro artístico protagonizado por 130 jóvenes para celebrar la democracia, ha brillado en la Plaza de las Batallas. La propuesta, impulsada por el Gobierno central, ha desplegado un amplio abanico de expresiones culturales.

La iniciativa forma parte de la programación 'España en Libertad. 50 años', promovida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de su Comisionado para la conmemoración del aniversario, y respaldada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La mayoría de los participantes son menores de 35 años y el espectáculo se ha concebido para emocionar a todas las generaciones, con especial atención a la juventud. Además, se trata de un evento inclusivo, apoyado por proyecciones visuales y con la colaboración de Aprosoja.

Entre las actuaciones destacadas han figurado 'Mis Alas', del grupo PopMal de Los Villares; la danza contemporánea y urbana del Estudio Noveno; la intervención de mujeres flamencas jiennenses como Rocío Martínez, Raquel Damas, Mamen Laguna, Carmen Álvarez y Alba Espert; Antonio Mena; el Show Gospel de Jaén Jazzy, con visuales de Salud Rueda; agrupaciones de carnaval como la comparsa Atenea, la chirigota del Pitufo, la chirigota del Barrio y la chirigota de Jaima; y la propuesta de K-pop de Razt Dance Crew, acompañada por visuales de La Cascada Producciones.

La poesía también ha tenido su espacio mediante un collage de textos dirigido por Carlos Aceituno. El cierre corre a cargo del Coro de Rock de Jaén, que interpreta 'Libertad sin ira', de Jarcha, acompañado por una versión signada de Aprosoja, reforzando así el carácter inclusivo y colectivo del proyecto.

“Trabajar con nuestra juventud es vital para que sea partícipe y protagonista, y para que tenga un papel activo en las acciones y en la difusión de la memoria democrática española”, subraya en un comunicado el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, quien agradece el apoyo del Ayuntamiento.

“Pretendemos que este trabajo sea una oportunidad para afianzar los valores democráticos y la convivencia en paz, además de generar espacios en los que los y las jóvenes puedan construir diálogos con nuestra historia y con los discursos contemporáneos”, concluye.

El “peso creciente de la privatización” de la sanidad en Andalucía que este lunes denunciaba un informe basado en datos oficiales presentado por los sindicatos y la Marea Blanca tiene un claro ejemplo en Jaén. Hasta hace muy poco, Jaén era una de las pocas provincias andaluzas sin hospitales privados. Hoy ya hay uno funcionando y otro en obras. Mientras esto sucede, el Hospital Universitario de Jaén acumula esperas de hasta un año para operaciones traumatológicas, falta de personal especialmente en áreas como quirófano y tiene camas cerradas incluso en temporada alta, según denuncian los profesionales. Esta nueva realidad, con los sanitarios de la pública y la ciudadanía en pie de guerra y con la privada abriendo nuevos centros, se dibuja en los 2,3 millones de euros que la Junta de Andalucía ha invertido en apenas un año para derivar a miles de pacientes, según datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los que ha accedido elDiario.es Andalucía.

La estrategia, según denuncian fuentes sindicales, es clara: “Dejar caer lo público para justificar las derivaciones. Primero recortas, luego saturas y después vendes como solución lo que antes era innecesario”. Las cifras y los movimientos urbanísticos acompañan esa lectura: la Ciudad Sanitaria sigue parada pese a las promesas, sin avances significativos salvo la licitación de la futura lavandería, mientras la sanidad privada consolida su presencia con la construcción de un nuevo hospital privado a las afueras de la capital y la puesta en funcionamiento del Hospital Metropolitano, al que van a parar muchos de los pacientes a los que el Hospital Universitario no puede atender.

Según las cifras del SAS, hasta el pasado 2 de diciembre de 2024 la sanidad pública había derivado a la privada de Jaén a 1.270 pacientes por valor de 2.295.337,79 euros. Teniendo en cuenta que el Hospital Metropolitano abrió sus puertas en 2023, pero no empezó a realizar derivaciones hasta finales de ese mismo año, según fuentes sanitarias, esta cifra se ha producido en apenas doce meses. Algo que para los profesionales y los sindicatos demuestra una acción política destinada a mermar los recursos públicos para que la ciudadanía acabe optando por la privada.

Mientras tanto, el hospital público resiste con dificultades. Desde el propio SAS reconocen que el Hospital Universitario ha tenido que aumentar su “actividad extraordinaria” en un 40% en lo que va de año, y su actividad ordinaria en un 25%. Aun así, la respuesta del Gobierno andaluz insiste en que “no hay saturación” y que hay 235 camas libres. Sin embargo, fuentes internas del centro lo desmienten: “Esa cifra es una trampa. Son camas cerradas por falta de personal. No se pueden usar porque no hay quien atienda a los pacientes”.

Los sindicatos no se creen tampoco al SAS. Son datos “maquillados” que esconden, por ejemplo, que “se están derivando cirugías complejas (como caderas, rodillas y columna) a clínicas privadas como el Hospital Metropolitano, en detrimento de la sanidad pública”. La premisa, según denuncian, es alegar que las listas de esperas están saturadas para justificar que se derive a los pacientes, pero la realidad, aseguran, pasa porque “no se está invirtiendo en la mejora del hospital público ni en la del personal”.

Cansancio entre el personal

Precisamente en traumatología, una de las especialidades más demandadas, las esperas superan los 10 ó 12 meses en muchos casos. “Están derivando operaciones de prótesis de cadera y rodilla a Córdoba o incluso a centros privados. La gente no sabe a qué hospital la van a mandar cuando la llaman”, denuncian desde el centro. Algunas operaciones están yendo al hospital privado Metropolitano, inaugurado recientemente en la capital, con quejas por la atención recibida por parte de los usuarios.

Ana -nombre ficticio por temor a represalias- es una de las trabajadoras que vive en primera mano el “desmantelamiento” del hospital público de Jaén mientras la sanidad privada sigue sumando recursos: “El volumen de trabajo es el doble o el triple que hace 25 años”. Enfermera en Urgencias, padece la falta de médicos especialistas para derivar a los pacientes a los que hacen triaje. “Los especialistas nunca están disponibles de 8 a 3 de la tarde. Llegan a la hora que se les antoje y a las 2 ya han cerrado. El 80% de los especialistas están trabajando en la privada”, asegura.

Este medio ha intentado hablar directamente con médicos del hospital público pero, por temor también a represalias, han declinado participar en este reportaje. Quien sí lo ha hecho es Manuel, otro de los profesionales que lleva casi 20 años en el centro hospitalario y que, por ese motivo, conoce la evolución que ha experimentado la sanidad pública de Jaén. “Cada año va a peor”, lamenta. Él, que trabaja como fisio, denuncia que hay plazas sin cubrir y que están extenuados. “Notamos un abandono poco a poco de lo público”. Un argumento que defienden y respaldan desde los sindicatos.

De hecho, fuentes sindicales alegan que, entre los pacientes, hay preocupación cuando se les deriva a la sanidad privada. “Se hacen intervenciones rápidas que a veces salen mal y cuyo seguimiento y recuperación, sin embargo, debe costearlos la sanidad pública”. Además, “aunque se deriven operaciones a la privada, la atención primaria sigue saturada, porque es la puerta de entrada del sistema”.

Un plan “sin recursos”

La Junta justifica estas derivaciones como parte del Plan de Garantía Sanitaria, que, según sus datos, ha permitido reducir en un 47,59% la lista de espera quirúrgica en procedimientos garantizados fuera de plazo. El plan incluye “seguimiento de quirófanos, continuidades asistenciales y conciertos”. Pero la letra pequeña está en esos conciertos, según denuncian los implicados: la colaboración público-privada se refuerza, mientras los centros públicos afrontan una sobrecarga estructural sin refuerzos suficientes.

Y así, en atención primaria, el panorama tampoco es halagüeño. El SAS ha puesto en marcha planes de mejora de la accesibilidad, como el sistema backoffice o las llamadas consultas de acogida, desarrolladas por Enfermería. Según la Junta, este sistema resuelve el 52% de los casos que acuden sin cita, pero los sindicatos rechazan el triunfalismo: “Lo que falla es que no hay suficientes médicos ni profesionales de enfermería. No hay recursos. Se están sustituyendo servicios estructurales por soluciones-parches. Lo que antes era atención directa ahora es burocracia con apariencia digital”.

Mientras todo esto ocurre, la Ciudad Sanitaria de Jaén, anunciada desde hace años como el proyecto que resolvería los problemas históricos de la provincia en materia sanitaria, sigue atascada. A pesar de que ya existe un solar, las obras no han comenzado, y no hay cronograma claro. Solo se habla de la lavandería, que empieza a resonar casi como una broma de mal gusto entre los profeisonales, que además se quejan de que las actuales instalaciones del hospital público de Jaén se han quedado “obsoletas”.

Un panorama que contrasta con el hecho de que la privada va camino de abrir su segundo cetro hospitalario a menos de diez minutos del viejo hospital, cuyas obras avanzan a mayor ritmo que las de cualquier infraestructura pública sanitaria en la provincia. “Están dejando morir el hospital por inanición”, resumen las voces sindicales consultadas del Hospital Universitario de Jaén. “Cada día que pasa sin reforzar personal ni infraestructura pública, se refuerza el negocio de unos pocos”.

Vivimos en un mundo que tiende a encerrarse en la ciudad y a olvidar el entorno rural. Un mundo en el que muchos municipios empiezan a estar olvidados porque faltan alicientes para que las nuevas generaciones quieran vivir en ellos y el relevo de los mayores se va terminando. Pueblos de la llamada España Vaciada que, sin embargo, tienen mucho que ofrecer sobre todo en cuanto a la memoria de sus calles y todo cuanto algún día forjó la vida rural. Para no olvidarlos y para conseguir que las personas vuelvan a visitarlos, un grupo de jóvenes de Jaén han creado un app que hace las veces de free tour para poder conocer la historia de rincones que no deben perderse en el recuerdo.

Relatidos, que así se llama la aplicación y está disponible en iOS y Android, es también un archivo sonoro en el que cualquier persona puede colaborar aportando sus vivencias. No hacen falta grandes historias porque todas configuran un mapa vital que explica la geografía de nuestro país. Víctor Carrillo es uno de los creadores de una app que, junto con varios amigos, nació precisamente de uno de esos pueblos que, aunque no despoblado, sí va perdiendo gente. Cabra del Santo Cristo es el corazón de esta historia, un pueblo de Jaén situado en la comarca de Sierra Mágina y donde ha nacido una nueva esperanza contra la despoblación.

La idea surgió hace ya cinco años, en 2020, de una necesidad clara: preservar la memoria oral de los pueblos y hacer que sus historias lleguen a más gente. “Nos encontramos con relatos que no están en los libros, pero que definen la identidad de un lugar. A veces nos cuentan leyendas que han pasado de generación en generación”, explica Carrillo. “No es solo una aplicación para turistas, también es una forma de que los propios vecinos redescubran su historia y se reconozcan en ella”.

Una app contra la desmemoria

El funcionamiento de Relatidos es sencillo. A través de la app, los usuarios pueden seleccionar una ruta y, mientras caminan por el pueblo, escuchar los audios geolocalizados de quienes han vivido allí. Desde historias sobre la Guerra Civil hasta recuerdos de la infancia, pasando por anécdotas cotidianas o tradiciones que han desaparecido con el tiempo.

“Mi abuela, por ejemplo, nos contaba cómo, de niña, todo el pueblo se reunía en la plaza para escuchar la única radio que había. Era como un cine sin imágenes”, relata Carrillo. Por desgracia, su abuela acaba de fallecer, pero para Víctor el proyecto les permite resignificar el recuerdo de los mayores, que ya nunca desaparecerán de nuestra memoria porque sus historias quedarán registradas en la app. Esos pequeños detalles son los que dan sentido al proyecto.

El equipo detrás de Relatidos está formado por un grupo de jóvenes -ninguno llega a los 30 años- con perfiles complementarios. La idea surgió de Ana Rodríguez, que es amiga “de toda la vida” del propio Víctor y que se dedica al diseño gráfico y es directora de arte. Junto a ella, además de Víctor, están Laura Esteban y Aitor Benito, ingenieros informático y electrónico respectivamente. Y, para darle forma a todo lo que publican, cuentan con Lucía Rodríguez, publicista y creadora de contenido. En definitiva, un grupo de amigos tan multidisciplinar como pionero contra la desmemoria rural.

Víctor Carrillo, que es también ingeniero electrónico, se encarga de la producción de las historias y la coordinación con los vecinos. Cuenta que sus compañeros y él tuvieron claro desde el principio que tenían que hacer que la interfaz fuese accesible y fácil de usar. “Queríamos que fuera algo intuitivo. Que cualquiera, sin necesidad de conocimientos tecnológicos, pudiera participar subiendo su historia”, explica Carrillo. Porque la idea es llegar lo más lejos posible y eso implica eliminar todas las barreras de entrada que puedan existir.

Así, en apenas cinco años y pese a la juventud del equipo que compone Relatidos, han pasado de tener una idea revolucionaria a empezar a expandirla por municipios de toda España. De hecho, cuenta Víctor Carrillo, les han contactado hasta de Cantabria para desplegar en localidades del norte las posibilidades que ofrece el proyecto. No en vano, en 2024 fueron seleccionados por el Banco Santander como una de las mejores ideas de su incubadora X Explorer y ya han ganado el Premio a Iniciativa Turística de la Diputación de Jaén.

Una app abierta a la colaboración

Además, uno de los mayores valores de la aplicación es su capacidad de crecimiento gracias a la participación de la comunidad. “Cada persona que nos envía un relato está contribuyendo a la memoria viva de su pueblo”, comenta Carrillo. La app permite a los usuarios no solo escuchar historias, sino también grabar y subir sus propias experiencias. “Un día nos llegó una historia sobre cómo se hacía el pan antiguamente en un pueblo y eso nos llevó a descubrir que había un horno comunal que ya casi nadie recordaba”, explica.

Relatidos también ha servido para reencontrar a generaciones. “Una de las cosas más bonitas que nos ha pasado es ver cómo personas mayores y jóvenes se sientan juntas a grabar historias. Nietos entrevistando a sus abuelos, vecinos redescubriendo relatos que creían olvidados”, cuenta Carrillo. Esa interacción intergeneracional se ha convertido en uno de los pilares del proyecto.

Tan fácil como es escuchar las historias paseando por las rutas que propone la app, también lo es colaborar activamente con ella. Según explican sus creadores, basta con acceder a la aplicación y subir, mediante un archivo sonoro, la historia que queremos contar de un punto concreto del pueblo o localidad de la que queramos preservar la memoria. Luego, se adjunta una fotografía. “A mí me encanta que la gente suba sus propias caras para que se les recuerde, pero también nos sirve que suban fotos del rincón en el que ha ocurrido el relato”, explica Carrillo. Después, el equipo recopila la información y la vuelca en el mapa que luego servirá de free tour para los más curiosos.

Aunque el proyecto comenzó en Cabra del Santo Cristo, ya hay rutas activas en otros municipios de Jaén y están recogiendo testimonios que les permitirán expandirse muy pronto a otras provincias y regiones como la Comunidad de Madrid. “Hemos recibido peticiones de varias localidades interesadas en sumarse y estamos trabajando en ampliar el archivo de historias”, asegura Carrillo. El impacto va más allá del turismo: busca generar un vínculo entre las personas y su tierra, evitando que la memoria de los pueblos se pierda con quienes la han vivido.

Entre las historias recogidas hasta ahora hay de todo: desde narraciones sobre antiguas festividades hasta testimonios sobre cómo la vida en el pueblo ha cambiado con los años. “Nos contaron una historia sobre una tormenta terrible en los años 50 que arrasó los cultivos y dejó a muchas familias en una situación muy complicada. Son relatos que no aparecen en los libros de historia, pero que fueron fundamentales para la vida de esas comunidades”, comenta Carrillo.

Para el equipo de Relatidos, la aplicación es solo el comienzo. “Queremos seguir creciendo, incluir más municipios, mejorar la experiencia de usuario y, sobre todo, seguir dando voz a quienes han vivido estas historias”, concluye Carrillo. Relatidos es, en definitiva, una manera de reivindicar que la España Vaciada está llena de voces que aún tienen mucho que decir.

Cuando Ibrahima Diouf habló por última vez con su hermano, ninguno de los dos sabía que sería la última, aunque ambos sospechaban que algo andaba mal. Ibrahima, que entonces tenía 32 años, se dirigía a encontrarse con Ginés Valiente, un empresario agrícola que lo había contratado como temporero meses atrás y que le debía dinero tras renunciar a trabajar bajo sus órdenes.

Nadie puede asegurar si la conversación llegó a producirse, pero muchos sospechan que aquel encuentro fue la clave para que en enero de 2021 se le perdiese la pista. Cuatro años después, el empresario acaba de ser detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se le investiga como principal sospechoso por la desaparición. Durante la tarde del martes la Guardia Civil detuvo también a la esposa de este hombre, según informó Europa Press.

La detención del empresario se produjo en Villacarrillo (Jaén), el último sitio en el que se vio con vida a Ibrahima y el mismo en el que su hermano cree que acabaron con su vida. Cuatro años después de desaparecer sin dejar rastro, las pesquisas están centradas en la búsqueda de un cuerpo y de un culpable del presunto asesinato, dado las pocas probabilidades de encontrar al temporero con vida.

De hecho, todos los trabajos que se han realizado por parte de la UCO, y que fueron especialmente intensos entre 2022 y 2023, se han centrado en buscar en estanques, cauces de ríos, vertederos y hasta terrenos agrícolas por los que habría pasado Ibrahima y que estarían relacionados con Ginés Valiente, el empresario ahora detenido.

Cuatro años de pesquisas

Era el 5 de enero de 2021, cuando a Ibrahima se le perdió la pista tras una presunta discusión con su jefe, siempre según el testimonio de su hermano. En aquella fecha, su rastro se esfumó en una tierra marcada por el trabajo de temporada, donde jornaleros van y vienen con el ritmo de cada campaña de la aceituna, pero él no regresó. Desde aquel día, su historia ha sido una sucesión de silencios, sospechas y una localidad, Villacarrillo, en la que todo el mundo dice saber algo sobre el tema, pero rehúye dar pistas en cuanto se le pregunta directamente.

En este municipio jienense la vida no se ha detenido desde entonces, pero las inmediaciones de la vivienda de la madre de Ginés Valiente, con la que se marchó a vivir tras la desaparición de Ibrahima, no respiran igual que el resto del casco urbano porque, según explican los vecinos, Valiente redujo su actividad social mucho desde entonces. No en vano, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó registros en inmuebles de su propiedad muy próximos a esta vivienda pocas semanas después de empezar las investigaciones para dar con el paradadero de Diouf.

Aquella víspera de Reyes, Ibrahima tenía que haber cogido un autobús desde Jaén hasta Lepe (Huelva) para iniciar una nueva vida. Su hermano lo esperaba en este municipio de la provincia onubense, pero nunca llegó a presentarse ni en la parada del bus ni en ningún otro lugar. Se le perdió la pista después de visitar, presuntamente, a su exjefe para reclamarle el dinero que le debía.

Ibrahima, de origen senegalés, llevaba años trabajando en explotaciones agrícolas en España y había tenido problemas previos para cobrar su salario cuando Valiente lo contrató. Se lo había comunicado a su hermano, que meses después confesaría que tenía cierto reparo ante la conversación a la que debía enfrentarse Ibrahima y sus sospechas se confirmaron. Tras aquel encuentro no hubo más llamadas ni movimientos en las cuentas bancarias del joven senegalés.

Durante meses, la Guardia Civil buscó en inmuebles relacionados con el empresario, entre los que se incluía un edificio en el que Ibrahima y otros temporeros llegaron a vivir durante las campañas de la aceituna. Según explican los vecinos de Villacarrillo, esta vivienda, que está muy próxima a la casa en la que vive la familia de Ginés Valiente, no tenía los estándares mínimos exigibles para ser considerado un lugar digno donde una persona pudiera vivir, pero era habitual que temporeros subsaharianos pasaran días en ella durante las campañas de recogida.

Ni allí ni en ningún otro sitio de Villacarrillo encontró nada concluyente la Guardia Civil en aquellas primeras pesquisas, según fuentes del Instituto Armado. Siguieron buscando en localidades próximas como Mogón en el que la unidad subacuática buscó en el lecho de una piscina natural posibles rastros de Ibrahima ante la sospecha de que hubiese sido golpeado o asesinado junto a una de las acequias que surtían de agua a esta infraestructura. No se halló nada, entre otras cosas porque esta búsqueda se realizó casi un año después de que Ibrahima desapareciera.

Otro jornalero desaparecido en 2013

También se buscó en un vertedero de obra de la autovía A-32 entre Linares y Albacete sin que se obtuviese nada concluyente. Así, Ginés ha seguido con su día a día de forma paralela a las investigaciones que siempre lo han situado a él como a una de las piezas esenciales para reconstruir los últimos pasos de Ibrahima Diouf.

De hecho, en 2023, la UCO reactivó la investigación ampliando las pesquisas. Se tomaron muestras de unas baldosas de la calle en la que los vecinos habían visto un presunto “charco de sangre”, la Guardia Civil rastreó una compra “sospechosa” por parte de Ginés el mismo día en el que Ibrahima desaparició y se volvieron a rastrear propiedades vinculadas al empresario. No era la primera vez que se veía envuelto en la desaparición de un temporero.

En 2013, otro jornalero, Tidiany Coulibaly, desapareció en circunstancias similares en la misma zona. También había trabajado para Ginés Valiente y también había discutido con él antes de perderse su rastro. La UCO también investigó en diferentes lugares y se llegaron a encontrar las orejeras de Coulibaly en un terreno propiedad del empresario, al tiempo que un perro policial siguió el rastro de lo que parecía ser sangre. Ginés llegó a ser investigado por la desaparición de Tidiany Coulibaly, pero las pesquisas no dieron con nada concluyente y acabó absuelto meses después de un delito de detención ilegal. De aquel jornalero tampoco se ha vuelto a saber.

Absuelto, pero nunca libre de la culpa por una parte del pueblo. En Villacarrillo, Ginés Valiente nunca ha vuelto a llevar una vida completamente normal ante las sospechas que proyectan sus vecinos sobre él y que no disimulan en conversaciones informales.

En todo este tiempo, la Guardia Civil no ha dejado de investigar todo lo relacionado con la desaparición de Diouf y la presunta implicación de Ginés. Aunque desde 2023 no se han realizado batidas en zonas públicas, al menos que hayan trascendido, las pesquisas han permitido llegar a la detención del empresario aceitunero cuatro años después.

Tras detenerlo, la Guardia Civil ha registrado varias propiedades del empresario con la esperanza de encontrar pruebas que esclarezcan qué ocurrió con Ibrahima. En todas estas operaciones ha estado presente Ginés. Aunque las actuaciones están bajo secreto de sumario, fuentes cercanas a la investigación aseguran que los indicios contra Valiente son sólidos.

La clave sigue siendo encontrar el cuerpo porque sin restos genéticos de Ibrahima, el caso se complica para que se pueda cerrar, como ya pasó con Tidiany Coulibaly cuando Ginés Valiente fue detenido y absuelto por falta de pruebas. No obstanten, la UCO confía en que las nuevas pesquisas, que han permitido la detención y puesta a disposición judicial de Valiente, arrojen luz sobre el paradero de Ibrahima. Para ello, se han ampliado los registros a terrenos que antes no se habían explorado en profundidad, pero también propiedades que ya habían sido rastreadas.

Mientras la investigación continúa, la detención de Valiente es, para los vecinos de Villacarrillo, el principio del fin de una historia marcada por la impunidad y el silencio. No en vano, se trata de una población a la que van a parar muchos jóvenes subsaharianos que acaban trabajando como jornaleros sin papeles en regla en muchos casos, sin contratos formales y sin derechos reconocidos. De ahí que su situación los deje expuestos a abusos laborales y, en el peor de los casos, a desapariciones como las de los dos temporeros. Ahora, con la detención de Ginés Valiente, la investigación parece haber dado un giro clave, aunque sin rastro aún de Ibrahima Diouf.

La mujer del empresario que contrató a Ibrahima Diouf, el temporero desaparecido en enero de 2021 en la localidad jiennense de Villacarrillo, ha sido detenida, según informa La Contra de Jaén citando un comunicado de la Guardia Civil hecho público esta tarde. Es la segunda detención del caso, pues el patrón también fue arrestado.

Además, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) continúaban este martes con los registros para intentar esclarecer el caso de la desaparición del senegalés Ibrahima Diouf, según confirman a este medio. El arrestado este lunes, Ginés Valiente, todavía no ha pasado a disposición judicial.

No lo hará hasta que no finalicen las diligencias, que previsiblemente se alargarán durante todo este martes. De ahí que no se pueda confirmar si se apurarán las 72 horas para proceder a ponerlo a disposición del juez.

La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de 1 de Villacarrillo y las diligencias están declaradas secretas, tal y como remarca el Instituto Armado en un comunicado.

El caso de Ibrahima Diouf conmocionó a Villacarrillo. El hombre de 33 años llegó a la provincia de Jaén junto con su hermano —afincado en Lepe— para ganarse la vida como jornalero en la recolecta olivarera. Desapareció cuando debía haber cogido un autobús desde Jaén a Huelva.

En julio de 2023, efectivos de la UCO de la Guardia Civil intensificaron las inspecciones en diferentes puntos de Villacarrillo la búsqueda de Ibrahima.

La Guardia Civil ha detenido esta mañana en la provincia de Jaén a un hombre de nacionalidad española como responsable de la desaparición forzosa de Ibrahima Diouf, temporero senegalés de 33 años desaparecido en enero de 2021 en la localidad de Villacarrillo, según informa La Contra de Jaén citando una nota del Insituto Armado en una nota de prensa. El detenido, según El Mundo, sería Ginés Valiente, responsable de la finca agrícola donde trabajaba Diouf, quien despareció tras discutir con su patrón. Valiente estaba en el foco de la Guardia Civil después de que se le vinculase con la desaparición de otro trabajador en 2013.

Esta investigación de la Guardia Civil está siendo dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad jiennense de Villacarrillo, cuyas diligencias están declaradas secretas. Valiente ya fue arrestado y procesado por la desaparición en diciembre de 2013 de un temporero maliense que trabajaba para él en la recogida de la aceituna y del que tampoco hay rastro alguno. Valiente fue absuelto en el juicio.

En aquel caso se trataba de Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el referido empresario agrícola, al que manifestaron sus quejas por las condiciones de trabajo en la recolección. Durante estos más de cuatro años, la Guardia Civil ha mantenido abiertos ambos casos.

Fue en julio de 2023 cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dió por finalizadas las labores de búsqueda y rastreo que durante más de dos semanas llevaron a cabo en diversos parajes de Villacarrillo para intentar localizar pistas que lleven a dar con el paradero de Diouf. Fue la última vez que se organizó un despliegue para este caso, aunque los agentes han seguido haciendo indagaciones de forma recurrente desde su desaparición.

Investigación al empresario

En esa ocasión participaron medios de apoyo como la Unidad de Caballería o drones, entre otros. Desde la UCO mantenían que sus desplazamientos a Villacarrillo serían frecuentes. El Instituto Armado ha venido desarrollando reiteradas búsquedas y pesquisas relacionadas con este caso, por el que un vecino de la citada localidad está investigado.

Desde su desaparición, la UCO ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazaron hasta Villacarrillo una treintena de agentes que rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

Se peinó la zona a caballo y se contó con la ayuda del Servicio Cinológico para que los perros rastrearan cualquier resto biológico que detectasen en el terreno. También se contó con la ayuda de un dron que sobrevoló la zona y los puntos de difícil acceso, como fue el caso de un barranco de gran profundidad.

En el primer momento de la desaparición de Ibrahima Diouf, hubo registros minuciosos en un garaje y una vivienda, en los que también participaron perros del servicio cinológico. Además, se contó con miembros de los grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) para la inspección de un pozo ubicado en el inmueble. Después, se inspeccionó una finca de olivar propiedad del citado vecino en Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Su aire tierno, casi ingenuo, contrasta con una claridad de ideas y una determinación poco frecuentes. Ángeles Toledano, jiennense de Villanueva de la Reina y de 1995, lo posee todo para ser una figura, especialmente entre el público joven: excepcionales cualidades vocales, probada afición, una imagen impactante… Y lo que le faltaba, un disco a modo de carta de presentación acaba de ver la luz bajo el llamativo título de Sangre sucia (Universal). Este jueves actuará con él en el marco del Festival de Jerez. 

“Sangre sucia es mi manera de decir que no me siento más identificada con la parte no normativa de la vida que con las normas”, asevera. Consciente de la importancia que tienen en el flamenco conceptos como pureza, el título es también una sutil declaración de intenciones: “Me apetecía defender la idea de imperfección, empezando por que no esté todo limpísimo en las pistas de audio. Bajar a lo humano, situarse en un lugar terrenal, no en lo inalcanzable”. 

Pero esa sangre sucia es también una metáfora de la menstruación, y con ella asoma el propósito de fondo de Toledano: “La mejor manera de combatir los tabúes es normalizándolos, abordándolos con naturalidad. Este disco tiene una dimensión muy personal y a la vez muy coral, porque si quería contar mi experiencia, mis amigas tenían que estar presentes. Una inspiración muy colectiva en la que todas mostremos lo que vivimos cada día, y eso incluye también lo que nos pasa todos los meses”.

El lugar desde el que comunicarse

Aunque para algunos Ángeles Toledano es un rostro nuevo, su arte lleva conformándose pacientemente desde hace años. Llegó al flamenco un tanto tardíamente, cuando tropezó con los discos de su abuelo, pero ya no pudo sacudirse el hechizo. Asegura llevar su tierra, Jaén, por bandera, “y tengo muy presentes a los maestros de allí, como Carmen Linares, Juanito Valderrama o Gabriel Moreno, cuyo cante me guía. Aunque Jaén parece siempre un poco escondido, hay una escena maravillosa que va a dar mucho que hablar”. 

Ha acompañado a nombres consagrados como Arcángel o Remedios Amaya, pero era cuestión de tiempo que se encerrara en el estudio. “El flamenco es una música que requiere mucho estudio, mucha reflexión, mucho ensayo-error. A veces nos encerramos en la habitación y, hasta que empiezas a cantar tus cosas, tardas un poco más. Pero yo soy una niña a la que la única música que le pone los vellos de punta es esta, es el único lugar desde el que le gusta comunicarse”.

¿Significa eso que nunca la veremos adentrarse en otros territorios sonoros, como hizo su compañera Rosalía y otros intérpretes? “También soy inquieta, me encanta jugar con todo lo que pueda y no me cierro a nada. Pero el flamenco es lo que he mamado y el lugar en el que más honesta me siento, el que tengo totalmente integrado”. 

Cocina lenta

Toledano se siente parte de una nueva generación de flamencos, junto a Lela Soto, María Terremoto, Yerai Cortés, María Moreno o Rocío Molina, que están renovando el género desde un profundo conocimiento de sus raíces. Desde ese compromiso, recuerda que “hace tiempo empecé a anotar en una libreta cosas, letras, músicas, ideas, historias, y le di tiempo. Hasta que me di cuenta de que todo eso tenía que salir, o iba a caducar [risas]. Tenía que contarlo en el momento en que lo estaba sintiendo, e ir hacia delante. Ha sido un proceso de dos años”. Cabe preguntarse si la industria, siempre tan impaciente, no la ha urgido de ninguna manera. “Incluso me hubiera gustado que me apremiaran más”, sonríe. “Pero también me gusta tener mis tiempos, escuchar a mi cuerpo y a mi corazón”.  

En esa operación de cocina lenta ha tenido no poco protagonismo el productor cordobés Harto Rodríguez, colaborador habitual de C. Tangana entre otros. “Junto con mi guitarrista, Benito Bernal, ha sido la parte más importante de este trabajo, mis pies y mis manos. Harto llegó a mí porque me inflé a escuchar productores, a ver quién me cuadraba mejor, hasta que cayó en mis manos su disco Voces voces, y me voló la cabeza. Me dije que quería esas texturas, esos sonidos, esa atmósfera cinematográfica”.

Las letras de Toledano abarcan temas como la amistad o la emancipación femenina, pero también cuentan historias de familia, como la de una abuela que no llegó a conocer la cara de su madre, pues la perdió cuando era una niña. Una mirada de “360 grados”, hacia el pasado, el presente y el futuro, que rezuma modernidad y atrevimiento cuando pasa al videoclip. Así, en el del tema Mamá, tenías razón, vemos a la artista envuelta en cuerdas de bondage mientras un joven la está rociando de gasolina, hasta que llegan sus amigas a liberarla. “Es una afirmación del 'te lo dije' de las madres, y también una imagen de liberación, y un reflejo de cómo las amigas te salvan y son el sostén. También hace referencia a la quema de brujas, en consonancia con la narrativa del disco”. 

Imagen y moda

Respecto a su imagen, que ha prestado ya para alguna firma de ropa, considera que “es importante, siempre que se construya con un criterio, que sea acorde con lo que quieres contar. Me divierte dar forma a un personaje, y también me encanta el mundo de la moda, le tengo mucho respeto”.

Lo seguro es que, tanto en el escenario como en los medios y redes de difusión o en las pasarelas, Ángeles Toledano siente que es su momento y va a por todas. No solo en lo que respecta al lanzamiento de su carrera, sino también en su lucha contra la discriminación de la mujer. “Voy a hacer lo que esté en mi mano, siempre de acuerdo con mi sentir, que es producto de lo que veo y de lo que leo. El machismo es un yugo difícil de quitar, son muchos siglos de cultura patriarcal. Si todas remamos en la misma dirección, generaremos espacios más seguros para nosotras, donde nos sintamos valoradas. Pero estamos lejos de saborear esa deseada igualdad. A lo mejor ahora en el flamenco, a mi alrededor al menos, lo noto todo más limpio, pero de nada sirve si el flamenco cambia y no lo hace el resto del mundo”. 

De momento, considera un éxito haber podido alumbrar este disco. “Lo que tenga que venir ahora vendrá, porque somos chavalas súper trabajadoras, que nos lo curramos muchísimo, y si no viene el éxito… seguiremos currando como jabatas”.

La nueva y flamenta secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, estrenó el cargo con una orden y un deseo. La primera fue adelantar los ocho congresos provinciales y así será, fijándose para el último fin de semana de marzo y el primero de abril; el segundo fue evitar el ruido interno y apostar por listas únicas para evitar en lo posible primarias. Esto último parece más complicado, y en esa línea apunta el paso dado este sábado por la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, que ha avanzado en el comité del PSOE jiennense que aspirará a liderar el partido tras anunciar el actual secretario general, Francisco Reyes, que lo deja.

Esto abre la puerta a la posibilidad de primarias, ya que se daba por hecho que Reyes iba a apadrinar una candidatura, con el alcalde de Arjona, Juan Latorre, como el mejor colocado para aspirar a coger su testigo. Férriz ha despejado de un plumazo el runrún que la acompañaba los últimos días sobre si iba a luchar por el liderazgo en Jaén, lo que ha hecho justo en la semana en la que se ha estrenado en el Parlamento asumiendo el cara a cara con Juan Manuel Moreno en la sesión de control tras la renuncia de Juan Espadas.

La decisión de Ángeles Férriz, acostumbrada a nadar a contracorriente, supone lanzar una piedra en las hasta ahora tranquilas aguas del PSOE jiennense, controladas por Reyes desde 2010 y la agrupación más potente junto a la de Sevilla. De hecho, son las únicas provincias en las que los socialistas mantienen la Diputación provincial. Pero si en Sevilla se da por hecho que Javier Fernández repetirá como secretario general sin oposición, la cuestión va camino de tornarse más turbulenta en Jaén.

Serrano y la reorganización de Montero

Las tensiones en varias provincias, con varios secretarios provinciales muy contestados, tienen un caso muy particular en Jaén, un territorio en el que se da por hecho que el hombre fuerte para María Jesús Montero va a ser Juanfran Serrano, diputado nacional y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE federal. Antes de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda se lanzase a relevar a Espadas, el PSOE jiennense llegó a avalarle en diciembre como posible secretario general andaluz.

A la espera de saber qué nombres integran la futura ejecutiva de Montero y de cómo reorganiza el grupo parlamentario, el movimiento de Férriz se entendería en clave de que no parece que vaya a formar parte de la guardia pretoriana de la nueva secretaria general. Eso sí, si logra su objetivo y alcanza el liderazgo de los socialistas jiennenses tendría que dejar la portavocía en el Parlamento, y es que no es tradición en el PSOE que este papel lo desempeñe un secretario provincial pese a que nada lo impide en los estatutos.

Movimientos provinciales

La cuestión ahora es cómo maneja Montero la situación en las provincias, si deja hacer o si mueve ficha para que se construyan listas únicas. La decisión de Férriz, de hecho, choca con el deseo no sólo de Montero sino también del propio Francisco Reyes, que aspiraba a un relevo tranquilo, sin primarias y pilotado por él, por mucho que el discurso oficial sea siempre el de que todo militante tiene derecho a presentarse.

Mientras se conoce si Férriz tendrá contricante o no, lo cierto es que la situación de Jaén no es única. Por ahora, los secretarios generales de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla han anunciado –pública o internamente– su intención de optar a la reelección, pese a que todos menos el sevillano tienen contestación interna. También bajan revueltas las aguas en Granada (donde el actual máximo responsable, José Entrena, ya ha anunciado su adiós) y en Málaga, donde Daniel Pérez no se ha pronunciado todavía formalmente.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén ha condenado a un vecino de Baeza (Jaén), de 59 años, a seis meses de cárcel como autor de un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte. En concreto, se le condena por “azuzar” a sus perros a atacar y matar a los callejeros.

La sentencia recogida por Europa Press indica como hechos probados que el acusado paseaba por la localidad de Baeza acompañado de varios perros de su propiedad a los que tenía sin documentación –carné de vacunación y certificado de salud– , sin chip y sin cadena.

Durante sus paseos “azuzaba” a sus perros para que “atacasen a los gatos callejeros sin dueño hasta ocasionarles la muerte”. En este sentido, la sentencia plasma hasta cuatro episodios entre 2022 y 2023 donde sus perros dieron muerte a gatos callejeros.

Reconoció los hechos

Asimismo, señala como hechos probados que cuando en agosto de 2023 se personaron en el domicilio del acusado una patrulla de la Guardia Civil para preguntarle por los gatos muertos, el acusado les contestó que era “cierto” pero que “al igual que los perros tienen que ir atados, ¿por qué no van así los gatos?”.

La pena de seis meses de cárcel se impone por conformidad del acusado que reconoció los hechos y se comprometió a no recurrir la sentencia. Además, la jueza le concede la suspensión de la pena por un plazo de dos años, pero con la condición de que realice tres meses de trabajo en beneficio de la comunidad.

Además, se le inhabilita durante cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) mantiene activa la búsqueda de Ibrahima Diouf, el temporero senegalés de 33 años, que fue visto por última vez el 5 de enero de 2021 en Villacarrillo (Jaén) donde trabajaba como temporero en la recogida de aceituna. Su desaparición tuvo lugar tras una discusión con el responsable de la finca en la que había sido contratado, que ha sido investigado en relación con este suceso después de que e le vinculase con la desaparición de otro trabajador en 2013.

Han pasado cuatro años ya de su desaparición pero desde la UCO inciden en que el caso se mantiene abierto y que se siguen realizando indagaciones sobre cualquier pista que arroje luz sobre su paradero. De hecho, desde la UCO se ha indicado a Europa Press que se investiga cualquier dato o información que les llega sobre este caso.

Fue en julio de 2023 cuando la UCO daba por finalizadas las labores de búsqueda y rastreo que durante más de dos semanas llevaron a cabo en diversos parajes de Villacarrillo para intentar localizar pistas que lleven a dar con el paradero de Ibrahima Diouf. Fue la última vez que se organizó un despliegue para este caso, aunque los agentes han seguido haciendo indagaciones de forma recurrente desde su desaparición.

Investigación al empresario

En esa ocasión participaron medios de apoyo como la Unidad de Caballería o drones, entre otros. Desde la UCO mantienen que sus desplazamientos a Villacarrillo son y serán frecuentes, aunque no siempre lo hacen desplegando medios de apoyo.

El Instituto Armado viene desarrollando reiteradas búsquedas y pesquisas relacionadas con este caso, por el que un vecino de la citada localidad está investigado. Se trata de un empresario agrícola para el que trabajó el jornalero y que ya fue objeto de investigación por la desaparición de otro temporero en 2013, aunque fue absuelto en el juicio. De hecho, también se siguen buscando pistas de este primer temporero desaparecido.

Desde su desaparición, la UCO ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazaron hasta Villacarrillo una treintena de agentes que rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

Se peinó la zona a caballo y se contó con la ayuda del Servicio Cinológico para que los perros rastrearan cualquier resto biológico que detectasen en el terreno. También se contó con la ayuda de un dron que sobrevoló la zona y los puntos de difícil acceso, como fue el caso de un barranco de gran profundidad.

Llamamiento a la ciudadanía

Además, en mayo de 2023 la Guardia Civil pidió la colaboración ciudadana para poder esclarecer el caso. En ese momento, argumentaron que sería de gran interés para la investigación el disponer de cualquier material gráfico, tanto fotos como vídeos, grabados en la vía pública del municipio de Villacarrillo entre los días 5 y 7 de enero de 2021. En este sentido, se subrayaba como evento relevante del que también se solicitaba material gráfico la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos. Sin embargo, pese a esta llamada a la colaboración ciudadana tampoco se encontró ninguna pista que arrojara luz en el caso.

En el primer momento de la desaparición de Ibrahima Diouf, hubo registros minuciosos en un garaje y una vivienda, en los que también participaron perros del servicio cinológico. Además, se contó con miembros de los grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) para la inspección de un pozo ubicado en el inmueble. Después, se inspeccionó una finca de olivar propiedad del citado vecino en Villanueva del Arzobispo (Jaén).

La persona investigada ya fue detenida por la desaparición en diciembre de 2013 de un temporero maliense que trabajaba para él en la recogida de la aceituna y del que tampoco hay rastro alguno. Se trata de Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el referido empresario agrícola, al que manifestaron sus quejas por las condiciones de trabajo en la recolección.

“Explotación” de trabajadores

Tras ser juzgado en 2016 por, entre otros delitos, explotar a trabajadores inmigrantes y haber hecho desaparecer a uno de ellos que se levantó en portavoz de la cuadrilla, fue absuelto del delito de desaparición forzosa de Tidiany Coulibaly.

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén, por contra, lo condenó a un año de cárcel y multa de 4.200 euros por un delito contra los trabajadores, que “eran explotados”, y a otro año y medio de prisión por un delito contra la Administración de Justicia junto a otra multa de 6.000 euros. Además, por una falta de defraudación de fluido eléctrico se le condenó al pago de otra multa por valor de 1.200 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a penas de seis meses de cárcel y multas de 420 euros para cada uno de los siete acusados, con edades comprendidas entre los 36 y 28 años, que se han sentado este lunes en el banquillo como autores de la agresión física y verbal que sufrió un hombre de 52 años y que estuvo ocasionada por la condición sexual de la víctima.

Todos ellos han reconocido ante el tribunal su participación en los hechos, se han declarado culpables y se han conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, que ha rebajado inicialmente su petición de condena una vez que los siete acusados ya han desembolsado conjuntamente en el juzgado los 2.800 euros que se les reclamaba en concepto de indemnización por daños morales y físicos causados a la víctima.

De esta forma, el Ministerio Público ha recogido para todos ellos la atenuante de reparación del daño lo que ha conllevado una rebaja de las penas, a lo que se ha adherido la acusación particular y cada una de las defensas.

En concreto, se les condena a seis meses de cárcel y pago de 360 euros de multa como autores de un delito de odio, a lo que se le suma otros 60 euros más de multa como autores de un delito leve de lesiones. Además, como accesorias se le impone la inhabilitación especial durante siete años para el ejercicio de profesión educativa en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre.

Por otro lado, a dos de los acusados se les suma también otro año de prisión por obstrucción a la justicia y 360 euros de multa. A la octava acusada se le ha impuesto también un año de cárcel y multa de 360 como autora de un único delito de obstrucción a la justicia.

El primer intento de juzgar este caso fue el 2 de noviembre de 2023 cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular pidieron la suspensión de la visita por la incomparecencia de uno de los acusados, así como de un testigo.

En aquel momento, la presidenta del tribunal decretó orden de búsqueda y captura del acusado, su detención y su ingreso en prisión preventiva. Tras el juicio, el tribunal ha ordenado su puesta en libertad.

El Ministerio Público recoge en su escrito, y así lo han reconocido los acusados, que la agresión se produjo “sólo porque no admiten a personas que tengan una determinada orientación sexual”, de ahí que optaran por “vejarlo y humillarlo”.

“Aquí no queremos maricones”

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de julio de 2021 cuando la víctima, según informó en su día la Policía Nacional, tras asistir a la inauguración de un nuevo pub de la capital jiennense se dirigió hasta su domicilio para volver a salir con la intención de comprar hielo.

Ya en la calle se topó con un joven al que preguntó si sabía dónde podría comprar lo que buscaba. El chico le dijo que no hacía falta ir a ninguna tienda ya que en una plaza aledaña había un grupo de jóvenes consumiendo alcohol y que tan solo tendría que bajar un vaso y éstos se lo darían.

Volvió a su domicilio para coger el vaso y se desplazó hasta donde estaba el grupo con el que llegó a tomarse una copa. Al rato, se fue para comprar tabaco y le acompañó el joven que le ofreció ayuda en la compra del hielo. Un cuarto de hora después regresaron con el grupo y fue entonces, según relató la víctima a los agentes, cuando fue increpado por uno de los jóvenes con palabras soeces y comentarios íntimos, comenzando el resto de grupo a gritarle e insultarle aludiendo a su condición sexual.

Posteriormente, supuestamente le despojaron de su camisa y le arrojaron a una fuente, impactando su espalda contra uno de los caños. Al conseguir salir, relató en su denuncia que le arrojaron bebidas e incluso llegaron a orinar sobre él al grito de “tú eres maricón, aquí no queremos maricones”.

El Ministerio Fiscal recogía en su escrito de calificación recogido por Europa Press que el comportamiento “hostil y vejatorio” de los acusados se tradujo en tirarle a la víctima cubalibres sobre su cabeza, bebida “y toda clase de inmundicias” mientras se mofaban del él. La víctima “avergonzado y asustado” logró huir hacia su casa “mientras los acusados lo perseguían”, hasta que finalmente pudo llegar a su vivienda.

En lo que respecta a los tres conenados por obstrucción a la justicia, Fiscalía señala que a los pocos días de producirse la agresión se acercaron a un testigo y a la propia víctima para advertirles de que si hablaban iba a tener “serios problemas”.

En su día esta agresión fue condenada públicamente por el Ayuntamiento de Jaén y por la Delegación Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos para la Provincia de Jaén.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén acoge este lunes el segundo intento para juzgar a siete personas, con edades comprendidas entre los 35 y 27 años, acusadas la agresión física y verbal que sufrió un hombre de 52 años y que supuestamente estuvo ocasionada por la condición sexual de la víctima.

El primer intento de juzgar el caso fue el 2 de noviembre de 2023 cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular pidieron la suspensión de la vista por la incomparecencia de uno de los acusados, así como de un testigo.

En aquel momento, la presidenta del tribunal decretó orden de búsqueda y captura del acusado, su detención y su ingreso en prisión preventiva. En lo que respecta al testigo, la magistrada también ordenó su citación con apercibimiento.

A los siete detenidos el Ministerio Fiscal reclama que se les impongan como presuntos autores de un delito de odio dos años de cárcel y multa de 300 euros por un delito leve de lesiones. Además, a dos de los acusados el Ministerio Público les reclama otros tres años de cárcel y multas de 2.400 euros como presuntos autores de un delito de obstrucción de la justicia.

La séptima acusada llamada a sentarse en el banquillo es una mujer a la que Fiscalía pide una pena de tres años de prisión como presunta autora de un delito de obstrucción a la justicia, según recoge la calificación del Ministerio Fiscal a la que ha accedido Europa Press.

En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía pide que los acusados indemnicen a la víctima en 2.500 euros por los daños morales y en 315 euros por los daños físicos. También solicita que indemnicen al SAS en la cantidad que se tase la asistencia médica prestada a la víctima.

“Sólo porque no admiten personas con una determinada orientación sexual”

El Ministerio Público recoge que la agresión se produjo “sólo porque los acusados no admiten a personas que tengan una determinada orientación sexual”, de ahí que optaran por “vejarlo y humillarlo”.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de julio de 2021 cuando la víctima, según informó en su día la Policía Nacional, tras asistir a la inauguración de un nuevo pub de la capital jiennense se dirigió hasta su domicilio para volver a salir con la intención de comprar hielo.

Ya en la calle se topó con un joven al que preguntó si sabía dónde podría comprar lo que buscaba. El chico le dijo que no hacía falta ir a ninguna tienda ya que en una plaza aledaña había un grupo de jóvenes consumiendo alcohol y que tan solo tendría que bajar un vaso y éstos se lo darían.

Volvió a su domicilio para coger el vaso y se desplazó hasta donde estaba el grupo con el que llegó a tomarse una copa. Al rato, se fue para comprar tabaco y le acompañó el joven que le ofreció ayuda en la compra del hielo. Un cuarto de hora después regresaron con el grupo y fue entonces, según relató la víctima a los agentes, cuando fue increpado por uno de los jóvenes con palabras soeces y comentarios íntimos, comenzando el resto de grupo a gritarle e insultarle aludiendo a su condición sexual.

Posteriormente, supuestamente le despojaron de su camisa y le arrojaron a una fuente, impactando su espalda contra uno de los caños. Al conseguir salir, ha relatado que le arrojaron bebidas e incluso llegaron a orinar sobre él al grito de “tú eres maricón, aquí no queremos maricones”.

El Ministerio Fiscal relata en el escrito de calificación recogido por Europa Press que el comportamiento “hostil y vejatorio” de los acusados se tradujo en tirarle a la víctima cubalibres sobre su cabeza, bebida “y toda clase de inmundicias” mientras se mofaban del él. La víctima “avergonzado y asustado” logró huir hacia su casa “mientras los acusados lo perseguían”, hasta que finalmente pudo llegar a su vivienda.

En lo que respecta a los tres acusados por obstrucción a la justicia, Fiscalía señala que a los pocos días de producirse la agresión se acercaron a un testigo y a la propia víctima para advertirles de que si hablaban iba a tener “serios problemas”. También a la mujer de uno de los acusados, y que también se sentará en el banquillo, se le atribuye el haber amenazado de muerte a un testigo.

En su día esta agresión fue condenada públicamente por el Ayuntamiento de Jaén y por la Delegación Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos para la Provincia de Jaén.

Lucrecia Sánchez, portavoz del Partido Popular de Porcuna (Jaén) y directora del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, ha tenido que pedir disculpas después de poner en valor el franquismo frente al Gobierno de Pedro Sánchez. La dirigente, que es un alto cargo de los populares jiennenses, publicó en su cuenta de WhatsApp una imagen en la que se comparan datos de la dictadura con los de la actual democracia para ensalzar al régimen franquista.

Los hechos, que han sido denunciados por el PSOE de Jaén como “exaltación del franquismo”, tuvieron lugar este sábado cuando Sánchez decidió compartir dicha publicación y añadir un texto: “Y el malo era Franco”. Junto a dichas palabras, la líder de los populares de Porcuna (6.200 habitantes) añadía un “jajajaja” con el que se mofaba de la comparación que dejaba en mal lugar a la democracia actual.

La imagen, con el título 'A esto lo llamo yo memoria histórica', compara datos como el porcentaje de deuda pública que había durante la dictadura y ahora, el paro juvenil, cuánto se tardaba en pagar una vivienda y la existencia del IVA. Los datos aportados no tienen fundamento en estadísticas oficiales: el IVA no existía, aunque sí había otros impuestos; el paro juvenil fue especialmente duro durante la posguerra y hasta los años 60; mientras que la deuda pública era baja, pero en gran medida debido a la austeridad y la escasez de inversión que permitiese servicios públicos de calidad para los ciudadanos.

Disculpas “a quien se haya sentido ofendido”

En todo caso, Lucrecia Sánchez se ha visto obligada a recular tras publicar esa imagen y mofarse del Gobierno de Pedro Sánchez. La líder popular ha compartido un comunicado en el que pide disculpas “a quien se haya sentido ofendido”. Según Sánchez, no “pretendía enaltecer un régimen dictatorial”. Eso sí, la líder de los populares de Porcuna aclara que su intención era “poner de relieve la pésima gestión, a mi juicio, de Pedro Sánchez, muy lejos de ir la economía del ciudadano de a pie como un cohete, incluso comparándose con una época anterior que fue muy difícil para nuestro país”.

No es la primera vez en los últimos días que el PP de Jaén se ve relacionado con el franquismo. Sin ir más lejos, la oposición en el Ayuntamiento de la capital ha denunciado que la nueva concejal de Deportes, Ana Núñez, ha compartido muchos mensajes en redes sociales haciendo exaltación del franquismo. La edil pidió disculpas asegurando que estaban “sacados de contexto” y que los escribió siendo “muy joven”.

Hace un año, el actual regidor, Agustín González, tuvo que recular también por haber publicado una columna en la que atacaba al Gobierno de Pedro Sánchez asegurando que era “equidistante entre las balas y las nucas” para criticar la posición del Ejecutivo por pactar con Bildu para lograr la investidura. Palabras calificadas como “miserables” por parte del PSOE. Además, en esta ocasión, los socialistas han pedido su dimisión como directora del hospital porque consideran que la publicación es “inadmisible”.

El Ayuntamiento de Jaén tendrá que pagar 7.501 euros a un letrado de su gabinete jurídico por haber vulnerado sus derechos fundamentales. Esa es la decisión que ha adoptado el Juzgado de lo Social 3 de Jaén tras la denuncia del propio trabajador al sentirse señalado.

Los hechos, que tuvieron lugar en 2023, se saldaron con la reubicación del profesional en otro departamento como “represalia” por haber demandado al Consistorio reclamando la estabilización de su puesto de trabajo, según entiende la jueza que instruye la causa. El Ayuntamiento anuncia que ya ha recurrido, aunque rechaza valorar la sentencia al considerar que se refiere a un particular.

El fallo, al que ha tenido acceso este medio, admite que el letrado pudo haber sido víctima de una persecución por parte del equipo de Gobierno, dirigido por PP y Jaén Merece Más. Lo habría sido porque el mismo trabajador denunció al ayuntamiento en enero de 2023 tras llevar 15 años ocupando el mismo puesto sin que se le estabilizara. El letrado había ingresado como asesor del gabinete jurídico en 2008.

Sin embargo, según fuentes de dicho área, el concejal encargado del mismo, Vicente Oya, decidió apartar de su puesto al letrado al considerarle incómodo por haber demandado al ayuntamiento. De hecho, fruto de la demanda, se produjeron diferentes reuniones a finales de 2023 en las que desde la Concejalía de Recursos Humanos, dirigida por Oya, se les estaba trasladando a los trabajadores que habría una “reorganización” del gabinete jurídico.

Una reorganización que se llevó a cabo con el traslado del letrado al departamento de Gestión Tributaria, justo en un momento en el que el jefe de los servicios jurídicos, Luis Hernández, reclamaba que necesitaban más medios para hacer frente a la alta carga de trabajo que tienen en asuntos judiciales en el Ayuntamiento de Jaén. Por esa razón, el propio Hernández y sus compañeros, incluido el letrado apartado, entendieron el traslado como una “represalia” y no como una reorganización al uso de las funciones.

Respaldo judicial

Según explica Hernández a este medio, “necesitamos personal y no tenía justificación alguna que trasladasen a nadie a otro departamento”. De hecho, cree que la maniobra también responde al interés del equipo de Gobierno por “privatizar” el área jurídica al tener que externalizarla si no opera con normalidad.

“Consideramos que Vicente Oya se ha atribuido funciones que tampoco le corresponden porque la organización del gabinete jurídico no depende de ningún político, ya que es un órgano asesor”, apunta. Pese a todo, como el letrado fue reubicado, tanto Hernández como el propio perjudicado presentaron una demanda.

El jefe de los servicios jurídicos denunció al Ayuntamiento de Jaén ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2, ganando en primera instancia y en apelación la sentencia. Razón por la que el Consistorio se vio obligado a readmitir al trabajador en su puesto anterior. Sin embargo, fruto de las presiones recibidas por parte de la Concejalía, el trabajador estuvo de baja médica algún tiempo. “Le ha costado poder reengancharse a sus funciones”, confiesa Hernández.

Ahora, tras varios meses de espera, la justicia le vuelve a dar la razón y condena al Ayuntamiento de Jaén a indemnizarle con 7.501 euros por haberle movido de departamento en un ejercicio de “represalia” por la demanda previa que había puesto el letrado. La jueza entiende que la actuación consistorial no ha sido correcta y que se ha vulnerado el derecho fundamental del trabajador a una tutela efectiva. O lo que es lo mismo, que se trató de impedir que pudiera demandar al Consistorio moviéndole de departamento para que desistiera en su postura.

Por su parte, desde el equipo de Gobierno rechazan valorar el caso al considerar que “atañe a un particular”. No obstante, recuerdan que se ha recurrido la sentencia porque el Ayuntamiento “solo pretende que el trabajador ocupe su puesto de trabajo en el servicio en el que tiene su plaza”. Afirman a su vez que hay otra demanda interpuesta por el letrado por vulneración de derechos que ha fallado en contra de sus intereses.

“Estamos criando inútiles por culpa nuestra”. En esos términos se expresa Luis Mariano Camacho, alcalde del municipio jiennense Bailén (17.200 habitantes) y portavoz del PP en la Diputación de Jaén, para referirse a los niños que piden aire acondicionado en sus aulas. Según el regidor, “si todo se lo ponemos fácil, les hacemos un flaco favor”.

Palabras que ha escrito en su cuenta personal de Facebook para contestar a una vecina del municipio que le reclamaba climatización de las aulas debido a las altas temperaturas. Un problema que emerge cada año y que no acaba de solucionarse, pese a que desde 2020 rige la Ley andaluza de bioclimatización en las aulas.

Preguntado por la polémica que ha desatado sus comentarios en redes, el alcalde de Bailén responde a eldiario.es que hay “cosas más importantes” que hablar ahora de la climatización en las aulas, “como las elecciones europeas del domingo o lo que está pasando con Begoña” [Gómez, esposa del presidente del Gobierno, imputada por un supuesto conflicto de intereses].

Camacho asegura que ha sido una “mala interpretación” de una conversación suya con una “ciudadana” que no deja de ser “una forma de hablar”. Sin embargo, sus palabras ponen en el centro la situación climática de los colegios andaluces. Aunque hace cuatro años se aprobó la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, los colegios de la región siguen soportando elevadas temperaturas en cuanto llega el calor.

De ahí que varios vecinos se hayan precipitado a responder al alcalde de Bailén tras su publicación en Facebook. Entienden que no es apropiado que un cargo de su relevancia considere “inútiles” a los niños por precisar de aire acondicionado en clase. Más cuando es el propio regidor el que publica que Bailén estaría en alerta naranja por altas temperaturas a partir de la una de la tarde, en pleno horario lectivo. Temperaturas que en este municipio jienense podían llegar hasta los 42 grados centígrados en esta primera semana de junio, según las previsiones meteorológicas.

El PSOE, que está en la oposición municipal, considera las palabras del alcalde una “gravísima falta de respeto”. El portavoz de los socialistas, Víctor Abolafia, se cuestiona “de qué caverna ha salido” el regidor. “Nuestros niños y niñas no son unos inútiles. Se avecinan temperaturas muy altas, más altas que en otras épocas por la evolución del clima, y tanto los docentes como el alumnado tienen todo el derecho a contar con aulas climatizadas en estas semanas complicadas en Andalucía y en Bailén. Y la Junta de Andalucía tiene la obligación de garantizarlo. Decir lo contrario es una memez impropia no ya de un alcalde, sino de una persona con dos dedos de frente”.

Tal es la situación de calor que se vive en los colegios andaluces que existe un protocolo general por el que la Junta de Andalucía permite a los centros educativos acortar una hora el horario lectivo por las altas temperaturas. De hecho, en cuatro de ellos parte del alumnado se ha puesto en huelga esta semana y no ha acudido a clase con el objetivo de protestar por la mala situación a la que se ven expuestos.

Una ley que no arranca

Por ello, las declaraciones de Luis Mariano Camacho chocan con lo que está ocurriendo en las aulas de los diferentes centros de Andalucía. Aunque la Ley 1/2020 de bioclimatización lleva en vigor cuatro años, padres y sindicatos denuncian que no se ha hecho casi nada al respecto. Más allá del protocolo que permite flexibilizar horarios lectivos, la mejora de la climatización de las aulas sigue parada.

Teresa de Pablo, portavoz de la plataforma Escuela de Calor, que se fundó precisamente para mejorar la climatización de las aulas, lamenta que no se está haciendo “nada” aunque la normativa está “plenamente en vigor desde en 2020”. Que en aquel momento salió adelante “por la movilización y la presión que se pudo ejercer por la pandemia”, pero que no se ha dotado a la ley de presupuesto para desarrollarla. “Es algo muy caro porque hay que climatizar muchos centros que de por sí ya están mal construidos por la antigüedad que tienen o por los materiales utilizados”.

Según las cifras que maneja Escuela de Calor, hay alrededor de 5.000 centros educativos en toda Andalucía, por lo que la inversión que es necesaria para climatizarlos es muy elevada. De ahí que la Junta de Andalucía haya pedido al Gobierno central que les dé financiación. “El Gobierno andaluz ha invertido 140 millones de euros que no llega para climatizar ni el 10% de los colegios”. Una inversión que ha llegado a través de fondos europeos, pero que se ha quedado escasa. “Desde 2022 los programas de climatización han aparecido de forma muy simbólica”, apunta De Pablo.

Por otro lado, desde FAMPA Los Olivos de Jaén, su vicepresidenta, Lola Luque tacha de “barbaridad” las declaraciones del alcalde de Bailén: “Los alumnos tienen que estar en buenas condiciones en las clases y si no que él pruebe a quitarse el aire acondicionado en el despacho”. Desde esta FAMPA lamentan los escasos esfuerzos que se han hecho para mejorar la climatización de las aulas, aunque sí reconocen que se está instalado un sistema conocido como “adiabático” que sí está funcionando en algunos centros.

“El problema de este sistema es que requiere de unos cuidados muy concretos para evitar enfermedades como la legionella”, apunta Teresa de Pablo. De hecho, algunos centros que lo tienen instalado han decidido no utilizarlo porque “el agua está estancada” tras muchos meses sin tener que utilizarlo. “Sentimos que hay poco interés en invertir en la educación pública. A nadie se le ocurriría que los ciudadanos tuviesen que llevar un tomógrafo a un hospital, pero en los colegios se da por hecho que tenemos que ser los padres los que compremos hasta una pizarra electrónica”.

“La noche en la que casi me mata, supe que mi vida había empezado de nuevo”. Así habla María Belén Villalobos sobre el infierno en el que estuvo viviendo cuando su expareja y padre de sus hijos la maltrató hasta casi quitarle la vida. A sus 56 años, ha logrado restañar un dolor con el que convive para convertirlo en un motivo para ayudar a otras mujeres en su misma situación.

Natural de Álora (Málaga; 13.000 habitantes), su caso sirve para ponerle voz y rostro a una investigación de la Universidad de Jaén que sitúa en el foco la invisibilización de la violencia machista en entornos rurales, especialmente si se trata de mujeres mayores. Un relato que encaja justo cuando el Parlamento de Andalucía ha iniciado la tramitación del estatuto de la mujer rural, un documento que pretende allanar el camino para su integración en el sector primario, tradicionalmente muy masculinizando. El proyecto acaba de superar el debate a la totalidad.

Adrián Ricoy es el investigador que ha desarrollado un trabajo publicado en The Conversation en el que determina que falta mucho camino por recorrer contra el silencio que se impone cuando la violencia se ejerce en lugares remotos. Pese a que la Resolución WHA49.25 en la 49 Asamblea Mundial de la Salud en 1996 significó un paso decisivo en esta lucha por ponerla en el foco y evitar la sombra que se cierne sobre estas mujeres, aún hay trabajo pendiente. “Nuestra investigación ha tratado de analizar estudios previos para comprobar cómo se ha abordado la violencia machista en estos entornos”, dice.

Los datos que se han recogido son clarificadores: falta información sobre qué ocurre en estos lugares. Se desconoce la “idiosincrasia” de los entornos rurales y la violencia que sufren las mujeres, sobre todo aquellas que ya han superado su etapa reproductiva. “Se trata de tomar una perspectiva crítica sobre las carencias que se han dado en las investigaciones previas”. Porque alrededor del 30% de las mujeres rurales, sobre todo las mayores, se ven expuestas a violencia machista sin que sea un asunto del que se hable abiertamente.

De ello sabe muy bien nuestra protagonista: María Belén Villalobos. Hace 12 años que no pisa su pueblo natal. “Álora es precioso. Era mi casa. El lugar en el que crecí y en el que creció mi familia, pero no quiero volver por si me lo cruzo por la calle”. Se refiere a su expareja, al hombre que estuvo a punto de matarla el 6 de octubre de 2009, cuando ella tenía 41 años. “Al día siguiente me iba a mudar a Madrid para empezar en un nuevo trabajo, pero él me agredió de forma brutal”.

María recuerda que permaneció inerte hasta que escuchó que él se marchaba de casa y fue en ese momento cuando fue a la vivienda de su familia para contarle a sus hermanos lo que había pasado.

Maltrato a todos los niveles

Tras el parte de lesiones y la noche en comisaría, su expareja fue detenido y empezó así una forma de violencia que aún hoy perdura: sus vecinos le dieron la espalda. “Decían que cómo podía hacerle eso a un hombre tan bueno. Si veían a alguno de mis hijos le decían que su madre era una puta”. Su vida en Álora ya no podía ser, pero llevaba tiempo sin serlo. “Yo quería irme en el momento en el que él empezó a maltratarme de muchas formas”. María recuerda, por ejemplo, cómo él le obligaba a quedarse en casa para cuidar a los niños o cómo consiguió un trabajo en el que cobraba más que su pareja y éste decidió no aportar económicamente y gastarse su dinero. “Yo estaba mal porque él no podía soportar que yo ganase más”.

“En los entornos rurales, las víctimas tienen miedo a recurrir a los servicios sociales porque en muchas ocasiones están regentados por personas del propio pueblo”, explica el investigador Adrián Ricoy. Uno de los motivos que explica por qué estas mujeres se sienten silenciadas. María sí se armó de valor para denunciar y después pedir ayuda, pero ella misma sabe que no es lo normal: “Cuando sufres violencia, sabes que la estás sufriendo, pero no sabes exactamente por qué ni qué debes hacer”.

Su vida en el pueblo era muy dura. “Te sientes señalada y tu familia también”. Llegaron incluso a pincharle las ruedas y la asociación de vecinos donde vivía su expareja trató de pedir al Ayuntamiento de Álora que intercediese para que su agresor no entrase en prisión. “Un día, una vecina vino a darme un abrazo cuando su marido había testificado como testigo en mi contra y le pedí que no me abrazase”. Con lo que estaba viviendo, era imposible no sentirse aislada.

Por ello, el proceso para revertir esta violencia debe acelerarse. Adrián Ricoy afirma que es “necesaria la transferencia de conocimientos entre la investigación docente y la administración”. Carece de sentido, según señala, que ambas partes sean compartimentos estanco que no tomen en consideración las necesidades de las mujeres víctimas de violencia en entornos rurales, especialmente si son personas mayores.

“El patriarcado está muy instalado en los pueblos y es el principal motivo por el que somos víctimas”, dice María Belén Villalobos. Un problema que se acentúa si para ir a las grandes ciudades a solicitar ayuda la comunicación por carretera es difícil. “Las mujeres que viven en Málaga están a unos pocos minutos de su centro de la mujer más cercano, pero desde Álora se tardan 45 minutos”. De ahí que sea necesaria una revisión de los protocolos porque es fácil que las mujeres rurales se sientan aisladas.

Por fortuna, María sí ha podido contar su experiencia y ha logrado sanar sus heridas, pese a que su expareja salió de prisión en el otoño de 2023. “He vuelto a Álora sólo para visitar la tumba de mi madre”. Sus hermanos siguen viviendo allí y nadie sabe concretamente dónde vive ella para evitar que su expareja o alguien relacionado tome represalias y la busque. La violencia que sufrió le ha llevado a estar hoy en día pendiente de los pestillos de su coche, los quicios de una puerta u observar a menudo las cámaras de vigilancia que tiene instaladas.

Acompañar a las víctimas

Ella logró salir, aunque perdió el trabajo que iba a hacer en Madrid. No obstante, se enroló en el programa de la Junta de Andalucía llamado Cualifica que forma, orienta y acompaña a las mujeres víctimas de violencia machista. “Ahí conocí muchos casos y desde el primer momento supe que tenía que hacer algo para ayudarles”. En estos años, ha fundado la asociación “Damos la cara” con la que busca, precisamente, eliminar los tabúes que rodean a la violencia contra la mujer y sobre todo en entornos remotos.

“Hacemos acompañamientos para que no se sientan solas”. En uno de ellos, en el primero, ella conoció a una mujer que le ayudó a responder sus propias preguntas sobre el maltrato que había sufrido. “Entendía por lo que estaba pasando y me pude ver reflejada en su situación”. Una forma de hacer comunidad que contrasta de manera notable con la que se da precisamente en los pueblos.

Según la investigación que da pie a este artículo, esas comunidades densas pueden ser un freno en entornos rurales porque ellas se sientan cohibidas a la hora de denunciar, al sentir que pueden señalar a sus familias y amigos. “A mi hijo pequeño fueron a perseguirle al colegio para decirles todo lo malo que yo había hecho”, cuenta María, relatando cómo la violencia vicaria -la que se ejerce sobre los hijos- también existe en esta realidad. Tal es el grado de soledad, que el día del juicio, en la Audiencia de Málaga, ella estaba sola, “pero allí estaban todos los vecinos apoyándole a él”.

“Son realidades complejas que requieren de un trabajo exhaustivo por parte de todos”, apunta Adrián Ricoy. En su caso concreto, se ha “revisado la literatura a nivel internacional que incluye tanto un análisis cuantitativo como cualitativo para determinar la prevalencia de la violencia hacia las mujeres mayores en contextos rurales”. La conclusión que se extrae es que es necesario escuchar mucho más a las víctimas rurales de la violencia machista para saber qué necesitan.

“Hay que fomentar la enseñanza en las escuelas. Hacer campañas de concienciación. Que la administración llegue a los entornos rurales y, sobre todo, que quienes atienden en servicios sociales sepan hacerlo con perspectiva de género porque, si no, no podrán entender a las víctimas”, explica María Belén. Su caso es un ejemplo de segundas oportunidades aprovechadas, pero no todas tienen la misma suerte. “Falta mucho trabajo por hacer”.