El Gobierno andaluz firma otra prórroga con la sanidad privada y suma 5 años de contratos públicos a dedo sin publicidad
El Gobierno de Andalucía ha prorrogado otros seis meses los contratos negociados sin publicidad (a dedo) con clínicas privadas de Almería y de Sevilla para derivar a cientos de pacientes en la lista de espera quirúrgica.
El periodo de vigencia de estas adjudicaciones a dedo con los hospitales almerienses expiraba el pasado 18 de enero. Unos días antes, la Junta autorizó una “primera prórroga” del contrato hasta el próximo 18 de julio, duplicando el gasto inicial con otros 17 millones de euros con cargo a los Presupuestos Andaluces de 2025.
Este martes, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha aprobado lo mismo para alargar el contrato suscrito el pasado junio con varias clínicas privadas de Sevilla, duplicando también el presupuesto original con otros 31,5 millones (la misma cifra que adjudicó para los primeros seis meses). Al superar la cantidad máxima de 8 millones de euros que estipula la ley, la ampliación del contrato con los hospitales privados de Sevilla y Almería ha necesitado de la autorización expresa del Consejo de Gobierno.
Sevilla y Almería fueron las primeras provincias donde se firmaron los contratos a dedo con clínicas privadas y, por tanto, los primeros en cumplir la vigencia de seis meses y en renovarse otros seis. Pero no serán los únicos.
Fuentes de la Consejería de Salud confirman a este periódico que el Consejo de Gobierno autorizará en las próximas semanas las prórrogas en el resto de provincias hasta el verano de 2025, duplicando el presupuesto total en “asistencia quirúrgica complementaria” con la sanidad privada hasta los 222 millones de euros.
El pasado mes de junio, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a dedo 110,9 millones de euros a hospitales privados en siete de las ocho provincias para derivar a cientos de pacientes en listas de espera para operarse en un plazo de seis meses. Andalucía es la segunda comunidad con la demora media más alta de España: entonces era de 169 días.
La memoria justificativa de aquellos contratos negociados sin publicidad ni concurrencia competitiva ya recogía la posibilidad de una prórroga de otros seis meses si, tras el primer periodo de vigencia, el SAS no había culminado la tramitación para regresar a un sistema de contratación ordinaria, abierto al mejor postor, y con un control fiscal interno más exhaustivo.
Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que el plan es que los Acuerdos Marco para volver a la contratación en abierto –fijando condiciones homogéneas para todas las empresas del sector– entren en vigor antes de final de año. Pero también recuerdan que los contratos negociados sin publicidad que ahora vuelven a prorrogarse también dejan la puerta abierta a ser modificados dentro de los límites legales.
El 80% de esos concursos negociados sin publicidad fueron a parar a seis grandes complejos hospitalarios privados de Andalucía: Grupo Quirón; HLA (Asisa); Viamed; Vithas, Cruz Roja y Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En Almería, el contratista que se beneficiará de la última prórroga del contrato es la UTE conformada por dos de estos gigantes: HLA (Asisa) y Vithas.
En Sevilla también repiten las cuatro UTE que fueron adjudicatarias: tres formadas por Quirón, HLA y Viamed y otra constituida por Vithas, Cruz Roja y la Orden de San Juan de Dios. En el expediente, al que ha tenido acceso este periódico, se justifica la continuidad del contrato en que la prestación del servicio ha sido “satisfactoria hasta la fecha”.
Un lustro contratando a dedo
Con esta enésima prórroga, firmada por la actual consejera de Salud, Rocío Hernández Soto, el Ejecutivo de Moreno suma más de cinco años de contratos públicos sin publicidad ni concurrencia competitiva con clínicas privadas, encadenando todas las fórmulas posibles de contratación excepcional que habilita la ley.
El SAS lleva un lustro sin sacar a concurso público sus licitaciones, que han sido adjudicadas a dedo por cantidades millonarias a empresas privadas, haciendo un uso sistémico de los atajos que permite la legislación para saltarse los controles habituales y acelerar los contratos con la sanidad privada cuando puede acreditarse una situación “imprevisible” o sobrevenida, una “imperiosa urgencia” no imputable a la mala gestión de la Administración.
El Gobierno andaluz sustituyó la contratación ordinaria en abierto por los contratos de emergencia (a dedo) en la primavera de 2020, cuando la pandemia de coronavirus desencadenó una crisis sanitaria sin precedentes que desbordó la capacidad de respuesta asistencial del sistema público.
Para agilizar la respuesta frente a la Covid–19, el Ejecutivo central aprobó un marco regulatorio excepcional que facilitó a las comunidades autónomas una vía de contratación más rápida, sin publicidad ni concurrencia ni fiscalización previa. Una vía que ya recogía la Ley de Contratos del Sector Público, pero que fue potenciada por un Real Decreto.
El 9 de mayo de 2021, cuando la pandemia ya era un fenómeno “previsible” para las administraciones públicas, el Gobierno de Pedro Sánchez derogó este Real Decreto, pero la Junta de Andalucía siguió amparándose en el mismo marco legal derogado para prorrogar la contratación a dedo con clínicas privadas durante dos años y medio más, hasta el verano de 2023.
Al hacerlo, no sólo abusó de un marco legal estatal que había quedado sin efecto, también desoyó una instrucción expresa de la Consejería andaluza de Hacienda que instaba al resto de consejerías –también al SAS– A volver a la contratación en abierto, advirtiendo de que las adjudicaciones de emergencia debían limitarse al máximo y tener carácter “excepcional y residual”.
Las prórrogas y ampliaciones de gasto de esos contratos de emergencia –que pasaron de 70 a 243 millones de euros entre 2021 y 2023– están siendo investigadas por un juzgado de Sevilla y por la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de prevaricación, en el marco de una causa en la que está imputada la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
Este periódico destapó la continuidad de los contratos a dedo del SAS con la sanidad privada el 12 de marzo de 2023, y 48 horas después el Gobierno de Moreno anunció su cancelación y la vuelta a un sistema en abierto, con publicidad y concurrencia.
Pero, un año y medio después, la Junta de Andalucía no ha vuelto a la contratación ordinaria en abierto. En septiembre de 2024 anunció un “plan de choque” para reducir las abultadas listas de espera de pacientes (quirúrgicas y de diagnóstico), consistente en unos Acuerdos Marco con contratos basados firmados con clínicas privadas y un presupuesto total de 734 millones de euros para un periodo de cuatro años.
Era un procedimiento para estabilizar y estandarizar los contratos con la sanidad privada, estableciendo condiciones homogéneas para todas las empresas privadas que optaran a licitaciones públicas, haciendo el procedimiento más transparente y con mayores controles internos. El presidente Moreno defendió ese “plan de choque” en el Parlamento andaluz, cuando toda la oposición en bloque le atacó por el “escándalo” de los contratos a dedo.
Pero tres meses después, una nueva dirección del SAS metió en un cajón los Acuerdos Marco y reactivó los contratos a dedo, esta vez con la modalidad del negociado sin publicidad, que es el que persiste en la actualidad, casi cinco años después del estallido de la pandemia.
La pandemia, justificación hasta julio de 2025
La memoria que acompaña esta nueva prórroga de contrato, 17 millones más para los hospitales privados de Almería, vuelve a apelar a la pandemia de Covid–19 y al impacto persistente en la sanidad andaluza como justificación, a pesar de que los interventores del SAS han rechazado este argumento en los informes definitivos de fiscalización de los contratos de emergencia de 2021, 2022 y 2023.
“La pandemia de la Covid–19 provocó una grave crisis sanitaria y relegó a un segundo plano la actividad asistencial programada y ordinaria, debido a las necesidades urgentes que planteaban los pacientes con Covid–19. Dicho contexto produjo un incremento de las consultas de especialistas en 2022 y en 2023 que supuso que los pacientes llegaran al año 2024 con más necesidades de intervenciones quirúrgicas”, reza el documento al que ha tenido acceso este periódico.
El director general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, replica en la última memoria justificativa el mismo argumento que acompaña a los contratos a dedo desde hace un lustro, obviando los informes en contra de los interventores y sus continuas recomendaciones para regresar a la contratación ordinaria en abierto.
La memoria también justifica la nueva prórroga de los contratos negociados sin publicidad advirtiendo de que los Acuerdos Marco que se anunciaron en septiembre de 2023 para retomar la licitación en abierto con la sanidad privada “se encuentra todavía en tramitación, debido al gran volumen de documentación de las ofertas recibidas por la alta concurrencia de empresas participantes, así como por el alto número de agrupaciones y lotes a los que se licita, lo que ha supuesto que la tramitación ante la Mesa de Contratación esté siendo muy compleja”.
Se advierte, además, de que algunas empresas sanitarias han presentado recursos ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales contra la adjudicación de estos contratos, “que también han supuesto una demora en la tramitación del expediente”, y anuncia que el procedimiento en abierto no estará resuelto antes de seis meses.
En Almería, salieron a concurso 24 lotes de intervenciones quirúrgicas por un importe de licitación total de 17.014.693,45 euros. El SAS abrió la invitación a todas las empresas de la provincia, pero todos los lotes terminaron adjudicados a una misma UTE –formada ad hoc entre el Grupo Vithas y el Grupo HLA– por un coste final de 17.010.224,75 euros, es decir, un 0,026% inferior al precio de salida (14.000 euros menos). Entre 2021 y 2023, la Junta de Andalucía adjudicó a dedo a estas dos empresas, por separado, contratos para realizar intervenciones quirúrgicas por valor de ocho y 4,2 millones de euros respectivamente.
El procedimiento negociado sin publicidad está avalado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, que recomendó este sistema de contratación a dedo en sustitución de los contratos de emergencia, investigados ahora por la Justicia. La exinterventora general de la Junta, María Antonia González Pavón, firma el “informe de conformidad” –de una sola línea– que acompaña a esta última prórroga.
“Dudas jurídicas” en los procedimientos negociados
Sin embargo, se trata de una fórmula de contratación pública que la ley recoge sólo para situaciones excepcionales muy tasadas –como “catástrofes naturales”– ante una “urgente e imperiosa necesidad” “no imputable a la Administración pública”. En la cúpula del SAS, ya con la actual gerente, se plantearon las “dudas jurídicas” de que este procedimiento tuviera encaje legal en las abultadas listas de espera quirúrgicas que provocó el parón asistencial de la pandemia.
Se trata de un procedimiento en el que la Junta de Andalucía busca al menos a tres empresas de acreditada solvencia y negocia las ofertas directamente con ellas. La Consejería de Salud anunció que “invitaría” a todas las clínicas privadas del sector, provincia a provincia, aunque finalmente el 80% de las adjudicaciones fueron a parar a los seis grandes complejos hospitalarios privados que ya se beneficiaron de ocho de cada diez contratos de emergencia.
Los contratos negociados son licitaciones sin publicidad que limitan la concurrencia competitiva de las empresas del sector. El SAS los viene usando desde hace seis meses porque esa negociación, empresa a empresa, le permite agilizar las derivaciones de pacientes a hospitales privados para lograr embridar las abultadas listas de espera quirúrgicas.
En 2016, Bruselas ya formuló una advertencia contra las administraciones españolas por el abuso de este sistema de contratación a dedo que, en otros países de la UE, no se diferencia del contrato de emergencia.
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