Muchas veces todo vale para montar el pollo, nunca mejor dicho, y a veces eso incluye hasta estrategias cercanas o aliadas con la desinformación. Es en parte lo que puede estar ocurriendo estas semanas en Canarias, al menos en algunos casos específicos, cuando se arman planes de actuación o estrategias, también las institucionales públicas, dirigidas a criticar con contundencia el recién firmado acuerdo bilateral entre la Unión Europea (UE) y los cinco estados iberoamericanos que integran como parte la alianza comercial Mercosur (Venezuela por ahora está suspendida), con Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, tres grandes países exportadores de carnes de vacuno y de pollo entre ellos. A estos países se unen otros tantos solo como asociados.

Uno de esos casos singulares conecta con la escandalera en contra de ese acuerdo comercial que abandera el Gobierno de Canarias y su Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Principalmente, es el relacionado con los supuestos desmanes que tal pacto bilateral acarrearía al subsector ganadero local, por cierto, ya prácticamente desaparecido en las islas; mucho más si se habla de su actividad de producción de carne. En ese progresivo camino hacia el abismo, ha habido amplia aportación al destrozo de lo que el ya fallecido líder ganadero Pedro Molina (que fuera presidente de Agate) denominó como el Mercosur canario. Hay que recordar, llegado a este punto, que el pacto recién firmado entre la UE y Mercosur, ahora pendiente de lo que dictamine el Tribunal de Justicia Europeo, tras decisión de la Eurocámara, llevaba años y años en fase de negociación.

Pedro Molina se refería con el Mercosur canario, en efecto, a las ayudas comunitarias (directas o fiscales) integradas en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) - dentro del programa Poseican antes, ahora llamado Posei- para la importación a las islas de productos cárnicos frescos y congelados, entre otros artículos, desde el resto de la UE (con una ficha financiera máxima para esas ayudas comunitarias de 72,7 millones de euros al año, la vigente, aunque reducida en Canarias a unos 62 millones) y desde terceros países, estas últimas importaciones primadas con la exención del Arancel Aduanero Común (AAC) y con origen casi siempre en Brasil, Argentina y Uruguay (Mercosur), tres grandes productores de carne de vacuno y pollo.

Según las cantidades establecidas en los balances de aprovisionamiento del REA publicados a 31 de diciembre de 2025, con fuente en el Gobierno de Canarias, los volúmenes permitidos para productos cárnicos de vacuno, porcino y pollo (los kilos que se podían importar desde Canarias con exención arancelaria durante el pasado año) fueron los siguientes: 18.700 toneladas para bovino fresco-refrigerado, 13.650 para bovino congelado, 8.650 para porcino congelado de consumo directo y 875 para porcino de uso industrial, 30.500 para el pollo congelado de consumo directo y 1.800 para el pollo con destino a la industria. Estas son las grandes cifras.

Como acertadamente lo definió Pedro Molina años atrás, el Mercosur canario existe y ya tiene más de 30 años de vida, pues vio la luz a mediados de 1992, a la vez que el entonces llamado programa Poseican.

El Mercosur canario, por lo tanto, hace tiempo que se llama REA; está integrado desde 1992 en el programa comunitario hoy denominado Posei (con una ficha financiera anual de 268,4 millones de euros, sin contabilizar los 32 millones del Posei adicional), incluso tras todas las adaptaciones sufridas, a las que muy bien el REA ha sobrevivido, y actualmente sigue permitiendo que esas importaciones desde terceros países entren en Canarias, solo en Canarias, sin abonar el AAC, lo que se traduce en un ahorro notable para los importadores locales, con decenas de millones de euros al año perdonados o, lo que es lo mismo, con un gasto fiscal asumido por la UE de idéntica cantidad.

En definitiva, que el Gobierno de Canarias actual, de CC y PP y con los apoyos políticos de ASG y AHI, está montando tremenda escandalera por los efectos devastadores que el acuerdo rubricado por la UE con Mercosur tendrá para la ganadería local cuando lo cierto es que el Ejecutivo autonómico, en esos más de 30 años, no ha dejado de apoyar justo lo que ahora se pretende implantar en la UE (también en las islas) a través del pacto con Mercosur, si este finalmente termina activándose, pues este miércoles el Parlamento Europeo lo ha paralizado hasta ver qué opina el Tribunal de Justicia Europeo. Es algo que aquí, se puede decir, ya tenemos desde 1992 y se llama REA. Algunos no se han querido enterar o sencillamente se hacen los locos.

Siendo esa la realidad, tanto el consejero de Agricultura, Narvay Quintero (AHI), como otros integrantes del Gobierno de Canarias, no pierden oportunidad para afirmar una y otra vez que el pacto de la UE con Mercosur terminará o dañará sobremanera la ganadería local. Debe ser lo poco que ya queda de ese subsector, pues tal función ya la ha dejado casi hecha el REA, nuestro Mercosur tan particular, según la genialidad de Pedro Molina.

Pero lo peor quizá sea, dentro de esa estrategia política, la torcedura de la verdad, el juego con ella hasta asumir el tonteo con la desinformación. Y luego está el hecho de que las organizaciones profesionales agrarias de las islas y las patronales sectoriales del ámbito primario local, unas más que otras, también se apunten a agrandar esa bola, cuando los impactos más serios del pacto Mercosur para Canarias por ahora solo se observan en algunos productos tropicales, principalmente la papaya y menos en el aguacate u otros. Además, muy poco o nada, en estos momentos, para el plátano de las islas, pues Brasil exporta banana a la UE en cantidades irrisorias y queda por ver la conexión con este pacto de otros productores latinoamericanos como Ecuador.

También, hay que decirlo, se plantean algunas oportunidades, eso sí muy difíciles de consolidar, para vinos y quesos con calidad y origen certificados y otros productos de Canarias, esto en el ámbito agroalimentario. Capítulo aparte requiere el análisis de los aspectos fitosanitarios, las condiciones sociales de producción en esos países y otras, y la efectividad de los controles en la UE y de la aplicación de las muchas cláusulas de salvaguardia.

Pros y contras aún por analizar al detalle

En el subsector ganadero, lo que establece el pacto de la UE con Mercosur no es nuevo en sentido estricto para Canarias, pues el archipiélago puede importar desde terceros países, tras la aprobación del REA en 1992 por la hoy UE, los productos cárnicos que compiten con la oferta local (los que están en Mercosur son los principales) sin la barrera fiscal del Arancel Aduanero Común, la que pretende quitar ese acuerdo bilateral poco a poco. Esto fastidia a la Península, pero no, casi nada, a Canarias. A Canarias hasta le podría abaratar los suministros que provienen del resto de España y de la UE. Así son las cosas.

Lo expuesto es la realidad hoy y está ocurriendo desde 1992, con el apoyo tácito de todos los gobiernos autonómicos habidos en Canarias y con el empeño máximo de los grupos de presión afines a la industria agroalimentaria local, el entorno de Asinca, y a los importadores de materias primas y de bienes de consumo directo. Así es, pero así no se está contando.

¿Y por qué? La estrategia, según fuentes consultadas que son conocedoras del sector agrario en las islas, parece que es lograr que la bulla montada por el supuesto gran impacto en las islas del acuerdo entre la UE y Mercosur ayude o contribuya, abra el camino, a una mejor negociación de los intereses de Canarias en relación con los procesos abiertos sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), el del septenio 2028-34. Por ahí pueden ir los tiros porque ahí Canarias ahora sí tiene un gran destrozo económico.

Ya se sabe que por ahora, según la propuesta aprobada y elevada a discusión por la Comisión Europea sobre el futuro MFP, los intereses de las islas están muy mal atendidos (hay consenso en esto) con vistas al nuevo septenio presupuestario, pues no han caído las medidas singulares para las regiones ultraperiféricas (Canarias, entre las más influyentes).

Por ejemplo, se duda sobre el mantenimiento del programa Posei actual, entre otras figuras clave, y hay un recorte sangrante en la financiación especial para Canarias dentro de los fondos estructurales respecto a lo logrado en el marco plurianual de apoyo ahora vigente, el de 2021-27.

Otra vez lo mismo o similar: el mercado peninsular no consume lo suficiente (finales del otoño y llegada del invierno, como siempre repleto de fiestas) y toca caída en los precios pagados al agricultor isleño por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, con la banana al acecho y barriendo pa’ casa todo lo que se puede.

El plátano de Canarias parece que ya ha iniciado una nueva caída libre (véase el gráfico que se incorpora en esta información) en sus precios medios en verde y al por mayor (de donde se descuenta lo que luego cobra el agricultor) en su casi único mercado de venta: el de la Península. Así es y de esa manera además se refleja en los datos oficiales sobre precios en origen (los recibidos por el productor) publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), esta vez los de la semana 48, que es la última del mes de noviembre.

Por las ventas mayoristas de esa semana, el agricultor canario percibirá como ingreso medio para las calidades superiores (extra y primera) 0,78 euros por kilo (tras el fuerte descenso en solo una semana del 15,5%; en la 47, el mismo precio promedio alcanzó los 0,93 euros), lo que significa que en algunos casos habrá cosecheros locales que, debido a esa futura baja liquidación, no cubrirán al completo sus costes de producción agrícola. Por lo tanto, no podrán ganar ni un chavo por esa fruta vendida. Hay que recordar que la horquilla de costes de producción agrícola para el plátano de Canarias se halla entre los 0,70 y los 0,80 euros por kilo.

Pero quizá lo peor en estos momentos no sean esos registros, pues la coyuntura más crítica se avecina, se espera este mes de diciembre. La previsión es que los precios de venta en verde y al por mayor sigan cayendo en semanas repletas de festivos por la Navidad y Reyes, con baja demanda y mucha fruta en el mercado.

Por esos motivos, las decisiones adoptadas por la Comisión de Seguimiento de Mercado de la organización Asprocan van en la línea de reducir la oferta enviada a la Península, lo que se lleva haciendo desde hace varias semanas para al menos frenar o ralentizar al máximo la caída del precio mayorista y, con ello, del precio en origen, lo que cobra el productor por su cosecha.

Así las cosas, y según la decisión adoptada por esa comisión este viernes pasado, Canarias expedirá hacia la Península la semana que entra, la 50 (del 8 al 14 de diciembre), solo 6,5 millones de kilos, por los 7,1 que ya se han confirmado que llegaron la semana anterior, la 49, a ese mismo destino. Esa marca de embarque supone dejar en las islas 0,5 millones de kilos, con lo que la de corte de fruta llega a siete millones de kilo.

Ese volumen de recorte de la oferta es el habitual en las últimas semanas, aunque también es verdad que ahora se hace desde los siete millones, no desde los 7,5 de semanas precedentes. Esa fruta retirada, la de la semana 50, según la citada comisión, se destinará a la exportación a Marruecos y también a la entrega al Banco de Alimentos.

Ese órgano de Asprocan también ha indicado que la previsión para la semana 51, más cerca de la Navidad, es alcanzar una marca de fruta total de 7,5 millones de kilos, por encima de la anterior en medio millón de kilos, algo que sin duda lo pondrá aún más complicado con vistas a contener los precios en verde y al por mayor en la Península.

A esta coyuntura negativa para el plátano en su casi único mercado exterior, al que manda más del 90% de lo cosechado (por cierto, la segunda con impacto grueso que se da en lo que va de año, pues la primera fue la clásica del verano, en los meses de julio a septiembre), se une, en parte por la caída de la oferta de plátano de Canarias respecto al mismo periodo del año precedente, que la banana, según datos oficiales servidos por el departamento de Aduanas del Gobierno español, haya logrado una cuota de mercado en la Península y en los nueve primeros meses de 2025 entre el 52,5% y el 64,5%, con los datos restantes hasta completar el 100% para el género canario. 

Esta situación implica que la banana ofrece, por ahora, más del 50% de la fruta que entra en la Península, algo que no resulta muy sorprendente pues es la tendencia descrita en los últimos tiempos, de manera especial este 2025. Incluso este hecho ha sido reconocido por la propia Asprocan, algo muy inusual y que siempre se ha intentado evitar. Esta organización platanera llegó a reconocer los buenos resultados de la banana respecto al plátano isleño para el acumulado de enero a agosto de este año utilizando como fuente a Kantar.

Se acabó la fiesta de precios para el plátano de Canarias en la Península, con una escalada continua desde finales de enero de este año y ahora ya asomado al abismo. El mismo mes que le concedió uno de los mejores precios de transacción en verde y al por mayor en el resto de España, el percibido por el agricultor isleño antes de cubrir costes de producción agrícola, en 1,65 euros por kilo (para las calidades superiores) en la semana 24, del 9 al 15 de junio, también se ha convertido, una semana después, en la 25, en el momento de definición del punto de inflexión, la caída seguro sin freno, tras cinco meses seguidos de subidas continuas o mantenimiento en niveles de transacción al por mayor y en los mercados minoristas pocas veces antes vistos.

En la semana 25 (del 16 al 22 de junio), la más reciente con precios oficiales servidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en su informe de coyuntura semanal para las frutas y las hortalizas, ya se ha producido el revés en las cotizaciones en primera transacción, al por mayor y en verde (el precio promedio pagado por el madurador en la Península), aunque leve, por ahora, pero también es verdad que, según apuntan algunas cooperativas, del 1,64 de la semana 25 ya se ha pasado, lo que es un auténtico batacazo, a un promedio de un euro por kilo, el que más habitual en esta última semana de junio.

Ese euro es el precio promedio en verde y para la Península, como se ha indicado, de la última semana completa este junio, y ahora se espera obtener peores valores para las reseñadas transacciones, lo que equivale al ingreso medio percibido por los productores canarios de plátanos para sus mejores calidades: la primera y la extra.

El nivel de un euro supone obtener un rendimiento medio por kilo en torno a 30 o 25 céntimos, más la ayuda directa por kilo que paga la UE, con una aportación máxima de 0,33 euros por kilo para un total de 420 millones de kilos al año, lo que significa disponer de una ficha financiera dentro del programa Posei de 141,1 millones de euros.

Cierre de un ciclo con precios por las nubes

Todo apunta a que se ha cerrado el ciclo de precios excelentes iniciado a finales de enero de 2025, con un aumento prácticamente continuo semana tras semana y luego con el mantenimiento de los precios al por mayor y en verde en torno a 1,50 euros por kilo. Esta coyuntura al alza se explica por múltiples factores, uno de ellos la escasa oferta de plátano canario, con envíos semanales a la Península incluso por debajo de cinco millones de kilos, cuando lo normal es estar entre siete y ocho millones a la semana.

A esa razón se ha unido a lo largo del año las malas condiciones de comercialización en España del principal competidor del plátano isleño, esto es, la banana del área dólar.

Así, junio se convertirá en el mes que dio el precio mayorista en verde más elevado al plátano en los meses consumidos de 2025 y también el que ha fijado el cambio de tendencia, casi seguro ya hacia el tradicional abismo del verano, que ahora se espera que no se prolongue hasta bien entrado el año 2026, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Se inicia pues una etapa de vacas flacas. Toca poner cara de tristeza, al menos para los agricultores, y dejar a un lado la de alegría durante tantos meses. Lo contrario pasará con la parte final de la cadena: el consumidor minorista, que ya ha visto esta semana cómo los precios se han reducido, tanto en la Península como en Canarias.

Un ejemplo de la nueva situación en las tiendas de las islas, por ejemplo, en la cadena Mercadona, se apuntó en la tarde de este sábado, cuando esos supermercados avanzaron en parte la debacle, con una reducción del precio del plátano a la mitad, que pasó de 3,40 euros por kilo a 1,70 (fuera de las islas ha alcanzado hasta los siete euros). Además, en la Península hay promociones de plátano y banana con precios finales hundidos y con fruta importada de Centroamérica a 0,90 euros por kilo.

Hay que recordar que en los meses de verano, cada vez más calurosos, el consumo de plátano cae por la reducción brutal de la demanda (tampoco hay comedores de colegios y otros centros educativos o similares) y por la preferencia por la fruta de temporada, más fresca y de habitual y común consumo en España en el estío.

Tras el toque que da ese cambio de tendencia localizado a finales de junio, lo esperable para los precios recibidos por el cosechero canario de plátano, su ingreso antes de descontar los costes agrícolas de producción (entre 0,65-0,80 euros por kilo), es lo de siempre: con más fruta en el mercado y menos consumo, más la competencia bien viva, toca caída de las liquidaciones, incluso la posible venta con pérdidas en la Península, por debajo en términos medios de la cota de 0,65 euros por kilo, lo que puede implicar vender fruta en verde, en algunos casos y categorías, sin rendimiento alguno, incluso llegando a sumar la ayuda de la UE, los 0,33 euros por kilo. Es algo que muchas veces ha ocurrido en verano en Canarias.

El resumen de la coyuntura actual ya lo ha realizado la comercializadora de plátano de Canarias Bonaoro, que dice en su página web: “Tal y como venimos anunciando, el mercado del plátano se ha hundido debido a la aparición de la fruta de temporada”. Dicho queda: ¡bienvenidos a la temporada de vacas flacas!

El tinto Brumas de Ayosa, de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valle de Güímar (Tenerife), ha sido elegido como el Mejor Vino de Canarias 2025 en el Concurso Oficial Agrocanarias 2025, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

Elaborado por la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar, el Brumas de Ayosa Tinto ha concurrido en la categoría de tintos jóvenes/tintos barrica, y en él destaca su color rojo con tonos violáceos, así como sus aromas varietales y matices frutales.

Para su elaboración se utilizan uvas maduras cultivadas en las cercanías de la comarca, maceradas a 27ºC durante diez días, que le aportan un sabor equilibrado entre sus taninos finos y su acidez suave.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, han sido los encargados de anunciar el fallo de este certamen, en el que participaron 227 producciones de 60 bodegas y que se celebró los días 27 y 28 de mayo en Fuerteventura y el 3 de junio en Tenerife.

En esta convocatoria se han otorgado 59 premios, que incluyen catorce grandes medallas de oro, veintiséis oros, y quince platas, además de cuatro distinciones especiales: Mejor Vino de Canarias, Mejor Vino Ecológico de Canarias, Mejor Vino elegido por Enólogos y Enólogas, y Mejor Imagen y Presentación.

Por islas, Tenerife ha presentado 171 vinos, mientras que La Palma participó con catorce; Gran Canaria con trece; Lanzarote y La Gomera, con nueve cada una; Fuerteventura, con siete; y El Hierro concursó con cuatro elaboraciones.

En cuanto a la distribución de premios, incluyendo medallas y distinciones especiales, la DOP Abona obtuvo veintidós galardones, la DOP Islas Canarias se alzó con catorce reconocimientos; la DOP Valle de Güímar, con diez; y la DOP Tacoronte-Acentejo, con seis.

Asimismo la DOP La Palma y la DOP Valle de La Orotava recibieron dos premios cada una; mientras que las DOP Lanzarote, DOP La Gomera y DOP El Hierro cerraron el concurso con una producción premiada.

La distinción de Mejor Vino Ecológico de Canarias recayó en Pagos de Reverón blanco joven ecológico, de Eugenio Reverón Sierra S.L. (DOP Abona), en la categoría blancos secos jóvenes y blancos fermentados en barrica, producción que obtuvo además una medalla de oro.

El Mejor Vino por elección de enólogos y enólogas fue para Pico Cho Marcial, en la categoría de vinos tintos jóvenes/tintos barrica, elaborado por Viticultores de la Comarca de Güímar (DOP Islas Canarias), que también se alzó con una gran medalla de oro.

La distinción de Mejor Imagen y Presentación 2025 se concedió a Luna de Yariza, elaborado por Bodega Tempus (DOP Valle de Güímar).

Las grandes medallas de oro correspondieron a Niray (DOP La Gomera), elaborado por Agropecuaria El Guanche; Testamento fermentado en barrica (DOP Abona), de Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona; y Brumas de Ayosa 100% Marmajuelo, de Viticultores de La Comarca de Güímar (DOP Valle Güímar), todos ellos en categoría de blancos secos jóvenes y blancos fermentados en barrica.

También destacaron con una gran medalla de oro Viña Arese tinto barrica, de Bodega Arese (DOP Abona); Marba maceración carbónica, de Bodegas Marba (DOP Tacoronte-Acentejo), y Cumbres de Abona, de Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona (DOP Abona), en el apartado de vinos tintos jóvenes / tintos barrica.

Se distinguió con el mismo galardón a Mencey Chasna rosado de Jottocar SL (DOP Abona), en la categoría de vinos semidulces; Paisaje de las Islas Naturalmente Dulce, de Bodegas Tajinaste (DOP Islas Canarias), en el apartado de malvasías dulces; Pagos de Reverón, de Eugenio Reverón Sierra SL (DOP Abona), en la categoría de vinos de crianza; Brumas de Ayosa Brut Nature y Brumas de Ayosa, de Viticultores de La Comarca de Güímar (DOP Valle de Güímar), en los grupos de espumosos y vinos rosados secos, respectivamente; y 1242 M Soleo, de Lagar de Chasna (DOP Abona), en la categoría de vinos dulces.

En la última semana de mayo, el precio en origen del plátano subió un 140% por encima de la media de los últimos cinco años, un crecimiento en su coste que los consumidores ya notan en los supermercados y que los productores han achacado a las “inclemencias meteorológicas”.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el precio del plátano durante la última semana de mayo se ha situado en los 1,65 euros/kilos en origen, lo que supone un 3,8% más que la semana anterior pero un alza del 139,8% si se tiene en cuenta la media de los últimos cinco años.

Las causas

El presidente de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), José Carlos Rendón, ha recordado que han tenido “problemas de producción” desde diciembre pasado por inclemencias meteorológicas como los “fuertes vientos”.

Debido a ello, el mercado “tiene poco abastecimiento” de plátano de Canarias, por lo que los precios han subido al haber más demanda que oferta.

Espera que esta situación dure “el menor tiempo posible” y lo ve factible porque la situación climatológica ya ha mejorado.

De hecho, confía en que los incrementos de producción se “estabilicen” cuando termine el verano y eso lleve a “un nivel de precios normalizado”, según ha indicado a EFE.

Por otro lado, ha reconocido que “siempre existe el temor” a que haya consumidores de plátano canario que se pasen a la banana si la situación de precios altos persiste.

Es por eso que esta situación de elevados precios no interesa “ni a los mismos productores”.

No obstante, ha recordado al consumidor las fortalezas del plátano de Canarias, que “no tiene competidor en cuanto a calidad, a seguridad alimentaria o con una huella de carbono mucho más baja que la banana”.

Desde Asprocan “esperamos que se entienda (...) que no lo hemos buscado nosotros para lucrarnos, sino todo lo contrario, porque esto lo que hace es que haya menos ingresos al productor porque hay menos volumen de producción”.

Los datos

En general, la tendencia de la evolución del precio del plátano en este 2025 ha sido alcista.

Mientras que el precio en esta época del año ha rondado los 1,57 euros/kilo y 1,65 euros/kilo, el año pasado en este mismo periodo su coste era de alrededor 1,2 euros/kilos, según los datos del MAPA.

En total, el último avance publicado por el Ministerio de Agricultura apunta a una producción de plátano de 417.596 toneladas, es decir, un 1% menos que la campaña anterior, pero un 1% más que la media de las últimas cinco.

En cuanto al comercio exterior, los últimos datos acumulados de la campaña (de enero a marzo de 2025) apuntan a un descenso de las exportaciones de plátano del 26,8% respecto al año anterior y del 19,3% si se atiende a la media de las últimas cinco campañas.

Además, según el Departamento, en estos primeros meses la menor oferta debido a las inclemencias meteorológicas ha provocado un descenso en las ventas al exterior, que en el conjunto de la campaña suponen el 23% de la producción de plátano.

En este contexto, la falta de oferta nacional ha conllevado un aumento de las importaciones en estos primeros meses del año, especialmente de Costa Rica que supone el 57% de las compras nacionales al exterior, y ha crecido en estos tres meses un 29% respecto a la media.

La historia de la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria, que dirige Candelaria Rodríguez, dejará de escribirse en sus instalaciones centrales del barrio lagunero de San Benito, su sede social de toda la vida que ya ha pasado a otras manos en forma de futuro solar. Este acogerá un nuevo proyecto urbanístico promovido por el comprador de esos terrenos: el grupo riojano Aransa.

A partir del 31 de mayo pasado (sábado), los servicios de supermercado y de carnicería han echado el cierre de manera definitiva, mientras que la venta de piensos y forrajes sí se seguirá realizando, pero ya en otro emplazamiento, esta vez en la calle de La Montañeta, 7, La Esperanza, tal y como ha indicado el consejo rector de esa cooperativa de forma oficial. Esta última actividad mercantil arrancó el 2 de junio, lunes, en ese nuevo domicilio.

En la nota informativa trasladada a los socios cooperativistas y a su clientela, al menos la colocada en la puerta principal de acceso a sus antiguas instalaciones, la cooperativa asegura que la decisión adoptada “ha sido difícil y queremos agradecerles sinceramente el apoyo y la confianza durante todos estos años. Ha sido un orgullo servirles con productos locales y de calidad. Gracias por habernos acompañado”, se remata el comunicado.

La clausura de la sede social y principal área de actividad mercantil, hasta ahora, de la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria se produce tras la compraventa de esa misma finca por tres millones de euros por parte del grupo riojano inmobiliario Aransa. Esa cantidad dineraria fue la fijada para el traspaso de la propiedad y aprobada en asamblea de la citada cooperativa de 27 de diciembre pasado, junto con otra partida añadida de 90.000 euros en concepto de comisión vinculada a la operación de compraventa (el 3% del valor final de venta).

La confirmación de la entrega definitiva de la finca urbana donde la Cooperativa La Candelaria tenía sus instalaciones principales significa que la rúbrica final de la transacción se realizó con éxito y, de ahí, la posterior entrega de la infraestructura, o mejor, del suelo en que se prevé edificar las viviendas por la citada promotora. Esta operación económica ha sido clave para salvar a la mencionada cooperativa de su quiebra.

En una información reciente servida por este periódico digital, Candelaria Rodríguez afirmaba que la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria estaba preparando un plan de viabilidad económica para aplicar en la nueva etapa de gestión, la que ya se ha iniciado tras la salida del barrio de San Benito en La Laguna. Ese programa, reconoció Rodríguez, contempla un ajuste de plantilla y la pérdida consiguiente de puestos de trabajo, que en parte ya se ha producido. Rodríguez dijo entonces que la destrucción de empleo no sería muy amplia.

En este nuevo ciclo de operaciones, el propósito de la sociedad cooperativa es solo centrarse en las actividades que se puedan atender de forma óptima, con planteamientos que sean seguros, avanzó la presidenta.

La Cooperativa del Campo La Candelaria, una entidad de economía social histórica en las islas dentro del ramo de la ganadería y durante muchos años presidida por Pedro Molina, ha perdido en los últimos tiempos sus principales activos de producción, algo que ha respondido a la necesidad de salvar hondas crisis económico-financieras.

A la venta de sus instalaciones de siempre dentro de la ciudad de La Laguna, las de San Benito, cuyo solar ya ha adquirido el grupo Aransa, antes se unió el traspaso de la fábrica de piensos de El Ortigal, ahora en manos de Cereales Archipiélago, entre otros tantos fracasos de gestión.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha afirmado este martes que será “muy complicado” exportar vino canario a Estados Unidos si se cumplen las “amenazas” arancelarias del presidente, Donald Trump, por lo que confía en que finalmente se imponga el “sentido común”.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha señalado que Estados Unidos representa el 32% de las exportaciones de vino isleño, unas 140.000 botellas anuales, y si fijan esos aranceles, el coste subiría hasta un 200% aproximadamente.

No ha ocultado que el vino será “el gran afectado” si entran en juego los nuevos aranceles, dado que los bodegueros canarios lo han hecho “muy bien” en los últimos años exportando un vino “de autor, gourmet”, y que además “se paga bien”.

Ha indicado que Estados Unidos es un mercado de “muchísimos millones de habitantes” y aún se puede se explotar “mejor” pero ha avisado de que sería “muy delicado” para el vino canario superar el “hándicap” de la doble insularidad y la ultraperiferia si se imponen nuevos aranceles.

No obstante, ha insistido en lanzar un “mensaje de tranquilidad” a los bodegueros, en línea con lo manifestado este lunes por el ministro de Agricultura, Luis Planas, en conferencia sectorial, dado que empresas estadounidenses también van a ver mermadas sus exportaciones, por ejemplo con el caso del cereal.

“Aquí salimos perjudicados todos, creo que esa política no beneficia a nadie. Evidentemente estamos de acuerdo que algún tipo de arancel para compensar alguna cuestión puede ser normal, pero esta política abusiva creo que no”, ha señalado.

Por ello el consejero espera que “impere la cordura y la sensatez” porque sería “una pena” que los aranceles afectarán a los vinos canarios, que tienen un posicionamiento “muy positivo” en el mercado estadounidense.

Francisco Linares, del Grupo Nacionalista, ha alertado de un “caos” en el comercio mundial si se confirman las amenazas de aranceles de Estados Unidos y la UE, y no ha ocultado que si los aranceles se fijan en la “locura” del 200%, será “el principio del fin”.

“Ningún exportador de vino puede hacerle frente a los aranceles del 200%. Cuando se impusieron del 25%, los exportadores asumieron un 10%, los importadores otro 10% y el consumidor un 5%, y así todo sufrió un impacto importantísimo”, ha señalado.

Linares ha defendido que “alguien tendrá que poner freno” porque a los propios importadores de los Estados Unidos este incremento de los aranceles no le viene positivo en “absolutamente nada”, con botellas de vino canario que se venden a 50 o 60 dólares.

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha afirmado este lunes que el precio del plátano canario ha bajado un 35% desde su punto más alto a mediados de 2022, y ha indicado que los productores han sido los principales perjudicados.

En un comunicado, Asprocan ha señalado que 2022 finalizó con una “pronunciada” curva descendente en cuanto al precio al consumidor del Plátano de Canarias.

El pico máximo se alcanzó en agosto, con un precio medio de 3,29 euros/kilo de precio medio en la Península, para llegar al actual, establecido en 2,05 euros el kilo, de media, el 18% menos si se compara con el precio de enero de 2022, ha añadido Asprocan.

Explica que la pérdida de más de 70 millones de kilos de producción con motivo de la erupción volcánica en La Palma en 2021 tensionó el mercado del plátano durante buena parte de 2022.

Sin embargo, agrega, la recuperación de parte de la producción perdida por la erupción del volcán de La Palma gracias a un clima con temperaturas más elevadas de las habituales en el último trimestre de 2022 ha generado una caída muy rápida y significativa de su precio; una caída que, según Asprocan, no ha sido equilibrada, pues afecta principalmente a los productores, debido a la falta de agilidad en el traslado de la reducción de precios en origen a los precios al consumidor, lo que está generando fuertes pérdidas a los productores.

Asprocan apunta que, a pesar de que se espera que la subida de precios de los alimentos en general se mantenga en el comienzo de año, los plátanos de Canarias materializan una bajada del 35% de su precio desde su punto más alto a mediados de 2022.

En palabras de Domingo Martín, presidente de Asprocan, “como consecuencia de la pérdida de producción causada por la erupción de La Palma y los altos precios derivados de la misma, en 2022 fue inevitable una pérdida de cuota de mercado en favor de la banana, que salió beneficiada del ensanchamiento de la demanda que habíamos venido logrando en los últimos años”.

Domingo Martín ha añadido que “no ha sido hasta final del año cuando comenzó a reducirse el precio en los puntos de venta, a pesar de que los productores ya percibían un precio sustancialmente inferior meses antes”.

Y considera “imprescindible” que los cambios de precios en origen se vean repercutidos al consumidor de forma rápida y con márgenes más razonables para todos los eslabones de la cadena“.

El último observatorio de precios de alimentación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) constató una subida del 9,4% en el coste de la cesta de la compra en España en el último año, con incrementos de hasta el 40% en el plátano de canarias. Y el Instituto Nacional de Estadística registró una subida interanual de la inflación del 8,4% en las Islas, derivada principalmente de los costes de la energía. “Subimos los precios porque nuestros proveedores nos los incrementan; tanto la producción primaria como el sector industrial lo han tenido que hacer y se traslada al consumidor, evidentemente”, explica Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), a la que pertenecen Hiperdino, Mercadona o SPAR, que aglutinan el 65% de la cuota de mercado de la alimentación en el Archipiélago.

“Toda la cadena alimentaria está tensionada, en cualquier de las partes. A todos nos han subido los costes por la energía”, asegura Fernández. Esta percepción la comparte también la Asociación Canaria de Medianas y Pequeñas Empresas de Distribución (Asodiscan), que representa a Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés. El secretario general de esta última patronal, Alfredo Medina, dice que en la comercialización del producto final siempre intentan no transmitir en los precios al consumidor los incrementos que se dan tanto en los suministros (la factura de la luz), como en el aumento de los precios de los distintos proveedores“. Y asegura que está repercutiendo ”en el margen comercial“ porque, añade, considera que no pueden pagar menos a los productores, quienes ”hacen un esfuerzo para no transmitirnos el 100% del incremento“.

En el otro lado, en los agricultores y ganaderos locales que venden sus productos en las Islas, sufren también las consecuencias del incremento de la energía, que aumenta los gastos en las explotaciones, a lo que se suma las fluctuaciones de la oferta y la demanda y, dicen, el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que dicta que ningún profesional debe cobrar por debajo del coste de producción. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) demandó a la Consejería de Agricultura del Gobierno regional que velara por el cumplimiento de la normativa y que se redistribuyera a lo largo de la cadena el incremento de los costes.

La Consejería se comprometió a cumplir esa medida, anunciada el pasado 10 de marzo, pero Rafael Hernández, secretario general de COAG Canarias, asegura más de un mes después que “la Consejería de Agricultura no tiene voluntad política de aplicar la Ley de la cadena alimentaria en Canarias” porque “tiene miedo a las cadenas de supermercados y no tiene el valor de defender a los consumidores canarios y a los agricultores y ganaderos que producen alimentos”.

Según el Observatorio de Precios de Canarias, hay productos como el aguacate que incrementó el doble su precio desde el origen hasta el destino, recibiendo el agricultor 2,50 euros y vendiéndose en lineales a 5,46 en diciembre de 2021 (último mes en el que cuentan con datos en toda la cadena para este producto). Sucede algo similar con otros cultivos como el plátano, la berenjena, el calabacín o el tomate, también en diciembre de 2021 o enero de 2022.

COAG también elabora una recopilación de precios tanto en origen denominado IPOD, que recopila en el Mercalaspalmas y Mercatenerife, y compara con los que ve en los lineales de los supermercados. En marzo de este año, establece una media de 2,16, es decir, el consumidor pagó más del doble de lo que recibieron los agricultores; si bien cabe aclarar que de los 23 productos analizados (seis de ganadería y 17 agrícolas), hay productos en los que la diferencia es más escasa (como el tomate, con precio en origen de 1,35 y en destino de 1,38 euros) y otros, como el puerro, donde el agricultor percibió 0,63 céntimos y en los lineales el kilo ascendía hasta 6,08 euros. Entre un precio y otro, está el margen que obtienen los intermediarios.

“Esto no debería ser así. Los agricultores están cultivando tres, cuatro, cinco o seis meses para obtener una cosecha, invirtiendo mano de obra, agua, energía, semillas, gasoil… y en una semana, que es cuando se realiza la comercialización, se multiplican por el doble los precios del origen al consumidor”, sostiene Hernández. En este punto, añade que “el mensaje que transmite este dato es que si a lo largo de la cadena alimentaria hay algún desajuste, lo pagan los consumidores con unos precios altos y lo sufren los agricultores con unos precios bajos. Pero el margen para el resto de la cadena aumenta, está desproporcionado”.

Desde la distribución y la comercialización, el secretario general de Asuican asegura que compran sus productos de alimentación “a la industria” que los transforma y es quien les pone los precios. Y, cuando se contacta directamente con un productor, indica que “no podemos comprarle por debajo del coste que él dice que tiene la producción porque lo establece la ley, que apoyamos, y está sancionado hacer lo contrario”. En el caso de que se den estas prácticas, Medina recuerda que existe la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para denunciarlo.

Por su parte, el secretario general de Asodiscan dice que respalda la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero niega que el distribuidor sea el problema. “El problema está en la intermediación, hay un montón de eslabones entre el productor y nosotros, que mayormente nos suministramos de producto local a través de cooperativas y los mercas”, señala Fernández. En aquellas relaciones directas entre productor y supermercado, remarca que se pueden encontrar los dos extremos: “Una en la que el agricultor está satisfecho porque entiende que le están pagando un precio justo por su producción y la situación opuesta”.

Desde COAG, Hernández demanda “evitar abusos”, que haya unos “márgenes razonables a lo largo de la cadena alimentaria y que en ningún caso el agricultor o ganadero perciba un precio por debajo de lo que le cuesta producir”, porque si no se aplica inmediatamente, en el caso del sector ganadero, “desaparecerán muchos”, asfixiados por el incremento de los precios para la alimentación animal. Y para ello, considera necesario que la Consejería de Agricultura arme un organismo similar a la Aica de ámbito regional. Para ilustrarlo, expone un ejemplo: “Nosotros tenemos unas leyes de seguridad vial; ¿si no estuviera la Guardia Civil de Tráfico la gente cumpliría las normas? Si no has creado el órgano ni tienes los medios para hacer que la gente se ponga el cinturón, que no conduzca borracha, que no se pase de la velocidad limitada…”.

Amable del Corral, presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), enmarcada en la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de ámbito estatal, recuerda que la Aica es quien debe velar porque se cumplan los contratos, hacer las inspecciones e imponer las sanciones precisas. Pero en la práctica, dice que lleva a cabo expedientes, “pero no los suficientes” y al agricultor que le paguen por debajo de los costes de producción, solo tienen la opción de acudir a la Aica, que está en Madrid.

Y, en este sentido, señala que la Ley prevé que la Consejería de Agricultura pueda crear “una Aica en el ámbito regional” que permitiría, a su juicio, “mayor cercanía”, y más control en los eslabones de la cadena alimentaria, como “un órgano inspector”. Además, considera que posibilitaría mayor transparencia en los expedientes, es decir, conocer a quien se sanciona y por qué, para publicitarlo y evitar las prácticas, porque en la actualidad, “dicen que hasta que no finalice el proceso judicial, no se puede dar información al respecto”.

“Queremos que se ponga la Ley de la Cadena Alimentaria a funcionar, se exijan los contratos y haya un órgano inspector”, demanda el presidente de Palca. “El primer eslabón es el productor, el último el consumidor y yo entiendo que no se le suba el precio en los lineales, pero en medio hay varios eslabones en los que se pueden aclarar las cosas y que repercuta más precio en el productor sin llegar a encarecer la cesta de la compra”, por ejemplo, “bajando el porcentaje de ganancias que pretenden los distribuidores”, añade.

Pero “aquí no se ha hecho nada ni se piensa hacer”, lamenta Amable del Corral, quien se muestra muy critico con la labor de Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias: “No podemos esperar mucho de su gestión”.

La Asociación de Agricultores y Ganaderos (ASAGA Canarias ASAJA) avisa este viernes de que las fábricas de pienso de las islas se encuentran en una situación “crítica y preocupante” ante la imposibilidad de importar cereales y otros aditivos (carbonato y correctores), necesarios para la elaboración de las raciones de los animales, debido a la huelga de transporte de mercancías que ya suma su cuarto día en la Península.

Los fabricantes de pienso aseguran que, debido a las limitaciones de almacenaje en las islas, solo disponen de stock para una semana y que, de continuar, con este desabastecimiento de materias primas, se verán obligados a cerrar de manera inmediata con las consecuencias “nefastas” que acarrearía a la ganadería local, a su bienestar, a la salud de los animales, así como al consumo humano.

Ante este hecho, ASAGA Canarias insta al Estado y al Gobierno de Canarias a tomar las medidas oportunas, “con la mayor celeridad y contundencia posible”, para desbloquear la salida desde los puertos peninsulares y garantizar el suministro de estos insumos que, no solo afecta a la alimentación animal, sino también a la humana como ya sucede con productos como la leche, frutas, verduras y pescado.

“Lamentablemente nuestra elevada dependencia del exterior convierte a Canarias en un territorio más vulnerable, todavía si cabe, en circunstancias como las actuales. No solo es un grave perjuicio económico en toda la cadena de valor, desde el sector primario, la industria y la distribución, sino que pone en peligro nuestro abastecimiento alimentario”, detalla la presidenta, Ángela Delgado.

ASAGA Canarias subraya también que el panorama actual comienza a ser “insostenible” para las empresas del sector que, además de sufrir un desabastecimiento regular, padecen el encarecimiento de las materias primas, la crisis energética y el alto precio de los combustibles, motivo por el que se ha desencadenado la huelga.

“Manifestarse es un derecho, pero no puede ir aparejado a actos violentos que paralicen los servicios mínimos. El Gobierno tiene que mostrarse firme y resolver este conflicto ya”, señala en una nota.

Respaldo al sector platanero

ASAGA Canarias respalda la decisión de los productores de plátano de Canarias de no recoger fruta a partir de la próxima semana ante el bloqueo que está experimentando la distribución en la Península.

Asimismo, también demanda al Ministerio de Agricultura que se habiliten las medidas de salvaguarda necesarias para que la actividad no se paralice por más tiempo y evite así una quiebra económica del sector.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha presentado este lunes, 21 de febrero, el Observatorio de Precios Agrarios, una iniciativa que se pone en marcha con el objetivo de “garantizar la transparencia e información actualizada para todos los agentes implicados en la cadena de suministro, desde las empresas productoras hasta los consumidores”.

La consejera, Alicia Vanoostende, junto a la jefa del Servicio de Estadística, Yenis González, explicó que la puesta en marcha del Observatorio surge ante la necesidad de continuar avanzando hacia el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y que esta herramienta “pretende tener una información actualizada sobre los precios medios de los productos agrícolas, con bases de datos que permiten hacer comparativas interanuales e intermensuales”.

“La monitorización mensual y continua de los precios, con el máximo rigor y transparencia, permitirá tomar decisiones correctas para mantener el equilibrio entre el precio que asumen los consumidores y la retribución que obtienen los productores”, ha explicado. Asimismo, “viene a ordenar toda la información disponible y a mejorar el acceso a los datos, favoreciendo la creación de la Estadística de Precios Agrarios”.

Añadió, además, que el Observatorio de Precios Agrarios “contribuirá a garantizar la mejora de la soberanía alimentaria del Archipiélago y servirá para definir las políticas agrícolas de las islas. Vanoostende puso en valor el trabajo de campo realizado por Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), encargada de la realización de encuestas a pie de tienda para el cálculo de estos precios medios.

A través del Observatorio se realiza una operación estadística, denominada Encuesta sobre la Recogida de los Precios en Destino y de los Precios al Consumidor. En ella se estudia la evolución de los precios y los márgenes comerciales de los productos agrícolas de origen canario. Incluye todas las fases, desde la producción y primera comercialización, hasta que un consumidor lo adquiere en un establecimiento comercial, ha detallado la Consejería.

La metodología para elaborar la Encuesta sobre la Recogida de los Precios en Destino y de los Precios al Consumidor ha sido diseñada por el Servicio de Estadística del Gobierno de Canarias, seleccionando una muestra representativa del Archipiélago en la que se han elegido los municipios en cada una de las islas con mayor representatividad desde el punto de vista estadístico.

La Encuesta recoge también los precios de comercialización en cadenas de supermercados, grandes superficies, pequeños comercios, mercados y fruterías. En total se han estudiado 200 superficies comerciales. Los datos se han obtenido a través de un cuestionario que recoge 32 productos agrícolas canarios y sus respectivas variedades. Se está trabajando para incluir productos ganaderos como la leche caprina, ovina y bovina, indica el departamento dirigido por Vanoostende.

El Observatorio se materializa a través de un apartado en la web de la Consejería, desde el que se puede consultar la estadística de precios agrícolas. En él aparecen los principales productos cultivados en Canarias desde septiembre de 2020.

Algunos de los 32 productos encuestados son la papa, el berro, la calabaza, las fresas, los tomates, el plátano, la piña tropical y el aguacate. Yenis González recordó que se trata de productos cultivados en la Comunidad Autónoma de Canarias y, por lo tanto, no se incluyen productos importados.

Esta web ofrece datos de la evolución de los precios medios por productos e islas y se indican los precios en origen, en establecimientos de venta al por mayor y en venta al público. También se pueden comparar productos. De esta forma, la Consejería pretende poner a disposición de productores y consumidores cómo han evolucionado los precios en los últimos meses, dotando de mayor transparencia al mercado.

Mantener y ampliar el puente entre los productos frescos de Gran Canaria y los colegios y las organizaciones no gubernamentales. Es el deseo de Cosecha Directa, una de las cooperativas agrarias que durante más de un año ha trabajado incansablemente para llevar alimentos del campo a escolares con cuota cero y entidades como Cruz Roja o Cáritas. Bajo el paraguas del Cabildo de Gran Canaria, se llevó a cabo la iniciativa denominada ‘Canal Sector Primario Social’, con el objetivo de dar salida a papas, calabacines o quesos que no tenían cabida en el mercado. Pero también para mitigar la situación de personas en situación de vulnerabilidad. Finalizará el 31 de diciembre de este año, pero Antonio Suárez, presidente de Cosecha Directa, ve en este proyecto un camino para dar estabilidad el sector primario que, además, fomenta la economía circular y revierte en la sociedad.

La cooperativa, que aglutina a unos 200 agricultores y ganaderos que gestionan 2.000 hectáreas en Gran Canaria, ha sido una de las participantes en el programa desde que se creó en mayo de 2020. La pandemia condenó al campo, considerado sector esencial, a buscar vías alternativas para vender sus productos frescos. El cierre del canal Horeca llevó a agricultores y ganaderos que no podían colocar sus alimentos en las grandes superficies a reinventarse con iniciativas como la venta a domicilio para subsistir y evitar desechar su producción. La corporación insular ideó el proyecto para mitigar esta situación, la de los escolares con cuota cero y de las personas que acuden a las ONG en busca de alimento.

El Cabildo, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno regional, firmó un contrato de emergencia por 1 millón de euros para enviar alimentos a los escolares que no pudieron tener acceso al comedor de los centros tras su cierre desde mayo a septiembre. La empresa pública Gestión del Medio Rural, la cooperativa Cosecha Directa y mercados agrícolas se encargaron de toda la logística: detectaban los excedentes de los productores y, en función de lo recogido, se elaboraba un menú consistente en frutas y verduras, pero también leche y queso fresco. 

En los cinco meses que duró la iniciativa se recogieron 360.000 kilos de productos excedentarios y se entregaron en total 23.534 cestas con 15 kilos de alimentos a familias repartidas en 180 centros y nueve residencias escolares de 20 municipios. “Todos, excepto Artenara, donde no se precisaba esta ayuda”, explica el director de Soberanía Alimentaria de la Cabildo Insular, Alejandro Báez. Las entregas se realizaban cada 15 días, y los contenidos de las cestas se diseñaban semanalmente. Este proyecto finalizó ante el comienzo del nuevo curso escolar, ya que el Gobierno regional es la administración encargada de gestionar los comedores públicos.

La atención a los alumnos quedaba resuelta, pero el campo seguía produciendo más de lo que podía vender. Por ello, el Cabildo también decidió fijar otra línea de trabajo destinada a ONG. El procedimiento elegido fue la subvención nominativa concedida a cuatro ONG o asociaciones (Cruz Roja, Banco de Alimentos, Asociación Social Oportunidades de Vida y Cáritas) y dos comedores sociales en Las Palmas de Gran Canaria (Nuestra Señora del Carmen y Sor Lorenza).

En 2020 se otorgaron 804.500 euros que supusieron la entrega de más de 1 millón de kilos de productos frescos. Al año siguiente, se ha destinado otro medio millón de euros, pero los fondos se ampliaron con otros 473.300 euros que fueron aprobados en una sesión plenaria celebrada el pasado mes de mayo en el Cabildo de Gran Canaria. En total, las subvenciones suman cerca de 1,8 millones de euros. “El primer trimestre de 2021 ha sido muy duro y las ONG nos advirtieron de que la primera partida de 2021 duraría hasta junio”, explica Báez, quien matiza que la vía elegida para financiar la iniciativa ha estado validada por “asesoría jurídica e intervención”. Esto supondrá que lleguen a las ONG 1,2 millones de kilos de productos locales hasta el 31 de diciembre. 

El director de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria precisa que aunque las subvenciones se asignan a las ONG, estas no son las encargadas de comprar el alimento, tan solo de recibirlo. Semanalmente, Cruz Roja o el Banco de Alimentos trasladan a la corporación insular sus necesidades y su capacidad de almacenamiento; la administración pregunta a las cooperativas, asociaciones o empresas por los excedentes disponibles y se elaboran las entregas. 

Al igual que para los comedores escolares, la logística corre a cargo de los proveedores. Báez expone que el volumen de pagos en función de la demanda cada 7 días ronda los 19.000 euros, en un total de unas 40 facturas. Y estas son endosadas a la subvención otorgada a cada una de las ONG sociales.

En total, el Cabildo de Gran Canaria estima que de forma directa o a través de sus asociaciones, se han beneficiado unos 500 agricultores y ganaderos. La cooperativa Cosecha Directa ha facturado un total de 691.568 euros desde mayo de 2020 y ha suministrado más de la mitad de los 2,7 millones de kilos que han sido entregados en el marco del programa. Además, detalla que los gastos de gestión de logística se ha situado en 2,5 céntimos de media por kilo y el precio medio que ha pagado la administración insular por la misma cantidad ronda los 0,75 euros. 

Como ejemplo, Suárez expone que si un kilo de papas se ha vendido a 1 euro, el agricultor ha recibido 0,97 euros y la cooperativa 0,025 euros. “Y este dinero se usa para el transporte, el personal, la infraestructura”, remarca. Por ello, Suárez asegura que la cooperativa nunca se ha pagado por debajo del coste de producción. A su juicio, la iniciativa ha propiciado “el cooperativismo y la unión del sector” y la ve como “uno de los caminos para favorecer el emprendimiento y dar estabilidad en el sector primario que, además, revierte en la sociedad”. El presidente de la cooperativa considera que “habría que plantear proyectos futuros para encaminarnos hacia esta economía circular”.

Aunque el director de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria comparte la visión de Suárez, subraya que se trata de un proyecto circunstancial ante una situación de emergencia. “Esperemos que esto no sea una necesidad continuada en el tiempo y que el sector primario recupere poco a poco la cuota de comercialización normal que teníamos en febrero de 2020. Algo estamos haciendo mal si dentro de dos años seguimos comprando producto excedentario al sector primario”, señala.

Además, recuerda que el Gobierno de Canarias es quien se encarga de los comedores sociales y, en este sentido, trae a colación el proyecto de ecocomedores, en el que se ofrece en el menú alimentos ecológicos. De hecho, el Cabildo colabora con una subvención anual de en torno a 30.000 euros para cubrir los gastos de transporte hasta los centros. “Un comedor público siempre debería tener producto local, pero cuando se hace una oferta para contratar el catering en colegios es muy difícil obligar a que las empresas lo ofrezcan al 100%”. Y respecto a las ONG, considera que lo ideal es que también recurran al kilometro cero, pero “eso dejará de ser competencia” de la administración insular.

Sin embargo, Báez no descarta que el proyecto se convierta en un canal de comercialización estable, como ha sucedido con el portal Gran Canaria Me Gusta, una iniciativa lanzada durante la pandemia para vender producto local por internet gestionado por el Cabildo. El objetivo, dice, es “abrir más canales de comercialización para el sector primario”, porque el coronavirus ha puesto de manifiesto la alta dependencia del sector de los hoteles o la restauración.

A la segunda, el Gobierno de Canarias espera que vaya la vencida. El deseo de exportar producto local de las islas al continente europeo se enmarcaba como uno de los ejes de la Consejería de Agricultura para abrir más canales de venta al sector primario. Que los vinos volcánicos de Lanzarote o el mojo picón que acompaña a las papas arrugadas pudiera estar en las mesas de peninsulares en un clic fue un objetivo marcado por la anterior administración regional de Coalición Canaria. Con este fin adjudicó un contrato a Atos Consulting por valor de 359.890 euros en mayo de 2019 y con un plazo de ejecución de un año. Se bautizó como el “Amazon canario” por la propia contratista. Pero más de un año después, no existe nada de dicho proyecto. Este 2021, la entidad pública Gestión del Medio Rural (GMR), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca (PSOE), volvió a sacar otro concurso, esta vez por valor de 1,4 millones y con un periodo de ejecución de 5 años, para que otra entidad realizara la misma labor, con algunas diferencias. 

“Esperamos que esta vez salga bien”, dice el gerente de GMR, Pablo Zurita. El anterior contrato de servicios para la implementación de un canal de venta on-line de comercialización de productos agroalimentarios con origen en Canarias fue resuelto en mayo de 2020 por “incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones esenciales del acuerdo”. En concreto, el consejo de administración de la empresa pública ratificó la decisión por la demora de la adjudicataria para desarrollar, aunque fuese parcialmente, las labores encomendadas en las bases, vulnerando la Ley de Contratación del Sector Público.  

La misma normativa establece que GMR es una sociedad mercantil vinculada a la Administración y tiene potestad resolver contratos sin acudir a los tribunales en base a las determinaciones del derecho privado. Por ello, la resolución deducía que Atos Consulting debía abonar el pago de 310.306 euros por fianza e indemnización por daños y perjuicios causados. Casi 180.000 euros por las facturas emitidas por la adjudicataria por un servicio no prestado; 100.000 euros por “el daño reputacional” a la empresa pública, que reconocía la importancia de cumplir para ayudar al “desarrollo del sector primario”. Y otros 30.361 euros por lo que se estimaba que hubiera obtenido GMR por las ventas.

La sociedad pública impuso de plazo hasta el 31 de mayo de 2020 para el abono de dichas cantidades, pero Zurita asegura que Atos Consulting aún no ha procedido y advierte que acudirá a los tribunales para reclamar el pago, que será mayor por “los intereses”. A pesar del contratiempo, GMR decidió sacar otro concurso similar, publicado el 27 de noviembre de 2020 y con un plazo de presentación de ofertas hasta el 30 de diciembre. Concurrieron dos empresas, pero una fuera de plazo. Atos Consulting no se presentó, pero sí recurrió el 22 de diciembre la licitación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma.

En su recurso, la empresa consideraba que la nueva licitación recogía un objetivo “íntegramente coincidente” con la implementación de un canal de venta online que le fue encomendada en 2019. Pedía la suspensión cautelar del procedimiento porque estimaba que su contrato con GMR aún estaba vigente al no haber resuelto un órgano judicial su finalización, a pesar de la resolución por incumplimiento emitida por el órgano de contratación. Además, añadía que podía reanudar los servicios “tan pronto como GMR lo desee”. Este periódico se ha puesto en contacto con Atos Consulting, pero no se ha pronunciado sobre el asunto.

En febrero, el Tribunal notificó a las partes su desestimación del recurso de suspensión cautelar porque no apreció que existieran elementos de juicio suficientes para adoptar esta medida. Además, estimó que el recurrente podía haber participado en la nueva licitación y que esta es distinta del contrato adjudicado a Atos Consulting. El órgano notificó su resolución a las partes el 9 de abril, entrando a valorar el fondo del asunto: que el contrato sacado a concurso en 2018 para crear un canal de venta está resuelto en base al expediente emitido por GMR. Que si la recurrente no estaba de acuerdo con esa forma de finalizar el acuerdo, debe impugnar por la vía jurisdiccional civil. 

El Tribunal entiende que Atos Consulting “no puede pretender que se anule el nuevo contrato, que además tiene un objeto diferente y mucho más amplio que el anterior, y paralizarlo esgrimiendo cuestiones ajenas al expediente”. Y considera que el objeto del contrato sacado a concurso en noviembre de 2020 “resulta necesario” y no aprecia duplicidad de gastos para un mismo fin.

Un nuevo Amazon canario

Un mes después de que el Tribunal desestimara la suspensión del procedimiento, el contrato de servicio para la gestión de un canal de venta on-line de alimentos producidos en Canarias fue adjudicado a la empresa canaria Fresh Commerce Solutions SL, por 238.000 euros al año durante 5 años. La entidad adjudicataria subcontrató a Arcos Comunicación y conformaron la UTE Canarian Market para desarrollar la iniciativa. Con este nombre se ha bautizado al proyecto, que fue anunciado el 30 de abril por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. El contrato establece que debe estar operativo el próximo 9 de junio, con 60 productos en oferta como mínimo, que van desde el gofio a la miel, vinos, dulces o incluso platos preparados envasados.

Hasta ahora, se creado el dominio de la web en el que se puede ver una presentación de la iniciativa y se facilita la participación a aquellos productores que lo deseen. En dicha página, se define a la marca como un “market place” similar a “Amazon, Ebay, AliExpres o Carrefour”. A diferencia del anterior contrato, en el que la empresa adjudicataria ponía en marcha el canal de venta y GMR comercializaba bajo su marca, la UTE se hace cargo de la operatividad de la plataforma digital. También será responsable de las operaciones logísticas de transporte o almacenamiento en un centro logístico de Península, así como las obligaciones fiscales, las campañas promocionales, una aplicación móvil y la atención al cliente.

El productor de Canarias que desee participar fijará su precio y los costes derivados del envío de las islas al continente los sufragará el comprador. Como ejemplo, la UTE expone que la venta de dos cajas de vino a 100 euros tendría un coste de 249 euros para el comprador, al aplicarse el 21% de IVA (42 euros) y el pago por el transporte (7 euros). El vendedor recibiría 180 euros y Canarian Market, 18 euros (9% en el caso de bebidas y un 14% en el caso de alimentación).

El gerente de GMR remarca la importancia de que se haya establecido el contrato durante 5 años para que el proyecto pueda continuar sin depender de dinero público. Cuando finalice el acuerdo vigente, a entidad pública cederá al contratista el dominio utilizado como actividad económica privada, pero bajo unos requisitos previos. Se debe asegurar que la actividad funcione de forma correcta y que el adjudicatario no haya sido sancionado por incumplimiento (en los pliegos se detalla que GMR puede resolver el contrato e imponer una serie de penas si se vulneran los objetivos y los plazos fijados). Si la UTE decidiera seguir con el servicio, se firmaría un contrato de cesión por un periodo de otros cinco años que se podría rescindir en cualquier momento, reteniendo la garantía depositada, que sería devuelta una vez finalice el acuerdo pactado.

El mercadillo agrícola de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha estrenado este domingo sus instalaciones tras la reforma llevada a cabo por el Ayuntamiento con un presupuesto de 226.749 euros procedente de una subvención de la Consejería de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria.

Las nuevas instalaciones cuentan ahora con un pavimento renovado de 1.394 metros cuadrados y nuevas carpas y mobiliario que han sustituido las marquesinas anteriores. Además, se ha renovado la instalación eléctrica de baja tensión y se ha ampliado la red de abastecimiento, saneamiento, y de aguas pluviales. 

Asimismo, se ha ejecutado la mejora de la cantina del mercado, y se ha dotado a las instalaciones de medidas de protección antiincendios. De la misma forma, se ha instalado un nuevo sistema de sonido que permite ofrecer a los clientes un hilo musical para hacer su experiencia de compra más agradable. 

El nuevo suelo del mercado es de hormigón impreso coloreado para evitar los problemas anteriores de desconchamiento de la pintura. También se han instalado bancos, jardineras, y papeleras nuevas fabricadas con traviesas de madera ecológicas. Además, las zonas de sombra han sido reorganizadas para alcanzar los puestos del lateral oeste del mercado con carpas textiles resistentes a la intemperie y con un bajo impacto visual.

El Mercadillo Agrícola de San Lorenzo se celebra todos los domingos en horario de 8:00 a 13:30 horas al aire libre, y cuenta con 26 puestos que ofrecen productos agrícolas y ofertados por los propios productores.

Durante el período que ha durado la obra, se montaron 22 carpas de 3x3 metros para albergar los puestos, situados en un recinto cerrado montado en la parte del aparcamiento de asfalto exterior del mercado, en la calle Antonio Martel Rodríguez. 

El concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, y la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo Insular, Minerva Alonso, han sido los encargados de inaugurar las instalaciones, según ha informado el Ayuntamiento.

Quevedo ha explicado que “estos trabajos eran imprescindibles para dotar al mercado agrícola de San Lorenzo de las mejores instalaciones posibles, con el objetivo de facilitar a los vendedores el desarrollo de su actividad en unas condiciones óptimas y con las mejores infraestructuras”.

El concejal ha asegurado que “además de ofrecer productos locales y de calidad, el mercadillo agrícola desempeña un papel prioritario para el desarrollo del tejido económico de la ciudad, siendo una parte indispensable del sector primario capitalino y prestando un servicio de primera necesidad a los vecinos de la zona y a todos los ciudadanos”.

Alonso, que acudió al acto en representación del consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, ha destacado el “compromiso del Cabildo con los mercados de abasto y agrícolas de la isla, que incentivan el consumo del producto local”, y “la colaboración con el Ayuntamiento para llevar a cabo una reforma integral y muy necesaria de las instalaciones”.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha valorado este lunes la suspensión temporal de los aranceles del 25% de Estados Unidos a los productos de exportación europeos, como los vinos y quesos hechos en el Archipiélago.

De esta forma, ha asegurado Vanoostende en un comunicado, se abre “un horizonte de expectativas favorables para un sector agroalimentario regional que pagaba las consecuencias de conflictos ajenos a su actividad”.

Para Vanoostende, el mercado americano es importante para los productos, no solo por el valor de las exportaciones en sí mismas, sino también porque es un escaparate que posibilita saltar a otros mercados, por lo que esta decisión beneficia la presencia de las Islas en Estados Unidos.

En esta línea, la responsable regional de área apuntó que el valor de las exportaciones de vinos canarios a Estados Unidos, el principal producto de mercado, asciende aproximadamente a un millón de euros, siendo el promedio anual de casi 600.000 euros.

“Es fundamental defender los intereses de las empresas canarias en el exterior frente a una política arancelaria injusta que no tiene que sufrir el sector primario”, ha concluido.

La marca Plátano de Canarias ha puesto en marcha un nuevo canal de venta de fruta y verdura a domicilio denominado La frutería de tu barrio de Plátano de Canarias a través de un acuerdo firmado con la plataforma digital de envío a domicilio Glovo.

El acuerdo permite, por un lado, que las fruterías tradicionales entren en el delivery y adapten su negocio a los nuevos hábitos de consumo de los españoles y por otro, que los usuarios compren todo tipo de fruta y verdura ofrecida por las fruterías de barrio de su ciudad y recibirla en su domicilio, siempre que sea dentro de la misma localidad.

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias explica en un comunicado que es el primer sector hortofrutícola que se abre directamente al canal y el acuerdo con Glovo permitirá a los más de 5.000 comercios -actualmente miembros del Club de Fruterías de Plátano de Canarias- operar a través de la aplicación.

Para Domingo Martín, presidente de Asprocan, “el proyecto representa un impulso para el canal tradicional de fruterías y el comercio de proximidad español, y la atomización de los canales de comunicación y los cambios en los hábitos de consumo hacen necesario que innovemos y nos adaptemos a las nuevas necesidades de un cliente, cada día, más exigente”.

A su juicio, “estamos comprometidos con las fruterías y queremos ofrecerles un apoyo que vaya más allá de lo testimonial, que represente una verdadera oportunidad de negocio para ellos, con este acuerdo creemos que hemos puesto los medios necesarios y ahora esperamos que las empresas del sector den el paso y no desaprovechen esta oportunidad”.

Por su parte, Diego Nouet, director general de Glovo, asegura que “durante los últimos meses y, a raíz de la crisis provocada por la COVID-19, el apoyo al pequeño comercio ha sido una de las prioridades para Glovo”.

Esta nueva alianza con Plátano de Canarias, comenta, “no hace más que reforzar todo nuestro plan para seguir aportando valor y permitiendo entrar en el canal digital a las tiendas tradicionales de barrio”.

En esa línea, indica, “mercados, pescaderías y diferentes negocios locales se han visto beneficiados de este nuevo canal de venta y ahora les toca el turno a las fruterías de toda España”.

La Organización de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) ha expresado este martes su temor a que el Senado dé “carta libre” a la importación de banana de terceros países, lo que podría conducir a la destrucción “innecesaria” de millones de kilogramos de dicha fruta en las islas.

Asprocan indica en un comunicado que este miércoles tendrá lugar la votación en el pleno del Senado de una enmienda al proyecto de ley de la Cadena Alimentaria, que incluye una excepción “necesaria” al plátano de Canarias, que deriva del grave riesgo que la aplicación de algunos de los preceptos de la norma representaría para su producción.

De esta manera Asprocan alude a las particularidades del plátano cultivado en las islas como producto que sólo compite con producciones de terceros países y se desarrolla en condiciones de lejanía e insularidad excepcionales.

La medida excepcional se aplica particularmente a las condiciones de rigidez de adecuación de oferta y demanda, así como al establecimiento de la obligación de la fijación de un precio mínimo de venta para todas las transacciones y todas las categorías de plátanos por parte de las organizaciones de productores de plátanos de Canarias.

Pero advierte de que si bien esto último resulta aparentemente positivo, en una realidad de mercado libre como el actual sitúa al plátano de Canarias en una posición impuesta de “fuera de mercado”.

La norma favorecería así a la competencia de la banana de terceros países, provocando en consecuencia la bajada drástica de las ventas del producto nacional, al que se abocaría a una irremediable retirada de mercado de gran parte de su producción, añade.

Según Domingo Martín, presidente de Asprocan, la ley de la Cadena Alimentaria tiene unos objetivos necesarios, pero precisamente para el cumplimiento de su objetivo de protección de los productores el 100% del sector platanero de Canarias se ha pedido la excepcionalidad necesaria.

“Las características de nuestro sector son específicas, con competencia 100% internacional y ajena a toda norma europea. Confiamos en que todos los grupos políticos entiendan la situación particular de nuestro sector y acepte esta modificación, pues lo contrario sería actuar en beneficio de la banana. Algo incomprensible”, agrega.

Añade que los senadores de CC, ASG y PP, así como el grupo de Ciudadanos, solicitaron en la Comisión de Agricultura de la pasada semana la incorporación de una disposición adicional con la citada excepción para Canarias en la Ley de la Cadena Alimentaria, una propuesta a la que se sumaron PNV, ERC e Izquierda Confederal, y el sector solicita que se sume el grupo Socialista en el Senado en el pleno de mañana. 

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) ha afirmado que si la Unión Europea (UE) recorta las ayudas a las Regiones Ultraperiféricas (RUP), como las Islas, pondría en peligro al sector. Por ello, insta al Gobierno de España a incluir este tema en la agenda europea, ya que está en riesgo el futuro laboral de más de 15.000 familias, según afirma en un comunicado.

En este sentido, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias ha hecho especial hincapié en que esta semana es “muy importante” para la agricultura de las islas. “Si la industria turística canaria se ha visto seriamente dañada como consecuencia de la COVID, se corre el riesgo de que la falta de atención y, por tanto, de presión en Europa dé al traste con uno de los sectores clave para la economía y el empleo del archipiélago como es la producción de plátanos”, apuntó la organización.

Así, Asprocan considera que de no negociarse adecuadamente, estas ayudas corren el riesgo de reducirse más allá del límite, lo que “supone un riesgo para esta actividad económica que repercute en todos los canarios”.

Al respecto, el jueves y el viernes se celebra en Bruselas la reunión de presidentes de gobiernos comunitarios en la que se podría debatir, entre otros temas, si se mantienen los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a la Producciones Agrarias (POSEI).

Por ello, los más de 8.000 productores --agrupados en las 6 organizaciones de productores que representa Asprocan a través de la IGP Plátano de Canarias-- ha recordado a España que es de vital importancia poner en la agenda el mantenimiento de estas ayudas y liderar las negociaciones de estos días para evitar que Europa decida un recorte del 3,9% de los fondos destinados a las RUP.

Piden a Sánchez que lidere el debate

Los productores canarios han pedido expresamente y en varias ocasiones al presidente, Pedro Sánchez, que lidere el debate en el Consejo Europeo para que este indique de forma clara y expresa a la Comisión Europea que los fondos POSEI para las RUP se mantengan en el próximo septenio y que dichos fondos sean así consolidados en el presupuesto comunitario.

Por su parte, los fondos para las RUP representan tan solo un 0,01% del total de los fondos agrícolas comunitarios de la Política Agraria Común (PAC), cifra irrelevante (y que no se ha incrementado desde 2007) dentro de los presupuestos europeos en comparación con la necesidad y urgencia con la que las RUP requieren que estos fondos, por lo menos, se mantengan (a pesar del 20% de déficit que presentan como consecuencia de la inflación desde 2007) y que alcanzarían los 280 millones de euros tomando como referencia una ficha POSEI a precios actualizados.

En total, cada año, Canarias percibe 268 millones de euros de ayudas de Europa para proteger su agricultura, que “en algunos municipios de las islas supone más de un 40% del empleo”, afirma Asprocán.

De esta manera, el recorte planteado por Bruselas supondría 10 millones de euros menos anualmente para Canarias, que se convertirían en 20 millones de euros al año menos considerando el incremento de los precios desde 2013, añade.

La industria del plátano en España está 100% centralizada en las Islas Canarias y da empleo (directo e indirecto) a más de 15.000 familias, según datos de Asprocán. Al año se producen una media de más de 400.000 toneladas de plátanos que suponen más del 85% de las exportaciones agrícolas del archipiélago, con una contribución económica directa de más de 430 millones de euros.

Por último, cada día se exportan a la Península más de un millón de kilos con los que se compensa la dependencia del exterior de las islas y le permite un 10% de ahorro de costes de importación de productos básicos.

“El recorte en estas ayudas podría deprimir aún más la delicada situación económica que atraviesan las islas como consecuencia de la paralización del sector turístico con motivo de la pandemia por la COVID-19”, concluye Asprocan.

El Cabildo de Gran Canaria ha explicado que la Asociación de Ciudades y Territorios Vitivinícolas de España auditará y examinará la Ruta del Vino de la Isla en noviembre para su posible inclusión en el mapa nacional oficial de territorios donde el vino forma parte de su esencia, cultura y paisajes y se ha convertido en un reclamo turístico.

En un comunicado, la Corporación Insular asegura para lograr este reconocimiento se han involucrado casi 60 establecimientos entre bodegas, alojamientos, restaurantes, agroindustrias y comercios. Además, remarca que es socio desde febrero de Acevin, que ha ofrecido asesoramiento a la Institución en el proceso para homogeneizar servicios y productos en el marco de su sello, que cuenta además con el respaldo de Turespaña y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El consejero de Sector Primario de la Institución Insular, Miguel Hidalgo, ha explicado que se trata de integrar todos los recursos disponibles como una estrategia de desarrollo socioeconómico integral del territorio y de cooperación pública y privada

La fase de lanzamiento ha incluido diversos encuentros de trabajo para el diseño de experiencias y productos enoturísticos que se integrarán en la Ruta del Vino de Gran Canaria y que serán la demostración de una oferta caracterizada por la calidad, diversidad enológica que determina la propia variedad paisajística y climática de la isla.

Además, los talleres organizados han reforzado la cooperación y los vínculos entre los distintos modelos de negocio relacionados con el vino en Gran Canaria en el marco de este proyecto, que relanzará la difusión y el conocimiento de los vinos de la Isla. Para ello, se han asociado n el propio Cabildo como impulsor principal, AIDER, Vinigran, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Gran Canaria Natural y Canarias Activa.

En la nota, la Corporación Insular recuerda que ya se está tramitando la creación del ente gestor de la futura Asociación de la Ruta del Vino de Gran Canaria que velará para sacar el máximo partido a la figura, destinada a ser un gran escaparate no solo del sector vitivinícola sino del propio territorio y de la personalidad de su mundo rural.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Agricultura, ha solicitado a los ayuntamientos del archipiélago las autorizaciones de venta directa de productos agrícolas a través de mercados para “garantizar la higiene y la trazabilidad de la producción primaria agrícola”.

Así, en cumplimiento con el Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene de la Producción Primaria Agrícola y del Uso de Productos Fitosanitarios, los agricultores con una explotación agrícola en la que ejerzan una actividad económica deberán notificar a la Dirección General de Agricultura la relación de los recintos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) que conforman la explotación, el cultivo asociado a cada uno de ellos, y si realizan venta directa de su producción.

Asimismo, en el marco del protocolo establecido, con el fin de velar por la seguridad alimentaria, desde la Dirección General de Agricultura se realizan tomas de muestras en las explotaciones con actividad en la venta directa para el control de residuos de productos fitosanitarios y de contaminación microbiológica, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Al respecto, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, indicó que para realizar este programa nacional en el archipiélago se hace necesario establecer una serie de controles para comprobar su cumplimiento en las explotaciones agrarias de producción primaria, de tal forma que contribuye a mejorar la seguridad de los propios cultivos, de las tareas que se realizan, así como de la garantía alimentaria en el momento de colocar los productos a disposición de los consumidores.