El pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha aprobado este jueves personarse como acusación particular en las diligencias judiciales previas del Juzgado de Instrucción número 1 de La Orotava contra el alcalde, Juan Ramos (CC), por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Todo ello en relación con la cesión de las instalaciones municipales del Mirador de Mazapé a la Asociación de Airsoft El Atlántico.

La propuesta ha salido adelante con seis votos a favor de PSOE, AUP y NC, frente a tres votos en contra de CC y PP, detallan los socialistas de San Juan de la Rambla en un comunicado.

Todo ello días después de que esos mismos grupos hayan presentado una moción de censura al alcalde.

La portavoz municipal del PSOE, Gloria Méndez, argumenta que “el Ayuntamiento no puede limitarse a observar desde fuera” cómo se investigan unos hechos relacionados con la utilización de instalaciones de titularidad municipal sino que “debe actuar en defensa de sus propios intereses, con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto a la legalidad”.

Mediante auto de 18 de septiembre de 2026, notificado el 22 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 1 de La Orotava acordó incoar diligencias previas y practicar distintas diligencias de investigación. Juan Ramos está citado a declarar el próximo mes de diciembre, relata el PSOE.

Gloria Méndez ha expuesto en la sesión plenaria que “la apertura de diligencias previas no supone una condena ni acredita por sí misma la comisión de un delito. Pero sí significa que los hechos están siendo objeto de investigación judicial y que existen actuaciones que deben esclarecerse”.

Y ha indicado que con esta personación como acusación particular “no se trata de utilizar los tribunales como instrumento político. Se trata exactamente de lo contrario: de dejar que la Justicia investigue, de facilitar el esclarecimiento de los hechos y de evitar que el Ayuntamiento renuncie a defender los intereses públicos que tiene encomendados”.

El grupo Unidas se puede en el Ayuntamiento de La Laguna ha manifestado “su hondo pesar” por la reciente demolición de la conocida como Casa de D. Víctor Núñez Fuentes y ha reclamado el expediente del derribo, que ha calificado como “un nuevo golpe a la memoria histórica, arquitectónica y etnográfica del municipio”.

Según la documentación histórica disponible, aportada por la formaciónm este inmueble albergó en el siglo XVIII la residencia de verano del general D. Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana y, posteriormente, durante el siglo XX, fue sede de una de las bodegas de mayor prestigio de San Cristóbal de La Laguna.

Desde la organización señalan que es necesario actuar con mayor agilidad en los procesos de catalogación y actualización del Catálogo de Protección, de modo que se activen mecanismos de salvaguarda a tiempo “y se evite que bienes con una indudable significación histórica para nuestros pueblos y barrios desaparezcan para siempre”.

“La defensa del patrimonio histórico requiere prevención, procedimientos transparentes y actuaciones eficaces para evitar la desaparición de bienes que forman parte de nuestra historia colectiva”, afirma Carolina Castro.

Por ello Unidas se puede ha registrado formalmente una petición para acceder al contenido íntegro del expediente administrativo relativo a la Licencia de Demolición.

Mediante esta iniciativa, la formación asegura que ejercerá sus labores de control e información para examinar los informes técnicos, de urbanismo y de patrimonio que sirvieron de base a la resolución, así como el seguimiento de la ejecución de la licencia.

La secretaria de Organización de Coalición Canaria en Tenerife, Rosa Dávila, y el presidente del PP en la isla, Lope Afonso, han mostrado este miércoles el rechazo de sus formaciones a la moción de censura presentada por PSOE, AUP-SSP y Nueva Canarias en San Juan de la Rambla, ya que respondería a un “interés partidista y personal”.

En rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno insular, la presidenta y el vicepresidente insular han sido preguntados por la cuestión, sobre la que manifiestan su “incompresión” cuando se está a “apenas seis meses de la próxima convocatoria electoral”.

Asimismo, Rosa Dávila ha considerado que lo “más prudente” hubiera sido “dejar decidir a los ciudadanos” en la próxima cita con las urnas.

“Durante 3 años, se ha trabajado con confianza, y manteniendo una relación fluida. Nos preocupa la inestabilidad cuando quedan apenas seis meses de una convocatoria electoral” ha añadido Dávila, que ha defendido el interés de la formación que representa, Coalición Canaria, por “dar estabilidad” y por “poner por encima de todo” los intereses de los ciudadanos: “Es un principio fundamental”.

“Atiende más a un interés partidista que realmente a una necesidad de los vecinos en San Juan de la Rambla”, ha deslizado Dávila.

Por su parte, Afonso (PP) ha reiterado el rechazo de su formación a una moción de censura ya que, por “encima de todo”, está “la estabilidad de las instituciones”. Ha añadido que, en este caso, “no parece que, con el margen de tiempo que hay --respecto a las próximas elecciones--, sea útil una maniobra política como esta”.

“El Partido Popular no va a apoyar una moción de censura, ni en este contexto ni para favorecer intereses políticos partidarios o personales. No la apoyaremos, y seguiremos trabajando desde cualquier posición por el interés general de los vecinos de San Juan de la Rambla”, ha añadido el presidente de los populares tinerfeños.

El PP cuestiona “la coherencia política” de AUP Sí Se Puede

La concejala del Partido Popular en San Juan de La Rambla, Dolores Rodríguez, cuestiona “la coherencia política” de Juan Siverio, portavoz de AUP Sí Se Puede, tras promover una moción de censura junto al PSOE, con el que ha mantenido numerosos enfrentamientos durante el actual mandato.

Así lo ha señalado Rodríguez en un comunicado, donde reconoce que “es difícil de entender que quien ha denunciado públicamente determinados comportamientos, termine pactando con quienes los han protagonizado sin ofrecer explicación convincente a la ciudadanía”.

La edil popular pone el foco en el momento elegido para presentar la iniciativa a escasos siete meses de las próximas elecciones municipales. “Cuando falta tan poco para que los vecinos vuelvan a las urnas, es razonable preguntarse si estamos ante un verdadero proyecto de gobierno o ante una operación que responde a intereses electorales. Los vecinos merecen saber qué une a quienes ahora se alían y qué garantías ofrecen de que esta decisión beneficiará al municipio”, afirma Rodríguez.

La concejala considera, además, que el liderazgo político se demuestra manteniendo la palabra y actuando con responsabilidad, no cambiando de aliados en función de las circunstancias. Por ello, lamenta que este giro político pueda generar dudas sobre la credibilidad de quienes lo impulsan.

“El liderazgo exige palabra, principios y responsabilidad. No basta con justificar un cambio de posición: hay que explicar por qué se toma y qué se pretende conseguir. La política municipal no puede convertirse en un juego de pactos y contradicciones ajeno a las preocupaciones reales de los vecinos”, añade.

Rodríguez insiste en que San Juan de la Rambla necesita estabilidad, seriedad y un proyecto centrado en las necesidades del municipio. En este sentido, reclama que “el debate sobre la moción de censura se desarrolle con transparencia y que sus promotores expliquen los compromisos que asumen con la ciudadanía”.

“Los vecinos no merecen pactos que se expliquen únicamente por la suma de los votos. Merecen representantes que actúen con coherencia, que den la cara y que sitúen el interés general por encima de cualquier aspiración partidista”, concluye la portavoz del PP.

El Cabildo de Tenerife ha aprobado de forma definitiva el Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMSIT), una hoja de ruta que incluye 92 actuaciones concretas para transformar la movilidad de la isla durante las próximas dos décadas.

Según expone la corporación insular en un comunicado este miércoles, la estrategia contempla una inversión de 5.097 millones de euros hasta el año 2035, la mayor destinada hasta la fecha a la movilidad insular, según señala el Gobierno de la isla.

El documento, que ha recibido este miércoles luz verde por parte del Consejo de Gobierno insular, planifica de forma estratégica la movilidad de Tenerife a través de nueve programas que involucran a todos los niveles de la administración y abarcan, entre otros ámbitos, el impulso del transporte público; las infraestructuras viarias; la movilidad eléctrica; la apuesta por la intermodalidad; la digitalización o la gestión del vehículo privado, entre otros ámbitos.

El Cabildo asegura que el plan cuenta con la Declaración Ambiental Estratégica favorable de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), aprobada por unanimidad el pasado 11 de agosto. En su dictamen, la comisión destacó los efectos positivos del plan sobre el bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente, valorando aspectos como la disminución de las emisiones de CO2, la reducción del ruido, la lucha contra el cambio climático y la protección de los espacios naturales.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, lo ha definido en rueda de prensa como “un documento histórico” que pretende “transformar la movilidad en las próximas décadas” a través de 92 actuaciones articuladas en nueve programas que implican a todas las administraciones.

Por su parte, la consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, ha recordado que “uno de los principales objetivos es que cada vez haya más alternativas al vehículo privado y que desplazarse por Tenerife sea más accesible, inclusivo, limpio y eficiente”, añade García, si bien, este plan no incluye ninguna medida para limitar el número de vehículos de alquiler en la isla, como ya ocurre, por ejemplo, en Baleares. Lugares como el Parque Nacional del Teide, Teno, Masca o Anaga se ven colapsados por los vehículos, la mayoría de alquiler, sin que hasta ahora el Cabildo haya adoptado ninguna medida sobre este tipo de movilidad. Hay que recordar que vecinos y representantes de varios colectivos se manifestaron el pasado mes de marzo en Anaga, para denunciar el colapso diario de tráfico y visitantes en este espacio natural protegido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO por su gran biodiversidad.

El plan se proyecta en dos horizontes temporales, 2035 y 2045. El primero establece un plazo intermedio para dar respuesta a los retos de movilidad que tendrá Tenerife durante los próximos años, mientras que el segundo recoge una visión a largo plazo destinada a anticipar las necesidades futuras de la Isla.

Además, contempla una inversión total de 5.097 millones de euros hasta 2035 para el desarrollo de las actuaciones previstas, de la que el Cabildo de Tenerife asumirá 1.222 millones de euros, a los que se sumará la financiación prevista por parte del Gobierno de Canarias, la Administración General del Estado y los ayuntamientos.

Tras su aprobación este miércoles en el Consejo de Gobierno, el PIMSIT se presentará el próximo 25 de septiembre en Comisión Plenaria, y posteriormente se pondrá en conocimiento del pleno ordinario de la corporación insular.

Ampliación del tranvía, la TF-5 y la TF-1

Entre los apartados clave del plan de movilidad sostenible están las infraestructuras e instalaciones del sistema de transporte público, las carreteras, la intermodalidad, y aquí se incluyen los trenes; el control y regulación del vehículo privado, la apuesta por corredores verdes; o la electrificación del transporte colectivo.

El proyecto busca mejorar la fluidez del tráfico y reducir la congestión en los tramos de carretera con mayor presión, a través de acciones destacadas como la habilitación de un tercer carril en la autopista del sur, en los tramos de San Isidro a Las Américas y de Güímar a San Isidro.

También el impulso al tercer carril de la autopista del norte, entre el aeropuerto de Los Rodeos y La Orotava. 

Entre las acciones se incluye, además, la modernización y potenciación de la red de transporte público y colectivo, para ajustar la oferta a las necesidades de los usuarios, o la ampliación de la red del tranvía. Asimismo, contempla la optimización y ampliación del transporte escolar. 

De igual forma, entre sus programas el PIMSIT promueve el impulso de infraestructuras que incentiven el uso del transporte público, que el Cabildo expone como ejemplos de ello la creación de una red insular de aparcamientos disuasorios o el impulso de los carriles BUS-VAO en los principales corredores de la TF-1 y la TF-5. 

El desarrollo de plataformas y aplicaciones de coches y viajes compartidos; el establecimiento de corredores verdes urbanos; el apoyo a la creación de zonas de bajas emisiones o el impulso de una red insular de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos forman parte también de las actuaciones planificadas en el PIMSIT.

Actuaciones que dan continuidad al trabajo que se ha realizado en estos tres años a través del refuerzo extraordinario del transporte público; la descarbonización de la flota de TITSA, el aumento de los puntos de electrificación; los proyectos de remodelación de los intercambiadores o el impulso a carriles Bus-VAO inteligentes. 

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha sido la primera dirigente de Coalición Canaria en pronunciar públicamente el nombre del partido en el que se apoya en la isla para frenar a otras fuerzas nacionalistas y de izquierdas: Drago Verdes Canarias. Lo hizo durante una entrevista concedida este miércoles a la Cadena Ser en el momento de ser preguntada por las líneas rojas que no estaría dispuesta a rebasar cara a las elecciones de mayo de 2027. “Por supuesto, me sentaría a hablar con Drago”, anunció.

Tras confesar que Coalición Canaria gobierna muy cómodamente con el Partido Popular la primera Corporación de la isla, Rosa Dávila dijo que sus líneas rojas son “los dos extremos”, en los que encuadró tanto a Vox como a Podemos, “donde plantean ideas extremistas y que también son contrarias (...) creo que los extremos están haciendo un daño enorme a este país y que por lo tanto…”

Pero el periodista Miguel Ángel Daswani, que la entrevistaba, le recordó su condición de secretaria de Organización de Coalición Canaria y que por lo tanto no puede ignorar que mantiene pactos con Vox en Granadilla y en Arona, a lo que Dávila respondió -tratando de evadirse- que no fueron pactos directos con CC sino a través de las otras fuerzas en los gobiernos municipales, como el PP. La presidenta del Cabildo aseguró que su partido sigue “apostando por las políticas de igualdad y diversidad, y nosotros hemos avanzado en derechos para las personas LGTBIQ+, en las que no estamos dispuestos a dar ni un solo paso atrás”.

Preguntada específicamente si pactaría con Drago Canarias, la respuesta de Rosa Dávila no fue tan confusa: “Pues mira, te voy a decir una cosa. Creo que Drago Canarias está apostando por un nacionalismo razonable, hay coincidencias en pedir una ley de residencia, en hablar de ecotasas, en hablar de un turismo sostenible y regenerativo, y apostar por la diversificación. Yo creo que, por supuesto, me sentaría a hablar con Drago”.

Dávila es la primera dirigente de CC que confiesa públicamente las simpatías por el partido del que fuera secretario nacional de Organización de Podemos en los momentos de mayor representación institucional del partido de Ione Belarra. Después de su salida traumática de esa formación por una condena del Supremo que lo inhabilitó, Alberto Rodríguez constituyó Drago Verdes Canarias, con el que concurrió a las elecciones en 2023 obteniendo dos concejales en la ciudad de La Laguna.

Pero su contribución fue altamente valorada por Coalición Canaria por lo que supuso de quiebra del voto de izquierdas, especialmente en la isla de Tenerife, por su abierta oposición no solo al PSOE y a Podemos y Sí se Puede, sino también a otras fuerzas progresistas más cercanas al mundo nacionalisla, como Nueva Canarias.

Desde entonces, los medios de comunicación afines a Coalición Canaria, empezando por la radio y la televisión públicas, cuidan de Alberto Rodríguez y sus mensajes, otorgándole presencia permanente en debates políticos pese a su escasa representación institucional.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene adelante el proyecto para recuperar la playa de Benijo, en Anaga, después de que la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias haya ratificado su criterio de considerar las actuaciones como obras de emergencia, pese al informe desfavorable emitido por Costas del Estado.

Así lo ha trasladado el director general de Costas del Ejecutivo autonómico, Antonio Acosta, durante una reunión con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en la que se analizó la situación administrativa del proyecto, según ha informado este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

El criterio de Costas de Canarias permitirá, según el Ayuntamiento, continuar con la tramitación de las actuaciones sin necesidad de formalizar inicialmente una concesión administrativa.

Bermúdez ha señalado que las distintas administraciones llevan trabajando de forma coordinada para “encontrar una solución que permitiera agilizar los trámites” y ha considerado que este paso acerca el objetivo de ejecutar las obras “cuanto antes”.

El alcalde ha subrayado además el compromiso municipal con los vecinos de Anaga y con la recuperación de la playa, cerrada desde julio de 2024, y ha defendido que la seguridad de las personas “está por encima de todo”.

En este sentido, ha explicado que las obras son necesarias para asegurar el talud situado junto a esta zona de baño de la costa de Santa Cruz.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha considerado que el criterio trasladado por Costas de Canarias supone “un avance muy importante” desde el punto de vista técnico y administrativo y aporta “seguridad jurídica” al procedimiento.

El Ayuntamiento pretende que, una vez completados los trámites pendientes, las obras puedan comenzar “con la mayor rapidez posible” y con las correspondientes garantías técnicas y jurídicas.

La playa de Benijo permanece cerrada desde julio de 2024, cuando el Ayuntamiento decretó el cierre cautelar del acceso después de detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de entrada y salida.

Algunas de las piedras desprendidas llegaron a impactar incluso sobre la única vía de acceso existente a la playa, lo que motivó la adopción de la medida de seguridad.

Coalición Canaria (CC) de Tenerife ha mostrado su respaldo unánime a la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Según informa la formación nacionalista, así se puso de manifiesto durante la celebración del Consejo Político Insular (CPI) que tuvo lugar este viernes encabezado por el secretario general insular, Francisco Linares, y por la secretaria de Organización, Rosa Dávila.

Al respecto, Clavijo trasladó a los miembros de la organización su decisión de volver a ponerse al frente del proyecto nacionalista para afrontar un nuevo ciclo político y continuar desarrollando el trabajo iniciado durante la actual legislatura.

En este sentido, defendió la necesidad de “seguir avanzando hacia una Canarias con mayor capacidad para decidir sobre su futuro y afrontar los principales desafíos sociales, económicos y territoriales que tiene por delante el Archipiélago”.

“Doy este paso convencido de que Canarias necesita estabilidad, ambición y un proyecto propio que sitúe siempre a nuestra gente en el centro de las decisiones. Hemos avanzado durante estos años, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para responder a problemas como la vivienda, la sanidad, la presión demográfica, los servicios públicos o la necesidad de generar oportunidades para nuestros jóvenes”, señaló.

De igual modo, el secretario general nacional de CC aseguró que el partido afronta los próximos años “con la determinación de continuar defendiendo a Canarias allí donde sea necesario”.

Por ello, sostuvo que el archipiélago “no puede permitir que las decisiones que afectan directamente a nuestra tierra se adopten desde Madrid sin atender nuestra realidad y nuestras singularidades”.

“Queremos seguir construyendo una Canarias que tenga voz propia, que pueda decidir sobre aquello que condiciona su presente y su futuro y que sea capaz de defender, sin complejos y con firmeza, los derechos de ocho islas y de más de dos millones de canarios y canarias”, afirmó.

Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, trasladó el respaldo unánime de la organización insular a la candidatura de Clavijo y puso en valor “el liderazgo” ejercido por el presidente durante esta legislatura.

“Fernando ha demostrado que en los momentos difíciles sabe estar al frente, tomar decisiones y defender Canarias por encima de cualquier otro interés. Conoce profundamente las necesidades de nuestras islas y ha acreditado capacidad, experiencia y determinación para continuar liderando este proyecto”, afirmó.

Linares subrayó asimismo que CC de Tenerife encara el próximo ciclo electoral “con una organización fuerte, cohesionada y con un proyecto claramente reconocible”, y aseguró que el objetivo de la formación será continuar ampliando su respaldo social tanto en Tenerife como en el conjunto de Canarias.

Con este pronunciamiento, Coalición Canaria de Tenerife se suma al respaldo expresado por otras organizaciones insulares del partido a la candidatura de Fernando Clavijo para continuar encabezando el proyecto nacionalista en las elecciones autonómicas de 2027.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santa Cruz de Tenerife, con lo que el Ayuntamiento culmina la tramitación de esta normativa y se da un nuevo paso en su proceso de implantación en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la publicación en el BOP no implica, sin embargo, la aplicación inmediata de restricciones a la circulación. Además, una vez transcurrido el plazo legal de 15 días desde la publicación, comenzará un periodo de 18 meses de carácter exclusivamente informativo. No obstante, tampoco se aplicarán restricciones ni sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones.

Esta fase permitirá informar a la ciudadanía y facilitar su adaptación progresiva al nuevo modelo de movilidad, dando a conocer las condiciones de la regulación y las excepciones previstas antes de que las medidas restrictivas entren en su fase de aplicación efectiva.

De esta manera, durante los próximos 18 meses, una vez finalizado el plazo legal establecido, la ZBE tendrá un carácter meramente informativo, por lo que las condiciones actuales de circulación en la ciudad no sufrirán cambios y se podrá seguir circulando sin la aplicación de las restricciones contempladas para la fase posterior.

El Ayuntamiento aprovechará este periodo para desarrollar las acciones necesarias de información y divulgación, con el objetivo de que la ciudadanía conozca con antelación el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y pueda adaptarse progresivamente a su futura aplicación.

El Ayuntamiento señala que la publicación supone, por tanto, la culminación de la tramitación de la regulación y un nuevo paso en la implantación de la ZBE en Santa Cruz, un proceso que se desarrollará de forma gradual y con un amplio periodo previo destinado a informar y acompañar a la ciudadanía antes de la entrada en vigor efectiva de las medidas restrictivas.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha anunciado este sábado que ha solicitado un pleno extraordinario del Cabildo para exigir a su presidenta, Rosa Dávila, que explique por qué siguen sin ejecutarse las obras anunciadas para resolver los problemas de saneamiento y depuración de Playa Jardín.

Raya señaló en un comunicado que los últimos hechos conocidos obligan a elevar este asunto del ámbito municipal al insular. Las actas de Salud Pública confirman que el 23 de junio se ordenó cerrar al baño la zona del Charcón tras detectarse un episodio de contaminación microbiológica.

“Los últimos documentos demuestran que el problema de Playa Jardín continúa y que sus consecuencias son muy serias. Por eso registramos este pleno extraordinario: Rosa Dávila debe explicar por qué las obras que prometió como urgentes siguen sin ejecutarse”, apunta.

El PSOE subraya que Dávila anunció en marzo de 2025 la rehabilitación urgente del emisario submarino de Punta Brava. Sin embargo, la documentación oficial del Consejo Insular de Aguas confirmó que, a fecha de 2 de junio de 2026, las actuaciones todavía no habían comenzado. Apenas veinte días después se produjo un nuevo episodio de contaminación.

“La cronología es incontestable: urgencia anunciada en marzo de 2025, obras sin comenzar en junio de 2026 y un nuevo episodio de contaminación pocos días después. La presidenta tiene que explicar cómo es posible que el problema estructural continúe sin resolverse”, afirmó.

El PSOE asegura que es “un problema de responsabilidad insular”

Raya indicó que la actuación del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz durante el episodio de junio deberá aclararse ya que Salud Pública avisó por teléfono y por correo electrónico de que debía cerrarse la zona del Charcón, pero no se garantizó el cierre efectivo ni se informó públicamente a la población. No obstante, incide en el comunicado en que estos hechos no pueden ocultar la responsabilidad del Cabildo sobre las infraestructuras insulares de saneamiento y depuración.

“Lo ocurrido en el ámbito municipal es muy grave y deberá tener las correspondientes explicaciones. Pero Playa Jardín lleva demasiado tiempo sufriendo las consecuencias de unas obras que Rosa Dávila anunció y todavía no ha ejecutado”, sostuvo.

Tamara Raya también se refirió al baño protagonizado por el alcalde del Puerto de la Cruz para transmitir una imagen de normalidad.

“El baño del alcalde puede servir para una fotografía, pero no certifica la calidad del agua ni repara un emisario. La seguridad de Playa Jardín depende de análisis rigurosos, información transparente y unas infraestructuras que funcionen”, declaró.

Un calendario verificable

En el pleno extraordinario, el PSOE exigirá que Rosa Dávila informe sobre el estado real de las actuaciones, las razones de los retrasos, el presupuesto ejecutado y el calendario previsto para su finalización.

“No queremos otro anuncio. Rosa Dávila debe presentar documentos, plazos concretos y una fecha real para la entrada en funcionamiento de las infraestructuras”, señaló Raya.

La dirigente socialista recordó que los proyectos principales quedaron preparados durante el anterior mandato y que el actual Gobierno insular lleva tres años al frente del Cabildo.

“La propaganda no depura el agua, los titulares no reparan los emisarios y las fotografías no sustituyen las obras. La presidenta debe dar la cara, explicar sus incumplimientos y asumir un calendario para ejecutar una solución estable, segura y definitiva”, concluyerRaya.

El Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMSIT) del Cabildo de Tenerife ha recibido el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental de la isla (CEAT), que plantea nueve programas con 91 actuaciones, con el objetivo, según el Cabildo, de impulsar el transporte público, la movilidad eléctrica o la modernización de las infraestructuras viarias, según ha indicado la corporación insular en un comunicado.

Tras incorporar en el texto las modificaciones menores planteadas por la CEAT, el siguiente paso es la comisión plenaria del Cabildo de Tenerife, antes de ser llevado al pleno de la corporación insular.

El Cabildo señala que la evaluación ambiental presta especial atención a los espacios naturales protegidos y a los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000.

En este sentido, el plan aborda de manera específica la movilidad en territorios sometidos a una elevada presión de visitantes, como Anaga, Teno y el entorno del Teide, planteando medidas de gestión de accesos, transporte público, aparcamientos disuasorios y servicios de lanzadera.

Asimismo, el documento incorpora criterios para mejorar la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático, que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo posterior de las diferentes actuaciones.

Hoja de ruta

El órgano aprobó por unanimidad la Declaración Ambiental Estratégica del plan el pasado 11 de agosto, que contempla un total de 91 actuaciones divididas en nueve programas; infraestructuras, instalaciones y sistema del transporte público; infraestructura viaria; mejora y potenciación del transporte colectivo; control y regulación del vehículo privado; promoción de la movilidad activa; gestión de la movilidad digital e innovadora; transporte de mercancías; movilidad eléctrica; regulación, planeamiento y financiación.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, explica que el PIMSIT permite pasar de actuaciones concretas a una estrategia común para toda la isla. “Ponemos al ciudadano en el centro de la planificación, optimizando el servicio de transporte colectivo, apostando por los viajes compartidos y ofreciendo al usuario un sistema intermodal que le permita combinar diferentes formas de desplazamiento”, explica García.

“El objetivo es que cada vez haya más alternativas al vehículo privado y que desplazarse por Tenerife sea más accesible, inclusivo, limpio y eficiente”, añade la consejera.

Proyecto en dos horizontes

El Cabildo insular detalla que el plan se proyecta además en dos horizontes temporales: 2035 y 2045. El primero establece un plazo intermedio para dar respuesta a los retos de movilidad que tendrá Tenerife en los próximos años, mientras que el segundo recoge una visión a largo plazo para anticipar las necesidades futuras.

Entre las propuestas, se encuentra la modernización y refuerzo del servicio de guaguas para responder mejor a las necesidades de los usuarios, así como la ampliación de la red del tranvía, con actuaciones como la prolongación de la Línea 1 hasta el aeropuerto Tenerife Norte y de la Línea 2 hasta La Gallega.

Asimismo, incluye la optimización y ampliación del transporte escolar.

Por otro lado, promueve la implantación de infraestructuras que fomenten el uso del transporte público, como la creación de la red insular de aparcamientos de disuasión y de carriles BUS-VAO en los principales corredores de la TF-1 y la TF-5.

Además, introduce otras medidas para reducir la congestión de las carreteras como la habilitación de un tercer carril en la autopista del sur, en el tramo de San Isidro a Las Américas y en el tramo de Güímar a San Isidro; y en la autopista del norte, entre el aeropuerto y La Orotava.

El desarrollo de plataformas de car-sharing y car-pooling (impulsar y poner en marcha sistemas digitales y servicios que permitan compartir coche), el establecimiento de corredores verdes urbanos, el apoyo a la creación de zonas de bajas emisiones o el impulso de una red insular de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos forman parte también de las actuaciones contempladas en el plan.

Participación pública

La tramitación del plan incluyó una consulta pública inicial, así como la exposición pública del Avance del Plan y del Estudio Ambiental Estratégico durante 45 días entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Posteriormente, el documento de aprobación inicial y su estudio ambiental fueron sometidos nuevamente a información pública y consulta en octubre de 2025.

Durante este proceso se han recibido aportaciones de administraciones públicas, ayuntamientos, colegios profesionales, organizaciones políticas y ciudadanía, que han permitido incorporar diferentes perspectivas al documento.

El PSOE de Puerto de la Cruz ha exigido este viernes al gobierno municipal (PP-ACP-CC) que “asuma la gravedad” del problema de contaminación fecal de Playa Jardín y que “deje de actuar como escudo” del Cabildo de Tenerife y exija “las actuaciones pendientes.

Así lo ha expresado en un comunicado, el portavoz socialista, Marco González, contra quien el gobierno local ha avanzado su intención de personarse en la causa judicial en su contra, pide a su vez al tripartido que “abandone de una vez las realidades paralelas” y que “se ponga al lado de los vecinos” en sus reclamaciones al Cabildo.

Urge al gobierno local a que “deje sus cálculos políticos y se una a la denuncia que llevamos manifestando junto con los vecinos de Punta Brava para que el Cabildo ejecute tanto la sustitución del emisario roto como la mejora de la depuradora”.

Para el PSOE, la lealtad institucional “empieza por decir la verdad, dejar de cuestionar a la autoridad sanitaria por puro interés político y actuar con seriedad y responsabilidad ante los portuenses”.

El portavoz socialista recuerda que en apenas un mes y medio se han producido tres resultados desfavorables en la zona de baño: E. coli el 22 de junio y el 11 de agosto, y enterococos el 10 de agosto. “Seguir cuestionando a Salud Pública ante esta evidencia solo añade confusión y pone en riesgo a la ciudadanía. La prioridad debe ser informar con claridad, proteger a los bañistas y solucionar el origen de los vertidos, no intentar construir una realidad paralela para preservar la imagen del gobierno”, señaló Marco González.

González considera “inaceptable” que el gobierno local trate de contraponer de forma sistemática la labor de Salud Pública con análisis externos encargados a una empresa como Aqualia que es parte interesada como concesionaria tanto del servicio de saneamiento del municipio como de la propia gestión de la depuradora comarcal.

El PSOE recuerda que la situación de Punta Brava “no es nueva ni sobrevenida” y que las causas de los vertidos “tienen un origen claro que lleva años denunciando: un emisario roto desde 2020 y una falta de mejora de las infraestructuras de depuración cuya competencia corresponde al Cabildo de Tenerife”.

En este sentido, González subraya que “la solución técnica existe desde hace tiempo: hay proyecto y financiación para actuar sobre el emisario y la depuradora desde 2023, pero lo que falta es voluntad política para ejecutar las obras”.

“La salud de los bañistas debe estar siempre por encima del cálculo político: cuando hay un riesgo, la obligación de las instituciones es informar con claridad y proteger a la población, no ocultar el problema”, sentenció.

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), lo sigue teniendo claro: la planta eléctrica de gas pretendida por la compañía Disa en el polígono industrial del municipio, el de La Gañanía, no tiene cabida por su cercanía a los núcleos residenciales de la zona y, por tanto, se topa con el total rechazo del gobierno municipal, que goza de una amplísima mayoría de 15 de los 21 ediles con que cuenta el consistorio. Eso sí, y como el propio mandatario reconoce en declaraciones a Canarias Ahora, poco más que protestar y ejercer el derecho al pataleo le queda a su equipo, “ya que se trata de unas plantas que permite y costea el Ministerio de Transición Ecológica, que es el que le paga a la empresa, el Gobierno regional se ve en la obligación de aceptar lo que viene del Ministerio y la compañía negocia con propietarios privados con terrenos en el polígono, con lo que el ayuntamiento tiene poco que hacer o decir”.

No obstante, el alcalde anuncia que, en el próximo consejo de gobierno, que ya será en septiembre, aprobarán dirigirse al Gobierno central, al regional y a Disa para reiterar que siguen oponiéndose “totalmente” a la creación de esta planta en el polígono industrial realejero, tal y como ya hicieron cuando se pretendió ubicar junto a la carretera general de La Zamora. “Es verdad que, en ese caso, la vivienda más cercana quedaba a apenas unos cinco metros y que ahora se alejan más, pero sigue habiendo rechazo y temor vecinal y este ayuntamiento se opone. Ahora, que se ha creado una plataforma vecinal en contra en La Cruz Santa, ya tenemos el interlocutor que necesitábamos para comunicarnos con los afectados y también les plantearemos en las próximas horas nuestra posición y los pasos que daremos”, explica a este periódico. El pasado domingo, unos 65 vecinos de La Cruz Santa y otros núcleos poblados afectados se reunieron y decidieron constituir una entidad para luchar contra este proyecto.

González admite que el ayuntamiento no cuenta con ninguna parcela o es conocedor de un lugar ideal para ubicar una planta de este tipo, pero insiste en que es el Ministerio el que las ha permitido “con esas características y debe ser el Gobierno central el que se pronuncie sobre esta afección a los vecinos y sobre las posibles soluciones”.

Mientras, desde la consejería regional de Transición Ecológica, que dirige el también conservador Mariano Hernández Zapata, se traslada a Canarias Ahora que la instalación resulta imprescindible por la situación eléctrica actual de la Isla. “Tenerife se encuentra en una situación de emergencia energética. Por este motivo, se están desarrollando diferentes plantas de emergencia, con el objetivo de evitar que se produzcan ceros. Estas instalaciones son de carácter temporal y flexible, usando combustibles menos contaminantes y contando con todas las garantías medioambientales, territoriales y de salud pública”. Según remarcan, “las plantas sólo actuarán en momentos de riesgo de apagón y estarán instaladas hasta que Canarias no se encuentre en situación de emergencia”.

Alegaciones respondidas por la empresa, “procedimiento ordinario”

En cuanto al proceso de alegaciones, y tras las críticas vecinales por el hecho de que les respondiese Disa y no la consejería, señalan que “se trata del procedimiento ordinario. Durante el proceso de autorización administrativa, se ha de exponer a información pública el proyecto para que los ciudadanos puedan alegar. Estas alegaciones siempre se trasladan al promotor del proyecto, siendo el propio promotor el que responde a todas y cada una de ellas, Aparte de esto, desde la consejería se trabaja de manera coordinada junto al Ayuntamiento de Los Realejos”, sostienen.

El proyecto consiste en la creación de una planta de gas para la generación eléctrica con grupos de emergencia de 14,8 megawatios, la llamada planta Tigaiga de Los Realejos (aunque no en el barrio realejero del mismo nombre). El rechazo vecinal surgido por buena parte de los afectados en La Zamora se ha trasladado ahora a residentes que viven a escasos 50 metros, en las casas del Granadillar, a los que se ubican a entre 90 y 190 metros, en las viviendas de El Lagar-El Mocán, y a los que se sitúan a 160 del primer núcleo residencial de La Cruz Santa, uno de los barrios más populosos de Los Realejos.

Según critican los residentes, se trata de una planta con ocho motores generadores y dos depósitos de propano de 300 metros cúbicos cada uno, por lo que alertan de sus posibles impactos ambientales, como la “emisión de gases invernaderos y contaminantes que deterioren la calidad del agua, así como los riesgos de fugas de gas”. También temen “riesgos de incendios y explosiones por el propano, contaminación acústica por los motores y efectos para la calidad de vida de la zona”.

En la respuesta a las alegaciones presentadas por una vecina, la compañía argumenta que la elección del suelo y su ubicación responden “al criterio de mínima afección posible, así como a criterios técnicos tales como la proximidad a infraestructuras eléctricas, la accesibilidad y la seguridad”. Asimismo, subraya que ni el planeamiento insular ni el local impiden su implantación, después de que el PGO local recalificase esa zona de rústica a industrial.

El PSOE de Puerto de la Cruz insta al Gobierno de Canarias y, específicamente, a la Consejería de Sanidad, responsable de Salud Pública, a una comparecencia para aclarar la gestión realizada tras el episodio de contaminación en Playa Jardín por la bacteria E.coli.

El secretario general del PSOE de Puerto de la Cruz, Marco González, en un comunicado considera, a su juicio, que a estas alturas es “imprescindible” que las administraciones competentes ofrezcan una explicación “completa, rigurosa y transparente” sobre los hechos ocurridos entre Salud Pública y el Ayuntamiento tras los análisis realizados el pasado 22 de junio y el posterior aviso del cierre de la playa el 23 de junio que, asegura, “desoyó” el Consistorio.

El PSOE recuerda que, según el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño Náyade, gestionado por el Ministerio de Sanidad, Salud Pública detectó un episodio de contaminación y comunicó dicha circunstancia por teléfono y por correo electrónico al Ayuntamiento en la mañana del día 23, tal y como estipula el protocolo oficial.

Sin embargo, para el Partido Socialista, las explicaciones ofrecidas posteriormente por el Consistorio “han generado dudas y confusión”, especialmente después de las distintas versiones conocidas públicamente sobre la actuación seguida en aquellos días.

“La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió exactamente, qué información se trasladó al Ayuntamiento, cuándo se produjo esa comunicación y por qué no se adoptaron antes las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias de Playa Jardín”, señala Marco González, que reclama que la Consejería de Sanidad explique públicamente el contenido y el alcance de las actuaciones realizadas por Salud Pública, así como la aplicación del protocolo oficial en este caso.

“Debido a las ocultaciones, tergiversaciones y falta de transparencia del Ayuntamiento, el responsable de la Salud Pública en Canarias tiene que explicar con claridad qué se hizo, cuándo se hizo, qué se comunicó y por qué no se procedió al cierre de la playa cuando se conocieron los resultados de los análisis”, afirma Marco González.

Pérdida de confianza

El PSOE de Puerto de la Cruz advierte de que la falta de información “clara y las versiones cambiantes ofrecidas por el Ayuntamiento han provocado una pérdida de confianza entre la ciudadanía” respecto al estado de las aguas de Playa Jardín y a la gestión realizada por las instituciones responsables.

“El problema no es únicamente la contaminación detectada, sino también la falta de transparencia posterior. Cuando las administraciones no explican con claridad lo sucedido, se genera incertidumbre y se perjudica la imagen de Playa Jardín y del propio municipio”, subrayan desde el PSOE portuense.

Espectáculo “lamentable” a lo Fraga

Desde el PSOE de Puerto de la Cruz se califica de “nefasto” el espectáculo “de tintes franquistas” protagonizado por el alcalde y el primer teniente de alcalde, emulando la imagen de Manuel Fraga bañándose en Palomares en 1966.

“Hay que recordar a estos representantes públicos que vivimos en una democracia consolidada, con instituciones que velan por la salud pública mediante protocolos rigurosos y análisis serios realizados por funcionarios técnicos y profesionales preparados para ejercer esta labor”, señalan desde el PSOE.

Para los socialistas portuenses, este tipo de actuaciones no contribuye a despejar las dudas existentes ni a recuperar la confianza de la ciudadanía, sino todo lo contrario: “Están haciendo el ridículo y dejando perpleja a la ciudadanía, que espera de sus representantes públicos responsabilidad, seriedad y explicaciones, no una escenificación que banaliza un asunto relacionado con la salud pública”, añaden.

El PSOE de Puerto de la Cruz considera que la seguridad de las aguas no puede acreditarse mediante gestos propagandísticos en bañador, sino a través de informes técnicos, análisis contrastados, transparencia institucional y explicaciones públicas claras.

Acceso al expediente municipal

El PSOE denuncia que, tras solicitar hace más de dos semanas acceso al expediente municipal, aún el documento “no ha sido puesto a su disposición”.

“La transparencia debe ser una obligación, especialmente cuando hablamos de salud pública y de la seguridad de la ciudadanía. No entendemos que se anuncie públicamente el acceso a un expediente y que, una semana después, ese compromiso siga sin cumplirse”, denuncia Marco González.

Por todo ello, y ante el silencio sepulcral del Ayuntamiento, el PSOE de Puerto de la Cruz reclama al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad, responsable de Salud Pública, que ofrezcan “con urgencia” una explicación detallada sobre los resultados de los análisis realizados el 22 de junio, la comunicación efectuada por Salud Pública al Ayuntamiento, las actuaciones desarrolladas por cada administración, las razones por las que Playa Jardín no fue cerrada el 23 de junio, la aplicación del protocolo sanitario correspondiente a este tipo de incidencias y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las aguas y recuperar la confianza ciudadana.

El pleno del Ayuntamiento de Arafo ha rechazado por unanimidad la decisión del Gobierno de Canarias de declarar como zona de gran afluencia turística a los polígonos industriales del valle de Güímar y El Carretón, al considerar que perjudicaría al comercio local y sector primario.

Por ello el consistorio ha solicitado al Gobierno de Canarias que archive el procedimiento, actualmente en tramitación, y señala en un comunicado que la calificación de zona de gran afluencia turística en los polígonos industriales supondría un importante cambio en el modelo comercial de la comarca, con consecuencias que irían mucho más allá de la ampliación de los horarios comerciales.

La moción sostiene que la declaración carece de una justificación objetiva basada en criterios turísticos, ya que el ámbito afectado no reúne las características habituales previstas para este tipo de figuras como la existencia de zonas hoteleras, playas o recursos patrimoniales de especial interés.

Además, el Ayuntamiento expresa su preocupación por las consecuencias que una ampliación de horarios podría tener sobre las condiciones de trabajo y la conciliación de la vida personal y familiar, especialmente en un sector altamente feminizado.

Al respecto, indica que la apertura en domingos y festivos suele traducirse en una mayor flexibilidad horaria y presión sobre las plantillas sin que ello implique necesariamente un incremento del empleo.

El Ayuntamiento advierte además de que la liberalización de horarios en domingos y festivos podría provocar un desplazamiento del consumo hacia las grandes cadenas comerciales debilitando el comercio de proximidad y poniendo en riesgo la viabilidad de pequeños establecimientos, autónomos y pymes que constituyen el principal tejido económico de Arafo y de las medianías del Valle de Güímar y Agache.

La corporación considera igualmente que esta medida sería incompatible con las políticas de apoyo al sector primario y al desarrollo rural que impulsan las distintas administraciones.

Señala que favorecer las compras dominicales en las grandes superficies supondría restar actividad a los mercados agrícolas, bodegas y pequeños comercios que contribuyen a mantener la economía y la población en las zonas de medianías.

Asimismo, el Ayuntamiento alude a los efectos sobre la movilidad al considerar que un aumento de la actividad comercial durante los fines de semana incrementaría los desplazamientos en vehículo privado hacia los polígonos industriales, con el consiguiente aumento del tráfico y de las emisiones, en contradicción con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica.

Por ello el Ayuntamiento de Arafo ha acordado solicitar a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias que deje sin efecto la tramitación del procedimiento y archive el expediente correspondiente.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), ha insistido en su defensa al monumento a Franco, si bien asegura que va a acatar la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. En este sentido, el regidor acusa al Gobierno de España de actuar con motivaciones ideológicas y a falta de “rigor jurídico”, incluso llega a cuestionar por qué el expresidente canario Ángel Víctor Torres no actuó antes, cuando dirigió el Gobierno autonómico.

Bermúdez se ha pronunciado así en Televisión Canaria este pasado jueves, donde si bien reconoce que puede considerarse un vestigio franquista por su origen y significado, por otro lado señala que el debate está en su valor artístico. Sin embargo, es aquí cuando el alcalde cae en una contradicción, pues resulta difícil reconocer que el monumento es un símbolo del franquismo, por lo que de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática debe ser retirado, y al mismo tiempo, busca fórmulas para mantenerlo en pie.

El alcalde, para abrir debate, dice que hay dos puntos clave; por un lado está que los vestigios franquista deben estar catalogados oficialmente como tales; y por otro, que si tienen valor artístico o patrimonial protegido, pueden mantenerse o resignificarse.

Bermúdez centra así el debate en el supuesto valor artístico como argumento para evitar su retirada, pues subraya que “hay informes que dicen que lo tiene y otros que no lo tiene”, por los que considera que eliminar la escultura sin un proceso adecuado podría incluso incurrir en una “ilegalidad”. No obstante, el alcalde se acoge a un argumento que choca con la ley que busca eliminar símbolos de exaltación de la dictadura franquista.

En este contexto, el Cabildo de Tenerife abrió el pasado año la instrucción para que fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en cumplimiento de una sentencia ante la cruzada de la asociación San Miguel de Arcángel que pretende proteger el monumento de Juan de Ávalos, y que, como defienden los expertos y expertas en el Catálogo de Vestigios de Canarias, así como se manifestó en la inauguración de la escultura en 1966: representa la partida “del generalísimo Franco cuando capitán general de Canarias salió de aquí y para acaudillar el monumento nacional”.

Durante la fase de instrucción de la primera Corporación insular, se presentaron varios informes; dos desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista.

En cualquier caso, José Manuel Bermúdez, en lugar de asumir una decisión política clara, parece apoyarse en procedimientos administrativos y dudas técnicas para dilatar el proceso que terminaría por retirar definitivamente la escultura de Juan de Ávalos.

Asimismo, pese a que sí existen informes del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias que se oponen a declarar BIC el monumento a Franco de Tenerife, Bermúdez insiste en acusar al ministerio de convertir la retirada de la escultura en un debate político a un año de las elecciones.

Según el alcalde capitalino, el Gobierno de Canarias no ha notificado “oficialmente” al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una comisión técnica si procede que sea declarado BIC.

Pues bien, este argumento ahora pierde peso tras las declaraciones este viernes de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que ha afirmado en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias ya ha determinado que la escultura de Juan de Ávalos, conocida como el monumento a Franco, “no es Bien de Interés Cultural (BIC)” y que, por tanto, el Ejecutivo autonómico “no tiene nada más que decir”, correspondiendo ahora actuar a cada administración en el ámbito de sus competencias.

Así lo expresó Nieves Lady Barreto en comisión parlamentaria, según informa la Agencia EFE, después de que el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias haya acordado recientemente rechazar la declaración como BIC, con categoría de Monumento.

En respuesta a una pregunta sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista, la consejera ha señalado que la posición del Gobierno respecto a la escultura de Ávalos es clara.

“La escultura de Ávalos no tenemos que decir nada más. El Gobierno de Canarias ha dicho que no es BIC. No tenemos que decir nada más”, ha manifestado.

Ha añadido que, una vez fijado ese criterio, “cada uno, en el ámbito de sus competencias, tendrá que hacer lo que le corresponda”.

En cuanto al plazo de la retirada, seis meses, José Manuel Bermúdez acusa al ministerio de actuar “con prisas” y califica la resolución de “sesgada y precipitada” cuando, según el alcalde capitalino, “habría que redactar un proyecto técnico para poder hacerlo conforme a la ley” al tener que retirar, según manifiesta, “la fuente que se ve detrás y todos los elementos que lo rodean”.

Pese a las argumentaciones del alcalde santacrucero, asegura que actuará conforme a la ley, y reitera, “tal y como está escrita”, concluye Bermúdez su intervención la cadena autonómica.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentencia a favor del Ayuntamiento de El Rosario en su litigio contra la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias por el impago de una subvención incluida en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2023 por valor de 3’1 millones de euros, señala el Consistorio tinerfeño en un comunicado.

Ahora, y según ha indicado la Corporación local, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha estimado íntegramente el recurso que el Consistorio interpuso en marzo de 2024 y ordena el abono de la subvención nominativa para el proyecto Remodelación de la plaza del Ayuntamiento y plaza del bosque de Adelantado más los correspondientes intereses legales devengados a partir del 8 de septiembre de 2023, fecha en la que se solicitó la resolución de la concesión de dicha ayuda.

Asimimso, el Ayuntamiento detalla que la sentencia del TSJC, en sus fundamentos de derecho, explica que ante la solicitud del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, de que la Consejería concediera la subvención comprometida “la administración autonómica ha violado flagrantemente su obligación legal de dictar y notificar resolución expresa” y abunda “en el presente caso, nos encontramos ante una infracción clara de los principios de confianza legítima y de buena administración”.

Todo ello debido a que la búsqueda de financiación externa por parte del Ayuntamiento de El Rosario para desarrollar el proyecto de reforma de la plaza del Consistorio e integración del bosque del Adelantado, en la trama urbana de La Esperanza encontró “un manifiesto interés” de la Consejería de Transición Ecológica “que se concretaría en los presupuestos autonómicos para el 2023”.

Sin embargo, la sentencia detalla que la conducta posterior de la administración es claramente contraria, pues “no ejecuta un mandato legal” al no materializar la subvención y, concluye, “si la Ley ha establecido que el pago es a cargo de una determinada Consejería, ésta queda inmediatamente apoderada directamente por la ley y esto la deja solo con dos opciones: o ejecuta el mandato legal o prevarica por omisión”.

En base a todo ello, el Ayuntamiento asegura que el TSJC estima íntegramente la demanda promovida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de El Rosario y defendida por el abogado José Francisco Lorenzo, condenando al Gobierno de Canarias al ingreso de la subvención y los intereses y al pago de las costas procesales. No obstante, contra dicho fallo cabe recurso de casación.

Según recuerda la Corporación local, el proyecto de remodelación de las plazas del Ayuntamiento y del Adelantado y puesta en valor del bosque del Adelantado es impulsado por la Administración rosariera desde 2022 y forma parte de un conjunto integral de actuaciones que se han venido desarrollando con el objetivo de transformar el centro urbano de La Esperanza en un espacio único desde el punto de vista urbanístico, ambiental y natural.

Además, desempeña un papel clave en la integración del bosque de laurisilva, conocido como bosque del Adelantado, en la trama urbana, promoviendo la peatonalización de todo el entorno y garantizando la accesibilidad de los peatones a este bosque milenario en pleno centro de la Villa de La Esperanza.

Por último, el Ayuntamiento destaca entre las actuaciones ya desarrolladas para la mejora del casco histórico de La Esperanza la ejecución del proyecto de reforma y accesibilidad de las calles El Calvario, Antonio González, Enrique Álvarez Bacallado, Agrícola Quintana Alonso, José Antonio Bacallado y Los Lirios. Actualmente está en ejecución la reforma de la calle Pedro Juan García Hernández.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado dos modificaciones presupuestarias por importe de 21,5 millones de euros destinadas a atender “necesidades sobrevenidas” relacionadas con el refuerzo de servicios públicos, actuaciones de emergencia, gastos de personal y la cobertura a obligaciones pendientes de ejercicios anteriores.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que los expedientes aprobados se financian principalmente con cargo al remanente de tesorería correspondiente al ejercicio 2025, así como del Fondo de Contingencia.

En este conexto, la primera de las modificaciones presupuestarias, correspondiente al expediente P-1/2026 y dotada con 7.573.083,66 euros, permitirá atender diferentes necesidades de financiación surgidas a lo largo del ejercicio que no contaban con crédito suficiente en el presupuesto inicial.

Entre las actuaciones previstas figura el refuerzo de las partidas de personal para asumir los incrementos retributivos derivados de los acuerdos en materia de empleo público para 2025 y 2026.

Asimismo, esta modificación presupuestaria también incluye más de medio millón de euros para la mejora de equipamientos tecnológicos y sistemas informáticos.

Igualmente, se incorporan recursos para afrontar actuaciones de emergencia en infraestructuras municipales afectadas por fenómenos meteorológicos adversos. Entre ellas destacan las obras de emergencia en el Campo de Fútbol El Galán, en El Sobradillo, con una inversión superior a los dos millones de euros, así como las actuaciones necesarias para reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en distintos puntos del distrito de Anaga, que contarán con una financiación superior a los 850.000 euros.

La modificación también contempla financiación para el proyecto de empleo y formación Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz de Tenerife 2026-2027, destinado a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas de larga duración, así como diversas actuaciones de mejora en instalaciones municipales y equipamientos públicos.

Por otro lado, la segunda modificación presupuestaria, el expediente P-2/2026, aprobado por importe de 13.973.033,60 euros, tiene como finalidad dar cobertura a gastos ya realizados y obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto municipal, conocidas técnicamente como Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto (OPAs).

Dentro de esta partida figuran más de seis millones de euros destinados a servicios sociales y programas asistenciales. También se incorporan créditos para atender gastos relacionados con la movilidad, la seguridad ciudadana, la conservación y mantenimiento de infraestructuras municipales, el alumbrado público, el mantenimiento de edificios e instalaciones, los centros educativos, los espacios públicos y otros servicios esenciales que forman parte del funcionamiento ordinario de la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado que estos expedientes reflejan la “capacidad” del Ayuntamiento para responder “con agilidad y responsabilidad a las necesidades reales de la ciudad”.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció hace uno días el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita del Papa a la isla, el próximo 12 de junio, así como la distribución de 50.000 botellas de agua para garantizar la hidratación de las personas asistentes durante la jornada, sin dar detalles del coste que supondrá para las arcas públicas este merchandising papal.

El portavoz insular de Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) en Tenerife, Valentín Correa, ha mostrado su rechazo al proyecto Underwater Gardens promovido por el Cabildo de Tenerife (CC-PP) en la costa de Punta Blanca y ha respaldado las advertencias realizadas por investigadores de las dos universidades públicas canarias, especialistas en medio marino y organizaciones ecologistas.

En este contexto, Valentín Correa sostiene que “cuando decenas de científicos alertan de que una actuación puede estar sustentándose más en una estrategia de imagen que en una auténtica restauración ambiental, la obligación de las administraciones es escuchar, reconsiderar y actuar con responsabilidad”, subraya el portavoz en un comunicado.

Para NC-BC, resulta “especialmente preocupante” que destacados miembros de la comunidad científica de la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hayan denunciado públicamente la utilización de argumentos ambientales “para justificar una intervención cuya necesidad ecológica y eficacia real continúan siendo objeto de importantes cuestionamientos”, cuestiona

El pasado mes de mayo, más de 20 científicos y científicas de Canarias firmaron una declaración pública mostrando su rechazo al proyecto, y en la que expresan su preocupación por el uso instrumental de la ciencia para justificar proyectos comerciales en las islas. Los investigadores critican en su carta que la restauración se está convirtiendo en una ''narrativa de acceso a fondos públicos, a espacios protegidos y a territorios'' que de otro modo permanecerían fuera del alcance de la ''actividad comercial y especulativa''.

En este sentido, Nueva Canarias considera que “la protección de los ecosistemas marinos no puede quedar supeditada a proyectos que generan dudas entre quienes mejor conocen el medio natural canario”.

Asimismo, Correa señala que la defensa del territorio y de la biodiversidad ha sido siempre una de las señas de identidad del nacionalismo progresista canario. “La conservación de nuestros espacios naturales exige rigor científico, transparencia y participación social. Lo que no puede ocurrir es que se pretenda presentar como restauración ecológica una actuación que cuenta con una contestación tan amplia por parte de expertos y colectivos ambientales”, manifiesta el dirigente de NC-BC.

Nueva Canarias - Bloque Canarista comparte la preocupación expresada por investigadores de las universidades públicas canarias y centros de investigación respecto a la falta de evidencias concluyentes sobre los beneficios ambientales del proyecto, así como sobre la instalación de estructuras artificiales en un entorno marino de elevado valor ecológico.

Considera además necesario esclarecer cualquier duda relacionada con los procedimientos administrativos y de evaluación ambiental asociados a esta iniciativa.

La formación defiende que “cualquier actuación sobre el medio natural debe responder exclusivamente al interés general, apoyarse en criterios científicos contrastados y garantizar la máxima transparencia”.

Por todo ello, Nueva Canarias reclama al Cabildo de Tenerife que paralice el desarrollo del proyecto “hasta que exista una evaluación independiente, rigurosa y participada” que despeje todas las incertidumbres planteadas por la comunidad científica.

“Canarias no necesita operaciones de maquillaje verde ni proyectos concebidos para generar titulares. Necesita políticas valientes de conservación, recuperación de ecosistemas y protección efectiva de un patrimonio natural que constituye uno de nuestros mayores valores colectivos”, asegura Correa.

“NC-BC reitera su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que sitúe la protección del territorio, la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el respeto a los límites ecológicos del archipiélago en el centro de la acción pública, defendiendo siempre que las decisiones sobre el futuro de Canarias se adopten desde el conocimiento científico y no desde intereses ajenos a la conservación del medio ambiente, concluye el comunicado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para recibir el próximo 12 de junio la histórica visita del papa León XIV, entre los que destaca el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita, así como la distribución de 50.000 botellas de agua para garantizar la hidratación de las personas asistentes durante la jornada, según ha anunciado este jueves el Consistorio en un comunicado, sin dar detalles del coste que supondrá para las arcas públicas este merchandising papal.

En este contexto, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, manifiesta que la visita del pontífice en la ciudad “supondrá un importante impulso para la actividad comercial, turística y de servicios” de la capital.

Además, Bermúdez resalta la relevancia institucional y social del evento, por lo que “Santa Cruz tendrá una extraordinaria proyección internacional que contribuirá a reforzar su posicionamiento como destino capaz de acoger grandes acontecimientos”.

Por otro lado, con el objetivo de ofrecer la mejor acogida posible a residentes y visitantes, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha diseñado un amplio dispositivo organizativo y de atención al público que combinará aspectos logísticos, promocionales y de participación ciudadana.

José Manuel Bermúdez destacó la importancia de este acontecimiento para la ciudad y aseguró que “el próximo 12 de junio viviremos una jornada histórica para Santa Cruz. Estamos trabajando con la máxima implicación para que la ciudad esté a la altura de un acontecimiento de esta magnitud, ofreciendo una acogida ejemplar y garantizando que tanto los vecinos como las personas que nos visiten puedan disfrutar de este momento único en las mejores condiciones”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que “queremos que toda la ciudad participe de esta celebración histórica. Hemos preparado una ambientación especial a lo largo del recorrido y en distintos puntos estratégicos de Santa Cruz para que la visita del papa León XIV se viva en cada rincón de la capital y quede en el recuerdo de todos”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz destaca también que la ciudad también lucirá una imagen especial para la ocasión. A lo largo del recorrido previsto se instalarán banderolas de bienvenida con la imagen del papa León XIV, mientras que la fachada del Consistorio y uno de los principales accesos a la capital contarán con carteles de gran formato para dar la bienvenida al Santo Padre y a los miles de fieles y visitantes que llegarán a Santa Cruz.

Asimismo, el emblemático Reloj de Flores del Parque García Sanabria y diferentes jardines municipales serán acondicionados con los colores representativos del Estado de la Ciudad del Vaticano, reforzando el carácter simbólico y solemne de esta visita histórica.

Además, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo al lugar del evento, “cuya ubicación definitiva se encuentra pendiente de confirmación técnica”. De esta manera se podrá seguir en directo la misa presidida por el papa León XIV desde un espacio habilitado para el público.

El Ayuntamiento de Santa Cruz continúa trabajando de forma coordinada con las distintas administraciones y organismos implicados para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos previstos el próximo 12 de junio y ofrecer una experiencia segura, accesible y organizada a los miles de personas que se darán cita en la capital tinerfeña para acompañar al papa León XIV en esta jornada histórica.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido este viernes que la isla vive “un cambio de etapa” y destacó que tiene ya en marcha “grandes transformaciones” que movilizarán más de 7.000 millones de euros en infraestructuras, movilidad, sostenibilidad, agua, innovación y desarrollo económico, si bien el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, del principal grupo de la oposición, la ha acusado de vivir en “una burbuja”.

Dávila, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Isla, aseguró que Tenerife “ya no está discutiendo únicamente cómo resolver las urgencias del presente”, sino “qué isla quiere ser dentro de diez, veinte o treinta años”, apuntando que el reto de esta generación pasa por construir una isla “más fuerte, más moderna, más conectada y mejor preparada para el futuro”.

La presidenta insular puso en valor los principales indicadores económicos y sociales de la isla, señalando que Tenerife lidera actualmente la creación de empleo en Canarias, con más de 54.000 nuevos puestos de trabajo desde 2023 y una tasa de paro situada en el 8,7%, mientras que el desempleo juvenil se ha reducido hasta el 13%, “la cifra más baja de la serie histórica”.

En la misma línea, el vicepresidente del Cabildo insular, Lope Afonso, apeló al adjetivo “inédito” para poner en valor las políticas que el Cabildo ha impulsado durante este mandato en materia de Vivienda, “alineándonos con una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de esta isla y movilizando más de 1.200 recursos habitacionales a través de diferentes planes y programas”. 

La movilidad fue otro tema dentro del discurso de Rosa Dávila, con más de 100 actuaciones estratégicas con más de 5.000 millones de euros destinados a transformar el modelo de desplazamientos de la isla mediante nuevas infraestructuras viarias, transporte público, inteligencia artificial aplicada al tráfico, renovación aeroportuaria y proyectos ferroviarios. 

La presidenta insular defendió que Tenerife “ha decidido moverse diferente”, apostando por una movilidad propia “de las grandes regiones metropolitanas europeas”.

Asimismo, sostuvo el argumento de una nueva generación de políticas ambientales basadas en ecotasas, control de accesos, limitaciones de capacidad de carga, prioridad para los residentes tinerfeños y nuevas fórmulas de conservación en espacios como el Teide, Masca, Punta de Teno o Anaga.

“Esta tierra vuelve a reconocerse capaz. Capaz de proteger lo suyo. Capaz de competir. Capaz de atraer talento. Capaz de anticiparse. Capaz de liderar desde Canarias hacia el Atlántico”, concluyó Rosa Dávila, convencida de que “esta será la década en la que Tenerife se coloque exactamente donde merece estar”.

Sin embargo, el portavoz del PSOE contrapuso el “discurso triunfalista” de Dávila que considera “grandilocuente, autocomplaciente y poco realista”, y sostuvo que la ciudadanía tiene hoy más dificultades para llegar a final de mes que al inicio del mandato.

Advirtió de que el discurso ofrecido por el grupo de gobierno “está alejado” de los principales problemas que afectan a la población.

“La gente no tiene dónde vivir a precios asequibles, sigue perdiendo horas en los atascos, espera más que nunca por la dependencia o una plaza residencial y ve cómo muchos de los problemas de Tenerife continúan sin resolverse”, resumió.

En este sentido, Aarón Afonso dijo que el principal problema de la Isla continúa siendo el acceso a la vivienda, y criticó la falta de una estrategia efectiva por parte del Cabildo para afrontar la emergencia habitacional, pese a que “la Corporación dispone desde hace más de dos años de competencias para impulsar vivienda protegida”, aseguró.

En cuanto a movilidad, recordó que el mandato del actual equipo de gobierno comenzó con grandes promesas para resolver los problemas de tráfico que siguen sin cumplirse. Entre ellas citó los anuncios realizados para resolver las colas en 90 días, la implantación de sistemas de retirada rápida de vehículos accidentados o las actuaciones previstas para aliviar el colapso de Los Cristianos.

A juicio del Grupo Socialista, los problemas de movilidad continúan afectando gravemente a la calidad de vida de la ciudadanía, a la productividad de la economía insular y al equilibrio territorial de Tenerife.

A su vez, también defendió un modelo turístico basado en la calidad frente al crecimiento ilimitado en número de visitantes. Aarón Afonso apostó por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, aumentar el gasto en destino e impulsar inversiones para la regeneración de espacios turísticos maduros, criticando la paralización de actuaciones estratégicas vinculadas al Programa Insular de Regeneración de Espacios Turísticos.

Durante su intervención, alertó además de que la bonanza económica de los últimos años no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza y la exclusión social.

Afonso vinculó también esta realidad a la necesidad de impulsar políticas de igualdad más ambiciosas y criticó que el Cabildo destine cuatro millones de euros a publicidad y propaganda mientras las políticas específicas de igualdad cuentan con recursos significativamente inferiores.

El socialista también denunció el aumento de las listas de espera para acceder a prestaciones de dependencia, centros de día, servicios de teleasistencia y plazas residenciales, recordando que durante este mandato no se ha puesto en funcionamiento ninguna nueva plaza pública residencial pese a los compromisos adquiridos por el gobierno insular.

El PSOE quiso dejar claro que la formación apoyará proyectos estratégicos para el futuro de Tenerife, como el desarrollo de la geotermia para avanzar hacia una mayor soberanía energética, o aquellas medidas dirigidas a mejorar la gestión y conservación del Parque Nacional del Teide.

Sin embargo, mostró su rechazo a la externalización de servicios vinculados al espacio protegido, criticando la apuesta por la seguridad privada, los encargos a Gesplan para labores de vigilancia ambiental y la contratación de educadores ambientales para realizar actividades que, en su opinión, generan competencia con el sector profesional del turismo activo.

Aarón Afonso advirtió también del abandono que sufren distintas comarcas del norte y del sur de Tenerife, donde asegura que se reclaman inversiones, infraestructuras sanitarias y carreteras que contribuyan a fijar población y generar oportunidades.

“Las expectativas las genera quien gobierna y será la ciudadanía quien valore si esas expectativas se han cumplido o no”, aseveró.

“Siempre estaremos para los grandes acuerdos que necesita Tenerife, pero no para comprar discursos vacíos ni anuncios que solo sirvan para generar titulares. La ciudadanía merece hechos y resultados”, concluyó.