El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene adelante el proyecto para recuperar la playa de Benijo, en Anaga, después de que la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias haya ratificado su criterio de considerar las actuaciones como obras de emergencia, pese al informe desfavorable emitido por Costas del Estado.

Así lo ha trasladado el director general de Costas del Ejecutivo autonómico, Antonio Acosta, durante una reunión con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en la que se analizó la situación administrativa del proyecto, según ha informado este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

El criterio de Costas de Canarias permitirá, según el Ayuntamiento, continuar con la tramitación de las actuaciones sin necesidad de formalizar inicialmente una concesión administrativa.

Bermúdez ha señalado que las distintas administraciones llevan trabajando de forma coordinada para “encontrar una solución que permitiera agilizar los trámites” y ha considerado que este paso acerca el objetivo de ejecutar las obras “cuanto antes”.

El alcalde ha subrayado además el compromiso municipal con los vecinos de Anaga y con la recuperación de la playa, cerrada desde julio de 2024, y ha defendido que la seguridad de las personas “está por encima de todo”.

En este sentido, ha explicado que las obras son necesarias para asegurar el talud situado junto a esta zona de baño de la costa de Santa Cruz.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha considerado que el criterio trasladado por Costas de Canarias supone “un avance muy importante” desde el punto de vista técnico y administrativo y aporta “seguridad jurídica” al procedimiento.

El Ayuntamiento pretende que, una vez completados los trámites pendientes, las obras puedan comenzar “con la mayor rapidez posible” y con las correspondientes garantías técnicas y jurídicas.

La playa de Benijo permanece cerrada desde julio de 2024, cuando el Ayuntamiento decretó el cierre cautelar del acceso después de detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de entrada y salida.

Algunas de las piedras desprendidas llegaron a impactar incluso sobre la única vía de acceso existente a la playa, lo que motivó la adopción de la medida de seguridad.

Coalición Canaria (CC) de Tenerife ha mostrado su respaldo unánime a la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Según informa la formación nacionalista, así se puso de manifiesto durante la celebración del Consejo Político Insular (CPI) que tuvo lugar este viernes encabezado por el secretario general insular, Francisco Linares, y por la secretaria de Organización, Rosa Dávila.

Al respecto, Clavijo trasladó a los miembros de la organización su decisión de volver a ponerse al frente del proyecto nacionalista para afrontar un nuevo ciclo político y continuar desarrollando el trabajo iniciado durante la actual legislatura.

En este sentido, defendió la necesidad de “seguir avanzando hacia una Canarias con mayor capacidad para decidir sobre su futuro y afrontar los principales desafíos sociales, económicos y territoriales que tiene por delante el Archipiélago”.

“Doy este paso convencido de que Canarias necesita estabilidad, ambición y un proyecto propio que sitúe siempre a nuestra gente en el centro de las decisiones. Hemos avanzado durante estos años, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para responder a problemas como la vivienda, la sanidad, la presión demográfica, los servicios públicos o la necesidad de generar oportunidades para nuestros jóvenes”, señaló.

De igual modo, el secretario general nacional de CC aseguró que el partido afronta los próximos años “con la determinación de continuar defendiendo a Canarias allí donde sea necesario”.

Por ello, sostuvo que el archipiélago “no puede permitir que las decisiones que afectan directamente a nuestra tierra se adopten desde Madrid sin atender nuestra realidad y nuestras singularidades”.

“Queremos seguir construyendo una Canarias que tenga voz propia, que pueda decidir sobre aquello que condiciona su presente y su futuro y que sea capaz de defender, sin complejos y con firmeza, los derechos de ocho islas y de más de dos millones de canarios y canarias”, afirmó.

Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, trasladó el respaldo unánime de la organización insular a la candidatura de Clavijo y puso en valor “el liderazgo” ejercido por el presidente durante esta legislatura.

“Fernando ha demostrado que en los momentos difíciles sabe estar al frente, tomar decisiones y defender Canarias por encima de cualquier otro interés. Conoce profundamente las necesidades de nuestras islas y ha acreditado capacidad, experiencia y determinación para continuar liderando este proyecto”, afirmó.

Linares subrayó asimismo que CC de Tenerife encara el próximo ciclo electoral “con una organización fuerte, cohesionada y con un proyecto claramente reconocible”, y aseguró que el objetivo de la formación será continuar ampliando su respaldo social tanto en Tenerife como en el conjunto de Canarias.

Con este pronunciamiento, Coalición Canaria de Tenerife se suma al respaldo expresado por otras organizaciones insulares del partido a la candidatura de Fernando Clavijo para continuar encabezando el proyecto nacionalista en las elecciones autonómicas de 2027.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santa Cruz de Tenerife, con lo que el Ayuntamiento culmina la tramitación de esta normativa y se da un nuevo paso en su proceso de implantación en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la publicación en el BOP no implica, sin embargo, la aplicación inmediata de restricciones a la circulación. Además, una vez transcurrido el plazo legal de 15 días desde la publicación, comenzará un periodo de 18 meses de carácter exclusivamente informativo. No obstante, tampoco se aplicarán restricciones ni sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones.

Esta fase permitirá informar a la ciudadanía y facilitar su adaptación progresiva al nuevo modelo de movilidad, dando a conocer las condiciones de la regulación y las excepciones previstas antes de que las medidas restrictivas entren en su fase de aplicación efectiva.

De esta manera, durante los próximos 18 meses, una vez finalizado el plazo legal establecido, la ZBE tendrá un carácter meramente informativo, por lo que las condiciones actuales de circulación en la ciudad no sufrirán cambios y se podrá seguir circulando sin la aplicación de las restricciones contempladas para la fase posterior.

El Ayuntamiento aprovechará este periodo para desarrollar las acciones necesarias de información y divulgación, con el objetivo de que la ciudadanía conozca con antelación el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y pueda adaptarse progresivamente a su futura aplicación.

El Ayuntamiento señala que la publicación supone, por tanto, la culminación de la tramitación de la regulación y un nuevo paso en la implantación de la ZBE en Santa Cruz, un proceso que se desarrollará de forma gradual y con un amplio periodo previo destinado a informar y acompañar a la ciudadanía antes de la entrada en vigor efectiva de las medidas restrictivas.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha anunciado este sábado que ha solicitado un pleno extraordinario del Cabildo para exigir a su presidenta, Rosa Dávila, que explique por qué siguen sin ejecutarse las obras anunciadas para resolver los problemas de saneamiento y depuración de Playa Jardín.

Raya señaló en un comunicado que los últimos hechos conocidos obligan a elevar este asunto del ámbito municipal al insular. Las actas de Salud Pública confirman que el 23 de junio se ordenó cerrar al baño la zona del Charcón tras detectarse un episodio de contaminación microbiológica.

“Los últimos documentos demuestran que el problema de Playa Jardín continúa y que sus consecuencias son muy serias. Por eso registramos este pleno extraordinario: Rosa Dávila debe explicar por qué las obras que prometió como urgentes siguen sin ejecutarse”, apunta.

El PSOE subraya que Dávila anunció en marzo de 2025 la rehabilitación urgente del emisario submarino de Punta Brava. Sin embargo, la documentación oficial del Consejo Insular de Aguas confirmó que, a fecha de 2 de junio de 2026, las actuaciones todavía no habían comenzado. Apenas veinte días después se produjo un nuevo episodio de contaminación.

“La cronología es incontestable: urgencia anunciada en marzo de 2025, obras sin comenzar en junio de 2026 y un nuevo episodio de contaminación pocos días después. La presidenta tiene que explicar cómo es posible que el problema estructural continúe sin resolverse”, afirmó.

El PSOE asegura que es “un problema de responsabilidad insular”

Raya indicó que la actuación del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz durante el episodio de junio deberá aclararse ya que Salud Pública avisó por teléfono y por correo electrónico de que debía cerrarse la zona del Charcón, pero no se garantizó el cierre efectivo ni se informó públicamente a la población. No obstante, incide en el comunicado en que estos hechos no pueden ocultar la responsabilidad del Cabildo sobre las infraestructuras insulares de saneamiento y depuración.

“Lo ocurrido en el ámbito municipal es muy grave y deberá tener las correspondientes explicaciones. Pero Playa Jardín lleva demasiado tiempo sufriendo las consecuencias de unas obras que Rosa Dávila anunció y todavía no ha ejecutado”, sostuvo.

Tamara Raya también se refirió al baño protagonizado por el alcalde del Puerto de la Cruz para transmitir una imagen de normalidad.

“El baño del alcalde puede servir para una fotografía, pero no certifica la calidad del agua ni repara un emisario. La seguridad de Playa Jardín depende de análisis rigurosos, información transparente y unas infraestructuras que funcionen”, declaró.

Un calendario verificable

En el pleno extraordinario, el PSOE exigirá que Rosa Dávila informe sobre el estado real de las actuaciones, las razones de los retrasos, el presupuesto ejecutado y el calendario previsto para su finalización.

“No queremos otro anuncio. Rosa Dávila debe presentar documentos, plazos concretos y una fecha real para la entrada en funcionamiento de las infraestructuras”, señaló Raya.

La dirigente socialista recordó que los proyectos principales quedaron preparados durante el anterior mandato y que el actual Gobierno insular lleva tres años al frente del Cabildo.

“La propaganda no depura el agua, los titulares no reparan los emisarios y las fotografías no sustituyen las obras. La presidenta debe dar la cara, explicar sus incumplimientos y asumir un calendario para ejecutar una solución estable, segura y definitiva”, concluyerRaya.

El Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMSIT) del Cabildo de Tenerife ha recibido el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental de la isla (CEAT), que plantea nueve programas con 91 actuaciones, con el objetivo, según el Cabildo, de impulsar el transporte público, la movilidad eléctrica o la modernización de las infraestructuras viarias, según ha indicado la corporación insular en un comunicado.

Tras incorporar en el texto las modificaciones menores planteadas por la CEAT, el siguiente paso es la comisión plenaria del Cabildo de Tenerife, antes de ser llevado al pleno de la corporación insular.

El Cabildo señala que la evaluación ambiental presta especial atención a los espacios naturales protegidos y a los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000.

En este sentido, el plan aborda de manera específica la movilidad en territorios sometidos a una elevada presión de visitantes, como Anaga, Teno y el entorno del Teide, planteando medidas de gestión de accesos, transporte público, aparcamientos disuasorios y servicios de lanzadera.

Asimismo, el documento incorpora criterios para mejorar la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático, que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo posterior de las diferentes actuaciones.

Hoja de ruta

El órgano aprobó por unanimidad la Declaración Ambiental Estratégica del plan el pasado 11 de agosto, que contempla un total de 91 actuaciones divididas en nueve programas; infraestructuras, instalaciones y sistema del transporte público; infraestructura viaria; mejora y potenciación del transporte colectivo; control y regulación del vehículo privado; promoción de la movilidad activa; gestión de la movilidad digital e innovadora; transporte de mercancías; movilidad eléctrica; regulación, planeamiento y financiación.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, explica que el PIMSIT permite pasar de actuaciones concretas a una estrategia común para toda la isla. “Ponemos al ciudadano en el centro de la planificación, optimizando el servicio de transporte colectivo, apostando por los viajes compartidos y ofreciendo al usuario un sistema intermodal que le permita combinar diferentes formas de desplazamiento”, explica García.

“El objetivo es que cada vez haya más alternativas al vehículo privado y que desplazarse por Tenerife sea más accesible, inclusivo, limpio y eficiente”, añade la consejera.

Proyecto en dos horizontes

El Cabildo insular detalla que el plan se proyecta además en dos horizontes temporales: 2035 y 2045. El primero establece un plazo intermedio para dar respuesta a los retos de movilidad que tendrá Tenerife en los próximos años, mientras que el segundo recoge una visión a largo plazo para anticipar las necesidades futuras.

Entre las propuestas, se encuentra la modernización y refuerzo del servicio de guaguas para responder mejor a las necesidades de los usuarios, así como la ampliación de la red del tranvía, con actuaciones como la prolongación de la Línea 1 hasta el aeropuerto Tenerife Norte y de la Línea 2 hasta La Gallega.

Asimismo, incluye la optimización y ampliación del transporte escolar.

Por otro lado, promueve la implantación de infraestructuras que fomenten el uso del transporte público, como la creación de la red insular de aparcamientos de disuasión y de carriles BUS-VAO en los principales corredores de la TF-1 y la TF-5.

Además, introduce otras medidas para reducir la congestión de las carreteras como la habilitación de un tercer carril en la autopista del sur, en el tramo de San Isidro a Las Américas y en el tramo de Güímar a San Isidro; y en la autopista del norte, entre el aeropuerto y La Orotava.

El desarrollo de plataformas de car-sharing y car-pooling (impulsar y poner en marcha sistemas digitales y servicios que permitan compartir coche), el establecimiento de corredores verdes urbanos, el apoyo a la creación de zonas de bajas emisiones o el impulso de una red insular de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos forman parte también de las actuaciones contempladas en el plan.

Participación pública

La tramitación del plan incluyó una consulta pública inicial, así como la exposición pública del Avance del Plan y del Estudio Ambiental Estratégico durante 45 días entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Posteriormente, el documento de aprobación inicial y su estudio ambiental fueron sometidos nuevamente a información pública y consulta en octubre de 2025.

Durante este proceso se han recibido aportaciones de administraciones públicas, ayuntamientos, colegios profesionales, organizaciones políticas y ciudadanía, que han permitido incorporar diferentes perspectivas al documento.

El PSOE de Puerto de la Cruz ha exigido este viernes al gobierno municipal (PP-ACP-CC) que “asuma la gravedad” del problema de contaminación fecal de Playa Jardín y que “deje de actuar como escudo” del Cabildo de Tenerife y exija “las actuaciones pendientes.

Así lo ha expresado en un comunicado, el portavoz socialista, Marco González, contra quien el gobierno local ha avanzado su intención de personarse en la causa judicial en su contra, pide a su vez al tripartido que “abandone de una vez las realidades paralelas” y que “se ponga al lado de los vecinos” en sus reclamaciones al Cabildo.

Urge al gobierno local a que “deje sus cálculos políticos y se una a la denuncia que llevamos manifestando junto con los vecinos de Punta Brava para que el Cabildo ejecute tanto la sustitución del emisario roto como la mejora de la depuradora”.

Para el PSOE, la lealtad institucional “empieza por decir la verdad, dejar de cuestionar a la autoridad sanitaria por puro interés político y actuar con seriedad y responsabilidad ante los portuenses”.

El portavoz socialista recuerda que en apenas un mes y medio se han producido tres resultados desfavorables en la zona de baño: E. coli el 22 de junio y el 11 de agosto, y enterococos el 10 de agosto. “Seguir cuestionando a Salud Pública ante esta evidencia solo añade confusión y pone en riesgo a la ciudadanía. La prioridad debe ser informar con claridad, proteger a los bañistas y solucionar el origen de los vertidos, no intentar construir una realidad paralela para preservar la imagen del gobierno”, señaló Marco González.

González considera “inaceptable” que el gobierno local trate de contraponer de forma sistemática la labor de Salud Pública con análisis externos encargados a una empresa como Aqualia que es parte interesada como concesionaria tanto del servicio de saneamiento del municipio como de la propia gestión de la depuradora comarcal.

El PSOE recuerda que la situación de Punta Brava “no es nueva ni sobrevenida” y que las causas de los vertidos “tienen un origen claro que lleva años denunciando: un emisario roto desde 2020 y una falta de mejora de las infraestructuras de depuración cuya competencia corresponde al Cabildo de Tenerife”.

En este sentido, González subraya que “la solución técnica existe desde hace tiempo: hay proyecto y financiación para actuar sobre el emisario y la depuradora desde 2023, pero lo que falta es voluntad política para ejecutar las obras”.

“La salud de los bañistas debe estar siempre por encima del cálculo político: cuando hay un riesgo, la obligación de las instituciones es informar con claridad y proteger a la población, no ocultar el problema”, sentenció.

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), lo sigue teniendo claro: la planta eléctrica de gas pretendida por la compañía Disa en el polígono industrial del municipio, el de La Gañanía, no tiene cabida por su cercanía a los núcleos residenciales de la zona y, por tanto, se topa con el total rechazo del gobierno municipal, que goza de una amplísima mayoría de 15 de los 21 ediles con que cuenta el consistorio. Eso sí, y como el propio mandatario reconoce en declaraciones a Canarias Ahora, poco más que protestar y ejercer el derecho al pataleo le queda a su equipo, “ya que se trata de unas plantas que permite y costea el Ministerio de Transición Ecológica, que es el que le paga a la empresa, el Gobierno regional se ve en la obligación de aceptar lo que viene del Ministerio y la compañía negocia con propietarios privados con terrenos en el polígono, con lo que el ayuntamiento tiene poco que hacer o decir”.

No obstante, el alcalde anuncia que, en el próximo consejo de gobierno, que ya será en septiembre, aprobarán dirigirse al Gobierno central, al regional y a Disa para reiterar que siguen oponiéndose “totalmente” a la creación de esta planta en el polígono industrial realejero, tal y como ya hicieron cuando se pretendió ubicar junto a la carretera general de La Zamora. “Es verdad que, en ese caso, la vivienda más cercana quedaba a apenas unos cinco metros y que ahora se alejan más, pero sigue habiendo rechazo y temor vecinal y este ayuntamiento se opone. Ahora, que se ha creado una plataforma vecinal en contra en La Cruz Santa, ya tenemos el interlocutor que necesitábamos para comunicarnos con los afectados y también les plantearemos en las próximas horas nuestra posición y los pasos que daremos”, explica a este periódico. El pasado domingo, unos 65 vecinos de La Cruz Santa y otros núcleos poblados afectados se reunieron y decidieron constituir una entidad para luchar contra este proyecto.

González admite que el ayuntamiento no cuenta con ninguna parcela o es conocedor de un lugar ideal para ubicar una planta de este tipo, pero insiste en que es el Ministerio el que las ha permitido “con esas características y debe ser el Gobierno central el que se pronuncie sobre esta afección a los vecinos y sobre las posibles soluciones”.

Mientras, desde la consejería regional de Transición Ecológica, que dirige el también conservador Mariano Hernández Zapata, se traslada a Canarias Ahora que la instalación resulta imprescindible por la situación eléctrica actual de la Isla. “Tenerife se encuentra en una situación de emergencia energética. Por este motivo, se están desarrollando diferentes plantas de emergencia, con el objetivo de evitar que se produzcan ceros. Estas instalaciones son de carácter temporal y flexible, usando combustibles menos contaminantes y contando con todas las garantías medioambientales, territoriales y de salud pública”. Según remarcan, “las plantas sólo actuarán en momentos de riesgo de apagón y estarán instaladas hasta que Canarias no se encuentre en situación de emergencia”.

Alegaciones respondidas por la empresa, “procedimiento ordinario”

En cuanto al proceso de alegaciones, y tras las críticas vecinales por el hecho de que les respondiese Disa y no la consejería, señalan que “se trata del procedimiento ordinario. Durante el proceso de autorización administrativa, se ha de exponer a información pública el proyecto para que los ciudadanos puedan alegar. Estas alegaciones siempre se trasladan al promotor del proyecto, siendo el propio promotor el que responde a todas y cada una de ellas, Aparte de esto, desde la consejería se trabaja de manera coordinada junto al Ayuntamiento de Los Realejos”, sostienen.

El proyecto consiste en la creación de una planta de gas para la generación eléctrica con grupos de emergencia de 14,8 megawatios, la llamada planta Tigaiga de Los Realejos (aunque no en el barrio realejero del mismo nombre). El rechazo vecinal surgido por buena parte de los afectados en La Zamora se ha trasladado ahora a residentes que viven a escasos 50 metros, en las casas del Granadillar, a los que se ubican a entre 90 y 190 metros, en las viviendas de El Lagar-El Mocán, y a los que se sitúan a 160 del primer núcleo residencial de La Cruz Santa, uno de los barrios más populosos de Los Realejos.

Según critican los residentes, se trata de una planta con ocho motores generadores y dos depósitos de propano de 300 metros cúbicos cada uno, por lo que alertan de sus posibles impactos ambientales, como la “emisión de gases invernaderos y contaminantes que deterioren la calidad del agua, así como los riesgos de fugas de gas”. También temen “riesgos de incendios y explosiones por el propano, contaminación acústica por los motores y efectos para la calidad de vida de la zona”.

En la respuesta a las alegaciones presentadas por una vecina, la compañía argumenta que la elección del suelo y su ubicación responden “al criterio de mínima afección posible, así como a criterios técnicos tales como la proximidad a infraestructuras eléctricas, la accesibilidad y la seguridad”. Asimismo, subraya que ni el planeamiento insular ni el local impiden su implantación, después de que el PGO local recalificase esa zona de rústica a industrial.

El PSOE de Puerto de la Cruz insta al Gobierno de Canarias y, específicamente, a la Consejería de Sanidad, responsable de Salud Pública, a una comparecencia para aclarar la gestión realizada tras el episodio de contaminación en Playa Jardín por la bacteria E.coli.

El secretario general del PSOE de Puerto de la Cruz, Marco González, en un comunicado considera, a su juicio, que a estas alturas es “imprescindible” que las administraciones competentes ofrezcan una explicación “completa, rigurosa y transparente” sobre los hechos ocurridos entre Salud Pública y el Ayuntamiento tras los análisis realizados el pasado 22 de junio y el posterior aviso del cierre de la playa el 23 de junio que, asegura, “desoyó” el Consistorio.

El PSOE recuerda que, según el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño Náyade, gestionado por el Ministerio de Sanidad, Salud Pública detectó un episodio de contaminación y comunicó dicha circunstancia por teléfono y por correo electrónico al Ayuntamiento en la mañana del día 23, tal y como estipula el protocolo oficial.

Sin embargo, para el Partido Socialista, las explicaciones ofrecidas posteriormente por el Consistorio “han generado dudas y confusión”, especialmente después de las distintas versiones conocidas públicamente sobre la actuación seguida en aquellos días.

“La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió exactamente, qué información se trasladó al Ayuntamiento, cuándo se produjo esa comunicación y por qué no se adoptaron antes las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias de Playa Jardín”, señala Marco González, que reclama que la Consejería de Sanidad explique públicamente el contenido y el alcance de las actuaciones realizadas por Salud Pública, así como la aplicación del protocolo oficial en este caso.

“Debido a las ocultaciones, tergiversaciones y falta de transparencia del Ayuntamiento, el responsable de la Salud Pública en Canarias tiene que explicar con claridad qué se hizo, cuándo se hizo, qué se comunicó y por qué no se procedió al cierre de la playa cuando se conocieron los resultados de los análisis”, afirma Marco González.

Pérdida de confianza

El PSOE de Puerto de la Cruz advierte de que la falta de información “clara y las versiones cambiantes ofrecidas por el Ayuntamiento han provocado una pérdida de confianza entre la ciudadanía” respecto al estado de las aguas de Playa Jardín y a la gestión realizada por las instituciones responsables.

“El problema no es únicamente la contaminación detectada, sino también la falta de transparencia posterior. Cuando las administraciones no explican con claridad lo sucedido, se genera incertidumbre y se perjudica la imagen de Playa Jardín y del propio municipio”, subrayan desde el PSOE portuense.

Espectáculo “lamentable” a lo Fraga

Desde el PSOE de Puerto de la Cruz se califica de “nefasto” el espectáculo “de tintes franquistas” protagonizado por el alcalde y el primer teniente de alcalde, emulando la imagen de Manuel Fraga bañándose en Palomares en 1966.

“Hay que recordar a estos representantes públicos que vivimos en una democracia consolidada, con instituciones que velan por la salud pública mediante protocolos rigurosos y análisis serios realizados por funcionarios técnicos y profesionales preparados para ejercer esta labor”, señalan desde el PSOE.

Para los socialistas portuenses, este tipo de actuaciones no contribuye a despejar las dudas existentes ni a recuperar la confianza de la ciudadanía, sino todo lo contrario: “Están haciendo el ridículo y dejando perpleja a la ciudadanía, que espera de sus representantes públicos responsabilidad, seriedad y explicaciones, no una escenificación que banaliza un asunto relacionado con la salud pública”, añaden.

El PSOE de Puerto de la Cruz considera que la seguridad de las aguas no puede acreditarse mediante gestos propagandísticos en bañador, sino a través de informes técnicos, análisis contrastados, transparencia institucional y explicaciones públicas claras.

Acceso al expediente municipal

El PSOE denuncia que, tras solicitar hace más de dos semanas acceso al expediente municipal, aún el documento “no ha sido puesto a su disposición”.

“La transparencia debe ser una obligación, especialmente cuando hablamos de salud pública y de la seguridad de la ciudadanía. No entendemos que se anuncie públicamente el acceso a un expediente y que, una semana después, ese compromiso siga sin cumplirse”, denuncia Marco González.

Por todo ello, y ante el silencio sepulcral del Ayuntamiento, el PSOE de Puerto de la Cruz reclama al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad, responsable de Salud Pública, que ofrezcan “con urgencia” una explicación detallada sobre los resultados de los análisis realizados el 22 de junio, la comunicación efectuada por Salud Pública al Ayuntamiento, las actuaciones desarrolladas por cada administración, las razones por las que Playa Jardín no fue cerrada el 23 de junio, la aplicación del protocolo sanitario correspondiente a este tipo de incidencias y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las aguas y recuperar la confianza ciudadana.

El pleno del Ayuntamiento de Arafo ha rechazado por unanimidad la decisión del Gobierno de Canarias de declarar como zona de gran afluencia turística a los polígonos industriales del valle de Güímar y El Carretón, al considerar que perjudicaría al comercio local y sector primario.

Por ello el consistorio ha solicitado al Gobierno de Canarias que archive el procedimiento, actualmente en tramitación, y señala en un comunicado que la calificación de zona de gran afluencia turística en los polígonos industriales supondría un importante cambio en el modelo comercial de la comarca, con consecuencias que irían mucho más allá de la ampliación de los horarios comerciales.

La moción sostiene que la declaración carece de una justificación objetiva basada en criterios turísticos, ya que el ámbito afectado no reúne las características habituales previstas para este tipo de figuras como la existencia de zonas hoteleras, playas o recursos patrimoniales de especial interés.

Además, el Ayuntamiento expresa su preocupación por las consecuencias que una ampliación de horarios podría tener sobre las condiciones de trabajo y la conciliación de la vida personal y familiar, especialmente en un sector altamente feminizado.

Al respecto, indica que la apertura en domingos y festivos suele traducirse en una mayor flexibilidad horaria y presión sobre las plantillas sin que ello implique necesariamente un incremento del empleo.

El Ayuntamiento advierte además de que la liberalización de horarios en domingos y festivos podría provocar un desplazamiento del consumo hacia las grandes cadenas comerciales debilitando el comercio de proximidad y poniendo en riesgo la viabilidad de pequeños establecimientos, autónomos y pymes que constituyen el principal tejido económico de Arafo y de las medianías del Valle de Güímar y Agache.

La corporación considera igualmente que esta medida sería incompatible con las políticas de apoyo al sector primario y al desarrollo rural que impulsan las distintas administraciones.

Señala que favorecer las compras dominicales en las grandes superficies supondría restar actividad a los mercados agrícolas, bodegas y pequeños comercios que contribuyen a mantener la economía y la población en las zonas de medianías.

Asimismo, el Ayuntamiento alude a los efectos sobre la movilidad al considerar que un aumento de la actividad comercial durante los fines de semana incrementaría los desplazamientos en vehículo privado hacia los polígonos industriales, con el consiguiente aumento del tráfico y de las emisiones, en contradicción con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica.

Por ello el Ayuntamiento de Arafo ha acordado solicitar a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias que deje sin efecto la tramitación del procedimiento y archive el expediente correspondiente.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), ha insistido en su defensa al monumento a Franco, si bien asegura que va a acatar la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. En este sentido, el regidor acusa al Gobierno de España de actuar con motivaciones ideológicas y a falta de “rigor jurídico”, incluso llega a cuestionar por qué el expresidente canario Ángel Víctor Torres no actuó antes, cuando dirigió el Gobierno autonómico.

Bermúdez se ha pronunciado así en Televisión Canaria este pasado jueves, donde si bien reconoce que puede considerarse un vestigio franquista por su origen y significado, por otro lado señala que el debate está en su valor artístico. Sin embargo, es aquí cuando el alcalde cae en una contradicción, pues resulta difícil reconocer que el monumento es un símbolo del franquismo, por lo que de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática debe ser retirado, y al mismo tiempo, busca fórmulas para mantenerlo en pie.

El alcalde, para abrir debate, dice que hay dos puntos clave; por un lado está que los vestigios franquista deben estar catalogados oficialmente como tales; y por otro, que si tienen valor artístico o patrimonial protegido, pueden mantenerse o resignificarse.

Bermúdez centra así el debate en el supuesto valor artístico como argumento para evitar su retirada, pues subraya que “hay informes que dicen que lo tiene y otros que no lo tiene”, por los que considera que eliminar la escultura sin un proceso adecuado podría incluso incurrir en una “ilegalidad”. No obstante, el alcalde se acoge a un argumento que choca con la ley que busca eliminar símbolos de exaltación de la dictadura franquista.

En este contexto, el Cabildo de Tenerife abrió el pasado año la instrucción para que fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en cumplimiento de una sentencia ante la cruzada de la asociación San Miguel de Arcángel que pretende proteger el monumento de Juan de Ávalos, y que, como defienden los expertos y expertas en el Catálogo de Vestigios de Canarias, así como se manifestó en la inauguración de la escultura en 1966: representa la partida “del generalísimo Franco cuando capitán general de Canarias salió de aquí y para acaudillar el monumento nacional”.

Durante la fase de instrucción de la primera Corporación insular, se presentaron varios informes; dos desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista.

En cualquier caso, José Manuel Bermúdez, en lugar de asumir una decisión política clara, parece apoyarse en procedimientos administrativos y dudas técnicas para dilatar el proceso que terminaría por retirar definitivamente la escultura de Juan de Ávalos.

Asimismo, pese a que sí existen informes del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias que se oponen a declarar BIC el monumento a Franco de Tenerife, Bermúdez insiste en acusar al ministerio de convertir la retirada de la escultura en un debate político a un año de las elecciones.

Según el alcalde capitalino, el Gobierno de Canarias no ha notificado “oficialmente” al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una comisión técnica si procede que sea declarado BIC.

Pues bien, este argumento ahora pierde peso tras las declaraciones este viernes de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que ha afirmado en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias ya ha determinado que la escultura de Juan de Ávalos, conocida como el monumento a Franco, “no es Bien de Interés Cultural (BIC)” y que, por tanto, el Ejecutivo autonómico “no tiene nada más que decir”, correspondiendo ahora actuar a cada administración en el ámbito de sus competencias.

Así lo expresó Nieves Lady Barreto en comisión parlamentaria, según informa la Agencia EFE, después de que el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias haya acordado recientemente rechazar la declaración como BIC, con categoría de Monumento.

En respuesta a una pregunta sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista, la consejera ha señalado que la posición del Gobierno respecto a la escultura de Ávalos es clara.

“La escultura de Ávalos no tenemos que decir nada más. El Gobierno de Canarias ha dicho que no es BIC. No tenemos que decir nada más”, ha manifestado.

Ha añadido que, una vez fijado ese criterio, “cada uno, en el ámbito de sus competencias, tendrá que hacer lo que le corresponda”.

En cuanto al plazo de la retirada, seis meses, José Manuel Bermúdez acusa al ministerio de actuar “con prisas” y califica la resolución de “sesgada y precipitada” cuando, según el alcalde capitalino, “habría que redactar un proyecto técnico para poder hacerlo conforme a la ley” al tener que retirar, según manifiesta, “la fuente que se ve detrás y todos los elementos que lo rodean”.

Pese a las argumentaciones del alcalde santacrucero, asegura que actuará conforme a la ley, y reitera, “tal y como está escrita”, concluye Bermúdez su intervención la cadena autonómica.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentencia a favor del Ayuntamiento de El Rosario en su litigio contra la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias por el impago de una subvención incluida en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2023 por valor de 3’1 millones de euros, señala el Consistorio tinerfeño en un comunicado.

Ahora, y según ha indicado la Corporación local, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha estimado íntegramente el recurso que el Consistorio interpuso en marzo de 2024 y ordena el abono de la subvención nominativa para el proyecto Remodelación de la plaza del Ayuntamiento y plaza del bosque de Adelantado más los correspondientes intereses legales devengados a partir del 8 de septiembre de 2023, fecha en la que se solicitó la resolución de la concesión de dicha ayuda.

Asimimso, el Ayuntamiento detalla que la sentencia del TSJC, en sus fundamentos de derecho, explica que ante la solicitud del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, de que la Consejería concediera la subvención comprometida “la administración autonómica ha violado flagrantemente su obligación legal de dictar y notificar resolución expresa” y abunda “en el presente caso, nos encontramos ante una infracción clara de los principios de confianza legítima y de buena administración”.

Todo ello debido a que la búsqueda de financiación externa por parte del Ayuntamiento de El Rosario para desarrollar el proyecto de reforma de la plaza del Consistorio e integración del bosque del Adelantado, en la trama urbana de La Esperanza encontró “un manifiesto interés” de la Consejería de Transición Ecológica “que se concretaría en los presupuestos autonómicos para el 2023”.

Sin embargo, la sentencia detalla que la conducta posterior de la administración es claramente contraria, pues “no ejecuta un mandato legal” al no materializar la subvención y, concluye, “si la Ley ha establecido que el pago es a cargo de una determinada Consejería, ésta queda inmediatamente apoderada directamente por la ley y esto la deja solo con dos opciones: o ejecuta el mandato legal o prevarica por omisión”.

En base a todo ello, el Ayuntamiento asegura que el TSJC estima íntegramente la demanda promovida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de El Rosario y defendida por el abogado José Francisco Lorenzo, condenando al Gobierno de Canarias al ingreso de la subvención y los intereses y al pago de las costas procesales. No obstante, contra dicho fallo cabe recurso de casación.

Según recuerda la Corporación local, el proyecto de remodelación de las plazas del Ayuntamiento y del Adelantado y puesta en valor del bosque del Adelantado es impulsado por la Administración rosariera desde 2022 y forma parte de un conjunto integral de actuaciones que se han venido desarrollando con el objetivo de transformar el centro urbano de La Esperanza en un espacio único desde el punto de vista urbanístico, ambiental y natural.

Además, desempeña un papel clave en la integración del bosque de laurisilva, conocido como bosque del Adelantado, en la trama urbana, promoviendo la peatonalización de todo el entorno y garantizando la accesibilidad de los peatones a este bosque milenario en pleno centro de la Villa de La Esperanza.

Por último, el Ayuntamiento destaca entre las actuaciones ya desarrolladas para la mejora del casco histórico de La Esperanza la ejecución del proyecto de reforma y accesibilidad de las calles El Calvario, Antonio González, Enrique Álvarez Bacallado, Agrícola Quintana Alonso, José Antonio Bacallado y Los Lirios. Actualmente está en ejecución la reforma de la calle Pedro Juan García Hernández.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado dos modificaciones presupuestarias por importe de 21,5 millones de euros destinadas a atender “necesidades sobrevenidas” relacionadas con el refuerzo de servicios públicos, actuaciones de emergencia, gastos de personal y la cobertura a obligaciones pendientes de ejercicios anteriores.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que los expedientes aprobados se financian principalmente con cargo al remanente de tesorería correspondiente al ejercicio 2025, así como del Fondo de Contingencia.

En este conexto, la primera de las modificaciones presupuestarias, correspondiente al expediente P-1/2026 y dotada con 7.573.083,66 euros, permitirá atender diferentes necesidades de financiación surgidas a lo largo del ejercicio que no contaban con crédito suficiente en el presupuesto inicial.

Entre las actuaciones previstas figura el refuerzo de las partidas de personal para asumir los incrementos retributivos derivados de los acuerdos en materia de empleo público para 2025 y 2026.

Asimismo, esta modificación presupuestaria también incluye más de medio millón de euros para la mejora de equipamientos tecnológicos y sistemas informáticos.

Igualmente, se incorporan recursos para afrontar actuaciones de emergencia en infraestructuras municipales afectadas por fenómenos meteorológicos adversos. Entre ellas destacan las obras de emergencia en el Campo de Fútbol El Galán, en El Sobradillo, con una inversión superior a los dos millones de euros, así como las actuaciones necesarias para reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en distintos puntos del distrito de Anaga, que contarán con una financiación superior a los 850.000 euros.

La modificación también contempla financiación para el proyecto de empleo y formación Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz de Tenerife 2026-2027, destinado a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas de larga duración, así como diversas actuaciones de mejora en instalaciones municipales y equipamientos públicos.

Por otro lado, la segunda modificación presupuestaria, el expediente P-2/2026, aprobado por importe de 13.973.033,60 euros, tiene como finalidad dar cobertura a gastos ya realizados y obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto municipal, conocidas técnicamente como Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto (OPAs).

Dentro de esta partida figuran más de seis millones de euros destinados a servicios sociales y programas asistenciales. También se incorporan créditos para atender gastos relacionados con la movilidad, la seguridad ciudadana, la conservación y mantenimiento de infraestructuras municipales, el alumbrado público, el mantenimiento de edificios e instalaciones, los centros educativos, los espacios públicos y otros servicios esenciales que forman parte del funcionamiento ordinario de la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado que estos expedientes reflejan la “capacidad” del Ayuntamiento para responder “con agilidad y responsabilidad a las necesidades reales de la ciudad”.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció hace uno días el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita del Papa a la isla, el próximo 12 de junio, así como la distribución de 50.000 botellas de agua para garantizar la hidratación de las personas asistentes durante la jornada, sin dar detalles del coste que supondrá para las arcas públicas este merchandising papal.

El portavoz insular de Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) en Tenerife, Valentín Correa, ha mostrado su rechazo al proyecto Underwater Gardens promovido por el Cabildo de Tenerife (CC-PP) en la costa de Punta Blanca y ha respaldado las advertencias realizadas por investigadores de las dos universidades públicas canarias, especialistas en medio marino y organizaciones ecologistas.

En este contexto, Valentín Correa sostiene que “cuando decenas de científicos alertan de que una actuación puede estar sustentándose más en una estrategia de imagen que en una auténtica restauración ambiental, la obligación de las administraciones es escuchar, reconsiderar y actuar con responsabilidad”, subraya el portavoz en un comunicado.

Para NC-BC, resulta “especialmente preocupante” que destacados miembros de la comunidad científica de la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hayan denunciado públicamente la utilización de argumentos ambientales “para justificar una intervención cuya necesidad ecológica y eficacia real continúan siendo objeto de importantes cuestionamientos”, cuestiona

El pasado mes de mayo, más de 20 científicos y científicas de Canarias firmaron una declaración pública mostrando su rechazo al proyecto, y en la que expresan su preocupación por el uso instrumental de la ciencia para justificar proyectos comerciales en las islas. Los investigadores critican en su carta que la restauración se está convirtiendo en una ''narrativa de acceso a fondos públicos, a espacios protegidos y a territorios'' que de otro modo permanecerían fuera del alcance de la ''actividad comercial y especulativa''.

En este sentido, Nueva Canarias considera que “la protección de los ecosistemas marinos no puede quedar supeditada a proyectos que generan dudas entre quienes mejor conocen el medio natural canario”.

Asimismo, Correa señala que la defensa del territorio y de la biodiversidad ha sido siempre una de las señas de identidad del nacionalismo progresista canario. “La conservación de nuestros espacios naturales exige rigor científico, transparencia y participación social. Lo que no puede ocurrir es que se pretenda presentar como restauración ecológica una actuación que cuenta con una contestación tan amplia por parte de expertos y colectivos ambientales”, manifiesta el dirigente de NC-BC.

Nueva Canarias - Bloque Canarista comparte la preocupación expresada por investigadores de las universidades públicas canarias y centros de investigación respecto a la falta de evidencias concluyentes sobre los beneficios ambientales del proyecto, así como sobre la instalación de estructuras artificiales en un entorno marino de elevado valor ecológico.

Considera además necesario esclarecer cualquier duda relacionada con los procedimientos administrativos y de evaluación ambiental asociados a esta iniciativa.

La formación defiende que “cualquier actuación sobre el medio natural debe responder exclusivamente al interés general, apoyarse en criterios científicos contrastados y garantizar la máxima transparencia”.

Por todo ello, Nueva Canarias reclama al Cabildo de Tenerife que paralice el desarrollo del proyecto “hasta que exista una evaluación independiente, rigurosa y participada” que despeje todas las incertidumbres planteadas por la comunidad científica.

“Canarias no necesita operaciones de maquillaje verde ni proyectos concebidos para generar titulares. Necesita políticas valientes de conservación, recuperación de ecosistemas y protección efectiva de un patrimonio natural que constituye uno de nuestros mayores valores colectivos”, asegura Correa.

“NC-BC reitera su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que sitúe la protección del territorio, la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el respeto a los límites ecológicos del archipiélago en el centro de la acción pública, defendiendo siempre que las decisiones sobre el futuro de Canarias se adopten desde el conocimiento científico y no desde intereses ajenos a la conservación del medio ambiente, concluye el comunicado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para recibir el próximo 12 de junio la histórica visita del papa León XIV, entre los que destaca el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita, así como la distribución de 50.000 botellas de agua para garantizar la hidratación de las personas asistentes durante la jornada, según ha anunciado este jueves el Consistorio en un comunicado, sin dar detalles del coste que supondrá para las arcas públicas este merchandising papal.

En este contexto, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, manifiesta que la visita del pontífice en la ciudad “supondrá un importante impulso para la actividad comercial, turística y de servicios” de la capital.

Además, Bermúdez resalta la relevancia institucional y social del evento, por lo que “Santa Cruz tendrá una extraordinaria proyección internacional que contribuirá a reforzar su posicionamiento como destino capaz de acoger grandes acontecimientos”.

Por otro lado, con el objetivo de ofrecer la mejor acogida posible a residentes y visitantes, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha diseñado un amplio dispositivo organizativo y de atención al público que combinará aspectos logísticos, promocionales y de participación ciudadana.

José Manuel Bermúdez destacó la importancia de este acontecimiento para la ciudad y aseguró que “el próximo 12 de junio viviremos una jornada histórica para Santa Cruz. Estamos trabajando con la máxima implicación para que la ciudad esté a la altura de un acontecimiento de esta magnitud, ofreciendo una acogida ejemplar y garantizando que tanto los vecinos como las personas que nos visiten puedan disfrutar de este momento único en las mejores condiciones”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que “queremos que toda la ciudad participe de esta celebración histórica. Hemos preparado una ambientación especial a lo largo del recorrido y en distintos puntos estratégicos de Santa Cruz para que la visita del papa León XIV se viva en cada rincón de la capital y quede en el recuerdo de todos”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz destaca también que la ciudad también lucirá una imagen especial para la ocasión. A lo largo del recorrido previsto se instalarán banderolas de bienvenida con la imagen del papa León XIV, mientras que la fachada del Consistorio y uno de los principales accesos a la capital contarán con carteles de gran formato para dar la bienvenida al Santo Padre y a los miles de fieles y visitantes que llegarán a Santa Cruz.

Asimismo, el emblemático Reloj de Flores del Parque García Sanabria y diferentes jardines municipales serán acondicionados con los colores representativos del Estado de la Ciudad del Vaticano, reforzando el carácter simbólico y solemne de esta visita histórica.

Además, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo al lugar del evento, “cuya ubicación definitiva se encuentra pendiente de confirmación técnica”. De esta manera se podrá seguir en directo la misa presidida por el papa León XIV desde un espacio habilitado para el público.

El Ayuntamiento de Santa Cruz continúa trabajando de forma coordinada con las distintas administraciones y organismos implicados para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos previstos el próximo 12 de junio y ofrecer una experiencia segura, accesible y organizada a los miles de personas que se darán cita en la capital tinerfeña para acompañar al papa León XIV en esta jornada histórica.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido este viernes que la isla vive “un cambio de etapa” y destacó que tiene ya en marcha “grandes transformaciones” que movilizarán más de 7.000 millones de euros en infraestructuras, movilidad, sostenibilidad, agua, innovación y desarrollo económico, si bien el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, del principal grupo de la oposición, la ha acusado de vivir en “una burbuja”.

Dávila, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Isla, aseguró que Tenerife “ya no está discutiendo únicamente cómo resolver las urgencias del presente”, sino “qué isla quiere ser dentro de diez, veinte o treinta años”, apuntando que el reto de esta generación pasa por construir una isla “más fuerte, más moderna, más conectada y mejor preparada para el futuro”.

La presidenta insular puso en valor los principales indicadores económicos y sociales de la isla, señalando que Tenerife lidera actualmente la creación de empleo en Canarias, con más de 54.000 nuevos puestos de trabajo desde 2023 y una tasa de paro situada en el 8,7%, mientras que el desempleo juvenil se ha reducido hasta el 13%, “la cifra más baja de la serie histórica”.

En la misma línea, el vicepresidente del Cabildo insular, Lope Afonso, apeló al adjetivo “inédito” para poner en valor las políticas que el Cabildo ha impulsado durante este mandato en materia de Vivienda, “alineándonos con una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de esta isla y movilizando más de 1.200 recursos habitacionales a través de diferentes planes y programas”. 

La movilidad fue otro tema dentro del discurso de Rosa Dávila, con más de 100 actuaciones estratégicas con más de 5.000 millones de euros destinados a transformar el modelo de desplazamientos de la isla mediante nuevas infraestructuras viarias, transporte público, inteligencia artificial aplicada al tráfico, renovación aeroportuaria y proyectos ferroviarios. 

La presidenta insular defendió que Tenerife “ha decidido moverse diferente”, apostando por una movilidad propia “de las grandes regiones metropolitanas europeas”.

Asimismo, sostuvo el argumento de una nueva generación de políticas ambientales basadas en ecotasas, control de accesos, limitaciones de capacidad de carga, prioridad para los residentes tinerfeños y nuevas fórmulas de conservación en espacios como el Teide, Masca, Punta de Teno o Anaga.

“Esta tierra vuelve a reconocerse capaz. Capaz de proteger lo suyo. Capaz de competir. Capaz de atraer talento. Capaz de anticiparse. Capaz de liderar desde Canarias hacia el Atlántico”, concluyó Rosa Dávila, convencida de que “esta será la década en la que Tenerife se coloque exactamente donde merece estar”.

Sin embargo, el portavoz del PSOE contrapuso el “discurso triunfalista” de Dávila que considera “grandilocuente, autocomplaciente y poco realista”, y sostuvo que la ciudadanía tiene hoy más dificultades para llegar a final de mes que al inicio del mandato.

Advirtió de que el discurso ofrecido por el grupo de gobierno “está alejado” de los principales problemas que afectan a la población.

“La gente no tiene dónde vivir a precios asequibles, sigue perdiendo horas en los atascos, espera más que nunca por la dependencia o una plaza residencial y ve cómo muchos de los problemas de Tenerife continúan sin resolverse”, resumió.

En este sentido, Aarón Afonso dijo que el principal problema de la Isla continúa siendo el acceso a la vivienda, y criticó la falta de una estrategia efectiva por parte del Cabildo para afrontar la emergencia habitacional, pese a que “la Corporación dispone desde hace más de dos años de competencias para impulsar vivienda protegida”, aseguró.

En cuanto a movilidad, recordó que el mandato del actual equipo de gobierno comenzó con grandes promesas para resolver los problemas de tráfico que siguen sin cumplirse. Entre ellas citó los anuncios realizados para resolver las colas en 90 días, la implantación de sistemas de retirada rápida de vehículos accidentados o las actuaciones previstas para aliviar el colapso de Los Cristianos.

A juicio del Grupo Socialista, los problemas de movilidad continúan afectando gravemente a la calidad de vida de la ciudadanía, a la productividad de la economía insular y al equilibrio territorial de Tenerife.

A su vez, también defendió un modelo turístico basado en la calidad frente al crecimiento ilimitado en número de visitantes. Aarón Afonso apostó por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, aumentar el gasto en destino e impulsar inversiones para la regeneración de espacios turísticos maduros, criticando la paralización de actuaciones estratégicas vinculadas al Programa Insular de Regeneración de Espacios Turísticos.

Durante su intervención, alertó además de que la bonanza económica de los últimos años no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza y la exclusión social.

Afonso vinculó también esta realidad a la necesidad de impulsar políticas de igualdad más ambiciosas y criticó que el Cabildo destine cuatro millones de euros a publicidad y propaganda mientras las políticas específicas de igualdad cuentan con recursos significativamente inferiores.

El socialista también denunció el aumento de las listas de espera para acceder a prestaciones de dependencia, centros de día, servicios de teleasistencia y plazas residenciales, recordando que durante este mandato no se ha puesto en funcionamiento ninguna nueva plaza pública residencial pese a los compromisos adquiridos por el gobierno insular.

El PSOE quiso dejar claro que la formación apoyará proyectos estratégicos para el futuro de Tenerife, como el desarrollo de la geotermia para avanzar hacia una mayor soberanía energética, o aquellas medidas dirigidas a mejorar la gestión y conservación del Parque Nacional del Teide.

Sin embargo, mostró su rechazo a la externalización de servicios vinculados al espacio protegido, criticando la apuesta por la seguridad privada, los encargos a Gesplan para labores de vigilancia ambiental y la contratación de educadores ambientales para realizar actividades que, en su opinión, generan competencia con el sector profesional del turismo activo.

Aarón Afonso advirtió también del abandono que sufren distintas comarcas del norte y del sur de Tenerife, donde asegura que se reclaman inversiones, infraestructuras sanitarias y carreteras que contribuyan a fijar población y generar oportunidades.

“Las expectativas las genera quien gobierna y será la ciudadanía quien valore si esas expectativas se han cumplido o no”, aseveró.

“Siempre estaremos para los grandes acuerdos que necesita Tenerife, pero no para comprar discursos vacíos ni anuncios que solo sirvan para generar titulares. La ciudadanía merece hechos y resultados”, concluyó.

El Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias y Ejecutivo central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, han mantenido este lunes una reunión de trabajo en Madrid para trazar la vía de actuación que permita recuperar de manera inmediata el club privado con piscina Charco de La Arena, situado en la costa de Punta del Hidalgo, donde el Estado ha mostrado su voluntad para asumir la ejecución de la sentencia que confirma la denegación de la prórroga de la concesión, que data de 1964, ha señalado el Consistorio tinerfeño en un comunicado.

En el encuentro han tomado parte el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; y el senador José Antonio Valbuena; además de la directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de La Laguna, Antonia Barrios. 

Durante la reunión, los representantes ministeriales han expresado su voluntad de que sea el Estado quien asuma directamente la ejecución de forzosa de la sentencia, en el caso de Sociedad Charco de la Arena no lo haga de manera voluntaria, “para dejar cuanto antes expedito el dominio público, no para usos privativos sino para el disfrute del conjunto de la ciudadanía”, según ha manifestado el propio secretario de Estado en el transcurso de la misma.

Desde el Ministerio se argumenta que el Estado tiene “sobrada experiencia” a la hora de realizar este tipo de actuaciones en el litoral de todo el territorio nacional, “de manera que no será necesaria la firma de ningún convenio interadministrativo, que dilataría aún más el proceso de reversión”.

Asimismo, la actuación del Gobierno de España tendría un carácter disuasorio para casos similares de antiguas concesiones en la costa. 

Por su parte, el alcade de La Laguna ha agradecido “la total resolución por parte del Gobierno de España para avanzar en nuestro empeño por recuperar el Charco de la Arena y cumplir así con una reivindicación histórica de los punteros y punteras”.

El director general de Costas del Gobierno de Canarias ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración interadministrativa y la celebración de encuentros de este tipo “para fijar el camino a seguir en este expediente, que aún no ha concluido, pero cuenta con una sentencia en firme.

La sentencia de la Audiencia Nacional ordena a la Sociedad Charco de la Arena la demolición del club edificado a mediados de la década de los 60 gracias a una concesión ministerial para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con destino a la construcción de un bar restaurante y el acondicionamiento de una charca natural como piscina. Además de la demolición del edificio, la entidad está obligada a recuperar el entorno a su estado natural.

Recuperación del Camino de la Costa

Al mismo tiempo, Luis Yeray Gutiérrez ha valorado el interés mostrado por Hugo Morán y Ana María Oñoro por los proyectos de intervención previstos en este punto del litoral lagunero, como son la recuperación del Camino de la Costa (también llamado de San Juanito) y las acciones contempladas en la agenda urbana local, que serán ahora remitidos al Ministerio por el Gobierno de Canarias.

“Este entorno único de la costa lagunera no solo será recuperado, sino que experimentará un importante proceso de renaturalización para devolverlo a su estado original”, ha indicado el alcalde.

Asamblea por La Orotava, coalición de partidos de izquierda con dos concejales en el Ayuntamiento de este municipio del norte de Tenerife de 42.500 habitantes y el de mayor extensión de la Isla, se ha cansado de escuchar al alcalde de la Villa, Francisco Linares (Coalición Canaria), decir que no cobra del consistorio porque renunció al principio de este mandato, al convertirse en diputado regional por Tenerife (4.155 euros de salario base por 14 pagas anuales, más un plus de 1.466 y dietas por desplazamientos). El concejal Manuel Pacheco ha mostrado públicamente su malestar por el hecho de que Linares “presuma” de no cobrar de las arcas locales por su trabajo como máximo mandatario “cuando, en realidad, suma unos 2.800 euros mensuales por plenos, comisiones y otros ingresos, aparte de los que percibe como diputado”.

Según explica, esa cantidad de unos 2.800 euros de media proviene, en parte, de la subida aplicada en este mandato a la participación en las comisiones locales (180 euros para cada concejal de la oposición, cuando antes eran 125). “Pensamos que él cobraría lo mismo, pero no: el interventor nos ha dicho que Linares percibe 400 euros por dieta. Hicimos cuentas y, por la comisión de Educación que preside y la junta de portavoces, nos salen unos 1.200 euros al mes, pero tampoco, pues el mismo funcionario nos informó de que cobra por cada una de las juntas de gobierno semanal (cuatro reuniones más), con lo que, sin percibir sueldo, se lleva unos 2.800 euros, cuando los ediles al 70% se quedan con 2.200 euros brutos”.

Pese a esto, considera aún más llamativo que su salario, el que no percibe del ayuntamiento por esa renuncia al entrar en la Cámara autonómica, “no se descuenta a las arcas municipales; es decir, no se las ahorra el contribuyente, sino que se reparte entre los otros doce concejales, sumando luego sus dietas, con lo que se incrementa el dinero destinado a los cargos políticos locales”.

Además, recuerda que lo que perciben los cinco concejales que ejercen también como primeros tenientes de alcalde están liberados y cobran el 100% del salario (3.300 euros), así como los siete restantes, con dedicación parcial (70%, 2.200 euros), se sitúa “en el máximo de lo permitido a los municipios por debajo de los 50.000 habitantes”. 

“Por tanto, cobra 1.200 euros por las tres comisiones al mes y otros 400 por cada una de las siete reuniones mensuales que tiene (como las juntas de gobierno, lo que sale esos 2.800. Si un mes hay pleno extraordinario, esto supone junta extra y pleno extra, con lo que son 800 más y pasa a cobrar más que cualquier otro concejal. Asimismo, en diciembre hay una comisión extraordinaria de Educación para la visita de los belenes y ese mes también cobra igual que un teniente de alcalde, para luego vender el discurso de que él no cobra salario”.

Su antecesor en el cargo, Isaac Valencia (AIO, ATI y, finalmente, CC) tampoco cobraba sueldo como alcalde, sino como profesor en la Escuela de Aparejadores de la Universidad de La Laguna, aunque se aplicaba el mismo sistema con las comisiones, plenos y demás, lo que fue muy criticado durante años por partidos como IPO-LV, IPO por separado, IUC y PSOE.

Desde el gobierno local se recalca a Canarias Ahora que Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, nunca ha escondido que cobra dietas y asistencia a plenos y comisiones, sino que lo que hace es recordar que no percibe un salario como los ediles con dedicación exclusiva o parcial. Además, fuentes del gobierno remarcan que esa cifra de 2.800 euros no se puede dar por fija cada mes, sino que depende de si el alcalde asiste a todas las comisiones de área o gobierno, plenos y otras reuniones remuneradas.

Otros alcaldes diputados que cobran de municipios medianos o pequeños 

En el caso de otros alcaldes que también ejercen de diputados en el Parlamento de Canarias de municipios con menos de 50.000 habitantes y que cobran el salario de la Cámara regional, las cifras por sus dietas son muchos más bajas en comparación con Linares. Entre otros, se encuentra el máximo mandatario de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas (también de CC, con un padrón de 20.500 residentes), que percibe una media de unos 300 euros mensuales (“a lo sumo”) por asistencia a plenos, comisiones locales y demás, según las fuentes consultadas. Asimismo, se halla también Jonathan de Felipe Lorenzo (igualmente de CC y mandatario de Breña Alta -con 7.500 habitantes-), que ingresa entre 30 y 80 euros por dietas según la comisión o sesión plenaria, también atendiendo a lo indicado a este periódico por diversas fuentes.     

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reiterado este viernes la actitud “desleal” del Gobierno de España con Canarias en la gestión sanitaria del Mv Hondius, que tuvo un brote de hantavirus, mientras ha afeado que la ministra de Sanidad, Mónica García, de la formación Más Madrid, le importe “un pepino” lo que le ocurra al archipiélago.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en el pleno extraordinario del Cabildo para abordar las medidas extraordinarias insulares por la guerra en Oriente Medio, minutos después de que el consejero socialista, Aarón Afonso, cuestionase su actitud de rechazo a la acogida del buque ante autoridades nacionales e internacionales.

“Nos ha avergonzado a muchos y a muchas. Esperábamos a un presidente de Canarias y a una presidenta del Cabildo que estuviera a la altura de una emergencia humanitaria y sanitaria como la que hemos estado viviendo”, ha aseverado Afonso, que ha reprochado a Dávila si el próximo mes de junio “podrá mirar a los ojos” al Papa León XIV, que la ha visto en “televisión decir que se negaban a que el Mv Hondius atracara en Tenerife”.

Una decisión “unilateral”

“El Gobierno de España tomó una decisión unilateral después de anunciar al Gobierno de Canarias que ese barco, con un brote de hantavirus no vendría a Canarias. Tanto el presidente de Canarias como yo nos enteramos por un comunicado de prensa del Ministerio”, ha replicado Dávila, que ha transmitido la falta de “cogobernanza y lealtad institucional” habida desde el Gobierno central en la gestión de esta crisis sanitaria en aguas canarias.

“Le han incomodado nuestras preguntas (en torno a las garantías sanitarias establecidas para la evacuación de pasajeros del Mv Hondius), y que hoy se han demostrado pertinentes”, ha deslizado la presidenta insular.

Dávila, especialmente crítica en los últimos días con la gestión del Gobierno central de la crisis sanitaria, ha aclarado que, a diferencia del Gobierno central, ella sabe “cómo defender Canarias”, con una actitud distante a permanecer “sumisos y callados”: “Esta presidenta no se va a callar. Va a seguir haciendo preguntas”.

En paralelo, y ante las críticas del Grupo Socialista en el Cabildo, la presidenta insular ha afeado la “deslealtad” y la actitud del Gobierno central, liderado también por el Partido Socialista, y en concreto, la adoptada por la ministra de Sanidad, Mónica García: “Les recuerdo que es de Más Madrid. Le importa un pepino lo que le ocurra a esta tierra. Y desde luego me lo demostró en esa reunión que pudimos mantener”, ha aseverado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife intenta enfriar el contrato que suscribió en febrero pasado con Eda Consulting TV, la tele del agitador ultra Vito Quiles, que acaba de ser expulsado temporalmente del Congreso de los Diputados por su mala praxis profesional. El concejal de Fiestas, que a su vez preside la sociedad pública Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caballero, dijo este jueves en una comparecencia oficial en el ayuntamiento que “a día de hoy, la empresa que ha prestado el servicio no ha presentado justificación, tampoco ha presentado factura, tampoco ha sido conformada esa factura y tampoco ha sido pagada”. Y añadió: “Hasta que la empresa no justifique los servicios y se comprueben, nosotros no vamos a pagar absolutamente nada”.

Unas afirmaciones que se contradicen con un “informe justificativo” firmado por la gerente de esa sociedad pública y entregada a un concejal socialista el pasado 15 de abril, en el que se incluían “enlaces y vídeo justificativos de la prestación del servicio, relativos al contrato con Eda TV Consulting, S.L., para la campaña publicitaria del Carnaval 2016”, valorada en 5.000 euros mediante un contrato menor.

Sin embargo, en la comparecencia de este jueves, a pesar de que la portavoz socialista, Patricia Hernández, hizo referencia a esa certificación, el concejal se enrocó en que “a día de hoy la empresa no ha prestado el servicio”, lo que equivaldría a cancelar el contrato, porque si no se ha emitido en ese medio ninguna campaña de promoción del Carnaval de 2026, que tuvo lugar en febrero, difícilmente podrá prestarlo ahora. 

Patricia Hernández, en referencia a los enlaces y el vídeo con los que en abril el Ayuntamiento de Santa Cruz dio por buenos los servicios prestados, recordó a los presentes que esos elementos fueron “una noticia de 2025” y otra titulada “la eficacia de la limpieza devuelve la normalidad”, incluyendo una entrevista al concejal de Servicios, Carlos Tarife, del Partido Popular, “explicando cómo se limpia el Carnaval a posteriori” más un vídeo 2.06 minutos “con tres gallegos borrachos y un estadounidense sin disfraz”. Nada de eso, dijo la portavoz socialista, “es la mejor forma de promocionar el carnaval”.

Cuando el debate se adentró en la consideración de los Eda TV como un “medio local”, donde lo encuadró el concejal de Fiestas, o el calificativo de pseudomedio, como lo llamó Patricia Hernández, por ser especialista en difundir bulos y generar odio, hizo despertar de su letargo al concejal de Vox, Alejandro Gómez, que invocó el derecho a “la libertad de expresión, de comunicación y de prensa”, y defendió “la difusión de un evento internacional que se por todos los medios de comunicación posibles”, para añadir que el medio de Javier (García) Negre y Vito Quiles sea un creador de bulos. “Podemos empezar por otros medios con mayor difusión…”, dejó caer Gómez.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del que es alcalde José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que gobierna con el apoyo del Partido Popular, aceptó el 6 de febrero pasado una propuesta enviada tres días antes a la entidad pública empresarial Fiestas de Santa Cruz de Tenerife por Eda TV Consulting para promocionar el Carnaval de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Lo malo es que el 6 de febrero ya el Carnaval estaba oficialmente iniciado y Fitur ya clausurada. 

La oferta tenía un enunciado perfectamente definido: “Propuesta acción publicitaria Fitur. Propuesta publicidad. Santa Cruz de Tenerife”. Es decir, el pseudomedio ultra proponía una campaña de publicidad para promocionar la principal fiesta de la ciudad y una de las más destacadas de Canarias durante la celebración en Madrid de Fitur 2026, una feria que se extendió entre el 21 y el 25 de enero.

Como adelantó este periódico, la propuesta aceptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz debía consistir en un reportaje “sobre la gran oferta de ocio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 (sic), que se publicará en edatv.news (sic), con los materiales facilitados por el anunciante”. Además, debía incluir “un paquete de 150 cuñas facilitadas por el anunciante que se emitirán durante un mes en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil en formato mp3 128kb”, a lo que habría que añadir una “campaña display de una semana de duración en EDATV.News (sic)”. La oferta se completaba con “cuatro emisiones de un spot facilitado por el cliente, que se emitirá en el canal de YouTube de EDA y en audio en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil (sólo audio)” y “la promoción de los contenidos en las principales redes sociales del grupo EDA”.

De momento, tres meses después de enterrada la sardina, el proveedor no ha cumplido con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según ha reconocido este jueves su concejal de Fiestas.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado este lunes, junto con la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, el avance de las obras de construcción de las 37 viviendas protegidas de promoción pública que se ejecutan en el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, que según el alcalde, José Manuel Bermúdez, “estarán terminadas a principios del año que viene”.

En un comunicado, el Ayuntamiento señala que el proyecto contempla 37 viviendas protegidas y 37 plazas de garaje con una inversión de adjudicación de 4.415.905,84 euros, financiada por el Consistorio, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.

En este sentido, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha destinado 19 millones de euros dentro del convenio suscrito con el Ayuntamiento, mientras que el Cabildo de Tenerife aporta otros seis millones de euros, configurando una financiación global de 25 millones destinada a reforzar la construcción de vivienda pública en la capital tinerfeña.

La promoción, cuya ejecución corre a cargo de VVO Construcciones, inició las obras el pasado 21 de octubre de 2024 y tiene prevista su finalización el 19 de febrero de 2027.

El edificio contará con distintas tipologías residenciales adaptadas a diferentes necesidades familiares y sociales, distribuidas en dos viviendas de un dormitorio, 17 de dos dormitorios, dos adaptadas para personas con movilidad reducida, 14 de tres dormitorios, una de cuatro dormitorios y una vivienda tutelada de cinco dormitorios.

El Ayuntamiento indica que ha aportado el suelo urbanizado sobre el que se desarrolla esta promoción, valorado en 525.859 euros, y recuerda también los destinados a las futuras 226 viviendas públicas de Cuevas Blancas, cuya valoración asciende a 7.578.489,83 euros.

En el recorrido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias hizo mención a los inconvenientes que tienen las familias canarias con el acceso a la vivienda, Rodríguez manifestó que, “estamos construyendo actualmente más de 2.000 viviendas en toda Canarias y tenemos más de 4.000 planificadas. Queremos que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en las islas sin tener que irse”.