El portavoz insular de Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) en Tenerife, Valentín Correa, ha mostrado su rechazo al proyecto Underwater Gardens promovido por el Cabildo de Tenerife (CC-PP) en la costa de Punta Blanca y ha respaldado las advertencias realizadas por investigadores de las dos universidades públicas canarias, especialistas en medio marino y organizaciones ecologistas.

En este contexto, Valentín Correa sostiene que “cuando decenas de científicos alertan de que una actuación puede estar sustentándose más en una estrategia de imagen que en una auténtica restauración ambiental, la obligación de las administraciones es escuchar, reconsiderar y actuar con responsabilidad”, subraya el portavoz en un comunicado.

Para NC-BC, resulta “especialmente preocupante” que destacados miembros de la comunidad científica de la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hayan denunciado públicamente la utilización de argumentos ambientales “para justificar una intervención cuya necesidad ecológica y eficacia real continúan siendo objeto de importantes cuestionamientos”, cuestiona

El pasado mes de mayo, más de 20 científicos y científicas de Canarias firmaron una declaración pública mostrando su rechazo al proyecto, y en la que expresan su preocupación por el uso instrumental de la ciencia para justificar proyectos comerciales en las islas. Los investigadores critican en su carta que la restauración se está convirtiendo en una ''narrativa de acceso a fondos públicos, a espacios protegidos y a territorios'' que de otro modo permanecerían fuera del alcance de la ''actividad comercial y especulativa''.

En este sentido, Nueva Canarias considera que “la protección de los ecosistemas marinos no puede quedar supeditada a proyectos que generan dudas entre quienes mejor conocen el medio natural canario”.

Asimismo, Correa señala que la defensa del territorio y de la biodiversidad ha sido siempre una de las señas de identidad del nacionalismo progresista canario. “La conservación de nuestros espacios naturales exige rigor científico, transparencia y participación social. Lo que no puede ocurrir es que se pretenda presentar como restauración ecológica una actuación que cuenta con una contestación tan amplia por parte de expertos y colectivos ambientales”, manifiesta el dirigente de NC-BC.

Nueva Canarias - Bloque Canarista comparte la preocupación expresada por investigadores de las universidades públicas canarias y centros de investigación respecto a la falta de evidencias concluyentes sobre los beneficios ambientales del proyecto, así como sobre la instalación de estructuras artificiales en un entorno marino de elevado valor ecológico.

Considera además necesario esclarecer cualquier duda relacionada con los procedimientos administrativos y de evaluación ambiental asociados a esta iniciativa.

La formación defiende que “cualquier actuación sobre el medio natural debe responder exclusivamente al interés general, apoyarse en criterios científicos contrastados y garantizar la máxima transparencia”.

Por todo ello, Nueva Canarias reclama al Cabildo de Tenerife que paralice el desarrollo del proyecto “hasta que exista una evaluación independiente, rigurosa y participada” que despeje todas las incertidumbres planteadas por la comunidad científica.

“Canarias no necesita operaciones de maquillaje verde ni proyectos concebidos para generar titulares. Necesita políticas valientes de conservación, recuperación de ecosistemas y protección efectiva de un patrimonio natural que constituye uno de nuestros mayores valores colectivos”, asegura Correa.

“NC-BC reitera su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que sitúe la protección del territorio, la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el respeto a los límites ecológicos del archipiélago en el centro de la acción pública, defendiendo siempre que las decisiones sobre el futuro de Canarias se adopten desde el conocimiento científico y no desde intereses ajenos a la conservación del medio ambiente, concluye el comunicado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para recibir el próximo 12 de junio la histórica visita del papa León XIV, entre los que destaca el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita, así como la distribución de 50.000 botellas de agua para garantizar la hidratación de las personas asistentes durante la jornada, según ha anunciado este jueves el Consistorio en un comunicado, sin dar detalles del coste que supondrá para las arcas públicas este merchandising papal.

En este contexto, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, manifiesta que la visita del pontífice en la ciudad “supondrá un importante impulso para la actividad comercial, turística y de servicios” de la capital.

Además, Bermúdez resalta la relevancia institucional y social del evento, por lo que “Santa Cruz tendrá una extraordinaria proyección internacional que contribuirá a reforzar su posicionamiento como destino capaz de acoger grandes acontecimientos”.

Por otro lado, con el objetivo de ofrecer la mejor acogida posible a residentes y visitantes, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha diseñado un amplio dispositivo organizativo y de atención al público que combinará aspectos logísticos, promocionales y de participación ciudadana.

José Manuel Bermúdez destacó la importancia de este acontecimiento para la ciudad y aseguró que “el próximo 12 de junio viviremos una jornada histórica para Santa Cruz. Estamos trabajando con la máxima implicación para que la ciudad esté a la altura de un acontecimiento de esta magnitud, ofreciendo una acogida ejemplar y garantizando que tanto los vecinos como las personas que nos visiten puedan disfrutar de este momento único en las mejores condiciones”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que “queremos que toda la ciudad participe de esta celebración histórica. Hemos preparado una ambientación especial a lo largo del recorrido y en distintos puntos estratégicos de Santa Cruz para que la visita del papa León XIV se viva en cada rincón de la capital y quede en el recuerdo de todos”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz destaca también que la ciudad también lucirá una imagen especial para la ocasión. A lo largo del recorrido previsto se instalarán banderolas de bienvenida con la imagen del papa León XIV, mientras que la fachada del Consistorio y uno de los principales accesos a la capital contarán con carteles de gran formato para dar la bienvenida al Santo Padre y a los miles de fieles y visitantes que llegarán a Santa Cruz.

Asimismo, el emblemático Reloj de Flores del Parque García Sanabria y diferentes jardines municipales serán acondicionados con los colores representativos del Estado de la Ciudad del Vaticano, reforzando el carácter simbólico y solemne de esta visita histórica.

Además, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo al lugar del evento, “cuya ubicación definitiva se encuentra pendiente de confirmación técnica”. De esta manera se podrá seguir en directo la misa presidida por el papa León XIV desde un espacio habilitado para el público.

El Ayuntamiento de Santa Cruz continúa trabajando de forma coordinada con las distintas administraciones y organismos implicados para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos previstos el próximo 12 de junio y ofrecer una experiencia segura, accesible y organizada a los miles de personas que se darán cita en la capital tinerfeña para acompañar al papa León XIV en esta jornada histórica.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido este viernes que la isla vive “un cambio de etapa” y destacó que tiene ya en marcha “grandes transformaciones” que movilizarán más de 7.000 millones de euros en infraestructuras, movilidad, sostenibilidad, agua, innovación y desarrollo económico, si bien el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, del principal grupo de la oposición, la ha acusado de vivir en “una burbuja”.

Dávila, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Isla, aseguró que Tenerife “ya no está discutiendo únicamente cómo resolver las urgencias del presente”, sino “qué isla quiere ser dentro de diez, veinte o treinta años”, apuntando que el reto de esta generación pasa por construir una isla “más fuerte, más moderna, más conectada y mejor preparada para el futuro”.

La presidenta insular puso en valor los principales indicadores económicos y sociales de la isla, señalando que Tenerife lidera actualmente la creación de empleo en Canarias, con más de 54.000 nuevos puestos de trabajo desde 2023 y una tasa de paro situada en el 8,7%, mientras que el desempleo juvenil se ha reducido hasta el 13%, “la cifra más baja de la serie histórica”.

En la misma línea, el vicepresidente del Cabildo insular, Lope Afonso, apeló al adjetivo “inédito” para poner en valor las políticas que el Cabildo ha impulsado durante este mandato en materia de Vivienda, “alineándonos con una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de esta isla y movilizando más de 1.200 recursos habitacionales a través de diferentes planes y programas”. 

La movilidad fue otro tema dentro del discurso de Rosa Dávila, con más de 100 actuaciones estratégicas con más de 5.000 millones de euros destinados a transformar el modelo de desplazamientos de la isla mediante nuevas infraestructuras viarias, transporte público, inteligencia artificial aplicada al tráfico, renovación aeroportuaria y proyectos ferroviarios. 

La presidenta insular defendió que Tenerife “ha decidido moverse diferente”, apostando por una movilidad propia “de las grandes regiones metropolitanas europeas”.

Asimismo, sostuvo el argumento de una nueva generación de políticas ambientales basadas en ecotasas, control de accesos, limitaciones de capacidad de carga, prioridad para los residentes tinerfeños y nuevas fórmulas de conservación en espacios como el Teide, Masca, Punta de Teno o Anaga.

“Esta tierra vuelve a reconocerse capaz. Capaz de proteger lo suyo. Capaz de competir. Capaz de atraer talento. Capaz de anticiparse. Capaz de liderar desde Canarias hacia el Atlántico”, concluyó Rosa Dávila, convencida de que “esta será la década en la que Tenerife se coloque exactamente donde merece estar”.

Sin embargo, el portavoz del PSOE contrapuso el “discurso triunfalista” de Dávila que considera “grandilocuente, autocomplaciente y poco realista”, y sostuvo que la ciudadanía tiene hoy más dificultades para llegar a final de mes que al inicio del mandato.

Advirtió de que el discurso ofrecido por el grupo de gobierno “está alejado” de los principales problemas que afectan a la población.

“La gente no tiene dónde vivir a precios asequibles, sigue perdiendo horas en los atascos, espera más que nunca por la dependencia o una plaza residencial y ve cómo muchos de los problemas de Tenerife continúan sin resolverse”, resumió.

En este sentido, Aarón Afonso dijo que el principal problema de la Isla continúa siendo el acceso a la vivienda, y criticó la falta de una estrategia efectiva por parte del Cabildo para afrontar la emergencia habitacional, pese a que “la Corporación dispone desde hace más de dos años de competencias para impulsar vivienda protegida”, aseguró.

En cuanto a movilidad, recordó que el mandato del actual equipo de gobierno comenzó con grandes promesas para resolver los problemas de tráfico que siguen sin cumplirse. Entre ellas citó los anuncios realizados para resolver las colas en 90 días, la implantación de sistemas de retirada rápida de vehículos accidentados o las actuaciones previstas para aliviar el colapso de Los Cristianos.

A juicio del Grupo Socialista, los problemas de movilidad continúan afectando gravemente a la calidad de vida de la ciudadanía, a la productividad de la economía insular y al equilibrio territorial de Tenerife.

A su vez, también defendió un modelo turístico basado en la calidad frente al crecimiento ilimitado en número de visitantes. Aarón Afonso apostó por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, aumentar el gasto en destino e impulsar inversiones para la regeneración de espacios turísticos maduros, criticando la paralización de actuaciones estratégicas vinculadas al Programa Insular de Regeneración de Espacios Turísticos.

Durante su intervención, alertó además de que la bonanza económica de los últimos años no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza y la exclusión social.

Afonso vinculó también esta realidad a la necesidad de impulsar políticas de igualdad más ambiciosas y criticó que el Cabildo destine cuatro millones de euros a publicidad y propaganda mientras las políticas específicas de igualdad cuentan con recursos significativamente inferiores.

El socialista también denunció el aumento de las listas de espera para acceder a prestaciones de dependencia, centros de día, servicios de teleasistencia y plazas residenciales, recordando que durante este mandato no se ha puesto en funcionamiento ninguna nueva plaza pública residencial pese a los compromisos adquiridos por el gobierno insular.

El PSOE quiso dejar claro que la formación apoyará proyectos estratégicos para el futuro de Tenerife, como el desarrollo de la geotermia para avanzar hacia una mayor soberanía energética, o aquellas medidas dirigidas a mejorar la gestión y conservación del Parque Nacional del Teide.

Sin embargo, mostró su rechazo a la externalización de servicios vinculados al espacio protegido, criticando la apuesta por la seguridad privada, los encargos a Gesplan para labores de vigilancia ambiental y la contratación de educadores ambientales para realizar actividades que, en su opinión, generan competencia con el sector profesional del turismo activo.

Aarón Afonso advirtió también del abandono que sufren distintas comarcas del norte y del sur de Tenerife, donde asegura que se reclaman inversiones, infraestructuras sanitarias y carreteras que contribuyan a fijar población y generar oportunidades.

“Las expectativas las genera quien gobierna y será la ciudadanía quien valore si esas expectativas se han cumplido o no”, aseveró.

“Siempre estaremos para los grandes acuerdos que necesita Tenerife, pero no para comprar discursos vacíos ni anuncios que solo sirvan para generar titulares. La ciudadanía merece hechos y resultados”, concluyó.

El Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias y Ejecutivo central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, han mantenido este lunes una reunión de trabajo en Madrid para trazar la vía de actuación que permita recuperar de manera inmediata el club privado con piscina Charco de La Arena, situado en la costa de Punta del Hidalgo, donde el Estado ha mostrado su voluntad para asumir la ejecución de la sentencia que confirma la denegación de la prórroga de la concesión, que data de 1964, ha señalado el Consistorio tinerfeño en un comunicado.

En el encuentro han tomado parte el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; y el senador José Antonio Valbuena; además de la directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de La Laguna, Antonia Barrios. 

Durante la reunión, los representantes ministeriales han expresado su voluntad de que sea el Estado quien asuma directamente la ejecución de forzosa de la sentencia, en el caso de Sociedad Charco de la Arena no lo haga de manera voluntaria, “para dejar cuanto antes expedito el dominio público, no para usos privativos sino para el disfrute del conjunto de la ciudadanía”, según ha manifestado el propio secretario de Estado en el transcurso de la misma.

Desde el Ministerio se argumenta que el Estado tiene “sobrada experiencia” a la hora de realizar este tipo de actuaciones en el litoral de todo el territorio nacional, “de manera que no será necesaria la firma de ningún convenio interadministrativo, que dilataría aún más el proceso de reversión”.

Asimismo, la actuación del Gobierno de España tendría un carácter disuasorio para casos similares de antiguas concesiones en la costa. 

Por su parte, el alcade de La Laguna ha agradecido “la total resolución por parte del Gobierno de España para avanzar en nuestro empeño por recuperar el Charco de la Arena y cumplir así con una reivindicación histórica de los punteros y punteras”.

El director general de Costas del Gobierno de Canarias ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración interadministrativa y la celebración de encuentros de este tipo “para fijar el camino a seguir en este expediente, que aún no ha concluido, pero cuenta con una sentencia en firme.

La sentencia de la Audiencia Nacional ordena a la Sociedad Charco de la Arena la demolición del club edificado a mediados de la década de los 60 gracias a una concesión ministerial para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con destino a la construcción de un bar restaurante y el acondicionamiento de una charca natural como piscina. Además de la demolición del edificio, la entidad está obligada a recuperar el entorno a su estado natural.

Recuperación del Camino de la Costa

Al mismo tiempo, Luis Yeray Gutiérrez ha valorado el interés mostrado por Hugo Morán y Ana María Oñoro por los proyectos de intervención previstos en este punto del litoral lagunero, como son la recuperación del Camino de la Costa (también llamado de San Juanito) y las acciones contempladas en la agenda urbana local, que serán ahora remitidos al Ministerio por el Gobierno de Canarias.

“Este entorno único de la costa lagunera no solo será recuperado, sino que experimentará un importante proceso de renaturalización para devolverlo a su estado original”, ha indicado el alcalde.

Asamblea por La Orotava, coalición de partidos de izquierda con dos concejales en el Ayuntamiento de este municipio del norte de Tenerife de 42.500 habitantes y el de mayor extensión de la Isla, se ha cansado de escuchar al alcalde de la Villa, Francisco Linares (Coalición Canaria), decir que no cobra del consistorio porque renunció al principio de este mandato, al convertirse en diputado regional por Tenerife (4.155 euros de salario base por 14 pagas anuales, más un plus de 1.466 y dietas por desplazamientos). El concejal Manuel Pacheco ha mostrado públicamente su malestar por el hecho de que Linares “presuma” de no cobrar de las arcas locales por su trabajo como máximo mandatario “cuando, en realidad, suma unos 2.800 euros mensuales por plenos, comisiones y otros ingresos, aparte de los que percibe como diputado”.

Según explica, esa cantidad de unos 2.800 euros de media proviene, en parte, de la subida aplicada en este mandato a la participación en las comisiones locales (180 euros para cada concejal de la oposición, cuando antes eran 125). “Pensamos que él cobraría lo mismo, pero no: el interventor nos ha dicho que Linares percibe 400 euros por dieta. Hicimos cuentas y, por la comisión de Educación que preside y la junta de portavoces, nos salen unos 1.200 euros al mes, pero tampoco, pues el mismo funcionario nos informó de que cobra por cada una de las juntas de gobierno semanal (cuatro reuniones más), con lo que, sin percibir sueldo, se lleva unos 2.800 euros, cuando los ediles al 70% se quedan con 2.200 euros brutos”.

Pese a esto, considera aún más llamativo que su salario, el que no percibe del ayuntamiento por esa renuncia al entrar en la Cámara autonómica, “no se descuenta a las arcas municipales; es decir, no se las ahorra el contribuyente, sino que se reparte entre los otros doce concejales, sumando luego sus dietas, con lo que se incrementa el dinero destinado a los cargos políticos locales”.

Además, recuerda que lo que perciben los cinco concejales que ejercen también como primeros tenientes de alcalde están liberados y cobran el 100% del salario (3.300 euros), así como los siete restantes, con dedicación parcial (70%, 2.200 euros), se sitúa “en el máximo de lo permitido a los municipios por debajo de los 50.000 habitantes”. 

“Por tanto, cobra 1.200 euros por las tres comisiones al mes y otros 400 por cada una de las siete reuniones mensuales que tiene (como las juntas de gobierno, lo que sale esos 2.800. Si un mes hay pleno extraordinario, esto supone junta extra y pleno extra, con lo que son 800 más y pasa a cobrar más que cualquier otro concejal. Asimismo, en diciembre hay una comisión extraordinaria de Educación para la visita de los belenes y ese mes también cobra igual que un teniente de alcalde, para luego vender el discurso de que él no cobra salario”.

Su antecesor en el cargo, Isaac Valencia (AIO, ATI y, finalmente, CC) tampoco cobraba sueldo como alcalde, sino como profesor en la Escuela de Aparejadores de la Universidad de La Laguna, aunque se aplicaba el mismo sistema con las comisiones, plenos y demás, lo que fue muy criticado durante años por partidos como IPO-LV, IPO por separado, IUC y PSOE.

Desde el gobierno local se recalca a Canarias Ahora que Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, nunca ha escondido que cobra dietas y asistencia a plenos y comisiones, sino que lo que hace es recordar que no percibe un salario como los ediles con dedicación exclusiva o parcial. Además, fuentes del gobierno remarcan que esa cifra de 2.800 euros no se puede dar por fija cada mes, sino que depende de si el alcalde asiste a todas las comisiones de área o gobierno, plenos y otras reuniones remuneradas.

Otros alcaldes diputados que cobran de municipios medianos o pequeños 

En el caso de otros alcaldes que también ejercen de diputados en el Parlamento de Canarias de municipios con menos de 50.000 habitantes y que cobran el salario de la Cámara regional, las cifras por sus dietas son muchos más bajas en comparación con Linares. Entre otros, se encuentra el máximo mandatario de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas (también de CC, con un padrón de 20.500 residentes), que percibe una media de unos 300 euros mensuales (“a lo sumo”) por asistencia a plenos, comisiones locales y demás, según las fuentes consultadas. Asimismo, se halla también Jonathan de Felipe Lorenzo (igualmente de CC y mandatario de Breña Alta -con 7.500 habitantes-), que ingresa entre 30 y 80 euros por dietas según la comisión o sesión plenaria, también atendiendo a lo indicado a este periódico por diversas fuentes.     

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reiterado este viernes la actitud “desleal” del Gobierno de España con Canarias en la gestión sanitaria del Mv Hondius, que tuvo un brote de hantavirus, mientras ha afeado que la ministra de Sanidad, Mónica García, de la formación Más Madrid, le importe “un pepino” lo que le ocurra al archipiélago.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en el pleno extraordinario del Cabildo para abordar las medidas extraordinarias insulares por la guerra en Oriente Medio, minutos después de que el consejero socialista, Aarón Afonso, cuestionase su actitud de rechazo a la acogida del buque ante autoridades nacionales e internacionales.

“Nos ha avergonzado a muchos y a muchas. Esperábamos a un presidente de Canarias y a una presidenta del Cabildo que estuviera a la altura de una emergencia humanitaria y sanitaria como la que hemos estado viviendo”, ha aseverado Afonso, que ha reprochado a Dávila si el próximo mes de junio “podrá mirar a los ojos” al Papa León XIV, que la ha visto en “televisión decir que se negaban a que el Mv Hondius atracara en Tenerife”.

Una decisión “unilateral”

“El Gobierno de España tomó una decisión unilateral después de anunciar al Gobierno de Canarias que ese barco, con un brote de hantavirus no vendría a Canarias. Tanto el presidente de Canarias como yo nos enteramos por un comunicado de prensa del Ministerio”, ha replicado Dávila, que ha transmitido la falta de “cogobernanza y lealtad institucional” habida desde el Gobierno central en la gestión de esta crisis sanitaria en aguas canarias.

“Le han incomodado nuestras preguntas (en torno a las garantías sanitarias establecidas para la evacuación de pasajeros del Mv Hondius), y que hoy se han demostrado pertinentes”, ha deslizado la presidenta insular.

Dávila, especialmente crítica en los últimos días con la gestión del Gobierno central de la crisis sanitaria, ha aclarado que, a diferencia del Gobierno central, ella sabe “cómo defender Canarias”, con una actitud distante a permanecer “sumisos y callados”: “Esta presidenta no se va a callar. Va a seguir haciendo preguntas”.

En paralelo, y ante las críticas del Grupo Socialista en el Cabildo, la presidenta insular ha afeado la “deslealtad” y la actitud del Gobierno central, liderado también por el Partido Socialista, y en concreto, la adoptada por la ministra de Sanidad, Mónica García: “Les recuerdo que es de Más Madrid. Le importa un pepino lo que le ocurra a esta tierra. Y desde luego me lo demostró en esa reunión que pudimos mantener”, ha aseverado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife intenta enfriar el contrato que suscribió en febrero pasado con Eda Consulting TV, la tele del agitador ultra Vito Quiles, que acaba de ser expulsado temporalmente del Congreso de los Diputados por su mala praxis profesional. El concejal de Fiestas, que a su vez preside la sociedad pública Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caballero, dijo este jueves en una comparecencia oficial en el ayuntamiento que “a día de hoy, la empresa que ha prestado el servicio no ha presentado justificación, tampoco ha presentado factura, tampoco ha sido conformada esa factura y tampoco ha sido pagada”. Y añadió: “Hasta que la empresa no justifique los servicios y se comprueben, nosotros no vamos a pagar absolutamente nada”.

Unas afirmaciones que se contradicen con un “informe justificativo” firmado por la gerente de esa sociedad pública y entregada a un concejal socialista el pasado 15 de abril, en el que se incluían “enlaces y vídeo justificativos de la prestación del servicio, relativos al contrato con Eda TV Consulting, S.L., para la campaña publicitaria del Carnaval 2016”, valorada en 5.000 euros mediante un contrato menor.

Sin embargo, en la comparecencia de este jueves, a pesar de que la portavoz socialista, Patricia Hernández, hizo referencia a esa certificación, el concejal se enrocó en que “a día de hoy la empresa no ha prestado el servicio”, lo que equivaldría a cancelar el contrato, porque si no se ha emitido en ese medio ninguna campaña de promoción del Carnaval de 2026, que tuvo lugar en febrero, difícilmente podrá prestarlo ahora. 

Patricia Hernández, en referencia a los enlaces y el vídeo con los que en abril el Ayuntamiento de Santa Cruz dio por buenos los servicios prestados, recordó a los presentes que esos elementos fueron “una noticia de 2025” y otra titulada “la eficacia de la limpieza devuelve la normalidad”, incluyendo una entrevista al concejal de Servicios, Carlos Tarife, del Partido Popular, “explicando cómo se limpia el Carnaval a posteriori” más un vídeo 2.06 minutos “con tres gallegos borrachos y un estadounidense sin disfraz”. Nada de eso, dijo la portavoz socialista, “es la mejor forma de promocionar el carnaval”.

Cuando el debate se adentró en la consideración de los Eda TV como un “medio local”, donde lo encuadró el concejal de Fiestas, o el calificativo de pseudomedio, como lo llamó Patricia Hernández, por ser especialista en difundir bulos y generar odio, hizo despertar de su letargo al concejal de Vox, Alejandro Gómez, que invocó el derecho a “la libertad de expresión, de comunicación y de prensa”, y defendió “la difusión de un evento internacional que se por todos los medios de comunicación posibles”, para añadir que el medio de Javier (García) Negre y Vito Quiles sea un creador de bulos. “Podemos empezar por otros medios con mayor difusión…”, dejó caer Gómez.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del que es alcalde José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que gobierna con el apoyo del Partido Popular, aceptó el 6 de febrero pasado una propuesta enviada tres días antes a la entidad pública empresarial Fiestas de Santa Cruz de Tenerife por Eda TV Consulting para promocionar el Carnaval de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Lo malo es que el 6 de febrero ya el Carnaval estaba oficialmente iniciado y Fitur ya clausurada. 

La oferta tenía un enunciado perfectamente definido: “Propuesta acción publicitaria Fitur. Propuesta publicidad. Santa Cruz de Tenerife”. Es decir, el pseudomedio ultra proponía una campaña de publicidad para promocionar la principal fiesta de la ciudad y una de las más destacadas de Canarias durante la celebración en Madrid de Fitur 2026, una feria que se extendió entre el 21 y el 25 de enero.

Como adelantó este periódico, la propuesta aceptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz debía consistir en un reportaje “sobre la gran oferta de ocio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 (sic), que se publicará en edatv.news (sic), con los materiales facilitados por el anunciante”. Además, debía incluir “un paquete de 150 cuñas facilitadas por el anunciante que se emitirán durante un mes en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil en formato mp3 128kb”, a lo que habría que añadir una “campaña display de una semana de duración en EDATV.News (sic)”. La oferta se completaba con “cuatro emisiones de un spot facilitado por el cliente, que se emitirá en el canal de YouTube de EDA y en audio en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil (sólo audio)” y “la promoción de los contenidos en las principales redes sociales del grupo EDA”.

De momento, tres meses después de enterrada la sardina, el proveedor no ha cumplido con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según ha reconocido este jueves su concejal de Fiestas.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado este lunes, junto con la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, el avance de las obras de construcción de las 37 viviendas protegidas de promoción pública que se ejecutan en el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, que según el alcalde, José Manuel Bermúdez, “estarán terminadas a principios del año que viene”.

En un comunicado, el Ayuntamiento señala que el proyecto contempla 37 viviendas protegidas y 37 plazas de garaje con una inversión de adjudicación de 4.415.905,84 euros, financiada por el Consistorio, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.

En este sentido, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha destinado 19 millones de euros dentro del convenio suscrito con el Ayuntamiento, mientras que el Cabildo de Tenerife aporta otros seis millones de euros, configurando una financiación global de 25 millones destinada a reforzar la construcción de vivienda pública en la capital tinerfeña.

La promoción, cuya ejecución corre a cargo de VVO Construcciones, inició las obras el pasado 21 de octubre de 2024 y tiene prevista su finalización el 19 de febrero de 2027.

El edificio contará con distintas tipologías residenciales adaptadas a diferentes necesidades familiares y sociales, distribuidas en dos viviendas de un dormitorio, 17 de dos dormitorios, dos adaptadas para personas con movilidad reducida, 14 de tres dormitorios, una de cuatro dormitorios y una vivienda tutelada de cinco dormitorios.

El Ayuntamiento indica que ha aportado el suelo urbanizado sobre el que se desarrolla esta promoción, valorado en 525.859 euros, y recuerda también los destinados a las futuras 226 viviendas públicas de Cuevas Blancas, cuya valoración asciende a 7.578.489,83 euros.

En el recorrido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias hizo mención a los inconvenientes que tienen las familias canarias con el acceso a la vivienda, Rodríguez manifestó que, “estamos construyendo actualmente más de 2.000 viviendas en toda Canarias y tenemos más de 4.000 planificadas. Queremos que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en las islas sin tener que irse”.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha criticado este lunes la necesidad del amarre del buque MV Hondius, infectado de hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), pese a “garantizar la seguridad de los pasajeros y de los miembros del dispositivo de evacuación”, debido al viento y oleaje, según recomendó Capitanía Marítima por la tarde. Sin embargo, la líder del Gobierno insular tildó de “irresponsabilidad” el atraque en el muelle y aseguró que “se sigue imponiendo la política de hechos consumados mientras se mira hacia otro lado ante los riesgos y las dudas planteadas”.

“El Hondius acaba de atracar en Granadilla pese a todas las advertencias y a la preocupación existente. Se sigue imponiendo la política de hechos consumados mientras se mira hacia otro lado ante los riesgos y las dudas planteadas. Tenerife no merece esta irresponsabilidad”, ha expresado Rosa Dávila en su cuenta de X.

Además, según comenta, les explicaron a los ministros “que la operación debía realizarse completa ayer domingo” pero, a su juicio, “por razones políticas se ha mantenido el barco en Tenerife y ahora tenemos las consecuencias”.

“Tenerife ha sido testigo y víctima de las imposiciones de Madrid. Nos quieren callados y sumisos”, ha añadido la presidenta insular.

No obstante, el presidente canario, Fernando Clavijo, quien tras ser informado del cambio en el último desembarco por la ministra de Sanidad, Mónica García, respaldó el operativo. Si bien es cierto que reclamó que se desarrollase “con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos”, expresó en sus redes sociales.

El gobierno de Arona (PP-CC-Vox), el municipio de mayor población del sur de Tenerife y segundo en la Isla, baraja la posibilidad, de momento como única opción y sin licitación, de un local de la comarca de Valle de San Lorenzo (unos 10.000 habitantes) para reconvertirlo en la nueva comisaría de la localidad. Hasta ahí, todo bien, salvo que la oposición ha expresado sus dudas sobre si esta operación requeriría abrir una búsqueda y no hacerlo ya con un inmueble elegido.

Sin embargo, el problema es que el espacio elegido lo compró el pasado 14 de noviembre un empresario local por 1,4 millones de euros, según las fuentes consultadas, mientras que ahora el ayuntamiento se plantea comprárselo por 2,1 millones, con lo que, en apenas cinco meses, habrá conseguido un beneficio de unos 700.000 euros cuando este inmueble ha permanecido cerrado y vacío unos diez años.

Lo más grave, no obstante, y tal y como expuso el principal grupo de la oposición (PSOE) en el pleno de la semana pasada, cuando se lleva esta posible compra por primera vez a la sesión municipal, es que el expediente para adquirirlo data del 8 de octubre de 2025, con lo que en ese momento aún pertenecía a La Caixa, entidad bancaria que lo adquirió en su momento por un embargo.

A los socialistas también le llama la atención que haya sido el concejal de Patrimonio el que impulse esta compra, y no el de Seguridad, aparte de alertar de que, al menos según la información que les consta, se carece de un informe sobre la idoneidad del lugar y del local en concreto. Sobre esto, consideran muy llamativo que se trate de un espacio con viviendas encima y que, salvo que se haga un cambio radical, hará que estos residentes coincidan con sus vehículos en el garaje junto con los de la Policía, lo que no se da en ninguna comisaría que se precie. De hecho, en el pleno advirtieron de que se puedan dar situaciones como que bajen personas detenidas con esposas o escenas similares. 

Preguntado por esta cuestión, el gobierno local no confirma esta operación en concreto y recalca que trabaja “en la búsqueda de posibles soluciones que permitan mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio. Lo que se está analizando actualmente es la posibilidad de habilitar crédito en caso de que pudiera plantearse alguna operación de compra, así como la idoneidad de los posibles usos que podrían darse a determinados inmuebles o espacios. En cualquier caso, cualquier actuación se llevará a cabo siempre cumpliendo con la legalidad vigente, los procedimientos administrativos correspondientes y todos los requisitos técnicos y jurídicos necesarios, tanto para ésta como para otras operaciones en las que el ayuntamiento viene trabajando. La prioridad del gobierno municipal pasa por seguir avanzando en soluciones útiles para el municipio, con responsabilidad, planificación y seguridad jurídica”.

“Expediente poco transparente”

El PSOE, por el contrario, lo ve de forma muy diferente y teme que, por muy pocos meses, el consistorio abone una cantidad superior a la que podía haber aportado antes de la compra del particular si finalmente elige este local, que es “el único” que, según recalca y consta en la documentación publicada, consta en el expediente, con lo que se excluye una licitación. “Bajo la apariencia de una simple modificación de crédito, la realidad es que se trata de un expediente poco transparente y que, desde luego, nos genera muchas dudas”, le comentó la concejal Raquel García a la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), en el pleno.

Los socialistas no entienden la velocidad de la compra, por qué éste local y no otro, temen que se esté incumpliendo la normativa y se cuestionan también el motivo por el que la adquisición no la plantea el edil de Policía ni cualquiera de los otros dos concejales que gestionan la seguridad del municipio. Además, alertan de otros hándicaps del lugar, al tratarse de una vía estrecha por la que tendrán que pasar los vehículos policiales para incorporarse a una carretera “ya saturada de trafico de forma habitual”. También subrayan las molestias que se ocasionarán a los vecinos por sirenas y demás, aparte de preguntarse por qué se abonarían 2,1 millones (de consumarse) sin contarse con una tasación de técnicos municipales para saber si es un precio de mercado adecuado o si sólo obedece a la petición del actual propietario.

El grupo socialista deja claro que no se opone a la compra de inmuebles “siempre que se haga con transparencia y cumpliendo con toda la legalidad, así como si se trata de una inversión que mejore la vida de los vecinos”. No obstante, cree que “descabezar el casco de Arona quitando la Policía para llevarla a un local que hay que acondicionar, en el centro de un núcleo urbano, con vías estrechas de acceso y salida de vehículos policiales y con carreteras ya saturadas de tráfico por la que tendrán que circular los vehículos de emergencia” supone otro ejemplo de la “política de parches del gobierno local, que no gestiona con una visión de futuro para Arona para generar infraestructura acorde a la población y a las necesidades”.

En este sentido, critican que se deseche el proyecto del anterior alcalde, José Julián Mena (PSOE), de habilitar “una gran comisaría, que tenía un coste total de 3,7 millones, y, a cambio, se adquiera un local sin reformar ni adecuar a las necesidades y que cuesta 2,1 millones”. Para García, la alcaldesa “sigue instalada en su política de parches y de fotos, y está claro que este expediente es el comienzo de su campaña electoral y, por supuesto, lo quiere hacer en su pueblo, pero debe tener cuidado porque, cuando uno lo que vende es humo, el humo puede ahogarte, y más cuando no se actúa con el interés general como bandera”. 

Los socialistas apuestan por adquirir un inmueble en la zona de la medianía local “que permita ubicar la nueva comisaría y otros servicios municipales, con capacidad suficiente para atender las necesidades actuales y futuras de la población”. 

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y a Coalición Canaria (CC), partido al que ambos pertenecen, de “alimentar el miedo, la confrontación y el rechazo social” ante la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado formalmente la colaboración de España y de Canarias para gestionar la situación bajo estrictos protocolos sanitarios internacionales.

Raya ha considerado este jueves “profundamente irresponsable” que dirigentes de Coalición Canaria hayan impulsado un discurso político basado “más en la alarma y en el cálculo partidista que en la serenidad, la evidencia científica y la humanidad”.

“La OMS ha sido clarísima. Estamos ante una actuación basada en el Reglamento Sanitario Internacional, coordinada con expertos epidemiológicos y sustentada en un enfoque riguroso de salud pública. Lo que no puede hacer un gobierno serio es convertir una crisis humanitaria en una campaña de miedo”, afirmó.

La dirigente socialista recordó que el propio director general de la OMS ha remitido una comunicación oficial al Gobierno de España defendiendo el desembarco controlado de pasajeros y tripulación “por razones epidemiológicas y humanitarias”, señalando además que mantener a las personas confinadas a bordo incrementa riesgos médicos y psicológicos.

“Canarias está en el mundo. Somos un territorio que ha reclamado solidaridad internacional en momentos muy difíciles y no podemos proyectar ahora una imagen de rechazo, insolidaridad o histeria institucional ante personas que necesitan atención médica y protocolos sanitarios adecuados”, señaló.

Tamara Raya también defendió que el puerto de Granadilla, a donde se espera que arribe el buque este domingo, reúne precisamente las condiciones logísticas y operativas necesarias para desarrollar una actuación controlada, segura y con las máximas garantías sanitarias.

“Lo responsable no es alimentar bulos ni enfrentar a la población con personas enfermas o potencialmente expuestas. Lo responsable es seguir el criterio de los expertos, colaborar con las autoridades sanitarias internacionales y actuar con serenidad”, añadió.

La secretaria general del PSOE de Tenerife lamentó además que Coalición Canaria haya intentado presentar esta situación como “una imposición política del Estado”, cuando el propio ministro Ángel Víctor Torres ha explicado públicamente que la decisión responde a una comunicación oficial y vinculante de la OMS ante la incapacidad de Cabo Verde para gestionar la emergencia sanitaria.

“Hay momentos en los que un dirigente demuestra si está pensando en proteger a la ciudadanía o en explotar políticamente el miedo. Y desgraciadamente Coalición Canaria ha elegido el camino de la confrontación”, concluyó Tamara Raya.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha anunciado que asumirá directamente nuevas competencias en materia de Carreteras y Patrimonio Histórico, que hasta ahora dependían del Cabildo de Tenerife.

Así lo ha señalado el Consistorio en un comunicado, donde detalla que se trata de una medida de calado administrativo “que permitirá reducir significativamente los tiempos de tramitación, eliminar duplicidades y reforzar la capacidad de respuesta municipal ante licencias de obras públicas y privadas, así como comunicaciones previas”, subraya.

El Consistorio informa de que ha sido aprobada por unanimidad en la comisión de Ciudad Sostenible, y que se llevará al pleno del próximo lunes.

Todo ello, indica, “supone un cambio de modelo en la gestión de autorizaciones vinculadas a intervenciones urbanas, patrimoniales y viarias”.

Así, en el área que dirige el concejal David Hernández, se concentra la emisión directa de informes, permisos y licencias que hasta ahora requerían dos niveles de supervisión insular.

De esta manera, con esta reorganización, Urbanismo será el único organismo competente para autorizar actuaciones que afecten a Conjuntos Históricos y Entornos de Protección de Bienes de Interés Cultural, en aquellos supuestos que no cuenten con Plan Especial de Protección en vigor y que se refieran a inmuebles con primera fábrica posterior a 1960.

En paralelo, el área asumirá también las competencias relativas a determinadas actuaciones vinculadas a la red insular de carreteras en su ámbito urbano, siempre que no exista afección a la calzada o arcén y se garantice la continuidad de la circulación peatonal.

Esto incluye obras menores en edificaciones colindantes, ocupaciones temporales del dominio público viario vinculadas a la ejecución de trabajos, y la instalación de elementos auxiliares como señalización o balizamiento durante las obras.

Entre las actuaciones ahora asumidas por la Corporación local se incluyen obras interiores en inmuebles, el pintado de fachadas en tonos blancos, grises o beiges, así como reparaciones de fisuras y grietas sin modificación de materiales o acabados.

También se incorporan actuaciones de mantenimiento como la reparación de carpinterías exteriores garantizando la uniformidad estética, la impermeabilización de cubiertas y la instalación de placas solares siempre que no sean visibles desde la vía pública. Asimismo, se contempla el cambio de uso de inmuebles que no impliquen intervención constructiva.

En el ámbito del espacio público, el Ayuntamiento asumirá también la autorización de apertura de zanjas en vía pública bajo criterios de conservación patrimonial, con especial atención a la preservación de empedrados o adoquinados históricos, así como la obligación de restitución del firme en condiciones equivalentes a las existentes. Igualmente, se autorizarán eventos, fiestas y rodajes con instalaciones desmontables, siempre que no afecten a elementos protegidos, quedando expresamente prohibidos los anclajes a inmuebles de valor histórico, pavimentos protegidos o arbolado urbano.

Del mismo modo, la ocupación de la vía pública con terrazas de establecimientos de restauración quedará bajo competencia municipal directa, con criterios estéticos homogéneos que limitan tonalidades, eliminan publicidad en mobiliario y refuerzan su carácter provisional.

Además, según el Ayuntamiento, estas ocupaciones estarán además condicionadas a la futura aprobación de instrumentos de ordenación específicos que refuercen la protección del Conjunto Histórico del municipio.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha anunciado que la corporación va a pedir en el juzgado la aplicación de “medidas cautelarísimas” para evitar la demolición del Silo de grano tipo P, un bien de alto valor histórico, arquitectónico y simbólico para el archipiélago, y que está ubicado en el recinto portuario por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz.

La Corporación insular había instado formalmente a la Autoridad Portuaria a realizar un estudio técnico de los valores patrimoniales del inmueble, “tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español, pues es una competencia que corresponde a dicho organismo estatal”, señala.

Sin embargo, el vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, ha lamentado que “a pesar de las reiteradas advertencias” la Autoridad Portuaria haya adjudicado la demolición del silo, lo que ha llevado a la corporación insular a pedir esas medidas cautelares.

“Se trata de un edificio con valores arquitectónicos apreciables”, por lo que la Autoridad Portuaria tiene que hacer un estudio de valores patrimoniales en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Español, ha manifestado Ruano

Por su parte, el Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, ha solicitado formalmente al Ministerio de Cultura la adopción de medidas urgentes para evitar el derribo.

El singular edificio está actualmente sometido a un procedimiento de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros.

El PP de Tenerife ha nombrado a Marcos Rodríguez presidente de la gestora de Granadilla de Abona y ha designado a Rafael Martínez como presidente del comité organizador de la asamblea en Arona.

El presidente del PP en Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado en un comunicado que estos nombramientos buscan “construir una estructura sólida para conseguir que el partido tenga representación en todos los municipios”.

Marcos Rodríguez, que junto a otra concejal del PP gobernó hasta 2025 con el PSOE y que en marzo de ese año firmó una moción de censura contra su propio grupo de gobierno, ha señalado que su principal objetivo al frente de la gestora será “ordenar, cohesionar y preparar al equipo para afrontar con solvencia los retos que tiene el municipio desde el respeto y el compromiso institucional”.

El nuevo presidente de la gestora ha añadido que, a corto plazo, se abrirá un periodo de “diálogo, participación y trabajo coordinado” en el que afiliados y simpatizantes puedan aportar su visión.

La gestora de Granadilla de Abona estará integrada también por Nicolás Barrera, como secretario, y por Nereyda González, Damelis J. Santos y Nahuel Ceballos, como vocales.

Por su parte, Rafael Martínez, presidente de la comisión organizadora de la asamblea en Arona, ha indicado que los aspirantes a presidir el futuro comité local deberán presentar su candidatura con un mínimo de 59 avales de afiliados del municipio.

Martínez ha señalado que esta exigencia “certifica la idoneidad necesaria para presidir el nuevo comité local”. 

El PSOE de Tenerife ha reclamado este jueves que la reparación del Auditorio Adán Martín sea asumida por el arquitecto Santiago Calatrava y las empresas responsables de la obra, al tiempo que ha denunciado el retraso de dos años en la tramitación del proyecto por parte del Cabildo.

El portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, valora en un comunicado la publicación este miércoles del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) como “un paso necesario” y subraya que el grupo Socialista apoyará su ejecución, pero advierte también de que “llega dos años tarde”.

Afonso recordó que en junio de 2022, con el PSOE en el gobierno insular, se exigieron responsabilidades por los vicios ocultos detectados en la infraestructura tanto al arquitecto como a las empresas constructoras, fijando un plazo de 19 meses para la presentación del proyecto técnico, que vencía en enero de 2024.

“Sin embargo, el gobierno de Rosa Dávila ha ido concediendo prórrogas y finalmente el proyecto se ha presentado en febrero de 2026, dos años después”, denunció.

El Grupo Socialista insiste en que, pese a que la reparación es imprescindible para garantizar la seguridad y conservación del Auditorio, no puede recaer sobre los tinerfeños y tinerfeñas.

“Estamos hablando de una obra necesaria y urgente y vamos a apoyarla, pero lo que no puede ocurrir es que los errores constructivos los termine pagando la ciudadanía. Esa responsabilidad debe recaer en Santiago Calatrava y en las empresas que ejecutaron la obra”, afirmó Afonso.

Dudas sobre el coste

Asimismo, los socialistas alertan de la falta de claridad sobre el coste real de la intervención. Aunque el proyecto fija una inversión de 16,48 millones de euros sin IGIC (más de 17,6 millones con impuestos), recuerdan que en 2022 el anterior equipo de gobierno ya estimó que el coste podría ser superior al incorporar el lucro cesante derivado de un posible cierre del recinto.

En este contexto, el PSOE de Tenerife acusa al gobierno insular de haber sustituido la firmeza en la defensa del interés público por una estrategia de prórrogas y negociación que ha retrasado la solución a un problema estructural que afecta a uno de los principales iconos culturales de la Isla.

Los socialistas reiteran su apoyo a la ejecución de las obras, pero exigen transparencia, rigor y determinación para que la solución no suponga un nuevo coste para la ciudadanía.

El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Aarón Afonso, muestra a Canarias Ahora la preocupación de su partido por la situación actual de las aguas fecales y los vertidos al mar en la Isla, después de que este periódico publicara las dificultades que están enfrentando muchas comunidades de vecinos por los riesgos de sanciones de la Unión Europea, la acumulación de proyectos para encauzar estos líquidos de sus edificios por el “bloqueo” en el Consejo Insular de Aguas, que minimiza este problema, y por el creciente precio que imponen las compañía especializadas en estas obras, que han subido hasta un 40% sus presupuestos.

Afonso asegura que se trata de uno de los “principales problemas de Tenerife y, por eso, seguimos insistiendo en que se aprueben programas de forma coordinada con los municipios de la Isla para que éstos cuenten con los recursos económicos necesarios para poder impulsar no sólo las infraestructuras hidráulicas que requiere la Isla, sino la adecuada red de saneamiento para conseguir el objetivo de vertidos cero al mar”. 

Sin embargo, y según critica, “en los últimos años, en los presupuestos para 2025 y 2026, el gobierno insular (CC-PP) ha rechazado algunas de las líneas de actuación que hemos propuesto de manera recurrente y reiterativa, como las subvenciones que planteamos para los ayuntamientos por un total de cinco millones de euros para mejorar la red de saneamiento, o impulsar el desarrollo de las conexiones de las viviendas y edificios al alcantarillado que siguen vertiendo al subsuelo”. Pese a esta situación y las quejas de comunidades vecinales, el portavoz socialista recalca que siguen tendiendo a mano al gobierno para aprobar las medidas que sean necesarias para contribuir a resolver cuanto antes las dificultades y “lograr los vertidos cero al mar o el subsuelo”.  

Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales

Por otro lado, y en declaraciones a Canarias Ahora, también la Asociación Empresaria Canaria de Consultores Medioambientales (Aeccm) muestra su preocupación por la información publicada el pasado domingo por este periódico sobre las dificultades de comunidades de vecinos de Tenerife para desarrollar estas obras, aunque poniendo el acento en otros aspectos. La entidad que dirige Juan Rumeu alerta de los ritmos lentos con estos trabajos, censura la actuación de los ayuntamientos y la sensación de impunidad ante las posibles sanciones que aprecia en los propios consistorios y las comunidades vecinales, como si nunca fueran a fraguar esas eventuales multas.

Lejos de eso, la Aeccm recalca que le “alarma que muchos ayuntamientos y comunidades de vecinos sigan actuando como si los avisos de la UE y del Consejo Insular de Aguas nunca fueran a traducirse en sanciones reales. Esa percepción de impunidad es la que, durante años, se ha tolerado el incumplimiento en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales de Tenerife”. 

Según advierten, “esta actitud no sólo supone un incumplimiento claro de la ley, sino también una forma de insolidaridad colectiva, al trasladar las consecuencias de esos vertidos al conjunto de la ciudadanía”. En este sentido, consideran “especialmente grave la pasividad de algunos ayuntamientos, que durante años han permitido o mirado para otro lado ante estas situaciones, pese a conocer sus consecuencias ambientales y sanitarias. No se trata únicamente de un problema administrativo, sino de proteger la salud pública y el entorno natural de la Isla”.

Esta entidad de consultores ambientales recuerda, además, que “varios consistorios de Tenerife están incursos ahora en procedimientos judiciales relacionados con la gestión de vertidos y saneamiento, procesos que podrían terminar, incluso, en condenas penales, lo que debería ser una señal inequívoca de la gravedad de la situación y de a necesidad de actuar con responsabilidad y urgencia”.

Según recalca, “la normativa ambiental existe para proteger a las personas y el territorio, por lo que despreciarla o retrasar su cumplimiento no es una opción. Seguir tolerando vertidos deficientes o sistemas de depuración inadecuados supone atentar contra la salud de los ciudadanos y contra el medio ambiente de Tenerife”. Por todo, exigen que “todas las administraciones asuman de una vez sus responsabilidades y actúen con la diligencia que la situación requiere, pues Tenerife no puede seguir permitiéndose más años de retrasos, incumplimientos y falta de compromiso en una cuestión tan básica como el saneamiento”.

El grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha solicitado la comparecencia de la presidenta insular, Rosa Dávila, para que explique la decisión del gobierno de CC y PP de licitar un contrato de casi 5,8 millones de euros para externalizar la vigilancia del Parque Nacional del Teide durante los próximos cinco años mediante empresas de seguridad privada.

En un comunicado, el portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, acusa a la presidenta de la Corporación tinerfeña de “hacer negocio con el Teide” y rechaza frontalmente que la vigilancia de un espacio natural de la relevancia del Parque Nacional se encomiende a empresas privadas.

Por ello, el PSOE de Tenerife ha solicitado formalmente la comparecencia de Rosa Dávila en el próximo pleno ordinario de marzo para que explique la decisión del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular de licitar un contrato de casi 5,8 millones de euros para externalizar la vigilancia del Parque Nacional del Teide durante los próximos cinco años mediante empresas de seguridad privada.

“Estamos totalmente en contra de la privatización de un símbolo de la Isla. No se puede hacer negocio con algo tan sensible como es la vigilancia de nuestra joya de la corona”, asegura Afonso.

El portavoz socialista considera además que esta decisión supone “una falta de respeto” tanto a los trabajadores y trabajadoras de la corporación insular como “a cientos de personas que se presentan a procesos selectivos públicos invirtiendo tiempo y dinero”.

Afonso sostiene que la contratación de seguridad privada para el parque nacional forma parte de una estrategia política más amplia de Coalición Canaria y Partido Popular.

“Esta es una decisión más de CC y PP, no solo en el Cabildo sino también en el Gobierno de Canarias, dentro de una hoja de ruta clara para privatizar servicios públicos durante todo el mandato”, señala.

Además, el Grupo Socialista recuerda que ya el pasado mes de enero criticó la decisión del Cabildo de encargar a la empresa pública Gesplan la gestión de las áreas recreativas de la Isla, “pese a existir listas de reserva vigentes de agentes de medio ambiente que podían desempeñar esas funciones”, según indica la formación en el Gobierno insular.

En la actualidad, sostienen los socialistas, se está produciendo una situación similar en el Parque Nacional del Teide. El PSOE tinerfeño asegura que “en octubre del pasado año el Cabildo decidió que Gesplan asumiera temporalmente el servicio de información y vigilancia del parque hasta el 31 de marzo de 2026, tras la aprobación de la primera regulación de acceso al estratovolcán”.

Sin embargo, el Grupo Socialista considera que resulta “incoherente” que, “mientras se desarrolla un proceso selectivo para constituir una lista de reserva de agentes de medio ambiente, el gobierno insular haya decidido convocar una licitación para externalizar la vigilancia del parque durante los próximos cinco años”.

Afonso recuerda que el Cabildo mantiene actualmente abierto un proceso selectivo para crear una lista de reserva de agentes de medio ambiente convocado el pasado verano. Más de 100 aspirantes han superado ya las pruebas teóricas, quedando únicamente pendientes las pruebas físicas para completar la convocatoria.

“Vamos a tener una lista de personal formado y cualificado del que podría nutrirse el Cabildo para prestar estos servicios de vigilancia. No tiene sentido privatizar el servicio cuando existen recursos públicos para hacerlo”, explica el portavoz socialista.

Hubo muchos intentos de golpe de Estado antes del 23 de febrero de 1981, como la célebre Operación Galaxia, con Antonio Tejero y Ricardo Sáenz de Ynestrillas implicados y encarcelados (siete meses). A algunos se les llamó “golpes de timón” y, tras la frustrada asonada en la investidura de Calvo Sotelo, hubo otras intentonas. Las más graves y conocidas fueron, sin duda, las del miércoles 27 de octubre de 1982, justo un día antes de la arrolladora victoria del PSOE en un jueves laboral, aunque fue abortada a principios de ese mes, y la del desfile militar de 1985 en A Coruña, cuando ya se quería ir sin ambages contra el rey al tratar de volar el palco con él y buena parte del primer Gobierno socialista presentes, para lo que se excavó un túnel bajo la vía.   

Sin embargo, hubo otro intento entre el 23F y el de octubre del 82 que tuvo como protagonista, entre otros, al entonces capitán general de Canarias, Jesús González del Yerro, quien, seguramente para sonrojo de muchos, aunque sea a partir de ahora, cuenta con tres calles que le homenajean en Canarias: una en Arona (Sur de Tenerife), otra en La Oliva (norte de Fuerteventura) y una en Los Llanos de Aridane (al oeste de La Palma).

La calle González del Yerro en Los Llanos de Aridane se encuentra cerca de la célebre montaña Tenisca y, paradójicamente, enlaza con la llamada Plaza Constitución y con la calle de Adolfo Suárez. En el caso de Arona, y por lo indagado por este periódico, se rotuló así con Manuel Barrios (PSOE) como alcalde, quien luego acabó en el Centro Canario Nacionalista de Ignacio González (ex del PP). Se sitúa junto al estadio Antonio Domínguez Alfonso. La de La Oliva se halla en la zona de Lajares y una clínica dental y otra estética se encuentran en ella y se publicitan con esa vía. 

Según lo desclasificado este pasado miércoles por el Gobierno, uno de los documentos apunta a una operación para el 24 de junio de 1981 en la que estaría implicado este general junto al “aparato de Cortina” (José Luis, comandante de Infantería y jefe de la Agrupación Operativa de Operaciones Especiales de los servicios secretos –Cesid).

Día de la onomástica del rey, que estaría en el Palacio Real con el Gobierno

Se trataba, precisamente, del día de la onomástica del rey Juan Carlos I, por lo que se intervendría en Palacio Real, con el Gobierno, las instituciones del Estado y otras autoridades presentes. El archivo manuscrito y anónimo se titula Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980) y sostiene que Del Yerro impulsó ese golpe post 23F, que representaba “una operación militar de incalculables consecuencias, con González del Yerro y el aparato de Cortina”, iniciativa que ya se habría puesto en marcha.

Además, señala que ese golpe se intentó “a toda prisa” y que sería “a la turca”, con Del Yerro o Armada en la cúspide y con el objetivo de suprimir los partidos, las autonomías existentes entonces (Canarias o Andalucía aún no) y con la participación “no confirmada” del rey. Según se recalca, “todo parece ultimado, a falta de decisión institucional o golpe a la turca” por estar “muy acrecentadas las circunstancias del 23F”.

Durante la tarde y noche del 23F, los propios golpistas Tejero y el civil García Carrés apuntan a que la región militar de Canarias podía sumarse al golpe, con el general Milans del Bosch, otro de los condenados a 30 años, ya movilizando los tanques en Valencia. Finalmente, Canarias no se sumó, aunque aún no han trascendido, ni con esta desclasificación, la conversación del rey con Del Yerro, si bien sí se ha sostenido que se puso a su servicio y que, incluso, fue el primero que le llamó.

El principal grupo de la oposición en el municipio tinerfeño de Arona, el PSOE que dirige José Julián Mena, denuncia en Canarias Ahora el empleo por parte de dos asesores de la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), de ordenadores del Ayuntamiento y en horario laboral para, mediante una cuenta inicial desconocida y otra posterior y gratuita de Yahoo, enviar correos anónimos con textos críticos con la labor opositora de los socialistas, en un acto, en principio, presuntamente ilegal y ética y políticamente reprobable.

Los asesores son Jorge Alayón Gil y Andrea Gil Álvarez. Los socialistas se refieren a un envío inicial en el que se acusa a dos concejales de su grupo de acceder a dependencias municipales para supuestamente amedrentar a un técnico, extremo que el partido niega. Esta denuncia anónima se publicó en diversos medios y originó la protesta del PSOE ante la alcaldesa, a la que acusaron en comisión de estar detrás del envío. El segundo texto alude a la sentencia que condena al Ayuntamiento por “impagos” de publicidad institucional contratada durante la precampaña electoral de 2023 por 36.208 euros, cuestión sobre la que el PSOE tiene otra visión.

A diferencia de lo que hacen habitualmente los gobiernos o partidos que gestionan, estas situaciones no se denuncian mediante notas oficiales de los equipos gobernantes o de cada formación, sino que se han camuflado bajo el nombre genérico de “Pajarito” y como “fuentes anónimas”, tal y como lo han reflejado diversos medios.   

Aunque no lo pudo hacer con el primer envío, el PSOE sí analizó el segundo correo de las mismas características, aunque ya enviado desde una cuenta gratuita de Yahoo. Rastrearon en los metadatos de los sistemas informáticos municipales y detectaron, según detallan a este periódico, que esos dos asesores de la alcaldesa (al menos, personas bajo sus mismos nombres) fueron los encargados de la difusión, dejando ese rastro. De hecho, y siguiendo también estas pistas que dejan los sistemas en los ayuntamientos, menos protegidos que otros en aras de la transparencia, comprobaron que los metadatos dejan claro que la empresa que los envía es “Ayuntamiento de Arona”.

Desde el área de Prensa del gobierno local (PP-CC-Vox) indicaron este miércoles a Canarias Ahora que no les consta esta situación y que, tras preguntar, no podían dar una respuesta por falta precisamente de datos. Hasta este jueves, esa sigue siendo la no respuesta del gobierno local. Sin embargo, el PSOE se ratifica en su denuncia y considera que el caso es muy grave desde el punto de vista ético y político, con visos también desde la perspectiva legal.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha expresado este miércoles su enfado porque la Dirección General de Tráfico (DGT) haya firmado en Gran Canaria un protocolo sobre el uso de grúas exprés para retirar de las autopistas los vehículos averiados.

Dávila ha recordado en rueda de prensa que la institución que preside le trasladó “hace casi un año” a la DGT esta idea y le propusieron la firma de un protocolo en Tenerife, y ha considerado “llamativo” que esto se haya producido finalmente en Gran Canaria y se le “haya negado” a esta isla.

No porque la otra isla no comparta los mismos problemas de tráfico sino porque fue el Cabildo de Tenerife la institución que “promovió” las reuniones con la DGT y “se molestó” en elaborar el protocolo y remitir la información.

“Estamos muy molestos” con esta situación, ha ahondado Dávila, quien “no quiere pensar”, ha dicho, que “se trate de sectarismos ni de colores políticos” y se dé prioridad a las necesidades de una isla sobre otra.

“No quiero pensar que esté en relación con la isla de nacimiento de determinado líder político de unas determinadas siglas”, ha dicho en alusión a Ángel Víctor Torres, “y que eso esté pesando a la hora de que el PSOE esté tomando decisiones que perjudican a la situación del tráfico en Tenerife”.

Cabe recordar que uno de los principales problemas de la movilidad en Tenerife son los atascos que se viven desde hace años en las principales autopistas de la isla. Un colapso que la líder del Cabildo insular prometió en la pasada campaña electoral, previa a los comicios autonómicos del 28 de mayo de 2023, ponerle solución en 90 días “si llegaba a gobernar” y que, dos semanas más tarde, reconoció en rueda de prensa que “probablemente” no sería posible en el tiempo estimado.

Para conseguir este propósito, la presidenta del Cabildo de Tenerife propuso escalonar la entrada y salida a las administraciones y de grandes centros de trabajo, incrementar el transporte escolar, descentralizar servicios públicos, una propuesta específica para la comunidad universitaria y guaguas lanzadera desde el norte y sur hasta la Universidad de La Laguna.

Sin embargo, Rosa Dávila se limitó, en consonancia con el Gobierno de Canarias, a dar prioridad durante su mandato a la ampliación del tercer carril de la TF-5, entre Guamasa y La Orotava, y de la plataforma de la TF-1, en una reunión mantenida con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

Dávila aseguró que los atascos “no se solucionan con las obras” sino con otras medidas que pondría en marcha “para reducir el numero de movimientos y vehículos que circulan” en las que encontré, según djo, “predisposición” de los agentes implicados y la colaboración del Gobierno canario.

Por otro lado, recientemente la oposición ha criticado acciones para mitigar los atascos en las carreteras de la isla y su empeoramiento, como la prueba de la instalación de semáforos inteligentes en la TF-5.

Según aseguró en un comunicado la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, la medida ha provocado largas colas y la paralización del tráfico en Guamasa, en lo que ha calificado como un “agravamiento” de los problemas de movilidad en la isla.

Raya resaltó que ese empeoramiento se produce, a su juicio, como consecuencia de los “anuncios improvisados del gobierno insular [CC y PP], que repite errores del pasado, mantiene sin ejecutar las obras necesarias y somete a la ciudadanía a un caos constante en las carreteras”.