El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha anunciado que asumirá directamente nuevas competencias en materia de Carreteras y Patrimonio Histórico, que hasta ahora dependían del Cabildo de Tenerife.

Así lo ha señalado el Consistorio en un comunicado, donde detalla que se trata de una medida de calado administrativo “que permitirá reducir significativamente los tiempos de tramitación, eliminar duplicidades y reforzar la capacidad de respuesta municipal ante licencias de obras públicas y privadas, así como comunicaciones previas”, subraya.

El Consistorio informa de que ha sido aprobada por unanimidad en la comisión de Ciudad Sostenible, y que se llevará al pleno del próximo lunes.

Todo ello, indica, “supone un cambio de modelo en la gestión de autorizaciones vinculadas a intervenciones urbanas, patrimoniales y viarias”.

Así, en el área que dirige el concejal David Hernández, se concentra la emisión directa de informes, permisos y licencias que hasta ahora requerían dos niveles de supervisión insular.

De esta manera, con esta reorganización, Urbanismo será el único organismo competente para autorizar actuaciones que afecten a Conjuntos Históricos y Entornos de Protección de Bienes de Interés Cultural, en aquellos supuestos que no cuenten con Plan Especial de Protección en vigor y que se refieran a inmuebles con primera fábrica posterior a 1960.

En paralelo, el área asumirá también las competencias relativas a determinadas actuaciones vinculadas a la red insular de carreteras en su ámbito urbano, siempre que no exista afección a la calzada o arcén y se garantice la continuidad de la circulación peatonal.

Esto incluye obras menores en edificaciones colindantes, ocupaciones temporales del dominio público viario vinculadas a la ejecución de trabajos, y la instalación de elementos auxiliares como señalización o balizamiento durante las obras.

Entre las actuaciones ahora asumidas por la Corporación local se incluyen obras interiores en inmuebles, el pintado de fachadas en tonos blancos, grises o beiges, así como reparaciones de fisuras y grietas sin modificación de materiales o acabados.

También se incorporan actuaciones de mantenimiento como la reparación de carpinterías exteriores garantizando la uniformidad estética, la impermeabilización de cubiertas y la instalación de placas solares siempre que no sean visibles desde la vía pública. Asimismo, se contempla el cambio de uso de inmuebles que no impliquen intervención constructiva.

En el ámbito del espacio público, el Ayuntamiento asumirá también la autorización de apertura de zanjas en vía pública bajo criterios de conservación patrimonial, con especial atención a la preservación de empedrados o adoquinados históricos, así como la obligación de restitución del firme en condiciones equivalentes a las existentes. Igualmente, se autorizarán eventos, fiestas y rodajes con instalaciones desmontables, siempre que no afecten a elementos protegidos, quedando expresamente prohibidos los anclajes a inmuebles de valor histórico, pavimentos protegidos o arbolado urbano.

Del mismo modo, la ocupación de la vía pública con terrazas de establecimientos de restauración quedará bajo competencia municipal directa, con criterios estéticos homogéneos que limitan tonalidades, eliminan publicidad en mobiliario y refuerzan su carácter provisional.

Además, según el Ayuntamiento, estas ocupaciones estarán además condicionadas a la futura aprobación de instrumentos de ordenación específicos que refuercen la protección del Conjunto Histórico del municipio.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha anunciado que la corporación va a pedir en el juzgado la aplicación de “medidas cautelarísimas” para evitar la demolición del Silo de grano tipo P, un bien de alto valor histórico, arquitectónico y simbólico para el archipiélago, y que está ubicado en el recinto portuario por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz.

La Corporación insular había instado formalmente a la Autoridad Portuaria a realizar un estudio técnico de los valores patrimoniales del inmueble, “tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español, pues es una competencia que corresponde a dicho organismo estatal”, señala.

Sin embargo, el vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, ha lamentado que “a pesar de las reiteradas advertencias” la Autoridad Portuaria haya adjudicado la demolición del silo, lo que ha llevado a la corporación insular a pedir esas medidas cautelares.

“Se trata de un edificio con valores arquitectónicos apreciables”, por lo que la Autoridad Portuaria tiene que hacer un estudio de valores patrimoniales en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Español, ha manifestado Ruano

Por su parte, el Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, ha solicitado formalmente al Ministerio de Cultura la adopción de medidas urgentes para evitar el derribo.

El singular edificio está actualmente sometido a un procedimiento de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros.

El PP de Tenerife ha nombrado a Marcos Rodríguez presidente de la gestora de Granadilla de Abona y ha designado a Rafael Martínez como presidente del comité organizador de la asamblea en Arona.

El presidente del PP en Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado en un comunicado que estos nombramientos buscan “construir una estructura sólida para conseguir que el partido tenga representación en todos los municipios”.

Marcos Rodríguez, que junto a otra concejal del PP gobernó hasta 2025 con el PSOE y que en marzo de ese año firmó una moción de censura contra su propio grupo de gobierno, ha señalado que su principal objetivo al frente de la gestora será “ordenar, cohesionar y preparar al equipo para afrontar con solvencia los retos que tiene el municipio desde el respeto y el compromiso institucional”.

El nuevo presidente de la gestora ha añadido que, a corto plazo, se abrirá un periodo de “diálogo, participación y trabajo coordinado” en el que afiliados y simpatizantes puedan aportar su visión.

La gestora de Granadilla de Abona estará integrada también por Nicolás Barrera, como secretario, y por Nereyda González, Damelis J. Santos y Nahuel Ceballos, como vocales.

Por su parte, Rafael Martínez, presidente de la comisión organizadora de la asamblea en Arona, ha indicado que los aspirantes a presidir el futuro comité local deberán presentar su candidatura con un mínimo de 59 avales de afiliados del municipio.

Martínez ha señalado que esta exigencia “certifica la idoneidad necesaria para presidir el nuevo comité local”. 

El PSOE de Tenerife ha reclamado este jueves que la reparación del Auditorio Adán Martín sea asumida por el arquitecto Santiago Calatrava y las empresas responsables de la obra, al tiempo que ha denunciado el retraso de dos años en la tramitación del proyecto por parte del Cabildo.

El portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, valora en un comunicado la publicación este miércoles del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) como “un paso necesario” y subraya que el grupo Socialista apoyará su ejecución, pero advierte también de que “llega dos años tarde”.

Afonso recordó que en junio de 2022, con el PSOE en el gobierno insular, se exigieron responsabilidades por los vicios ocultos detectados en la infraestructura tanto al arquitecto como a las empresas constructoras, fijando un plazo de 19 meses para la presentación del proyecto técnico, que vencía en enero de 2024.

“Sin embargo, el gobierno de Rosa Dávila ha ido concediendo prórrogas y finalmente el proyecto se ha presentado en febrero de 2026, dos años después”, denunció.

El Grupo Socialista insiste en que, pese a que la reparación es imprescindible para garantizar la seguridad y conservación del Auditorio, no puede recaer sobre los tinerfeños y tinerfeñas.

“Estamos hablando de una obra necesaria y urgente y vamos a apoyarla, pero lo que no puede ocurrir es que los errores constructivos los termine pagando la ciudadanía. Esa responsabilidad debe recaer en Santiago Calatrava y en las empresas que ejecutaron la obra”, afirmó Afonso.

Dudas sobre el coste

Asimismo, los socialistas alertan de la falta de claridad sobre el coste real de la intervención. Aunque el proyecto fija una inversión de 16,48 millones de euros sin IGIC (más de 17,6 millones con impuestos), recuerdan que en 2022 el anterior equipo de gobierno ya estimó que el coste podría ser superior al incorporar el lucro cesante derivado de un posible cierre del recinto.

En este contexto, el PSOE de Tenerife acusa al gobierno insular de haber sustituido la firmeza en la defensa del interés público por una estrategia de prórrogas y negociación que ha retrasado la solución a un problema estructural que afecta a uno de los principales iconos culturales de la Isla.

Los socialistas reiteran su apoyo a la ejecución de las obras, pero exigen transparencia, rigor y determinación para que la solución no suponga un nuevo coste para la ciudadanía.

El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Aarón Afonso, muestra a Canarias Ahora la preocupación de su partido por la situación actual de las aguas fecales y los vertidos al mar en la Isla, después de que este periódico publicara las dificultades que están enfrentando muchas comunidades de vecinos por los riesgos de sanciones de la Unión Europea, la acumulación de proyectos para encauzar estos líquidos de sus edificios por el “bloqueo” en el Consejo Insular de Aguas, que minimiza este problema, y por el creciente precio que imponen las compañía especializadas en estas obras, que han subido hasta un 40% sus presupuestos.

Afonso asegura que se trata de uno de los “principales problemas de Tenerife y, por eso, seguimos insistiendo en que se aprueben programas de forma coordinada con los municipios de la Isla para que éstos cuenten con los recursos económicos necesarios para poder impulsar no sólo las infraestructuras hidráulicas que requiere la Isla, sino la adecuada red de saneamiento para conseguir el objetivo de vertidos cero al mar”. 

Sin embargo, y según critica, “en los últimos años, en los presupuestos para 2025 y 2026, el gobierno insular (CC-PP) ha rechazado algunas de las líneas de actuación que hemos propuesto de manera recurrente y reiterativa, como las subvenciones que planteamos para los ayuntamientos por un total de cinco millones de euros para mejorar la red de saneamiento, o impulsar el desarrollo de las conexiones de las viviendas y edificios al alcantarillado que siguen vertiendo al subsuelo”. Pese a esta situación y las quejas de comunidades vecinales, el portavoz socialista recalca que siguen tendiendo a mano al gobierno para aprobar las medidas que sean necesarias para contribuir a resolver cuanto antes las dificultades y “lograr los vertidos cero al mar o el subsuelo”.  

Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales

Por otro lado, y en declaraciones a Canarias Ahora, también la Asociación Empresaria Canaria de Consultores Medioambientales (Aeccm) muestra su preocupación por la información publicada el pasado domingo por este periódico sobre las dificultades de comunidades de vecinos de Tenerife para desarrollar estas obras, aunque poniendo el acento en otros aspectos. La entidad que dirige Juan Rumeu alerta de los ritmos lentos con estos trabajos, censura la actuación de los ayuntamientos y la sensación de impunidad ante las posibles sanciones que aprecia en los propios consistorios y las comunidades vecinales, como si nunca fueran a fraguar esas eventuales multas.

Lejos de eso, la Aeccm recalca que le “alarma que muchos ayuntamientos y comunidades de vecinos sigan actuando como si los avisos de la UE y del Consejo Insular de Aguas nunca fueran a traducirse en sanciones reales. Esa percepción de impunidad es la que, durante años, se ha tolerado el incumplimiento en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales de Tenerife”. 

Según advierten, “esta actitud no sólo supone un incumplimiento claro de la ley, sino también una forma de insolidaridad colectiva, al trasladar las consecuencias de esos vertidos al conjunto de la ciudadanía”. En este sentido, consideran “especialmente grave la pasividad de algunos ayuntamientos, que durante años han permitido o mirado para otro lado ante estas situaciones, pese a conocer sus consecuencias ambientales y sanitarias. No se trata únicamente de un problema administrativo, sino de proteger la salud pública y el entorno natural de la Isla”.

Esta entidad de consultores ambientales recuerda, además, que “varios consistorios de Tenerife están incursos ahora en procedimientos judiciales relacionados con la gestión de vertidos y saneamiento, procesos que podrían terminar, incluso, en condenas penales, lo que debería ser una señal inequívoca de la gravedad de la situación y de a necesidad de actuar con responsabilidad y urgencia”.

Según recalca, “la normativa ambiental existe para proteger a las personas y el territorio, por lo que despreciarla o retrasar su cumplimiento no es una opción. Seguir tolerando vertidos deficientes o sistemas de depuración inadecuados supone atentar contra la salud de los ciudadanos y contra el medio ambiente de Tenerife”. Por todo, exigen que “todas las administraciones asuman de una vez sus responsabilidades y actúen con la diligencia que la situación requiere, pues Tenerife no puede seguir permitiéndose más años de retrasos, incumplimientos y falta de compromiso en una cuestión tan básica como el saneamiento”.

El grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha solicitado la comparecencia de la presidenta insular, Rosa Dávila, para que explique la decisión del gobierno de CC y PP de licitar un contrato de casi 5,8 millones de euros para externalizar la vigilancia del Parque Nacional del Teide durante los próximos cinco años mediante empresas de seguridad privada.

En un comunicado, el portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, acusa a la presidenta de la Corporación tinerfeña de “hacer negocio con el Teide” y rechaza frontalmente que la vigilancia de un espacio natural de la relevancia del Parque Nacional se encomiende a empresas privadas.

Por ello, el PSOE de Tenerife ha solicitado formalmente la comparecencia de Rosa Dávila en el próximo pleno ordinario de marzo para que explique la decisión del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular de licitar un contrato de casi 5,8 millones de euros para externalizar la vigilancia del Parque Nacional del Teide durante los próximos cinco años mediante empresas de seguridad privada.

“Estamos totalmente en contra de la privatización de un símbolo de la Isla. No se puede hacer negocio con algo tan sensible como es la vigilancia de nuestra joya de la corona”, asegura Afonso.

El portavoz socialista considera además que esta decisión supone “una falta de respeto” tanto a los trabajadores y trabajadoras de la corporación insular como “a cientos de personas que se presentan a procesos selectivos públicos invirtiendo tiempo y dinero”.

Afonso sostiene que la contratación de seguridad privada para el parque nacional forma parte de una estrategia política más amplia de Coalición Canaria y Partido Popular.

“Esta es una decisión más de CC y PP, no solo en el Cabildo sino también en el Gobierno de Canarias, dentro de una hoja de ruta clara para privatizar servicios públicos durante todo el mandato”, señala.

Además, el Grupo Socialista recuerda que ya el pasado mes de enero criticó la decisión del Cabildo de encargar a la empresa pública Gesplan la gestión de las áreas recreativas de la Isla, “pese a existir listas de reserva vigentes de agentes de medio ambiente que podían desempeñar esas funciones”, según indica la formación en el Gobierno insular.

En la actualidad, sostienen los socialistas, se está produciendo una situación similar en el Parque Nacional del Teide. El PSOE tinerfeño asegura que “en octubre del pasado año el Cabildo decidió que Gesplan asumiera temporalmente el servicio de información y vigilancia del parque hasta el 31 de marzo de 2026, tras la aprobación de la primera regulación de acceso al estratovolcán”.

Sin embargo, el Grupo Socialista considera que resulta “incoherente” que, “mientras se desarrolla un proceso selectivo para constituir una lista de reserva de agentes de medio ambiente, el gobierno insular haya decidido convocar una licitación para externalizar la vigilancia del parque durante los próximos cinco años”.

Afonso recuerda que el Cabildo mantiene actualmente abierto un proceso selectivo para crear una lista de reserva de agentes de medio ambiente convocado el pasado verano. Más de 100 aspirantes han superado ya las pruebas teóricas, quedando únicamente pendientes las pruebas físicas para completar la convocatoria.

“Vamos a tener una lista de personal formado y cualificado del que podría nutrirse el Cabildo para prestar estos servicios de vigilancia. No tiene sentido privatizar el servicio cuando existen recursos públicos para hacerlo”, explica el portavoz socialista.

Hubo muchos intentos de golpe de Estado antes del 23 de febrero de 1981, como la célebre Operación Galaxia, con Antonio Tejero y Ricardo Sáenz de Ynestrillas implicados y encarcelados (siete meses). A algunos se les llamó “golpes de timón” y, tras la frustrada asonada en la investidura de Calvo Sotelo, hubo otras intentonas. Las más graves y conocidas fueron, sin duda, las del miércoles 27 de octubre de 1982, justo un día antes de la arrolladora victoria del PSOE en un jueves laboral, aunque fue abortada a principios de ese mes, y la del desfile militar de 1985 en A Coruña, cuando ya se quería ir sin ambages contra el rey al tratar de volar el palco con él y buena parte del primer Gobierno socialista presentes, para lo que se excavó un túnel bajo la vía.   

Sin embargo, hubo otro intento entre el 23F y el de octubre del 82 que tuvo como protagonista, entre otros, al entonces capitán general de Canarias, Jesús González del Yerro, quien, seguramente para sonrojo de muchos, aunque sea a partir de ahora, cuenta con tres calles que le homenajean en Canarias: una en Arona (Sur de Tenerife), otra en La Oliva (norte de Fuerteventura) y una en Los Llanos de Aridane (al oeste de La Palma).

La calle González del Yerro en Los Llanos de Aridane se encuentra cerca de la célebre montaña Tenisca y, paradójicamente, enlaza con la llamada Plaza Constitución y con la calle de Adolfo Suárez. En el caso de Arona, y por lo indagado por este periódico, se rotuló así con Manuel Barrios (PSOE) como alcalde, quien luego acabó en el Centro Canario Nacionalista de Ignacio González (ex del PP). Se sitúa junto al estadio Antonio Domínguez Alfonso. La de La Oliva se halla en la zona de Lajares y una clínica dental y otra estética se encuentran en ella y se publicitan con esa vía. 

Según lo desclasificado este pasado miércoles por el Gobierno, uno de los documentos apunta a una operación para el 24 de junio de 1981 en la que estaría implicado este general junto al “aparato de Cortina” (José Luis, comandante de Infantería y jefe de la Agrupación Operativa de Operaciones Especiales de los servicios secretos –Cesid).

Día de la onomástica del rey, que estaría en el Palacio Real con el Gobierno

Se trataba, precisamente, del día de la onomástica del rey Juan Carlos I, por lo que se intervendría en Palacio Real, con el Gobierno, las instituciones del Estado y otras autoridades presentes. El archivo manuscrito y anónimo se titula Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980) y sostiene que Del Yerro impulsó ese golpe post 23F, que representaba “una operación militar de incalculables consecuencias, con González del Yerro y el aparato de Cortina”, iniciativa que ya se habría puesto en marcha.

Además, señala que ese golpe se intentó “a toda prisa” y que sería “a la turca”, con Del Yerro o Armada en la cúspide y con el objetivo de suprimir los partidos, las autonomías existentes entonces (Canarias o Andalucía aún no) y con la participación “no confirmada” del rey. Según se recalca, “todo parece ultimado, a falta de decisión institucional o golpe a la turca” por estar “muy acrecentadas las circunstancias del 23F”.

Durante la tarde y noche del 23F, los propios golpistas Tejero y el civil García Carrés apuntan a que la región militar de Canarias podía sumarse al golpe, con el general Milans del Bosch, otro de los condenados a 30 años, ya movilizando los tanques en Valencia. Finalmente, Canarias no se sumó, aunque aún no han trascendido, ni con esta desclasificación, la conversación del rey con Del Yerro, si bien sí se ha sostenido que se puso a su servicio y que, incluso, fue el primero que le llamó.

El principal grupo de la oposición en el municipio tinerfeño de Arona, el PSOE que dirige José Julián Mena, denuncia en Canarias Ahora el empleo por parte de dos asesores de la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), de ordenadores del Ayuntamiento y en horario laboral para, mediante una cuenta inicial desconocida y otra posterior y gratuita de Yahoo, enviar correos anónimos con textos críticos con la labor opositora de los socialistas, en un acto, en principio, presuntamente ilegal y ética y políticamente reprobable.

Los asesores son Jorge Alayón Gil y Andrea Gil Álvarez. Los socialistas se refieren a un envío inicial en el que se acusa a dos concejales de su grupo de acceder a dependencias municipales para supuestamente amedrentar a un técnico, extremo que el partido niega. Esta denuncia anónima se publicó en diversos medios y originó la protesta del PSOE ante la alcaldesa, a la que acusaron en comisión de estar detrás del envío. El segundo texto alude a la sentencia que condena al Ayuntamiento por “impagos” de publicidad institucional contratada durante la precampaña electoral de 2023 por 36.208 euros, cuestión sobre la que el PSOE tiene otra visión.

A diferencia de lo que hacen habitualmente los gobiernos o partidos que gestionan, estas situaciones no se denuncian mediante notas oficiales de los equipos gobernantes o de cada formación, sino que se han camuflado bajo el nombre genérico de “Pajarito” y como “fuentes anónimas”, tal y como lo han reflejado diversos medios.   

Aunque no lo pudo hacer con el primer envío, el PSOE sí analizó el segundo correo de las mismas características, aunque ya enviado desde una cuenta gratuita de Yahoo. Rastrearon en los metadatos de los sistemas informáticos municipales y detectaron, según detallan a este periódico, que esos dos asesores de la alcaldesa (al menos, personas bajo sus mismos nombres) fueron los encargados de la difusión, dejando ese rastro. De hecho, y siguiendo también estas pistas que dejan los sistemas en los ayuntamientos, menos protegidos que otros en aras de la transparencia, comprobaron que los metadatos dejan claro que la empresa que los envía es “Ayuntamiento de Arona”.

Desde el área de Prensa del gobierno local (PP-CC-Vox) indicaron este miércoles a Canarias Ahora que no les consta esta situación y que, tras preguntar, no podían dar una respuesta por falta precisamente de datos. Hasta este jueves, esa sigue siendo la no respuesta del gobierno local. Sin embargo, el PSOE se ratifica en su denuncia y considera que el caso es muy grave desde el punto de vista ético y político, con visos también desde la perspectiva legal.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha expresado este miércoles su enfado porque la Dirección General de Tráfico (DGT) haya firmado en Gran Canaria un protocolo sobre el uso de grúas exprés para retirar de las autopistas los vehículos averiados.

Dávila ha recordado en rueda de prensa que la institución que preside le trasladó “hace casi un año” a la DGT esta idea y le propusieron la firma de un protocolo en Tenerife, y ha considerado “llamativo” que esto se haya producido finalmente en Gran Canaria y se le “haya negado” a esta isla.

No porque la otra isla no comparta los mismos problemas de tráfico sino porque fue el Cabildo de Tenerife la institución que “promovió” las reuniones con la DGT y “se molestó” en elaborar el protocolo y remitir la información.

“Estamos muy molestos” con esta situación, ha ahondado Dávila, quien “no quiere pensar”, ha dicho, que “se trate de sectarismos ni de colores políticos” y se dé prioridad a las necesidades de una isla sobre otra.

“No quiero pensar que esté en relación con la isla de nacimiento de determinado líder político de unas determinadas siglas”, ha dicho en alusión a Ángel Víctor Torres, “y que eso esté pesando a la hora de que el PSOE esté tomando decisiones que perjudican a la situación del tráfico en Tenerife”.

Cabe recordar que uno de los principales problemas de la movilidad en Tenerife son los atascos que se viven desde hace años en las principales autopistas de la isla. Un colapso que la líder del Cabildo insular prometió en la pasada campaña electoral, previa a los comicios autonómicos del 28 de mayo de 2023, ponerle solución en 90 días “si llegaba a gobernar” y que, dos semanas más tarde, reconoció en rueda de prensa que “probablemente” no sería posible en el tiempo estimado.

Para conseguir este propósito, la presidenta del Cabildo de Tenerife propuso escalonar la entrada y salida a las administraciones y de grandes centros de trabajo, incrementar el transporte escolar, descentralizar servicios públicos, una propuesta específica para la comunidad universitaria y guaguas lanzadera desde el norte y sur hasta la Universidad de La Laguna.

Sin embargo, Rosa Dávila se limitó, en consonancia con el Gobierno de Canarias, a dar prioridad durante su mandato a la ampliación del tercer carril de la TF-5, entre Guamasa y La Orotava, y de la plataforma de la TF-1, en una reunión mantenida con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

Dávila aseguró que los atascos “no se solucionan con las obras” sino con otras medidas que pondría en marcha “para reducir el numero de movimientos y vehículos que circulan” en las que encontré, según djo, “predisposición” de los agentes implicados y la colaboración del Gobierno canario.

Por otro lado, recientemente la oposición ha criticado acciones para mitigar los atascos en las carreteras de la isla y su empeoramiento, como la prueba de la instalación de semáforos inteligentes en la TF-5.

Según aseguró en un comunicado la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, la medida ha provocado largas colas y la paralización del tráfico en Guamasa, en lo que ha calificado como un “agravamiento” de los problemas de movilidad en la isla.

Raya resaltó que ese empeoramiento se produce, a su juicio, como consecuencia de los “anuncios improvisados del gobierno insular [CC y PP], que repite errores del pasado, mantiene sin ejecutar las obras necesarias y somete a la ciudadanía a un caos constante en las carreteras”.

“Escandaloso” y “una auténtica vergüenza”, son algunos de los términos empleados por los integrantes del Grupo Municipal Socialista en Granadilla de Abona en referencia a la financiación, con dinero público, de un “supuesto” acto de homenaje al sector primario“ del municipio, que en realidad era un acto, tal y como subraya el partido, ”para la difusión de las teorías negacionistas y de la conspiración“.

En dicho acto, celebrado el pasado 20 de diciembre en el Casino XI de junio, se emitió un documental llamado El sector primario en Granadilla de Abona: una realidad en riesgo, dirigido por el conocido negacionista y difusor de teorías de la conspiración, Miguel Rix.

En un comunicado, la portavoz del Grupo Socialista, Jennifer Miranda, señala que el documental, de 50 minutos de duración y cuyo coste superó los 10.000 euros, más que poner en valor al sector primario de Granadilla de Abona es “un publirreportaje a mayor gloria del propio concejal de Sector Primario, el ultraderechista José Sanabria, quien utiliza el dinero público para financiar a personas próximas a su partido con el beneplácito de José Domingo Regalado y Coalición Canaria”, recalca

Según los socialistas, otro aspecto llamativo es que dicho documental ha sido cedido a un solo canal de televisión, el ToroTV, que no se ve en Canarias. Para Miranda, “todo queda en casa, puesto que en este canal es colaborador habitual Alfonso Caride, asesor del concejal de Vox, José Sanabria”.

Además, el Ayuntamiento en el acto homenaje al sector primario en el que se mostró el documental, también hubo una mesa redonda sobre le sector, y según Miranda, es aquí cuando lo sucedido se “agrava aun más”, puesto que, según la portavoz socialista, tanto el concejal de Vox y responsable de Sector Primario, José Sanabria, como el directo del documental, Miguel Rix, aprovechan para difundir parte del ideario ultraderechista, “como la inexistencia del cambio climático, la crítica a las políticas de sostenibilidad o la agenda 2030”, subraya.

La socialista detalla que durante la mesa redonda muchos de los asistentes al acto optaron por marcharse del mismo e, incluso, alguno de los participantes en la propia mesa expresaron “vivamente su malestar” por el contenido “puramente ideológico” del mismo, afirmando que no habían asistido al acto para eso.

Para Jennifer Miranda, la gravedad de lo sucedido escala a “niveles de escándalo” a tenor del coste de dicho acto. El Grupo Socialista recuerda el desglose de dinero público que consta en el propio expediente municipal, por la conferencia y la mesa redonda. En este caso se abonaron a Miguel Rix 1.500 euros por su ponencia, más otros 1.500 euros por participar de la mesa redonda, “en la que el resto de participantes lo hicieron gratuitamente”, más 1.000 euros por montaje y sonido y 3.000 euros en concepto de pasaje para dos personas desde Asturias, alojamiento, dietas y coche de alquiler.

En total, “7.000 euros de los impuestos de los ciudadanos han ido a parar al bolsillo de una persona estrechamente vinculada a Vox”.

A preguntas del PSOE en el pleno celebrado el pasado 29 de enero, el Alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, dijo que había visto el documental y que el mismo “promociona a Granadilla de Abona”.

Desde el Grupo Municipal Socialista indican que solicitarán la celebración de un pleno extraordinario para este asunto, a la vez que están estudiando la posible existencia de un delito por fraccionamiento de contratos, ya que tanto el documental como el acto de presentación están “ineludiblemente unidos” y temen que han optado por su fraccionamiento, ya que en total superan los 15.000 euros, “lo que les hubiera obligado a acudir a una licitación pública”, concluye.

El director insular de Hacienda del Cabildo de Tenerife, Juan Carlos Pérez Frías, reconoció este viernes, en el pleno insular, la “complejidad” de la reforma del Auditorio Adán Martín y ni dio plazos para su comienzo ni aclaró si los 24 millones de euros del último cálculo elaborado los abonará el arquitecto autor, Santiago Calatrava, las empresas a las que el célebre y polémico creador echa la culpa de por qué se cae el escamado exterior (trencadís) o si volverá a salir de las arcas públicas, en una obra que pasó de 24 millones a 75 hace unos 27 años.

Lo que sí aclaró Pérez Frías es que, justamente este enero, tras cumplirse el plazo de 19 meses dado a Calatrava desde noviembre de 2024, ya disponen del proyecto técnico y que, ahora, han de decidir la dirección de obra, que el arquitecto ha declinado, y tratar de alcanzar un acuerdo con las compañías por recomendación del juez que lleva el conflicto sobre a quién corresponde esta corrección de unos desperfectos visibles desde hace años.

El director general detalló los pasos dados durante 2025 con el arquitecto y una empresa especializada para ultimar un proyecto que, según recalcó, ya está prácticamente terminado, si bien aún no se ha presentado ni entregado a la oposición, pese a solicitarlo desde enero de 2025, toda vez que se había anunciado su entrega por parte de Calatrava en noviembre de 2024. Sin embargo, y según su explicación, había que realizar modificaciones que, finalmente, introdujo esa compañía experta y el resultado cumple las expectativas de los técnicos insulares, si bien aún se desconoce ese contenido ni el presupuesto actualizado. La última cifra apuntaba a 24 millones, aunque seguramente será más simplemente por el IPC.

En línea con lo que ha hecho hasta ahora la presidenta insular, Rosa Dávila, Pérez Frías criticó la gestión del PSOE y Cs con este expediente en el mandato anterior, aunque se trata de un argumento ya esgrimido por CC y PP desde mediados de 2024. Entonces, Dávila alardeó de haber reimpulsado y acelerado una imprescindible reforma de un “emblema” de Tenerife (término repetido ayer por el director general), pero, desde luego, se han ido incumpliendo los plazos anunciados por el gobierno actual y, al menos en el pleno de hoy, no se ha aclarado cuándo se presenta oficialmente el proyecto, cuándo comenzarán las obras, si éstas obligan al cierre total o parcial del Auditorio y durante cuánto tiempo, cómo afectará esto a la programación cultural y, sobre todo, quién asume el coste de un hito que ya triplicó su coste inicial.

El portavoz del PSOE, Aarón Afonso, recriminó al gobierno que haya estado un año sin entregarle el proyecto ni informarle de ninguno de los pasos o reuniones celebradas por este expediente, dejando clara su preocupación por el estado del Auditorio (resumido por Rosa Dávila en 2024 con aquel lacónico “se cae a cachos”), si bien han pasado ya 31 meses del actual mandato, como ayer recordó Afonso, sin que se haya repuesto ni una de las carísimas escamas de la creación de Calatrava.  

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 381,2 millones de euros.

En un comunicado, la Corporación local ha detallado que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que se prevé que suceda en la primera semana de febrero.

Asimismo, el Ayuntamiento señala que el equipo de Gobierno fundamenta estas cuentas en la decidida voluntad de mejorar los servicios públicos básicos, a los que destina 151,5 millones de euros, donde se prevé una inversión superior a los 53 millones de euros en Servicios Sociales, Promoción Social y Fomento del Empleo.

Según el Ayuntamiento, el área de Bienestar Social contará con el mayor presupuesto de su historia, superando los 32 millones de euros.

Se trata una política presupuestaria que se caracteriza por el mantenimiento de una fiscalidad que cubra los servicios públicos municipales, no incluyendo modificaciones tributarias, más allá de las que obliga el Estado y el Gobierno central en lo referente a la tasa de basura.

Según se expuso en la sesión plenaria, esta política busca garantizar la cobertura de los servicios públicos municipales y sostener una amplia oferta de prestaciones sociales dirigidas a las personas que más lo necesitan.

En este sentido, el Consistorio asegura que las cuentas contemplan la mejora de los servicios públicos básicos, con un incremento de las prestaciones en materia educativa, y la continuación de la optimización de las infraestructuras municipales, donde se incluye la ejecución de grandes obras de inversión ya iniciadas en ejercicios anteriores y alguna concluida, como por ejemplo Templo Masónico, y otras en plena ejecución como el Parque Cultural Viera y Clavijo, la remodelación de la calle de La Rosa, así como el inicio de otros proyectos igualmente importantes como es la rehabilitación integral del Teatro Guimerá.

Por otra parte, en la sesión plenaria, y antes del comienzo de la misma, se produjo la toma de posesión como concejal de Eduardo Medina Santos, perteneciente al Grupo Municipal Socialista.

El Cabildo de Tenerife ha avanzado este viernes que ultima la documentación técnica y administrativa necesaria de cara a la reparación externa del Auditorio de Tenerife, cuyo revestimiento de cerámica luce afectado, una acción que se ha visto retrasada en los últimos años ante las diferencias del Cabildo con el arquitecto, Santiago Calatrava, ante la responsabilidad en quien cae la reforma.

El Gobierno insular de CC-PP lleva casi un año sin aportar novedades sustanciales sobre la imprescindible mejora de un auditorio Adán Martín que, tal y como salta a la vista desde hace mucho tiempo y como admite la propia presidenta, Rosa Dávila, “se cae a cachos”.

Y eso que la propia Dávila reaccionó con contundencia a las informaciones de Canarias Ahora y Diario de Avisos que denunciaron el lamentable estado de lo que se supone que es uno de los monumentos señera de la Isla (eso sí, lo hizo en otros medios), culpando de la situación a la inacción del PSOE y Cs en el mandato previo y subrayando que habían retomado la iniciativa de reforma con ímpetu y negociando con el arquitecto autor, el célebre y controvertido Santiago Calatrava, para acelerarla lo más posible.

Ahora, el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, ha señalado en el pleno insular que si bien la corporación no puede “precisar, en estos momentos, de una fecha concreta” para el arranque de las acciones, el proyecto, imprescindible para emprender la ejecución de obras, ya está “prácticamente culminado, y con el nivel de exigencia solicitado por técnicos”. En paralelo, queda pendiente la licitación de la dirección facultativa de obras y el control de calidad, que ya contaría con “recursos presupuestarios preparados” para ello.

“Después de un mandato como el anterior, caracterizado por la falta de resultados en la resolución de este expediente, quiero mencionar que, pasado un año desde los 19 meses que le dieron (al arquitecto para la presentación del proyecto de reforma), se fueron de este Gobierno sin que se hubiera iniciado la redacción de ese proyecto, y, por lo tanto, lo que nos encontramos fue un panorama prácticamente desolador”, ha señalado Pérez Frías.

Así, a pesar de que el director insular de Hacienda ha expresado el deseo de la corporación por que las obras de reparación “empiecen y terminen cuanto antes”, ha lamentado que, en la Administración, un expediente de estas características lleve “sus trámites y su tiempo”, con el “rigor y la exigencia” que estos solicitan.

En relación al proyecto de reforma ya entregado por el arquitecto en 2025, ha precisado que el equipo técnico de Cabildo, con el análisis del último documento del proyecto corregido, así como de los informes, detectó algunos aspectos por solventarse “para proceder lo antes posible” a su aprobación.

Por ello, detalla, el Cabildo convocó al equipo técnico responsable del proyecto y al responsable jurídico, Santiago Calatrava, a una reunión el 28 de octubre de 2025, en la que, tras exponer las cuestiones a “solventar”, los emplazó a otro encuentro para culminar con la supervisión y proceder a su aprobación.

“Estas reuniones han llegado prácticamente hasta el mes de enero, y solventadas todas estas cuestiones, esperamos que, de forma inminente, se pueda contar con el proyecto de referencia”, ha indicado Pérez Frías.

Críticas de la oposición

Las declaraciones de Pérez Frías se han insertado en una pregunta formulada en pleno por el Grupo Socialista, que ha cuestionado al Grupo de Gobierno (CC y PP) por la situación en la que se encuentra el expediente de reforma, iniciado en 2018, en virtud de un acuerdo judicial, en el que se instó a las partes a tratar de llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad en la reforma de la fachada del Auditorio, ante su situación de “deterioro” en el revestimiento de cerámica.

“En junio de 2022, volvió a adoptarse a un acuerdo por la corporación insular, exigiendo, evidentemente, la responsabilidad por vicios ocultos y dando un plazo de 19 meses al arquitecto, el señor Calatrava, para que pudiera presentar un proyecto que permitiera abordar la rehabilitación del Auditorio”, ha recordado el consejero del Grupo Socialista en el Cabido de Tenerife, Aarón Afonso.

Sin embargo, en noviembre de 2023, se produjo una ampliación de dicho plazo, por parte del Cabildo, al arquitecto del proyecto, en concreto por doce meses más, entrega que finalmente se produjo “en enero” de 2025.

“Lo que nos preocupa es las razones por las que ese proyecto, parece, no se ha aprobado de manera definitiva, ni sabemos cuánto va a ser finalmente su coste, ni quien cómo y cuándo se asumirá la reforma para evitar la imagen actual”.

El documental sobre el sector primario de Granadilla, también considerado simple vídeo o trabajo audiovisual poco elaborado con entrevistas y algunas imágenes aéreas mediante drones, impulsado por Vox para mayor gloria del edil de esta área, portavoz y candidato de la ultraderecha, José Sanabria, costó 18.136 euros si se añaden los 7.490 que el ayuntamiento de este relevante municipio del Sur de Tenerife abonó por la presentación de la cinta. En ese caso, y al menos en el terreno de la interpretación política y jurídica, cabría la opción de estar ante un fraccionamiento de contratos y pagos por un mismo servicio, toda vez que los 10.646 euros pagados por la grabación y los 7.490 de su difusión oficial fueron a parar a la misma persona: su autor, el negacionista del cambio climático y activista de tesis ultraderechistas Miguel Rix.

Las dudas han hecho que el principal grupo de la oposición en Granadilla, el PSOE, haya solicitado un pleno extraordinario sobre esta cuestión. Los socialistas temen que se haya optado por dividir un mismo servicio en dos pagos para no superar en ninguno de los dos contratos relacionados con este “documental” la cifra tope del contrato menor, 15.000 euros, por encima de la que se requiere un concurso o, al menos, una convocatoria abierta, publicitada y en la que se presenten, al menos, tres ofertas para que la administración de turno elija la de mejores condiciones con una serie de criterios normalmente pautados. 

Lo curioso en este caso es que Miguel Rix se ha llevado 7.490 euros por una presentación de su propio documental (por el que ya había percibido 10.646) con la siguiente división de conceptos: 1.500 euros por la ponencia (dos horas, según la factura) que ofreció ese 20 de diciembre en el casino XI de Junio; otros 1.500 por participar en la mesa redonda posterior sobre el sector primario local (con el concejal de Vox y otras personas, sin que conste que nadie cobrase nada por hablar); 1.000 por la producción, montaje y sonido, así como 3.000 por los gastos de desplazamiento (ida y vuelta) desde Asturias (pasajes para dos personas desde Oviedo), alojamiento, dietas, traslados al aeropuerto y coche de alquiler (dos días) para el negacionista de una evidencia científica aceptada a escala global, con la excepción de la ultraderecha y algunas minoritarias voces de la derecha.

El alcalde sí cree en el cambio climático pero habla de “promoción”

En el pleno de este jueves, el PSOE preguntó precisamente por estos gastos y por las contribuciones al municipio, a los agricultores y a los vecinos y vecinas en general de un trabajo que hace “proselitismo del negacionismo del cambio climático con dinero de los ciudadanos”. El alcalde, Domingo Regalado (Coalición Canaria), dijo que, “independientemente de la ideología de una persona que trabaje para el ayuntamiento, no tengo que decir nada. Mientras haga un trabajo profesional, me da igual que sea socialista, de Podemos, de CC o del partido que sea. Creo que esto es lo más importante”.

Además, sostuvo que “lo que ha hecho el área es encargar un documental de promoción del sector primario de Granadilla”. Inmediatamente, le interrumpen varios concejales del PSOE para negarlo y preguntarle si ha visto el trabajo, a lo que Regalado respondió que el dinero también fue “para los libros”, se supone que una obra presentada ese mismo día 20 en el casino XI de Junio. “Si me pregunta si soy negacionista –continuó el regidor-, digo que sí creo en el cambio climático, que la acción del ser humano está afectando, desde los gases de efecto invernadero hasta la reforestación o el consumo de suelo para instalar nuevas industrias o más suelo urbano, pues evidentemente nos está afectando a todos. Pero ese es un trabajo que ha realizado el área de Sector Primario para la promoción del municipio y en el que han colaborado diferentes agricultores y ganaderos del municipio”. El PSOE insistió si promociona el municipio la negación del cambio climático, pero el alcalde prefirió dar paso a la siguiente pregunta.

Desde luego, el “trabajo” de Rix es cualquier cosa menos inocente. Aunque esos agricultores, ganaderos, un pescador (de la cofradía de Los Cristianos) y un apicultor (no llegan a la decena) tienen razones respecto al problema del relevo generacional, a la feroz competencia de productos de fuera y a las dificultades y dureza del sector primario en general, los 50 minutos que dura el encargo de Sanabria no sólo suponen una oda a sí mismo, es decir, al concejal y su labor en el área, sino que constantemente se deslizan críticas a las políticas estatales o de la UE. Además, y en las numerosas ocasiones en las que se intercalan declaraciones del edil, se defienden abiertamente las tesis de Vox contra la Agenda 2030, el Pacto Verde, mezclándose todo con la reducción de los presupuestos de la Política Agraria Común (PAC) o el reciente acuerdo sobre Mercosur o similares, aunque no se expliciten.

Una oda constante al concejal, sin ninguna crítica 

El trabajo es una oda constante hacia el edil de Vox. Todos los agricultores, ganaderos, apicultores o el pescador que intervienen lo elogian, resaltan su interés por el sector y cómo los ha ayudado o se ha interesado desde que accedió a la concejalía tras la moción de censura. Además, resaltan que se facilite la venta de sus productos en el mercadillo local (que se suele montar en la plaza principal de El Médano) como si eso no ocurriera antes, desde hace décadas y décadas. El mensaje directo, desde principio al final, es que “ojalá todos los concejales fueran como él” y qué bien lo está haciendo. Una clara campaña proselitista y propagandista, eso sí, pagada con el dinero de todos los ciudadanos y a un año y cuatro meses de las elecciones.

Además, la presentación del 20 de diciembre no estuvo exenta de polémica. Ante la intervención de Rix en contra de las políticas de sostenibilidad y contra las tesis del cambio climático, lo que muchos concibieron como un claro mitin de Vox (también habló Sanabria), algunos de los presentes se marcharon y, en la mesa redonda, el exconcejal Antonio Cabrera (Sí Se Puede, que en 2007 pactó con CC y PP para desbancar al PSOE) se quejó del tono que iba adquiriendo la presentación y lo dejó claro, según testigos presenciales.

Coalición Canaria (CC) en Tenerife ha celebrado este sábado en La Laguna una convención insular Una isla que piensa en su gente y se prepara para lo que viene, en la que, entre otras cuestiones, han planteado la necesidad de una ley de residencia.

En un comunicado, el partido ha detallado más asuntos abordados en el encuentro, “prioritarios para el presente y futuro de la isla”, como la vivienda, el reto demográfico, la identidad, la movilidad y las políticas sociales.

En el encuentro ha participado el secretario general de CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien subrayó que el objetivo de los nacionalistas es “crear condiciones sostenibles que permitan fijar población, ofrecer oportunidades reales a la juventud y evitar que la especulación marque el precio de la vivienda, dificultando a las familias canarias acceder a un hogar”.

La incorporación de estas demandas a la agenda estatal y europea supone, a su juicio, “un avance decisivo hacia un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado, justo y cohesionado, en el que la singularidad de Canarias se traduzca en políticas concretas que mejoren la calidad de vida de su gente”.

Para ello, pretende modificar la Ley de Bases de Régimen Local para permitir que los ayuntamientos puedan actuar en su territorio y establecer las medidas de control o limitación que consideren oportunas, “no se puede legislar homogéneamente porque la realidad de cada una de las islas no es igual, ni siquiera la de los municipios que comparten en un mismo territorio”, explicó Clavijo.

Asimismo, recordó el debate abierto por la Gobierno de Canarias en Europa sobre la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de personas no residentes. “Al principio muchos calificaron esta propuesta como una ocurrencia pero, a día de hoy, todos coinciden en que una de las vías que debemos iniciar para poder garantizar que los residentes canarios tengan un hogar digno para vivir”, resaltó Clavijo.

Clavijo ha explicado que se trata de continuar con “el proceso de escucha” del partido y de analizar en profundidad los problemas, “porque somos conscientes de que no existen varitas mágicas y de que la ciudadanía no es tonta” y sabe que las cosas “cuesta resolverlas”.

Por su parte, la secretaria de Organización de CC de Tenerife y presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, defendió “con firmeza” la necesidad de gobernar con valentía para proteger el territorio y garantizar el futuro de la Isla, subrayando que “Tenerife y el Teide son para los tinerfeños”.

En este sentido, destacó la implantación de la ecotasa como un primer paso decisivo hacia un nuevo modelo de gestión del espacio natural, asegurando que “Tenerife está preparada para ir más allá en este paso, para ir más allá ordenando, cuidando y protegiendo lo que es nuestro”.

Hay que recordar que el Cabildo de Tenerife rechazó a finales de mayo del pasado año la moción del Grupo Socialista para implantar una ecotasa turística en la isla, una medida que Coalición Canaria aseguró apoyar públicamente en los días previos a la manifestación del 18 de mayo convocada contra el turismo de masas y la saturación en las islas. 

Por otro lado, Dávila también hizo un llamamiento a la sociedad para que “no se deje atracar” por el PSOE en relación al sistema de financiación autonómica, que en su opinión “hurta” 500 millones de euros a la Comunidad Autónoma.

“Necesitamos una ley de residencia, necesitamos una financiación justa, necesitamos las infraestructuras y los convenios necesarios para seguir adelante con inversiones en carreteras, aeropuertos y agua, necesitamos seguir defendiendo nuestro sector primario”, ha reivindicado Dávila.

El secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, ha afirmado que no se trata de una convención “para vernos las caras”, sino para sacar conclusiones y llevarlas a cabo hasta 2027.

“Hacemos política permanentemente en contacto con la ciudadanía, desde el partido y desde las instituciones, estamos dando pasos para buscar soluciones a medio y largo plazo, y lo hacemos desde un punto de vista realista”, ha afirmado Linares.

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, ha señalado que en esta convención el partido hace lo que mejor sabe hacer, “escuchar a nuestra gente, revisar nuestros compromisos, nuestros problemas y nuestras necesidades, para trasladarlas en forma de trabajo real a todas las administraciones en las que estamos presentes”

El partido Drago Verdes Canarias ha anunciado que el pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado este martes una moratoria técnica al alquiler vacacional ya que la nueva Ley canaria establece la necesidad de incluir expresamente el uso turístico de las viviendas en el Plan General de Ordenación (PGO) y, según señala la formación, “el de La Laguna no lo recoge”.

En un comunicado, el grupo detalla que la propuesta ha sido aprobada tras el debate de una moción a tal efecto presentada por Drago Verdes Canarias que fue ratificada con el voto a favor de todos los grupos políticos representados en la corporación municipal, a excepción de Vox.

De esta forma, señala la nota, “se establece de manera efectiva e inminente la prohibición de conceder licencias de alquiler vacacional en La Laguna, al menos, hasta que se modifique el PGO”.

Además, se encomendará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento la elaboración del Plan de Comprobación y Control previsto en la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley.

Durante la defensa de la moción, su proponente y concejala de la formación, Carmen Peña, recalcó que “en este caso, la aprobación de la moción supone de facto una moratoria técnica al alquiler vacacional que se hace efectiva sobre la marcha”.

Asimismo, explicó que “si ahora mismo el Ayuntamiento concediera una nueva licencia estaría incurriendo en una ilegalidad al no tener una planificación urbanística que reconozca el uso turístico”, a lo que añadió que “no habrá una vivienda vacacional más en La Laguna y seguiremos trabajando para devolver las casas a la sociedad canaria”.

Por otro lado, Peña mencionó que “la nueva Ley del Gobierno de Canarias nos parece que llega tarde y que resulta insuficiente para abordar la pérdida de las viviendas residenciales a favor del sector turístico”, pero también reconoció que “con la ley en la mano, desde el ámbito municipal hemos hecho la propuesta más ambiciosa posible para que no haya más viviendas vacacionales en La Laguna”.

La moratoria técnica se hace efectiva en base al tercer punto de los acuerdos de la moción, que establece “continuar con los trabajos de adaptación de los instrumentos de Ordenación del municipio a la nueva normativa”.

En concreto, los acuerdos aprobados por el pleno del Ayuntamiento tras las enmiendas del equipo de gobierno municipal implican que se continuarán los trabajos que se vienen desarrollando en la Gerencia de Urbanismo para dar cumplimiento a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

Por otro lado, se encomienda a los servicios jurídicos municipales la elaboración del Plan de Comprobación y Control previsto en la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley, incorporando criterios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia administrativa, y asegurando su adecuada integración con los procedimientos municipales ya existentes.

A su vez se continuará con los trabajos de adaptación de los instrumentos de Ordenación del municipio a la nueva normativa, dentro del plazo legal establecido y en el marco de la redacción del nuevo Plan General.

Asimismo se insta al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que la implantación del régimen de intervención administrativa previsto en la Ley se realice de manera homogénea en todo el archipiélago, y que ambas administraciones doten a los ayuntamientos de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para asegurar un cumplimiento eficaz y equitativo de la normativa.

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han acordado la firma de un convenio para la construcción de cerca de 300 viviendas públicas en régimen de alquiler social en la capital tinerfeña, con una inversión total estimada de 41,7 millones de euros.

Según ha detallado el Ejecutivo regional en una nota este jueves, el acuerdo, que se sellará en un acto formal en las próximas semanas, permitirá desarrollar dos promociones de inmuebles protegidos de promoción pública, concretamente 37 en el barrio de María Jiménez y 226 en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán, una vez finalizadas, al parque público de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda, que coordina Antonio Ortega, encargado de su gestión y adjudicación conforme a la normativa vigente.

El convenio articula una inversión total estimada de 41,7 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Santa Cruz de Tenerife.

Según establece el acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., asumirá la promoción y ejecución de las obras, así como la aportación del suelo y los costes de urbanización. Finalizadas las actuaciones, las viviendas serán cedidas al Instituto Canario de la Vivienda para su incorporación al parque público.

Por su parte, el Cabildo insular participa en la financiación del proyecto, contribuyendo a garantizar la viabilidad de una actuación de gran envergadura y reforzando la cooperación entre administraciones.

Según especifíca el Gobierno de Canarias, todas las viviendas que se construyan en el marco de este acuerdo tendrán la consideración de viviendas protegidas de promoción pública y se destinarán al alquiler en régimen especial (alquiler social), con carácter permanente.

Su adjudicación se realizará conforme a la normativa vigente y estarán destinadas a unidades familiares o de convivencia con recursos económicos limitados, garantizando su uso como residencia habitual y permanente.

Las promociones se desarrollarán conforme a los criterios técnicos establecidos para la vivienda protegida, atendiendo a estándares de calidad, funcionalidad y eficiencia, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales dignas y sostenibles a largo plazo.

El Ayuntamiento de Arico (Tenerife) celebró este martes un pleno extraordinario en el que se formalizó el relevo en la alcaldía del municipio, en el que el concejal del PP Andrés Martínez asume desde el bastón de mando, que le fue entregado por Olivia Delgado (PSOE), alcaldesa desde las elecciones municipales de 2023.

En un comunicado, el Consistorio señala que este cambio se produce en cumplimiento del acuerdo de gobierno alcanzado en agosto de 2023, cuando el Grupo Municipal Popular se incorporó al Gobierno local.

Dicho pacto contemplaba la alternancia en la alcaldía durante el mandato, estableciendo que el líder local de los populares ocuparía la máxima responsabilidad municipal durante el último año y medio.

Andrés Martínez indicó que “este cambio, lejos de ser un acto meramente administrativo, representa el ejercicio de la responsabilidad institucional y el respeto a la palabra dada. El pacto entre ambas formaciones políticas nació con el objetivo de garantizar la estabilidad del ayuntamiento y asegurar una gestión eficaz para nuestro municipio”, explicó el nuevo alcalde de Arico.

“Durante estos años, el gobierno compartido ha demostrado que la cooperación y el acuerdo, incluso entre partidos ideológicamente distintos, puede generar beneficios concretos para la ciudadanía cuando se trata del interés general”, concluyó el nuevo regidor.

La alcaldesa saliente, Olivia Delgado, que continuará como primera teniente de alcalde, ha justificado este “pacto de alternancia con el Partido Popular para revertir la parálisis” que a su juicio “lastraba el desarrollo del municipio”.

“Juntos hemos demostrado que desde posiciones distintas se puede gobernar con éxito cuando el único objetivo es poner en el centro el bienestar de las personas”, finalizó con orgullo Delgado.

El pleno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este viernes el informe favorable al borrador del decreto sobre las nuevas competencias del Teide que el Gobierno de Canarias prevé aprobar en Consejo de Gobierno el próximo 23 de diciembre, un acuerdo que supondrá la transferencia “íntegra” de competencias a la Corporación insular, y que incluye, entre otras, la administración y gestión ordinaria del Parque Nacional.

El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad en el pleno insular extraordinario, con un total de 27 votos a favor. En concreto, el documento ratificado supone un paso jurídico “previo” y “necesario” para aceptar las competencias que el próximo 23 de diciembre serán finalmente aprobadas por el Consejo de Gobierno de Canarias. Así, con las competencias transferidas, el Cabildo prevé realizar una mejor gestión y protección del espacio natural, permitiendo, por ejemplo, mover personal de otros espacios protegidos de Tenerife al Parque Nacional del Teide.

“Estamos hablando de un Parque Nacional que tiene 190 kilómetros cuadrados y que recibe cerca de cuatro millones de visitantes al año y cuya dotación de medios es insuficiente en la actualidad”, señaló el vicepresidente segundo de la corporación insular, José Miguel Ruano, cuando se solicitó al Gobierno canario al transferencia de competencias durante este mandato insular.

Una vez las competencias sean transferidas, la corporación tomará el mando de la administración y gestión ordinaria del Parque, y también asumirá labores como la investigación, inspección, incoación, tramitación y resolucion de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa vigente, además de personal, medios, edificios e instalaciones del Parque.

Competencias delegadas desde 2015

El Cabildo de Tenerife cuenta con las competencias delegadas sobre el Parque desde 2015, cuando asumió las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional del Teide en el marco del correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, del resto de la planificación que establezca la Comunidad Autónoma y del Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

En el pleno, el vicepresidente segundo José Miguel Ruano ha recordado que el Gobierno de Canarias prevé en sus presupuestos de 2025, a través de una disposición, la transferencia de estas competencias, actualmente delegadas, y de forma “íntegra”. De este modo, Ruano ha celebrado que este cambio supondrá “un gran avance” para la isla, ya que si bien representará un “aumento de responsabilidad” para la institución insular, planteará un “reto” importante para mejorar las “condiciones de conservación y las garantías de una visita sostenible adecuada” en el Teide.

Según ha informado el vicepresidente segundo, se prevé que el próximo martes, 23 de diciembre, el Gobierno canario “esté en condiciones de aprobar el decreto de transferencias”, cumpliendo con ello las previsiones establecidas en el presupuesto de la Comunidad Autónoma en 2025.

Desde la oposición, el Grupo Socialista, a través de Aarón Afonso (PSOE), ha mostrado su apoyo de cara a este proceso de competencias transferidas que asumirá el Cabildo. Un traspaso que, ha dicho, “es importante” que se produzca “después de diez años”, en donde se han vislumbrado problemas en relación a la gestión de personal y “capacidad” de la administración insular para dotar de recursos al Parque Nacional.

“Esta transferencia nos dá las herramientas, entre otros elementos, para mejorar la gestión del Parque”, ha añadido.

El concejal de Unidas se puede en el Ayuntamiento de La Laguna Rubens Ascanio presentará en el pleno ordinario de este mes su renuncia al acta como medida de renovación ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de progreso a nivel municipal, según ha informado la organización en un comunicado.

Unidas se puede ha explicado que la renuncia se debe a que los acuerdos firmados en el seno de la confluencia lagunera establecían el cumplimiento de esta rotación en caso de que no fuera viable conformar un gobierno de progreso en el presente mandato.

Rubens Ascanio, licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna y miembro de Sí se puede, dentro de la confluencia conformada en el municipio bajo el nombre de Unidas se puede, ha ejercido labores de portavocía desde 2015, con la irrupción de este espacio en el consistorio. Desde ese momento hasta el presente ha sido una de las caras visibles de la formación lagunera, ocupando tareas de oposición, liderando procesos como la Comisión de Investigación de las Grúas Municipales, además de tareas de gestión, en la empresa municipal de vivienda Muvisa, como primer teniente de alcalde entre 2019 y 2023, además de responsable de áreas como Bienestar Social, Drogodependencias y Movilidad Sostenible.

Durante su labor de Gobierno se produjo el mandato de progreso, donde el municipio alcanzó el récord de inversión en materia social, llegando a los treinta millones de euros, además de acciones en materia de accesibilidad que otorgaron al municipio reconocimientos a nivel estatal e internacional.

Por otro lado defendió la remunicipalización de servicios públicos, caso de las escuelas infantiles municipales o el servicio de atención a mayores, que amplificó notablemente sus labores, además de abrir nuevos servicios de atención como la Oficina de Atención Social, el Recurso de Acogida Municipal Clemencia Hardisson, los pisos para jóvenes sin hogar o los servicios de prevención en materia de drogodependencias.

También le tocó impulsar y aprobar el primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible y culminar acciones como el diseño del trazado de la nueva red de carriles bici, además del diseño del nuevo contrato de transporte urbano de TITSA.

Ascanio ha sido uno de los principales defensores de acciones en materia de memoria histórica y defensa patrimonial en el pleno lagunero. En el presente mandato ha registrado más de cuatrocientas iniciativas plenarias y solicitudes de información, siendo uno de los miembros del consistorio con mayor número de propuestas.

Desde Unidas se puede agradecen el trabajo y la cercanía mostrada por el concejal, asegurando ha cumplido con la labor de cercanía y transparencia, además de favorecer la unidad de acción de las fuerzas de izquierda y los acuerdos plenarios que se han logrado en estos años, incluso plantear procesos judiciales muy complejos, que entendían que eran necesarios para clarificar aspectos de la vida institucional bastante turbios.

Rubens Ascanio explica que, “no ha sido fácil mantener diez años de labor institucional en un municipio con una vida política intensa como La Laguna, contra viento y marea, y salir como entré, limpio de cualquier duda o sospecha”. Además, muestra su agradecimiento “a los miles de vecinos y vecinas que han confiado en nuestro espacio político, al personal del Ayuntamiento que, en el gobierno y en la oposición, nos han demostrado siempre su capacidad y a los compañeros y compañeras de corporación, por el nivel de diálogo que hemos podido mantener en estos años”.

El concejal lamenta que la división de la izquierda haya tenido un coste y que se haya usado como excusa para no desarrollar un pacto de progreso viable y deseable. “Me voy con la alegría de haber podido contribuir a mejorar servicios públicos fundamentales, arropado por mucha gente, por mis compañeros y compañeras y con una familia a la que le debo muchísimo, por el sacrificio de tiempo que he tenido que hacer”, finaliza.