Más de 20 científicos denuncian el “uso instrumental” de la ciencia para justificar el proyecto turístico Underwater Gardens en Tenerife

Más de 20 científicos y científicas de Canarias han firmado una declaración pública en la que expresan su preocupación por el uso instrumental de la ciencia para justificar proyectos comerciales en las islas. En concreto, han mostrado su rechazo a Underwater Gardens, un parque que se proyecta en la localidad de Punta Blanca, en el sur de Tenerife. Los investigadores critican en su carta que la restauración se está convirtiendo en una ''narrativa de acceso a fondos públicos, a espacios protegidos y a territorios'' que de otro modo permanecerían fuera del alcance de la ''actividad comercial y especulativa''.

''Escribimos esta declaración porque observamos, con creciente preocupación, una tendencia que consideramos éticamente inaceptable: la apropiación del lenguaje científico de la restauración ecológica para legitimar proyectos cuya naturaleza y finalidad son predominantemente comerciales'', alertan.

Los científicos advierten de que actores con intereses económicos muy concretos ''han comprendido que participar en consorcios de investigación, adoptar el vocabulario de la ecología y asociarse con instituciones académicas les proporciona una cobertura de credibilidad que ninguna campaña de comunicación podría reemplazar''.

En esta línea, los firmantes denuncian lo que denominan greenwashing científico: el uso de la apariencia de rigor académico para ''conferir legitimidad técnica a una iniciativa que no supera un escrutirnio independiente''. Según los científicos, este fenómeno es ''más grave'' que el postureo ambiental corporativo convencional porque ''instrumentaliza la credibilidad de la propia ciencia, dañando su reputación social''.

Underwater Gardens

''Nos preocupa especialmente el caso concreto del parque temático Underwater Gardens Park, en la costa suroeste de Tenerife y cuya parte marina, Sea Garden, recibió 11 millones de euros para investigación y desarrollo que van a quedar al servicio de dicho parque temático en una costa que a pesar de ser Zona Especial de Conservación, no soporta ya más presiones'', dice la carta, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora.

Entre los expertos y expertas que firman esta carta hay miembros de grupos científicos de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y el CONICET. Todos ellos respaldan las alegaciones presentadas por la plataforma Salvar Punta Blanca al proyecto presentado por Underwater Gardens para ocupar zona protegida costera para instalar arrecifes artificiales y estaciones de monitoreo oceanográfíco en el municipio de Guía de Isora.

En la misma zona, el Cabildo de Tenerife declaró de interés insular en 2022 otro proyecto de Underwater Garden descrito como un “parque regenerativo” para ofrecer a “turistas y residentes experiencias únicas de conexión con el mar y la naturaleza”. Según la documentación del proyecto, las instalaciones atraerían a unos 3.000 visitantes diarios.

El pasado 26 de marzo, el Gobierno de Canarias sacó a exposición pública el proyecto de los arrecifes artificiales. La plataforma Salvar Punta Blanca, integrada por 34 colectivos distintos, ha exigido que se declare la nulidad de este trámite porque el documento sometido a exposición “omite deliberadamente la identidad de los técnicos que lo suscriben”. En su lugar, aparecen varios recuadros de color negro. 

Además, los ecologistas mantienen que la instalación de arrecifes artificiales en este enclave alteraría un fondo marino arenoso con alto valor ecológico y hábitat de especies protegidas como el angelote o la tortuga verde.

Los colectivos extienden su preocupación al parque regenerativo proyectado sobre 17.000 hectáreas e impulsado por Underwater Garden. Aunque el proyecto sometido a exposición pública se centra en la ocupación de la costa, Salvar Punta Blanca alerta de que “no son dos proyectos independientes”, sino “dos patas de un mismo proyecto empresarial” tramitadas ante administraciones públicas diferentes “evitando que sean evaluadas conjuntamente”. 

Sobre esto, el director científico del proyecto europeo Ocean Citizen en el que se enmarca la iniciativa, Sergio Rossi, defendió en declaraciones a este periódico que la autorización solicitada para ocupar zona costera protegida “no puede interpretarse como una primera fase constructiva del parque regenerativo”. “La relación entre ambos debe entenderse en términos científicos y metodológicos, no como una ejecución encubierta de una fase del parque”, respondió.

Un llamamiento a la comunidad científica

Los firmantes de la declaración ejercen la investigación en el ámbito de las ciencias ambientales, la ecología marina, la biología de la conservación, la geografía y las ciencias sociales. ''Lo hacemos desde instituciones públicas y con financiación mayoritariamente pública. Esa condición nos impone una responsabilidad que va más allá de la producción científica: nos obliga a velar por la integridad del conocimiento que generamos'', reivindican.

En esta línea, hacen un llamamiento al resto de la comunidad científica y recuerdan que ''la participación en un proyecto de investigación conlleva una responsabilidad que no termina en la producción de datos''. ''Conlleva también la responsabilidad de conocer quiénes financian este proyecto, qué intereses representan, cómo se usarán los resultados y qué consecuencias tendrá la intervención sobre los ecosistemas y las comunidades implicadas'', subrayan.

''La ciencia de la restauración ecológica es una de las herramientas más valiosas con las que contamos para responder a la crisis ambiental. Precisamente por eso merece ser protegida de quienes la usan como cobertura'', concluyen.