La empresa del agua de Santa Cruz de Tenerife congeló los salarios a sus trabajadores mientras desviaba fondos a una multinacional

La empresa encargada del ciclo del agua en la capital de Tenerife se enfrenta a una demanda masiva de sus trabajadores. Más de 30 empleados han exigido anular la modificación de las condiciones laborales aprobada en 2012, mediante la que se congelaron los salarios y se transformó el plan de pensiones, entre otras medidas. La demanda, presentada ante el Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife y consultada por este periódico, señala que las razones económicas y productivas que alegó la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) en su momento ''jamás existieron'', y sostiene que detrás de esta decisión se oculta el pago indebido de 33 millones de euros a la multinacional Sacyr, autorizado por Coalición Canaria.

El 12 de diciembre de 2012, la representación legal de Emmasa y la de los trabajadores firmaron una modificación sustancial de condiciones de trabajo. En el documento, al que ha tenido acceso esta redacción, se pactaron una serie de puntos que “ha producido un grave perjuicio sobre las condiciones económicas y laborales de los trabajadores, deteriorando su calidad de vida, pérdida de poder adquisitivo y condiciones de jubilación futuras”, tal y como recoge la demanda. 

Uno de los acuerdos fue la congelación salarial de todas las retribuciones que percibiera la plantilla hasta el 31 de diciembre de 2015. Por otra parte, aprobaron modificar el Plan de Pensiones y la suspensión temporal de las aportaciones empresariales, así como la suspensión de los efectos económicos de algunas condiciones más beneficiosas que disfrutaba parte de la plantilla, como el premio de vinculación por llevar 25 años en la empresa, los incrementos por 15 años de antigüedad en la categoría ''asimilación por formación'' y las promociones automáticas por paso del tiempo. 

En 2012, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación, la compañía justificó que los costes laborales, el incremento del precio del agua y de la energía, así como la caída del consumo habían obligado a Emmasa a imponerse una ''rigurosa política de austeridad, ahorro y contención del gasto'', y aseguraron que estas medidas permitirían a la compañía ahorrarse alrededor de un millón de euros al año.

Pago de 33 millones a Sacyr

Siete años antes, el Ayuntamiento había decidido privatizar la gestión del ciclo integral del agua y sacar a concurso el servicio público. En 2007, este fue adjudicado por 25 años a la multinacional Sacyr, que ofreció un canon diez veces más alto de lo exigido en el pliego: 59 millones de euros. Así, Sacyr pasó a tener 212 de las 224 acciones de Emmasa. Las demás, correspondientes a la parte pública de la empresa, las tiene la corporación municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, hacerse con la gestión del agua de la ciudad costó a Sacyr la mitad del dinero pagado, porque Emmasa aprobó devolver a la multinacional el canon abonado a razón de 2,3 millones de euros al año. Estas devoluciones estuvieron autorizadas por el gobierno de la capital, cuando estaba al frente de la Alcaldía Miguel Zerolo, que entró después en prisión por el pelotazo de Las Teresitas. 

En 2020, la socialista Patricia Hernández se convirtió en alcaldesa de la ciudad después de 26 años de gobierno de CC. Entonces, el grupo de gobierno paralizó los pagos a Sacyr, que había recuperado ya 33,6 millones de euros de los 59 que pagó. Los servicios jurídicos y la Intervención del municipio constataron que estas operaciones no tenían base legal y convertían a Emmasa en un ''regalo'' a la multinacional. 

El Consejo Consultivo de Canarias dio la razón en 2021 al gobierno de Hernández y emitió un dictamen con el que avaló la devolución por parte de Sacyr del dinero recibido. El Consejo resolvió que la multinacional no ostentaba un derecho frente a Emmasa a recuperar los 59 millones abonados al Ayuntamiento como parte del precio, pero sí a obtener de la corporación municipal, al finalizar el contrato, la devolución del importe correspondiente al valor nominal de las acciones. 

La demanda de los trabajadores, presentada también contra los sindicatos USO y UGT, insiste en que pagar ''ilícitamente'' 2,3 millones de euros anuales a Sacyr generó un ''déficit artificial y prolongado en las cuentas de la entidad'', ''generando una apariencia de pérdidas o insuficiencia de recursos que no respondía a la realidad''. ''Si desde la vigencia del contrato no se hubiera detraído de las cuentas de Emmasa la cantidad de 33,6 millones de euros entre los años 2007 y 2020, no hubiera existido causa para proceder a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo'', concluye el texto.

Sobre la suspensión del plan de pensiones, la demanda subraya que provoca “un daño directo a la estabilidad económica futura de los trabajadores” e incrementa la incertidumbre sobre su sostenibilidad financiera a largo plazo.

El documento subraya que este desfalco salió a la luz pública una década después de la firma del acuerdo que modificó las condiciones de trabajo, evitando que los trabajadores tuvieran ''posibilidad real, jurídica y humana'' de impugnar el pacto al ''ignorar por completo la existencia de la detracción económica ilícita que se venía produciendo'' de las cuentas de Emmasa por parte del socio mayoritario, Sacyr. 

La devolución del canon a Sacyr está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ha incoado diligencias previas. Fue en 2021 cuando el grupo municipal de Unidas Podemos llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que los hechos podían ser constitutivos de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y prevaricación.