Cronología de un “saqueo”: el juego de trileros entre Coalición Canaria y una multinacional por el negocio del agua en Santa Cruz de Tenerife

El juego de trileros entre Coalición Canaria y la multinacional Sacyr por el negocio del agua en Santa Cruz de Tenerife continúa. La empresa española pagó 59 millones de euros en 2006 por hacerse con la gestión del servicio en la capital de la isla. Sin embargo, durante los catorce años siguientes pudo recuperar la mitad de ese dinero gracias a devoluciones indebidas autorizadas por el partido nacionalista en 2007, con Miguel Zerolo (hoy en prisión por el pelotazo de Las Teresitas) al frente de la Alcaldía. Este año, la empresa ha acordado devolver los 33 millones de euros que obtuvo. Pero esta recuperación del dinero coincide con una subida del 14% de las tarifas que deben pagar los ciudadanos en su factura. 

“En relación con las tarifas y tasas referidas al ejercicio 2022, deberán ser revisadas y repercutidas al usuario”, reza el acuerdo al que ha tenido acceso este periódico. El porcentaje de actualización de tarifas es de un 7,9% y el de las tasas, de un 6,2%. Las tasas y las tarifas del año 2023 y los siguientes “tendrán que ser revisadas todos los años”. El documento contempla otra solución en caso de que los ingresos por este mecanismo no se materialicen: tendrán que ser compensados con cargo al presupuesto municipal.

Todo comenzó en 2005, cuando el Ayuntamiento decidió privatizar la gestión del ciclo integral del agua y sacar a concurso el servicio público de captación, desalación, tratamiento, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, depuración y reutilización de aguas. El servicio fue adjudicado por 25 años a Sacyr, que ofreció el canon más alto: 59 millones de euros, diez más de lo exigido en el pliego. 

Desde ese momento, pasó a tener el 94,64% de las acciones del capital social de Emmasa. Una vez que Sacyr comenzó a controlar casi la totalidad de Emmasa, el consejo de administración de la empresa mixta acordó devolver a la matriz, es decir, a sí misma, el canon ya abonado mediante pagos de 2,3 millones de euros al año.  

El pasado 26 de septiembre de 2022, Sacyr y Emmasa firmaron un acuerdo que establece las condiciones en las que la multinacional devolverá el dinero cobrado. Según ha denunciado Unidas Podemos, la empresa tiene que devolver 33,6 millones de euros más intereses en un plazo de diez años. Sin embargo, con la subida de la tarifa del agua, la compañía ingresará 49 millones entre 2022 y 2031, fecha en la que finaliza el contrato. Según el acuerdo, en este margen de tiempo Emmasa podrá recuperar los 33 millones “expoliados” a través de ingresos anuales de 3,3 millones. 

La gestión del agua, un “regalo” a la multinacional

El documento defiende que los pagos a Sacyr han sido una cuestión “incontrovertida”, pero la cronología del caso evidencia lo contrario. La inyección de 59 millones de euros en 2006 permitió a las arcas municipales recuperarse de los 52 que había dilapidado solo cuatro años antes por el caso de Las Teresitas, el mayor pelotazo urbanístico de Canarias. 

Este entramado fue descubierto en 2018, cuando Emmasa reclamó al Ayuntamiento una subida de la tarifa del agua para los vecinos de la ciudad con la excusa de equilibrar las cuentas de la sociedad. Fue entonces cuando quedó al descubierto que Sacyr recuperaría los 59 millones del canon, 3 millones en intereses, 80 millones por el 5,5% de la facturación anual de Emmasa y 156 más por reparto de dividendos por los beneficios durante los 25 años de vida del contrato. 

La trama saltó a la luz pública en 2020, durante el mandato de Patricia Hernández (PSOE) después de 26 años de gobierno de Coalición Canaria. La entonces alcaldesa paralizó los pagos a Sacyr cuando la compañía ya había recuperado 33,6 millones de euros. La decisión fue tomada después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el secretario del Pleno y la Intervención Municipal constataran que no existía base legal para esta operación que convertía a la Empresa Mixta en un “regalo” a la multinacional. 

Poco después de que la socialista cumpliera un año en el cargo, José Manuel Bermúdez (CC) le arrebató la Alcaldía gracias a una moción de censura presentada por su partido, el PP y la concejala tránsfuga Evelyn Alonso. Sacyr alegó que el canon abonado a Emmasa fue una suerte de “préstamo” por las tasas de la utilización de los bienes del servicio integral del agua durante los 25 años siguientes y que por eso debía recuperarlo. 

Sin embargo, un expediente emitido por el Ayuntamiento en 2020 exige a Emmasa que cancele “la deuda indebidamente reconocida” con la multinacional y que exija la devolución de las cantidades abonadas durante la vigencia del contrato. Contra esta decisión Sacyr interpuso un recurso contencioso administrativo que acabó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Un acuerdo “entre Sacyr y Sacyr” 

Unidas Podemos denunció el caso en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife imputó a través de un auto al exalcalde Miguel Zerolo y a Pablo Abril Martorell Fernández, exconsejero delegado de Emmasa, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. 

Mientras tanto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento se negó a ejercer como acusación particular. El pleno de la corporación votó el pasado 28 de mayo de 2021 la posibilidad de que el grupo de gobierno (CC, PP y Evelyn Alonso) ejerciera la acción penal por este caso. El resultado fue un empate a 13, por lo que el alcalde, José Manuel Bermúdez, ejerció su voto de calidad para impedir la iniciativa. 

El PSOE llevó el pasado jueves a la Comisión de Control del Ayuntamiento la subida de la tarifa del agua. El principal partido de la oposición acusó al equipo de gobierno de trabajar para los intereses de la multinacional y advirtió de que no descarta acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para conseguir paralizar la subida de la tarifa del agua. 

“No parece un acuerdo entre Sacyr y Emmasa, parece un acuerdo entre Sacyr y Sacyr porque exclusivamente vela por los intereses de la multinacional. Aquí solo pierde la ciudadanía de Santa Cruz y su interés patrimonial, que es Emmasa”, criticó la líder de la oposición, Patricia Hernández. Por su parte, el equipo de gobierno aseguró que la devolución del canon y la subida de la tarifa del agua, aunque se tramitan en paralelo, no guardan relación entre sí. 

Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos, ha incluido el caso en la “Champions de la corrupción” y lo ha tildado de “saqueo” a la población del municipio. El concejal ha exigido la resolución del contrato con Sacyr por haber cobrado 33 millones de euros de manera indebida y ha tildado el nuevo acuerdo de “profundamente inmoral” por hacer que los vecinos paguen el canon con la subida de la tarifa del agua. “¿Cómo podemos tener un alcalde que daña de manera tan severa el interés de los vecinos para favorecer a una empresa privada?”, ha cuestionado.