Por vergonzoso y antidemocrático que pueda parecernos a una cantidad nada despreciable de cántabras y cántabros, el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria siguen financiando con nuestro dinero la matanza espectacularizada y cruenta de toros de lidia. Este año la aportación del Ayuntamiento a la Plaza de Cuatro Caminos ha sido de 70.000 euros, el doble que el año anterior, algo que justifican por la elevación de los costes de mantenimiento del recinto debido a su uso como Escuela Taurina. Si se toma como referencia el último dato conocido —diez alumnos en 2023—, esa cantidad equivaldría, a modo de comparación, a 7.000 euros por estudiante:, un monto con el que se podían equipar, por ejemplo, varias ludotecas, con muchos más beneficiarios.

La cuestión resulta todavía más grave porque no se trata solo de conservar un edificio o tolerar una afición adulta: las instituciones cántabras participan activamente en su reproducción infantil mediante entradas a novilladas para menores, escuelas taurinas y productos como los TauroCromos, presentados por la propia alcaldesa. Cantabria reproduce así dos de los mecanismos denunciados por la Fundación Franz Weber y otras organizaciones de protección animal, en sus comunicaciones al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas: atraer a la infancia como público y formarla para intervenir directamente en el hostigamiento y muerte de animales. Ya en 2018, este Comité pidió a España apartar a los menores de tales espectáculos para prevenir efectos nocivos sobre su desarrollo psicológico y moral.

Pese a que no hay una encuesta pública reciente sobre el interés cántabro en el mantenimiento de las corridas taurinas, los datos disponibles difícilmente permiten presentarlas como expresión de la voluntad popular ni mucho menos como una fiesta con arraigo en nuestra tierra, como pretende el argumentario del Partido Popular. La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura establecía que apenas el 2,3% la población cántabra había asistido a algún festejo taurino en 2021-2022, frente al 11,8 % registrado dos décadas antes: una caída cercana al 80%. Los sondeos estatales recientes muestran que el 77% de la población española considera inaceptable el uso de animales en las corridas.

La tauromaquia es, en Cantabria, un claro ejemplo de privatización de los ingresos y socialización de los costes. La empresa adjudicataria de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, Lances de Futuro, explota comercialmente la Feria de Santiago, pero la ciudad conserva el edificio, financia sus déficits y paga las obras necesarias para mantener operativo el ‘coso’. En 2015, la Feria finalizó con un déficit de 76.000 euros, lo que llevó al Ayuntamiento de Santander a realizar una aportación adicional de 125.000 euros al presupuesto anual sumado a la partida de 100.000 euros que ya había gastado en los festejos taurinos del ejercicio, mientras la sociedad pública dependiente del Ayuntamiento repartía más de 750 abonos de forma gratuita y de modo discrecional. En 2016, el propio gobierno local reconocía que necesitaba alrededor de 100.000 euros públicos para cerrar las cuentas a cero, motivo por el cual se llevó a cabo la externalización. Pero después llegaron 300.000 euros para rehabilitación en 2023 sumados a las aportaciones municipales anuales. La “Feria del Norte” puede resultar rentable para la empresa que vende las entradas, pero la infraestructura municipal que la hace posible no ha demostrado autosuficiencia ni de lejos.

Ahora, el poder judicial, tan dado en los últimos tiempos a dejarnos claro que sustenta sus decisiones en prejuicios ideológicos, vía la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, suspende la previa anulación del contrato para garantizar que los festejos taurinos se desarrollen durante la Semana Grande señalando que paralizarlos dejaría la programación festiva de la ciudad “irreconocible”. Opina la sentencia, como si de un gestor cultural protaurino se tratase, que sin corridas la Semana Grande de Santander quedaría “alicorta” o “deprimida”, lo que obviamente no es una categoría jurídica ni un hecho probado sino una valoración cultural que aventura la identificación de toda la ciudadanía con una afición particular.

La Declaración de Nueva York sobre la Consciencia Animal, firmada en abril de 2024 por investigadores líderes en neurobiología, etología y filosofía, ha establecido un consenso científico sin precedentes a afirmar que existe una fuerte evidencia de consciencia no solo en mamíferos y aves, sino también una “posibilidad realista” en todos los vertebrados y muchos invertebrados, lo que exige considerarlos éticamente en nuestras decisiones. En el caso del toro, la cuestión relevante estriba en establecer qué estados negativos produce la lidia y qué justificación podría autorizar su producción deliberada. Ni la tradición, ni el arte, ni la conservación de una raza, ni la libertad del espectador justifican su dolor, porque todos ellos son bienes humanos comparativamente secundarios frente al interés elemental de las víctimas animales de no ser atormentados y asesinados.

Las investigaciones de neurocientíficos como el estadounidense Jaak Panksepp, que estudió los sistemas emocionales básicos compartidos por numerosos mamíferos, permiten comprender que las emociones animales no son meras proyecciones antropomórficas. La embestida del toro puede entenderse etológicamente como una combinación de defensa, miedo, activación, intento de eliminar una amenaza y respuesta al dolor en una plaza cerrada, donde el animal no puede escapar.

La defensa taurina suele apoyarse en un estudio dirigido por Juan Carlos Illera para afirmar que el toro apenas siente dolor porque libera grandes cantidades de endorfinas. Pero, además de ser un mero estudio preliminar que reconoce varias limitaciones metodológicas, tal conclusión no se sostiene: que el organismo active mecanismos naturales para soportar una agresión no significa que la agresión deje de doler. Una revisión veterinaria posterior, encabezada por Daniel Mota-Rojas, muestra que las endorfinas no convierten el daño en ausencia de dolor: evidencian, más bien, un cuerpo tratando de sobrevivir a las agresiones que se le infligen.

La matanza pública de toros no es un vestigio aislado, sino una expresión extrema de lo que Horkheimer denominó “razón instrumental”, que reduce la vida a recurso, mercancía o espectáculo. La misma lógica que agota ecosistemas y convierte el planeta en materia disponible transforma aquí el cuerpo, el miedo, la resistencia y la muerte de un animal en fuentes de emoción, identidad y rentabilidad. Y se trata de desprecio por la vulnerabilidad que tampoco se detiene en la frontera de especie, pues el poder ha animalizado y bestializado históricamente a los seres humanos que quería excluir. La razón instrumental tampoco protege necesariamente a quien empuña la espada: históricamente ha convertido también cuerpos masculinos de extracción popular en materia de riesgo, disciplina y promesa de ascenso social. Eso no iguala al torero con el animal —solo el primero puede consentir, decidir y, al menos formalmente, abandonar esa práctica—, pero revela que el negocio taurino explota, de manera radicalmente desigual, la vulnerabilidad de ambos.

Coincido con la lúcida y siempre ética Concepción Arenal, que, en sus Artículos sobre beneficencia y prisiones, ya en 1877, sentenciaba: “En la Plaza de Toros hay una fiera, sí, pero no es el toro, sino el público. Esta es la grande y repugnante fiera, cruel e insensata”. Arenal criticó con vehemencia el efecto moral de este espectáculo sangriento, que consigue “disminuir en el hombre las dotes que le constituyen tal, la facultad de conocer y de sentir”. Algo que se comprueba, por cierto, cuando se protesta ante ellos y ellas, como se hará de nuevo el 24 y 25 de julio a las 17.30 en la entrada de la Plaza. Y a quienes la horterada ceremonial que rodea el asesinato de víctimas animales los hace sentirse autorizados a hablar de “arte” les observo, de la mano de Pío Baroja, quien declaraba abiertamente en 1917 que la matanza ritualizada de toros le producía “asco”, y que “la crueldad, como la estupidez, cuanto más adornadas son más odiosas”.

Las reiteradas invocaciones del Gobierno del Partido Popular al fantasma del comunismo, se han evaporado esta semana cuando en Cantabria se ha recibido con todos los honores y parabienes al embajador de China, representante de una dictadura comunista.

La alergia a la ideología, a la que nuestras autoridades del Partido Popular apelan con notable frecuencia para desacreditar toda política de regulación del libre mercado, se ha disuelto en complacencia ante una oportunidad de hacer negocio.

El dinero ha vencido nuevamente los escrúpulos de quienes denostan constantemente el comunismo -en este caso bajo el paraguas de una dictadura- y predican que es contrario a su ética.

El diplomático comunista desayunó con empresarios cántabros del sector de la automoción, visitó el Puerto de Santander y fue recibido por la presidenta Buruaga y el consejero de Industria Eduardo Arasti. Todos estrecharon su mano con naturalidad. “Cantabria quiere ser un socio estratégico para las empresas chinas”, declaró con entusiasmo la presidenta. Al señor Yao Ying se le ha intentado vender hasta La Pasiega.

Quizá es que la referencia al comunismo ya se reduce exclusivamente a Cuba, que está muerta de hambre y que resulta más fácil utilizar como ejemplo de fracaso ideológico y social. A ella se refieren más directamente las críticas. Cuando desde el Gobierno de Cantabria rechazan poner límites a los alquileres en las zonas tensionadas argumentando que es una medida comunista.

Pero sucede que la realidad ha desmentido a quienes equívocamente equipararon el sistema capitalista con la libertad. China ha demostrado que el capitalismo es tan feroz que puede convivir en cualquier sistema -como una superbacteria resistente en cualquier ecosistema- y que, de hecho, funciona incluso con más eficiencia en una dictadura donde, entre otras cuestiones, no resultan tan molestos los derechos laborales como en España.

También es verdad que a veces resulta facil abrazar el comunismo cuando ya se parece tanto al altavoz del capitalismo de la derecha, que llama absentismo a no ir a trabajar por estar enfermo o que pretende que los trabajadores cobren menos por una baja laboral. “Tiene más razón que un santo”, sentencia Ayuso sobre los cuentos chinos de su jefe Feijóo.

“En esta calle puedes herir a un hombre a navajazos”, nos dijo un paisano mal encarado, con gran sobresalto nuestro: ¿era un amenaza? ¡No habíamos hecho más que pedir dos vinos y todavía no habíamos empezado a tomarlos!

“Ya sé lo que estáis pensando” -siguió el tipo- “Que eso es posible en todas. Pero aquí además puedes pasar el resto de tu vida sin salir de ella: primero te llevan al hospital a atender tus heridas; más tarde al juez, y después a la cárcel a cumplir condena…, y todo, todito, en la calle Alta”.

El paisano tenía razón. Esa calle tenía todas esas cosas porque era el centro de la vida en la ciudad. Hoy ha cambiado mucho. La prisión provincial, por ejemplo, que en tiempos albergó a muchos amigos nuestros (ninguno de los cuales había acuchillado a nadie), desapareció completamente.

Muchas otras cosas habían desaparecido antes, desde su nacimiento en el siglo xvi, cuando se llamaba Fuera de la puerta', nos cuenta Simón Cabarga. Entonces la ciudad estaba construida en aquella loma y al norte, sur y este sólo había marismas y bahía, según refleja perfectamente el libro Santander según José Luis Casado Soto, en el que se ve gráficamente la evolución de la ciudad.

Pero otras permanecen. No ha desaparecido el hospital de san Rafael, fundado en 1791, uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Aunque hoy no atenderían en él a nuestro presunto navajero: los médicos que trabajan allí lo hacen como diputados del parlamento de Cantabria, que eso es lo que es actualmente. También perdura el número 30 de la misma calle, que pasa por ser el edificio habitado más antiguo de Santander. Y muy próxima se encuentra la iglesia de la Consolación, el único edificio plenamente barroco de la ciudad, construida como tantas veces sobre los restos de otros edificios, en este caso sobre los de un antiguo hospital de san Pedro, el santo a quien se dedican las fiestas populares del barrio y da nombre a una de sus calles.

En los años 60 del pasado siglo se construyó en la calle Alta el que fue durante décadas palacio de justicia y sede de los colegios de abogados y procuradores. Tampoco allí juzgarían hoy al navajero: sigue siendo un edificio judicial, pero ahora lo ocupan los juzgados de lo social. El arquitecto Benlloch La Roda lo diseñó de forma que en la fachada principal fueran encastrados 18 bajorrelieves con la justicia como motivo central, una de las obras más singulares del escultor de Santillana, Jesús Otero, uno de los más importantes escultores de nuestra región.

José María Pereda, el escritor que dejó recogida la vida de santanderinos de su época en sus novelas costumbristas, situó la más conocida en aquel entorno y calle, reflejando la vida de marineros y pescadores. Tanto es así que la bajada de la calle Alta a lo que hoy es la plaza de las Estaciones y calle Cádiz se hace a través de una rampa antiguamente conocida como el paredón y hoy como Rampa Sotileza, en cuyas paredes hay un texto recortado en papel aluminio de la obra homónima de Pereda, de la artista santanderina Concha García. En el mismo lugar se encuentra la escultura denominada Hacia el futuro, del portugués Baltazar Torres, consistente en una columna de hierro y bronce, coronada por una mujer vestida de rojo que mira con un catalejo hacia la bocana del puerto. La Sotileza de Pereda es también el motivo de un mural enorme diseñado por José Ramón Sánchez, en el 29 de la calle Alta.

Hay algo que no mencionó nuestro amigo acuchillador, que podía hacerse en la calle Alta…, y durante un tiempo únicamente allí: jugar a la quiniela. Un invento de uno de los hijos de Sota que llevaban el bar La Callealtera.

La calle Alta tuvo la importancia que todo esto indica porque allí vivían los mareantes, la gente de la mar, y por allí pasaban las carretas que aprovisionaban la ciudad. Dejando el camino de Becedo para pasear, nos cuenta Pepe Simón Cabarga. Y los mareantes eran parte tan esencial de la ciudad que constituían su propia organización, el cabildo, que legislaba y decidía sobre lo que les afectaba en particular, en lo que la legislación y las autoridades generales no entraban. Tenían su propia autoridad, el alcalde de mar. A pesar de que las calles que formaron el cabildo de Arriba están muy deterioradas, puede apreciarse en ellas restos de la vida de entonces, al contrario de lo que ocurrió en el otro cabildo, el de Abajo, que desapareció completamente en la reordenación urbana. A cien metros del ayuntamiento, con un auge del turismo tan inédito como descabellado, el cabildo de Arriba es hoy una golosina para promotores inmobiliarios: dentro de poco no quedarán ni las ruinas.

Por todo lo dicho, y más que nos hemos dejado, no sorprende que los callealteros sigan llevando con orgullo eso de ser callealteros, ni que a algunos santanderinos se les llene el cuerpo de emoción cuando se habla del cabildo, y se diría que están dispuestos a ponerse manos a la obra para proceder a su inmediata rehabilitación. Pero pongamos las cosas en su sitio: sabemos que eso no va a suceder, aunque la excusa de la lacra de la prostitución y de la droga ya no sirva, pues están prácticamente desaparecidas.

Lo que sí resulta sorprendente, en cambio, es que una población ilustre ignore y olvide su propia historia. Ese cerro conocido como Calzadas Altas, una calle que tiene en sus cimientos el pasado milenario de la ciudad, está olvidado en las rutas turísticas que organiza el Ayuntamiento, olvidado por los jardineros municipales, carente de mobiliario urbano, de embellecimiento, de empedrado adecuado, de iluminación atractiva.

A nuestro Cabildo de Arriba le debemos mucho más que eso.

La Consejería de Educación ha reunido al Observatorio de Convivencia para explicarnos que está satisfecho aunque haya habido casi el doble de casos de acoso escolar en Cantabria. En su opinión, hay los mismos que otros años porque cada vez se detectan “mejor” -presume abiertamente- y por eso han subido de 16 a 31.

Ojalá fuesen solo esos. No podemos ser tan ingenuos de pensar que todos los niños y jóvenes que lo sufren se atreven a denunciarlo. Sobre todo porque frecuentemente lo que viene después tampoco soluciona ni alivia el conflicto. En ocasiones hay que soportar los recelos y desconfianza hacia la denuncia que con excesiva frecuencia se califica de 'chiquillada', una percepción común entre la propia inspección educativa que se extiende entre la propia Fiscalía de menores que en ocasiones zanja el asunto pidiendo al agresor que escriba una carta pidiendo perdón a la víctima, lo que contribuye a que se sienta impune para poder seguir actuando así.

Las conclusiones del consejero han sido extremadamente complacientes, pero se queda en la superficie de los datos de la denuncias. Nada informa a cerca de cuántos de esos casos se resuelven, en qué plazo -los procesos en muchas ocasiones quedan en manos de profesores sin la formación necesaria para ello y se dilatan durante un año mientras la víctima sigue compartiendo espacio con los agresores- y sobre todo con qué resultado. Que en la mayoría de las veces es un fracaso, una derrota, porque es la víctima la que se tiene que ir del colegio. Por cierto, suele ser la primera opción que ofrecen las autoridades educativas. Ellos, los agresores, se quedan en el mismo colegio con el riesgo de que acosen al siguiente de la lista porque nadie trabaja con ellos y con sus familias un proceso de reeducación.

Quizá en sintonía con cierta malentendida benevolencia que a menudo reduce el asunto a chiquilladas, los propios docentes son cada vez a menudo también víctimas de sus propios alumnos y reciben faltas de respeto o incluso agresiones.

Caer en la autocomplacencia y el aplauso cuando las cifras crecen a pesar de que muchas víctimas no se atreven a denunciar por temor a represalias mayores o a ponerse en el escaparate de la primera línea no contribuye a mejorar la situación. Falta diligencia, protección, sensibilidad y un proceso posterior de seguimiento y apoyo que cure a las víctimas y también ayude a los agresores a reconducir y examinar su conducta.

El consejero de Educación “celebra” que el año pasado no haya habido un caso tan mediático como el que se sufrió un menor con discapacidad en el IES Torres Quevedo de Santander. La cuestión no es si las víctimas recurren al escaparate de los medios de comunicación, por desgracia muchas veces necesario para que las hagan caso y tomen medidas, sino que los patios de los colegios sean espacios seguros. Todas las casas parecen limpias cuando no se mira debajo de la alfombra.

No hay duda de que estamos instaladas en la cultura del simulacro. Todo se mueve en planos paralelos en los que el sucedáneo es más jugoso que el original. Yogur sin yogur, salchichas sin carne, cerveza sin alcohol y piscinas para hacer surf a pocos kilómetros de las olas de verdad.

Todo empezó, quizá, con los parques temáticos. Esos lugares en los que viajar por el mundo o por el pasado sin salir de un recinto en el que moverse con una pulsera mágica que -una vez pagado el costoso importe- permite navegar sin subirse a barco alguno. Todo siguió, quizá, con las redes sociales, donde simulamos tener amigos y amigas que no abrazan, simulamos los diálogos sin conversar, simulamos los enfados en pantuflas y simulamos los activismos sin riesgos.

La vida en un simulador si eres de la clase social ‘adecuada’, si tienes el dinero para evitar la vida real, el barro, el viento, los mosquitos, los resbalones. Vivir tiene eso: es hermoso y es incómodo. Nunca entendí la gente que viajaba hasta el Caribe para luego regresar refunfuñando cargados de fotos y de quejas sobre los mosquitos, sobre la lentitud de los locales o con quejas sobre la gastronomía local. Ahora, cada vez más, se puede ir al Caribe sin ir al Caribe. Sexo simulado a través del porno cibernético, amor simulado a través de mensajes desprovistos de sudor, escalada en rocódromo para esquivar el viento y la rugosidad de las piedras de verdad.

Y ahora, la ‘genial’ idea de los que diseñan este parque temático llamado Cantabria es una piscina para hacer surf, lejos de los riesgos del mar, del olor a alga y de los picotazos de las medusas -que haberlas las hay-. Lo increíble no es que unos empresarios sin cabeza pero con ambición se les ocurra la idea y compren terrenos al lado de un cementerio. Lo alucinante es que sea el Gobierno el que presente la balsa como una nueva atracción para aquellos que vendrán a Cantabria y no pisarán la arena.

Confieso que es desconcertante la ruta que se dibuja para nuestro territorio. Entre columpios gigantes, tirolinas con curvas, faros de colorines y realidad aumentada en el Faro Santander, la vida real sólo quedará como una condena para aquellas que, penando en la clase obrera, no puedan comprar la pulserita de marras o el acceso con huella a los recintos donde el simulacro se convierte en la otra realidad, la alternativa, la aséptica, la triste, la estéril.

En la fachada del Ministerio de la Verdad, “Miniver” en la neolengua de la distopía orwelliana 1984, se podían leer las tres consignas del Partido: “La Guerra es la Paz”, “La Libertad es la Esclavitud” y “La Ignorancia es la Fuerza”. La neolengua tenía como objetivo manipular a la población y para ello se dedicaban a cortar, simplificar y destruir palabras como medio para limitar el alcance del pensamiento. En la misma línea, llamaban Ministerio de la Paz o “Minipax” al encargado de gestionar los asuntos bélicos, a saber, la guerra eterna con otras superpotencias. No tan lejos de 1984, nuestro actual Ministerio de la guerra se denomina Ministerio “de Defensa”, una forma de dulcificar la realidad que es, en sí misma, neolengua.

A Pedro Sánchez, que nos llenó de esperanza al entonar el “No a la guerra” para, a renglón seguido, aumentar el gasto en defensa, no le gustó el término “rearme” del plan para mejorar las capacidades militares de los países europeos propuesto por Von Der Leiden como “Rearm Europe”. “Hay que dirigirse a la ciudadanía de otra manera”, manifestaba desde Bruselas. ¿Qué pretendía realmente con eso? ¿Se mostraba como un iluso, un cínico o un fan de la neolengua de la Oceanía orwelliana? Lo cierto es que hubo un poco de las tres opciones, pero su praxis, la de su gobierno, es de rearme, no hay duda. Finalmente, el plan se ha ido aprobando en fases con la aséptica denominación “Preparación 2030”, y el enfoque del cambio ha sido meramente terminológico porque lo que nombra es el engranaje del régimen de guerra que se está imponiendo mundialmente y contra el que son indispensables las decisiones más allá de las declamaciones.

Así, en Moncloa no convencía el término “rearme” pero las cifras de la Comisión Europea y de la OTAN han hecho que se imponga con severidad el principio de realidad: el gasto militar español en 2025 creció un 35% respecto al año anterior. España ha puesto en marcha el mayor proceso de rearme industrial y militar desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que incluye una combinación de nuevos Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa y el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Ministerio de Industria. El plan ReArm Europe, que compromete 800.000 millones de euros —alimentado por ingeniería contable para ocultar la deuda pública— y la exigencia aliada de elevar el gasto militar al 5% del PIB para 2035 constituyen el marco económico de un giro bélico atlántico en el que España se sitúa a la cabeza del incremento presupuestario militar, con una subida histórica que ya se acerca el 3% del PIB.

Este panorama de rearme, disimulado o no, se financia mediante un indiscutible coste de oportunidad social y ya se traduce en Europa en recetas de austeridad selectiva: recortes en la ayuda al desarrollo, congelación de pensiones, hachazos a las ayudas por discapacidad y globos sonda para retrasar la jubilación a los 70 años. Es la traslación exacta de la consigna de 1984: el bienestar social debe sacrificarse en el altar de la disuasión y, aunque el Gobierno asegure que no afectarán a partidas de asuntos sociales como Seguridad Social, pensiones, Educación o Sanidad, los gastos previstos representarán un retroceso en el bienestar de la población, porque afectaran indefectiblemente al resto de ministerios  poniendo en peligro el ya maltrecho Estado de bienestar. Súmese que, según denuncia el Centre Delàs d´estudis per la pau, la inversión armamentística destruye valor social y empleo en comparación con la economía real: por cada mil millones de euros, el sector militar apenas genera 11.600 puestos de trabajo, frente a los 20.000 de la sanidad o los 29.000 de la educación.

Y este régimen de guerra tampoco se sostiene solo con partidas presupuestarias: necesita una profunda reconfiguración cultural que devuelva el nacionalismo marcial al núcleo de la identidad europea. La infosfera, hoy más que nunca, es un campo de continuación y ampliación de la escalada militar y se ocupa de atender al hecho de que el engranaje belicista necesita, además de presupuestos milmillonarios, una masa humana que los ejércitos profesionales ya no logran captar de forma voluntaria. A ello se debe que el fantasma del servicio obligatorio —visto hace una década como una reliquia del pasado— recorra de nuevo el continente: desde los modelos nórdicos de selección forzosa hasta el reciente regreso de la “mili” en Letonia y Croacia, pasando por los modelos híbridos de una Alemania que ya obliga a sus jóvenes a censarse militarmente a los 18 años y obliga a los hombres de entre 17 y 45 años a solicitar un permiso del Ejército para salir del país más de tres meses. Dinamarca ha ampliado la duración del servicio y ha extendido la obligatoriedad a las mujeres, para quienes hasta ahora era algo voluntario.

En España, aunque el discurso oficial niega la vuelta al cuartel forzoso, la maquinaria mediática y cultural ya está en marcha para tantear a la opinión pública. Aprovechando el 25 aniversario de la suspensión de la mili —que no está abolida y sigue en la Constitución oculta tras el deber de defender España— El País Semanal sacaba en portada su globo sonda con el reportaje “¿Lucharías por tu país?” deslizando, de manera sibilina, debates sobre el alistamiento obligatorio o la necesidad ciudadana de combatir porque “en tiempos de amenazas la cuestión es qué tipo de ejército necesitamos”. Así opera lo que el análisis crítico denomina “régimen de guerra”, uno tal que quiere hacernos creer que la necesidad de rearme es indiscutible, para regocijo de empresas militares como Indra o Air bus y para desdicha de la democracia. No se trata de una coyuntura, un momento o un episodio de las relaciones internacionales, sino de una tendencia y una decisión del capitalismo mundial.

Detrás de una estética pulcra de publirreportaje, El País nada incluía en sus páginas sobre el modo en que la maquinaria bélica sigue cobrándose víctimas y no sólo en los lugares en conflicto, también en los eslabones más vulnerables de la cadena que encuentran en el ejército una forma de huir de la pobreza y la precariedad. Casos como el del joven legionario de origen boliviano Kevin Parra Mejía, un muchacho de 23 años fallecido en Ceuta tras sufrir un desvanecimiento en plena instrucción física bajo las órdenes de un superior que, según declaraciones de compañeros, desoyendo sus síntomas con un cínico “esta película me la conozco yo”, le obligó a seguir corriendo hasta desplomarse.

Dentro de toda esta estrategia de normalización de la violencia y la guerra es donde cabe entender que este año se haya colado un stand del Ministerio de Defensa en Felisa, Feria del libro de Santander. Y es en ese contexto donde hay que protestar enérgicamente en contra de que un evento cultural se deje utilizar así. Por ello, la Asamblea Cántabra contra el Rearme ha puesto en marcha una petición en Change.org para que se retire el Stand y ha publicado su posicionamiento en Briega denunciando cómo la presencia de este Ministerio en Felisa “responde en realidad a la necesidad de justificar y normalizar una política suicida, la carrera armamentista en la que estamos inmersos”, invitando a acompañarles en su protesta los días 26 de junio y 3 de julio, a las 19 horas en la Plaza Porticada.

En la misma línea de denuncia, el Ágora solidaria Cultura y Memoria Luis Toca ha lanzado un comunicado en el que su presidenta, la escritora María Toca, ha ironizado además: “”Si el Ministerio de Defensa participa en una feria literaria, quizás quienes nos dedicamos a la literatura deberíamos acudir a los desfiles militares a leer poemas de paz y amor“. Toca ha criticado otro de los inexplicables errores de Felisa este año, la presencia del defensor del sionismo Marcos Barnatán. Y es que si la cultura permanece indiferente ante el genocidio palestino, ya no es que sea neutral, es que se convierte en cómplice. 

La ironía de Toca desarma, con la precisión de la palabra, la puesta en escena de nuestro particular Minipax en el espacio público. Que los tanques necesiten mimetizarse entre libros no es una anécdota festiva sino la constatación de que el pensamiento crítico está perdiendo la partida contra la neolengua del nuevo militarismo global.

Si Felisa permite que los manuales de instrucción militar ocupen el espacio del ensayo, y que la apología de las armas desfile con impunidad por nuestra feria cultural, estará contribuyendo a que la barbarie sea el único horizonte posible. Si hay quien quiere hacernos creer que la guerra es la paz, deberemos responder que la insumisión y la rebeldía a esa oscura neolengua es nuestro orden.

La universidad pública de Cantabria acaba de hacer un descubrimiento revolucionario que Einstein, Rawls y todos los filósofos de la justicia social se perdieron por el camino: el criterio definitivo de equidad es el código postal. Primer año de carrera gratis, pero solo para quien tiene la fortuna de residir bajo el sagrado techo autonómico. Las demás, ya saben: matrícula, alquiler, luz, transporte y la compra. Pequeños detalles. Porque todas sabemos, desde tiempo inmemorial, que el derecho a la educación no lo proclamó ninguna Constitución: lo otorga el padrón municipal.

Visualicen la poética estampa del aula magna: dos estudiantes comparten apuntes, escuchan al mismo profesorado y aspiran al mismo título. Sin embargo, está quién estudia gratis por aquello de haber tenido la sabiduría de nacer -o simplemente domiciliarse- en el territorio sagrado de la comunidad protectora que apoquina la tarifa completa -¡Ah, se siente! -  ¡Qué forma tan sutil y elegante de implantar un apartheid financiero en las aulas! ¡Chapeau! Y a los Cantabros y Cantabras que tengan que ir a estudiar a otros Campus, a esas criaturas, nada de nada. Por disidentes.

Si de verdad quisieran democratizar el acceso a la Universidad con dinero público -concepto que parece haberse vuelto marciano- la solución es de primero de primaria: repartan el maldito presupuesto entre todo el alumnado. Rebajen la matrícula a todo el mundo de forma proporcional.

Pero no, es mejor montar un apartheid financiero ¿para asegurar el voto de las familias locales? No, no, ¡qué mal pensada! Es pura vocación pedagógica.

¡Qué brillantez estratégica, qué sarcasmo institucional, qué obra de arte! Al que viene “de fuera” vamos, de Asturias, Castilla, Cataluña, Andalucía, Extremadura o de Sebastopol, ese intrépido, esa audaz, que ya tiene que empeñar un riñón para pagar una habitación compartida en un piso compartido a precio de suite de hotel con mil estrellas, la brillante lógica local les castiga cobrándoles las tasas íntegras. En cambio, a quien no gasta un céntimo en vivienda ni manutención se le exime del pago. Es una redistribución de la riqueza invertida sencillamente magistral digna de manual. Total, ¡qué derecho tienen las periferias a venir a gastar su dinero en nuestros comercios si no votan a los politicastros de turno!

Por favor, señores y señoras estrategas: dejen de disfrazar el egoísmo electoralista con el noble traje de la “democratización”. Discriminar y repercutir económicamente a un alumno o alumna por su lugar de residencia no es defender la universidad pública, es montar un club privado con el dinero de toda la ciudadanía.

Y una última pregunta, guardada para el final, no vaya a ser que asuste al principio: ¿y si detrás de la obsesión por premiar el empadronamiento no hubiera solo una política educativa clasista, casposa y brutalmente antidemocrática, sino una estrategia para atraer población, justificar más suelo urbanizable y alimentar ese modelo tan conocido que convierte la vivienda en negocio y al vecindario de toda la vida en obstáculo a expoliar,  -¡Uins! perdón- a expropiar?

Mientras tanto, los precios suben, la ciudad pierde a su vecindario de siempre con sus costumbres y hábitos y la especulación sigue ganando. Casi nunca la guinda es el problema. El problema suele ser la tarta que se esconde debajo. Y, sobre todo, quién se la está comiendo.

Es extraño ser un partido de acumulación. Quiero decir, que cuando una formación política ha crecido alrededor de un liderazgo fuerte, de un discurso indentitario y de la consecución de cuotas de poder, parece que la disolución de las ideologías es una bendición. Todo el mundo cabe, todo es posible. Pero el todo es posible hace casi imposible la coherencia y las situaciones grotescas pueden germinar como setas.

El Partido Popular no tiene problemas en esta materia. Tiene ideología desde su fundación tardofranquista, no la esconde, y sólo tiende a profundizar en su origen —lo que lo empuja al nacionalcatolicismo casposo de Vox, su escisión hooligan—. En la otra banda, podríamos afirmar que gran parte del problema del PSOE es su disolución ideológica, la mítica búsqueda del centro puede llevar a un viaje sin rumbo y a un café descafeinado con todos o para todo siempre que se preserven las cuotas de poder. Eso podría explicar el amor ‘laico’ al Papa o a la familia real, la confusa posición en materia ecológica o el alineamiento con la patronal antes que con las y los trabajadores. El PSOE empezó hace casi siglo y medio siendo socialista, ahora, es un partido de poder (sea eso lo que sea).

En el caso del PRC es más complicado. Nació sin mácula ideológica y eso, aunque usted no lo crea, ya es una ideología. Nació aferrado al territorio y eso, aunque usted sí lo crea, es una ideología muy potente.

La defensa de las identidades como razón de ser nos empujó a conflictos terroríficos a finales del siglo XIX y durante buena parte del XX. Ahora, en pleno siglo XXI, las identidades vuelven a ser eje tribal, imán de votantes, lema para agitar sentimientos. Hace unos días, en un acto organizado, precisamente por el PRC, escuché a un defensor de la identidad asegurar —con vehemencia, por cierto— que el patrimonio cultural de Cantabria es patrimonio fósil, que tocarlo es un atentado contra el ser identitario. Eso es ideología —como todo, por cierto—.

No sé, es verdad, qué identidad se defiende cuando el partido se suma a la defensa del infame monumento a Carrero Blanco en Santoña. Esta ofensa a la democracia y a los derechos humanos no es justificable. El PRC ha tratado de explicar que como a Carrero Blanco lo mataron unos terroristas hay que salvar su homenaje. Imaginen si hubiera tenido éxito algunos de los intentos de matar a Adolf Hitler en Alemania. El PRC defendería que merece salvar sus bustos porque fue “víctima del terrorismo”.

Esta votación en el Parlamento no es anecdótica. Muestra un ‘despiste’ ideológico que termina definiéndose como ideología. Es imposible ser oposición y gobierno al tiempo —esto a lo que este partido de acumulación lleva años haciendo—, es imposible ser un defensor de los derechos humanos y, al tiempo, de los homenajes a los violadores de los mismos.

Ya sé que hay un debate intenso sobre qué hacer con ciertos monumentos que mancha calles y plazas. No solamente con aquellos que remiten a la dictadura o al golpe de Estado, sino los relacionados con las vergüenzas coloniales o con las tropelías militares. Entiendo que es legítimo pedir que se destruyan y que también lo es solicitar una resignificación para que la ciudadanía entienda la trazabilidad del personaje o de los hechos que se ensalzan. No es fácil elegir en esta dicotomía, pero lo que no es legítimo es pedir que se declare Bien de Interés Cultural y que se ‘proteja’ sin más. Ya vivimos un episodio parecido con la pirámide de los italianos, en el Puerto del Escudo. Poco se podía hacer desde Cantabria ante una protección oficial decidida en otra comunidad autónoma ante la petición de una asociación de ultraderecha. Pero lo de Santoña no tiene anchoa de Revilla que lo sostenga. ¿Cómo se explica que el PRC argumente su apoyo al gobierno del PP para hacer un cortafuegos a Vox y que, después, vote a favor de proteger un monumento que está a la derecha de Vox?

La falta de ideología es una ideología y la laxitud en ciertas materias es la brecha por la que se expanden todos los virus antidemocráticos. Creo que el PRC está a tiempo de rectificar y, aunque en este país no dé puntos, muchos agradeceríamos un mea culpa público. Excepto que apoyaran esta protección a conciencia y… entonces… la cosa sería mucho peor —de lo que ya es—.

Miguel Ángel Revilla tiene muchas virtudes y muchos defectos. Como cualquier ser humano. Pero ninguno de ellos tiene que ver con su estatura, con el color de su piel, con su sexo o con… su edad. Pero cuando Revilla, ejerciendo un derecho arcaico conocido como “libertad de expresión” manifiesta en público su opinión sobre el partido político Vox, entonces su flamante diputado en el Congreso —de cuyo trabajo poco sabemos— y ex responsable de la formación en Cantabria atribuye las declaraciones a una “muy mala vejera” y a que “chochea mucho”. Más allá de la tremenda discriminación por edad —edadismo— y de la falta de respeto y de educación, Del Valle es el espejo de su propio partido y su partido es el espejo de la Cantabria y de la España que decidió instalarse en un tiempo que dejó de existir, en unos mitos que jamás ocurrieron y en un futuro que debemos evitar que acontezca.

La verdad es que a Vox le sobra mucha gente en esta región. Deberemos expulsar a todos los que hayan nacido en terceros países y que no sean millonarios —esos no son extranjeros migrantes peligrosos, ya saben— y a todos los que hayan nacido en Burgos, en Palencia o en Cuenca —a ver si todo dios va a venir a chupar de una Cantabria que no es infinita—; deberemos recluir en las casas a las mujeres para que críen y limpien y sacarlas con mantilla sólo en Semana Santa y en la feria de Julio; deberemos crucificar a cualquier cura que hable de bondad o de solidaridad; y, ahora, nos querrán imponer que toda persona por encima de los 65 años sólo se dedique a gastar y a viajar mientras espera la muerte. De hecho, el propio Del Valle ya debería retirarse porque roza la edad de jubilación.

Todo es tan demencial y esperpéntico que parece una caricatura, material para el guion de un humorista. Pero Vox nos ha acostumbrado a que la caricatura supere a su propia realidad. Es cierto que su política vive de la lógica de la “verdad alternativa” trumpiana y que a ellos y ellas la realidad no les atraviesa. Prefieren vender un humo tóxico antes que constatar que el mundo del que hablan no existe y el que prometen jamás existirá.

Su “prioridad nacional” es inviable con el marco legal vigente, así que es postureo ultra, sacada de pecho de ultras sin más ideas. La nueva “prioridad juvenil” choca de frente con una sociedad de la longevidad que debería celebrar que personas de 80 u 85 años sean activas en el arte, en la economía, en el tercer sector o en la política.

Para Vox, Trump es un modelo aunque se duerma en las ruedas de prensa y sus héroes cercanos o superan los 60 o están muertos y enterrados hace décadas o siglos. Pero a este partido la incoherencia no le afecta. Los ultras pueden insultar, escupir, agredir o incendiar el ya precario clima social, pero luego utilizan la técnica de la victimización para responder a los cuestionamientos —de hecho, hay que montar una ONG en apoyo a la pobre Leticia Díaz por los ataques insoportables que recibe por haber fundado una ONG que ayuda a los menores migrantes—.

Lo triste no es que un señor mayor como Del Valle ataque a otro señor mayor o que nieguen su propia gerontocracia arremetiendo contra aquellos que cuestionen sus estrategias o su ideario —ese revoltijo de tópicos racistas, xenófobos, racistas, lgtbifóbicos y ahora edadistas—, sino que unos cuantos jóvenes —minoría, por suerte— y muchas personas adultas y mayores —en número significativo— abracen la bandera de la bilis que les ofrece Vox a cambio de sentirse arropados por una gente que no dudará en venderlos, traicionarlos o insultarlos en cuanto no les sean necesarios.

Lo triste es que el partido de la supuesta derecha ‘civilizada’ pacte y transija ante estos talibanes nacionales, lo lamentable es que con mis impuestos y los suyos el señor Del Valle viva como dios —con permiso del Papa— y utilice la tribuna pública para esparcir el veneno.

La identidad del odio y del insulto al ‘otro’ que ofrece Vox es placebo para hoy y violencia para mañana, es guerra cultural con alto riesgo de transicionar a guerra real, es banderita de España en la muñeca como grillete identitario, es trinchera antisitema sin munición para responder a los desafíos actuales y futuros.

La generación que estudió forzosamente el catecismo sabe que los evangelios predican que la hipocresía en un obstáculo para la fe y, por tanto, condenan duramente a los fariseos. El otro día, en la presentación del informe anual de Cáritas se denunciaron los graves problemas de acceso a la vivienda, los alquileres abusivos y las dificultades para encontrar un techo que se multiplican cuando uno es de otro país o tiene otro color de piel.

Resultó que en ese contexto el obispo de Santander, de cuerpo presente en la rueda de prensa, enardeció -se empoderó, en ese lenguaje influencer ya tan manido- y echó una reprimenda a los políticos porque no hacen nada para solucionar esta cuestión. Dijo que cada vez es más escandaloso y que se nos prometen cientos y miles de viviendas que no aparecen por ningún lado.

Arturo Ros tenía razón. Prácticamente todos los mortales comulgan con este sermón, aunque no sean de su parroquia.

Pero, a la vez, tal vez sea conveniente recordar a su eminencia la paja en ojo ajeno por un discurso imprudente, en el sentido de que lo que predica no concuerda con lo que hace. Más allá de la innegable labor social que asume Cáritas, por la debilidad endémica de un sistema estatal de protección social que no ha sido nunca capaz de llegar a donde se necesita.

El obispo critica a los políticos por no resolver el problema de la vivienda mientras su propio ministerio acaba de vender el edificio de los franciscanos, en la céntrica calle Perines de Santander, para hacer 24 pisos turísticos. Cuatro mil metros cuadrados -el Obispado se quedó solo con la iglesia y la sacristía- que han salido al mercado urbanístico y de lo que se ha beneficiado la iglesia católica como, por otro lado, cualquier hijo de vecino en esta deshumanizada progresión especulativa.

Justificará el obispo que la iglesia necesita dinero para mantener su obra social y sus propiedades exentas de impuestos, algunas de ellas procedentes de la avaricia -pecado capital- de las inmatriculaciones, pero aún así el discurso desafina de largo. Más aún cuando, esta emergencia de vivienda que él denuncia nos invita a mirar de reojo a Corbán, un mayúsculo seminario desaprovechado por la falta de vocaciones -también campo de concentración de la dictadura: otro disgusto para la alcaldesa Gema Igual- que tal vez podría improvisarse para acoger a los exiliados de la especulación urbanística y turística que no va a frenar. “No vamos a estropear la gallina de los huevos de oro”, espetó el otro día con franca ordinariez ética la alcaldesa cuando los socialistas reclamaron que, al menos, sí vienen tantos turistas que paguen una tasa como en otras geografías nacionales.

Lo más gracioso ha sido comprobar como aquellos personajes paródicos, cercanos a la caricatura, que se sentaban en la primera fila en la misa del domingo siguen vigentes en lo contemporáneo manteniendo su cuota de hipocresía. El consejero de Vivienda, Roberto Media, y la alcaldesa de Santander -como en una escena de Berlanga- no se dan por aludidos con el discurso del obispo y han girado la cabeza para mirar hacia los bancos de atrás. Cómo va a ser que a ellos les señale el dedo de Dios. La culpa es del demonio Pedro Sánchez que va directo al mismo infierno al que algunos querían enviar al Papa Francisco.

Tampoco cierta hipocresía por parte del Obispado puede empañar la escandalosa realidad que no se puede aliviar con paños calientes. Como las 285 viviendas de alquiler social que nos lleva prometiendo el Gobierno de Buruaga toda la legislatura, una tirita insuficientemente ridícula por mucho que dupliquen las que había antes.

O como la tramitación de una Ley de Vivienda enfocada hacia la 'okupación' cuando el mayor de los problemas es el mercado turístico. Un texto legal que ni siquiera hace el esfuerzo de prohibir que se especule con la vivienda protegida aprobando su protección permanente -como sucede desde hace veinte años en el País Vasco- para que no pueda venderse en el mercado libre.

Tampoco contribuye a una solución razonable que ahora tengamos que volver a comprar con dinero público las viviendas de la SAREB -la sociedad que crearon los bancos para comercializar las viviendas que embargaron a sus propietarios- que ya había comprado el Gobierno de España para destinarlas por fin a quienes las necesiten.

Como predican en los púlpitos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Hace muchos años, una amiga se preguntaba de forma retórica para quién trabajaba y yo le ahorré la respuesta punzante con cierta rotundidad hiperbólica: “Siempre se trabaja para el enemigo”. Entre este extremo caricaturizado y la ingenuidad de quienes piensan que la compañía que les emplea es “su” empresa hay un abismo que se agranda con la falta de conciencia de clase (de clase obrera, claro está).

Leo cómo un supuesto sindicalista empleado en la factoría de la multinacional Nestlé en La Penilla asegura a una periodista de este medio: “Antes era nuestra empresa, era mi empresa... Desde el ERE es 'la' empresa': ha cambiado la empresa y cambiamos nosotros”. Siento decirle al sindicalista sin conciencia de clase que ni antes era su empresa, ni ahora lo es. Nunca lo ha sido.

En otro pasaje del reportaje que analiza la relación “identitaria” de la gente de La Penilla con la fábrica, un hombre “que ha dedicado 40 años de su vida” a la compañía, explica: “Es que ha sido nuestra vida. Hemos estado ahí viviendo todo el valle de 'La Nestle'. Había un cierto sentimiento de toda la gente como algo tuyo”. Otro errado. Nada era tuyo, sólo el tiempo y la mano de obra que le vendías a la empresa por un salario a cambio de que alguien se forrara en Suiza, primero, y, ahora, vaya a saber usted dónde.

‘La Nestle’ es Nestlé S.A. y, además de los accionistas individuales que compran y venden acciones en el mercado, sus principales ‘dueños’ corporativos son fondos de inversión privados como BlackRock, UBS Fund Management o The Vanguard —los mismos que nos estrangulan en otros sectores, como el financiero, el inmobiliario o el tecnológico— o el Norges Bank Investment Management —el fondo donde el Gobierno de Noruega ‘juega’ con los pingües beneficios del petróleo o del gas que no siempre se explota en las condiciones más éticas imaginables—.

Pues eso, una vez aclarado de quién carajo es ‘La Nestle’, las y los trabajadores quizá deben bajarse de ese ‘vínculo’ identitario porque es falso, torticero y hace mucho daño. El compromiso de un trabajador con una empresa —y más si es una multinacional sin una trazabilidad clara— se reduce —y no es poco— a cumplir lo firmado en el contrato. Pero, a partir de ahí, y armados de conciencia de clase obrera, lo que toca es defender los derechos, empujar a la propiedad para lograr mejoras, no consentir recortes injustificados o intentar —a punta de fuerza— que el modelo de negocio sea lo menos perverso posible.

El problema no es que Nestlé S.A. quiera recortar puestos de empleo, el drama es el tipo de relación enfermiza que muchos trabajadores y trabajadoras y la mayoría de sindicatos han establecido con empresas como esta.

Hace unos días sabíamos que había más candidaturas a la “salida voluntaria” de Solvay que plazas negociadas entre empresas y sindicatos para el ERE propuesto. Las prejubilaciones encubiertas nos cuestan dinero a todos y todas y así sectores como la industria pesada o la banca se han desembarazado de miles de empleados apoyándose en el sistema público de prestaciones.

La pérdida de puestos de trabajo industriales no sólo es un drama individual para cada una de las personas afectadas —cuando no es un medio regalo negociado—, sino que suponen para el territorio la pérdida del único sector de empleo que puede generar mejoras en las condiciones de trabajo por la plusvalía que generan sus productos. Esto jamás podrá ocurrir en la hostelería, en los cuidados o en el sector servicio, donde la mayor parte de la ganancia está en la tacañería con los contratos y con las condiciones de estos, no en el valor de la mercancía.

Ni ‘La Nestle’ ni ninguna empresa ha sido nuca “tu empresa”. Siempre son de uno o varios dueños que se apoyan en un aparato coercitivo de empleados premium —normalmente denominado como departamento de Recursos Humanos y dirigidos por un CEO que sigue siendo un pinche empleado— para despedir, recortar o manipular a distancia mientras ellos vienen de vacaciones a una villa de lujo en Cantabria y reservan en esos restaurantes con estrella Michelin a los que probablemente ningún empleado de ‘La Nestle’ ha ido o irá jamás.

Hace años se discute entre los santanderinos cual debe ser la fiesta local, o más bien porque Santiago ha dejado de serlo, con peticiones y quejas por parte del consistorio al gobierno regional para que sea este quien la declare, y así poder nombrar, desde el propio consistorio la Virgen del Mar, desconocida entre nosotros, hasta que la designó Jesús Ceballos, factótum de Hormaechea en el ayuntamiento y natural de San Román de la llanilla, en donde dicha fiesta se celebraba tradicionalmente como fiesta de barrio pero nunca como fiesta laboral. Jesús Ceballos, con presidencia de Hormaechea en el ayuntamiento la colocó como patrona de Santander y de la marinería local, un auténtico disparate porque sin género de duda la auténtica Virgen patrona de marineros y pescadores lo es la Virgen del Carmen, aquí y en toda la costa española. Lo de la Virgen del Mar fue una cacicada sin más.

Las fiestas locales tradicionales en Santander hasta la llegada de la democracia habían sido los Santos Mártires y la Liberación de Santander, llamando liberación a la conmemoración de la toma de la ciudad por los sublevados contra el Gobierno de la República en 1937. La última vez que se celebró dicha fiesta de la Liberación fue en 1976, como se puede comprobar en los oportunos boletines oficiales del Estado. La Bien Aparecida, patrona de la Montaña que es como aparecía denominada la provincia de Santander siempre fue fiesta el 15 de septiembre, si bien pasó a ser primero patrona de Santander y posteriormente patrona de Cantabria.

Con la publicación en el año 1976 de la ley de Relaciones Laborales se modificó el sistema de fiestas, desapareciendo en el calendario nacional las llamadas recuperables y pasando a ser 14 las fiestas de las cuales dos deberían ser locales. Como Santiago era patrón de España desde 1630 y en tales fechas no había distinción entre fiestas religiosas y fiestas civiles se mantuvo como tal hasta que en el año 1937 el Gobierno de Franco la estableció como fiesta nacional a todos los efectos.

En el Estatuto de los trabajadores de 1980 se ratificaron las 14 fiestas anuales de la ley precedente, con dos fiestas locales pero la aprobación de los distintos estatutos de autonomía llevó a que pudiera ser también dos fiestas autonómicas además de los dos locales, y ahora es cuando surge el conflicto del que hablamos. Como la Liberación de Santander había dejado de ser fiesta por motivos obvios, quedaba un día libre para ser declarado fiesta local y ahí es donde Jesús Ceballos alcalde pedáneo de San Román de la Llanilla y mano derecha de Hormaechea en el ayuntamiento, intercedió para que la fiesta de su pueblo se convirtiera en fiesta local. El clero se encontró de la noche a la mañana con que se eliminaba una fiesta no religiosa para poner una fiesta de su ámbito y dieron todos sus parabienes a un cambio que en aquel momento nadie ni esperaba ni entendía.

En años posteriores las cosas se han complicado y Santiago, aunque es fiesta en algunas comunidades autónomas no lo es en otras, entre otros motivos porque no llevan nada bien que haya un patrón de España. De esta manera la ciudad de Santander se encontró con un problema. Al desaparecer del calendario nacional la fiesta de Santiago y elegir fiesta local La Virgen del Mar y el indiscutible día de San Emeterio y San Celedonio patrones de la ciudad, el día de Santiago ha dejado de ser fiesta pues las fiestas regionales son la Bien Aparecida y el Día de las Instituciones, que es lo es el 28 de julio en conmemoración de la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Respecto a la conveniencia o no de declarar el día de Santiago fiesta local, la mayoría de los santanderinos de cierta edad lo llevamos in péctore, pues está vinculado a toda nuestra infancia, con las ferias, la playa, las casetas, el circo, los toros etc y no tenemos nada que ver con el invento de la Virgen del Mar. Como todo el mundo sabe, la patrona de pescadores y marineros es la Virgen del Carmen y las fiestas en el Barrio Pesquero y otros barrios el 16 de julio, así como la procesión por mar de barcos pesqueros y embarcaciones deportivas es un espectáculo que ningún amante del mar y de la ciudad se pierde. La fiesta acaba por la tarde con la procesión de la Virgen a quién se baja desde su sede en la iglesia de los Carmelitas por la calle Lope de Vega hasta el paseo de Pereda, Puerto Chico etc, entre miles de personas creyentes y no creyentes que celebran la festividad y rematan o rematamos tomando sardinas asadas si la costera lo permite…

Lo de las“ fiestas de Santiago” que así se sigue arrastrando el nombre, tiene una bonita historia. En el siglo XIX un empresario de hostelería llamado Santiago González, con local abierto en el Alto de Miranda, con motivo de su onomástica, empezó a organizar una fiesta en el barrio, con iluminación incluida, música, baile comida bebida y alegría que fue yendo a más a lo largo del siglo y durante todo el siglo XX .Todos los santanderinos hemos conocido y esperado, sobre todo los niños, la llegada de las fiestas de Santiago y sus eventos, los caballitos las ferias, el circo y los adultos la popular feria taurina que nunca dejó de celebrarse.

Como digo nada hubiera sucedido si Santiago Apóstol hubiera continuado siendo fiesta como lo era anteriormente, pues los santanderinos no necesitaban que fuera fiesta local puesto que lo era nacional y fue al dejar de serlo cuando surgió el problema.

Ignoro si los tripulantes del actual consistorio saben algo de esto, si bien leo a menudo la prensa distintas peticiones para que se nombre Santiago fiesta de la Comunidad para que se resuelva su problema. Yo como santanderino seguiré celebrando siempre las ferias de Santiago como he hecho toda la vida, aunque ya no vaya a los toros, pero seguiré yendo a la playa, a las ferias del tío vivo, noria y coches de choque con mis nietos y a los demás eventos que van mucho más allá de creencias y prácticas religiosas obsoletas. Entiendo que cuando el día de Santiago caiga en sábado o domingo, sí no se traslada al lunes, si pudiera aprovecharse para nombrar fiesta la de la Virgen del Már el primer lunes después de Pentecostés, aunque no haya nada que hacer.

Por supuesto, en mi humilde opinión, quien tiene que decidir los días de descanso son los agentes sociales representantes de los empresarios y trabajadores. O sea, asociaciones empresariales y sindicatos.

El clima de incertidumbre que respiramos en la espesa atmósfera política no hace más que recrudecerse, cuando parece que resulta complicado añadir más elementos de tensión a una trama trepidante -banquillos, imputados, conspiraciones- aparecen más elementos de desconcierto. Pero, en paralelo, en el ruido constante, se corre el peligro de normalizar este acostumbrado y permanente estado de tensión dramática. De hecho, la intemperie se ha convertido en cotidiana.

Falta menos de un año para que se celebren elecciones autonómicas en diez comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, y en todos los ayuntamientos de España. La política ya no es un escenario de campaña permanente sino de acoso sin tregua más allá del debate y el diálogo. Pero en Cantabria todo transcurre en el idílico pretérito del clásico bombardeo de propaganda que antecede a toda elección. La primavera ha dado el pistolezato de salida a la carrera electoral y en los cuarteles políticos intensifican los remitidos, las exigencias y los reproches para recordar a los ciudadanos que siguen vivos, tras el barbecho legislativo que -salvo excepciones- tiende a adormecer el ánimo de los representantes de lo público.

La campaña se libra desde todos los frentes con algunas características propias -añadidas al exceso de protagonismo sin justificación- como cierta abundancia del eufemismo de la tecnificación. Una tendencia estrella, una especie de barrullo semántico para el disimulo que permite lucir siglas, desempolvar y hacer notorios los futuros e inminentes candidatos electorales. Los titulares nos hablan de enigmas lingüísticos tales como paraguas estratégicos, tritubos, hibridaciones de proyectos digitales, compactadoras de alta estanqueidad y triángulos curvilíneos. Éste último sintagma -de complicada digestión- se comunicó desde la Autoridad Portuaria con absoluta gravedad, como un término de uso común.

Uno de los aparatos de propaganda y difusión más intenso es precisamente el del Puerto de Santander donde el otro día fue noticia que se han empezado a poner las losetas de una nueva marquesina de hormigón armado que están distribuidas en 91 filas. Como si tal operación fuese un acontecimiento de interés público. El presidente se fue el otro día a Palma de Mallorca para presentar el proyecto de 'reordenación integral' de Marina del Cantábrico. Eso que no tiene, que se sepa, la categoría de candidato electoral.

Entre hitos, polivalencias y saltos cualitativos -y sostenibilidad a granel, ingrediente fundamental de cualquier cocina eufemística- se nos anuncia una 'helisuperficie' en Campóo de Suso, un proyecto de 'valorización de residuos de construcción en el Alto Asón o la renovación del compromiso estratégico para consolidar el posicionamiento MICE de Santander y Cantabria. Todo lo 'ponen en valor' con mucha 'sensibilización' y con la estusiasmada proliferación de 'actuaciones estratégicas'. El urbanismo aporta su propio toque con románticas expresiones como flujos de vehículos y peatones o zonas de estancia, que es como se bautiza ahora a los bancos de las calles.

Algunas expresiones que nos suministran los comunicados políticos resultan difíciles de descrifrar. Cuesta percibir con claridad que será un orquestador de procesos que mejora la integración de la información. Quizá ahí está el truco. Envolver la realidad para que en realidad escuchemos que alguien habla, pero no entendamos de qué para ahorrarse las quejas por si la cuestión no convence al personal.

Los mensajes políticos se han vuelto cada vez más crípticos. Pero el rey de los eufemismos modernos siguen siendo el ERE, ¿por qué lo llaman regulación de empleo cuando quieren decir despido? El esfuerzo de traducción es cada día más complejo pero probablemente es una perturbación provocada para que nos enteremos lo menos posible de la realidad.

Segunda presentación de los cursos de verano de una universidad en nuestro territorio y segunda declaración de intenciones similar: buscamos público joven. Siento ser ave de mal agüero, pero puedo predecir un fracaso total o parcial en esta búsqueda del becerro de oro contra la midorexia.

La inmensa mayoría del público de los eventos culturales, de los cursos, de los talleres o de cualquier propuesta que requiera voluntariedad (y voluntarismo) y una cierta curiosidad —más allá del goce o la socialización— está formada por personas mayores y por algunas adultas. Las viejas y los viejos llenan salones de conferencias, aulas de extensión universitaria, salas de conciertos, lugares de exposiciones… No significa que no vayan personas jóvenes, pero son las menos. Lo graves, desde mi punto de vista, es que eso se vea como un problema. 

Esta obsesión juvenil refleja, como mínimo un error en la lectura de la sociedad de la longevidad. En Cantabria, sólo el 9,69% de la población tiene entre 20 y 29 años de edad y si sumáramos a todas las personas más jóvenes (por ejemplo, entre 15 y 19 años) no llegaríamos al 15%. Entonces, tenemos mal graduadas las gafas. Digamos que llevamos montura del siglo XXI y cristales que nos retrotraen a los años 80 del siglo pasado. Esta es una sociedad longeva con muchos más personas mayores que jóvenes. Los datos del ICANE, a 1 de abril de 2026, nos cuentan así que el 25,08% de todas las personas que residen en Cantabria tienen 65 años o más y que si sumamos a las que tienen entre 60 y 64 años, llegaríamos al 32,51% de la población. 

Así, lo inteligente parecería ser programar pensando en la población mayoritaria sin olvidar a la minoritaria. Sin embargo, el mensaje que se filtra con cada uno de estos anuncios de cursos es que si no atraemos a los jóvenes estamos fracasando. Otro debate sería a qué joven se pretende atraer: ¿al universitario o al que tuvo que o decidió ponerse a trabajar tras superar la enseñanza obligatoria?; ¿al joven que tiene tiempo y recursos para dedicar tiempo extra a la formación y al pensamiento o al que debe trabajar en las noches o los fines de semana para pagar el alquiler imposible mientras estudia?

El tema tiene enjundia y ameritaría una reflexión múltiple que tenga en cuenta la sociedad real en la que vivimos —cuya pirámide demográfica no es peor ni mejor que la de hace varias décadas, simplemente es diferente— y todos los factores que influyen en que muchos jóvenes no se vean atraídos por la programación extracurricular de universidades o por las propuestas diseñadas por personas adultas y mayores que son las que gestionan fundaciones, centros de arte y medios de comunicación. El tema no es cómo atraer jóvenes, sino como generar espacios amables para cada una de las generaciones y, en algunos casos, para todas ellas al tiempo.

La felicidad nos inunda. El equipo de fútbol de referencia en Cantabria, el Racing, acaba de regalar «a los cántabros un chute de autoestima que no tiene precio», según la presidenta del gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga, que recibió a la plantilla con esa sonrisa inmensa que una parte de la población tiene dibujada desde el sábado pasado.

Yo estoy feliz con esta felicidad y con que provoque declaraciones y posicionamientos que me tranquilizan. Aunque la formación política de la presidenta, el Partido Popular, esté tonteando con la idea torticera y populista de Vox de la ‘prioridad nacional’ —ya saben, una suerte de segregación humana respecto a los derechos que ya no es por el adn sino por lugar de nacimiento o de residencia muy continuada—, Sáenz de Buruaga la acaba de mandar al inframundo.

Decía la presidenta que el equipo que va en primer lugar de la Segunda División del fútbol español es “el ejemplo de la mejor Cantabria” y yo comparto esa visión. Esto significa —para algunos xenófobos o esencialistas trasnochados— que lo mejor de Cantabria tiene origen en Vizcaya, en Navarra, en Galicia, en Islas Baleares, en Cataluña, en Palencia o en Asturias, pero también en Colombia, en Suecia, en Uruguay o en Senegal. Significa que lo mejor de Cantabria tiene acentos diversos, colores de piel muy diferentes, orígenes sociales difíciles de comparar, modos de ver la vida y sus avatares tan diferentes como ciudadanos y ciudadanas la habitan.

La frase de la presidenta es un llamado urgente a la convivencia, al respeto, al entendimiento de que a un territorio como el cántabro no le dan forma sólo las personas que ha nacido aquí —como Jeremy, ese chico de Maliaño al que los medios se empeñaban en calificar como ecuatoriano— sino que sus aristas están conformadas por gente diversa que, por muy diversas razones, terminan viviendo, trabajando y respirando dentro de estas fronteras aleatorias —como lo son todas las fronteras—.

Ahora falta que este espíritu integrador de la diversidad de Sáenz de Buruaga cale en toda la sociedad y que la sonrisa y el agradecimiento a los “héroes” multinacionales de Cantabria nos dure. Me gusto ver en la denominada como ‘rua’ a varios jugadores del Racing con la Ikurriña —lógico, si tenemos en cuenta el número de vascos en la plantilla— y que a nadie le pareciera un insulto a la patria cántabra o española; fue un placer sentir que el origen o el color de Maguette no generaba rechazo; me encantó que el speaker principal de la noche cántabra sea de San Sebastián, de Donostia, vamos; y me parece genial que el líder del mensaje positivo y de la autoestima de Santander y Cantabria sea un matemático argentino millonario que ha vivido en varias latitudes del planeta.

¿Se imaginan que Cantabria fuera así de verdad? ¿Se imaginan que los votantes de Vox que acompañaron al bus del Racing abrieran los ojos? ¿Pueden soñar con una comunidad autónoma donde la derecha y la izquierda entiendan que todas y todos somos imprescindibles para que la sociedad camine?

A mí me cuesta, la verdad. No sé cómo sería la reacción de la afición si el equipo se hubiera quedado fuera de primera por un error fatal de Villalibre o por un resbalón de Maguette, o por una expulsión imprudente de Facu. Pero tenemos referencias no muy positivas de casos similares.

Que “la mejor Cantabria” entierre la “prioridad nacional” y que el respeto a la diversidad sea una semilla que, plantada en los Campos de Sport de El Sardinero, germine en todo el territorio de esta región que nos necesita (a todos y todas).

Hace unos días tuve el placer de participar en un podcast grabado por La Vorágine que, con el nombre “Hablamos de Santander”, busca sondear ideas, proyectos e ilusiones para imaginar un Santander más habitable. El programa se propone, así, ahondar en lo que en sociólogo y filósofo Henri Lefebvre denominó, allá por 1968, “Derecho a la ciudad”, apuntando con el concepto a una idea democrática del espacio urbano, que reivindica el derecho a configurarlo de un modo acorde a nuestras necesidades humanas y colectivas, en lugar de dejarla en manos de los intereses financieros. En los últimos tiempos, el concepto ha crecido de la mano del geógrafo David Harvey, quien lo entiende como el derecho a cambiarlo todo y a cambiarnos, de este modo, a nosotros mismos, a nosotras mismas.

El tipo de ciudad que queremos, apunta Harvey, no puede estar divorciado de nuestros anhelos respecto a lazos sociales, relaciones con la naturaleza, estilos de vida, tecnologías y valores estéticos. Sin embargo, la calidad de la vida urbana viene determinada por las empresas y tiende a medirse por criterios puramente economicistas, convertida en una mercancía, como las propias ciudades, en manos de una economía política que convierte en esenciales el consumismo o el turismo mientras deja en un muy segundo plano la revitalización de los barrios o la renovación de las infraestructuras municipales.

Lefebvre explicaba esto señalando que el capitalismo convierte la ciudad en valor de cambio, que es algo que sucede cuando el suelo se compra para especular, las viviendas se transforman en activos financieros o pisos turísticos, y las plazas se llenan de terrazas privadas. El derecho a la ciudad, al contrario, exigiría priorizar el valor de uso: la ciudad como un lugar para habitar, encontrarse, jugar, tejer redes de apoyo mutuo y, en resumen, vivir de manera digna, respondiendo a las necesidades de las vecinas, no a las tasas de rentabilidad de fondos de inversión.

Por ello, no debemos aceptar el escenario estático que nos den, ya construido, burócratas o promotores inmobiliarios: hay que apropiarse de la ciudad, algo que se hace desmercantilizando espacios. Cuando un barrio recupera un solar para hacer un huerto urbano o una comunidad se organiza para rescatar un local de las dinámicas del mercado inmobiliario, se está ejerciendo de manera directa el derecho a la ciudad, dejando de ser consumidores pasivos para ser productores activos o «prosumidores» de nuestro entorno.

Ese es justo el caso de La Libre:  una librería asociativa y centro social autogestionado que lleva 25 años construyendo hábitat y ejerciendo el derecho a la ciudad junto a la amplia comunidad que convive en ella. Organizada sin jefes ni ánimo de lucro y sostenida con trabajo comprometido voluntario, cuotas de socias y la venta de libros de pensamiento crítico, llevaba 15 años en la Rampa de Sotileza cuando la propiedad les comunicó que el local se ponía en venta. El derecho a la ciudad y su propio derecho a existir chocaron entonces de bruces con un mercado inmobiliario santanderino que raya lo indecente, en el que, según datos de Idealista, la oferta de alquiler se ha reducido a la mitad, mientras que los precios han aumentado un 40%. Y La Libre no es el único centro social amenazado: tanto Eureka, referencia cultural alternativa en San Simón, como Smolny, centro de profundas raíces barriales en El Carmelo, están en solfa también por la voracidad inmobiliaria.

Pero el derecho a la ciudad se ha de ejercer con toda la fuerza en momentos así, y la asamblea que gestiona el espacio se puso manos a la obra demostrando que existe una potencia económica y organizativa fuera del sistema mercantil y bancario tradicional, haciendo realidad la compra del local —unos 140.000 euros— desde una realidad más que precaria, mediante el apoyo directo de su comunidad. Una parte, unos 40.000 euros, se financió con donaciones directas, y el grueso de la compra se afrontó con un préstamo de tres personas de la comunidad a quienes ahora hay que devolver el dinero. Desde que se supo la situación de esta institución del común en nuestra ciudad, muestra viviente de que hay una tercera vía, radical y alternativa a lo privado y lo público, nadie dudó de la consigna: “¡La libre se queda!” y en común se está haciendo posible.

Desde el 1 de mayo hay en marcha una campaña de microfinanciación o crowdfunding, en la página Migranodearena.org, que a día de hoy ha logrado una cifra impensable desde el discurso de la impotencia, pero que se ha hecho realidad con el compromiso colectivo —unos 55.000 euros cuando escribo estas líneas—. Aunque queda lo peor, la parte más dura de la campaña hasta completar los 100.000 euros que hay que devolver a las personas, comunes y corrientes, que decidieron poner sus ahorros, la Libre, ya no hay duda, se queda, y lo hace como institución del común de Santander.

Cada vez son más los proyectos que tratan de salir de la pinza entre lo privado y lo público estatal, apuntalando un concepto de lo común, del “procomún”, que La Libre representa muy bien y que apunta a lo que no es de nadie porque es de todas y todos. Mientras lo privado se basa en la exclusión y el beneficio propio y lo público implica pérdida de soberanía por la delegación, lo común nos devuelve la agencia en un universo de la inclusión y la corresponsabilidad: ni meras clientes ni simples administradas, podemos ser protagonistas del devenir de nuestras vidas, de nuestras ciudades, en este caso.

Se trata de una noción que supone una posibilidad radical de transformación porque va a la raíz de lo que somos: seres vulnerables e interdependientes en un entorno que también lo es. Lo común, la comunalización que es su praxis, apunta a cuidar de los ecosistemas de relaciones antes que de los beneficios y prima la suficiencia por encima de la eficiencia. Políticas para “reencantar el mundo”, como propone la pensadora y activista Silvia Federici, que se encarnan en movimientos sociales —muchos de ellos, en honor a la verdad, de entornos rurales del sur global—que permiten vislumbrar otros afectos y racionalidades, reconectan con la naturaleza y reinventa al ser humano más allá de la trampa del individuo y la identidad.

Reencantar Santander, hoy, es sostener La Libre, para asegurar que la ciudad no se convierta definitivamente en un tablero de Monopoly vacío de vidas. Hagamos que este pedazo de nuestra ciudad sea del común para siempre.

A partir de la próxima semana quien acuda al servicio de urgencias del Hospital Valdecilla tendrá que rellenar una encuesta en su teléfono móvil para explicar qué le pasa. Antes esto se hacía ante un ser humano bípedo, pero a partir de ahora se tratará con un ente digital ubicuo.

Obviamente, quien acude a una urgencia hospitalaria no tiene nada mejor en qué pensar, ni qué hacer, que en atender las preguntas de un asistente virtual que, visto lo visto, puede que no tenga más objetivo que despacharlo a casa a uno para que el personal sanitario pueda dar abasto.

Por si no fuera bastante una encuesta y un triaje digital, y visto que la estancia puede ir para largo, aparece una cosa -pues es cosa, no persona - llamado “agente de acompañamiento digital’, que ni más ni menos se ofrece como ”asistente virtual telefónico con enlace a un visor-web en el móvil que va informando al paciente de las pruebas que le han hecho, de su situación clínica o de dónde se encuentra el propio paciente“ (!).

El paramédico virtual, el Dr. IA que se ha sacado el SCS de la manga, “ya se está probando en pacientes de diabetes y depresión a quienes -antes de la consulta- una inteligencia artificial propone un plan de acción que el médico puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico”.

Plan de acción puede entenderse como tratamiento. Inteligencia artificial puede entenderse como máquina. Plan de acción de una inteligencia artificial puede entenderse como tratamiento propuesto por una máquina. Lo de la supervisión humana viene después, más que nada para impedir que la máquina proponga amputar un brazo en vez de colocar una tirita.

El sistema es demencial y se caracteriza porque la atención médica humana no es imprescindible, siendo sustituida por un batiburrillo burocrático y digital, una ensalada de datos y algoritmos predictivos cuyo objetivo es sacar de la cola a aquellos que no acuden con la cabeza debajo del brazo (que tendrán prioridad, por ahora no necesariamente nacional).

El sistema hecho público da por supuesto varias cosas:

Que el paciente se aburre en casa y prefiere echar la mañana en un hospital.

Que el paciente tiene móvil y/o acompañante.

Que el paciente tiene capacidad y/o ganas de charlar con una máquina.

Que el paciente conoce su historial médico y/o sabe interpretar lo que le pasa.

Que el paciente sabe sintetizar, jerarquizar e incluso escribir.

Que el paciente no es idiota.

Que hay algún sanitario cerca.

Tan radical e inhumana nadería que costará sus buenos millones está llamada a obrar el milagro de que quien acuda a Valdecilla con un problema salga por la puerta con dos. Una especie de multiplicación de los panes y los peces versión padecimientos. Por ejemplo, quien acuda con diabetes volverá a casa con diabetes y depresión; y quien acuda con depresión saldrá igual de deprimido y además cabreado al comprobar el nulo respeto e interés que se tiene por quien en el fondo les paga el sueldo.

To be continued.

Tener la razón tiene evidentes beneficios para la persona que posee tan preciado tesoro: mejora la sensación de bienestar emocional del sujeto; ayuda al alimento de la autoestima; permite identificar al resto como errados —en el mejor de los casos— o como enemigos; supone triunfar en las comidas con amigos o familiares porque se puede desplegar la razón propia con el extra de combustible que da la posesión total de la razón; es casi garantía de éxito en la reunión de la comunidad de vecinas o en la asamblea del movimiento social al que vayamos para restregar nuestra razón al resto; es la tinta de cientos de pancartas; supone abono de calidad para la pureza moral del moralista, y es una de esas posesiones que no se desgastan ni se desvalorizan. Apenas requiere algo de gasto en el mantenimiento para reforzar cada cierto tiempo las convicciones y asegurarse de que las dudas no generen pérdida de aceite.

En este tiempo tener la razón sólo requiere de cierta vocación esencialista, de limitar la contaminación con ideas ajenas a las nuestras, de evitar el roce con personas, colectivos o garrapatas que puedan disentir ante nuestras razones, y salpimentar la pureza con cuatro datos que eviten las heridas que podrían generar las astillas de los interrogantes. Trump o Putin están convencidos de tener la razón; Sánchez y Núñez Feijóo sólo coinciden en que ambos tienen la razón; estoy seguro de que usted tiene la razón y, a veces, hasta yo debo tener la razón.

Para tener la razón sólo hay que tener la razón. Parece un pleonasmo pero es la fantástica fórmula de la infalibilidad. Ese convencimiento personal y absoluto ya nos da la razón. Luego, buscamos a otras u otros que carguen con las mismas razones en la mochila o que tengan menos argumentario que el propio para poder apabullarlos y meterlos en nuestra trinchera. Porque la razón propia es trinchera desde la que lanzar el ataque dialéctico, sí, pero también refugio en el que parapetarse.

Hay razones rotundas, y tienen que ver con la religión o con la ideología política —la religión de la Modernidad occidental—; hay razones instrumentales —siempre útiles en momentos de asedio—; hay otras razones que son estructurales —el yo patriarcal, la razón racista, el sesgo fascista o el moralismo vanguardista—, y hay algunas razones vulgares que sólo sirven para defender la tortilla de patatas con cebolla contra aquella que adolece de este género de amarilidáceas.

Es importante no confundirse: no es lo mismo “tener la razón” que guiarse por la razón, al igual que no es equivalente lo racional a lo razonable. “Tener la razón” es un triunfo en sí, es un acto onanista que no atiende a razones, es negar la razón del otro, es poder estrellarte tercamente contra una pared estando seguro de que estás atravesando una campiña. Parafraseando al gran Perich —que nos dejó hace demasiadas décadas— “un fanático es un individuo que tiene razón aunque no tenga razón”. Cuando en realidad, siguiendo con el genial escritor y dibujante y sus aforismos, lo único “totalmente cierto (es) que no existe nada totalmente cierto”.

La que fue mi hermana de elección —y que también me dejó hace ya demasiados años— solía decir que confiaba en la gente que podía cambiar de opinión; es decir: la gente que podía descabalgar su propia razón y atender a otras razones dispuestas a frenar el trote triunfal de los que están en el lado correcto de la historia.

Para tener la razón sólo hay que tener la razón. La más pura, la más inexpugnable, la más arrojable. Tener la razón nos permite tener la certeza del único dios verdadero, conocer la única ideología por la que merece dar la vida, enarbolar la bandera de la única nación elegida, optar por el mejor modelo educativo para nuestras crianzas, militar en el partido o sindicato que no se equivoca, o defender los colores del único equipo que merece ascender de categoría… Tener la razón es maravilloso. El problema es que suele ser poco razonable, nos obliga a relacionarnos solo con los que tienen una razón similar, y nos impide disfrutar de la diversidad y de las contradicciones de la vida. Me apunto a no tener la razón.

La participación comunitaria es un concepto, un fundamento, un derecho cada vez más reconocido, además, de un instrumento social al servicio de la población para intervenir en la vida pública. Pero lo cierto es que, habiendo una amplia legislación disponible desde hace más de cuarenta años, en Cantabria nunca se han puesto en marcha los Consejos de salud, ni de zona de salud, ni de área de salud, ni autonómico.

En la Grecia clásica se desarrollaron estructuras y leyes que hicieron posible la participación del pueblo. La democratización de las sociedades en todos sus ámbitos, unido al progresivo aumento de la complejidad de la organización social, ha hecho más visible, más necesario si cabe, desarrollar métodos y disponer de órganos específicos en los que los ciudadanos se expresen e intervengan en los asuntos que les conciernen de la polis.

En la actualidad podemos identificar diferentes entidades, asociaciones, cooperativas, gremios, entre otros, a distinto nivel o ámbitos de la organización social y con diferentes grados de representación, en los que la participación de la ciudadanía es un hecho tangible, eficaz y útil.

Centrados en el hoy de la asistencia sanitaria, el Servicio Nacional de Salud (SNS) dispone de distintos modos de participación ciudadana. Pero nos interesa, en estas líneas, fijarnos en los órganos más cercanos al ciudadano en su día a día para analizar su desarrollo, su grado de implantación y sus beneficios. 

El concepto se define en la Primera Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud, en Alma-Ata (Kazajistán), en 1978. En ella se recoge “el derecho y el deber individual y colectivo del pueblo a participar en la planificación y aplicación de su atención de salud”.

En la declaración de Astaná, que data de 2018, se insiste en la necesidad de empoderar a las personas, a las comunidades y a la sociedad civil mediante la participación en la elaboración de planes y políticas que repercutan en la salud.

Los tratados de la Unión europea recogen que “todo ciudadano tendrá derecho a participar en la vida democrática de la Unión”.

A nivel nacional la participación social queda recogida en la ley General de Sanidad de 1986 y en el decreto de Estructuras Básicas de Salud 137/1984. 

En el ámbito autonómico se establece, en la ley de Cantabria 10/2001 de creación del Servicio Cántabro de Salud, la regulación del derecho a la participación democrática de los ciudadanos en la orientación, evaluación y control del Servicio Cántabro de Salud, a través del Consejo Asesor de Salud. En la Ley de Cantabria 7/2002, de Ordenación Sanitaría de Cantabria se reconoce el derecho a la participación en la política sanitaria y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida y al bienestar general.

En diferentes proyectos y anteproyectos recientes de la Comunidad autónoma se enuncian el compromiso de desarrollar instrumentos participativos.  

Consejos de salud

La realidad es que, disponiendo de todo este marco legislativo, en Cantabria los Consejos de Salud siguen siendo una entelequia.

La funcionalidad de Consejos de Salud permite verificar la adecuación de las actuaciones en el Área de Salud a las normas y directrices de la política sanitaria, así como orientar las directrices sanitarias del Área, pudiendo elevar informes y propuestas a los órganos de dirección y proponer medidas a desarrollar en el Área de Salud para estudiar problemas y definir prioridades. Las autoridades han hurtado así un derecho a la ciudadanía.

Llegados a este punto, a nadie se le escapa que, de haber contado con este órgano de participación, al cual la población de Cantabria tiene derecho, se habrían puesto encima de la mesa de las distintas administraciones de la Comunidad Autónoma muchos problemas, reivindicaciones y alternativas, tanto relacionadas con la salud pública como los relativos a atención sanitaria y sus infraestructuras, así como la adecuación de recursos humanos según las necesidades y características de la población.   

Decisiones tomadas recientemente por el Gobierno cántabro de las que la ciudadanía se ha ido enterando a cuenta gotas, de forma parcial, con medias verdades, o directamente falsedades, no se habrían dado o no de la misma manera. La existencia de estos órganos participativos comunitarios se revela, por tanto, muy necesarios y su desarrollo y puesta en marcha, urgente.  

El convenio singular con el Hospital Santa Clotilde; el programa Cohorte Cantabria; el programa de transferencia de datos Valdata; el desarrollo del Parque Tecnológico de la Salud, son algunos de los macroproyectos que ahondan en la colaboración público-privada y en la privatización de los servicios públicos.

Sin embargo, en el plano micro, se toman decisiones que afectan a los centros de salud rurales, a la atención sanitaria diaria, a la vida de los ciudadanos, no por menos conocidas, menos trascendente para la calidad de vida del cada cual.

¿Qué fundamentos o barreras puede haber para que esta sea la única Comunidad Autónoma que no ha cumplido las diferentes legislaciones en este punto? Esta es una pregunta que requiere una urgente y clarificadora respuesta para que de verdad la transparencia y la participación social, basada en la toma de decisiones de calidad, fundada en información fehaciente, sean realidad.

Todas las vidas son valiosas, pero no todas son iguales. Las hay chiquitas; esas que transitan dentro de la burbuja de lo mínimo y cotidiano, matizadas apenas por aquella luna de miel o esta graduación del peque, atravesadas de manera brutal por esta enfermedad crónica o por ese apagarse sin provocar eclipse colectivo alguno. Las hay egoístas; las que sólo saben subirse al ‘yo’ para confundir ser con triunfar o estar con figurar, las que suelen situar al resto del mundo como un bando enemigo e interpretan cada error como un inmerecido castigo ante el trabajo —propio— bien hecho. Hay algunas vidas que vienen como las cartas del tahúr: marcadas. En esas vidas no hay suerte ni cuidados, no hay oportunidades ni milongas meritocráticas, no hay futuro sino presente tormentoso en el que existir apenas es no naufragar. Otras vidas son comunitarias, barriales, callejeras: saberse los nombres de los vecinos del tercero, poner la ropa al sol con una sonrisa que agradece la comadre del segundo, transformar la visita a la panadería en una fiesta y las fiestas del barrio en una comida familiar... Hay también vidas melancólicas, instaladas en la añoranza de lo que probablemente nunca ha sido pero satisfechas de habitar un pasado que evita arriesgar en el presente o aliviadas de no tener que lidiar con el futuro. De todas estas formas de existencia —y de las que no caben en esta breve tribuna— hay muchas, son —somos— la inmensa mayoría… son los fueguitos tenues que iluminan nuestros pueblos y ciudades, las que densifican las veredas de la difícil convivencia cuando la mayoría somos ‘yoes’ y los ‘nosotras’ parecen extravagantes.

Y luego hay vidas para el común. Estas son las más raras. Las que conjugan la vida en plural, las que reman, siembran, empujan y alimentan el común sin ninguna certeza de éxito, con la absoluta seguridad de la sombra, con la plena convicción de la necesidad de hacer correr la savia colectiva. Hace apenas unos días se apagó una de esas luces que permiten confiar en la especie y, cuando esto ocurre, hay dos efectos inmediatos: una devastadora sensación de soledad ante la ausencia de quien alimenta la urdimbre y una enorme responsabilidad de caminar al ritmo de quien nos ha dejado para que la nascencia de los otros mundos necesarios no cese.

José Luis Pajares se fue como una rayo sin trueno: rápido, sin hacer ruido, dejando instalado el estupor de los propios la incomprensión de la herida en los extraños. Y su partida deja ausencia, vacío, desorientación. No es este un obituario. No. Tampoco se va a despeñar por su biografía. No. Esto es una advertencia: hay pérdidas que necesitan amparo, solidaridad, compromiso, pasos delante de varias para ocupar la huella de uno. ¿Quién o quiénes los darán? ¿Cuántas vidas ocuparán el espacio de quien tejió para luchar por derechos ajenos, de quien investigó para evitar nuestra amnesia colectiva, de quien cargó pancartas y legajos con un corazón maltrecho en lo físico y henchido de compromiso?

Caminar por Laredo ahora ya no es caminar por el mismo lugar… cuando una vida del común se ausenta tendemos a la burbuja o a la melancolía, a la hagiografía sin matices o al silencio estupefacto. Pero hay que caminar Laredo y Castro, Torrelavega y Ramales, Unquera o Santander, Cantabria entera, sembrando ese espíritu vehemente, comprometido, a veces malencarado —a la vida del común a veces hay que mirarla ceñudos—, inagotable, esencial que ha quedado flotando tras el adiós colectivo al compañero en un frío tanatorio donde la asepsia compite con el sucio dolor y la rabia.

Yo nunca fui amigo de Pajares —ni el tiempo ni la geografía lo hicieron posible— pero fui seguidor de su aliento. Sé lo que hizo y sé que se fue dejando semillas en el Colectivo Memoria de Laredo que el resto debemos abonar y cuidar, no permitir que la inmensa responsabilidad del común recaiga sobre unas pocas.

Intentaremos caminar a tu ritmo Pajares, intentaremos vivir —parafraseando al poeta de Orihuela— mientras el alma suene y estaremos dispuestos a morir, cuando la hora llegue, habiendo empujado la vida en el común unos pocos anhelos cumplidos más allá de donde tú la has dejado.