El tercer y quizá el último presupuesto de Cantabria entrará en vigor con cuatro meses de retraso tras un final feliz después de la escenificación de un desacuerdo que se zanjó de repente, con una inesperada reconciliación. Una maniobra de reanimación del PRC al Gobierno del Partido Popular que se precipitó por sorpresa. No vamos a malpensar que para satisfacer los intereses políticos personales de quienes lo rubrican más que los intereses públicos de todos los cántabros.

Nos dicen que se invertirá más dinero. Otra cosa es que sirva para las prioridades que necesitan los cántabros. En Sanidad, por ejemplo, se va a invertir más que nunca. Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria. Es más, ni siquiera están contentos los propios sanitarios. 

Hay, además, un contraste absoluto entre la gravedad con la que se toman los presupuestos en el ámbito político y la absoluta indiferencia que provoca en los ciudadanos. Tal vez porque las cuentas públicas no van a cambiar sustancialmente nada. Quizá haya un poco más de dinero para poder cortar algunas cintas inaugurales y colocar placas memorialistas antes de las elecciones de mayo del 27 en las que quedan grabados en letras doradas los nombres de los alcaldes, consejeros y presidentes. 

Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria

El pacto retrata la tibieza de las exigencias del PRC respecto a un Ejecutivo popular que ahora abraza la xenófoba 'prioridad nacional' para cerrar acuerdos de gobierno en otras comunidades y que aquí ya se aplicó al principio de legislatura. Cuando la presidenta Buruaga rechazó un centro de acogida para extranjeros en Camargo porque era mejor hacer algo -que no se ha hecho- para los de aquí. 

También se abraza a la ultraderecha cada vez que recurre la llegada de un menor extranjero a Cantabria. Lo hace con todos. Hasta se ha subido al carro de la mal entendida 'okupación' para justificar erróneamente la subida de los alquileres. Aunque los datos desmienten que sea un problema en Cantabria con cifras insignificantes, nuestros gobernantes insisten en el discurso del miedo.

El PRC hizo presidenta a Buruaga para evitar que pactase con Vox y neutralizar sus políticas ultraderechistas, pero ha resultado un rotundo fracaso. Paradójicamente el Partido Popular ha asumido sus discursos sin ninguna necesidad, lo cual resulta más inquietante. 

A su vez, es preocupante que los sucesivos acuerdos de los regionalistas pasen por alto estas cuestiones y algunas otras exigencias. A la privatización sanitaria -un procedimiento dudoso e incompatible con la defensa de la sanidad pública- se une la descarada impunidad urbanística ninguneando a los expertos de la comisión de urbanismo, y alentando a los ayuntamientos a ir más allá de la ley con ese llamamiento a no poner trabas a los alojamientos turísticos hasta en la línea de costa. Hasta se pretender aprobar el PROT por la puerta de atrás sin el consenso de los colegios profesionales.

La protección del territorio, el freno a la masificación turística y la vivienda son los verdaderos desafíos, que no se resuelven con algunas tiritas como el acuerdo salarial con los docentes, exigir que se paguen las subvenciones a los ganaderos o los cinco millones de euros para proyectos estratégicos, cuando el primero de ellos -el centro de datos Altamira- ya despierta notorios recelos porque ni siquiera tiene todavía el enchufe eléctrico que necesita.  

Aparcamientos de caravanas en los parques naturales, a los pies de la playa. Construcciones turísticas en suelo rústico. Mientras las personas que residen en Cantabria -esto ya no es una prioridad sino una emergencia- no pueden acceder a un alquiler ni comprar un piso. Un urbanismo prácticamente a la carta hace que Cantabria esté en riesgo de convertirse en un gigantesco escaparate turístico que deteriore su territorio y su paisaje natural. 

La aprobación de los presupuestos de manera tácita o indiferente bendice o encubre estas políticas. No cambia el rumbo. Quizá hubiese sido deseable algo más de ambición. 

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, llegó al cargo casi por casualidad, tras la salida en mitad de la legislatura de su antecesor, Íñigo de la Serna, que fue nombrado ministro de Fomento en los estertores del último Ejecutivo de Mariano Rajoy. A pesar de que había ocupado el número 2 en la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones municipales, su elección fue discutida internamente y hubo ciertas dudas sobre si la elegida iba a ser ella o el otro hombre fuerte de aquel equipo de gobierno del PP en la ciudad: el todopoderoso concejal de Urbanismo, César Díaz.

Aquel nombramiento fue escenificado en un acto en la sede del PP de Cantabria bastante surrealista, en el que los periodistas 'descubrimos' quién iba a tomar el bastón de mando y ocupar la Alcaldía de Santander durante los siguientes años cuando se abrió una puerta y apareció tras ella la sucesora designada, como si aquello fuera un programa de 'Lluvia de estrellas' o el casting de un reality show cutre de la época. Y no es que Gema Igual no tuviera experiencia municipal, porque ya para entonces llevaba nada menos que 13 años como concejala con responsabilidades en distintas áreas.

A partir de entonces, podríamos dividir estos casi diez años de Igual como alcaldesa de Santander en tres etapas: cuando le tocó defender el legado envenenado de De la Serna como 'heredera' natural de su reinado, cuando consiguió su primera victoria electoral —muy apurada, y con necesidad de un pacto con Ciudadanos que le resultó muy incómodo— y esta última legislatura con mayoría absoluta y plenos poderes, en la que se ha destapado su verdadera cara. No sé si por empoderamiento o por endiosamiento, pero el tono y las formas han subido varios niveles y tiene muy crispados hasta a sus acólitos más leales dentro del Consistorio.

La alcaldesa de Santander se ha convertido en este tiempo en la reina de las simplificaciones: sus discursos están plagados de disyuntivas tramposas que tienen como único objetivo trasladar siempre su responsabilidad a terceras personas. Un ejemplo de esta misma semana: “Me encantaría pagar más dinero a la Policía Local, pero a lo mejor tengo que subir impuestos para ello”, ha dicho sobre el conflicto laboral que mantiene con los agentes del cuerpo. Eso es lo que se llama un falso dilema o una falacia muy sencilla de desmontar. Presentar dos alternativas como las únicas posibles y excluyentes entre sí, vaya. Y a eso podemos jugar todos con la alcaldesa.

Podríamos decir que si la alcaldesa escuchara a los vecinos de Santander y fomentara su participación antes de tomar decisiones equivocadas, igual no tendría que “taparles la boca”, como dijo de los ciudadanos que protestaban por su proyecto fallido en el aparcamiento de Mataleñas. También podríamos decir que si Gema Igual no llevara 23 años de forma continuada en el Ayuntamiento de Santander tendría una carrera profesional fuera de la política y no sería responsable de lo que ocurre en la ciudad, como sucede ahora. Si hubiera una mayor planificación, el servicio de autobuses no estaría desbordado; si el servicio de limpieza funcionara, las calles no estarían llenas de ratas; si se ocupara del mantenimiento de las infraestructuras, no tendríamos la ciudad llena de lugares peligrosos. O si no hubiera mentido en su currículum y fuera maestra en lugar de dedicarse a la política, ahora no tendría que estar leyendo este artículo. Porque el condicional podemos utilizarlo todos.

Que un país tenga fuerzas militares parece lo normal, aunque hay ejemplos de estados que sobreviven sin ellas y no han desaparecido. Lo que no parece normal es que en tiempos de guerra, como los que vivimos, conociendo las brutales consecuencias para la sociedad civil —hemos pasado de un 10% de víctimas mortales civiles en la Primera Guerra Mundial al 80% de hoy en día—, y con consecuencias incalculables para el futuro, 15.000 personas hagan cola bajo el sol para subir a bordo de un portaviones —de guerra— que no es exactamente un portaviones —pero sí de guerra— donde, por no haber, no había aviones. Pero sí el olor a la guerra, que es para lo que se inventó el juguetito que ha sido pagado y mantenido con mis impuestos.

Podría parecer normal que la Armada aproveche la parada para hacer propaganda y captar entusiastas para grumetes, pero no parece muy normal que aprovechando la cola se instale un mercadillo de souvenirs nacionalistas que confunden un portaviones con una patria o una bandera con un compromiso teórico-emocional.

Es tan normal lo sucedido que puedo ver el vídeo de un periodista de un medio masivo que habla del “orgullo de nuestra Armada”, casi con el mismo entusiasmo con el que los supuestos periodistas deportivos hablan desde el hooliganismo sobre el equipo local. Es tan absurdamente normal que nadie se ha preguntado en Santander, durante la visita del “coloso” —una barquita al lado de los portaviones del imperio—, por qué el juguete de guerra lleva el nombre de un rey huido, que cada vez que abre la boca atenta contra la patria de la banderita y sobre el que pesan varios casos de corrupción que no lo han llevado a la cárcel porque han prescrito o porque es penalmente casi intocable.

Lo normal sería que hubiéramos salido a gritar un gran 'no a la guerra' —yo no lo hice—, pero lo normal también habría sido que los entusiastas de la cola nos hubieran corrido a gorrazos.

Lo normal sería que se hubieran hecho colas similares para asistir a los diferentes eventos programados por la Universidad de Cantabria bajo el título 'Guerra y dominación, heridas y reparación' o cada vez que hay una exposición donde es la belleza —no la guerra— lo que se ensalza. Lo normal sería que los/as (buenos/as) poetas sustituyeran a Blas de Lezo en el pabellón de las glorias nacionales o que los barcos de investigación científica o los laboratorios donde se buscan remedios para las enfermedades raras fueran el “orgullo de nuestra patria”. Lo normal sería que hubiera en las calles monolitos o monumentos en honor a aquellas personas que lograron un centro de salud para el barrio o a esas otras que denunciaron la corrupción a costa de su propia carrera o a estas que se empeñan en sostener las escuelas de folclore o los centros de educación popular.

Lo normal sería que pusiéramos el foco en lo importante, pero hay demasiada publicidad alrededor del ardor guerrero, de esos valores tan masculinizados relacionados con la batalla, la victoria e, incluso, la derrota —algo extrañamente endiosado en la casquería militar española—. No creo que las 15.000 personas (mal contadas) tengan la culpa de que los cines comerciales hayan mantenido la última versión de ese esperpento con nombre torrencial hasta el hartazgo o que los héroes que dan nombre a plazas y monumentos se hayan ganado tal honor en el campo de batalla o en las oficinas donde se decidía mandar a morir a decenas de miles de hombres que dieron su último aliento por la nada.

Lo normal sería lo deseable, pero lo normalizado, por desgracia, es lo que debería ser una excepción. Que Juan Carlos I respire tranquilo en su autoexilio de lujo: su nombre sigue engalanando el cascarón vacío que representa a la patria.

María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, ya amaga con lo que será a buen seguro el leitmotiv recurrente con el que el Partido Popular justificará uno de los mayores fracasos de la legislatura de este Gobierno. El Ejecutivo que preside se había comprometido a reducir sustancialmente las listas de espera, así como los tiempos de demora para los usuarios de la sanidad pública cántabra, pero, a falta de un año del fin de legislatura, los datos no solamente no constatan una mejoría, sino, como mínimo, una tendencia al enquistamiento de la lista de espera quirúrgica.

Cantabria ya es la tercera autonomía con mayor tiempo de espera medio para operarse, con 137 días. Solo por detrás de Andalucía y Cataluña en demora quirúrgica, la comunidad supera también la media nacional de 121 días. Según el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, correspondiente al segundo semestre de 2025, la tasa de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente en Cantabria era de 24,92 por cada 1.000 habitantes, por encima del 17,69 por millar de la media nacional.

Ante estos datos que presagian el estancamiento a futuro de la 'cola' para operarse, el PP ya sabe cómo justificarse: echándole la culpa a otros, en este caso, a la ministra de Más Madrid/Sumar, Mónica García. En un reciente cónclave cántabro-astur del Partido Popular, la presidenta Buruaga ya echaba la culpa a la ministra de este fracaso sin paliativos de los compromisos programáticos de los populares. A esto se le suele llamar 'ponerse la venda antes de la herida'.

Y sin embargo, dinero parece haber, lo que demuestra que lo público sigue siendo un complemento ideal de lo privado para convertir la profesión sanitaria, no en un medio legítimo para ganarse la vida, sino en un negocio antes de que todo estalle y acabe imperando la sanidad privada. Por de pronto, y en virtud de los acuerdos presupuestarios, se abonarán 43 millones de euros al personal sanitario por complementos.

A diferencia de lo que ocurrió con los docentes, los sanitarios en este caso no tendrán que esperar más de un año para ser 'actualizados' ni mucho menos tendrán que encerrarse en la Consejería cuyas puertas siempre tendrán abiertas. Se abrevian las fases para alcanzar el grado profesional y la financiación ya saldrá de algún sitio.

Las competencias sanitarias fueron asumidas por Cantabria hace años y el Partido Popular hizo de la eliminación de las listas de espera un caballo de batalla programático que reforzó su legitimidad como gobernante. El PP iba a acabar con las listas de espera. Echar ahora la culpa a la ministra en una materia cuya gestión es totalmente autonómica no tiene mucho sentido, máxime cuando, con el mismo argumento, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez podía haber acabado con la lista desde Madrid para reforzar al entonces Ejecutivo PRC-PSOE. No lo hizo por la sencilla razón de que es una materia difícilmente controlable desde Madrid al estar transferida la gestión.

No es fácil rebajar las listas de espera. Como ha aventurado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, cada vez la sanidad va a costar más con resultados paupérrimos. Como dice, y da a entender, el problema está en que la gente cada vez dura más, léase, que la gente se empecina en no morirse cuando debe, léase, cuando sería lo razonable, léase, cuando le supone más gasto a la sanidad pública.

Visto el escaso sentido del patriotismo público de los cántabros, que se empeñan en envejecer y hasta en enfermar con tal de crearle un problema a su Gobierno, la disyuntiva es clara: esperar la feliz venida de la sanidad low cost a 25 euros al mes, con las prestaciones igualmente low cost, o protestar, que es lo que queda. Dimitir es un verbo cuya conjugación solo es aplicable a los demás, está claro.

Ya no hay excusas ni paños calientes. Hay pruebas más que evidentes de cuál es el plan y no hay relato que sostenga a estas alturas la gestión política que se está haciendo del suelo en Cantabria. El PP ha pisado el acelerador en la recta final de la legislatura y va a apretar todos los resortes a su alcance en estos próximos meses para que la liberalización del terreno rústico sea una realidad incuestionable en la comunidad autónoma, si no lo era ya.

Se han quitado todas las caretas con las que habían tratado de enmascarar hasta ahora un objetivo irrenunciable para el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga: que no exista ninguna limitación para la construcción y se ponga a la venta hasta el último metro cuadrado de tierra disponible. Al mejor postor, por supuesto. Da igual que sea para segunda o tercera residencia que para el enésimo proyecto turístico.

Quedó lejos esa imagen bucólica con la que se trató de justificar la primera reforma de la Ley del Suelo, aludiendo al hijo del ganadero que se hace una casita al lado de sus padres para permanecer en el pueblo que lo vio crecer. Esto no va de luchar contra la despoblación, ni de facilitar la vida a los jóvenes que no pueden acceder al mercado de la vivienda libre. Son negocios. No hay nada detrás más que dinero. Otro ladrillazo a la vista.

Todas las decisiones que se han tomado hasta ahora van en la misma dirección. Primero, esa reforma (y contrarreforma) de la Ley del Suelo que abrió la veda a la construcción en suelo rústico en ciertos supuestos. Después, la Ley de Simplificación Administrativa que relajaba los trámites y aceleraba los procemientos en algunos casos llamativos, incluidos los terrenos que pertenecen a áreas protegidas o parques naturales. Ahora, con la aprobación exprés del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sin escuchar a los colegios profesionales involucrados y levantando las pocas restricciones que quedaban en vigor.

Y por si no fuera poco todo lo que se ha avanzado en la dirección contraria como auténticos kamikazes en esta carrera hacia ninguna parte —si el objetivo real fuera regular el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria en la que estamos inmersos— se sumó a toda esta normativa liberalizadora el decreto para las viviendas turísticas, que después de muchas demoras trasladó la responsabilidad a los municipios e impuso unos plazos larguísimos para su cumplimiento que aún así han necesitado de una moratoria para permitir un verano más de barra libre.

Es muy revelador un dato del que la Consejería de Turismo no ha querido 'presumir' demasiado: durante algo más de siete meses y medio, unos 1.000 propietarios iniciaron los trámites para regularizar su vivienda turística en Cantabria. En tan solo una semana, la que transcurrió desde que el Gobierno anunció la moratoria hasta que finalizaba el plazo para tramitar la legalización de las viviendas turísticas, fueron nada menos que 2.000 los que lo solicitaron. El doble en siete días.

Evidentemente, muchas de esas viviendas turísticas no cumplen siquiera los requisitos mínimos, pero podrán seguir operando con una paraguas legal con tan solo haber iniciado los trámites y hasta que no tengan una respuesta —favorable o desfavorable— que se puede demorar... durante años. Así se explica esta avalancha: en las trampas que se hace a sí misma una administración autonómica que no está dispuesta a poner coto a la turistificación de Cantabria.

La última vuelta de tuerca la ha dado la Consejería que dirige Roberto Media (PP), con competencias en Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda. Como algunos ayuntamientos no estaban siendo 'diligentes' en la autorización de usos turísticos para las viviendas construidas sobre suelo rústico con la nueva normativa que permitía hacerlo en determinados supuestos, siempre como primera residencia, ha dado la orden de que no pongan trabas. Solo falta la aprobación esta legislatura de la futura Ley de Vivienda de Cantabria para acabar de exprimir la gallina de los huevos de oro.

Okuda no tiene la culpa del carácter de nuestro tiempo. Okuda no tiene la culpa de la “espectacularización” de la cultura, de la “turistificación” del arte, ni siquiera del “ruido blanco” que pone en primer plano su obra de colorines. Okuda no tiene la culpa de que se haya acuñado el falso término de “industria cultural”, ni siquiera tiene la culpa de los buenos contratos que le ofrecen las autoridades políticas que llenan ciudades y pueblos de obras para el selfie o de carteles gigantes con el nombre de lo evidente por si alguien no puede identificar en un nanosegundo el pueblo de marras donde el instagramer se ha comido un cocido montañés —o donde, al menos, lo ha fotografiado—.

Pero la ciudadanía invisible tampoco debería ser la víctima de tanta estupidez que alimenta la masa visible con su “consumo cultural”, muchas veces sin criterio, casi siempre sin memoria. Anuncian ahora a bombo y platillo un “nuevo” proyecto cultural para la saturadísima ciudad de Santander, donde, en poco años, habrá más museos que centros de salud y más centros de interpretación que realidades que interpretar. Lo “nuevo” no es nuevo, es más de lo mismo. Arte sin memoria ni juicio, titular fugaz, recursos para turistas necesitados de agenda, lo llamativo sobre lo justo, lo espectacular sobre el sosiego. 

Será un éxito —si se llega a concretar en el Palacio Cortiguera—, porque queda mucho mejor una foto delante de un mural barroco-postmo lleno de color que ante un pedazo de hueso intervenido por un ser humano prehistórico. Sin duda. Pero la pregunta es qué factura social nos dejará esta tontería de lo llamativo.

Anuncian a bombo y platillo un "nuevo" proyecto cultural para la saturadísima ciudad de Santander, donde, en poco años, habrá más museos que centros de salud y más centros de interpretación que realidades que interpretar

Mientras alguien ha tenido la feliz idea okudesca —y él no tiene por qué negarse a los 15 minutos de fama— dejamos en el camino a los artistas que marcan la historia contemporánea de la creación en Cantabria. Las obras de Jesús Otero se pierden en el magma urbano, no hay un espacio que muestre el increíble impacto nacional e internacional del trabajo de Agustín de Celis o de Gloria Torner o de José Ramón Sánchez o de la mismísima María Blanchard.

Damos con palmas en las orejas por la prometida exposición de la Colección Gelman, pero desconocemos nuestro increíble patrimonio artístico; nos arrodillamos ante cada anuncio espectacular pero muchos de los esfuerzos de la Consejería de Cultura para mostrar la calidad enraizada quedan opacados por el nuevo columpio gigante, el nuevo faro pintado o el teleférico de turno porque eso atrae masas gustosas de tomar foto.

No se trata de rechazar las inversiones culturales, lo que considero es que debemos frenar y pensar de qué cultura hablamos, qué necesita una sociedad para mantener el hilo de la memoria y del sentido. El arte no puede ser un pañuelo de papel que una vez pasado su ciclo termina en la papelera o un señuelo para turistas sin referencias.

Cuando se invierte dinero público en recursos culturales debe estar justificado y, en materia de arte, está bastante claro cuando una obra trasciende al o la creadora y se convierte en patrimonio de una sociedad. Okuda no tiene la culpa de que su novísima aportación al street art aún no haya entrado en esa categoría que se cocina en el fuego lento que niegan las decisiones políticas sin sosiego. El nuevo proyecto que se atreven a anunciar —sin hablar, por cierto, de la inversión de dinero público que supondrá— probablemente no acontezca. Y Okuda no tendrá la culpa, pero sí aquellos que creen haber tenido una brillante —y colorida— idea.

Las manos que levantan, lavan, visten, dan de comer, acompañan y apoyan, pero también a menudo limpian, cocinan, hacen la compra y cuidan la ropa a nuestros mayores y dependientes se han visto abocadas a sostener pancartas de huelga. Son esas mujeres que merecen un monumento pero obtienen precariedad cambio de su trabajo esencial. El conflicto de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a la Domicilio (SAD) en Cantabria pone rostro —triste y vergonzosamente— a una crisis de cuidados desatendida por las instituciones que lleva décadas gestándose en una Cantabria con población envejecida que necesita cuidados por demás. 

Entre licitaciones a la baja y empresas multiservicios, mientras el Gobierno habla de eficiencia, ellas reclaman un convenio justo y denuncian el abandono de un sistema de dependencia que ha convertido un derecho esencial en un negocio de gestión indirecta. Porque hace dos años largos desde que el gabinete de Buruaga se propusiera reorganizar el SAD y la atención a cuidadores familiares con el objetivo de lograr “más agilidad y eficiencia”, pero lo que ha ido ocurriendo de hecho forma parte de un modus operandi que desemboca en esta necesaria huelga: la reorganización pasó de querer “evitar duplicidades” a multiplicar despidos que dejaban el servicio cojo, a acumular incumplimientos del contrato de licitación y, en general, maltrato a las trabajadoras y abandono de las personas dependientes, víctimas finales de toda visión técnica y deshumanizada de los cuidados.  

Las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas

A las denuncias sobre el retraso de hasta un año en la atención —seis meses en la tramitación y dos, cuatro y hasta otros seis de demora por mala gestión, según testimonios recogidos por Cantabria No Se Vende—, las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas propuestas por estas empresas, que gestionan servicios de atención buscando beneficios puramente económicos, lo que explica la situación. Es lo que ocurre cuando ofreces sueldos que no llegan al salario mínimo, jornadas parciales que dificultan la conciliación, grandes desplazamientos con vehículo propio para una hora y media de servicio, falta de reconocimiento de enfermedades laborales y nula protección frente a los riesgos físicos y emocionales asociados a una labor sensible con un ritmo de trabajo que genera, con cierta regularidad, problemas de ansiedad.  

Por todo ello, nuestras trabajadoras del SAD han puesto pie en pared. El colectivo, que atiende a más de 4.000 dependientes en Cantabria, reclama un convenio autonómico y el reconocimiento como servicio público esencial de su trabajo, desde una fuerte y clara consciencia de que si ellas paran, lo sufrirán, ante todo, los usuarios. 

Y no es una cuestión de siglas, sino de modelo, concretamente de modelo neoliberal. Porque no ha sido solo el PP quien ha ahondado en la tendencia privatizadora de este trabajo tan esencial, entregando un área de alta sensibilidad al ámbito del negocio puro y duro. El gobierno del PRC-PSOE privatizó la ayuda a domicilio sacando a licitación el servicio, lo que supuso precarizar unas condiciones de trabajo ya precarizadas, porque las empresas (entonces la UTE QSAD) querían presentarse al concurso en condiciones cada vez más ventajosas. Gota a gota, entre unos y otros, han ido adelgazando el sistema para desgracia de sus usuarios, la personas dependientes, y sus familias.  

Lo dije hace tiempo y, por desgracia, no me queda sino seguir repitiéndolo: es importante romper el ‘techo de cristal’ para mujeres que desean llegar a puestos directivos, pero lo es incluso más acabar con el ‘suelo pegajoso’ al que están abocadas mujeres que realizan unas tareas tan desagradecidas y silenciosas como fundamentales, las tareas de cuidados. Cuidar a las que cuidan. Se trata de un sector feminizado ergo, precarizado y depauperado y en el que se dejan la piel, especialmente, mujeres migrantes, muchas chantajeadas por el miedo a perder un contrato que facilita la residencia. En este mundo al revés de los valores en que vivimos, quienes hacen las tareas más importantes para el sostenimiento de la vida reciben un trato indecente. La feminización y minorización del trabajo doméstico y de cuidados son inversamente proporcionales al inmenso valor social de las tareas más esenciales para la vida.

El índice Derechos, Economía y Cobertura (DEC) elaborado por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, que describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012, ha calificado de “irrelevantes” los Servicios Sociales de Cantabria, que obtiene la nota más baja de toda España con un 4,16 sobre 10. Según este informe, la Comunidad Autónoma tiene una “tendencia acusadamente descendente” en el desarrollo de sus servicios sociales desde 2013, lo que incluye estructuras básicas de servicios sociales como la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. 

El SAD es el ejemplo más claro de pérdida de calidad por externalización. Los ayuntamientos, financiados en parte por el Gobierno autonómico, delegan este servicio en empresas, a menudo multiservicios, lo cual ha provocado constantes quejas sindicales por la precarización de las trabajadoras. Pero es que al tiempo, se ha renunciado a la creación de una infraestructura pública, dejando que el mercado privado más ávido de meter la mano en el Estado de Bienestar cubra las necesidades de una población muy envejecida. Vivimos en una sociedad lo bastante absurda como para poner los cuidados en manos empresas que lo mismo te gestionan un residuo urbano o una zona ajardinada que la asistencia domiciliaria. 

La privatización de la dependencia en Cantabria, ejecutada mediante conciertos con empresas privadas y el estancamiento de la red pública, ha convertido un derecho social en un nicho de mercado. Esta gestión indirecta agrava la crisis de los cuidados, al desplazar la responsabilidad del Estado hacia familias agotadas y empleos precarios. Mientras el sistema priorice el beneficio empresarial sobre la atención directa, la falta de una infraestructura pública sólida dejará a los más vulnerables a merced de la desigualdad económica. Solo una apuesta por la gestión pública directa podrá garantizar que cuidar y ser cuidado no dependa del código postal o la cuenta corriente.

Eran otros tiempos. En aquel momento vivíamos inmersos en la gran crisis económica y financiera que asoló a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se desbocó, los problemas de vivienda eran acuciantes, con los desahucios en el centro de la agenda social, y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se rendía a la evidencia cuando ya fue imposible poner más eufemismos sobre la mesa y hablar de “desaceleración” sonaba a chiste macabro.

Fue en aquellos años finales de la legislatura que desembocaron en la mayoría absoluta del Partido Popular de Mariano Rajoy cuando el Ejecutivo socialista se sacó de la chistera el bautizado como Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, —en su forma abreviada y más coloquial—, Plan E o Plan Zapatero. Se canalizaron ingentes cantidades de dinero público hacia la construcción, fundamentalmente a través de los ayuntamientos. Obras, obras y obras por todos los lados con el objetivo de taponar la sangría de personas en el desempleo y el frenazo de una economía ligada al ladrillazo.

Fueron casi 30.000 proyectos y más de 8.000 millones de euros. Vimos cómo se alquitranaban calles que, aparentemente, estaban en buen estado. Cómo se levantaban aceras que, de no ser por la necesidad imperiosa de poner dinero público en circulación, no se hubiesen tocado. Parques, mobiliario urbano, centros de interpretación, infraestructuras de todo tipo para las que una vez construidas no había un futuro previsto. Ese plan pasó al imaginario colectivo por los carteles enormes que acompañaban a cada pequeña intervención de nuestros pueblos y ciudades. Tenía que quedar bien claro quién pagaba, cuánto costaba y lo importante que era poner esa obra en marcha.

Cuando han pasado casi dos décadas de aquella locura colectiva en la que nos vimos inmersos, no puedo evitar que me venga a la memoria ese Plan E cada vez que escucho a nuestra clase política hablar de los fondos europeos que se aprobaron tras la pandemia de la COVID-19. Especialmente, en lo relativo a los planes de sostenibilidad turística —con ese oxímoron que supone hablar de sostenibilidad y turismo— que han sido otorgados con gran ligereza. Desde luego, no tienen el mismo impacto ni suponen la misma inyección económica que aquellos proyectos del Plan Zapatero, pero sí comparten una misma filosofía común que roza el despilfarro. Y como entonces, pondrán en apuros a muchas administraciones, incapaces de gestionar esos fondos con una mínima coherencia.

En el caso de Cantabria, están aprobados nada menos que 19 planes de sostenibilidad turística con más de 500 actuaciones en 46 municipios por una cuantía que ronda los 60 millones de euros: Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Noja, Arnuero, Comillas, Ribamontán al Mar, Santoña, Suances, Medio Cudeyo, Valderredible, Santillana del Mar, Reocín, La Engaña, Saja-Nansa, Liébana y Peñarrubia, Alto Asón, Los Valles... La lista es larga. La cantidad de ocurrencias que hacen pasar algunos por “sostenibilidad turística”, mucho más. Funiculares, tirolinas gigantes, vías ferratas, paneles informativos, 'cacharritos' smart... y muchísima propaganda.

Esta semana hemos conocido el primer pinchazo a la burbuja: el alcalde de Suances ha tenido que renunciar a 3,4 millones de euros que tenía concedidos por la incapacidad de llevar a cabo los proyectos dentro del plazo previsto, que finaliza este próximo mes de junio. Para hacernos a la idea del agujero, ya con actuaciones en marcha que ahora habrá que pagar de otra manera, esa cantidad supone más de un tercio del presupuesto anual del Ayuntamiento y multiplica por diez las inversiones municipales previstas para este año 2026. Es el primero, pero no será el último. El goteo será constante a partir de ahora. La improvisación ha sido tal que les va a pasar por encima a casi todos.

Los museos han sido, históricamente, algo más que continentes de arte. Se han utilizado para demostrar el poder (desde la National Gallery al Louvre, pasando por El Prado), para honrar a los próceres de los estados dominantes (desde el Museo de Jacques Chirac al todavía por inaugurar Centro Presidencial Barack Obama) o para aquilatar narrativas (como el Museo Nacional de Antropología de México o el Museo de América de Madrid). Pero desde hace unos años, también han servido para alimentar la caníbal industria del turismo y la necesidad enfermiza de muchos turistas de tener agenda más allá de caminar el lugar que visitan.

Santander es una ciudad interesante. No históricamente, porque tras el incendio de 1941 se construyó un centro de ciudad frío, homogéneo y aburrido. Pero su situación geográfica, su abrumadora Bahía y la cercanía de destinos rurales y culturales más que atractivos, la hacen un gran punto de interés turístico. No era suficiente. A la oferta gastronómica —cada vez menos cántabra para satisfacer a un turista tan global como temeroso de lo local— había que sumar algo más. No era suficiente el Museo Marítimo del Cantábrico —de dimensiones humanas y poderoso esfuerzo local desde sus orígenes con Casado Soto al frente—, no quedamos satisfechos con recuperar un MAS de cuyo incendio jamás hubo responsables, no nos valía con las diferentes propuestas del Puerto de Santander o con las aún novísimas y cuidadas Naves de Gamazo… Había que hacer un ejercicio de poderío para competir con ciudades como Málaga o con los propios fantasmas provincianos que envidiaban a Bilbao o a la capital del reino.

En los próximos meses años competirán entre sí, en esta pequeña capital de provincias, el Centro Botín —contenedor de algo que no se ha apropiado ni la ciudad ni la comunidad—, el proyecto Faro Santander (otro museo, pero con nombre curioso e inmensas ínfulas), el MUPAC —el único museo que se debía Cantabria a sí misma, pero al que le han pegado una joroba en forma de edificio administrativo ajeno a la preservación y difusión del patrimonio prehistórico— y la sede del Reina Sofía con la colección privada que hemos comprado a buen precio entre todas y todos.

La desproporción entre esa oferta y el tamaño y la realidad cultural de la ciudad es evidente y brutal, pero parecemos felices ante esta exhibición de músculo innecesaria mientras los dineros disponibles para estimular la creación, la formación y la difusión cultural en la ciudad siguen estando en el rango de la mendicidad cultural habitual.

Pasará, probablemente, como en el ámbito musical. Dedicando millones de dinero público durante años al FIS, al Concurso Internacional de Piano o a la construcción de esa herida llamada Palacio de Festivales, pero sin un conservatorio superior de música donde creemos capacidades locales a la medida de esos megacontenedores culturales.

Santander, por tanto, está condenada a ser un zoco para comerciantes del arte —ya lo es— o a ser una ciudad museo en la que sus habitantes más jóvenes en lugar de pintar o de crear instalaciones artísticas estarán condenados a ser camareros, vigilantes o guías de lo que otros crean.

¿Podrían tener sentido estos megaproyectos? Sí, siempre que fueran en paralelo a una inyección de dinero y creatividad equivalente a la hora de estimular la formación, la creación y la difusión de cultura desde esta misma ciudad y desde la comunidad de la que es capital. Mientras tanto este aluvión museístico solo nos impondrá nuevas dinámicas urbanas y comerciales, y concluirá con dos horizontes posibles: el de la Málaga saturada de turistas que los necesita tanto como los odia; o el de La Coruña, que ve como proyectos con ínfulas como el Museo Domus se cae a pedazos porque la ciudad no daba para más megacontenedores culturales o científicos.

¿Podrían tener sentido estos museos y centros de arte? Sí, si hubiera algún tipo de debate sobre su propuesta, sus formas y sus conexiones con la ciudadanía. Pero no la hay. En un mundo en el que las personas expertas en museografía se están replanteando todo, parece que aquí no nos planteamos casi nada.

Me quedo, casi, con lo que escribió Paul Valéry en 1923. Lo admirable o lo espectacular no tiene por qué estimularnos ni hacernos mejores. “No me gustan demasiado los museos. Hay muchos admirables, con nada deleitable. Las ideas de clasificación, conservación y utilidad pública, que son justas y claras, tienen poca relación con los deleites. Al primer paso que doy hacia las cosas bellas, una mano me arranca el bastón, un rótulo me prohíbe fumar. Enfriado ya por el gesto autoritario y el sentimiento de coerción, penetro en alguna sala de escultura donde reina una confusión fría”.

Que la fría y acromegálica propuesta museística de Santander no nos sumerja más aún en esa fría confusión y que la ciudad no quede fosilizada como decorado en Google Maps de unos edificios que jamás habitaremos.

Hay algo curioso en que una ciudad tan morigerada como Santander tenga una pasión tan extraordinaria por sobreactuar.

Tras el trágico accidente de El Bocal, que se recordará como se sigue recordando el derrumbe del Hotel Bahía o el desplome de la fachada del Hospital Valdecilla, el Ayuntamiento de Santander ha arramplado con todas las existencias mundiales de bandas de plástico y ha empezado a sobreactuar, no sea que alguien piense que no se preocupa por el mantenimiento de las cosas (cosa que efectivamente todo el mundo piensa y seguirá pensando).

Ahora, como en los cuadernos infantiles, se podrá seguir por la ciudad el curso de una infinita línea discontinua, en la que se alterne el blanco con el rojo o el azul, girar con garbo para esquivar baldosas rotas, detenerse unos segundos para admirar instalaciones inestables o terrazas precintadas, bordear metros y metros de sendas que antes solo conocían los lugareños y frenar en seco ante un frente marítimo vallado.

Es de esperar que el equipo de gobierno se venga arriba en cualquier momento y empiece a exhibir el suficiente y frenético celo como para precintar el acceso a los grupos municipales de la oposición, las sedes de los sindicatos de clase y las oficinas de los medios de comunicación… paso previo de balizarse a sí mismo.

Sin embargo, aparte de la sobreactuación, tengo el convencimiento de que todo queda en eso, que lo importante no es tanto arreglar el desperfecto, sino marcarlo para que todos tengan claro que no ha pasado desapercibido.

Así, el ganador de esta 'gymkana' por la ciudad no será el que mejor la mantenga, sino aquel que la convierta en una instalación de Christo o la deje cubierta con más cintas de balizamiento y etiquetas adhesivas que a la momia de Tutankamón.

Lo demás es cosa del servicio.

La efervescencia de la primavera ha estallado con virulencia en lo político porque la placidez con la que ha discurrido una legislatura, sobreviviendo a golpe de herencias y ocurrencias, necesita carburante para la batalla final de las elecciones del año próximo. En unos días el Gobierno de Cantabria se ha liquidado el presupuesto y el PROT, el plan de urbanismo y ordenación del territorio que se ha colado por la puerta de atrás en la víspera del puente de Semana Santa. Todo ello con una precipitación que invita al recelo. O, cuando menos, al desconcierto.

Mientras los prados se siembran de margaritas que desperezan sus pétalos al sol, se ha tenido que improvisar a todo correr un acuerdo de presupuestos con el PRC, probablemente para eludir una orden de Génova –aún habitan la sede 'negra'– de pactar con Vox en sintonía con otras comunidades. Y eso que contra Vox no tienen ningún remilgo ideológico, simplemente es falta de sintonía personal con su lideresa local, Leticia Díaz, que compartió anterior Gobierno con la propia presidenta Buruaga.

El pacto de presupuestos ha sido tan apresurado que ni siquiera se han molestado en justificar y vestir la marcha atrás. Nadie conoce las verdaderas razones del repentino cambio de timón. Pero más allá de este giro de guion, la legislatura agoniza en la indiferencia. Se han consumido casi tres años en quitar más puertas al campo para sembrar lo rústico de establecimientos turísticos y piscinas, toros en los pueblos para combatir la despoblación, una privatización millonaria de servicios sanitarios durante dos décadas y cien millones de euros más –consignados en este nuevo presupuesto– para la Sanidad. Con la paradoja de que cada vez nos cuesta más que el servicio sea peor.  

También se ha pisado el acelerador en la aprobación inicial del PROT. Un documento que apareció repentinamente de la nada, que nadie sabe quién lo ha hecho, cómo, ni cuándo, y que se ha aprobado –inicialmente– a golpe de autoridad política en la comisión de urbanismo que, al parecer, no pinta nada. Como ha dejado claro el testimonio de los representantes de tres colegios profesionales –arquitectos, geógrafos y agrónomos– que se han negado a votarlo porque se les convocó el día antes del puente de Semana Santa sin tiempo para estudiar el documento. Demasiadas prisas y poca transparencia. Dos ingredientes que invitan a la alarma.

El mismo día que la NASA lanzaba un cohete a la luna, el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), decía que la aprobación inicial del PROT “es un momento verdaderamente histórico”. A lo mejor se ha excedido un poco en la épica discursiva que, por otro lado, es ya un adjetivo de uso común, hasta manoseado, en la dialéctica discursiva del Gobierno de Cantabria.

Es histórica cualquier primera o última piedra, la bajada de impuestos del principio de legislatura o el proyecto del Centro de Datos que sigue sin 'enchufe'. Hasta en la cena de Navidad de los populares: “Hemos hecho historia al recuperar Cantabria para el PP”, dijo una eufórica Buruaga. Efectivamente, todo queda para la historia. Otra cosa es que se recuerde en generaciones venideras con tanta efusión y alborozo como el presente.

En cualquier caso, las prisas del consejero por aprobar el PROT no pueden sacrificar el contenido del documento. No basta como justificación que hace 20 años que debería estar aprobado y colgarse una medalla al mérito para la próxima campaña electoral. La importancia del futuro de Cantabria merece un trabajo riguroso, plural y transparente.

Tal vez lo más ridículo es que después del escándalo que supone que los colegios profesionales se nieguen a participar en la pantomima de aprobación del Plan, el consejero ha replicado que gracias al PROT “el sobao y la quesada se incoporarán a la ordenación territorial futura de nuestra comunidad”. A ver quién reniega de un PROT que les declarará Bien de Interés Inmaterial. Ya podían aplicar la misma protección a los datos de los 51.000 voluntarios cántabros del proyecto Cohorte que van a ceder a una farmacéutica estadounidense.

Es duro ver una protesta de trabajadoras atravesadas por la invisibilidad. Estoy seguro que es un poder que las trabajadoras del Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) no desean. Cobran poco, trabajan mucho, se desplazan en sus vehículos cobrando un kilometraje desfasado hace dos décadas y, ante todo, están desamparadas por los múltiples escudos sociales de los que presumimos. Nos interpelan los ganaderos con sus flamantes tractores, las y los docentes con sus salarios dignos congelados desde la anterior crisis económica —si es que algún día terminó—. Nos enternecen los pacientes con enfermedades raras y, alguna vez —pocas— pensamos en quienes hacen trabajos poco agradables pero imprescindibles para la sociedad. Pero dudo que la mayoría de la población sepa qué significan las siglas SAD y quienes las sostienen.

En Cantabria, según el Ministerio de Derechos Sociales, hay 102.326 personas que, potencialmente, pueden tener una situación de dependencia según determina la ley. Esas estadísticas nos indican que, en febrero de 2026, había 17.914 personas con alguno de los tres grados de dependencia reconocidos y, al menos, 1.308 personas tenían derecho a SAD, pero son muchísimas más, ya que esta competencia es de los ayuntamientos y, solo en la ciudad de Santander, al año, hay unas 1.100 personas que reciben servicios de ayuda domiciliaria.

Las personas, las mujeres, que prestan estos servicios, aquellas que cuidan de quienes más lo necesitan son trabajadoras maltratadas por la legislación, por las empresas que las contratan y por la sociedad que las ignora. Realmente, el pasado lunes 30 de marzo, esperaba a cientos de ciudadanos frente al Parlamento de Cantabria acompañando a la veintena de auxiliares del SAD que portaban sus pancartas para pedir, simplemente, que dejen de explotarlas.

Cuando uno lee sus reivindicaciones también imaginaría que toda la sociedad se debería volcar para que se consigan. Por básicas, por decentes, por necesarias. Miren ustedes: actualizar el kilometraje de los pírricos 0,18 euros/kilómetro hasta los 0,26 euros/kilómetro; un nuevo plus de desplazamiento; otro plus por desgaste de herramientas derivado del uso del vehículo propio; un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional; el reconocimiento profesional de las auxiliares como personal sociosanitario; recuperar un modelo de gestión pública del servicio y su municipalización; y el reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedades profesionales.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente

“Un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. La situación es tan dramática que muchas de ellas no llegan al SMI y en la sopa de siglas lidian con enfermedades laborales no reconocidas, con rascar tiempo a sus vidas porque el transporte de una casa a otra no es contemplado por la mayoría de empresas como parte de su jornada laboral y con un trato vejatorio que no contempla su tarea como parte de un hipotético sistema integral de cuidados.

Claro, comparar es odioso, pero es duro ver como otros sectores privilegiados —por sus estudios o por el prestigio social de su profesión— realizan duras huelgas para exigir sus legítimas reivindicaciones y, al tiempo, ver como estas mujeres no dejan su tarea para pedir que, al menos, se les reconozca lo mínimo.

No sé cómo convencer a los lectores de la necesidad de apoyar estas reclamaciones. Solo se me ocurre apelar al sentido común: maltratar a quienes cuidan de las personas más débiles es una mala idea a futuro. Pasa igual con muchas de las personas migrantes sin la documentación legal adecuada que trabajan en el cuidado de mayores o de infancia; pasa algo similar con las trabajadoras —casi todas mujeres— de las residencias de mayores o de los centros de día.

Yo, que trabajo con y para personas mayores, escucho habitualmente que si se pagara lo justo, el sistema sería inviable. La respuesta es sencilla: una sociedad decide a qué dedicar su dinero y eso define su espíritu, su alma. Ahora, impulsados por los matones y presionados por la OTAN, España gasta un 2% de su PIB en Defensa —es más, pero parte del gasto está camuflado—. Pero los datos nos indican que en España en 2025 solo invertimos en cuidados de larga duración entre el 0,9% y el 1% de nuestro PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,8%) y a una gran distancia de los países del norte de Europa, que invierten entre el 3% y el 4%.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente. Esta máxima se aplica a todos los niveles de la administración: el estatal, el autonómico y el municipal. Es tiempo de cuidar a quien nos cuida. ¿Se apunta?

Lo ocurrido en Santander no es una anécdota ni una cuestión menor de agenda municipal. Es una decisión política consciente del Partido Popular: utilizar una institución pública para cuestionar derechos fundamentales y señalar a quienes los ejercen. Y conviene nombrarlo con claridad, porque solo así puede entenderse la gravedad de lo que está en juego.

La iluminación de la fachada del Ayuntamiento y la programación impulsada junto a organizaciones “provida” no son gestos simbólicos inocuos. Son la expresión de una agenda ideológica que el Partido Popular está trasladando al espacio institucional, utilizando recursos públicos, símbolos comunes y la legitimidad democrática para erosionar la autonomía de las mujeres y de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. No estamos ante un ejercicio de pluralidad, sino ante una toma de partido desde lo público contra derechos reconocidos por la ley.

Este tipo de actuaciones desmonta, además, el relato que el propio Partido Popular y la Concejalía de Igualdad han intentado sostener en los últimos años: el de una supuesta defensa de los derechos de las mujeres. Porque no hay política de igualdad posible cuando se legitima a quienes trabajan activamente para limitar la capacidad de decidir. No se puede hablar de derechos mientras se cuestionan en la práctica. No se puede sostener una imagen de respeto institucional mientras se da cobertura a discursos que históricamente han servido para controlar, culpabilizar y disciplinar a las mujeres.

Las instituciones democráticas tienen un mandato inequívoco: garantizar derechos, no someterlos a disputa ni actuar como altavoces de quienes pretenden restringirlos. Cuando un gobierno municipal, con mayoría absoluta del Partido Popular, decide alinearse con organizaciones que cuestionan la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia, está enviando un mensaje profundamente preocupante: que esos derechos, aunque legales, no son plenamente legítimos. Y convertir en discutible lo que es un derecho es el primer paso para debilitarlo.

No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo

Porque de eso se trata. No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, de las personas gravemente enfermas que reclaman una muerte digna, de quienes necesitan saber que las instituciones están de su lado y no en su contra. Cuando el Partido Popular utiliza el Ayuntamiento para cuestionar esas decisiones, introduce estigma, genera inseguridad y erosiona la confianza en lo público como espacio de protección.

Además, no estamos ante un hecho aislado. Este tipo de iniciativas se inscriben en una estrategia política más amplia que busca desplazar el marco de los derechos, reabrir debates que estaban resueltos y normalizar posiciones regresivas bajo una apariencia de institucionalidad. Se trata de un movimiento calculado: no derogar abiertamente derechos, sino debilitarlos, cuestionarlos y rodearlos de un clima social que los vuelva más frágiles. Y en ese proceso, las instituciones se convierten en herramientas clave.

El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna

La calidad de una democracia no se mide solo por la existencia formal de derechos, sino por el compromiso activo de las instituciones en garantizarlos. Y en ese sentido, la autonomía personal ocupa un lugar central. Sin autonomía no hay libertad real, y sin libertad no hay igualdad posible. El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna. Está reconocido en la ley y forma parte del núcleo irrenunciable de los derechos fundamentales.

Por eso es especialmente grave que el Partido Popular utilice las instituciones para cuestionarlo. No es neutralidad, no es pluralidad: es gobernar contra derechos. Es convertir el espacio público en una plataforma ideológica al servicio de quienes pretenden limitar libertades. Es, en definitiva, una forma de violencia institucional que, aunque no siempre se nombre así, tiene efectos reales en la vida de las personas.

Cuando esto ocurre, las instituciones dejan de ser garantes para convertirse en actores de parte. Dejan de representar a toda la ciudadanía para representar solo a una parte. Y en ese desplazamiento, lo que se debilita no es únicamente un derecho concreto, sino la propia idea de lo público como espacio común, como lugar de protección, como marco de convivencia basado en la igualdad y el respeto.

Frente a ello, no cabe la equidistancia ni el silencio. Los derechos no se sostienen por inercia, ni están a salvo de retrocesos. Requieren defensa activa, especialmente cuando son cuestionados desde las propias estructuras que deberían protegerlos. Señalar estas prácticas, denunciarlas y exigir responsabilidades forma parte de esa defensa democrática.

Porque lo que está en juego no es una fachada iluminada ni una jornada puntual. Es si aceptamos que un gobierno, en este caso del Partido Popular, puede utilizar las instituciones para atacar la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir de las personas más vulnerables.

Y eso, sencillamente, no es compatible con una democracia que se pretenda digna de tal nombre.

Hay pocas instituciones con mayor prestigio y reputación social en Cantabria que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Por no decir que ninguna otra cuenta con el respaldo y el consenso ciudadano respecto al trabajo que desarrollan sus profesionales en el centro sanitario, que podríamos calificar casi de 'orgullo' autonómico. Se le ha denominado en muchas ocasiones como la joya de la corona de la sanidad pública con razón y actúa por tanto como un referente que aglutina a su alrededor esa pátina de respetabilidad tan difícil de alcanzar en tiempos de polarización creciente.

Y esa imagen tan positiva que acompaña a Valdecilla a lo largo de los años se traslada también a sus proyectos y a otras entidades vinculadas o dependientes, como el propio Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL) que impulsa el programa de investigación biomédica Cohorte Cantabria, acogido con tanto entusiasmo por la población que ha llegado a sumar en poco tiempo más de 51.000 voluntarios y voluntarias que participan altruistamente, cediendo sus datos personales y de salud para contribuir en el desarrollo de esta iniciativa puntera. Alcanza aproximadamente al 20% de los cántabros con edades entre 40 y 70 años, nada menos, con una penetración difícil de imaginar en otros ámbitos.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las dudas, sospechas e incertidumbres que rodean a este programa no dejan de crecer y empiezan a hacer mella en la sociedad. Primero fue por las declaraciones del consejero de Salud, César Pascual (PP), que habló abiertamente de la colaboración público-privada que tanto le gusta en un foro con empresas del sector de la biomedicina, donde presumió de contar con información de gran valor gracias a esta recogida masiva de datos. A pesar de negarse a sí mismo poco después, con cierta condescendencia por su parte, no había transcurrido ni un mes cuando anunció un convenio con una gran empresa farmacéutica estadounidense con sede en Boston y propiedad de uno de los mayores fondos de inversión del planeta, que utilizará esas muestras recogidas por Cohorte para sus investigaciones privadas.

Aquí es donde ya han saltado todas las alarmas. Según han advertido sus responsables, Cohorte maneja una combinación con más de 1.500 variables de datos de salud de los voluntarios, pero también datos geográficos, demográficos e incluso catastrales, con un análisis “de máxima finura” molecular que tenían el objetivo de “comprender con mayor profundidad por qué algunas personas desarrollan determinadas enfermedades, cómo evoluciona el riesgo a lo largo del tiempo y qué factores biológicos influyen en esa evolución”, entre otros aspectos. Y si los cántabros se prestaron a ello es por el aval científico de Valdecilla y la seguridad que aporta el sistema público de salud, muy lejos de los estándares y la confianza que reporta una farmacéutica privada de un tercer país como Estados Unidos.

Hasta ahora, tanto los responsables médicos del proyecto como el consejero de Salud han reaccionado cuestionando personalmente a los críticos, tachando de insidias las dudas planteadas, pero siguen sin entrar al fondo del asunto. “Es muy complejo de explicar” no puede ser nunca una respuesta válida ante las preguntas que lícitamente hacen muchas personas que confiaban en Cohorte. “No hay cesión de datos de los voluntarios a ninguna farmacéutica, sino que se compartirán de forma controlada y anónima”, ha sido la explicación más precisa hasta la fecha, por contradictorio que parezca este argumento. Es urgente que se actúe con total transparencia, que hagan públicos los acuerdos alcanzados con empresas o entidades externas y se esfuercen por ser más didácticos si pretenden recuperar la confianza de las miles de personas que se involucraron en esta iniciativa.

Un día nos levantamos con un apagón total y el mundo parece fundirse en negro; al terminar el 'suceso' la algarabía se mezcla con las quejas airadas. Otro día unos jóvenes mueren batidos por un mar furioso después de que un puente sin dueño cediera a la desidia; la indignación —razonable— de las personas se traduce en la performance ya sin efectos de una manifestación (más). En medio un bombardeo, dos bombardeos, mil bombardeos; surge una nueva plataforma que propone concentrarse para ponerse en el lado moralmente decente de la Historia. Mientras, un acuerdo comercial de la Unión Europea y los agricultores y ganaderos se dan cuenta de que sus carísimos tractores último modelo quedan bien colapsando las ciudades para denunciar la coyuntura, aunque su problema tiene más que ver con la estructura.

La lista podría ser infinita porque parte de la estrategia de la desinformación es la fragmentación de la realidad en miles de 'sucesos', en noticias que nos alarman, provocan una ola gigante y que, una vez surfeadas, no dejan huella en la playa de nuestra pinche memoria menguada.

Los sucesos nos están mermando, taladran la comprensión de los procesos en los que estamos inmersos, nos despistan de esa búsqueda de la verdad que nos hace humanas, mueven el foco de lo importante —las estructuras— para dejarnos enmarañadas en las coyunturas que cargan los diablos —tan humanos como presidenciables—.

¿Qué hacemos ante este sin fin de 'sucesos' que nos aturden? ¿Cómo reaccionamos ante el ruido blanco en que se han convertido las noticias o las cafeterías? ¿Cómo nos protegemos de lo que Leonardo da Jandra denominaba como la “desolada intemperie del escepticismo”?

Generemos espacios de formación, de pensamiento crítico y de valoración ponderada para huir de las trincheras, de las reacciones emocionales ante todo —y ante todos—, de la negación de lo racional porque no coincide con nuestros prejuicios

Paremos un instante. Bajémonos del ritmo de Instagram y volvamos al papel y al bolígrafo. Cierto primitivismo austero nos puede salvar de este camino —aparentemente inevitable— hacia el abismo. Aprendamos a enfocar nuestra ira, nuestra rabia, nuestro descontento hacia las estructuras y entendamos que los 'sucesos', las coyunturas, no explican casi nada, solo son destellos de las bengalas que los poderes más enquistados nos lanzan para autoprotegerse —al igual que hacen los aviones de guerra para despistar a los misiles enemigos—.

Por ejemplo, entendamos que el debilitamiento de lo público, la subcontratación de casi todos los servicios y los micropoderes dentro de la exigua administración pública provocan algunos de los males estructurales que luego se pueden traducir en 'sucesos' escandalosos. Admitamos que estamos expuestos a la mentira como sistema de confusión y que tenemos la obligación ciudadana de arrancar de raíz las zarzas que no nos dejan ver la realidad tal como es.

Generemos espacios de formación, de pensamiento crítico y de valoración ponderada para huir de las trincheras, de las reacciones emocionales ante todo —y ante todos—, de la negación de lo racional porque no coincide con nuestros prejuicios. Practiquemos la “imparcialidad homérica” y dejemos de negar lo bueno del adversario y lo podrido del amigo. Pongamos sentido y análisis de los procesos en cada conversación familiar, en cada café de media mañana. No entremos en esta espiral de confusión en la que el bombardeo de 'sucesos' nos instala.

Sé que suena demasiado generalista, pero es que a las estructuras no se las merma con petardos ni con bengalas, sino con cargas de fondo. Y nos debemos convertir en eso, en cargas de fondo dispuestas a asumir, además, que si queremos cambiar algo deberemos ser protagonistas —contradictorios siempre— del mismo. Criticar las estructuras desde la barrera es como asistir a las coyunturas desde el sofá.

Lo que ocurrió el martes 3 de marzo en plena senda costera de Santander, cuando colapsó una pasarela en El Bocal en la que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima resultó gravemente herida, es algo más que una tragedia o un accidente: no es un suceso desafortunado, fruto de la mala suerte, es una negligencia manifiesta que ha expuesto la desidia y la falta de liderazgo de nuestros representantes políticos, que casi desde el primer momento, con el dispositivo de rescate todavía en marcha, solo han buscado exculparse de forma vergonzosa.

Y es que hemos podido confirmar en tiempo real algo que muchos ya sospechábamos: estamos gobernados por auténticos irresponsables. No lo digo a modo de insulto o descalificación política. Es una definición que se han ganado a pulso y se ajusta como un guante a su actitud desde la primera comparecencia pública al pie del acantilado en el que perdieron la vida dramáticamente esos seis jóvenes. El problema no era que hubieran muerto seis personas, su única preocupación fue siempre que quedase claro que no eran responsables. Cargar la culpa al de enfrente, trasladar la responsabilidad, demostrar que no tenían competencias.

Aquí ha habido pocos representantes políticos a la altura de las circunstancias en todas las administraciones implicadas, pero la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha tenido un especial protagonismo en este sentido a lo largo de estas últimas semanas. Todavía es incapaz de diferenciar entre la responsabilidad judicial y las responsabilidades políticas que tiene como máxima autoridad municipal. Todos sabemos que los tribunales no acompasan sus tiempos al ritmo frenético de la actualidad —aunque en esta ocasión es justo reconocer la diligencia de la jueza que investiga el caso, que tomará las primeras declaraciones el próximo 27 de marzo—, pero tratar de cercenar el debate público y limitar todo a una futura sentencia es absurdo.

El problema no era que hubieran muerto seis personas, su única preocupación fue siempre que quedase claro que no eran responsables. Cargar la culpa al de enfrente, trasladar la responsabilidad, demostrar que no tenían competencias

“Habrá que depurar responsabilidades, pero yo no puedo ser responsable de los 1.200 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Santander y no puedo responder de una persona que recibe un aviso y no hace nada”, ha dicho Gema Igual sobre la agente de la Policía Local que ignoró la llamada de un vecino que avisó el día antes del accidente del riesgo de colapso de la pasarela. “No estuvimos a la altura. Mejoraremos en todo lo que haya que mejorar”, se ha limitado a decir. “A ver si por decirle a la gente que venga a Santander tengo yo la culpa de que se caiga una pasarela”, se ha justificado también sobre el estado de abandono de una senda costera que ha promocionado insistentemente como recurso turístico. 

Ya sabemos que la alcaldesa de Santander no es responsable de prácticamente nada de lo que ocurre en la ciudad. Ni ella ni su equipo son responsables del lamentable estado de la senda costera del litoral norte. Nos ha quedado claro. Tampoco son responsables de que los Campos de Sport de El Sardinero, una instalación municipal donde acuden cada dos semanas cerca de 22.000 personas, amenace ruina. Ni de que un barrio como El Cabildo de Arriba, a apenas 200 metros de sus despachos, esté lleno de solares abandonados y edificios en riesgo de derrumbe desde hace décadas. Aquí ya hubo víctimas mortales no hace tanto tiempo. 

Por supuesto, no son responsables de que el Parque de Las Llamas haya estado vallado y con estructuras podridas durante años. Igual que la Duna de Zahera, que se vendió como un nuevo mirador a la bahía y que ahora está impracticable. Ratas hay en todas las ciudades. El parking de Pombo o los bajos de Rhin están apuntalados por culpa de otros. Se hundió un parque público en Nueva Montaña por pura casualidad. Las inundaciones en la Plaza de Italia no tienen nada que ver con las obras que hizo el Ayuntamiento. Es normal que las escaleras mecánicas pasen más tiempo averiadas que en funcionamiento. Los autobuses municipales llegan tarde y están desbordados porque “Santander está de moda”. La lista es larga, pero son meras anécdotas. No busquemos el hilo conductor que une todos estos puntos.

“¿Dimisión? A ver si se creen que me muero por ser alcaldesa”, ha zanjado Gema Igual esta misma semana, en unas palabras que no pueden ser más desafortunadas. Este domingo 22 de marzo, a partir de las 12.00 horas, vecinos y colectivos sociales han convocado una marcha silenciosa en Santander por las víctimas de El Bocal y para exigir responsabilidades políticas. Veremos lo que opina la ciudadanía al respecto.

Cuando la pelea es por la responsabilidad de mantener lo que un día se construyó, la línea de la memoria se diluye. Nadie recuerda ya las infografías que presentó este o aquel alcalde para presumir de proyectos; nadie se pregunta cómo estaba estructurado el presupuesto de dicha idea; cuánto dinero estaba previsto para su mantenimiento; qué idea de gestión había o no había detrás de la alegría de cortar la cinta.

Este es un drama de las últimas décadas en la política española. Hay una cierta obsesión por construir e inaugurar infraestructuras visibles: un aeropuerto inútil por aquí, un nuevo museo elitista por allá, un parking sin modelo de gestión más allá de su privatización, un puente sobre un abismo, un teleférico hacia la niebla o un columpio de dimensiones absurdas… Lo importante es inaugurar cosas que se vean, que llamen la atención de los medios que transmitan la falsa idea de acción donde solo hay construcción.

Por eso, las cañerías hacen agua, las ratas se mueven felices en los pliegues de lo visible, los cimientos se agrietan con el paso de los años, las casas de cultura y los museos públicos tienen el nombre y un portero pero no cuentan con presupuesto suficiente para llevar a cabo un proyecto serio de agitación cultural.

Conduzco por la A-67 y puedo ver varias señales verticales que anuncian que el firme está en mal estado. Se agradece la información después de kilómetros de baches, huecos y parches cutres. Subo en autobús por Ruamayor en Santander y los viajeros refunfuñan a cada salto provocado por el mal estado de la calle. Me siento en una de las 'elegantes' salas del ruinoso Palacio de Festivales y no logro aguantar las dos horas de la obra de teatro porque la espalda chilla en el silencio del espectáculo ante la maltrecha butaca asignada. Camino y observo decenas de estaciones de recogida neumática de basura envueltas como un bocadillo para evitar que alguien utilice lo que no funciona. Intento recorrer un tramo de la llamada “movilidad vertical” que cuenta con cinco tramos entre escaleras y rampas y hago memoria y no logro recordar cuándo funcionaron todas el mismo día. Veo en decenas de pueblos antiguas escuelas o instalaciones restauradas pero sin uso real igual que chapoteo en los charcos de las plazas recién inauguradas pero en las que la mínima lluvia genera piscinas…

Quizá es que han logrado que todos nos fijemos tanto en lo nuevo que jamás preguntamos por lo existente. Cuando hay un accidente de gravedad (como el de El Bocal) se publican decenas de historias sobre el mal estado de muchas de estas infraestructuras pero también sabemos —y los responsables políticos también— que todo se olvida, incluso aquello en lo que nos va la vida.

A mí siempre me acosan las preguntas del 'después'. ¿Hay presupuesto para el personal cualificado necesario para la nueva sede del MUPAC?, ¿cuánto nos cuesta en dinero y en salud el mal mantenimiento de las escaleras mecánicas de Santander?, ¿qué proyecto de mantenimiento está contemplado para La Lechera?, ¿quién sostiene la actividad en los supuestos 17 centros comunitarios de los que presume el Gobierno de Cantabria?, ¿por qué nadie nos dijo que Cohorte Cantabria no tendría capacidad para procesar la información que ha recabado gracias a la generosidad de la ciudadanía?, ¿quién nos debería contar qué pasó con la multimillonaria inversión de Smart City en Santander?, ¿qué hacemos con el nuevo y estéril mobiliario urbano instalado en la capital para la supuestas gestiones con la tarjeta ciudadana inexistente?, ¿quién responde tantas inversiones inauguradas y jamás útiles?, ¿cómo conviviremos con tantos elefantes blancos?

Alguien definió los programas electorales como un contrato público, entre comillas, entre los partidos y los ciudadanos.  Este contrato no tiene una validez jurídica inmediata ni un alcance subjetivo que permita a un particular reclamar lo prometido en un juzgado en caso de incumplimiento, algo parecido a lo que pasa con ciertos preceptos constitucionales, como vivienda o trabajo, que no posibilitan una exigencia inmediata de cumplimiento por parte de la ciudadanía ante la justicia, sino que son meras declaraciones de intenciones que han de marcar los objetivos políticos de instituciones que han de desarrollarlas.

Nadie se toma demasiado en serio los programas electorales, mucho menos los partidos que los redactan. Sin embargo, no por eso debieran quedar reducidos a un batiburrillo de compromisos difícilmente evaluables, si es que alguien se molesta en hacerlo, o un goteo de azucarillos irrelevantes con el que ganarse la voluntad de un electorado infantilizado. Sí que debieran, si no aspirar a grandes objetivos, a ser al menos sinceros.

Viendo lo que está ocurriendo en la gestión de muchos estados, comunidades autónomas y ayuntamientos, la gestión está yendo por derroteros que nunca fueron reflejados en un programa electoral. Debería hacerse porque hay partidos que es para lo único que trabajan.

Me explico. Cualquiera que examine los hechos y sobre todo las elipsis de partidos mayoritarios que han gobernado, gobiernan o aspiran a volver a gobernar verá reiteraciones siempre en la misma dirección. Esto revela compromisos programáticos… que nunca se expusieron en un programa. Estoy pensando en los partidos mayoritarios, como son el Partido Popular y el PSOE, quienes apelan al voto útil, endulzan sus programas con azucarillos y callan realidades en las que trabajan pero no anuncian.

El caso del Partido Popular es palmario: siempre trabajará, aprovechando cualquier ocasión coyuntural, para erosionar lo público. Y da igual el ámbito de que se trate. ¿Alguien ha leído una declaración así en cualquiera de sus programas? No lo encontrará, sí melifluas declaraciones que dan a entender lo contrario. Pero basta ver las políticas que se aplican en sanidad, educación y servicios para comprobar en qué dirección trabaja. Esto es legítimo, y puede hacerlo si así obtiene el respaldo del electorado, pero lo chocante es que nunca se haya sometido esta cuestión programática a la ciudadanía. Son hechos consumados con su buena carga de fariseísmo.

Con el PSOE pasa algo parecido, pero en otros ámbitos. Ahora mismo se compromete en la defensa de lo público, el pacifismo y los derechos humanos (nada baladí en los tiempos que corren), pero en ninguno de sus programas electorales se encontrará mención a su inhibición ante tres grandes actores: la banca, las grandes empresas y los especuladores inmobiliarios. Y es legítimo no intervenir en estos campos, nadie lo duda, pero es inmoral no decir claramente que nunca hará todo lo posible por poner coto a los grandes intereses económicos, que siempre se han encontrado cómodos bajo su gobernanza.

Si alguien cree que estas cosas no son importantes se equivoca. Tienen importancia y su repercusión es inmediata en la vida cotidiana. Tanto PP como PSOE son históricos beneficiarios de los votos útiles, algo mediatizado por una ley electoral que emana del postfranquismo. Pero se puede llevar sorpresas si caen en la tentación, uno, de entregar a la chita callando las grandes bolsas de lo público a lo privado; o si, el otro, no toma medidas urgentes, posibles y necesarias para meter en cintura a los especuladores inmobiliarios y a las grandes empresas que hacen con el mercado su real gana.

Los cántabros están de suerte. Se estrena el segundo capítulo de las aventuras del Oso Yogui en el Parque de Cabárceno con una trama inesperada. El consejero de Turismo, que interpreta el papel de guardabosques Smith, ha comprado un cachorro como perro guardián para que asuste a las diabólicas martas que sabotearon los autos del parque comiéndose los cables de los frenos.

Esta temporada la serie incorpora un nuevo personaje, el perrito Roi, que será una especie de Coyote persiguiendo animalillos en el aparcamiento del Parque para evitar que se acerquen a los coches.

El fichaje, de edad parecida a Bubu, ha costado más de 8.000 euros. Pero el consejero lo disculpa porque viene con algunos complementos de serie: la caseta en la que vivirá, pienso para un año, seguro veterinario y un cursillo de adiestramiento. Que, al parecer, no necesita, porque el cachorrillo ya ejerce de sheriff con gran éxito. “Todo el mundo entenderá que un animal que está en Cabárceno no va a estar mal atendido, porque somos un parque de la naturaleza”, aduce el consejero-guardabosques para justificar las confortables condiciones laborales de Roi como vigilante nocturno. Tal vez las martas necesitan un abogado laboralista: ellas sí que pasan hambre, por eso se comen los cables de los frenos.

Dicen que, entre otras costumbres, las martas se alimentan de musarañas. El Gobierno de Cantabria las mira. Mientras suben de forma escandalosa los precios de la vivienda, de la energía y de los alimentos, reacciona anunciando una deducción de hasta 150 euros anuales para pagar las cuotas de los gimnasios. Una receta del absurdo en estos tiempos de especulaciones e inflación.

El consejero de Economía está tan pletórico con la medida que ha dejado de echar cuentas para convertirse en habitual de los espectáculos de folklore y bolos en los que concentra su agenda pública. Un cambio de roles de competencias mientras el responsable de Cultura trabaja en el guion de nuevos episodios del Oso Yogui en Cabárceno.

La barra del bar siempre ha sido el hogar de los expertos en la nada. Acodados en el hueco protector del espacio sin límite, los comentaristas del todo han practicado desde siempre el 'opinionismo agudo' sobre cualquier tema que se cruzaba por sus tórridas mentes. Daba —da— igual si se trataba de fútbol, de guerras, de economía o de igualdad. En la barra del bar siempre se tiene una opinión, osada, incontrolable, irresponsable casi siempre, pero ha sido una forma de 'libertad' muy al gusto de la presidenta de la comunidad autónoma que se cree lideresa del país.

El personaje de la barra que da el paso de sentarse en la mesa, pierde fuelle. Es como si hubiera que estar de pie para que las 'ideas' fluyan, para que la boca se convierta en un buzón, para retroalimentarse con otros opinadores de bar. Porque esto de hablar sin tiento no solo es contagioso, sino que logra la multiplicación hasta el infinito gracias al roce con 'los' otros —el masculino lo subrayo porque esta vieja enfermedad afecta especialmente a los varones, aunque haya mujeres que se hayan aventurado a este deporte de riesgo sin riesgos—.

La tradicional barra del bar —que sigue siendo una cancha de juego embarrada para expertos en tumultos mentales— sigue vigente pero tiene unas normas básicas. El que habla lo hace a cara descubierta, todos los que le rodean suelen conocer su nombre e, incluso, su domicilio, y, cuando se pasa de frenada, suele asumir las consecuencias —aunque están terminen en una llamada al 091—.

No ocurre lo mismo en el nuevo opinadero anónimo de internet. Llevo unos días indignado con los denominados como “comentarios” —que se parecen más a los vómitos— que han prosperado como champiñones ante la terrible noticia del accidente en el que murieron seis jóvenes en Santander. En todos los medios de comunicación los opinadores de barra de bar se lanzaron a la barra digital con entusiasmo y sin contención. Ni siquiera les hizo falta leer las informaciones iniciales —y parciales—, en desarrollo, sin muchos datos, para decidir culpables, dictar sentencia, descabezar a unos u a otros, comparar lo sucedido en El Bocal con Adamuz —vaya osadía—, lanzarse de cabeza desde sus estrechas trincheras mentales a fustigar con látigo moralista y vengador…

Qué hartazgo de la sociedad de la supuesta libertad de opinión bajo pseudónimos o nicknames que borran de un plumazo la responsabilidad —moral y penal—, eliminan la huella de las tropelías y permiten los apaleamientos públicos, la difusión de mentiras, la diseminación de prejuicios terribles o el segundo de gloria de un imbécil que, desde su móvil, mientras regresa del curro o después del goce onanista, decide sentar cátedra a punta de eructos.

Creo, sinceramente, que los medios de comunicación digitales deberían plantearse muy en serio limitar los comentarios a aquellas personas que se identifiquen con su nombre completo y su DNI —como se hacía antes en las Cartas a la Dirección—. Todo lo demás es postureo democrático que socava la democracia con cada uno de los comentarios perversos.