Miguel Ángel Revilla tiene muchas virtudes y muchos defectos. Como cualquier ser humano. Pero ninguno de ellos tiene que ver con su estatura, con el color de su piel, con su sexo o con… su edad. Pero cuando Revilla, ejerciendo un derecho arcaico conocido como “libertad de expresión” manifiesta en público su opinión sobre el partido político Vox, entonces su flamante diputado en el Congreso —de cuyo trabajo poco sabemos— y ex responsable de la formación en Cantabria atribuye las declaraciones a una “muy mala vejera” y a que “chochea mucho”. Más allá de la tremenda discriminación por edad —edadismo— y de la falta de respeto y de educación, Del Valle es el espejo de su propio partido y su partido es el espejo de la Cantabria y de la España que decidió instalarse en un tiempo que dejó de existir, en unos mitos que jamás ocurrieron y en un futuro que debemos evitar que acontezca.

La verdad es que a Vox le sobra mucha gente en esta región. Deberemos expulsar a todos los que hayan nacido en terceros países y que no sean millonarios —esos no son extranjeros migrantes peligrosos, ya saben— y a todos los que hayan nacido en Burgos, en Palencia o en Cuenca —a ver si todo dios va a venir a chupar de una Cantabria que no es infinita—; deberemos recluir en las casas a las mujeres para que críen y limpien y sacarlas con mantilla sólo en Semana Santa y en la feria de Julio; deberemos crucificar a cualquier cura que hable de bondad o de solidaridad; y, ahora, nos querrán imponer que toda persona por encima de los 65 años sólo se dedique a gastar y a viajar mientras espera la muerte. De hecho, el propio Del Valle ya debería retirarse porque roza la edad de jubilación.

Todo es tan demencial y esperpéntico que parece una caricatura, material para el guion de un humorista. Pero Vox nos ha acostumbrado a que la caricatura supere a su propia realidad. Es cierto que su política vive de la lógica de la “verdad alternativa” trumpiana y que a ellos y ellas la realidad no les atraviesa. Prefieren vender un humo tóxico antes que constatar que el mundo del que hablan no existe y el que prometen jamás existirá.

Su “prioridad nacional” es inviable con el marco legal vigente, así que es postureo ultra, sacada de pecho de ultras sin más ideas. La nueva “prioridad juvenil” choca de frente con una sociedad de la longevidad que debería celebrar que personas de 80 u 85 años sean activas en el arte, en la economía, en el tercer sector o en la política.

Para Vox, Trump es un modelo aunque se duerma en las ruedas de prensa y sus héroes cercanos o superan los 60 o están muertos y enterrados hace décadas o siglos. Pero a este partido la incoherencia no le afecta. Los ultras pueden insultar, escupir, agredir o incendiar el ya precario clima social, pero luego utilizan la técnica de la victimización para responder a los cuestionamientos —de hecho, hay que montar una ONG en apoyo a la pobre Leticia Díaz por los ataques insoportables que recibe por haber fundado una ONG que ayuda a los menores migrantes—.

Lo triste no es que un señor mayor como Del Valle ataque a otro señor mayor o que nieguen su propia gerontocracia arremetiendo contra aquellos que cuestionen sus estrategias o su ideario —ese revoltijo de tópicos racistas, xenófobos, racistas, lgtbifóbicos y ahora edadistas—, sino que unos cuantos jóvenes —minoría, por suerte— y muchas personas adultas y mayores —en número significativo— abracen la bandera de la bilis que les ofrece Vox a cambio de sentirse arropados por una gente que no dudará en venderlos, traicionarlos o insultarlos en cuanto no les sean necesarios.

Lo triste es que el partido de la supuesta derecha ‘civilizada’ pacte y transija ante estos talibanes nacionales, lo lamentable es que con mis impuestos y los suyos el señor Del Valle viva como dios —con permiso del Papa— y utilice la tribuna pública para esparcir el veneno.

La identidad del odio y del insulto al ‘otro’ que ofrece Vox es placebo para hoy y violencia para mañana, es guerra cultural con alto riesgo de transicionar a guerra real, es banderita de España en la muñeca como grillete identitario, es trinchera antisitema sin munición para responder a los desafíos actuales y futuros.

La generación que estudió forzosamente el catecismo sabe que los evangelios predican que la hipocresía en un obstáculo para la fe y, por tanto, condenan duramente a los fariseos. El otro día, en la presentación del informe anual de Cáritas se denunciaron los graves problemas de acceso a la vivienda, los alquileres abusivos y las dificultades para encontrar un techo que se multiplican cuando uno es de otro país o tiene otro color de piel.

Resultó que en ese contexto el obispo de Santander, de cuerpo presente en la rueda de prensa, enardeció -se empoderó, en ese lenguaje influencer ya tan manido- y echó una reprimenda a los políticos porque no hacen nada para solucionar esta cuestión. Dijo que cada vez es más escandaloso y que se nos prometen cientos y miles de viviendas que no aparecen por ningún lado.

Arturo Ros tenía razón. Prácticamente todos los mortales comulgan con este sermón, aunque no sean de su parroquia.

Pero, a la vez, tal vez sea conveniente recordar a su eminencia la paja en ojo ajeno por un discurso imprudente, en el sentido de que lo que predica no concuerda con lo que hace. Más allá de la innegable labor social que asume Cáritas, por la debilidad endémica de un sistema estatal de protección social que no ha sido nunca capaz de llegar a donde se necesita.

El obispo critica a los políticos por no resolver el problema de la vivienda mientras su propio ministerio acaba de vender el edificio de los franciscanos, en la céntrica calle Perines de Santander, para hacer 24 pisos turísticos. Cuatro mil metros cuadrados -el Obispado se quedó solo con la iglesia y la sacristía- que han salido al mercado urbanístico y de lo que se ha beneficiado la iglesia católica como, por otro lado, cualquier hijo de vecino en esta deshumanizada progresión especulativa.

Justificará el obispo que la iglesia necesita dinero para mantener su obra social y sus propiedades exentas de impuestos, algunas de ellas procedentes de la avaricia -pecado capital- de las inmatriculaciones, pero aún así el discurso desafina de largo. Más aún cuando, esta emergencia de vivienda que él denuncia nos invita a mirar de reojo a Corbán, un mayúsculo seminario desaprovechado por la falta de vocaciones -también campo de concentración de la dictadura: otro disgusto para la alcaldesa Gema Igual- que tal vez podría improvisarse para acoger a los exiliados de la especulación urbanística y turística que no va a frenar. “No vamos a estropear la gallina de los huevos de oro”, espetó el otro día con franca ordinariez ética la alcaldesa cuando los socialistas reclamaron que, al menos, sí vienen tantos turistas que paguen una tasa como en otras geografías nacionales.

Lo más gracioso ha sido comprobar como aquellos personajes paródicos, cercanos a la caricatura, que se sentaban en la primera fila en la misa del domingo siguen vigentes en lo contemporáneo manteniendo su cuota de hipocresía. El consejero de Vivienda, Roberto Media, y la alcaldesa de Santander -como en una escena de Berlanga- no se dan por aludidos con el discurso del obispo y han girado la cabeza para mirar hacia los bancos de atrás. Cómo va a ser que a ellos les señale el dedo de Dios. La culpa es del demonio Pedro Sánchez que va directo al mismo infierno al que algunos querían enviar al Papa Francisco.

Tampoco cierta hipocresía por parte del Obispado puede empañar la escandalosa realidad que no se puede aliviar con paños calientes. Como las 285 viviendas de alquiler social que nos lleva prometiendo el Gobierno de Buruaga toda la legislatura, una tirita insuficientemente ridícula por mucho que dupliquen las que había antes.

O como la tramitación de una Ley de Vivienda enfocada hacia la 'okupación' cuando el mayor de los problemas es el mercado turístico. Un texto legal que ni siquiera hace el esfuerzo de prohibir que se especule con la vivienda protegida aprobando su protección permanente -como sucede desde hace veinte años en el País Vasco- para que no pueda venderse en el mercado libre.

Tampoco contribuye a una solución razonable que ahora tengamos que volver a comprar con dinero público las viviendas de la SAREB -la sociedad que crearon los bancos para comercializar las viviendas que embargaron a sus propietarios- que ya había comprado el Gobierno de España para destinarlas por fin a quienes las necesiten.

Como predican en los púlpitos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Hace muchos años, una amiga se preguntaba de forma retórica para quién trabajaba y yo le ahorré la respuesta punzante con cierta rotundidad hiperbólica: “Siempre se trabaja para el enemigo”. Entre este extremo caricaturizado y la ingenuidad de quienes piensan que la compañía que les emplea es “su” empresa hay un abismo que se agranda con la falta de conciencia de clase (de clase obrera, claro está).

Leo cómo un supuesto sindicalista empleado en la factoría de la multinacional Nestlé en La Penilla asegura a una periodista de este medio: “Antes era nuestra empresa, era mi empresa... Desde el ERE es 'la' empresa': ha cambiado la empresa y cambiamos nosotros”. Siento decirle al sindicalista sin conciencia de clase que ni antes era su empresa, ni ahora lo es. Nunca lo ha sido.

En otro pasaje del reportaje que analiza la relación “identitaria” de la gente de La Penilla con la fábrica, un hombre “que ha dedicado 40 años de su vida” a la compañía, explica: “Es que ha sido nuestra vida. Hemos estado ahí viviendo todo el valle de 'La Nestle'. Había un cierto sentimiento de toda la gente como algo tuyo”. Otro errado. Nada era tuyo, sólo el tiempo y la mano de obra que le vendías a la empresa por un salario a cambio de que alguien se forrara en Suiza, primero, y, ahora, vaya a saber usted dónde.

‘La Nestle’ es Nestlé S.A. y, además de los accionistas individuales que compran y venden acciones en el mercado, sus principales ‘dueños’ corporativos son fondos de inversión privados como BlackRock, UBS Fund Management o The Vanguard —los mismos que nos estrangulan en otros sectores, como el financiero, el inmobiliario o el tecnológico— o el Norges Bank Investment Management —el fondo donde el Gobierno de Noruega ‘juega’ con los pingües beneficios del petróleo o del gas que no siempre se explota en las condiciones más éticas imaginables—.

Pues eso, una vez aclarado de quién carajo es ‘La Nestle’, las y los trabajadores quizá deben bajarse de ese ‘vínculo’ identitario porque es falso, torticero y hace mucho daño. El compromiso de un trabajador con una empresa —y más si es una multinacional sin una trazabilidad clara— se reduce —y no es poco— a cumplir lo firmado en el contrato. Pero, a partir de ahí, y armados de conciencia de clase obrera, lo que toca es defender los derechos, empujar a la propiedad para lograr mejoras, no consentir recortes injustificados o intentar —a punta de fuerza— que el modelo de negocio sea lo menos perverso posible.

El problema no es que Nestlé S.A. quiera recortar puestos de empleo, el drama es el tipo de relación enfermiza que muchos trabajadores y trabajadoras y la mayoría de sindicatos han establecido con empresas como esta.

Hace unos días sabíamos que había más candidaturas a la “salida voluntaria” de Solvay que plazas negociadas entre empresas y sindicatos para el ERE propuesto. Las prejubilaciones encubiertas nos cuestan dinero a todos y todas y así sectores como la industria pesada o la banca se han desembarazado de miles de empleados apoyándose en el sistema público de prestaciones.

La pérdida de puestos de trabajo industriales no sólo es un drama individual para cada una de las personas afectadas —cuando no es un medio regalo negociado—, sino que suponen para el territorio la pérdida del único sector de empleo que puede generar mejoras en las condiciones de trabajo por la plusvalía que generan sus productos. Esto jamás podrá ocurrir en la hostelería, en los cuidados o en el sector servicio, donde la mayor parte de la ganancia está en la tacañería con los contratos y con las condiciones de estos, no en el valor de la mercancía.

Ni ‘La Nestle’ ni ninguna empresa ha sido nuca “tu empresa”. Siempre son de uno o varios dueños que se apoyan en un aparato coercitivo de empleados premium —normalmente denominado como departamento de Recursos Humanos y dirigidos por un CEO que sigue siendo un pinche empleado— para despedir, recortar o manipular a distancia mientras ellos vienen de vacaciones a una villa de lujo en Cantabria y reservan en esos restaurantes con estrella Michelin a los que probablemente ningún empleado de ‘La Nestle’ ha ido o irá jamás.

Hace años se discute entre los santanderinos cual debe ser la fiesta local, o más bien porque Santiago ha dejado de serlo, con peticiones y quejas por parte del consistorio al gobierno regional para que sea este quien la declare, y así poder nombrar, desde el propio consistorio la Virgen del Mar, desconocida entre nosotros, hasta que la designó Jesús Ceballos, factótum de Hormaechea en el ayuntamiento y natural de San Román de la llanilla, en donde dicha fiesta se celebraba tradicionalmente como fiesta de barrio pero nunca como fiesta laboral. Jesús Ceballos, con presidencia de Hormaechea en el ayuntamiento la colocó como patrona de Santander y de la marinería local, un auténtico disparate porque sin género de duda la auténtica Virgen patrona de marineros y pescadores lo es la Virgen del Carmen, aquí y en toda la costa española. Lo de la Virgen del Mar fue una cacicada sin más.

Las fiestas locales tradicionales en Santander hasta la llegada de la democracia habían sido los Santos Mártires y la Liberación de Santander, llamando liberación a la conmemoración de la toma de la ciudad por los sublevados contra el Gobierno de la República en 1937. La última vez que se celebró dicha fiesta de la Liberación fue en 1976, como se puede comprobar en los oportunos boletines oficiales del Estado. La Bien Aparecida, patrona de la Montaña que es como aparecía denominada la provincia de Santander siempre fue fiesta el 15 de septiembre, si bien pasó a ser primero patrona de Santander y posteriormente patrona de Cantabria.

Con la publicación en el año 1976 de la ley de Relaciones Laborales se modificó el sistema de fiestas, desapareciendo en el calendario nacional las llamadas recuperables y pasando a ser 14 las fiestas de las cuales dos deberían ser locales. Como Santiago era patrón de España desde 1630 y en tales fechas no había distinción entre fiestas religiosas y fiestas civiles se mantuvo como tal hasta que en el año 1937 el Gobierno de Franco la estableció como fiesta nacional a todos los efectos.

En el Estatuto de los trabajadores de 1980 se ratificaron las 14 fiestas anuales de la ley precedente, con dos fiestas locales pero la aprobación de los distintos estatutos de autonomía llevó a que pudiera ser también dos fiestas autonómicas además de los dos locales, y ahora es cuando surge el conflicto del que hablamos. Como la Liberación de Santander había dejado de ser fiesta por motivos obvios, quedaba un día libre para ser declarado fiesta local y ahí es donde Jesús Ceballos alcalde pedáneo de San Román de la Llanilla y mano derecha de Hormaechea en el ayuntamiento, intercedió para que la fiesta de su pueblo se convirtiera en fiesta local. El clero se encontró de la noche a la mañana con que se eliminaba una fiesta no religiosa para poner una fiesta de su ámbito y dieron todos sus parabienes a un cambio que en aquel momento nadie ni esperaba ni entendía.

En años posteriores las cosas se han complicado y Santiago, aunque es fiesta en algunas comunidades autónomas no lo es en otras, entre otros motivos porque no llevan nada bien que haya un patrón de España. De esta manera la ciudad de Santander se encontró con un problema. Al desaparecer del calendario nacional la fiesta de Santiago y elegir fiesta local La Virgen del Mar y el indiscutible día de San Emeterio y San Celedonio patrones de la ciudad, el día de Santiago ha dejado de ser fiesta pues las fiestas regionales son la Bien Aparecida y el Día de las Instituciones, que es lo es el 28 de julio en conmemoración de la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Respecto a la conveniencia o no de declarar el día de Santiago fiesta local, la mayoría de los santanderinos de cierta edad lo llevamos in péctore, pues está vinculado a toda nuestra infancia, con las ferias, la playa, las casetas, el circo, los toros etc y no tenemos nada que ver con el invento de la Virgen del Mar. Como todo el mundo sabe, la patrona de pescadores y marineros es la Virgen del Carmen y las fiestas en el Barrio Pesquero y otros barrios el 16 de julio, así como la procesión por mar de barcos pesqueros y embarcaciones deportivas es un espectáculo que ningún amante del mar y de la ciudad se pierde. La fiesta acaba por la tarde con la procesión de la Virgen a quién se baja desde su sede en la iglesia de los Carmelitas por la calle Lope de Vega hasta el paseo de Pereda, Puerto Chico etc, entre miles de personas creyentes y no creyentes que celebran la festividad y rematan o rematamos tomando sardinas asadas si la costera lo permite…

Lo de las“ fiestas de Santiago” que así se sigue arrastrando el nombre, tiene una bonita historia. En el siglo XIX un empresario de hostelería llamado Santiago González, con local abierto en el Alto de Miranda, con motivo de su onomástica, empezó a organizar una fiesta en el barrio, con iluminación incluida, música, baile comida bebida y alegría que fue yendo a más a lo largo del siglo y durante todo el siglo XX .Todos los santanderinos hemos conocido y esperado, sobre todo los niños, la llegada de las fiestas de Santiago y sus eventos, los caballitos las ferias, el circo y los adultos la popular feria taurina que nunca dejó de celebrarse.

Como digo nada hubiera sucedido si Santiago Apóstol hubiera continuado siendo fiesta como lo era anteriormente, pues los santanderinos no necesitaban que fuera fiesta local puesto que lo era nacional y fue al dejar de serlo cuando surgió el problema.

Ignoro si los tripulantes del actual consistorio saben algo de esto, si bien leo a menudo la prensa distintas peticiones para que se nombre Santiago fiesta de la Comunidad para que se resuelva su problema. Yo como santanderino seguiré celebrando siempre las ferias de Santiago como he hecho toda la vida, aunque ya no vaya a los toros, pero seguiré yendo a la playa, a las ferias del tío vivo, noria y coches de choque con mis nietos y a los demás eventos que van mucho más allá de creencias y prácticas religiosas obsoletas. Entiendo que cuando el día de Santiago caiga en sábado o domingo, sí no se traslada al lunes, si pudiera aprovecharse para nombrar fiesta la de la Virgen del Már el primer lunes después de Pentecostés, aunque no haya nada que hacer.

Por supuesto, en mi humilde opinión, quien tiene que decidir los días de descanso son los agentes sociales representantes de los empresarios y trabajadores. O sea, asociaciones empresariales y sindicatos.

El clima de incertidumbre que respiramos en la espesa atmósfera política no hace más que recrudecerse, cuando parece que resulta complicado añadir más elementos de tensión a una trama trepidante -banquillos, imputados, conspiraciones- aparecen más elementos de desconcierto. Pero, en paralelo, en el ruido constante, se corre el peligro de normalizar este acostumbrado y permanente estado de tensión dramática. De hecho, la intemperie se ha convertido en cotidiana.

Falta menos de un año para que se celebren elecciones autonómicas en diez comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, y en todos los ayuntamientos de España. La política ya no es un escenario de campaña permanente sino de acoso sin tregua más allá del debate y el diálogo. Pero en Cantabria todo transcurre en el idílico pretérito del clásico bombardeo de propaganda que antecede a toda elección. La primavera ha dado el pistolezato de salida a la carrera electoral y en los cuarteles políticos intensifican los remitidos, las exigencias y los reproches para recordar a los ciudadanos que siguen vivos, tras el barbecho legislativo que -salvo excepciones- tiende a adormecer el ánimo de los representantes de lo público.

La campaña se libra desde todos los frentes con algunas características propias -añadidas al exceso de protagonismo sin justificación- como cierta abundancia del eufemismo de la tecnificación. Una tendencia estrella, una especie de barrullo semántico para el disimulo que permite lucir siglas, desempolvar y hacer notorios los futuros e inminentes candidatos electorales. Los titulares nos hablan de enigmas lingüísticos tales como paraguas estratégicos, tritubos, hibridaciones de proyectos digitales, compactadoras de alta estanqueidad y triángulos curvilíneos. Éste último sintagma -de complicada digestión- se comunicó desde la Autoridad Portuaria con absoluta gravedad, como un término de uso común.

Uno de los aparatos de propaganda y difusión más intenso es precisamente el del Puerto de Santander donde el otro día fue noticia que se han empezado a poner las losetas de una nueva marquesina de hormigón armado que están distribuidas en 91 filas. Como si tal operación fuese un acontecimiento de interés público. El presidente se fue el otro día a Palma de Mallorca para presentar el proyecto de 'reordenación integral' de Marina del Cantábrico. Eso que no tiene, que se sepa, la categoría de candidato electoral.

Entre hitos, polivalencias y saltos cualitativos -y sostenibilidad a granel, ingrediente fundamental de cualquier cocina eufemística- se nos anuncia una 'helisuperficie' en Campóo de Suso, un proyecto de 'valorización de residuos de construcción en el Alto Asón o la renovación del compromiso estratégico para consolidar el posicionamiento MICE de Santander y Cantabria. Todo lo 'ponen en valor' con mucha 'sensibilización' y con la estusiasmada proliferación de 'actuaciones estratégicas'. El urbanismo aporta su propio toque con románticas expresiones como flujos de vehículos y peatones o zonas de estancia, que es como se bautiza ahora a los bancos de las calles.

Algunas expresiones que nos suministran los comunicados políticos resultan difíciles de descrifrar. Cuesta percibir con claridad que será un orquestador de procesos que mejora la integración de la información. Quizá ahí está el truco. Envolver la realidad para que en realidad escuchemos que alguien habla, pero no entendamos de qué para ahorrarse las quejas por si la cuestión no convence al personal.

Los mensajes políticos se han vuelto cada vez más crípticos. Pero el rey de los eufemismos modernos siguen siendo el ERE, ¿por qué lo llaman regulación de empleo cuando quieren decir despido? El esfuerzo de traducción es cada día más complejo pero probablemente es una perturbación provocada para que nos enteremos lo menos posible de la realidad.

Segunda presentación de los cursos de verano de una universidad en nuestro territorio y segunda declaración de intenciones similar: buscamos público joven. Siento ser ave de mal agüero, pero puedo predecir un fracaso total o parcial en esta búsqueda del becerro de oro contra la midorexia.

La inmensa mayoría del público de los eventos culturales, de los cursos, de los talleres o de cualquier propuesta que requiera voluntariedad (y voluntarismo) y una cierta curiosidad —más allá del goce o la socialización— está formada por personas mayores y por algunas adultas. Las viejas y los viejos llenan salones de conferencias, aulas de extensión universitaria, salas de conciertos, lugares de exposiciones… No significa que no vayan personas jóvenes, pero son las menos. Lo graves, desde mi punto de vista, es que eso se vea como un problema. 

Esta obsesión juvenil refleja, como mínimo un error en la lectura de la sociedad de la longevidad. En Cantabria, sólo el 9,69% de la población tiene entre 20 y 29 años de edad y si sumáramos a todas las personas más jóvenes (por ejemplo, entre 15 y 19 años) no llegaríamos al 15%. Entonces, tenemos mal graduadas las gafas. Digamos que llevamos montura del siglo XXI y cristales que nos retrotraen a los años 80 del siglo pasado. Esta es una sociedad longeva con muchos más personas mayores que jóvenes. Los datos del ICANE, a 1 de abril de 2026, nos cuentan así que el 25,08% de todas las personas que residen en Cantabria tienen 65 años o más y que si sumamos a las que tienen entre 60 y 64 años, llegaríamos al 32,51% de la población. 

Así, lo inteligente parecería ser programar pensando en la población mayoritaria sin olvidar a la minoritaria. Sin embargo, el mensaje que se filtra con cada uno de estos anuncios de cursos es que si no atraemos a los jóvenes estamos fracasando. Otro debate sería a qué joven se pretende atraer: ¿al universitario o al que tuvo que o decidió ponerse a trabajar tras superar la enseñanza obligatoria?; ¿al joven que tiene tiempo y recursos para dedicar tiempo extra a la formación y al pensamiento o al que debe trabajar en las noches o los fines de semana para pagar el alquiler imposible mientras estudia?

El tema tiene enjundia y ameritaría una reflexión múltiple que tenga en cuenta la sociedad real en la que vivimos —cuya pirámide demográfica no es peor ni mejor que la de hace varias décadas, simplemente es diferente— y todos los factores que influyen en que muchos jóvenes no se vean atraídos por la programación extracurricular de universidades o por las propuestas diseñadas por personas adultas y mayores que son las que gestionan fundaciones, centros de arte y medios de comunicación. El tema no es cómo atraer jóvenes, sino como generar espacios amables para cada una de las generaciones y, en algunos casos, para todas ellas al tiempo.

La felicidad nos inunda. El equipo de fútbol de referencia en Cantabria, el Racing, acaba de regalar «a los cántabros un chute de autoestima que no tiene precio», según la presidenta del gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga, que recibió a la plantilla con esa sonrisa inmensa que una parte de la población tiene dibujada desde el sábado pasado.

Yo estoy feliz con esta felicidad y con que provoque declaraciones y posicionamientos que me tranquilizan. Aunque la formación política de la presidenta, el Partido Popular, esté tonteando con la idea torticera y populista de Vox de la ‘prioridad nacional’ —ya saben, una suerte de segregación humana respecto a los derechos que ya no es por el adn sino por lugar de nacimiento o de residencia muy continuada—, Sáenz de Buruaga la acaba de mandar al inframundo.

Decía la presidenta que el equipo que va en primer lugar de la Segunda División del fútbol español es “el ejemplo de la mejor Cantabria” y yo comparto esa visión. Esto significa —para algunos xenófobos o esencialistas trasnochados— que lo mejor de Cantabria tiene origen en Vizcaya, en Navarra, en Galicia, en Islas Baleares, en Cataluña, en Palencia o en Asturias, pero también en Colombia, en Suecia, en Uruguay o en Senegal. Significa que lo mejor de Cantabria tiene acentos diversos, colores de piel muy diferentes, orígenes sociales difíciles de comparar, modos de ver la vida y sus avatares tan diferentes como ciudadanos y ciudadanas la habitan.

La frase de la presidenta es un llamado urgente a la convivencia, al respeto, al entendimiento de que a un territorio como el cántabro no le dan forma sólo las personas que ha nacido aquí —como Jeremy, ese chico de Maliaño al que los medios se empeñaban en calificar como ecuatoriano— sino que sus aristas están conformadas por gente diversa que, por muy diversas razones, terminan viviendo, trabajando y respirando dentro de estas fronteras aleatorias —como lo son todas las fronteras—.

Ahora falta que este espíritu integrador de la diversidad de Sáenz de Buruaga cale en toda la sociedad y que la sonrisa y el agradecimiento a los “héroes” multinacionales de Cantabria nos dure. Me gusto ver en la denominada como ‘rua’ a varios jugadores del Racing con la Ikurriña —lógico, si tenemos en cuenta el número de vascos en la plantilla— y que a nadie le pareciera un insulto a la patria cántabra o española; fue un placer sentir que el origen o el color de Maguette no generaba rechazo; me encantó que el speaker principal de la noche cántabra sea de San Sebastián, de Donostia, vamos; y me parece genial que el líder del mensaje positivo y de la autoestima de Santander y Cantabria sea un matemático argentino millonario que ha vivido en varias latitudes del planeta.

¿Se imaginan que Cantabria fuera así de verdad? ¿Se imaginan que los votantes de Vox que acompañaron al bus del Racing abrieran los ojos? ¿Pueden soñar con una comunidad autónoma donde la derecha y la izquierda entiendan que todas y todos somos imprescindibles para que la sociedad camine?

A mí me cuesta, la verdad. No sé cómo sería la reacción de la afición si el equipo se hubiera quedado fuera de primera por un error fatal de Villalibre o por un resbalón de Maguette, o por una expulsión imprudente de Facu. Pero tenemos referencias no muy positivas de casos similares.

Que “la mejor Cantabria” entierre la “prioridad nacional” y que el respeto a la diversidad sea una semilla que, plantada en los Campos de Sport de El Sardinero, germine en todo el territorio de esta región que nos necesita (a todos y todas).

Hace unos días tuve el placer de participar en un podcast grabado por La Vorágine que, con el nombre “Hablamos de Santander”, busca sondear ideas, proyectos e ilusiones para imaginar un Santander más habitable. El programa se propone, así, ahondar en lo que en sociólogo y filósofo Henri Lefebvre denominó, allá por 1968, “Derecho a la ciudad”, apuntando con el concepto a una idea democrática del espacio urbano, que reivindica el derecho a configurarlo de un modo acorde a nuestras necesidades humanas y colectivas, en lugar de dejarla en manos de los intereses financieros. En los últimos tiempos, el concepto ha crecido de la mano del geógrafo David Harvey, quien lo entiende como el derecho a cambiarlo todo y a cambiarnos, de este modo, a nosotros mismos, a nosotras mismas.

El tipo de ciudad que queremos, apunta Harvey, no puede estar divorciado de nuestros anhelos respecto a lazos sociales, relaciones con la naturaleza, estilos de vida, tecnologías y valores estéticos. Sin embargo, la calidad de la vida urbana viene determinada por las empresas y tiende a medirse por criterios puramente economicistas, convertida en una mercancía, como las propias ciudades, en manos de una economía política que convierte en esenciales el consumismo o el turismo mientras deja en un muy segundo plano la revitalización de los barrios o la renovación de las infraestructuras municipales.

Lefebvre explicaba esto señalando que el capitalismo convierte la ciudad en valor de cambio, que es algo que sucede cuando el suelo se compra para especular, las viviendas se transforman en activos financieros o pisos turísticos, y las plazas se llenan de terrazas privadas. El derecho a la ciudad, al contrario, exigiría priorizar el valor de uso: la ciudad como un lugar para habitar, encontrarse, jugar, tejer redes de apoyo mutuo y, en resumen, vivir de manera digna, respondiendo a las necesidades de las vecinas, no a las tasas de rentabilidad de fondos de inversión.

Por ello, no debemos aceptar el escenario estático que nos den, ya construido, burócratas o promotores inmobiliarios: hay que apropiarse de la ciudad, algo que se hace desmercantilizando espacios. Cuando un barrio recupera un solar para hacer un huerto urbano o una comunidad se organiza para rescatar un local de las dinámicas del mercado inmobiliario, se está ejerciendo de manera directa el derecho a la ciudad, dejando de ser consumidores pasivos para ser productores activos o «prosumidores» de nuestro entorno.

Ese es justo el caso de La Libre:  una librería asociativa y centro social autogestionado que lleva 25 años construyendo hábitat y ejerciendo el derecho a la ciudad junto a la amplia comunidad que convive en ella. Organizada sin jefes ni ánimo de lucro y sostenida con trabajo comprometido voluntario, cuotas de socias y la venta de libros de pensamiento crítico, llevaba 15 años en la Rampa de Sotileza cuando la propiedad les comunicó que el local se ponía en venta. El derecho a la ciudad y su propio derecho a existir chocaron entonces de bruces con un mercado inmobiliario santanderino que raya lo indecente, en el que, según datos de Idealista, la oferta de alquiler se ha reducido a la mitad, mientras que los precios han aumentado un 40%. Y La Libre no es el único centro social amenazado: tanto Eureka, referencia cultural alternativa en San Simón, como Smolny, centro de profundas raíces barriales en El Carmelo, están en solfa también por la voracidad inmobiliaria.

Pero el derecho a la ciudad se ha de ejercer con toda la fuerza en momentos así, y la asamblea que gestiona el espacio se puso manos a la obra demostrando que existe una potencia económica y organizativa fuera del sistema mercantil y bancario tradicional, haciendo realidad la compra del local —unos 140.000 euros— desde una realidad más que precaria, mediante el apoyo directo de su comunidad. Una parte, unos 40.000 euros, se financió con donaciones directas, y el grueso de la compra se afrontó con un préstamo de tres personas de la comunidad a quienes ahora hay que devolver el dinero. Desde que se supo la situación de esta institución del común en nuestra ciudad, muestra viviente de que hay una tercera vía, radical y alternativa a lo privado y lo público, nadie dudó de la consigna: “¡La libre se queda!” y en común se está haciendo posible.

Desde el 1 de mayo hay en marcha una campaña de microfinanciación o crowdfunding, en la página Migranodearena.org, que a día de hoy ha logrado una cifra impensable desde el discurso de la impotencia, pero que se ha hecho realidad con el compromiso colectivo —unos 55.000 euros cuando escribo estas líneas—. Aunque queda lo peor, la parte más dura de la campaña hasta completar los 100.000 euros que hay que devolver a las personas, comunes y corrientes, que decidieron poner sus ahorros, la Libre, ya no hay duda, se queda, y lo hace como institución del común de Santander.

Cada vez son más los proyectos que tratan de salir de la pinza entre lo privado y lo público estatal, apuntalando un concepto de lo común, del “procomún”, que La Libre representa muy bien y que apunta a lo que no es de nadie porque es de todas y todos. Mientras lo privado se basa en la exclusión y el beneficio propio y lo público implica pérdida de soberanía por la delegación, lo común nos devuelve la agencia en un universo de la inclusión y la corresponsabilidad: ni meras clientes ni simples administradas, podemos ser protagonistas del devenir de nuestras vidas, de nuestras ciudades, en este caso.

Se trata de una noción que supone una posibilidad radical de transformación porque va a la raíz de lo que somos: seres vulnerables e interdependientes en un entorno que también lo es. Lo común, la comunalización que es su praxis, apunta a cuidar de los ecosistemas de relaciones antes que de los beneficios y prima la suficiencia por encima de la eficiencia. Políticas para “reencantar el mundo”, como propone la pensadora y activista Silvia Federici, que se encarnan en movimientos sociales —muchos de ellos, en honor a la verdad, de entornos rurales del sur global—que permiten vislumbrar otros afectos y racionalidades, reconectan con la naturaleza y reinventa al ser humano más allá de la trampa del individuo y la identidad.

Reencantar Santander, hoy, es sostener La Libre, para asegurar que la ciudad no se convierta definitivamente en un tablero de Monopoly vacío de vidas. Hagamos que este pedazo de nuestra ciudad sea del común para siempre.

A partir de la próxima semana quien acuda al servicio de urgencias del Hospital Valdecilla tendrá que rellenar una encuesta en su teléfono móvil para explicar qué le pasa. Antes esto se hacía ante un ser humano bípedo, pero a partir de ahora se tratará con un ente digital ubicuo.

Obviamente, quien acude a una urgencia hospitalaria no tiene nada mejor en qué pensar, ni qué hacer, que en atender las preguntas de un asistente virtual que, visto lo visto, puede que no tenga más objetivo que despacharlo a casa a uno para que el personal sanitario pueda dar abasto.

Por si no fuera bastante una encuesta y un triaje digital, y visto que la estancia puede ir para largo, aparece una cosa -pues es cosa, no persona - llamado “agente de acompañamiento digital’, que ni más ni menos se ofrece como ”asistente virtual telefónico con enlace a un visor-web en el móvil que va informando al paciente de las pruebas que le han hecho, de su situación clínica o de dónde se encuentra el propio paciente“ (!).

El paramédico virtual, el Dr. IA que se ha sacado el SCS de la manga, “ya se está probando en pacientes de diabetes y depresión a quienes -antes de la consulta- una inteligencia artificial propone un plan de acción que el médico puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico”.

Plan de acción puede entenderse como tratamiento. Inteligencia artificial puede entenderse como máquina. Plan de acción de una inteligencia artificial puede entenderse como tratamiento propuesto por una máquina. Lo de la supervisión humana viene después, más que nada para impedir que la máquina proponga amputar un brazo en vez de colocar una tirita.

El sistema es demencial y se caracteriza porque la atención médica humana no es imprescindible, siendo sustituida por un batiburrillo burocrático y digital, una ensalada de datos y algoritmos predictivos cuyo objetivo es sacar de la cola a aquellos que no acuden con la cabeza debajo del brazo (que tendrán prioridad, por ahora no necesariamente nacional).

El sistema hecho público da por supuesto varias cosas:

Que el paciente se aburre en casa y prefiere echar la mañana en un hospital.

Que el paciente tiene móvil y/o acompañante.

Que el paciente tiene capacidad y/o ganas de charlar con una máquina.

Que el paciente conoce su historial médico y/o sabe interpretar lo que le pasa.

Que el paciente sabe sintetizar, jerarquizar e incluso escribir.

Que el paciente no es idiota.

Que hay algún sanitario cerca.

Tan radical e inhumana nadería que costará sus buenos millones está llamada a obrar el milagro de que quien acuda a Valdecilla con un problema salga por la puerta con dos. Una especie de multiplicación de los panes y los peces versión padecimientos. Por ejemplo, quien acuda con diabetes volverá a casa con diabetes y depresión; y quien acuda con depresión saldrá igual de deprimido y además cabreado al comprobar el nulo respeto e interés que se tiene por quien en el fondo les paga el sueldo.

To be continued.

Tener la razón tiene evidentes beneficios para la persona que posee tan preciado tesoro: mejora la sensación de bienestar emocional del sujeto; ayuda al alimento de la autoestima; permite identificar al resto como errados —en el mejor de los casos— o como enemigos; supone triunfar en las comidas con amigos o familiares porque se puede desplegar la razón propia con el extra de combustible que da la posesión total de la razón; es casi garantía de éxito en la reunión de la comunidad de vecinas o en la asamblea del movimiento social al que vayamos para restregar nuestra razón al resto; es la tinta de cientos de pancartas; supone abono de calidad para la pureza moral del moralista, y es una de esas posesiones que no se desgastan ni se desvalorizan. Apenas requiere algo de gasto en el mantenimiento para reforzar cada cierto tiempo las convicciones y asegurarse de que las dudas no generen pérdida de aceite.

En este tiempo tener la razón sólo requiere de cierta vocación esencialista, de limitar la contaminación con ideas ajenas a las nuestras, de evitar el roce con personas, colectivos o garrapatas que puedan disentir ante nuestras razones, y salpimentar la pureza con cuatro datos que eviten las heridas que podrían generar las astillas de los interrogantes. Trump o Putin están convencidos de tener la razón; Sánchez y Núñez Feijóo sólo coinciden en que ambos tienen la razón; estoy seguro de que usted tiene la razón y, a veces, hasta yo debo tener la razón.

Para tener la razón sólo hay que tener la razón. Parece un pleonasmo pero es la fantástica fórmula de la infalibilidad. Ese convencimiento personal y absoluto ya nos da la razón. Luego, buscamos a otras u otros que carguen con las mismas razones en la mochila o que tengan menos argumentario que el propio para poder apabullarlos y meterlos en nuestra trinchera. Porque la razón propia es trinchera desde la que lanzar el ataque dialéctico, sí, pero también refugio en el que parapetarse.

Hay razones rotundas, y tienen que ver con la religión o con la ideología política —la religión de la Modernidad occidental—; hay razones instrumentales —siempre útiles en momentos de asedio—; hay otras razones que son estructurales —el yo patriarcal, la razón racista, el sesgo fascista o el moralismo vanguardista—, y hay algunas razones vulgares que sólo sirven para defender la tortilla de patatas con cebolla contra aquella que adolece de este género de amarilidáceas.

Es importante no confundirse: no es lo mismo “tener la razón” que guiarse por la razón, al igual que no es equivalente lo racional a lo razonable. “Tener la razón” es un triunfo en sí, es un acto onanista que no atiende a razones, es negar la razón del otro, es poder estrellarte tercamente contra una pared estando seguro de que estás atravesando una campiña. Parafraseando al gran Perich —que nos dejó hace demasiadas décadas— “un fanático es un individuo que tiene razón aunque no tenga razón”. Cuando en realidad, siguiendo con el genial escritor y dibujante y sus aforismos, lo único “totalmente cierto (es) que no existe nada totalmente cierto”.

La que fue mi hermana de elección —y que también me dejó hace ya demasiados años— solía decir que confiaba en la gente que podía cambiar de opinión; es decir: la gente que podía descabalgar su propia razón y atender a otras razones dispuestas a frenar el trote triunfal de los que están en el lado correcto de la historia.

Para tener la razón sólo hay que tener la razón. La más pura, la más inexpugnable, la más arrojable. Tener la razón nos permite tener la certeza del único dios verdadero, conocer la única ideología por la que merece dar la vida, enarbolar la bandera de la única nación elegida, optar por el mejor modelo educativo para nuestras crianzas, militar en el partido o sindicato que no se equivoca, o defender los colores del único equipo que merece ascender de categoría… Tener la razón es maravilloso. El problema es que suele ser poco razonable, nos obliga a relacionarnos solo con los que tienen una razón similar, y nos impide disfrutar de la diversidad y de las contradicciones de la vida. Me apunto a no tener la razón.

La participación comunitaria es un concepto, un fundamento, un derecho cada vez más reconocido, además, de un instrumento social al servicio de la población para intervenir en la vida pública. Pero lo cierto es que, habiendo una amplia legislación disponible desde hace más de cuarenta años, en Cantabria nunca se han puesto en marcha los Consejos de salud, ni de zona de salud, ni de área de salud, ni autonómico.

En la Grecia clásica se desarrollaron estructuras y leyes que hicieron posible la participación del pueblo. La democratización de las sociedades en todos sus ámbitos, unido al progresivo aumento de la complejidad de la organización social, ha hecho más visible, más necesario si cabe, desarrollar métodos y disponer de órganos específicos en los que los ciudadanos se expresen e intervengan en los asuntos que les conciernen de la polis.

En la actualidad podemos identificar diferentes entidades, asociaciones, cooperativas, gremios, entre otros, a distinto nivel o ámbitos de la organización social y con diferentes grados de representación, en los que la participación de la ciudadanía es un hecho tangible, eficaz y útil.

Centrados en el hoy de la asistencia sanitaria, el Servicio Nacional de Salud (SNS) dispone de distintos modos de participación ciudadana. Pero nos interesa, en estas líneas, fijarnos en los órganos más cercanos al ciudadano en su día a día para analizar su desarrollo, su grado de implantación y sus beneficios. 

El concepto se define en la Primera Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud, en Alma-Ata (Kazajistán), en 1978. En ella se recoge “el derecho y el deber individual y colectivo del pueblo a participar en la planificación y aplicación de su atención de salud”.

En la declaración de Astaná, que data de 2018, se insiste en la necesidad de empoderar a las personas, a las comunidades y a la sociedad civil mediante la participación en la elaboración de planes y políticas que repercutan en la salud.

Los tratados de la Unión europea recogen que “todo ciudadano tendrá derecho a participar en la vida democrática de la Unión”.

A nivel nacional la participación social queda recogida en la ley General de Sanidad de 1986 y en el decreto de Estructuras Básicas de Salud 137/1984. 

En el ámbito autonómico se establece, en la ley de Cantabria 10/2001 de creación del Servicio Cántabro de Salud, la regulación del derecho a la participación democrática de los ciudadanos en la orientación, evaluación y control del Servicio Cántabro de Salud, a través del Consejo Asesor de Salud. En la Ley de Cantabria 7/2002, de Ordenación Sanitaría de Cantabria se reconoce el derecho a la participación en la política sanitaria y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida y al bienestar general.

En diferentes proyectos y anteproyectos recientes de la Comunidad autónoma se enuncian el compromiso de desarrollar instrumentos participativos.  

Consejos de salud

La realidad es que, disponiendo de todo este marco legislativo, en Cantabria los Consejos de Salud siguen siendo una entelequia.

La funcionalidad de Consejos de Salud permite verificar la adecuación de las actuaciones en el Área de Salud a las normas y directrices de la política sanitaria, así como orientar las directrices sanitarias del Área, pudiendo elevar informes y propuestas a los órganos de dirección y proponer medidas a desarrollar en el Área de Salud para estudiar problemas y definir prioridades. Las autoridades han hurtado así un derecho a la ciudadanía.

Llegados a este punto, a nadie se le escapa que, de haber contado con este órgano de participación, al cual la población de Cantabria tiene derecho, se habrían puesto encima de la mesa de las distintas administraciones de la Comunidad Autónoma muchos problemas, reivindicaciones y alternativas, tanto relacionadas con la salud pública como los relativos a atención sanitaria y sus infraestructuras, así como la adecuación de recursos humanos según las necesidades y características de la población.   

Decisiones tomadas recientemente por el Gobierno cántabro de las que la ciudadanía se ha ido enterando a cuenta gotas, de forma parcial, con medias verdades, o directamente falsedades, no se habrían dado o no de la misma manera. La existencia de estos órganos participativos comunitarios se revela, por tanto, muy necesarios y su desarrollo y puesta en marcha, urgente.  

El convenio singular con el Hospital Santa Clotilde; el programa Cohorte Cantabria; el programa de transferencia de datos Valdata; el desarrollo del Parque Tecnológico de la Salud, son algunos de los macroproyectos que ahondan en la colaboración público-privada y en la privatización de los servicios públicos.

Sin embargo, en el plano micro, se toman decisiones que afectan a los centros de salud rurales, a la atención sanitaria diaria, a la vida de los ciudadanos, no por menos conocidas, menos trascendente para la calidad de vida del cada cual.

¿Qué fundamentos o barreras puede haber para que esta sea la única Comunidad Autónoma que no ha cumplido las diferentes legislaciones en este punto? Esta es una pregunta que requiere una urgente y clarificadora respuesta para que de verdad la transparencia y la participación social, basada en la toma de decisiones de calidad, fundada en información fehaciente, sean realidad.

Todas las vidas son valiosas, pero no todas son iguales. Las hay chiquitas; esas que transitan dentro de la burbuja de lo mínimo y cotidiano, matizadas apenas por aquella luna de miel o esta graduación del peque, atravesadas de manera brutal por esta enfermedad crónica o por ese apagarse sin provocar eclipse colectivo alguno. Las hay egoístas; las que sólo saben subirse al ‘yo’ para confundir ser con triunfar o estar con figurar, las que suelen situar al resto del mundo como un bando enemigo e interpretan cada error como un inmerecido castigo ante el trabajo —propio— bien hecho. Hay algunas vidas que vienen como las cartas del tahúr: marcadas. En esas vidas no hay suerte ni cuidados, no hay oportunidades ni milongas meritocráticas, no hay futuro sino presente tormentoso en el que existir apenas es no naufragar. Otras vidas son comunitarias, barriales, callejeras: saberse los nombres de los vecinos del tercero, poner la ropa al sol con una sonrisa que agradece la comadre del segundo, transformar la visita a la panadería en una fiesta y las fiestas del barrio en una comida familiar... Hay también vidas melancólicas, instaladas en la añoranza de lo que probablemente nunca ha sido pero satisfechas de habitar un pasado que evita arriesgar en el presente o aliviadas de no tener que lidiar con el futuro. De todas estas formas de existencia —y de las que no caben en esta breve tribuna— hay muchas, son —somos— la inmensa mayoría… son los fueguitos tenues que iluminan nuestros pueblos y ciudades, las que densifican las veredas de la difícil convivencia cuando la mayoría somos ‘yoes’ y los ‘nosotras’ parecen extravagantes.

Y luego hay vidas para el común. Estas son las más raras. Las que conjugan la vida en plural, las que reman, siembran, empujan y alimentan el común sin ninguna certeza de éxito, con la absoluta seguridad de la sombra, con la plena convicción de la necesidad de hacer correr la savia colectiva. Hace apenas unos días se apagó una de esas luces que permiten confiar en la especie y, cuando esto ocurre, hay dos efectos inmediatos: una devastadora sensación de soledad ante la ausencia de quien alimenta la urdimbre y una enorme responsabilidad de caminar al ritmo de quien nos ha dejado para que la nascencia de los otros mundos necesarios no cese.

José Luis Pajares se fue como una rayo sin trueno: rápido, sin hacer ruido, dejando instalado el estupor de los propios la incomprensión de la herida en los extraños. Y su partida deja ausencia, vacío, desorientación. No es este un obituario. No. Tampoco se va a despeñar por su biografía. No. Esto es una advertencia: hay pérdidas que necesitan amparo, solidaridad, compromiso, pasos delante de varias para ocupar la huella de uno. ¿Quién o quiénes los darán? ¿Cuántas vidas ocuparán el espacio de quien tejió para luchar por derechos ajenos, de quien investigó para evitar nuestra amnesia colectiva, de quien cargó pancartas y legajos con un corazón maltrecho en lo físico y henchido de compromiso?

Caminar por Laredo ahora ya no es caminar por el mismo lugar… cuando una vida del común se ausenta tendemos a la burbuja o a la melancolía, a la hagiografía sin matices o al silencio estupefacto. Pero hay que caminar Laredo y Castro, Torrelavega y Ramales, Unquera o Santander, Cantabria entera, sembrando ese espíritu vehemente, comprometido, a veces malencarado —a la vida del común a veces hay que mirarla ceñudos—, inagotable, esencial que ha quedado flotando tras el adiós colectivo al compañero en un frío tanatorio donde la asepsia compite con el sucio dolor y la rabia.

Yo nunca fui amigo de Pajares —ni el tiempo ni la geografía lo hicieron posible— pero fui seguidor de su aliento. Sé lo que hizo y sé que se fue dejando semillas en el Colectivo Memoria de Laredo que el resto debemos abonar y cuidar, no permitir que la inmensa responsabilidad del común recaiga sobre unas pocas.

Intentaremos caminar a tu ritmo Pajares, intentaremos vivir —parafraseando al poeta de Orihuela— mientras el alma suene y estaremos dispuestos a morir, cuando la hora llegue, habiendo empujado la vida en el común unos pocos anhelos cumplidos más allá de donde tú la has dejado.

En la comunidad de Madrid hay dos municipios, separados por 20 kilómetros de distancia en línea recta, en donde la expectativa de vida entre uno y otro arroja una diferencia de dos años.

En Madrid-capital, por no abandonar esta comunidad autónoma, hay diferencias sustanciales de expectativa de vida entre una acera y otra de algunas calles. En la calle Bravo Murillo, por ejemplo, no es lo mismo vivir en la acera de los pares que en la de los impares. Según los propios datos municipales, no solo median varias decenas de metros entre la acera de la derecha y la de la izquierda, sino que la distancia se puede medir en términos de vida, concretamente tres años.

Así que, dependiendo de donde nazca o viva uno, es más que probable que viva más años o menos. No, no es una cuestión de código genético, sino de código postal el que marca la diferencia en términos de cantidad y calidad de vida. Todo esto se puede saber ya, y por lo tanto se puede predecir, pero si a ello se añade la aportación inocente y altruista de la propia información genética de cada uno, lo que empieza siendo un acto de solidaria generosidad puede acabar en una pesadilla. De la misma manera que ya no hay dos seguros iguales, puede que llegue el momento en que el acceso a los servicios dependa de la información genética y socioeconómica de quien llame a la puerta.

De ahí la importancia de la custodia de los datos que generosamente aportan los ciudadanos a sus instituciones para que estas hagan su aliño investigador. De ahí la catástrofe que supone violar la confianza como ha ocurrido con el programa Cohorte Cantabria. Recuperarla, siendo el programa una buena idea, va a costar, si es que es posible recuperarla. Sinceramente, lo dudo.

Una buena idea echada a perder por la irresistible tentación de depositar los datos íntimos de 50.000 ciudadanos en manos de una farmacéutica de Boston que, como todo el mundo puede imaginar, no es una ONG. Da igual lo que digan las autoridades políticas y sanitarias para justificarlo, su credibilidad ha tiempo que está bajo mínimos: lo cierto es que no aportan el convenio firmado y eso es muy mala señal. Al final el pensamiento chusquero y nada sutil de la calle no va tan mal encaminado: si no hay nada que ocultar, ¿qué inconveniente hay en hacerlo público?

Nunca lo harán, de la misma manera que nunca dimite nadie, de la misma manera que el ciudadano se enterará tarde y de mala manera de qué empresa se hará con las riendas poligoneras del Parque Científico de la Salud que se levantará en los terrenos de la antigua Residencia Cantabria o descubrirá un día que hacerse mayor es más caro en términos de tratamiento médico y que por lo tanto hay que ir empezando a pensar en pagar y pagar mucho.

La desconfianza que está generando Cohorte, tan intensa como la ilusión que generó en su día, arrastrará a otros estudios que llevan años realizándose y que se verán condicionados por la duda razonable de que los custodios de los datos no son de fiar: ¿Un estudio de colon? Quita, quita. ¿Otro de hepatitis? Mejor que cuenten con otros… Pero esos programas salvan vidas y la desconfianza generará que se pierdan unas cuantas. ¿Alguien con capacidad de decisión ha pensado en esto siquiera unos segundos?

En los últimos días hemos estado inmersos en la cobertura de uno de esos casos que nunca gusta contar en un periódico: el acoso entre menores de edad, agravado en la actualidad por las posibilidades de intensificar el daño que dan la tecnología y las redes sociales al alcance de cualquiera. Y una vez más hemos sido testigos en primera fila de cuánto queda por aprender a nivel mediático y social para no caer continuamente en los mismos errores y revictimizar a las personas que lo denuncian.

El caso que destapó mi compañera Bárbara Ferrer en elDiario.es se produjo en el seno de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega, un club puntero a nivel deportivo y supuestamente con una sensibilidad especial para la protección a la infancia. Así lo atestigua su propia página web, con un apartado específico para abordar este tipo de conflictos, con un espacio de denuncia 'seguro' y una persona dedicada a abordar las situaciones delicadas que puedan surgir en las actividades que organizan con la participación de cientos niños y niñas cada semana.

La realidad, por desgracia, suele ser más prosaica. Los hechos denunciados ante la Policía Nacional indican que cuatro chicas del equipo cadete femenino habrían sufrido “insultos, vejaciones y situaciones incómodas” por parte de jugadores y jugadoras de una categoría superior, con las que en ocasiones comparten entrenamientos, partidos y vestuario. Ante la denuncia de sus padres y madres, según ellos mismos lamentan, el club arrastró los pies y puso en marcha un 'protocolo' del que nunca más supieron.

Solo pedían una disculpa y medidas disciplinarias acordes a la gravedad del caso contra los presuntos agresores. Hay pantallazos que atestiguan los hechos, donde se recogen “insultos homófobos, machistas y gordófobos”. A cambio recibieron críticas veladas, señalamiento y un mensaje muy preocupante: “Las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, según les dijo un directivo del club. Ante lo que consideraron una nueva agresión, alguno de los padres acudió a la Policía y ahora el caso está judicializado y pendiente de la intervención de la Fiscalía de Menores.

La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo

Sin embargo, a pesar de que nadie ha negado los hechos, sí se ha intentado minimizar lo que han sufrido estas cuatro niñas y el club emitió un comunicado tras la publicación de la noticia por parte de este periódico que ha sido lo que ha recogido la inmensa mayoría de medios de comunicación de Cantabria, —con honrosas excepciones—, dando voz únicamente a una de las partes pero ocultando el contexto y sin un ejercicio mínimamente crítico de periodismo, en el que la voz de las víctimas siempre debe estar recogida.

Hace tiempo que en nuestro equipo de Redacción decidimos poner el foco en el acoso escolar y el bullying en distintos entornos como una prioridad editorial. Creemos que es necesario denunciar los casos, contar las historias de estos niños y niñas. Así hablamos con Martín, el niño “sin domingos ni recreos” que con diez años se encerraba en su habitación e intentaba dejar de respirar; o con Lucía, víctima de acoso escolar, que nos relató dos años de insultos diarios y marginación en el instituto, y que nunca se atrevió a contarlo públicamente hasta ese momento.

De ellos aprendimos —y lo estamos volviendo a ver en el caso de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega— que pese a los mensajes repetidos de que hay que denunciar y señalar a los agresores, muchas de las víctimas sufren más a partir de que su caso se hace público y las instituciones afectadas por esta lacra suelen intentar dar carpetazo al asunto y lavar los trapos sucios en casa, para que no les salpique. Es un error. La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo.

Para evitar que eso pase hay que combatirlo y darles voz. Una y otra vez. Las veces que sean necesarias. Por nuestra parte, en ello estamos. Seguiremos firmes en este empeño y, si conoces algún caso, te invito a que nos lo cuentes para que lo investiguemos.

A veces parece que Castro Urdiales fuera otro planeta. No por su cercanía geográfica y cultural al País Vasco o por la calidad de su gastronomía o por la belleza de sus parajes. Es la gente y la política la que marca un camino diferente que se aleja de la vergonzosa “prioridad nacional” a la que ahora se abraza el Partido Popular —incluido el de Santander— o de la inacción o la indolencia de la mayoría de administraciones y de la ciudadanía.

Ver cómo un movimiento ciudadano como Castro por la Igualdad ha defendido los derechos humanos de las personas migrantes menores de edad da esperanza. Han sabido combinar calle y pancartas con pedagogía y empatía. Poner el foco en quien quiere romper los débiles vínculos sociales de nuestra época no es el camino. Centrarse en los derechos humanos, en los beneficios de la inmigración o en los problemas realmente acuciantes en la sociedad —vivienda, empleo, sanidad o educación— es huir de la trampa del discurso de la “inseguridad” que tantos réditos electorales le dan a quienes alimentan el resentimiento y la frustración para luego ofrecer “enemigos” y “soluciones” narrativas.

Pero, paralelo a este enérgico movimiento ciudadano, el Ayuntamiento —limitado como todos en recursos y en posibilidades— ha anunciado la puesta en marcha de un equipo técnico que colaborará en el proceso de regularización de los inmigrantes que se quieran acoger al imprescindible marco legal aprobado por el Gobierno nacional empujado por una Iniciativa Legislativa Popular. Lo que hace el Ayuntamiento de Castro Urdiales es necesario, pero ante todo responde a lo que se debería esperar de una administración pública: que esté al servicio de todas las personas que residan en el territorio donde tiene competencias.

La narrativa electoral es que la "regularización" es una pedrada del maligno Pedro o que es un acto de bondad petrina del piadoso Sánchez. La realidad es que la "regularización" es un éxito de los movimientos que empujaron la ILP

La mayoría de ayuntamientos de la comunidad autónoma se han puesto de lado, han dejado que cada cual se busque la vida, han confiado en que los funcionarios aguanten el envión como puedan, o han confiado en que sean las ONG las que ayuden a quienes —con papeles o no— ya son ciudadanos —de segunda— en nuestros pueblos y ciudades. 

Uno esperaría que, además de las administraciones públicas, ciertos gremios privados se pusieran las pilas. Al fin y al cabo, deberían ser los más interesados en contar con mano de obra cualificada y no cualificada pero, ante todo, con documentos legales que permitan su inclusión legal en el mercado laboral. Que la CEOE, Asaja o Ugam-Coag hicieran lo suyo, aunque su silencio es atronador. Pero igual debería pasar con los sindicatos, cuyas páginas webs están llenas de llamados a la movilización este Primero de Mayo, pero donde no hay ni una sola oferta de ayuda a las trabajadoras y trabajadores a los que explotamos sin papeles.

La narrativa general es que la regularización es “buena” porque “necesitamos” a las personas inmigrantes. No es un buen camino. La regularización es buena porque es justa, porque responde a un criterio básico de derechos humanos y porque no puede haber ciudadanos de segunda y de primera —aunque para nuestra autoridades y para una parte de la ciudadanía haya incluso inmigración de primera y de segunda—.

La narrativa electoral es que la “regularización” es una pedrada del maligno Pedro o que es un acto de bondad petrina del piadoso Sánchez. La realidad es que la “regularización” es un éxito de los movimientos que empujaron la ILP y, aunque pueda estar impregnada de pragmatismo político o de necesidad patronal, hay que lograr que funcione y que la mayor cantidad de personas sin documentación española den un paso en el camino hacia el ejercicio de todos sus derechos.

El tercer y quizá el último presupuesto de Cantabria entrará en vigor con cuatro meses de retraso tras un final feliz después de la escenificación de un desacuerdo que se zanjó de repente, con una inesperada reconciliación. Una maniobra de reanimación del PRC al Gobierno del Partido Popular que se precipitó por sorpresa. No vamos a malpensar que para satisfacer los intereses políticos personales de quienes lo rubrican más que los intereses públicos de todos los cántabros.

Nos dicen que se invertirá más dinero. Otra cosa es que sirva para las prioridades que necesitan los cántabros. En Sanidad, por ejemplo, se va a invertir más que nunca. Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria. Es más, ni siquiera están contentos los propios sanitarios. 

Hay, además, un contraste absoluto entre la gravedad con la que se toman los presupuestos en el ámbito político y la absoluta indiferencia que provoca en los ciudadanos. Tal vez porque las cuentas públicas no van a cambiar sustancialmente nada. Quizá haya un poco más de dinero para poder cortar algunas cintas inaugurales y colocar placas memorialistas antes de las elecciones de mayo del 27 en las que quedan grabados en letras doradas los nombres de los alcaldes, consejeros y presidentes. 

Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria

El pacto retrata la tibieza de las exigencias del PRC respecto a un Ejecutivo popular que ahora abraza la xenófoba 'prioridad nacional' para cerrar acuerdos de gobierno en otras comunidades y que aquí ya se aplicó al principio de legislatura. Cuando la presidenta Buruaga rechazó un centro de acogida para extranjeros en Camargo porque era mejor hacer algo -que no se ha hecho- para los de aquí. 

También se abraza a la ultraderecha cada vez que recurre la llegada de un menor extranjero a Cantabria. Lo hace con todos. Hasta se ha subido al carro de la mal entendida 'okupación' para justificar erróneamente la subida de los alquileres. Aunque los datos desmienten que sea un problema en Cantabria con cifras insignificantes, nuestros gobernantes insisten en el discurso del miedo.

El PRC hizo presidenta a Buruaga para evitar que pactase con Vox y neutralizar sus políticas ultraderechistas, pero ha resultado un rotundo fracaso. Paradójicamente el Partido Popular ha asumido sus discursos sin ninguna necesidad, lo cual resulta más inquietante. 

A su vez, es preocupante que los sucesivos acuerdos de los regionalistas pasen por alto estas cuestiones y algunas otras exigencias. A la privatización sanitaria -un procedimiento dudoso e incompatible con la defensa de la sanidad pública- se une la descarada impunidad urbanística ninguneando a los expertos de la comisión de urbanismo, y alentando a los ayuntamientos a ir más allá de la ley con ese llamamiento a no poner trabas a los alojamientos turísticos hasta en la línea de costa. Hasta se pretender aprobar el PROT por la puerta de atrás sin el consenso de los colegios profesionales.

La protección del territorio, el freno a la masificación turística y la vivienda son los verdaderos desafíos, que no se resuelven con algunas tiritas como el acuerdo salarial con los docentes, exigir que se paguen las subvenciones a los ganaderos o los cinco millones de euros para proyectos estratégicos, cuando el primero de ellos -el centro de datos Altamira- ya despierta notorios recelos porque ni siquiera tiene todavía el enchufe eléctrico que necesita.  

Aparcamientos de caravanas en los parques naturales, a los pies de la playa. Construcciones turísticas en suelo rústico. Mientras las personas que residen en Cantabria -esto ya no es una prioridad sino una emergencia- no pueden acceder a un alquiler ni comprar un piso. Un urbanismo prácticamente a la carta hace que Cantabria esté en riesgo de convertirse en un gigantesco escaparate turístico que deteriore su territorio y su paisaje natural. 

La aprobación de los presupuestos de manera tácita o indiferente bendice o encubre estas políticas. No cambia el rumbo. Quizá hubiese sido deseable algo más de ambición. 

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, llegó al cargo casi por casualidad, tras la salida en mitad de la legislatura de su antecesor, Íñigo de la Serna, que fue nombrado ministro de Fomento en los estertores del último Ejecutivo de Mariano Rajoy. A pesar de que había ocupado el número 2 en la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones municipales, su elección fue discutida internamente y hubo ciertas dudas sobre si la elegida iba a ser ella o el otro hombre fuerte de aquel equipo de gobierno del PP en la ciudad: el todopoderoso concejal de Urbanismo, César Díaz.

Aquel nombramiento fue escenificado en un acto en la sede del PP de Cantabria bastante surrealista, en el que los periodistas 'descubrimos' quién iba a tomar el bastón de mando y ocupar la Alcaldía de Santander durante los siguientes años cuando se abrió una puerta y apareció tras ella la sucesora designada, como si aquello fuera un programa de 'Lluvia de estrellas' o el casting de un reality show cutre de la época. Y no es que Gema Igual no tuviera experiencia municipal, porque ya para entonces llevaba nada menos que 13 años como concejala con responsabilidades en distintas áreas.

A partir de entonces, podríamos dividir estos casi diez años de Igual como alcaldesa de Santander en tres etapas: cuando le tocó defender el legado envenenado de De la Serna como 'heredera' natural de su reinado, cuando consiguió su primera victoria electoral —muy apurada, y con necesidad de un pacto con Ciudadanos que le resultó muy incómodo— y esta última legislatura con mayoría absoluta y plenos poderes, en la que se ha destapado su verdadera cara. No sé si por empoderamiento o por endiosamiento, pero el tono y las formas han subido varios niveles y tiene muy crispados hasta a sus acólitos más leales dentro del Consistorio.

La alcaldesa de Santander se ha convertido en este tiempo en la reina de las simplificaciones: sus discursos están plagados de disyuntivas tramposas que tienen como único objetivo trasladar siempre su responsabilidad a terceras personas. Un ejemplo de esta misma semana: “Me encantaría pagar más dinero a la Policía Local, pero a lo mejor tengo que subir impuestos para ello”, ha dicho sobre el conflicto laboral que mantiene con los agentes del cuerpo. Eso es lo que se llama un falso dilema o una falacia muy sencilla de desmontar. Presentar dos alternativas como las únicas posibles y excluyentes entre sí, vaya. Y a eso podemos jugar todos con la alcaldesa.

Podríamos decir que si la alcaldesa escuchara a los vecinos de Santander y fomentara su participación antes de tomar decisiones equivocadas, igual no tendría que “taparles la boca”, como dijo de los ciudadanos que protestaban por su proyecto fallido en el aparcamiento de Mataleñas. También podríamos decir que si Gema Igual no llevara 23 años de forma continuada en el Ayuntamiento de Santander tendría una carrera profesional fuera de la política y no sería responsable de lo que ocurre en la ciudad, como sucede ahora. Si hubiera una mayor planificación, el servicio de autobuses no estaría desbordado; si el servicio de limpieza funcionara, las calles no estarían llenas de ratas; si se ocupara del mantenimiento de las infraestructuras, no tendríamos la ciudad llena de lugares peligrosos. O si no hubiera mentido en su currículum y fuera maestra en lugar de dedicarse a la política, ahora no tendría que estar leyendo este artículo. Porque el condicional podemos utilizarlo todos.

Que un país tenga fuerzas militares parece lo normal, aunque hay ejemplos de estados que sobreviven sin ellas y no han desaparecido. Lo que no parece normal es que en tiempos de guerra, como los que vivimos, conociendo las brutales consecuencias para la sociedad civil —hemos pasado de un 10% de víctimas mortales civiles en la Primera Guerra Mundial al 80% de hoy en día—, y con consecuencias incalculables para el futuro, 15.000 personas hagan cola bajo el sol para subir a bordo de un portaviones —de guerra— que no es exactamente un portaviones —pero sí de guerra— donde, por no haber, no había aviones. Pero sí el olor a la guerra, que es para lo que se inventó el juguetito que ha sido pagado y mantenido con mis impuestos.

Podría parecer normal que la Armada aproveche la parada para hacer propaganda y captar entusiastas para grumetes, pero no parece muy normal que aprovechando la cola se instale un mercadillo de souvenirs nacionalistas que confunden un portaviones con una patria o una bandera con un compromiso teórico-emocional.

Es tan normal lo sucedido que puedo ver el vídeo de un periodista de un medio masivo que habla del “orgullo de nuestra Armada”, casi con el mismo entusiasmo con el que los supuestos periodistas deportivos hablan desde el hooliganismo sobre el equipo local. Es tan absurdamente normal que nadie se ha preguntado en Santander, durante la visita del “coloso” —una barquita al lado de los portaviones del imperio—, por qué el juguete de guerra lleva el nombre de un rey huido, que cada vez que abre la boca atenta contra la patria de la banderita y sobre el que pesan varios casos de corrupción que no lo han llevado a la cárcel porque han prescrito o porque es penalmente casi intocable.

Lo normal sería que hubiéramos salido a gritar un gran 'no a la guerra' —yo no lo hice—, pero lo normal también habría sido que los entusiastas de la cola nos hubieran corrido a gorrazos.

Lo normal sería que se hubieran hecho colas similares para asistir a los diferentes eventos programados por la Universidad de Cantabria bajo el título 'Guerra y dominación, heridas y reparación' o cada vez que hay una exposición donde es la belleza —no la guerra— lo que se ensalza. Lo normal sería que los/as (buenos/as) poetas sustituyeran a Blas de Lezo en el pabellón de las glorias nacionales o que los barcos de investigación científica o los laboratorios donde se buscan remedios para las enfermedades raras fueran el “orgullo de nuestra patria”. Lo normal sería que hubiera en las calles monolitos o monumentos en honor a aquellas personas que lograron un centro de salud para el barrio o a esas otras que denunciaron la corrupción a costa de su propia carrera o a estas que se empeñan en sostener las escuelas de folclore o los centros de educación popular.

Lo normal sería que pusiéramos el foco en lo importante, pero hay demasiada publicidad alrededor del ardor guerrero, de esos valores tan masculinizados relacionados con la batalla, la victoria e, incluso, la derrota —algo extrañamente endiosado en la casquería militar española—. No creo que las 15.000 personas (mal contadas) tengan la culpa de que los cines comerciales hayan mantenido la última versión de ese esperpento con nombre torrencial hasta el hartazgo o que los héroes que dan nombre a plazas y monumentos se hayan ganado tal honor en el campo de batalla o en las oficinas donde se decidía mandar a morir a decenas de miles de hombres que dieron su último aliento por la nada.

Lo normal sería lo deseable, pero lo normalizado, por desgracia, es lo que debería ser una excepción. Que Juan Carlos I respire tranquilo en su autoexilio de lujo: su nombre sigue engalanando el cascarón vacío que representa a la patria.

María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, ya amaga con lo que será a buen seguro el leitmotiv recurrente con el que el Partido Popular justificará uno de los mayores fracasos de la legislatura de este Gobierno. El Ejecutivo que preside se había comprometido a reducir sustancialmente las listas de espera, así como los tiempos de demora para los usuarios de la sanidad pública cántabra, pero, a falta de un año del fin de legislatura, los datos no solamente no constatan una mejoría, sino, como mínimo, una tendencia al enquistamiento de la lista de espera quirúrgica.

Cantabria ya es la tercera autonomía con mayor tiempo de espera medio para operarse, con 137 días. Solo por detrás de Andalucía y Cataluña en demora quirúrgica, la comunidad supera también la media nacional de 121 días. Según el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, correspondiente al segundo semestre de 2025, la tasa de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente en Cantabria era de 24,92 por cada 1.000 habitantes, por encima del 17,69 por millar de la media nacional.

Ante estos datos que presagian el estancamiento a futuro de la 'cola' para operarse, el PP ya sabe cómo justificarse: echándole la culpa a otros, en este caso, a la ministra de Más Madrid/Sumar, Mónica García. En un reciente cónclave cántabro-astur del Partido Popular, la presidenta Buruaga ya echaba la culpa a la ministra de este fracaso sin paliativos de los compromisos programáticos de los populares. A esto se le suele llamar 'ponerse la venda antes de la herida'.

Y sin embargo, dinero parece haber, lo que demuestra que lo público sigue siendo un complemento ideal de lo privado para convertir la profesión sanitaria, no en un medio legítimo para ganarse la vida, sino en un negocio antes de que todo estalle y acabe imperando la sanidad privada. Por de pronto, y en virtud de los acuerdos presupuestarios, se abonarán 43 millones de euros al personal sanitario por complementos.

A diferencia de lo que ocurrió con los docentes, los sanitarios en este caso no tendrán que esperar más de un año para ser 'actualizados' ni mucho menos tendrán que encerrarse en la Consejería cuyas puertas siempre tendrán abiertas. Se abrevian las fases para alcanzar el grado profesional y la financiación ya saldrá de algún sitio.

Las competencias sanitarias fueron asumidas por Cantabria hace años y el Partido Popular hizo de la eliminación de las listas de espera un caballo de batalla programático que reforzó su legitimidad como gobernante. El PP iba a acabar con las listas de espera. Echar ahora la culpa a la ministra en una materia cuya gestión es totalmente autonómica no tiene mucho sentido, máxime cuando, con el mismo argumento, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez podía haber acabado con la lista desde Madrid para reforzar al entonces Ejecutivo PRC-PSOE. No lo hizo por la sencilla razón de que es una materia difícilmente controlable desde Madrid al estar transferida la gestión.

No es fácil rebajar las listas de espera. Como ha aventurado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, cada vez la sanidad va a costar más con resultados paupérrimos. Como dice, y da a entender, el problema está en que la gente cada vez dura más, léase, que la gente se empecina en no morirse cuando debe, léase, cuando sería lo razonable, léase, cuando le supone más gasto a la sanidad pública.

Visto el escaso sentido del patriotismo público de los cántabros, que se empeñan en envejecer y hasta en enfermar con tal de crearle un problema a su Gobierno, la disyuntiva es clara: esperar la feliz venida de la sanidad low cost a 25 euros al mes, con las prestaciones igualmente low cost, o protestar, que es lo que queda. Dimitir es un verbo cuya conjugación solo es aplicable a los demás, está claro.

Ya no hay excusas ni paños calientes. Hay pruebas más que evidentes de cuál es el plan y no hay relato que sostenga a estas alturas la gestión política que se está haciendo del suelo en Cantabria. El PP ha pisado el acelerador en la recta final de la legislatura y va a apretar todos los resortes a su alcance en estos próximos meses para que la liberalización del terreno rústico sea una realidad incuestionable en la comunidad autónoma, si no lo era ya.

Se han quitado todas las caretas con las que habían tratado de enmascarar hasta ahora un objetivo irrenunciable para el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga: que no exista ninguna limitación para la construcción y se ponga a la venta hasta el último metro cuadrado de tierra disponible. Al mejor postor, por supuesto. Da igual que sea para segunda o tercera residencia que para el enésimo proyecto turístico.

Quedó lejos esa imagen bucólica con la que se trató de justificar la primera reforma de la Ley del Suelo, aludiendo al hijo del ganadero que se hace una casita al lado de sus padres para permanecer en el pueblo que lo vio crecer. Esto no va de luchar contra la despoblación, ni de facilitar la vida a los jóvenes que no pueden acceder al mercado de la vivienda libre. Son negocios. No hay nada detrás más que dinero. Otro ladrillazo a la vista.

Todas las decisiones que se han tomado hasta ahora van en la misma dirección. Primero, esa reforma (y contrarreforma) de la Ley del Suelo que abrió la veda a la construcción en suelo rústico en ciertos supuestos. Después, la Ley de Simplificación Administrativa que relajaba los trámites y aceleraba los procemientos en algunos casos llamativos, incluidos los terrenos que pertenecen a áreas protegidas o parques naturales. Ahora, con la aprobación exprés del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sin escuchar a los colegios profesionales involucrados y levantando las pocas restricciones que quedaban en vigor.

Y por si no fuera poco todo lo que se ha avanzado en la dirección contraria como auténticos kamikazes en esta carrera hacia ninguna parte —si el objetivo real fuera regular el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria en la que estamos inmersos— se sumó a toda esta normativa liberalizadora el decreto para las viviendas turísticas, que después de muchas demoras trasladó la responsabilidad a los municipios e impuso unos plazos larguísimos para su cumplimiento que aún así han necesitado de una moratoria para permitir un verano más de barra libre.

Es muy revelador un dato del que la Consejería de Turismo no ha querido 'presumir' demasiado: durante algo más de siete meses y medio, unos 1.000 propietarios iniciaron los trámites para regularizar su vivienda turística en Cantabria. En tan solo una semana, la que transcurrió desde que el Gobierno anunció la moratoria hasta que finalizaba el plazo para tramitar la legalización de las viviendas turísticas, fueron nada menos que 2.000 los que lo solicitaron. El doble en siete días.

Evidentemente, muchas de esas viviendas turísticas no cumplen siquiera los requisitos mínimos, pero podrán seguir operando con una paraguas legal con tan solo haber iniciado los trámites y hasta que no tengan una respuesta —favorable o desfavorable— que se puede demorar... durante años. Así se explica esta avalancha: en las trampas que se hace a sí misma una administración autonómica que no está dispuesta a poner coto a la turistificación de Cantabria.

La última vuelta de tuerca la ha dado la Consejería que dirige Roberto Media (PP), con competencias en Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda. Como algunos ayuntamientos no estaban siendo 'diligentes' en la autorización de usos turísticos para las viviendas construidas sobre suelo rústico con la nueva normativa que permitía hacerlo en determinados supuestos, siempre como primera residencia, ha dado la orden de que no pongan trabas. Solo falta la aprobación esta legislatura de la futura Ley de Vivienda de Cantabria para acabar de exprimir la gallina de los huevos de oro.