El Gobierno recula y reduce un 65% el tamaño del macroparque industrial de Laredo sin avanzar cuántas empresas quieren instalarse

El Gobierno de Cantabria desinfla sus expectativas sobre el proyecto de macropolígono industrial de Laredo. Su nueva propuesta, a través de la empresa pública Sican, pasa por reducir el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que lo articulará: en tamaño, en viviendas expropiadas y en vecinos afectados. La superficie pasa de 533.814 metros cuadrados, del plan inicial, a 187,721 metros cuadrados en la nueva propuesta, con un 65% menos de terreno. Respecto a las viviendas, se reducen de 47 a 11, mientras que los vecinos afectados descienden de 307 a 102, tras la fuerte presión de los centenares de vecinos que se oponen a esta iniciativa del Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP).

“Le hemos dado un mordisco grande al proyecto inicial y eso es un impulso grande; hemos ganado una pequeña batalla, se ha conseguido mucho”, ha reaccionado este miércoles Borja Fernández, portavoz de la Plataforma de Afectados del llamado Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Laredo a preguntas de elDiario.es.

Han pasado siete años desde que el Ayuntamiento de Laredo empezó a plantear la supuesta necesidad de más suelo industrial para el municipio, el Gobierno en coalición de PRC-PSOE impulsó el proyecto y luego el actual Ejecutivo del Partido Popular lo heredó de buena gana y aprobó el plan en 2023. Sin embargo, más de dos años después, al PP le ha tocado reducir sus expectativas y recular, tras 264 alegaciones en la fase de información pública, que ha durado cinco meses.

“Esta propuesta, tras reuniones con la plataforma, es más razonable, la anterior propuesta era un suelo quizá excesivo”, ha valorado Eduardo Arasti (PP), consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, acompañado en rueda de prensa por el alcalde de Laredo, Miguel González (PP).

El consejero no ha aclarado dos temas clave sobre un plan impulsado por la presunta necesidad de más suelo industrial: ha evitado decir cuántas empresas están interesadas en ocupar el futuro polígono, repitiendo hasta tres veces como argumento que no lo hacía “por confidencialidad”. Tampoco ha dicho la cifra aproximada de empleos que podría generar: “Lo habitual es que haya 35 o 40 empleos directos por hectárea”, ha matizado. El alcalde de Laredo, por su parte, ha asegurado que han sido “varias”, sin concretar, las empresas que han consultado sobre la posibilidad de instalarse en el futuro polígono. Además, ha precisado, “empresas pequeñas que han querido ampliar y se han tenido que marchar”.

Durante su intervención en la sede del Gobierno, el consejero de Industria ha mostrado los planos cartográficos de ambas versiones del polígono y ha insistido tanto en la reducción “sustancial” del tamaño como en el “diálogo” que ha mantenido sobre el proyecto con la plataforma de afectados.

Expropiaciones e indemnizaciones

Sin embargo, el nuevo número de viviendas afectadas no coincide con los datos que manejan los vecinos: 11 ahora, según el Gobierno, que solo maneja datos catastrales, y 58, según los vecinos, porque incluyen casas de aperos, casas no regularizadas y los bungalows habitados de un camping en la zona. En este sentido, el portavoz de la plataforma ha señalado en declaraciones a este periódico que, esta propuesta “por lo menos, va mas encaminada, porque antes era una salvajada, pero no deja de ser una expropiación”. 

Arasti tampoco ha querido adelantar el valor de las tasaciones de las propiedades afectadas. Supuestamente habrá un aumento respecto a la tasación original, que era 15 euros por metro cuadrado, cifra que los vecinos denunciaban como “especulación” considerando por cuánto podría venderse como suelo industrial. El consejero ha zanjado el asunto diciendo que la tasación será “sustancialmente mayor”.

La expropiación se hará por método de tasación conjunta, porque es el mismo proyecto, pero varios técnicos valorarán cada parcela de forma individual. Sobre esto, el portavoz de la plataforma, que ha advertido que aún no han tenido acceso a la documentación y tendrán que revisarla con sus expertos jurídicos, ha dicho que aunque no todas las parcelas son iguales, el Gobierno “debería de hacer una horquilla (de precio)”.

Según han explicado en rueda de prensa, el Gobierno espera más indemnizaciones que realojos. Para los escasos realojos previstos, la nueva propuesta es la misma que la anterior: mantiene sobre plano una parcela de poco más de mil metros en el polígono. Arasti ha dicho que solo “dos o tres” personas estarían interesadas en ser realojadas del total de afectados, según le han comunicado desde la plataforma. Tampoco ha aclarado cuánto dinero invertirá su departamento en reubicar a estos afectados. “La mayoría de la gente prefiere una indemnización”, ha zanjado.

Entre otros detalles que sí ha dado a conocer el responsble de Industria, el nuevo plan incluye una subestación eléctrica, una estación depuradora de aguas residuales, un punto limpio, aparcamientos y espacios libres de uso público, en un plan que va para largo, después de siete años desde su anuncia hasta su primera fase de información pública. “Hemos escuchado con máximo respeto y empatía” a la plataforma. “Esta propuesta, en parte, es gracias también a ellos”, ha dicho sobre un proyecto que vendría a instalarse en una comunidad autónoma donde hay polígonos industriales infrautilizados, según han demostrado algunos partidos.