Si eres de Castilla o de León, deberías acudir al menos una vez en la vida a la campa de Villalar de los Comuneros. Es mi (humilde) opinión sobre una de las fiestas más controvertidas en esta Comunidad, empeñada en ocasiones en enfrentar provincias como si de un reino de taifas se tratase. Independientemente del sentir de muchos leoneses (que, por supuesto, respeto), Villalar es mucho más de lo que aquellos que no van -o que solo van a primera hora de la mañana- creen. Puedes ir al espacio con el que te sientas más cómodo, o a ninguno y estar en la campa, que, gracias a alguna cabeza pensante, este año ha contado con una carpa que ha permitido guarecerse un poco del sol. Aún así, yo me he quemado, pero esa es otra cuestión.

A lo que iba, que me disperso fácilmente... En Villalar hay espacio para exigencias populares y políticas -que sí, recurren al mito comunero del siglo XIX con banderas republicanas, ya lo sabemos todos-, pero también hay hueco para los bailes tradicionales y las bandas (más o menos convencionales) de Castilla y León. Se trata de celebrar lo propio, la tradición y la diversidad, y ahí está todo el mundo invitado. De cantar al primer amor -ese que nunca se olvida- o para protestar porque cada vez seamos menos en los pueblos.

Los mensajes de los artistas se cuelan constantemente: por Castilla y León, por una Castilla diversa, libre, por recordar el trabajo de las mujeres -y las pandereteras- en la música. Es llamativo que en Villalar estos artistas tengan más éxito cuando proclaman 'viva Castilla y León' del que tuvo el presidente Mañueco hace solo unos días en los Premios Castilla y León. Supongo que tiene que ver más con una unión administrativa que quizá nunca debió producirse, pero que muchos ya han asumido y hecho propia de manera integradora. También se escuchan muchos 'viva Castilla' y 'viva León'; hasta algún 'viva Villalpando'.

Yo empecé a ir a 'la campa' cuando estaba todavía en la Facultad estudiando Periodismo, en una edición en que tocaba la MODA, porque quería mi hermano. He vuelto muchas veces, de 'civil' y de periodista, aunque al principio sobre todo de periodista: a seguir a los políticos y a 'picar' texto lo más rápido posible para que, aquellos que no estaban por allí, pudieran conocer el sentir de los representantes políticos.

Poco a poco, fui entrando un poco más en el 'modo campa', y desde entonces no puedo evitar fijarme en lo que me rodea; supongo que viene en el journalist starter pack. Fui creando mis propias tradiciones, como dar una vuelta por todas las carpas para ver qué carteles y pancartas marcan su discurso cada año.

En esta edición, algunos se solidarizan con los activistas que están siendo procesados por irrumpir en la Vuelta Ciclista durante el boicot por la participación de Israel. El PSOE ha recuperado un 'photocall' del Papamóvil en recuerdo a las fiestas de Tardelcuende en las que el actual secretario general del PSOE se paseó por uno escobilla del váter en mano. Ya se le multó por eso e irrumpió Abogados Cristianos por eso, pero esa es otra historia. También me gusta ver a las asociaciones y plataformas que están presentes en la campa y que ponen el foco en sus problemas locales, internacionales o de integración social. O que incluso regalan libros antiguos, para que tengan una segunda vida en manos de otros. Algún año quizá montemos puesto de elDiario.es, quién sabe.

Este 2026 hay otra cosa que me llama la atención: hace unos años se veían muchísimas camisetas de Los Niquis del Páramo o La Perdiz Roja Magazine que tan populares se hicieron. Ahora se han añadido camisetas de artistas locales como La MODA, El Nido, Delameseta o Guille Jové, entre otros, y eso me hace preguntar también qué parte de sus ingresos vienen más del merchan que de la música en sí. Es curioso cómo utilizamos la ropa como una seña de identidad: en la escuela (concertada), en los deportes y en los ejércitos.

Castilla y León tiene una riqueza y diversidad en su vestimenta increíble, aunque se puedan compartir algunos elementos. Y en este año he visto más faldas, bandas, chalecos y pañuelos que nunca. Originales, heredadas o tuneadas, pero transmitían una sensación increíble y un arraigo que a veces es complicado sentir. Aunque para outfit llamativo, el del vocalista de Jimenos Band, que actuó de imprevisto en la carpa principal después de tocar en la carpa de UGT: americana y sombrero de copa repletos de estampados de la bandera de Castilla y León.

El asunto es que yo tengo esa manía observadora, que tampoco me impide ver la ironía de que se comercialicen banderas republicanas, cafés de especialidad, merchan de sandías o enseñas del Che probablemente confeccionadas en condiciones muy poco dignas. Convivimos con ello, como toda la sociedad coexiste con sus propias contradicciones. Y el primero que no sea un poco hipócrita en la vida, que tire la primera piedra, como diría aquel.

Una vez inspeccionado el espacio, me acerco al monolito para ver las ofrendas florales, que desde hace años incluyen también a María Pacheco y no solo a Bravo, Padilla y Maldonado. Y, antes de que me lo recuerde un compañero periodista y leonesista en concreto... Sí, ya sé que la derrota de 1521 no fue tan importante en la historia y que todo fue engrandecido en el siglo XIX. Pero déjame ser un poco ilusa, por lo menos un día al año.

Porque de esto va Villalar en realidad: de soñadores -como los de One Piece, cuya bandera he visto hoy usar como cabestrillo- en sus propios pueblos, comarcas y ciudades. De defender lo propio, sin imponerse al otro, y del derecho a quedarse y no solo la obligación de marcharse a buscar un futuro. De reivindicar que se puede innovar desde lo rural y la tradición, y no solo en la agricultura, sino poniendo énfasis también en la cultura. Esa que ayuda -y mucho- en los peores momentos vitales y que muchas veces no cuidamos lo suficiente. Como la Junta de Castilla y León con su estrategia de organizar conciertos por toda la comunidad en la víspera de la fiesta que obvian a los artistas locales. Porque Castilla y León es vida, pero muchos se ven abocados a vivir la suya fuera.

Está aún por verse cuánto tiene de moda todo este movimiento cultural que vive Castilla y León, muchas veces a espaldas de lo mainstream y los medios de comunicación, pero no puede negarse que hay un resurgimiento importante. Desde luego, yo jamás en la vida habría pensado que podría escuchar a miles de personas -muchos de ellos jóvenes, parte especialmente relevante en una comunidad tan envejecida como la nuestra- cantando a Agapito Marazuela o recordando a Luis Martín Díez, del Nuevo Mester de Juglaría, fallecido en noviembre de 2025. La campa de Villalar intenta, desde su humildad, ponerlos en su sitio. O que vería a tanta gente con unas castañuelas como las que tenía mi hermano de pequeño y por las que algunos compañeros se reían.

Esto de los jóvenes es clave. Porque demuestra que podemos (me voy a incluir todavía como 'joven, si me lo permiten los veinteañeros) bailar pogos, pero también podemos unas jotas, unos charros o un ajechao, aunque muchos aún lo tenemos como tarea pendiente para cuando la vida nos dé una pequeña tregua, al menos en mi caso. Como lo de aprender a tocar la pandereta... supongo que todo llegará cuando deba hacerlo, pero no puedo evitar pensar que ese momento está cerca para mí. De momento sigo procesando la cantidad de polvo que he aspirado de la campa de tanto bailar -hasta el suelo, como piden Lucía y Santi-, como si fuera la Niña de la Arena que Dulzaro no puede olvidar.

Tampoco es que pretenda mucho con este texto más allá de expresar lo que siento. Supongo que el 50º aniversario de Villalar me ha dado qué pensar, o que es verdad que me voy haciendo mayor cada año. El caso es que, como dicen los burgaleses de El Nido, quiero cantar ahora por si acaso me toca llorar mañana. Que, hoy día, con la actualidad como está, nunca se sabe qué pasará al día siguiente. Así que, levántate, morenita, y baila hasta que te duelan los pies.

Por la A-6. Salida 189 a Villalar de los Comuneros. El estado de la carretera podría ser mejor. Como todo en Castilla y León, supongo. Podríamos ser más, podríamos tener más empresas, podríamos tener más oportunidades. O incluso más internet. Para eso sirve también la fiesta del 23 de abril: para reivindicar una comunidad mejor en una tierra de soñadores. La campa se llena de eslóganes, carteles, pañuelos y camisetas. “Make Castilla cool again”, “Resistencia Vaccea”, “Palentina Libre”, “Nadie es más que nadie”. Este año la falda roja es la reina de la fiesta: tuneada, como pantalón, hecha en casa o heredada. Como Virginia y Lucía, que se han puesto una falda roja que han cosido sus madres “en tiempo récord”. Sus “santísimas” madres, en sus propias palabras.

“Celebramos mucho la Feria de Abril y rápido nos vestimos de sevillanas. Los de La Perdiz Roja propusieron por redes sociales que lleváramos los trajes o alguna prenda o complemento personal para dar visibilidad a la vestimenta tradicional”, explica Virginia, que lleva viniendo desde muy pequeña. La idea de Lucía era “meternos en nuestras raíces” y “empaparse” de la cultura. “Y hacer feliz a mi niña interior”, agrega esta palentina, que de niña nunca pudo tener un traje.

No son las únicas que se han vestido para la ocasión, en una fiesta que resucita año tras año pese al abandono que denuncia. La co-directora de la revista La Perdiz Roja, Carmen Abril, se pregunta si en realidad podría trascender un movimiento cultural, y hasta qué punto una puede estar “sesgada” por sus propios círculos. “Lo estamos viendo en proyectos musicales, pero también en diseñadores gráficos, en gente que hace vídeo o foto”, explica. Este año querían reivindicar el traje, que “crea mucha identidad e invita a la gente a investigar”.

Impulso a la música de Castilla y León

Este jueves actúan muchos grupos: El Naán Trío, Carlos Soto, Guille Jové, Ronda Segoviana, El Nido, Delameseta, Dulzaro, Castora... y los que no podían faltar, especialmente este año: el Nuevo Mester de Juglaría, que hace unos días fueron reconocidos con el premio Castilla y León de las Artes. Nacho Prada es el vocalista de uno de esos grupos que reivindica el folclore y lo reinterpeta en todos los sentidos, El Nido. “Hay muchísimos grupos de esta tierra y muchas bandas que faltan. Se podría llenar de talento varios días de festival”, asegura desde la carretera, camino a Villalar.

Este año, como en 2025, la Junta de Castilla y León ha optado por organizar conciertos -por valor de más de un millón de euros- por toda la comunidad en la víspera de la fiesta. Eso sí, ningún cabeza de cartel era de Castilla y León. “No nos extraña, pero es una vergüenza y es algo muy feo a la cultura y a lo autóctono. Es para que reflexionemos lo que queremos construir”, señala.

Esta Comunidad también se construye desde lo más tradicional, como el grupo de baile Los Alfareros de Pereruela, de Zamora, que se estrena por primera vez en Villalar. Su presidente, Carlos Herrero Domínguez, es veterano en la fiesta, pero como ciudadano, no como bailarín. “El objetivo es divulgar el folclore de Zamora, que es muy rico y diverso en bailes y en indumentaria. Estamos luchando por él, trabajando y motivando a la gente para que le dé el calor que se merece”, explica poco antes de actuar. En el pueblo también se están recuperando otras fiestas, como la mascarada de Carnaval de La Vaca Antrueja.

“La gente quiere volver a las raíces”

Andrea García lleva más de seis años en la librería 'comunera': habla de 1521 en todos sus formatos: narrativa, novela, cómic, poesía... el mito comunero está presente en muchas superficies. Ella, villalarina, ha ido a la campa desde pequeña. Ha actuado este miércoles por la tarde en el escenario y hoy está repartiendo libros y juegos de mesa de Castilla y León. “La gente quiere volver un poco a las raíces, creo que está un poco saturada de tanta ciudad, tanta prisa y del mercado. No es comercial, y no parece una moda, pero sí hay un movimiento cultural de folk efervescente”, explica.

Partidos, oenegés, sindicatos y asociaciones se movilizan en uno de los grandes días de la izquierda, con un presidente autonómico y sus acostumbrados madrugones. Algunos eslóganes se repiten: la protección del pueblo, una gestión más sostenible de las energías renovables y contra las macrogranjas, la integración, una Palestina libre. Todo ello, aderezado de música tradicional. Bueno, algunos artistas, más y otros, menos. Como los de la paella del PSOE y su canción, generada con Inteligencia Artificial. A mediodía de este jueves, la campa congrega a más de 15.000 personas (5.000 coches y 21 autobuses), según calcula la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. El año pasado fueron 25.000 'comuneros' y se espera que haya más afluencia por la tarde.

Entre jotas y charros, y algunas cervezas, la actriz María San Miguel lee el manifiesto consensuado por CCOO, UGT, PSOE, IU, Podemos, Sumar, el PCE, el PCAS, STACYL, STECYL, TRADE, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, la Fundación Triángulo, el Ayuntamiento de Villalar, la Asociación de Periodistas Feministas y la Confederación de asociaciones vecinales de Castilla y León. “Villalar es la fiesta de todos, todas y todes. Por eso rechazamos posiciones de quienes propagan el odio y la xenofobia, que han crecido con la llegada a la extrema derecha”, proclama.

Futuro pacto PP y Vox

La sombra de Vox -que, además ha torpedeado esta fiesta desde el principio-, del pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y el previsible homólogo en Castilla y León planean en muchos discursos en el monolito. El secretario general del PSOE autonómico, Carlos Martínez, ha advertido del riesgo de que se creen “ciudadanos de segunda” y ha exigido una Comunidad “libre, igualitaria y justa” basada en la defensa de los derechos de “todas las personas”, en declaraciones recogidas por EFE. El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha tachado los pactos de Extremadura y Aragón de “xenófobos y racistas”, y la titular de Igualdad, Ana Redonda, ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar por el “simplismo”.

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, la “gran mentira” que esconden PP y Vox sobre la imposibilidad de España de ofrecer servicios sociales y una “vida digna a los últimos de la escala social”. “La 'prioridad nacional' está incluyendo una gran mentira. ¿Cuál es la mentira? Que no hay recursos suficientes en nuestro país para garantizar una vida digna para todas las personas, para garantizar sus servicios sociales y que por eso hay que quitarle esos recursos a los últimos de la escala social”, ha argumentado.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha eludido pronunciarse sobre el concepto de la 'prioridad nacional' y se ha remitido al posible acuerdo en el que trabajan con Vox para “cuando se concrete y se firme”. “Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle”, ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación.

Villalar es eso: es reivindicación, libertad, fiesta y amabilidad: como el niño con una camiseta de Lamine Yamal que toca el tamboril o el voluntario de Protección Civil que se coloca en el boquete en el camino para que los coches que se acercan a la campa no se dejen los bajos. Es una “romería laica”, sol incluido este año, con sus protestas y espíritu crítico, como lo fue hace cincuenta años. Incluidas las críticas a la propia fiesta, que también han marcado la historia, presente y posiblemente, el futuro de la fiesta.

Clandestino, con la Guardia Civil en contra, un 'aquelarre' de la izquierda. La fiesta de Villalar de los Comuneros cumple 50 años desde que 350 personas acudieron a la campa para reivindicar libertad, amnistía y una autonomía propia. Con una configuración territorial tan compleja, y unos sentimientos divididos y cuestionados, Villalar ha tenido sus vaivenes: desde la prohibición durante el franquismo, a su institucionalización con el único presidente autonómico socialista, a la dilución de la fiesta durante el liderazgo de Aznar, pasando por una relativa normalización con Juan Vicente Herrera o a la estrangulación económica con Vox en el gobierno, la ruptura en la antigua Fundación Villalar y los conciertos de artistas que no son de la comunidad y que ha organizado por todas las provincias Alfonso Fernández Mañueco.

Enrique Berzal, historiador especializado en Contemporánea y profesor de la Universidad de Valladolid, acaba de publicar Villalar. Medio siglo de celebración comunera (Páramo), que realiza precisamente este recorrido a través de testimonios orales y crónicas periodísticas. Todo, con el objetivo de explicar por qué se celebra Villalar, por qué muchos castellanos (y algunos leoneses) 'celebran' una derrota. Es una pregunta a la que muchos ya están acostumbrados a responder: “Los comuneros de Villalar históricamente han sido revisitados y han servido para muchos proyectos sociales, políticos, pictóricos, culturales y literarios para defender sus intereses”, explica Berzal en la presentación del libro el pasado jueves, que repetirá en la campa de Villalar.

Es decir, no se recuerda tanto la batalla en sí, ni la muerte de los comuneros —a los que se honra con la ofrenda floral—, sino una serie de valores de modernidad que se les atribuyen: “Los valores que expresamos los que vamos a la campa no son valores de separación o de disgregación, sino que revisitamos unos valores que se pueden hacer extensibles a toda España”, valora Berzal. Esencialmente, se traduce en la reivindicación de la libertad, la democracia y la autonomía y en contra del centralismo, inicialmente unidos a una “efervescencia regionalista” que vivieron algunas provincias en la Transición.

“Villalar es una romería laica y reivindicativa que resiste a lo largo de la historia. Hay un poso castellanista o castellano y leonesista, pero no es una fiesta aceptada en toda Castilla y León, y no pasa nada”, resume Enrique Berzal. En cada momento de tiempo, las reivindicaciones se han ido adaptando a las circunstancias, como una especie de “laboratorio político” en el que se reflejaron las nuevas formaciones políticas (Ciudadanos y Podemos) que rompieron con el bipartidismo hace diez años y con un partido de extrema derecha, Vox, que se muestra claramente en contra.

Una fiesta muchas veces revisitada

Berzal arrancó el libro a propuesta de los editores —Virginia Hernández y Javier Campelo—, con esa idea de englobar un sentimiento, pero también una estrategia política concreta. “Los historiadores lo sabemos, la Historia es utilizada por muchos colectivos conforme a sus intereses y Villalar no escapa: hay gente que ha utilizado el nombre de Villalar y no tienen nombres insignificantes, como el doctor Marañón.

Villalar era el epicentro de la eclosión de los intereses capitalistas, burgueses que defendían sus propios intereses económicos. Desde el lado liberal y de la izquierda, Villalar era el epicentro de la lucha popular a favor de las libertades y contra la opresión monárquica y centralista. Y desde la extrema derecha, Villalar era el epicentro de la traición de una parte de la sociedad a los intereses imperiales, o incluso hay quien dice que Villalar es el ejemplo de la lucha, ya en el siglo XVI, contra el globalismo. Cada uno utiliza Villalar para sus intereses“, condensa.

A pesar de estas reinterpretaciones, y de la oposición política —con mofas de alcaldes de León, Salamanca y Segovia—, Villalar se ha seguido celebrando. La palabra que utiliza Enrique Berzal no es casualidad: 'resistencia'. “Si Villalar resiste es por su singularidad. Es un centro desde el que se lanzan gritos reivindicativos y se comparte un día en familia”, zanja. En los últimos años, la música ha cobrado especial importancia en esta celebración, con artistas locales que participan altruistamente en la fiesta, que apenas cuenta con fondos públicos para su programa.

El autor del libro apunta que, durante muchos años —todavía ahora—, se ha identificado Villalar y “luchar por Castilla y León” como un enfrentamiento hacia el gobierno de Castilla y León, también debido a que el PP lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1987. “Y es así porque es verdad que los valores que se han asociado por parte de gran parte de los que van son valores indiscutiblemente populares, pero también porque en su momento Alianza Popular, y UCD, pero sobre todo AP, no creía en Castilla y León. Fueron los primeros en impulsar recursos contra la comunidad para que saliera Segovia, porque no creían en esa configuración”, expone Berzal.

Si Villalar resiste es por su singularidad

Enrique Berzal de la Rosa — Historiador y autor de 'Villalar. Medio siglo de celebración comunera

El historiador también defiende que, si se quiere que Villalar sea una fiesta para todos los castellanos y leoneses, por encima de sus ideologías, lo más “deseable” sería que el presidente del PP pudiera tomarse una cerveza en la caseta del PSOE, de UGT o de Izquierda Unida y “no pase absolutamente nada”, como pasó en 2002. A pesar de que Berzal reconoce que hoy parece “difícil” que suceda, también propone que el PP ponga una caseta. “A mí me gustaría eso”, manifiesta. Además de por cómo pueden reaccionar los asistentes a la campa, esto parece difícil porque Alfonso Fernández Mañueco ha acudido en los últimos años —en 2025 no fue por el luto declarado tras la muerte del papa Francisco— a primera hora de la mañana, cuando hay muy poca afluencia.

El año pasado, se agruparon unas 25.000 personas, todo un hito que enorgullece especialmente a los que sufrieron las cargas policiales en los primeros años. La efervescencia musical empuja también a las generaciones más jóvenes a participar en esta fiesta, en la que muchos saludos y abrazos están garantizados. Nos vemos en Villalar.

Castilla y León se prepara para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto y ha aprobado una estrategia, con una red de puntos de observación recomendados, unos 200, con tres categorías: los especializados, ubicados en municipios con experiencia previa en iniciativas vinculadas a la astronomía; los provinciales y los de municipios de más de 20.000 habitantes.

La Consejería de la Presidencia ha comunicado este jueves al Consejo de Gobierno de la Junta esa estrategia de coordinación, según ha explicado el portavoz en funciones del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha recordado que se espera que lleguen a España unos dos millones de personas para ver el eclipse, y cientos de miles en Castilla y León.

Por ello, ese fenómeno requiere una planificación especifica para garantizar una observación ordenada y segura en todo el territorio, por lo que los municipios podrán participar de forma voluntaria y solicitarlo, y se analizarán las zonas con más y menos riesgo en cuanto a acceso de los medios sanitarios, protección civil, incendios, acceso a fuentes de agua y abastecimiento.

No se descarta limitar accesos a algunos puntos

El portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha sostenido, a preguntas de los periodistas, que “no descartan limitar el acceso” si hay algún tipo de riesgo para la seguridad de las personas.

Carriedo ha explicado que se examinarán las facilidades de acceso para que lleguen medios sanitarios o de protección civil en el caso d que se requieran, pero también incluso si tienen aparcamientos suficiente para la llegada de las personas que quieran observar el eclipse.

También se tendrá en cuenta el riesgo de incendio en cada zona, y si cuenta con servicios de alojamientos e información o sanitarios, con el fin de que el riesgo sea el menor posible.

Uso de elementos de protección homologados

Carriedo ha hecho además un llamamiento a la responsabilidad individual en cuanto que se observe el eclipse con medios de protección homologados, “para evitar riesgos oculares que pueden ser serios e irreversibles”.

La estrategia autonómica recoge, por un lado, esos puntos de observación especializados, ubicados en municipios con experiencia previa en iniciativas vinculadas a la astronomía.

Por otro, los puntos de observación provinciales, correspondientes a municipios que soliciten participar y que serán seleccionados en función de su ubicación, servicios públicos disponibles y accesibilidad.

Y finalmente, se incluyen puntos de observación en municipios de más de 20.000 habitantes y en localidades de sus alfoces que deseen sumarse a la iniciativa.

En todos los casos, la participación de los municipios tendrá carácter voluntario y requerirá la correspondiente solicitud.

Selección por criterios de ubicación, accesos y servicios

A partir de estas, se llevará a cabo un proceso de selección atendiendo a criterios como la ubicación, los servicios públicos disponibles, las infraestructuras, las vías de comunicación y las zonas de exclusión.

Para garantizar la adecuada coordinación de todos los dispositivos, se prevé la activación de los planes de Protección Civil que resulten necesarios, constituyéndose los correspondientes CECOPIS provinciales, en los que estará presente la Administración del Estado a través de la correspondiente subdelegación del Gobierno.

En este marco, las Delegaciones Territoriales, en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, llevarán a cabo la preselección de los municipios.

El conjunto de estos emplazamientos configurará una red que, previsiblemente, contará con alrededor de 200 puntos de observación en toda la Comunidad, con el objetivo de canalizar la afluencia de personas, evitar concentraciones incontroladas y compatibilizar la seguridad con la protección del entorno natural.E

La familia de la niña salmantina María Caamaño Núñez, conocida como la “Princesa Futbolera Guerrera”, ha informado este jueves de su muerte, a consecuencia del sarcoma de Ewing que le diagnosticaron a los 7 años. María, que ya había cumplido 13 años, había sufrido un importante deterioro en los últimos días. Sus allegados informaban puntualmente a través de X de los resultados del tratamiento experimental que estaba recibiendo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y, finalmente, de su fallecimiento.

“La situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo para seguir adelante, pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RIA ya está descansando”, ha comunicado su familia en la cuenta de la niña en X.

Conocida su afición al fútbol, levantó la última Eurocopa de la Selección Española cuando celebró su triunfo en Cibeles en 2024.

María recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación 'La Sonrisa de María', para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer, así como por su “bondad, generosidad, fortaleza y empatía”. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado, también en X, su pésame por la muerte de la pequeña.

“El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita. María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado. #DEP”, ha escrito.

El sarcoma de Ewing, una enfermedad que se da sobre todo en niños y que es rara en adultos,  es un tumor maligno de células redondas. Es una enfermedad rara en la cual las células cancerosas están en el hueso o en tejidos blandos. Las áreas afectadas con más frecuencia son la pelvis, el fémur, el húmero, y las costillas.

Muchos todavía lo recordarán. El olor a galleta en la carretera de Santander, o incluso la tradición de comprar las galletas de Fontaneda allí mismo, donde se fabricaban. Ahora ya no huele a galleta y hace mucho que la propia fábrica de Gullón ya no vende su producto in situ, sino en una tienda dentro de Aguilar de Campoo. Laura Sanz Corada es hija de esa Aguilar que ha ido cambiando en las últimas décadas: hija de galletera y nieta del de la vainilla, ha querido plasmar en su último libro las vivencias de una villa -que no pueblo- de la mano de uno de sus grandes iconos: la galleta María Fontaneda; a través del recuerdo de las mujeres que trabajaron en sus fábricas. Muchas de ellas solo tenían 14 años cuando empezaron a trabajar en algunas de las secciones, solo eran unas chiguitas, como dicen en Palencia, cuyas primeras veces estuvieron fuertemente marcadas por la fábrica. Galleteras. La otra memoria de la galleta maría (2026) aborda cómo fueron las mujeres que sostuvieron no solo la fábrica de Fontaneda, sino el propio símbolo de la galleta maría desde la antropología y la sociología.

Las protagonistas de este ensayo son la madre de Sanz Corada, trabajadora en Fontaneda durante 21 años, y algunas de sus compañeras, que recibieron con “vértigo” la oferta de entrevistarlas para conocer su historia. “Tenían miedo a tocar heridas que no están todavía cerradas. Esos recuerdos las llevan a un lugar muy concreto en sus emociones, pero estaban muy dispuestas a hablar de lo feliz y de las partes buenas”, reconoce Sanz Corada. En Aguilar de Campoo se mezclaba lo industrial con lo social y lo afectivo, igual que ella ha plasmado en su obra a través del recuerdo, el olor y la memoria corporal.

Estas mujeres sacaron adelante Aguilar de Campoo con su esfuerzo, su cuerpo y sus manos. Porque esas manos -y sus esparadrapos- resultaban especialmente importantes. “La tecnología tiene un papel más importante en las fábricas de galletas que todavía hay en Aguilar, pero durante la transición, y antes, había mucha más carga física. Me interesaba el impacto que la fábrica en su cuerpo, casi me interesaba más reflejar eso que la propia fábrica por dentro: ver cómo se recuerda a través del cuerpo, sus dolencias de huesos, los morados...”, explica la escritora y antropóloga social a elDiario.es. El libro se apropia del término de 'galleteras', que los estudiantes utilizaban de manera despectiva, para reivindicar el trabajo de esas mujeres.

Sanz Corada quería “explorar la fábrica y la galleta desde todas las vías posibles”. Por eso la obra recorre la historia industrial de Aguilar a través de múltiples voces, que recorren la galleta “como materia, necesidad gastronómica”, pero también desde lo afectivo y lo industrial a escala local e internacional, la “conexión mundial que ocurre a la hora de llevarnos una galleta a la boca”.

“Quizá una entra en el libro pensando que que va a rememorar o que va a tener recuerdos de infancia feliz, merendando, pero de repente se encuentra también con con una serie de emociones muy distintas que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con el asco, que tiene que ver con con el trabajo esclavo de las plantaciones de azúcar”, comenta por teléfono.

La escritora reflexiona también sobre cómo esas empresas familiares se acaban desdibujando en el panorama actual, e incluso aquellos que quieren 'consumir local' lo tienen más complicado. “Con una marca como Fontaneda queda reflejado. Esas multinacionales vinieron a comérsela y hoy en día no sabemos muy bien quién está... cada vez tenemos menos acceso a esas historias, porque ya no son negocios familiares y el tipo de acceso es otro. Y eso tiene un punto perverso y extraño de injusticia con las manos que fabrican esas galletas”, agrega.

Un trabajo muy feminizado

El trabajo de la fábrica de Fontaneda -que después continuó con Ruvil, Fontribre, Tefe y Gullón- estuvo especialmente feminizado. Aguilar de Campoo llegó a producir casi una cuarta parte de todas las galletas de España en los años 60. Los hombres trabajaban en otros departamentos como los de carga o el turno de noche, pero muchas de las secciones eran femeninas. Eso sí, encabezadas por un jefe.

En Aguilar, por lo tanto, las mujeres fueron un pilar importante no solo en la economía doméstica, sino también en la industrial e incluso sindical. Esto les dio mucha más independencia económica y social que a otras mujeres de la España rural, según interpreta Laura Sanz Corada. “Hay una sociología muy específica de lo que es la mujer aguilarense y creo que tiene que ver con esto”, ahonda. Empezaron a trabajar muy temprano en una fábrica y luego tomaban sus propias decisiones: se esperaba de ellas que el trabajo fuera una especie de pausa entre la escuela y el matrimonio, y muchas todavía recuerdan el nombre de la primera mujer que decidió continuar trabajando una vez casada. “El director la llamó para felicitarla y le dijo que era una valiente. Muchas de estas galleteras recuerdan a este hombre como un ser muy machista en esa época, pero lo reconoció. Esto refleja también cómo funciona el feminismo desde un lugar muy afectivo y muy sencillo. Es una una decisión que parece sencilla, pero que implica una serie de de cambios estructurales muy fuertes y supone un modelo para que otras lo repliquen”, apunta.

Un ERE que todavía deja huella 30 años después

Esa decisión supuso un cambio, aunque todavía les quedaba mucho por recorrer: al trabajo en la fábrica se le sumaban las labores del hogar y la crianza, y a las escasas bajas por maternidad se les acabó añadiendo una sensación de abandono a finales del siglo pasado. El despido de un centenar de trabajadoras en 1996 dejó un sabor amargo en la industria galletera, que vio escaso respaldo del pueblo ante los recortes de la industria.

“La mayoría de las despedidas eran mujeres y muchas estaban afiliadas a Comisiones Obreras. Se generó una tensión muy importante porque todos querían permanecer en sus puestos de trabajo”, desgrana Sanz Corada. Y cuando se convocó un encierro no se apoyó por todas partes, y el pueblo ni siquiera dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, como sí pasó en 2002, cuando la gente se movilizó contra United Biscuits -que ya había comprado Fontaneda- tras su anuncio de cierre de la fábrica. “Ellas lo recuerdan casi como un abandono. Llevaban adelante la industria del pueblo, la crianza del pueblo y se las dejó solas.... así es como ellas lo sienten. Y en 2002 muchas ya no tienen fuerza para luchar por la marca, porque ellas peleaban por unos puestos de trabajo que pudieran permanecer en el pueblo”, apunta.

Laura Sanz Corada insta a recordar la historia de María, Piedi, Luisa y las demás 'galleteras': cómo tuvieron que cargar con el trabajo y los cuidados, cómo pelearon por sus derechos laborales y cómo reclamaron que no se despidiera a sus compañeras. Porque lo que les dio la fábrica, a pesar de todo, no era tan fácil de quitar: el compañerismo, la amistad y las primeras veces, de las que Aguilar de Campoo fue mero espectador mientras ellas aprendían a vivir.

Los periodistas Íñigo Domínguez y Alfonso Armada recibirán el próximo 21 de abril el XXIX Premio Miguel Delibes en el Teatro Zorrilla de Valladolid, donde también se rendirá un homenaje póstumo al biógrafo del escritor que da nombre al galardón, Ramón García Domínguez.

La alumna de cuarto de Periodismo de la Universidad de Valladolid (Uva) María Aparicio copresentará la gala junto al periodista Miguel Castañeda, mientras que alumnos del mismo curso de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) participarán en un encuentro con Íñigo Domínguez el miércoles 22 de abril.

El reconocimiento a Ramón García Domínguez (1943-2025), socio de la APV, periodista, dramaturgo y biógrafo de Miguel Delibes, se llevará a cabo con la Fundación Miguel Delibes, que guarda la memoria de este escritor vallisoletano, y con la aportación del material fotográfico de El Norte de Castilla.

El jurado del XXIX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes decidió por primera vez conceder ‘ex aequo’ este galardón a los periodistas Alfonso Armada e Íñigo Domínguez por los trabajos ‘Poema de la fuerza y de la compasión’ y ‘Malditas palabras bien dichas’, publicados en la revista Frontera D el 30 de julio de 2025 y en el diario El País el 20 de septiembre de 2025, respectivamente.

El jurado valoró que ambos autores abordaran en sus trabajos un mismo tema de actualidad, la situación en Palestina, “con dos miradas, dos estilos y dos lenguajes diferentes, con gran maestría en el uso de la lengua y dominio e innovación de los géneros periodísticos”, han informado fuentes de la organización.

Estos motivos les han hecho acreedores del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, que celebra el buen uso de la lengua castellana en los medios de comunicación, está dotado con 6.000 euros, y al que se han presentado diversos trabajos de televisión y prensa escrita (impresa y digital) de España, de medios especializados y generalistas.

Armada y Domínguez se suman a la lista de ganadores en las distintas ediciones, entre ellos Fernando Lázaro Carreter (1996), Vicente Verdú (1997), Álex Grijelmo (1998), Jesús Marchamalo (1999), José Jiménez Lozano (2000), Carlos Luis Álvarez ‘Cándido’ (2001),Juan José Millás (2002) y Javier Marías (2003).

También fueron distinguidos Valentín García Yebra (2004), Andrés Trapiello (2005), María de los Ángeles Sastre (2006), Tomás Hoyas (2007), Antonio Álamo (2208), Luis María Ansón (2009), Joaquín Sánchez Torné (2010) y Magí Camps (2011).

La lista de galardonados se completa con Isaías Lafuente (2012), Iñaki Gabilondo (2013), Ignacio Camacho (2014), Pepa Fernández (2015), Martín Caparrós (2016), Elena Álvarez Mellado (2017), Mariángeles García (2018), Mar Abad (2019), Lola Pons (2021), Luna Paredes (2022) y Mara Torres (2023).

En 2024, el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes se concedió a una colección de trabajos elaborados por varios profesionales de Radio Nacional de España (RNE), enmarcados bajo el título ‘30 años potenciando el español en Radio 5’.

El XXIX Premio Nacional de Periodismo está organizado por la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) y patrocinado principalmente por Unicaja, aunque también está auspiciado este año por el Grupo Palausa, compañía líder en la distribución de automóviles en el noroeste de España, el grupo hotelero Eurostars y el grupo Cárnicas Poniente.

Entre los socios institucionales, la APV mantiene el apoyo de la Diputación Provincial de Valladolid, la marca Alimentos de Valladolid (asociada a la Institución provincial) y el Ayuntamiento de la capital vallisoletana, y ha reforzado la colaboración con las universidades radicadas en esta provincia.

La Junta de Castilla y León ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que paralice de manera inmediata las obras que impliquen la eliminación de vegetación y tala de arbolado en el Canal de Castilla, como medida para minimizar los riesgos en la época de reproducción de la avifauna protegida.

Esta petición se produce después de analizar las actuaciones en curso y comprobar la existencia de posibles afecciones en la época más sensible para las especies animales que es su época de reproducción, y en la vegetación existente y un día después de que grupos ecologistas pusieran el foco en esta cuestión.

La Delegación Territorial de Palencia recuerda a través de un comunicado que en octubre de 2024, el Ministerio formuló un Informe de Impacto Ambiental en el que se concluía que no se preveían efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, condicionado al cumplimiento estricto de las prescripciones recogidas tanto en el documento ambiental como en la propia resolución.

El Ejecutivo autonómico considera “imprescindible” garantizar el cumplimiento de dichas condiciones ambientales, por lo que ha instado a las administraciones competentes “a paralizar cualquier actuación que suponga la eliminación de vegetación hasta que se verifique la ausencia de afección y a lo dispuesto en el Informe de Impacto Ambiental”.

Este miércoles, la Asociación de Naturalistas Palentinos y Ecologistas en Acción han solicitado a la CHD la paralización temporal e inmediata de la tala de arbolado que está ejecutando en el Canal de Castilla, en las provincias de Palencia y Valladolid. Se trata de miles de pies de árboles, y los ecologistas han defendido que muchos de ellos están “en perfecto estado” y tienen “un gran valor ecológico”. Las organizaciones ecologistas habían pedido al Servicio de Medio Ambiente de Palencia que instara a la CHD a parar las talas y también que la Consejería valorase la afección de esta actuación a la Red Natura 2000.

Las asociaciones han criticado que los trabajos de la CHD estén suponiendo “un grave deterioro ambiental y paisajístico en Tierra de Campos, una comarca necesitada de enclaves biodiversos como el Canal”. Estas obras se están acometiendo dentro del proyecto de la CHD de Consolidación del Canal de Castilla como corredor ecológico y cultural (Palencia, Burgos y Valladolid), en el ramal Campos, con el objetivo de impulsar la conservación y puesta en valor del canal de Castilla como Patrimonio Histórico.

Sin embargo, los conservacionistas aseguran que la ejecución excesiva y desproporcionada de estos trabajos está suponiendo que muchos tramos del Canal de Castilla, hasta hace poco jalonados por cientos de árboles, presenten en la actualidad un aspecto “desolador” al haber sido eliminada la totalidad de la superficie arbolada que conformaba el bosque de ribera.

El Canal de Castilla forma parte de la Red Natura 2000 y la vegetación de ribera es uno de los elementos más importantes a conservar. Una de las acciones del programa permitió la ejecución de trabajos para la creación de franjas arbustivas que protegiesen las márgenes de los humedales y del propio Canal, realizando para ello la plantación de 84.400 árboles y arbustos.

Las asociaciones subrayan que se produzca “una contradicción que puede estar incurriendo en un grave atentado a la Red Natura 2000, ya que muchos de estos árboles están siendo ahora mismo talados por la propia Confederación Hidrográfica del Duero”. Por ello piden la paralización inmediata de estos trabajos y animan a actuar al resto de instituciones públicas afectadas por estas “cortas desmesuradas”, ayuntamientos, diputación y Junta de Castilla y León.

La CHD niega una “tala masiva”

La CHD ha negado que se esté produciendo una “tala masiva” en el Canal de Castilla (los apeos afectan al 10% de los árboles) y defiende las actuaciones desarrolladas en las riberas para mejorar la vegetación, dentro de la obra de consolidación del Canal como corredor ecológico y cultural, y concretamente en el ramal Campos. La Confederación ha suscrito a través de un comunicado que el propósito de la obra es “conservar y mejorar” el entorno del ramal “como instrumento conector y vertebrador del extraordinario patrimonio cultural de los pueblos de Tierra de Campos” a través de una inversión de 6,4 millones de euros. Por eso es necesario intervenir sobre el paisaje a través de la vegetación y sobre los caminos de sirga a efectos de senderismo y cicloturismo, además de la construcción de varias áreas recreativas y otras actuaciones complementarias.

Una de las líneas de actuación de esta obra es la eliminación de vegetación autóctona en mal estado fitosanitario, puntiseco o con inclinación superior a quince grados. No obstante, y una vez saneada la masa, también se prevé la plantación de 30.000 árboles y arbustos de diferentes especies.

La Confederación asegura que las zonas más próximas a cauces naturales tenían “un grado mayor de naturalización” que las zonas más alejadas, donde la vegetación era “escasa”. “Los chopos proceden en su mayoría de brotes de producción, desarrollan maderas menos densas y más frágiles que no consiguen anclarse firmemente, lo que los hace proclives a inclinarse y desplomarse por rachas de viento. Además, las caídas de estos árboles representan un peligro serio para barcos, usuarios y la propia infraestructura del Canal”, expone la CHD, que también ha señalado que casi todos los olmos están infectados de grafiosis.

“Aunque la cantidad de madera apeada puede resultar alarmante, es preciso aclarar que, como consecuencia de estos tres problemas mencionados, la no intervención sobre la vegetación desencadenaría en una disminución y deterioro progresivo de la misma”, ha insistido la CHD a través de un comunicado.

Además técnicos de la CHD se han reunido con varios alcaldes de la zona “para lanzar un mensaje de tranquilidad y dar cuenta de las actuaciones realizadas dentro del proyecto”. “Fruto de la comunicación permanente con los ayuntamientos, se están realizando visitas de campo con los alcaldes que así lo están considerando. En estas visitas se comprueba cómo los árboles marcados tienen problemas de seguridad debido a la inclinación, la edad avanzada o la presencia de infecciones y pudriciones importantes e irreversibles”, ha rematado.

Sobre el papel, durante el franquismo se pudieron celebrar cultos religiosos no católicos desde 1945 (con el Fuero de los Españoles), aunque se necesitaba el permiso del gobernador civil. Eso sí, el régimen solo autorizaba actos privados, en ocasiones fuertemente vigilados. La libertad religiosa fue abriéndose a partir del Concilio Vaticano II, cuando se empezaron a permitir actos públicos, también bajo autorización. Sin embargo, la situación en Medina del Campo (Valladolid) fue diferente. La pequeña comunidad evangélica que había tuvo que hacer frente a presiones policiales, eclesiásticas, a múltiples peticiones no respondidas y a fuertes sanciones económicas por reunirse para rezar. En algunos casos fue necesario el apoyo de iglesias de otras partes de España y vender el piso del pastor y su mujer de Valladolid capital para hacer frente a las multas y evitar así la cárcel.

“Las fuerzas del orden incluso entraron en la vivienda del pastor, Félix Pradales y su mujer, María Abrodos, para perseguir el culto con el pretexto de que no tenían una capilla para los actos religiosos, puesto que no durante muchos años no tuvieron recursos económicos para construir una capilla. Y por más que pedían permiso, y por más que intentaban habilitar locales, siempre internos, siempre estaban perseguidos, vigilados, y siempre entraba la policía de manera sorpresiva para llevarse detenidos al pastor protestante y a los demás”, explica el historiador Enrique Berzal, que ha publicado recientemente un artículo de investigación sobre este tema en la revista científica Pasado y Memoria.

David Prieto es el actual pastor de Medina del Campo y uno de los descendientes de la comunidad. El primer lugar de culto en Medina donde un grupo fue llevado a la cárcel era una vivienda que les alquiló su abuela. “Lo difícil fue al principio, en la década de los 40 y 50, porque los pastores que empezaron la obra eran atosigados por la Policía. Había un acoso constante”, explica Prieto. El autor del artículo Persecución franquista contra las minorías religiosas. El insólito caso de los protestantes de Medina del Campo (1948-1962) concreta que, especialmente al inicio del régimen, los protestantes eran vistos “como una amenaza al predominio social de la Iglesia Católica”, así que se los vigiló “estrechamente” e incluso “se contribuyó a perseguirlos”.

La “secta” de los protestantes

El pastor Félix Pradales enviaba “continuamente” solicitudes de permiso, pero nunca obtuvo respuesta por parte del gobernador civil. Berzal apunta que había “una obstinación total” por parte del Arzobispado católico a través de su vicario, Faustino Herranz, y del propio arzobispo, Antonio García García, que tenía “miedo al proselitismo” de los protestantes. En una carta de 1948 conservada en el Archivo de Curia de Valladolid se puede ver la pretensión del arzobispo: “Daño hacen, aunque no tengan gran extensión y urge no dejarles las manos libres, quiero decir la lengua y la pluma y los demás medios de propaganda. El Fuero de los Españoles hay que interpretarlo y aplicarlo con el criterio más restrictivo que sea posible”.

David Prieto recuerda cómo los feligreses tuvieron que esconderse en baños o en una fábrica cercana“. Tenían una contraseña para avisar de si había problemas... había un cántaro en un balcón y, según estuviera a la derecha o a la izquierda, había o no peligro”, cuenta el pastor. En 1948, una reunión dominical de 11 personas fue considerada por el régimen como “una reunión clandestina” y no religiosa, lo que supuso unas multas que iban de 50 a 5.000 pesetas hasta 12.950 pesetas para todos ellos. El matrimonio Pradales-Abrodos fue multado con 2.000 pesetas, pero su salario anual ferroviario podía ser de unas 7.200 pesetas. La comunidad medinense tuvo, por lo tanto, que recurrir a la solidaridad de otras parroquias evangélicas.

“La estrategia era asfixiarlos a base de deudas y multas para que no pudiesen continuar o incluso se fueran de Medina, porque hubo amenazas con echarles”, expone Berzal. Prieto recuerda el efecto que tuvieron las multas sobre la comunidad. “Los pastores tuvieron que vender su propia vivienda en Valladolid para poder pagar las multas porque la gente que estaba allí congregada porque no tenía recursos para pagarlo. Y la alternativa era estar detenidos, y si no iban a trabajar perdían los empleos...”, apostilla el pastor.

Enrique Berzal ha acudido para esta investigación a los archivos históricos provincial y eclesiásticos de Valladolid, pero también ha contado con otro espacio que hasta ahora no se había hecho público: el de la Iglesia Evangélica de Medina del Campo, que ha conservado numerosa documentación como las cartas de la represión y la solidaridad de otras capillas evangélicas que entregaron dinero para que la comunidad pudiera salir de la cárcel.

Agentes de la Policía de Acción Católica

La localización de la vivienda del pastor resultó importante en la represión, así como la propia situación en Medina del Campo, que vivió una fuerte dominación del régimen. Además, algunos miembros de la Policía de Medina eran de Acción Católica y el gobernador civil también estaba “muy unido” a la Iglesia Católica. “La comunidad evangélica estaba situada... mejor dicho, la vivienda de Félix Pradales y María Abrodos estaba muy cerca de la parroquia católica. Y la Iglesia Católica tenía miedo de que, sobre todo los más pequeños y los adolescentes se fueran a la iglesia protestante, llamados por los cánticos religiosos”, detalla este profesor titular de la Universidad de Valladolid.

También utilizaron la excusa de que en Medina del Campo, una parte importante de la población era muy humilde, inculta, que no tenía una formación superior, y que podían ser fácilmente convencidos por la Iglesia Protestante, pues hacen todo eso. “El franquismo pensaba que los protestantes eran sectas que podían traer la desviación y la herejía. También es cierto que los protestantes durante la Segunda República vivieron una etapa de tal libertad que ellos se identificaron en gran medida con el régimen republicano, que les dejaba tener sus puestos en las calles y vender las biblias, celebrar su propia Semana Santa o el día de los difuntos”, explica Berzal.

En Valladolid había dos iglesias protestantes desde finales del siglo XIX: la anglicana (Iglesia Española Reformada Episcopal) -que en Castilla y León tuvo como gran referente a Atilano Coco, fusilado en 1936- y la Evangélica, que tenía pequeñas comunidades protestantes en algunos puntos de la provincia (Cigales y Medina del Campo) y de la ciudad (calles Labradores y José María Lacort). En Valladolid capital, Cataluña, Málaga o Galicia se hacía este tipo de seguimiento a la comunidad protestante, pero no se produjo una persecución “tan terrible” como la de Medina del Campo. Sin embargo, ni la Iglesia Católica ni la Policía lograron expulsar al pastor evangélico y a su familia de Medina del Campo. “Hubo una solidaridad internacional -el caso apareció en periódicos protestantes de Estados Unidos- y la presión internacional, con muchas cartas enviadas a distintas escalas de la dictadura franquista, también a través de la Misión Cristiana Española. Creo que eso es lo que en cierto modo también le salvó a los de Medina del Campo”, señala Berzal.

El Fuero de los Españoles

El franquismo sufría entonces un aislamiento internacional que quería frenar, por lo que buscaba tener buenas relaciones con el exterior, que a veces se veían afectadas por el tratamiento a las comunidades protestantes. Por ese motivo aprobó los Fueros de los Españoles en 1945, con la mirada puesta en Estados Unidos. “Desde Misión Cristiana les decían que si no querían ver peligrar esa circunstancia internacional, lo mínimo era permitir el culto interno a los demás”, explica Berzal.

En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid con Estados Unidos, aunque la represión en Medina del Campo no varió mucho. “La situación no se va a resolver hasta finales de los años 50, principios de los años 60, cuando ya se les va a dar una especie de permiso. Pero casi hasta el primer quinquenio de 1960 no se les dio a los protestantes de Medina del Campo una libertad plena para poder realizar sus cultos interiores”, sostiene el historiador. Evidentemente, para entonces ya solo quedaban una decena de feligreses.

Mayor libertad a partir de los años 60

La Ley de Libertad Religiosa de 1967 permitió las manifestaciones externas, pero, de nuevo, siempre que el gobernador civil lo autorizase. “Estaban siempre sometidos. Así como la Iglesia Católica no tenía que pedir nada de esto, ellos siempre tenían que pedir un permiso al gobernador civil y siempre estaban vigilados. Y a veces seguían siendo detenidos porque no había llegado el permiso o porque consideraban que se hacía proselitismo”, expone Berzal.

Todavía en los 70 había personas que se movilizaron a título individual para reducir el tamaño de la comunidad evangélica. Prieto recuerda cómo, cuando era un adolescente, ofrecían trabajos en talleres o fábricas a compañeros suyos para que dejaran la iglesia e incluso a una tía suya, a la que ofrecieron un trabajo de telefonista en Madrid “a condición de que no estuviera aquí y dejara la iglesia”. “Cuando yo tenía unos 14 años, íbamos a las reuniones de escuela dominical unos 30 chicos. Pero cuando cumplieron 14 años desaparecieron todos menos yo. Eso era tónica general de aquellos tiempos”, resume.

Prieto también recuerda que, a pesar de que algunos alcaldes han acudido a saludar a la comunidad en algún acto público, en otras ocasiones se les ha denegado la cesión de espacios municipales para actos de culto. “Lo único que me pudieron ofrecer era el uso de los bajos de la Plaza de Toros para las conferencias. Y no me sirvió. O el auditorio previo pago de 3.000 euros, que no teníamos... nos dijeron que el polideportivo era de uso exclusivo para actividades deportivas, pero ahora se han permitido otros actos religiosos allí”, afea.

A finales del siglo XIX y principios del XX, había un elevado número de 'matuteros' en España, personas u organizaciones dedicadas al contrabando de determinados productos (especialmente el vino y la carne) para evitar así pagar el impuesto de los consumos (un gravamen similar al actual IVA) que recaudaban los ayuntamientos. Una investigación muestra cómo Valladolid vivió altercados, motines y protestas en contra de este impuesto de consumos, por el que murieron hasta cinco personas entre 1890 y 1905.

“El conflicto se producía cuando se descubría el matute. En la mayor parte de los casos eran los propios matuteros quienes se resistían, escapaban o intentaban evadirse del control de estos grupos de guardias o vigilantes de consumos. El cuerpo de vigilantes de consumos de Valladolid llegó a tener en 1894 más de 150 agentes, diez de ellos a caballo, que también portaban una carabina y un sable, aunque se podía autorizar incluso un revólver.

Entre 1890 y 1905, en Valladolid hubo cinco muertos como consecuencia de este control. “La pauta era similar: un vigilante interceptaba a un matutero, este se resistía de forma violenta, y el vigilante utilizaba el arma que solía llevar como defensa”, resume Jesús Ángel Redondo, autor del artículo académico Resistencia fiscal cotidiana en la España de la Restauración: un análisis del matute en Valladolid entre 1890 y 1905, publicado en la revista Hispania. Revista Española de Historia.

Matute de vino y carne, especialmente

Este investigador recuerda que el impuesto de consumos se pagaba por cualquier producto que entraba en la ciudad y que era “de comer, arder y beber”. Esta mercancía debía pasar por los fielatos, unas casetillas con gente vigilando, donde esta se declaraba y el vendedor pagaba según el peso del producto. El recuento realizado por el historiador concluye que los productos más matuteados fueron el vino (o mosto) y la carne (fresca, tocino, jamones, embutidos...), aunque también se contrabandeó con aceite, sal, pescado, fruta, velas o incluso petróleo. A pesar de las posteriores modificaciones fiscales, estos fielatos estuvieron vigentes hasta la década de 1960, cuando se empezaron a establecer las reformas fiscales en la época del desarrollismo.

“El matute afectaba principalmente a la carne y el vino porque eran productos con una gran salida comercial. Se trapicheaba con ellos en el mercado negro y, para que fuera rentable, tenían que eludir el impuesto de consumos”, explica Jesús Ángel Redondo, que ha localizado casos de “trapicheo de subsistencia”, aunque la mayoría de las situaciones implicaban “importantes alijos”. En enero de 1900 incautaron 175 kilos de embutidos y tocino; en abril, cien arrobas de jamón; en julio, 200 kilos de jamón; y pocos días más tarde, 1.200 kilos de tocino.

No solo se trataba de una cuestión económica, sino también de Salud Pública: el objetivo era evitar los mataderos clandestinos y la adulteración del vino, que se juzgaba como un delito de estafa. “En aquella época, el control de la sanidad era muy laxo y muy difícil de llevar a cabo. Había un gran mercado negro que abastecía notablemente a la ciudad y al cual recurría sobre todo la gente de clase más baja porque les salía más barato”, agrega. Este profesor de la Universidad de Valladolid explica los métodos de matute que utilizaban, muchos de los cuales siguen utilizándose en la actualidad: “Usaban dobles fondos donde pasaban cientos de botellas de vino o kilos de embutido. Había bandas organizadas, comerciantes y taberneros implicados, y los negocios se hacían en las ventas que estaban a las afueras de las ciudades”, relata Redondo.

Altercados durante años

Redondo explica que había un “contrabando casi continuo que alarmaba a las autoridades y suponía un continuo conflicto, violencia e inestabilidad en la ciudad”. Este matuteo muestra “una realidad muy diferente a la imagen monumental del Valladolid del siglo XIX o primeros del XX; había una cara bastante oscura” que incluía altercados. El historiador explica que había un “contrabando casi continuo que alarmaba a las autoridades y suponía un continuo conflicto, violencia e inestabilidad en la ciudad” dada la “indignación, malestar y rechazo” al impuesto. Este matuteo muestra “una realidad muy diferente a la imagen monumental del Valladolid del siglo XIX o primeros del XX; había una cara bastante oscura”.

En Valladolid se produjeron varios motines por este motivo, especialmente en el Bienio Progresista (1854-1856), aunque también hubo varios a principios del siglo XX: en 1902 estalló un amotinamiento cuando varios vecinos defendieron a una mujer que estaba siendo maltratada por los vigilantes, en el que tuvo que intervenir también la Guardia Civil. Un año más tarde se produjo una “batalla campal”, según las crónicas de El Norte de Castilla porque un grupo de matuteros apedreó a unos vigilantes mientras intentaban introducir unos pellejos de vino de contrabando. La Guardia Civil tuvo que intervenir nuevamente porque muchos vecinos del barrio de Santa Clara decidieron unirse a la revuelta y ponerse del lado de los matuteros.

En 1904, un motín se saldó con un muerto y enfrentamientos directos con el regimiento militar, aunque este no estuvo directamente relacionado con los consumos, sino que fue una de las consignas que clamaron en una movilización contra el precio del pan, que se había incrementado por la inestabilidad internacional tras la guerra de Cuba. “Como sucede ahora con la guerra en Ucrania, cuando suben mucho los precios de un producto básico como el trigo, se exigía a las autoridades cercanas que rebajaran los impuestos a las harinas para que no fuera tan perjudicial para las clases populares”, apostilla el historiador.

En 1912 se produjo uno de los altercados más destructivos porque se estableció un impuesto sobre el carbón. Los manifestantes llegaron a incendiar y destruir por completo el fielato de la estación, que estaba ubicado entre la estatua de Colón y el hospital de Recoletas.

Los 'Zaqueos', una familia de matuteros

En la ciudad del Pisuerga había también entramados de corrupción y fraude que implicaban a vendedores y vigilantes. La familia más conocida en Valladolid fue la de los 'Zaqueos', que tenían una taberna cerca de la estación de autobuses a través de la que introducían matute desde el municipio cercano de La Cistérniga. El caso de corrupción más escandaloso se destapó en julio de 1899, cuando varios vigilantes de consumos y algunos guardias municipales fueron acusados de estar compinchados con diferentes bandas de matuteros, entre los que se encontraban los 'Zaqueos'.

“Aunque se dice que en aquellos años el pueblo estaba aislado de la política, la acción de estos matuteros o grupos delincuenciales influía en el debate sobre la gestión fiscal”, defiende Jesús Ángel Redondo, no solo por la delincuencia, sino por motivos de eficacia fiscal. Mantener la infraestructura para cobrar este impuesto era “muy caro” y eso hacía que fuera “muy poco rentable de cobrar”. Mientras gestionar el resto de impuestos costaba un 5% de lo recaudado, la gestión de la recaudación de consumos suponía un 27%.

“Además, generaba violencia, descontento y desprestigio para las autoridades municipales. Por ello, se empezó a exigir que el impuesto se rebajara o suprimiera, argumentando que no era propio de países civilizados y que se necesitaba un sistema fiscal más efectivo, que no costara tanto dinero ni provocara conflictos de orden público”, argumenta el historiador. El gobierno de Canalejas suprimió este impuesto en 1911 de forma progresiva, aunque muchos ayuntamientos mantuvieron impuestos parecidos con otros nombres porque suponía “un ingreso básico para las arcas municipales”.

El debate sobre los consumos fue un argumento político muy importante para partidos al margen del sistema, principalmente los republicanos y después los socialistas, e incluso llegó al imaginario popular a través de la música. Redondo recuerda que se popularizó una zarzuela llamada “Gigantes y cabezudos”, cuya primera escena es un alboroto fiscal de mujeres en Zaragoza. “Estos problemas fiscales y las subidas de impuestos eran un elemento esencial en las protestas colectivas de las clases populares en las ciudades”, apunta.

Archivos incompletos

Redondo defiende que aún no se ha estudiado mucho cómo vivían las personas que estaban en la marginalidad desde otros puntos de vista que no sean la beneficencia o la asistencia social. Redondo trabajó con la información publicada en la prensa local, sentencias judiciales que conservan los archivos de Chancillería o Valladolid y actas municipales que reflejaban los debates políticos sobre los consumos, lo que demostraba que este se consideraba “un problema de orden público y de imagen”. “Tendría que haber podido consultar los fondos de la delegación de Hacienda, pero en Valladolid están desaparecidos y en el Archivo Histórico Provincial no hay gran cantidad de documentación anterior a 1930”, lamenta este historiador, que reconoce también la incoherencia que hay a veces entre estas fuentes. “Muchas veces no podemos ir mucho más allá de obtener los hechos claros: que hubo matute de tal producto, que hubo violencia o que murió una persona”, apuntala.

Más de 400 personas se han manifestado este miércoles en la plaza del Liceo de Salamanca contra la agresión homófoba denunciada el pasado fin de semana por un joven en Salamanca, con el mensaje central de “Ninguna agresión sin respuesta”.

Convocada por Juventud Unida, y apoyada por colectivos como Iguales Salamanca, esta concentración ha hecho un llamamiento contra la homofobia después de que un grupo de cuatro jóvenes le pegara a un chico al grito de 'maricón'.

En un vídeo publicado el pasado domingo en la red social Instagram, el joven agredido apareció con la cara ensangrentada fruto de un corte en una ceja y, visiblemente nervioso, relató cómo sin motivo alguno un grupo de personas se dirigió a él para gritarle y agredirle.

Tras recibir centenares de comentarios en su perfil público de la red social, el joven aclaró que sus agresores no eran extranjeros, “sino cayetanos bien vestidos” diez años menores que él pero “muy agresivos”, “ante los mensajes de ocio y racismo” que le han llegado.

Este incidente ha ocurrido a los pocos días de el sucedido contra Bianca, víctima el anterior fin de semana de una agresión tránsfoba en La Bañeza (León).

El joven agredido ha explicado en Instagram que gracias a la difusión del vídeo se ha podido identificar a dos de las cuatro personas implicadas en la agresión, y confía en que entre las cámaras de seguridad y la colaboración de un local de la zona se pueda identificar a todas.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anunciado paquete de ayudas, por importe de 287 millones de euros -117,4 millones correspondientes a las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central-, para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con especial incidencia en los sectores dependientes del petróleo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a estas ayudas que se trata de 28 medidas agrupadas en siete bloques específicos para atender las diferentes necesidades de los sectores productivos y las familias.

De entre estos bloques, Carriedo ha detallado que el que absorbe más fondos es el vinculado a la merma de ingresos en las arcas autonómicas que implica el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central, con 117,4 millones; seguido de los 113 millones para la financiación de sectores empresariales, 33,3 millones para eficiencia y ahorro energético, 10 millones para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, 7 millones para favorecer la empleabilidad, 5 millones para reforzar el transporte colectivo de viajeros y 1 millón para ampliar el apoyo a las familias vulnerables.

Carriedo ha defendido que se trata de una respuesta rápida por parte de la Junta, al tratarse de una de las primeras autonomías en aprobar ayudas de este tipo, y ha añadido que aunque algunas de las medidas tienen como horizonte temporal el próximo 30 de junio, otras tienen vocación de permanencia, al entender que se trata de medidas estructurales que seguirán vigentes haya o no guerra en Oriente Medio, como las vinculadas al transporte de viajeros en autobús.

Como sectores más afectados, el portavoz de la Junta ha asegurado que estas medidas han sido tomadas tras mantener contactos con asociaciones de industriales, transportistas y con las organizaciones profesionales agrarias.

Ha reconocido que puede que con estas medidas no den “satisfacción completa” a las reivindicaciones de los sectores, pero ha asegurado que la financiación queda “garantizada”, pese a estar actualmente el Gobierno autonómico en funciones, sin tener referencias claras sobre la duración de esta crisis de precios energéticos.

Preguntado por la posibilidad de deflactar el IRPF para compensar la subida de precios, tal y como reclama el PP a nivel nacional, Carriedo ha respondido con la propuesta de su partido para rebajar el tramo autonómico del mismo impuesto, pero sin referencias a la deflactación.

En este sentido, Carriedo ha explicado que al estar en funciones el Gobierno no puede aprobar proyectos de ley en este sentido, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para constituir pronto un nuevo Gobierno que dé “estabilidad y confianza”.

No obstante, ha subrayado que desde el Gobierno autonómico en funciones asumirán “todos los restos y desafíos” que se presenten: “Que haya un gobierno en funciones no significa que haya un gobierno que no funciona”, ha resumido Carriedo, convencido de que tienen la “obligación de funcionar y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”.

Un hombre de 37 años fue detenido ayer en Valladolid tras denunciar su expareja, una mujer de 27 años, que había publicado fotos íntimas de ella en redes sociales, según han informado a EFE fuentes de la policía municipal.

En torno a la una de la tarde de ayer, la mujer, residente en la zona del Cuatro de Marzo de Valladolid, llamó a la policía para hacer la denuncia, en lo que podría ser un delito de violencia de género, según han explicado las mismas fuentes.

La policía procedió a localizar al hombre en un domicilio de la zona de Huerta del Rey, y fue detenido como supuesto autor de un delito de violencia machista.

Las mismas fuentes han precisado que se procederá a retirar esas fotos de las redes sociales.

En el Geoparque de las Loras, espacio protegido por la Unesco que comparten las provincias de Burgos y Palencia, se ha detectado presencia de cinco grupos de lobos, que se moverían por su área de influencia aunque buena parte de sus territorios estarían fuera del ámbito del geoparque.

Estas son las conclusiones de la investigación desarrollada, durante casi dos años, dentro del proyecto de mejora de la convivencia entre el lobo y lo ganaderos en el geoparque, y que se han presentado este martes en el Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora (Burgos), ha informado el Geoparque en nota de prensa.

El equipo de trabajo estima que la población de lobos en el área de influencia del Geoparque de las Loras -95.000 hectáreas- es de cinco grupos familiares, aunque admite que “con toda probabilidad” tendrían buena parte de sus territorios fuera del ámbito del geoparque, dos de ellos en la comunidad de Cantabria.

Del estudio realizado también se deduce que de los cinco grupos estimados dos se reprodujeron en 2023 y tres en 2024, un comportamiento similar al que tiene la población ibérica del lobo en otros espacios.

Además, el proyecto ha recogido datos sobre la cabaña ganadera para identificar tendencias y comprender la evolución del conflicto entre lobos y ganaderos.

Así, en el área de influencia del Geoparque de Las Loras hay identificadas 54 explotaciones de ganado en extensivo y semiextensivo, con más de 8.000 cabezas, y si se suma la cabaña ganadera mixta, la cifra se elevaría a 66 explotaciones con más de 12.000 cabezas.

El 80% del censo ganadero corresponde a vacuno en el caso de Palencia, y el 70% a ovino, en el caso de Burgos, según los datos recabados por el estudio.

Junto al objetivo general de favorecer la coexistencia entre lobo y ganaderos, el proyecto permite también evaluar el impacto real del lobo sobre la ganadería, identificar las medidas preventivas utilizadas por los ganaderos y detectar oportunidades de mejora en la gestión ganadera que favorezca la convivencia.

El acto de presentación en Sargentes de la Lora ha contado también con el biólogo Juan Ángel de la Torre, que ha analizado los beneficios de compartir territorio con los grandes carnívoros, como el control de enfermedades que afectan al ganado o la provisión de alimentos a otras especies de fauna salvaje.

Y Laura Martínez, propietaria de la ganadería 'La Caperuza' (Sierra Norte de Madrid), quien ha hablado sobre la gestión del ganado a través de la geolocalización con collares GPS con una manera más eficiente que favorece, además, la coexistencia con el lobo.

El proyecto de coexistencia entre el lobo y los ganaderos en el Geoparque de las Loras está desarrollado por DRIU Asociación para el Estudio, Conservación y Restauración Ambiental (DASECORA) junto a la empresa Loras y Cañones, dirigida por Alicia de la Iglesia, licenciada en biología, y Vanessa Díaz-Vaquero, especialista en ecología y grandes carnívoros.

Está promovido por el Observatorio Campo Grande e Iniciativa Humanidad-Fauna Silvestre y financiado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León no fueron positivos para la izquierda confederal, donde ni Podemos, ni IU ni Sumar consiguieron un solo escaño en el parlamento autonómico. Marina Echebarría (1963, Donostia), activista, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid y la primera catedrática trans de España, se presentó como número 2 por Sumar (en En Común, la coalición liderada por IU), y no oculta su decepción por el desenlace del 15-M. Echebarría atiende a elDiario.es en su despacho en la Universidad, pocos días después de la agresión de múltiples atacantes a una mujer trans en la Bañeza.

Esta semana una mujer trans ha sido víctima de una paliza por parte de un grupo de personas. ¿A qué atribuye ese incremento de la violencia?

Es una campaña orquestada. Es decir, esto es una guerra cultural, lo tienen muy claro. Determinados factores aglutinan gente que luego termina adoptando posiciones sociales y políticas. Y, por ejemplo, la población migrante es una bandera que se utiliza para que mucha gente se aglutine en un voto de ultraderecha o en una actitud de rechazo hacia las minorías. Pasa lo mismo con las personas trans. Mucha gente no nos entiende. No entiende nuestras vidas y, en consecuencia, este es un banderín de enganche para gente que tiene sus recelos o que cree que la vida está cambiando y que no entiende los cambios que se producen.

En definitiva, hay una instrumentalización para volver a intentar imponer unos modelos de vida del pasado, un modelo de familia del pasado, un modelo de relaciones que ya ha sido superado por la sociedad en esa política de retorno al orden natural, entre comillas. Y, claro, nos han puesto en la primera línea de frente.

Esta agresividad ha aumentado a medida que el colectivo trans, en este caso, ha ido ganando derechos. Hay una relación directa en ese sentido.

Obviamente. En la medida en que estábamos en la esquina de la sociedad, escondidas en tugurios, paseando de noche por las rotondas, no molestábamos tanto a mucha gente. Le resultábamos funcional a la hipocresía social. Y en la medida en que hemos querido hacer vida normal u ocupar espacios en la esfera pública, se produce esta reacción. Porque somos la visibilización de lo que ellos detestan.

Ahí, ¿cuál es la responsabilidad política que se debería tener para frenar este tipo de situaciones?

Tendría que haber un compromiso, un auténtico pacto de Estado contra los discursos de odio. Y también tendría que haber un compromiso político de las fuerzas democráticas en que las cuestiones de derechos humanos no deberían politizarse en una lucha partidista. Pero, por desgracia, parece que esto es mucho pedir en la situación actual. Primero, porque tenemos algún partido que no entra dentro de esa categoría de defensa de las políticas democráticas. O sea, su modelo social no tiene nada que ver con una vida sobre principios democráticos. Y, en segundo lugar, porque hay también algún partido que entiende que, al final, esto es una tendencia que puede asumir parcialmente —o que va a tener que entenderse— con esa parte de derecha antidemocrática y izquierda ultra muy antidemocrática y, en consecuencia, puede pactar con ellos. Y esto nos coloca en una situación muy mala a las minorías.

Cada vez que una persona trans aparece en un escenario público sufre algún tipo de ataque a su imagen, a su honor o linchamientos digitales

Durante la campaña usted ha denunciado haber sido víctima de acoso digital...

Yo no lo he denunciado, pero evidentemente el acoso digital se ha producido. Y no es la primera vez que ocurre. Este tipo de campañas, por desgracia, ya se han convertido en algo habitual y periódico. Cada vez que una persona trans aparece en un escenario público, normalmente sufre algún tipo de ataque a su imagen, a su honor, políticas de menosprecio o linchamientos digitales. Y claro, esto no es una casualidad. Esto es una política verdaderamente estructurada en redes.

Si tú coges ahora, por ejemplo, la última noticia que estaba leyendo hace cinco minutos sobre que están en busca y captura dos mujeres que han agredido a una chica trans en unos baños en Madrid, miras los comentarios de la noticia y la mayoría son a favor de las agresoras. Pero muchos de esos perfiles son bots o son elementos que están constantemente promoviendo ideas de ese estilo. Las cosas no son por casualidad. Hay una política mediática de estigmatización de las minorías y hay grupos que están muy directamente señalados, como la población migrante, los menores no acompañados, el colectivo LGBTI y, muy significativamente, las personas trans.

¿Y cómo ha gestionado, o cómo gestiona este tipo de situaciones?

Una tiene que asumir que evidentemente esto le va a pasar, que por desgracia es el precio que pagas por atreverte a defender una serie de principios. Viviría más tranquila haciendo una vida discreta, pero no defendería las ideas en las que creo. Así que pues lo asumes y ya está. Pero es muy triste porque estás diciendo que por defender tu identidad, tus derechos o una posición política hay una serie de señores que quieren hacerte pagar un precio vital y una violencia. Porque hay muchas formas de violencia. La violencia simbólica, la violencia en el tratamiento de la persona verbal, la violencia en redes, también es una forma de violencia. Y por desgracia estamos viendo que luego esto se concreta en violencias físicas.

Tenemos un incremento espectacular del nivel de agresiones homofóbicas o LGBT fóbicas en Castilla y León. Es que nos hemos convertido, en proporción a la población, de repente, en la comunidad que más casos tiene. Y hemos tenido algunos casos que podrían haber terminado muy mal. Hace meses un chico de Palencia no murió por los pelos porque llegó a tiempo a la unidad de cuidados intensivos de Valladolid. Pero estuvo a punto. Hemos tenido esta semana una agresión muy grave en la Bañeza. Ahora estaban operando de la mandíbula a la chica que había sido agredida. Casi pierde un ojo. Es decir, las violencias simbólicas y las violencias en redes normalmente preceden a algo peor, que es la ruptura de la convivencia.

El Partido Popular siempre deja la Ley LGBT en el cajón. Desde que está Vox en escena, mucho más

Castilla y León es la única comunidad autónoma que no tiene ley LGBT, salvo Asturias que lo está tramitando y que parece que va a salir adelante. No sé si cree que una ley podría cambiar las cosas.

Las leyes no son una panacea. No lo resuelven todo, obviamente, porque luego hay que cumplirlas. Pero son un instrumento, una herramienta de la que la gente puede valerse para reivindicar sus derechos. Aclaran situaciones de potencial conflicto que ya tienen un itinerario y una solución dada y, en consecuencia, facilitan la vida de la gente. Claro que nos hace falta esa ley por varias cosas.

Primero, porque efectivamente esta comunidad está convirtiéndose en una comunidad muy dura para los colectivos LGBTI. Segundo, porque tiene que cumplir la normativa estatal y hay que desarrollarla, implementarla. Este es un mandato que deriva de leyes estatales que tienen que cumplirse en este territorio también. Pero llevamos tres legislaturas negociando una ley LGBTI. El Partido Popular siempre la deja en el cajón. Desde que está Vox en escena, mucho más. No tiene ninguna intención de tramitar esto. Y corremos el riesgo, incluso, porque ya lo ha anunciado Feijóo tres veces, de que se apunten a una oleada de propuestas restrictivas de derechos. O sea, de intentar vaciar de contenido o contradecir las leyes estatales de Igualdad, como se ha intentado en Madrid, donde tuvieron que dar marcha atrás, o en Valencia, donde se ha presentado un proyecto que va a ir directamente al Tribunal Constitucional.

¿Y por qué cree que en Castilla y León todavía no se ha aprobado? Porque llevamos ya tres legislaturas. No solo con Mañueco, sino que deriva de gobiernos anteriores.

Nosotros negociamos durante dos años y medio, con el gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) y llegamos a un consenso con todos los actores profesionales, sociales y con la administración en el plano técnico, pero el sector más conservador del Partido Popular bloqueó aquel proyecto. Y desde entonces la situación no ha mejorado, ha empeorado. El gobierno de Mañueco ha sido mucho menos receptivo y desde que Vox está en escena, pues esta es una situación que no quieren ni tocar.

La izquierda confederal se ha quedado fuera del parlamento autonómico en de las elecciones del 15 de marzo. ¿Qué balance hace del resultado?

Ha sido objetivamente malo. No hemos logrado las expectativas que teníamos y no hemos mantenido el nivel de voto que tuvimos en 2022 o en 2023. Hay que asumir la realidad. Es decir, el electorado de Castilla y León es eminentemente conservador, esto ya lo sabíamos. Pero el efecto de vaciamiento a la comunidad lo está acentuando porque ha habido un incremento de la participación y, sin embargo, el volumen global de votos es menor. Esta comunidad ya ha perdido 150.000 jóvenes y sigue perdiendo gente joven bien formada que probablemente tendrían otro perfil sociológico. La gente mayor tiene un perfil mayormente conservador en el ámbito rural y en algunas zonas urbanas. Y la ultraderecha está subiendo. No es que sea una mayoría determinante, pero están ahí. Nosotros hemos estado muy invisibilizados en la campaña porque no tuvimos minutaje en televisión y tuvimos algún problema para poder hacer... comunicación de nuestras propuestas. El conjunto da el resultado que tenemos.

¿Por qué cree que Sumar no consigue asentarse en los territorios? Aquí en Castilla y León, por ejemplo, tiene muy poca base.

Estamos subiendo nuestra base discretamente, estamos aumentando nuestra militancia. El problema de Sumar fue que durante un tiempo éramos una marca paraguas y no nos constituíamos como partido. Cuando los partidos que integraban Sumar decidieron que tenía que ser una mesa de partidos se nos obligó a constituirnos como partido y se nos obligó a hacer una constitución territorial. Hemos estado en ese proceso durante un tiempo. Ahora ya tenemos una estructura que no será igual tan establecida como la que pueda tener Izquierda Unida, pero sí que hemos demostrado en esta campaña que tenemos voluntarios, que tenemos cosas que hemos integrado, que hemos aportado a la campaña, que han sido verdaderamente útiles. Hemos cumplido nuestros compromisos económicos y entendemos que tenemos muchas cosas que aportar.

Finalmente va a ser probablemente la ultraderecha la que marque las líneas de acción del gobierno

Probablemente volvamos a tener un gobierno de PP y Vox. ¿Qué cree que puede suponer una nueva legislatura con ambos partidos en el gobierno?

Ya tuvimos un adelanto de lo que puede ser un gobierno con la ultraderecha con el gobierno de 2022. Y vimos que era un gobierno muy poco operativo, en el que las consejerías de Vox hicieron realmente muy poco, pero bloquearon también a otras consejerías que no dirigía Vox. No dirigían directamente porque al final para el sostenimiento del pacto de gobierno era condición no agraviar o no molestar a la parte minoritaria del gobierno. Y ahora podemos temer una situación aún peor porque, probablemente, y ya lo ha anunciado así Abascal, cualquier disposición que se quiera aprobar necesitará el consentimiento previo o la aquiescencia de Vox. Y esto nos va a decir que finalmente va a ser probablemente la ultraderecha la que marque las líneas de acción del gobierno.

Estamos ante un cambio de ciclo en lo que es la economía y la vida social de Castilla y León

¿También en cuestiones LGBT?

Y no solamente, ese es el problema. Lla gente no se da cuenta de que esto afecta a todas las acciones del gobierno. ¿Qué política cultural ha habido en esta última legislatura? Arreglo de patrimonio histórico, fundamentalmente iglesias, subvención de toros y poco más. La cultura viva, la cultura más ciudadana, ha estado muerta. ¿Qué política industrial ha habido? Ninguna. Cuando ha habido grandes conflictos con las galleteras o con otras industrias tradicionales, a la Consejería de Industria no se la esperaba. Y no llegó. Tuvieron que desembarcar directamente los ministerios del Estado central para poder actuar. ¿Qué política va a haber en Sanidad? Pues probablemente, como estamos ante una comunidad que se está vaciando, y con una población envejecida... mantenimiento y tratamiento paliativo. Pero no prevemos un incremento de los servicios sanitarios.

En transporte... la comunicación con otras comunidades autónomas gozará de buena salud. Pero dentro de la comunidad probablemente seguirá abandonado. Las políticas de promoción del empleo rural. Se acaban en el 2028 las subvenciones europeas. Y la comunidad de Castilla y León nunca ha suplido o aumentado esas políticas europeas. ¿Va a instaurar ahora un plan propio? ¿O va a seguir con esa idea que es tan propia de la derecha y ultraderecha de que la mejor política industrial, la mejor política estructural, es la que no se hace? Que sea el mercado el que provea donde las cosas prosperan y donde no.

Estamos ante un cambio de ciclo en lo que es la economía y la vida social de Castilla y León. Que previsiblemente, vamos a dejar de ser una comunidad centrada en lo agrario para convertirnos en una comunidad de carácter industrial en la producción de energía para las comunidades que nos rodean. Seguiremos viendo como nuestros jóvenes probablemente emigren a las grandes urbes que nos rodean. Y que probablemente continuará el deterioro de los servicios públicos fuera de los cascos urbanos. Es decir, a corto plazo, muchos pequeños municipios creo que se les está condenando a desaparecer.

La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que reconsidere la decisión de cerrar la estación de esquí de Navacerrada, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que obliga a desmantelarla, y ha defendido que la sostenibilidad ambiental no es incompatible con la creación de riqueza y empleo. El permiso legal para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico que la sentencia deben cumplirla, lo que no impide que mantengan su posición en defensa de la actividad del estación de esquí de Segovia.

“No encontramos ninguna razón para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única de España que el Gobierno quiera cerrar”, ha apuntado, y ha lamentado que entre todos los proyectos del país se haya “fijado exclusivamente” en uno que beneficia a Castilla y León, y también a la Comunidad de Madrid.

Por ese motivo, la Junta le pide al Ejecutivo central que “reconsidere la decisión”, un posicionamiento político, dentro del “sentido común y la razón”, que evidentemente va al margen de la cuestión administrativa y legal, ya que “la justicia tiene otros cauces”, ha apuntado Fernández Carriedo.

En marzo de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica decidió que, al haber expirado el periodo de 25 años por el que se autorizó el funcionamiento de la estación de esquí, el siguiente paso era recuperar ambientalmente la zona. El calentamiento global, la caída en las precipitaciones de nieve y la saturación en Navacerrada fueron los argumentos principales de Transición Ecológica. 

“La sentencia es de obligado cumplimiento, pero tiene más que ver con la forma que con el fondo”, ha insistido el portavoz, y ha reclamado al Gobierno que al menos dé explicaciones sobre si considera “malas” todas las estaciones de esquí o solo las que benefician a Castilla y León y Madrid.

Ha explicado que ahora estudiarán la sentencia, después de que el Tribunal Supremo haya acordado no admitir a trámite los recursos de casación presentados por Castilla y León y la empresa concesionaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a la Junta a declarar la caducidad de la estación, confirmándola.

La Junta va a buscar las vías que permitan encontrar una solución “dentro de sus competencias” a lo que plantea la sentencia del TSJCyL, que en 2024 ordenó a la Junta resolver la liquidación, la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede.

Eso en cuanto a la forma, ha insistido Carriedo; en cuanto al fondo, la Junta defiende el mantenimiento de la estación de esquí porque “hay que aprovechar todas las oportunidades del territorio” y asegura que la actividad es “plenamente compatible con la sostenibilidad ambiental”.

“La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico, al contrario, es una palanca de oportunidades, es una fuente de creación de empleo y de riqueza y Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado que queremos aprovecharlo”, ha afirmado el portavoz autonómico.

Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STECyL denuncian la “asfixia laboral” del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Burgos (UBU) por el bloqueo por parte de la Junta de Castilla y León del convenio colectivo, que supone mantener la brecha salarial y la precariedad laboral de la plantilla.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han recordado que las negociaciones del convenio colectivo se iniciaron en 2023, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo por lo que sigue aplicándose un convenio que tiene más de diez años de antigüedad, “en clara desventaja regional”.

El personal docente investigador de la Universidad de Burgos percibe, como mínimo, 4.000 euros al año menos que en comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Cantabria o La Rioja, aseguran, al tiempo que denuncian la falta de estabilidad laboral, la precariedad y el “abuso” de la figura del profesor asociado.

CCOO, CSIF, UGT y STECyL insisten en que la de Burgos es la universidad peor financiada de Castilla y León, pues de los 467,8 millones de euros destinados a las universidades públicas, la UBU recibe el 11%, 52 millones, frente a los 169 millones de las universidades de Salamanca y Valladolid y a los 76 de la León.

Los sindicatos calculan que el coste de la mejora salarial para toda la Comunidad sería de unos 15 millones de euros, de los cuales repercutirían 2,5 millones en la UBU, lo que representa menos del 0,5% del presupuesto total de la Consejería de Educación.

Además, insisten en que la falta de inversión es un error estratégico dado el retorno que genera la UBU, con datos como que los estudiantes de fuera de la provincia (un 29,5 % en grados y un 45 % en máster) generan más de 25 millones de euros anuales en el sector servicios.

La Universidad de Burgos mantiene 3.100 empleos entre directos e indirectos, y por cada euro invertido se multiplica por 4,67 su impacto social y económico; además, la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados supera el 78 %..

Por todo ello, los sindicatos reclaman una reestructuración salarial que elimine las brechas actuales entre las distintas figuras contractuales, con una equiparación efectiva de los docentes permanentes con los cuerpos de titulares, y condiciones dignas para el profesorado asociado, sustituto y el personal investigador.

Los sindicatos anuncian que realizarán asambleas en todas las facultades de la Universidad de Burgos, así como concentraciones de protesta ante la Junta de Castilla y León.

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial sitúa en 67,1 la tasa acumulada de muertes por violencia machista por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, con 58,4 en el caso de Castilla y León, la quinta menor del conjunto autonómico.

Las comunidades con mayores tasas acumuladas son Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres). La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial cifra en 49 las mujeres asesinadas en 2025, el 80% de las cuales convivía con su agresor, un dato más elevado que en 2024.

En Castilla y León, Andrea B., de 34 años, asesinada por su marido el 16 de marzo en Burgos, y con un hijo menor, añadió su nombre en 2025 a la lista de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en esa comunidad desde que en el 2003 arrancó ese registro, que ya suma 66 crímenes machistas en esa autonomía.

El Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja correspondiente a 2025, elaborado con los datos suministrados por los juzgados, suma un feminicidio más de los 48 recogidos hasta ahora en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género.

El dato de mujeres asesinadas (49) es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, la cifra más baja desde que hay registros en 2003: hubo un asesinato cada 7,4 días

El promedio interanual de muertes entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos/año, si bien puede advertirse una notable diferencia si dividimos la serie temporal en dos periodos. La media del primer intervalo, entre 2003 y 2014 era de 65 muertes al año, mientras que en el segundo intervalo, entre 2014 y 2025 se sitúa en 52,4.

El Observatorio del CGPJ considera “innegable que la consolidación y el perfeccionamiento de las políticas públicas” han derivado en una descenso significativo del promedio anual de muertes. El informe insiste en que se trata de un fenómeno que afecta a toda la sociedad, con independencia de su nacionalidad, edad o nivel de estudios.

Datos generales

El perfil genérico de las víctimas mortales de 2025 son mujeres de 47,3 años, en su mayoría españolas (57,1%), que en un 80% vivían con su agresor, un porcentaje muy elevado respecto a 2024 (67,3 %) y de la serie histórica (2003-2025), que fue del 63%. Además, en el 89,1% de los casos fueron asesinadas en un domicilio, o bien el de ambos, o de uno de ellos.

Respecto de la nacionalidad de las mujeres extranjeras asesinadas, el 76,2% de ellas procedían de América, el 14,3 de África y el 9,5%, de Europa, según este informe del Observatorio del CGPJ. La edad promedio de los agresores fue de 49,4 años; en su mayoría (63,3%) eran españoles, y en el 61,2% de los casos fue detenido. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86, mientras que el agresor más joven tenía 21 años y el mayor, 90.

El mes de junio y los miércoles como día de la semana reúnen los peores datos en cuanto a violencia machista en 2005, ya que en ese mes se registraron el 16,3% de los crímenes (en la serie desde 2003 el peor es julio) y el 20,4% los feminicidios se registraron ese día de la semana (en la serie desde 2003 el peor es el domingo).

Denuncias previas y medidas de protección

Once de las víctimas (22,4%) habían presentado denuncia previa contra sus agresores, una cifra menor que en 2024 (30,6 %), y la del promedio de la serie histórica (25,8 %). De estas 11 mujeres que habían denunciado, siete convivían con el agresor en el momento del crimen.

El Observatorio del CGPJ cifra en 4 las víctimas que tenían medida de alejamiento en vigor. Las mujeres que denunciaron en 2025 tenían una edad media 42,4 años, y además, en un 63,6% de los casos, todavía convivían con el agresor que finalmente las asesinó. Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8% frente a un 21,4%).

La violencia vicaria

El informe dedica uno de los capítulos a las muertes por violencia vicaria, con el objetivo de “dar visibilidad a un problema terrible”, que según recuerda, ha costado la vida a tres menores en 2025. Hasta el 31 de enero de ese año, 65 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres desde 2003, a los que hay que sumar los tres de este inicio de 2026.

Los niños asesinados en 2025 eran dos niñas y un niño, en la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. Tenían un promedio de edad de 6,7 años y dos de ellos murieron a manos de su padre biológico, y uno, a manos de la pareja actual de la madre.

Por comunidades autónomas

El informe del Observatorio del CGPJ recoge la tasa acumulada de muertes por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, que se sitúa en una media de 67,1. Muy por encima de esta media están Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres). La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El 50% de las asesinadas en Galicia y Madrid en el 2025 habían presentado denuncia previa, circunstancia que en Cataluña asciende al 40%, al 33 en Andalucía y el 25 % en la Comunidad Valenciana; la mujer asesinada en Burgos no habría presentado denuncia previa. En 2025 no hubo ningún crimen en Cantabria y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Protección Civil ha enviado un mensaje a la población a través del sistema Es-Alert por una fuga de gas natural de uno de los depósitos del matadero El Navazo de Fuentes de Béjar (Salamanca), aunque no hay personas heridas ni atrapadas.

Se han desalojado de la instalación a unos 300 trabajadores y se ha establecido un perímetro de seguridad de 1 kilómetro, según ha explicado por teléfono a EFE el alcalde del municipio, Gustavo Rodríguez Sánchez (PSOE).

El sistema Es-Alert, que ha enviado el mensaje a todos los teléfonos móviles en un radio de unos siete kilómetros alrededor del matadero, “ha funcionado perfectamente”, ha indicado el alcalde de este pueblo de unos 240 habitantes de la comarca de la Sierra de Béjar, donde la población se mantiene “tranquila” a pesar del suceso.

Se ha recomendado a los ciudadanos mantenerse alejados a un kilómetro, dejar cerradas puertas y ventanas, así como no circular por las proximidades.

La Junta de Castilla y León ha activado el plan de protección civil en situación dos y están interviniendo los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil, aunque pasada la una del mediodía aún no se había accedido al punto de la fuga, ha precisado el alcalde. 

La huelga nacional de médicos de entre el 16 y 20 de marzo ha concluido este viernes en Castilla y León, con datos del turno de mañana, con 52.124 consultas canceladas, y 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas suspendidas en los hospitales de la Comunidad.

De las más de 52.124 consultas suspendidas en esos cinco días, 33.909 han correspondido a Atención Primaria y 18.215 a Atención Hospitalaria, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

Se trata de la segunda semana de huelga semanal que cada mes, desde el pasado febrero y hasta junio, han convocado desde el sindicato CESM para urgir al Ministerio a que negocie el nuevo estatuto marco específico de esa profesión sanitaria.

El seguimiento este viernes, el más alto de la semana: el 24%

En concreto, el paro convocado este viernes 20 en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León ha tenido un seguimiento medio del 24 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Ha sido el seguimiento más alto de la semana, que ha oscilado entre el 19 y el 20 por ciento.

Este viernes, el paro ha sido del 29% de media en Atención Hospitalaria (1.333 profesionales en huelga) y del 14 % en Atención Primaria (322 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.655 facultativos de los 6.900 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido en Ávila del 10,7 %, con 43 médicos en huelga; en Burgos, 27,1 %, 243 en huelga; León, 34,8 %, 441; Palencia, 23,2 %, 87 médicos; Salamanca, 19,3 %, 276 facultativos; Segovia, 18,8 %, 80; Soria, 26,6 %, 56; Valladolid, 24,7 %, 370 médicos; y Zamora, 14,4 %, 59 médicos en huelga.

Además, en la última jornada en huelga de los facultativos médicos se han suspendido 8.863 consultas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana.

Por áreas de salud han sido en Ávila, 630; Burgos, 1.491; León, 2.045; El Bierzo, 273; Palencia, 539; Salamanca, 1.386; Segovia, 420; Soria, 476; Valladolid Este, 574; Valladolid Oeste, 455 y Zamora, 574.

Y se han cancelado un total de 208 intervenciones quirúrgicas, 524 pruebas diagnósticas y 3.517 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad este viernes.