Los servicios de extinción de incendios afrontan tres incendios importantes en Castilla y León después de que dos fuegos en Burgos (Arza) y Palencia (Aguilar de Campoo) se hayan sumado al incendio que empezó este jueves en león, el de Sosas de Laciana. Los tres incendios están en el índice de gravedad potencial 1.

Este jueves comenzaba el nuevo periodo de riesgo meteorológico de incendios forestales declarado por la Junta de Castilla y León hasta el 6 de septiembre en todo el territorio, lo que ha obligado a cumplir con varias medidas preventivas, como la prohibición de pirotecnia cerca de la zona de monte.

Se espera que la extinción del incendio de la localidad de Arza, en el municipio de Ayega (Valle de Mena) pueda llevar más de doce horas para estabilizarlo, motivo por el que se ha activado este índice. La extinción de estos focos superan la veintena de medios del operativo: cuatro agentes medioambientales, un técnico, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldózer, tres ELIF/BRIF, cinco helicópteros y otros medios.

En el fuego de Aguilar de Campoo, iniciado a las 14:44 horas, es posible que sean necesarias “leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras”.

Este incendio ha obligado a activar a 19 medios del operativo: cuatro agentes medioambientales, un técnico, cinco cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos ELIF/BRIF y tres helicópteros.

El incendio forestal de Sosas de Laciana, que sigue en nivel 1 desde ayer, está evolucionando favorablemente. El fuego solo mantiene llama activa en aproximadamente un 10% de su perímetro, localizada en una zona alta y de muy difícil acceso. Entre el 40% y el 50% del perímetro puede considerarse ya estabilizado, según ha informado la Junta de Castilla y León a través de X. En el resto del perímetro no hay llamas, aunque todavía queda trabajo para asegurarlo.

Además, hay otros dos fuegos activos, uno en la capital burgalesa. el otro, en Brañosera (Palencia).

El curso escolar comenzará en Castilla y León el 8 de septiembre con una interinidad en el profesorado muy por encima del 8% marcado por la normativa como límite: un 9,40% en el caso de los Maestros y un 17,81% en el resto de Cuerpos que la consejera de Educación, María Pardo, ha enmarcado en los periodos bienales de oposiciones.

“No hemos podido reducir más porque las oposiciones se convocan cada dos años, pero estamos trabajando en esa línea y en la del diálogo con los sindicatos: a fecha de hoy todos los acuerdos pactados en la mesa sindical están cumplidos”, ha explicado Pardo este viernes en Valladolid durante la presentación del curso escolar 2026/2027 ante la comunidad académica.

Crece más la etapa de 0-3 años

Comenzará prácticamente con el mismo número de alumnos que el curso anterior (348.756) en la de régimen general, apenas un 0,07 menos, con el mayor incremento en el primer ciclo (0-3 años) de Educación Infantil (7,71%), por delante de una FP (2) en línea ascendente durante los últimos años en todos sus ámbitos: Grado Básico, Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización.

El segundo ciclo (3-6 años) de Educación Infantil es el que más ha bajado (-3,77%) y en cifras absolutas la mayor concentración de estudiantes (111.298) se encuentra en la etapa de Educación primaria por delante de la ESO (88.274).

Cinco provincias bajan el censo de matrículas respeto al curso precedente: Ávila (-1,72%), Salamanca (-1,61), Zamora (-1,17), Burgos (-0,69) y Palencia (-0,27), mientras destaca Valladolid (1,44) entre las que crecen junto a León (0,4), Soria (0,48) y Segovia (0,20).

Tres de las nueve provincias concentran más de la mitad del alumnado: Valladolid (86.207), León (59.494) y Salamanca (45.549). Si al alumnado de régimen general se le añaden los de régimen especial: idiomas y educación de adultos, el volumen total estimado es de 405.012, un 0,19% más.

Docentes, insuficiente aumento

El conjunto de profesores para esta temporada escolar suma 37.974, 551 más, un 1,51%, insuficiente a juicio de los sindicatos respecto a las elevadas cotas de interinidad, pero significativo en el caso de los maestros (156 más) y de los catedráticos, docentes de ESO y técnicos de FP (330 más).

La consejera, respecto a la interinidad, ha añadido que los procesos selectivos celebrados se han desarrollado con normalidad y elevado la tasa de adjudicación de vacantes: casi un cien por cien en los maestros y un 96,5 en el resto del cuerpos.

Castilla y León, pionera en la gratuidad de 0-3 años, tendrá este año a 23.669 dentro de esa etapa escolar con un ahorro anual para las familias, por alumno y curso, que la consejera ha estimado en 2.000 euros.

Más centros en el medio rural

El medio rural de Castilla y León dispondrá de 269 de los 639 centros educativos que abrirán este curso: el 59% de titularidad pública y el 41 de gestión privada. Valladolid (146), Burgos (103) y León (102) suman más de la mitad de esos 639 centros: el 42,1% en el medio rural y el 57,9 en el urbano.

Dieciocho colegios funcionarán con tres alumnos en Salamanca (5), Ávila (3), Burgos (3), León (3), Segovia (1), Soria (1), Valladolid (1) y Zamora (1); y doce lo harán con cuatro en Zamora (3), León (3), Valladolid (2), Salamanca (2) y Ávila (2).

“Todo está preparado para el inicio de un curso escolar con normalidad, estabilidad y con las máximas garantías, también desde la posición de fortaleza de un sistema educativo de referencia nacional e internacional y que siempre pone el centro a los docentes, familias y alumnos”, ha subrayado la consejera de Educación.

Castilla y León ha declarado riesgo meteorológico de incendios forestales del 3 al 6 de septiembre en todo el territorio. Las previsiones meteorológicas apuntan a la presencia de una dorsal anticiclónica sobre la Península y a la entrada, a partir del jueves, de una masa de aire tropical continental de origen norteafricano, según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

Estas condiciones provocarán un episodio de altas temperaturas, con valores que podrán situarse entre 35 y 37 grados, acompañado de un descenso general de la humedad relativa, con valores mínimos por debajo del 15 % en buena parte de Castilla y León. Esta es la sexta ocasión en que se declara este tipo de alerta desde el inicio de la Época de Peligro Alto de incendios forestales.

Además, se prevé la presencia de una DANA al oeste de la península durante los días 4 y 5, lo que favorecerá la formación de tormentas en distintos puntos de la Comunidad, especialmente el sábado. En cuanto al viento, se esperan rachas máximas superiores a 30-40 km/h entre el jueves y el domingo, con especial intensidad el sábado, cuando podrían superar los 50 km/h.

Durante el periodo de vigencia de la alerta quedan prohibidas las siguientes actividades en la zona de monte y en la franja de 400 metros a su alrededor:

La Junta Local de Seguridad ha acordado la suspensión de la sesión de fuegos artificiales prevista para eel 6 de septiembre por el riesgo de incendios.

Un nuevo Plan Forestal de aprovechamientos

Además, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha comunicado a los integrantes de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, la próxima elaboración de un nuevo Plan Forestal Integral para impulsar la rentabilidad de los aprovechamientos forestales y favorecer la prevención de los incendios integrada en la gestión activa del territorio.

“Este nuevo plan reflejará el compromiso de la Junta con el sector y queremos que sea un instrumento útil, que sirva para movilizar todos los recursos, mejorar la gestión de los montes y fortalecer toda la cadena de valor de la madera”, ha señalado la consejera en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El nuevo plan contemplará medidas dirigidas a agilizar los aprovechamientos forestales, simplificar los procedimientos, digitalizar los trámites, favorecer la agrupación y el asociacionismo, y apoyar la comercialización de los productos forestales, todo ello con el fin último de generar actividad económica y oportunidades en el medio rural.

UGT reprocha a la Junta de Castilla y León que no refuerce sus plantillas porque “se ha acostumbrado” a que venga la UME “a solucionar los problemas”. “La UME se creó para cosas excepcionales, no para todos los días. Y últimamente se llama todo el rato a la UME”, ha protestado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña.

“Hay una permanente carencia de personal. No se cubren las bajas, vacaciones, se tarda un año en cubrir una jubilación, la maternidad también… No solo en época de peligro bajo y medio, sino también en peligro alto”, ha lamentado el vicesecretario de administración autonómica y Diálogo Social, Carlos Arenas.

El sindicato ha valorado positivamente que el Gobierno de España asumiera el mando único durante el incendio que afectó a 77.000 hectáreas entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo. El sistema de comunicación es diferente en Castilla y León a otras autonomías -lo que normalmente ralentiza al operativo-, pero en esta ocasión la comunicación ha mejorado, ha explicado Carlos Arenas. “El mando único fue un acierto, pero debe ser extraordinario. Las BRIF y la UME son un refuerzo, no algo ordinario”, ha reivindicado el responsable federal de bomberos forestales, Javier García.

Vacantes sin cubrir

Según ha ejemplificado el sindicato, ayer en Valladolid no funcionaban la mitad de las autobombas porque uno de sus miembros estaba de baja o vacaciones, había 14 puestos vacantes de los 72 agentes medioambientales y otros 14 trabajadores no habían recibido la formación necesaria sobre incendios. Además, había tres torretas (de 12) sin vigilancia porque las vacantes no se cubren.

En su visita a la base de Carrascal (Quintanilla de Onésimo) constataron que solo uno de los siete trabajadores de Tragsa trabajaba todo el año: otro tenía un contrato fijo discontinuo de cinco meses y otros cuatro solo temporal de cuatro meses, con una formación que no incluía el comportamiento de los incendios de sexta generación. “Estamos cansados de que la Junta de Castilla y León haga conciertos con las empresas privadas y luego no vigile que estas cumplan”, ha afeado Pérez Urueña.

La secretaria del Sector de Administración Autonómica, Isabel Zurro, ha reclamado que “se tome en serio a las personas que trabajan en el operativo” y se aplique un protocolo que obligue al regreso a base de todo el personal para encapsular la ropa sucia y realizar evaluaciones de riesgo adaptadas a cada puesto.

Piden una reforma real

Los diferentes portavoces de UGT han reclamado al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que reforme y amplíe el operativo de extinción de incendios. “La Junta de Castilla y León quiere legislar. Lo que tiene que hacer es cumplir la Ley que ya está aprobada”, ha reivindicado Javier García, que ha recordado que aún está pendiente el 90% de los planes municipales de evacuación y de anillos de seguridad y que la dotación sigue sin ser suficiente dado el elevado volumen de masa forestal de Castilla y León. Además, todavía se sigue hablando de “peón forestal” a pesar de que la Ley Básica de bomberos forestales obligaba a reevaluar las categorías profesionales para homogeneizar los dispositivos.

UGT ha recibido una convocatoria para reunirse con la Junta de Castilla y León el 15 de septiembre y negociar los presupuestos autonómicos, aunque Pérez Urueña ha puesto el foco en la importancia de que estas cuentas luego se ejecuten. “La Junta mantiene el 15-20% de las plazas sin cubrir y utiliza ese dinero flotante, ese remanente, para sus propios intereses, como una interinidad o una comisión de servicio”, ha protestado Carlos Arenas.

La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León ha denunciado retrasos en el abono por parte de la Junta de Castilla y León de las guardias de incendios forestales realizadas por los agentes medioambientales en los meses de junio y julio.

El sindicato sostiene que los retrasos afectan al conjunto de la Comunidad, aunque señala una situación especialmente desfavorable en la provincia de Segovia, donde los agentes todavía no han percibido las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante el verano.

Según APAMCYL-USCAL, en otras provincias se han producido retrasos en el pago de las guardias de junio, aunque ya se habrían pagado con la nómina de agosto; sin embargo, las guardias de julio continúan pendientes de abono en el conjunto de la Comunidad, según el sindicato.

Además, considera especialmente grave la situación de Segovia porque, según denuncia, se trata del segundo año consecutivo en el que se producen retrasos en el pago de estas retribuciones, ya que en 2025 las demoras fueron superiores a las registradas en otras provincias.

El sindicato ha denunciado de una “gestión administrativa ineficiente” y una “discriminación territorial continuada”, al considerar que los agentes destinados en Segovia se encuentran en peor situación de cobro que sus compañeros de otras provincias.

La organización ha vuelto a trasladar su reclamación a la Delegación Territorial de la Junta en Segovia y ha reclamado a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Energía que adopte las medidas necesarias para que las guardias sean tramitadas y abonadas mensualmente y en tiempo y forma en toda Castilla y León.

Las guardias de incendios implican una disponibilidad de 24 horas, adicional a la jornada laboral habitual, para poder intervenir de forma inmediata ante una emergencia.

Los agentes medioambientales desempeñan, entre otras funciones, la dirección inicial de la extinción, la coordinación de medios, la vigilancia y los trabajos de campo, hasta que la dirección puede pasar a un técnico en función de la evolución y gravedad del incendio.

APAMCYL-USCAL considera que los retrasos resultan especialmente “incomprensibles” en una campaña que está siendo especialmente exigente para los agentes medioambientales de Segovia, por la cantidad y gravedad de los incendios registrados este verano, como los de Navas de San Antonio, Revenga y Brieva.

La organización ha recordado que ya presentó reclamaciones por este mismo motivo el pasado año y sostiene que “no puede normalizarse” que los agentes tengan que esperar varios meses para cobrar servicios de emergencia que ya han prestado.

La Junta de Castilla y León subvencionará con hasta 900 euros la obtención del permiso de conducir de clase B para jóvenes de entre 18 y 30 años con el objetivo de mejorar su acceso al empleo, favorecer la emancipación y contribuir a fijar población, especialmente en el medio rural, según las bases reguladoras publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La medida, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, prevé ayudas que cubrirán parte de los gastos derivados de la obtención del carné de conducir y que podrán alcanzar un máximo de 900 euros, en función de la renta de la unidad de convivencia de la persona solicitante.

En la orden publicada, la Junta argumenta que la movilidad constituye un elemento “estratégico” para combatir el despoblamiento y favorecer el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en una comunidad marcada por la dispersión territorial y el peso del medio rural.

El Ejecutivo autonómico destaca que disponer del permiso de conducir resulta determinante para acceder a numerosas oportunidades laborales, especialmente en sectores con relevancia en Castilla y León como los servicios, la industria agroalimentaria o la logística.

Además, recuerda que el permiso B es un requisito previo para acceder a licencias profesionales vinculadas al transporte de mercancías y viajeros, un ámbito que presenta una elevada demanda de trabajadores.

Las ayudas estarán dirigidas a jóvenes que hayan cumplido 18 años y que no superen los 30 durante el año de la convocatoria.

Entre los requisitos figura residir y estar empadronado en algún municipio de Castilla y León con una antigüedad mínima de cinco años antes de la obtención del permiso y mantener ese empadronamiento de forma ininterrumpida durante al menos tres años después de solicitar la subvención.

La cuantía máxima será de 900 euros para las unidades de convivencia con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La ayuda podrá alcanzar hasta 750 euros para rentas situadas entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM; hasta 600 euros para ingresos entre 2,5 y 3,5 veces ese indicador; y hasta 450 euros para quienes superen ese umbral.

Serán subvencionables gastos como la matrícula, las clases teóricas y prácticas impartidas en autoescuelas homologadas con centros abiertos en Castilla y León, así como las tasas y derechos de examen de Tráfico. Quedarán excluidos los reconocimientos médicos y psicotécnicos y otros gastos de gestión.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenarán principalmente según el nivel de renta de la unidad de convivencia, de menor a mayor. En caso de empate, prevalecerá el orden de presentación de la documentación completa.

La gestión de las ayudas contará con la colaboración de la empresa pública SOMACyL y las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica a través de la sede de la Administración autonómica

El incendio que comenzó ayer en Salas de Bureba (Burgos) evoluciona esta tarde “muy favorablemente” y ya está estabilizado, según ha informado el servicio de extinción de Castilla y León. “Se ha realizado línea de seguridad con maquinaria pesada en la mayor parte de su perímetro, que no ha crecido desde esta mañana”, han explicado desde el Ejecutivo autonómico.

Los trabajadores están localizando los posibles puntos calientes para su eliminación y conseguir así enfriar todo el perímetro. Sin embargo, la situación meteorológica es aún inestable: hay previsión de tormenta y fuertes rachas de viento en la zona, por lo que se ha mantenido de momento el IGR 1 a la espera de tener la seguridad de que no se producirán reactivaciones por el viento.

La causa de este incendio aún está en investigación. Este mediodía hay una veintena de medios activados ante la previsión de “fuertes vientos” para esta tarde: seis agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, tres autobomba, una ELIF/BRIF y otro tipo de efectivos.

Los bomberos forestales activaron el nivel 1 de potencial riesgo ante la posibilidad de que afectara a una superficie mayor de 30 hectáreas o afectara a la población o a infraestructuras. La gran cantidad de humo dificultó este miércoles los trabajos de extinción del fuego, además de una baja humedad y fuertes rachas de viento, de hasta 50 km/h.

Un incendio en Salas de Bureba (Burgos) iniciado a las 15.55 horas de este miércoles puede hacer peligrar una masa arbolada superior a las 30 hectáreas, por lo que e ha declarado el primer nivel de gravedad potencial, según ha informado la Junta de Castilla y León. Además, este incendio podría suponer “leves restricciones” para la población o “leves afecciones” a las infraestructuras dada su proximidad a la CL-633.

En la zona se espera un viento constante de 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Los servicios de Extinción han advertido de la “alta inestabilidad” en la zona hasta las ocho de la tarde. Se espera que aumente la humedad relativa esta madrugada, puesto que esta tarde es del 20%.

En el momento de publicar esta información había una veintena de medios asignados: cuatro agentes medioambientales, un técnico, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, tres ELIF/BRIF, un bulldózer y tres helicópteros o hidroaviones, entre otros.

El PP en Castilla y León mantiene las ayudas para proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género pese al habitual rechazo de Vox a este tipo de políticas. Se ha reservado un millón de euros para este 2026, una cantidad similar a la del año pasado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, cuyo fin es “avanzar en la eliminación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres”, según recoge el texto del extracto de la resolución de la Consejería de la Presidencia.

También conseguir la integración social y la mejora de la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, particularmente de víctimas de violencia de género. Las subvenciones estarán destinadas a entidades del Tercer Sector de Acción Social y cubrirán el 100 % del presupuesto aceptado del proyecto que presenten, atendiendo a la puntuación obtenida por los criterios de valoración recogidos en la convocatoria.

La Junta ha reservado 1.065.249 euros para diez líneas programáticas diferenciadas, y el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, este miércoles. Esta convocatoria se ha retrasado respecto a ejercicios anteriores: en 2025, por ejemplo, estas ayudas se convocaron en marzo.

El PSOE carga contra el “cinismo” de Mañueco

El PSOE de Castilla y León ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) de tener “cinismo político” por publicar estas ayudas mientras se “rinde al negacionismo machista de Vox”. La vicesecretaria general autonómico del PSOE, Nuria Rubio, considera que con la publicación de estas ayudas pretenden “tapar su rendición a Vox” y utilizar la igualdad para hacer un “lavado de cara”, después de gobernar con quienes niegan la violencia de género, ha indicado en una nota de prensa.

“Hay que tener mucho cinismo político para presumir hoy de luchar contra la violencia machista mientras se gobierna con quienes la niegan y se asumen sus postulados para mantenerse en el poder”, ha remarcado, y ha afirmado que las mujeres no necesitan “ni propaganda, ni migajas”, sino un gobierno que defienda la igualdad.

Ha insistido en que “la violencia machista no se maquilla: se combate. Y los derechos de las mujeres no se negocian con Vox”, ha reiterado, para recordar que el PSOE ha registrado en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para reforzar la prevención, atención y protección frente a las violencias machistas y el PP “tendrá que retratarse, con votos y no con propaganda”-

Nuria Rubio ha lamentado que “Mañueco siempre ha elegido a Vox”, y se ha referido a la pasada legislatura cuando el PP retiró su proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género porque “cuando tuvieron que elegir entre proteger a las mujeres o proteger su acuerdo político con Vox, retiraron la ley”, ha concluido la socialista.

La consejera de Educación, María Pardo, ha reconocido que los cambios introducidos este curso en los menús escolares han generado rechazo entre alumnos y familias, pero ha defendido que la Comunidad se ha limitado a aplicar la nueva normativa estatal sobre alimentación saludable y sostenible.

“Los destinatarios, los alumnos, no están contentos y las familias tampoco”, ha admitido Pardo este martes durante una rueda de prensa en Palencia, en la que ha explicado que la nueva regulación obliga a incrementar la presencia de alimentos como los cereales integrales y las proteínas de origen vegetal frente a las proteínas animales.

Pardo se ha referido al Real Decreto que entró en vigor el pasado 16 de abril y que establece nuevos criterios nutricionales y de sostenibilidad para los comedores escolares con cuestiones como que la oferta esté compuesta fundamentalmente por alimentos frescos, de temporada y procedentes de canales cortos de distribución, con presencia de hortalizas, legumbres, cereales preferentemente integrales, frutas, frutos secos y aceite de oliva, además de un consumo moderado de proteínas animales.

Aplicación de la normativa estatal

La consejera ha atribuido parte del malestar generado entre asociaciones y familias por los cambios a la aplicación de esta normativa estatal y ha subrayado que la Junta debe cumplirla.

“Nosotros lo único que hemos hecho ha sido trasladar una normativa estatal que hemos tenido que poner en marcha”, ha señalado en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre este asunto.

La consejera ha planteado como posible vía de mejora que los comedores den prioridad a los alimentos producidos en Castilla y León, una medida que forma parte de los compromisos del acuerdo de gobierno de la Comunidad.

“La voluntad es mejorar la calidad de los comedores, de la comida que se distribuye, a través de esa práctica”, ha afirmado Pardo, en referencia a la incorporación de productos de proximidad, aunque ha precisado que cualquier modificación deberá contar con los correspondientes informes, incluidos los jurídicos, y ajustarse a la normativa estatal.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha la orden para acelerar la retirada de la madera quemada en los incendios forestales registrados este año en la Comunidad. El objetivo es evitar que los restos de los árboles afectados, especialmente en los pinares, favorezcan la aparición y expansión de plagas que puedan dañar a otras especies.

Según ha indicado la Consejería de Medio Ambiente y Energía, en la orden publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), el problema no se limita a los árboles completamente calcinados. Los ejemplares que han sobrevivido al fuego pero han quedado debilitados son especialmente vulnerables al ataque de insectos perforadores. Entre ellos se encuentran escarabajos como los escolítidos y los cerambícidos, capaces de aprovechar la madera afectada para multiplicarse y, si sus poblaciones aumentan lo suficiente, llegar a atacar incluso a árboles sanos.

La orden cita entre los incendios más relevantes del año los registrados en Burgohondo, en Ávila; Castropodame y Murias de Ponjos, en León, y Fermoselle, en Zamora. En varios de estos fuegos, una parte importante del arbolado afectado corresponde a coníferas de pino, lo que eleva el riesgo fitosanitario.

Los pinos tendrán prioridad

La extracción obligatoria afecta principalmente a la madera de pino considerada susceptible de generar un riesgo fitosanitario. El resto de especies podrán ser objeto de corta cuando los trabajos sean aconsejables para favorecer la regeneración natural de las zonas afectadas.

La propia orden establece excepciones para aquellos restos que sea conveniente conservar para facilitar la recuperación del monte o mantener la biodiversidad, siempre que su permanencia no implique un riesgo para la salud de las masas forestales.

En los montes catalogados de utilidad pública, serán los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia los que evalúen la madera afectada y preparen los lotes destinados a su enajenación. Los propietarios deberán disponer posteriormente su extracción con carácter urgente y podrán contar con la colaboración de la Consejería para agilizar los procedimientos.

En los montes privados y en aquellos terrenos públicos que no estén gestionados por la Administración autonómica, los titulares deberán realizar las cortas que figuren como obligatorias en el pliego que acompaña a la orden.

Estos trabajos podrán ejecutarse sin tener que solicitar previamente la autorización de aprovechamiento ni presentar la declaración responsable que exige el procedimiento ordinario. La simplificación, según la Consejería, también se aplica a las cortas de otras especies cuando Medio Ambiente las considere recomendables.

La Junta podrá retirar la madera si el propietario no lo hace

La obligación no será en todos los terrenos. Podrán quedar excluidas aquellas parcelas a las que no sea posible acceder con los medios necesarios para retirar la madera, siempre que los técnicos de Medio Ambiente comprueben esta circunstancia. También se contempla la excepción cuando se determine que no existe riesgo fitosanitario para los bosques próximos.

En cambio, si el propietario está obligado a realizar la corta y no lo hace dentro del plazo establecido, la Consejería podrá ejecutar los trabajos de forma subsidiaria, después de haberle apercibido, y cargarle posteriormente los costes.

La orden fija como fecha límite general el 31 de marzo de 2028, aunque la madera cuya retirada se considera obligatoria tendrá que salir del monte antes del 31 de marzo de 2027.

Además, los trabajos deberán realizarse utilizando las vías forestales existentes o aquellas que sean autorizadas específicamente para ello. Una vez finalizada la extracción, las vías públicas utilizadas deberán quedar en condiciones adecuadas.

La normativa también establece restricciones para evitar daños adicionales durante los trabajos. Así, no se permitirá transportar o arrastrar madera por el lecho de los cauces ni circular sobre firmes que estén empapados.

Riesgo elevado en los pinares

La preocupación de la Junta tiene que ver con la capacidad de determinadas plagas para aprovechar la situación generada después de un incendio. La madera fresca que permanece en el monte durante la época de reproducción de estos insectos puede facilitar el crecimiento de sus poblaciones.

La orden señala específicamente a los escarabajos de la corteza, 'Ips sexdentatus', un escolítido capaz de atacar a prácticamente todas las especies de pino. También alerta sobre el riesgo asociado al nematodo de la madera del pino, 'Bursaphelenchus xylophilus', considerado un organismo de cuarentena y cuya propagación depende de un insecto vector presente en los pinares españoles.

La normativa establece además límites al tiempo que la madera de pino cortada y almacenada puede permanecer en el monte, con el objetivo de reducir las posibilidades de que se convierta en un foco de proliferación de estos organismos.

La familia del empresario burgalés Juan José Mutilba, que desapareció el pasado martes en aguas de Italia cuando cayó de su barco al mar entre la costa de Sicilia y Grecia, ha pedido ayuda al Ministerio del Interior en España para que las autoridades italianas no abandonen la búsqueda, aunque son conscientes de que casi imposible encontrar su cuerpo.

Uno de los hijos del empresario, de 66 años y que viajaba junto a su mujer en el momento de la desaparición, Sergio Mutilba, ha explicado a EFE que Interior, que desconocía el caso, se ha comprometido a estudiar si entra en sus competencias, y les ha facilitado un contacto de Salvamento Marítimo, que ellos ya tenían.

La familia busca la mediación del Ministerio para, primero, conseguir información, ya que las autoridades italianas no les están dando “nada”, y después para que presionen de algún modo y se mantenga activa la búsqueda, ya que “tienen miedo” de que la suspendan antes de localizar el cuerpo de su padre.

Ha indicado que la poca información de la que disponen les llega a través de patrones de barco y gente del gremio, con el que sus padres tenían contacto a través de grupos de WhatsApp, que les han indicado que tras activarse el protocolo de búsqueda, Italia movilizó un helicóptero y tres barcos.

Este lunes, la hermana del empresario y su hija van a viajar desde Grecia, donde está concentrada la familia, hasta Italia para intentar presionar desde allí, pues pese a que han intentando contactar con diferentes teléfonos italianos que les han facilitado, nadie responde o no les dan la información que solicitan.

Casi imposible, pero hay que seguir buscando

Sergio Mutilba insiste en que la familia quiere que no se suspenda la búsqueda: “cuando llegué el otro día, miraba al mar y por mi cabeza pasaban muchos pensamientos, que es imposible -encontrarlo- porque es tan grande, pero que no dejen de buscar”, ha afirmado.

Y lo pide pensando sobre todo en su madre, que todavía no ha asimilado lo que ha ocurrido. Estaba con Juan José en el barco cuando este cayó, según sospechan tras resbalar con la sangre de un atún que acababa de pesar, y “no supo reaccionar”, explica su hijo.

La mujer intentó llamar a emergencias pero no había cobertura y el barco se fue alejando del lugar del siniestro y siguió a la deriva, hasta que el viernes consiguió cobertura, llamó a un amigo de la familia y este dio la voz de alarma Salvamento Marítimo de España, y ellos comunicaron con Salvamento Marítimo de Italia y Grecia.

Su madre, que ya ha regresado a España para estar con la familia por recomendación de un psicólogo, es la única que mantiene la esperanza de encontrar con vida a Juan José, pero su hijo asume que es casi imposible, dado que el empresario cayó a alta mar a unas 150 millas de la costa italiana, aunque quiere recuperar su cuerpo.

Juan José Mutilba salió en su embarcación junto a su mujer el lunes desde Siracusa con el objetivo de llegar a la ciudad de Pilos, en Grecia, pero el martes se produjo su desaparición. El viernes, efectivos griegos localizaron el barco y lo remolcaron hasta Pilos, confirmando la desaparición del hombre y el rescate de la mujer.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este lunes en servicio los nuevos tramos de la A-11 entre los enlaces de San Bernardo, en Valbuena de Duero, y Tudela de Duero. La apertura incorpora 30,7 kilómetros en sentido Valladolid y 25,5 en sentido Soria y deja prácticamente completada la conexión entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero, a falta del viaducto sobre el Duero y de los trabajos que todavía continúan en parte del trazado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presidido el acto de puesta en servicio, celebrado en el entorno del Monasterio de Santa María de Valbuena. Según las previsiones trasladadas por el Ministerio, el tramo completo entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero estará terminado durante la primera mitad de 2027. Con su finalización se añadirán 34,7 kilómetros de autovía y la A-11 alcanzará los 90 kilómetros puestos en servicio desde 2018.

Puente ha afirmado que no existe actualmente ningún kilómetro de la A-11 que no esté ejecutado, en ejecución o en fase de redacción de proyecto. El objetivo final del Ministerio es completar el corredor del Duero hasta Portugal, como ha indicado.

La apertura llega, cono habitúa esta autovía, de forma parcial: el tramo entre Quintanilla de Arriba y Olivares de Duero, de unos 14,5 kilómetros, entra en servicio desde el enlace de San Bernardo, mientras que las obras continúan entre Quintanilla de Arriba y este enlace, aunque se encuentran en un estado avanzado de ejecución.

El segundo tramo, entre Olivares de Duero y Tudela de Duero, tiene una longitud total de 20,2 kilómetros y se pone en servicio prácticamente en su totalidad. La conexión del tronco principal con la A-11 existente en el enlace de Tudela queda pendiente, mientras que el enlace se habilita para el tráfico en sentido Valladolid a través de la conexión con la VA-3302 y las vías de servicio paralelas a la actual autovía.

Seguridad de la N-122

Puente ha defendido que la principal aportación de la nueva infraestructura no será únicamente reducir los tiempos de viaje, sino mejorar la seguridad vial. El ministro ha señalado que la N-122 registra una elevada siniestralidad en esta zona y que la nueva autovía permitirá sacar parte del tráfico local de la carretera convencional.

La previsión del Ministerio es que la A-11 permita canalizar por la autovía buena parte de los desplazamientos procedentes de las carreteras locales situadas al norte del Duero. De esta forma, se reducirían las maniobras de adelantamiento y las interacciones entre vehículos ligeros y pesados.

La N-122 seguirá siendo, no obstante, el itinerario principal para el tráfico de largo recorrido hasta que finalice completamente el tramo entre Quintanilla de Arriba y San Bernardo. Esto afecta especialmente a vehículos pesados, transportes especiales y conjuntos euromodulares.

Durante el acto, Puente ha señalado que en los últimos años se ha acelerado el ritmo de la A-11. El ministro ha recordado que desde 2018 se han puesto en servicio más de 55 kilómetros de esta autovía en las provincias de Soria y Burgos, a los que se suman ahora los nuevos kilómetros de Valladolid.

La infraestructura acumula más de dos décadas de historia. El proyecto comenzó a materializarse con la puesta en servicio de la variante de El Burgo de Osma en 2004 y posteriormente de la variante de Aranda de Duero. A partir de 2019 se sucedieron nuevas aperturas en el corredor soriano y burgalés, entre ellas Santiuste-El Burgo de Osma, La Mallona-Venta Nueva, San Esteban de Gormaz-Langa de Duero, Venta Nueva-Santiuste y El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz.

Protesta contra la apertura parcial

Varios miembros de la Plataforma A11 Pasos, de Peñafiel, han protestado durante el acto contra la apertura de la autovía de forma parcial. La organización ha reclamado una solución para el conjunto del corredor y cuestiona que determinados tramos entren en servicio antes de que esté completado todo el trazado.

Al acto tampoco han asistido representantes de la Junta de Castilla y León ni de la Diputación de Valladolid. Puente ha criticado la “deslealtad institucional” del PP en la Junta de Castilla y León y en la provincia de Valladolid por no acudir a este acto y por no apoyar inversiones que el Gobierno destina a la Comunidad, según recoge EFE.

Por su parte, el Partido Popular —que dirige ambas administraciones públicas— ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que ha lamentado que esta inauguración se haya convertido “en un acto de partido” y ha defendido que no se ha invitado a ningún representante del Ejecutivo autonómico, la Diputación o los municipios.

Puente ha defendido que la infraestructura supone un avance para las comunicaciones entre Valladolid, Soria, Burgos, Zamora y Portugal y que contribuirá a mejorar la competitividad empresarial y la vertebración territorial.

Deberes pendientes

El Gobierno prevé que 2026 termine con más de 80 kilómetros puestos en servicio desde 2018 y que la cifra alcance los 90 durante la primera mitad de 2027, siempre que se cumplan las previsiones actuales. Para entonces deberán estar completados los dos tramos entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, que sumarán otros 9,7 kilómetros respecto a la situación actual.

El desarrollo de la A-11 continúa además en otras provincias. En Soria se encuentra en redacción el proyecto del tramo Los Rábanos-La Mallona, mientras que en Burgos están en ejecución las obras entre Langa de Duero y Aranda de Duero, con una licitación de 212 millones de euros. También se redacta el tramo entre Castrillo de la Vega y el límite provincial con Valladolid y se trabaja en el proyecto que conectará este punto con Quintanilla de Arriba e incluirá la variante de Peñafiel.

En Zamora, el Ministerio mantiene los trabajos para completar la conexión con Portugal, con la variante de Fonfría y Alcañices en fase de proyecto y el tramo entre San Martín del Pedroso y la frontera portuguesa actualmente en obras.

El incendio forestal declarado este mediodía en Villalcampo (Zamora), en el entorno del parque natural Arribes del Duero, se ha estabilizado al pasar de un índice de gravedad potencial (IGR) 2 a 1 y que ha permitido reabrir la carretera nacional 122 y finalizar el confinamiento de la población de Ricobayo de Alba.

Según han informado fuentes del operativo y de la Dirección General de Tráfico, el incendio se elevó a IGR 2, el máximo en la escala de Castilla y León, en torno a las 13.00 horas e hizo que un cuarto de hora después se cortaran vías de comunicación.

Además, el riesgo para la población por el humo y las llamas obligó a confinar Ricobayo de Alba, una localidad de menos de 150 habitantes.

La carretera N-122, que comunica Zamora con la frontera y la autovía portuguesa A-4, se encuentra ya reabierta al tráfico aunque sigue cortada, según la DGT, la carretera ZA-324, que comunica Villalcampo y Ricobayo de Alba, en sus tres primeros kilómetros.

Desde que comenzara el incendio, se han movilizado un total de 47 medios, de los que diez han sido aéreos, de los que en este momento tres operan en la zona.

También actúan para sofocar las llamas dos técnicos, cinco agentes medioambientales, seis cuadrillas, diez brigadas forestales, cinco autobombas, tres retenes de maquinaria y tres dotaciones de los bomberos.

Por su parte, la directora técnica de extinción del incendio forestal de Molezuela (Zamora), Mar Lejárraga, ha explicado en declaraciones remitidas a los periodistas que el incendió se originó este mediodía debido a una tormenta, con vientos erráticos que han complicado su extinción.

Lejarraga ha señalado que el mayor riesgo de este fuego ha sido la presencia de muchas líneas de alta y media tensión, que imposibilitan el uso de medios aéreos, en una zona con mucha piedra y pocos accesos que dificulta las labores de los medios terrestres.

La Coordinadora Stop Ganadería Industrial ha criticado este lunes que la macrogranja porcina proyectada en El Bohodón (Ávila) esquiva la evaluación de impacto ambiental pese a la situación de contaminación por nitratos que atraviesa el municipio, donde los vecinos no pueden consumir agua del grifo debido a la presencia de estos contaminantes y piden rechazar su licencia urbanística y ambiental.

Stop Ganadería Industrial ha denunciado en un comunicado que el proyecto se plantea ajustándose al límite legal que permite evitar este procedimiento ambiental y ha reclamado al Ayuntamiento de El Bohodón que no conceda la licencia urbanística y ambiental ante la situación actual del municipio.

El proyecto, de 1.994 plazas de cebo, se queda a solo seis cerdos del límite que obligaría a evaluar su impacto ambiental, una macrogranja que generará casi 4.300 metros cúbicos de purín al año en un municipio donde el agua del grifo está, desde 2016, contaminada por nitratos, ha señalado la coordinadora.

El colectivo advierte de que el caso de El Bohodón no es aislado y apunta a una tendencia de crecimiento de la ganadería porcina industrial y hace referencia a la Encuesta de Efectivos de Ganado Porcino del Ministerio de Agricultura en la que se apunta que la capacidad instalada de las explotaciones porcinas en España, medida en número de plazas autorizadas, pasó de 140.662 en 2005 a 283.871 en mayo de 2025, lo que supone un incremento del 101,8 por ciento.

La Coordinadora sostiene que este tipo de diseños ajustados al límite legal se repite en distintas comunidades autónomas y considera que dificulta un control ambiental efectivo de estas instalaciones.

Además, el colectivo anima a los vecinos a presentar alegaciones contra la instalación antes del 2 de septiembre de 2026, tanto en el Registro municipal como a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Bohodón.

Quintana Martín Galíndez (Burgos, 304 habitantes) ya no tiene el movimiento de hace una década. En la cabecera del Valle de Tobalina (877 habitantes), donde casi el 30% de la población supera los 65, quedan tres bares donde antes había muchos más, las oficinas bancarias han reducido sus días de atención y el municipio ha perdido alrededor de 140 habitantes en los últimos 12 años, cuando comenzó la desconexión y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Como tal, la central dejó de funcionar en agosto de 2017, después de 46 años de actividad. Entonces había 227 trabajadores en plantilla y otros 158 vinculados a empresas auxiliares y subcontratas. En total, 385 empleos quedaron afectados por el cierre en un territorio que hoy integra 27 municipios de Burgos y Álava dentro de la Zona de Transición Justa de Garoña.

Diez años después, la comarca vive una transformación que sobre el papel tiene una dimensión considerable. Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido cerca de 17,43 millones de euros para 35 proyectos empresariales, energéticos y municipales, con una inversión de 31,48 millones.

Al otro lado de la sierra, en la Merindad de Cuesta-Urria, sienten que les ha tocado “el gordo de Navidad” gracias a un macroproyecto de almacenamiento hidráulico que aspira a heredar el nudo de evacuación de la central. El miedo en la comarca pasa por no vivir en sus carnes la situación que se ha vivido en las cuencas mineras del carbón.

La factura de apagar Garoña

“La central nació, creció, dio trabajo durante 40 años y ha muerto”. Jesús Ángel López de Mendoza, alcalde del Valle de Tobalina, resume así el cambio. Y añade una advertencia sobre el futuro: los próximos años todavía estarán marcados por el desmantelamiento, pero cuando termine esa actividad temporal la realidad será mucho más complicada.

Aunque la tasa de paro oficial del municipio se maquilla provisionalmente por debajo del 8% debido a que el desmantelamiento gestionado por Enresa emplea mano de obra comarcal, la preocupación real es qué ocurrirá cuando las demoliciones concluyan en un plazo máximo de diez años.

En esta parte de la comarca de Merindades, en el norte de Burgos, el problema no es únicamente laboral. Para el Valle de Tobalina, el cierre de la central también significó un golpe directo a las cuentas municipales.

Otro de los golpes al Valle de Tobalina vino de un cambio normativo sigiloso en los despachos de Madrid. López de Mendoza asegura que una modificación estatal en la ordenanza del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) arrebató a las arcas municipales la posibilidad de cobrar las tasas ordinarias por la gigantesca obra de demolición de la central nuclear.

El Ayuntamiento calcula una pérdida patrimonial de 23 millones de euros vinculada al desmantelamiento y sostiene que ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros anuales en tributos corrientes que anteriormente contribuían a sostener el presupuesto.

La situación ha obligado al consistorio a tomar decisiones poco populares. El municipio administra 33 pedanías y ha tenido que mantener servicios como la guardería, el gimnasio, el telecentro, las piscinas o la biblioteca. Para poder sostenerlos, el Ayuntamiento ha tenido que elevar tasas como las de basura y agua y el IBI, como señala el regidor.

“He tenido que meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos subiendo la basura, el agua y el IBI para mantener los servicios. Ahora voy cojo. Antes hacíamos las cosas en el día, ahora igual tardo dos días en dar el servicio”, apunta el alcalde.

Incluso las ayudas por albergar los residuos radiactivos resultan insuficientes. El convenio anual con Enresa reporta al ayuntamiento 447.000 euros, una cantidad que es insuficiente para dar todos los servicios.

López de Mendoza logró que el Gobierno flexibilizara las bases de estos convenios —una medida que afectará a todo el parque nuclear español— para poder destinar esa asignación a gasto corriente y costes de personal, y no solo a cemento. “Garoña ya es inviable. Lo de volver a abrirla es imposible, todo nace, crece y muere”, explica frente a los discursos que proponen reactivar la planta.

La nueva apuesta: agua como energía en lugar de uranio

Mientras el Valle de Tobalina intenta mantenerse, a pocos kilómetros, la perspectiva cambia de forma radical. El entorno de Garoña está concentrando proyectos renovables de gran tamaño. Uno de ellos es el desarrollo fotovoltaico de Solaria, acompañado de almacenamiento mediante baterías. En la Merindad de Cuesta-Urria se está trabajando en el proyecto una central hidroeléctrica reversible de 151 MW promovida por Waqbaw.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Dos balsas situadas a distinta cota permiten almacenar electricidad en forma de agua. Cuando existe excedente de generación renovable, el sistema bombea agua hacia la balsa superior. Cuando la demanda aumenta, el agua vuelve a descender y mueve las turbinas para producir electricidad. La instalación está concebida como un circuito cerrado.

La inversión prevista ronda los 197 millones de euros. Para un municipio pequeño como Cuesta-Urria, con cerca 300 habitantes empadronados repartidos en 24 núcleos, el proyecto tiene una dimensión difícil de comparar con cualquier actuación municipal ordinaria.

Para Beltrán, el proyecto de una Central Hidráulica Reversible de bombeo en su término municipal es la única tabla de salvación para el ayuntamiento. La idea se le ocurrió tras un viaje con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) a la localidad valenciana de Cortes de Pallás, donde visitó la central de bombeo de La Muela. “Me di cuenta de que teníamos el lugar perfecto. Tenemos 339 metros de diferencia de altitud entre balsas en muy poco recorrido físico”. Tras consultar la viabilidad con René Gómez, entonces comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el proyecto echó a andar.

Beltrán estima que solo la licencia de obras, calculada sobre una inversión de ese tamaño, supondría unos ingresos extraordinarios para unas arcas municipales cuyo presupuesto ordinario ronda los 800.000 euros anuales. Además, el Consistorio espera ingresos recurrentes mediante cánones y tasas vinculados al funcionamiento de la instalación y a su línea de evacuación.

“Igual que hasta ahora el Valle de Tobalina con Garoña era un ayuntamiento privilegiado, pues ahora nos toca a nosotros. Es una lotería... En el momento en que arranquen las obras, simplemente con la licencia de obra, ya podemos echar adelante algún proyecto importante para asentar población”, apunta el regidor.

El proyecto, según Beltrán, cuenta con el respaldo unánime de los vecinos al plantearse como un circuito cerrado. “El miedo que teníamos era que fuera un circuito abierto desde el río y estuviera gastando agua del río Nela de continuo”. Sin embargo, la realidad de captar agua de un ecosistema fluvial con un estiaje severo mantiene en alerta a los colectivos conservacionistas de Las Merindades, un territorio con un largo historial de lucha ecológica que ya logró tumbar proyectos mineros y de fracking en la cuenca del Nela.

Una 'batería de agua' para la nueva generación renovable

Desde Waqbaw, su director de desarrollo, Víctor de Huerta, defiende que la central de Cuesta-Urria se ha planteado con especial atención a la conservación del entorno. La ubicación de las balsas fue consensuada con los ayuntamientos de la Merindad de Cuesta-Urria y parte de las instalaciones se situará sobre terrenos municipales. La empresa destaca además que el circuito será cerrado y que no habrá una detracción constante de agua del río Nela: el recurso se utilizará para el llenado inicial y para compensar la evaporación.

Frente a las dudas ambientales, Víctor de Huerta, director de desarrollo de Waqbaw, defiende el proyecto como una “infraestructura de país” alineada con la transición energética. “El bombeo reversible y las baterías no son tecnologías excluyentes, sino complementarias”, puntualiza De Huerta. “Pero mientras las baterías de litio sufren una degradación rápida y tienen una vida útil de 10 o 15 años, nosotros estamos construyendo una infraestructura energética madura diseñada para durar varias décadas”.

De Huerta destaca que una central reversible como la de Cuesta-Urria ofrece entre 6 y 10 horas de almacenamiento medio equivalente, inyectando inercia natural, soporte de cortocircuito y estabilidad de tensión a la red síncrona en una provincia con una penetración masiva de energía eólica y solar no gestionable. El objetivo es retener los excedentes de generación renovable que de otra manera acabarían desperdiciándose en forma de vertidos a la red.

El proyecto, además, no llega solo. Otra gran apuesta de la promotora es por el empleo. Waqbaw calcula alrededor de 200 puestos de trabajo temporales durante la construcción, pero asegura que el impacto no terminará cuando acaben las obras.

El compromiso con el Instituto para la Transición Justa contempla hasta 151 empleos equivalentes a tiempo completo vinculados a nuevos centros de trabajo en la zona durante diez años.

A esos puestos se suman 15.100 horas de formación para 100 personas de la comarca, con contenidos relacionados con las nuevas tecnologías energéticas, pero también con la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural y el turismo rural. La intención, según la compañía, es que la inversión deje algo más que una infraestructura energética: trabajadores formados, actividad económica y herramientas para que parte de ese empleo pueda permanecer en el territorio una vez terminada la construcción.

La central de Cuesta-Urria ha obtenido conexión en la subestación de Garoña, en el nudo de 220 kV. Según la promotora, permitirá aprovechar excedentes de producción renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, además de inercia, estabilidad de tensión y soporte a la red.

8,7 millones de euros para 16 proyectos

El fin de los ingresos de la central en las cuentas del Ayuntamiento de Valle de Tobalina contrasta con la llegada de inversión a la comarca, aunque buena parte de ese dinero tiene un destino concreto: rehabilitar edificios, crear equipamientos, mejorar espacios públicos o impulsar proyectos energéticos. No sustituye automáticamente los ingresos recurrentes que generaba una instalación como Garoña.

El propio informe oficial de la Zona de Transición Justa refleja esa apuesta. Solo en infraestructuras municipales se han concedido 8,7 millones de euros para 16 proyectos. Entre ellos está la reforma integral de la residencia de mayores del Valle de Tobalina, con casi tres millones de euros, y la rehabilitación del Hostal Municipal, con 985.520 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inyectado en la zona de influencia de Garoña unos 17,43 millones de euros de ayudas públicas desde 2019. De esta cantidad, 10,3 millones corresponden a infraestructuras del Instituto para la Transición Justa) y 7,1 millones proceden de las líneas del IDAE para descarbonización y comunidades energéticas.

También hay actuaciones destinadas a recuperar espacios de uso colectivo. ENRESA ha cofinanciado 42 propuestas de desarrollo local en once municipios con 2,6 millones de euros. En Tobalina, 783.000 euros se destinan a actuaciones relacionadas con el embalse de Sobrón, la residencia, el entorno del embarcadero y un pabellón multifuncional. La idea es que estas inversiones ayuden a mantener servicios para tratar de mantener a la población.

Empleo de calidad y estable y salir del olvido institucional

En la comarca de las Merindades, el paro se mantiene actualmente por debajo del 8%, pero una parte de esa situación está relacionada con el propio desmantelamiento de Garoña. Hay trabajadores del valle, de Medina de Pomar, Trespaderne y Burgos que siguen vinculados a las obras de la central. Cuando todo eso acabé, se esfumará ese 'colchón'.

La prioridad pasa por conseguir que el empleo sea estable, como indican los alcaldes. El cierre de la nuclear afectó de forma directa a 385 trabajadores entre personal de Nuclenor y subcontratas. Las obras de la central de bombeo darán trabajo temporal a 200 personas, pero una vez operativa la CHR requerirá un volumen mínimo de personal para el mantenimiento diario.

“El turismo es solo una pata de banco”, advierte con severidad el alcalde de Cuesta-Urria, Alfredo Beltrán. “Es ir creando un tejido industrial que nos permita asentar unas 300 familias en la comarca para que la zona funcione”. Beltrán critica el olvido institucional que sufren los municipios fronterizos burgaleses por parte de las capitales autonómica y provincial.

La carretera autonómica que conecta el Valle de Tobalina con Miranda de Ebro, cuyos túneles carecen de iluminación eléctrica en pleno siglo XXI, es el ejemplo de ese abandono que denuncian los regidores. Mientras las grandes ciudades se nutren de la energía limpia generada en los montes y ríos del norte de Burgos, los alcaldes del entorno de la central nuclear de Garoña buscan conseguir que los millones de euros de la transición ecológica se conviertan en escuelas abiertas, más negocios, cajeros automáticos operativos y un futuro habitado en los pueblos que apagaron el átomo.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha notificado dos casos de tuberculosis en trabajadores de una explotación en la provincia de Segovia. Uno de los casos notificados ha fallecido por complicaciones en el cuadro clínico y la otra persona permanece ingresada en un centro sanitario para recibir el tratamiento correspondiente, según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

Desde la Dirección General de Salud Pública se ha activado el protocolo de vigilancia epidemiológica para realizar el estudio de los contactos de ambas personas, tanto convivientes como relaciones estrechas en el entorno laboral. Hasta el momento, se están realizado pruebas, de acuerdo con el protocolo vigente, a 88 personas. Las pruebas completadas hasta ahora no han identificado casos nuevos, sin embargo, es necesario completar el estudio para disponer de datos definitivos.

No se considera brote

Aunque ambos casos han coincidido en el tiempo y en la misma empresa, no se considera brote, ya que no tenían relación entre sí. La colaboración de la empresa ha sido fundamental para la identificación de los contactos, sin embargo, no se sospecha un origen laboral de la infección.

El principal mecanismo de trasmisión de la tuberculosis es de persona a persona por vía aérea. Las personas enfermas con lesiones activas expulsan los bacilos al toser o estornudar. La tuberculosis no se contagia por el contacto casual en espacios abiertos.

La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria en España. La vigilancia epidemiológica tiene como principal objetivo detectar los casos lo antes posible para llevar a cabo las medidas de salud pública y el tratamiento preventivo de los contactos, cuando sea necesario, con el fin de evitar la aparición de nuevos casos.

En Castilla y León, la incidencia de la enfermedad es baja. En el año 2025, se notificaron 158 casos con una tasa de incidencia de 6,6 casos por 100.000 habitantes. Se diagnosticaron 6 casos en niños menores de 10 años. El 73 % de los casos fueron tuberculosis pulmonares. En España, en el mismo periodo, se notificaron 4.623 casos con una tasa de 9,4 casos por 100.000 habitantes.

La Junta de Castilla y de Castilla y León ha rebajado a 37.800 hectáreas la superfice afectada por el incendio de Burgohondo, en Ávila. Según ha explicado la Consejería de Medio Ambiente, la estimación se ha conseguido a través de la las imágenes obtenidas con el satélite SENTINEL de la Unión Europea. El fuego que se declaró en Burgohondo el 22 de julio debido a una máquina de picar piedra que estaba trabajando pese a la prohibición de utilizar maquinaria que podía generar chispas debido al riesgo extremo de incendios. Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo al operario y hay otro investigado.

Para saber la extensión exacta, según señalan, deberá calcularse también con la información que arrojen los trabajos de campo una vez se dé por extinguido, una vez se haya dado por controlado el 15 de agosto. En un primer momento, las primeras cifras hablaban de entre cerca de 47.000 a 50.000 hectáreas afectadas. En los peores momentos, el fuego obligó al desalojo de unas 40.000 personas y otras 10.000 fueron confinadas en sus domicilios.

De esas 37.800 hectáreas, según el propio satélite, que es capaz de distinguir las zonas verdes de las quemadas parcial y totalmente, 33.900 hectáreas son de naturaleza forestal, teniendo en cuenta solamente los daños registrados en la provincia abulense.

La información técnica, estructurada según los criterios establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) para sus estadísticas, identifica un número de hectáreas inferior a la valoración indicada en los primeros momentos tras dar por controlado el incendio y cifra en 27.600 hectáreas la superficie arbolada afectada en esta provincia.

Plan de recuperación

En el comunicado, la Consejería apunta que la información facilitada por el Ministerio da una idea aproximada de la situación de la superficie tras el incendio y permite que la Junta trabaje en las acciones que, integradas en el plan de recuperación aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 30 de julio, va a llevar a cabo de forma inmediata para favorecer la regeneración de la zona.

Las actuaciones están dirigidas a la reducción de arrastres y fenómenos erosivos en las laderas fuera de cauces (en ellos la competencia es de la Confederación Hidrográfica del Tajo -CHT-); estabilización de terrenos; recuperación de la funcionalidad de infraestructuras; control de plagas y eliminación de riesgos de accidentes (caída de árboles o piedras).

Para ello, se prevén herramientas concretas como el ‘mulching’ con paja que sirve de amortiguación de los efectos erosivos de las lluvias; la instalación de fajinas y albarradas para evitar la pérdida de suelo; la reparación de pistas, cortafuegos, cerramientos, puntos de agua y señalética; la preparación de semillados, plantaciones de especies autóctonas y otras ayudas a la regeneración natural; o cortas y extracciones de madera quemada, algunas de las cuáles ya se están ejecutando.

La Junta de Castilla y León reforzará con cinco nuevas cuadrillas, en las provincias de Zamora y Burgos, el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, lo que permitirá tener activos durante todo el año a 35 bomberos forestales para labores preventivas y de intervención de incendios.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves encargar a la empresa pública Tragsa la puesta en marcha de cinco cuadrillas, con un coste de 6,25 millones de euros, que hasta abril de 2028 se encararán de trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios.

El primero de los encargos, de 1,25 millones de euros, permitirá disponer de una cuadrilla terrestre que actuará en la comarca forestal de Alta Sanabria, en el ámbito del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto y en los montes de utilidad pública de San Justo, Trefacio, Galende y Cobreros.

El segundo, se centrará en la comarca zamorana de Aliste, supone un importe de 1,25 millones y se dedicará a terrenos del Parque Natural Arribes del Duero y los montes de Fonfría, Figueruela de Arriba, Mahíde, Rabanales, Rábano de Aliste, Samir de los Caños, San Vitero, San Vicente de la Cabeza, Alcañices, Trabazos, Viñas, Pino de Oro y Villalcampo.

El tercer encargo, dotado con 1,25 millones de euros, permitirá actuar en la comarca forestal zamorana de la Baja Sanabria, más en concreto en los de los municipios de Puebla de Sanabria, Robledo-Cervantes y Requejo.

El cuarto, también dotado con 1,25 millones de euros, está destinado a los términos municipales de Porto de Sanabria, Pías y Hermisende, pertenecientes a la comarca forestal del Alto y Bajo Sanabria.

Finalmente, el quinto, destinado a la comarca forestal burgalesa de Salas de los Infantes y con un presupuesto de 1,25 millones de euros, permitirá que una cuadrilla realice labores en los montesde Barbadillo de Herreros, Monterrubio de la Demanda, Riocavado de la Sierra, Valle de Valdelaguna y Huerta de Arriba.

El portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado que cada una de las cuadrillas estará integrada por siete bomberos forestales, con un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas; también que cuando acabe el 2026 serán 71 las cuadrillas incorporadas a Tragsa y que el operativo será 100 % en 2028.

Ayudas por los fuegos del verano

El Consejo de Gobierno de este jueves ha seguido avanzando en la aprobación de ayudas para los afectados por los incendios forestales del verano, con la declaración de urgencia de la contratación de las obras y servicios de desescombro y consolidación de edificaciones en municipios de la provincia de Ávila por casi 400.000 euros.

La aprobación del pago del segundo bloque de ayudas, que suman 30 solicitudes por valor de 165.000 euros en las provincias de Ávila y Zamora, destinadas a autónomos y pymes cuya actividad se ha visto interrumpida en los municipios afectados por el fuego.

Y otras 10 subvenciones, con un importe de 500 euros en cada caso, para familias desalojadas por los incendios forestales.

Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha aprobado una orden por la que se declara la emergencia de las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua y la alimentación del ganado en las explotaciones afectadas por los incendios en Ávila, León, Segovia y Zamora.

Competencias de incendios

Carlos Fernández Carriedo he respondido también, a preguntas de los periodistas, por la reclamación que ha hecho estos días el consejero de Agricultura de las competencias en materia de extinción de incendios, que están asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Ha recordado que “hay un momento para la negociación y un momento para el acuerdo”, que PP y Vox negociaron, llegaron a un acuerdo, se hizo público su contenido y “en ese punto concreto el acuerdo es muy detallado” y es “lo que van a cumplir”, ha afirmado.

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el incendio forestal que se declaró el pasado 29 de julio en Fermoselle (Zamora) y que, a falta de datos oficiales, ha calcinado unas 11.150 hectáreas de terreno, según los cálculos efectuados a partir de los mapas del sistema satelital Copernicus.

El Servicio de Extinción de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta declaró oficialmente extinguido ese incendio ayer a las ocho de la tarde.

El fuego, del que se sospecha que pudo deberse a una imprudencia humana, obligó a evacuar catorce poblaciones y confinar otras dos en los primeros días en los que las llamas avanzaron con rapidez por el entorno del parque natural Arribes del Duero debido a las condiciones climatológicas.