El Procurador del Común ha solicitado a la Diputación Provincial de Salamanca que modifique el protocolo de actuación ante posibles casos de acoso en la Escuela Taurina y que responda de forma expresa a las alegaciones presentadas hace meses por la Fundación Franz Weber.

El Defensor del Pueblo de Castilla y León reclama cambios en los apartados 7.6 y 7.7 del documento para garantizar que una comisión interna no pueda retrasar ni condicionar la comunicación inmediata a las autoridades competentes de los posibles casos de acoso sexual, tal y como se recoge en una nota de prensa remitida este jueves por la institución.

La Fundación Franz Weber sostiene que el protocolo supedita la comunicación de estos hechos a la actuación de una “Comisión de Estudio del Acoso”, una figura que, según esta entidad, no cuenta con un respaldo legal específico en la normativa autonómica o estatal. A su juicio, esta circunstancia podría retrasar la comunicación de los casos a la Fiscalía de Menores.

No contempla medidas concretas

La organización también ha advertido de que el protocolo no contempla medidas concretas cuando las conductas de acoso fueran atribuidas a profesores, tutores o miembros de la dirección, ni establece, según señala, la suspensión de actividad de los presuntos acosadores mientras se investigan los hechos.

Otra de las carencias señaladas por la Fundación Franz Weber es la posibilidad de que se mantengan comunicaciones entre adultos responsables y menores a través de correos corporativos o grupos específicos en aplicaciones móviles. La entidad considera que estas comunicaciones deberían producirse exclusivamente entre adultos.

En el segundo apartado de su resolución, el Procurador del Común pide a la Diputación que ofrezca una respuesta expresa y razonada, si todavía no lo ha hecho, al escrito presentado por la Fundación Franz Weber el 10 de febrero de 2026 sobre el citado protocolo.

La fundación ha considerado preocupante que la institución provincial no haya respondido hasta ahora a sus propuestas de modificación y ha recordado que cuenta con estatus consultivo ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En este contexto, ha reclamado que la respuesta de la Diputación no se limite a aprobar un protocolo, sino que atienda también las objeciones formuladas por dicho comité sobre la participación de menores en actividades taurinas.

La Plataforma Social Castilla y León ha asegurado que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 no garantiza la aportación autonómica que exige la reforma de la Ley de la Dependencia. La organización ha defendido que el Gobierno autonómico debería incrementar en al menos 73 millones de euros los fondos destinados a este sistema para igualar su contribución a la prevista por la Administración General del Estado (AGE).

Según los cálculos de la plataforma, el Estado aportará 620 millones de euros a Castilla y León para financiar la dependencia durante el próximo ejercicio, mientras que el proyecto presupuestario de la Junta contempla una transferencia de 547 millones a la Gerencia de Servicios Sociales. La diferencia entre ambas cantidades es de 73 millones.

La organización ha avisado de que el aumento de la financiación estatal no debería servir para congelar o reducir el esfuerzo económico de la Administración autonómica. Al contrario, ha reclamado que ambas administraciones refuercen los recursos destinados a las personas dependientes, en un contexto en el que, según sus datos, se han incorporado 6.265 personas al sistema desde enero de 2024.

A las aportaciones públicas se suman los 83 millones de euros que, según la plataforma, abonan las personas usuarias mediante el copago de plazas en residencias y centros de día públicos o concertados. La entidad ha indicado que el incremento de los recursos debe traducirse en una mejora de las prestaciones y de los servicios, así como de las condiciones laborales de quienes atienden a las personas en situación de dependencia.

Menos fondos para la renta garantizada

La Plataforma Social ha criticado la reducción en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que quedarían en 5,5 millones de euros. La organización cifra en 9,2 millones la reducción respecto a 2024 y recuerda que esta prestación llegó a contar con una dotación de 72 millones.

Por ello, han exigido a la Junta que explique el destino de los recursos que, según sus cálculos, han dejado de consignarse para estas ayudas y propone dedicar fondos a un programa específico de inclusión social.

Cierre de plazas públicas en residencias

Según ha afirmado la plataforma, en la última década se han cerrado 837 plazas públicas para personas mayores en residencias con el objetivo de reconvertirlas en plazas para grandes dependientes. Sin embargo, ha reprochado que la mayoría continúa sin abrirse pese a que su recuperación se ha anunciado en distintos presupuestos.

La organización ha afirmado que las cuentas de 2027 no incluyen financiación suficiente para recuperar esas plazas y denuncia que las inversiones en centros de personas mayores se reducen un 46%, lo que equivale a 17 millones de euros menos. Por ello, ha reclamado “la apertura de todas las plazas para personas en situación de dependencia que son de la Gerencia de Servicios Sociales”.

“Mantener estas plazas cerradas sólo favorece a que las residencias privadas hagan negocio y las personas que necesitan una plaza residencial y no puedan pagar una privada, se quedan es situación de exclusión”, han aseverado desde la plataforma.

Dudas sobre los gastos de los centros de discapacidad

La Plataforma Social ha pedido explicaciones a la Junta sobre varias partidas dedicadas a la atención de las personas con discapacidad. Entre ellas, ha señalado el incremento previsto para el gasto en agua, que pasa de 42.477 a 142.477 euros, y el de electricidad, que aumenta de 1,97 millones a 16,13 millones de euros.

La organización ha cuestionado que el presupuesto contemple 11,72 millones de euros para gastos farmacéuticos, frente a 3,5 millones para alimentación. La diferencia, según ha denunciado, supone destinar más de tres veces la cantidad prevista para comida a productos farmacéuticos.

La entidad ha reclamado que la Junta aclare el origen de estas variaciones y explique cómo se han calculado las cantidades consignadas. Su preocupación es que, si las partidas se modifican posteriormente, puedan destinarse a otros fines y reducir los recursos inicialmente previstos para la atención de las personas dependientes.

La Junta de Castilla y León ha eliminado la autorización nominativa que exigía a los cazadores para transportar, tener y utilizar determinados dispositivos electrónicos auxiliares para la caza mayor, entre ellos los visores térmicos. La modificación, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), suprime el trámite que debía emitir el titular del coto o su representante legal mediante un modelo oficial disponible en la web de la Administración autonómica.

La Orden AGR/1091/2026, firmada el 16 de octubre por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, modifica la regulación aprobada semanas antes, el 25 de septiembre, que autorizó el transporte, la tenencia y el empleo de estos dispositivos en determinadas modalidades de caza.

La Consejería ha justificado la eliminación del requisito en que la Ley de Caza de Castilla y León ya reconoce el “derecho a cazar” en un terreno a las personas autorizadas por su titular. En concreto, la Junta se remite al artículo 3.4 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, para concluir que no es necesaria una autorización escrita adicional para utilizar los dispositivos cuando el cazador ya tiene permiso para cazar en ese terreno.

La modificación no elimina, sin embargo, las condiciones de seguridad establecidas para el uso de estos medios. La orden mantiene expresamente que el cazador no puede disparar basándose exclusivamente en la señal térmica o en la imagen que muestre el dispositivo. Antes de efectuar el disparo debe identificar la especie cinegética y comprobar que se ajusta a las condiciones de la autorización de caza, incluidos los requisitos relativos a la especie, la edad y el sexo del animal.

También se mantienen las obligaciones de transporte y custodia. Fuera de los supuestos y horarios autorizados, los dispositivos deben permanecer apagados y guardados en sus fundas. Cuando se trasladen en vehículos a motor, deberán situarse fuera del alcance inmediato del conductor y de los pasajeros.

La Junta justifica el cambio por los accidentes y los daños al campo

La nueva orden modifica también el preámbulo de la regulación de septiembre justificar sus cambios. El Ejecutivo autonómico alude ahora al aumento de los accidentes de circulación y a la evolución de las solicitudes por daños provocados por determinadas especies de ungulados cinegéticos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La Consejería ha incorporado el enfoque preventivo de ‘Una Salud’, que relaciona la salud de las personas, los animales domésticos y la fauna silvestre. Según la norma, resulta necesario reducir los riesgos sanitarios derivados de la interacción entre estos tres ámbitos.

La Junta ha defendido que la caza puede contribuir al equilibrio ecológico como herramienta de gestión y defiende que la flexibilización de las condiciones de utilización de determinados dispositivos permitirá aumentar la eficacia de las actuaciones cinegéticas y favorecer el cumplimiento de las capturas previstas en los planes de caza mayor.

Autorización con límites

La supresión del permiso nominativo se produce menos de un mes después de que la Junta aprobara la autorización de estos dispositivos mediante la Orden AGR/962/2026. Esa regulación permite utilizar visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los térmicos, para cazar jabalíes, ciervos, corzos, gamos y muflones en las modalidades de rececho y aguardo o espera, dentro del horario comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de la puesta.

En esos supuestos, los dispositivos no pueden estar acoplados ni montados en el arma durante la acción de caza. La normativa contempla una excepción para los aguardos o esperas nocturnos de jabalí, en los que permite transportar, tener y utilizar dispositivos electrónicos para tiro nocturno, incluidos los térmicos, estén o no acoplados al arma.

La autorización no se extiende a la caza menor ni a especies como la cabra montés o el rebeco. Tampoco permite emplear estos dispositivos en modalidades como la montería, el gancho, la caza al salto o la caza en mano, con independencia de la especie.

La aprobación de la norma provocó el rechazo de organizaciones ecologistas. Ecologistas en Acción Palencia llegó a reclamar el cese del anterior director general de Caza, Ignacio de la Fuente Cabria, por la propuesta de permitir estos dispositivos, al cuestionar su encaje legal y advertir de las restricciones que establece la Ley de Caza para los visores nocturnos. El Ejecutivo autonómico también ha cambiado de director general de Caza, después de que el anterior fuera cesado tras tres meses en el cargo,

La flexibilización se enmarca en la línea defendida por el consejero desde el inicio de la legislatura. En su comparecencia de julio, el responsable de Agricultura anunció que la Junta estudiaría cómo permitir el uso de silenciadores en determinadas modalidades y circunstancias, una reivindicación del sector cinegético.

En Castilla y León solo hay cuatro municipios con una renta media por hogar superior a los 80.000 euros, y solo uno de ellos supera el millar de habitantes. Los tres pueblos con más ingresos medios por hogar son Pampliega (Burgos, 281 habitantes), Camporredondo (Valladolid, 143 habitantes) y Sotosalbos (Segovia, 132 habitantes). Estos dos últimos han registrado un incremento importante de la renta media por hogar, casi del doble desde 2019.

Justo detrás se encuentra Simancas, municipio vallisoletano de más de 5.000 habitantes, cuyas zonas censales oscilan entre los 47.000 y 107.000 euros, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024.

Castilla y León también tiene dos municipios que están entre los más pobres de España: Espadeño (Zamora), con 20.993 euros de renta media por hogar y Peñaparda (Salamanca), con 21.576 euros.

La renta media bruta por hogar ha aumentado más de un 20% en todas las capitales de Castilla y León desde 2019, especialmente en Ávila (26,3%, hasta los 45.000 euros) y Segovia (24%). Las capitales de Burgos, Valladolid y Soria superan los 49.000 euros de renta media bruta por hogar, a las que sigue muy de cerca Segovia (48.897 euros). En León capital, este indicador supera los 47.000 euros. Las capitales con menor renta son palencia (45.295 euros), Salamanca (42.896) y Zamora (42.070 euros).

Entre los barrios y municipios más ricos de Castilla y León destacan en Valladolid capital El Peral, con una renta media bruta por hogar de 102.504 euros y Fuente Berrocal (110.000 euros); Valdelagua, Navahonda y Albahonda II, entre 91.000 y 95.000 euros (Salamanca); las zonas residencial de Simancas (107.000 euros), Boecillo (92.000 euros), Sotoverde (88.000 euros), Bosque Real (94.000 euros). Estas rentas contrastan especialmente con los pueblos de otras provincias: Por ejemplo, Abia de las Torres es el pueblo de Palencia con más renta media bruta por hogar: 56.582 euros.

El 15% de las secciones censales de Castilla y León están entre el 10% más pobre de España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística también revela dónde se encuentra el 1% más pobre de Castilla y León: el barrio del Carmen y el barrio de San José Salamanca (22.000-26.000 euros de media por hogar), Las Viudas y Pajarillos Bajos en Valladolid (20.000-27.000 euros)

En este percentil también se encuentran municipios pequeños como Brime de Sog, Olmillos de Castro, Gallegos del Río (Zamora), Santa Cruz del Valle (Ávila), Serradilla del Llano, Horcajo de Montemayor, Aldea del Obispo, Dios le Guarde (Salamanca), etc..

Castilla y León ha registrado en 2026 los niveles de contaminación por ozono troposférico más elevados desde 2010, cuando entraron en vigor los actuales límites legales para proteger la salud. El deterioro, coincidente con el verano más cálido del último siglo y medio y los incendios forestales, ha extendido el incumplimiento de los nuevos objetivos europeos para 2030 a seis de las doce zonas en las que se divide la Comunidad, donde viven 1,6 millones de personas, el 66% de la población regional.

Así lo ha recogido el informe presentado este lunes por Ecologistas en Acción, elaborado a partir de los datos de 31 estaciones de medición entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. La organización cifra en un 120% el aumento de las superaciones del objetivo legal para la protección de la salud respecto a la media del periodo 2012-2019, anterior a la pandemia.

El ozono troposférico es un contaminante secundario que se forma en la superficie terrestre mediante reacciones químicas entre otros contaminantes, favorecidas por las altas temperaturas y la radiación solar. Entre sus precursores figuran las emisiones del tráfico, determinadas industrias y la ganadería intensiva. Los incendios forestales del verano también han contribuido al problema, según Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, que apunta especialmente a los grandes fuegos registrados en julio y agosto.

Las seis zonas donde se han superado los nuevos objetivos europeos en al menos una estación son la aglomeración de Valladolid, la cuenca del Ebro, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur y Soria y Demanda. El informe distingue estos nuevos límites, que deberán cumplirse antes de 2030, de los objetivos legales vigentes: estos últimos se han incumplido en tres zonas, que reúnen a cerca de 800.000 habitantes.

La organización advierte de que toda la población de Castilla y León ha estado expuesta a concentraciones superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos valores son más estrictos que los límites legales. Además, estima que unas 250.000 personas, el 10% de la población autonómica, han respirado durante el trienio 2024-2026 aire con niveles superiores al nuevo objetivo europeo.

Soria y Valladolid, entre las zonas más afectadas

Durante el verano se produjeron 15 superaciones del umbral de información a la población en estaciones de Valladolid y Soria, la cifra más alta en dos décadas, según Ecologistas en Acción. La mayoría se concentraron en la provincia soriana durante la segunda quincena de julio y agosto, coincidiendo con las olas de calor y los incendios de la Sierra Norte de Guadalajara.

El deterioro también ha sido destacable en Miranda de Ebro, donde la organización señala la influencia de la contaminación procedente del entorno de Bilbao. En el sur de Ávila y Segovia apunta a las emisiones del área metropolitana de Madrid, mientras que en el oeste de Salamanca y parte de Zamora puede llegar contaminación desde el entorno de Oporto.

El impacto de la contaminación no se limita a la salud humana, como ha alertado el informe. El ozono perjudica a la vegetación y puede reducir la productividad de cultivos como los cereales. En cuanto a sus efectos sanitarios, el documento cita datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente que atribuyen hasta 500 muertes al ozono en Castilla y León en 2023. También recoge una estimación del Instituto de Salud Carlos III de 340 muertes durante el verano de 2026 por el efecto combinado de las altas temperaturas y la exposición asociada a contaminantes como el ozono, una cifra que no corresponde exclusivamente a este contaminante.

Ecologistas denuncia que la Junta sigue sin aprobar los planes

La organización ecologista ha reclamado a la Junta de Castilla y León que apruebe los planes de mejora de la calidad del aire que considera obligatorios tras varias resoluciones judiciales. Según Ceballos, el Tribunal Supremo confirmó en marzo de 2026 la anulación del plan autonómico aprobado en 2021 y estableció un plazo de seis meses para elaborar nuevas medidas. Ecologistas en Acción ha defendido que ese plazo ha vencido sin que los planes se hayan presentado.

La entidad ha comunicado la situación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para pedir que se fuerce el cumplimiento de las sentencias y ha solicitado una reunión con el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

El coordinador autonómico de la organización, Luis Oviedo, ha advertido de que, si la Junta no adopta medidas efectivas, solicitarán actuaciones coercitivas en el procedimiento judicial. Los ecologistas también han reprochado la falta de protocolos municipales frente a episodios de ozono en Burgos, León y Salamanca.

Entre las medidas que ahn propuesto se encuentra reducir el tráfico motorizado, sustituir disolventes orgánicos por alternativas menos contaminantes y actuar sobre las emisiones industriales y ganaderas. También han reclamado mejorar la información a la población vulnerable y reforzar la vigilancia de la calidad del aire, después de que nueve estaciones que medían ozono en El Bierzo y la Montaña Norte hayan dejado de funcionar en los últimos años.

El sistema informático de Salud Castilla y León ha caído este jueves durante dos horas y ha afectado al sistema de cita electrónica y de historia clínica en centros de salud y hospitales, así como a la aplicación Sacyl Conecta.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta a EFE, que han explicado que esta incidencia ha obligado a los facultativos a realizar las recetas a mano y a pedir cita en ventanilla, lo que puede haber generado colas y retrasos.

La caída de la señal ha comenzado en torno 12.55 horas y se ha extendido más allá de las 14:30 horas, y estas fuentes no han podido precisar las causas de la incidencia.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, para conocer las causas, consecuencias y medidas aplicadas durante la caída del sistema.

La portavoz socialista de Sanidad, Virginia Jiménez, ha afirmado que no se trata de un mero problema informático, sino que es esta incidencia afecta directamente al funcionamiento de la sanidad pública y a la atención que reciben miles de castellanos y leoneses.

A través de un comunicado, el Grupo Socialista se ha hecho eco de las informaciones que indican una caída del programa MEDORA, para el acceso a las historias clínicas en Atención Primaria, y del sistema JIMENA, utilizado para la gestión de la historia clínica hospitalaria.

La parlamentaria del PSOE ha exigido a la Junta que aclare “qué ha provocado esta situación, cuántos centros sanitarios se han visto afectados, durante cuánto tiempose han interrumpido los servicios y qué consecuencias ha tenido para la atención a los pacientes”.

Además, ha insistido en que el consejero debe explicar también qué medidas de contingencia ha tomado y qué actuaciones piensa llevar a cabo para evitar que se repita una caída del sistema, así como ha defendido que la modernización tecnológica debe ser para dar mejores servicios sanitarios, no para generar nuevas dificultades. 

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha confirmado este miércoles en Soria que el proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de esa comunidad a la cooperación al desarrollo. Pollán no ha concretado exactamente qué partidas se verán afectadas.

En declaraciones a los medios tras visitar una residencia juvenil en Soria, el vicepresidente primero de la Junta ha justificado que esos cuatro millones se destinarán a “la eficiencia del dinero público y del gasto público y a ayudar y tener prioridad para las familias castellanas y leonesas y sus necesidades”.

“Trasladaremos esos 4 millones a más ayudas sociales, a más ayudas a las familias y a conseguir intentar que el dinero de los castellanos y leoneses revierta en los castellanos y leoneses y en el bienestar de las familias”, ha anunciado Carlos Pollán, quien no ha detallado de qué manera revertirá esta cantidad en las familias.

Ha incidido en que esos recursos se destinarán a reforzar las ayudas sociales y a las familias de Castilla y León, con el objetivo de priorizar las necesidades de la población de la Comunidad.

El alcalde de la localidad abulense de El Tiemblo, Arturo Varas, ha solicitado la retirada de la ceniza y otros residuos de las cunetas de la zona afectada por el gran incendio de este verano, con el objetivo de “minimizar la contaminación hídrica” y las captaciones, ante las próximas lluvias.

Varas, tras visitar alguna de las zonas afectadas de esta localidad de unos 4.600 habitantes con la diputada provincial de Por Ávila, Juana Robledo, ha comprobado los efectos de las primeras lluvias sobre el terreno quemado, según ha informado XAV en nota de prensa.

En el 'Charco del Cura', principal captación de agua de la localidad tembleña, ambos han corroborado que el agua “está limpia”, aunque el regidor considera que “hay que estar vigilantes de cara a las próximas lluvias”.

Además, han comprobado el resultado de los trabajos realizados por los voluntarios del Ayuntamiento de El Tiemblo y el personal forestal de la Junta de Castilla y León, instalando diferentes elementos de contención en el entorno de la desembocadura del embalse de El Burguillo.

Uno de los veinte pueblos afectados por el fuego

Tras las primeras lluvias, que cayeron de forma “suave”, las fajinas y albarradas instaladas para evitar arrastres, “hicieron su labor de fijación del suelo y filtración del agua”, según el regidor de este pueblo que ha sido uno de los veinte afectados por el segundo mayor incendio de la historia de España desde que hay registros, con cerca de 38.000 hectáreas quemadas.

No obstante, tanto Varas como Robledo han alertado de la importancia de “seguir actuando tanto en esta zona como en el resto de terreno afectado por el incendio”, poniendo el foco en las cunetas de la antigua carretera de El Tiemblo hasta la Reserva Natural del Valle de Iruelas y La Rinconada.

Según relatan, en la misma “aún se pueden observar las cenizas y el lodo arrastrados por el agua de lluvia”, así como en los entornos de los arroyos y gargantas que bajan del monte.

“Es muy importante que se despejen las cunetas de materia orgánica y otros residuos arrastrados por el agua para evitar que se contaminen nuestras captaciones de agua o, al menos, se minimice todo lo posible el efecto del agua”, ha indicado Arturo Varas.

Asimismo, han recalcado la necesidad de seguir trabajando, como hasta ahora, en construir fajinas, albarradas y diques para fijar suelo y contener los arrastres lo máximo posible, y siempre “siguiendo las indicaciones de los profesionales”.

Sostiene que estas actuaciones “son muy positivas cuando la lluvia cae de manera suave”, pero temen que “vuelvan a llegar lluvias más intensas”, como las caídas en zonas del incendio y que han supuesto “graves arrastres, desbordamientos e incluso agua que ha circulado por fincas y fuera de los cauces”.

En este sentido, tanto Robledo como Varas han advertido de la necesidad de que se actúe “con previsión” y con “la máxima diligencia” por parte tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación de Ávila para “estar lo suficientemente preparados para evitar más catástrofes”.

La comisión judicial ha decidido aplazar hasta el viernes el desahucio de una madre con dos hijos, uno de ellos menor, del piso donde residen, una vivienda social que tienen subarrendada desde 2002 en la calle Concepción de la capital burgalesa.

Un grupo de unas cincuenta personas se ha concentrado en el portal de la vivienda para paralizar el desahucio, que estaba previsto para esta misma mañana.

Carlos, uno de los portavoces del Sindicato de Vivienda de Burgos, convocante de la concentración, ha explicado que se trata de una familia que tiene subarrendado el inmueble, que es una vivienda social.

Reunión esta tarde

Esta tarde, el sindicato celebrará una reunión para buscar alternativas, aunque ya apuntan la posibilidad de que la entidad propietaria del inmueble formalice un contrato con la familia afectada. En todo caso, ya adelantan que volverán a concentrarse el viernes para evitar que se produzca el desahucio.

“La familia está nerviosa por lo que pueda ocurrir y porque impresiona ver desde la ventana varios coches policiales para apoyar el desahucio”, ha explicado el portavoz del sindicato.

Asaja Castilla y León ha pedido a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que flexibilice los requisitos para hacer quemas controladas de los pastos. En concreto, esta asociación pide que baste con una comunicación de los ganaderos que asegure que se cumplen “unas normas básicas” y que solo “en casos excepcionales” sean los bomberos forestales los que realicen estas quemas.

“Esta es una vieja reivindicación de la organización agraria que nunca ha tenido una respuesta satisfactoria por parte de los titulares anteriores del departamento con competencias en la materia”, ha protestado Asaja a través de un comunicado, en el que ha puesto como ejemplo el último acuerdo de la Consejería de Agricultura y Ganadería (Vox). Por eso le piden a González Corral “que tome nota”.

El titular de la cartera, Joaquín Antonio Pino —quien presidió Asaja Ávila entre 2008 y 2026 y fue vicepresidente autonómico de Asaja entre 2021 y 2025— ha autorizado la quema de rastrojos como medida para controlar el topillo campesino de manera preventiva. Desde el 9 de octubre, basta con que los agricultores comuniquen su intención de realizar una quema de rastrojos en parcelas agrícolas, una decisión que Asaja califica de “acertada y valiente”.

Los trabajos de monitorización han reflejado que el topillo tiene una incidencia “baja o muy baja”, aunque hay “focos iniciales de incremento” y “una evolución que aconseja anticipar la respuesta fitosanitaria” durante esta campaña agrícola 2026/2027. La comisión asesora consideró a finales de septiembre que concurrían “circunstancias técnicas suficientes para declarar una situación fitosanitaria excepcional de carácter preventivo” y adoptar medidas “temporales, proporcionadas y revisables” para prevenir la expansión de las poblaciones y minimizar el riesgo de daños a las explotaciones agrarias.

Una medida que “limpia el monte”

La organización profesional agraria defiende que esta quema “limpia el monte público y privado” y sirve para “preservar la superficie forestal y el arbolado y aumenta los pastizales para el ganado”.

La opa garantiza que la quema de pastos “puede incrementar la carga ganadera en muchos de nuestros montes” a largo plazo y puede “sustituir en gran medida” a los desbroces mecánicos, una práctica que esta organización considera “poco eficiente por el elevado coste económico y el impacto ambiental por el alto consumo de combustibles fósiles”.

Para Asaja, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco “ha gastado importantes cantidades de dinero de la PAC” en los desbroces mecánicos, “que han podido favorecer mucho a las empresas de servicios, pero poco a los ganaderos”. Preguntado por esta cuestión, el presidente autonómico ha respondido a Asaja: “Tomo nota”.

El presidente del PP de Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha expresado este jueves su “máximo respecto” hacia la muerte de Maricarmen Abascal, la anciana madrileña que fue desahuciada hace dos semanas de su vivienda y que inició las últimas protestas por esta situación.

Preguntado por su fallecimiento, antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, ha enviado “condolencias a sus seres queridos”, sin realizar más declaraciones al respecto.

Por su parte, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha indicado que lamentan su fallecimiento y envían condolencias a sus familiares y amigos, pero sin “participar en ninguna valoración política sobre este hecho en el momento en el que estamos”, en referencia al periodo preelectoral.

Preguntado por la reacción de Vox, socio de gobierno del PP en la Junta, ante el fallecimiento de Maricarmen, Carriedo ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico no van a hacer “valoración sobre lo que digan los partidos” al respecto.

CCOO ha denunciado este jueves los impagos salariales a los intérpretes de lengua de signos que trabajan en los centros educativos públicos de Castilla y León, un servicio adjudicado a Oncall Europa, lo que el sindicato considera “inadmisible e ilegal” y que ha trasladado a la Consejería de Educación autonómica para que intervenga y medie.

En un comunicado, CCOO, que ha anunciado medidas de protesta y acciones legales si no se resuelve, ha detallado que la empresa comunicó el pasado 5 de octubre a la plantilla, mediante correo electrónico, “la imposibilidad de abonar puntualmente los salarios correspondientes, trasladando a las trabajadoras la demora en el pago e invocando problemas de liquidez y retrasos de cobro ajenos al personal”.

Desde CCOO se trata de una situación de “inadmisible e ilegal”, ya que el convenio que les ampara “establece de forma taxativa la obligación de abonar las retribuciones a mes vencido y dentro de los cinco primeros días naturales de cada mes; y además, el retraso vulnera el artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Un escrito a la Consejería

“El salario tiene un carácter alimenticio fundamental para el día a día de cualquier familia. No es tolerable que una empresa privada financiada con dinero público para garantizar un derecho básico como la educación inclusiva pretenda derivar el riesgo empresarial directamente sobre las espaldas de las trabajadoras”, han incidido desde CCOO.

Por ello han mandado un escrito a la Consejería en el que exigen intervenir y mediar de manera urgente con la empresa para obligarla a cumplir de inmediato sus obligaciones laborales; y que vele por el cumplimiento estricto de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas que rigen esta contratación pública, aplicando, si fuera necesario, los mecanismos de fiscalización, apercibimiento o sanción previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

De no solucionarse a la mayor brevedad, la organización sindical avisa que emprenderá de forma contundente cuantas acciones legales, administrativas y de movilización sindical correspondan, incluyendo denuncias ante la Inspección de Trabajo y la exigencia de los intereses de demora legalmente establecidos, en defensa de los derechos e intereses de las trabajadoras del servicio.

La alcaldesa de la localidad abulense de Casavieja (1.400 habitantes), Vanessa Muñoz, ha solicitado a la Junta de Castilla y León que eleve el nivel de emergencia y solicite de forma “inmediata” medios estatales ante la “grave situación” de este municipio afectado en verano por el incendio de Burgohondo y ahora por los efectos de las lluvias, que les han dejado sin agua potable.

Según ha explicado la regidora en una nota de prensa, ante esta situación ya ha pedido “auxilio” a la Delegación del Gobierno de la Comunidad, que “ha mostrado su disposición a colaborar” cuando la Junta de Castilla y León, responsable de la dirección de la emergencia, solicite los medios necesarios.

Y ello, porque esta localidad, una de las más afectadas por el segundo mayor incendio de la historia de España desde que hay registros, lleva desde el pasado domingo sin agua potable debido a los daños provocados por las intensas lluvias y los arrastres de ceniza, sedimentos, lodos, piedras y árboles que se han producido hacia los cauces.

Todo ello ha afectado a las captaciones que abastecen al municipio y a la presa, “comprometiendo el sistema de suministro”, explica la regidora.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, con la ayuda de la Diputación provincial, está distribuyendo entre los vecinos agua embotellada, con el objetivo de “garantizar el consumo básico”.

Sin embargo, Vanessa Muñoz señala que esta solución “no permite mantener durante días las necesidades de higiene, aseo y limpieza de todo un municipio”, lo que afecta especialmente a servicios esenciales, así como a la residencia de mayores, el Centro de Día y el colegio de este pueblo del Alto Tiétar.

“Llevamos desde el domingo sin agua potable. Podemos repartir botellas para beber y cocinar, pero no podemos mantener durante días a todo un pueblo viviendo de agua embotellada”, sostiene la alcaldesa, antes de subrayar la existencia de familias que “necesitan ducharse, mayores que necesitan ser atendidos, niños, una residencia, un centro de día y un colegio”.

En este sentido, la regidora casavejana ha lanzado un mensaje de auxilio: “Estamos ante un problema que empieza a ser también de salubridad pública”. Al realizar esta petición, ha asegurado que no quiere entrar en “una guerra entre administraciones”, ya que lo que necesita su localidad son “soluciones”.

La Junta evalúa los daños

Preguntado por la situación, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se están realizando visitas sobre el terreno para determinar los daños y plantear las reparaciones necesarias ante la petición de ayuda formulada por el municipio.

Carriedo ha vinculado la situación a la intensidad de las lluvias caídas sobre terrenos afectados por los incendios forestales y ha asegurado que la Administración autonómica trabaja para reducir sus consecuencias.

Según ha detallado, más de un centenar de personas y nueve máquinas se encuentran desplegadas en las zonas afectadas para tratar de evitar o minimizar el impacto de las precipitaciones con el asentamiento del terreno mediante paja y fajinas, que ya han conseguido mitigar el arrastre de las cenizas, ha indicado.

Greenpeace reclama actuaciones para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos

 Greenpeace ha denunciado la situación que viven varias localidades próximas al incendio de Burgohono (Avila), que se han visto obligadas a suspender el suministro de agua potable después de que las intensas lluvias de los últimos días hayan arrastrado cenizas, barro y sedimentos desde las zonas calcinadas hacia ríos, embalses y captaciones de agua.

“Es evidente que la emergencia no termina cuando se apaga el fuego”, ha advertido Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, quien precisa que sin actuaciones posteriores para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos, “estamos sembrando nuevas crisis ecológicas y sociales”.

La organización ecologista exige medidas urgentes para evitar nuevos daños ambientales e impedir situaciones como la actual, donde estos municipios (Casavieja, Piedralaves y Mijares) han tenido que recurrir al abastecimiento mediante camiones cisterna y agua embotellada para garantizar el suministro en varios puntos.

Greenpeace ha reclamado actuaciones urgentes para estabilizar los suelos quemados y evitar el arrastre de cenizas y lodos, así como investigar las posibles consecuencias para las aguas subterráneas, cuyos efectos pueden tardar meses o incluso años en manifestarse.

La organización también ha recordado que la contaminación de las aguas superficiales tras un incendio puede persistir entre tres y cinco años.

En el caso de Burgohondo, Greenpeace ha cuestionado la orden de la Junta de Castilla y León de retirar la madera quemada, al considerar que una extracción generalizada deja el terreno más expuesto a la erosión y han pedido retrasar unos meses la tala del arbolado afectado, cuando las condiciones lo permitan, para favorecer la fijación del suelo y realizar posteriormente una retirada selectiva.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad abulense de Casavieja (1.400 habitantes), Vanessa Muñoz, ha solicitado a la Junta de Castilla y León que eleve el nivel de emergencia y solicite de forma “inmediata” medios estatales ante la “grave situación” de este municipio afectado en verano por el incendio de Burgohondo y ahora por la falta de agua potable.

Según ha explicado la regidora en una nota de prensa, ante esta situación ya ha pedido “auxilio” a la Delegación del Gobierno, que “ha mostrado su disposición a colaborar” cuando la Junta de Castilla y León, responsable de la dirección de la emergencia, solicite los medios necesarios.

La localidad, una de las más afectadas por uno de los mayores incendios de la historia de España desde que hay registros, lleva desde el pasado domingo sin agua potable debido a los daños provocados por las intensas lluvias y los arrastres de ceniza, sedimentos, lodos, piedras y árboles que se han producido hacia los cauces.

“Llevamos desde el domingo sin agua potable. Podemos repartir botellas para beber y cocinar, pero no podemos mantener durante días a todo un pueblo viviendo de agua embotellada”, sostiene la alcaldesa, antes de subrayar la existencia de familias que “necesitan ducharse, mayores que necesitan ser atendidos, niños, una residencia, un centro de día y un colegio”. 

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha detectado un vertido sin autorizar en Arenas de San Pedro, Ávila, en concreto en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), por lo que ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, según ha informado la entidad a elDiario.es. Fuentes de la Diputación de Ávila ya explicaron que se trató de un “vertido del colector de aguas residuales y pluviales” a la altura de la EBAR y explicaron que la analítica realizada estaba “dentro de los parámetros”.

Tras las inspecciones realizadas el pasado mes de marzo, la Confederación ha comprobado que en la actualidad la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “cumple con la autorización de vertido”.

Además, el ayuntamiento de Arenas de San Pedro ha recibido numerosas quejas informales sobre su zona de ocio, donde es habitual que los veraneantes se bañen en las piscinas.

Quejas por gastroenteritis

Este verano se han detectado varios casos de gastroenteritis atribuida al baño en las piscinas naturales de Arenas de San Pedro, que no están catalogadas como zonas aptas para el baño según la Junta de Castilla y León, pero que no cuentan con señalización en la zona. Desde la Delegación Territorial provincial se niega que haya habido “ningún brote relacionado con el baño en zonas recreativas”, aunque son muchos los comentarios en redes sociales en los que usuarios de estas piscinas han notificado malestar y necesidad de atención sanitaria.

“Nos pasó hace dos años, que el niño se puso malo y tuvimos que ir a Talavera de la Reina para que le pusieran una vía, y este, también”, explica Asier, uno de los afectados. “No habíamos vuelto a ir desde entonces, pero como el Ayuntamiento publicó posts diciendo que todo estaba bien, fuimos. Y acabamos en el ambulatorio, donde nos dijeron que habían tenido que atender a mucha más gente por este tema”, explica. Asier relata que, en esta ocasión, tuvo “malestar” durante “treinta horas”: vómitos, náuseas... “A las dos de la mañana nos tocó ir al ambulatorio”, explica.

La zona recreativa de Arenas de San Pedro no está considerada una zona de baño, por lo que no se realizan los controles sanitarios que sí corresponden a otros espacios. La Consejería de Sanidad ha publicado los informes sobre los resultados de estas pruebas desde 2021, y en ninguno de ellos figura Arenas de San Pedro.

Sin embargo, el Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular, insistía en que a finales de julio se realizaron unos análisis y “se confirmó el cumplimiento legal de los parámetros microbiológicos” en las piscinas naturales del río Arenal y en la presa del río Pelayo, por lo que defiende que son “aptas para el baño”, según exponía en sus redes sociales.

elDiario.es ha intentado en varias ocasiones contactar con el Ayuntamiento, pero la Diputación de Ávila, también dirigida por el Partido Popular, no ha facilitado dicho trabajo.También se ha puesto en contacto con el alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, diputado provincial, pero no ha recibido ninguna respuesta por su parte.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado este martes a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta que investigue de oficio a aquellas bodegas que compren uva a precios por debajo de los costes de producción.

“Lo que demandamos es que sea la consejería quien abra ese expediente de oficio, porque ningún viticultor va a denunciar a una bodega y porque no va a volver a vender vino a esa bodega en la vida y le van a poner la cruz”, ha afirmado el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín.

En una rueda de prensa en Valladolid, González Palacín ha advertido de que el sector está “en un momento crítico” por los elevados costes de insumos y combustibles y por la “estrepitosa” bajada de precios, por la que en algunos casos los agricultores reciben menos de la mitad de lo que cuesta su producción.

Desequilibrio en los Consejos Reguladores

Además, ha urgido a acabar con el “grandísimo desequilibrio” de representación en los Consejos Reguladores y ha pedido que la representación se reparta al 50% entre bodegas y viticultores.

“El aumento de producción, el aumento de hectáreas de viñedo, ha tenido mucho que ver con este desequilibrio y ese afán de las bodegas en poner más viñedo para saturar mercados y comprar la uva más barata y ser más competitivas”, ha criticado.

Por su parte, el responsable de UCCL en la DO de Rueda, Ramón Prieto, ha cifrado en 144 millones de kilos la uva recogida en esta marca protegida a un precio de recogida que oscila entre los 0,42 euros por kilo cuando el coste medio es de 0,55 euros por kilo.

En el caso de la DO Ribera de Duero, el responsable de UCCL, Alfonso Amigo, ha reconocido que en esta zona “la situación es extremadamente delicada” con 123 millones de kilos recogidos, 250 bodegas finalizadas y otras 50 que mantienen abierta su recogida.

“Crisis de precios”

Amigo ha señalado que los precios de recogida varían entre los 0,15 a los 0,60 euros por kilos, cuando los precios que presentó el consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, entre 0,70 y 1,09 euros el kilo de uva.

“La crisis de precios que tenemos por una saturación en la sobreplantación”, ha lamentado, antes de recodar que esta es una reclamación de su organización agraria desde 2017, porque desde ese año se ha plantado un 40% más de viñedos en la Ribera del Duero“, ha lamentado.

En su intervención, también ha señalado que UCCL pidió la dimisión del Consejo Regulador de Ribera de Duero por la bajada de precios en la producción, en concreto a su director general, y ha advertido del impacto en la calidad de vinos que puede tener esta sobreproducción.

“Si los precios bajan, tampoco tendremos viticultores y al final nuestros pueblos se quedarán vacíos”, ha asegurado. Por todo ello, han exigido a la Consejería que actualice y “afine” los costes de las trece denominaciones de origen que operan en Castilla y León y le ha pedido que actúe con “firmeza” en las inspecciones a estas bodegas.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Guardia Civil investigan el origen de un vertido oleoso, todo apunta a hidrocarburo, aparecido este lunes en las aguas del río Ebro, y que procedería de los entornos del polígono industrial de Lantarón, aguas arriba, en la provincia de Álava.

El concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, ha explicado en una nota de prensa que varios avisos advirtieron de la presencia de un vertido “en la lámina de agua superficial del río a su paso por el término municipal”, y una visita permitió comprobar que cubría casi la totalidad de la superficie, que no eran manchas aisladas.

Por ese motivo, el Ayuntamiento contactó con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Comandancia de la Guardia Civil, que han iniciado una investigación para determinar el origen y, tras analizar orillas, redes de saneamiento y pluviales y polígonos, se ha descartado que proceda del término municipal de Miranda.

“No se trata de ningún vertido, escorrentía o negligencia localizada en red municipal ni industrial ni particular ni municipal del término de Miranda”, ha indicado Ubieto, y el Seprona y la CHE han determinado que su origen estaría en el entorno del Polígono de Lantarón, ya en Álava.

Las lluvias del fin de semana habrían trasladado aguas abajo el vertido, que sería un combustible tipo hidrocarburo, cuya densidad ralentiza su disolución y transporte.

El edil ha indicado que no se ha producido mortandad de fauna, aunque mantendrán la vigilancia para comprobar el alcance del la afección al ecosistema fluvial, y ha explicado que hay que esperar a que se vaya diluyendo puesto que, dado que no se trata de un residuo sólido, no se puede retirar.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro no descarta personarse en caso de que se consiga determinar el origen del vertido y concretar si existe responsabilidad o negligencia, a fin de “salvaguardar el cuidado y protección del medio ambiente y ecosistema local”, ha defendido el edil.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha reforzado la vigilancia en el entorno de las obras de bombeo del embalse del Pontón Alto después de detectar un sabotaje en la tubería provisional instalada para reforzar el suministro de agua a la capital segoviana y a los municipios del sur de la ciudad, que ya ha sido reparada.

El organismo de cuenca detectó durante este fin de semana que la tubería estaba registrando pérdidas y, tras analizar la infraestructura, localizó varios daños realizados de forma intencionada con algún elemento punzante en dos tramos de la conducción.

Estos daños han provocado un retraso en las pruebas de funcionamiento que está realizando la CHD, que ya trabaja en la reparación de la infraestructura provisional, sin que esta incidencia vaya a afectar en principio a los plazos establecidos inicialmente para su uso.

Denuncia ante la Guardia Civil

La Confederación tiene previsto interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil por estos hechos y ha reforzado la vigilancia en el entorno de las obras, que ya contaba con un servicio de seguridad durante las 24 horas de los fines de semana.

La actuación que está ejecutando la CHD en el Pontón Alto cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros y tiene como finalidad reforzar la garantía de abastecimiento de agua a Segovia y a los municipios del sur de la provincia.

La nueva infraestructura permitirá incorporar al sistema de abastecimiento una mayor cantidad de agua procedente del embalse del Pontón Alto, reduciendo la necesidad de detraer recursos del embalse de Puente Alta.

De esta forma, se incrementará la capacidad de respuesta del sistema cuando Puente Alta registre niveles de agua inferiores a los habituales o cuando las condiciones de calidad del recurso dificulten su aprovechamiento.

La actuación forma parte del conjunto de medidas que está desarrollando la CHD para minimizar las consecuencias derivadas del vaciado del embalse de El Tejo y garantizar el suministro a la población.

Un lince ha muerto disparado en Valladolid, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es. El suceso se produjo la semana pasada, aunque el cuerpo del animal abatido ha sido localizado este martes. Este lince, que había sido liberado en el Cerrato Palentino, se suma a otros tres ejemplares muertos por atropello y un ahogado el año pasado.

La pasada primavera se introdujeron en la zona nueve ejemplares de lince ibérico qua habían estado en cautividad, que se sumaron a los otros cinco que seguían con vida en ese momento.

Otras autonomías, como Castilla-La Mancha, han registrado la muerte de diez linces en lo que va de año: cuatro atropellados, tres a consecuencia de ahogamiento en una balsa y otro abatidos a tiros por cazadores.

Información en ampliación

Ávila sufre la mayor subida del alquiler en Castilla y León en la última década. Entre 2015 y 2024, el precio medio del alquiler ha subido un 45,1% hasta 426 euros al mes, según los datos del Ministerio de Vivienda que recoge elDiario.es en este artículo. En tres provincias de la comunidad, el precio medio del alquiler supera los 500 euros: Valladolid (517), Burgos (507) y Segovia (505 euros), con algunos de los mayores crecimientos, lo que ha motivado ahora las movilizaciones en todo el territorio.

El precio del alquiler en las provincias de Salamanca y Soria ha aumentado un 30% en los últimos diez años hasta los 495 y 490 euros, respectivamente. En León, el incremento ha sido del 28% (438 euros), seguida de Palencia (26,6%), con un precio medio del alquiler de 430 euros, y Zamora (subida de 25,8% y 400 euros mensuales).

Mañueco recurrirá los decretos

La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves su intención de recurrir los nuevos decretos del Gobierno de España que puedan estar en vigor la próxima semana después del debate parlamentario previsto para mañana porque considera que “invaden competencias y perjudican a los intereses de la comunidad autónoma”. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado las medidas propuestas por el Gobierno —como se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda— porque cree que no derivarán en un aumento de la oferta de vivienda ni dará “estabilidad y confianza” a los propietarios de viviendas en alquiler. También ha afeado que se haya excluido de participación a las comunidades autónomas, que tienen competencias en Vivienda.

Este jueves UGT también ha pedido a los diputados nacionales de Castilla y León que voten a favor de los dos decretos de vivienda que se debatirán este viernes el Congreso de los Diputados, que afectaría a unas 250.000 personas en la comunidad, con 95.500 contratos de alquiler pendientes de renovación. Mientras tanto, en las calles están previstas concentraciones y manifestaciones para el viernes en Segovia, el sábado en Burgos, Palencia, Zamora, Soria, Valladolid y el domingo en Salamanca.

En Castilla y León, una comunidad con un salario mediano de 21.766 euros anuales, hay siete ciudades cuyo alquiler medio es superior a 500 euros al mes: Segovia (562 euros), Arroyo de la Encomienda (546 euros), Valladolid (536 euros), Burgos (532 euros), Salamanca (531 euros), Soria (529 euros) y Laguna de Duero (514 euros). A pesar de que no llega a los 500 euros al mes el precio medio del alquiler en Ávila capital, el alquiler en la ciudad vuelve a ser el que más ha aumentado desde 2015: un 38,5%.

Algunas de las zonas con más crecimiento del precio del alquiler son los municipios del alfoz de las capitales, como Vicolozano (Ávila) o Bernuy de Porreros (Segovia), donde el coste del alquiler ha subdo más de un 60% en diez años.

UGT y CCOO se han concentrado este 1 de octubre en Valladolid en el Día Internacional de las Personas Mayores con el sentir de que todos son “Maricarmen”, la mujer de 87 años desalojada en Madrid y recordar que hay casos similares en la comunidad, y reclamar una cartera propia de mayores en las administraciones y una mejora de las pensiones, sobre todo las de viudedad.

Con el lema “Por una vejez digna”, Juan Carlos Cardero, secretario de Organización de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla y León, y María Soledad García, secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOOCyL, han recordado que en la comunidad hay un 26 por ciento de mayores de 65 años, un colectivo vulnerable con una pensión media de 1.450 euros y por debajo de los 900 en muchas de las de viudedad.

Cardero ha defendido que todos son “Maricarmen” para recordar que también hay casos de desahucio en la comunidad, que “el gobierno autonómico no quiere abordar”, criticar los fondos buitre que están desplazando a los mayores de sus casas y defender un aumento de las pensiones y que se blinden en la Constitución para que no dependan de cada “gobierno de turno”.

García ha reclamado además que dentro de la atención primaria haya más geriatras y gerontólogos, dado que cada vez son más los mayores y la esperanza de vida es cada vez más alta; y que el dinero aportado por el gobierno para mejorar la dependencia permita que no haya dobles copagos en los cuidados: el dinero de la dependencia y el de los usuarios.

Y ha demandado que las residencias sean de calidad en una comunidad en la que el 86 por ciento son privadas o concertadas, que quieren que tengan cuidados profesionales con unas ratios adecuadas y buen servicio.

También ha planteado García ciudades más amigables de los mayores, más adaptadas a las discapacidades, a las personas vulnerables.

Cardero ha incidido en esa cartera independiente de las personas mayores, “porque los que no podemos estar es cada 1 octubre, Día Internacional de las Personas mayores, estar recordando a los políticos de turno lo que tienen que hacer y que los mayores se sientan abandonados”.

En esa línea ha pedido que se agilicen las consultas médicas de los mayores, que no pueden esperar ocho días para conseguir una cita, o “esperar 200 días” para ver al especialista, o si van al banco no sabe qué hacer y sentirse abandonados; y unas residencias más asequibles, o mejores condiciones para los trabajadores de centros de salud y asistenciales.