Tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de sumisión química por parte de su profesor, Alejandro Pérez de la Sota, en una noche de cena y copas entre docentes y estudiantes de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca. Una noche, en la que además se produjo un altercado en el que intervino la Policía Local, alertada por el propio Pérez de la Sota, concejal no adscrito en el Ayuntamiento, “para evitar cualquier futuro malentendido”. El profesor fue apartado el pasado martes por el Colegio de Abogados de Salamanca, tras conocerse que había sido denunciado. El PSOE, por su parte, pide al Ayuntamiento, donde Pérez de la Sota fue concejal de Vox y ahora es no adscrito, que se le retire de la actividad institucional.

En el atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, aparecen las denuncias de tres jóvenes, refrendadas por testigos, que permiten reconstruir lo que ocurrió entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de junio en la que, presuntamente, Pérez de la Sota llegó a estar en la habitación de una de ellas y horas después fue “echado a patadas del taxi” en el que otra volvía a su casa.

La primera denuncia se produce el 5 de junio, sobre las once de la noche cuando han pasado menos de 24 horas de la presunta agresión, y se pone en marcha el 'protocolo de víctima de delito sexual' en el Hospital Clínico de Salamanca. Dos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se entrevistan con la víctima en presencia de un ginecólogo de urgencias y un médico forense. La chica, de 23 años, relató y ratificó después en la denuncia, que había estado cenando con compañeros y profesores del máster en un restaurante. A las 23.30, acompañada de una amiga y de Pérez de la Sota, se dirigió a un pub/discoteca y se sentaron en la terraza, donde pidieron unas copas. En un momento dado, ambas fueron al baño y dejaron las copas en la mesa. Cuando volvieron se unieron a varios compañeros y profesores que habían llegado al establecimiento.

“Un hombre mayor” que se confundió de habitación y fue visto por la compañera de víctima

A partir de ahí, la chica no recuerda nada de lo que pasó esa noche, el 'blanco' es de muchas horas, y sólo sabe lo que ha podido ocurrir a partir de los testimonios de sus compañeros. De hecho, ella despierta a la mañana siguiente sin sospechar nada, hasta que un compañero de clase le pregunta –el atestado no lo aclara, pero parece que fue por llamada o mensaje telefónico–si se encuentra bien, y le dice que está preocupado porque esa noche la vió salir del baño del pub “cogida de la mano de un hombre”. Desconcertada, preguntó a su compañera de piso si había visto algo raro esa noche. La respuesta fue determinante: esa noche no sólo oyó ruidos como si estuviesen “moviendo muebles”, también la oyó vomitar. Además a la habitación de la compañera de piso intentó entrar un hombre “bastante mayor” que ella y cerró la puerta rápidamente, porque posiblemente se confundió de cuarto. La chica aseguró que no había bebido en exceso y que no había consumido drogas.

Otro profesor del máster intentó sobornarlas para que no hablasen

La denuncia fue ampliada al día siguiente, para añadir que la segunda vez que había acudido al baño había escrito un WhatsApp a un compañero para que fuese a buscarla, que no recordaba nada de lo que sucedió, pero que varios compañeros la vieron salir de la mano con Pérez de la Sota a las 2.00 de la mañana y que él tenía una actitud muy cariñosa, lo que les extrañó. Pérez de la Sota regresó al local más de una hora después, a las 3.10, algo que también hizo sospechar a los compañeros porque la chica vivía a tan solo 10 minutos de allí.

Horas antes de esta ampliación, había recibido una llamada de un número que no tenía y que resultó ser el del profesor, según le dijeron los compañeros. Además, a través de ellos supo también que otro profesor, José María L.M., había estado intentando conseguir tanto su teléfono como el de otras dos amigas para “ayudarlas a aprobar” y que no trascendiese lo sucedido. elDiario.es, se ha dirigido por correo a este segundo profesor, que pertenece la Facultad de Derecho, si bien no ha recibido respuesta. Desde la Universidad de Salamanca aseguraron desconocer el caso.

Tras la primera presunta agresión, regresó e intentó acompañar a otra alumna a casa, hasta que le echó a patadas del taxi

Otra denuncia de una segunda alumna relata lo que ocurrió cuando Pérez Sota regresó al establecimiento pasadas las tres de la madrugada. Esta segunda denunciante había visto a Pérez de la Sota con la primera chica, que es su amiga, a la que cogía de la cintura. Pasadas las tres de la madrugada, cuando Pérez de la Sota regresó al pub, ella había decidido irse y así lo comunicó al varias personas del grupo, entre las que estaba el profesor.

Su intención era ir caminando hasta una parada de taxis y por el camino entregó el móvil a alguien mientras se quitaba las sandalias. Pérez de la Sota le dijo que vivía muy cerca de la parada y que la acompañaba. Una vez en la parada, la chica subió por la puerta trasera derecha y el profesor le dijo que la acompañaba e intentó subir al vehículo aunque ella se negó y él siguió intentando subir. Tanto es así, que quiso acceder por la otra puerta y ella le echó a patadas y empujones, hasta que pudo marcharse. El taxista le recomendó denunciar ese tipo de comportamientos. Al llegar a su casa e intentar pagar la carrera con su móvil se dio cuenta de que no lo tenía, por lo que el taxista la llamó desde dos números distintos, para intentar localizar el móvil, sin recibir respuesta. Volvieron al punto de partida, donde se encontró con sus amigos y varios profesores. Una de sus amigas llamó a su teléfono y respondió Pérez de la Sota, que acudió a entregarlo.

“Esta puta niñata me la va a liar”

Fue en ese momento cuando se produjo un altercado en el que se le recriminó la actitud que había tenido esa noche. “Esta puta niñata me la va a liar”, llegó a decir, según el atestado. Pérez de la Sota insistió en llamar a la Policía “para dejar constancia del estado de las personas”. Otro profesor se mostró preocupado. “Estoy harto de esta situación, llevo años viendo lo mismo y esto se tiene que acabar ya”, habría llegado a decir.

En el atestado aparece el informe de incidencia de los policías locales que acudieron tras la llamada de Pérez de la Sota. Según ellos son comisionados por una “discusión entre particulares en la parada de taxis”. Lo primero que hacen constar es que Pérez de la Sota “pudiera encontrarse bajo los efectos de las bebidas alcohólicas”, y que les contó que había salido a cenar con su grupo de alumnos del máster de abogacía, que después fueron a un establecimiento y que al acabar la fiesta acompañó a una de las chicas hasta la parada de taxis “debido al estado de embriaguez que presentaba y porque no la veía capaz de valerse por sí misma”.

Pretendía acompañarla a casa pero ella le dijo “de manera muy nerviosa que se bajase, que se iba sola”, por lo que accedió. Al llegar el profesor a su casa se dio cuenta de que tenía el móvil de la chica y regresó a la parada y se lo dio a otra de las amigas. Esta le dijo: “Te veo capaz de cualquier cosa, vete con tu puta mujer y deja en paz a mi amiga”, por lo que él decidió llamar a la Policía. “Que sepas que esto no se va a quedar así contigo”, dijo él. Un profesor que estaba presente le recriminó la amenaza.

En ese momento aseguró que no había tenido contacto físico con ella y añadió que no tenía “interés sexual” en ella, que solo quería ayudarla. La policía recuperó imágenes de cámaras de seguridad en la que se ve a profesor y alumna cogidos de la mano y que cada uno entra por una puerta al taxi, pero él acaba saliendo. A la mañana siguiente, esta segunda denunciante se despertó vomitando y vio que la cortina de su habitación estaba corrida, algo que ella nunca hace. Presentó un parte de lesiones y de exploraciones que se le realizaron en el hospital.

La tercera denunciante: un comportamiento “fuera de lo habitual”

La tercera denunciante es la chica que acudió con la primera y Pérez de la Sota a la terraza a la que más tarde se incorporaría el resto del grupo. Indicó que al salir del baño con su amiga, a las 00.00 horas, y después entrar con el resto del grupo al interior del local no recordaba nada más y que le resultó extraño perder la memoria porque nunca le había sucedido algo así. Estuvo el resto de la noche acompañada de su hermana y que esta notó que tenía un comportamiento “fuera del habitual”, “sobreexcitada”, “extremadamente locuaz” y “perdiendo en ocasiones el equilibrio” y que a pesar de haber dejado de beber estuvo otras dos horas en esa situación.

Fue acompañada por su hermana a su casa. A la mañana siguiente, al despertar, estuvo “desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado a casa”. Además, tenía en la mano y brazo derechos marcas que no sabía cómo se había hecho“. Al hablar con la primera denunciante y con el amigo que había visto el comportamiento de ambas, se dio cuenta de que lo ocurrido no era normal. La chica aportó un informe del Hospital Clínico sobre las lesiones. Posteriormente, amplió la denuncia para añadir que un amigo vio cómo Pérez de la Sota, tras haber regresado de estar con la primera denunciante, la tenía agarrada a ella de los hombros ”diciéndole que la iba a llevar a casa“. A la mañana siguiente recibió un correo del profesor José María L.M. invitándola a tomar algo antes de irse de vacaciones. El mail se ha aportado a la denuncia. El amigo que la acompañó a hacer la ampliación asegura haber recibido a su vez un whatsapp de ese profesor para pedir el teléfono de la primera denunciante, el de la tercera y el de la chica que se enfrentó a Pérez de la Sota para ofrecerles ”facilidades para hacer los exámenes“ y para que no trascendiese lo sucedido con Pérez de la Sota y no se enfadase ”su señoría de lo Contencioso“, en referencia a una profesora que las iba a examinar. En las dos ampliaciones de denuncia se hace constar además que la pareja de Pérez de la Sota es anestesista, que tienen miedo y que solicitan medidas de protección.

Pérez de la Sota lo niega todo

Este diario contactó con Alejandro Pérez de la Sota, que declarará en el juzgado el día 16, para conocer su versión. El docente facilitó un comunicado en el que asegura desconoce los hechos de los que se le acusa y de los delitos que se le imputan porque no ha recibido copia de la denuncia ni ha podido acceder a las actuaciones. “La única información de la que tengo conocimiento es la obtenida con la lectura de los medios de comunicación, al mismo tiempo que toda la ciudadanía”, dice. Así, le es “imposible” realizar “manifestación, argumentación o defensa pública alguna, cuando ni siquiera ha habido posibilidad de realizar la defensa inicial y principal en el Juzgado”. Añade que las acciones, manifestaciones y actuaciones que se están realizando contra él “carecen del más mínimo respeto a la presunción de inocencia y al derecho al honor” tanto de él como de su familia “rompiendo todos los principios constitucionales, y trasladando información a través de los medios de comunicación para generar un proceso paralelo y sumarísimo que parece planeado” para destruir su imagen pública y su propia persona, antes incluso de que haya podido realizar cualquier defensa en el ámbito judicial.

Critica además por “vergonzoso” el “uso y actuación política que algunos pretenden hacer de algo que ni siquiera se ha concretado en forma legal, demostrando que están dispuestos al asesinato civil del adversario para encubrir las enormes responsabilidades de su propio partido”. “En caso de que se me faciliten las acusaciones que se afirman haber realizado contra mí, no solo ejercitaré mi derecho de defensa ante la Administración de Justicia, sino que también podré dar las explicaciones públicas que puedan corresponder. Expreso mi máximo respeto, como no puede ser de otro modo, por toda persona y por sus derechos fundamentales, los cuales nunca he atacado ni vulnerado en ninguna forma; así como por la Administración de Justicia y por sus mecanismos legales, ante los que compareceré al ser requerido para ello, y ejerceré mi más leal, solvente y legítimo derecho de defensa”. Por último, agradece las “innumerables muestras de confianza, ánimo y apoyo” que está recibiendo. “Todos estos mensajes, junto a la firmeza de mi Familia y a mi confianza absoluta en que los hechos se esclarezcan por completo lo antes posible, actualmente son mi mayor fortaleza para afrontar una situación totalmente injusta para mí”, finaliza.

Un total de dos centenares de trabajadores del operativo antiincendios se han concentrado este miércoles en Ávila, León, Palencia y Segovia, convocados por CCOO y CGT, para reclamar mejoras en el operativo establecido y criticar su “abandono”.

En Ávila, en torno a cincuenta personas se han movilizado, cuando faltan dos días para que comience el riesgo alto de incendios, y ha criticado que el operativo “empieza a medio gas”, lo que hace pensar en un verano “como poco, como el del año pasado”. Así lo ha vaticinado en declaraciones a los periodistas Rodolfo Boabent, agente medioambiental representantes de CCOO, y Román García, de CGT, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital abulense.

Según García, la situación del operativo de incendios está “en iguales o peores condiciones que el año pasado, después de los incendios devastadores en toda la Comunidad”, incluidos varios en la provincia de Ávila, como el que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona del Barranco de las Cinco Villas.

Falta de cobertura de vacantes

“La disposición de medios, la falta de cobertura de las vacantes, la falta de profesionalización, muchos de los problemas que veníamos arrastrando no se han solventado con respecto al año pasado”, ha argumentado García.

En el mismo sentido, Boabent ha lamentado que “un año más el operativo empiece a medio gas”, debido a la “falta personal en camiones y torretas, faltan otros agentes medioambientales por incorporarse”.

Al respecto, ha indicado que en las próximas dos semanas está prevista la incorporación de 22 agentes en una zona que “no conocen” y realizando labores de dirección de extinción, lo que a su juicio “puede poner en peligro al operativo”, al ser “los responsables de coordinación de los medios y de los incendios”.

En León, medio centenar de delegados sindicales ha acudido a la protesta ante la sede de la Delegación de la Junta por lo que han considerado “abandono absoluto” y escasos avances en el operativo de incendios de esta campaña, que en contra de lo anunciado por el Gobierno autonómico han limitado a “muy pocas mejoras de acuerdos que ya estaban pactados en 2022”.

Bajo mínimos

El coordinador de bomberos forestales de la Federación de Servicios Forestales de CCOO, Diego Fernández, ha denunciado que el personal laboral del operativo está “bajo mínimos, con puestos de vigilancia que se caen a pedazos, con bases de camiones que no cumplen con la normativa mínima”, a lo que ha sumado que los tratamientos selvícolas preventivos de esta campaña han sido “ínfimos”.

Fernández ha advertido de que se enfrentan a una “campaña muy difícil”, a la vez que ha criticado las condiciones laborales que sufren los trabajadores que integran el operativo, que ha sido denunciada ante la Inspección de Trabajo y que les “ha dado la razón”, ya que muchos puestos de trabajo no cumplen las condiciones laborales.

Por ello, CCOO ha interpuesto una querella criminal contra la Junta “con hombres y apellidos para que solucionen esta situación”. También ha denunciado que la carencia de personal en agentes medioambientales se extiende al resto de operativos compuesto por empresas privadas, trabajadores públicos y semipúblicos a través de la empresa Tragsa, lo que complica “muchísimo la coordinación” ya que “no es solo un operativo, sino uno diferente por cada provincia que se multiplica” por los distintos actores que participan en el mismo.

Una situación que provoca que cada provincia se gestione de una forma diferente, “lo cual aboca a problemas de comunicación, ya que no hay un sistema real de trabajo en conjunto porque no somos un operativo, somos 27”. Asimismo, ha exigido que se aplique la ley de bomberos forestales para todo los personal que forma parte de del operativo de extinción de incendios, que no solo son peones, conductores y vigilantes, ya que también son celadores, agentes y técnicos medioambientales.

Personal sin experiencia

Por su parte el agente medioambiental y delegado de CCOO José Ramón Casado, ha denunciado el déficit de agentes medioambientales existentes, que en la provincia de León es de un 15% de vacantes sin cubrir, a lo que ha sumado la perdida de experiencia progresiva debido a la edad y jubilación prevista de muchos de los profesionales de la Junta que se dedican a la extinción de incendios y que se suple con “personal sin experiencia”.

En Palencia, unos 40 efectivos de los operativos de prevención y extinción de incendios han participado en la asamblea informativa y la posterior concentración ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital palentina, para alertar de las precarias condiciones en las que afrontan la inminente campaña de verano.

Han recordado que a pocos días del inicio de la campaña, apenas la mitad de retenes están en condiciones de iniciar su labor y les preocupa que el resto se completará con improvisación. Por ello, han puesto el foco en la necesidad de “pasar de un operativo de parcheo a un operativo serio, formal y con profesionales bien formados”.

En este sentido también han denunciado la escasa formación con la que llegan algunos efectivos, así como la temporalidad de muchos empleos, que provoca que constantemente el operativo se forme con efectivos sin experiencia.

La concentración en Segovia se ha desarrollado con la presencia también de medio centenar de asistentes, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, convocados por CCOO, Comisiones Obreras, en defensa de un operativo de incendios forestales sin privatizaciones. La concentración se ha desarrollado sin incidentes y los participantes han reclamado soluciones a la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales, la situación de los Agentes Medioambientales, la adaptación del convenio colectivo, la jubilación anticipada, la prevención de riesgos laborales y el estado actual del operativo en la provincia de Segovia.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), que retire las nomenclaturas y vestigios franquistas, incluyendo la calle al padre de Fernández Mañueco. También ha acusado a los responsables municipales de estar cometiendo un delito de prevaricación administrativa al incumplir la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar los vestigios de exaltación del franquismo, incluida la nomenclatura de cargos públicos durante la dictadura.

Entre otros, la ARMH ha pedido retirar las calles dedicadas al padre de Alfonso Fernández Mañueco, Marcelo Fernández Nieto, que fue alcalde de Salamanca, procurador en Cortes y gobernador civil entre los años 60 y 70. En Salamanca todavía se conservan varios escudos y emblemas franquistas en edificios públicos y en iglesias.

“En el año 2026, y con dos leyes estatales que obligan a su retirada, la ciudad de Salamanca mantiene numerosos vestigios de exaltación de la dictadura franquista”, ha reprochado la ARMH en el escrito enviado al Ayuntamiento. La asociación memorialista ha solicitado que se retire toda la simbología franquista y que “se democratice” la nomenclatura municipal para que la ciudad “deje de rendir homenaje” a los que accedieron a cargos públicos.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, lamenta que supone “una enorme falta de cultura democrática de exaltación de personajes y hechos de una dictadura”. “¿Alguien imagina una calle dedicada al dirigente de un grupo terrorista? La violencia de los pistoleros falangistas asesinó a miles de civiles, se quedó con las propiedades de miles de familias republicanas y aterrorizó a las víctimas durante cuatro décadas. Que un municipio democrático con un alcalde elegido democráticamente mantenga esos elementos que enaltecen esa sangrienta dictadura es un insulto a la democracia y un maltrato a las víctimas”, ha manifestado a través de un comunicado.

Algunos vestigios ya se han retirado, como el medallón con la edifie de Francisco Franco, que estuvo en la plaza Mayor de Salamanca hasta 2017 tras una batalla judicial y administrativa.

El medallón artístico con la efigie de Francisco Franco, esculpido en un sillar de la plaza Mayor de Salamanca, ya es historia. La imagen ha sido retirada a primera hora de la tarde de este viernes. Llevaba 80 años allí, desde 1937. Y al menos tres de batalla judicial y administrativa ha costado sacar la representación del dictador de ese lugar para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) ya es Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVI y único ejemplo de la modalidad de toro de fuego que se desarrolla en Castilla y León, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno de esa comunidad.

En el acuerdo del Consejo de Gobierno se recoge que esta tradición constituye un rasgo identitario de Medinaceli, en cuya representación anual participan activamente sus vecinos, dentro de la fiesta local de los Cuerpos Santos. Se trata, además, de un festejo tradicional singular dentro de los festejos taurinos populares porque el animal no es sacrificado.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que “no se hace para aplacar ningún debate”, sino porque es una “celebración de largo recorrido en el tiempo, muy excepcional dentro de Castilla y León y porque hay un indulto al toro”. “Hay dos elementos distintos que conviene aclarar: una cosa es el debate en torno a la celebración del toro y otra es su declaración como BIC”, ha expuesto ante los medios.

Fernández Carriedo ha defendido que la Justicia ha definido esta celebración dentro de la legalidad y ha garantizado que se han unas “condiciones añadidas” para protegerlo a través de la declaración de Bien de Interés Cultural dados “el valor de la tradición, la singularidad y las condiciones específicas”. También ha explicado que ha habido más alegaciones a favor de esta declaración que en contra.

El toro es “indultado” después

El Toro Jubilo -cuya denominación procede de jubileo o indulgencia y no de júbilo- es una representación de los toros de fuego que se desarrollan por el litoral Mediterráneo y los valles de Ebro y el Jalón. La singularidad de este evento es que el toro siempre es “indultado”, constituyendo una excepción frente a otros festejos taurinos tradicionales.

E incluso la propia ordenanza municipal reguladora del festejo obliga a que haya un certificado o declaración jurada del empresario propietario del animal indultado de que no será utilizado para lidias posteriores en otros festejos.

Esa singularidad ya figura en los primeros documentos históricos sobre el Toro Jubilo, que establecen expresamente que no se puede matar al animal, ocurriendo con frecuencia en el pasado que un mismo animal fuera protagonista de la fiesta en diferentes años.

El Toro Jubilo se celebra en la Plaza Mayor de Medinaceli la noche del sábado más cercano al día 13 de noviembre, día de la festividad religiosa de los Cuerpos Santos en honor de los Santos Arcadio, Eutiquiano, Pascasio, Paulino y Probo.

Desde el año 2002 esta fiesta está declarada Espectáculo Taurino Tradicional, al amparo del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero y, además, el Ayuntamiento de Medinaceli lo regula a través de una Ordenanza Municipal.

Pacma presentó un recurso en contra

El pasado abril, el Partido Animalista Pacma comunicó la presentación de un nuevo recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal de Instancia de Soria, contra la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli, según recoge EFE.

Según Pacma, tanto el Ayuntamiento de Medinaceli como la Junta de Castilla y León son “plenamente conscientes” de que el festejo carece de la declaración de 'Espectáculo Taurino Tradicional' desde 2015, cuando el consistorio aprobó una modificación de las bases reguladoras “sin seguir el procedimiento previsto en el Reglamento autonómico”.

Sobre esta declaración como BIC, Pacma arguyó en el inicio del expediente que era “otra argucia para impedir o entorpecer cualquier recurso contra el festejo” por lo que presentaron alegaciones para evitar que fuera BIC un festejo “contrario a la legalidad”.

La Universidad de Salamanca ha concedido este viernes el doctorado honoris causa a título póstumo al dominico Francisco de Vitoria, cuando se cumplen 500 años de su llegada a la Cátedra de Prima de Teología, desde la que puso los cimientos de la Escuela de Salamanca.

Con la concesión de su máximo reconocimiento, en una ceremonia solemne en el Paraninfo, la Universidad de Salamanca ha puesto en valor, “con orgullo y con gratitud”, el legado de uno de sus profesores más ilustres, cuya voz a cinco siglos de distancia sigue siendo, en palabras del rector Juan Manuel Corchado Rodríguez, “asombrosamente actual”.

Hace quinientos años, el fraile dominico Francisco de Vitoria tomaba posesión de la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca, iniciando así un magisterio que iba a cambiar el rumbo de la historia del Estudio salmantino y a poner los cimientos de la Escuela de Salamanca y del Derecho Internacional.

“Todo en estas piedras nos habla de él: el aula donde dictó sus 'relecciones', sus autógrafos guardados en la Biblioteca General Histórica, los frescos del aula que lleva su nombre, la lámina de este Paraninfo con los maestros ilustres, la placa que en el cuarto centenario, en 1926, se dedicó a su memoria”, ha enumerado Corchado, para agregar que faltaba un gesto, que la Universidad “dijera, con todas las letras, lo que el corazón sabía desde hace siglos”.

Durante su intervención ante más de 200 doctores, el rector ha resaltado la vigencia del legado intelectual de Vitoria y ha recordado que renovaron la teología, pusieron los cimientos del derecho internacional, formularon las primeras teorías modernas de la economía e incluso hicieron ciencia.

Una ceremonia especial

El homenaje a Francisco de Vitoria ha comenzado antes del inicio de la ceremonia en el Paraninfo, ya que el cortejo académico se ha desplazado hasta el Convento de San Esteban, para recordar el camino que el fraile dominico realizaba para impartir sus clases en las Escuelas Mayores desde que ganara su cátedra el 7 de septiembre de 1526, cuando se le concede la vacante.

Los más de 200 doctores han partido del Edificio de las Escuelas Mayores por la puerta de la plaza de Anaya, para atravesar el ágora por delante del Palacio de Anaya, descender por la calle Tostado hasta llegar al convento de los Dominicos y, en su interior, el rector Corchado y fray Pablo Carlos Sicouly han realizado una ofrenda floral en el llamado “panteón de los teólogos”.

Ya en el Paraninfo, Fray Pablo Carlos Sicouly ha sido el encargado de recibir el “honoris causa” en nombre de la Orden de Predicadores y ha mostrado su gratitud a la Universidad de Salamanca por esa distinción.

Ha definido la decisión adoptada por el Claustro de Doctores como “profundamente significativa y oportuna, porque contribuye a destacar el significado y el valor permanente y especialmente actual de la contribución de Vitoria en el campo de la vida universitaria, y de su servicio al bien común de la sociedad, la cultura y la comunidad internacional”.

“Discípulos de su escuela”

El rector también ha recordado su faceta docente y la veneración que le profesaban sus discípulos, ya que “sus lecciones, que él nunca llegó a publicar en vida, viajaron por el mundo en los cuadernos de sus alumnos y se imprimieron una y otra vez en Lyon, en Salamanca, en Venecia, en Colonia”.

La madrina del honoris, la profesora de Filosofía María Martín Gómez, ha relatado que “Vitoria llegó a Salamanca con un desafío impuesto por un profesor de París: pensar de un nuevo modo un nuevo mundo” y ha llamado a todos a “seguir su estela”.

En su Laudatio, la profesora ha ensalzado las dotes extraordinarias que para la enseñanza debió de tener Vitoria y, sobre todo, la impronta que dejó en sus estudiantes, que fueron los que realmente difundieron su legado, ya que mientras fue profesor en el Estudio no escribió ni un solo libro, hasta ganarse el apodo académico de “El Sócrates hispano”.

Los delitos de odio han crecido un 46,2 % en Castilla y León en 2025, con 136 infracciones penales, la cifra más alta de la serie histórica -que arrancó en 2021-, y Segovia presenta la tasa provincial más alta del conjunto del país, con 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes.

Son datos del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España del Ministerio del Interior, que se ha presentado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en Madrid, que muestra un incremento del 23,6 % en España hasta las 2.414 infracciones, también con récord histórico.

En Castilla y León se registraron el pasado año 136 hechos delictivos frente a los 93 del 2024, con una subida del 46,2 %, y unos datos que superan los de 2023, que con 115 infracciones penales era hasta el momento la cifra más alta de la serie histórica.

Destacan los delitos por xenofobia o racismo, con 48 infracciones (37 del año anterior), y por orientación sexual e identidad de género, con 20 (fueron 17 en 2024); se han registrado también 7 por creencias o prácticas religiosas (uno el año anterior), 2 por antisemitismo (la mitad) y uno por islamofobia (el doble).

Los delitos de antigitanismo han pasado de 4 a uno, pero han subido de 2 a 5 los de por aporofobia; han sido 6 los delitos de discriminación por razón de género o sexo (9 en 2024), 3 por disfobia (uno más) y 9 por cuestión de ideología (frente a los 15 del año anterior).

El informe del Ministerio del Interior recoge igualmente que en 2025 se esclarecieron 70 delitos de odio, cifra similar a la de 2024, cuando fueron 76; de ellos, un delito corresponde a antigitanismo, 2 a aporofobia, 5 por creencias o prácticas religiosas, 4 por discriminación de género o sexo, 1 por disfobia, 4 por ideología, 12 por orientación sexual o identidad de género y 41 por xenofobia o racismo.

Además, se registraron 116 victimizaciones, frente a las 92 del año anterior. Y se detuvieron o investigaron a 37 personas por delitos de odio, cuando en 2024 fueron 55.

Segovia, la tasa provincial más alta del país

Los datos del informe muestran que Castilla y León cerró el 2025 con una tasa de 5,67 delitos de odio por cada 100.000 habitantes, a la mitad de una tabla que encabezan Melilla, con 21,9, por delante de Navarra, con 15,6, y de la otra ciudad autónoma, Ceuta, con 10,8.

Sin embargo, analizando los datos por provincias, Segovia presenta la tasa provincial más alta, de 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes, tras pasar de 6 infracciones penales en 2024 a 35, la cifra más alta de todas las provincias de Castilla y León.

Entre las diez provincias con las mayores tasas se encuentra también Zamora, que con 9,68 delitos por cada 100.000 habitantes ocupa el puesto número seis, tras registrar 16 delitos frente a los 12 del año anterior.

En Ávila se contabilizaron 10 delitos de odio, el doble que en 2024, mientras que los 19 de Burgos están por debajo de los 30 del año anterior; fueron 14 en León (12), 7 en Palencia (8), 12 en Salamanca (2), 2 en Soria (1) y 21 en Valladolid (17).

En España suben prácticamente todos los delitos

En el conjunto del país, aunque han subido todos los delitos de odio excepto la discriminación generacional, los incidentes de racismo y xenofobia se sitúan a la cabeza de la lista, con 934 hechos, lo que supone un aumento del 16,1 % con respecto al año anterior.

En segundo lugar se sitúan los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571 contabilizados, mientras que en tercer lugar aparecen los delitos por ideología, con 241 y que representan un incremento del 64 % respecto al año anterior.

El mayor incremento en la tipología de delitos se produce en la islamofobia, con un aumento del 133 % con respecto al año anterior, y después le siguen la disfobia -odio a personas con discapacidad-, con un 90 %, y el antisemitismo, con un 86,5 %.

El informe apunta a un incremento de los hechos de islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450 %, y también aumenta la participación de los menores en los delitos, tanto a nivel de víctimas como de autores.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detuvieron o investigaron por delitos de odio a un total de 1.018 personas, un 78,5 % hombres, y que representa un aumento del 12,5 % con respecto a 2025 en cifras totales.

Además, el 65,6 % de los casos han sido esclarecidos, según los datos de Interior.

Marlaska ve preocupante el número de menores implicados

En su intervención al inicio de la reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que es “especialmente preocupante” el aumento de la participación de los menores tanto en calidad de víctimas -un 17 % más- como de autores de los delitos, con un incremento del 20 %.

 Además, ha reclamado dar más visibilidad a los delitos de odio en la sociedad. “Sólo a través de la sensibilización social lograremos mejorar su detección”, ha apuntado el ministro.

“No debemos olvidar que este tipo de hechos constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales”, ha dicho Marlaska, que ha dejado claro que no permitirán que “el odio y la discriminación erosionen la convivencia”. 

Cáritas Diocesana de Valladolid ha lanzado este lunes un llamamiento a los propietarios de viviendas vacías o que habitualmente ofrecen en alquiler, para que las pongan a disposición de las personas más vulnerables mediante rentas asequibles.

“Apelamos a la conciencia y solidaridad (de los titulares) para hacerlas asequibles y ponerlas a disposición de quienes más lo necesitan con el fin de que puedan desarrollar una vida digna”, ha explicado el delegado episcopal de Cáritas Valladolid, José Colinas, durante la presentación de la Memoria 2025.

A lo largo del pasado año Cáritas apoyó económicamente a 430 familias (más de un millar de personas en total) mediante 389.000 euros destinados al pago de alquileres y suministros básicos, pero también acogió, a través de sus propios recursos residenciales, a casi un centenar de personas de cincuenta y cinco familias sin hogar.

En la carencia de una vivienda digna tiene su origen “muchos de los problemas” que afectan a las personas sin recursos, ya que con frecuencia “condiciona la salud física, emocional, psicológica e incluso social: sin una vivienda es imposible tener una vida digna”, ha añadido Colinas.

Ayudas directas

Unos 700.000 euros invirtió Cáritas a través de su red diocesana en la provincia de Valladolid para acompañar a 6.195 personas en 4.152 hogares a través de algunos de los programas que desarrolla: personas mayores; empleo y economía solidaria; infancia, juventud y familia; vivienda; mujer; adicciones y prisión; y acogida.

“Son muchas las personas que reciben pero que también quieren corresponder, ofrecerse, ”aportar en la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria en forma de voluntarios“, ha observado el delegado episcopal.

No solo se trata de paliar situaciones de emergencia, sino también de “crear espacios, un tejido social y relacional que permita responder cuando otros fallan: este es nuestro modelo de solidaridad subsidiaria”, ha precisado por su parte Guenter Eduardo Boelhoff, presidente de Cáritas en Valladolid.

A modo de ejemplo, Boelhoff se ha referido al proceso de regularización extraordinaria de imigrantes que, en el caso de Valladolid, han recibido la ayuda de Cáritas en forma de acompañamiento, asesoramiento e incluso económico para la obtención de certificados requeridos en la documentación de este proceso.

Cuando uno pasea (o hace turismo) por Valladolid suele pensar en los siglos XV y XVI. El palacio en el que se casaron los Reyes Católicos o los barrotes por los que enseñaron a un neonato Felipe II son solo un ejemplo de las historias que han trascendido. Sin embargo, hay pocas referencias o vestigios al uso más reciente de algunos de esos edificios que todavía quedan en pie. Oquedades en ladrillo o una placa, en el mejor de los casos, es lo que queda de una Valladolid que vivió la guerra civil desde la retaguardia: es decir, en represión. La Asociación para la Recuperación Histórica de Valladolid (ARMHVa) acaba de publicar su séptimo libro, Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española, que recorre los edificios que siguen en pie y que protagonizaron distintos momentos desde que los sublevados dieran el golpe de estado el 18 de julio de 1936.

Valladolid tuvo una represión organizada y dirigida a aquellos que los sublevados veían como enemigos: se han contabilizado 2.700 asesinatos y otras 10.000 personas fueron encarceladas o reprimidas. “Fueron muertes extrajudiciales perfectamente orquestadas, sistemáticas y muy bien seleccionadas”, explica el presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo, que lleva investigando y trabajando en la recuperación de restos desde que se fundó la entidad, hace 24 años.

Esta obra, que incluye un plano de la ciudad por si alguien quiere realizar una lectura sobre la marcha, examina catorce edificios y espacios como el Ayuntamiento de Valladolid, el Gobierno Civil —que hoy es parte del Museo Nacional de Escultura—, la Capitanía General, la Casa del Pueblo —casa del pueblo —donde 600 personas esperaban unas armas que nunca llegaron, de los cuales casi 500 de ellos fueron juzgados—, el cementerio del Carmen —en la que aún quedan restos sin localizar—, el manicomio —ubicado en la actual Consejería de Familia—, la Estación del Norte, el páramo de San Isidro, donde más de 400 personas fueron fusiladas.

Estos sitios han sido elegidos porque los hechos que sucedieron afectaron a un elevado número de personas o por la relevancia de los sucesos que acontecieron allí para el triunfo del golpe. “Se trata de recorrer los lugares, pero no hacemos una mera descripción, sino que intentamos dar más luz sobre estos sitios con toda la documentación que tenemos”, avanza Del Olmo en una entrevista a elDiario.es.

Esta 'luz' se aporta a través de las historias de algunos de estos fusilados o encarcelados. Los documentos judiciales o militares incluyen el papel social, político o de actuación de la mayoría de los detenidos, así como los cargos que ejercían en política municipal o en sindicatos y sus filiaciones políticas. Muchos de ellos eran trabajadores públicos como bomberos, policías y barrenderos, además de los miembros de la corporación municipal. También se alude a los antecedentes 'penales' de estos presos, que podían retrotraerse a las huelgas de 1917.

Obstáculos para acceder a algunos documentos

Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española se publica como fruto de años de entrevistas personales, investigación documental, visitas a los archivos municipal, provincial y militares y excavaciones que han permitido recuperar cientos de restos de los represaliados. Especialmente importante ha sido el acceso al Archivo Militar IV de El Ferrol —que contenía información sobre la VII Región Militar y más de 6.000 causas— y a la documentación parcial relativa a la cárcel de Cocheras, ubicada en los almacenes en desuso que guardaban viejos coches de tranvía y que llegó a hacinar a más de 2.000 presos.

“Pedimos los libros de registro de esta prisión, que operó hasta el 20 de octubre de 1940. Primero nos dijeron que esa documentación no existía, pero conseguimos una foto de la portada y una foto de una de las páginas. Y entonces nos enviaron los libros de registro”, explica Julio del Olmo. Sin embargo, la ARMH de Valladolid no está satisfecha con los archivos a los que tuvieron acceso: solo les entregaron los libros de registro de 1937 y 1938 —y otro más general y expurgado que abarca hasta 1942—, pero no los del año del golpe.

“El fundamental es el libro de registro de 1936, pero ese nada, no nos lo han mandado”, reprocha Del Olmo. En 1936 fue cuando se produjo un mayor número de presos ejecutados extrajudicialmente tras puestas en 'libertad' firmadas por el gobernador civil, el jefe superior de policía y el director de la prisión. “Algunos testigos nos contaron cómo venían los falangistas a la cárcel y se llevaban a quien querían. Y no. El que salió fue porque se había dado la orden, y los falangistas eran los ejecutores. Los milicianos eran civiles militarizados, sometidos a la jerarquía, disciplina y código de justicia militar”, defiende. En tres semanas, fueron asesinadas más de 500 personas en Valladolid, seguidas de otras 900 en septiembre

Ocultación de víctimas como si hubieran sufrido un bombardeo

El libro también pone el foco en los nueve bombardeos que sufrió la ciudad de Valladolid —y uno en Medina de Rioseco— entre 1936 y 1938, que se saldaron con 80 muertos. La investigación de la ARMH apunta que solo cinco bombardeos (los de 1937 y 1938) fueron ataques de la aviación republicana: fueron dirigidos al centro de la ciudad —donde se concentraba el apoyo a la sublevación— y en puntos estratégicos y acabaron con la vida de 64 personas.

Sin embargo, Valladolid también sufrió ataques en agosto y septiembre de 1936 cuya autoría es más difusa: afectaron a viviendas de la clase trabajadora (en Las Delicias o en los alrededores de la estación de tren, donde vivían los ferroviarios) y mataron a 16 personas. Además, se han localizado escritos del gobernador civil prohibiendo atacar a las fuerzas aéreas y diciendo que estos bombardeos servían “para aglutinar aún más el espíritu colectivo y enardecer el impulso patriótico”.

El programa de 'Continuadores', el servicio gratuito de conciliación impulsado por la Junta de Castilla y León para atender a los escolares entre el final de las clases y las 14.00 horas, arranca este lunes 1 de junio con dudas sobre si lo hará con normalidad. Asociaciones de madres y padres de alumnos han denunciado que la empresa adjudicataria continúa buscando personal de forma urgente a través de correos enviados a colegios y AMPAs cuando apenas faltan dos días lectivos para el inicio del servicio.

Desde el Ejecutivo autonómico, el portavoz en funciones Carlos Fernández Carriedo ha evitado garantizar que todos los puestos estén ocupados cuando arranque el programa. Preguntado expresamente sobre si la Junta podía asegurar que el servicio comenzará con profesionales titulados, ha respondido que el Ejecutivo autonómico ha puesto “todos los medios a disposición” para lograrlo, pero ha admitido que no puede garantizar que todas las vacantes lleguen a cubrirse.

“No podemos garantizar que todos los puestos de oferta y necesidades en materia de conciliación se puedan cubrir”, ha indicado el portavoz.

En los mensajes remitidos a los centros educativos, el coordinador del programa en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid solicita colaboración para localizar monitores, incluyendo personas del entorno de los colegios, familiares de alumnos o trabajadores que hayan participado anteriormente en actividades similares. El correo adjunta a una oferta de empleo publicada en un portal especializado en la que no se exige experiencia previa ni estudios mínimos para optar al puesto.

Algunas AMPAs cuestionan que la búsqueda de personal continúe faltando tan pocos días para comenzar junio y dudan que el servicio pueda arrancar sin todas las plazas cubiertas. También han criticado que la adjudicataria tenga su sede fuera de Castilla y León, aunque este punto es legal en base a la normativa de poder concurrir a concursos públicos, y recuerdan que problemas similares ya se produjeron en convocatorias anteriores de programas de conciliación.

Preguntado este miércoles por la situación, Carriedo, ha reconocido que existen dificultades para encontrar trabajadores en este ámbito, algo generalizado que afecta a otros sectores económicos.

“No siempre es fácil para las empresas encontrar profesionales”, ha señalado para apuntar que los programas de conciliación tampoco son ajenos a esta situación. Según Carriedo, la búsqueda de trabajadores mediante correos electrónicos, anuncios o llamamientos públicos responde a la dificultad de la empresa para encontrar profesionales y no a una circunstancia excepcional.

Carriedo ha defendido que Castilla y León cuenta con una de las ofertas de conciliación “más ambiciosas” del país, con iniciativas como Madrugadores, Tardes en el Cole, Conciliamos o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, y ha expresado su confianza en que las plazas pendientes puedan cubrirse antes del inicio del servicio.

“No podemos garantizar que todos los puestos de trabajo de la hostelería, la construcción o el transporte se cubran, ni tampoco que todos los puestos de oferta y necesidades en materia de conciliación se puedan cubrir”, ha afirmado.

La Junta ha defendido el proceso de adjudicación del contrato y ha recordado que la legislación estatal de contratación pública impide valorar la ubicación de la sede social de una empresa como criterio para acceder a una licitación.

El portavoz ha asegurado que una vez finalice el proceso de contratación la Consejería de Educación ofrecerá información detallada sobre el grado de cobertura alcanzado y la implantación definitiva del programa en los centros educativos.

Una enfermera del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha terminado renunciando a su puesto de trabajo después de haber denunciado a un médico por una agresión sexual que tuvo lugar fuera del trabajo y por la que le impusieron una orden de alejamiento dentro de un proceso judicial que está pendiente de juicio.

La agresión sexual denunciada por la víctima tuvo lugar durante la celebración de una boda en agosto de 2025. La mujer estuvo varios meses de baja hasta que a principios de año volvió a su puesto de trabajo con una orden de protección en vigor, según ha informado Diario de Burgos y han confirmado a EFE fuentes sindicales.

Desde el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han indicado a EFE que, en cuanto supieron de los hechos, “se tomaron las medidas oportunas indicadas por el juez”, y “se adaptaron los horarios de ambas partes tras la decisión de mantenerse en el mismo servicio de la persona que interpuso la denuncia”.

Han explicado que ofrecieron a la enfermera diferentes opciones laborales, en distintos servicios del mismo complejo asistencial, que incluye no solo el Hospital Universitario sino un total de tres centros hospitalarios en la capital, pero “finalmente ella optó por aceptar otra opción fuera del Complejo Asistencial”.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse ha señalado que “desde el momento cero” han estado dando apoyo, amparo y guía a la enfermera, y que han trabajado además para que se cumpliera la orden de alejamiento“, ha afirmado Silva López, la secretaria general de Satse Burgos.

“Nuestro objetivo es proteger a la enfermera y, de momento, no vamos a hacer ninguna declaración oficial hasta que finalice el procedimiento”, ha insistido, porque la situación es “delicada”, y ha admitido que si bien la salida del HUBU ha sido voluntaria se ha visto influida por cómo se ha gestionado la situación en el hospital.

López sí ha avanzado que preguntarán en el hospital burgalés por los protocolos ante agresiones sexuales y si no existe un protocolo específico solicitarán que se elabore. Mientras tanto, Satse pide dejar actuar a la justicia, pues tras la denuncia y la orden de alejamiento el caso está judicializado y pendiente de juicio.

Castilla y León ha activado el riesgo medio de incendios a partir de este miércoles, según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. “No es más que aplicar el sentido común en el monte y un control más exahustivo de las actividades que se hacen en el medio rural”, ha manifestado el consejero ante los medios. Esta decisión se ha tomado pocos días después de que se declarara que el riesgo podía ser “extremo”, pero no se modificara el operativo en marcha, lo que fue criticado por los sindicatos. Hasta ayer había el mismo personal de guardia que a mediados de enero, según denuncian fuentes sindicales.

En Soria, por ejemplo, se acordó incorporar a un técnico de guardia, a tres agentes medioambientales de guardia provincial para los días no festivos, y un refuerzo para el fin de semana: dos técnicos de centro de mando, un conductor y cinco agentes medioambientales, según ha podido confirmar elDiario.es.

“El operativo está en un nivel prácticamente máximo”, ha defendido Suárez-Quiñones, que no ha podido garantizar cuánto durará este riesgo medio, puesto que se analiza día a día. Está previsto que, además, el 12 de junio se active el peligro alto de incendios. La resolución se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en su número extraordinario.

El jefe de servicio de Incendios Forestales ha alertado de que se esperan temperaturas “muy altas” (30-33ºC), humedades relativas “muy bajas” y rachas en las zonas de tormenta de hasta 50-60 kilómetros por hora. “Las previsiones meteorológicas hasta el lunes 1 de junio siguen siendo igual de desfavorables, esperándose tormentas. A partir del 2 de junio, se espera un ligero descenso de las temperaturas, pero un aumento en la intensidad del viento”, señala el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, que zanja: “se esperan que aumenten el número de incendios, su intensidad y su superficie”.

Ante esta situación, se prohíbe la quema de restos vegetales y todas las autorizaciones de quema que se hubieran otorgado. También se aumentará la vigilancia a través del estado de alerta máxima, se primará la celeridad y la contundencia en el primer ataque, se acelerará el despacho de medios aéreos y cuadrillas helitransportadas (ELIF) ante los avisos de humo, se gestionará adecuadamente los medios aéreos en los incendios, se aplicará a las cuadrillas de tierra (ROMEO) y a las unidades de brigada y autobomba (UBA) los estados funcionales que correspondan y se comunicará a empresas e instituciones, en especial la Guardia Civil, y a las empresas que ejecutan trabajos forestales contratados por la Consejería, la situación puntual de mayor riesgo para que extremen la precaución.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Palencia ha impuesto una sanción de 16.000 euros a dos cazadores de Toledo que mataron de manera furtiva dos corzos en el coto privado de Hornillos de Cerrato (Palencia) en 2023.

El 27 de mayo de 2023 agentes del Seprona de la patrulla de Palencia, con la colaboración de agentes del puesto de Quintana del Puente (Palencia), interceptaron un vehículo con tres ocupantes, dos vecinos de Toledo y una vecina de Sevilla, tras haber sido sorprendidos disparando sobre un ejemplar macho de corzo, según informa este miércoles Ecologistas en Acción.

Preguntados por la actividad de caza que estaban realizando, manifestaron haber disparado y matado otro corzo, y que no tenían la autorización preceptiva del coto de Hornillos de Cerrato donde estaban cazando de manera furtiva. Tras las primeras actuaciones les fueron decomisados dos rifles.

Multas de 16.000 euros

La tramitación del expediente se ha resuelto tres años después con la imposición de dos multas por infracciones a la Ley 4/2021 de Caza de Castilla y León. En concreto, se ha impuesto una sanción de 2.000 euros para uno de los cazadores denunciados por la comisión de una falta grave, que ha reconocido los hechos y se ha beneficiado del pago voluntario.

También se ha impuesto una multa de 4.000 euros y la retirada de la licencia de caza por un año para el otro cazador por dos faltas graves y una leve. Además, la resolución determina una indemnización de 10.000 euros a favor del titular cinegético donde se produjeron los hechos, por el valor de los dos corzos matados.

Más contundencia y eficacia

Ecologistas en Acción ha recordado que solicitó al Servicio Territorial de Medio Ambiente en junio de 2023 ser parte interesada en el expediente sancionador que se incoara sobre el caso, y que, ante la falta de respuesta, se reiteró la solicitud en varias ocasiones más, hasta el punto de tener que recurrir a la presentación de una queja ante el Comisionado de la Transparencia.

En mayo de 2025, el Servicio de Medio Ambiente indicó que el expediente no había iniciado su tramitación porque estaba judicializado, pero Ecologistas en Acción asegura que realmente el Juzgado que instruía el caso lo había archivado en febrero de 2024, hacía más de un año.

Finalmente se inició el expediente sancionador en junio de 2025, pero no fue hasta febrero de 2026 cuando se hizo la propuesta de resolución y en el mes de abril se dictó la Resolución definitiva.

“Todo ello con la insistencia de los ecologistas para que se resolviera este caso después de tres años desde la comisión del acto de furtivismo”, ha indicado la organización Por ello, Ecologistas en Acción considera necesario que la labor de los agentes que intervienen en el medio “sea respaldada desde los despachos tramitando de manera eficaz y contundente las denuncias”.

En este sentido la asociación reclama que desde la jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente se tomen las medidas oportunas para lograr conseguir respaldar el trabajo de los Agentes Medioambientales y del Seprona.

Un centro educativo concertado de Burgos ha emitido una circular a las familias de los alumnos en el que dicta normas de vestimenta en las que se prohíbe a las chicas el uso de pantalones tipo short, camisetas cortas demasiado escotadas o que enseñen tripa o espalda y, en el caso de los chicos, el uso de camisetas de tirantes.

Con el argumento de que la apariencia de cada estudiante deberá reflejar una imagen positiva del instituto y deberá contribuir a un entorno de aprendizaje libre de distracciones, se prohíbe también el uso de bañadores, exhibición de ropa interior o camisetas con mensajes de carácter sexual, racista o con frases que puedan dañar u ofender a miembros de la comunidad escolar.

También se prohíbe tener apariencia o llevar ropa vulgar, ofensiva, obscena o que represente un riesgo para la salud y seguridad de los alumnos, según recoge la circular.

Además, se prohíbe todo lo que cubra la cabeza salvo por razones religiosas o médicas, en cuyo caso lo valorará el Consejo Escolar.

Tampoco se podrá usar ropa transparente, artículos de vestir con cadenas o puntas que puedan ser percibidas o utilizadas como armas, así como cualquier símbolo, estilo o ropa asociada con intimidación o violencia o anillos que puedan ser peligrosos. También se prohíbe el “maquillaje excesivo o demasiado marcado”. El centro tiene alumnos de 3 a 16 años.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) investiga un vertido de Arenas De San Pedro (Ávila) en el río Arenal, según ha podido confirmar elDiario.es Castilla y León. El 11 de marzo se identificó un “vertido directo sin depurar” y se realizó un informe “que se encuentra en tramitación”, del que no han querido dar más información. Fuentes de la Diputación de Ávila aseguran que se trató de un “vertido del colector de aguas residuales y pluviales” a la altura de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) y defienden que la analítica realizada estaba “dentro de los parámetros”.

“Se solicitó autorización de reparación de Veolia a la Confederación y está pendiente de actuación. Todavía se está esperando a que baje el caudal del río Arenal”, aseguran desde la Diputación de Ávila. Veolia no ha respondido a las preguntas de este medio.

Sin embargo, la entidad con permiso para emitir esos vertidos es la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR): tiene un volumen de 1.791.857 metros cúbicos al año, según los datos de la Confederación del Tajo. Los usuarios del río denuncian mal olor junto al río y protestan porque ya se ha convertido en algo habitual desde hace años a pesar de que los últimos datos disponibles en los informes de la CHT no desvelan ninguna anomalía.

Varios vecinos denuncian que es frecuente que el río esté en mal estado en esa zona. Algunos han montado un grupo de Whatsapp para intentar hacer presión en el Ayuntamiento. También se han reunido en varias ocasiones con los miembros del equipo municipal, pero consideran que se les han contado “milongas” y dado “largas”.

“Queremos que se arregle, que no miren a otro lado y que no tiren el agua sucia al río”, protestan otras dos mujeres que prefieren mantener el anonimato. El alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez (PP), se ha negado a hacer declaraciones a elDiario.es Castilla y León.

La Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad (ASRD) buscará los restos del alcalde republicano de Pitillas (Navarra), Antonio Cabrero Santamaría y un maestro de Fitero (Navarra) e Igea (La Rioja), Valentín Llorente Benito, asesinados el 3 de septiembre de 1936 en los alrededores del pueblo de Fuentebella, hoy despoblado e integrado en San Pedro Manrique. Está previsto iniciar a partir del 1 de junio los trabajos prospectivos en la sierra de la Alcarrama durante una semana, según ha informado ASRD a través de un comunicado.

Antonio Cabrero nació en Ponzano (Huesca) y vivió durante años en Pitillas (Navarra), municipio del que fue alcalde pocos meses antes del inicio de la guerra civil. Por su parte, Valentín Llorente Benito nació en Valdemadera, vivía en Igea, aunque era el maestro a 15 kilómetros, en el municipio de Fitero. Ambos vivieron juntos en la sierra de la Alcarama hasta que fueron asesinados el 3 de septiembre de 1936.

En 2010 se erigió un monolito en homenaje a Antonio Cabrero y Valentín Llorente en la sierra de Alcarama como “un primer paso” para “visibilizar su historia y dignificar su recuerdo” en el entorno de la fosa común.

Investigación desde hace 20 años

La investigación familiar y de la asociación se remonta veinte años a lo largo de los que se han recopilado testimonios orales, documentación y trabajos de campo. Hace más de diez años ya se realizó la primera prospección, que fracasó, al igual que otros intentos, debido a fuerte pendiente, ausencia de pistas transitables y la imposibilidad de introducir maquinaria pesada.

En esta ocasión, la nueva intervención se realizará manualmente en el entorno del cruce de los barrancos Pertigoso (Valondo) y Fuentenosa, entre el antiguo núcleo de Fuentebella y Sarnago, donde los testimonios sitúan el lugar del asesinato y el enterramiento del alcalde y del maestro.

La prospección cuenta con el apoyo de las familias de Antonio Cabrero y Valentín Llorente, así como con la financiación de la Junta de Castilla y León, a través de los fondos que otorga el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que, junto a la imprescindible labor de integrantes voluntarios de Recuerdo y Dignidad, han hecho posible la puesta en marcha de esta nueva campaña de búsqueda. Además, la asociación memorialista agradece la colaboración a los vecinos de la zona, al Ayuntamiento de San Pedro Manrique, la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, así como a la Asociación Amigos de Sarnago. 

Vecinos del entorno del proyecto de ampliación del parque eólico Tórtoles, en la provincia de Burgos, han denunciado que se intenta avanzar en un proceso de expropiación forzosa “plagado de irregularidades y que ignora los derechos fundamentales de los habitantes de la zona”.

Exigen la paralización inmediata de la ocupación por falta de transparencia, porque conocieron el proyecto a través del BOE (Boletín Oficial del Estado) hace tres años, sin comunicación previa por parte de la empresa promotora, ni del Ayuntamiento ni de ninguna otra Administración.

En un comunicado, aseguran que después de 18 meses de publicarse en el BOE, llegó una carta de la empresa a los propietarios afectados en el proyecto, la única comunicación con los propietarios en estos tres años.

Consideran también que la empresa ha tomado “decisiones sospechosas”, como el cambio de potencia del parque por encima de los 50 MW justo antes de la resolución, discrepancias entre el número de aerogeneradores y la potencia proyectada, y cambios sustanciales en el proyecto sin someterse a ningún control, ni anuncio.

Los vecinos insisten en que este proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes poseen la tierra y no es una infraestructura pública, sino un negocio industrial privado que opera en libre mercado.

De hecho, aseguran que el 89% de los propietarios donde se ubicarán los aerogeneradores, ocho de los nueve titulares, están en contra, igual que el 78% de los afectados por las líneas de evacuación y otras infraestructuras.

Los vecinos consideran que la imposición de este proyecto, “alimentada por bulos y amenazas encubiertas”, está rompiendo la paz social en el pueblo, provocando enfrentamientos incluso entre familias.

Señalan que es un proyecto que ocupa terrenos agrícolas que son el alimento de muchos y el medio de vida de familias de la zona.

Además, creen que la tramitación ha ignorado “riesgos críticos”, ya que, pese a informes de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la propia Junta de Castilla y León que recomendaban una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, se optó por un Informe de Afección Ambiental (IDAA) en el que se le eximió de dicha evaluación ambiental.

Entienden que esa decisión ignora el riesgo crítico para especies protegidas en la zona como la avutarda, el milano real, el águila imperial, entre otras.

En su escrito, explican que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid solicitando unas medidas cautelares, y aunque inicialmente fueron denegadas, dicha decisión fue recurrida y se encuentra actualmente a la espera de trámite judicial. 

 La huelga que han secundado los médicos en Castilla y León entre el 18 al 22 de mayo ha supuesto 43.935 consultas canceladas, 26.358 de Atención Primaria y 17.577 de Hospitalaria, con 991 intervenciones quirúrgicas y 2.208 pruebas diagnósticas suspendidas en los hospitales de la Comunidad.

La Consejería de Sanidad ha detallado en un comunicado, que el paro convocado este viernes en la comunidad, dentro de una medida nacional para urgir al Ministerio un nuevo estatuto marco, ha tenido un seguimiento medio del 19 %.

En el conjunto de centros de la sanidad autonómica, el paro ha sido del 25 % en Atención Hospitalaria (1.087 profesionales en huelga) y del 11 % en Atención Primaria (268 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga 1.355 facultativos de los 6.984 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido: Ávila, 7,2 %, 28 médicos en huelga; Burgos, 23,9 %, 242 en huelga; León, 31,7 %, 365; Palencia, 19,1 %, 71 médicos; Salamanca, 18,4 %, 255 facultativos; Segovia, 15,8 %, 64; Soria, 25 %, 50; Valladolid, 14,2 %, 238 médicos; y Zamora, 10,3 %, 42 médicos en huelga.

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos se han suspendido unas 6.918 consultas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana.

Por áreas de salud han sido: Ávila, 315; Burgos,1.246; León, 2.214; El Bierzo, 294; Palencia, 343; Salamanca,770; Segovia, 308; Soria, 406; Valladolid Este, 406; Valladolid Oeste, 350 y Zamora, 266.

Además, este viernes se han cancelado 213 intervenciones quirúrgicas, 500 pruebas diagnósticas y 3.326 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

El sindicato CESM de Castilla y León acordó mantener las movilizaciones de la semana del 18 al 22 de mayo, la cuarta de paro en 2026, y además de urgir al Ministerio que negocie el nuevo estatuto marco ha planteado reivindicaciones a la Consejería de Sanidad, dentro de sus competencias, para mejorar la situación laboral de los médicos.

Además de secundar la huelga, acordaron trasladar a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, una vez se forme el nuevo Gobierno, reivindicaciones como el incremento retributivo de las horas de guardia; aplicación a todos los días de la semana de las condiciones de descanso tras las guardias o regularizar la norma de las guardias localizadas.

La anterior semana de huelga nacional de médicos, en abril, concluyó con 37.919 consultas canceladas en la sanidad pública de Castilla y León -24.115 de Atención Primaria y 13.804 de Atención Hospitalaria-, con 888 intervenciones quirúrgicas y 1.885 pruebas diagnósticas suspendidas en los catorce hospitales públicos de Castilla y León.

El anterior paro, entre el 16 y 20 de marzo, concluyó en Castilla y León con 52.124 consultas canceladas, y 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas suspendidas en los hospitales de la Comunidad.

Y la primera semana de la huelga nacional de médicos del 2026 se cerró con la cancelación en los cinco días de más de 59.117 consultas (37.600 en atención primaria y 21.517 en hospitalaria), 1.200 cirugías y 2.964 pruebas diagnósticas, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad. 

“Se espera que aumenten considerablemente el número de incendios y su superficie”, advierte el jefe de servicio de Incendios Forestales de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha asumido que el índice de peligro de incendios podrá ser de moderado a extremo entre el 22 y el 29 de mayo y ha decidido tomar “medidas extraordinarias”, pero no adelanta la Época de Peligro Alto, que supone la contratación de más personal para abordar estos fuegos.

En un escrito respaldado por el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, se reconoce que la DANA del oeste de la península traerá “vientos desecantes y capacidades convectivas” y temperaturas de hasta 33 grados, con una humedad relativa baja (de menos del 30% o incluso, del 15%). Además, se esperan tormentas en todas las provincias y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora en algunas zonas.

Los sindicatos UGT y CCOO han reprochado que estas medidas sean insuficientes para abordar la situación. Comisiones Obreras teme que el verano de 2026 sea peor “que el terrible 2025”, cuando se quemaron 143.880 hectáreas —más de seis veces que la media de la última década—. “No hay más medios movilizados, no hay más recursos, no hay situación legal de alerta, no hay adelanto de campaña y no se habilitan más guardias para tener más gente en el monte”, enumera el responsable de Medio Ambiente de CCOO CyL, José Ramón Jiménez.

El vicesecretario general autonómico de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha reprochado que el gobierno de Mañueco no comprenda “la gravedad de la situación forestal ni meteorológica”, mientras que Jiménez lamenta que el operativo de prevención sea “el caos más absoluto” por la falta de medios, personal y organización.

La declaración de Peligro Alto de Incendios supondría un incremento de las guardias, cubrir todos los puestos vacantes, aumentar la plantilla y prohibir algunos trabajos silvícolas. Para el agente medioambiental y delegado de UGT en Salamanca, Francisco Comuñas, la decisión actual de la Junta es “incomprensible”.

Cuadrillas aún sin constituir y dotaciones incompletas

UGT ha criticado que la Junta solo vaya a “aumentar la vigilancia, primar la celeridad y la contundencia en el primer ataque, acelerar el despacho de medios aéreos y cuadrillas helitransportadas, gestionar adecuadamente los medios aéreos en los incendios o extremar la vigilancia en zonas cercanas al monte”. “Con estas actuaciones es imposible paliar la virulencia de los incendios que podrían llegar a producirse ante esta situación climática”, ha afeado Carlos Arenas.

Comisiones Obreras alerta de que aún no se han constituido todas las cuadrillas de tierra, hay personal sin experiencias, dotaciones de bomberos forestales incompletas, camiones sin conductor plazas de agentes medioambientales sin cubrir y calendarios incompletos, entre otros. “En el mejor de los casos hay dos o tres agentes de guardia según la provincia para la dirección de extinción de un eventual incendio, no hay personal de vigilancia o hay puestos de vigilancia inoperativos”, zanja Jiménez.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves una resolución del Ministerio de Política Territorial por la que se declaran los once destacamentos penales del ferrocarril directo Madrid-Burgos como Lugar de Memoria Democrática.

Este ferrocarril, como explica el texto de la publicación oficial, fue un proyecto estatal concebido en los años veinte del siglo XX con la intención de reducir la distancia y el tiempo de viaje entre la capital y las provincias del norte de España.

En concreto, el texto detalla que la construcción de esta línea ferroviaria se prolongó entre 1926 y 1968, fecha en la que fue inaugurada y que, para levantarla, el régimen franquista utilizó “mano de obra de presos” republicanos mediante el sistema de redención de penas por el trabajo.

Asimismo, recuerda que a muchos de estos reclusos se les dio la oportunidad de reducir sus condenas a través del trabajo forzado en las obras públicas del Estado, lo que les permitió salir antes de las cárceles.

Destaca, además, que entre 1941 y 1955, unos 6.000 presos, participaron en tareas peligrosas y complejas, como la extracción de piedras o la perforación de los túneles, en condiciones penosas ante la falta de elementos de protección.

Estos presos vivieron en destacamentos penitenciarios como Fuencarral, Colmenar Viejo, Chozas de la Sierra (Soto del Real), Miraflores de la Sierra, Bustarviejo, Valdemanco y Garganta de los Montes, entre otros dentro de la actual Comunidad de Madrid.

Con la declaración de los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos como Lugar de Memoria Democrática, el Gobierno pretende reconocer y recordar esta historia por su “significación histórica”.

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado un incendio declarado en la localidad salmantina de Serradilla del Llano, en la comarca de Robleda. El fuego se ha declarado se ha originado sobre las 16.10 horas de este miércoles y hasta la zona se han desplazado un total de 16 medios.

Hasta la zona han acudido, un técnico, dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, un bulldozer, cinco brigadas helitransportadas y tres medios aéreos.

El incendio forestal, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, se ha dado por controlado sobre las 18.47 horas y se investigan las causas de su origen, según la información facilitada por la Junta a través de la plataforma de incendios Inforcyl.