Justo cuando se cumple un mes del inicio de la huelga indefinida de las educadoras infantiles en la Comunidad de Madrid y después de que el paro se haya extendido a todo el territorio nacional, estas profesionales han sacado músculo en la Puerta del Sol. Esta tarde, una marabunta amarilla ha reivindicado la bajada de ratios y el aumento del salario, que en la actualidad roza el salario mínimo interprofesional (SMI), de cara a poder ofrecer el cuidado y acompañamiento que las criaturas de 0 a 3 años se merecen. “Esta huelga ya es histórica. Tenemos que hacer ver que nuestra situación es precaria, y que precariza a la infancia”, ha defendido María Pizarro.

Ella es una de las tantas educadoras que ha acudido al kilómetro cero madrileño para hacer valer sus demandas. Se define como privilegiada, pues trabaja en una escuela infantil del Ayuntamiento de la capital de gestión indirecta: “Al menos, nosotras tenemos pareja educativa. Hay cuatro ojos para estar pendientes de todos los niños y niñas, y en nuestro caso las ratios son algo más bajas”, introduce.

No siempre se tiene esa suerte. La diversidad de tipología de estos centros hace “insostenible”, tal y como remarca la misma Pizarro, que se pueda dar una atención de calidad. “A veces, llegan a ser hasta 20 niños en el aula. Así es imposible”, ha añadido mientras a su alrededor se escuchaban cánticos como “no guardamos, educamos”, “lo llaman guardería y no lo es, es educación y no conciliación” y “qué viva la lucha del 0-3”.

Jorge Abad, quien secunda los paros desde que se iniciaron el pasado 7 de abril, ha recalcado que “pedimos que todos los niños tengan las mismas posibilidades y calidad en su educación”. Por ello, propugna que las ratios lleguen a homogeneizarse con los de la Unión Europea. Si actualmente cuidan y acompañan por aula a ocho bebés de 0 a 1 año, 14 bebés de 1 a 2 años y hasta a 20 criaturas de 2 a 3 años, luchan por reducir esas cifras casi a la mitad, a cuatro, cinco y siete bebés, respectivamente.

Demasiada responsabilidad, poco reconocimiento

Este trabajador de una escuela municipal del Consistorio madrileño incide en que las condiciones en las que se encuentran tienen graves efectos en el desarrollo de la infancia. Además, es algo que se resiente en el día a día. Así lo ejemplifica: “Si estás con 20 niños y uno tiene que ir al baño, dejas a 19 solos. Si uno te necesita y surge otro conflicto, no puedes darles la atención que requieren. Son edades en las que aprendes a saber llevar muchas emociones, por eso reivindicamos que bajen las ratios, para que la atención pueda ser mucho más personalizada”.

Estas profesionales también reclaman que su calendario escolar se asemeje al del segundo ciclo de infantil. De esta manera, evitarían llevarse todo el trabajo burocrático y de preparación pedagógica a casa una vez superada su jornada laboral. Por otro lado, a pesar de lo que mucha gente pudiera pensar, igualando a las cuidadoras con maestras, en este sector también trabajan el mes de julio.

Rocío García ha llegado a la Puerta del Sol tras toda una jornada de lucha en Madrid. Vecina de Morata de Tajuña, trabaja en una escuela infantil municipal de Alcalá de Henares, pero de gestión indirecta. “Estamos totalmente desbordadas. Ya no es solo nuestro trabajo en el aula, es que mi nómina es de 1.096 euros. Tenemos mucha responsabilidad para lo poco que se nos reconoce, porque nosotras hemos estudiado un grado superior y hasta magisterio”, ha criticado.

Mientras las concentradas, 700 según Delegación del Gobierno y 2.000, según las convocantes, hacían ruido con silbatos, cacerolas y hasta panderetas, esta educadora infantil ha denunciado que parte de la sociedad todavía ve a su sector como si fuera una guardería. “No somos un sitio para aparcar a tu hijo mientras trabajas y donde solo cambiamos pañales y coloreamos. Aquí aportamos toda la base de la educación, donde trabajamos en valores, en autonomía y autoestima”, ha afirmado.

La huelga como sacrificio

Pizarro, afincada en Madrid, asegura que con sus salarios es “imposible” crear un proyecto personal en la capital. “Hay compañeras con más de 40 años que siguen viviendo con sus padres porque no se pueden permitir ni un alquiler”, ilustra. Desde su punto de vista, esta es otra forma de “precarizar la profesión”. Por eso, exigen que las Administraciones, ya sea el Gobierno regional o municipal, aumenten la partida para salarios en sus pliegos de condiciones de cara a ganar una licitación.

En este sentido, García ha recalcado que con los salarios tan bajos que perciben “hasta hacer huelga se convierte en un lujo”. Algunas de sus compañeras no secundan el paro por este motivo. “Acaba siendo un sacrificio tanto para las que perdemos el dinero y vamos a la huelga como para las que le gustaría hacerlo y no pueden”, ha explica esta educadora alcalaína. Diversas acciones intentan paliar esta realidad, ya sea a través de una caja de resistencia o la organización de mercadillos solidarios en los que intentan reunir fondos para resistir los paros.

Unas aulas sin aclimatar para julio

El hartazgo de este sector educativo ha llegado tras aguantar un cómputo de grandes gotas que han rebosado un vaso ya demasiado lleno de partida. Entre estos factores, se encuentra el estado en el que se ven obligadas a desempeñar sus funciones. “En muchas escuelas no hay ni toldos para que las criaturas se resguarden del calor en verano, ni tampoco aire acondicionado. Tampoco hay calefacción central para el invierno, cuando las criaturas de las edades más tempranas no dejan de arrastrarse por el suelo”, se ha explayado Pizarro.

García, por su parte, ha añadido que es “sorprendente” que los colegios e institutos cierren más allá de mediados de junio por las altas temperaturas pero que las escuelas infantiles permanezcan abiertas en julio. “Trabajamos con niños de 0 a 3 años, mucho más vulnerables, y sufrimos ola de calor tras ola de calor. A veces tengo miedo de que a los bebés les pueda pasar algo”, ha reconocido. A ella ya le ha pasado. Un día, le dio un golpe de calor, y las quejas de compañeras de trabajar con dolor de cabeza o mareadas por las altas temperaturas suelen ser constantes, según su relato.

Prescindibles y esenciales al mismo tiempo

La protesta ha llegado a su fin con la lectura de un manifiesto cuando el sol ya había aparecido tras una tarde lluviosa. “Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas: cuando se trata de derechos, financiación y reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y garantizar la conciliación, se nos declara esenciales”, han expresado.

Cientos de personas arremolinadas en torno a un micrófono escuchaban con atención: “No se puede ser invisibles para lo importante y obligatorias para lo urgente. Las escuelas infantiles no somos solo un recurso asistencial. Somos educación. Somos la base del desarrollo motor, emocional, social y cognitivo de la infancia. Y, sin embargo, seguimos siendo una etapa precarizada, infravalorada y constantemente cuestionada”, han finalizado. Tras esta jornada de lucha, un solo cántico quedaba suspendido en el aire: “Aquí está, sí se ve, la fuerza del 0-3”.

En los últimos diez años, por las manos de Alfredo González Ruibal han pasado los vestigios de esa historia que no tiene espacio en los grandes anales: las botellas descorchadas por los militares triunfadores de la Guerra Civil en la última trinchera excavada durante la contienda y el agua de lluvia que caía en ese momento, las latas convertidas en tazas por los presos en los campos de concentración, los enseres que acompañaron a los fusilados ante la muerte, la vida repleta de misera de los perdedores. 

Su experiencia se convierte ahora en libro con País en ruinas. Historias enterradas de la España franquista (1939-1975) (Crítica, 2026). En la monografía, este arqueólogo e investigador del CSIC desentraña un pasado que todavía brota de entre la tierra en homenaje a aquellos represaliados para los que sobrevivir siempre supuso su continua batalla política.

González Ruibal es consciente de que revisar el pasado reciente es algo que hay que hacer con cautela, sobre todo cuando es traumático, vertebrado por una dictadura, por la privación de derechos y el sufrimiento de tanta gente. “Las protagonistas son ellas, las personas, la gente normal y corriente, de la que a veces nos olvidamos a la hora de hablar de la historia política y económica, incluso la historia de los movimientos sociales”, introduce el también Premio Nacional de Ensayo 2024 por Tierra arrasada: un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI (Crítica).

Sidra para los vencedores

Comenzar esta historia subterránea por el final de la Guerra Civil nos introduce en la última trinchera, justo donde la República capituló y firmó su rendición, cerca del lugar que hoy ocupa el intercambiador de Moncloa, en el frente de Ciudad Universitaria. “Tiene una potencia simbólica brutal porque ahí comenzó una dictadura que se alargaría casi 40 años, pero es un lugar que continúa olvidado, enterrado”, comenta. 

Parece que todo cupo en esa trinchera de 90 centímetros de ancho, incluso la fiesta de los vencedores. Así lo prueban las botellas de sidra y de vino con los que aquellos que impondrían su ideología reaccionaria durante décadas saludaron la llegada del nuevo régimen totalitario. “Por los restos sabemos que hicieron una especie de caldereta de cordero también. Con la retrospectiva del presente, podemos decir que después de aquella fiesta llegó una orgía de sangre, destrucción, hambre y sufrimiento”, apunta el investigador.

El enclave quedó sellado apenas unos días después de aquel 28 de marzo de 1939. Tan solo quedaban cuatro días para el último parte de guerra, el único firmado por Francisco Franco. “Ahí había galerías de minado, y la dictadura no quería que alguien pudiera utilizar los túneles para refugiarse”, explica González Ruibal. De esa campaña todavía queda algo por desentrañar. Se sabe por documentos gráficos que aquella jornada de rendición cayó una tormenta tremenda en la capital. “La trinchera quedó totalmente anegada por la lluvia y, al excavarla, encontramos una botella de sidra llena de agua. Es el agua de la lluvia que cayó sobre Madrid mientras la República se rendía”, ilustra el experto. En el CSIC están a la espera de realizar su análisis químico.

Las latas-taza, de Jadraque a Polonia

El siguiente pasaje no tiene lugar demasiado lejos. Estamos en Jadraque (Guadalajara), en uno de los tantos campos de concentración que el franquismo levantó tras su victoria para decidir el destino, siempre fatídico, pero en miles de casos con resultado de muerte, de sus prisioneros. Albergó a unas 4.000 personas y estuvo en funcionamiento no más de cuatro semanas, las suficientes para que los internos consiguieran convertir hasta ocho latas en tazas. “Les alimentaban a base de sopa o latas de conserva, pero no les daban cubiertos. Comían con las manos o de la olla. Deshumanizarles era parte de la lógica franquista”, comenta el arqueólogo.

También los guardas tiraban algún chusco de pan o cebollas para ver cómo se peleaban por ellas, tal y como recuerdan varios testimonios. “Estas tazas creadas con latas y un alambre que convertían en asa, auténticas obras de artesanía, muestran su capacidad de mantenerse dignos en última instancia”, añade.

El investigador del CSIC lleva a sus espaldas decenas de excavaciones de este cariz. En ninguna de ellas se ha encontrado objetos con estas características, aunque sí otros tantos artefactos elaborados a partir de latas. “De repente, vemos que a 3.000 kilómetros de distancia, en los campos en Polonia de prisioneros alemanes de la Primera Guerra Mundial, también están estas mismas latas. Queda la incógnita de si algún veterano de la Gran Guerra transmitió sus conocimientos en España a través de las Brigadas Internacionales, por ejemplo”, afirma González Ruibal.

Los objetos que cuentan la dignidad

Saber que uno va a encontrar la muerte le permite pocas cosas. Una de ellas es prepararse para lo que vendrá. Hubo gente que en esos momentos tan críticos decidió refugiarse en el amor y cariño, pero también en la compostura, sin dejar de portar aquello que les definía. El sonajero de Martín apareció junto al cuerpo de su madre, Catalina Muñoz, asesinada en septiembre de 1936. 

Él ya había escuchado sonar al juguete cuando tenía nueve meses y lo volvió a hacer 82 años después, cuando le devolvieron el objeto preciado. El arqueólogo detalla que “no hay un objeto que represente mejor la vesania y la maldad intrínseca de la dictadura que ese sonajero. Es nuestro contravalle de los caídos. Frente a ese monumento que levantaron para contar su película, nosotros tenemos el sonajero de Martín”.

Las zapatillas de Martina Barroso García, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas condenada a muerte en 1939, se podrían decir que hasta hacen daño de la sensibilidad que transmiten. “Las hizo antes de ser fusilada para su sobrina Paloma. Es imposible verlas y no imaginarse a Martina en la cárcel, sabiendo que la matarán dentro de poco y utilizando sus últimos momentos para tejer a su sobrina”, explica el escritor. 

Bajo tierra se esconden elementos que contrarrestan, desde el silencio, la versión tan cacareada de los vencedores. La medalla de la Virgen de Genara Fernández García se recuperó junto a sus restos. “El franquismo necesitaba deshumanizar a sus víctimas, convertir a otro en satánico”, dice el arqueólogo. Sin embargo, uno de los objetos que con más frecuencia aparece junto a los cuerpos en las exhumaciones son crucifijos y medallas religiosas. “Podían ser de izquierdas, pero mantenían sus creencias. Lo que la dictadura siempre ocultó es que estaban masacrando a cristianos y católicos en masa”, añade.

José Alba Expósito decidió morir encorbatado. Ejecutado el 14 de enero de 1941, lo arrojaron en una fosa de 6,5 metros de profundidad en el cementerio de Paterna junto a otras 80 personas. Antes había pedido a su cuñado Julio que le llevara una camisa y una corbata. La familia no pudo recuperar entonces su cuerpo, pero sí la corbata, que entregó a su hermana, Serafina. Tras su muerte, el legado pasó a la hija mayor de José, Vicenta, y ahora cuelga del armario de su nieta, María José. “No hablamos del sufrimiento, sino de la dignidad y el heroísmo de llegar frente a un pelotón de fusilamiento con una camisa y la corbata”, apuntilla el investigador.

Excavar la memoria familiar

País en ruinas supone un viaje por el subsuelo de la historia silenciada. De las estratagemas de supervivencia y miseria en las chozas en las que vivían los familiares de aquellos condenados por el franquismo que sufrían trabajo esclavo, como sucedía durante la construcción de la basílica del valle de Cuelgamuros, a la genealogía del barrio de Vallecas estratificada bajo tierra en el único solar que queda sin construir, que habla de la pobreza de la clase obrera hasta casi el final de la dictadura. Todo lo aborda González Ruibal desde la sensibilidad y el rigor, sin obviar su propio abolengo.

“Mientras excavaba la tierra también lo hacía en la memoria familiar. Me percaté que parte de mi familia había salido muy beneficiosa económicamente por el franquismo”, reconoce. Introducir esta memoria particular en la publicación desde una perspectiva ligada a la “autoarqueología” tiene como objetivo acabar con ese tabú instaurado de que no se puede hablar de los perpetradores. “Hablemos de la gente a la que le fue bien, aquellos que perpetraron los crímenes. Hay que naturalizarlo. Es una deuda de aquellos que venimos de esas familias”, acepta, a pesar de que conocer las entrañas de los sectores acomodados siempre fue más complicado que las de aquellos que vivieron tocando la tierra con la planta de sus pies.

Tres días después de su secuestro, tal y como lo ha definido hasta Pedro Sánchez, se han echado a la calle en una concentración con vocación de permanencia en Madrid frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. El grupo de apoyo a la Global Sumud Flotilla que partió el pasado 12 de abril con más de 50 embarcaciones que transportaban productos de primera necesidad a las costas de Gaza intenta así forzar la liberación por parte de Israel del activista español Saif Abukeshek y del brasileño Thiago Ávila. “El ambiente es de solidaridad y emoción, pero también de extrema preocupación”, adelanta Carlos Díez, uno de los concentrados.

Las fuerzas israelíes bloquearon el 29 de abril las comunicaciones de los buques en aguas internacionales frente a las costas de Creta, a unas 500 millas náuticas de Gaza. Desplegaron drones y rodearon y confiscaron las embarcaciones. Más de 180 participantes desarmados de decenas de países fueron “secuestrados” y la ayuda destinada a “una población sitiada fue bloqueada por la fuerza”, ha denunciado la Flotilla. Ávila y Abukeshek son los únicos arrestados que fueron trasladados a suelo israelí. Mientras tanto, unas 20 personas han pasado ya dos noches al raso en la plaza de la Provincia de Madrid para exigir la puesta en libertad sin cargos de los dos activistas propalestinos.

Alicia Armesto ha amanecido este lunes junto a sus compañeras frente a la sede del Ministerio liderado por José Manuel Albares. “Hay fuerzas. La gente se acerca y nos trae comida. Intentamos matar el tiempo aprendiendo bailes palestinos y pensando próximas acciones”, relata la portavoz de la Global Sumud Flotilla en la capital y secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Descabezar la solidaridad

Las llamadas a abogados y activistas de otras latitudes se suceden en los teléfonos móviles, que consumen sus baterías hasta la extenuación. “Un kebab cercano nos deja utilizar sus aseos, y la gente aporta la comida que puede. A la noche, resistimos con bebida energética, porque si no se hace complicado”, relata la comunicadora.

Tanto ella como los demás concentrados comentan que “sería injusto decir que el Gobierno español no está haciendo nada” por la liberación de los dos activistas encarcelados en Israel, aunque también enfatizan que “no está haciendo lo suficiente”. En palabras de Armesto, “no lo está haciendo porque hay dos personas inocentes que están siendo torturadas en prisión”.

Armesto considera que la detención de Abukeshek y Ávila responde al objetivo de descabezar el movimiento de solidaridad con Palestina por parte de Israel. “No lo van a conseguir porque no vamos a parar. Que hayan secuestrado a dos personas no borra que estén cometiendo un genocidio, o que maten a decenas de periodistas”, recalca.

Una “preocupación extrema”

Díez es portavoz madrileño de Marea Palestina – Educación contra el genocidio, colectivo de docentes que se ha sumado a la protesta. Él ya pasó la primera noche frente al Ministerio y este martes estaba ahí, de nuevo, a las 6 h. “Nos hemos organizado en turnos de permanencia y cada vez recibimos el apoyo de más colectivos”, precisa. A ojos de este activista, la simpatía que reciben por parte de la ciudadanía va a más cada jornada que pasa.

Eso no es óbice para que la solidaridad y emoción de “luchar juntas” se conjugue con un estado de “preocupación extrema”. Esa preocupación únicamente se ve aminorada por la información que reciben a cuentagotas. “Las compañeras de la Flotilla tienen más contacto con los afectados y nos van diciendo todo lo que les llega”, prosigue.

Pero el aliento no llega solo de las últimas novedades sobre el proceso a nivel judicial. Una sonrisa se ha dibujado en los presentes cuando han recibido en sus móviles la carta que Ávila ha trasladado a su hija Teresa: “Espero que algún día entiendas que porque te amo tanto no había nada más peligroso para ti y para otros niños que vivir en un mundo que acepta el genocidio. Por favor, recuerda a tu padre como la persona que te cantaba y tocaba la guitarra para que duermas”.

Al igual que todas las personas que le rodean, Díez recalca que lo sucedido es un “secuestro” y no una detención. “La concentración es permanente y autorizada. Cualquier persona que quiera pasarse, será recibida con los brazos abiertos, porque no nos iremos de aquí hasta que sean liberados”, agrega.

En defensa del derecho internacional

Raquel Bocca es otra de las activistas, miembro de varios movimientos sociales, que secundaba la movilización este lunes por la tarde, guarecida en la sombra, bajo los soportales. “Tratamos de informar a la gente de lo que ocurre y de la complicidad con la represión de los gobiernos europeos, sobre todo del griego, que hizo caso omiso a las llamadas de alarma de las embarcaciones”, dice esta vecina de Manzanares el Real. Ataviada con una camiseta del Open Arms, recalca que la idea es que todos los días, a las 19 h, se lleve a cabo una asamblea abierta en el lugar.

Cerca de ella está Marisa Gómez, integrante de Sierra por Palestina, otra organización que se ha sumado a la movilización. “Se están vulnerando el derecho internacional. La gente lo sabe, y le indigna. Hasta personas no muy politizadas rechazan lo que sucede”, sostiene. Algo parecido piensa Muath Abu Muaileq, palestino que se ha acercado a la concentración: “Exigimos que el Gobierno sea claro de verdad, que tome medidas, que rompa relaciones con Israel. Lo que no se puede permitir es que el sionismo esté por encima del derecho internacional, de la ley y de todos los gobiernos”, desarrolla.

Los activistas, en la diana

Abukeshek es un ciudadano hispano-sueco de origen palestino afincado en Barcelona y con más de dos décadas de militancia en movimientos de solidaridad con Palestina que han llegado a diversos países de Europa, según la web de la Global Sumud Flotilla. En tierra dejó a su esposa, con la que tiene tres hijos de uno, cuatro y siete años. No es la primera vez que el activista se embarca en una de movilización de tal calado. El también presidente de la Coalición Mundial contra la Ocupación en Palestina ya fue uno de los principales organizadores de la Marcha Mundial a Gaza del año pasado.

Los activistas madrileños conocen bien la realidad que a día de hoy sufre tanto Abukeshek como Ávila. Trasladados al centro de detención de Shikma, en Askalan, al sur de Israel, el primero de ellos “fue sometido a torturas este sábado a bordo de un buque militar israelí”, tal y como señalaron desde la Global Sumud Flotilla en un comunicado tras entrevistarse con los activistas liberados.

También cuentan con el relato propio de los detenidos, que el sábado recibieron la visita de miembros de Adalah, una organización israelí de derechos humanos. A su salida del encuentro, afirmaron que sus testimonios “revelan violencia física” y que durante los días que pasaron en el mar ya en manos de las fuerzas israelíes fueron retenidos “en posiciones de estrés”.

El mismo Abukeshek aseguró que estuvo “atado de manos y con los ojos vendados, obligado a tumbarse boca abajo”, lo que le ha provocado hematomas en cara y manos. Por su parte, Ávila aseguró que el ejército israelí le sometió a una “brutalidad extrema” durante la incautación de los barcos. Destacó que fue “arrastrado boca abajo por el suelo y golpeado tan severamente que perdió el conocimiento dos veces”, tal y como informaron los integrantes de Adalah, organización que ya ha impugnado la legalidad del procedimiento, subrayando que el régimen israelí no tiene jurisdicción sobre civiles extranjeros detenidos en aguas internacionales.

Este ciudadano brasileño de 38 años tiene una hija de un año y medio y lleva más de dos décadas luchando por la liberación de Palestina. Es miembro del Comité Directivo de la Coalición de la Flotilla de la Libertad y uno de los coordinadores a bordo de la misión Madleen, que fue interceptada y secuestrada por Israel en junio de 2025. Ese arresto se tradujo en el encarcelamiento en régimen de aislamiento durante varios días en la prisión israelí de Ayalon.

La resistencia civil pide más a los gobiernos

Por el momento, Ávila y Abukeshek permanecerán encarcelados hasta este martes. “A pesar de que no se han presentado cargos formales contra ellos, los fiscales israelíes han formulado acusaciones generales con motivaciones políticas en un intento de represalia para criminalizar la acción humanitaria”, ha señalado la Global Sumud Flotilla en un comunicado.

Los activistas en Madrid se suman a las reclamaciones que la organización de la Flotilla ha extendido a todos los países del mundo. Exigen, por ejemplo, que se proporcione protección diplomática “urgente” a los ciudadanos detenidos, algo que el Gobierno liderado por Sánchez ha asegurado haber hecho. También reivindican que los parlamentarios y funcionarios públicos de todo el mundo firmen una declaración conjunta en la que se exija la rendición de cuentas y se tomen medidas. “Mientras la inacción mundial continúa, la resistencia civil se intensifica”, han concluido.

A sus 92 años, Nieves Claramonte nunca ha sentido la necesidad de acudir a un psicólogo, ni siquiera cuando su hija se lo propuso ante la muerte de su marido. “Y eso que la vida no ha sido nada fácil”, dice esta vecina de Castellón. No es algo extraño a su edad. Ver a personas de avanzada edad en las salas de espera de los terapeutas continúa siendo algo inusual. Los expertos señalan que todavía persisten barreras y creencias socioculturales para que este segmento de la población considere la posibilidad de pedir ayuda profesional para sobrellevar de la mejor forma posible unos vaivenes vitales que también golpean duramente en la vejez.

Claramonte, sin embargo, sí participó en unos talleres que el Ayuntamiento de su ciudad realizó para combatir la soledad no deseada, algo habitual en los programas municipales. “Quizá me haga falta ir al psicólogo, pero creo que puedo con esto yo sola, de momento”, asegura pegada al teléfono fijo. Tampoco tendría problema en hacerlo, añade. “En esta etapa cambian muchas cosas. Los hijos hacen su vida, pierdes a personas muy cercanas, pero a mí la soledad no me ha golpeado fuerte aún”.

Piensa que una misma debe afrontar los golpes de la vida: “Tienes que ser fuerte, y los malos tragos quedan en el recuerdo”. Si a algo le tiene miedo, es a la guerra que ve continuamente por la televisión. “Está muy mal la cosa. Eso sí que me preocupa”, admite.

María del Mar Aguilar, secretaria del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM), señala que es habitual que los adultos mayores padezcan cambios en su salud. Esta experta que pasa consulta en Albacete y coordina programas de envejecimiento activo ubica en el “estigma generacional” la baja prevalencia de personas mayores en las consultas psicológicas. Se refiere a la nula socialización en torno a la salud mental que han experimentado estas personas, en la que el tabú prevalecía por encima de su verbalización. Prueba de ello ha sido la dificultad para encontrar testimonios en primera persona para este artículo.

Siguiendo con la forma de enfrentar el día a día de Claramonte, la terapeuta enfatiza que las personas mayores “pueden haber aprendido a ocultar su sufrimiento ante los demás para dar una imagen de dureza, como que ellos pueden con todo”. Aguilar también apunta que en las personas mayores se da cierta normalización del malestar. “Quizá piensen que el ánimo bajo o determinada sintomatología son cosas asociadas al envejecimiento y frente a las que están indefensas”, explica. En este sentido, Esther Camacho, psicogerontóloga y coordinadora del grupo de Buen Trato del Colegio de la Psicología de Madrid (COP Madrid), enfatiza que se da cierto “edadismo” al respecto.

Personas conscientes de lo que les ocurre

La presunción de la baja presencia de los adultos mayores en las consultas psicológicas está avalada por los datos. Según la última Encuesta Europea disponible, que data de 2020 y se basa en los datos del INE, solo el 3,94% de las personas de entre 65 y 74 años había visitado a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en el último año, el segundo dato más bajo de los recabados. La cifra aumenta hasta el 5,17% en el caso de las personas de 75 a 84 años, mientras que de 85 años en adelante tan solo el 2,03 respondió afirmativamente, el dato más bajo.

Aguilar afirma que estas personas suelen relatar en consulta cierto malestar, una tristeza sostenida en el tiempo y síntomas de ansiedad. “Aunque pudiéramos pensar lo contrario, son perfectamente capaces de describir lo que sienten, qué tipo de pensamientos les invalidan y qué emociones les hacen sentir bien o qué comportamientos pueden realizar para que funcionen de forma adecuada”, agrega la secretaria general del COPCLM.

Lo colectivo antes que lo individual

Camacho incide en que muchas de estas personas sufren problemas de salud mental que desencadenan ciertos hitos en la vida. Argumenta esta posición en los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2025, que señalan que aproximadamente el 14% de los adultos de 70 años o más tienen un trastorno mental. La propia Organización lo advierte: “Las afecciones de salud mental en las personas mayores suelen infravalorarse y tratarse insuficientemente y la estigmatización que rodea a dichas afecciones puede hacer que las personas sean reacias a buscar ayuda”.

A pesar de que poco a poco su presencia es más habitual en las consultas, la psicóloga madrileña aclara que muchas de estas personas participan en los programas comunitarios y colectivos orientados a mejorar su bienestar. “Tienen más reparos para pedir ayuda a nivel individual, pero todo es más fácil si lo hacen desde otro acogimiento”, agrega.

El estrés que pueden sentir los adultos mayores tampoco es algo que se tenga demasiado en cuenta por las demás capas de la sociedad. Un dolor crónico o problemas de salud física, verse invalidados a la hora de realizar trámites del día a día complejos o hacerse cargo de los nietos en ocasiones de forma exigente son factores que pasan factura a quien los sufre. “Yo opino que un apoyo psicológico que pudiera disfrutar todo el mundo cuando llegara a la jubilación sería muy importante”, propone Camacho. De esta forma se podrían reducir las cifras del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, que en 2024 atestiguaba que el 35,6% de la población padece algún problema de salud mental, afección que supera el 40% en la población de 50 y más años y el 50% en los de 80 y más.

Contra la deriva farmacológica

Teresa Moratalla, psicóloga clínica y miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), está de acuerdo en la falta de cultura ligada a la salud mental que suelen padecer las personas mayores, pero recalca otro factor más que hace que no se vean impulsados a ir a terapia: “Entre los profesionales a veces tenemos cierta tendencia a pensar que no merece la pena que los mayores vayan al psicólogo porque es muy difícil que cambien sus costumbres y estilo de vida”.

En su caso, la mayor parte de los pacientes de este tipo que atiende llegan preocupados por el miedo a perder sus capacidades, sobre todo psíquicas. “A veces perder la movilidad no crea tanto temor como perder la lucidez, Otros acuden con malestar generado por pérdidas concretas, de hermanos o de su compañero de vida”, ejemplifica.

Esta especialista, por otra parte, critica que se intente aplacar el malestar de una persona mayor mediante fármacos antes que con psicoterapia. Le sigue Aguilar, quien menciona que “muchas personas pueden decantarse por tratamientos farmacológicos porque de alguna manera son más inmediatos”. Por su parte, la psicóloga catalana exclama que “la intervención en centros residenciales es altamente productiva. Así podríamos ver que mucha gente que parece que está de mal humor, lo que ocurre es que están deprimidas”.

A eso se dedica Marc Montoliú, instructor durante el curso contra la soledad no deseada que disfrutó Claramonte hace un tiempo. Este psicólogo experto en envejecimiento trabaja en una residencia para personas mayores en la que enseña herramientas y recursos para mejorar el bienestar psicológico de los usuarios. “Todavía pesa mucho el estigma. Piensan que ir a terapia es estar mal, loco, pero eso también se puede cambiar a edades elevadas”, sostiene.

Mientras realizaban los talleres junto al Ayuntamiento de Castellón, una de las frases que más repetían los participantes era “ojalá haber aprendido muchos años antes” todo esto que ahora descubrían ligado al confort mental. Las sesiones de Montoliú en la residencia difieren algo de las demás. En su caso, lo que más expresan los residentes es el miedo a ser una carga para sus allegados.

Del sufrimiento invisible a la barrera económica

La psicogerontóloga del COP Madrid subraya que otro aspecto del que no se suele hablar es de las posibles situaciones de maltrato que los adultos mayores afrontan por parte de hijos o parejas, un sufrimiento que se alarga hasta el último de sus días y que no se llega a objetivar como tal. A ello se suman los suicidios. Según la OMS, las estimaciones mundiales de salud 2021 muestran que, a escala mundial, alrededor de una sexta parte de las muertes por suicidio (16,6%) se producen en personas de 70 años o más.

La psicóloga del COPCLM, Aguilar, destaca que otra frontera que deben sortear las personas mayores es la falta de recursos y accesibilidad a la ayuda, incluso por la presencia de barreras físicas. Camacho añade desde Madrid que el precio de las consultas puede ser prohibitivo, una realidad que sufre cualquier persona con ingresos humildes. “Ronda entre los 60 y 90 euros la sesión. Aunque muchos puedan ser conscientes de que un psicólogo quizá les vendría bien, no consideran que sea oportuno pagar tanto dinero para que una persona los escuche una hora”, ilustra, por lo que en muchas ocasiones acuden a entidades sociales antes que a terapeutas privados.

La revista que más ha influido a nivel internacional y que en mayor grado ha marcado la crítica cinematográfica cumple tres cuartos de siglo. Ese podría ser el titular alternativo en el que concuerdan los expertos, quienes evocan a Cahiers du Cinema como la publicación de la que emergió una nueva forma de entender la imagen en su conjunto. Por sus páginas se pasearon las plumas más laureadas del momento, que evocaron las bases de la crítica al cine de autor y crearon una sinergia sin igual con los directores más aclamados de la Nouvelle Vague. Numerosísimos países, también España, han intentado replicar sin éxito este fenómeno.

Para Vicente Monroy, programador en Cineteca Madrid, Cahiers du Cinema es “la publicación más importante de la historia del cine”. A pesar de que no es un fenómeno que se pueda abarcar de manera unidireccional, para este estudioso del séptimo arte sí existen ciertas características que componen a la revista desde su fundación. Estamos en 1951. Francia bulle culturalmente tras la liberación de los nazis y hay un debate muy enconado entre cierta tendencia analítica que se posiciona a favor del cine del bloque comunista, que lo entiende de una forma ideológica, frente a otra perspectiva que abandera André Bazin, quien defiende que las películas son obras de arte que no tienen por qué adscribirse a una ideología política concreta.

Desde el primer momento, Cahiers du Cinema fue el altavoz de esta segunda forma de entender el cine. “A lo largo del tiempo, ha habido gente que les ha tachado de conservadores por eso”, añade Monroy. Lucía Tello, doctora en Historia del Cine, define a Bazin como “un enamorado del cine, profesor de muchas generaciones de cinéfilos”. No estaba solo. Nombres como las de Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca estaban junto a él. Además, buena parte de los fundadores de la mítica revista procedían de otra cabecera previa, Revieu du Cinema.

Todos ellos lograron vehicular la crítica cinematográfica hacia lo que pronto se denominaría cine de autor. “Eran unas creaciones muy personales, con muchísimas influencias subjetivas y ribetes autobiográficos. Ellos fueron quienes vieron por primera vez esas vetas de genialidad en directores como Alfred Hitchcock, Orson Welles y Fritz Lang”, ilustra la también directora del máster en Estudios Avanzados en Cinematografía de la Universidad de La Rioja (UNIR).

De críticos a directores de la Nouvelle Vague

Monroy detalla que Cahiers du Cinema, con una fuerte vertiente pedagógica y didáctica hacia el gran público, acogió entre sus páginas “firmas memorables” como las de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Claude Chabrol y otros integrantes del conocido como grupo de los jóvenes turcos. “Es el momento en el que entran en escena una gran oleada de críticos que en poco tiempo se convertirán en los grandes directores de la Nouvelle Vague. Consiguen dar el salto de la crítica a la acción cinematográfica”, abunda el también autor de Breve historia de la oscuridad. Una defensa de las salas de cine en la era del streaming (Anagrama, 2025).

La gran internacionalización de la revista llegó de la mano de la Nouvelle Vague, a mediados de la década de 1960. “A partir de entonces, una y otra son difícilmente diferenciables porque tanto los textos críticos como los guiones de los cineastas conviven en un diálogo permanente”, concede el programador en Cineteca. Así aparece el llamado “tercer cine” que Cahiers enarbola en sus páginas, una suerte de tercera vía entre los productos comerciales estadounidenses y el cine de autor europeo.

Siempre más allá de lo comercial

Por otra parte, uno de los grandes logros que la publicación consiguió fue abrir la mirada imperante en el momento a otras obras cinematográficas que no cabían en el estándar. “Después de la Segunda Guerra Mundial, el cine estadounidense se impuso como hegemónico y no había posibilidad de batir las cifras que alcanzaba. Desde Cahiers pusieron en boga otro cine no tan comercial. Sus opiniones trascendían de lo meramente visual”, se explaya Tello.

Son los primeros que reivindican a Buñuel, lanzan al estrellato a Saura, a quien consideran el gran director español de los 60, y dan a conocer a Almodóvar en los 80

Luis E. Parés — Director Artístico de Cineteca

Ambos especialistas citan un artículo publicado apenas tres años después de la aparición de Cahiers du Cinema. Escrito por Truffaut, el texto denostaba el “cine de calidad”, es decir, aquel elaborado con grandes presupuestos, en gran medida institucionalizado y con guiones muy psicológicos, una especie de lo que ahora hace Netflix, compara Monroy. Es en él donde se sientan los mimbres vigentes a día de hoy en torno a la crítica del cine de autor. 

“Y luego están los textos de Bazin, que son obras maestras. El famoso artículo de Jacques Rivette sobre la técnica del ‘travelling’, que dice que es una cuestión moral. En los años 80 llegarían Serge Daney y Serge Toubiana como directores, quienes aportaron una crítica más corporal, sensorial, muy interesante”, completa el programador de Cineteca.

Cahiers du Cinema marcó otro hito en relación con el periodismo y la crítica cinematográfica. Tello comenta que la revista logró que este tipo de autores empezaran a reivindicarse como auténticos intelectuales que sabían de lo que hablaban, con mucho conocimiento del bagaje y el devenir de la historia del cine

Los ecos en la gran pantalla española

El cine español también ha bebido en gran medida de la crítica de esta revista francesa. Así lo defiende Luis E. Parés, director artístico de Cineteca Madrid. “Son los primeros que reivindican a Luis Buñuel, lanzan al estrellato a Carlos Saura, a quien consideran el gran director español de los años 60, y también dan a conocer a Pedro Almodóvar en los 80”, ejemplifica. Más recientemente, la revista ha reivindicado a directores como Albert Serra y Jonás Trueba.

Este especialista en historia del cine apunta que Cahiers se convirtió en una ventana al exterior cuando en España golpeaba la dictadura franquista. “Se podía comprar en el Instituto Francés, así que había gente que conocía las películas, había leído sus guiones, pero no podía verlas por la censura”, recuerda. Fue entonces cuando sus artículos llegaban como explosiones que dejaban tras de sí una onda expansiva repleta de arte e imaginación. 

En este sentido, Parés revela que la película Contactos (1970), dirigida por Paulino Viota, nació por la influencia de la lectura de una serie de artículos de Cahiers llamados Praxis del cine, escritos por Noel Burch. “Unos tipos en Bilbao leen unos artículos y deciden aplicar esa teoría en una película española. Cahiers es la revista que más ha marcado en la cinefilia mundial”, determina el director artístico.

Tal ha sido su impacto a lo largo de estas siete décadas y media, que es difícil encontrar un país en el mundo que no hayan intentado repetir tal hazaña. Y España no iba a ser menos. Con Franco aún vivo la empresa se complicaba, pero no era imposible. “En los años 70, los cineastas más interesantes del momento venían del campo de la crítica, aunque ninguno pudo proseguir su carrera como directores y no hicieron más de dos películas”, explica Parés.

Se refiere a creadores como Álvaro del Amo, Francisco Llinás, Manuel Vidal Estévez (al que rinden homenaje en la cineteca Madrid en mayo), Antonio Artero y Manuel Revuelta. Más ligado a la actualidad, este estudioso del cine reivindica a un cineasta que empezó como crítico, pero que tampoco ha podido continuar su carrera. Se trata de Daniel V. Villamediana, antiguo codirector de Letras de cine. 

Para Monroy, a lo largo del siglo XX no ha existido una experiencia como la de Cahiers du Cinema que hable de manera más intensa, ya no solo del cine, sino del potencial de las imágenes para transmitir un mensaje al público. “Fue el núcleo de una nueva manera de pensar nuestro vínculo con las imágenes”, subraya antes de definir la revista como “revolucionaria”. Por su parte, Tello destaca que la publicación que ahora cumple 75 años es “la cumbre del periodismo cinematográfico y la cuna de uno de los grandes movimientos de la historia del cine, como es la Nouvelle Vague”. El mismo Monroy concluye con una nota algo agridulce: “Es una pena que hoy en día sea lo que es: las ruinas de un gran palacio de la imaginación que ya prácticamente no tiene nada que aportar”.

Salas rodeadas de espejos, dinámicas más orientadas a tonificar el cuerpo y alcanzar metas de peso que a mantenerse saludable, el sonido exacerbado de alguien que se ha pasado levantando pesas... La realidad que se vive en muchos gimnasios, cada vez más presentes en los barrios de todo el país y con socios más y más jóvenes, hace que estos no se perciban siempre como espacios agradables. Con el verano a la vuelta de la esquina y el número de inscripciones creciendo, nos paramos a observar un fenómeno de nombre inglés que recoge una sensación universal: gymtimidation, la inseguridad o ansiedad que muchas personas experimentan por miedo a sentirse juzgadas por su apariencia física, su estado de forma o experiencia en el gimnasio. ¿Por qué se puede crear esta aversión?

“He observado que, desde hace unos años para acá, sí hay más diversidad de cuerpos en los gimnasios y espacio para las mujeres”, adelanta Inés Arroyo, vocal de la sección de Psicología de las Mujeres, Géneros y Diversidades del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya. De todas formas, la segregación en el uso de estos lugares sigue presente, algo que remite a lo que sucede en los patios del colegio. Mientras que en aquagym la mayoría de la participación está en las mujeres, en zonas de entrenamiento como el peso libre predominan los hombres.

La experta recalca que el fenómeno en torno al gimnasio bebe en gran medida de “un culto al cuerpo ligado a lo superficial, a la estética”, mientras se dejan de lado otros “vacíos internos que a lo mejor también existen”. “En un mundo con mucha incertidumbre, nos acogemos al control de algo que puede ser más superficial”, explica la psicóloga mientras liga esta postura a otras medidas también de más o menos fácil alcance, como el control de la alimentación.

De esta forma, aquellas personas que se salen de la norma, o que simplemente no quieren seguir el camino marcado por las últimas tendencias, sienten cierta reticencia a la hora de entrenar en un gimnasio. “Lo primero que se ve en ellos es el cuerpo, y no todas las personas están a gusto con el suyo. En un gimnasio se ve una exageración de los estereotipos habituales”, concede Arroyo.

Lo primero que se ve en ellos es el cuerpo, y no todas las personas están a gusto con el suyo. En un gimnasio se ve una exageración de los estereotipos habituales

Inés Arroyo — Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya

En busca de un espacio acogedor

En ocasiones, la cuestión no es fácil de explicar. Paula García, enfermera de salud mental en Bilbao, siempre ha sentido rechazo hacia estos espacios: “He intentado ir dos veces con la idea de estar más sana, encontrarme mejor, pero no es un sitio para mí. Me da muchísima vergüenza”, señala a sus 29 años.

En su caso, le persigue la idea de que los demás deportistas puedan pensar de ella que no hace bien los ejercicios o utiliza mal las máquinas. “Me apuntaba a clases grupales porque ahí se difumina más la mirada. Quizá yo también debería deshacerme de la idea de que todos me miran, porque luego cada uno va a lo suyo”, acepta. Sin embargo, esa sensación que describe es común entre sus amistades: “Cuando hablo de estas cosas, mis amigas saben a lo que me refiero”, comenta. Como solución, más allá de los gimnasios exclusivos para mujeres, García ha considerado acudir a gimnasios más pequeños, de barrio y no sujetos a franquicias, para encontrar una atención algo más personalizada y acogedora.

Rendimiento y éxito en el gimnasio

María Perrino es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, presidenta del comité de investigación de Sociología del Deporte de la Federación Española de Sociología y ha trabajado durante una década como instructora fitness: “En los gimnasios convergen muchas personas. Es un espacio de socialización en el que cada uno de los espacios se percibe de forma diferente por el tipo de usuario”. El perfil de usuario no es el mismo en la zona de cardio o en la de peso libre que en la sala de actividades dirigidas o grupales.

Esta profesora de la Universidad de León esgrime que la idea de éxito imperante golpea también en estos espacios: “Vivimos en una época en la que se valora la disciplina y la constancia. La gente liga hacer un tipo de entrenamiento con conseguir un determinado cuerpo, y eso no es sencillo para nadie, mucho menos para las diversidades, aunque sea lo que se entienda por éxito”.

Bajar de peso a toda costa

En cuanto a las mujeres, el estereotipo ha cambiado en los últimos años. Si veníamos de un canon que marcaba cuerpos delgados y que destinaba el ejercicio de fuerza a los hombres, ahora vemos cómo –a pesar de que el culto a la delgadez extrema persiste, como apunta Perrino: “El cuerpo normativo y deseable para la mujer vuelve a ser el delgado– han ganado presencia los cuerpos femeninos más musculados. 

No obstante, la venezolana Aglaia Berlutti, que firma el texto El derecho a entrenar sin miedo: unas reflexiones sobre la cultura violenta en el entrenamiento deportivo, publicado en feminismoinc.org, relata a elDiario.es el conflicto que nace cuando muchas mujeres se ven atraídas por estos espacios como destino final en el que alcanzar una bajada de peso a toda costa. “Quieren estabilizar su autoestima de una u otra manera y también corregir problemas de autoimagen. Eso provoca que deje de importar si ese esfuerzo implica dolor, lesiones o jornadas extenuantes”, subraya.

Vivimos en una época en la que se valora la disciplina y la constancia. La gente liga hacer un tipo de entrenamiento con conseguir un determinado cuerpo, y eso no es sencillo para nadie, mucho menos para las diversidades, aunque sea lo que se entienda por éxito

María Perrino — presidenta del comité de investigación de Sociología del Deporte (FES)

A sus 42 años, Berlutti piensa que la exigencia estética es tan fuerte que cualquier persona la puede llegar a asumir como un deber y una obligación. “Muy poca gente se asesora bien antes de ir a un gimnasio sobre qué necesita realmente para estar saludable antes que delgado. Pero ellos son víctimas, es el sistema el que los impulsa a eso”, asume. 

Esta dinámica, señala, afecta mucho más a las mujeres: “Esa necesidad de que todos nos veamos exactamente igual hace que los ambientes y los gimnasios sean sumamente agresivos, y no solamente agresivos, sino también violentos y desagradables”, concluye.

La experiencia de Diego Loeches en los gimnasios ha sido algo ambivalente. Como persona que sufre sobrepeso, destaca que nunca ha tenido miedo a la mirada de terceros en este tipo de espacios. Es más, apunta que siempre que ha acudido a alguno le han tratado con el mismo respeto. Sin embargo, ha apreciado algunos comentarios directamente ligados a su figura: “Yo peso 115 kilos y a veces me han propuesto ejercicios directamente para bajar de peso. Eso puede generar estrés porque a lo mejor no acudo con esa intención”, comenta este informático de 41 años vecino de Alcalá de Henares (Madrid).

Yo peso 115 kilos y a veces me han propuesto ejercicios directamente para bajar de peso. Eso puede generar estrés porque a lo mejor no acudo con esa intención

Diego Loeches

La insatisfacción que va al cuerpo

Perrino, socióloga del deporte, pregunta habitualmente en sus clases cuánta gente practica ejercicio. Hace años, la mayoría estaban federados en algún deporte. A día de hoy, la mayoría va al gimnasio. “Es la sociedad del hiperrendimiento que empezamos a ver en todos los sitios”, puntualiza.

Le sigue Mario Jordi Sánchez, profesor titular del departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. A ojos de este experto, partimos de una sociedad donde se vive con “mucha insatisfacción, que se deposita en el cuerpo”. Según dice, los gimnasios son fábricas de fracaso: “Lo que quieren es vender un cuerpo con una lógica de usar y tirar, con un modelo de imagen corporal que nadie alcanza”.

El antropólogo señala que los gimnasios son lugares altamente masculinizados dentro de un modelo de masculinidad apegado a una fuerza y movimientos “muy primarios”. Una posible solución para atajar el problema, al menos para las mujeres, es la existencia de gimnasios exclusivos para ellas. “El mercado busca adaptarse a ello”, remata.

Venden un cuerpo con una lógica de usar y tirar, con un modelo de imagen corporal que nadie alcanza

Mario Jordi Sánchez — profesor de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública (UPO)

De cara a otro tipo de cuerpos no normativos, Perrino propone que la labor recaiga en los profesionales que trabajan en los gimnasios. “Tiene que primar la salud, no la estética. Además, las directivas de los centros podrían impulsar actividades más sociales con los socios y socias, el poder compartir otro tipo de experiencias juntos”, desarrolla. Así, quizá, se podría diluir esa mirada invisible pero palpable que causa aversión a tantas personas que piensan ir a un gimnasio.

Educar en la diversidad

De todas formas, trabajar desde la raíz suele ser una de las mejores soluciones, sobre todo a largo plazo. Es lo que hace Adrián Vaquerizo, entrenador personal durante diez años y actualmente profesor de Educación Física afincado en Azuqueca de Henares (Guadalajara). “Antes la gimnasia era mucho más militar: ahora se ha cambiado la concepción. Intentamos fomentar los deportes en equipo para impulsar la interacción entre el alumnado, que nadie se sienta fuera de lugar”, expresa.

Este docente asegura que la vergüenza persiste, sobre todo en las chicas y aquellos cuerpos no hegemónicos. “Esto responde a una posible baja autoestima en ellas, pero pienso que los chicos también la pueden sufrir, aunque no lo digan por no mostrar debilidad”, opina. Por eso, Vaquerizo intenta que en sus clases la juventud aprenda que el deporte es salud, y la salud no siempre está asociada a una determinada estética. “Cada persona tiene sus propias facultades y capacidades físicas. Desde las aulas tenemos que hacer ver que eso no es motivo de discriminación ninguna. Así lograremos que cuando crezcan no sientan miedo al acudir a un gimnasio”, finaliza.

Una tercera autopsia del cuerpo de Abderrahim Akkouh que incluye el análisis de los vídeos de la actuación que acabó con su vida desvela que este vecino de Torrejón de Ardoz de 35 años perdió la vida por una “muerte violenta por homicidio”. Sucedió la noche del 17 de junio de 2025, cuando J. J. T. C., policía municipal de Madrid fuera de servicio, persiguió a este hombre de origen magrebí por las calles de la localidad. Tras inmovilizarle, le practicó la técnica de sujeción conocida como mataleón hasta que le asfixió.

En un primer momento, el procedimiento se abrió como un homicidio imprudente. Tras recibir el informe de la autopsia, la defensa del fallecido pedirá a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón que se le impute un delito de homicidio doloso o asesinato. Asimismo, volverá a reclamar que el policía retirado, P. A. P. C., quien evitó con su peso corporal que Abderrahim pudiera defenderse de la asfixia y e intentó frenar la grabación de lo sucedido por varios transeúntes, deje su condición de testigo para ser investigado.

El informe de la autopsia realizado el 5 de marzo de este año —al que ha tenido acceso elDiario.es— recoge que la “causa fundamental” de la muerte fue “asfixia mecánica”. Los médicos forenses que firman el documento definen esta asfixia como “la falta de oxigenación causada por obstrucción física o presión externa que impide el paso de aire a los pulmones”. Rubén Vaquero, letrado de la familia Akkouh, asegura que esta es la evidencia de que “Abderrahim murió por la compresión de la caja torácica y del estrangulamiento” al que le sometió J. J. T. C.

La resolución de los expertos del Instituto de Medicina Legal también asume en sus consideraciones médico-forenses que en el fallecimiento intervino el consumo reciente de drogas como cannabis y cocaína y lesiones cardiacas previas, así como la compresión torácica y presa cervical que sufrió Abderrahim por parte del policía. Sin embargo, en sus conclusiones aprecia que la “causa inmediata” de la muerte fue la anoxia, es decir, la falta de oxígeno en el organismo. Más allá de la ya expuesta “causa fundamental”, los especialistas recalcan en la “etiología médico-legal” que se trata de una “muerte violenta por homicidio”.

Ante dicho extremo, Vaquero asegura que esta es la mejor forma de echar por tierra algunas versiones vertidas por los agentes policiales que señalaban que Abderrahim podría haber muerto debido a sus complicaciones médicas. Según el relato de los agentes, habrían comenzado a perseguirle después de que le robara el móvil a uno de ellos. 

Por otro lado, que el caso se investigue como homicidio doloso conllevaría que fuera un tribunal de jurado popular el que terminara discerniendo lo sucedido en el juicio oral. “Esa era nuestra intención desde el principio para que la sociedad española pueda mostrar que rechaza estas situaciones en las que policías matan a una persona movidos por el racismo”, añade el abogado.

De testigo a un segundo investigado

Por el momento, P. A. P. C., el agente de la Policía Municipal de Madrid retirado que también intervino en los hechos, forma parte del procedimiento en calidad de testigo. No es la primera vez que Vaquero intentará que eso cambie. “Está claro que tuvo una participación activa en los hechos. Formó parte de la persecución y abatimiento contra el suelo de Abderrahim, también de su inmovilización, e intentó que los presentes no grabaran lo que sucedía, incluso peleándose con uno de ellos, tal y como prueban los vídeos”, desarrolla el letrado.

Además, el agente jubilado, con el cuerpo de Abderrahim ya inerte, le espetó “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, tal y como recogió elDiario.es. “Entendemos que hay indicios suficientes de racionalidad criminal que son indubitables como para que pase a estar investigado, porque su relación con el crimen es cristalina y evidente”, reitera el mismo Vaquero. 

Lo mismo reclama la hermana del fallecido, Chaimae Akkouh, quien resalta que “este hombre no pasaba por ahí, no es un testigo más, sino que ayudó a que Abderrahim no pudiera librarse de la asfixia sujetándolo por los pies”. En este sentido, la autopsia recoge que “la inmovilización de la mitad inferior del cuerpo no condiciona el resultado de fallecimiento”, una vez analizados las consideraciones médico-forenses y las imágenes de los vídeos aportados en la autopsia. De todas formas, el abogado argumenta que “no hay muerte si no se le impide a Abderrahim esa situación de indefensión en la que también participó P. A. P. C.”.

Sin prisión preventiva

Esta joven de 26 años, también vecina torrejonera, sostiene que desde que tuvo lugar la muerte de su hermano viven con miedo. “Nunca sabes cuándo puede llegar un cambio de última hora en el procedimiento. Han tardado mucho en dejarnos conocer esta autopsia y temíamos que no recogiera lo que realmente sucedió”, comenta. Ese miedo fue a más cuando hace unas semanas la justicia decidió archivar la investigación sobre la muerte de un hombre en un locutorio de Torremolinos (Málaga). En ese caso, falleció tras recibir entre ocho y once descargas eléctricas de dos pistolas táser, golpes e inhalar gas irritante, además de ser inmovilizado bajo presión en tórax y piernas durante una intervención de seis agentes de Policía.

Por eso, Chaimae se posiciona a favor de elevar las medidas cautelares que, a día de hoy, tan solo pesan sobre J. J. T. C., quien tiene el deber de firmar cada 15 días en los juzgados. “Pedimos la prisión preventiva para asegurar el procedimiento y que no tuviera acercamiento a la familia, pero nos lo denegaron”, detalla Vaquero. El agente intentó dejar de tener la obligación de personarse cada quincena en los juzgados, pero la magistrada no aceptó la petición.

Un miedo que no desaparece

La hermana del fallecido, la pequeña de los ahora cinco hijos que acompañan a su madre, Jamila, asegura “confiar en la justicia española”. Así lo explica: “Habrá un día en que todo saldrá a la luz y será ahí cuando tengamos la reparación y justicia que buscamos desde junio del año pasado”. El informe de esta autopsia ha significado un pequeño alivio en el periplo judicial que todavía enfrentan, pero el dolor continúa. “Hasta que no haya una sentencia firme que esclarezca la culpabilidad de los dos policías, no terminaremos de sufrir”, comenta.

La palabra “miedo” es de las más repetidas por Chaimae al ser preguntada por qué le hace sentir lo ocurrido. “Yo tengo dos hijos y tengo miedo por ellos. Como esto pueda volver a suceder, todos estamos perdidos, no solo los familiares de Abderrahim, sino otros tantos que ha habido y que habrá El abuso policial e institucional debe parar ya”, reivindica la joven.

Vaquero, por su parte, reitera que esta autopsia que ahora se conoce es una “prueba directa objetivable” que supondrá transformar el procedimiento en un procedimiento de jurado por homicidio doloso o asesinato. “Aquí queda claro que Abderrahim murió por la acción violenta de un policía que le comprimió la caja torácica y le estranguló mientras otro policía jubilado le ayudaba para que no hubiera ningún tipo de defensa”, concluye el abogado.

La precariedad en la que sobreviven los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha conllevado que, a lo largo del invierno, tan solo se hayan realizado la mitad de las tareas de prevención de cara a la época de máximo peligro. La llegada del incremento de las temperaturas ha vuelto a desvelar las costuras de una gestión que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y Tragsa, la empresa encargada de las contrataciones. Desde el 25 de agosto de 2025, la plantilla ha mantenido la huelga indefinida. Tres son sus demandas principales: un incremento del salario que les permita vivir con dignidad, gestión directa del servicio y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de la salud de los trabajadores.

Rafael Fernández, delegado de UGT en el comité de empresa, asegura que en todo este tiempo los avances en las negociaciones han sido pocos. “Tragsa sigue cerrada en banda a nuestras peticiones”, comenta el también integrante de comité de huelga. En la actualidad, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cobran en torno a 1.300 euros al mes por realizar un trabajo esencial que incluye la extinción de incendios forestales, labores preventivas durante el invierno en nuestros montes y la intervención en emergencias climáticas cada vez más frecuentes, como inundaciones o episodios de dana, tal y como expresó el comité de huelga en un comunicado reciente.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha intentado estabilizar al colectivo, que verá aumentados sus efectivos a lo largo del año, pero reducidos en las épocas de alto riesgo. “Antes éramos siete personas por equipo y ahora vamos a ser cinco. Eso limita mucho nuestro desempeño”, añade el sindicalista. Los sindicatos afirman que el organigrama anterior recogía unos 550 efectivos en verano y 250 en invierno. La última remodelación dejará en 419 las personas que trabajarán de forma continuada.

Más combustible en el monte

El aumento de las temperaturas ya es palpable en la región madrileña. En estos ocho meses de paro, una de las principales consecuencias ha sido la reducción “drástica”, tal y como la cataloga Fernández, del número de hectáreas trabajadas. “Se nos presenta un verano con una época previa de abundante lluvia que ha hecho que aumente en gran medida la vegetación sobre la que no se ha trabajado, combustible en el monte. Tampoco se han realizado las mismas fajas de seguridad que en años anteriores”, añade.

Julio Chana, secretario del comité de empresa por CGT, agrega que las labores de silvicultura se han visto mermadas. “Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, ilustra. La Comunidad de Madrid se ha querido adelantar a los acontecimientos. El mismo Fernández detalla que les han cambiado los horarios de mayo, aunque la campaña de alto riesgo suele comenzar en junio.

Salud de la plantilla y gestión directa

Sus demandas están claras desde el primer momento. Dado que el convenio colectivo por el que se rigen data de 2008, las tablas salariales “están totalmente obsoletas”, según el ugetista. Los datos que manejan en cuanto a salarios cifran en 1.300 euros el dinero que un bombero raso percibe al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo”, denuncia Fernández.

Chana, también integrante del comité de huelga, estima en un 40% la subida que necesitan en las nóminas para poder mantener sus vidas en la Comunidad de Madrid. “Si no, es imposible desarrollar el trabajo con profesionalidad. Somos un servicio esencial que vela por la seguridad de la ciudadanía. Cuando más se demore el conflicto, más insegura estará la población”, desarrolla.

La salud es otra de las cuestiones que más preocupa a la plantilla. Los representantes sindicales señalan que las bases se han quedado totalmente anticuadas en lo que se refiere a descontaminación de los equipos de protección individual. En este sentido, Chana subraya que es imprescindible el reconocimiento de la penosidad, toxicidad y peligrosidad con la que los bomberos forestales se ven obligados a desempeñar sus funciones.

A todo ello se suma la reclamación de que pasen a ser un cuerpo gestionado directamente por la Administración Pública. “Lo llevamos pidiendo desde 1998. Ahí éramos personal laboral, luego estuvimos 20 años con el servicio privatizado en manos de dos empresas, y ahora se lo regalamos a una empresa pública, aunque de pública tiene poco”, precisa el representante de CGT.

Tragsa no responde

Por su parte, Tragsa ha facilitado los datos de seguimiento de la huelga a lo largo de estos meses. Según la compañía, fluctúan entre el mínimo cosechado este febrero, el 0,97%, con el máximo, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, con el 23,66%. Los sindicatos, en cambio, aseguran que la plantilla secunda en su inmensa mayoría los paros. “Como empresa pública sometida a la legislación correspondiente, respeta todos los derechos laborales de los trabajadores y, en ese sentido, respeta su derecho a la huelga”, ha añadido Tragsa.

Del mismo modo, la compañía liderada por el presidente del consejo, Jesús Casas, ha declinado responder a preguntas como si se ha producido algún avance en las negociaciones desde el inicio de la huelga, qué medidas pueden tomar para dar respuesta a las exigencias de los bomberos o cómo es su trabajo junto a la Comunidad de Madrid a la hora de evaluar conjuntamente la situación, así como si han realizado algún tipo de requerimiento al Gobierno regional.

Negociaciones sin avances

Las negociaciones continúan encalladas con el verano a la vuelta de la esquina. “La Comunidad de Madrid ha dicho que ellos han puesto algo más de dinero, todo lo que podían. Unos 130 euros más al mes. A nosotros se nos queda una cara…”, expresa Chana. Este sindicalista tampoco deja de lado su faceta ciudadana: “Yo pago mis impuestos y me parece incomprensible que no haya un servicio totalmente público y de calidad que vele por mi seguridad, como es el de los bomberos forestales”.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, con Carlos Novillo al frente, ha asegurado que “esperamos que antes de que llegue la época de alto riesgo de incendio forestal se pueda resolver este problema”. Asimismo, han destacado que han activado “todas las herramientas, todo el presupuesto necesario para que eso pueda ser así y puedan llegar a un acuerdo con la empresa pública Tragsa, que es de quien dependen”.

Como ya habían adelantado los representantes sindicales, con el nuevo encargo la Comunidad ha permitido que “gran parte de la plantilla de más de 415 efectivos puedan estar contratados durante todo el año, que es una de las reivindicaciones”. La Consejería ha defendido que han incorporado en el presupuesto del nuevo encargo “la cantidad económica suficiente para que los pluses que ellos reclaman puedan ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, en este caso, que es el que tiene que autorizarlo a Tragsa”. Por último, el departamento de Novillo ha recalcado que la labor de los bomberos forestales “es fundamental” y no pueden “mantener esta huelga”.

“Rentistas culpables, Gobierno responsable”, “Vox y PP, la misma mierda es” y “nos quieres echar para especular”. Estos han sido algunos de los cánticos más repetidos esta mañana frente a la sede nacional del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Una convocatoria ciudadana secundada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha logrado congregar a unas 400 personas, según estas organizaciones. 

Todas ellas han salido a la calle a las 12.00 horas con una única idea: intentar que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo y que prorroga dos años más los contratos del alquiler a más de un millón de contratos que terminan antes de 2028 no decaiga este martes, 28 de abril, en el Congreso de los Diputados.

“Por eso venimos aquí, a la sede del PP, para hacerles ver que votarán en contra de una medida que claramente beneficia a las personas que más lo necesitamos, que somos las inquilinas”, ha dicho en primera persona Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato. Según los datos recogidos por Eurostat, en 2024, el 42,2% de quienes vivían de alquiler a precio de mercado ya estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en España. Además, los españoles destinan de media el 51,38% de su salario bruto mensual a la renta de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados, según un informe realizado por los analistas de pisos.com.

Mientras el sol se dejaba notar cuando se agota este primer mes de primavera, muchos de los concentrados expresaban su enfado ante el previsible voto en contra de las derechas parlamentarias el próximo martes. “Durante este mes y hasta la votación del real decreto, la norma está vigente y posee plena seguridad jurídica. Puedes adherirte a ella si tu contrato de alquiler finaliza antes de que termine 2027”, ha defendido Álvarez. 

Por ello, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas a nivel estatal ha puesto a disposición de los interesados unas plantillas que han recibido miles de arrendadores en estos días para comunicar que se adherían a esta prórroga. “No se necesita respuesta del casero. Solo enviarlo, es automático. Así, solo podrá subir el alquiler como máximo un 2%, siempre ligado al IPC”, ha recordado el portavoz.

El mismo Álvarez ha señalado que la votación del martes servirá para ver qué posición ocupa cada diputado y diputada: “O están con las inquilinas o con los fondos buitre que especulan con nuestras casas”. En este sentido, los 144 congresistas del PP y de Junts han recibido en apenas 24 horas unas 50.000 cartas remitidas al correo electrónico público de los parlamentarios. 

Calificados por el Sindicato como “diputados anti-prórroga”, les exigen que no tumben la norma defendida a ultranza desde Sumar. Además, en los últimos días el Ministerio de Consumo ha remitido más de 500 cartas a grandes tenedores para que acepten la prórroga.

Cuando la movilización llegaba a su ecuador, y los corredores de la maratón madrileña comenzaban a desfilar por el lugar, el portavoz del Sindicato de Inquilinas ha comentado a elDiario.es que este tipo de protestas sirven para “señalar claramente a esos partidos que alardean de ser muy patriotas, pero que luego están de parte de empresas como Blackstone y Cerverus y fondos buitres”.

La protesta, parapetada en todo momento por dos furgones policiales, ha vivido un momento de cierta tensión cuando los concentrados, perimetrados por agentes de Policía Nacional en la acera de en frente de la sede del PP, han intentado acercarse a la misma unos 20 minutos después del inicio de la convocatoria. Los uniformados han hecho que los activistas retrocedieran mientras estos coreaban consignas como “no nos vamos, nos quedamos” y “sus negocios, nuestra miseria”.

Las caras de la crisis de vivienda

César Sanjuan ha sido uno de los inquilinos que ha pasado gran parte de la mañana vociferando contra el PP a las puertas de su sede. Tiene 55 años, es pensionista y vive con su mujer y dos hijos en un piso de Carabanchel que pertenece a un fondo buitre. “Mi contrato terminaba el 30 de junio de este año, pero el primer día en vigor del decreto, ya comuniqué que me adhería a él”, ha contado con algo de alivio. 

Su vivienda, en la que reside desde hace 20 años, en un primer momento estaba protegida, era pública. “Luego la vendieron a Blackstone y nos empezaron a hacer pagar el IBI, la comunidad… Entré pagando 500 euros y ahora voy por 1.050 euros al mes por un piso de unos 70 metros cuadrados”, ha criticado.

Sanjuan es una de las miles de personas en España que respiran algo más tranquilas tras la aprobación del real decreto por el Consejo de Ministros. “Ya habíamos empezado a hacer sondeos por el barrio, a ver dónde nos íbamos, pero está todo imposible. Te tienes que ir a Parla o Pinto, y el precio del alquiler casi está igual que en la capital”, ha comentado. 

Este hombre todavía no entiende cómo la derecha puede votar en contra de tantas familias: “No me entra en la cabeza, porque es que están votando en contra de sus propios votantes. Si tuvieran un poco de corazón y sentimientos, deberían votar a favor”. Según el ministerio liderado por Pablo Bustinduy, la medida beneficiará a más de 2,5 millones de personas.

Lo mismo piensa Aldo Reverte, que ha venido a Madrid desde el pueblo barcelonés de Aigua Freda como integrante de la Confederación Estatal de Sindicatos de Vivienda: “Aquí todo el mundo tenemos memoria y solidaridad, por eso estamos unidos”, ha comentado el mismo día de su 36 cumpleaños.

Cerca estaba Rufina Parra, vecina de Argüelles y profesional del servicio de atención a domicilio. Ella es usuaria de Alquiler Seguro, “una inmobiliaria que utiliza cláusulas abusivas que te obliga a firmar”, ha denunciado. Del mismo modo, esta mujer de 55 años ha añadido que “cada vez se inventan nuevas formas de sustraer nuestro dinero”. Mientras tanto, alrededor se escuchaba un solo cántico: “Jóvenes y mayores contra especuladores”.

Ana Carrera ha sido otra de las personas que esta mañana se ha acercado a la protesta. Ella se sabe privilegiada por vivir en Malasaña y ser la alquilada de una amiga. “Obviamente, si no tuviera esta suerte no podría vivir ahí. Esta situación nos expulsa de la ciudad, que quedará para unos pocos que se lo puedan permitir y como un parque temático para turistas”, ha denunciado esta trabajadora del audiovisual y el teatro de 45 años mientras buscaba la sombra.

Contra la tibieza del PSOE

Kike Villalobos, responsable de Vivienda en la FRAVM, ha agregado que “este país no se puede permitir tener en vilo a millones de personas que viven de alquiler con una crisis habitacional brutal”. Según la Federación, han llegado a ver contratos que se terminan y cuya renovación supone un incremento de hasta el 300%. “Reclamamos que los diputados de derechas también se pongan del lado de la mayoría social y, al menos, que no se opongan a la aprobación del decreto”, ha declarado a elDiario.es.

La aprobación del decreto haría que cualquier persona pudiera adherirse al mismo en cualquier momento hasta 2027, aunque los sindicatos apuntan que su vigencia es totalmente válida hasta el 28 de este mes, cuando presumiblemente caerá en el Congreso.

“Si no, nos tendrán que mirar a los ojos para tener que decirnos que nos tenemos que ir de la casa en la que vivimos. No estamos hablando de una medida bolivariana, sino de una medida que aporta estabilidad”, ha aseverado Villalobos. En la FRAVM no son ajenos a esta crisis, pues día tras día ven cómo golpea a los más humildes.

En este sentido, ha criticado que el PSOE sea algo tibio ante la iniciativa. La titular de Vivienda en el Gobierno, Isabel Rodríguez, debería ser la principal garante de este decreto, a ojos del responsable de Vivienda. Algo similar en lo que considera Álvarez, del Sindicato de Inquilinas, donde consideran que esta medida “alivia, pero no soluciona”.

Por eso, la concentración de esta mañana ha servido, asimismo, para reivindicar por parte del Sindicato una bajada sistemática del 50% de los contratos del alquiler. “Es algo posible, solo falta voluntad política”, ha añadido el portavoz. Del mismo modo, han reivindicado que los contratos vuelvan a ser indefinidos, lo que evitaría que los arrendatarios vivieran con el miedo en el cuerpo por si su casero quiere subir el precio de forma exorbitada o poner un piso turístico. Por último, han reclamado que se recuperen las viviendas vacías “secuestradas por bancos, fondos buitre y pisos turísticos”, que calculan en unos cuatro millones.

Bajo tierra no se escuchan los gritos. O sí. Excavar para volver a escuchar esas voces que nunca callaron es lo que hace Bajo tu piel, una creación teatral dirigida y guionizada por Raúl San Julián. Cuatro fusilados por el franquismo, con nombres y apellidos reales, se encuentran en una fosa. Ahí se preguntan si hay alguien que les espera, si hay alguien que volverá a por ellos. Pasaron 80 años para que sucediera. Tres de ellos fueron exhumados en julio de 2023.

Todo el proceso quedó recogido en una cinta documental que pronto verá la luz, cuando se inserte la grabación de la obra en la película. En el medio, tan solo una bombilla que marca el pasar y pesar de los días, de los meses y de los años. Los bisnietos, nietos y familiares de todos ellos podrán escuchar el eco de las voces de sus antepasados durante los tres días que se representará la obra

Aunque esta historia comenzó el 7 de agosto de 1939, cuando las balas de un pelotón de fusilamiento segaron una vez terminada la guerra civil las vidas de José Sahuquillo, José Tendero, Dídimo Martínez y Antonio Belaña en Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), su producción audiovisual no tomó forma hasta hace algunos años. “Todo parte de un relato que escribí hace una década con tintes de realismo mágico y que un viejo amigo me propuso producir”, comenta el también dramaturgo, documentalista e historiador.

Este especialista en desapariciones en Latinoamérica volvió a su viejo profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Fuentes. Le dijo que en apenas unos días empezaría la búsqueda de cuatro cuerpos en el mencionado pueblo de Albacete. Era la primavera de 2022, se comenzaba a fraguar el rastreo de los desaparecidos y San Julián ya sabía que los cuatro personajes de su relato serían rebautizados con el nombre de los cuatro desaparecidos.

El esmero de un grupo de amigos y gente cercana hizo posible lo que parecía inalcanzable. El equipo del cineasta logró el material indispensable para grabar la búsqueda de los cuerpos de la mano de los arqueólogos y sus familias. La hazaña tuvo lugar en julio de 2023. “Estaba planificada para hacerla en tres días. Lo primero que encontramos fue una fosa vaciada. Un vecino nonagenario dijo que los cuerpos estarían unos metros más allá, y ahí que estaban. Los encontramos dos días después”, completa San Julián.

Los huesos de José Sahuquillo, José Tendero y Dídimo Martínez aparecieron debajo de los restos de tres bebés no bautizados. Las cámaras de Esperanza Films —nombre de la productora— grabaron todo el proceso, también las lágrimas, incluso sonrisas, que se derramaban por el rostro de los familiares al conocer el hallazgo. En total, 60 horas de grabación en las que se llegó a ver una imagen almodovariana: “Mientras los arqueólogos trabajaban en la exhumación, las señoras estaban sentadas como en un corro manchego, hablando de sus cosas, vestida cada una de un color”, describe el director.

La ficción de una realidad cruda

En marzo de 2024 se cerró la herida, al menos para estas tres familias. Un entierro con orquesta republicana y puños en alto puso el punto y final a una larga lucha contra el olvido. Los seres queridos de Antonio Beleña todavía sobreviven al día a día sin saber dónde reposa su cuerpo. Sin embargo, para el equipo de San Julián se abría otro proceso: hacer realidad lo planteado al principio, llevar a escena y producir su relato original, titulado 80 años. 

Reconvertida en Bajo tu piel, que llega a las tablas por primera vez acogida por el Teatro del Barrio, en Lavapiés (Madrid), la historia nos obliga a mirar hacia abajo, desenterrar el pasado. “Si alguno puede soñar, que sueñe. Ese mundo que todos hemos perseguido, ese mundo aún no ha llegado”, tal y como dice uno de los personajes durante la función. A lo largo de la trama, varios momentos levantan la esperanza de los enterrados, muertos sin saberlo, al escuchar pasos, lloros y movimiento sobre sus cabezas. Abajo, cigarrillos y un libro se convierten en el mayor pasatiempo. El agua filtrada por las rocas y la arena, su alimento. 

Como si de un mantra se tratara, un pequeño diálogo se repite entre los cuatro: “Eso es lo que quieren, que nos volvamos locos y nos matemos entre nosotros”, comienza. “Eso que se ahorran”, responden. “Munición segura”, terminan. Mientras tanto, la bombilla siempre se enciende después de apagarse, hasta que unos 60 minutos después de su primer fogonazo, la luz decae. “Son meses que parecen años. La vida entera”, dicen.

Décadas de silencio

María Dolores Tendero Ramírez es la nieta de José Tendero Martínez, labrador y último alcalde de Madrigueras (Albacete) antes de estallar la guerra en julio de 1936. La voz de esta ordenanza de instituto se quiebra al hablar del silencio que vertebró la no conversación fraguada en torno a lo sucedido: “Mi padre, Andrés Tendero Carretero, jamás habló de esto, nunca. Mis hermanos a lo mejor sabían algo porque eran mayores, y mi madre a veces decía algo, pero mi padre nunca. Él sentía un dolor tan grande por mi abuelo que no quería transmitirlo”.

José Tendero militaba en Sol Naciente, un sindicato adscrito a la UGT. Primero como concejal por el grupo socialista en los primeros años de la década de 1920, en 1936 volvió a la corporación municipal. Más tarde, una enfermedad le obligó a dimitir como regidor, y permaneció como edil hasta el final de la contienda. Quedaba poco para su final. Según la sentencia, la detención tuvo lugar el 4 de abril de 1939, aunque la denuncia llegó cinco días más tarde. “Es un caso muy raro, pero los condenaron rápidamente. El 25 de abril ya estaban sentenciados a muerte por un tribunal de La Roda”, añade María Dolores a sus 61 años.

Nunca se les olvidará. El 7 de agosto de 1939 los mataron en Chinchilla de Monte-Aragón, donde aparecieron sus restos hace unos tres años. “Lo que más me pesa es que hayan pasado tantos años. Yo estoy muy orgullosa de mi abuelo. Mi padre siempre decía que era muy buena persona”, dice la nieta de José Tendero.

La misma fecha persigue desde que lo supo a María del Pilar Orozco Sahuquillo, bisnieta de José Sahuquillo, teniente de alcalde de Madriguera, labrador y bodeguero. Siempre que ella, llevada por una curiosidad que nació a edad temprana, preguntaba a su abuelo, Andrés Sahuquillo, por lo sucedido, recibía la misma respuesta: “Que te calles”. Como tantos otros miles, el delito de José Sahuquillo fue mantenerse leal a la legalidad republicana, lo que años después sería castigado como un delito de auxilio a la rebelión. 

Este militante socialista, cuñado de José Tendero, llegó a ser alcalde de Madrigueras durante un tiempo. De hecho, la familia todavía conserva el bastón de mando. “No sabemos por qué, porque aquí nadie ha hablado en mucho tiempo, pero él terminó como alcalde”, destaca la bisnieta. Por otro lado, María del Pilar critica la “desconsideración” que el PSOE albaceteño ha mostrado por la exhumación de uno de sus militantes asesinados por los franquistas. 

“Yo no sabía por qué tenía tanto interés en conocer más a este hombre de mi familia, pero que nunca conocí. Me dijeron que había heredado el dolor, algo que normalmente nos ocurre a las mujeres. El día que abrieron la fosa y supe que ahí estaba mi bisabuelo, ese día se me quitó ese dolor”, relata la misma María del Pilar. Era como si siempre hubiera estado esperándoles, añade. “Encontrarles y poderles enterrar significa haber hecho justicia, por fin, tras tantos años de silencio e invisibilidad”, admite.

Un médium contra el dolor enquistado

En ‘Bajo tu piel’, el actor Aníbal Soto da vida a José Sahuquillo. Al igual que sus compañeros de elenco Iván Villanueva, Javier Lera y Antonio Chamizo, su cuerpo intenta convertirse en una suerte de médium mediante el que comunicarse con el público, con los vivos. “Sabemos que bajo estos nombres encarnamos a muchísimas personas que aún necesitan justicia. Siguen siendo seres humanos que, aunque fallecidos, representan una vida que continúa en el recuerdo de las personas que les esperan”, comenta.

Soto resume la obra como una forma de habitar la duda de si alguien volverá a por esos cuerpos inertes, asesinados, que también se entrelaza con la de sus familiares: “La voz de los que estamos ahí dentro es la de sus allegados pidiendo que por favor nos saquen”, concede el actor. Él mismo finaliza: “Solo queremos que este dolor enquistado en muchísimas familias, transformado en traumas, en formas de ver el mundo, en un maltrato para buena parte de la población, que de una vez por todas esta deuda quede satisfecha”.

Los 2.000 vecinos de Pozuelo de Alarcón que la asociación de afectados calcula que existen por la construcción de un recinto ferial, un palacio de congresos y un hotel cerca de sus viviendas respiran algo más aliviados desde hace unos días. Un tribunal ha acordado como medida cautelar que las obras del proyecto no podrán comenzar hasta que haya sentencia firme sobre las consecuencias que puede acarrear su edificación. Los damnificados denuncian que no existe un informe medioambiental actualizado y temen ser víctimas de los problemas de tráfico y ruido que se generarían, mientras que el Consistorio defiende la construcción de estos enclaves al ser “fuente de riqueza y empleo”.

Javier Cabo, presidente de Pozuelo por la Calidad de Vida y contra el Ruido (POZCAVIR), afirma que la tramitación de la documentación por parte del Ayuntamiento “carece de todos los estudios pertinentes que se deben realizar” si se quiere realizar un proyecto de tales características. Tras agotar la vía municipal, la entidad acudió al tribunal de lo contencioso-administrativo. No les han dado la razón todavía, pero entienden que el magistrado ha apreciado indicios de que “estas obras podrían causar daños irreversibles sobre el entorno natural y residencial”.

Sin embargo, el Ayuntamiento liderado por Paloma Tejero (PP) ha señalado a elDiario.es que cuentan con varios informes favorables a la intervención. Citan uno fechado en diciembre de 2023 y emitido por la Comunidad de Madrid. En él se recoge que “no se observan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, ni valores de vulnerabilidad del terreno objeto del planeamiento urbanístico”. Ante dicho extremo, Cabo incide en que ese dictamen fue emitido antes de darse a conocer el pretendido destino final de los terrenos. “Un informe ambiental general en el que no se concreta qué se va a construir lógicamente no sirve para nada”, defiende el pozuelero.

El Ayuntamiento, por su parte, afirma que también existe un informe favorable de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, tal y como ya han aportado al juzgado. A ello se suma un pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues el recinto podría afectar al arroyo de La Plata, en el que se recoge que “esta intervención urbanística constituye un impacto ambiental negativo de escasa entidad, ya que las comunidades vegetales más interesantes se han integrado en la ordenación propuesta”.

El presidente de la asociación de afectados se retrotrae al informe medioambiental realizado de forma previa al conocimiento del uso final de la parcela para “invalidar” todas las resoluciones posteriores. “Una vez que en enero de 2024 descubren la verdadera finalidad del terreno es cuando deberían haberlo pedido, y no antes”, sostiene el mismo Cabo.

Sin obras hasta la sentencia

Sin embargo, el tribunal de instancia competente ha acordado admitir y aplicar las medidas cautelares solicitadas por POZCAVIR, lo que supone la paralización del proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Pozuelo. La asociación ha destacado que “la adopción de medidas cautelares implica que el juzgado aprecia riesgo de daños irreversibles y la necesidad de proteger el entorno mientras se analiza la legalidad del proyecto”.

Ante este último movimiento a nivel judicial, el Ayuntamiento ha precisado que apenas afecta al futuro del enclave. Ya decidieron hace un mes y medio no iniciar las obras. “No queríamos que nos pillara con las obras recién iniciadas, lo que habría puesto en peligro la celebración de las fiestas de septiembre en esa misma parcela, que es en realidad lo único que pretende POZCAVIR. Así, nos quedamos como estábamos hasta que el juez decida y seguimos celebrando las fiestas en el mismo sitio y como en los últimos años”, han explicado.

Los mismos terrenos ya han sido utilizados hasta en cuatro ocasiones por el Ayuntamiento a lo largo de los dos últimos años, tanto para celebrar las fiestas patronales como para festejar con una macrofiesta la nochevieja. Fátima Arranz, cuya vivienda se sitúa a 300 metros del epicentro del ruido, ha sido una de las vecinas que ha sufrido las consecuencias: “Ya hemos visto cómo en esas ocasiones la primera entrada a Pozuelo desde Madrid se congestiona y hay problemas con el servicio de los autobuses”.

Esta antigua profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que vive en el municipio desde 1994, enfatiza que el proyecto del recinto ferial y palacio de congresos es la forma de comenzar a urbanizar esa parte de Pozuelo, pegada a la Casa de Campo y el madrileño barrio de Aravaca. “No creo que el Ayuntamiento se eche para atrás porque urbanizar da muchos millones. Al menos la Justicia parece que funciona, porque es increíble que en todas las capitales europeas quieran recuperar los espacios verdes y aquí los estemos liquidando”, critica a sus 69 años.

Los vecinos se sienten respaldados por la Justicia

Desde POZCAVIR reiteran que la meta que persigue el Ayuntamiento es transformar “un espacio que actualmente actúa como zona de transición natural y pulmón verde, sustituyéndolo por infraestructuras destinadas a grandes eventos”. Contraria es la postura que esgrime el Consistorio, desde donde defienden el proyecto porque “el sector de los negocios y congresos es una fuente de riqueza y empleo de Madrid, hasta el punto de que hay mucha más demanda que oferta, por lo que, para un municipio como Pozuelo, tan cerca de la capital y con el atractivo de esta ciudad, es una oportunidad de seguir generando riqueza y empleo”.

Del mismo modo, argumentan que ubicar en ese espacio el recinto ferial es “idóneo”, pues antes las fiestas tenían lugar en el centro del pueblo, “lo que impedía organizarlas con más seguridad y menos molestias, como muchos vecinos reconocen y agradecen desde que se hacen en esa zona la avenida de Europa”, siempre según la versión aportada por el Consistorio.

Muy diferente es lo que opina Enrique Giménez, vecino de esta misma avenida, donde se concentra la mayoría de afectados: “Las medidas cautelares son un reconocimiento al desastre que puede suponer la urbanización y posterior construcción en la zona”. Este economista de 58 años expone que “como español me he sentido respaldado por un estado de derecho que hasta el momento parecía que no me estaba representando”. Además, admite que hasta el momento se han sentido “huérfanos e ignorados”.

La opinión de Giménez es una de las tantas que desde POZCAVIR recogen día tras día. “Los vecinos de Pozuelo vivimos aquí por lo que representa el municipio, no por tener unos servicios en una ubicación equivocada y absurda. Estamos aquí porque queremos tranquilidad y descanso, y queremos que eso siga así, que es para lo que contribuimos con nuestros impuestos”, desarrolla tras más de doce años como residente en la localidad.

Sin acercamiento de posturas

Cabo, el presidente de POZCAVIR, reclama que el Ayuntamiento reciba a los afectados, algo que nunca ha sucedido, tal y como critica. “Se cierran en banda y repiten una y otra vez que tienen mayoría absoluta y que esto estaba en su programa electoral. Lo que no dicen es que en su programa electoral también ponía que el recinto estaría alejado de las zonas residenciales”, puntualiza el activista. El Ayuntamiento ha matizado que la alcaldesa escuchó al vecindario. Aquello fue en febrero de 2025, cuando no se había creado aún POZCAVIR. Precisamente, fue después de esa cita cuando los afectados comenzaron a pergeñar la creación de la asociación, cuya primera junta se celebró en mayo del mismo año.

Por el momento, los vecinos organizados en la asociación esperarán la resolución judicial definitiva. Según sus abogados, el desenlace final todavía podría tardar en llegar un año. “Nuestra expectativa es que el Ayuntamiento se dé cuenta de la barbaridad urbanística que está cometiendo y del enorme perjuicio que está causando a los vecinos”, concluye el presidente. A la par, desde el Consistorio repiten que tienen “plena confianza de que este proyecto cumple todos los requisitos, incluidos y sobre todo los medioambientales”.

Desde hacía dos meses, la esperanza había vuelto a gran parte de la sociedad española. El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 trajo consigo aires de renovación ante un bienio derechista anterior en el que se legisló contra los avances sociales de los primeros años republicanos. El impulso de una educación laica, mixta y pública pronto volvió a tomar fuerza. Tan solo en Madrid, en abril de aquel año y tres meses antes de la sublevación militar, cuatro nuevos grupos escolares poblaron sus calles en el barrio de las Letras, Usera, Batán y Casa de Campo. Bienvenidos, bienvenidas, a este peculiar paseo por una capital que irradiaba ilusión ante el porvenir.

El guía principal de esta ruta es Carlos Díez Hernando, pedagogo jubilado e investigador y divulgador de la educación durante la Segunda República. Forma parte de la asociación Calles Dignas – Justa Freire, impulsora de la actividad con la que este domingo, 19 de abril, visitarán los cuatro grupos escolares inaugurados el martes 14 de abril de 1936. La teatralización está servida. Díez hará las veces de un periodista, becario del ‘Ahora’, enviado por Chaves Nogales al evento.

El periódico mencionado publicó una pequeña nota sobre la creación de los cuatro nuevos grupos en su edición del día siguiente. El último en hablar aquella jornada fue el ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo. “Se congratuló de la obra de asistencia que el pueblo presta a estas mejoras escolares y terminó enalteciendo la obra de la democracia, que es creadora de la única aristocracia que él admite: la del espíritu”, recogieron en la crónica sin firmar.

La nueva pedagogía llega a España

Díez ubica en aquel abril de 1936 un estado eufórico ante la derrota de la derecha de la CEDA. “En el primer bienio republicano se inauguraron 18 grupos escolares en Madrid. Con la derecha en el poder, solo dos, y tras la victoria del Frente Popular, en apenas unos meses antes de la guerra, cuatro”, cifra. Es de esta forma como el Gobierno intentaba paliar la gran cantidad de pequeños sin escolarizar.

Desde el punto de vista del pedagogo, no solo se trata de un fenómeno llamativo a nivel cuantitativo, sino cualitativo, basado en el artículo 48 de la Constitución aprobada en 1931. “Ahí se establece que la educación es responsabilidad exclusiva del Estado. También es una educación que asume las innovaciones de la llamada Escuela Nueva llegada desde Europa”, añade Díez.

Se refiere a la introducción de nuevos métodos con los que enseñar a las pequeñas e incipientes mentes frente a la educación tradicional, como el Freinet y el Montessori. Ello fue posible por la formación de los maestros y maestras más allá de las fronteras españolas gracias a las becas de la Junta de Ampliación de Estudios y la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

La escuela irradia cultura

Victoria Martínez Latorre, docente jubilada, este domingo se convertirá en la maestra Justa Freire. “En 1931, en Madrid había unos 40.000 niños y niñas en las edades obligatorias de escolarización, de los 6 a los 12 años”, apunta. Por otro lado, esta profesora recalca que la arquitectura de los colegios que ocuparon estos grupos escolares también estaba pensada al milímetro. “Algunos de ellos siguen utilizándose como colegios y podemos apreciar su gran iluminación y cantidad de espacios y galerías que creaban un ambiente limpio y bello, saludable, en realidad”, agrega.

Este último factor no es baladí. La escuela podía ser el único lugar en el que niños y niñas recibieran una revisión médica o una comida completa y sana al día. Asimismo, la escuela se convirtió en el epicentro de un potencial infinito: la creación y el disfrute de la cultura. Martínez explica que este tipo de pedagogías incorporaron la enseñanza de las artes, en su sentido más amplio, a través de la pintura, la música, la lectura y los coros. “Así, la cultura también salía hacia fuera, hacia las familias de los niños y niñas”, apunta.

Autoridades republicanas escuchan problemas actuales

Este domingo, la asociación Calles Dignas – Justa Freire se vestirá con sus mejores galas para acercarnos a los cuatro grupos escolares inaugurados en aquel quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República. A lo largo de esta ruta que se prevé de más de tres horas de duración y varios viajes en metro, aparecerán hasta 32 personajes, a través de los que se abordarán temas como la educación infantil, el laicismo en las aulas, la coeducación y la educación rural.

La primera parada está en el actual colegio Fernández de Moratín, un parvulario recién inaugurado hace nueve décadas con el mismo nombre. Ahí aparecerá la comitiva integrada por el ministro de Instrucción Pública, Domingo, el presidente interino del momento, Martínez Barrio, y el concejal y gran artífice de la educación en la capital, Andrés Saborit, quienes estarán acompañados de la directora del centro, Emilia Olaya.

Los intérpretes comentarán la necesaria educación infantil de la que adolecían los críos de menos de 6 años de la mano, también, de Bernardo Giner de los Ríos, ideólogo de la arquitectura del centro y sobrino de Francisco, fundador de la ILE. Entrará en juego la asociación vecinal Manzanares – Casa de Campo con la participación de varios madrileños de la zona, quienes expondrán a las autoridades republicanas los actuales problemas a nivel educativo que atraviesa el barrio.

Apropiación del patrimonio

La comitiva recalará en el actual colegio Divino Maestro, antiguo grupo escolar Pedro Atienza, ubicado cerca de Lucero. Sin director oficial por aquel entonces, será Julia Álvarez Resano, directora del grupo escolar Rosario Acuña y una de las cuatro mujeres diputadas en Cortes en 1936, quien represente a la dirección. Tras un pequeño homenaje en la Casa de Campo para recordar cómo la República abrió el enclave al pueblo, llegarán al lugar que ocupaba el grupo de Pedro Atienza, donde hablarán sobre la educación laica.

Díez cuenta que se llamó así porque un vecino de Carabanchel, propietario del solar, donó los terrenos al Ayuntamiento para levantar la escuela. “A finales de 1940, el Estado transfirió el centro a una congregación religiosa, así que denunciaremos la pérdida de patrimonio. Ahí debería haber ahora mismo un colegio público, y no uno religioso”, sostiene el pedagogo.

Ángel Llorca, el maestro de maestros

La visita continuará en el colegio Jorge Manrique, en el barrio de Usera, donde hace 90 años estaba el grupo escolar Lope de Vega. En este caso, la conversación versará sobre la inspección médica – escolar a través de Enrique Jaso, histórico galeno que años más tarde adquiriría una importancia inusitada a la hora de proteger a los niños más desfavorecidos por la guerra. Junto a él estarán el director del grupo, Nicolás Escamilla, y otros tantos directores, como Sidonio Pintado, Virtudes Luque, Juliana Torrego y Rosalía de Prado.

El recorrido proseguirá hasta la estatua de Claudio Moyano al inicio de la cuesta que lleva su nombre, muy cerca de Atocha. Allí estará esperando Ángel Llorca, director del grupo Cervantes y, de alguna manera, maestro de todos estos directores regeneracionistas. “Era muy veterano, pero también su referente. Se jubiló poco antes del inicio de la guerra”, detalla Díez. Será él quien hable sobre la ILE, la pedagogía que practicaba y su influencia en el nuevo cuerpo docente.

La maestra republicana María Sánchez Arbós, directora del grupo escolar Francisco Giner de los Ríos, también reflejará su experiencia sobre la coeducación. Lo mismo sucederá con Pablo de Andrés Cobos, director del Claudio Moyano, quien añadirá algunos comentarios sobre la educación rural, mundo del que procedía. Al pequeño coloquio se unirá Ricardo Esparza, maestro navarro que ejercía en el grupo escolar Montesino.

Desde el inicio de la Cuesta Moyano por el Paseo del Prado, se desplazarán hasta el actual colegio Palacio Valdés, antigua ubicación del grupo escolar López Rumayor. “Rumayor era un empresario de la hostelería al que le iba bien en los negocios, y aun así estaba plenamente identificado con el proyecto republicano. Aportó el dinero necesario para crear el grupo escolar que después llevó su nombre”, expone Díez.

Más allá de la participación de la asociación vecinal Sol y Letras, en este enclave aparecerá el director del grupo, Enrique Cubillo de la Fuente, también encargado de las colonias escolares de verano. “La República intentó organizarlas para que los niños que no tenían la posibilidad de salir de Madrid durante el verano, pudieran hacerlo”, explica el integrante de Calles Justas. La ruta se cerrará en torno a las 13.00 horas con la actuación del coro de la Solfónica, que representará a sus colegas del coro de las Misiones Pedagógicas, a las que homenajearán de esta manera antes de unirse a la manifestación por la educación pública que discurrirá por el centro de la capital en esos momentos.

Los sindicatos de funcionarios de prisiones llevan años reivindicando la jornada de 24 horas. Aseguran que mejora la relación con el preso y descienden los conflictos. Por el contrario, varios informes internos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y diversos expertos en derecho penitenciario alertan de los efectos perjudiciales que una jornada de este tipo puede tener tanto para los trabajadores como para los internos. Otras fuentes cercanas a la Administración penitenciaria denuncian que la reclamación de los representantes de los trabajadores solo es una excusa para poder disfrutar del máximo de días libres seguidos, una exigencia que se les podría conceder en favor de la paz social entre los sindicatos y la propia Administración.

Desde el franquismo no opera en España esta jornada de 24 horas, a excepción de los meses de emergencia sanitaria provocada por la Covid. El último centro en volver al horario habitual ha sido la prisión de Zaballa (Araba), el 1 de abril de este año. Joaquín Leiva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT), defiende que en los meses en los que funcionaron con este turno en 2020 “se evidenció un descenso en los conflictos entre internos y en las incidencias con ellos en el turno de noche”.

Según apunta este sindicalista, ese fue el resultado de la continuidad de los funcionarios de prisiones del turno de día con el turno de noche. Los datos que manejan desde Acaip-UGT, quienes aseguran que han sido aportados por Instituciones Penitenciarias, reflejan que en 2020 se dieron 4.333 agresiones entre internos, frente a las 5.367 agresiones del mismo tipo reflejadas en 2025. Sobre las agresiones a trabajadores penitenciarios, cifran en 176 las que se dieron en 2020, frente a las 529 de 2025. 

Los expertos enfatizan la falta de realidad en los datos, pues en 2020 los presos se encontraban el mayor tiempo del día en sus celdas. Asimismo, Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), precisa que “la interrupción del contacto con el exterior redujo la entrada de drogas en prisión, una de las principales fuentes tanto de sobredosis como de la conflictividad entre internos”.

Exigen un proyecto piloto

Leiva reitera que el turno de 24 horas establece una continuidad en el servicio que favorece que “el seguimiento del interno sea infinitamente mejor”, y lo compara con los horarios con los que trabajan los bomberos y sanitarios. Precisamente, este último colectivo lleva meses movilizándose y yendo a la huelga para terminar con las guardias de 24 horas, tanto por razones de calidad asistencial con el paciente por la falta de descanso como por conciliación personal y familiar. 

Jorge Vilas, responsable nacional de CSIF Prisiones, precisa que este turno es “beneficioso” para todas las partes de la institución. Desde su punto de vista, que un funcionario que ha trabajado a lo largo del día también lo haga por la noche posibilita que conozca lo sucedido durante su jornada para así poder atajar de la mejor manera posible cualquier incidente nocturno.

Este representante sindical añade que la instauración del turno de 24 horas no solo acarrearía una mejora económica en los trabajadores, que se ahorrarían “muchos desplazamientos”, sino que este aspecto también mejoraría su conciliación. Ante las posturas que indican que este horario repercute negativamente en la calidad del servicio, Vilas quita peso al cometido de sus compañeros y responde que “por la noche los funcionarios solo vigilan que no pase nada”. Por ello, exige que en España se desarrolle un proyecto piloto para ver claramente las consecuencias del horario que proponen.

Informes de Instituciones Penitenciarias lo desaconsejan

Esa exigencia que enuncia Vilas llegó por primera vez hace unos tres años a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Fue entonces cuando sus diferentes unidades emitieron un informe posicionándose. En uno de ellos, dejaron por escrito que “las jornadas de trabajo de 24 horas abonan el camino de un modelo de organización securitario y donde los procesos de bunkerización se consolidarán y se saldrá de la cabina para intervenir en un conflicto, no para observar preventivamente, no para organizar sesiones terapéuticas o una actividad cultural”, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

El mismo informe recoge que “no se alcanza a ver ningún aspecto positivo que para la población reclusa pueda tener acumular 24 horas de trabajo” y que “valorar el régimen horario del personal penitenciario debe tener como primer objetivo el mejor cumplimiento de los fines de esta institución”.

Otro de los informes emitidos señala que en noviembre de 2022 hasta 12 países de la Unión Europea respondieron sobre su realidad con las jornadas de 24 horas en el funcionariado de prisiones. Las conclusiones generales subrayaron que “las jornadas largas de trabajo tienen consecuencias negativas en la interrelación con las personas privadas de libertad, dado que el estrecho contacto con ellas conlleva agotamiento y estrés”. La valoración global de este turno fue “negativa”, incluso por los estados que la utilizan. 

Las conclusiones de este documento valoran que el sistema penitenciario español es el instrumento para reeducar y reinsertar socialmente a las personas condenadas a penas y medidas privativas de libertad. Este cometido se ve perjudicado “por la realización de una jornada de trabajo que, alargándose durante 24 horas, se empobrece enormemente, por el agotamiento y el estrés que el propio horario conlleva”.

Agotamiento físico, emocional y mental

Las expertas también se oponen a la medida. Rodríguez, la catedrática de Derecho Penal, reconoce que este turno tiene “difícil encuadre” en la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales vigente. Más allá de eso, no recomienda la jornada de 24 horas por la exigencia del cometido de los funcionarios de prisiones que, “mantenida de forma sostenida en el tiempo, puede dar lugar a situaciones de desgaste y estrés continuado que acaben en agotamiento físico, emocional y mental”, en sus propios términos.

Asimismo, incide en que otro posible efecto negativo que puede provocar este horario es su impacto en el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de la plantilla. “La realización de jornadas de 24 horas impide la conciliación familiar y esto es algo que afectaría tanto a hombres como a mujeres. Y, no nos engañemos, en una sociedad en la que todavía gran parte de la carga familiar recae desigualmente en las mujeres, el establecimiento de jornadas de 24 horas puede perjudicar más a las funcionarias”, apunta la catedrática.

En cuanto al argumento de que con esta jornada se puede conocer mejor al recluso, Rodríguez asevera que “este tipo de relación resulta más difícil de sostener en situaciones de agotamiento, fatiga o burnout, a las que pueden conducir turnos de trabajo de 24 horas”. Y añade: “Ello puede provocar un deterioro de esa interacción positiva con las personas privadas de libertad, dando lugar a la aparición de mayores conflictos y, en último término, a un recurso más frecuente a la respuesta disciplinaria como vía de solución”.

Similar es lo que opina Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y antiguo director general de Ejecución Penal del Gobierno vasco: “Es evidente que un trabajador penitenciario cansado no va a hacer bien su trabajo con turnos tan largos, al igual que no lo haríamos ninguno en nuestros puestos de trabajo”. También critica que para las personas presas no exista un funcionariado de vigilancia de referencia. “Estas personas no pueden establecer una relación con ellos porque cambian constantemente de turno y luego desaparecen incluso semanas”, sostiene este especialista.

Aceptar las 24 horas para conseguir la paz social

No volver a trabajar varias jornadas después de realizar seguidos el turno de mañana, tarde y noche es el motivo principal que ven fuentes internas de la Administración penitenciaria para que los sindicatos exijan la jornada de 24 horas. Si se admitiera su reclamación, trabajarían 40 horas en dos días, y descansarían cinco. Es decir, trabajarían al año 92 días, a los que habría que descontar vacaciones y asuntos propios. “Es obvio que estarían menos días reales de trabajo en el centro, lo que impide una continuidad en la actividad laboral. Además, no sería un servicio continuo, sino que dentro del turno de 24 horas se estarían pagando ocho horas de descanso, que es lo que marca la legislación laboral”, enfatizan estas fuentes.

Al igual que lo recogido en los informes, estas voces defienden que las jornadas de 24 horas en las prisiones son “un atavismo, propio de un sistema penitenciario que pivotaba sobre la seguridad, heredado del franquismo y que incide en un modelo de organización securitario, en una labor de vigilancia pasiva o estática”. De esta forma, reconocen que instaurar estos turnos “supondría volver a un modelo organizativo superado y contrario al nuevo enfoque de seguridad dinámica que impera nacional e internacionalmente, dificultando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas entre el personal y las personas privadas de libertad”.

A pesar de los dictámenes que desaconsejan el turno de 24 horas en los funcionarios de prisiones, algunos integrantes de la Secretaría General temen que la Administración lo acepte para contentar a los sindicatos. Según remarcan, el temor proviene de la postura “tibia” que parece tener Instituciones Penitenciarias ante una cuestión de tal relevancia y la “falta de firmeza” ante esta reivindicación sindical, ya que entienden que “no se puede priorizar la paz social con las organizaciones sindicales al cumplimiento de nuestra finalidad constitucional”.

Por ello, consideran que acceder a un proyecto piloto supondría un retroceso difícil de reconducir en el futuro. “Es un cambio de paradigma contrario al espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria que no ha sido cuestionado hasta la fecha en los más de 40 años de vigencia y que va en contra de los criterios y estándares internacionales”, concluyen.

Desde Instituciones Penitenciarias no han respondido a las cuestiones planteadas por elDiario.es. Sin embargo, sí han apuntado que las veces en que se ha evaluado la jornada laboral de 24 horas “se ha considerado no beneficiosa para el servicio público”. Según agregan, “si se vuelve a plantear, se estudiarán todos los elementos que se incluyan en dicha reivindicación, como en cualquier otra propuesta de las organizaciones sindicales”. 

Eso es lo que ha hecho el mismo Vilas por parte de CSIF Prisiones, que el pasado 13 de marzo solicitó que se convocara con carácter urgente el Grupo de Trabajo de Jornada y Horarios de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que está representada la Administración y los sindicatos, además de Acaip-UGT y CSIF, CC. OO., CIG y ELA, quienes también apoyan la medida.

La película debut del director de cine Alejandro Amenábar ha vuelto esta mañana al lugar donde nació. El mismo salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que aparece en Tesis, hito del cine español, ha terminado abarrotado hasta los suelos por la proyección de esta cinta cuando se cumplen tres décadas desde su estreno. Unas 360 personas han podido disfrutar de este pase tan especial. La mayoría, veinteañeros entre los que se contaban algunos que nunca habían visto el largometraje. En el coloquio posterior, el director ha anunciado una remasterización de la cinta para poderla apreciar a la misma velocidad a la que actuaron los personajes.

El 12 de abril de 1996 Amenábar acababa de cumplir 24 años. Imbuido en unos estudios de Imagen que nunca llegaría a terminar, culminó su paso por la Facultad con una tesis muy personal. La grabación tuvo lugar durante las vacaciones de verano de 1995 a lo largo de cinco semanas y media en las que se rodó una película de dos horas. El ritmo fue de unos 20 planos rodados cada jornada.

Tal hazaña le mereció al director un reconocimiento casi sin igual en los Premios Goya de aquella temporada después de recaudar más de 2,6 millones de euros en las salas. Ganó siete estatuillas, incluidos el galardón a mejor película, mejor dirección novel y mejor guion original. Tesis, producida por José Luis Cuerda, impulsaba a un joven Amenábar a un estrellato que después ha confirmado con trabajos como Ágora, Mientras dure la guerra, Los otros y El Cautivo. Demostraba, además, que en España se podía hacer cine de género, conquistar la taquilla y arrasar en los premios. Su llegada, junto a la de otros cineastas como Álex de la Iglesia, cambió el paradigma de lo que era el cine español. 

En torno a las 9:00 varias personas ya se apostaban a la entrada del salón de actos. Quedaban dos horas para el inicio de la proyección. El vestíbulo de esta Facultad brutalista con aroma a búnker pronto comenzó a llenarse de una larga cola serpenteante. Como si la gente, esperando y de forma inconsciente, mapeara en la superficie los pasillos sinuosos que se esconden en las plantas subterráneas. Han sido esos mismos pasillos, transitados por centenares de estudiantes cada día y utilizados por Ángela (Ana Torrent), Chema (Fele Martínez) y Bosco (Eduardo Noriega) para sus escaramuzas en la ficción, los que pronto han adquirido la importancia que Tesis les confirió.

Una película más lenta

El visionado no ha sido algo habitual. Los vistazos al móvil del público se conjugaban con algunos grititos de miedo por el devenir de la película, acompañados de la risa nerviosa posterior de los más asustadizos. 

La cinta dura 125 minutos. Eso es lo que han tardado las luces del salón de actos en volverse a encender. También ha sido uno de los grandes temas abordados en el coloquio posterior. “La película nace con un defecto formal, y es que se rodó a 25 imágenes por segundo porque había muchas grabaciones al televisor. Al proyectarse a 24 frames por segundo, la película discurre un 4 o 5% más lenta”, ha explicado Amenábar al público.

Es decir, la Tesis que siempre hemos visto dura unos cinco minutos más que si la visualizáramos a la velocidad a la que actuaron los actores. “Ahora trabajamos para estrenar una remasterización para corregir eso y abrir más el sonido y crear mejor las atmósferas”, ha anunciado el director.

Evitar lo explícito del terror

Como si de una rueda de prensa se tratara, el alumnado de Ciencias de la Información ha aprovechado la oportunidad de dejarse guiar por una de las mayores figuras cinematográficas de España. Las preguntas se han sucedido. La primera pedía un consejo. Así ha respondido Amenábar: “Un rodaje es una carrera contrarreloj y optimizar, no solo los recursos, sino todo en general, es bueno, tanto en el rodaje como en la vida”.

Lo acojonante es que 30 años después salgan los documentos de Epstein y te des cuenta de que la maldad humana es capaz de esto y de mucho más

Alejandro Amenábar — Cineasta

Al alumnado con la mirada más agudizada no se le ha pasado por alto la forma en que Amenábar transmite el terror en esta obra, evitando en gran medida lo explícito y centrándose en la respuesta que provocan. “Sabía que tendría más impacto la reacción de la protagonista, más fuerza en su expresión viendo las imágenes gore, que las imágenes en sí”, ha respondido el también responsable de la mayoría de las bandas sonoras de sus creaciones. 

De todas formas, el desarrollo de Tesis surgió de una duda. Es la primera escena de la película. De camino a la facultad, Amenábar tuvo que apearse del tren. Alguien se había tirado a las vías. “Habías dos tipos de gente. Los que querían ver a ese hombre partido por la mitad y los que nos retirábamos para evitarlo”, recuerda. Y añade: “Si pudiera hacer la película de nuevo, se verían incluso menos imágenes de las que se ven o sugieren en la pantalla”.

José Luis Cuerda, un segundo padre

La humildad con la que habla el ganador del Oscar en 2004 por Mar adentro, que según ha reconocido el aspecto de la iluminación es el que menos maneja, ha quedado patente en las palabras que ha compartido esta mañana. Por ejemplo, ha asegurado que sus películas son resultado de “todo lo que he visto, leído y conocido”. Así, Tesis bebe de otras producciones como Vértigo, de Alfred Hitchcock, Coma, de Michael Crichton, e Instinto básico, de Paul Verhoeven.

A la hora de hablar de referentes, Amenábar ha subrayado la impronta que José Luis Cuerda, director de la mítica Amanece que no es poco y productor de Tesis, ha dejado en él. “Era una persona que reivindicaba el pasado, pero también una persona muy moderna”, ha apuntado. Sin embargo, algo les diferenciaba a la hora de enfrentar un rodaje. “Él vivía la pesadilla del rodaje con arranques de mal humor, se encendía con mucha facilidad, pero tenía la capacidad de apagarse y envainársela muchas veces, y disculparse cuando había sido grosero”, ha añadido el mismo Amenábar, quien ha aceptado que Cuerda fue como un segundo padre para él.

La nueva difusión de imágenes violentas

Muchas cosas han cambiado en Amenábar desde aquellos 23 años en los que se despertaba a las dos horas de cerrar los ojos durante la grabación de Tesis. Ahora ha conocido lo que es la higiene del sueño, y duerme como un bebé, asegura. De todas formas, lo que no ha variado es su ilusión por hacer cine y su esfuerzo porque la música de sus largometrajes enfrente bien el paso del tiempo.

La sociedad también ha evolucionado en estas tres décadas. A pesar de que el elemento tecnológico que vertebra la cinta está más que superado, aquellas cámaras de vídeo Sony capaces de realizar zoom digital y que eran la joya de la corona, no sucede así con uno de sus grandes temas. “Desde el punto de vista de cómo actuar ante la difusión de determinadas imágenes, la película continúa vigente, sobre todo con la aparición de Internet y las redes sociales. Lo acojonante es que 30 años después salgan los documentos de Epstein y te des cuenta de que la maldad humana es capaz de esto y de mucho más”, ha finalizado el aclamado director.

Elisa Carbonell es una de las cientos de personas en España que en los últimos años ha apostado por opositar como forma de encontrar un trabajo estable. Sabía que no sería un camino fácil. El primer escollo que encontró fue tener que pagar para acceder al temario del que se terminaría examinando. La recién creada biblioteca digital de temarios de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una iniciativa altruista que ayuda a más de 6.500 opositores de todo el país, supuso un pequeño salvavidas para evitar un desembolso que, en su caso, ascendía a más de 400 euros. Atrás quedan los negocios con antiguos opositores que venden sus apuntes y la casi necesidad ineludible de apuntarse a una academia privada para conseguir estos contenidos.

La ECAP nació con el espíritu de democratizar el acceso a la función pública. Esta idea primigenia pasa por politizar este derecho para toda la ciudadanía que, sin embargo, no su totalidad tiene la posibilidad de disfrutar debido a barreras económicas y geográficas. Carbonell tiene 39 años y reside en Madrid, su ciudad natal. A día de hoy, se prepara para conseguir una plaza en la Administración General del Estado, en una categoría C1: “La Administración debería posibilitar la entrada de personas de todos los estratos sociales y orígenes, con formas distintas de entender y ver la vida. Es la única forma de conseguir una apertura muy necesaria”.

Procede del sector del desarrollo rural y sostenible, una parcela del medio ambiente cuya precariedad resquebrajaba por completo sus anhelos de una vida estable y segura para su futuro. Gracias a la ECAP, en la que se forma desde noviembre de 2025 y que a día de hoy oferta clases para 17 oposiciones diferentes, se presentará en mayo al examen. “Me animé al ver la filosofía que tienen, cómo se organizan. Si no hubiera encontrado esta academia, no hubiera tomado la decisión”, enfatiza con agradecimiento hacia sus impulsores.

Pagar antes de saber si quieres opositar

Rubén Tobajas, integrante de la junta directiva de la Escuela y preparador del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en la ECAP, explica que más allá de las barreras territoriales y económicas también intentan sortear la frontera sociocultural: “La ves cuando preguntas a una persona si piensa opositar. Hay gente con una idea muy concreta de lo que es, que sabe lo que conlleva, pero hay otra que ni siquiera se imagina la posibilidad”. Por eso, añade, es tan importante conocer el contenido del temario antes de tomar la decisión de enfrentar tamaña empresa.

El temario que proporcionan las academias puede alcanzar los 250 euros, aunque hay casos como el de Carbonell que la cifra aumenta varios cientos de euros. Además, algunas academias privadas lo facilitan con la matriculación. “Simplemente, tener que pagar para saber los contenidos de los que te examinarán es algo que puede echar para atrás a mucha gente”, subraya.

En este sentido, en la ECAP trabajan con el mantra de que el conocimiento para opositar no debería ser un privilegio. “Queremos que el temario sea un bien común para el opositor”, abunda Tobajas. Este ingeniero de caminos de 36 años, natural de Toledo pero vecino de Madrid, es administrador civil desde 2024. La preparación de su temario propio bebió del Boletín Oficial del Estado y la consulta y síntesis de numerosas fuentes públicas. Según una encuesta que respondieron 900 alumnos de la ECAP el pasado noviembre, un 80% de ellos afirmó sufrir una gran carencia en la publicación de temarios oficiales. “Es curioso porque la Administración está habilitando unos títulos cuyo contenido es muy abierto y sin dejar claro qué conocimiento exigen”, critica.

Un ejercicio colectivo de solidaridad

Tobajas es una de las decenas de personas que trabajan de forma desinteresada en la ECAP y que opinan que “no es razonable que el sistema haya normalizado tener que pagar por algo que debería ser público”, en sus palabras, y que “la igualdad real en una oposición empieza por garantizar el acceso a los contenidos”. Por eso, desde hace unos días, en su web hay habilitada una pestaña que redirige a los temarios confeccionados por los preparadores de la academia, ya funcionarios y especialistas en su terreno, que se pueden descargar de forma gratuita.

Por el momento, hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de universidades (C1). En preparación están otros cinco temarios, como el del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).

El ingeniero de caminos ha coordinado el temario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al que pertenece, con 114 temas. Ese tan solo es un ejemplo de este ejercicio colectivo en el que han participado medio centenar de preparadores y colaboradores de diferentes perfiles y especialidades. “Nos ha llevado más de un año tenerlo todo listo porque hemos querido asegurarnos de que cada tema escrito pasara por varios ojos que lo revisaran”, detalla. De todas formas, los temarios irán ampliándose a medida que nuevos colaboradores de la ECAP aporten su experiencia.

Más de 6.500 alumnos en la ECAP

Tobajas nunca pensó que algo así podría existir mientras se preparaba su oposición. “Es una iniciativa muy bonita y estamos muy ilusionados. Son procesos duros, que necesitan mucho esfuerzo para superarlos, y es muy gratificante entrar en la Administración y ver gente remando por una idea común”, remarca. El buen hacer ha tenido su recompensa. De los 1.500 alumnos que formaban la ECAP en septiembre de 2025, este marzo de 2026 han alcanzado los 6.600.

Una de estas nuevas alumnas es Teresa Moreno, quien a sus 30 años se prepara para opositar como técnica especializada de los Organismos Públicos de Investigación, un A2, justo ahora que está a punto de culminar su tesis doctoral. A pesar de que no se beneficia directamente de la liberación de temario que ha realizado la ECAP debido a la especialización de sus estudios, sí acude a sus clases desde el pasado diciembre, cuando se quedó en paro. “Tampoco sabía si podría invertir tantísimo tiempo en una oposición, y menos pagar una academia y el temario, así que encontrar la ECAP ha sido lo que necesitaba para animarme a intentarlo”, relata.

Este 18 de abril se enfrentará al examen. Moreno esgrime que está disfrutando del estudio, “aunque suene como una marcianada”, apuntilla con gracejo. Ha tenido la suerte de conseguir el temario por una conocida que ya se superó esta oposición. Como un hilo forjado en la solidaridad más desinteresada, ella es una de tantas que se planteará colaborar con la ECAP una vez consiga la plaza.

Contra toda barrera a la hora de opositar

La malagueña Elena Pinazo estudió Derecho y Empresariales en Sevilla. Ahora tiene 33 años, reside en la capital, integra el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es una de las preparadoras de la ECAP: “La liberación de temario, dar la oportunidad a nuestro alumnado pero también a cualquier persona interesada en opositar para ver qué se va a encontrar, ha sido un hito para nosotros”.

Esta administradora civil recalca que la ECAP también lucha contra la barrera territorial, ya que Madrid concentra la gran mayoría de plazas ofertadas por la AGE. “Hacemos las clases virtuales por ese motivo, para que cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque también tenemos sesiones presenciales”, apunta.

En este sentido, Carbonell agradece la flexibilidad que otorga el ser alumno de la ECAP. “Yo suelo ver las clases por la mañana, aunque las impartan por la tarde. Hay muchos profesores y en general son muy buenos, dan muchas claves”, abunda. Desde su punto de vista, otro de los puntos fuertes de esta academia tan peculiar son sus preparadores: “Suele ser gente más o menos joven, diversa, con pasión, y eso hace mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Se creen lo que hacen, que es lo importante”.

Por otro lado, la creación de esta biblioteca digital gratuita de temarios de oposiciones puede levantar las suspicacias de las academias habituales, que encuentran un negocio en la preparación al acceso a la función pública. La misma Carbonell defiende la gratuidad de los contenidos, “sobre todo por los precios por los que los venden”, aunque asegura que una academia seguirá siendo de gran ayuda a la hora de entenderlos e interiorizarlos.

En cuanto a la barrera sociocultural, desde la ECAP imparten charlas en institutos y universidades para intentar acrecentar la vocación del servicio público en la Administración como una salida laboral más. “La ciudadanía no conoce cómo funciona la Administración, que por otro lado debería estar a su servicio. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para cambiar eso”, agrega Pinazo, quien reconoce que su propósito es que el empleo público se parezca más a la sociedad a la que sirve. Tobajas concluye: “La ECAP no solo es una academia, sino una herramienta de justicia social para que el acceso a la función pública sea un derecho real y universal”.

Disfrazado de bote de crema solar y portando mensajes contra su uso. Así ha aparecido el futbolista Marcos Llorente, conocido por su afición a promocionar o divulgar mensajes sin rigor científico, como el uso de las gafas con cristales amarillos o la luz roja para dormir, en su perfil de Instagram. El negacionismo de la crema solar llega así a este personaje que acumula más de 2,4 millones de seguidores en la red social. Mientras tanto, los dermatólogos se afanan en desmentir una por una las recomendaciones que realiza el deportista. “Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles”, explica Ángel Pizarro.

Este especialista es el responsable de la unidad de prevención y diagnóstico precoz de melanoma en Clínica Dermatológica Internacional: “Siempre hay que matizar que no hay que abusar del sol, pero tampoco demonizar la exposición a él”. El criterio que sigue el experto está muy alejado al expuesto por Llorente en su Instagram, en el que ha publicado una gráfica pegada a su disfraz que expone cómo el número de casos de melanomas han ido en aumento a la par que las ventas de protectores solares, resultado de confundir correlación con causalidad.

Inmediatamente después, el futbolista del Atlético de Madrid enumera hasta siete “alternativas reales (que tu abuela ya conocía)”, según las presenta. “Algunas de ellas están en la línea de lo que siempre hemos dicho los dermatólogos en relación con una exposición solar saludable”, comenta Elena Godoy, dermatóloga y responsable nacional de coordinadores de la Campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). De todas formas, seguir esas indicaciones es insuficiente si una persona quiere protegerse realmente de los efectos dañinos de los rayos del sol.

Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles

Ángel Pizarro — dermatólogo

De buscar la sombra a consejos no realistas

Como suele ocurrir en estos casos, la persona que esparce los bulos se vale de medias verdades para así conferirles una mayor credibilidad. Es lo que pasa con Llorente, que entrelaza recomendaciones acertadas con un discurso negacionista de la crema solar.

La primera de las recomendaciones que publicita el jugador parece fácil de cumplir: “Ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga: ‘Eh, ya vale”. En este sentido, Pizarro apunta que el sol provoca dos tipos de efectos en el organismo, básicamente. Por un lado, hace que la persona se ponga colorada, algo apreciable en el corto y medio plazo. 

Sin embargo, otros efectos no implican eritemas solares y pueden ser dañinos en el medio y largo plazo, como las mutaciones en el ADN, que no siempre son reparables sobre la marcha por nuestro organismo. “Ahí se incrementa el riesgo de cáncer de piel y se desarrolla un envejecimiento prematuro de la piel”, añade el experto. Por eso, cuidarse de estar a la sombra no solo debería hacerse cuando el cuerpo se calienta hasta su enrojecimiento.

En su publicación, el futbolista también recomienda alargar la exposición durante todo el año, y no solo hacerlo tres días al año, en pleno verano. “Es cierto que el sol hace más daño cuando te da de manera intensa e intermitente”, sostiene el mismo Pizarro. Pero también hay pegas. ¿Qué hacer en invierno, con los días más cortos y fríos, y una radiación solar más débil? El planteamiento de Llorente es, a ojos de este dermatólogo, poco viable y realista en la práctica. “Si Llorente pasara unas horitas en una consulta dermatológica y viera algunas imágenes de los pacientes, entendería muy bien las bondades de parte de sus mensajes pero también los grandes riesgos que conllevan”, sostiene el dermatólogo.

La producción de melanina, insuficiente como protección

La tercera recomendación que hace Llorente es utilizar ropa como “protección solar de toda la vida”. Aquí tiene parte de razón, aunque sigue careciendo de realismo. En verano utilizamos ropa finita y de colores claros, además de que hay actividades que inevitablemente se hacen sin ropa, como bañarse en la playa. Por eso, el uso de la crema solar se convierte en “la mejor opción”, según Pizarro, para reducir el riesgo de cáncer de piel a medio y largo plazo.

Tomar el sol a primeras horas del día es el consejo que formula el futbolista antes de recomendar construir melanina progresivamente por ser “tu protector biológico natural”. Pizarro indica que la melanina no aporta una protección absoluta frente al daño solar, aunque tener un nivel basal de melanina alto es mejor que tenerlo bajo. “Luego hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”, ilustra el experto.

Hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”

Ángel Pizarro — dermatólogo

El deportista también defiende que comer “como un humano” hace que la piel responda mejor a la luz, y acompaña el mensaje con un emoji de un filete de carne. En este extremo, Pizarro se decanta por defender una dieta mediterránea como la opción más equilibrada para el buen funcionamiento y desarrollo del organismo, en general. “Y esa dieta seguramente tendría que ser algo más vegetal y con menos carne”, apuntilla. En concreto para la piel, explica que “es peor tener una dieta pobre en vegetales que en carne”.

Por último, Llorente propone hidratarse y “conectar con la naturaleza”. Según él, “agua + tierra = mejor adaptación”. Pizarro puntualiza que beber está bien, pero curiosamente el problema de la piel con la hidratación no responde a eso. “Cuando nos damos una crema hidratante y mejora la elasticidad de la piel, lo hace más por ciertos elementos grasos que por el agua como tal. Eso de conectar con la naturaleza hay que traducirlo en medidas aplicables al día a día”, valora.

La crema como aliada contra el cáncer de piel

Godoy, dermatóloga integrante de la AEDV, no niega que buscar la sombra y utilizar ropa sea recomendable como herramienta de protección solar. Por otro lado, recalca que hay ciertas zonas del cuerpo que no se pueden tapar fácilmente con tejidos, como las manos y la cara. “Si no lo hacemos con ropa, habrá que protegerlas con las cremas, que además en Europa tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel”, desarrolla. Los artículos científicos que argumentan esta postura son diversos. Por ejemplo, en este evalúan cómo la aplicación regular de protector solar puede prevenir el cáncer de piel. En este otro señalan que se observa un mayor riesgo de melanoma según aumenta el número de quemaduras solares.

En Europa [las cremas]tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel

Elena Godoy — dermatóloga (AEDV)

En este sentido, la experta asevera que los estudios científicos siguen la línea de la experiencia clínica de los dermatólogos en consulta: “La exposición solar de forma continuada o puntual pero muy elevada, como suele ocurrir cuando alguien veranea, se ha relacionado con la aparición de cáncer de piel”. Así lo demuestran diversos análisis, como el que recoge que “tanto la exposición acumulativa como la intermitente a alta intensidad de la radiación ultravioleta pueden promover la replicación descontrolada de las células de la piel”.

Fuentes fiables

Estos dermatólogos no son los únicos que advierten del peligro de difundir opiniones como las esgrimidas por Llorente. Decenas de usuarios de Instagram han respondido a la publicación, que atesora más de 100.000 ‘me gusta’, con su propia experiencia. “Yo también me sentía invencible como tú, Marcos. Pensaba que 'a mí no me iba a pasar' por ser joven y estar sano. Hoy soy superviviente de un melanoma y tengo la piel marcada para siempre. Tu post es gasolina para el exceso de confianza de mucha gente que mañana puede acabar en un quirófano”, escribió una de ellas.

Le siguen otros como estos: “Tu mensaje es un atentado contra la salud pública”, “no es que sean un paleto orgulloso, es que eres un peligro público” y “dedícate a lo que sabes y deja de desinformar en temas de salud pública”.

En relación con estos mensajes cada vez más anunciados por personas influyentes como futbolistas de la talla de Llorente, Godoy enfatiza que “deberíamos hablar de aquello de lo que sabemos y para lo que nos hemos formado”. Estas opiniones infundadas y ciertamente peligrosas siempre han existido, aunque ahora se ven potenciadas por la visibilidad que aportan las redes sociales. “Depende de nosotros, como usuarios, recurrir a fuentes adecuadas y con base científica. Esto es muy importante porque cada vez más los jóvenes se informan por las redes”, concluye la dermatóloga.

La última vez que vieron a Ibrahima Diouf fue el 5 de enero de 2021. Su caso pronto se empezó a parecer demasiado al de Tidiany Coulibaly, al que se le perdió la pista el 16 de diciembre de 2013. Ambos eran migrantes, jóvenes y trabajaban en la campaña de la aceituna como temporeros en Villacarrillo, un municipio de Jaén de 10.000 habitantes. En común tenían también, para su desgracia, estar al servicio del mismo patrón: el empresario Ginés Vicente López, principal sospechoso en la investigación judicial de ambos casos. Ambos desaparecieron cuando le comunicaron su intención de abandonar el trabajo ante las condiciones de explotación que sufrían.

Ahora, el documental Jornaleros. El mal patrón, dirigido por Sergio Rodrígo y Lucía Muñoz, recuerda lo sucedido con el testimonio de los familiares y compañeros de los desaparecidos, cuyas voces retumban en la cinta clamando por una justicia que todavía no ha llegado. “Han pasado casi 13 años y todavía no se ha hecho justicia. Yo no sé nada de mi hermano”, dice Nama Coulibaly, el hermano de Tidiany Coulibaly, en conversación con elDiario.es.

Sergio Rodrigo, periodista y codirector de la película, asegura que el documental parte de una investigación realizada por su productora, Entrefronteras, sobre la explotación laboral en los campos de Andalucía y el sur de Portugal. “Vimos que era una buena oportunidad para contar la historia de Tidiany e Ibrahima, que desaparecieron en las mismas y extrañas circunstancias y en una situación vinculada a la explotación laboral severa”, relata al teléfono.

Tidiany, maliense, solo contaba con 23 años en el momento en que nunca se supo más de su paradero en diciembre de 2013. Tanto él como otros migrantes de la cuadrilla habían recriminado al patrón su bajo jornal, de solo 20 euros, cuando el convenio del campo estipulaba una cantidad que superaba los 50 euros. Tres años más tarde, la Audiencia de Jaén condenó a Vicente López a dos años y medio de cárce porl delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Administración de Justicia. El empresario también se sentó en el banquillo somo principal acusado de la desaparición forzada del joven, pero el juez lo absolvió porque sostuvo que, aunque existían indicios de que Ginés había hecho desaparecer a Tidiany, estos no eran suficientes para condenarlo.

Más de siete años después, Ibrahima tenía 32 años en el momento de su desaparición. La víspera del día de Reyes de 2021 llevaba consigo una maleta roja mientras se aproximaba a la casa de su patrón, Vicente López, para quien trabajaba en la recogida de la aceituna. Se quería ir de allí. La idea era reclamarle el dinero que le debía para poder marcharse a Huelva y empezar a trabajar en la campaña de los frutos rojos. Es lo último que se supo de él. Nadie le vio nunca más.

Tras una larga investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez decretó prisión provisional para Ginés Vicente por un presunto delito de homicidio en marzo del año pasado. Sin embargo, dos meses después, la Audiencia Provincial le dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros y la imposición de medidas cautelares. El proceso aún se encuentra en fase de instrucción. “Le acusan de homicidio y tenencia ilícita de armas. Salió en libertad tras pagar una fianza de una cantidad irrisoria”, denuncia el documentalista.

Desde su desaparición, la Guardia Civil ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazó hasta Villacarrillo una treintena de agentes. Rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

“Pudo haberme pasado a mí”

La familia de ambos desaparecidos siguen esperando justicia. Nama Coulibaly, hermano de Tidiany, tiene 33 años y se encuentra en Jaén. “Esto pasa por una cosa muy sencilla: hay gente que parece racista por naturaleza que está en contra de que tengamos derechos, cuando solo venimos para trabajar”.

Tidiany era el cabecilla de la cuadrilla. “Le reclamó que nos pagara lo que marca la ley. Era la tercera campaña en la que trabajaba con él. Mi hermano incluso le traía a otros migrantes. Yo nunca he visto un español trabajando junto a nosotros”, denuncia el hombre. En su memoria todavía queda aquel 16 de diciembre de 2013. Según recuerda, aquella jornada acompañó a su primo a la estación de autobuses. Al volver, no estaba Tidiany en casa. “Si no, yo también podría haber terminado como mi hermano”, precisa.

“Son cosas que hay que ver y vivir desde nuestros ojos. No somos ni animales ni esclavos. No venimos a robar. El trabajo que hacemos es el que no quiere hacer nadie”, cuestiona Coulibaly, cuyas palabras se contraponen con la imagen de la inmigración trasladada por la extrema derecha en España. “Yo trabajo todos los años, y es un trabajo duro, pero no he venido a mendigar. Tampoco tengo dónde vivir. Lo hago en la casa que nos dejan, entre campo y campo”, comenta.

En 2009 Nama Coulibaly llegó a las costas canarias, un año después de que lo hiciera su hermano Tidiany, cuando a él todavía le quedaban tres años para alcanzar la mayoría de edad. Lleva trabajando en el campo desde que salió del centro de menores. El senegalés aprovecha el estreno del documental para insistir en la necesidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido: quiere saber dónde está su hermano, qué pasó con él. “El patrón sigue viviendo su vida como si no hubiera hecho nada, pero Tidiany tiene familia, tiene una madre rota por lo sucedido”, lamenta.

Largo proceso de instrucción

Rodrigo se refiere al proceso judicial que investiga la desaparición de Ibrahima como lento y tedioso, incluso “vergonzante”, ya que desapareció hace cinco años y todavía ni siquiera ha terminado la fase de instrucción del juicio. “Eso denota que la justicia, en muchos casos, tiene prioridades”, apunta este responsable de EntreFronteras, la productora del documental radicada en Andalucía y especializada en migraciones. La búsqueda de Ibrahima por parte de agentes de la Guardia Civil ha sido constante en este tiempo. Por tierra, mar y aire, el Instituto Armado ha intentado sin resultado positivo encontrar el cuerpo del senegalés.

La primera condena que recibió Vicente López en 2016 no le impidió seguir contratando migrantes en condiciones abusivas. El año pasado, una investigación financiada por Journalism Fund Europe rastreó una treintena de agricultores acusados de vulnerar derechos laborales de toda la Unión Europea. Entre ellos estaba Ginés Vicente López. Según publicó El Salto, el empresario recibió entre 2014 y 2022 unos 118.500 euros en subvenciones públicas, incluidos los 17.000 euros que percibió incluso un año después de la desaparición de Ibrahima.

El círculo vicioso de la pobreza

El director de la cinta critica que en el campo español, y en particular en Andalucía, cientos de trabajadores sufren abusos laborales, pero su situación de vulneravilidad hace impide su acceso a herramientas para reivindicar sus derechos más allá que su propia voz y la unión entre iguales. “Esto hace que los patrones se crean prácticamente en el derecho de convertir en su esclavo a las personas que trabajan para ellos”, añade Rodrigo.

Asimismo, enfatiza que la explotación en la agricultura está vinculada a una migración concreta, que también es la más vulnerable, procedente de países subsaharianos, a la que la política migratoria suele ponérselo más complicado, empujándo a los migrnates a vivir en situación irregular durante años. “Eso al final le condena a seguir siendo pobre y vulnerable”, critica.

Rodrigo tilda de “lamentable” que trabajadores que recolectan los productos de los que España siempre hace gala, como su aceite y fruta, tengan que desempeñar sus labores en estas condiciones. “La gente consume de forma diaria el aceite de oliva sin saber que son personas como Tidiany e Ibrahima las que están atrapadas en los campos cultivando, recolectando y podando los olivos”, añade.

Desde el punto de vista del periodista, hacer justicia en el caso de Ibrahima y Tidiany es una forma de dignificar los derechos de muchas personas que malviven en el campo andaluz, y concretamente en Jaén durante la recolecta de la aceituna. “Es vergonzanyte verlos años tras año. Hay personas que recolectan durante 10 horas de trabajo, terminan la jornada y se van a un cajero o debajo de un puente a dormir”.

El documental profundiza en la dilatación del proceso judicial. “El no tener una red de apoyo como ocurre en otros casos de homicidio como el que se investiga lanza el mensaje a la familia de que no se puede quejar, ya que no tienen la posibilidad de venir desde sus países de origen y pedir la celeridad en el proceso”, critica Rodrigo. Coulibaly, el hermano de Tidiany, concluye: “Que investiguen y que busquen. Las cosas no se pueden quedar así”.

Hace buen tiempo, has quedado con tus amigos y vais a jugar al pádel. Al llegar a la pista, un pájaro muerto os da la bienvenida. Esta escena, por rara que parezca, es mucho más habitual de lo que se pudiera pensar, sobre todo en España, que acumula una de cada tres pistas de pádel del mundo. Los datos apuntan que cada año unas cien aves mueren por colisionar con cada una de estas infraestructuras deportivas. Los animales o no ven los cristales o ven su reflejo, por lo que no intuyen que ahí hay una barrera que limitará por siempre su vuelo. Remediar el problema es muy sencillo. Tan solo hace falta colocar una red, cuyo coste no alcanza los 1.000 euros, que indique a los pájaros que hay un obstáculo.

Carlos Cuéllar, técnico del proyecto de Biodiversidad Urbana de la organización medioambiental Grefa, señala que hace “algunos años” comenzaron a notar un “incremento repentino” de impactos de aves en las pistas de pádel. “Nos sorprendió porque pueblos con una densidad muy baja, de incluso 20 habitantes, ya cuentan con este tipo de instalaciones en la que mueren muchas aves”, comenta.

Las pistas de pádel se suelen encontrar al aire libre y en zonas ajardinadas, en la periferia de los pueblos. “Las aves se sienten atraídas por la superficie verde del césped artificial y por la arenilla que se echa en él. Muchas veces quieren ir a picotear ahí, incluso insectos que puede haber en la pista y les cuesta salir porque se chocan contra los cristales”, añade el experto.

Otros casos son mucho más alarmantes. Cuéllar asegura que cientos de aves vuelan libremente e impactan con la cristalera al no intuirla. La mayoría de estas ocasiones los animales mueren en el acto, desnucados. Un accidente de este tipo puede acarrear otros tantos del mismo tipo. Por ejemplo, cuando un ave más grande, como un milano real, choca contra el cristal al intentar capturar algún pajarillo que ya había colisionado previamente.

Cien muertes al año por cada pista

Las cifras que manejan las asociaciones animalistas proceden de estudios realizados a nivel regional. Por ejemplo, en 2019 el departamento de Medio Ambiente de Aragón estudió la casuística en tres pistas de pádel de Zaragoza. La conclusión fue que entre 100 y 135 aves morían cada año en cada una de las pistas. La Generalitat Valenciana, por su parte, cifró en 75.000 pájaros los que cada año morían en las 600 pistas municipales que existen en la región mediterránea. De nuevo, la cifra oscila en el centenar de aves que pierden la vida de esta forma.

La alarma se incrementa al tener en cuenta que en España existen unas 17.000 pistas de pádel, según los datos de 2024 que manejan desde la Federación Internacional de Pádel. La ratio es de una pista por cada 2.800 habitantes, una de las más bajas del mundo, enfatizan. Si en todo el mundo hay unas 50.000 pistas, España posee el 34% de todas ellas. Tal y como refleja la Federación, las comunidades donde se practica más este deporte son Cataluña y Andalucía, que superan las 3.200 pistas, seguidas de Madrid con 2.300 y la Comunidad Valenciana, con casi 2.000 en total.

Desde Grefa advierten que los datos que obran en su poder dan cuenta de aquellos animales que han colisionado contra muros, ventanas y cristales en general. De las 468 aves recuperadas en sus centros entre 2018 y 2025, tan solo seis se habían chocado contra los cristales de estas pistas. Son cifras tan limitadas porque solo se documentan las aves que ingresan vivas, los casos de aves fallecidas en el lugar son gestionados directamente por los agentes forestales, explican.

Investigación por la Fiscalía de Medio Ambiente

Atajar esta realidad tan perniciosa para decenas de miles de aves pasa también por la administración de Justicia. En noviembre de 2023, el responsable del área de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, conminó a las fiscalías provinciales especializadas en este ámbito a investigar estos sucesos. Se basaba en la reforma del Código Penal que amplió los supuestos de maltrato animal más allá de los animales domésticos y que permitía perseguir por la vía penal las agresiones cometidas a los vertebrados silvestres.

Un mes después, el cuerpo de Agentes Rurales de Catalunya ya había realizado más de 1.800 actuaciones en este sentido. Además, enviaron notificaciones a empresas, responsables de clubes de pádel o de edificios acristalados en las que promovían la instalación de elementos que pudieran evitar estas muertes que, incluso, afectan a especies protegidas y en peligro de extinción.

No a las pegatinas, sí a las redes

Mario Giménez, responsable del área de Conservación de SEO/BirdLife, enfatiza que la solución no es nada costosa. “El objetivo principal es que el cristal sea detectable para las aves sin convertirlo en opaco”, introduce. Hace tiempo se intentó conseguir mediante siluetas de otras aves en las cristaleras, pero no funcionó porque las pegatinas tendían a estar muy dispersas. “Una regla fundamental es la de la palma de la mano. Si hay un hueco inferior a una palma, unos diez centímetros, las aves más pequeñas pensarán que pueden colarse por ahí”, añade. Cuéllar subraya que, en una ocasión, levantaron seis cadáveres de aves en una pista de pádel dotada de un buen número de estos adhesivos.

Las pegatinas de siluetas de otros pájaros trajeron consigo otro problema. El cristal de las pistas de pádel está confeccionado de tal forma que, en el caso de romperse, se fractura en trozos muy pequeños para evitar cortes en jugadores y público. Los adhesivos hacían que los pedazos de cristal roto fueran más grandes, lo que ponía en peligro a las personas de su alrededor.

La solución definitiva pasa por la instalación de redes en el exterior de los cristales que evitan prácticamente la totalidad de las colisiones, una medida que implantó por primera vez la Comunitat Valenciana, donde las organizaciones animalistas trabajaron de la mano de la Federación de Pádel regional. El coste de la instalación ronda los 900 euros, impuestos incluidos.

“Así se podrían salvar pájaros de pequeño y mediano tamaño, como gavilanes y cernícalos, pero también carboneros y pinzones”, ilustra Giménez, quien también admite que los datos con los que trabajan las asociaciones siempre están infravalorados, pues solo responden a las aves heridas que se recogen y son tratadas en centros de recuperación si antes no se las ha llevado algún otro animal depredador, como gatos o zorros.

El especialista en Biodiversidad Urbana de Grefa, Cuéllar, especifica que la red está compuesta de nylon blanco con unos huecos de 10 centímetros de largo y de ancho. “Es el tamaño justo para que un ave, incluso pequeña, se vea obligada a frenar”, afirma. Por el momento, esta organización ha trabajado en diversos pueblos de las provincias de Guadalajara, Toledo y Segovia. “Es imprescindible que las Administraciones públicas prediquen con el ejemplo para que también tomen nota los particulares”, defiende.

En Castilla y León se ha llegado a no permitir la inauguración de nuevas pistas de pádel hasta que no estuvieran instalados estos sistemas correctores. “Es increíble porque vas a cualquier lado, pueblos sin apenas habitantes, dotados de una pista de 150.000 euros en desuso la mayor parte del año pero que causa decenas de muertes de aves de forma absurda, sobre todo ahora, que comienza la primavera y aumenta la mortalidad”, se explaya el integrante de Grefa.

Despoblados pero concienciados con la naturaleza

Budia es un pueblo de Guadalajara donde desde hace unas semanas y tras la labor de Grefa cuentan con la red en su pista de pádel, instalada hace una década. Pedro López, teniente alcalde de este municipio, admite que “no era habitual encontrarnos aves muertas, pero es una buena iniciativa y decidimos hacerla”. Budia es un pueblo de la España vaciada con unas 200 personas censadas, cifra que se reduce a la mitad al hablar de su población permanente.

La pista de pádel, que mayormente se utiliza en verano, está mínimamente alejada del núcleo de viviendas. “Estos pueblos pequeños, ya casi despoblados, tienen una biodiversidad riquísima. El desembolso es muy pequeño para proteger una de las riquezas más grandes con las que contamos”, señala López. En plena alcarria, en un pueblo que pasa por sus horas más bajas en cuanto a número de habitantes, la conciencia por el bienestar animal todavía prevalece.

Sortear los vericuetos del ensayo para adaptar al cómic las investigaciones más avanzadas en torno a la memoria histórica es una empresa en la que cada vez se embarcan más historiadores y dibujantes. Tras el bum de la novela gráfica surgido hace ya años y mantenido en el tiempo, algunos sellos editoriales apuestan por esta amalgama de plumas y pinceles, de texto y de dibujo, para acercar al público general la historia más reciente de España con un acierto que ya se ha materializado en numerosas traducciones. Este binomio entre historiadores y artistas nos deja un nuevo trabajo: España partida en dos (Crítica y Planeta Cómic), escrita por Julián Casanova, guionizada por Miguel Casanova e ilustrada por Carlos Esquembre.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza (Unizar), además de uno de los investigadores más reconocidos a nivel internacional sobre la Guerra Civil española. El título que ahora presenta fue un encargo original orientado a la audiencia anglosajona que vio la luz en 2013. Más de una década después, los trazos de Esquembre han dibujado esta pequeña aproximación para entender la contienda que marcó el devenir español durante el siglo XX: “He visto muchos cómics en los que el guionista resumía el libro con viñetas, pero difíciles, con mucho texto. Por eso me gusta tanto la versión de Miguel, más parecida a un guion cinematográfico”, describe.

Se refiere al trabajo desempeñado por su hijo, clave para que el título tenga cabida en las aulas de bachillerato. “Los profesores me dicen que con recursos así los estudiantes se interesan más por el tema”, añade. El historiador se muestra “contento” de haber entrado en este fregado, tal y como lo denomina, sobre todo tras ver el resultado final. “Esquembre lo ha hecho genial y ha conseguido que el cómic sea una nueva dimensión de mi obra”, sostiene Casanova, quien se congratula de que por primera vez en su vida ha podido ver dibujada una de las historias que ha escrito.

El cómic se hace fuerte en la cultura audiovisual

El propio Esquembre señala haberse enfrentado a un nuevo reto a la hora de adaptar la investigación del catedrático de la Unizar. Lejos de otros títulos suyos en Planeta Cómic como Las tres heridas de Miguel Hernández (2022), Lorca, un poeta en Nueva York (2023) y Los hermanos Machado (2025), en los que prevalecía una ficción proyectada en contextos históricos altamente documentados, aquí el viñetista ha agudizado mucho más el ingenio para respetar el rigor de la obra de Casanova.

Por ejemplo, el capítulo dedicado a la importancia de la Iglesia y al anticlericalismo en la España de comienzos de siglo, se ha decantado por contarlo a través de una ceremonia religiosa mientras no rehúye mostrar la violencia que suscitó el poder levítico en aquellos años. Miguel Casanova, por su parte, ha creado una dupla sinigual con Esquembre a través de la utilización de símbolos y metáforas visuales, una constante en los trabajos del ilustrador.

“Vivimos en un momento donde la cultura audiovisual está muy impuesta, sobre todo entre los jóvenes, a través de la inmediatez, la imagen, el poder y la fuerza de lo visual, y el cómic posee una combinación de todo ello”, considera Esquembre. En cuanto al formato, opina que las novelas gráficas no tienen por qué ser la puerta de entrada a otras temáticas: “El cómic ya tiene interés de por sí y hay muchos trabajos con una carga intelectual elevadísima”.

Un susto para Preston

José Pablo García conoce bien esto de dibujar novelas relacionadas con la historia. Por sus manos han pasado los lápices que han dado forma y color a libros como La guerra civil española (2016), La muerte de Guernica (2017) y Franco (2024), todos ellos originales de libros de Paul Preston publicados en Debate, al igual que sucedió en 2019 con Soldados de Salamina, adaptación de la obra de Javier Cercas. “Preston estaba muy asustado porque era un hombre completamente ajeno al cómic y pensaba que su obra se podría ver trivializada o que sus colegas se podrían reír de él”, introduce.

Nada de eso sucedió. “Sacar el primer libro suyo como novela gráfica fue muy oportuno, sobre todo sabiendo las grandes carencias que existen en la educación a la hora de explicar a los jóvenes qué fue y lo que supuso la Guerra Civil”, se explaya el dibujante. En este caso, García también es autor del guion: “Ha sido una labor de síntesis bastante grande. Mi principal intención era aportar claridad y amenidad a toda la densidad informativa que hay en esos libros”, admite.

El encargo de dibujar varias obras escritas como ensayos y narrativa le llegó de forma inesperada. Sin embargo, se vio inmerso en el proyecto desde el primer momento. “Cuando se trata la Guerra Civil en el cómic, muchas veces se hace a partir de historias pequeñas, particulares, pero no desde la complejidad de los grandes temas. Fue una responsabilidad muy grande elegir bien qué dejar fuera para no recargar la obra y que fuera amena su lectura”, desarrolla antes de asegurar que ya trabaja en una nueva adaptación de un escrito de Preston.

Novela gráfica y memoria histórica hace años que no se entienden sin un nombre propio: Paco Roca. Autor de cómics como El invierno del dibujante (2010) y Los surcos del azar (2013), publicadas con la editorial Astiberri, su último gran trabajo ha sido El abismo del olvido (2023), escrito junto al periodista Rodrigo Terrasa y donde cuenta la historia de Leoncio Badía, conocido como el enterrador de Paterna. “Quería algo a medio camino entre el reportaje periodístico, la ficción narrativa y la dramatización de los hechos, por eso fue ideal contar con Rodrigo”, introduce.

El también Premio Nacional del Cómic de España en 2008 por Arrugas reconoce que “es toda una suerte” para los autores poderse salir de la industria habitual que siempre acompañó al cómic, con sus entregas seriadas, trazo determinado y personajes muy marcados: “Poder hacer novela gráfica es una libertad que apareció casi al mismo tiempo que se recuperó la memoria histórica con la ley de 2007. Por fin, el medio ahora permitía contar esas historias con mayor extensión”.

El cómic crea la memoria visual que falta

Bajo su perspectiva, la novela gráfica aporta un resorte perdido en la historia de España: la memoria visual. Para Roca, este es “uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos con todo el revisionismo y el blanqueamiento continuo de la dictadura”. Y agrega: “Al no tener imágenes, y solo el testimonio y trabajo de los investigadores, no podemos ‘ver’ el horror que supuso la represión durante la posguerra”. No se equivoca. Por algo los aliados se esmeraron en documentar la situación de los campos de exterminio nazi a medida que los liberaban.

Convertir un sentimiento abstracto de dolor y pérdida en imagen es lo que hizo Roca cuando publicó El abismo del olvido, que ya ha llegado a países como Polonia, Brasil, Italia, Turquía, Estados Unidos, Francia y Alemania. “Recrear la memoria de todas las familias con las que hablamos supuso mostrar en dibujo el horror que habían vivido”, concede. Él es consciente de que trabaja con un tema extremadamente político y politizado, por lo que se esfuerza en ser honesto. “Siempre hay un respeto y tensión por lo que haces. Es muy importante este maridaje de los últimos tiempos entre autores e historiadores serios para poder contar los relatos con rigor”, enfatiza.

Terrasa, periodista de El Mundo y coguionista de El abismo del olvido, publicó la historia de Leoncio Badía en 2013. Entonces ya se había fraguado una intensa amistad con el dibujante. “Yo sabía que mi trabajo como periodista estaba al servicio de un cómic de Paco Roca, que no era una cosa de iguales, ni pretendía imponer mi relato”, comenta con humildad.

El periodista afirma sin titubear que la obra publicada junto a Roca, tras tres años de investigación, ha sido el mejor trabajo periodístico que ha realizado hasta la fecha. “Exige un nivel de rigor muy elevado. Tuvimos que cerciorarnos de cómo eran los uniformes de los soldados, cómo se cavaba una fosa, cómo era un consejo de guerra, y contrastar los bocetos con arqueólogos, historiadores y forenses”, ilustra.

Acostumbrado al reportaje largo, Terrasa se aleja del discurso apocalíptico que en ocasiones copa la profesión periodística. “He descubierto que hay muchos soportes y plataformas para hacer buen periodismo, y el cómic es uno de ellos”, finaliza.

Dinero público financiando una asistencia gestionada por empresas muy diferente a la ofrecida en los hospitales públicos. Ese podría ser el resumen de 30 años de privatización de la sanidad que la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pretende frenar con la derogación de la norma 15/97. A pesar de que no revierte los conciertos ya suscritos, la ley empieza su tramitación con la vocación de dificultar que el dinero de todos acabe engrosando las arcas de una compañía privada tras mercadear con la salud de la ciudadanía. Pacientes que no se trasladan, hospitales dopados, pruebas nocturnas y condiciones laborales paupérrimas forman una realidad que rodea a un modelo extendido, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià, levantados por los gobiernos de Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y en los que han profundizado sus sucesores.

Si uno lee los comunicados que emite el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en todos ellos aparece que el centro pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, traspasar las puertas del hospital y empezar a escuchar a sus trabajadores supone percatarse de que sus condiciones laborales, así como la forma de funcionar, están supeditadas al máximo rédito económico que se puede granjear la empresa que lo gestiona: Ribera Salud. El centro fue inaugurado por Aguirre en 2011 y se construyó directamente para ser externalizado.

Tania García San Martín, presidenta del comité de empresa y delegada de Satse en el Hospital de Torrejón, recalca que las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar redundan en una peor calidad asistencial del paciente. “Los públicos se rigen por el estatuto marco. Nosotros, por un convenio de clínicas privadas y laboratorios en el que también hay incluidos hasta centros odontológicos de apenas cuatro trabajadores”, compara.

Por otra parte, esta técnico de rayos se queja de que las ratios también son mucho mayores en los centros de gestión indirecta. “En lo público, normalmente hay el doble de enfermeras que de médicos, y aquí estamos a la par. La dirección dice que las recomendaciones de las guías médicas del Ministerio de Sanidad son eso, recomendaciones, y no obligaciones”, se explaya. Y añade: “No se atiende igual a un paciente en Alcalá que aquí. La sobrecarga de trabajo que tenemos favorece que aparezcan los errores humanos”.

El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges

Una sobrecarga de trabajo con consecuencias

Martín recalca desde Torrejón que la elevada movilidad del personal es otro problema debido a su bajo salario, algo que en la pública no sucede. “Las enfermeras nuevas que entran se van porque esto es insostenible. Compañeras se han ido a otros hospitales públicos de la Comunidad con una jornada reducida y cobran lo mismo que nosotras aquí trabajando ocho horas”, ilustra la delegada sindical, quien compara el Hospital de Torrejón con una fábrica de hacer churros. “Vamos muy rápido y sin tiempo de escuchar al paciente”, comenta la técnico de rayos, quien hubiera deseado que la nueva ley impulsada por Mónica García también revirtiera los conciertos ya suscritos.

La sobrecarga de trabajo tiene efectos en el personal. “Vienen a trabajar con ansiolíticos”, asegura la presidenta del comité de empresa del centro torrejonero. “El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges. A nosotros nos quitan mucho dinero y a veces preferimos venir a trabajar”, dice Martín. Las sustituciones, denuncia la delegada de Satse, muchas veces las realiza Ribera Salud desde una aplicación móvil. “Contratan enfermeras para ir a quirófano cuando a lo mejor nunca han estado en uno. Aquí llega gente que lleva años sin haber trabajado y no saben hacer nada. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en el hospital”, incide.

Prohibido el traslado de pacientes

La empresa Ribera Salud, al igual que Quirón con otros hospitales en la Comunidad de Madrid, cobra una cifra concreta por los pacientes que cubre de una zona determinada. Esa cifra se puede ver incrementada si atrae pacientes de otras zonas, como intentan hacer continuamente, pero también al contrario. “En Torrejón está prohibidísimo trasladar pacientes, solo se hace lo mínimo indispensable. Nos lo quedamos todos, estemos preparados para ello o no, porque derivar significa perder dinero”, sintetiza Martín. Por eso, en muchos de estos hospitales se crearon especialidades que en otros centros sanitarios del mismo nivel no existen. 

Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable

Algo similar es lo que ocurre en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, también gestionado por Ribera Salud. “No derivan a no ser que un neonato requiera una UCI, pero tiene que ser algo de extrema urgencia”, sostiene una técnico de laboratorio y auxiliar de enfermería que trabaja en el centro alicantino desde su inauguración en 2010 y que prefiere no dar su nombre. Este es el único hospital público de la Comunidad Valenciana, región en la que nació el modelo Alzira, que continúa con una gestión externalizada.

Vinalopó sufre la fuga de personal: “Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable”, añade esta trabajadora. Ello conlleva que más de la mitad de los trabajadores estén recién salidos de la carrera. “Hay mucho conocimiento que te lo da la experiencia”, apuntilla esta auxiliar de enfermería que, según recalca, el temor cunde entre la plantilla a la hora de expresar sus quejas.

Más pruebas para pacientes de otras áreas

Desde el Hospital Universitario General de Villalba, gestionado por Quirón, Néstor Fernández Val suscribe lo planteado por las dos sanitarias. Él es delegado de CCOO en el centro madrileño y uno de los referentes del sindicato en lo que a hospitales concesionados en la región se refiere, además de auxiliar de enfermería. “Se nota que a este hospital viene mucha gente de otras áreas que no le corresponde, y se nota que a esas personas se les hacen más pruebas diagnósticas”, denuncia.

Del mismo modo, Fernández asegura que en Villalba se realizan pruebas y resonancias, o cirugías, a pacientes que no son de su área pero que sufren largas listas de espera en la pública. “No sabemos si la Comunidad se lo comunica o cómo lo consiguen, pero el hospital llama a esos pacientes para ofrecerles una cita mucho antes, lo que ralentiza a los pacientes de su área, a quienes muchas veces posponen”, desarrolla el sindicalista basándose en los testimonios de los propios pacientes.

La explotación por parte de Quirón del Hospital de Villalba hace que las resonancias magnéticas no paren ni siquiera de madrugada. “Vimos las citas y casi todos eran pacientes de Fuenlabrada o lugares con hospitales públicos con listas de espera de meses, y aquí les citaban en unos 15 días”, describe Fernández. De hecho, ahora han instalado un camión tráiler en el aparcamiento en el que en su interior se continúan realizando resonancias.

Un modelo de inequidad territorial

Esta realidad fraguada a través de tres décadas de privatización es lo que llevan denunciando desde hace años en la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Eduardo Zafra, su vicepresidente, enfatiza a elDiario.es que el mayor impacto que ha supuesto la gestión indirecta de los hospitales públicos ha tenido lugar en las cuentas de resultados de las diferentes empresas. “Los pacientes hemos tenido en general una atención correcta, pero sí se han introducido elementos de inequidad territorial”.

Este médico jubilado subraya que los hospitales del modelo Alzira fueron “dopados”. Así lo explica: “Más allá de crear unidades de alta complejidad en hospitales de esta categoría, la Administración ha dejado de invertir en los departamentos públicos que tenían a su alrededor, provocando su deterioro. Hay muchas formas de favorecer la privatización”.

Los activistas piden más

Por otra parte, el momento político en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de tramitación de la norma hace dudar a los activistas en defensa de la sanidad pública de su materialización real, desde donde reclaman mayor ambición al Ejecutivo. “Queremos una ley que revierta la privatización al completo, también los acuerdos tomados hasta la fecha”, reivindica Matilde Iturralde. 

Por su parte, N. Flores, una médico que trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid e integra la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), el colectivo que desde 2005 lucha por la derogación de la 15/97, no entiende por qué han esperado hasta ahora para presentar una ley así. “No apoyaron la iniciativa legislativa popular que promovimos, y aun así tampoco abarcan muchas de nuestras reivindicaciones”. Se refiere, por ejemplo, a que la norma no es retroactiva, por lo que no eliminaría la gestión indirecta ya establecida en numerosos hospitales de España.

Para evitar que la gestión indirecta por parte de empresas privadas de la sanidad española vaya a más, el departamento de García ha recalcado que esta debería tener un “carácter excepcional” y que debe estar acompañada de una evaluación previa. Ante dicho extremo, la médica jubilada vasca se queja de que sean expertos en quienes recaiga la potestad de dar vía libre o no a los conciertos. “El Informe Abril Martorell se hizo a petición el Gobierno, lo hicieron expertos, y fue la entrada de la gestión indirecta en la sanidad pública hace 30 años”, ilustra.

Derogar la ley sin alternativa para la privada

Por otro lado, la norma explicita que las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Este articulado de la ley podría evitar situaciones como la que se produce en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha perdonado a 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes desde otros hospitales públicos. 

“Aquí ha habido una dejadez tremenda por parte de la Administración. Cuando explotan estos casos se echan las manos a la cabeza, pero en realidad debería haber sido el Tribunal de Cuentas el que debería haber intervenido desde el principio”, se explaya la misma Iturralde. El PSOE madrileño ya ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación por el perdón de Ayuso a las dos empresas privadas.

Flores, la médica madrileña, subraya que todos los esfuerzos deberían estar enfocados en sacar el interés privado de un derecho público y esencial como es la sanidad. “Se debería derogar la ley, pero sin ningún tipo de alternativa para que las empresas hagan negocio con nuestra salud, y para eso hay que dotar al sistema público de mayor financiación y recursos con la idea de que llegue a todos los ciudadanos”, desarrolla.

La médica jubilada afirma desde Araba que la inestabilidad parlamentaria que surfea el Gobierno de coalición no es ningún síntoma halagüeño de cara a aprobar la norma. “Parece paradójico. ¿No han tenido tiempo de hacer esto antes?”, se pregunta antes de proponer una auditoría externa: “Debemos saber cuáles son las fortalezas y los puntos flacos de nuestro sistema sanitario, ya muy descapitalizado”. Todas las políticas que se adopten sin esa auditoría global serán un parche, finaliza.