La aplastante derrota de Viktor Orbán en las elecciones de Hungría de abril ha dado paso a un estallido de optimismo democrático. Por todo el mundo, los demócratas están extrayendo lecciones de los resultados en Hungría y especulando sobre el declive de la extrema derecha al mismo tiempo que se forma un nuevo consenso sobre Donald Trump, que ha pasado de inspiración a “lastre” para la extrema derecha mundial.

Es cierto que la caída de Orbán tiene un gran significado simbólico y consecuencias importantes para la política de la Unión Europea (UE), como el acuerdo de la UE con Ucrania, pero hay tres razones por las que debemos evitar darle demasiada importancia.

En primer lugar, por las lecciones a extraer para derrotar a los llamados demócratas no-liberales. No podemos olvidar que Orbán se mantuvo en el poder durante un plazo excepcionalmente largo de 16 años. Tuvo tiempo para supervisar no solo la transformación política de Hungría, sino económica y social. Su derrota no fue un rechazo a las políticas de la extrema derecha, y desde luego no a sus políticas antiinmigración (que cuentan con un amplio apoyo por parte del nuevo primer ministro, Petér Magyar), sino a la grave situación económica que sufre el país y a los casos de corrupción masiva dentro del régimen.

La victoria de Magyar, que tomará posesión el 9 de mayo, tiene menos que ver con un respaldo a sus políticas que con su incansable campaña, saliéndose de los bastiones tradicionales de la oposición para acercarse a las circunscripciones más estratégicas en un sistema electoral extremadamente desproporcionado. Una estrategia que podría dar resultados similares en sistemas electorales donde gana la circunscripción el que obtiene más votos, como los de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Pero la maniobra sería mucho menos eficaz en sistemas proporcionales como el de los Países Bajos. Aun así, movilizar a las bases y el puerta a puerta tradicional siguen siendo cruciales, como acaba de demostrar Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York.

En segundo lugar, la extrema derecha europea no está en declive, aunque haya perdido a su líder extraoficial. Es cierto que otros partidos de extrema derecha también han perdido elecciones en los últimos tiempos, como ocurrió en Bulgaria. O que han perdido el poder, como en los Países Bajos. Pero los partidos de extrema derecha siguen en el gobierno de varios países miembros de la UE, como Italia y República Checa; y lideran las encuestas de otros, como Francia y Austria. La extrema derecha ha llegado para quedarse, y muchos de sus partidos están tan consolidados como los viejos partidos ‘establecidos’. Igual que con el resto de formaciones, el apoyo electoral que obtiene la extrema derecha fluctúa y se ve afectado por causas internas y externas, como la corrupción, las peleas internas y las crisis de gobierno.

Más importante que eso es la integración y normalización incesante de las ideas y los personajes de la extrema derecha. La Italia de Giorgia Meloni se ha vuelto un lugar de peregrinación obligatorio para cualquier político que trate de presentarse como partidario de la línea dura en temas de inmigración, desde Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; hasta Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. El Partido Popular Europeo (PPE), la alianza política de partidos de centro-derecha en la UE, coquetea abiertamente con Meloni y colabora con las formaciones de extrema derecha para aprobar las leyes del Parlamento Europeo.

Esa colaboración no se limita a temas de inmigración. En un intento por evitar que los agricultores descontentos se pasaran a la extrema derecha, el PPE adoptó desde las elecciones europeas de 2024 el escepticismo de la extrema derecha con relación a la crisis climática y a la necesidad de proteger el medio ambiente.

En tercer lugar, es verdad que ahora mismo Trump es ‘tóxico’ para la extrema derecha, aunque eso no fue lo que definió las elecciones de Hungría. Pero esta toxicidad no es estática. En pocas palabras, el presidente de EEUU es un lastre para los partidos europeos de extrema derecha cuando amenaza con imponer aranceles comerciales a la UE, ocupar Groenlandia, o abandonar la OTAN. Pero su estrella vuelve a brillar en la extrema derecha cuando se le asocia con políticas antisistema y de inmigración, o con su supuesta lucha contra ‘el pantano’ y el ‘wokismo’. La tan celebrada ‘ruptura’ entre Meloni y Trump podría ser más estratégica que ideológica, y tener un carácter más temporal que permanente.

Aunque por lo general los votantes europeos de extrema derecha se muestren bastante escépticos con relación a Trump, solo por ser el presidente de Estados Unidos está ayudando a la extrema derecha de Europa. Por definición, nada de lo que dice el presidente del país más poderoso del mundo puede ser marginal. Gran parte de lo que dice Trump, por radical que sea, es normalizado y racionalizado entre los políticos y principales medios de comunicación. Eso vuelve más difícil marginar dichos argumentos cuando se dan en el contexto europeo. Basta con ver el servilismo mostrado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. 

Peor aún, a los líderes europeos de la extrema derecha les resulta muy fácil parecer ‘moderados’ en comparación con el comportamiento extremo y volátil de Trump. Al fin y al cabo, la dirigente o el dirigente de extrema derecha europea ‘no es tan malo como Trump’. Esta comparación interminable, y la incapacidad de comprender que en la extrema derecha hay matices, ayuda a dirigentes hábiles como Meloni. A la primera ministra italiana la toman por una mera ‘conservadora’, y no por líder de la extrema derecha, porque no actúa de forma agresiva, errática y ruidosa como Trump. O como Matteo Salvini, dentro de su país. También le ayuda el machismo implícito de muchos analistas, que dan por sentado que las mujeres son menos ideológicas y extremistas que los hombres.

No se trata de quitarle ningún mérito a Magyar, al maravilloso pueblo húngaro que se resistió a Orbán y lo derrocó, y especialmente a los muchos húngaros de izquierda que votaron por un político de derecha para salvar a la democracia. Tampoco se pretende negar el significado simbólico de la derrota de Orbán. Debemos celebrar con entusiasmo esta importante victoria. Pero hagámoslo sin caer en generalizaciones ni simplificaciones, para así lograr victorias similares en Europa y Estados Unidos.

El mismo día en que Donald Trump recibió su “premio de la paz” hecho a medida por su nuevo amigo, el presidente de la FIFA 'Johnny' Infantino, su Gobierno publicó una estrategia de seguridad nacional igualmente llamativa. El documento, relativamente breve, rezuma Trump y trumpismo. Comienza con la afirmación, típicamente modesta, de que el presidente ha sacado “a nuestra nación, y al mundo, del borde de la catástrofe y el desastre”.

Aunque la estrategia se limita en su mayor parte a formalizar las acciones y declaraciones actuales de Trump y su administración, debe considerarse una advertencia para el mundo, y Europa en particular.

El documento defiende una forma agresiva de injerencia en la política exterior, en la que Estados Unidos se fija explícitamente el objetivo de “promover la grandeza europea”. Su lenguaje podría haber sido extraído directamente de los discursos de Viktor Orbán durante la llamada crisis de los refugiados de 2015-2016: “Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza civilizatoria”. Aún más inquietante es que el documento afirme que “el declive económico de Europa se ve eclipsado por la perspectiva real y aún más cruda de la desaparición de su civilización”.

Propaganda ultra

Toda la sección dedicada a Europa está impregnada de décadas de ideología y propaganda de extrema derecha europea. Se responsabiliza a la UE y a las políticas migratorias de “transformar el continente y crear conflictos, censurar la libertad de expresión y reprimir la oposición política, provocar una caída de la natalidad y la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismas”. Según el documento, si “las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Por lo tanto, no es nada evidente que algunos países europeos vayan a tener economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables”. De hecho, la Administración Trump cree que “en unas pocas décadas como máximo, algunos miembros de la OTAN pasarán a tener una mayoría no europea”.

Ampliando este tema en una entrevista con Politico, Trump afirmó que esto haría que estos países fueran “mucho más débiles”.

Estados Unidos cree que es fundamental para su seguridad nacional "hacer que Europa vuelva a ser grande" y que la extrema derecha europea es la única fuerza política que puede lograrlo

Se trata de argumentos que tienen fuertes connotaciones de dos teorías consideradas fundamentales para los círculos de extrema derecha contemporáneos. La primera es La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, cuya tesis sobre el declive cíclico de las civilizaciones fue utilizada por la extrema derecha alemana para criticar la “perversión” y la “debilidad” de la república democrática de Weimar. La segunda es El gran reemplazo, publicada en 2011 por el novelista francés Renaud Camus, quien tradujo los temores “nativos” existentes desde hace mucho tiempo en una teoría conspirativa más explícita, acusando a las élites europeas de utilizar la inmigración para reemplazar a las rebeldes poblaciones “nativas” e importar un electorado más dócil y dependiente. En la última década, la teoría conspirativa del “gran reemplazo” se ha convertido en algo habitual en los círculos de la derecha estadounidense gracias a personas como Steve Bannon y Tucker Carlson.

“Make Europe great again”

Es la fiebre nativista encapsulada en ambas ideas lo que da a la Administración Trump el derecho, si no el deber, de intervenir en los asuntos europeos, según da a entender el documento: “La diplomacia estadounidense debe seguir defendiendo la democracia genuina, la libertad de expresión y la celebración sin complejos del carácter y la historia individuales de las naciones europeas”. Y queda claro dónde ve a sus aliados: “Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este renacimiento espiritual, y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, sin duda, motivo de gran optimismo”.

En otras palabras, Estados Unidos cree que es fundamental para su seguridad nacional “hacer que Europa vuelva a ser grande” (“Make Europe great again”), y que la extrema derecha europea es la única fuerza política que puede lograrlo. En consecuencia, su “política general para Europa” da prioridad a “cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas [léase: la extrema derecha]” y “construir naciones sanas en Europa central, oriental y meridional”, en particular “países alineados que quieren restaurar su antigua grandeza [léase: Hungría, Italia]”.

Aunque el documento sigue siendo vago sobre cómo se logrará esto, está claro que una de las prioridades de la Administración Trump es presionar a Europa para que adopte una política radical en materia de libertad de expresión, más cercana a la que prevalece en Estados Unidos —una vez más, especialmente en lo que respecta al discurso de extrema derecha— y no solo en las redes sociales. Otra prioridad es normalizar las relaciones con Rusia o, como dice el documento, “restablecer la estabilidad estratégica con Rusia”. Aunque no se menciona explícitamente al país como futuro aliado, está claro que la Administración Trump tampoco considera a Rusia como un adversario.

El actual Gobierno estadounidense cree que la mejor manera de garantizar su seguridad nacional es destruir la democracia liberal en Europa

En un sentido más amplio, la estrategia de seguridad nacional se inspira menos en los glorificados Estados Unidos de la década de 1950, que a menudo se consideran el ideal detrás del lema “Make America great again”, que en la doctrina Monroe de 1823. Articulada por el presidente James Monroe, esta doctrina advertía a las potencias europeas que no interfirieran en el “hemisferio occidental” (es decir, América), que él declaró como esfera de interés de Estados Unidos. El documento político de la Administración Trump promete “afirmar y hacer cumplir” un “corolario Trump” de la doctrina Monroe, que implica que Estados Unidos “reclute” a países de todo el mundo que quieran ayudar a salvaguardar los intereses nacionales estadounidenses.

Nada de esto es necesariamente nuevo: pensemos en el discurso de JD Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, en el que el vicepresidente lanzó un ataque ideológico contra el modelo democrático europeo. Pero quizás ahora que se ha publicado en un documento oficial, los líderes europeos comprenderán por fin que “papi” va en serio. Y, si el documento les resulta demasiado largo o impreciso, permítanme resumirlo en términos claros y concisos: el actual Gobierno estadounidense cree que la mejor manera de garantizar su seguridad nacional es destruir la democracia liberal en Europa. En otras palabras, Estados Unidos no es (solo) un aliado renuente, es un adversario dispuesto. Es hora de actuar en consecuencia.

Cas Mudde es profesor de la cátedra Stanley Wade Shelton UGAF de Asuntos Internacionales en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, y autor de 'The Far Right Today' (La extrema derecha hoy).

Los neerlandeses vuelven a votar este miércoles. ¡Otra vez! Serán ya las novenas elecciones a la cámara legislativa en lo que va de siglo. Los Países Bajos se han convertido, en cierto modo, en la Italia del siglo XXI, diezmados por la fragmentación política, la inestabilidad institucional y la radicalización (acompañada, cada vez más, de la violencia).

Estos comicios son el resultado directo de esta fragmentación e inestabilidad. El ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), liderado por Geert Wilders, dominó la más reciente coalición gobernante, pero aun así la echó abajo en julio, tras solo un año en el poder. Las múltiples lecciones que los medios, partidos y votantes neerlandeses han aprendido de esta tumultuosa experiencia es relevante más allá del país, ya que la mayoría de Estados europeos se enfrentan a un reto similar: cómo lidiar con el creciente éxito electoral, ideológico y político de la extrema derecha.

Al igual que al resto de la gente, a los medios de Países Bajos les cogió por sorpresa que Wilders dejara caer a “su gobierno” y han tratado de entender la maniobra. En comparación con 2002, cuando una coalición aún más caótica se desmoronó en solo 12 semanas, hoy se debate mucho menos si la extrema derecha debe tener un rol en la política nacional. Casi como si fuera imposible imaginar el futuro de Países Bajos sin su presencia.

Esto no resulta sorprendente, pues la mayoría de los medios neerlandeses siguen siendo rehenes (voluntariamente, en buena parte) de la ultraderecha. Aunque Wilders apenas se deja ver en los medios, es el político del que más se habla en televisión. Y su ausencia ha supuesto la sobreexposición mediática del líder del partido de derecha radical JA21, Joost Eerdmans. Además, el cambio de liderazgo táctico en el también ultraderechista Foro para la Democracia (FVD), donde Lidewij de Vos ha sucedido a Thierry Baudet, ha logrado exactamente el efecto deseado: volver a poner el foco sobre el partido.

Los partidos neerlandeses han ayudado a normalizar y racionalizar la extrema derecha, en gran medida. Algunos de la derecha han descartado entrar en coalición con Wilders y el PVV, pero no por la ideología anticonstitucional del personaje, sino por su comportamiento “inmaduro” e “irresponsable”. De hecho, los partidos de derechas han aprobado medidas de extrema derecha en el Parlamento tras la salida de Wilders. Entre ellas, la “política de asilo más estricta de la historia”, una nueva (y más férrea) prohibición del burka e incluso un “veto a antifa”. Este último impulsado, sorprendentemente, por el FVD, el único de los partidos de extrema derecha supuestamente apartado del poder por un cordón sanitario, al menos a escala nacional.

Centristas, pero no tanto

Incluso los políticos “centristas” siguen normalizando a la ultraderecha. El partido D66 de Rob Jetten, liberal en lo social, se ha escorado a la derecha en cuestiones como la cultura y la inmigración para sumarse a una especie de patriotismo comunitario, y no descarta gobernar con el JA21 o el partido de los agricultores radicalizados, el BBB.

El líder de Izquierda Verde/Laboristas, Frans Timmermans, ha endurecido sus políticas sobre migración, hablado de un “problema con los refugiados” e incluso ha aparecido en el programa de televisión favorito de la extrema derecha, Vandaag Inside, para fastidio de buena parte de la leal audiencia del espacio.

Sin embargo, y como de costumbre, los votantes parecen preferir el original al número creciente de copias de extrema derecha. Aunque el PVV ha perdido algo de apoyo —en torno a un 4% respecto a las últimas elecciones— sigue siendo la formación más popular del país.

Buena parte de esa volatilidad viene de la implosión de dos de los partidos más nuevos, el BBB y Nuevo Contrato Social, de Pieter Omtzigt, que formaban parte de la coalición saliente y ahora tienen unos porcentajes de intención de voto del 2,5% y el 0%, respectivamente. Sus apoyos parecen haber ido a parar (o regresado) principalmente a los democristianos (CDA), que parece que serán los grandes ganadores.

La izquierda sigue sin poder sortear el dominio de la extrema derecha en los medios, especialmente en los programas de debates

El conservador VVD, el antiguo partido del ex primer ministro Mark Rutte, que ha dominado la política holandesa en lo que va de siglo, empeora su resultado de 2023, ya desmejorado, y cae alrededor de un tercio en beneficio del ultra JA21, principalmente.

La izquierda sigue sin poder sortear el dominio de la extrema derecha en los medios, especialmente en los programas de debates. Pese a su unión, los Verdes y laboristas, siguen estancados y con apoyos menores.

Las encuestas señalan que los movimientos de electores se producen dentro de los tres bloques electorales: extrema derecha, centroderecha e izquierda. Los tres mantienen apoyos similares a los que tenían —el 35%, el 40% y el 25%, respectivamente—, pero entre los extremistas de derecha, JA21 aparece ahora en segundo lugar (tras el PVV), y en el centroderecha, el CDA, y posiblemente el D66, superen al VVD.

Encuestas dudosas

Claro que las encuestas pueden fallar, y en Países Bajos cada vez lo hacen más porque aumenta el número de electores que no se decide hasta la misma jornada electoral. Pero aun así, nadie duda de que el proceso para construir una nueva coalición será largo y arduo, incluso para los estándares neerlandeses.

Casi todos los partidos han vetado a Wilders, pero algunos (como el VVD) también descartan acuerdos con el centroizquierda. Así que, incluso si los verdes y socialistas pasan a ser los primeros entre los partidos “demócratas”, Timmermans aún necesitaría que el VVD cambiase de opinión para ser el primer ministro de una amplia coalición de centroderecha. La otra posibilidad es que el líder democristiano, Henri Bontebal, encabece un ejecutivo de centroderecha sin tantos roces personales, pero igualmente inestable.

Pase lo que pase, una cosa ya está clara: pese a su fracaso a la hora de gobernar, la extrema derecha todavía tiene un poder magnético sobre el país. La política partidaria sigue fragmentada y dominada por la creciente aceptación general y normalización de los marcos y figuras políticas de la extrema derecha.

Los partidos demócratas liberales destinan más energías a pelearse entre sí que a la ultraderecha. Y aunque el cordón sanitario no se rompa, no alcanza a todos los partidos extremistas (como el JA21) y rechaza su comportamiento, más que su ideología. Estas tendencias también son visibles en el Parlamento Europeo y en muchos otros países del continente.

De una forma que potencia peligrosamente el autoritarismo de su gobierno, Donald Trump ha puesto a la policía de Washington DC bajo control federal y ha desplegado a la guardia nacional en la ciudad. El presidente estadounidense dice que el crimen en la capital del país está “fuera de control”, por mucho que el número de delitos haya bajado notablemente (también los de la delincuencia violenta).

Está claro que este intento por acaparar poder no está basado en los hechos, sino que trata de distraer y controlar la percepción popular, además de volver a conectar y centrar a sus bases.

La toma de DC, al igual que todas las demás decisiones escandalosas de Trump en las últimas semanas, trata, antes de nada, de desviar la atención del caso Jeffrey Epstein. Ya demostró que hará todo lo que esté en su mano para apartar del debate político y público el caso cuando exigió recuperar el nombre del equipo de fútbol americano Washington Redskins [piel roja], cuando atacó al Wall Street Journal o cuando pidió investigar a Barack Obama.

Pero no se trata solo de escurrir el bulto, sino de volver a centrar la atención de sus bases en los temas que más les unen a su figura, principalmente el autoritarismo y el nativismo (que están claramente conectados, como siempre pasa con la extrema derecha). Hay un patrón claro en las ciudades que Trump vincula con el desorden y la violencia. Tanto Baltimore como Washington y Oakland son ciudades genéricamente negras de EEUU, mientras que Los Ángeles (latina) y Nueva York (el paradigma del crisol cultural) quedan a menudo apartadas de los relatos de derecha sobre la “verdadera América”.

Los racistas vinculan a los negros y la diversidad racial con el crimen, el peligro, el desorden —igual que ocurre con los conceptos “la ciudad” y los centros “urbanos”, ambos muy racializados en EEUU—. Este miedo y rechazo racista de la ciudad multirracial tiene una larga historia en el país, pero también es una tradición en el comportamiento de Trump. Solo hace falta recordar su reacción al caso de “los cinco de Central Park”, un grupo multirracial de adolescentes a los que se acusó de violar a una mujer blanca en 1989 cuando hacía footing.

Antes de que se conociesen completamente los hechos, Trump publicó una carta abierta en cuatro periódicos de la ciudad en la que decía que estaba fuera de control, pedía la ejecución de los chavales y exigía a los dirigentes políticos que recuperasen la pena de muerte y a la policía. Los ataques a las ciudades con poblaciones racialmente diversas también fueron una parte importante de su muy racista campaña electoral de 2024. Aseguró, por ejemplo, que Filadelfia estaba destrozada por las matanzas y comparó Detroit con un país en vías de desarrollo.

Esta aversión de Trump por las ciudades multirraciales se vio claramente reforzada por las protestas del movimiento Black Lives Matter de 2020, que los medios de comunicación de derechas denigraron. Solo el 22% de los republicanos apoya hoy el movimiento, respecto al 84% de los demócratas. Además, las ciudades multirraciales se inclinan muy acusadamente por los demócratas en las elecciones, lo que también levanta ampollas y es un motivo fundamental del intento autoritario de Trump por acaparar poder.

Al fijarse en ciudades como Washington o Los Ángeles, Trump no solo aprovecha los muy extendidos prejuicios racistas que vinculan a esas ciudades con el crimen y la violencia, sino que refuerza la creencia de que las ciudades “dirigidas por demócratas” están “fuera de control”. El mensaje a las bases es claro: el gobierno de los demócratas en las ciudades (negras) es “débil” y pone en peligro los “feudos” blancos. Y en ese contexto está incluida, por supuesto, la permanente referencia de Trump y sus seguidores a la supuesta política de “apertura de fronteras” del expresidente Joe Biden.

Por último, el intento de asumir mayor poder forma parte de una estrategia para crear un Estado extremadamente autoritario y personalista, en el que el monopolio de la violencia recaiga exclusivamente en manos de Trump. De aplicarse, el nuevo presupuesto transformará EEUU en un Estado deportador, que orbitará alrededor del Departamento de Seguridad Nacional y la agencia de control migratorio (ICE). Esta última opera, cada vez más, como una milicia personal del presidente, por encima tanto de la ley como de otros cuerpos de seguridad civiles y militares.

Es crucial que los cargos demócratas se tomen este intento de acaparar poder en serio, sin dejarse distraer por el caso Epstein, y evitando que el público pierda el hilo. Mientras los tribunales sigan funcionando, aunque sea limitadamente, el Gobierno de Trump debe ser enfrentado judicialmente. Por mucho que haya habido contratiempos, el caso por abuso de poder de Trump en California por el envío de fuerzas federales contra las protestas por los excesos de la agencia de control migratorio sigue abierto. Los medios tienen la responsabilidad de informar al público de los hechos, también de verificar en directo las afirmaciones de Trump durante sus discursos.

Lo más importante es que los medios y los políticos dejen de tratar estos sucesos como “incidentes” y conecten la línea de puntos. Y es importante tanto para ellos como para la población. Aunque aisladamente cada actuación no sea propiamente antidemocrática, todas ellas están conectadas y en conjunto representan un ataque claro y sostenido contra la democracia. Aunque las instituciones no han caído, cada vez representan menos los valores democráticos liberales sobre los que se erigieron.

Los chavales son de extrema derecha. Este parece ser el nuevo consenso sobre la política ultra propagado en numerosos artículos y podcasts. Pero el enfoque obsesivo de los medios de comunicación en los hombres jóvenes que supuestamente alimentan el auge de la extrema derecha no solo es empíricamente erróneo, sino que pasa por alto un cambio mucho más significativo en la opinión pública entre los jóvenes.

Aunque muchas encuestas muestran una gran brecha de género en el apoyo a los partidos y políticas de extrema derecha, son las mujeres jóvenes las que destacan como el grupo demográfico políticamente más interesante, ya que se escoran cada vez más hacia la izquierda.

La creencia de que los jóvenes en general, y los hombres jóvenes en particular, apoyan desproporcionadamente a la extrema derecha existe desde hace tiempo. En un estudio emblemático de 2012, el politólogo alemán Kai Arzheimer caracterizó al votante “típico” de los partidos de extrema derecha en Europa como “varón, joven, con un nivel educativo medio y preocupado por la migración”.

Esto se utiliza con frecuencia para explicar el ascenso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Europa se han multiplicado los artículos que afirman que los jóvenes, sobre todo los hombres, son “el motor del apoyo a la extrema derecha”. Pero, ¿se debe realmente el reciente ascenso de la extrema derecha europea al apoyo desproporcionado de los hombres jóvenes? ¿Y son realmente los jóvenes cada vez más de derechas?

Los índices de apoyo a los partidos de extrema derecha entre los jóvenes son, en efecto, más elevados que nunca en muchos casos. Pero los estudios sobre este tema no suelen mencionar que los partidos de extrema derecha han aumentado su apoyo en general y que el apoyo entre otros grupos de edad es al menos igual de alto. Un estudio sobre las elecciones europeas de 2024 mostró incluso un menor apoyo a los partidos de extrema derecha entre los votantes jóvenes (de 16 a 29 años) que entre los votantes de más edad. Y lo que es más interesante, mientras que los hombres jóvenes votaron a partidos de extrema derecha en cifras similares a las de los hombres de más edad, las mujeres jóvenes votaron en menor medida a partidos de extrema derecha que las mujeres de más edad.

La mayoría de las investigaciones ponen de manifiesto que los jóvenes —tanto mujeres como hombres— tienen valores más progresistas que las generaciones anteriores. Como señalaba recientemente Gaby Hinsliff en una aguda columna publicada en The Guardian, aunque existe una mayor brecha de género entre los jóvenes, la razón principal no es un giro a la derecha entre los hombres jóvenes, sino un marcado giro a la izquierda entre las mujeres jóvenes.

El hecho de que los medios de comunicación opten, no obstante, por centrarse en los hombres jóvenes refleja la mirada masculina que sigue dominando la sociedad, que no solo significa que cualquier cosa que hagan o piensen los hombres se considera intrínsecamente importante y digna de atención tanto académica como política, sino que también establece que los hombres son la norma. Esto acaba reforzando las perspectivas políticas de la extrema derecha: dado que los hombres son la norma, lo que supuestamente hacen o piensan se considera “normal”, lo que significa que todos los políticos deben idear políticas “de sentido común” para adaptarse a ellos.

Para que quede claro, puede que “los chavales” no sean de extrema derecha, pero tampoco son todos de derechas. Muchos estudios muestran que los hombres jóvenes lidian con problemas relacionados con la educación, la salud mental y el trabajo. Y políticamente, las investigaciones demuestran que, aunque los hombres jóvenes no votan en mayor proporción a los partidos de extrema derecha que los hombres mayores, sí se plantean votar a los partidos de extrema derecha en una proporción mucho mayor. Además, son más susceptibles al “sexismo moderno”: niegan que las mujeres sigan siendo discriminadas y rechazan las reivindicaciones a favor de una mayor igualdad de género.

Por supuesto, es importante comprender mejor esta tendencia, sobre todo teniendo en cuenta la amenaza que la extrema derecha representa para la democracia liberal. Pero esto no debe llevarnos a minimizar o incluso ignorar el cambio generacional más pronunciado hacia la izquierda. Que las mujeres jóvenes apoyen más el derecho al aborto o el feminismo que los hombres jóvenes e incluso que las mujeres mayores, no debería generar una gran sorpresa, dado que estas cuestiones les afectan de forma más directa y personal. Sin embargo, también están más preocupadas por el medio ambiente y apoyan más la redistribución y un mayor papel del Estado. ¿A qué se debe este giro?

Este cambio no debe considerarse una mera cuestión académica, sino una oportunidad política. Los partidos de centroizquierda han seguido la mirada masculina persiguiendo una interpretación anticuada del votante de la “clase obrera” (definida en sentido estricto como hombres blancos con opiniones socioculturales de derechas). Esta estrategia electoral empuja la política más hacia la derecha. Además, como han demostrado décadas de investigación académica, sirve principalmente para ayudar a los partidos de extrema derecha y perjudica a los partidos de centroizquierda, que acaban perdiendo votantes progresistas (jóvenes y mujeres) y apenas ganan a los votantes reaccionarios (hombres) a los que intentan captar.

El hecho de poner el foco en las prioridades y los valores de las mujeres votantes (como las acciones para combatir la crisis climática y reforzar el Estado del bienestar), en lugar de complacer a la política reaccionaria de la extrema derecha, tendría dos grandes ventajas para la política progresista en general y para los partidos de izquierda en particular. En primer lugar, transformaría el debate político: hablaríamos más de la lucha contra la crisis climática, por ejemplo, y pasaríamos menos tiempo demonizando a los migrantes. En segundo lugar, daría a las mujeres jóvenes una razón para salir a votar en mayor número, lo que es significativo, ya que “las mujeres jóvenes se abstienen de votar más que los hombres jóvenes”. Es una oportunidad que hay que aprovechar.

Cas Mudde es profesor Stanley Wade Shelton UGAF de Asuntos Internacionales en la Universidad de Georgia y autor de 'La ultra derecha hoy' (Paidós).

Traducción de Emma Reverter

Las universidades de Estados Unidos están en el punto de mira de Trump. Aunque el pretexto para castigarlas es su supuesto acatamiento o apoyo al “antisemitismo” (es decir, manifestaciones a favor de Gaza) y al “racismo antiblanco” (es decir, iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas por sus siglas en inglés DEI), en realidad la administración Trump pretende acabar con la libertad académica y la libertad de expresión. Perseguir a las universidades más destacadas y prestigiosas, como la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de Harvard en Boston, permite matar dos pájaros de un tiro: atraer la atención de los medios de comunicación y sembrar el miedo entre otras universidades mucho menos prestigiosas y con menos recursos.

El resto del mundo es consciente de este ataque y ha comenzado a reaccionar, aunque en la mayoría de los casos sin conocer bien cómo funciona el mundo académico estadounidense ni consultar a los propios académicos sobre lo que necesitan. Obviamente, cada académico se enfrenta a retos diferentes —dependiendo, por ejemplo, de su género y raza, situación legal, el estado en el que residen y la universidad en la que trabajan—, pero aquí van algunas propuestas de un hombre blanco, neerlandés, con permiso de residencia permanente en Estados Unidos, que trabaja en una universidad pública en un estado controlado por el Partido Republicano.

Comprender cómo la administración Trump está atacando a las universidades es clave. A diferencia de países como China o Turquía, los académicos (al menos hasta ahora) no son encarcelados. El Estado no ha tomado el control de las universidades ni de sus juntas de gobierno, como sí ha ocurrido en Hungría o Turquía. Sin embargo, las universidades públicas suelen estar supervisadas por consejos con una fuerte orientación política, y existen algunos casos concretos de intervención directa, entre los que destaca el del New College de Florida. El ataque es principalmente de índole financiera, mediante la retirada de fuentes de financiación, pero con motivaciones claramente políticas.

El gobierno federal está investigando a universidades que apoyan —o incluso toleran— protestas, investigaciones o discursos que contradicen los posicionamientos de la administración Trump. También están aplicando recortes o congelaciones en la financiación federal.

Aunque las políticas de DEI, así como las investigaciones sobre cambio climático, género y sexualidad, no están prohibidas de forma explícita, promoverlas puede conllevar fuertes consecuencias económicas para las universidades que las fomenten o simplemente las toleren. Y en el mundo académico neoliberal, el dinero manda. Los equipos directivos universitarios dependen de los consejos universitarios, en su mayoría formados por empresarios que priorizan el crecimiento financiero por encima de la libertad académica. Por eso fue decepcionante, aunque no sorprendente, que los rectores de Columbia y Harvard cedieran a las exigencias de Trump, aunque eso no protegiera ni a ellos ni a sus universidades.

Dado que la principal amenaza es financiera, y que EEUU invierte casi el doble que la Unión Europea en investigación y desarrollo, está claro que otros países tienen poco margen de maniobra. Además, dado que a la administración Trump no le interesan especialmente las opiniones críticas —y mucho menos si vienen del extranjero—, y que EEUU es demasiado poderoso como para ser coaccionado políticamente, deberíamos ser realistas sobre lo que los europeos pueden hacer. Pero incluso si no pueden detener los ataques contra el mundo universitario estadounidense, distintos actores pueden apoyar a los académicos que trabajan en EEUU de otras maneras. Me centraré en cuatro grupos: académicos, periodistas, universidades y gobiernos.

Los boicots y los manifiestos son las formas favoritas de protesta política de los académicos. En redes sociales, muchos académicos europeos ya han declarado que no viajarán a EEUU, ni por motivos profesionales ni personales, mientras Trump esté en la Casa Blanca. Aunque con estos boicots quienes optan por no cruzar el servicio de migración y aduanas se están protegiendo —dadas las recientes detenciones y deportaciones—, lo cierto es que no sirven de mucho para apoyar a los académicos que viven y trabajan en EEUU. Sería más eficaz que les ofrecieran su respaldo y alojaran en Europa, en sitios web de acceso abierto, los datos e investigaciones que están siendo atacados.

Los periodistas europeos han cubierto los ataques a Columbia y Harvard con tanto fervor como antes cubrieron la supuesta deriva “woke” de las universidades. Informar sobre los ataques al mundo académico estadounidense es importante, sobre todo si va más allá de las universidades de la Ivy League del noreste e incluye a las universidades públicas de estados como Florida y Texas. Sin embargo, estos artículos no harán que la administración Trump cambie su estrategia. Lo que sí pueden hacer los periodistas es ser más sensibles a la situación de los académicos y responsables universitarios en EEUU cuando contacten con ellos para entrevistarlos. Comprendo que la grave situación de mis colegas —y la mía— pueda resultar interesante para los medios, pero aparecer en prensa puede generarnos más problemas. Dado que en muchas universidades públicas la comunicación a través del correo electrónico institucional (y a veces incluso mediante los ordenadores de la universidad) está sujeta a leyes de acceso a la información, cualquier declaración del académico entrevistado podría hacerse pública y acarrear consecuencias políticas o profesionales. Por tanto, los periodistas deberían preguntar, como mínimo, si el académico prefiere comunicarse mediante su correo institucional o uno privado. Y deberían ser conscientes de los posibles riesgos que su artículo puede tener para esa persona: ¿realmente merece la pena hacerle esa “pregunta provocadora”?

Recientemente, varias universidades europeas, como la de Aix-Marsella (Francia) y la Universidad Libre de Bruselas, han lanzado iniciativas para acoger a “las mayores víctimas de esta injerencia política e ideológica”. Pero los programas de tres años o los contratos posdoctorales de un año no son soluciones atractivas ni estables, sobre todo si pretenden atraer a “académicos destacados”. De hecho, pueden parecer iniciativas más orientadas al beneficio propio (una buena estrategia de relaciones públicas). Si las universidades quieren marcar realmente la diferencia —aunque sea solo para algunos académicos concretos—, deben asegurarse de que puedan continuar una carrera académica sólida en su institución. Y centrar su apoyo, principalmente, en los académicos a los que se dirigen individualmente y que, al igual que muchos de los mejores académicos, trabajan en universidades públicas, no en la Ivy League.

Varios países europeos también han empezado a considerar planes para atraer a destacados científicos internacionales. Pocos han sido tan explícitos como el ministro de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, Eppo Bruins, que defendió su iniciativa con el clásico lenguaje mercantil neerlandés: “Los mejores científicos valen su peso en oro para nuestro país y para Europa”. El apoyo a los académicos establecidos en EEUU debe beneficiar a los países e instituciones que los acogen, pero no debe hacerse a costa de los propios académicos neerlandeses y europeos. El gobierno de los Países Bajos anunció esta iniciativa pocos días después de que académicos de todo el país hicieran huelga en protesta por los draconianos recortes en educación superior aplicados por ese mismo gobierno. La Unión Europea tiene una oportunidad única para atraer desde EEUU a algunos de los mejores investigadores del mundo, pero estas iniciativas deben formar parte de una estrategia mucho más amplia de inversión en el sistema académico europeo. Puede que al principio solo beneficien a unos pocos investigadores destacados, pero generarán un efecto económico. Y eso podría incluso obligar a la administración Trump a cambiar de rumbo.

Cuatro años pueden marcar una gran diferencia. En 2021, el mundo estaba pendiente de las elecciones alemanas para ver quién sucedería a la “reina” sin corona de la UE. La canciller Angela Merkel se había convertido en un símbolo de la democracia liberal en la era marcada por el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos.

En Alemania, dos figuras anodinas competían abiertamente por sustituirla. En el fondo, todo el mundo sabía que el liderazgo alemán de Europa estaba llegando a su fin. Sin embargo, nadie pudo prever lo abrupta que sería la caída.

Hoy, Alemania es un país que libra una lucha interior y que cada vez juega un papel más irrelevante en Europa y en el mundo. La segunda invasión rusa de Ucrania en 2022 destruyó en gran medida el halagüeño legado de Merkel, dejando al descubierto su enfoque oportunistamente blando hacia líderes autoritarios como el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Bajo el sucesor de Merkel al frente del Partido Socialdemócrata (SPD), Olaf Scholz, el país se ha vuelto tan pálido y poco inspirador como el propio canciller.

Las elecciones generales del domingo no cambiarán esta situación. El resultado es previsible, como hemos visto durante años en toda Europa. Al igual que en Suecia en 2022, en Países Bajos en 2023 y en las elecciones europeas del año pasado, los temas clave de la campaña son la migración y el rol de la extrema derecha. Y al igual que en esos comicios, y en muchos anteriores, eso implica que un partido de extrema derecha, en esta ocasión Alternativa para Alemania (AfD), obtendrá muy buenos resultados.

Sin embargo, a diferencia de Suecia y Países Bajos, las elecciones de domingo no supondrán, en principio, la llegada de la extrema derecha al poder, aunque AfD sí ha conseguido que los dos grandes partidos del país viren hacia la derecha y hayan endurecido su discurso en torno a la migración para no perder votos.

La razón principal del cordón sanitario que mantiene a la ultraderecha fuera del poder en Alemania ya no es solo la historia del país, sino el radicalismo característico de la extrema derecha alemana. A diferencia de la mayoría de los demás partidos ultras relevantes en Europa, la AfD está en el límite de la extrema derecha para situarse muy cerca de una línea roja –es decir, es antidemocrática per se–, a pesar de su frente de derecha radical y del apoyo abierto que le ha brindado el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Aunque el candidato a canciller de los cristianodemócratas alemanes (CDU), el multimillonario Friedrich Merz, se presenta como el anti Scholz, probablemente acabará siendo “inseguro, débil, vacilante y tímido” –como describió una vez a Scholz– cuando esté en el Gobierno. Según los sondeos actuales, el bloque derechista CDU-CSU de Merz baja en intención de voto, pero obtendría alrededor del 30% de los sufragios, todavía muy por delante de la ultraderechista AfD, con cerca del 20%. Sin embargo, si se excluye a la extrema derecha de una posibilidad de coalición gobernante, Merz necesitará el apoyo no solo del SPD, sino probablemente también de los Verdes –aunque otros tres partidos ronden el umbral del 5%, lo que podría afectar al reparto de escaños–.

Dejando a un lado el hecho de que una “gran coalición” de la CDU y los socialdemócratas, con o sin los Verdes, suscitaría poco entusiasmo en esos dos partidos, el nuevo gobierno alemán tendrá que hacer frente a una economía lenta, que se prevé que se contraiga por tercer año consecutivo, además de a una serie de cuestiones sobre las que los partidos están divididos, como la crisis climática y la migración.

De este modo, mientras Europa se enfrenta a su mayor desafío en décadas, Alemania, la mayor potencia de la UE, seguirá centrada, sobre todo, en sí misma y sus problemas.

Aunque Merz no será la nueva Merkel, devolverá a Alemania al centro del poder en la UE, que ostenta el derechista Partido Popular Europeo (PPE), del que la CDU es miembro destacado. El Canciller en ciernes ya ha apoyado a su compatriota Manfred Weber para un segundo mandato al frente del PPE, después de que éste reuniera a sus aliados europeos en una muestra de apoyo a Merz el mes pasado. Si bien es un matrimonio más de conveniencia que de amor, Merz –aunque no necesariamente todo su gobierno– volverá a alinearse con el principal bloque de poder en Bruselas, así como con el representante poderoso de la UE en el este, el primer ministro polaco Donald Tusk.

Sin embargo, nada de esto ayudará a Europa a desarrollar la fuerza y la unidad que necesita para enfrentarse a la Rusia de Putin y a los Estados Unidos de Trump. Puede que Merz sea más partidario de aumentar la capacidad militar de Europa y menos reacio al apoyo militar a Ucrania, pero su promesa de revitalizar la economía alemana introduciendo recortes del gasto por valor de 100.000 millones de euros hará aún más difícil encontrar el dinero, y también el apoyo necesario, para realizar inversiones significativas en el Ejército alemán (y en el ucraniano).

En resumen, a pesar de todas sus bravuconerías durante la campaña electoral, es mucho más probable que Merz gobierne como lo ha hecho Scholz que como lo hizo Merkel. Europa seguirá buscando liderazgo mientras intenta navegar por un mundo cada vez más hostil en el que regímenes autoritarios como China y Rusia están envalentonados y el histórico aliado de los europeos, Estados Unidos, se ha convertido en un adversario.

“Victoria en la derrota, no hay triunfo mayor”, escribió Robert A. Heinlein, sobre los héroes anónimos que nunca se rinden, en su novela Forastero en tierra extraña. A los partidos de extrema derecha les gusta presentarse como héroes anónimos, pero en las últimas semanas han sido derrotados con una serie de victorias pírricas, incapaces de transformar en un poder político concreto el apoyo récord obtenido en las elecciones de la Unión Europea, de Francia y del Reino Unido.

El mejor ejemplo es Jordan Bardella, el “chico de oro” ungido por Marine Le Pen y presentado por gran parte de los medios como prácticamente infalible. Bardella llevó a la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) a nuevos máximos en las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio —en la que su partido obtuvo ocho puntos porcentuales más que en 2019— y en las recientes legislativas francesas, cuando la formación pasó del 18,7 obtenido en 2022 al 33,2%.

Y sin embargo, en vez de recibir el encargo de primer ministro de Francia, Bardella es nombrado presidente del grupo nuevos Patriotas por Europa de Viktor Orbán (PfE, por sus siglas en inglés), uno de los tres bloques de la extrema derecha dentro del Parlamento Europeo. Los otros dos bloques son los formados por Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés), liderados por los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni; y el grupo más pequeño y extremista Europa de las Naciones Soberanas, anunciado este miércoles por la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

Oficialmente, el PfE es un bloque nuevo que ocupa el tercer lugar en el Parlamento Europeo. Pero lo cierto es que la mayor parte de sus componentes son los de Identidad y Democracia, el antiguo bloque de extrema derecha en el que el RN de Le Pen era el actor principal. La novedad principal es la incorporación en el nuevo grupo del partido Fidesz, de Orbán. Aparte de algunas otros añadidos y salidas, las únicas sorpresas son la llegada del español Vox y de Acción de Ciudadanos Descontentos [ANO, por sus siglas en checo], liderado por el ex primer ministro checo Andrej Babiš.

Por el momento, Orbán no ha logrado incluir en el PfE a otros aliados, como el primer ministro eslovaco Robert Fico; o como el ex primer ministro esloveno, Janez Janša. En consecuencia, el nuevo grupo sólo cuenta con un jefe de gobierno entre sus miembros, el propio Orbán, aunque otros podrían unirse a él en torno a la mesa del Consejo Europeo en los próximos años. A Orbán le interesa menos el Parlamento Europeo que el Consejo, donde se toman las decisiones y donde necesita un aliado para resistirse a las sanciones de la Unión Europea contra Hungría.

Muchas razones explican las dificultades de la colaboración internacional entre partidos de extrema derecha, como la volatilidad de las formaciones, el extremismo ideológico, las consideraciones estratégicas o los enfrentamientos personales. Pero son factores dinámicos que han ido cambiando con el avance, lento pero constante, de una extrema derecha que ha salido de los márgenes para integrar el escenario principal de la política europea.

En los años 80, la mala relación personal entre Jean-Marie Le Pen, entonces líder del Frente Nacional, y Jörg Haider, del Partido Liberal Austriaco, dificultó su colaboración en Europa. Pero en aquella época la extrema derecha estaba condenada al ostracismo político y sus políticos aún no habían aprendido a ceder para obtener beneficios políticos. En la actualidad, muchos líderes de extrema derecha integran coaliciones de gobierno, o aspiran a hacerlo, y han aprendido que para conseguir unas cosas hay que transigir en otras. Por eso, aunque no haya una amistad íntima entre Le Pen, Meloni y Orbán, ningún rencor personal impide la cooperación política en el futuro.

En su mayor parte, la entrada y salida de partidos demasiado inestables también es cosa del pasado. El Parlamento Europeo lleva décadas con un núcleo firme de formaciones de extrema derecha. De la misma manera, en Bruselas hay un núcleo firme de eurodiputados de extrema derecha participando desde hace años en la política europea, haciendo relaciones personales y ganando experiencia política.

Es verdad que las cosas se complican cuando hay extremismos ideológicos, sobre todo si son nacionalismos enfrentados. Un ejemplo es la división que en 2007 se produjo en el bloque de extrema derecha Identidad, Tradición, Soberanía tras los comentarios antirrumanos de un eurodiputado italiano. Más reciente es el rechazo de Fidesz a incorporarse al ECR con el argumento de que el bloque liderado por Meloni incluía a un partido “antihúngaro extremo” [en referencia a la formación de extrema derecha Alianza por la Unión de los Rumanos]. Claro que en los dos casos había otras razones en juego, como la feroz resistencia que dentro del ECR hay contra Fidesz.

La división por las posturas prorrusas

Gran parte de esa resistencia tiene su origen en las posturas prorrusas de Orbán, pero las cuestiones ideológicas no terminan de explicar las alianzas. Al bloque ECR, que incluye al partido polaco Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), le encanta presentarse como la extrema derecha pro-Ucrania y presumir de su vehemente oposición a Putin. Sin embargo fue el propio PiS polaco el que apoyó la entrada de Fidesz en el ECR, y el que después negoció con Orbán una posible adhesión del PiS al PfE. Al final, si el PiS se queda en el ECR es por motivos pragmáticos, más que ideológicos, tras negociar con Meloni el reparto de cargos dentro del bloque.

Antes que ideológico, organizativo o personal, el principal escollo para la colaboración de la extrema derecha es estratégico. Por lo general, los partidos de extrema derecha han usado la colaboración internacional como una forma de luchar contra el aislamiento dentro de sus países. Les ha servido para demostrar que internacionalmente no están solos, o que partidos que en otros países se han vuelto de masas buscan la colaboración con ellos. En gran parte, el debate sobre Rusia y Ucrania es de estrategia antes que de ideología, ya que la política exterior es una preocupación secundaria para la mayoría de formaciones de extrema derecha.

Para los partidos de extrema derecha que están tratando de formar parte de la corriente política dominante, como es el caso de los Demócratas Suecos, el fuerte estigma internacional vinculado a formaciones como AfD, Fidesz y RN es un obstáculo para la colaboración internacional. No es así para los que todavía están lejos, como el partido de extrema derecha portugués Chega; y tampoco para los que ya lograron entrar, como La Liga, en Italia.

Al final, la creación del bloque Patriotas por Europa (y en menor medida, la más reciente creación del bloque Europa de las Naciones Soberanas) contribuirá a que la extrema derecha crezca como una de las principales corrientes políticas de la Unión Europea. Tirarán aun más hacia la derecha al Partido Popular Europeo, el bloque con mayor número de diputados dentro del Parlamento, en temas como el Pacto Verde Europeo y la inmigración, y lo llevarán hacia una postura más conciliadora con el bloque ECR.

En otras palabras, la extrema derecha sigue su avance. Aunque no sea a la velocidad del rayo que suelen proclamar los medios y la propia extrema derecha, sigue siendo un avance.

Eso no quita que lo conseguido con la creación del bloque Patriotas por Europa de Orbán sea otra victoria pírrica. Es cierto que se trata del mayor bloque de extrema derecha que jamás ha habido en el Parlamento Europeo. Pero también es verdad que está casi completamente condenado al ostracismo, excluido de las comisiones por un “cordón sanitario” de los partidos pro-Unión Europea.

*Cas Mudde es profesor Stanley Wade Shelton UGAF de Asuntos Internacionales en la Universidad de Georgia, y autor del libro La ultraderecha hoy.

Traducción de Francisco de Zárate