Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder ha puesto sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos echan de menos la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína acabó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no ha reducido la violencia, sino que ha creado una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal ha sido el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierdas suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco han bastado los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se han centrado en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también han mirado de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no ha logrado asentarse, otros han ocupado el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca ha habido un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no han hecho sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, deberá vencer primero al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo. Ambos lideran las encuestas desde hace meses. Su candidatura genera entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despierta inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy encarcelado en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se presenta por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que ahora emergen en plena campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Conservador. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años ochenta: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó hace unas semanas al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario.

Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda. La última encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, publicada a finales de marzo, lo sitúa en el 20,2% de intención de voto, diez puntos por detrás de Cepeda y en empate técnico con la aspirante Paloma Valencia, que irrumpió con fuerza tras ganar las primarias de un grupo de formaciones de centro y centro derecha. Pero de momento ningún candidato parece capaz de alcanzar aún el 50% más uno de los votos válidos necesarios y lo más probable es que la decisión se dirima en segunda vuelta.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei.”

Para Yann Basset, el reto de la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Su intención de voto alcanzó un pico a finales de febrero, pero desde entonces ha oscilado entre el 16 y el 22%, con caídas y estancamientos que revelan los límites de su expansión electoral. Para el analista político Chala, el desgaste tiene una explicación estructural: “La pérdida de popularidad está relacionada con la fricción entre una amalgama de movimientos de derecha que, ante el ocaso de Álvaro Uribe, compiten por fijar los elementos de un nuevo sentido común en torno a la familia, la identidad y la religión. Hoy existe un fenómeno nuevo y alternativo al Centro Democrático.”

Aliado de Vox

De esta forma los analistas políticos esperan ver si el “Tigre” conseguirá revertir su inexperiencia política y sus problemas de imagen en puntos de fuerza. O si su prometedor arranque de campaña seguirá el camino de Rodolfo Hernández, el ingeniero presentado hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años.

Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

Por ahora, De la Espriella mantiene una distancia estratégica con Paloma Valencia, del Centro Democrático —la formación que custodia el legado político de Álvaro Uribe Vélez—. Pero el expresidente y voz tutelar ya ha revelado sus cartas: si su candidata no llega al balotaje, la maquinaria se volcará hacia el “Tigre”. De la Espriella, por su parte, navega en su propio carril. Observa las alianzas que se tejen a su alrededor. Aguanta. Y deja que el tiempo trabaje a su favor mientras los ataques se acumulan y el duelo por la presidencia de Colombia apunta, inevitablemente, a resolverse en una segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

Colombia vivió este domingo unas elecciones legislativas con evidentes signos de tensión política. Los sondeos no erraron: el izquierdista Pacto Histórico se impuso en las urnas y retuvo el mayor número de escaños en el Senado, con cinco más que en la legislatura anterior: obtuvo cerca de 4,4 millones de votos (22,82% de los sufragios). Pero el dato novedoso de la jornada fue el resurgir del uribista Centro Democrático, partido hundido al cuarto lugar en 2022 tras perder casi la mitad de sus escaños. Hoy está de vuelta como segunda formación del país al sumar cerca de 3 millones de votos y el 15,63% en la cámara alta. Lo anterior se traduce en 17 senadores, cuatro más que en 2022.

Casi 42 millones de ciudadanos estaban convocados a renovar un Congreso bicameral de 285 escaños: 103 en el Senado y 182 en la Cámara de Representantes. A las 20.30 locales (2.30 en la España peninsular), el oficialista Pacto Histórico ya despejaba el panorama. Los datos parciales dibujaban un crecimiento del progresismo de Gustavo Petro, con proyecciones de hasta 25 escaños en el Senado desde los 20 actuales. Al mismo tiempo, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, se disparaba de 13 a 17 senadores.

El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada. La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar

Yann Basset — Universidad del Rosario

En la Cámara de Representantes, por su parte, la misma formación de derechas protagonizó un primer golpe de efecto: de deambular como cuarta fuerza durante la pasada legislatura se erigió en el segundo partido más votado, con más de 2,2 millones de sufragios. La izquierda, entre tanto, mantuvo el pulso y se plantó como el bloque más fuerte, con 37 representantes. “El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada”, apostilla Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario. Y añade un matiz: “La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar”.

Los primeros análisis advierten, en todo caso, que el próximo gobierno deberá maniobrar con habilidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso que se estrene el próximo 20 de julio. “Sigue siendo un parlamento dividido. El Pacto Histórico y el Centro Democrático juntos no representan la mitad de los escaños, lo que demuestra que Colombia no es un país polarizado entre dos fuerzas”, precisa Basset. A ello se suma un factor estructural que la politóloga Elisabeth Ungar pone sobre la mesa: en Colombia, donde rige un sistema presidencialista, la obligación de votar en bancada se incumple con frecuencia. La estrategia de cada escaño, en definitiva, es una incógnita.

Mirada a las presidenciales

A la legislativa se sumó, este mismo domingo, otra batalla con la vista puesta en el 31 de mayo: tres consultas interpartidistas que, a modo de primarias, definieron candidatos presidenciales en cada bloque ideológico. Los ganadores fueron la congresista Paloma Valencia por la derecha, el veterano Roy Barreras por una escisión de la izquierda y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López por el centro.

Pero uno de los nombres de la noche fue el de Valencia. La senadora uribista arrasó en la Gran Consulta por Colombia —una coalición de partidos conservadores y de centroderecha— con más de tres millones de votos, superó a sus nueve rivales y cerró la jornada como una de las dos candidatas opositoras más fuertes junto al abogado ultra Abelardo de la Espriella –segundo en la mayoría de sondeos–. En su discurso de victoria rindió tributo a su mentor y guía político, Álvaro Uribe, antes de proclamar su intención de impulsar una economía más justa y reducir el tamaño del Estado.

El mismo Uribe había hecho campaña para llegar por quinta vez al Congreso. El domingo, sin embargo, le deparó un contundente golpe simbólico: el expresidente cosechó su primera derrota electoral en toda su vida política. Su estrategia de situarse en el puesto 25 dentro de una lista cerrada falló. Los 17 senadores que obtuvo el Centro Democrático fueron insuficientes y el fundador e ideólogo de la derecha colombiana se quedó fuera del hemiciclo a sus 73 años.

De momento solo hay una certeza. A partir de este lunes todos los esfuerzos electorales apuntan a una sola pregunta: ¿quién frenará al izquierdista Iván Cepeda?, candidato del Pacto Histórico y líder destacado en los sondeos. Desde el céntrico Hotel Tequendama de Bogotá, Cepeda no ocultó su euforia. “Somos la principal fuerza política de Colombia, la que cuenta con la bancada más numerosa en el Senado y Cámara”, proclamó, antes de lanzar un mensaje que sonó a golpe sobre la mesa: “El 31 de mayo ganaremos la Presidencia en primera vuelta”.

Ya con las urnas cerradas, el registrador nacional Hernán Penagos quiso dejar un mensaje de tranquilidad, pese al ruidoso choque con el presidente Petro, quien durante días había denunciado un posible fraude en el software de escrutinio sin presentar pruebas concretas. La Registraduría, de hecho, tuvo que repeler una ofensiva digital de hasta 300 millones de solicitudes simultáneas que buscaron colapsar el sistema. También 30 intentos de suplantación de la página oficial. Por todo ello el responsable del censo electoral le ofreció al primer mandatario, en tono retador, acceso a todas las actas para que verificara el proceso por sí mismo. Y cerró con un parte de victoria: “En Colombia hoy triunfó la democracia”.

El polifacético Hernando Gómez Buendía —abogado, filósofo, sociólogo y economista— cumplió 80 años en febrero. Su análisis afilado lo impulsó a publicar Colombia después de Petro (Planeta), un estudio político del “Gobierno del cambio”. Admite que la investigación lo convirtió, a marchas forzadas, en un experto en el presidente Gustavo Petro o, como describe él irónicamente, en “un petrólogo consumido, más que consumado”.

El entrevistado sonríe afable en el salón de su casa, al oeste de Bogotá, y declara que tras el primer cuatrienio de un gobierno de corte progresista en dos siglos de vida republicana, “el orden conservador —que aún domina los medios, la gran empresa, las relaciones con Washington y los gremios— no ha descifrado a Petro. Ni tampoco hallado una propuesta alternativa para un país que la necesita, sin duda”.

Colombia elige este domingo a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, antesala de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, a las que llegan como favoritos, según las encuestas, el senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultra Abelardo de la Espriella. Una victoria del candidato avalado por el presidente respondería principalmente, según el experto, al avance “inusitado” en la representación de las clases desfavorecidas: “ese país que había permanecido sumergido” durante el largo dominio de formaciones tradicionales de derecha.

¿Cómo explica su tesis de que Petro ganó hace cuatro años la presidencia, pero no el poder?

Es un punto fundamental que repite la misma izquierda en Colombia. Para empezar, la tarea principal del presidente en nuestro país es tratar de manejar el Congreso y a pesar de que el Pacto Histórico de Gustavo Petro logró una bancada de izquierdas sin precedentes, no pudo sostener las alianzas para llevar a cabo su proyecto de cambio. Los sectores conservadores se dedicaron durante cuatro años a domesticar la gran mayoría de iniciativas y reformas sociales del oficialismo. Jugaron al desgaste, pero no quisieron comprender por qué se había dado esa ruptura histórica.

¿Cuál es, entonces, el mayor logro del Gobierno?

Hizo mucho más de lo que la oposición cree. Habiendo encontrado, además, una pésima situación económica. Pero para decirlo con claridad: el principal avance de Petro es simbólico. Y fue canalizar la voz de una ciudadanía que ha sido etiquetada como los “nadies”. Los de abajo. Cambió la conversación nacional y puso sobre la mesa problemas medulares como la pobreza, la desigualdad, los líos ambientales o territoriales.

Todo eso lo captó en su discurso y, lejos de la temida revolución comunista o castrochavista, impulsó un primer intento de agenda diferente de la que habían planteado sus antecesores. Llena de contradicciones, con una evidente incapacidad para ejecutar su programa de gobierno. Bajo el supuesto de que es el gran representante del pueblo, desarrolló una narrativa que emociona, pero que a menudo sacrifica la verdad por argumentos morales como la exclusión o la dignidad.

¿Podría profundizar en esa idea?

Por ejemplo: desde su campaña a la presidencia anunció la necesidad de un acuerdo nacional para bajarle la tensión al nivel de polarización. Con un pequeño detalle que no se ha entendido aún: Petro se refiere a un diálogo con el pueblo, como si fuera uno e indivisible. No le interesan los tecnócratas, ni los expresidentes como interlocutores. En un país cuyos dirigentes han hablado siempre desde arriba, él elige hacerlo desde abajo. Por eso divide e incómoda, porque sigue actuando como un opositor desde el poder. Repite cada vez que puede que se siente mejor entre los pobres.

Petro confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca

¿Y cuál ha sido su mayor fracaso?

La política de “paz total” es una equivocación absoluta. Es su gran fracaso y quizás el que más daño le hizo a Colombia porque impidió completar un proceso que nos había costado 20 años para reducir la violencia, desmovilizar a guerrilleros y paramilitares. Petro quiso romper el patrón de las políticas de seguridad de mano dura y negociar con los criminales en vez de reprimir, dignificar a los campesinos cocaleros, reformar el enfoque con un ministro de Defensa abanderado de los derechos humanos. Pero se equivocó en el diagnóstico. Confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca.

Pero respetó los cuatro límites del poder que usted identifica como líneas rojas para no caer en una dictadura como la venezolana o la cubana.

Sí. Y aunque en algunos casos los empujó hasta donde pudo, nadie puede decir que Petro no haya respetado la separación de poderes, o que haya utilizado la fuerza para quedarse más tiempo en el poder. Además, no tiene el control del Ejército, que ha sido adiestrado en la lucha contrainsurgente. Es de derecha. En Colombia el único peligro de golpe militar habría sido contra él. Por otra parte, su manejo macroeconómico también mantuvo el equilibrio dentro de los límites de nuestra realidad. Donde quizás hubo más desafíos fue en la relación con Estados Unidos, un factor con el cual conviene no estrellarse porque Colombia no podría vivir jamás bajo un bloqueo norteamericano.

En su libro menciona que el país está atrapado en la cárcel de las ideologías.

Para empezar Petro, como todos, es prisionero de su pasado. Basta ver sus discursos. Insiste en que el Estado está cooptado por unas élites egoístas que bloquearon el cambio. Tiene, sin duda, elementos populistas, pero sobre todo dogmáticos. Descree de los expertos, de la ciencia, del mercado, porque supuestamente están todos al servicio del neoliberalismo. Al mismo tiempo simplifica la historia con un cuento que separa entre culpables del norte y víctimas pasivas del sur.

Por otra parte, la derecha sigue, a grandes rasgos, con la idea de que este Gobierno es un paréntesis desorganizado, lleno de caos y corrupción que les va a quitar el manejo de los negocios. Pero en cuatro años no quisieron enterarse ni romper sus propios sesgos. No pasaron del fastidio o del desconcierto y aún no entienden que el discurso del presidente se legitima en las urgencias de unas mayorías que pasan hambre o viven en medio de unas injusticias terribles, y eso es innegable.

¿Eso explica que Iván Cepeda, candidato de la izquierda, siga liderando la mayoría de las encuestas para las presidenciales? 

Claro. Los niveles de aprobación de Petro, y el hecho de que Cepeda sea una opción con tanta fuerza, no se explican con la idea trivial, convencional, de que todo ha sido un fracaso. Para muchos es difícil verlo, pero si uno habla con una persona que se gana la vida limpiando parabrisas en un semáforo, con los campesinos despojados de sus tierras o los indígenas arrinconados en regiones olvidadas se encuentra que, quizás, la vida no les cambió mucho en los últimos cuatro años, pero sí hubo un avance inusitado en la representación de ese país que había permanecido sumergido. Solo así se puede empezar a comprender de dónde diablos sale el 30 o 35% de apoyo a Cepeda. 

El orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura

¿Por qué responsabiliza a los medios colombianos de la baja calidad del debate?

Las redacciones de los periódicos, la televisión y la radio se dedicaron a aturdir a la opinión pública, más que a analizar. Otra vez volvemos al problema con las ideologías, que aciertan con nitidez en lo que ven y se equivocan en lo que dejan de ver. Los medios, en manos de los grandes empresarios tradicionales, se dedicaron a subrayar los retrasos del presidente, la improvisación en sus discursos, sus trinos impertinentes de madrugada [sus tuits en la red X]. En general, se quedaron en la superficie y magnificaron asuntos que no eran de fondo. Fueron incapaces de mantener una conversación bien argumentada y mientras enfatizaban las viejas verdades e intereses de sus dueños, ignoraban otras realidades que les son inconvenientes. Por eso la democracia perdió calidad y Petro aprovechó para denunciar la “dictadura de los medios”.

¿Un segundo gobierno de izquierdas rompería de verdad con la estructura política del orden conservador que ha regido durante dos siglos?

Esa es una pregunta abierta y la incertidumbre es muy grande todavía. Pero claro, ocho años empujando los límites de los que hablé… Retando a Trump, con un déficit fiscal delicado y creciente… Sin embargo, el orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura. En concreto: pienso que el panorama es muy confuso porque ninguna de las propuestas de los candidatos es aterrizada. Ninguna aborda el principal problema que es la falta de generación masiva de empleos productivos. Y sospecho que la peor tragedia que nos puede pasar es insistir en un país que está en una crisis más delicada de lo que imagina la clase dirigente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a tocar un nervio sensible en la realidad de un país poco habituado, hasta ahora, a los cambios drásticos en el manejo de su política macroeconómica. Petro anunció en diciembre por decreto un alza del 23,78% del salario mínimo oficial, la subida más alta en este siglo. Los gremios y grandes industriales pusieron el grito en el cielo. Y los centros de pensamiento advirtieron de los potenciales efectos en el costo de vida. A cinco meses y medio del fin de su Gobierno, sin embargo, el primer mandatario de izquierdas se mantuvo firme y subrayó en múltiples declaraciones que se trata, en realidad, de un avance histórico en equidad social.

La nueva tabla salarial supone, quizás, uno de los últimos pulsos del Gobierno en un país polarizado. El Consejo de Estado, una de las máximas instancias judiciales, suspendió el pasado 12 de febrero de forma provisional el decreto del salario mínimo de Petro por falta de base económica y jurídica clara. El presidente ha utilizado la decisión judicial para convocar protestas masivas el 19 de febrero en las plazas del país. 

“Ni un peso atrás”, arengó el presidente a los manifestantes que llenaron la Plaza de Bolívar en Bogotá, el corazón político del país. Acto seguido, el mandatario anunció que había firmado un nuevo decreto respaldado esta vez en los estudios técnicos ordenados por el tribunal y manteniendo el incremento inicial.

La oposición ha leído en su maniobra un nítido contraataque electoral. Una táctica para unir a sus bases de cara a las legislativas del 8 de marzo. Y, en especial, la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. “Es salario vital si alcanza para llevar la canasta mínima vital al hogar del trabajador promedio, calculada en 2.155.000 mensuales (unos 470 euros) según los estudios técnicos que consideran una canasta familiar básica de 3 millones (unos 650 euros) para cuatro personas”, enfatizó el líder progresista.

En las semanas previas había subrayado que su decisión forma parte de un “pacto social de la vida y la paz” frente al “gran capital”. La dura pelea que esconde el alza del 23,78%, sin embargo, encierra más de un punto ciego dentro de un frágil mercado laboral: “El nivel del aumento es atípico, incluso en un plano regional porque es de 4,5 veces el promedio de inflación esperada para 2026 que se ubica en el 6%”, explica el doctor en Economía por la Universidad del Rosario Andrés García. 

En la mesa tripartita que pacta el ajuste todos los años, los sindicatos habían propuesto un aumento del 16% mientras que los empresarios plantearon un 7,21%. No hubo acuerdo. Y el Gobierno se ha escudado en un estudio con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar hacia un “salario mínimo vital” que cubra una serie de gastos básicos de alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y salud.

El problema es que en Colombia solo el 10,12% del total de ocupados (alrededor de 2,4 millones de personas) gana un salario mínimo. Y el dato más alarmante es que el 48,9% —casi la mitad de la fuerza laboral— percibe ingresos inferiores. A saber: 11,3 millones de ciudadanos atrapados en el círculo vicioso del empleo informal, o “rebusque”, como se conoce en el país. 

Esta población, desprotegida y sin seguro de paro, plantea los mayores interrogantes de fondo: “La cifra actual de desempleo es muy buena para Colombia y, sin embargo, dobla el promedio de América Latina. La gran pregunta es cómo podríamos incluir a los trabajadores informales en el contrato social. Las normas de la OIT no aplican para ellos y tienen menos derechos laborales. No aportan, además, al sistema de salud y pensiones”, detalla el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana Mauricio Salazar.

La tasa de desocupación cerró 2025 en un histórico 8,9%. El indicador más bajo en dos décadas. Pero la aguja de la mencionada informalidad apenas se ha movido. El mercado laboral patina desde hace décadas en un terreno desventajoso, sumergido y minado de carencias. El economista Hernando Gómez Buendía concluye en su libro Colombia después de Petro que ni el modelo económico conservador predominante en las últimas décadas ni las modificaciones del actual Gobierno de izquierdas han logrado impulsar una economía con empleos productivos y de calidad en forma masiva.

Un problema estructural

Se trata de un debate que despierta intensas polémicas. De todas formas, y pese al descontento inicial, esta semana los empresarios firmaron el nuevo decreto. Para ellos lo más sensato es mantener el alza inalterada. Una de las razones es que en Colombia el precio de los arriendos, de los programas de vivienda pública, los aportes a la seguridad social o el transporte, entre otros, se ajusta cada año al ritmo del salario mínimo. Y con febrero ya avanzado, muchos consideran que volver a reacomodar sus proyecciones solo generaría más desorden y desconfianza en el mercado.

Ahora el Consejo de Estado tendrá que resolver si el Gobierno corrigió las deficiencias del decreto anterior. Para formarse una idea, el sueldo base en Colombia está, con el incremento del 23,7%, en algo más de 2 millones de pesos (unos 450 euros), con un auxilio de transporte incluido. La Administración de Gustavo Petro lo ha justificado en un cálculo que prevé que una familia de tres a cuatro personas necesita 1,8 millones de ingresos básicos para cubrir sus costos esenciales. 

Por eso, otro de los temas que ha irrumpido en el debate es cuál sería la remuneración vital que garantizaría una vida digna en el país sudamericano. Una pregunta que los técnicos del Ministerio de Hacienda habían tasado siempre con fórmulas y modelos que se apoyaban en la productividad, el crecimiento y la inflación. Pero Gustavo Petro ha dudado dos veces. Y ha privilegiado un estudio sobre el terreno ¿Los montos que venían funcionando alcanzaban de veras para cubrir la cantidad de calorías diarias necesarias? ¿O pagar la factura de los servicios?. “O, sí, por el contrario, podría reproducir condiciones de esclavismo en la medida que las personas trabajan por una remuneración muy baja. Es una preocupación política y económica legítima”, reflexiona Mauricio Salazar.

No es menos cierto que el grueso de los economistas en Colombia asumen como verdad casi incontestable que un alza tan pronunciada tendrá un efecto negativo sobre el empleo. O la inflación, que repuntó en febrero al 5,31% y se aleja de la meta fijada por el Banco de la República en 3%. 

Juliana Morad, especialista en derecho laboral, destaca: “Hay críticas porque el salario mínimo, que antes representaba un 40 o 50% del salario medio, ahora se acerca al 70 u 80%. Es decir, quedan muy próximos y puede empezar a funcionar como un tope”. Y Andrés García añade: “Es una política que podría ser restrictiva porque va dirigida a un grupo muy pequeño de trabajadores formales en una economía bastante sumergida”.

Lo único claro hoy es que el terreno y la hondura del debate han cambiado. La economista Marta Juanita Villaveces, ex viceministra técnica del Ministerio de Hacienda en este Gobierno, abre más preguntas. A su juicio, un incremento importante es, en principio, una señal positiva para los trabajadores. Sin embargo, advierte que Gustavo Petro deja por fuera matices importantes: “Solo mira un pedacito de Colombia, un país tremendamente diverso con mercados laborales distintos entre ciudades, campo y regiones. No es lo mismo hablar de un trabajador urbano que de uno rural: por eso la carga de la medida afecta de manera distinta”.

Esa es una de las razones por las cuales el empresariado ha lanzado una voz de alerta. El 98% del tejido productivo colombiano está formado por micro y pequeñas empresas de una a tres personas. Un enjambre de papelerías de barrio, puestos de comida callejera, talleres mecánicos o peluquerías. En ese orden de ideas, Villaveces recuerda que no son los “ricos” a los que el discurso presidencial suele señalar quienes tendrán que sortear el alza, sino los supervivientes de una economía fracturada. Por eso, advierte que las soluciones actuales son solo un “parche” para un sistema que deambula desde hace medio siglo sin reformas estructurales. Y lastrado por la informalidad crónica.

La caída en desgracia de Alex Saab (Barranquilla, Colombia, 1971), el oscuro operador de Nicolás Maduro apartado del poder por el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez a finales de enero, dio un nuevo paso hacia el abismo este miércoles.

Medios colombianos e internacionales informaron de su detención en una operación conjunta del nuevo Ejecutivo venezolano con EEUU, pero su paradero no está claro. Las autoridades de ninguno de los dos países han confirmado públicamente la operación y su abogado niega que haya sido detenido. Sin embargo, fuentes estadounidenses han confirmado a Reuters que está arrestado y será extraditado a ese país. Asimismo, fuentes de Washington y Caracas consultadas por The New York Times confirman la detención e interrogatorio de Saab, pero sostienen que desconocen su situación legal actual.

El rumbo del colombiano Saab había sido inicialmente como el de cualquier comerciante en su natal Barranquilla. Su capacidad para moverse en la sombra, sin embargo, lo erigieron en una suerte de Rasputín financiero del chavismo que ayudó a Maduro a moverse pese a las sanciones de EEUU que pretendían ahogarlo.

Hoy, múltiples informaciones establecen su participación en negocios oscuros cuyos dividendos superan los 1.000 millones de dólares.

A saber: el traslado irregular de lingotes de oro a Turquía, su rol como enlace para evadir sanciones entre la Revolución Bolivariana y el ayatolá Alí Jamenei en Irán o su enriquecimiento mediante el suministro de cientos de kilos de leche en polvo adulterada a los niños de los barrios populares en Venezuela, entre otros denunciados por la prensa. La inteligencia estadounidense, la Fiscalía colombiana y diversos medios, como Armando.info, lo tienen fichado desde hace más de una década.

Saab accedió a la cúpula chavista en 2010 a través de la fallecida política colombiana Piedad Córdoba, cercana a Maduro. Buscaba por entonces recuperar 30 millones de dólares adeudados por el CADIVI (Comisión de Administración de Divisas de Venezuela), el engranaje estatal venezolano que regía el control cambiario. Cuando Chávez al fin liberó ese capital, el comerciante reflotó su arruinada textilera en Barranquilla e ideó un esquema funcional: envíos masivos y ficticios de ropa usada desde Colombia y Ecuador con el fin de capturar dólares a una tasa preferente y luego revenderlos en el mercado negro con un retorno abultado. Se calcula que con este método exportó unos 296 millones de dólares en bienes fantasma.

El lujo que desplegó incluyó noches de miles de dólares en los hoteles más lujosos de París, una flota de al menos cuatro aviones privados —de 28 millones en promedio cada uno—y apartamentos en Miami o Barranquilla

“Uno de sus primeros negocios en Venezuela fue el de los contratos para construir casas prefabricadas en 2012 a través de la empresa Fondo Global [registrada en Bogotá]. Se debían entregar 5.000 unidades en 2014, que a día de hoy no se han terminado”, asegura el reportero de Armando.info Roberto Deniz. El ascenso del anodino hijo de un libanés y una descendiente de inmigrantes palestinos en la ciudad portuaria del Caribe colombiano fue meteórico.

El lujo que desplegó incluyó noches de miles de dólares en los hoteles más lujosos de París, una flota de al menos cuatro aviones privados —de 28 millones en promedio cada uno—y apartamentos en Miami o Barranquilla. El periodista de investigación de Univisión Gerardo Reyes escribe en su biografía de Saab que la “paciencia de buey” y “adoración por el dinero” lo catapultaron al primer círculo de confianza de Nicolás Maduro.

Su buena racha, sin embargo, se vio truncada con la llegada de Donald Trump en 2017. El experto en seguridad nacional Marshall Billingslea —alta figura del Tesoro estadounidense— se obsesionó con la conducta sombría del multimillonario colombiano. Fue él quien aceleró su cacería. “A mediados de 2019, dio luz verde a cargos contra Saab y Pulido [su socio y narco confeso] en Miami, al tiempo que los inscribió en la lista OFAC”, relata Reyes. Detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, Saab fue extraditado a petición de un juzgado estadounidense por delitos asociados al lavado de dinero y soborno y pasó tres años en prisión.

Mientras pasaba en Venezuela como un próspero exportador de textiles que se hizo millonario de la noche a la mañana, sus empresas en Colombia estaban en la mira de la justicia penal

Para su defensa, desde 2013, había elegido al mediático penalista Abelardo de la Espriella, hoy candidato de la extrema derecha a la presidencia de Colombia. Según la biografía de Reyes: “Él domina a Saab; si Abelardo le dice que se tire por la ventana de un avión, se tira, que baile en la cabeza, pues baila”. Se trata de un tema vidrioso para el actual aspirante. Por ello ha tenido que repetir en múltiples entrevistas que el vínculo laboral se cerró en 2019 tras las sanciones de la OFAC. Ahora esgrime que Saab era entonces un contratista privado y no un funcionario de Maduro.

Los problemas judiciales de su cliente se apilaban en los tribunales desde hace años, en todo caso. Mientras pasaba en Venezuela como un próspero exportador de textiles que se hizo millonario de la noche a la mañana con el desembolso de CADIVI, sus empresas en Colombia estaban en la mira de la justicia penal. Una investigación de la Fiscalía en Bogotá halló que el industrial barranquillero se había dedicado, durante más de una década, a “engañar al Gobierno de su país con operaciones ficticias de comercio exterior y timos al sistema tributario”.

De regreso en Caracas, el líder —bajo la mirada desconfiada de la actual presidenta Delcy Rodríguez, que nunca lo ha visto con buenos ojos— premia su lealtad. En octubre de 2024 lo designa Ministro de Industria

La política internacional, sin embargo, aún guardaba un par de giros inesperados. La Administración demócrata de Joe Biden liberó a Saab en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros con Venezuela. El pacto permitió a su vez la excarcelación de Leonard Francis, alias Fat Leonard (Leonard el gordo) —ciudadano malayo condenado por sobornos a oficiales de la Marina estadounidense— y otros detenidos norteamericanos, a cambio del magnate colombiano. Su imagen carcelaria, reducido a uniforme naranja y gesto adusto, opacó al otrora empresario elegante que manejaba los circuitos del poder financiero.

De regreso en Caracas, el líder —bajo la mirada desconfiada de la actual presidenta Delcy Rodríguez, que nunca lo ha visto con buenos ojos— premia su lealtad al régimen. “Primero [en enero de 2024] lo nombra presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, un organismo que busca captar inversiones en Venezuela. Y en octubre de ese año lo designa ministro de Industria, con la misión de reactivar el parque industrial expropiado por Chávez. Su tarea era reunirse con los empresarios y abrir procesos de licitación. Para que te hagas una idea de su cercanía con Maduro, en paralelo mantuvo una participación en el tema de la comercialización del petróleo venezolano”, recuerda Deniz.

Dos años después, tras cumplir otros tantos en una cárcel estadounidense por lavado de dinero, Alex Saab ha vuelto a ser capturado. Fue este miércoles en Caracas, en una operación conjunta de las autoridades venezolanas y estadounidenses. La noticia marca, quizás, el último capítulo del chacal financiero. Una pieza seminal del rompecabezas. El que controlaba las exportaciones. Y canalizaba, según confesó a los fiscales norteamericanos, la mitad de cada dólar ganado en contratos para el chavismo hacia las cuentas bancarias de su incondicional Nicolás Maduro.

La parálisis de la mayor obra ambiental en Colombia tiene por protagonistas a la constructora española Sacyr y al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro. La construcción del Canal del Dique —adjudicada por concurso público en noviembre de 2022— se halla estancada en una fase “preoperativa”. Mientras tanto, las poblaciones ribereñas del norte del país siguen sujetas al capricho e intensidad de las frecuentes lluvias y sus estragos. El proyecto, tasado en 690 millones de euros, resulta vital para contener el desborde de las aguas; o mejorar su calidad en este brazo artificial que conecta al mar Caribe, en la bahía de Cartagena de Indias, con el río Magdalena, quizás el más importante del país

El Gobierno de Petro y las autoridades ambientales y de infraestructura han mostrado algo de resistencia al plan social y ecológico de la constructora española. Y aun así, en Colombia no ha dejado de causar sorpresa el recorte unilateral por casi 150 millones de euros (al tipo de cambio actual) anunciado hace unos días por el Ministerio de Hacienda al presupuesto de la obra en 2025. Con esta medida, el Ejecutivo deja un agujero financiero del 83,61% a lo pactado para el año pasado. Su avance entra una vez más en una zona gris.

Las razones expuestas por Hacienda responden a la frágil situación fiscal del Estado colombiano, agobiado por el pago de intereses de su alta deuda soberana, el creciente gasto público y la aún modesta recaudación fiscal. Esos son, al parecer, los resortes tras el tijeretazo. Sacyr ha informado, a través de una portavoz, que la empresa española no dará declaraciones porque el único “autorizado” es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Con ello evidencia el tira y afloja habitual entre la operadora española y un puñado de despachos oficiales encargados de la inspección y supervisión de una megaobra que acumula tensiones y retrasos.

La ANI, agencia oficial adscrita al Ministerio de Transporte, ha salido al paso para sumar una dosis de confusión con un comunicado firmado el 28 de enero en el que precisa que, como gestora de la concesión, “ha desembolsado más de 217.477 millones de pesos (unos 51 millones de dólares, al tipo de cambio actual) al patrimonio autónomo, garantizando un manejo eficiente y responsable de los fondos públicos”. El compromiso de la entidad, añade, es pasar a la fase constructiva en el segundo semestre de 2026, pero no ha mencionado el hachazo de Hacienda.  

Por contra, el Tribunal de Cuentas colombiano sí ha expresado su inquietud por la deriva del proyecto ambiental. De acuerdo con un comunicado del ente de control publicado el pasado miércoles, la medida del Gobierno progresista supone un riesgo fiscal enorme para la región Caribe y el país. Critica, así mismo, que se haya tomado de manera unilateral. Y advierte de que el Estado colombiano se expone al pago de multas, intereses de demora y otras compensaciones no previstas en el presupuesto original.  

En paralelo al pulso burocrático, la lista de afectaciones por las crecidas en los pueblos de la ribera del norte es crónica: miles de familias evacuadas, problemas sanitarios, viviendas inundadas y múltiples daños en los cultivos y la actividad pesquera. Se calcula que la población en primera fila de vulnerabilidad asciende a unos 100.000 habitantes. ¿En qué consiste la intervención ambiental? Contempla, entre otras, la construcción de dos enormes compuertas con esclusas para atenuar o filtrar la entrada de sedimentos al caudal del río. 

Sacyr, sin embargo, ha tropezado una vez tras otra a la hora de acreditar los requisitos del Ministerio de Ambiente colombiano. “Nunca presentaron un estudio de impacto ambiental. Ello a pesar de nuestro acompañamiento e insistencia. Eso quiere decir que, desde la perspectiva de la licencia necesaria para poder avanzar, van en la etapa cero”, explica a elDiario.es, por mensaje de texto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez. 

Algunos pobladores de la cuenca se han quejado, además, de la supuesta discreta voluntad de la compañía española para cumplir con su obligación legal de informar a la comunidad local sobre los impactos de la construcción. Se trata de pueblos campesinos, negros y palenqueros, descendientes directos de esclavos africanos del periodo colonial, con altos índices de pobreza y desigualdad. “Además de los términos de referencia específicos que fueron emitidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), hicimos un alcance en agosto de 2025 con el propósito de evitar que un proyecto grande y complejo como este termine por impactar a los habitantes. Era una medida de criterio para evitar lo que se conoce como racismo ambiental”, subraya Vélez.

Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia, deberá hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los 115 kilómetros de extensión del Canal del Dique durante 15 años. No sin antes sortear los escollos regulatorios. Una situación que no supone ninguna novedad. La empresa ya ha recibido más de una multa, librado varios pleitos y procesos de arbitraje internacional por sus obras en Colombia. Se trata de un operador que, desde 2012, ha adelantado un sinnúmero de proyectos de infraestructura vial y concesiones. Algunos han sido clave para mejorar la atrasada red de carreteras y autopistas del país sudamericano. Otras, sin embargo, han tenido controversias por la modesta calidad constructiva, demoras en la entrega o sobrecostes. 

De cualquier forma, el ingeniero civil Rodrigo Fernández, experto en licitaciones y miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concluye subrayando un asunto de fondo: “Los anuncios del Gobierno a veces crean desconcierto. Los parámetros y estructura de los contratos vigentes se deben cumplir de parte y parte. Es inaceptable que Petro utilice recursos que ya están comprometidos para una obra, escudado en la emergencia económica, como si fuera una fuente de ahorro de la Nación”.

El músculo político de la oposición venezolana afronta quizás su mayor desafío en tres décadas. Después de que el presidente Donald Trump relativizara el rol de la Nobel de Paz y cabeza más visible del antichavismo, María Corina Machado, todas las miradas se dirigen en esa dirección y su papel en un posible proceso de transición democrática. Lo más importante para el heterogéneo bloque opositor, tras 27 años de represión oficial, será reacomodarse con celeridad en el nuevo tablero del poder. Con sus fricciones y contradicciones internas, la carrera para jugar las cartas y hallar la unidad es contrarreloj.

Hoy lo único cierto es que la operación ilegal estadounidense para apresar a Nicolás Maduro en plena madrugada caraqueña sorprendió a una oposición fragmentada. En una conversación con elDiario.es, la reportera venezolana Luz Mely Reyes identifica tres vertientes en el bloque opositor. La primera de ellas es la de los ‘colaboracionistas’, o leales a la revolución, pero con cierto margen de independencia en sus posturas. Otras fuentes citan el caso del diputado Henri Falcón, fundador del partido Avanzada Progresista. Un militante que, a pesar de haber surgido en las filas chavistas, se enfrentó en 2018 a Maduro en los comicios y luego anunció su apoyo a María Corina Machado en 2025.

El segundo núcleo está representado por políticos de perfil moderado. Entre ellos se halla Henrique Capriles, quien despertó el interés internacional en 2012 cuando, con 40 años recién cumplidos, desafió en las urnas a Hugo Chávez –que, a pesar de hallarse debilitado por la enfermedad, ganó con el 55,07% de los votos frente al 44,31 % del joven aspirante de la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD)–. Por último, está la vertiente radical, representada por María Corina Machado, líder que se posicionó en 2010 tras ser elegida por el norteño estado de Miranda como la diputada más votada del país. Leopoldo López, hoy exiliado en Madrid, y Juan Guaidó, en Miami, también forman parte del llamado flanco duro.

Discrepancias

Desde hace unos años las discrepancias o pugnas dentro del universo opositor han girado en torno a la estrategia para enfrentarse al régimen: ¿librar la batalla electoral o apostar por la abstención como herramienta de denuncia contra un sistema que consideran una “farsa”? “Moderados, leales y radicales lograron, entre 2010 y 2015, agrupar hasta unos 30 partidos independientes en la MUD. Pero, quizás, tras el boicot electoral a las presidenciales de 2018, las diferencias conceptuales entre los movimientos quedaron muy claras”, dice Luz Mely Reyes.

La situación política en Venezuela, además, es un terreno minado para las voces disidentes. Y la maquinaria oficial no ha ahorrado recursos a la hora de adelantar detenciones arbitrarias, censurar a la prensa u otros métodos de hostigamiento como armar a sus colectivos urbanos en algunos barrios. “Esta es una coyuntura interesante para que muchas voces salgan de las catacumbas. Porque hoy buena parte de la oposición está presa, o exiliada, o escondida”, dice a este medio el historiador Pedro Benítez. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el pasado jueves la liberación de “un número importante” de presos políticos, venezolanos y extranjeros, que presentó como un “gesto unilateral” del Gobierno bolivariano.

El historiador opina que se trata, en todo caso, de un sistema político tan “particular” que evaluarlo a la luz de un ejercicio democrático normal es inviable. Por eso, añade que más allá de los anhelos de algunos políticos como Machado, que aboga, por ejemplo, por una reapertura de la economía al sector privado, hoy la primera urgencia en el horizonte es más pedestre: “Volver a tener unas elecciones libres”. “Para mí, tenemos que volver a empezar de cero”, dice Benítez, que advierte, sin embargo, de que la historia ha sido convulsa: “Entre 1830 y 1958 el país solo tuvo cinco años de gobiernos civiles. Todos los demás fueron administraciones de generales. Y el ensayo de 40 años de institucionalidad que hubo antes de Chávez fue casi un milagro porque la tradición autoritaria y militar siempre ha estado presente”.

La oposición ha logrado algunas victorias desde que la revolución bolivariana llegó al poder en 1999. La primera fue en 2015, cuando la coalición Mesa de Unidad Democrática obtuvo el control del poder legislativo con 112 diputados frente a 55 del oficialismo. Sin embargo, de poco sirvió que el Gobierno de Maduro reconociera aquella derrota sufrida en la Asamblea Nacional ya que poco después el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por el chavismo) tomó una serie de decisiones para quitarle dientes a dicho órgano.

Con la extracción violenta de Nicolás Maduro tanto los más leales al régimen como los más radicales están fuera de la jugada

Víctor Mijares — Académico de la Universidad de los Andes

Más enredados fueron los resultados de las presidenciales de julio de 2024. La versión del Consejo Nacional Electoral, alineado con el oficialismo, es que Nicolás Maduro ganó con el 51,2 % de los votos frente al 44,2 % de Edmundo González Urrutia, septuagenario diplomático de carrera impulsado por María Corina Machado. La Nobel de Paz había sido inhabilitada para postularse e hizo causa común para endosarle parte de su creciente popularidad bajo las banderas del PUD en la papeleta. El programa, en todo caso, giraba en torno a los dos ejes de la política de 58 años: una campaña para el retorno de millones de venezolanos en el exilio, bautizada de reunificación, y un plan de recuperación económica.

Una parte importante de la comunidad internacional y varios organismos independientes cuestionaron la transparencia de un proceso electoral cuyas actas de votación aún se desconocen. Basados en un recuento alternativo de la oposición, el Parlamento Europeo, Estados Unidos o la OEA reconocieron a González como virtual ganador, con el 67% de los votos. “La candidata real fue María Corina Machado, y eso generó cierto resentimiento en sectores minoritarios de la oposición, como el que lidera Henrique Capriles”, explica Víctor Mijares, académico de la Universidad de los Andes.

Incertidumbre

La fuerza real de la oposición, con Estados Unidos a cargo del control del poder en Caracas, se verá en las próximas semanas. Predomina el clima de zozobra e incertidumbre. Conscientes de que en Venezuela, como en la mayoría de América Latina, se suele depositar esperanzas en liderazgos carismáticos, las fuentes consultadas coinciden en que el bloque opositor deberá cambiar de relato.

“Con la extracción violenta de Nicolás Maduro tanto los más leales al régimen como los más radicales están fuera de la jugada. Aunque María Corina Machado cuenta con el respaldo popular, hoy prevalece el dominio de los bastiones clave: el aparato militar y represivo, en manos de Diosdado Cabello, y el sector energético, controlado por Delcy Rodríguez”, apostilla Víctor Mijares.

Hubo un tiempo en que Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue considerada una de las tres grandes de la industria a nivel mundial. Pero los años dorados de la fiebre petrolera se fueron evaporando en paralelo con la mala gestión de finales de los 90 del siglo pasado, primero, y luego con el saqueo de la compañía estatal a manos de la corrupción, el régimen y los bandazos ocasionales en los precios internacionales del barril. Así, la riqueza se secó. Las refinerías se oxidaron. Y la ruina se extendió hasta nuestros días. Los del secuestro y detención del presidente Nicolás Maduro a manos de un escuadrón de élite del ejército estadounidense en plena madrugada profunda de Caracas.

El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos tomará el control indefinido del negocio petrolero venezolano. A falta de más detalles, el economista Francisco Monaldi advierte de que revivir el El Dorado de los 60 o 70 demandará más de una década de trabajo: “En ausencia de un cambio institucional genuino, Venezuela aún podría atraer inversiones limitadas al alcance de la mano —proyectos de altos retornos a corto plazo y recuperación rápida de costos—. Y, si bien estos generarían ganancias modestas, harían poco por reconstruir la industria o restaurar la capacidad productiva del país a largo plazo. Los grandes proyectos que exigen capital sustancial y horizontes extensos seguirán siendo inalcanzables”, escribe en su cuenta de Substack.

Lo cierto es que Venezuela alberga bajo su subsuelo las mayores reservas probadas de crudo del mundo (un 19% del total). Esto equivale a 303.000 millones de barriles. Al ritmo actual de extracción, con un promedio de 920.000 unidades, estos yacimientos alcanzarían para unos 828 años de producción continua. Monaldi certifica que la geología no supone un problema. Los verdaderos líos están en la superficie, donde la mano negra de las intervenciones políticas desde principios de siglo, la mala gestión técnica y financiera y la falta de inversión han arrastrado lentamente a PDVSA a la ruina actual.

Para volver a alcanzar la velocidad de crucero de los años 90, cuando el país producía unos 3,5 millones de barriles diarios, expertos como el economista Luis Pacheco, de la Universidad de Rice, calculan que hará falta más de una década de arduo trabajo sostenido en un contexto democrático.

“Es muy curioso que Trump hable de la inversión de 100.000 millones de dólares, porque esa es la cifra que hemos trabajado en los planes de recuperación de gas y petróleo. Lo que pasa es que la realidad sobre el terreno es más compleja. También se debe reconstruir toda la cadena de valor industrial de los hidrocarburos que incluye el sector petroquímico, refino, remediación ambiental, generación eléctrica, etc. Nada de esto va a suceder sin un cambio político e institucional. Porque ni PDVSA, ni el Estado, tienen dinero. Y el gran obstáculo para cualquier compañía que quiera venir a invertir es la inestabilidad en las leyes. Por ahora, la dirección de los americanos en este ámbito parece correcta, falta ver cuáles son los detalles”, afirma el académico.

Monaldi señala por su parte que el manto de crudo dormido bajo tierra es tan extenso, que con un marco contractual y fiscal adecuado —hoy inexistente— la explotación petrolera sería rentable incluso con cotizaciones bajas de hasta 25-30 dólares por barril (hoy el crudo cotiza ligeramente por encima de los 60 dólares).

“El punto de partida para entender el deterioro de la infraestructura petrolera en Venezuela fue el despido masivo de trabajadores del sector en 2002”, explica el economista Ricardi Villasmil, “luego vienen los episodios grandes de corrupción. Cuando la compañía financia directamente al Ejecutivo y se pierde la unidad del tesoro y todos los mecanismos de control financiero. Se abren infinitas oportunidades”.

El analista y economista venezolano Asdrúbal Oliveros recuerda que durante el Gobierno de Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, el país vivió y malgastó el boom de las materias primas (alcanzando una cotización récord de 147 dólares por barril en 2008): “La empresa perdió su perfil técnico, se politizó y se convirtió en el sostén económico del Estado. Maduro no tomó los correctivos necesarios. PDVSA acabó endeudada y en insolvencia. Se desmanteló todo el circuito refinador de gasolina porque se creía que era mejor comprarla afuera para darle oxígeno al Fisco. Con las nacionalizaciones, además, se expulsó al sector privado y hoy no tenemos cómo mejorar nuestro crudo, que es pesado o extra pesado y más difícil de vender”.

PDVSA ha confirmado, a mediados de esta semana, que el Gobierno provisional a la cabeza de Delcy Rodríguez ya ha sostenido conversaciones con el Ejecutivo estadounidense para vender volúmenes de petróleo “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”. Un día antes, Donald Trump había asegurado que Venezuela suministraría entre 30 y 50 millones de barriles de su producción anual (algo así como el 12,7% del total). También trascendió que el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo conversaciones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en las que su Administración le exigió a Venezuela cortar sus lazos comerciales con China, Rusia, Irán o Cuba.

Para Asdrúbal Oliveros, el panorama aún resulta brumoso. Las palabras de Trump, a su juicio, deben someterse a la criba de la realidad. Advierte de que el negocio energético mundial se ha diversificado. Y que el tipo de crudo venezolano es, justo, el más contaminante: “Es probable un incremento modesto de las operadoras activas en Venezuela como Chevron, Repsol, ENI o Maurel & Prom, elevando la producción actual de 1 millón de barriles diarios a 1,3 o 1,4 en el corto plazo. Sin embargo, para superar ese nivel, y no caer en apuestas petroleras ciegas, se requieren cambios institucionales profundos que van más allá del presidente de los Estados Unidos”.

Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista y líder en los sondeos para las elecciones presidenciales de mayo próximo en Colombia, es un político de temperamento sereno y habla pausada. En el Congreso —donde ha ocupado un escaño en cuatro ocasiones consecutivas—, ha liderado la defensa de las víctimas de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en el país latinoamericano. Considerado por algunos analistas como el interlocutor ideal para reunir las dispersas bases electorales del progresismo, este bogotano de 63 años ganó las primarias de la coalición del Pacto Histórico para recibir el testigo del actual presidente, Gustavo Petro.

De momento ha anunciado que, por cuenta de los niveles de polarización en la contienda, no asistirá a debates. Sí ha atendido a elDiario.es en Madrid, donde ha hecho escala para presentar su candidatura y denunciar la agresión ilegal de EEUU a Venezuela, pese a que su Gobierno no reconoció los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro. “Colombia no es una colonia ni protectorado de EEUU”, decía claramente en la rueda de prensa previa a la entrevista. “Hacemos un llamado de alerta de que EEUU está intentando influir en nuestras elecciones. Buscan influir en la opinión pública catalogando a nuestro presidente como narcotraficante”.

Cepeda Castro cree que Europa y América Latina viven un momento decisivo en el que es necesario ser conscientes del peligro que representa Trump. “Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son muy graves”.

Una primera pregunta inevitable, ¿cuál es su análisis de la agresión estadounidense a Venezuela y su interpretación de la visión trumpista en política exterior hacia América Latina?

Es muy importante entender a qué nos estamos enfrentando. Un problema no se puede abordar si no hay una comprensión clara de qué dimensión tiene, qué tan profundo es y cuáles son sus consecuencias. Desde esa perspectiva, no es correcto entender todos y cada uno de los hechos y eventos que hemos venido constatando a lo largo de este segundo periodo de Donald Trump como si se tratara de hechos que son sencillamente inconexos, que provienen de estados anímicos o que son simplemente el resultado de una política que es desordenada y caótica. Trump no es un hombre desquiciado y lunático, sino la expresión de una realidad política.

Estamos hablando de una estrategia. Afortunadamente, ya la tenemos escrita para que podamos sacar las conclusiones necesarias. Esa estrategia es una estrategia de una característica muy clara: es la entronización de un modelo totalitario, yo diría neofascista, de comprensión del hemisferio occidental, entre otras cosas.

Cuando asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado

¿Cree que una vuelta tan burda al expansionismo o imperialismo estadounidense puede tener algún efecto, no ya en la izquierda, sino en esos sectores que no están tan ideologizados?

Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son tan graves. Entonces, yo espero que se entienda que no son palabras, no son declaraciones y no son reacciones anímicas. Es una política que está en ejecución y todos deben entenderlo, no solo la izquierda ni los sectores con un mínimo sentido de la dignidad nacional. Ese camino a lo que lleva es al desastre, al desastre económico, político y social, así que es nuestro deber oponernos a eso.

Venimos de un periodo de fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras años de una alianza que parecía inquebrantable. ¿Cómo va a abordar usted esa relación con Washington y la Casa Blanca de seguir esta política exterior?

Si llego a ser jefe de Estado, mi primer deber es cumplir la Constitución y nuestra Constitución es muy clara: Colombia es una nación soberana. Haré respetar su soberanía. Colombia es una nación que está a favor de la integración latinoamericana, que obedece al principio de respeto por la soberanía de otros pueblos y, por supuesto, que cultiva relaciones de cooperación, de buen entendimiento y de colaboración entre las naciones. Ahora bien, esos son los principios, pero habrá que ver las realidades a las cuales nos abocaremos. Si hay un intento de intervención militar en Colombia, tendré que tomar las decisiones que correspondan a esas circunstancias.

¿Ha recibido usted por parte de la Administración Trump algún ataque o teme que sea atacado durante la campaña, tal y como lo ha sido el actual presidente, Gustavo Petro?

Con el secretario [de Estado, Marco] Rubio, ya ha habido episodios, especialmente cuando se desarrolló el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez. Un proceso en el cual yo he tenido el rol de víctima, el presidente Trump y el secretario Rubio hicieron declaraciones claramente intervencionistas a favor del expresidente, en contra de la Justicia y catalogando ese juicio como una especie de atentado o montaje judicial en su contra [Cepeda inició una demanda contra Uribe, quien fue condenado en primera instancia, posteriormente absuelto y ahora el caso se enfrenta a su último recurso].

Es curioso cómo la extrema derecha, que hace una defensa tan firme de la soberanía de las naciones, está ahora aplaudiendo en cierta medida una intervención ilegal en otro país. ¿Qué opina de eso y cómo se ha posicionado la oposición en Colombia?

Hemos escuchado voces intentando propiciar una intervención en Colombia, comenzando por la del propio expresidente Álvaro Uribe, quien este mismo miércoles ha dicho que es necesario un cambio de gobierno lo más rápidamente posible. Es decir, no a través de las elecciones.

El Gobierno de Petro no reconoció los resultados oficiales de 2024 que dieron la victoria a Maduro en Venezuela. ¿Cómo abordaría usted esa relación bilateral y la crisis política y humanitaria en Venezuela?

En este momento, si es a eso a lo que nos referimos, hay que buscar una solución incruenta, política y diplomática. Esa ha sido la convicción de mi Gobierno. Se han hecho esfuerzos múltiples en ese sentido para encontrar un diálogo entre la oposición y el Gobierno o lo que se llama el chavismo. Creo que mi Gobierno debe darle continuidad a sus esfuerzos, por supuesto.

Pero hasta ahora no han tenido resultados.

Sí, es cierto, pero en esto de los diálogos, se lo dice una persona que ha estado 15 años sentado en mesas de negociación, hay que ser perseverante.

¿Cómo respondería usted ante una injerencia estadounidense en las elecciones de Colombia claramente en contra de su candidatura?

Pues a través, obviamente, de reacciones políticas. Y una reflexión sobre eso: es muy equívoca la idea de que agrediendo mi candidatura, como lo ha hecho la extrema derecha colombiana, se va a lograr debilitarla. Más bien lo que he visto es que aumenta el nivel de simpatía y el fortalecimiento. Las mentiras, las manipulaciones, las distorsiones de lo que somos y de lo que queremos hacer se hacen muy evidentes. Intentar presentarme a mí como una especie de vocero de las organizaciones armadas es un gravísimo equívoco y lo han visto ya los sectores de extrema derecha.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de la lógica económica. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia

¿Teme que Colombia pudiese ser el próximo objetivo de Estados Unidos en caso de que el resultado electoral no fuese el favorable para la Administración Trump?

En la medida en que eso afecta a mi pueblo y va a afectar a la región, por supuesto. Pero más que temor, mi posición es totalmente firme: haremos todo lo necesario para evitarlo y buscaremos todas las alianzas y procesos políticos que lo eviten. Pero obviamente, cuando yo asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial y ha sido un proceso en el cual he recibido solicitudes y exigencias de los movimientos sociales con los que tengo una relación muy estrecha, casi orgánica—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado.

¿Cómo caracterizaría el tipo de izquierda que usted representa para darle contexto a un analista europeo?

Nuestra historia es la de una serie de corrientes políticas que se han ido identificando en torno a unos propósitos muy claros. Queremos hacer de Colombia hoy por hoy una nación realmente democrática, pacífica y en paz; una nación que tenga la condición de ser una nación equitativa y que tenga la posibilidad de desarrollar al máximo nuestro potencial.

Eso se expresa en la idea de que podemos ser una potencia mundial agroalimentaria. Somos una izquierda que está claramente identificada con las transformaciones sociales, con la equidad social, con ser cada vez una nación más democrática y también una nación más próspera. Obviamente, en el sentido en que todo eso coincide con un humanismo y con un respeto de la naturaleza.

Usted ha dicho que tendrá una línea continuista con el actual presidente. ¿Cuál es el legado de esta presidencia en términos sociales? ¿Qué puede destacar?

Hay un conjunto de logros que son el resultado del cumplimiento de nuestro programa. La reforma agraria ha tenido como resultado que, por primera vez, en Colombia se han entregado o se aspira a entregar 700.000 hectáreas porque ya están en poder del Estado. También ha tenido una reforma laboral, una reforma tributaria con el respeto del principio constitucional de progresividad en los impuestos y una reforma de las pensiones. Las políticas públicas han sido claramente sociales, como por ejemplo la el aumento considerable del salario mínimo, que en la última decisión del Gobierno ha crecido un 23%, es decir, un alza histórica. Podría enunciar otras, pero es en ese terreno en el cual nuestro Gobierno ha tenido un signo distintivo evidente con otros.

A menudo se ha calificado de fracaso la política de paz total del presidente Gustavo Petro de negociar paralelamente con todos los grupos armados. ¿Cuál es su análisis al respecto?

Lo que pasa es que en Colombia tenemos un conflicto armado que ha ido mutando en el tiempo. Tuvo un retroceso importante con el acuerdo de paz de 2016 y ha tenido procesos de diálogo que han ido desarrollándose en este tiempo. Pero esos procesos se enfrentan a realidades también que son muy graves: Una de ellas es que el narcotráfico se ha globalizado como economía, es decir, lo que hemos visto en este cuarto de siglo es la emergencia de un narcotráfico que tiene hoy múltiples mercados internacionales. Ya no es solamente Estados Unidos o Europa. También estamos ante una muy fuerte economía ilegal de la explotación del oro, porque el oro se ha ido convirtiendo poco a poco en prácticamente el fundamento de la divisa internacional sustituyendo al dólar.

Todos esos cambios tienen un impacto territorial donde está el conflicto armado en su situación más álgida por precisamente la emergencia de esas economías o su fortalecimiento. Se han transnacionalizado no solamente los mercados, sino también las redes criminales. Desde la Patagonia hasta Alaska, hoy tenemos muchas más organizaciones, redes, ejércitos que están involucrados en las economías ilícitas y eso ha impactado severamente a Colombia.

En este sentido, que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa.

¿Plantea algún cambio notable respecto al actual mandato presidencial de Gustavo Petro?

Más que continuismo, diría que propongo una clara línea de profundización de los cambios sociales. Hay un acento muy importante. Comencé hablando en mi campaña de una revolución ética. ¿Qué entiendo por eso? Entiendo que en Colombia y en el mundo hay un estado de degradación moral evidente.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que se consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de una lógica económica. Eso tiene una grave consecuencia que en mi país está agudizada por el efecto de una muy prolongada violencia. Y es que el ser humano termina deshumanizándose. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia y el despertar de la conciencia se puede dar si entendemos que es necesario salir de ese estado de tolerancia e insensibilidad moral. Eso se logra, por ejemplo, escuchando a las víctimas de la violencia, haciendo la memoria de lo que han sido las sociedades y escuchando la verdad.

Que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa

Parte de esa degradación moral es la corrupción. El haber convertido el Estado en objeto de la privatización ha provocado que cualquier privado pueda disponer del bien público y eso ha estimulado que el Estado se convierta sencillamente en un botín. En Colombia no tenemos corrupción, tenemos la megacorrupción. Tenemos la toma de la corrupción en el Estado, en todas las ramas del poder público, en todos los niveles, desde el Gobierno hasta las alcaldías. Debemos producir como parte de esa revolución ética una rebelión ciudadana contra la corrupción. Y ahí va a haber un acento distinto.

En la relación bilateral con Estados Unidos, Gustavo Petro ha adoptado un estilo más confrontacional con Donald Trump que otros líderes de la región ¿Cuál será su estilo?

Mi comportamiento y conducta política la fijo no intentando diferenciarme del presidente. Soy una persona que se orienta por el respeto en la política. Respetar a todos, comenzando por los adversarios. Así que por mi parte no habrá ninguna clase de dinámicas de insulto, palabras destempladas o concursos de quién dice la peor cosa del otro. Pero soy una persona que fija posiciones claras y argumentadas; posiciones que, una vez las asumo, las convierto también en norma. Es decir, si yo tomo la decisión de ser candidato presidencial es porque voy a hacer cumplir la Constitución y desde esa perspectiva vamos a asumir todas las decisiones, siendo por supuesto muy respetuoso en las formas, pero muy claro en el fondo.

Días después de la agresión militar de EEUU contra Venezuela y de la captura ilegal de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ha dado pocas pistas sobre cuál es su plan para el futuro gobierno de Venezuela, aparte de repetir que EEUU está al mando del país caribeño e interesado en explotar su petróleo. De hecho, esta madrugada ha puesto cifras a esa explotación. El presidente estadounidense aseguró este martes que Venezuela está dispuesta a entregarles de 30 a 50 millones de barriles que será vendido en el mercado estadounidense. Trump calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como “petroleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos”.

De momento, ha descartado la celebración de elecciones en un plazo de 30 días –tal y como establece la legislación venezolana– y se ha mostrado abierto a trabajar con la nueva presidenta Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta de Maduro y que el lunes juró el cargo ante el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez. 

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. La gente ni siquiera podría votar”, ha afirmado Trump en una entrevista exclusiva con la cadena NBC News. Las declaraciones de los últimos días hacen entrever que el mandatario no tiene prisa después de haber derrocado a Maduro por la fuerza ni parece tener claros cuáles serán los próximos pasos en Venezuela. 

Trump señaló que varios de sus hombres de confianza van a integrar el equipo que se hará cargo de Venezuela, sin especificar cuándo ni cómo lo hará. Entre los nombres que mencionó están los de su secretario de Estado, Marco Rubio, muy involucrado en la 'nueva doctrina Monroe' de Washington respecto a América Latina; y Pete Hegseth, secretario de Defensa y uno de los ideólogos del acoso militar a Venezuela, que culminó con la captura de Maduro el día 3. 

Por supuesto, a la cabeza del equipo estará el propio Trump. Como en el plan que diseñó para Gaza –que tres meses después aún no se ha aplicado por completo, en concreto, la parte relativa a la gobernanza y administración de la Franja–, el presidente se ve como el líder absoluto y quien debe tener la última palabra sobre el destino de otros pueblos. Un dios en la tierra. 

El presidente de EEUU no ha cerrado la puerta a trabajar con Delcy Rodríguez y con el resto de altos mandos del régimen de Maduro que siguen en el poder en Caracas. Respecto a esas autoridades, Trump declaró que tiene la sensación de que están cooperando, pero “necesitan ayuda”. Al igual que Rodríguez: “Tengo la sensación de que ama a su país y quiere que su país sobreviva”.

Las compañías petroleras gastarán una cantidad muy sustancial de dinero. Pero les irá muy bien. Y al país le irá bien

Donald Trump

Al parecer, Trump habría optado por apoyar –al menos, de momento– a Rodríguez tras una evaluación de la CIA y el asesoramiento de altos cargos de su Gobierno, como Rubio, según han revelado medios estadounidenses. El periódico The Wall Street Journal ha señalado que una reciente evaluación de inteligencia consideraba que figuras claves del chavismo estaban en una mejor posición para liderar un gobierno provisional y mantener la estabilidad a corto plazo en Venezuela, mientras que la oposición tendría dificultades para gobernar.

18 meses para llegar a explotar el petróleo

El único plazo temporal que ha fijado Trump para Venezuela tiene que ver con el petróleo, el recurso más preciado del país caribeño y que el presidente estadounidense ha dejado claro, desde el primer momento tras la captura de Maduro, que va a controlar y explotar a su antojo. El mandatario cree que la industria petrolífera estadounidense podría poner en marcha operaciones en Venezuela en menos de 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará mucho dinero”, agregó.

“Las compañías petroleras gastarán una cantidad muy sustancial de dinero”, admitió Trump. “Pero les irá muy bien. Y al país le irá bien”, añadió. Incluso, señaló que el dinero que las compañías se vayan a gastar en poner en marcha sus operaciones en Venezuela podría reembolsarlo su Administración.

Sin embargo, las grandes empresas petroleras de EEUU, por el momento, han evitado involucrarse en el plan de Trump y están a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Venezuela, país del que muchas se marcharon tras las medidas adoptadas por Hugo Chávez en 2007.

Trump dijo a NBC News que “las compañías petroleras sabían perfectamente” que el Gobierno de EEUU estaba “pensando en hacer algo”. Pero afirmó que no les dijo que lo iban a hacer. A pesar de esas afirmaciones, The Wall Street Journal ha revelado que el presidente avisó a las petroleras de que se avecinaban “grandes cambios” en Venezuela. Trump envió un mensaje a un grupo de ejecutivos petroleros aproximadamente un mes antes de la operación militar ilegal contra Maduro, diciéndoles simplemente: “Prepárense”. Aunque no proporcionó entonces más detalles de lo que estaba planificando, esa información es más de la que ofreció al Comité de Inteligencia del Congreso. 

El mensaje que enviaron fue que esto no iba de un cambio de régimen… Dijeron que se trataba únicamente de una operación antidroga

Chris Murphy — senador estadounidense

“Soy miembro del grupo de los ocho y todavía no he recibido ninguna llamada de nadie de la Administración”, afirmaba tras el ataque Jim Himes, el principal demócrata de ese comité. El reducido grupo está conformado por los principales líderes del Congreso de ambos partidos, que tradicionalmente son consultados sobre asuntos de seguridad nacional.

“Literalmente nos mintieron a la cara”, decía el domingo el senador Chris Murphy, en referencia a una sesión informativa sobre Venezuela que Marco Rubio realizó en el Senado el mes pasado. “El mensaje que enviaron fue que esto no iba de un cambio de régimen… Dijeron que se trataba únicamente de una operación antidroga”. 

Trump tampoco ofreció entonces a las compañías petroleras detalles de qué planes tenía para ellas en Venezuela ni tampoco les pidió consejo sobre cómo lograr sus objetivos: explotar el petróleo venezolano y que el precio del crudo baje.

Chevron es vista como la empresa que más puede beneficiarse de la campaña extractivista de Trump. El gigante energético es la única gran compañía estadounidense que ha logrado seguir operando en Venezuela décadas después de la nacionalización del petróleo, asegurándose una serie de excepciones a corto plazo frente a las sanciones estadounidenses. Consultado por The Wall Street Journal, un portavoz de la compañía ha asegurado que siguen centrados “en la seguridad y el bienestar de los empleados” y no quiso especular sobre inversiones futuras. En los mismos términos se pronunció la compañía en declaraciones a The Guardian.

Recordemos que el petróleo venezolano requiere al menos unos 20 años de inversión continua y trabajo sostenido

Ronal Rodríguez — analista de la Universidad del Rosario (Bogotá)

Otras dos petroleras estadounidenses con el tamaño y la experiencia en crudo pesado necesarias para trabajar en Venezuela —ConocoPhillips y Exxon— no han dado señales de que deseen volver a operar en el país que expropió sus activos después de que rechazaran las condiciones del Gobierno de Chávez hace dos décadas. Desde ConocoPhillips, declararon al periódico económico estadounidense que es prematuro especular sobre nuevas inversiones, mientras que desde Exxon han guardado silencio.

Posibles escenarios en el medio y largo plazo

Ante la falta de un plan concreto por parte de Washington y su interés único en revivir la extracción de petróleo –más allá de la cifra de barriles estimada por Trump que Venezuela entregará a EEUU–, el analista de la Universidad del Rosario (Bogotá), Ronal Rodríguez, plantea a elDiario.es varios posibles escenarios en el medio y largo plazo.

El primero es un pacto en el que Washington permita al régimen mantenerse en el poder a cambio de asumir el control en la reconstrucción de la infraestructura y en la explotación y venta de petróleo –potencias como Rusia, China o Turquía saldrían afectadas–. Rodríguez destaca que este escenario implicaría una ruptura con el principal argumento para intervenir en política exterior que hasta ahora había esgrimido EEUU, es decir, el de promover la democracia en el mundo.

Un segundo desenlace posible sería que el Gobierno chavista gane tiempo hasta la salida de Trump de la Casa Blanca en 2029. El también investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela en Bogotá explica que, en el segundo caso, el Gobierno venezolano aceptaría un alto grado de obediencia a las políticas estadounidenses. A la vez, tendría una agenda paralela para “mantener el espíritu bolivariano vivo”. Además, por debajo de la mesa, conservaría las relaciones con potencias extracontinentales afines a sus intereses. “Esta opción es muy probable –afirma– porque Delcy Rodríguez, la actual presidenta, sabe moverse en función de sus intereses y del dogmatismo de la revolución”.

El tercer escenario gira en torno a la posibilidad de que el régimen venezolano no cumpla los requisitos de Trump. Se trata de un panorama que obligaría a Washington a ejercer de nuevo presión para lograr un segundo cambio en el poder e instalar en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial, un actor obediente y que deje de hacer oídos sordos a sus planes. Para el experto, es un escenario plausible.

Por último, Ronal Rodríguez no descarta que EEUU logre dirigir la situación en los próximos tres años e impulse una transición democrática en Venezuela. Hasta ahora, sin embargo, ni el presidente Trump ni su secretario de Estado han privilegiado ese camino en su línea discursiva. El experto señala que una de las características de la revolución bolivariana ha sido la erosión de las instituciones y la capacidad productiva de un Estado que llegó a ser rico. “Si Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja y prolongada, es en buena medida porque la revolución bolivariana no mide sus capacidades reales. Toma decisiones y diseña políticas que a menudo desconocen las necesidades políticas y económicas. No son lógicas desde el punto de vista técnico ni social y responden más a intereses de poder y a principios ideológicos”, sostiene el analista.

Por eso, en los próximos años la Administración Trump podría optar por impulsar una normalización democrática. O al menos un gobierno con otros cimientos institucionales. Con reglas claras y alejado de la estructura bolivariana. El objetivo sería crear las condiciones que el país necesita para atraer inversión extranjera y el desarrollo de sus recursos en hidrocarburos. “Recordemos que el petróleo venezolano requiere al menos unos 20 años de inversión continua y trabajo sostenido”, concluye.

Delcy Eloína Rodríguez, la política designada para asumir el mando provisional de Venezuela desde este lunes 5 de enero, es una abogada y diplomática que ha escalado en el poder de la mano del recién capturado Nicolás Maduro. Tiene 56 años. Y su andadura política despegó en serio a partir de 2006. En aquel entonces asumió el cargo de ministra del Despacho de la Presidencia del comandante socialista Hugo Chávez (1954-2013). Luego ocupó altos cargos al frente de carteras clave para, al fin, aterrizar en 2018 en la Vicepresidencia de la República Bolivariana. Durante ocho años fue la segunda figura en la línea de mando del proyecto revolucionario. La encargada, según la Constitución, de suplir al jefe de Estado en caso de ausencia temporal o absoluta.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el presidente, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, la primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que también vengo con honor (...)”, dijo Rodríguez este lunes durante el acto de juramento ante la Corte Suprema como presidenta encargada durante, según la legislación, los próximos 90 días. Por eso, buena parte de la atención internacional se ha centrado sobre el futuro de su gestión del que podría ser el ocaso de más de un cuarto de siglo de régimen chavista. 

Su misión, de acuerdo con fuentes locales venezolanas, sería doble: acatar las directrices del presidente de Estados Unidos y evitar, en lo posible, el colapso del desgastado proyecto nacionalista. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, trabajó con ella en la mesa de negociación cuando, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se debió solucionar la deportación masiva de colombianos ordenada por Nicolás Maduro en 2015: “Cuando alcanzamos acuerdos, tras discusiones muy tensas, Delcy Rodríguez salía a los medios y comunicaba algo distinto. Casi deshacía lo que habíamos pactado”.

La anécdota puede dar pistas para entender los cortocircuitos de los últimos tres días entre Trump y Rodríguez. La secuencia es la siguiente. El presidente estadounidense aseguró en principio desde Mar‑a‑Lago que la funcionaria venezolana mantuvo una larga conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que aceptó hacer todo lo que Estados Unidos pidiera. Más de un observador se mostró extrañado ante la inusitada docilidad de una funcionaria que había cultivado una imagen de total obediencia a la revolución. Acto seguido, sin embargo, la presidenta provisional envió un mensaje en un discurso televisado en el que ratificó su apoyo incondicional a Maduro.

En cuestión de horas, con un tono más duro, Trump declaró a la revista The Atlantic que la venezolana pagaría “caro, probablemente más que Maduro, si no hace lo que debe hacer”. Y Rodríguez, a su vez, veló armas y publicó con celeridad un comunicado con un mensaje esta vez más suave: “Extendemos la invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional”.

¿Revolución y venganza? 

“Feliz de estar en la Revolución Bolivariana, porque esa es nuestra venganza personal de esa época oscura”. Esto dijo Delcy Rodríguez (Caracas, 1969) en un programa televisivo de entrevistas, emitido en 2018, al referirse a su pasado familiar. En concreto, a la muerte de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, en julio de 1976 en Caracas, como consecuencia de las torturas aplicadas por las fuerzas de seguridad estatales que lo habían detenido por su presunta participación en el secuestro de un empresario estadounidense.

Quienes conocen la biografía de los Rodríguez saben que aquellos hechos dejaron una huella profunda. Dicen que ni Delcy ni su influyente hermano Jorge (Barquisimeto, 1965), psiquiatra de formación y hoy presidente de la Asamblea Nacional, han matizado nunca su postura revanchista frente al sistema político de los años 70: una época ya lejana en la que el petroestado venezolano funcionaba a toda máquina y el bipartidismo de Acción Democrática (AD) y COPEI, las dos formaciones tradicionales, se repartían las cartas políticas del poder con el beneplácito de Washington.

Por eso, algunos estudiosos de la historia política venezolana coinciden en que la trayectoria de su hermano es vital para rastrear el ascenso de la actual presidenta. “Cuando murió Chávez, Jorge ya presidía el Consejo Nacional Electoral y, sin ser chavista de raíz, empezó a acumular un gran poder. Ella, en ese momento, era una empleada pública sin relevancia. Luego, con Maduro, hubo un reacomodo en las alianzas y ambos —personas bien formadas, con buen dominio de idiomas y especializaciones— asumieron roles cada vez más importantes”, precisa una fuente que pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.

Jorge y Delcy Rodríguez ahora forman parte de la élite en un Gobierno autocrático que lleva en el poder más de dos décadas. “Ella ha sido más discreta y ha tratado de mimetizarse dentro de la imagen de lo popular o, al menos, de posar con una actitud más cercana al pueblo. Él, en cambio, viste trajes costosísimos y conduce un automóvil Audi. Ambos pertenecen a una ‘izquierda caviar’ que, quizás, es ajena a las posturas marxistas de la Liga Socialista fundada por su padre”, añade. De hecho, el progenitor llegó a militar en dos frentes guerrilleros: en la FALN primero y luego en la organización Bandera Roja.

Un buen alfil 

Con su tacto y discreción, que algunos venezolanos asocian a una supuesta falta de carisma, Delcy Rodríguez fue un alfil funcional al Gobierno de Maduro en varios frentes. El más visible, quizás, en su papel como interlocutora con el gran empresariado tradicional, contra el que el chavismo impulsó expropiaciones masivas y al que a principios de siglo calificó de “burguesía parasitaria”. Su gestión con gremios e industriales, sin lograr ni mucho menos su adhesión ideológica, sí consiguió en los últimos años recuperar algo de estabilidad para el maltrecho aparato productivo.

Ese es el otro pilar que explica su poder dentro del madurismo, cuyo aparato funciona por parcelas al estilo feudal. Mientras su hermano Jorge controla toda la esfera electoral, Delcy ha aprovechado su cercanía con los poderes económicos y, en especial, su influencia sobre el tema petrolero. “Es muy importante recordar que entre 2018 y 2020, cuando la hiperinflación se desbordó, el Gobierno cedió ante la ruina del bolívar y empezó a abrirse a la dolarización como válvula de escape; allí Delcy jugó un rol principal”, añade.

Por todo lo anterior, quizás, Estados Unidos ha apostado por pilotar el teórico proceso de transición hacia la democracia con la mediación de Delcy Rodríguez como pieza clave. Por encima, incluso, de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz. U otras figuras de la oposición. “No sé si Estados Unidos entiende en realidad con quién está negociando. O si en realidad le importa poco o nada la democracia, con tal de mantener el flujo de petróleo y mejorar sus garantías. Para lograrlo, sin embargo, haría falta una fuerte estructura de inversión norteamericana. Y eso rompería el discurso y la narrativa de la Revolución Bolivariana, en la que Delcy Rodríguez cree a fondo”, apunta el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá.

Cualquier gobierno contrario a Estados Unidos o considerado hostil por la Administración de Donald Trump estará preocupado en estos momentos. Washington ha puesto el punto de mira sobre algunos de ellos y, tras el ataque ilegal de Washington contra Venezuela y el secuestro de Maduro, las amenazas se han intensificado contra algunos vecinos de la región —y otros más lejanos como Dinamarca—.

El presidente de EEUU ha apuntado hacia Cuba y Colombia inmediatamente después del asalto en Caracas. “Si viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno, estaría preocupado”, aseguró su secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa junto a Trump. El propio Trump ha calificado Cuba de “Estado fallido” y ha dicho que se hablará muy pronto de ese país.

Rubio volvió a señalar a Cuba en el programa 'Meet the press' de la cadena NBC News: preguntado por la entrevistadora sobre si el Gobierno cubano sería el próximo objetivo de la Administración Trump, el encargado de la 'diplomacia de las bombas' estadounidense admitió que “el Gobierno cubano es un gran problema”, aunque no quiso hablar sobre los “pasos futuros” que adoptará Washington respecto a ese “problema”.

“No es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano que, por cierto, es el que estaba sosteniendo a Maduro”, declaró Rubio el domingo, agregando que el aparato de seguridad del presidente venezolano estaba “completamente controlado por Cuba” y sus guardias personales eran cubanos y no venezolanos. De hecho, entre las decenas de fallecidos que ha dejado el asalto de EEUU hay más de 30 militares cubanos asesinados.

Guardias y petróleo cubanos

El canciller venezolano, Yván Gil, informó en un comunicado de que los cubanos asesinados desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional” como parte de la “cooperación entre Estados soberanos”. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país” y el Ministerio de Interior cubano indicó en redes sociales que, entre los fallecidos, hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como miembros de los servicios de Inteligencia, informa la Agencia EFE.

Cuba no es una amenaza existencial para EEUU, pero sí es una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando para tener a toda América Latina bajo control estadounidense

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Hace un mes, el periódico The New York Times desvelaba que Maduro había reforzado su seguridad y se estaba apoyando en guardaespaldas y agentes de contrainteligencia cubanos ante el creciente temor a una intervención militar o una traición. Hasta ahora, ni Cuba ni Venezuela habían admitido que guardias cubanos estaban al servicio del presidente venezolano, aunque se sabe que La Habana paga los envíos de petróleo con servicios profesionales, como médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

Tras la salida de Maduro de escena y, por tanto, de un importante apoyo para Cuba, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación para acabar con el régimen cubano. “Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, afirmó el mandatario en declaraciones hechas a bordo del Air Force One el pasado domingo. “No creo que necesitemos ninguna acción”.

Según Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), esa va a ser la estrategia de EEUU para ahogar al régimen cubano: cortar el suministro de crudo desde Venezuela. “El régimen está recibiendo petróleo venezolano prácticamente gratis; si no lo recibe y, encima, tiene que comprarlo, será muy complicado porque no tiene recursos”. El economista y exmilitar considera que Cuba es el siguiente país en la lista de la Administración Trump, aunque no sea “una amenaza existencial para EEUU”, pero sí es “una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando en la línea de tener a toda América Latina bajo control estadounidense”.

El experto en conflictos dice a elDiario.es que los mensajes de la Administración Trump son claros y no hace falta interpretarlos. Con base en ellos, Colombia y Nicaragua parecen ser los objetivos más inmediatos, después de Venezuela y Cuba, ante una comunidad internacional que no hace nada para frenarlo. “¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias? ¿Por qué no va a acelerar [sus intervenciones en América Latina]?”, se pregunta A. Núñez.

¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias?

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Gustavo Petro, el segundo enemigo

Después de capturar a Maduro, Trump volvió a arremeter contra su otro enemigo del sur, el presidente colombiano, Gustavo Petro. En la rueda de prensa desde Florida volvió a acusar sin pruebas a Petro de estar detrás del tráfico de cocaína: “Entonces será mejor que vigile su culo”, advirtió. Al día siguiente, Trump calificó al jefe de Estado colombiano como un “hombre enfermo”. Uno al que, además, “le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, dijo a bordo del Air Force One. 

A esas declaraciones, Petro contestó este lunes a través de su cuenta de X: “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo”, agregó el mandatario colombiano.

La lucha contra el narcotráfico ha sido el eje central de la confrontación verbal entre los dos países que mantuvieron durante décadas una alianza estratégica sin apenas fisuras. El gigante del norte es el gran socio comercial de Colombia y Bogotá ha sido, a su vez, fundamental en la estrategia de seguridad del Pentágono en América Latina.

Petro, lejos de replegarse frente a la gran potencia mundial, ha convertido la coyuntura en una herramienta política y ha devuelto los mensajes insultantes, calificando a Trump de “monstruo”. Sin embargo, la analista y experta en relaciones internacionales Sandra Borda advierte de que, a cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario de izquierdas carece de margen de maniobra para ir más allá de esas subidas de tono.

En cuanto a la actitud de Trump, Borda explica: “La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región. Y aunque suene obvio recordarlo, es una forma de tutelaje selectiva e ideológica que [EEUU] aplica para todos los países”.

La experta dice a elDiario.es que no hay explicación coherente para justificar el indulto que Trump otorgó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. Aún menos sí, al mismo tiempo, captura y encarcela a Maduro por delitos paralelos. Dentro de ese marco de doble rasero, que Borda cataloga como una 'nueva doctrina Monroe', se desenvuelve la pugna ideológica en el continente.

“Es su forma de lidiar con los países de la región. Lo hizo en Argentina, en México y en Brasil. Su forma de intervención en los procesos políticos y electorales se apoya en el uso de las amenazas y el uso de la fuerza como método de control de los Gobiernos que le resultan adversos en materia ideológica”, concluye la analista. 

La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región

Sandra Borda — Analista y experta en relaciones internacionales

Una de cal y otra de arena para México

Después del ataque ilegal a Venezuela, Trump volvió a apuntar contra México y su presidenta, Claudia Sheinbaum, a la que acusó de tener “miedo” de confrontar al narco. “Me agrada Claudia Sheinbaum, es una excelente persona. Nos encantaría que México lo hiciera; son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles gobiernan México”, aseguró ante los medios.

No es la primera vez que Trump lanza a Sheinbaum advertencias directas: “Hay que hacer algo con México”. Y la respuesta de la presidenta ha sido firme y ha rechazado cualquier injerencia extranjera. También ha recordado que la lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad del Estado mexicano, no una condición impuesta desde el exterior. “México no es un protectorado ni un patio trasero de nadie”, declaró. 

Este lunes, Sheinbaum indicó que México coopera con el Gobierno de Trump contra el narcotráfico “incluso por razones humanitarias”, pero insistió en que la violencia tiene entre sus causas “la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

La relación entre los dos vecinos ha estado marcada por una tensa ambivalencia. Si, por un lado, Trump ha insistido en que le “agrada” Sheinbaum, por otro, la acusa de ser permisiva. Ese doble discurso —elogio personal seguido de amenazas políticas— ha marcado el tono con otros líderes latinoamericanos.

Sheinbaum, a quien analistas de medios estadounidenses como The New York Times han reconocido su tacto a la hora de gestionar las relaciones con la Casa Blanca, ha llamado a respetar la soberanía de los países y a resolver los conflictos por la vía diplomática y no con amenazas de fuerza. Este lunes, la mandataria se ha referido a la posibilidad de que EEUU intervenga en su país como en Venezuela: “Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”. 

El investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México Juan Cruz Olmedo recuerda que la relación entre México y EEUU es, con diferencia, la más estrecha en la región. Por ello, cualquier tensión se mueve como una onda sísmica en ambas direcciones. En el caso mexicano, las primeras repercusiones serían económicas: entre el 80 y el 90% de sus exportaciones van a EEUU. 

Luego vienen los asuntos humanitarios y de seguridad; el tráfico de drogas y la migración. México se ha convertido en un corredor ineludible de tránsito para migrantes de Centroamérica o Sudamérica en su camino hacia el norte. Este último es un factor de presión enorme, apunta Cruz Olmedo, que ha sido utilizado como moneda de cambio dentro de la política migratoria bilateral.

La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave

Juan Cruz Olmedo — Investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México 

El cóctel entre comercio, narcotráfico y migración se halla en la médula de los roces entre Trump y Sheinbaum. El experto recuerda que el menú de presiones de la Casa Blanca ha abarcado desde la imposición de nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, pasando por el uso de su poderío militar o nuevas sanciones migratorias unilaterales.

“Frente a esa incertidumbre, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave, como la política de seguridad y la migración, donde ha endurecido el control en la frontera sur y ha aumentado la cooperación con EEUU en extradiciones y combate al narcotráfico”.

Los aliados de Trump hacen frente común

Algunos gobiernos de Latinoamérica se han mostrado a favor del ataque ilegal de EEUU contra Venezuela y no han mostrado su preocupación por que Washington intervenga en otros países de la región por su cercanía ideológica a Trump.

Desde Argentina, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei respaldó el ataque de una potencia global como EEUU a un país del continente americano, abandonando así los principios rectores de la política exterior de Argentina: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

El alineamiento de Milei con Trump –cuya Administración dio un auxilio financiero-político en medio de la campaña para las elecciones legislativas argentinas– empieza a tener consecuencias en el terreno. En una entrevista con el canal de televisión LN+, Milei dio por cierto que Maduro “tiene como fuente de ingresos el narcotráfico del Cártel de los Soles”, una organización de cuya existencia dudan los expertos, y afirmó que en su lugar debería asumir la presidencia Edmundo González Urrutia, a quien definió como “el verdadero presidente”.

Argentina se sumó a la postura de varios países dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que bloquearon un comunicado conjunto de condena por el ataque de Washington a Venezuela, que había impulsado Colombia, país que ostenta la presidencia del organismo. Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá, gobernados por la derecha, se pronunciaron a favor de la acción ilegal de EEUU.

Además, el Gobierno argentino prepara una cumbre de líderes de derecha al estilo Grupo de Lima para el primer semestre del año en Buenos Aires: “Será una ofrenda de Milei a Trump, para demostrarle que puede ser su representante en la región y que él también tiene algo para aportar en el altar de Washington”, escribió Jorge Liotti, editorialista de La Nación, diario conservador argentino.

Antes del pasado fin de semana, Milei aseguró a la cadena CNN en español que su Gobierno avanza en la conformación de un bloque de países de ultraderecha, integrado por diez miembros que están dispuestos a “abrazar las ideas de la libertad y plantarse frente al cáncer del socialismo”.

Desde Chile –y en contraste con la postura del todavía presidente Gabriel Boric–, el presidente electo, el ultracatólico José Antonio Kast, celebró la detención de Nicolás Maduro como “una gran noticia para la región”.

El ultraderechista chileno afirmó que “los Gobiernos de América Latina deben asegurar que todo el aparato del régimen [chavista] abandone el poder y rinda cuentas”. Kast asumirá la Presidencia el 11 de marzo: ya ha viajado a Argentina y Ecuador y visitará este miércoles Perú en aras de “la coordinación regional” del bloque ultra. El mandatario peruano, José Jerí, cerró las puertas de Perú a venezolanos vinculados al Gobierno de Maduro, en línea con lo que hizo el Ejecutivo de Milei.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue de los primeros en reaccionar ante el ataque de Estados Unidos contra su vecino, Venezuela, en la madrugada de este sábado. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”.

Posteriormente, el presidente Donald Trump confirmó en su red social Truth Social que “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”.

La operación se produce después de meses de amenazas de Washington de una incursión militar en Venezuela. El despliegue estadounidense, llevado a cabo por las fuerzas especiales Delta, tiene ecos del cerco que estableció George H. W. Bush en 1989 contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y otros delitos. 

En su primer mensaje, Petro no mencionó la captura de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013. Se limitó a denunciar el ataque aéreo y pidió una convocatoria urgente de organismos internacionales para evitar una escalada militar en la región.

“Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, escribió el presidente colombiano en un segundo mensaje.

También anunció que, “de manera preventiva, el Gobierno ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, confirmó que el Ejército activó “todas las capacidades” para anticipar cualquier intento de ataque terrorista en la frontera por parte de agrupaciones ilegales. En especial del Ejército de Liberación Nacional (ELN), formación insurgente de raíces castristas que desde hace décadas ha convertido los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela en su centro de operaciones.

Sánchez explicó que el despliegue busca preservar la estabilidad en la zona, donde delinquen diversos grupos criminales que se financian con el narcotráfico. Algunos de ellos, de acuerdo con reportes de Inteligencia y otros estudios, se han movido en suelo venezolano sin mayor control por parte de los organismos de seguridad chavistas.

Más tarde, después de haberse reunido con su consejo de seguridad nacional durante la madrugada, Petro informó a través de X del despliegue de las fuerzas de seguridad en la frontera colombiana: “Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, ha escrito, sin ofrecer más detalles.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, cuyos principales pasos fronterizos están entre la ciudad colombiana de Cúcuta y San Antonio del Táchira y Ureña, en el estado venezolano de Táchira. En la apertura este sábado de los pasos fronterizos de Cúcuta la situación era de total normalidad, según constató la Agencia EFE en el lugar.

El presidente ha dicho que “el Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”. “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”.

En su mensaje anterior, dijo que “la Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional”.

La historia daría para una miniserie. En noviembre, un tabloide sensacionalista sueco publicó unas imágenes de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro —aunque separada de él desde hace un tiempo—, durante su estadía en Estocolmo. La portada del Expressen titulaba “Primera dama prófuga”, bajo la premisa de que se trata de una escala no oficial rodeada de lujos, abrigos costosos y visitas a restaurantes exclusivos.

La prensa colombiana no tardó en hacerse eco de la información. Y retomó el material como arma política adobada con todo tipo de conjeturas. Primero, se abrieron interrogantes sobre el posible derroche de fondos públicos. Pero también dudas a propósito de su presencia en un país con el que Colombia acababa de cerrar un contrato para la compra de 17 cazas de combate Gripen por unos 4.387 millones de dólares.

Casi ninguno de los medios locales que alimentaron estas teorías, instigadas desde la oposición, aclaró que la información provenía de uno de los diarios sensacionalistas de Suecia. “Su cobertura privilegia las noticias de celebridades, entretenimiento, crímenes y escándalos. Pero, al mismo tiempo, aborda temas políticos desde un ángulo serio”, explica por correo la analista de medios sueca Ulricha Facht. De cualquier forma, el artículo sobre Verónica Alcocer se centraba en su supuesta vida de lujo y ajena a la austeridad que los críticos creen que debería llevar la pareja del primer gobernante de izquierdas en Colombia.

El controvertido bloqueo de la web

Para complicar aún más las cosas, desde que se difundió la historia, a mediados de noviembre, muchos lectores colombianos han constatado con inquietud que el sitio web del hasta entonces desconocido tabloide sueco fue bloqueado de repente. ¿Se trató de censura oficial? El Gobierno de Gustavo Petro ha argumentado que la restricción fue impuesta en 2021, cuando aún no estaba en el poder, por el órgano regulador de los juegos en línea. La razón es que la página permite anuncios publicitarios de casas de apuestas piratas prohibidas en Colombia.

La congresista opositora Katherine Miranda, sin embargo, detectó que dicho bloqueo ha sido intermitente. Con información suministrada por el Ministerio de Tecnologías certificó que, el pasado 30 de octubre —15 días antes de la publicación del Expressen— se renovó el veto al portal nórdico. “En principio, cuando se estaba conociendo la información, todo el mundo en Colombia tuvo acceso a la página. Solamente dos días después se ejecutó el bloqueo real”. La parlamentaria advierte, mientras se aclaran los puntos ciegos de esta parte de la historia, de que en “un Estado democrático la prensa no puede ser objeto de represalias ni de limitaciones arbitrarias”.

Los titulares de la prensa colombiana presentaron esta cobertura de 'Expressen' como una investigación seria. Nadie cuestionó su origen y agrandaron un tema insignificante sin ningún ángulo de peso”.

María Paula Martínez Concha — Politóloga y analista

Se trata de un asunto complejo, marcado por vacíos normativos que podrían poner en riesgo la libertad y el derecho a la información. De momento, el crítico de prensa y académico Omar Rincón señala que la raíz de todo este asunto se halla en la “sobrepolitización” de los medios en Colombia. Con especial acento sobre la figura del primer mandatario y aspectos de su vida privada que no son de interés público: “Hay un cambio de clase social del poder. De la élite agropecuaria del presidente Uribe pasamos a la burguesía tradicional bogotana con Santos. Hoy tenemos una expresión diferente, con un mandatario que viene de lo popular, con pasado guerrillero, y su esposa, que es una mujer costeña, atrevida y extrovertida. Y eso es un aspecto que a los medios les molesta”.

La politóloga y analista María Paula Martínez Concha asegura que el trato periodístico a otras primeras damas tuvo otro rasero. Era inusual, por ejemplo, que los medios escudriñaran con tanta insistencia el precio de sus atuendos: “Ha sido con mala intención desde los paparazis europeos que la persiguieron con la cámara casi clavada en su cara. Sin embargo, los titulares de la prensa colombiana presentaron esta cobertura de Expressen como una investigación seria. Nadie cuestionó su origen y agrandaron un tema insignificante sin ningún ángulo de peso”.

En imágenes de vídeo publicadas por el tabloide se ve a Alcocer junto a su hija Antonella Petro, de 17 años, y el empresario catalán Manuel Grau Pujadas, nacionalizado colombiano en tiempo récord bajo el Gobierno actual. Se trata de una figura cercana a Petro desde que este fuera alcalde de Bogotá (2012-2016). Eso, y el hecho de que el español forma parte de la junta directiva de Cisa (Central de Inversiones del Estado Colombiano), y de que participó en la visita oficial de la primera dama a Nicolás Maduro en Caracas en 2023, también han sido utilizados como argumentos y munición de descrédito.

Alcocer: “Duele profundamente”

De esta forma, la bola de nieve siguió creciendo y Verónica Alcocer se vio forzada a pronunciarse brevemente hace unos días en su cuenta de X: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan destruir la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aunque se conocen los hechos, siguen los señalamientos”, escribió el pasado 4 de diciembre, adjuntando un comunicado de Saab, la empresa sueca de defensa y seguridad responsable de fabricar los aviones cazas adquiridos por el Gobierno de Gustavo Petro.

El texto, firmado desde la casa matriz de la firma aeronáutica en Linköping (Suecia), refuta a través de seis puntos algunos de los rumores difundidos en medios y redes sociales colombianos para mantener al rojo vivo la agitación preelectoral de cara a las presidenciales del próximo mayo. “El compromiso con la transparencia y los valores éticos es la base de nuestro trabajo. No toleramos la corrupción y seguimos una política estricta que regula nuestra conducta, acorde con las normas internacionales de la OCDE”, argumenta la compañía.

Tanto Verónica Alcocer como el presidente Petro —separados, pero sin divorcio formal— figuran desde el 24 de octubre en la Lista Clinton de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), una sanción impuesta por la Administración Trump con el argumento de que la cooperación del Gobierno de Colombia en la lucha contra las drogas ha sido insuficiente y ha dado alas al cultivo de coca.

Tras esta medida se congelaron sus compras de billetes aéreos, las cuentas bancarias y los pagos ligados al sistema estadounidense como Visa o Mastercard, entre otras. Por eso, Expressen apostó por el titular sensacionalista “Primera dama en fuga”, a fin de retratar a una figura pública cuya vida privada se vio estancada de golpe en Estocolmo.

Medios locales han informado de que Verónica Alcocer regresó a Bogotá el fin de semana del 14 de diciembre en un vuelo comercial. La secuencia de hechos da pie a Omar Rincón para exponer algunas claves sobre los resortes de la agenda noticiosa en Colombia: “El ‘petrocentrismo’ informativo ha logrado algo nefasto para el periodismo y es que, por dedicarse a hacer lo más fácil, que es activismo disfrazado de análisis u opinión, se olvidó por completo de su labor básica: trabajar con fuentes, datos, documentos y contexto. Por eso, hoy da lo mismo si la información proviene del New York Times o de un periódico sensacionalista sueco en busca de clics”.

Por su centralidad en el mapa regional, Colombia ha sido siempre un lugar estratégico para las agencias de inteligencia estadounidenses. Su proximidad al Canal de Panamá y el papel en la producción y tráfico de cocaína han sido, además, razones de peso para que servicios secretos de múltiples países destinen agentes en Bogotá. Pero varios episodios de los últimos meses revelan que el país es hoy un hervidero del espionaje internacional.

Uno de los últimos casos no hizo mucho ruido a pesar de ser una seria alerta de seguridad nacional. Algo no cuadraba, sin embargo, en las imágenes emitidas a principios de julio en el telediario de mayor audiencia nocturna en Colombia. En ellas se registraba la captura, en la ciudad portuaria de Barranquilla, de un veinteañero vestido con una cazadora al viejo estilo universitario estadounidense.

Se trataba de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, aprehendido en la terminal de autobuses local por su presunto rol como enlace y reclutador de agentes para el Servicio Federal de Seguridad, los servicios de inteligencia rusos, según denunciaron las autoridades. Antes de ser esposado y reducido boca abajo bajo en el asfalto hirviente del Caribe, había transitado por Moscú, Lituania, Noruega y España. Tenía una orden de detención de la Interpol de la máxima prioridad. Y la Policía colombiana seguía sus pasos.

Casi dos meses más tarde, el 13 de octubre, dos activistas exiliados venezolanos sufrieron un atentado cometido por sicarios a plena luz del día en el norte de Bogotá. Los opositores políticos Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, que sobrevivieron, habían huido a Colombia en mayo. Lo hicieron tras la detención policial, sin amparo judicial, de un amigo periodista en Caracas.

Media docena de expertos consultados para este reportaje bajo condición de anonimato sostienen la tesis de que se trató de una represalia de las fuerzas de Maduro y se preguntan sobre la estrategia de los servicios de seguridad e inteligencia para protegerse de estas actividades criminales.

“El país hoy es un espacio de disputa internacional estratégica. El Gobierno colombiano tuvo siempre lazos muy fuertes con Washington, que tiene aún una oficina con misión especial en las instalaciones del Ministerio de Defensa, pero tras la llegada de Petro han entrado otras variables en juego”, explica un veterano analista. La política del Ejecutivo de Petro fue extremar la precaución con los estadounidenses y las acciones de Washington en la región han tensado al máximo esas relaciones. El propio presidente Trump ha introducido a Petro y su familia en la lista de narcotráfico, lo que, evidentemente, complica la cooperación a cualquier nivel.

Falta de recursos para el contraespionaje

El problema, a su juicio, radica en el poco contrapeso de las políticas de inteligencia estratégica del Ejecutivo en Bogotá. De hecho, en más de tres años del Gobierno de Petro, se han depurado diversas unidades.

También ha habido múltiples relevos de agentes y funcionarios dentro de un sistema de contrapesos que opera a través de ramas paralelas: el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía cuentan cada uno con sus propios servicios secretos. A estas se suma la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), creada en 2011 para coordinar y, en teoría, ejercer algún control sobre todas las anteriores.

“En tres años acabaron con numerosos grupos de operaciones especiales. Reemplazaron a veteranos entrenados por los estadounidenses. La directiva de presidencia era tener todas las prevenciones posibles con la CIA”, explica otro investigador. Menciona en concreto el desmonte de los batallones de inteligencia de frontera, que tenían como tarea supervisar los movimientos a lo largo de los 2.219 kilómetros de límite común con Venezuela.

Otro estudioso del tema añade: “Petro desmanteló la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Esa fue una decisión estratégica fatal para el país. También depuró unidades militares de despliegue rápido o de fuerza conjunta en zonas de disputa con grupos armados”.

El argumento del Gobierno es que la corrupción enquistada en muchas de aquellas unidades suponía una ventaja para los criminales. Tras el caso de la Dipol se halla, por ejemplo, la turbia compra por 11 millones de dólares del programa de espionaje Pegasus a los israelíes en 2021. Un investigador y politólogo recuerda, sin embargo, que la situación no es nueva.

Durante las Administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque también hubo recortes similares guiados por sus afinidades políticas. Históricamente, los servicios secretos se han instrumentalizado con seguimientos contra opositores y periodistas, o a través de agentes enfocados en obstaculizar el proceso de paz del Estado con la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La ideología entorpece el trabajo

En gobiernos anteriores, además, los movimientos del bloque geopolítico de Venezuela, Cuba y Nicaragua eran prioritarios. Por eso el experto habla de una “ideologización” permanente de la inteligencia que ha derivado en “enormes retrocesos operativos”. “En ese vacío se han vinculado con mayor intensidad agencias extranjeras interesadas, sobre todo, en obtener información de Venezuela”, afirma.

También precisa que, a partir de 2010, comenzaron a llegar funcionarios muy “sospechosos” a algunas embajadas: “Nos empezamos a cuestionar si, más allá del conflicto colombiano, existe un pulso profundo a nivel regional que ya no depende solo del impacto del narcotráfico”.

Desde entonces, han surgido noticias como la expulsión de dos miembros de la legación rusa en 2020. O la presencia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela en Colombia en 2024, entre otras. “En este cuatrienio también ha habido un despliegue considerable de chinos e iraníes que antes actuaban en Caracas. Hoy lo hacen en Colombia porque, en esencia, no hay nadie que los persiga”, opina un investigador.

Fue en este contexto en el que, hace unos días, el presidente Petro anunció que suspenderá parte del intercambio de información con las agencias de seguridad estadounidenses. Sin embargo, su ministro de Interior, Armando Benedetti, matizó el alcance de la decisión y aseguró que la colaboración con el FBI y la DEA, entre otras, seguiría su curso.

El pragmatismo acaba siendo necesario. “La desconfianza entre este Gobierno y los americanos ha existido desde el principio de esta Administración. No obstante, la Casa Blanca reconoce que la importancia de Colombia, en términos de información sobre crimen organizado, es fundamental y, en lugar de abordar a una DNI hiperpolitizada, han mantenido la conversación con cada una de las demás fuerzas por separado”, recuerda uno de los expertos consultados.

El nombramiento de un ministro de Defensa militar como Pedro Sánchez en febrero de este año ayudó a calmar un poco las cosas. El escenario internacional, no obstante, es crítico. A los bombardeos estadounidenses contra lanchas supuestamente cargadas de droga se suma la llegada a aguas del Caribe del USS Gerald R. Ford; el mayor buque de guerra del mundo, que hace sombra al régimen de Nicolás Maduro. La tensión va en ascenso.

Entre tanto, los analistas barajan otros retos para los organismos de inteligencia colombianos. Uno de los consultados apunta que “hay una nueva dimensión económica en torno al control de las minas de oro”, pero advierte de que “con las purgas de oficiales en el DNI o la Policía, y el hecho de que algunos países ya no son un objetivo claro a nivel estratégico, se ha perdido mucha capacidad de tener información sólida sobre quién entra y sale del país”.

La masacre durante la toma y el contraasalto del Palacio de Justicia de Bogotá, hace justo 40 años, fue la desembocadura de todas las aguas putrefactas de la violencia en Colombia. El sanguinario ataque inicial de la guerrilla del M-19, donde militaba el hoy presidente Gustavo Petro, solo queda como preludio de una sangría mucho mayor. Las Fuerzas Militares y de inteligencia se encargaron de consumar la tragedia. Las balas de los soldados, adiestrados en la fiebre anticomunista y los manuales de antiinsurgencia estadounidenses, mataron a magistrados, funcionarios y empleados inocentes.

Pero aquella suerte de esquizofrenia institucional también los arrastró a torturar. A sembrar el horror. Y escribir una de las páginas más aberrantes en la historia del país.

El plan guerrillero, similar al ejecutado por el Frente Sandinista para la Liberación nicaragüense en 1978, consistía en asaltar la sede del poder judicial como represalia por los incumplimientos de los acuerdos de cese el fuego bilateral y búsqueda de caminos hacia una paz negociada con el Gobierno del Conservador Belisario Betancur (1982-1986). Con tan solo 41 insurgentes —seis de ellos no entraron en el recinto— el escuadrón del M-19 inició a las 11:40 de la mañana de aquel 6 de noviembre la toma del monumental edificio de piedra amarillenta en pleno corazón político de Bogotá.

Solo dos guerrilleros saldrían con vida tras un drama que duró 28 horas e incluyó el desembarco de fuerzas especiales en la azotea, uso de explosivos y hasta un tanque de guerra para derribar la entrada principal.

Fueron 95 muertos y 11 desaparecidos. Aquella jornada desnudó una historia de barbarie mayor cuyas piezas aún se hallan dispersas. Algunas de ellas en informes de organizaciones de derechos humanos, testimonios de exagentes o investigaciones de la estatal Comisión de la Verdad.

Con todo, aún no existe un trabajo que condense toda aquella conducta que, a lo largo de los 80 y 90, funcionó como un pilar en la lucha antiguerrilla. Con la misma lógica y crueldad de las dictaduras del Cono Sur, pero en un país que ha vivido una historia democrática casi continua, oficiales de inteligencia dejaron una estela de violaciones de los derechos humanos contra simpatizantes de izquierda.

Todo vale contra el ‘enemigo interno’

Los investigadores del tribunal transicional para el conflicto interno, la Justicia Especial para la Paz (JEP), se hallan en el entuerto de conectar los puntos. Más de uno se confiesa impactado por la cantidad de pruebas que han emergido en los últimos meses. Cada vez queda más claro que, por ejemplo, dentro del mismo marco del Palacio de Justicia, algunos de los miles de víctimas del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) fueron presa de las operaciones de la misma compañía del disuelto batallón Charry Solano, al norte de Bogotá, donde posiblemente fue torturada la guerrillera del M-19 Irma Franco, tal vez el mejor documentado caso de desaparición forzada en los hechos de noviembre de 1985.

Todo apunta que la guerra sucia que se ha tratado de presentar desde sectores políticos como una reacción violenta orquestada por sanguinarios paramilitares, terratenientes de ultraderecha y algunos efectivos aislados de la fuerza pública, fue en realidad un plan cuyo asidero se gestó en el corazón mismo de la estructura de los servicios de espionaje y contraespionaje del Estado.

Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia [...] es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador

Fuente judicial

La magistrada Catalina Díaz, de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, asegura a elDiario.es que hasta ahora no se había investigado “a fondo” el papel de estos aparatos en los crímenes contra la UP. “Hay nueva evidencia, por ejemplo, de que hubo un seguimiento sistemático contra la Unión Patriótica y que la inteligencia militar incluso pudo estar detrás de la estigmatización y construcción de un relato peyorativo para legitimar su accionar”.

El ya mencionado batallón Charry Solano, que en 1986 se convirtió en la Brigada XX, acumula 35 denuncias de tortura, 51 de ejecuciones sumarias y 73 de desapariciones forzadas. Un grupo de organizaciones de derechos humanos ha entregado, desde 2020, pruebas con hechos ocurridos, presuntamente, entre 1977 y 1998. Uno de aquellos denunciantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha sufrido más de 30 años de persecución, acoso y actos ilegales por parte del Ejército. Por ello, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano responder por violaciones contra sus miembros, ligados a la izquierda política, y sus familias.

Una fuente judicial que pide mantener su nombre oculto, resume: “Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia entre los años 1978 y 1989, más o menos, es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador. Es el mismo modelo, bajo la premisa de que el enemigo interno comunista era susceptible del ejercicio de la violencia. Legal o ilegal”.

Los políticos maquillaron la verdad

A medida que se conocen más casos, donde los nombres de algunos generales o coroneles se repiten, y las piezas van dando forma al rompecabezas, la sociedad colombiana empieza a cuestionar más la conducta militar. Jorge Cardona, reportero y exeditor del diario El Espectador, regresa sobre el caso del Palacio de Justicia: “La postura de la clase política, con las excepciones de siempre, fue rodear a las Fuerzas Armadas. Una de las primeras voces institucionales disidentes fue la Procuraduría, que denunció en 1986 al presidente Belisario Betancur y manifestó que hubo exceso de la fuerza y desconocimiento del derecho internacional humanitario”.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin embargo, absolvió al presidente Conservador siete meses después de los hechos. Para Cardona, la “vía política fue decorando la impunidad”. Helena Urán Bidegaín es hija de Carlos Horacio, magistrado muerto durante la retoma del Palacio de Justicia. Ella ha dedicado una parte importante de sus 50 años a entender los hechos: “Parte de los expedientes relacionados con las masacres y las torturas del Estatuto de Seguridad, implementado por el presidente [Julio César] Turbay [1978-1982], se quemaron en el Palacio de Justicia. Todo quedó suspendido. Y la construcción del relato que se ha hecho desde sectores del poder es acomodaticia y solo exalta sus actuaciones, así hayan sido indignas”, dice a elDiario.es.

Otra investigadora que pide no ser identificada, trae a colación las declaraciones televisadas del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, absuelto en 2015 de responsabilidad en dos casos de desaparición forzada, y quien fue una de las cabezas visibles en el asalto de recuperación de la sede judicial en 1985. Mientras el humo y las llamas carbonizaban el edificio, el militar vociferó al ser preguntado por el objetivo: “¡Mantener la democracia, maestro!”. El alcance de su labor, sin embargo, aún deja grandes interrogantes. Porque en Colombia, argumenta la misma fuente, se han normalizado los desmanes de una operación castrense sanguinaria: “Como si en Colombia existiera la pena de muerte”.

El silencio de cientos de víctimas que sufrieron en algún momento aberraciones confirma que el país aún navega la superficie de una etapa negra. “Hay dos momentos. Desde finales de los años 70, los militares mezclan el secuestro, la tortura, y, en menor medida, los homicidios, en instalaciones militares, como el Cantón Norte y el Charry Solano en Bogotá. Hoy la evidencia apunta a que, en algún momento de la segunda mitad de los 80, dejan de hacerlo en los cuarteles porque ya era problemático y se aceleran los asesinatos extrajudiciales en otros contextos. Se ha establecido que los soldados tiraban los cadáveres en zonas de las afueras de Bogotá como Funza, Choachí o el Tequendama”, asegura un investigador.

Algo cambió el 6 de noviembre de 1985

Para el antropólogo David Marín, autor de Pérdida en el fuego (Planeta) —una reconstrucción minuciosa de la “masacre olvidada” del Palacio—, algunos grupos de poder tradicional entendieron, aquella especie de noche de los cuchillos largos del 6 de noviembre de 1985, que habían perdido el control de las cosas. O, cuando menos, que la batalla contra los insurgentes había descarrilado. Se sumaron nuevos y sanguinarios actores potenciados por el narco. Y los métodos de terror se emplearon con más ímpetu que en décadas anteriores.

El marco conceptual se sustentó en los manuales de inteligencia y contrainteligencia inspirados en el adoctrinamiento de la Escuela de las Américas en los años 60. Y el decreto presidencial de 1978 ya citado, que perseguía los mismos objetivos de la Operación Cóndor dirigida desde Washington, aportó el andamiaje legal necesario. En esencia, se trataba de eliminar los focos de oposición mediante un calco de algunas de las brutales actividades de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Pinochet en Chile, o de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) bajo la dictadura de Videla en Argentina.

Esas puertas cimentaron las facultades de “exterminio de facto” para las Fuerzas Armadas colombianas, según escribe Marín en el epílogo de su libro. La represión oficial contra “todo lo que oliera a comunismo” derivó en la multiplicación de las retenciones arbitrarias, los seguimientos y perfilamientos de estudiantes, sindicalistas o maestros: “Se sistematizaron las torturas. Se arrojaba gente a los ríos, a los parques, a las cunetas de las carreteras menos transitadas, a los humedales... Esos eran los que aparecían. De otros no se tiene el menor rastro”, escribe el antropólogo.

La barbarie tras un telón democrático

Entre quienes murieron en el Palacio de Justicia había 11 magistrados de la Corte Suprema. Varios de los mejores juristas de una generación cuya edad promedio no superaba los 60 años. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, de 53 años. Falleció, según los nuevos hallazgos de la investigación de Marín, víctima de una ráfaga de metralla del Ejército colombiano durante la recaptura del Palacio. Pero a lo largo de estas últimas cuatro décadas, en Colombia todavía no se ha publicado un trabajo global concluyente. O una investigación periodística o histórica que sintetice con claridad los resortes más amplios de un capítulo cuya mayor singularidad es que se desenvolvió en un contexto democrático.

Eduardo Carreño, miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, plantea un problema de fondo: “El terror en Colombia aún es muy complicado. Por eso a las víctimas de esa época les cuesta hablar. Las estructuras criminales de aquel entonces cambiaron de nombre, se convirtieron en otros organismos, desmontaron el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), pero la violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables de esos casos”.

Algunos de esos episodios más recientes son los de los asesinatos de jóvenes pobres que el Ejército presentó como guerrilleros durante las Administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). O la Operación Orión (2002), a cargo de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía contra las milicias urbanas de las FARC en los barrios bravos de Medellín. Allí las organizaciones de Derechos Humanos han calculado que se produjeron 300 desapariciones forzadas.

La violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables

Eduardo Carreño — Miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La comparación con las dictaduras de Chile o Argentina se queda coja. En esos países, donde a lo largo del siglo XX hubo procesos políticos de corte socialista que sí avanzaron, la respuesta fue suprimirlos mediante dictaduras militares. En Colombia nunca ocurrió nada similar. Quizás por ello, a las fuentes consultadas aún les cuesta configurar un relato más completo donde, tras el telón de solidez institucional, el mismo Ministerio de Defensa apeló a métodos tan sanguinarios en la trastienda.

Algunos de los jueces más tozudos que murieron en el Palacio ya lo venían advirtiendo. En junio de 1985, un juez del Consejo de Estado implicó al Gobierno de Julio César Turbay y a dos generales en la tortura de la médica Olga López Jaramillo y su hija de cinco años en 1979.

El fallo concluyó que el Ejecutivo empleó métodos irracionales, inhumanos y proscritos por todas las convenciones de derechos humanos. La sección tercera del tribunal responsable del dictamen judicial, alojado en el mismo inmueble que cinco meses más tarde sería devorado por los proyectiles y las llamas, empezó a recibir amenazas de forma reiterada. Algunas de ellas estaban dirigidas con nombre propio contra jueces que investigaban por entonces casos de torturas ejecutadas, según se sospechaba, por parte de algunas unidades del Ejército colombiano.

Iván Cepeda, senador de voz pausada y reconocido por sus camisas sin cuello, será la principal carta de la izquierda colombiana para buscar la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro en las elecciones de mayo de 2026. A sus 63 años, este bogotano ha emergido de la consulta interna de la coalición gubernamental del Pacto Histórico como un imán para el heterogéneo espacio progresista local. Tras superar a la exministra de Salud del actual Gobierno, Carolina Corcho, su candidatura simboliza una etapa inédita de madurez política en un bloque ideológico que fue marginal durante años. Además, su padre, el también congresista Manuel Cepeda, fue asesinado por los paramilitares en 1994, un legado trágico que ha guiado su defensa de los derechos humanos. Y hoy el optimismo en los cuarteles generales de la fuerza gobernante es tangible.

La fuerza que irradia Cepeda también está cimentada en sus denuncias contra el expresidente de derechas Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos en un caso engarzado al mundo paramilitar. El proceso judicial, interpuesto por el senador de izquierdas, ha superado dos etapas penales. En principio desembocó en una condena a 12 años contra el poderoso político antioqueño. La revisión del caso en segunda instancia, sin embargo, revocó la condena. Y el expediente ahora sigue su curso, en teoría, hacia su último capítulo en la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, en un recurso que puede tardar hasta cinco años más. 

Una consulta abierta a toda la ciudadanía

Mucho se ha debatido en Colombia sobre el alcance de los 2,7 millones de votantes que participaron en las primarias del pasado domingo. Fue un proceso abierto a toda la ciudadanía –no solo a los militantes de la coalición–. Analistas y opositores coinciden en que se trata de un umbral muy aceptable para un ejercicio que no es frecuente en el país. “Esta es una experiencia que otorga legitimidad al Pacto Histórico. Más aún en una democracia donde los partidos se caracterizan por un modelo personalista. Aquí los barones electorales eligen a los candidatos con bolígrafo. Sin discusión democrática en las bases”, explica a elDiario.es Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado.

“La primera lección de esta consulta es que solo la izquierda ha logrado encontrar un mecanismo democrático para dirimir una candidatura entre sus aspirantes y, además, organizar una lista cerrada para las elecciones a Congreso. Este último punto resulta un mecanismo muy novedoso en el país. Nunca se había empleado”, afirma por su parte el politólogo Yann Bassett. Se refiere a que la consulta interna también sirvió para definir las listas del progresismo al Senado y la Cámara que competirán en las legislativas del próximo 8 de marzo. En resumen, y a pesar de algunos tropiezos logísticos en la organización de la Registraduría, la jornada ha servido para perfilar varios puntos aún pendientes en el caso de otras fuerzas políticas. 

A juicio del sociólogo y militante de izquierda Luis Eduardo Celis, el hecho de que el centro político y la derecha se hayan negado a celebrar sus propias consultas de manera paralela denota una realidad que no beneficia a la democracia. Apunta que la derecha, “que no es suicida”, sabe que debe defender su candidatura a través del Centro Democrático. No pueden llegar divididos en la primera vuelta de mayo próximo. De hecho, ya han anunciado que realizarán una especie de encuesta en noviembre. “Les ha costado mucho organizarse, y supongo que querían evaluar primero lo que sucedía con el Pacto Histórico antes de enfrentarse a una competencia que podría resultarles desfavorable”.

La izquierda ha logrado encontrar un mecanismo democrático para dirimir una candidatura entre sus aspirantes y, además, organizar una lista cerrada para las elecciones a Congreso

Yann Bassett — Politólogo

Para formarse una idea, los más de dos millones y medio de sufragios depositados el pasado domingo se acercan al número de electores que impulsaron la lista cerrada del progresismo en las legislativas de 2022. En aquella ocasión, el PH sumó un 18,5% del total de escaños. Un resultado histórico, dado que la izquierda colombiana siempre fue residual dentro de un sistema presidencialista férreo y bipartidista. Celis describe aquel viejo mundo como “una fiel representación del viejo mundo republicano ligado al capital, no al trabajo”. Sin embargo, en los últimos 25 años, la cerrazón ha cedido y en su opinión hoy existe un panorama mucho más abierto. Allanado, quizás, por el proceso de paz entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC (2016) y el estallido social de 2021: “Hoy el progresismo puede demostrar que es la mayor fuerza organizada del país”.

Continuismo

Desde la victoria de Gustavo Petro en 2022, se venía barajando la tesis de que, después de casi dos siglos de vida republicana, la contienda política en Colombia se había “latinoamericanizado”. El péndulo se movía, de una vez por todas, en ambas direcciones. Como en Argentina, Chile o Brasil. Con una izquierda democrática, además, deslindada de viejos estigmas guerrilleros. “Quiero agradecer, en especial, a los campesinos, a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes (...). No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarse. Hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas”, afirmó Iván Cepeda el domingo en la noche tras conocer los resultados.

Varias cosas quedaron claras. El flanco que representa Cepeda, enraizado en una izquierda clásica de aparato, recoge la voz contra la violencia de Estado, especialmente del paramilitarismo de extrema derecha, y continúa con el proyecto reformista de Petro. Por eso los resultados también refrendaron la gestión del presidente, cuyos niveles de aprobación giran en torno al 34% con un repunte en la percepción de su gestión en agosto, según una encuesta confeccionada por el portal Bloomberg. Las críticas contra su fallida estrategia de paz con los grupos armados ilegales o la deriva profunda en la reforma de salud no han pasado factura entre sus seguidores.

Ahora queda por verse el impulso político que recibirá la derecha tradicional, tras la exoneración en segunda instancia de su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe. Esta decisión judicial, que revocó la condena inicial de 12 años de prisión por soborno de testigos y fraude procesal en una investigación vinculada al paramilitarismo, ha sido recibida como un bálsamo por ese sector político. Al proceso penal, impulsado por Iván Cepeda, aún le queda un último capítulo que será dirimido por la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ahora cuál será la narrativa de la izquierda de cara a 2026?

Las primarias dejaron algunas pistas. Para Jorge Iván Cuervo, ha emergido un nuevo electorado. En su opinión más complejo, y cuyo voto, quizás, se aleja cada vez más de los canales tradicionales de la política colombiana: “Un universo que no cabe en los programas de los partidos históricos o conservadores porque no tienen una respuesta para llegar a los movimientos sociales, a los votantes de las comunidades étnicas. También hay que resaltar la renovación de liderazgos en la izquierda colombiana. El análisis quedaría incompleto sin mencionar la influencia de jóvenes que han hecho la tarea para llegar al Congreso con un perfil más mediático, a través de las redes sociales. Todo esto era un anhelo hace cuatro años, hoy es una realidad sobre el mapa político”.

A medida que se desvanece la sólida y casi inmutable relación de siglo y medio entre Estados Unidos y Colombia, se recrudece la confrontación verbal entre Donald Trump y Gustavo Petro. Y las consecuencias en una relación asimétrica para el país sudamericano, tanto en el plano económico como en el comercial, son inciertas.

El mandatario estadounidense no ha dudado en tachar a su homólogo colombiano de narcotraficante y retratarlo como “un lunático con muchos problemas mentales”. Desde Bogotá, se han equiparado las políticas migratorias de Washington con la forma en la que “Hitler trató a los judíos” y se ha calificado al magnate republicano de “grosero e ignorante”.

Trump, con varios frentes abiertos más urgentes en la geopolítica mundial, había mirado de soslayo los embates de Petro. Hasta este fin de semana. El punto de quiebre, al parecer, fueron las recientes afirmaciones del Gobierno colombiano de que una de las lanchas impactadas por Washington en el Caribe no pertenecía a los narcos, sino a un humilde pescador “amante del mar”. Acto seguido, el presidente estadounidense advirtió en una publicación de su red social Truth que cerraría el grifo de pagos y subsidios a Colombia.

Con el espejo del pulso diplomático que sostiene el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Petro busca posicionarse como una figura de oposición a Trump en la región, donde EEUU ha disparado la tensión con ataques considerados ampliamente ilegales contra supuestas 'narcolanchas' en aguas del Caribe –y ahora frente a la costa pacífica colombiana– mientras rescata a Argentina con 40.000 millones de dólares a pocos días de las elecciones legislativas. En este intento de aumentar su influencia en América Latina, Trump premia a líderes afines como Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele, quien acordó albergar en su cárcel de máxima seguridad a migrantes sin papeles deportados de EEUU. En cambio, redobla la presión sobre quienes le plantan cara, como Lula y, ahora, el presidente progresista colombiano.

El Ministerio de Exteriores de Colombia informó el martes que, tras una reunión en Bogotá entre Petro, el embajador colombiano en EEUU, Daniel García Peña, y el encargado de negocios de la Casa Blanca, John McNamara, se acordó avanzar hacia una solución al “impasse bilateral”. Un día después, tras la acción militar de EEUU en el Pacífico, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano llamó al Gobierno de EEUU a “cesar este tipo de ataques” y a “respetar las normas que dicta el derecho internacional”.

Las presidenciales, en el horizonte

El choque entre Bogotá y Washington se ha agravado a siete meses de la primera vuelta de unas presidenciales en las que Petro no se puede presentar a la reelección. “El país no estaba en el lugar más visible de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. No éramos protagonistas. Por eso han sido las declaraciones del presidente colombiano, con mucha gradualidad, pero también con mucha contundencia, las que nos ha puesto en esa palestra. Y creo que lo que uno se encuentra es, primero, una estrategia electoral. Él está pensando en su papel protagónico como líder de una sociedad civil transnacional”, explica Sandra Borda, profesora de Ciencia Políticas, a elDiario.es.

Habiendo tomado nota de los réditos que dejó a Lula el cisma político con Washington, Petro parece decidido a agudizar la ruptura. “En los casos de Brasil, México y Canadá, donde los presidentes y el primer ministro se han beneficiado de trazar una línea clara de entendimiento con Trump, ninguno ha forzado la situación. Ellos no han sido vocales en generar la tensión”, dice Borda. “Además, los tres tienen modelos distintos de control de daños, de negociación. Han sido tan firmes como prudentes e institucionales en el manejo de las relaciones con Estados Unidos. Su estrategia de política exterior ha primado y luego, de forma casi indirecta, han tenido resultados electorales positivos o buenos índices de favorabilidad. La historia de Petro, sin embargo, es al revés”.

Petro está pensando en su papel protagónico como líder de una sociedad civil transnacional

Sandra Borda — Profesora de Ciencia Políticas

El analista Dorian Kantor coincide en que Gustavo Petro ha convertido la “confrontación en parte de su narrativa postcolonial de periferia contra centro”. Sin embargo, a diferencia de los movimientos del presidente Lula, en este caso entra en juego la enorme dependencia económica de Colombia, de los recursos que necesita para sostener el aparato militar contra los actores armados ilegales. “Ese componente es clave —aunque no el último— en la estrategia más amplia de lidiar con la violencia”. El país ha sido el mayor receptor de ayudas monetarias en medio siglo en el hemisferio occidental. La inversión extranjera directa estadounidense asciende al 42% del total recibido por el país sudamericano y el 29% de las exportaciones colombianas al mundo tienen como destino la gran potencia del norte.

El duro mensaje de Trump no se lo pone fácil a la oposición política en Colombia. Aunque las críticas al manejo diplomático han brotado en redes sociales y otros canales, las agresiones directas del republicano contra Petro resultan más difíciles de respaldar. “Es muy importante tener claro que la competencia por lanzar el peor insulto no empezó ayer. Esto es una situación que viene desde enero con el tema de los deportados. Desde entonces, Petro venía preparando el camino para ponerlo donde está”, afirma Borda. 

El presidente de izquierdas, a su juicio, ha salido beneficiado. A pesar de la reputación de saber aprovechar la debilidad de sus interlocutores, Trump parece haber mordido el anzuelo, según más de un estudioso. La receta es conocida: activar el discurso nacionalista en Colombia y delimitar cualquier duda ideológica en torno a su norte político. “Le sirve para cerrar filas en torno al candidato del Pacto Histórico (el partido de Petro). Es útil y eficiente en las urnas. Porque cualquiera que no esté ahí, es considerado un apátrida. Resuelve el problema de los indecisos”, precisa Borda. 

Venezuela, otra ficha clave

Venezuela es, por último, una ficha clave a la hora de entender la situación entre Colombia y Estados Unidos. Se trata de una relación triangular donde juegan aspectos de seguridad fronteriza, flujos migratorios e intereses petroleros. Con la nueva estrategia del Pentágono para combatir el narcotráfico, que incluye patrullajes y bombardeos a supuestas 'narcolanchas' en aguas del Caribe, los analistas intuyen que Gustavo Petro se irá despojando de las pocas ambigüedades que mantenía en su relación con Nicolás Maduro, cuya victoria en las últimas elecciones no ha reconocido.

Por su parte, Trump, en opinión de Dorian Kantor, también tendrá espacio para romper aún más costuras en el orden internacional y la lucha contra las drogas. “Al insistir en militarizar un problema multidimensional, intensifica un ciclo que América Latina conoce demasiado bien: más violencia, instituciones debilitadas y estancamiento estratégico”, concluye.

Ocho buques de guerra, un submarino nuclear y cuatro mil soldados permanecen apostados en aguas limítrofes venezolanas desde finales de agosto. En la tarde de este martes, el presidente Trump anunciaba que el Ejército más poderoso del mundo ha hundido, en fecha sin precisar, tres embarcaciones, al parecer, cargadas de drogas y salidas de Venezuela. Al igual que en los ataques de hace dos semanas en el mar Caribe, la información sobre las acciones navales estadounidenses se mueven en un terreno movedizo.

¿Qué busca el presidente Donald Trump? Los detalles desde Washington, en las ruedas de prensa, han sido escasos. Aunque el republicano destacó el lunes que el Ejército posee grabaciones interceptadas de los presuntos delincuentes y otras pruebas contundentes, aún no las ha presentado. En cambio, sí han trascendido los videos desclasificados por la Casa Blanca que muestran el momento del disparo de los misiles, aparentemente desde aeronaves, contra dos pequeñas embarcaciones que fueron pulverizadas en fechas distintas.

Queda claro que este uso novedoso del poderío militar norteamericano en su lucha antinarcóticos en la región es inédito. “Desplegar una flota tan mayúscula para combatir el narcotráfico o hundir una lancha con 11 personas a bordo y unos fardos de cocaína como mayor logro, es como matar moscas a cañonazos. Esa es solo una expresión, pero el punto es que Estados Unidos tiene un servicio de guardacostas notable que podría haber sido utilizado para este tipo de operación”, cuenta a elDiario.es Carlos Malamud, catedrático de Historia e investigador principal del Instituto Elcano.

Desplegar una flota tan mayúscula para combatir el narcotráfico o hundir una lancha con 11 personas a bordo y unos fardos de cocaína como mayor logro, es como matar moscas a cañonazos

Carlos Malamud — Investigador del Real Instituto Elcano

Tanto algunos senadores demócratas como diversos analistas han señalado que la estrategia estadounidense viola el derecho internacional. Pero el presidente Trump se ha amparado en su decisión de declarar organizaciones terroristas internacionales a las bandas venezolanas El Tren de Aragua y El Cártel de los Soles para enviar buques de guerra y elevar la tensión en las costas del país sudamericano.

Trump ha divulgado la carta que por ley debe enviar al presidente de la Cámara de Representantes como aval añadido. “Me parece un error pensar que el objetivo de antinarcóticos y la presión contra el régimen de Maduro son excluyentes”, dice a elDiario.es la experta en relaciones internacionales Sandra Borda. De hecho, la Casa Blanca nunca ha refutado, ni tampoco certificado, las insinuaciones de periodistas en torno a una estrategia de desestabilización del régimen en Caracas.

Maduro, por su parte, anunció desde el mismo momento en que se conoció el despliegue naval estadounidense la movilización de 4,5 millones de milicianos bolivarianos en todo el territorio. Se trata de una cifra que más de un analista ha puesto en duda. Lo cierto es que, a lo largo de los últimos 15 días, el Gobierno venezolano ha publicitado imágenes patrioteras de sus fuerzas armadas y de una flotilla de cazas F-16 con casi cuatro décadas de servicio. Dentro de los cálculos de Borda, no tiene cabida una intervención militar al estilo de la invasión estadounidense de Panamá a finales de 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega.

A juicio de la académica, se trata de un acto de fuerza contundente que no cruzará la línea roja de una incursión en suelo venezolano. Con todo, las autoridades norteamericanas han ofrecido a través del Departamento de Estado una recompensa de 50 millones por información que lleve a la captura de Maduro, quien cumple ya 12 años encastrado en el poder. “Todavía hay un espacio de maniobra grandísimo. Pueden intervenir a distancia. Del tipo de armamento militar que desplegaron, se puede deducir que es un arsenal para atacar de forma quirúrgica y a larga distancia”, precisa Borda.

“TENGA CUIDADO: SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR ESTADOUNIDENSES, ¡LO VAMOS A CAZAR!”, escribió el lunes Trump en su red social Truth Social. El mandatario republicano ha subrayado en sus intervenciones que se trata de “narcoterroristas” que suponen una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. A nivel interno, sin embargo, no hay consenso en torno a esta línea de actuación militar: “Por un lado, se encuentra la postura del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien aboga por la ruptura total de los lazos con Venezuela. Y hay otro enfoque político, en cabeza del enviado especial de Trump, Richard Grenell, que se inclina por ciertas concesiones para mantener la explotación petrolera de la Chevron”, recuerda Malamud.

El hecho de que la avanzada táctica y militar, con el traslado de cazas F-35 a Puerto Rico, se haya centrado en aguas limítrofes a la jurisdicción venezolana –y no frente a Colombia, gran productor mundial de cocaína– también ha despertado confusión. En el caso de Colombia, EEUU ha sacado este martes al país de la lista de socios que hacen un control de drogas por primera vez desde 1997. EEUU señala que Colombia “no está cumpliendo sus obligaciones de control de drogas”.

“El argumento de Venezuela, en principio fue ese: 'Si la maniobra es antinarcóticos, por qué diablos nos están tocando las narices a nosotros'. Pero lo cierto es que Estados Unidos ha asociado sin ambages a la cúpula militar venezolana con el Cartel de los Soles y hoy todas las rutas del narcotráfico se están desviando por Venezuela porque no hay quien ejerza un control efectivo”, detalla Borda.

El Ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, afirmó la semana pasada que se trata de una pantomima para provocar al Ejército venezolano en busca de una reacción que escale la tensión. Una tesis que no ha sido descartada por funcionarios estadounidenses citados por el periódico Financial Times de Londres: “Nunca habíamos tenido un escenario de ataque directo de la fuerza militar estadounidense contra un grupo de narcos sin mediación previa de un Estado. Y si bien no sabemos hasta dónde van a llegar, sí es posible anticipar que no será largo porque mantener una flota de esas dimensiones de manera indefinida es costosísimo y esto no será una prioridad de largo aliento para un tipo tan volátil como Trump”, argumenta Borda.

Del tipo de armamento militar que desplegaron, se puede deducir que es un arsenal para atacar de forma quirúrgica y a larga distancia

Sandra Borda — Experta en relaciones internacionales

Maduro resumió la táctica norteamericana como “un ataque militar contra civiles que no estaban en guerra ni representaban ninguna amenaza militar para otro país”. Y aseguró que Estados Unidos busca arrastrar a Venezuela a “una gran guerra”. El propósito estadounidense, añadió, es un cambio en el poder motivado por el petróleo y no la lucha contra el narcotráfico.

“Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”, ha señalado el jefe de Estado venezolano en una conferencia de prensa con medios internacionales, la segunda que ofrece este mes.

Un giro de timón, de cualquier forma, sobre el que pocos han reflexionado. Malamud concluye que la complejidad de la crisis venezolana es que “el vacío de poder y la incertidumbre predominan”. Nadie sabe quién gestionaría un eventual cambio de Gobierno. Ni por cuánto tiempo ni con qué apoyo político para estabilizar la situación de caos.

Por último, Víctor Mijares, académico venezolano de la Universidad de los Andes de Bogotá, advierte de que la presión de Washington encuentra una oposición desarticulada que –recuerda– ya cumple un cuarto de siglo fuera del poder. “En el caso eventual de una transición en Venezuela, no va a ser de la mano de la oposición. Esto solo se va a lograr cuando facciones del propio chavismo se den cuenta de que lo que más les conviene es ir hacia un proceso de transformación que ellos van a querer y poder liderar precisamente para evitar una caída estrepitosa que afecte sus bienes, sus libertades o incluso sus vidas”.