Abelardo de la Espriella, abogado penalista admirador de Trump y Milei, se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Colombia tras vencer en la segunda vuelta más reñida de las últimas décadas. Con 47 años, el aspirante libertario de la de extrema derecha obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), superando por un estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda, quien logró el 48,70% (12.708.712 sufragios), según el preconeto. En unos comicios con participación histórica, los 377.076 votos en blanco resultaron decisivos, al superar la diferencia final entre ambos candidatos.

El desenlace, sin embargo, tiene un panorama más complejo. De la Espriella llega a la Casa de Nariño sin experiencia en cargos públicos, tras obtener el mayor caudal de votos registrado, pero con apenas cuatro senadores propios en un Congreso de 103 escaños (curules). Su Gobierno dependerá de la disciplina y las negociaciones con fuerzas que lo apoyaron en la segunda vuelta: el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador, formaciones tradicionales con agendas propias y fracturas internas que condicionarán su margen de maniobra.

Bogotá mantenía una calma contenida cuando a las 16:00, siete horas más en España, se cerraron los puestos de votación. Fabio Jiménez, taxista de 50 años, recordó que esa mañana había visto en varios puntos de la ciudad sucursales bancarias y concesionarios de vehículos protegidos con vallas como medida visible de prevención ante una jornada que se temía agitada. “Los que saben de estas cosas desde ayer ya se prepararon”, resumió con la misma parsimonia con la que sortea un atasco en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

A las 17:30, con el 99,58% de las mesas reportadas por la Registraduría Nacional, el resultado ya se consideraba irreversible. El país había dado un vuelco político radical: de elegir por primera vez un Gobierno de izquierda, pasaba ahora a una Administración de derecha extrema cuya agresividad ha despertado comparaciones históricas. Algunos han señalado el parecido con Laureano Gómez (presidente entre 1950 y 1953), recordado por su retórica pugnaz y su admiración por Francisco Franco. 

Pero el investigador de la London School of Economics Juan David Velasco señala que De la Espriella se aproxima más al conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930), un mandatario proempresarial, alineado con los intereses de Estados Unidos, con un discurso incendiario y un enfoque represivo en materia de seguridad. Como Abadía, recibe un país endeudado y comparte su defensa de los valores tradicionales. La diferencia es que Abadía llegó al poder tras ejercer como ministro en siete carteras. De la Espriella nunca ha ocupado un cargo público.

Reacciones de un país fracturado en dos

El presidente saliente, Gustavo Petro, reaccionó en X antes de que se completara el preconteo [recuento provisional] advirtiendo que, con los datos de la Registraduría, la diferencia entre los candidatos era de apenas tres décimas. Según su criterio, “no se puede proclamar ningún presidente” hasta el escrutinio oficial. Y añadió que la realidad mostraba “un país partido por la mitad” y denunció “injerencia extranjera quitándonos la libertad”. Pero al mismo tiempo aseguró que acataría las decisiones de la justicia.

Mientras Petro cuestionaba los números, en Barranquilla, en el Caribe colombiano, el también llamado “Tigre” Abelardo de la Espriella celebraba su triunfo ante una multitud agolpada frente a una urna de cristal blindada desde donde se dirigió a su “manada” en un discurso de 45 minutos intercalado por breves pausas con música circense. “No existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin la vida privada y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados”, afirmó. Y añadió entre saludos militares y : “La verdadera paz nace de la justicia que, en el fondo, está ocupada por nuestras fuerzas militares y la policía”.

Por su parte, Iván Cepeda —quien suma 16 años en el Congreso— anunció desde Bogotá la impugnación de 33.000 mesas de votación, criticó el preconteo y convocó a sus seguidores a movilizarse. La estrategia de objeción no es nueva: si en la primera vuelta del 31 de mayo fue Gustavo Petro quien cuestionó el escrutinio, en esta segunda ronda su candidato derrotado ha sido quien repitió el libreto. Esto ocurre a pesar de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso de “transparente y creíble”.

El exterior vota por el ‘Tigre’

Colombia rompió este domingo su récord histórico de participación electoral. Con un padrón de 41 millones de votantes habilitados en el país y en el exterior, el 64% ejerció su derecho al sufragio: 26.509.263 depositaron su papeleta. La cifra pulverizó el techo histórico del 59,02% registrado en la segunda vuelta de 1998, que había resistido intacto durante casi tres décadas.

“Esta ha sido una elección como nunca antes ha pasado, que ha dejado al país 50-50”, dijo el analista electoral Camilo Cruz, quien comparó el resultado con lo ocurrido en Honduras y Perú, democracias latinoamericanas que han vivido fracturas similares. Cruz planteó la pregunta que definirá los próximos cuatro años: “El ganador tendrá que decidir si va a gobernar para su postura mayoritaria o si va a gobernar para todo el país”.

Los matices fueron surgiendo con el paso de las horas. El analista Andrés Sampayo señaló uno de ellos en X: dentro de Colombia, la diferencia entre los dos candidatos ha sido un empate técnico. Fue el voto en el exterior el que decidió la presidencia. “La elección se está definiendo por márgenes mínimos dentro de Colombia y por una ventaja contundente por fuera de Colombia”, escribió Sampayo. De la Espriella ganó Colombia desde fuera de Colombia.

Para Cruz, la jornada dejó dos lecciones. La primera: el voto en blanco fue significativo no por su volumen sino por su posición. “Al final, la no distribución del voto entre las dos preferencias finalistas termina, en una elección tan cerrada, definiendo la victoria para un sector u otro”, dijo. “Hay un mensaje para el país, pero ese mensaje todavía no tiene rostro”. La segunda es institucional: la participación abierta del presidente Petro y de los alcaldes de Cali, Medellín y Barranquilla en la campaña rompe una tradición de neutralidad que, advierte Cruz, anticipa un escenario muy conflictivo para futuras elecciones.

Al cierre de la jornada, los temores de un estallido social en Bogotá se disiparon. Se registraron algunos fugaces disturbios y celebraciones callejeras que recordaban el reciente triunfo de la selección nacional frente a Uzbekistán en el Mundial. En el pudiente norte de la capital, Gilberto Gaitán, de 69 años, resumía con pragmatismo su postura por el nuevo presidente de extrema derecha mientras cerraba el servicio de aparcacoches que gestiona desde hace años. “Es un hombre de negocios; no necesita robar”. El país ya ha comenzado a medir el alcance de sus palabras.

Colombia batió el pasado 31 de mayo su récord histórico de participación electoral sin que sus candidatos presidenciales debatieran una sola vez. En Bogotá, en Medellín o la portuaria Barranquilla, los puestos de votación amanecieron con filas más largas de lo habitual.

El electorado eligió en primera vuelta al aspirante de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, quien lideró con 10,36 millones de votos (43,74%). Hoy su rival en las urnas será Iván Cepeda, el representante del oficialista Pacto Histórico, que sumó 9,69 millones (40,90%). Uno de los dos gobernará los próximos cuatro años.

Abelardo De la Espriella, de 47 años, llega a esta segunda vuelta con un impulso que muy pocos habían detectado en el radar. Ningún candidato había alcanzado tantos votos en una primera ronda, ni siquiera el influyente Álvaro Uribe en sus dos victorias de principios de este milenio. Para hacerse una idea, hace tan solo dos meses las encuestas situaban al aspirante ultraderechista en tercer lugar. Pero el desplome de la senadora uribista Paloma Valencia, candidata de la derecha institucional que quedó tercera con menos del 7%, volcó hacia De la Espriella un caudal de votos y obligó a rivales y analistas a recalibrar sus estrategias.

Entre tanto, Iván Cepeda, senador de izquierda de 62 años, heredero del proyecto del presidente y defensor de derechos humanos, había encabezado las encuestas y su campaña llegó a creer que podría ganar en primera vuelta. No fue así. Su resultado trazó con exactitud los límites del izquierdista Pacto Histórico que Gustavo Petro construyó desde el poder: un bloque fiel, movilizado, pero incapaz de ir más allá de sus propias fronteras. El precio de ese repliegue quedó claro en la recta final y la formación no logró captar, en un intento tardío y sin demasiada convicción, al electorado del centro político.

Voto por descarte más que por convicción

Por segunda vez consecutiva, el país se debate entre extremos: un populismo de derecha con fuerte arraigo transversal y una izquierda que moviliza a los sectores más vulnerables. Aunque los partidos históricos mantienen su poder en el Congreso mediante el clientelismo, la pugna por el Ejecutivo opera bajo otra lógica. El politólogo Gustavo Duncan (Universidad EAFIT) plantea una tesis: “Los colombianos ya no confían en la política tradicional para la presidencia”.

En este tablero polarizado, el político tradicional pasó de ser el protagonista de la contienda a convertirse, en algunos casos, en un negociador en la sombra, indispensable para la gobernabilidad pero incapaz a la hora de cautivar al electorado de forma masiva en las urnas.

La gente elegirá a quien represente una menor amenaza para su forma de ver la vida

Bibiana Ortega — Politóloga

Bibiana Ortega, politóloga especialista en comportamiento electoral de la Universidad Javeriana, sostiene en conversación con elDiario.es que el domingo se votará más por descarte que por convicción. “La gente elegirá a quien represente una menor amenaza para su forma de ver la vida, para su visión del Estado, para su percepción de seguridad y de los derechos”, explica.

Se trata de la misma lógica que operó en 2022, cuando Gustavo Petro y el entonces ‘outsider’ de derecha Rodolfo Hernández se presentaron como rivales irreconciliables. Las encuestas actuales lo corroboran: según la encuestadora CB Global Data, el 50,4% de los colombianos dice que jamás votaría por Cepeda y el 46,3% afirma lo mismo de De la Espriella.

En esta elección, más de la mitad del país rechaza a uno de los dos candidatos en competencia. La campaña, además, ha dejado cicatrices visibles. El presidente Gustavo Petro nunca reconoció los resultados de la primera vuelta e insinuó que hubo fraude sin pruebas. También dejó abierta la posibilidad de rechazar lo que ocurra este domingo 21 de junio. Su candidato, Iván Cepeda, tardó ocho días en admitir aquella derrota, pese a reconocer el 1 de junio que no había hallado “irregularidades de dimensiones suficientes”.

En la otra esquina, Abelardo De la Espriella celebró su triunfo en Barranquilla, en el Caribe colombiano, con una advertencia: “Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza”. Dos semanas después instó a las Fuerzas Militares a intervenir si Petro desconocía el resultado del balotaje. Entre tanto, los dos candidatos negociaron durante semanas las condiciones de un debate que nunca llegó a celebrarse. 

Negociaciones “condicionadas”

Laura Wills, politóloga de la Universidad de los Andes, observa que, pese a la polarización, las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos sigue considerando la democracia como el mejor sistema posible. El problema, apunta, es que cada polo ideológico la ha definido como un sastre a su medida. Por un lado, se presenta un espacio que debe protegerse de actores violentos, incluso con propuestas que estiran los límites del Estado de derecho o las libertades individuales. Por el otro, se concibe como el marco necesario para impulsar cambios estructurales, no siempre consensuados, hacia una sociedad más igualitaria.

Wills descree que, una vez en el poder, los candidatos vayan a romper las reglas formales del juego democrático. Le preocupa, en cambio, que fallen los mecanismos de contrapeso de un sistema presidencialista como el colombiano. O que no exista una oposición con capacidad real de frenar excesos. De momento, el Congreso que heredará el próximo presidente está fragmentado en cerca de una docena de partidos. Ninguno supera el 15% del poder político. “Quien gane tendrá las herramientas para armar coaliciones”, sostiene Wills. “Pero las negociaciones vendrán condicionadas: prebendas, ministerios y clientelismo”.

La conversación va a estar muy degradada y con mucha confrontación, y eso no solía ser así en Colombia

Gustavo Duncan — Doctor en Ciencias Políticas

Gustavo Duncan comparte los reparos y plantea otros. Para el politólogo y columnista del diario El Tiempo, el peligro no radica en una ruptura democrática, sino en un proceso más silencioso: la lenta oxidación interna del sistema. Esto implica que gobernar se convierta en el arte de hostigar al adversario en lugar de administrar el país con buen pulso. “Lo más probable es que gane Abelardo y que haga política dura”, afirma el también doctor en Ciencias Políticas, quien advierte de que “la conversación va a estar muy degradada y con mucha confrontación. Y eso no solía ser así en Colombia”.

Juan David Velasco, coautor del exhaustivo libro ¿Quién manda en Colombia?, precisa que en casi el 44% de los municipios existe un electorado de derecha muy estable que votó por Álvaro Uribe en 2006, por el 'No' al acuerdo de paz en 2016 y por el ya fallecido ingeniero Rodolfo Hernández en 2022. A este bloque ahora se sumaron otras élites económicas impulsadas por el miedo. “El 'Arca de Noé' [como bautizó la campaña de la extrema derecha su plan de choque fiscal y energético] fue interpretado como un bálsamo frente a temores como la caída de los ingresos petroleros, el riesgo de un apagón y más impuestos al patrimonio”, explica el académico de la Universidad Javeriana. “Al final, esas preocupaciones económicas pesaron más que las inquietudes sobre sus posturas antiliberales”, concluye.

Ventaja para De la Espriella

Los católicos ultraconservadores son, según Bibiana Ortega, la novedad de esta campaña. Tras alejarse de Paloma Valencia, en parte por incluir en su propuesta una fórmula vicepresidencial de la comunidad LGBTQ, este sector vio bajo amenaza sus principios sobre la familia tradicional. Su alternativa fue De la Espriella. Y para superar el hecho de que el candidato ultra no es evangélico ni devoto, el liderazgo religioso construyó una justificación teológica basada en el rey persa Ciro: el gobernante pagano instrumentalizado por la divinidad. De hecho, uno de sus gritos de batalla electoral ha sido convertir Colombia en una ‘Patria milagro’.

Lo cierto es que las últimas encuestas coinciden: De la Espriella, a quien el presidente Donald Trump ha apoyado sin recato, lidera con una ventaja de entre cuatro y ocho puntos. Ninguna firma prevé un triunfo de Cepeda. En la recta final, el voto en blanco —que llegó a rozar el 16%— se desinfló hasta casi desaparecer. La incertidumbre se disipó y los datos sugieren que la mayoría de los indecisos terminó inclinándose por el candidato de la ultraderecha que ha prometido “destripar a la izquierda” e importar el modelo de cárceles de Bukele a las selvas colombianas.

Pese al panorama, Bibiana Ortega rescata algunas razones para la esperanza. La politóloga argumenta que el verdadero hito de este periodo no es el Gobierno actual, sino la madurez democrática que dejó a su paso. “La derecha aprendió a ser oposición; la izquierda, a gobernar. Y cuando las Cortes o el Congreso debieron frenar al Ejecutivo, lo hicieron”, afirma. Asimismo, concluye, las instituciones locales se consolidaron al superar su mayor examen. El país definirá este domingo si se suma a la tendencia de erosión democrática mundial o mantiene su rumbo a pesar de la retórica de fuerza que crece. “A veces, da la impresión de que en Colombia pasa de todo”, remata Ortega. “Pero en realidad nada pasa”.

Algo ya se venía cociendo en Colombia desde hace cuatro años. En mayo de 2022, un ingeniero septuagenario millonario y excéntrico llamado Rodolfo Hernández irrumpió en la primera vuelta presidencial con casi seis millones de votos y estuvo a tres puntos de alcanzar el poder. Lo llamaron el “Trump colombiano”. Pero quedó descartado por sus excesos verbales y sus enredos judiciales a pesar de haber enarbolado la lucha anticorrupción como bandera de campaña.

Muchos creyeron que era una simple anomalía. Cuatro años después, un abogado penalista de extrema derecha de 47 años y sin experiencia política llamado Abelardo De la Espriella ha hecho lo mismo, pero con 10 millones de apoyos y ganando la primera vuelta al favorito y candidato del oficialismo de izquierda Iván Cepeda. ¿Cómo se explica?

Más furor que ideología

Colombia no llega hasta aquí sola. La izquierda sigue en el poder en México, Brasil y Uruguay, pero al mismo tiempo emerge una nueva derecha que avanza allí donde el descontento cala más hondo: Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador como una franquicia de exportación. Colombia, de momento, ha tardado en sumarse a esa tendencia. El progresismo gobernó los últimos cuatro años y sigue siendo una fuerza política importante, con algo más de nueve millones y medio de votos. Pero el domingo no ganó la primera vuelta, ni siquiera con el empuje del presidente.

El de De la Espriella no se trata de un fenómeno ideológico en sentido clásico. Es algo más visceral y más difuso. El politólogo Camilo Cruz lo resume así: la fractura entre quienes dependen del Estado y quienes aprendieron a prescindir de él. En Colombia, esa brecha tiene un rostro concreto: la mitad de la fuerza laboral trabaja en la economía informal, entre ellos miles de abogados, médicos o ingenieros que en España entrarían en la categoría de autónomos. Es decir, un segmento de profesionales independientes, ajeno a las estructuras estatales y desconfiado de su burocracia. Y, sobre todo, de sus promesas. El cuatrienio del gobierno de Petro los alejó aún más y De la Espriella supo leerlos cuando nadie más lo hacía.

El abogado ha seguido el guion utilizado por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Mientras tanto, presume de su fortuna en redes sociales, mostrado sus vuelos en jet privado, su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temoradas en sus casas de Miami, Bogotá y la campiña toscana.

El contexto regional

Hay una explicación estructural a la victoria de De la Espriella. “Colombia ha entrado en la dinámica latinoamericana”, explica la analista Nadia Pérez Guevara. “Debido a la existencia del conflicto armado interno, estuvimos un poco ajenos a las olas y a los debates regionales. Ahora no. Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios”.

Durante décadas, la guerra organizó la política colombiana. La posición frente a las guerrillas o la paz movilizaba al electorado. Cuando esa lógica empezó a disolverse, quedó libre un espacio que De la Espriella ocupó con otro lenguaje: seguridad urbana, antipolítica, informalidad y valores conservadores. El mismo idioma que Milei habla en Buenos Aires o que Trump esgrime en Washington.

Colombia entra a la dinámica latinoamericana [...] Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios

Nadia Pérez Guevara — Analista

Hundimiento del uribismo

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, asegura que hay cierta continuidad en la historia de hace cuatro años con la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, condenado por corrupción en marzo de 2024 y fallecido en septiembre del mismo año. “En ambos casos [con Abelardo] se nota un vacío de liderazgo de la derecha tradicional en el contexto posturibista. [El expresidente Álvaro] Uribe sigue siendo una figura importante, pero ya no alcanza a ser el líder hegemónico que fue hace 20 años”.

De cualquier forma, Paloma Valencia se mantuvo leal a su mentor político, se plegó sin fisuras al expresidente y buscó atraer al electorado de centro con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata de perfil moderado. Sin embargo, la unión no cuajó: el Centro Democrático pasó de 3,2 millones de sufragios en las primarias de marzo a 1,6 millones este domingo.

¿Y ahora qué?

De la Espriella supo leer la coyuntura política. Se lanzó con un programa de apenas tres páginas y consiguió movilizar a un electorado que llevaba años esperando un discurso de extrema derecha sin complejos. Pero Basset matiza: no todo su apoyo es ideológico. “En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él”. Así, el también apodado Tigre llega a la segunda vuelta del 21 de junio con una coalición más heterogénea de lo que parece. Es una fortaleza, pero también una fragilidad.

En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él

Yann Basset — Politólogo de la Universidad del Rosario

Detrás de su buen resultado hay dos apoyos que los expertos apenas empiezan a cartografiar: los jóvenes conservadores de TikTok y otras redes sociales, y las iglesias evangélicas. “Son jóvenes que, por el acceso a la información vía digital, han mirado hacia la derecha y hacia principios conservadores”, explica Pérez Guevara. Este es, quizás, un matiz importante para quienes daban por hecho que todos los manifestantes que salieron a la calle durante el paro y el estallido social de 2021 estaban con la izquierda petrista. Al parecer, una parte de esa misma generación conectó con el universo global de Trump y depositó su votó por el Tigre.

El segundo bloque es aún más silencioso. “Las iglesias cristianas nunca habían logrado consolidarse como fuerza política en Colombia. Ahora sí lo hacen de manera abierta”, analiza Pérez Guevara. De hecho, el jefe de debate de la Espriella es Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano e hijo de uno de los líderes evangélicos más influyentes de Santander, en el noreste del país. Y el propio De la Espriella, que en otros tiempos se declaraba ateo, llegó a esta campaña rezando en público. Las estructuras eclesiásticas hicieron el resto del trabajo territorial que su movimiento Firmes por la Patria, con apenas un año en política, no podía hacer solo.

Por todo ello, Iván Cepeda llega a la segunda vuelta con una herida y una oportunidad, tras sembrar en la jornada electoral la duda sobre los resultados y rectificar al día siguiente. “No hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, reconoció.

La cicatriz visible es que no movilizó a su propio electorado de izquierda. “Hay un hueco de al menos un millón de votos recuperables solo en Bogotá”, señaló el domingo por la noche, durante un debate en YouTube, el politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital. “También en el Caribe y en el Valle del Cauca, donde hace cuatro años la izquierda tuvo una votación muy considerable”. La oportunidad: parte del apoyo de De la Espriella es pragmático y puede moverse.

García Duarte advierte que para cambiar el rumbo Cepeda debe modificar su discurso. Cita un ejemplo: la izquierda no puede quedarse en la letanía de las negociaciones de paz. El experto sugiere que, tras los fallos de la política de Paz Total de Petro, debe garantizar seguridad y combinar la negociación con la coerción institucional.

La politóloga Nadia Pérez Guevara interpreta el triunfo de De la Espriella, por su parte, como un fenómeno multiclase que agrupa no solo a votantes afines a la ultraderecha, sino también a desafectos y ciudadanos cínicos frente a la política y la democracia. Media Colombia llevaba ya algunos años acumulando el descontento. Y el domingo en la noche, por primera vez, alguien lo tradujo en victoria.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella ha generado entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero ha despertado inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Ninguna encuesta lo predijo. Abelardo De la Espriella, el abogado penalista de extrema derecha sin experiencia en política, ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con el 43,72% de los votos: más de diez millones, frente al 40,92% de Iván Cepeda. La diferencia de 656.033 sufragios convierte la noche del 31 de mayo en la mayor sorpresa electoral de Colombia en décadas. El candidato del oficialismo, que todos los sondeos daban primero, llegó segundo. Los dos se medirán el 21 de junio en una segunda vuelta que tendrá durante tres semanas al país partido en dos polos radicales.

Faltaban diez minutos para las once de la mañana —las seis de la tarde, hora peninsular española— cuando Iván Cepeda, de 63 años, salió de su edificio en Chapinero rumbo a su puesto de votación en Kennedy, una localidad popular del sur de la ciudad donde pasó parte de su infancia. En la casa vecina, una imagen de un tigre acompañada del eslogan y nombre del movimiento “Firmes por la Patria” señalaba la sede de campaña de su rival: Abelardo De la Espriella, de 47. Los policías que custodiaban la entrada del candidato de la ultraderecha llevaban horas allí. Al ver el abultado operativo del aspirante de la izquierda, con una caravana de vehículos blindados, escudos y todo tipo de dispositivos, no pudieron contener la ironía: “Con esos vecinos…”.

Diez horas más tarde los resultados arrojaron otras historias. Paloma Valencia, la candidata de la derecha uribista, llegó a esta campaña con 3,2 millones de votos tras la consulta interpartidista de marzo. Este domingo, sin embargo, obtuvo 1.625.563, menos de la mitad. Su 6,92% certifica el ocaso del uribismo institucional como fuerza electoral autónoma. Las encuestas le daban entre el 14% y el 22%. La realidad le dio menos del 7%. Diez millones de colombianos votaron por el candidato que representa la nueva derecha. Algunos expertos ya han generalizado la etiqueta de “posuribismo” para caracterizar el ciclo que emerge más allá del legado de Álvaro Uribe.

Colombia acudió a las urnas con una participación del 57%, algo por encima de su media histórica pero insuficiente para las aspiraciones del oficialismo. “A Cepeda lo derrotó la abstención”, sostuvo en Caracol Televisión el analista Hernando Gómez Buendía. “El Pacto Histórico no logró movilizar a la inmensa mayoría que tenía en el papel”, remató. La firma encuestadora Invamer, en su última medición antes del domingo, situaba a Cepeda en el 44,6% excluyendo a los indecisos. Las urnas le devolvieron 40,92%, casi cuatro puntos menos.

Todo indica que De la Espriella recordó algo que las encuestas no midieron. Colombia es un país muy conservador: en sus valores, en el apego a la familia, a la propiedad privada, al trabajo como virtud y a la religión como ancla de todo ello. Conectó con esa raíz cultural profunda en un lenguaje aspiracional: el del empresario exitoso y la gestión eficaz en un contexto de hastío ciudadano con sus propios gobernantes. Lo hizo, además, sin partido consolidado ni experiencia en el Estado, una carencia que sus rivales señalaron y sus votantes ignoraron. “Recoger esas voces que no se sienten representadas por los partidos, pero que son conservadoras en esencia, fue un éxito rotundo de su campaña”, afirmó la analista Paca Zuleta en Caracol. 

Y el politólogo Camilo Cruz detalló, en un análisis para el portal de opinión Razón Pública: “Detrás de De la Espriella hay una serie de gremios muy relevantes, quizás abogados y abogadas que se mueven dentro de un medio precarizado e informal, al que los partidos tradicionales no alcanzaron a llegar. La izquierda tampoco”.

Lo más probable es que el próximo presidente de Colombia sea Abelardo De la Espriella, vaticinó Gómez Buendía. “Los votos de Paloma Valencia son, fundamentalmente, votos de derecha. Este es un país de derecha”. La aritmética es nítida: si los 1,6 millones de sufragios de la candidata uribista se suman a los del ganador de la primera vuelta, la izquierda quedará sin apenas margen. Y Valencia reconoció su derrota antes del cierre de los colegios electorales y anunció que votará personalmente por el candidato radical en la segunda vuelta. 

“A pesar de los ataques y las heridas, tenemos el corazón dispuesto a servirle a Colombia”, dijo Valencia al felicitar al ganador por lo que llamó una “impresionante victoria”. El expresidente Álvaro Uribe también anunció su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Antes de conocerse el resultado oficial, el presidente Gustavo Petro tensó la noche desde su cuenta de X: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada”, escribió, cuestionando el sistema informático de transmisión rápida de resultados (que no tiene valor jurídico vinculante). El escrutinio oficial, basado en actas físicas verificadas por jueces, es el único con validez legal. No obstante, la jornada había sido supervisada por 1.330 observadores internacionales, la misión más numerosa en la historia electoral colombiana, de 80 organizaciones, entre ellas la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. 

El politólogo Camilo Cruz sintetizó la aprehensión de medio país en pocas palabras: “No sabemos cuál es el proyecto de país de Abelardo De la Espriella”. Y la analista Nadia Jiménez añadió en el mismo espacio de debate: “No necesariamente es un votante bruto, o le están comprando el voto. Es la muestra de a lo que nos está llevando el sistema. Había un electorado suelto, no cautivo, que con esa campaña tan efectista de De la Espriella se logró cautivar”. En los telediarios, por su parte, las caras largas de la clase política tradicional lo decían todo.

Desde una tarima en el Malecón del Río de Barranquilla, ciudad portuaria del Caribe, ante una multitud que ondeaba banderas, De la Espriella recibió los resultados con tono épico. Llegó en una suerte de yate iluminado. Y dentro de una urna blindada, con la camiseta del equipo de fútbol de Colombia, recitó la oración a la bandera militar y citó al Nobel de Literatura 1982. “Como diría el gran Gabriel García Márquez, el premio que acabo de recibir es saber que mi intento no ha sido en vano”. Acto seguido llamó “golpista” a Petro y “bandido” y “narco terrorista” a Cepeda. Luego lanzó la advertencia que definirá las tres semanas que vienen: “Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza”.

A casi mil kilómetros, en Bogotá, Iván Cepeda no concedió una línea de moderación. Con sus características camisas sin cuello calificó a De la Espriella de “fascismo mafioso, de ”estafador de estafadores“, y advirtió que bajo su eventual mandato los logros sociales del gobierno Petro ”serán pulverizados“. Luego remató con la frase que definió su posición ante los resultados: ”Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia“. Y reclamó, en línea con el presidente, una comisión escrutadora. Al día siguiente por la mañana, sin embargo, se enmendó. ”Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades“, admitió.

De esta forma dos países votaron este domingo en Colombia. Ninguno de los dos está muy dispuesto a dialogar. Sin embargo Hernando Gómez Buendía ofreció el único consuelo de la noche: “Aquí hay división de poderes, la Registraduría funcionó, en el Congreso nadie tiene la mayoría y los jueces son independientes. Eso es lo que salva a Colombia”. El 21 de junio, los colombianos volverán a las urnas. Esta vez con los dos contendientes claros y un ambiente de tormenta que se podría prolongar cuatro años más.

Colombia elige presidente. Si la abstención se mantiene en su media histórica —por encima del 50%—, el nuevo mandatario será elegido por menos de uno de cada cuatro colombianos en edad de votar. El terreno político, además, es farragoso: un capítulo más del conflicto armado en desarrollo, la segunda tasa de desigualdad más alta de América Latina, un sistema sanitario en crisis, la mitad de la fuerza laboral sumergida en la informalidad y un déficit público histórico que inquieta a los mercados internacionales. Con ese paisaje de fondo, este domingo se celebra la primera vuelta de los comicios. Si las encuestas aciertan, el ganador definitivo se decidirá en la segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

Tres candidatos lideran la carrera. Iván Cepeda, senador de formación gramsciana y defensor de derechos humanos, porta la antorcha del presidente saliente Gustavo Petro, que aspira a consolidar la primera sucesión consecutiva de izquierda en la historia del país. Abelardo De la Espriella, abogado sin cargo público previo, conocido por su ejercicio mediático del derecho, encarna una ultraderecha que habla el idioma de Bukele y Milei pero con su propio 'acento Caribe'. Paloma Valencia, senadora uribista y nieta de un expresidente, defiende el marco constitucional y político que ha imperado en Colombia las últimas décadas con una visión conservadora.

Hoy las encuestas sitúan a Cepeda en torno al 38-42%, a De la Espriella alrededor del 34-38% y a Valencia cerca del 18-22%. Pero las cifras, advierte el politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, han variado mucho en las últimas semanas y excluyen a los indecisos del cálculo, lo que infla de forma borrosa a los candidatos más consolidados. Por ello, los expertos han seguido el pulso de estas mediciones con bastante cautela, a pesar de que el país cuenta con una nueva y rigurosa ley que exige mayores niveles de transparencia y precisión metodológica a las firmas.

Los tres principales rostros

Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, llega a este domingo como favorito con un estilo menos carismático que el del actual presidente y algunos interrogantes programáticos. “El petrismo es mucho más grande que la izquierda electoral tradicional”, advierte el politólogo Camilo Cruz, “pero Cepeda, de 63 años, ha sido tan cuidadoso de no marcar distancia frente a Petro, que esa estrategia le ha impedido crecer más allá del voto duro”. Con el 40% consolidado no le daría para ganar en segunda vuelta, por eso necesita convencer al elector moderado. Pero buscarlo significa, al mismo tiempo, alejarse del presidente. “Está entre la espada y la pared”, resume el investigador e historiador Fernán González.

De la Espriella, entre tanto, representa algo distinto al uribismo que dominó la derecha colombiana durante dos décadas. “No es un calco de Bukele ni de Milei”, precisa Cruz. Su modelo más cercano, según el analista, es el ecuatoriano Daniel Noboa: el outsider que se hizo visible en los medios y apeló al emprendimiento y la mano dura como discurso. De 47 años, libertario en lo económico y reconvertido hace meses en conservador cristiano en lo moral, ha construido su campaña seduciendo a una Colombia que las estadísticas no terminan de capturar: la del abogado independiente, el pequeño comerciante, el médico que factura por cuenta propia, el profesional que prospera al margen de las estructuras formales. Se trata, en parte, de la Colombia del “rebusque”. Un universo informal, o sumergido. No necesariamente precario.

"Hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”

Yann Basset — Politólogo de la Universidad de Rosario

Valencia, de 49 años, más que una candidata es un síntoma. Durante dos décadas, el uribismo fue el eje organizador de la derecha colombiana y de buena parte de la política nacional. Hoy se fractura ante los ojos de Álvaro Uribe Vélez, su poderoso fundador. “Una parte de ese voto se va a De la Espriella por convicción porque hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”, dice Basset.

La tensión entre ambos es, quizás, equiparable a la que destruyó al PRI mexicano, que desdibujó a la Democracia Cristiana italiana o que licuó a los partidos tradicionales en media Europa: la derecha clásica devorada por un radicalismo que habla más alto y promete actuar más rápido sin una partitura muy clara. El uribismo, sin embargo, aún subsiste. Sus votos siguen ahí. Pero con De la Espriella emerge una fuerza que no necesita su nombre o sus ideas para existir.

Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de los tres candidatos. La Constitución de 1991 —pluralista y participativa— aparece por primera vez en décadas como objeto de disputa. Cepeda ha moderado su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, sin descartarla. De la Espriella, por su parte, ha planteado sacar a Colombia de la OEA y de la ONU, lo que alteraría en la práctica la arquitectura de la Carta.

El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro

Fernán González — Investigador jesuita

“Plantear un cambio constitucional hoy no solo refleja el tradicional ‘cretinismo jurídico’ que afecta a América Latina, sino que podría abrir el camino para una Constitución a imagen y semejanza del gobernante de turno, quebrando el consenso más amplio de la historia de Colombia”, opina el historiador y politólogo Eduardo Pizarro León Gómez. Paloma Valencia defiende el marco vigente. Pero las encuestas, de momento, no le dan la razón.

Camino a la segunda vuelta

Detrás de este mapa electoral hay una generación urbana que lo explica: la que salió a las calles en el estallido social de 2021, quizá el más largo y violento en décadas, y forjó su identidad política en las fisuras sociales del país, y no en torno al miedo a la amenaza de la guerrilla. Para ello hay dos razones: la primera, muchos aún eran bebés en los años más crudos del conflicto, a finales de los 90; la segunda, el conflicto interno cambió. “La acción de los violentos ya no se encamina a la toma del poder, sino al control de la población local en las regiones”, explica el investigador jesuita Fernán González, que lleva décadas estudiando la violencia desde las zonas más afectadas. “Su dimensión política no es tan fuerte y no es nacional, sino local”.

Hay cierto consenso entre los expertos consultados: fue Gustavo Petro quien hizo visible lo que Colombia prefirió mirar de soslayo durante décadas. “El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro”, afirma González. “Hizo visible la profunda desigualdad social de Colombia”. Ese es su legado real.

Este domingo, sin embargo, solo se resolverá un primer asalto. El sistema colombiano exige mayoría absoluta: según las encuestas, ningún candidato la alcanzará y habrá una segunda vuelta el 21 de junio. Ahí la aritmética cambiaría de golpe. En teoría, según las mediciones publicadas, Cepeda perdería contra cualquiera de sus dos rivales. Por eso los dos finalistas tendrán tres semanas para convencer a un país que no los vio debatir ni una sola vez durante la campaña. Colombia celebró más de 60 debates electorales en 2018. En 2026, los tres aspirantes punteros miraron hacia otro lado. “De la sobresaturación pasamos al silencio y los dos extremos enferman la democracia deliberativa por igual”, dice Camilo Cruz.

Lo que más preocupa, sin embargo, es el lunes. “Basta que el perdedor ponga en duda la transparencia del conteo de los votos para desatar una crisis de consecuencias insospechadas”, advierte Pizarro León Gómez. Recuerda que no es un temor abstracto: en 2021, los seguidores de Trump tomaron el Capitolio. En 2023, los de Bolsonaro asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Colombia tiene una tradición civilista que la distingue de sus vecinos: es el país latinoamericano que menos años ha vivido bajo una dictadura. Pero la polarización tiene su propio peso en estos tiempos.

Los tres candidatos punteros prometen salvar a la nación del abismo teórico que representan sus contendientes. Los tres también le dan la espalda a la otra mitad del país. “La oposición se dedicó a torpedear sistemáticamente casi todos los proyectos de Petro, fueran buenos o regulares, sin proponer nada alternativo”, recuerda Fernán González. Quince veces consecutivas, desde 1958 —cuando Colombia salió de cinco años aislado de dictadura bajo Gustavo Rojas Pinilla—, el país ha elegido presidente sin falta. Hoy será la decimosexta. Pero la política colombiana no dará respiro hasta el 21 de junio.

Nadie en su entorno sabe explicar muy bien por qué Mateo Pérez tomó la decisión de viajar solo en su moto hacia una zona tan violenta como Briceño. Su primo Jorge Rueda lo intenta en entrevista con elDiario.es: era de esos reporteros, dice, a los que les gusta ir a las zonas más complejas, hablar con los pobladores, impulsar denuncias donde pocos lo hacen. “Era muy tranquilo, pero muy frentero [intrépido]”, subraya.

Salió de su casa por última vez el 4 de mayo, pasadas las ocho de la mañana. Se despidió de su padre. Lo tranquilizó con la esperanza vana de que había presencia militar en aquel municipio montañoso de Antioquia, al noroeste del país, donde los sanguinarios Clan del Golfo y Frente 36 de las disidencias de las FARC libran una lucha a muerte por el control de las rutas de la cocaína entre el interior y la costa del Caribe.

El impulso detrás de la decisión del joven reportero era el de siempre: traer una historia de vuelta a El Confidente, la revista digital que había fundado tres años atrás y que difundía por Facebook e Instagram, las únicas plataformas que un periodista sin respaldo puede permitirse en estos tiempos. Información local, artesanal, hecha a mano y en solitario. Su primo Jorge Rueda confiesa que Mateo ni siquiera conocía Briceño, el pueblo ignoto donde lo mataron. Y, sin embargo, cuando unas horas más tarde llegó a la zona en moto, tanto la policía como la personería municipal le advirtieron que no se alejara del casco urbano. Que no era seguro. Pero él siguió adelante.

En casa de sus padres los tres días posteriores transcurrieron en silencio. Lo esperaban en Yarumal, a unos 120 kilómetros de Medellín, sin noticias. Y con los malos presagios de un país violento que nadie se atrevía a nombrar. Hasta el viernes 8 de mayo, cuando una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo pudo entrar al lugar y hallar su cadáver en la zona rural de Briceño. Días después, el Ejército también recuperó la moto Boxer 100 en la que había emprendido el viaje y en un camino veredal aledaño apareció su carné de periodista.

Según testimonios cruzados de integrantes de la misión humanitaria y habitantes de la zona, Mateo se habría topado, en algún recodo de la carretera veredal, con hombres armados bajo las órdenes de Chalá, nombre de guerra de Jhon Édison Chalá Torrejano, un guerrillero de apenas 22 años enviado desde el sur del país por Alexander Díaz, alias Calarcá, el máximo cabecilla del Frente 36, para endurecer el control territorial. Presuntamente, lo interrogaron, lo torturaron y lo mataron delante de algunos pobladores que miraban impotentes, según afirmó el gobernador del departamento de Antioquia.

Su cadáver permaneció varios días allí mientras las autoridades, incapaces de entrar, negociaban a distancia la devolución de sus restos con los grupos criminales.

La última llamada

A Pérez le restaba acreditar sus prácticas laborales para terminar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional sede Medellín, la capital de Antioquia. Su situación económica era precaria. Con el objetivo de financiar su revista, que suma tan solo 4.600 seguidores en Facebook, vendía zumos naturales y ensaladas en el garaje de la casa. En los últimos tiempos trabajaba en una empresa de mensajería. Su padre, Carlos Pérez, contó en la prensa local que compartía con su hijo la pasión por el ciclismo y que Mateo había recorrido parte de Colombia en bicicleta.

Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), conocía su situación. La FLIP ya había documentado dos alertas suyas: una en 2024 por acoso judicial y otra en 2025 por obstrucción al acceso a la información. Aun así, no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–. El año pasado, la misma ONG documentó 496 agresiones contra reporteros en el país, 192 de ellas amenazas de muerte dirigidas no solo a los informadores, sino también contra sus familias.

Para entender la tragedia hay que acercarse a Briceño, un pueblo cafetero de poco más de 8.000 habitantes en el norte de Antioquia (conocido como el “Rinconcito amable”). No obstante se trata de un enclave que ha vivido muy poco tiempo en paz. Algunos citan de memoria ese lapso en el que el miedo quedó arrinconado fugazmente: 2016 y 2017.

En aquel entonces el Frente 36 de las FARC se desmovilizó. Dejó las armas tras el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Acto seguido el Estado impulsó los primeros intentos de programas de desminado y sustitución de cultivos de coca, uno de los pilares de la economía local. Pero la calma duró muy poco: uno de los comandantes firmantes de aquel pacto volvió a las armas y arrastró consigo a buena parte de la tropa.

Desde entonces, según relata a elDiario.es el periodista, abogado e investigador Sergio Mesa, la disputa por las rentas criminales no da tregua: por la minería ilegal, pero también el narcotráfico. Se trata de un pulso sangriento en medio de un territorio inundado en sembradíos de hoja de coca donde, incluso, los candidatos a la alcaldía han necesitado a menudo del visto bueno de los violentos. De hecho, el actual alcalde lleva refugiado semanas en Medellín por amenazas. El secretario de Gobierno, también. Y el personero, que tiene algunas funciones similares al Defensor del Pueblo en España, renunció en abril.

Pérez no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–

Ese es el pueblo donde el dinero del narco, la zozobra y el miedo se reparten el territorio. Y allí llegó Mateo el lunes 4 de mayo por la tarde. Tenía 24 años —el 8 de junio habría cumplido 25—, una moto Boxer 100 y un móvil como grabadora. Hoy se sabe que se registró en el hotel El Campesino. Al día siguiente recorrió el casco urbano y habló con funcionarios de la alcaldía, la policía y el hospital.

Sin embargo, su misión era llegar a la vecina vereda de Palmichal, donde días antes se habían librado combates entre el Ejército y las disidencias. Ya en el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Según el relato de Sergio Mesa, construido sobre el terreno a partir de testimonios de pobladores, los criminales le preguntaron quién era. No le creyeron. Revisaron su teléfono. Lo retuvieron. La personera municipal y el intendente Guillermo Zapata confirmaron que la última señal de vida fue aquella llamada de las tres de la tarde. Se cree que lo mataron antes de caer la noche. Justo antes de que entrara en vigencia el toque de queda impuesto por los violentos: de las seis de la tarde a las seis de la mañana nadie puede salir de sus casas en Briceño. Luego le ordenaron a algunos pobladores que lo enterraran. Ellos mismos dispersaron sus pertenencias por distintos caminos de esa zona montañosa. Y su carné de prensa lo colgaron de la rama de un árbol cualquiera.

En el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Jesús Abad Colorado, fotoperiodista colombiano que lleva más de tres décadas documentando el conflicto interno, fue uno de los primeros en alertar del caso de Mateo. Por eso partió hacia Briceño con Sergio Mesa para acompañar a la familia y tratar de visibilizar el drama humano. Tenía una razón personal: cuando en mayo de 1992 cubrió su primera emboscada de las FARC, tenía la misma edad que el reportero asesinado. “Era un pelado con ganas de comerse el mundo”, recuerda.

Para Abad Colorado lo ocurrido en el norte de Antioquia refleja una contradicción de fondo que corroe el intento de paz del Gobierno Petro: las limitaciones de negociar con grupos armados que siguen asesinando civiles sin exigirles garantías reales. “Hay que poner reglas claras. Hay que verificar que se cumple. Dialogar entre las partes no puede ser a costa de matar a periodistas, maestros o líderes sociales”, apostilla.

Jorge Rueda guarda un detalle que ha contado poco. Cuando los guerrilleros del Frente 36 capturaron a su primo, reunieron a una treintena de pobladores y les preguntaron: “¿Quién conoce a este hombre? ¿Qué hacemos con él?”. Al parecer nadie habló. El miedo que padecen las comunidades agobiadas por la guerra en Colombia no cabe en ningún informe de ONG. Por eso al familiar aún le cuesta procesar el dolor: “Una sola llamada hubiera salvado la vida a Mateo”. Lo único cierto es que el 10 de mayo, día de la madre en Colombia, Gloria Rueda enterró a su hijo. Lo hizo entre flores amarillas y blancas, rodeada de cientos de vecinos que despidieron a un reportero valiente de Yarumal.

Paloma Valencia (Popayán, 48 años) tiene todas las credenciales para cristalizar la gran obsesión de Álvaro Uribe: devolver a la derecha dura al poder en Colombia. Senadora incisiva y oradora solvente. Es una de las políticas más fieles al espíritu del Centro Democrático, la formación conservadora fundada en 2013 por el líder septuagenario. Hoy su ascenso en las encuestas es, quizás, el dato más sorprendente de la campaña presidencial. En noviembre pasado era casi invisible en la parrilla de salida. Ahora ronda el 20% de intención de voto y se disputa el pase a la segunda vuelta con el penalista ultra Abelardo de la Espriella. La primera vuelta de las presidenciales se celebra el 31 de mayo.

Su gran impulso electoral llegó en marzo. Valencia ganó entonces con casi 3,2 millones de votos la nominación en unas primarias celebradas por un puñado de movimientos de centro y centroderecha inquietos por el liderazgo de Iván Cepeda, el candidato del izquierdista Pacto Histórico. El camino interno, sin embargo, ha sido pedregoso. Su elección previa dentro del Centro Democrático generó polémica debido al descontento de otros aspirantes con los procedimientos de la formación conservadora. “Los estatutos del partido dejan claro que la última palabra la tiene su fundador, Álvaro Uribe. Y si uno revisa sus pasados tres candidatos presidenciales, la conclusión es evidente: todos fueron designados a dedo”, afirma el politólogo de la Universidad Nacional Shameel Thahir Silva.

Valencia se ha curtido en sus 12 años en el Congreso. Su gran cruzada ha sido rechazar el acuerdo de paz con las FARC: lo combatió en las calles durante el plebiscito de 2016 y lo ha seguido atacando desde su escaño. Contra Petro ha sido implacable: denunció sus escándalos y bloqueó sus reformas. En el Senado le lleva la contraria con una disciplina que sus rivales admiran en silencio. Y tiene una causa propia: la infancia. Ha presentado leyes contra el maltrato infantil.

Hoy se opone a la adopción por parejas del mismo sexo, aunque no siempre fue así y en 2016 afirmaba en el Congreso que no había razones para impedirla. “Paloma ha desarrollado una doble fama”, explica el politólogo Tomás Molina. “Por un lado, el de una política juiciosa que estudia los temas y apoya proyectos moderados: ha respaldado al sector agropecuario y la modernización del sistema de donación de órganos, por ejemplo. Por el otro, es inamovible en la defensa del ideario más radical del uribismo. Es leal a sus principios, de otra forma Uribe no la habría elegido”.

Los estatutos del partido dejan claro que la última palabra la tiene su fundador, Álvaro Uribe. Y si uno revisa sus pasados tres candidatos presidenciales, la conclusión es evidente: todos fueron designados a dedo

Shameel Tahir Silva — Universidad Nacional

No despierta odios enconados ni grandes pasiones. La gran incógnita de su campaña es hasta dónde llegará la sombra de Uribe, su mentor y padrino político. Su fórmula vicepresidencial ofrece pistas: Juan Daniel Oviedo, economista de 49 años, exdirector del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y el más votado en la consulta interpartidista de marzo con 1,2 millones de sufragios —el doble que en su candidatura a la alcaldía de Bogotá en 2023—. Además es gay, un dato que en el universo tradicional del Centro Democrático pesa. Valencia lo eligió para seducir votantes que el partido nunca había alcanzado.

El nuevo equipo despertó entusiasmo inicial en algunos votantes que veían una puerta para la moderación. Sin embargo, Valencia, que busca el paso a segunda ronda, se ha estancado en torno al 20% en el promedio de las cinco principales encuestadoras, mientras De la Espriella la supera en las últimas semanas por cerca de cinco puntos. Pedro Medellín, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad París III, advierte las causas: “La alianza con Oviedo nunca cuajó en estrategia compartida. Nunca hubo conversación previa ni agenda clara”. El 25 de abril quedó en evidencia: en un mitin en Medellín, Valencia propuso a Uribe como ministro de Defensa. Horas después, en Bogotá, Oviedo dijo públicamente que no estaba de acuerdo.

A los problemas de campaña se suman otros rezagos ideológicos. Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, advierte que el modelo de austeridad estatal y acento militar que llevó a Uribe al poder ya no responde a la Colombia de hoy: “El conflicto armado tiene lógicas distintas a las de principios de siglo. Los grupos violentos ya no buscan tomar el Estado, sino controlar economías y rentas criminales en territorios específicos”. Por eso los observadores que han revisado el plan de seguridad aún lo califican de crudo: reducir ingresos mafiosos, robustecer la fuerza pública, reconquistar comunidades y reinsertar delincuentes.

En opinión del experto la discusión pública se ha desplazado, además, hacia temas como la redistribución económica o las agendas identitarias. Y ahí Valencia navega incómoda. Es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia y del fundador de la reputada y costosa Universidad de los Andes, Mario Laserna. Un linaje que a veces sirve como credencial y otras como lastre. Sobre todo porque hoy aspira a atraer a un electorado joven que no vivió los años de fervor uribista y que en 2022 eligió por primera vez a un presidente de izquierda sin militancia en ningún partido tradicional.

No le favorecen tampoco algunas salidas en falso. En 2015 propuso en Twitter dividir el Cauca —su provincia natal— en dos zonas: una para indígenas y otra para mestizos. Las redes sociales ardieron. La tacharon de racista. Varios juristas la calificaron de segregacionista. El contexto no es menor. El 21,5% de la población del Cauca es indígena —una comunidad devastada por la pobreza y la violencia–. Los Valencia, a su vez, llevan siglos siendo el clan terrateniente e intelectual que ha predominado desde la política y la economía en esos territorios. 

Tomás Molina va más lejos: la ausencia de un proyecto fresco del Centro Democrático resulta inquietante en un país con serios problemas fiscales, un maltrecho sistema de salud y una nueva oleada de violencia en curso. Paloma, en su opinión, no inspira una visión de futuro. 

El contraste con de la Espriella es nítido. Pedro Medellín lo describe sin ambages: “Abelardo tiene su estrategia clarísima, un equipo centrado y nunca pierde el foco del electorado al que se dirige”. El penalista ha construido una maquinaria que moviliza. Los desencuentros públicos entre los dos candidatos de la derecha han sido notorios en la recta final. Pero la aritmética electoral rara vez respeta las promesas de campaña. Y en segunda vuelta, tarde o temprano, tendrán que sentarse a negociar para evitar el descalabro.

Shameel Thahir Silva coincide: la propuesta de la primera mujer con opciones reales de llegar a la presidencia se reduce a defender un modelo institucional que estabilizó el sector privado y los mercados, a costa de modestos y lentos avances sociales. Basta recordar que el PNUD y el Banco Mundial sitúan a Colombia como la tercera sociedad más desigual del mundo. No es casual que esa asimetría haya sido la mejor munición política de la izquierda. En especial desde el estallido social de abril de 2021. Ahora el país afronta una pregunta profunda: si el péndulo político ha encontrado un nuevo e inesperado centro de gravedad.

Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder ha puesto sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos echan de menos la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína acabó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no ha reducido la violencia, sino que ha creado una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal ha sido el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierdas suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco han bastado los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se han centrado en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también han mirado de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no ha logrado asentarse, otros han ocupado el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca ha habido un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no han hecho sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, deberá vencer primero al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo. Ambos lideran las encuestas desde hace meses. Su candidatura genera entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despierta inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se presenta por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que ahora emergen en plena campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años ochenta: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó hace unas semanas al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario.

Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda. La última encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, publicada a finales de marzo, lo sitúa en el 20,2% de intención de voto, diez puntos por detrás de Cepeda y en empate técnico con la aspirante Paloma Valencia, que irrumpió con fuerza tras ganar las primarias de un grupo de formaciones de centro y centro derecha. Pero de momento ningún candidato parece capaz de alcanzar aún el 50% más uno de los votos válidos necesarios y lo más probable es que la decisión se dirima en segunda vuelta.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei.”

Para Yann Basset, el reto de la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Su intención de voto alcanzó un pico a finales de febrero, pero desde entonces ha oscilado entre el 16 y el 22%, con caídas y estancamientos que revelan los límites de su expansión electoral. Para el analista político Chala, el desgaste tiene una explicación estructural: “La pérdida de popularidad está relacionada con la fricción entre una amalgama de movimientos de derecha que, ante el ocaso de Álvaro Uribe, compiten por fijar los elementos de un nuevo sentido común en torno a la familia, la identidad y la religión. Hoy existe un fenómeno nuevo y alternativo al Centro Democrático.”

Aliado de Vox

De esta forma los analistas políticos esperan ver si el “Tigre” conseguirá revertir su inexperiencia política y sus problemas de imagen en puntos de fuerza. O si su prometedor arranque de campaña seguirá el camino de Rodolfo Hernández, el ingeniero presentado hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años.

Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

Por ahora, De la Espriella mantiene una distancia estratégica con Paloma Valencia, del Centro Democrático —la formación que custodia el legado político de Álvaro Uribe Vélez—. Pero el expresidente y voz tutelar ya ha revelado sus cartas: si su candidata no llega al balotaje, la maquinaria se volcará hacia el “Tigre”. De la Espriella, por su parte, navega en su propio carril. Observa las alianzas que se tejen a su alrededor. Aguanta. Y deja que el tiempo trabaje a su favor mientras los ataques se acumulan y el duelo por la presidencia de Colombia apunta, inevitablemente, a resolverse en una segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

Colombia vivió este domingo unas elecciones legislativas con evidentes signos de tensión política. Los sondeos no erraron: el izquierdista Pacto Histórico se impuso en las urnas y retuvo el mayor número de escaños en el Senado, con cinco más que en la legislatura anterior: obtuvo cerca de 4,4 millones de votos (22,82% de los sufragios). Pero el dato novedoso de la jornada fue el resurgir del uribista Centro Democrático, partido hundido al cuarto lugar en 2022 tras perder casi la mitad de sus escaños. Hoy está de vuelta como segunda formación del país al sumar cerca de 3 millones de votos y el 15,63% en la cámara alta. Lo anterior se traduce en 17 senadores, cuatro más que en 2022.

Casi 42 millones de ciudadanos estaban convocados a renovar un Congreso bicameral de 285 escaños: 103 en el Senado y 182 en la Cámara de Representantes. A las 20.30 locales (2.30 en la España peninsular), el oficialista Pacto Histórico ya despejaba el panorama. Los datos parciales dibujaban un crecimiento del progresismo de Gustavo Petro, con proyecciones de hasta 25 escaños en el Senado desde los 20 actuales. Al mismo tiempo, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, se disparaba de 13 a 17 senadores.

El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada. La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar

Yann Basset — Universidad del Rosario

En la Cámara de Representantes, por su parte, la misma formación de derechas protagonizó un primer golpe de efecto: de deambular como cuarta fuerza durante la pasada legislatura se erigió en el segundo partido más votado, con más de 2,2 millones de sufragios. La izquierda, entre tanto, mantuvo el pulso y se plantó como el bloque más fuerte, con 37 representantes. “El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada”, apostilla Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario. Y añade un matiz: “La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar”.

Los primeros análisis advierten, en todo caso, que el próximo gobierno deberá maniobrar con habilidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso que se estrene el próximo 20 de julio. “Sigue siendo un parlamento dividido. El Pacto Histórico y el Centro Democrático juntos no representan la mitad de los escaños, lo que demuestra que Colombia no es un país polarizado entre dos fuerzas”, precisa Basset. A ello se suma un factor estructural que la politóloga Elisabeth Ungar pone sobre la mesa: en Colombia, donde rige un sistema presidencialista, la obligación de votar en bancada se incumple con frecuencia. La estrategia de cada escaño, en definitiva, es una incógnita.

Mirada a las presidenciales

A la legislativa se sumó, este mismo domingo, otra batalla con la vista puesta en el 31 de mayo: tres consultas interpartidistas que, a modo de primarias, definieron candidatos presidenciales en cada bloque ideológico. Los ganadores fueron la congresista Paloma Valencia por la derecha, el veterano Roy Barreras por una escisión de la izquierda y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López por el centro.

Pero uno de los nombres de la noche fue el de Valencia. La senadora uribista arrasó en la Gran Consulta por Colombia —una coalición de partidos conservadores y de centroderecha— con más de tres millones de votos, superó a sus nueve rivales y cerró la jornada como una de las dos candidatas opositoras más fuertes junto al abogado ultra Abelardo de la Espriella –segundo en la mayoría de sondeos–. En su discurso de victoria rindió tributo a su mentor y guía político, Álvaro Uribe, antes de proclamar su intención de impulsar una economía más justa y reducir el tamaño del Estado.

El mismo Uribe había hecho campaña para llegar por quinta vez al Congreso. El domingo, sin embargo, le deparó un contundente golpe simbólico: el expresidente cosechó su primera derrota electoral en toda su vida política. Su estrategia de situarse en el puesto 25 dentro de una lista cerrada falló. Los 17 senadores que obtuvo el Centro Democrático fueron insuficientes y el fundador e ideólogo de la derecha colombiana se quedó fuera del hemiciclo a sus 73 años.

De momento solo hay una certeza. A partir de este lunes todos los esfuerzos electorales apuntan a una sola pregunta: ¿quién frenará al izquierdista Iván Cepeda?, candidato del Pacto Histórico y líder destacado en los sondeos. Desde el céntrico Hotel Tequendama de Bogotá, Cepeda no ocultó su euforia. “Somos la principal fuerza política de Colombia, la que cuenta con la bancada más numerosa en el Senado y Cámara”, proclamó, antes de lanzar un mensaje que sonó a golpe sobre la mesa: “El 31 de mayo ganaremos la Presidencia en primera vuelta”.

Ya con las urnas cerradas, el registrador nacional Hernán Penagos quiso dejar un mensaje de tranquilidad, pese al ruidoso choque con el presidente Petro, quien durante días había denunciado un posible fraude en el software de escrutinio sin presentar pruebas concretas. La Registraduría, de hecho, tuvo que repeler una ofensiva digital de hasta 300 millones de solicitudes simultáneas que buscaron colapsar el sistema. También 30 intentos de suplantación de la página oficial. Por todo ello el responsable del censo electoral le ofreció al primer mandatario, en tono retador, acceso a todas las actas para que verificara el proceso por sí mismo. Y cerró con un parte de victoria: “En Colombia hoy triunfó la democracia”.

El polifacético Hernando Gómez Buendía —abogado, filósofo, sociólogo y economista— cumplió 80 años en febrero. Su análisis afilado lo impulsó a publicar Colombia después de Petro (Planeta), un estudio político del “Gobierno del cambio”. Admite que la investigación lo convirtió, a marchas forzadas, en un experto en el presidente Gustavo Petro o, como describe él irónicamente, en “un petrólogo consumido, más que consumado”.

El entrevistado sonríe afable en el salón de su casa, al oeste de Bogotá, y declara que tras el primer cuatrienio de un gobierno de corte progresista en dos siglos de vida republicana, “el orden conservador —que aún domina los medios, la gran empresa, las relaciones con Washington y los gremios— no ha descifrado a Petro. Ni tampoco hallado una propuesta alternativa para un país que la necesita, sin duda”.

Colombia elige este domingo a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, antesala de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, a las que llegan como favoritos, según las encuestas, el senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultra Abelardo de la Espriella. Una victoria del candidato avalado por el presidente respondería principalmente, según el experto, al avance “inusitado” en la representación de las clases desfavorecidas: “ese país que había permanecido sumergido” durante el largo dominio de formaciones tradicionales de derecha.

¿Cómo explica su tesis de que Petro ganó hace cuatro años la presidencia, pero no el poder?

Es un punto fundamental que repite la misma izquierda en Colombia. Para empezar, la tarea principal del presidente en nuestro país es tratar de manejar el Congreso y a pesar de que el Pacto Histórico de Gustavo Petro logró una bancada de izquierdas sin precedentes, no pudo sostener las alianzas para llevar a cabo su proyecto de cambio. Los sectores conservadores se dedicaron durante cuatro años a domesticar la gran mayoría de iniciativas y reformas sociales del oficialismo. Jugaron al desgaste, pero no quisieron comprender por qué se había dado esa ruptura histórica.

¿Cuál es, entonces, el mayor logro del Gobierno?

Hizo mucho más de lo que la oposición cree. Habiendo encontrado, además, una pésima situación económica. Pero para decirlo con claridad: el principal avance de Petro es simbólico. Y fue canalizar la voz de una ciudadanía que ha sido etiquetada como los “nadies”. Los de abajo. Cambió la conversación nacional y puso sobre la mesa problemas medulares como la pobreza, la desigualdad, los líos ambientales o territoriales.

Todo eso lo captó en su discurso y, lejos de la temida revolución comunista o castrochavista, impulsó un primer intento de agenda diferente de la que habían planteado sus antecesores. Llena de contradicciones, con una evidente incapacidad para ejecutar su programa de gobierno. Bajo el supuesto de que es el gran representante del pueblo, desarrolló una narrativa que emociona, pero que a menudo sacrifica la verdad por argumentos morales como la exclusión o la dignidad.

¿Podría profundizar en esa idea?

Por ejemplo: desde su campaña a la presidencia anunció la necesidad de un acuerdo nacional para bajarle la tensión al nivel de polarización. Con un pequeño detalle que no se ha entendido aún: Petro se refiere a un diálogo con el pueblo, como si fuera uno e indivisible. No le interesan los tecnócratas, ni los expresidentes como interlocutores. En un país cuyos dirigentes han hablado siempre desde arriba, él elige hacerlo desde abajo. Por eso divide e incómoda, porque sigue actuando como un opositor desde el poder. Repite cada vez que puede que se siente mejor entre los pobres.

Petro confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca

¿Y cuál ha sido su mayor fracaso?

La política de “paz total” es una equivocación absoluta. Es su gran fracaso y quizás el que más daño le hizo a Colombia porque impidió completar un proceso que nos había costado 20 años para reducir la violencia, desmovilizar a guerrilleros y paramilitares. Petro quiso romper el patrón de las políticas de seguridad de mano dura y negociar con los criminales en vez de reprimir, dignificar a los campesinos cocaleros, reformar el enfoque con un ministro de Defensa abanderado de los derechos humanos. Pero se equivocó en el diagnóstico. Confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca.

Pero respetó los cuatro límites del poder que usted identifica como líneas rojas para no caer en una dictadura como la venezolana o la cubana.

Sí. Y aunque en algunos casos los empujó hasta donde pudo, nadie puede decir que Petro no haya respetado la separación de poderes, o que haya utilizado la fuerza para quedarse más tiempo en el poder. Además, no tiene el control del Ejército, que ha sido adiestrado en la lucha contrainsurgente. Es de derecha. En Colombia el único peligro de golpe militar habría sido contra él. Por otra parte, su manejo macroeconómico también mantuvo el equilibrio dentro de los límites de nuestra realidad. Donde quizás hubo más desafíos fue en la relación con Estados Unidos, un factor con el cual conviene no estrellarse porque Colombia no podría vivir jamás bajo un bloqueo norteamericano.

En su libro menciona que el país está atrapado en la cárcel de las ideologías.

Para empezar Petro, como todos, es prisionero de su pasado. Basta ver sus discursos. Insiste en que el Estado está cooptado por unas élites egoístas que bloquearon el cambio. Tiene, sin duda, elementos populistas, pero sobre todo dogmáticos. Descree de los expertos, de la ciencia, del mercado, porque supuestamente están todos al servicio del neoliberalismo. Al mismo tiempo simplifica la historia con un cuento que separa entre culpables del norte y víctimas pasivas del sur.

Por otra parte, la derecha sigue, a grandes rasgos, con la idea de que este Gobierno es un paréntesis desorganizado, lleno de caos y corrupción que les va a quitar el manejo de los negocios. Pero en cuatro años no quisieron enterarse ni romper sus propios sesgos. No pasaron del fastidio o del desconcierto y aún no entienden que el discurso del presidente se legitima en las urgencias de unas mayorías que pasan hambre o viven en medio de unas injusticias terribles, y eso es innegable.

¿Eso explica que Iván Cepeda, candidato de la izquierda, siga liderando la mayoría de las encuestas para las presidenciales? 

Claro. Los niveles de aprobación de Petro, y el hecho de que Cepeda sea una opción con tanta fuerza, no se explican con la idea trivial, convencional, de que todo ha sido un fracaso. Para muchos es difícil verlo, pero si uno habla con una persona que se gana la vida limpiando parabrisas en un semáforo, con los campesinos despojados de sus tierras o los indígenas arrinconados en regiones olvidadas se encuentra que, quizás, la vida no les cambió mucho en los últimos cuatro años, pero sí hubo un avance inusitado en la representación de ese país que había permanecido sumergido. Solo así se puede empezar a comprender de dónde diablos sale el 30 o 35% de apoyo a Cepeda. 

El orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura

¿Por qué responsabiliza a los medios colombianos de la baja calidad del debate?

Las redacciones de los periódicos, la televisión y la radio se dedicaron a aturdir a la opinión pública, más que a analizar. Otra vez volvemos al problema con las ideologías, que aciertan con nitidez en lo que ven y se equivocan en lo que dejan de ver. Los medios, en manos de los grandes empresarios tradicionales, se dedicaron a subrayar los retrasos del presidente, la improvisación en sus discursos, sus trinos impertinentes de madrugada [sus tuits en la red X]. En general, se quedaron en la superficie y magnificaron asuntos que no eran de fondo. Fueron incapaces de mantener una conversación bien argumentada y mientras enfatizaban las viejas verdades e intereses de sus dueños, ignoraban otras realidades que les son inconvenientes. Por eso la democracia perdió calidad y Petro aprovechó para denunciar la “dictadura de los medios”.

¿Un segundo gobierno de izquierdas rompería de verdad con la estructura política del orden conservador que ha regido durante dos siglos?

Esa es una pregunta abierta y la incertidumbre es muy grande todavía. Pero claro, ocho años empujando los límites de los que hablé… Retando a Trump, con un déficit fiscal delicado y creciente… Sin embargo, el orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura. En concreto: pienso que el panorama es muy confuso porque ninguna de las propuestas de los candidatos es aterrizada. Ninguna aborda el principal problema que es la falta de generación masiva de empleos productivos. Y sospecho que la peor tragedia que nos puede pasar es insistir en un país que está en una crisis más delicada de lo que imagina la clase dirigente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a tocar un nervio sensible en la realidad de un país poco habituado, hasta ahora, a los cambios drásticos en el manejo de su política macroeconómica. Petro anunció en diciembre por decreto un alza del 23,78% del salario mínimo oficial, la subida más alta en este siglo. Los gremios y grandes industriales pusieron el grito en el cielo. Y los centros de pensamiento advirtieron de los potenciales efectos en el costo de vida. A cinco meses y medio del fin de su Gobierno, sin embargo, el primer mandatario de izquierdas se mantuvo firme y subrayó en múltiples declaraciones que se trata, en realidad, de un avance histórico en equidad social.

La nueva tabla salarial supone, quizás, uno de los últimos pulsos del Gobierno en un país polarizado. El Consejo de Estado, una de las máximas instancias judiciales, suspendió el pasado 12 de febrero de forma provisional el decreto del salario mínimo de Petro por falta de base económica y jurídica clara. El presidente ha utilizado la decisión judicial para convocar protestas masivas el 19 de febrero en las plazas del país. 

“Ni un peso atrás”, arengó el presidente a los manifestantes que llenaron la Plaza de Bolívar en Bogotá, el corazón político del país. Acto seguido, el mandatario anunció que había firmado un nuevo decreto respaldado esta vez en los estudios técnicos ordenados por el tribunal y manteniendo el incremento inicial.

La oposición ha leído en su maniobra un nítido contraataque electoral. Una táctica para unir a sus bases de cara a las legislativas del 8 de marzo. Y, en especial, la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. “Es salario vital si alcanza para llevar la canasta mínima vital al hogar del trabajador promedio, calculada en 2.155.000 mensuales (unos 470 euros) según los estudios técnicos que consideran una canasta familiar básica de 3 millones (unos 650 euros) para cuatro personas”, enfatizó el líder progresista.

En las semanas previas había subrayado que su decisión forma parte de un “pacto social de la vida y la paz” frente al “gran capital”. La dura pelea que esconde el alza del 23,78%, sin embargo, encierra más de un punto ciego dentro de un frágil mercado laboral: “El nivel del aumento es atípico, incluso en un plano regional porque es de 4,5 veces el promedio de inflación esperada para 2026 que se ubica en el 6%”, explica el doctor en Economía por la Universidad del Rosario Andrés García. 

En la mesa tripartita que pacta el ajuste todos los años, los sindicatos habían propuesto un aumento del 16% mientras que los empresarios plantearon un 7,21%. No hubo acuerdo. Y el Gobierno se ha escudado en un estudio con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar hacia un “salario mínimo vital” que cubra una serie de gastos básicos de alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y salud.

El problema es que en Colombia solo el 10,12% del total de ocupados (alrededor de 2,4 millones de personas) gana un salario mínimo. Y el dato más alarmante es que el 48,9% —casi la mitad de la fuerza laboral— percibe ingresos inferiores. A saber: 11,3 millones de ciudadanos atrapados en el círculo vicioso del empleo informal, o “rebusque”, como se conoce en el país. 

Esta población, desprotegida y sin seguro de paro, plantea los mayores interrogantes de fondo: “La cifra actual de desempleo es muy buena para Colombia y, sin embargo, dobla el promedio de América Latina. La gran pregunta es cómo podríamos incluir a los trabajadores informales en el contrato social. Las normas de la OIT no aplican para ellos y tienen menos derechos laborales. No aportan, además, al sistema de salud y pensiones”, detalla el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana Mauricio Salazar.

La tasa de desocupación cerró 2025 en un histórico 8,9%. El indicador más bajo en dos décadas. Pero la aguja de la mencionada informalidad apenas se ha movido. El mercado laboral patina desde hace décadas en un terreno desventajoso, sumergido y minado de carencias. El economista Hernando Gómez Buendía concluye en su libro Colombia después de Petro que ni el modelo económico conservador predominante en las últimas décadas ni las modificaciones del actual Gobierno de izquierdas han logrado impulsar una economía con empleos productivos y de calidad en forma masiva.

Un problema estructural

Se trata de un debate que despierta intensas polémicas. De todas formas, y pese al descontento inicial, esta semana los empresarios firmaron el nuevo decreto. Para ellos lo más sensato es mantener el alza inalterada. Una de las razones es que en Colombia el precio de los arriendos, de los programas de vivienda pública, los aportes a la seguridad social o el transporte, entre otros, se ajusta cada año al ritmo del salario mínimo. Y con febrero ya avanzado, muchos consideran que volver a reacomodar sus proyecciones solo generaría más desorden y desconfianza en el mercado.

Ahora el Consejo de Estado tendrá que resolver si el Gobierno corrigió las deficiencias del decreto anterior. Para formarse una idea, el sueldo base en Colombia está, con el incremento del 23,7%, en algo más de 2 millones de pesos (unos 450 euros), con un auxilio de transporte incluido. La Administración de Gustavo Petro lo ha justificado en un cálculo que prevé que una familia de tres a cuatro personas necesita 1,8 millones de ingresos básicos para cubrir sus costos esenciales. 

Por eso, otro de los temas que ha irrumpido en el debate es cuál sería la remuneración vital que garantizaría una vida digna en el país sudamericano. Una pregunta que los técnicos del Ministerio de Hacienda habían tasado siempre con fórmulas y modelos que se apoyaban en la productividad, el crecimiento y la inflación. Pero Gustavo Petro ha dudado dos veces. Y ha privilegiado un estudio sobre el terreno ¿Los montos que venían funcionando alcanzaban de veras para cubrir la cantidad de calorías diarias necesarias? ¿O pagar la factura de los servicios?. “O, sí, por el contrario, podría reproducir condiciones de esclavismo en la medida que las personas trabajan por una remuneración muy baja. Es una preocupación política y económica legítima”, reflexiona Mauricio Salazar.

No es menos cierto que el grueso de los economistas en Colombia asumen como verdad casi incontestable que un alza tan pronunciada tendrá un efecto negativo sobre el empleo. O la inflación, que repuntó en febrero al 5,31% y se aleja de la meta fijada por el Banco de la República en 3%. 

Juliana Morad, especialista en derecho laboral, destaca: “Hay críticas porque el salario mínimo, que antes representaba un 40 o 50% del salario medio, ahora se acerca al 70 u 80%. Es decir, quedan muy próximos y puede empezar a funcionar como un tope”. Y Andrés García añade: “Es una política que podría ser restrictiva porque va dirigida a un grupo muy pequeño de trabajadores formales en una economía bastante sumergida”.

Lo único claro hoy es que el terreno y la hondura del debate han cambiado. La economista Marta Juanita Villaveces, ex viceministra técnica del Ministerio de Hacienda en este Gobierno, abre más preguntas. A su juicio, un incremento importante es, en principio, una señal positiva para los trabajadores. Sin embargo, advierte que Gustavo Petro deja por fuera matices importantes: “Solo mira un pedacito de Colombia, un país tremendamente diverso con mercados laborales distintos entre ciudades, campo y regiones. No es lo mismo hablar de un trabajador urbano que de uno rural: por eso la carga de la medida afecta de manera distinta”.

Esa es una de las razones por las cuales el empresariado ha lanzado una voz de alerta. El 98% del tejido productivo colombiano está formado por micro y pequeñas empresas de una a tres personas. Un enjambre de papelerías de barrio, puestos de comida callejera, talleres mecánicos o peluquerías. En ese orden de ideas, Villaveces recuerda que no son los “ricos” a los que el discurso presidencial suele señalar quienes tendrán que sortear el alza, sino los supervivientes de una economía fracturada. Por eso, advierte que las soluciones actuales son solo un “parche” para un sistema que deambula desde hace medio siglo sin reformas estructurales. Y lastrado por la informalidad crónica.

La caída en desgracia de Alex Saab (Barranquilla, Colombia, 1971), el oscuro operador de Nicolás Maduro apartado del poder por el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez a finales de enero, dio un nuevo paso hacia el abismo este miércoles.

Medios colombianos e internacionales informaron de su detención en una operación conjunta del nuevo Ejecutivo venezolano con EEUU, pero su paradero no está claro. Las autoridades de ninguno de los dos países han confirmado públicamente la operación y su abogado niega que haya sido detenido. Sin embargo, fuentes estadounidenses han confirmado a Reuters que está arrestado y será extraditado a ese país. Asimismo, fuentes de Washington y Caracas consultadas por The New York Times confirman la detención e interrogatorio de Saab, pero sostienen que desconocen su situación legal actual.

El rumbo del colombiano Saab había sido inicialmente como el de cualquier comerciante en su natal Barranquilla. Su capacidad para moverse en la sombra, sin embargo, lo erigieron en una suerte de Rasputín financiero del chavismo que ayudó a Maduro a moverse pese a las sanciones de EEUU que pretendían ahogarlo.

Hoy, múltiples informaciones establecen su participación en negocios oscuros cuyos dividendos superan los 1.000 millones de dólares.

A saber: el traslado irregular de lingotes de oro a Turquía, su rol como enlace para evadir sanciones entre la Revolución Bolivariana y el ayatolá Alí Jamenei en Irán o su enriquecimiento mediante el suministro de cientos de kilos de leche en polvo adulterada a los niños de los barrios populares en Venezuela, entre otros denunciados por la prensa. La inteligencia estadounidense, la Fiscalía colombiana y diversos medios, como Armando.info, lo tienen fichado desde hace más de una década.

Saab accedió a la cúpula chavista en 2010 a través de la fallecida política colombiana Piedad Córdoba, cercana a Maduro. Buscaba por entonces recuperar 30 millones de dólares adeudados por el CADIVI (Comisión de Administración de Divisas de Venezuela), el engranaje estatal venezolano que regía el control cambiario. Cuando Chávez al fin liberó ese capital, el comerciante reflotó su arruinada textilera en Barranquilla e ideó un esquema funcional: envíos masivos y ficticios de ropa usada desde Colombia y Ecuador con el fin de capturar dólares a una tasa preferente y luego revenderlos en el mercado negro con un retorno abultado. Se calcula que con este método exportó unos 296 millones de dólares en bienes fantasma.

El lujo que desplegó incluyó noches de miles de dólares en los hoteles más lujosos de París, una flota de al menos cuatro aviones privados —de 28 millones en promedio cada uno—y apartamentos en Miami o Barranquilla

“Uno de sus primeros negocios en Venezuela fue el de los contratos para construir casas prefabricadas en 2012 a través de la empresa Fondo Global [registrada en Bogotá]. Se debían entregar 5.000 unidades en 2014, que a día de hoy no se han terminado”, asegura el reportero de Armando.info Roberto Deniz. El ascenso del anodino hijo de un libanés y una descendiente de inmigrantes palestinos en la ciudad portuaria del Caribe colombiano fue meteórico.

El lujo que desplegó incluyó noches de miles de dólares en los hoteles más lujosos de París, una flota de al menos cuatro aviones privados —de 28 millones en promedio cada uno—y apartamentos en Miami o Barranquilla. El periodista de investigación de Univisión Gerardo Reyes escribe en su biografía de Saab que la “paciencia de buey” y “adoración por el dinero” lo catapultaron al primer círculo de confianza de Nicolás Maduro.

Su buena racha, sin embargo, se vio truncada con la llegada de Donald Trump en 2017. El experto en seguridad nacional Marshall Billingslea —alta figura del Tesoro estadounidense— se obsesionó con la conducta sombría del multimillonario colombiano. Fue él quien aceleró su cacería. “A mediados de 2019, dio luz verde a cargos contra Saab y Pulido [su socio y narco confeso] en Miami, al tiempo que los inscribió en la lista OFAC”, relata Reyes. Detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, Saab fue extraditado a petición de un juzgado estadounidense por delitos asociados al lavado de dinero y soborno y pasó tres años en prisión.

Mientras pasaba en Venezuela como un próspero exportador de textiles que se hizo millonario de la noche a la mañana, sus empresas en Colombia estaban en la mira de la justicia penal

Para su defensa, desde 2013, había elegido al mediático penalista Abelardo de la Espriella, hoy candidato de la extrema derecha a la presidencia de Colombia. Según la biografía de Reyes: “Él domina a Saab; si Abelardo le dice que se tire por la ventana de un avión, se tira, que baile en la cabeza, pues baila”. Se trata de un tema vidrioso para el actual aspirante. Por ello ha tenido que repetir en múltiples entrevistas que el vínculo laboral se cerró en 2019 tras las sanciones de la OFAC. Ahora esgrime que Saab era entonces un contratista privado y no un funcionario de Maduro.

Los problemas judiciales de su cliente se apilaban en los tribunales desde hace años, en todo caso. Mientras pasaba en Venezuela como un próspero exportador de textiles que se hizo millonario de la noche a la mañana con el desembolso de CADIVI, sus empresas en Colombia estaban en la mira de la justicia penal. Una investigación de la Fiscalía en Bogotá halló que el industrial barranquillero se había dedicado, durante más de una década, a “engañar al Gobierno de su país con operaciones ficticias de comercio exterior y timos al sistema tributario”.

De regreso en Caracas, el líder —bajo la mirada desconfiada de la actual presidenta Delcy Rodríguez, que nunca lo ha visto con buenos ojos— premia su lealtad. En octubre de 2024 lo designa Ministro de Industria

La política internacional, sin embargo, aún guardaba un par de giros inesperados. La Administración demócrata de Joe Biden liberó a Saab en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros con Venezuela. El pacto permitió a su vez la excarcelación de Leonard Francis, alias Fat Leonard (Leonard el gordo) —ciudadano malayo condenado por sobornos a oficiales de la Marina estadounidense— y otros detenidos norteamericanos, a cambio del magnate colombiano. Su imagen carcelaria, reducido a uniforme naranja y gesto adusto, opacó al otrora empresario elegante que manejaba los circuitos del poder financiero.

De regreso en Caracas, el líder —bajo la mirada desconfiada de la actual presidenta Delcy Rodríguez, que nunca lo ha visto con buenos ojos— premia su lealtad al régimen. “Primero [en enero de 2024] lo nombra presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, un organismo que busca captar inversiones en Venezuela. Y en octubre de ese año lo designa ministro de Industria, con la misión de reactivar el parque industrial expropiado por Chávez. Su tarea era reunirse con los empresarios y abrir procesos de licitación. Para que te hagas una idea de su cercanía con Maduro, en paralelo mantuvo una participación en el tema de la comercialización del petróleo venezolano”, recuerda Deniz.

Dos años después, tras cumplir otros tantos en una cárcel estadounidense por lavado de dinero, Alex Saab ha vuelto a ser capturado. Fue este miércoles en Caracas, en una operación conjunta de las autoridades venezolanas y estadounidenses. La noticia marca, quizás, el último capítulo del chacal financiero. Una pieza seminal del rompecabezas. El que controlaba las exportaciones. Y canalizaba, según confesó a los fiscales norteamericanos, la mitad de cada dólar ganado en contratos para el chavismo hacia las cuentas bancarias de su incondicional Nicolás Maduro.

La parálisis de la mayor obra ambiental en Colombia tiene por protagonistas a la constructora española Sacyr y al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro. La construcción del Canal del Dique —adjudicada por concurso público en noviembre de 2022— se halla estancada en una fase “preoperativa”. Mientras tanto, las poblaciones ribereñas del norte del país siguen sujetas al capricho e intensidad de las frecuentes lluvias y sus estragos. El proyecto, tasado en 690 millones de euros, resulta vital para contener el desborde de las aguas; o mejorar su calidad en este brazo artificial que conecta al mar Caribe, en la bahía de Cartagena de Indias, con el río Magdalena, quizás el más importante del país

El Gobierno de Petro y las autoridades ambientales y de infraestructura han mostrado algo de resistencia al plan social y ecológico de la constructora española. Y aun así, en Colombia no ha dejado de causar sorpresa el recorte unilateral por casi 150 millones de euros (al tipo de cambio actual) anunciado hace unos días por el Ministerio de Hacienda al presupuesto de la obra en 2025. Con esta medida, el Ejecutivo deja un agujero financiero del 83,61% a lo pactado para el año pasado. Su avance entra una vez más en una zona gris.

Las razones expuestas por Hacienda responden a la frágil situación fiscal del Estado colombiano, agobiado por el pago de intereses de su alta deuda soberana, el creciente gasto público y la aún modesta recaudación fiscal. Esos son, al parecer, los resortes tras el tijeretazo. Sacyr ha informado, a través de una portavoz, que la empresa española no dará declaraciones porque el único “autorizado” es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Con ello evidencia el tira y afloja habitual entre la operadora española y un puñado de despachos oficiales encargados de la inspección y supervisión de una megaobra que acumula tensiones y retrasos.

La ANI, agencia oficial adscrita al Ministerio de Transporte, ha salido al paso para sumar una dosis de confusión con un comunicado firmado el 28 de enero en el que precisa que, como gestora de la concesión, “ha desembolsado más de 217.477 millones de pesos (unos 51 millones de dólares, al tipo de cambio actual) al patrimonio autónomo, garantizando un manejo eficiente y responsable de los fondos públicos”. El compromiso de la entidad, añade, es pasar a la fase constructiva en el segundo semestre de 2026, pero no ha mencionado el hachazo de Hacienda.  

Por contra, el Tribunal de Cuentas colombiano sí ha expresado su inquietud por la deriva del proyecto ambiental. De acuerdo con un comunicado del ente de control publicado el pasado miércoles, la medida del Gobierno progresista supone un riesgo fiscal enorme para la región Caribe y el país. Critica, así mismo, que se haya tomado de manera unilateral. Y advierte de que el Estado colombiano se expone al pago de multas, intereses de demora y otras compensaciones no previstas en el presupuesto original.  

En paralelo al pulso burocrático, la lista de afectaciones por las crecidas en los pueblos de la ribera del norte es crónica: miles de familias evacuadas, problemas sanitarios, viviendas inundadas y múltiples daños en los cultivos y la actividad pesquera. Se calcula que la población en primera fila de vulnerabilidad asciende a unos 100.000 habitantes. ¿En qué consiste la intervención ambiental? Contempla, entre otras, la construcción de dos enormes compuertas con esclusas para atenuar o filtrar la entrada de sedimentos al caudal del río. 

Sacyr, sin embargo, ha tropezado una vez tras otra a la hora de acreditar los requisitos del Ministerio de Ambiente colombiano. “Nunca presentaron un estudio de impacto ambiental. Ello a pesar de nuestro acompañamiento e insistencia. Eso quiere decir que, desde la perspectiva de la licencia necesaria para poder avanzar, van en la etapa cero”, explica a elDiario.es, por mensaje de texto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez. 

Algunos pobladores de la cuenca se han quejado, además, de la supuesta discreta voluntad de la compañía española para cumplir con su obligación legal de informar a la comunidad local sobre los impactos de la construcción. Se trata de pueblos campesinos, negros y palenqueros, descendientes directos de esclavos africanos del periodo colonial, con altos índices de pobreza y desigualdad. “Además de los términos de referencia específicos que fueron emitidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), hicimos un alcance en agosto de 2025 con el propósito de evitar que un proyecto grande y complejo como este termine por impactar a los habitantes. Era una medida de criterio para evitar lo que se conoce como racismo ambiental”, subraya Vélez.

Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia, deberá hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los 115 kilómetros de extensión del Canal del Dique durante 15 años. No sin antes sortear los escollos regulatorios. Una situación que no supone ninguna novedad. La empresa ya ha recibido más de una multa, librado varios pleitos y procesos de arbitraje internacional por sus obras en Colombia. Se trata de un operador que, desde 2012, ha adelantado un sinnúmero de proyectos de infraestructura vial y concesiones. Algunos han sido clave para mejorar la atrasada red de carreteras y autopistas del país sudamericano. Otras, sin embargo, han tenido controversias por la modesta calidad constructiva, demoras en la entrega o sobrecostes. 

De cualquier forma, el ingeniero civil Rodrigo Fernández, experto en licitaciones y miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concluye subrayando un asunto de fondo: “Los anuncios del Gobierno a veces crean desconcierto. Los parámetros y estructura de los contratos vigentes se deben cumplir de parte y parte. Es inaceptable que Petro utilice recursos que ya están comprometidos para una obra, escudado en la emergencia económica, como si fuera una fuente de ahorro de la Nación”.

El músculo político de la oposición venezolana afronta quizás su mayor desafío en tres décadas. Después de que el presidente Donald Trump relativizara el rol de la Nobel de Paz y cabeza más visible del antichavismo, María Corina Machado, todas las miradas se dirigen en esa dirección y su papel en un posible proceso de transición democrática. Lo más importante para el heterogéneo bloque opositor, tras 27 años de represión oficial, será reacomodarse con celeridad en el nuevo tablero del poder. Con sus fricciones y contradicciones internas, la carrera para jugar las cartas y hallar la unidad es contrarreloj.

Hoy lo único cierto es que la operación ilegal estadounidense para apresar a Nicolás Maduro en plena madrugada caraqueña sorprendió a una oposición fragmentada. En una conversación con elDiario.es, la reportera venezolana Luz Mely Reyes identifica tres vertientes en el bloque opositor. La primera de ellas es la de los ‘colaboracionistas’, o leales a la revolución, pero con cierto margen de independencia en sus posturas. Otras fuentes citan el caso del diputado Henri Falcón, fundador del partido Avanzada Progresista. Un militante que, a pesar de haber surgido en las filas chavistas, se enfrentó en 2018 a Maduro en los comicios y luego anunció su apoyo a María Corina Machado en 2025.

El segundo núcleo está representado por políticos de perfil moderado. Entre ellos se halla Henrique Capriles, quien despertó el interés internacional en 2012 cuando, con 40 años recién cumplidos, desafió en las urnas a Hugo Chávez –que, a pesar de hallarse debilitado por la enfermedad, ganó con el 55,07% de los votos frente al 44,31 % del joven aspirante de la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD)–. Por último, está la vertiente radical, representada por María Corina Machado, líder que se posicionó en 2010 tras ser elegida por el norteño estado de Miranda como la diputada más votada del país. Leopoldo López, hoy exiliado en Madrid, y Juan Guaidó, en Miami, también forman parte del llamado flanco duro.

Discrepancias

Desde hace unos años las discrepancias o pugnas dentro del universo opositor han girado en torno a la estrategia para enfrentarse al régimen: ¿librar la batalla electoral o apostar por la abstención como herramienta de denuncia contra un sistema que consideran una “farsa”? “Moderados, leales y radicales lograron, entre 2010 y 2015, agrupar hasta unos 30 partidos independientes en la MUD. Pero, quizás, tras el boicot electoral a las presidenciales de 2018, las diferencias conceptuales entre los movimientos quedaron muy claras”, dice Luz Mely Reyes.

La situación política en Venezuela, además, es un terreno minado para las voces disidentes. Y la maquinaria oficial no ha ahorrado recursos a la hora de adelantar detenciones arbitrarias, censurar a la prensa u otros métodos de hostigamiento como armar a sus colectivos urbanos en algunos barrios. “Esta es una coyuntura interesante para que muchas voces salgan de las catacumbas. Porque hoy buena parte de la oposición está presa, o exiliada, o escondida”, dice a este medio el historiador Pedro Benítez. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el pasado jueves la liberación de “un número importante” de presos políticos, venezolanos y extranjeros, que presentó como un “gesto unilateral” del Gobierno bolivariano.

El historiador opina que se trata, en todo caso, de un sistema político tan “particular” que evaluarlo a la luz de un ejercicio democrático normal es inviable. Por eso, añade que más allá de los anhelos de algunos políticos como Machado, que aboga, por ejemplo, por una reapertura de la economía al sector privado, hoy la primera urgencia en el horizonte es más pedestre: “Volver a tener unas elecciones libres”. “Para mí, tenemos que volver a empezar de cero”, dice Benítez, que advierte, sin embargo, de que la historia ha sido convulsa: “Entre 1830 y 1958 el país solo tuvo cinco años de gobiernos civiles. Todos los demás fueron administraciones de generales. Y el ensayo de 40 años de institucionalidad que hubo antes de Chávez fue casi un milagro porque la tradición autoritaria y militar siempre ha estado presente”.

La oposición ha logrado algunas victorias desde que la revolución bolivariana llegó al poder en 1999. La primera fue en 2015, cuando la coalición Mesa de Unidad Democrática obtuvo el control del poder legislativo con 112 diputados frente a 55 del oficialismo. Sin embargo, de poco sirvió que el Gobierno de Maduro reconociera aquella derrota sufrida en la Asamblea Nacional ya que poco después el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por el chavismo) tomó una serie de decisiones para quitarle dientes a dicho órgano.

Con la extracción violenta de Nicolás Maduro tanto los más leales al régimen como los más radicales están fuera de la jugada

Víctor Mijares — Académico de la Universidad de los Andes

Más enredados fueron los resultados de las presidenciales de julio de 2024. La versión del Consejo Nacional Electoral, alineado con el oficialismo, es que Nicolás Maduro ganó con el 51,2 % de los votos frente al 44,2 % de Edmundo González Urrutia, septuagenario diplomático de carrera impulsado por María Corina Machado. La Nobel de Paz había sido inhabilitada para postularse e hizo causa común para endosarle parte de su creciente popularidad bajo las banderas del PUD en la papeleta. El programa, en todo caso, giraba en torno a los dos ejes de la política de 58 años: una campaña para el retorno de millones de venezolanos en el exilio, bautizada de reunificación, y un plan de recuperación económica.

Una parte importante de la comunidad internacional y varios organismos independientes cuestionaron la transparencia de un proceso electoral cuyas actas de votación aún se desconocen. Basados en un recuento alternativo de la oposición, el Parlamento Europeo, Estados Unidos o la OEA reconocieron a González como virtual ganador, con el 67% de los votos. “La candidata real fue María Corina Machado, y eso generó cierto resentimiento en sectores minoritarios de la oposición, como el que lidera Henrique Capriles”, explica Víctor Mijares, académico de la Universidad de los Andes.

Incertidumbre

La fuerza real de la oposición, con Estados Unidos a cargo del control del poder en Caracas, se verá en las próximas semanas. Predomina el clima de zozobra e incertidumbre. Conscientes de que en Venezuela, como en la mayoría de América Latina, se suele depositar esperanzas en liderazgos carismáticos, las fuentes consultadas coinciden en que el bloque opositor deberá cambiar de relato.

“Con la extracción violenta de Nicolás Maduro tanto los más leales al régimen como los más radicales están fuera de la jugada. Aunque María Corina Machado cuenta con el respaldo popular, hoy prevalece el dominio de los bastiones clave: el aparato militar y represivo, en manos de Diosdado Cabello, y el sector energético, controlado por Delcy Rodríguez”, apostilla Víctor Mijares.

Hubo un tiempo en que Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue considerada una de las tres grandes de la industria a nivel mundial. Pero los años dorados de la fiebre petrolera se fueron evaporando en paralelo con la mala gestión de finales de los 90 del siglo pasado, primero, y luego con el saqueo de la compañía estatal a manos de la corrupción, el régimen y los bandazos ocasionales en los precios internacionales del barril. Así, la riqueza se secó. Las refinerías se oxidaron. Y la ruina se extendió hasta nuestros días. Los del secuestro y detención del presidente Nicolás Maduro a manos de un escuadrón de élite del ejército estadounidense en plena madrugada profunda de Caracas.

El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos tomará el control indefinido del negocio petrolero venezolano. A falta de más detalles, el economista Francisco Monaldi advierte de que revivir el El Dorado de los 60 o 70 demandará más de una década de trabajo: “En ausencia de un cambio institucional genuino, Venezuela aún podría atraer inversiones limitadas al alcance de la mano —proyectos de altos retornos a corto plazo y recuperación rápida de costos—. Y, si bien estos generarían ganancias modestas, harían poco por reconstruir la industria o restaurar la capacidad productiva del país a largo plazo. Los grandes proyectos que exigen capital sustancial y horizontes extensos seguirán siendo inalcanzables”, escribe en su cuenta de Substack.

Lo cierto es que Venezuela alberga bajo su subsuelo las mayores reservas probadas de crudo del mundo (un 19% del total). Esto equivale a 303.000 millones de barriles. Al ritmo actual de extracción, con un promedio de 920.000 unidades, estos yacimientos alcanzarían para unos 828 años de producción continua. Monaldi certifica que la geología no supone un problema. Los verdaderos líos están en la superficie, donde la mano negra de las intervenciones políticas desde principios de siglo, la mala gestión técnica y financiera y la falta de inversión han arrastrado lentamente a PDVSA a la ruina actual.

Para volver a alcanzar la velocidad de crucero de los años 90, cuando el país producía unos 3,5 millones de barriles diarios, expertos como el economista Luis Pacheco, de la Universidad de Rice, calculan que hará falta más de una década de arduo trabajo sostenido en un contexto democrático.

“Es muy curioso que Trump hable de la inversión de 100.000 millones de dólares, porque esa es la cifra que hemos trabajado en los planes de recuperación de gas y petróleo. Lo que pasa es que la realidad sobre el terreno es más compleja. También se debe reconstruir toda la cadena de valor industrial de los hidrocarburos que incluye el sector petroquímico, refino, remediación ambiental, generación eléctrica, etc. Nada de esto va a suceder sin un cambio político e institucional. Porque ni PDVSA, ni el Estado, tienen dinero. Y el gran obstáculo para cualquier compañía que quiera venir a invertir es la inestabilidad en las leyes. Por ahora, la dirección de los americanos en este ámbito parece correcta, falta ver cuáles son los detalles”, afirma el académico.

Monaldi señala por su parte que el manto de crudo dormido bajo tierra es tan extenso, que con un marco contractual y fiscal adecuado —hoy inexistente— la explotación petrolera sería rentable incluso con cotizaciones bajas de hasta 25-30 dólares por barril (hoy el crudo cotiza ligeramente por encima de los 60 dólares).

“El punto de partida para entender el deterioro de la infraestructura petrolera en Venezuela fue el despido masivo de trabajadores del sector en 2002”, explica el economista Ricardi Villasmil, “luego vienen los episodios grandes de corrupción. Cuando la compañía financia directamente al Ejecutivo y se pierde la unidad del tesoro y todos los mecanismos de control financiero. Se abren infinitas oportunidades”.

El analista y economista venezolano Asdrúbal Oliveros recuerda que durante el Gobierno de Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, el país vivió y malgastó el boom de las materias primas (alcanzando una cotización récord de 147 dólares por barril en 2008): “La empresa perdió su perfil técnico, se politizó y se convirtió en el sostén económico del Estado. Maduro no tomó los correctivos necesarios. PDVSA acabó endeudada y en insolvencia. Se desmanteló todo el circuito refinador de gasolina porque se creía que era mejor comprarla afuera para darle oxígeno al Fisco. Con las nacionalizaciones, además, se expulsó al sector privado y hoy no tenemos cómo mejorar nuestro crudo, que es pesado o extra pesado y más difícil de vender”.

PDVSA ha confirmado, a mediados de esta semana, que el Gobierno provisional a la cabeza de Delcy Rodríguez ya ha sostenido conversaciones con el Ejecutivo estadounidense para vender volúmenes de petróleo “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”. Un día antes, Donald Trump había asegurado que Venezuela suministraría entre 30 y 50 millones de barriles de su producción anual (algo así como el 12,7% del total). También trascendió que el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo conversaciones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en las que su Administración le exigió a Venezuela cortar sus lazos comerciales con China, Rusia, Irán o Cuba.

Para Asdrúbal Oliveros, el panorama aún resulta brumoso. Las palabras de Trump, a su juicio, deben someterse a la criba de la realidad. Advierte de que el negocio energético mundial se ha diversificado. Y que el tipo de crudo venezolano es, justo, el más contaminante: “Es probable un incremento modesto de las operadoras activas en Venezuela como Chevron, Repsol, ENI o Maurel & Prom, elevando la producción actual de 1 millón de barriles diarios a 1,3 o 1,4 en el corto plazo. Sin embargo, para superar ese nivel, y no caer en apuestas petroleras ciegas, se requieren cambios institucionales profundos que van más allá del presidente de los Estados Unidos”.

Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista y líder en los sondeos para las elecciones presidenciales de mayo próximo en Colombia, es un político de temperamento sereno y habla pausada. En el Congreso —donde ha ocupado un escaño en cuatro ocasiones consecutivas—, ha liderado la defensa de las víctimas de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en el país latinoamericano. Considerado por algunos analistas como el interlocutor ideal para reunir las dispersas bases electorales del progresismo, este bogotano de 63 años ganó las primarias de la coalición del Pacto Histórico para recibir el testigo del actual presidente, Gustavo Petro.

De momento ha anunciado que, por cuenta de los niveles de polarización en la contienda, no asistirá a debates. Sí ha atendido a elDiario.es en Madrid, donde ha hecho escala para presentar su candidatura y denunciar la agresión ilegal de EEUU a Venezuela, pese a que su Gobierno no reconoció los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro. “Colombia no es una colonia ni protectorado de EEUU”, decía claramente en la rueda de prensa previa a la entrevista. “Hacemos un llamado de alerta de que EEUU está intentando influir en nuestras elecciones. Buscan influir en la opinión pública catalogando a nuestro presidente como narcotraficante”.

Cepeda Castro cree que Europa y América Latina viven un momento decisivo en el que es necesario ser conscientes del peligro que representa Trump. “Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son muy graves”.

Una primera pregunta inevitable, ¿cuál es su análisis de la agresión estadounidense a Venezuela y su interpretación de la visión trumpista en política exterior hacia América Latina?

Es muy importante entender a qué nos estamos enfrentando. Un problema no se puede abordar si no hay una comprensión clara de qué dimensión tiene, qué tan profundo es y cuáles son sus consecuencias. Desde esa perspectiva, no es correcto entender todos y cada uno de los hechos y eventos que hemos venido constatando a lo largo de este segundo periodo de Donald Trump como si se tratara de hechos que son sencillamente inconexos, que provienen de estados anímicos o que son simplemente el resultado de una política que es desordenada y caótica. Trump no es un hombre desquiciado y lunático, sino la expresión de una realidad política.

Estamos hablando de una estrategia. Afortunadamente, ya la tenemos escrita para que podamos sacar las conclusiones necesarias. Esa estrategia es una estrategia de una característica muy clara: es la entronización de un modelo totalitario, yo diría neofascista, de comprensión del hemisferio occidental, entre otras cosas.

Cuando asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado

¿Cree que una vuelta tan burda al expansionismo o imperialismo estadounidense puede tener algún efecto, no ya en la izquierda, sino en esos sectores que no están tan ideologizados?

Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son tan graves. Entonces, yo espero que se entienda que no son palabras, no son declaraciones y no son reacciones anímicas. Es una política que está en ejecución y todos deben entenderlo, no solo la izquierda ni los sectores con un mínimo sentido de la dignidad nacional. Ese camino a lo que lleva es al desastre, al desastre económico, político y social, así que es nuestro deber oponernos a eso.

Venimos de un periodo de fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras años de una alianza que parecía inquebrantable. ¿Cómo va a abordar usted esa relación con Washington y la Casa Blanca de seguir esta política exterior?

Si llego a ser jefe de Estado, mi primer deber es cumplir la Constitución y nuestra Constitución es muy clara: Colombia es una nación soberana. Haré respetar su soberanía. Colombia es una nación que está a favor de la integración latinoamericana, que obedece al principio de respeto por la soberanía de otros pueblos y, por supuesto, que cultiva relaciones de cooperación, de buen entendimiento y de colaboración entre las naciones. Ahora bien, esos son los principios, pero habrá que ver las realidades a las cuales nos abocaremos. Si hay un intento de intervención militar en Colombia, tendré que tomar las decisiones que correspondan a esas circunstancias.

¿Ha recibido usted por parte de la Administración Trump algún ataque o teme que sea atacado durante la campaña, tal y como lo ha sido el actual presidente, Gustavo Petro?

Con el secretario [de Estado, Marco] Rubio, ya ha habido episodios, especialmente cuando se desarrolló el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez. Un proceso en el cual yo he tenido el rol de víctima, el presidente Trump y el secretario Rubio hicieron declaraciones claramente intervencionistas a favor del expresidente, en contra de la Justicia y catalogando ese juicio como una especie de atentado o montaje judicial en su contra [Cepeda inició una demanda contra Uribe, quien fue condenado en primera instancia, posteriormente absuelto y ahora el caso se enfrenta a su último recurso].

Es curioso cómo la extrema derecha, que hace una defensa tan firme de la soberanía de las naciones, está ahora aplaudiendo en cierta medida una intervención ilegal en otro país. ¿Qué opina de eso y cómo se ha posicionado la oposición en Colombia?

Hemos escuchado voces intentando propiciar una intervención en Colombia, comenzando por la del propio expresidente Álvaro Uribe, quien este mismo miércoles ha dicho que es necesario un cambio de gobierno lo más rápidamente posible. Es decir, no a través de las elecciones.

El Gobierno de Petro no reconoció los resultados oficiales de 2024 que dieron la victoria a Maduro en Venezuela. ¿Cómo abordaría usted esa relación bilateral y la crisis política y humanitaria en Venezuela?

En este momento, si es a eso a lo que nos referimos, hay que buscar una solución incruenta, política y diplomática. Esa ha sido la convicción de mi Gobierno. Se han hecho esfuerzos múltiples en ese sentido para encontrar un diálogo entre la oposición y el Gobierno o lo que se llama el chavismo. Creo que mi Gobierno debe darle continuidad a sus esfuerzos, por supuesto.

Pero hasta ahora no han tenido resultados.

Sí, es cierto, pero en esto de los diálogos, se lo dice una persona que ha estado 15 años sentado en mesas de negociación, hay que ser perseverante.

¿Cómo respondería usted ante una injerencia estadounidense en las elecciones de Colombia claramente en contra de su candidatura?

Pues a través, obviamente, de reacciones políticas. Y una reflexión sobre eso: es muy equívoca la idea de que agrediendo mi candidatura, como lo ha hecho la extrema derecha colombiana, se va a lograr debilitarla. Más bien lo que he visto es que aumenta el nivel de simpatía y el fortalecimiento. Las mentiras, las manipulaciones, las distorsiones de lo que somos y de lo que queremos hacer se hacen muy evidentes. Intentar presentarme a mí como una especie de vocero de las organizaciones armadas es un gravísimo equívoco y lo han visto ya los sectores de extrema derecha.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de la lógica económica. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia

¿Teme que Colombia pudiese ser el próximo objetivo de Estados Unidos en caso de que el resultado electoral no fuese el favorable para la Administración Trump?

En la medida en que eso afecta a mi pueblo y va a afectar a la región, por supuesto. Pero más que temor, mi posición es totalmente firme: haremos todo lo necesario para evitarlo y buscaremos todas las alianzas y procesos políticos que lo eviten. Pero obviamente, cuando yo asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial y ha sido un proceso en el cual he recibido solicitudes y exigencias de los movimientos sociales con los que tengo una relación muy estrecha, casi orgánica—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado.

¿Cómo caracterizaría el tipo de izquierda que usted representa para darle contexto a un analista europeo?

Nuestra historia es la de una serie de corrientes políticas que se han ido identificando en torno a unos propósitos muy claros. Queremos hacer de Colombia hoy por hoy una nación realmente democrática, pacífica y en paz; una nación que tenga la condición de ser una nación equitativa y que tenga la posibilidad de desarrollar al máximo nuestro potencial.

Eso se expresa en la idea de que podemos ser una potencia mundial agroalimentaria. Somos una izquierda que está claramente identificada con las transformaciones sociales, con la equidad social, con ser cada vez una nación más democrática y también una nación más próspera. Obviamente, en el sentido en que todo eso coincide con un humanismo y con un respeto de la naturaleza.

Usted ha dicho que tendrá una línea continuista con el actual presidente. ¿Cuál es el legado de esta presidencia en términos sociales? ¿Qué puede destacar?

Hay un conjunto de logros que son el resultado del cumplimiento de nuestro programa. La reforma agraria ha tenido como resultado que, por primera vez, en Colombia se han entregado o se aspira a entregar 700.000 hectáreas porque ya están en poder del Estado. También ha tenido una reforma laboral, una reforma tributaria con el respeto del principio constitucional de progresividad en los impuestos y una reforma de las pensiones. Las políticas públicas han sido claramente sociales, como por ejemplo la el aumento considerable del salario mínimo, que en la última decisión del Gobierno ha crecido un 23%, es decir, un alza histórica. Podría enunciar otras, pero es en ese terreno en el cual nuestro Gobierno ha tenido un signo distintivo evidente con otros.

A menudo se ha calificado de fracaso la política de paz total del presidente Gustavo Petro de negociar paralelamente con todos los grupos armados. ¿Cuál es su análisis al respecto?

Lo que pasa es que en Colombia tenemos un conflicto armado que ha ido mutando en el tiempo. Tuvo un retroceso importante con el acuerdo de paz de 2016 y ha tenido procesos de diálogo que han ido desarrollándose en este tiempo. Pero esos procesos se enfrentan a realidades también que son muy graves: Una de ellas es que el narcotráfico se ha globalizado como economía, es decir, lo que hemos visto en este cuarto de siglo es la emergencia de un narcotráfico que tiene hoy múltiples mercados internacionales. Ya no es solamente Estados Unidos o Europa. También estamos ante una muy fuerte economía ilegal de la explotación del oro, porque el oro se ha ido convirtiendo poco a poco en prácticamente el fundamento de la divisa internacional sustituyendo al dólar.

Todos esos cambios tienen un impacto territorial donde está el conflicto armado en su situación más álgida por precisamente la emergencia de esas economías o su fortalecimiento. Se han transnacionalizado no solamente los mercados, sino también las redes criminales. Desde la Patagonia hasta Alaska, hoy tenemos muchas más organizaciones, redes, ejércitos que están involucrados en las economías ilícitas y eso ha impactado severamente a Colombia.

En este sentido, que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa.

¿Plantea algún cambio notable respecto al actual mandato presidencial de Gustavo Petro?

Más que continuismo, diría que propongo una clara línea de profundización de los cambios sociales. Hay un acento muy importante. Comencé hablando en mi campaña de una revolución ética. ¿Qué entiendo por eso? Entiendo que en Colombia y en el mundo hay un estado de degradación moral evidente.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que se consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de una lógica económica. Eso tiene una grave consecuencia que en mi país está agudizada por el efecto de una muy prolongada violencia. Y es que el ser humano termina deshumanizándose. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia y el despertar de la conciencia se puede dar si entendemos que es necesario salir de ese estado de tolerancia e insensibilidad moral. Eso se logra, por ejemplo, escuchando a las víctimas de la violencia, haciendo la memoria de lo que han sido las sociedades y escuchando la verdad.

Que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa

Parte de esa degradación moral es la corrupción. El haber convertido el Estado en objeto de la privatización ha provocado que cualquier privado pueda disponer del bien público y eso ha estimulado que el Estado se convierta sencillamente en un botín. En Colombia no tenemos corrupción, tenemos la megacorrupción. Tenemos la toma de la corrupción en el Estado, en todas las ramas del poder público, en todos los niveles, desde el Gobierno hasta las alcaldías. Debemos producir como parte de esa revolución ética una rebelión ciudadana contra la corrupción. Y ahí va a haber un acento distinto.

En la relación bilateral con Estados Unidos, Gustavo Petro ha adoptado un estilo más confrontacional con Donald Trump que otros líderes de la región ¿Cuál será su estilo?

Mi comportamiento y conducta política la fijo no intentando diferenciarme del presidente. Soy una persona que se orienta por el respeto en la política. Respetar a todos, comenzando por los adversarios. Así que por mi parte no habrá ninguna clase de dinámicas de insulto, palabras destempladas o concursos de quién dice la peor cosa del otro. Pero soy una persona que fija posiciones claras y argumentadas; posiciones que, una vez las asumo, las convierto también en norma. Es decir, si yo tomo la decisión de ser candidato presidencial es porque voy a hacer cumplir la Constitución y desde esa perspectiva vamos a asumir todas las decisiones, siendo por supuesto muy respetuoso en las formas, pero muy claro en el fondo.

Días después de la agresión militar de EEUU contra Venezuela y de la captura ilegal de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ha dado pocas pistas sobre cuál es su plan para el futuro gobierno de Venezuela, aparte de repetir que EEUU está al mando del país caribeño e interesado en explotar su petróleo. De hecho, esta madrugada ha puesto cifras a esa explotación. El presidente estadounidense aseguró este martes que Venezuela está dispuesta a entregarles de 30 a 50 millones de barriles que será vendido en el mercado estadounidense. Trump calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como “petroleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos”.

De momento, ha descartado la celebración de elecciones en un plazo de 30 días –tal y como establece la legislación venezolana– y se ha mostrado abierto a trabajar con la nueva presidenta Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta de Maduro y que el lunes juró el cargo ante el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez. 

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. La gente ni siquiera podría votar”, ha afirmado Trump en una entrevista exclusiva con la cadena NBC News. Las declaraciones de los últimos días hacen entrever que el mandatario no tiene prisa después de haber derrocado a Maduro por la fuerza ni parece tener claros cuáles serán los próximos pasos en Venezuela. 

Trump señaló que varios de sus hombres de confianza van a integrar el equipo que se hará cargo de Venezuela, sin especificar cuándo ni cómo lo hará. Entre los nombres que mencionó están los de su secretario de Estado, Marco Rubio, muy involucrado en la 'nueva doctrina Monroe' de Washington respecto a América Latina; y Pete Hegseth, secretario de Defensa y uno de los ideólogos del acoso militar a Venezuela, que culminó con la captura de Maduro el día 3. 

Por supuesto, a la cabeza del equipo estará el propio Trump. Como en el plan que diseñó para Gaza –que tres meses después aún no se ha aplicado por completo, en concreto, la parte relativa a la gobernanza y administración de la Franja–, el presidente se ve como el líder absoluto y quien debe tener la última palabra sobre el destino de otros pueblos. Un dios en la tierra. 

El presidente de EEUU no ha cerrado la puerta a trabajar con Delcy Rodríguez y con el resto de altos mandos del régimen de Maduro que siguen en el poder en Caracas. Respecto a esas autoridades, Trump declaró que tiene la sensación de que están cooperando, pero “necesitan ayuda”. Al igual que Rodríguez: “Tengo la sensación de que ama a su país y quiere que su país sobreviva”.

Las compañías petroleras gastarán una cantidad muy sustancial de dinero. Pero les irá muy bien. Y al país le irá bien

Donald Trump

Al parecer, Trump habría optado por apoyar –al menos, de momento– a Rodríguez tras una evaluación de la CIA y el asesoramiento de altos cargos de su Gobierno, como Rubio, según han revelado medios estadounidenses. El periódico The Wall Street Journal ha señalado que una reciente evaluación de inteligencia consideraba que figuras claves del chavismo estaban en una mejor posición para liderar un gobierno provisional y mantener la estabilidad a corto plazo en Venezuela, mientras que la oposición tendría dificultades para gobernar.

18 meses para llegar a explotar el petróleo

El único plazo temporal que ha fijado Trump para Venezuela tiene que ver con el petróleo, el recurso más preciado del país caribeño y que el presidente estadounidense ha dejado claro, desde el primer momento tras la captura de Maduro, que va a controlar y explotar a su antojo. El mandatario cree que la industria petrolífera estadounidense podría poner en marcha operaciones en Venezuela en menos de 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará mucho dinero”, agregó.

“Las compañías petroleras gastarán una cantidad muy sustancial de dinero”, admitió Trump. “Pero les irá muy bien. Y al país le irá bien”, añadió. Incluso, señaló que el dinero que las compañías se vayan a gastar en poner en marcha sus operaciones en Venezuela podría reembolsarlo su Administración.

Sin embargo, las grandes empresas petroleras de EEUU, por el momento, han evitado involucrarse en el plan de Trump y están a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Venezuela, país del que muchas se marcharon tras las medidas adoptadas por Hugo Chávez en 2007.

Trump dijo a NBC News que “las compañías petroleras sabían perfectamente” que el Gobierno de EEUU estaba “pensando en hacer algo”. Pero afirmó que no les dijo que lo iban a hacer. A pesar de esas afirmaciones, The Wall Street Journal ha revelado que el presidente avisó a las petroleras de que se avecinaban “grandes cambios” en Venezuela. Trump envió un mensaje a un grupo de ejecutivos petroleros aproximadamente un mes antes de la operación militar ilegal contra Maduro, diciéndoles simplemente: “Prepárense”. Aunque no proporcionó entonces más detalles de lo que estaba planificando, esa información es más de la que ofreció al Comité de Inteligencia del Congreso. 

El mensaje que enviaron fue que esto no iba de un cambio de régimen… Dijeron que se trataba únicamente de una operación antidroga

Chris Murphy — senador estadounidense

“Soy miembro del grupo de los ocho y todavía no he recibido ninguna llamada de nadie de la Administración”, afirmaba tras el ataque Jim Himes, el principal demócrata de ese comité. El reducido grupo está conformado por los principales líderes del Congreso de ambos partidos, que tradicionalmente son consultados sobre asuntos de seguridad nacional.

“Literalmente nos mintieron a la cara”, decía el domingo el senador Chris Murphy, en referencia a una sesión informativa sobre Venezuela que Marco Rubio realizó en el Senado el mes pasado. “El mensaje que enviaron fue que esto no iba de un cambio de régimen… Dijeron que se trataba únicamente de una operación antidroga”. 

Trump tampoco ofreció entonces a las compañías petroleras detalles de qué planes tenía para ellas en Venezuela ni tampoco les pidió consejo sobre cómo lograr sus objetivos: explotar el petróleo venezolano y que el precio del crudo baje.

Chevron es vista como la empresa que más puede beneficiarse de la campaña extractivista de Trump. El gigante energético es la única gran compañía estadounidense que ha logrado seguir operando en Venezuela décadas después de la nacionalización del petróleo, asegurándose una serie de excepciones a corto plazo frente a las sanciones estadounidenses. Consultado por The Wall Street Journal, un portavoz de la compañía ha asegurado que siguen centrados “en la seguridad y el bienestar de los empleados” y no quiso especular sobre inversiones futuras. En los mismos términos se pronunció la compañía en declaraciones a The Guardian.

Recordemos que el petróleo venezolano requiere al menos unos 20 años de inversión continua y trabajo sostenido

Ronal Rodríguez — analista de la Universidad del Rosario (Bogotá)

Otras dos petroleras estadounidenses con el tamaño y la experiencia en crudo pesado necesarias para trabajar en Venezuela —ConocoPhillips y Exxon— no han dado señales de que deseen volver a operar en el país que expropió sus activos después de que rechazaran las condiciones del Gobierno de Chávez hace dos décadas. Desde ConocoPhillips, declararon al periódico económico estadounidense que es prematuro especular sobre nuevas inversiones, mientras que desde Exxon han guardado silencio.

Posibles escenarios en el medio y largo plazo

Ante la falta de un plan concreto por parte de Washington y su interés único en revivir la extracción de petróleo –más allá de la cifra de barriles estimada por Trump que Venezuela entregará a EEUU–, el analista de la Universidad del Rosario (Bogotá), Ronal Rodríguez, plantea a elDiario.es varios posibles escenarios en el medio y largo plazo.

El primero es un pacto en el que Washington permita al régimen mantenerse en el poder a cambio de asumir el control en la reconstrucción de la infraestructura y en la explotación y venta de petróleo –potencias como Rusia, China o Turquía saldrían afectadas–. Rodríguez destaca que este escenario implicaría una ruptura con el principal argumento para intervenir en política exterior que hasta ahora había esgrimido EEUU, es decir, el de promover la democracia en el mundo.

Un segundo desenlace posible sería que el Gobierno chavista gane tiempo hasta la salida de Trump de la Casa Blanca en 2029. El también investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela en Bogotá explica que, en el segundo caso, el Gobierno venezolano aceptaría un alto grado de obediencia a las políticas estadounidenses. A la vez, tendría una agenda paralela para “mantener el espíritu bolivariano vivo”. Además, por debajo de la mesa, conservaría las relaciones con potencias extracontinentales afines a sus intereses. “Esta opción es muy probable –afirma– porque Delcy Rodríguez, la actual presidenta, sabe moverse en función de sus intereses y del dogmatismo de la revolución”.

El tercer escenario gira en torno a la posibilidad de que el régimen venezolano no cumpla los requisitos de Trump. Se trata de un panorama que obligaría a Washington a ejercer de nuevo presión para lograr un segundo cambio en el poder e instalar en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial, un actor obediente y que deje de hacer oídos sordos a sus planes. Para el experto, es un escenario plausible.

Por último, Ronal Rodríguez no descarta que EEUU logre dirigir la situación en los próximos tres años e impulse una transición democrática en Venezuela. Hasta ahora, sin embargo, ni el presidente Trump ni su secretario de Estado han privilegiado ese camino en su línea discursiva. El experto señala que una de las características de la revolución bolivariana ha sido la erosión de las instituciones y la capacidad productiva de un Estado que llegó a ser rico. “Si Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja y prolongada, es en buena medida porque la revolución bolivariana no mide sus capacidades reales. Toma decisiones y diseña políticas que a menudo desconocen las necesidades políticas y económicas. No son lógicas desde el punto de vista técnico ni social y responden más a intereses de poder y a principios ideológicos”, sostiene el analista.

Por eso, en los próximos años la Administración Trump podría optar por impulsar una normalización democrática. O al menos un gobierno con otros cimientos institucionales. Con reglas claras y alejado de la estructura bolivariana. El objetivo sería crear las condiciones que el país necesita para atraer inversión extranjera y el desarrollo de sus recursos en hidrocarburos. “Recordemos que el petróleo venezolano requiere al menos unos 20 años de inversión continua y trabajo sostenido”, concluye.

Delcy Eloína Rodríguez, la política designada para asumir el mando provisional de Venezuela desde este lunes 5 de enero, es una abogada y diplomática que ha escalado en el poder de la mano del recién capturado Nicolás Maduro. Tiene 56 años. Y su andadura política despegó en serio a partir de 2006. En aquel entonces asumió el cargo de ministra del Despacho de la Presidencia del comandante socialista Hugo Chávez (1954-2013). Luego ocupó altos cargos al frente de carteras clave para, al fin, aterrizar en 2018 en la Vicepresidencia de la República Bolivariana. Durante ocho años fue la segunda figura en la línea de mando del proyecto revolucionario. La encargada, según la Constitución, de suplir al jefe de Estado en caso de ausencia temporal o absoluta.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el presidente, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, la primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que también vengo con honor (...)”, dijo Rodríguez este lunes durante el acto de juramento ante la Corte Suprema como presidenta encargada durante, según la legislación, los próximos 90 días. Por eso, buena parte de la atención internacional se ha centrado sobre el futuro de su gestión del que podría ser el ocaso de más de un cuarto de siglo de régimen chavista. 

Su misión, de acuerdo con fuentes locales venezolanas, sería doble: acatar las directrices del presidente de Estados Unidos y evitar, en lo posible, el colapso del desgastado proyecto nacionalista. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, trabajó con ella en la mesa de negociación cuando, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se debió solucionar la deportación masiva de colombianos ordenada por Nicolás Maduro en 2015: “Cuando alcanzamos acuerdos, tras discusiones muy tensas, Delcy Rodríguez salía a los medios y comunicaba algo distinto. Casi deshacía lo que habíamos pactado”.

La anécdota puede dar pistas para entender los cortocircuitos de los últimos tres días entre Trump y Rodríguez. La secuencia es la siguiente. El presidente estadounidense aseguró en principio desde Mar‑a‑Lago que la funcionaria venezolana mantuvo una larga conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que aceptó hacer todo lo que Estados Unidos pidiera. Más de un observador se mostró extrañado ante la inusitada docilidad de una funcionaria que había cultivado una imagen de total obediencia a la revolución. Acto seguido, sin embargo, la presidenta provisional envió un mensaje en un discurso televisado en el que ratificó su apoyo incondicional a Maduro.

En cuestión de horas, con un tono más duro, Trump declaró a la revista The Atlantic que la venezolana pagaría “caro, probablemente más que Maduro, si no hace lo que debe hacer”. Y Rodríguez, a su vez, veló armas y publicó con celeridad un comunicado con un mensaje esta vez más suave: “Extendemos la invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional”.

¿Revolución y venganza? 

“Feliz de estar en la Revolución Bolivariana, porque esa es nuestra venganza personal de esa época oscura”. Esto dijo Delcy Rodríguez (Caracas, 1969) en un programa televisivo de entrevistas, emitido en 2018, al referirse a su pasado familiar. En concreto, a la muerte de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, en julio de 1976 en Caracas, como consecuencia de las torturas aplicadas por las fuerzas de seguridad estatales que lo habían detenido por su presunta participación en el secuestro de un empresario estadounidense.

Quienes conocen la biografía de los Rodríguez saben que aquellos hechos dejaron una huella profunda. Dicen que ni Delcy ni su influyente hermano Jorge (Barquisimeto, 1965), psiquiatra de formación y hoy presidente de la Asamblea Nacional, han matizado nunca su postura revanchista frente al sistema político de los años 70: una época ya lejana en la que el petroestado venezolano funcionaba a toda máquina y el bipartidismo de Acción Democrática (AD) y COPEI, las dos formaciones tradicionales, se repartían las cartas políticas del poder con el beneplácito de Washington.

Por eso, algunos estudiosos de la historia política venezolana coinciden en que la trayectoria de su hermano es vital para rastrear el ascenso de la actual presidenta. “Cuando murió Chávez, Jorge ya presidía el Consejo Nacional Electoral y, sin ser chavista de raíz, empezó a acumular un gran poder. Ella, en ese momento, era una empleada pública sin relevancia. Luego, con Maduro, hubo un reacomodo en las alianzas y ambos —personas bien formadas, con buen dominio de idiomas y especializaciones— asumieron roles cada vez más importantes”, precisa una fuente que pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.

Jorge y Delcy Rodríguez ahora forman parte de la élite en un Gobierno autocrático que lleva en el poder más de dos décadas. “Ella ha sido más discreta y ha tratado de mimetizarse dentro de la imagen de lo popular o, al menos, de posar con una actitud más cercana al pueblo. Él, en cambio, viste trajes costosísimos y conduce un automóvil Audi. Ambos pertenecen a una ‘izquierda caviar’ que, quizás, es ajena a las posturas marxistas de la Liga Socialista fundada por su padre”, añade. De hecho, el progenitor llegó a militar en dos frentes guerrilleros: en la FALN primero y luego en la organización Bandera Roja.

Un buen alfil 

Con su tacto y discreción, que algunos venezolanos asocian a una supuesta falta de carisma, Delcy Rodríguez fue un alfil funcional al Gobierno de Maduro en varios frentes. El más visible, quizás, en su papel como interlocutora con el gran empresariado tradicional, contra el que el chavismo impulsó expropiaciones masivas y al que a principios de siglo calificó de “burguesía parasitaria”. Su gestión con gremios e industriales, sin lograr ni mucho menos su adhesión ideológica, sí consiguió en los últimos años recuperar algo de estabilidad para el maltrecho aparato productivo.

Ese es el otro pilar que explica su poder dentro del madurismo, cuyo aparato funciona por parcelas al estilo feudal. Mientras su hermano Jorge controla toda la esfera electoral, Delcy ha aprovechado su cercanía con los poderes económicos y, en especial, su influencia sobre el tema petrolero. “Es muy importante recordar que entre 2018 y 2020, cuando la hiperinflación se desbordó, el Gobierno cedió ante la ruina del bolívar y empezó a abrirse a la dolarización como válvula de escape; allí Delcy jugó un rol principal”, añade.

Por todo lo anterior, quizás, Estados Unidos ha apostado por pilotar el teórico proceso de transición hacia la democracia con la mediación de Delcy Rodríguez como pieza clave. Por encima, incluso, de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz. U otras figuras de la oposición. “No sé si Estados Unidos entiende en realidad con quién está negociando. O si en realidad le importa poco o nada la democracia, con tal de mantener el flujo de petróleo y mejorar sus garantías. Para lograrlo, sin embargo, haría falta una fuerte estructura de inversión norteamericana. Y eso rompería el discurso y la narrativa de la Revolución Bolivariana, en la que Delcy Rodríguez cree a fondo”, apunta el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá.