El presidente ultra Abelardo de la Espriella ha convertido el ejercicio de nombrar y destituir a funcionarios de forma instantánea en parte de su guion en las primeras semanas de gobierno en Colombia. Al menos cuatro cargos técnicos, incluida la dirección del organismo encargado de trazar los planes de desarrollo del país (similar a la española Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia), fueron nombrados y destituidos en cuestión de horas o días, sin mediar explicación oficial.

El patrón retrata a un Ejecutivo que toma algunas decisiones sin un análisis previo. Luego las corrige en público, sobre la marcha, y deja a profesionales acreditados bajo el foco mediático.

El caso que desnudó la fisura del nuevo Gobierno de extrema derecha ocurrió en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que funciona como un think tank estatal en temas económicos. Carlos Eduardo Sepúlveda, exdecano de la reputada Universidad del Rosario y activo en el diseño de los planes de desarrollo de los expresidentes Santos, Duque y Petro, fue nombrado director el 12 de agosto. Estuvo en el cargo apenas 48 horas. Sin explicación oficial, De la Espriella revirtió el nombramiento y eligió a Julián Buitrago, un activista digital sin ninguna experiencia en el Estado.

La improvisación delata desacuerdos internos no resueltos antes del anuncio de cada nombramiento

Yann Basset — politólogo de la Universidad del Rosario

Todo indica que detrás de la remoción operó un veto silencioso. Según reconstruyó el portal independiente La Silla Vacía, dos factores jugaron en contra de Sepúlveda: su paso por el DNP de la Administración del progresista Gustavo Petro y su orientación sexual. La presencia de un tecnócrata casado con otro hombre activó las alarmas de sectores ultras y religiosos, que presionaron hasta tumbarlo.

Aun así, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, negó cualquier discriminación. Pero el golpe fue tan certero que sacudió las propias filas del oficialismo: el senador Andrés Forero, del derechista Centro Democrático, calificó el veto como “un gran desacierto”.

Despidos fulminantes

El episodio no fue aislado. El 11 de agosto, el Ministerio de Trabajo designó como secretaria general encargada a Soraya Pino, que tenía experiencia como directora de Pensiones en el Gobierno de Petro. Nueve días después, el exministro progresista Antonio Sanguino celebró el nombramiento en la red social X, destacando su labor en el anterior Ejecutivo de izquierdas. Horas más tarde, el Palacio de Nariño (sede del Gobierno en Bogotá) revocó el encargo mediante decreto y nombró, de forma definitiva, a Eduardo José Pineda, abogado y coterráneo del presidente De la Espriella. Pino no llegó a cumplir 24 horas en el puesto desde la publicación del mensaje en X.

Para Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, lo anómalo no es que un gobierno entrante prefiera perfiles afines. Eso, añade, “no es particularmente sorprendente” en ninguna administración. Lo insólito es la sucesión de decisiones tomadas y deshechas en público, una improvisación que delata desacuerdos internos no resueltos antes de cada anuncio. El caso del Ministerio de Trabajo ilustra esa dinámica: no fue una revisión previa de antecedentes lo que forzó la salida de la funcionaria, sino un mensaje de un político de izquierdas en redes sociales.

El politólogo Camilo Cruz explica que la supervivencia de esos funcionarios dependió, al final, del termómetro digital. Lejos de una doctrina ideológica planificada desde la presidencia, el Gobierno sometió cada nombramiento a una evaluación de afinidad política, medida en tiempo real por la reacción de sus bases en plataformas como X. De acuerdo con esa lógica, el Ejecutivo ultra obvió en primera instancia el pasado de los servidores públicos y, posteriormente, delegó el filtro en un influenciador radical o un funcionario del anterior Gobierno para forzar las destituciones.

Hay un caso, sin embargo, que rompe con ese patrón. Hanna Escobar no provenía del Gobierno de Petro. Era, en realidad, su némesis pública. La química farmacéutica construyó su prestigio en las redes oponiéndose con dureza al Ejecutivo de izquierdas y a su gestión de la salud. Quizás por todo eso, el 24 de agosto asumió la Dirección de Medicamentos del actual Gobierno, que prometió revertir el caos en la prestación de servicios del sector sanitario.

El anuncio, sin embargo, también duró pocas horas. Facciones cercanas a De la Espriella inundaron las redes sociales con un expediente que resultó ser, en su mayoría, falso. Una fotografía manipulada mostraba a Escobar con el pañuelo verde del movimiento a favor del derecho al aborto. Ella aseguró que nunca usó ese símbolo. La imagen, además, iba acompañada de un fragmento de un viejo pódcast que estaba fuera de contexto. En él, de hecho, defendía la candidatura del actual presidente.

Una estructura vulnerable

La explicación de este fenómeno va más allá de los nombres propios y responde a una realidad institucional. Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala al sistema colombiano: a diferencia de países como España, el país jamás construyó un cuerpo de funcionarios estable ni un régimen de oposiciones blindadas. Sin ese escudo legal, cada cambio de presidente puede amenazar la continuidad de buena parte de quienes sostienen el aparato público.

Para hacerse una idea de la situación, en 2020, el 69,4% de las vinculaciones estatales correspondía a contratos de prestación de servicios: personal temporal, ajeno a la carrera administrativa y dependiente de renovaciones periódicas.

Bonilla sitúa la agudización de esta lógica de tierra arrasada durante el mandato de Iván Duque (2018-2022), el primero en este siglo en aplicar la estrategia explícita de purgar a los técnicos por su pasado político. De la Espriella no inventó el mecanismo, pero heredó una estructura vulnerable donde el empleo estatal funciona como un espacio de libre remoción y la estabilidad laboral depende del gobernante de turno.

La misma Bonilla añade una segunda capa de análisis: puertas adentro, el gabinete de De la Espriella opera como una colcha de retazos. Un ala técnica y, quizás, minoritaria convive con reservas con el sector más conservador, vinculado a grupos evangélicos, que ha ganado de momento cada disputa interna. Al no compartir objetivos comunes, el mandatario ultra de 48 años, sin experiencia en la gestión de equipos de esta magnitud, ha cedido ante el sector que ejerce mayor presión.

Por su parte, Edwin Palma, exministro de Minas y Energía con Petro, ve el resultado del pulso desde la óptica de ese sector: cita el caso de una vicepresidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con 12 años de trayectoria técnica, destituida “de un día para otro”. La ironía, añade el sindicalista, es que la misma cartera apenas ha logrado reunir en 21 días un comité de seguimiento de la crisis energética por el fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, sí encontró tiempo en su agenda, según Palma, para recibir visitas en sus instalaciones de sacerdotes que hicieron ritos de bendición y exorcismo.

El único freno a todo este proceso de recambio llegó de forma imprevista. Fuentes en varios ministerios coinciden en que, de no haber sido por el terremoto del pasado 10 de agosto —el peor en una década en Colombia, con más de 300 muertos—, la purga habría corrido a un ritmo más vertiginoso. El sismo en el suroeste del país obligó al Gobierno de la 'Patria Milagro' a ralentizar la marcha en el remezón por pura necesidad operativa: en plena emergencia nacional, congelar los despidos de los equipos de técnicos de gestión de la crisis, en carteras como Vivienda o Hacienda, fue el peaje obligado para no comprometer la respuesta a una tragedia.

El presidente colombiano, el ultra Abelardo De la Espriella, había prometido durante su campaña electoral endurecer las políticas de seguridad contra los grupos violentos en Colombia. Pero pocos pensaron que también endurecería el formato en el que mostraría los resultados del conflicto interno. Fue el miércoles de esta semana cuando el mandatario, de 48 años, publicó en su cuenta de X un largo vídeo en el que, tras informar de la muerte de 23 presuntos delincuentes en un bombardeo del ejército sobre una zona de la selva del sur del país, se podía ver como él mismo paseaba entre las filas de bolsas blancas con los cadáveres de los supuestos criminales muertos en el departamento del Guaviare.

Se trata del tercer bombardeo letal contra grupos criminales en menos de un mes de gobierno de De la Espriella. La ofensiva forma parte de una nueva fase de la guerra para combatir organizaciones violentas y el narcotráfico, llevada a cabo por el nuevo Ejecutivo de extrema derecha. “Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirmó De la Espriella en el vídeo.

La publicación ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y la oposición colombiana. Emily Dickinson, directora para América Latina del think tank International Crisis Group, expresó su rechazo públicamente, señalando que el acto glorifica la violencia.

“Exhibidos como trofeos de guerra”

El experto en seguridad Hugo Acero traza a elDiario.es la frontera del “monopolio legítimo de la fuerza”. El Estado colombiano, recuerda, tiene la obligación ineludible de proteger a la ciudadanía y esa obligación lo habilita, según la ley, a emplear una “fuerza proporcional y letal” contra quienes la infrinjan. El quiebre ético y legal, sin embargo, no ocurre en el momento del uso de la fuerza, sino en la fase posterior. Tras los protocolos de “investigación judicial y análisis forenses”, el Estado debe restituir los cuerpos a sus familiares.

Es la única manera, añade Acero, de garantizar sus derechos en materia de “procesos religiosos y culturales”. Por ello advierte de que los restos humanos no pueden ser “exhibidos como trofeos de guerra” ni instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Y deja claro que la acción estatal no opera bajo la lógica de la “retaliación”, sino bajo la premisa de la seguridad colectiva.

Este mismo viernes, el presidente ultra ha mostrado en X la imagen de otros cuatro cadáveres, después de una operación contra el narcotráfico, llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, en la que aseguró que fue abatido alias Naím o “Bendito Menor”, que De la Espriella calificó como “uno de los criminales más peligrosos del país”.

“Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, escribió el mandatario. “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, agregó.

La ofensiva militar de De la Espriella, que se enmarca en el Escudo de las Américas impulsado por la Administración de Donald Trump, ha chocado esta semana con una decisión judicial contundente. Un juzgado ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las fuerzas armadas ajusten sus protocolos para garantizar que menores de edad no sean blanco de los ataques aéreos. La medida responde a múltiples denuncias de presuntas víctimas civiles en operaciones previas.

Discurso de mano dura

El freno legal llega justo cuando De la Espriella ha querido acelerar su discurso de firmeza militar: 26 combatientes muertos durante sus primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el contraste ha inquietado a los observadores del conflicto interno. Mientras el presidente reporta las ofensivas en sus redes sociales, detallando bajas, alias de combate e incautaciones de arsenal por parte del ejército, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos —dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 años—.

La reacción de la oposición ha trascendido las redes sociales. Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, criticó con fuerza las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días de mandato. Entre otras, calificó el resurgimiento del ESMAD (polémico cuerpo antidisturbios de la Policía) como preocupante y una amenaza para la democracia en Colombia.

Asimismo, desde la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, Cepeda pasó de la denuncia a la acción. Anunció la creación de un “gabinete en la sombra”, inspirado en el modelo británico, con voceros especializados por sectores desde la oposición de izquierdas. Su misión: vigilar de cerca cada Ministerio del Gobierno ultraderechista. Así, la colación del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro busca armar una oposición técnica y constante que cuestione las decisiones presidenciales, que mantenga viva un discurso político independiente a la de la ofensiva militar y otros proyectos que De la Espriella ha puesto en marcha.

El círculo cercano de De la Espriella está formado por militares retirados que moldean la estrategia sobre el terreno y frente a las cámaras, aseguran fuentes cercanas al mundo castrense. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue entregado a Jorge Mora López, un general retirado con 30 años de experiencia en crimen transnacional, y la Comandancia de las Fuerzas Militares recayó en el general Erik Rodríguez, quien había sido retirado por Petro meses antes.

La revista The New Yorker identificó recientemente cómo la maquinaria digital de Nayib Bukele se expande por América Latina a través de vídeos, símbolos e influenciadores que buscan transformar la seguridad en una experiencia emocional. De la Espriella ha replicado ese modelo en Colombia. En en el vídeo, el mandatario se refiere a “Tigre o Pintado”, uno de los cabecillas de la facción liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Está al frente de un grupo disidente de las desaparecidas FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016, opera en la Amazonía traficando con droga y controlando territorios. De la Espriella afirma en el vídeo que “ese narcoterrorista fue dado de baja”.

La difusión de las imágenes oficiales marca, quizás, un quiebre en la comunicación institucional de Colombia. La puesta en escena que muestra cadáveres de supuestos disidentes abatidos vulnera la dignidad de los muertos, señala el editorial publicado el viernes en el diario colombiano El Espectador.

En la misma línea, expertos y observadores han recordado en los últimos días que existen otros métodos eficaces para comunicar el éxito operativo de las fuerzas de Colombia. Se trata de estrategias que respetan el marco ético, evitan el terreno de la venganza y se ciñen estrictamente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe la instrumentalización de los cuerpos de las personas desarmadas o caídas en combate. Ariel Ávila, analista de seguridad y de derechos humanos opositor, resumió: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó este jueves lo que ya era una sospecha: el contingente militar de rescate enviado por México no pudo desplegarse en Colombia. El portazo administrativo frena la ayuda en una semana donde el terremoto que sacudió al suroccidente del país ya suma 288 muertos, 202 desaparecidos y más de 45.000 familias afectadas. Deja además 4.018 personas heridas, así como 354 rescatadas de entre los escombros.

El nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella bloqueó el ingreso de la brigada alegando la falta de un aval internacional: una certificación técnica que los rescatistas en realidad sí poseían y que se constató horas después. Se trata de una criba burocrática impuesta a un país gobernado por la izquierda, en un repentino giro diplomático que contrasta con la inmediata apertura de Bogotá hacia las delegaciones de Estados Unidos, Israel o El Salvador.

El consultor en gestión del riesgo y exsubdirector de la Unidad Estatal de Emergencias, Juan Carlos Orrego, resume a elDiario.es la primera regla del oficio con un lema que hoy suena lejano: los desastres no se deben gestionar políticamente. El Gobierno de Abelardo de la Espriella hizo exactamente lo contrario en su primera semana al mando. El miércoles, el canciller Omar Bula aseguró en rueda de prensa que la selección de rescatistas internacionales obedecía a criterios rigurosos y sin ideología. Su mapa de ayuda, sin embargo, calcó de forma nítida el bloque de aliados del nuevo Ejecutivo. La decisión desafía la lógica humanitaria universal: en una catástrofe, el socorro lo dictan las necesidades del terreno y no las simpatías de la diplomacia.

Frente a las cámaras, Bula sostuvo el libreto oficial: el manejo de la emergencia carecía de cualquier consideración política. Los técnicos mostraron que la realidad era otra. El criterio, además, cambió en menos de veinticuatro horas. El martes, Javier Pava, cercano al expresidente Gustavo Petro, aún dirigía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en interinidad bajo una lógica logística. Tenía activados 20 de los 23 grupos de rescate del país en las ciudades de Pereira, Cali y el departamento del Chocó, tres de los puntos más afectados. Su balance de esa tarde era el de un técnico que sabía sus horas contadas en el cargo: la capacidad nacional daba abasto para la búsqueda y no hacían falta grandes contingentes extranjeros sobre los escombros. Pero la foto de la tragedia cambió con el paso de las horas.

Hasta la tarde del lunes el único vacío real era de coordinación, un asunto de un software faltante para unificar las frecuencias de radio y planificar los cuadrantes de búsqueda donde encajaba con precisión un ofrecimiento de Estados Unidos que fue aceptado de inmediato. Pero a los dos días la logística cedió su lugar a la geopolítica. Con el desembarco de David Tamayo en la dirección de la Unidad por orden del nuevo Ejecutivo de extrema derecha, el abanico internacional se redujo de golpe a una lista exclusiva: Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. Los cuatro mandatarios detrás de esos envíos (Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Nayib Bukele y Daniel Noboa) coinciden con el bloque de aliados ideológicos que habían arropado a De la Espriella el 7 de agosto en su toma de posesión en Cali, la tercera ciudad del país y hoy uno de los epicentros de la catástrofe.

El expresidente de izquierdas Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, lo dijo en X sin rodeos: poner un filtro ideológico a la ayuda internacional es un error. Y celebró la llegada por su propia cuenta de otros grupos de rescatistas mexicanos que han ido desembarcando en Colombia.

Para justificar la criba, Tamayo se apoyó en el sello de INSARAG, el sistema de Naciones Unidas que clasifica a los equipos de rescate de élite. La coartada técnica, sin embargo, exhibió pronto sus costuras. Bajo ese mismo estándar internacional, Bogotá aceptó al contingente de El Salvador, con una única unidad internacional, pero bloqueó a México, cuya brigada acumula misiones en 98 países y un largo historial en seísmos. Y a los rescatistas mexicanos se les exigió un requisito adicional: una certificación imprevista que la propia presidenta Claudia Sheinbaum desconocía.

La internacionalista Sandra Borda expuso la contradicción oficial al difundir en X el directorio regional de INSARAG. En el registro de Naciones Unidas figuran los equipos acreditados de la región, incluido México, desmantelando el argumento de la falta de avales técnicos. Presionado por la evidencia, Tamayo cambió la narrativa y esgrimió un motivo estrictamente operativo: los contingentes extranjeros ya no llegaban a reforzar la búsqueda, sino a relevar a los rescatistas colombianos tras jornadas consecutivas de trabajo.

Orrego pone sobre la mesa un matiz: el criterio de exigir la clasificación internacional a los equipos de rescate le parece correcto. Es un estándar técnico, público y verificable, remata. El error del nuevo Gobierno, sostiene, no radicó en el rigor del sello, sino en su ceguera frente al terreno. Mientras la diplomacia se enredaba en disputas de aduana con los contingentes extranjeros, Colombia dejaba sin activar a buena parte de sus propios bomberos locales, desviando el debate hacia donde no hacía falta.

El experto distingue dos realidades operativas en esta catástrofe. El rescate en el precario y olvidado departamento del Chocó, con estructuras ligeras de madera, requiere brazos y logística básica. El escenario en Pereira, la capital departamental y mejor acomodada, en cambio, con edificios colapsados y sobrevivientes atrapados en espacios confinados, exige herramientas hidráulicas de alta tecnología para cortar piezas de concreto y varilla, además de personal altamente especializado. En su opinión, desplegar cientos de soldados extranjeros para realizar tareas que pueden ejecutar los propios ciudadanos carece de sentido logístico. Convocar unidades de élite, remata el experto, sí es necesario.

Everardo Murillo, director ejecutivo durante la reconstrucción del terremoto de Armenia, en el Eje Cafetero (1999), evoca la experiencia humanitaria con una imagen exacta: ante un incendio, un bombero arroja el agua donde el fuego está más vivo, no donde la gente votó por él o por su jefe. “Ni usted ni yo sabemos a quién está sacando un rescatista de esos escombros al costo de su propia vida”, advierte en conversación con elDiario, al recordar que bajo las placas colapsadas puede estar un familiar, un vecino o un desconocido que solo pasaba por allí. Ese impulso solidario, concluye, es el único patrimonio real de una sociedad en crisis: salvar una vida sin detenerse antes a preguntar por el color de su militancia.

El último dictamen no apunta a los despachos de Bogotá ni de Ciudad de México, sino a las poblaciones que quedaron fuera de la foto oficial. Lo advierte el exdirector nacional de Gestión del Riesgo y Premio Sasakawa de las Naciones Unidas, Omar Darío Cardona: mientras el país se desgasta discutiendo la bandera de las brigadas de rescate, hay municipios periféricos que siguen incomunicados y sin vías de acceso tras el terremoto. Él centra su crítica en una carencia estructural mucho más profunda: la falta de idoneidad institucional y la alarmante incapacidad para aprender de las lecciones de catástrofes pasadas. Recuerda, así mismo, que atender una emergencia siempre es un desafío extremo y ningún Estado está blindado. Por ello la diferencia radica en no transformar la urgencia del terreno en una tarima política.

Abelardo de la Espriella ha tenido un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, ha causado más de 200 muertes hasta el momento y ha obligado a declarar la emergencia nacional. El desastre también ha empezado a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.

Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que ha heredado del Gobierno de Petro.

Lo cierto es que la respuesta inmediata de la UNGRD ha sido eficaz. A las pocas horas del terremoto del lunes, los equipos de rescate ya trabajaban en las labores de desescombro y los servicios de urgencias seguían los protocolos establecidos. Lo que está bajo la lupa de los expertos son los pasos siguientes: quién dirigirá la operación y qué nivel de coordinación habrá entre las dependencias del Estado.

Omar Darío Cardona, veterano ingeniero civil que dirigió la Unidad de Emergencias, recuerda la lección que le dejó el gran seísmo de 1994, que sepultó bajo el lodo el suroeste del país. Mientras buscaba noticias de las localidades cercanas al epicentro, se topó con un muro de silencio absoluto. “Me decían que nadie reportaba daños”, rememora para elDiario.es. “Y era precisamente porque no tenían cómo comunicarse: se había venido abajo la iglesia, se había derrumbado la alcaldía y el pueblo entero había quedado sepultado”. Aquel silencio no era sinónimo de calma, era la peor de las señales.

La UNGRD, encargada, por ejemplo, de decidir a qué municipio llegan primero las ayudas, afrontó el terremoto del lunes sin un jefe titular. Mientras el presidente De la Espriella se puso al frente del puesto de mando unificado, ofreció balances sobre las víctimas y viajó a las zonas afectadas, el organismo técnico continúa bajo el control interino de un funcionario del Gobierno anterior. Su relevo, anunciado por el nuevo Ejecutivo en julio, no ha tomado posesión.

La gestión de catástrofes, poco presente

Por eso algunos analistas alertan de que la gestión de catástrofes y la agenda climática ha ocupado un lugar marginal en la bitácora del nuevo Gobierno desde la campaña electoral. De hecho, en el discurso de investidura, pronunciado el 7 de agosto en Cali, apenas se mencionaron. La explicación es política e ideológica: como parte de su programa para recortar ministerios y organismos públicos, en un plan de austeridad y reducción del Estado, el mandatario había incluido la supresión de la UNGRD y su fusión con otra entidad. Tres días después, la realidad ha dinamitado la idea.

Además, los ministros recién nombrados carecen de experiencia en la gestión de desastres. Juan Carlos Orrego, ex subdirector de la UNGRD, lo confirma: “Tienen muy poco entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones”, dice. “Y la posibilidad de perderse en estas coyunturas es considerable”.

En una catástrofe, la emergencia exige un orden milimétrico. Las primeras horas pertenecen exclusivamente al rescate y los asuntos de sanidad; después llega el turno de restablecer las comunicaciones, el agua y los albergues; finalmente, se evalúa si los edificios que resisten el sismo aguantarán las réplicas. Cada fase tiene su propio compás.

La verdadera prueba para el nuevo Ejecutivo, coinciden Orrego y Cardona, no será estas semanas, sino en los próximos meses. Levantar un país destruido es una hoja en blanco donde Colombia ya suma un historial de errores burocráticos: tras el gran terremoto que asoló la región cafetera en 1999, el censo de daños tuvo que repetirse seis veces en dos años porque las cinco primeras estimaciones fueron inexactas. Se aprendió a base de errores.

La paradoja es que esa misma experiencia, forjada a golpe de tragedias, ha convertido al sistema colombiano en un referente respetado en el exterior. En un informe reciente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca a Colombia como modelo regional de gobernanza del riesgo, con su Unidad Nacional en el centro de una red de 178 ciudades que trabajan en resiliencia. Es una política de Estado, anota el informe, levantada a lo largo de décadas, que ha sobrevivido a Gobiernos de todos los signos. Cardona, que dirigió esa oficina, la cuenta entre sus fortalezas.

Sin embargo, la institución también arrastra una profunda herida estructural al haber sido utilizada de manera crónica como botín político por distintos gobiernos. De hecho, en el sector se asume que ninguna Administración se ha librado de un escándalo de corrupción ligado a esta oficina y, bajo el mandato de Gustavo Petro, tocó techo con un caso que hoy sigue en los tribunales.

Esa es la doble amenaza que preocupa a los expertos: la entidad vive atrapada entre el clientelismo rapaz y la politización.

Llamamiento a la unidad

Lo cierto es que hasta el mediodía de este martes en Colombia, el balance oficial era de al menos 240 muertos. Se trata de una cifra que no ha dejado de aumentar con las horas, y graves daños estructurales en cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. Tres de ellas, las que conforman la región del Eje Cafetero, en el centro del país, ya habían padecido tragedias parecidas.

El gran terremoto de Armenia en 1999 mató a 1.185 personas y obligó al país a construir bajo estrictas normas sismorresistentes. Mucho antes, en 1983, la ciudad de Popayán se había venido abajo un Jueves Santo dejando más de 250 víctimas mortales. Ya en este siglo, las catastróficas inundaciones de 2010 anegaron la mitad del territorio.

En Cali, la tercera ciudad del país y una de las más golpeadas por el terremoto, el presidente De la Espriella ha escenificado una tregua política este martes. Mientras los equipos de rescate retiraban toneladas de tierra y hormigón, el mandatario ha apelado a la unidad nacional: “Aquí no hay divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestra gente; solo hay una bandera, la de Colombia”.

El desastre ha evaporado así el sectarismo de las semanas previas, cuando el propio presidente congeló el traspaso de carteras descalificando al anterior Gobierno progresista. Hoy, la gestión operativa de la peor tragedia de la década depende de que la realidad aterrice en los despachos oficiales: frente a los escombros y la zozobra ciudadana, ya no hay margen para pulsos políticos y la maquinaria del Estado debe funcionar a una sola marcha.

El terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia la mañana de este lunes, el peor en lo que va de siglo, ha tenido su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. El 70% de todos sus habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (132 euros al mes por persona al cambio actual). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 374 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.

En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha confirmado más de 100 muertos y 570 heridos (cifra que ha ido aumentando a lo largo de este martes). Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha confirmado a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se han registrado severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera occidental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.

Saulo Guerrero, un operador turístico de 43 años, relata a elDiario.es desde Quibdó, a través de WhatsApp, que las redes móviles colapsaron tras el sismo. “Nunca había sentido un temblor tan fuerte; es una tragedia. Estaba en el tercer piso de mi casa y bajé corriendo. La ciudad está colapsada, la gente está convulsionada buscando a sus familiares y me reportan la caída de edificios en algunos sectores”, detalló. Asimismo, el testigo añadió que su vivienda en la capital del Chocó no sufrió daños materiales debido a que es una construcción reciente y cuenta con bases sólidas.

Las consecuencias del seísmo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó ha suspendido por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se ha extendido con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también han interrumpido sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto tuvo una profundidad de 103 kilómetros, una profundidad que atenuó su energía al llegar a la superficie y que, sin embargo, es el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.

Una realidad opuesta se vivió en el hogar de Dionilde Mosquera, ama de casa de 46 años, donde los peores momentos de pánico los sufrió su hija de 19 años, Eilen Rivas. “Ella entró en estado de shock y quedó paralizada. No reaccionaba. A su hermano le tocó jalarla y llevarla a la calle porque no se podía mover. Toda la tarde ha estado con dolor de cabeza y tensión alta”, relató Sánchez. Los efectos del terremoto dejaron su inmueble con múltiples grietas y derribaron la pared de una de las habitaciones: “Esta noche pienso dormir donde una vecina porque me da mucho miedo”. Para colmo de males, a las 16:00 horas la temperatura rondaba los 33 grados con una alta humedad: “Estamos sin luz, a oscuras y hace un calor sofocante”, remató.

El terremoto ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.

De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierdas en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. La suspensión del empalme ha dejado incompleto el traspaso de información entre ambos gobiernos, justo cuando el nuevo Ejecutivo enfrenta su primera gran emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas ha tenido margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.

Los otros focos de la destrucción se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Cali, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos.

Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella ha decretado el estado de emergencia y ha anunciado mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se desplazó a Quibdó, capital departamental con 143.000 habitantes, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.

El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, ha exigido a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas.

El terremoto sorprendió a Virginia Córdoba, de 48 años, a las 7:34 de la mañana (las 14.34 en Madrid), justo cuando se preparaba para salir hacia su oficina en la Cámara de Comercio de Quibdó. En segundos, la primera planta de su vivienda alquilada se desplomó. Hoy, las paredes agrietadas y unas vigas de madera apenas sostienen el techo de lo que queda en pie. El pánico es generalizado entre los vecinos, cuyas casas también sufrieron graves daños. “No pienso acostarme esta noche en mi cama. Nadie por acá quiere entrar a las casas”, confiesa Virginia, quien pasará la noche a la intemperie junto a su familia.

Los nervios y el bloqueo de vías por escombros le han impedido abastecerse de alimentos. Aunque sus familiares directos resultaron ilesos, la casa de una tía quedó destruida. El balance personal es desolador: Virginia aún desconoce el estado de su lugar de trabajo y lamenta la muerte de un conocido mientras espera noticias de varios desaparecidos.

Horas después del seísmo, el presidente De la Espriella anunció un subsidio de arriendo para los chocoanos damnificados. Mientras tanto, en San José del Palmar, epicentro de la tragedia y un municipio de 5.000 habitantes cuya economía basada en el cacao, la ganadería y un fruto llamado chontaduro pende de un hilo, el panorama es crítico. Su alcalde aseguró al diario El Tiempo que de momento no se han registrado fallecidos. Declaró, así mismo, que la única vía de acceso quedó sepultada por deslizamientos de tierra. Cifró en unas 400 las viviendas afectadas y en una veintena las estructuras colapsadas. Además, la falta de señal telefónica ha impedido la comunicación en uno de los puntos más golpeados de la zona y donde viven cerca de 3.000 personas.

Las tres páginas del programa de Gobierno del presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, omiten la palabra “desigualdad”. Aunque sus propuestas mencionan la pobreza rural, el hambre, la exclusión financiera o la informalidad laboral, no profundizan en por qué una nación con medio siglo de crecimiento casi sostenido sigue arrastrando una de las mayores brechas sociales del planeta (la cuarta, según el Banco Mundial). Su hoja de ruta para los próximos cuatro años es, sin buscarlo, un manifiesto revelador: resume con fidelidad la manera en que las élites colombianas han entendido tradicionalmente el progreso del país.

¿Cómo explicar entonces la peculiaridad de un Estado que ha resistido las tentaciones autoritarias, pero no logra desprenderse de las desigualdades o de una violencia que se renueva generación tras generación? El libro ¿Quién manda en Colombia? (Mediapluma Editorial, 2026), de los académicos Jenny Pearce (Inglaterra, 1956) y Juan David Velasco Montoya (Colombia, 1990), ofrece un debate poco complaciente. Sus autores rechazan la idea de que se trate de una paradoja histórica. En su lugar, hablan de una “singularidad”. Para sostenerlo, dedicaron cinco años a desentrañar quiénes son las élites colombianas, cómo han ejercido el poder y qué idea de nación han impuesto.

Una de las raíces de su investigación consistió en resolver por qué en Colombia la pobreza está mejor cartografiada que el poder. Mientras existen mapas detallados de la miseria y diagnósticos minuciosos de la exclusión, el perfil de quienes han moldeado el país ha pasado desapercibido. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los seis individuos más ricos del país y por qué su patrimonio equivale al 12% del PIB nacional?

Para romper ese y otros vacíos, Pearce y Velasco Montoya, los dos vinculados a la London School of Economics, identificaron a 932 personas en sectores políticos, empresariales, gremiales o judiciales, junto a 119 familias con el poder de alterar el rumbo de una nación de 50 millones de habitantes. Muchos de ellos rechazaron hablar. No sorprende: mencionar la palabra “oligarquía” o las cifras de concentración de la riqueza aún incomoda (el coeficiente de Gini oficial, que mide la desigualdad, llega a 0,89 sobre 1 en la tierra y a 0,657 sobre 1 en el ingreso de los hogares).

elDiario.es conversa con los autores por separado: con Pearce, que ha investigado la violencia en América Latina, mediante una videollamada que atiende desde la costa inglesa. El encuentro con Velasco, politólogo e investigador de la Universidad Javeriana, se da una mañana de un día festivo en un café de Chapinero Alto, en Bogotá. Ambos coinciden en el diagnóstico esencial: las élites colombianas no ignoran su papel en la construcción del país con sus virtudes y sus fracturas.

Proteger los privilegios

Los autores señalan que, en general, cada vez hay más consciencia en torno a la realidad que, en buena medida, han forjado. Por eso, Pearce precisa que el nudo gordiano no es la ausencia de propuestas de reforma, que las ha habido desde las élites, sino la pregunta de por qué aquellas que eran viables y deseables terminaron fracasando. La respuesta, advierte la autora, no apunta a una disfunción accidental del Estado colombiano, sino a un sistema que funciona a la perfección para quienes lo han controlado. Cada vez que una iniciativa política ha amenazado con corregir problemas de fondo, la reacción de los sectores dominantes ha sido la misma: cerrar filas para proteger sus privilegios.

Lo anterior no es un diagnóstico aislado. Desde los años veinte del siglo pasado, Colombia ha intentado democratizar la tenencia de la tierra —motor histórico del conflicto armado—, descentralizar un Estado hiperconcentrado en Bogotá o desactivar circuitos institucionales que limitan la participación ciudadana (como impulsar la educación pública de calidad). Esos intentos, sin embargo, se toparon siempre con un techo. Por eso la llegada al poder de Gustavo Petro, como primer presidente de izquierda, fue singular, aunque tampoco escapó a las lógicas de resistencia estructural.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Juan David Velasco Montoya — Autor del libro '¿Quién manda en Colombia?'

Tras cuatro años marcados por el desgaste de sus reformas, en general fallidas, y por transgresiones simbólicas —como gobernar a golpe de tuit o romper etiquetas tradicionales—, el electorado volvió a virar: el pasado 21 de junio, en la segunda vuelta más ajustada de la historia reciente del país, el derechista radical De la Espriella se impuso por menos de un punto porcentual.

El ADN conservador reaccionó contra un posible segundo Gobierno de izquierdas en línea. “Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía”, resume Velasco. ¿En qué consisten? Los académicos detectan —a lo largo de casi 800 páginas— tres palancas históricamente intocables para las distintas “constelaciones de élites”: la propiedad de la tierra, la tributación progresiva y el monopolio de la fuerza. “La historia de Colombia es la posposición indefinida de cambios sociales necesarios”, se lee en el libro.

Contener la miseria extrema

La investigación revela, en todo caso, que las élites colombianas no conforman un solo bloque monolítico. Ha habido voces progresistas. Petro, que además estuvo tres legislaturas en el Congreso, es una de ellas. Y, por momentos, han logrado abrir válvulas de escape para descomprimir el sistema. Un hito de esta apertura fue la Constitución de 1991, que integró al sistema político a la guerrilla del M-19, donde militó el presidente saliente, y creó una Corte Constitucional garante de los derechos de las minorías. Dos décadas más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) desafió la ola militarista de inicios del milenio con un proceso de paz con las FARC, el grupo insurgente más poderoso, que estableció un sistema de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia.

Sin embargo, esos esfuerzos, advierten los autores, han sido limitados. Las élites se han concentrado en defender con firmeza la seguridad jurídica de la propiedad y de los contratos, han preservado una macroeconomía sólida a ojos de los organismos multilaterales y han mantenido una subordinación sin fisuras a las políticas de Washington. Al mismo tiempo, han mostrado escaso interés en construir el bienestar que, en Europa occidental o en parte del Cono Sur, ha facilitado acelerar la movilidad social. El resultado: crecimiento sostenido del PIB en términos históricos que nunca ha desembocado en el viejo anhelo liberal de un Estado social de derecho de verdad equilibrado.

Ese espejo un tanto roto obedece a una hoja de ruta ideológica deliberada que los autores trazan con claridad. El modelo vigente, consolidado durante las dos presidencias de Álvaro Uribe (2002-2010), unió ortodoxia neoliberal y programas asistenciales focalizados hacia poblaciones vulnerables. Pero, una vez más, no buscaba ampliar derechos universales, sino contener la miseria extrema. Al igual que en otras democracias, los autores analizan cómo una serie de decisiones políticas y económicas se afianzó a través del lenguaje neutro de la tecnocracia, presentándose como la única fórmula de gestión política posible y no como una opción más entre varias.

Blindaje securitario y alivio financiero

En Colombia opera una paradoja: las élites políticas y gremiales que han controlado el poder han carecido de una visión compartida de país, según la investigación. Ante la ausencia de un proyecto nacional predomina lo que Velasco llama “unidad en la dispersión”: acuerdos básicos para garantizar la estabilidad económica y la viabilidad del Estado. Detrás de ese consenso formal, subyace una tensión permanente entre diferentes facciones que se alternan en el poder según el momento político.

Esta disputa soterrada, según el libro, se dirime en tres tableros. Primero, una confrontación programática sobre las visiones de progreso económico y social. Segundo, un debate de fondo sobre la representatividad nacional entre la ciudadanía liberal, la movilización popular o la concepción conservadora de la patria. Tercero, y más cruento, el de la paz y la seguridad. En este terreno, la falta de acuerdo para cerrar el conflicto armado ha perpetuado una suerte de doble moral: frente al narcotráfico coexisten la retórica oficial de la guerra frontal con la tolerancia pragmática o la complicidad a distintos niveles de la sociedad.

También existe un factor tangible detrás de esa indiferencia que rara vez se señala: la guerra interna colombiana apenas alcanzó a las élites. “El conflicto armado afecta de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres, a mujeres, minorías étnicas y campesinos que habitan zonas rurales y periferias urbanas”, explica Velasco. Salvo contadas excepciones, la violencia esquivó el cuerpo de quienes concentran el poder económico y político.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Juan David Velasco Montoya — Autor del libro '¿Quién manda en Colombia?'

Y si bien es cierto que hubo momentos de ruptura —como la ofensiva del cartel de Medellín entre los ochenta y los noventa, o la oleada de secuestros contra terratenientes y ganaderos—, las estadísticas desmitifican el alcance general de esos episodios. Los datos del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son tajantes: el grueso de las víctimas de secuestro perteneció a comerciantes, trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. En definitiva, el golpe recayó sobre la clase media urbana y rural y no sobre las rentas más altas.

Al blindaje securitario de los estratos altos se suma el alivio financiero y humano. El esfuerzo bélico en Colombia no desangró los bolsillos ni los hogares de renta más alta. Por un lado, una parte sustancial del financiamiento militar provino de la cooperación internacional, en particular de Estados Unidos. Por otro, tal como recuerda Velasco, las familias dominantes consiguieron esquivar históricamente que sus hijos cumplieran, por ejemplo, el servicio militar obligatorio.

Con todo, pase lo que pase con el nuevo proyecto político bautizado como “Patria Milagro” de De la Espriella, Velasco insiste en que algo ya ha cambiado de manera irreversible. El presidente Petro puso a Colombia a debatir preguntas de fondo que el país jamás se había hecho en voz alta: si el crecimiento económico basta por sí solo para garantizar bienestar, si subir el salario mínimo es siempre nocivo o puede reactivar el consumo, si tiene sentido seguir dependiendo de la renta petrolera cuando el resto del mundo intenta desengancharse para migrar a otras fuentes de energía limpia.

Durante décadas, esos interrogantes ni se formulaban: la ortodoxia, consensuada por casi todo el arco político, los daba por resueltos de antemano. “No hay verdades reveladas en ninguna de estas discusiones”, concluye Velasco, “y eso es precisamente lo valioso: son debates que antes apenas existían porque había una unanimidad intelectual casi total”. En esta historia siguen presentes un centenar de familias acaudaladas o las élites gremiales que el libro retrata a fondo. Hoy, sin embargo, por primera vez en generaciones, medio país cuestiona aquellos mantras.

Rompiendo el molde de 134 años de centralismo bogotano, el penalista Abelardo de la Espriella, de 49 años, juró este viernes como presidente de Colombia en Cali, la tercera ciudad del país. Tras recibir la banda presidencial en un sobrio auditorio universitario, el escenario mutó al rigor marcial: el nuevo mandatario ultra se trasladó al Batallón Pichincha para pronunciar su primer discurso frente a una austera formación de gala. Los soldados, firmes a pesar de los 29 grados de la tarde caleña, asistieron en primera fila a una alocución de una hora y diecisiete minutos que marcó el inicio de su era con promesas tajantes y varios dardos a la herencia recibida del izquierdista Gustavo Petro: “He venido a cerrar un capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”.

Su llegada al poder es el triunfo de un forastero absoluto de la administración pública. Antes de enfundarse la banda presidencial, la vida de este caribeño criado en la norteña ciudad de Montería transcurrió entre el lujo de Miami, los litigios de criminales de alto perfil y una agresividad judicial que le valió el apodo de “El Tigre”. De la Espriella no necesitó carrera política: le bastó una plataforma radical que dejó tibio al tradicional Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe para sintonizar con la desafección de media Colombia. Así, en la segunda vuelta del pasado 21 de junio, logró una victoria sobre el oficialista Iván Cepeda con un residual 0,96% que, sin embargo, bastó para cambiar el péndulo del país.

Lo cierto es que la liturgia de la jura de De la Espriella estuvo llena de misticismo religioso. Rodeado de rabinos, pastores y obispos que se turnaron para bendecir su mandato, el nuevo presidente se cobijó bajo la mirada de unos 2.500 asistentes y una estatuilla de la Virgen María que presidió el escenario del auditorio universitario durante la primera parte de su investidura. Tras invocar a Dios y a Jesucristo en buena parte de su discurso, el mandatario cerró su intervención sobre las 18.55 (la 1.55 de la madrugada en Madrid) con un grito fervoroso: “¡Que viva Cristo Rey!”.

Esa frase no es una simple consigna en Colombia: es un eco que remite a la militancia católica radical y a los fantasmas de otros tiempos, cuando la batalla por la laicidad centró la violencia bipartidista de la primera mitad del siglo pasado. El discurso trazó una línea recta hacia las raíces del conservadurismo. Citó una y otra vez a Marco Fidel Suárez, presidente tradicionalista de 1918, rescatando su viejo mandato de proteger los fondos públicos bajo “siete llaves”. Y otro pilar de su relato fue el expresidente costeño Rafael Núñez, arquitecto de la Regeneración del siglo XIX. Con ello dejó claro el alcance de su ambición: prometió una réplica de aquella suerte de refundación moral, institucional, administrativa y económica diseñada para barrer de golpe con la huella de Petro.

Megacárceles en la Patria Milagro

Con una sola frase, De la Espriella dinamitó el legado de su antecesor en materia de seguridad. “La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció, sepultando el modelo de la “paz total” que Gustavo Petro armó como eje de su Gobierno para desmontar el reguero de grupos criminales que delinquen en la Colombia de hoy. De hecho, la ofensiva del ultraconservador apuntó más alto al prometer una revisión con “absoluto rigor” del tribunal especial que juzga desde hace poco más de una década los crímenes de la guerra en Colombia.

La maniobra sintoniza con una derecha colombiana que siempre ha descreído del pacto firmado con la guerrilla marxista en 2016. Un escepticismo que De la Espriella selló con un lacónico: “No habrá impunidad”. Con ese mismo tono tajante, el nuevo mandatario no esperó a pisar su despacho para ejercer el mando e impartió sus primeras directrices militares desde la tribuna. Revestido como comandante supremo ante las tropas del Batallón Pichincha, ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía combatir sin tregua a todas las estructuras criminales en una hoja de ruta que combinó la promesa inminente de una lista negra de “grupos narcoterroristas” con la edificación de megacárceles y un blindaje judicial diseñado para que los uniformados no sean perseguidos por actos de servicio.

De las órdenes de cuartel, el discurso saltó sin transiciones a los dogmas ultraortodoxos de la economía de libre mercado. De la Espriella se erigió como el guardián de la empresa privada: prometió firmar en cuestión de horas el decreto de congelamiento del desbordado gasto público, así como blindar la independencia del Banco de la República frente a las “tentaciones populistas”, en alusión al enfoque del Gobierno saliente. Para formarse una idea, adelantó que su cruzada fiscal incluye aliviar el impuesto al patrimonio, que grava las mayores fortunas del país, y reconfigurar el sistema tributario.

Pero el clímax de su oferta económica llegó al abordar el declive de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol, el mayor activo de la Nación que, según denunció, vio cómo sus ganancias se hundían de 32 a 9 billones de pesos entre 2022 y 2025 (de 8.000 millones de euros a 2.250 millones). ¿Su receta para resucitarla? Revertir de golpe la agenda verde y de descarbonización de su predecesor e inaugurar la era del fracking bajo un sello de “responsabilidad ambiental” que tendrá que justificar ante los tribunales que lo han prohibido.

Revanchismo ideológico

De la Espriella prometió que no impulsará cambios a la Constitución. Y que la lucha anticorrupción dejará de ser “una declaración de buenas intenciones” para convertirse en “un método permanente de gobierno”, con tecnologías de trazabilidad digital para vigilar el dinero estatal “desde su origen hasta su destino”. Su tono fue en ascenso. Y vino una advertencia contra el Ejecutivo saliente. Tras asegurar que su equipo documenta lo que llamó “el vasto entramado de corrupción” que deja el Gobierno de Petro, avisó de que llevará las pruebas ante tribunales nacionales e internacionales: “No habrá impunidad; no habrá escondite; a los corruptos no los despachamos con una simple condena moral”.

El anuncio chirrió con las garantías que él mismo había ofrecido minutos antes. El mandatario acababa de jurar que “nadie será perseguido por pensar distinto” y prometió no “atacar ni desafiar a los jueces”, pero dejó claro que volcaría la fuerza del Estado contra su antecesor. Por eso, mientras el presidente se despachaba en Cali, al suroccidente del país, la bancada del ahora opositor Pacto Histórico se plantaba en las escalinatas del Capitolio en Bogotá como señal de protesta. Desde allí, el progresismo acusó al Gobierno entrante de camuflar el revanchismo ideológico bajo la máscara de la justicia.

Desaires y desplantes

La pasarela de invitados dibujó el mapa ideológico del nuevo Gobierno: un retrato definido tanto por las lealtades como por los desaires de la jornada. Al amparo del rey Felipe VI de España, la primera línea en la arena universitaria la ocupó la plana mayor de la nueva derecha latinoamericana: el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el chileno José Antonio Kast. Entre monarcas y dignatarios se acomodó también el polémico presidente de la FIFA: Gianni Infantino.

No obstante, las sombras de la foto de familia también fueron evidentes: el desplante del izquierdista Gustavo Petro al esquivar la cita caleña y la meticulosa purga en la lista de exmandatarios colombianos. Aunque acudieron tres conservadores y un liberal, De la Espriella vetó explícitamente a Ernesto Samper (1994-1998), líder con posturas socialdemócratas y marcado por los escándalos de corrupción, y a Juan Manuel Santos (2010-2018), el arquitecto del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. La Casa Blanca, cuyo respaldo de Donald Trump había avalado abiertamente la campaña del ultra colombiano, prefirió restar peso diplomático a su delegación enviando al fiscal general interino Todd Blanche en lugar de a su secretario de Estado, Marco Rubio.

El nuevo presidente reivindicó su geografía caribeña. Sostuvo que ningún “hijo verdadero del Caribe” ocupaba el solio de Bolívar, el primer presidente del país, desde el XIX. Minutos antes, a su costado, había tomado juramento su vicepresidente, José Manuel Restrepo, el académico y exministro de Hacienda elegido para imprimir un acento ejecutivo al novel proyecto político del recién creado partido Defensores de la Patria. Fue entonces cuando el mandatario desarmó su perfil combativo para mirar a su familia. Agradeció a su esposa, Ana Lucía Pineda, y a sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, de cuatro años, cuyos brincos le quitaron algo de solemnidad a una ceremonia marcada por la publicidad con el lema de campaña: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

La ceremonia miró dos veces a España y sacó dos lecciones distintas. Mientras De la Espriella se apropió del mítico “puedo prometer y prometo” de Adolfo Suárez para sellar su compromiso de gobernar desde las regiones, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recurrió a la Transición como símbolo de conciliación. El jefe del legislativo, del derechista Centro Democrático, evocó el fin de la dictadura franquista para sugerir que el consenso debe primar sobre la trinchera. “El ejercicio político no se mide por la intensidad de las confrontaciones”, deslizó Henríquez ante un jefe de Estado que poco después, ya en la segunda parte del acto en el Batallón Pichincha, se presentaría ante sus tropas como ‘El Tigre’.

Y de paso le dejó una advertencia “en tono menor pero con firmeza”. No faltará, avisó Henríquez, quien aconseje al nuevo Gobierno “debilitar los partidos para imponer la voz oficial, lo que termina destruyendo la democracia y fortaleciendo el caudillismo”. La hizo con cortesía. Desde una bancada política que, a pesar de haberse declarado coalición de Gobierno, ya ha mostrado algunas fisuras con el presidente radical al que acababa de jurar.

Colombia pone fin al primer gobierno de izquierdas de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierdas, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.

Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Ha cumplido algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con dos expresidentes del Congreso en prisión y dos exministros acusados y en libertad a la espera de juicio, además de una denuncia de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.

En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.

Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 166 millones de euros (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.

Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.

No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una utopía: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.

El 10% del presupuesto

Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 10.700 millones de euros y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la consultora para Colombia del programa de Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.

El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se ha mantenido estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congreso de la República.

Se trata de un termómetro directo a la hora de entender uno de los nudos de esta historia. El Congreso peor evaluado del país, aunque renovado este año en las urnas y recién instalado el 20 de julio, sigue operando bajo las mismas dinámicas que lo desacreditan: financiación opaca de campañas, una fragmentación de partidos que encarece el precio de cada voto y el trueque permanente de contratos por respaldo político. No obstante, para la periodista Paula Bolívar, que destapó el desfalco de la UNGRD, esas redes van más allá del Capitolio.

El director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, dice a elDiario.es: “Lo novedoso [en el Ejecutivo saliente] no es el mecanismo, sino la escala”. Recuerda que Colombia ya dominaba el abecedario de la corrupción: la financiación irregular de campañas, la captura de entidades públicas, el clientelismo y el intercambio de contratos inflados por apoyos políticos. Pero en este cuatrienio, subraya el experto, la gravedad radica en que las piezas se articularon, por momentos, en un patrón más organizado.

“Si nadie paga, sale barato robar”

Bolívar, autora del libro de investigación El desastre de los decentes, define con nitidez el “oficio del corrupto” en Colombia. Su trabajo destapa un engranaje asentado en el corazón de ciertas dependencias del Estado, manejado por redes criminales que preceden al propio Petro. Según Bolívar, este entramado cuenta con su propia normalidad laboral: desde reuniones de contabilidad y el reparto de comisiones a contratistas, hasta visitas sigilosas entre parlamentarios y actores privados. Se trata de un sistema blindado por la connivencia empresarial, marcado de vez en cuando por las mafias, y que incluye sus propios mecanismos de previsión: dentro del botín, los implicados reservan la cuota necesaria para costear la defensa jurídica y asegurar su libertad “en caso de que los agarren”.

Para entender por qué se reproduce este flagelo, hay que asomarse a la arquitectura política colombiana. A diferencia de España, el modelo es presidencialista: el Ejecutivo es elegido por sufragio directo, goza de un mandato fijo de 4 años y no depende del Parlamento para sostenerse, aunque sí necesita mayorías legislativas para aprobar cada reforma. Por eso, al verse obligado a forjar esos respaldos desde fuera, sin la disciplina que aporta una coalición previa sólida, el Gobierno debe negociar en un tablero atomizado: una veintena de partidos con representación en el Congreso, alianzas frágiles y ningún bloque hegemónico.

El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención

Camilo Enciso — Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

Ese diseño no es nuevo. Desde hace décadas, cada cuatro años se repite el mismo desfile de cargos públicos salpicados mientras el Congreso se niega a tocar los mecanismos para blindarse del desvío de dinero o de fondos sucios. La financiación electoral sigue siendo opaca y la laxitud de los organismos de control, según Enciso, “eleva la impunidad y reduce el coste esperado de la corrupción: si nadie paga, sale barato robar”. Así, las cloacas denunciadas por Bolívar permanecen intactas: los escándalos estallan en la prensa, encienden la indignación y terminan durmiendo en juzgados saturados mientras la sociedad asume la factura.

Un bloque de búsqueda

Contra ese engranaje mide, a partir de este viernes, sus fuerzas el ultra Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia de Colombia. El mediático penalista de 49 años ha convertido la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su discurso. Su apuesta pasa por una herramienta inédita: un bloque de búsqueda especial subordinado a su mando directo para perseguir los desfalcos mediante inteligencia financiera, policía judicial y procesos exprés de embargo de bienes. “Aquí no se va a tolerar la corrupción”, dijo el 20 de julio en Medellín, reiterando lo que ya había resumido semanas antes: “Aquí nadie tiene corona”.

Para Enciso, la iniciativa puede ser útil, pero no debe confundirse con una política anticorrupción. “El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención”, sostiene. Sin reformas estructurales, advierte, un órgano supeditado directamente al presidente se expone a la politización: el peligro de seleccionar los casos por conveniencia política, contra el Gobierno saliente u opositores, mientras se obvian otros. Adriana Romero coincide y anticipa en la propuesta el enfoque previsible de un penalista: castigar el delito cuando ya se ha cometido, en lugar de evitar que ocurra.

Frente a los operativos de choque del nuevo presidente, sin embargo, existe un camino menos vistoso. Romero apunta a reformas de calado que ya encadenan una década congeladas, o encalladas, en el Congreso: la protección legal a los denunciantes, la regulación de grupos de presión o lobbies y la obligación de transparentar qué nombres se esconden detrás de las empresas que contratan con el Estado. Son medidas silenciosas, sin embargo, advierte la analista, son pilares básicos sin los cuales cualquier bloque de búsqueda estará condenado a perseguir el humo.

Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto

Paula Bolívar — Periodista de investigación

La caída del dominó que ha sacudido al país desde febrero de 2024 comenzó con un hilo sutil: la llamada de un ciudadano desde La Guajira, la olvidada península desértica, al extremo norte de Colombia, donde los niños indígenas mueren de sed. El Estado había enviado una flota de camiones cisterna para mitigar la sequía, pero los vehículos permanecían averiados, inservibles. Era un monumento al abandono. Cuando Paula Bolívar decidió investigar aquel rastro, casi nadie recordaba la existencia de la oficina nacional encargada de socorrer las emergencias del país. Tirar de aquella manta desveló el saqueo. “Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto”, concluye la reportera.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 49 años, asumirá la presidencia de Colombia este 7 de agosto con una inédita investidura en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Respaldado por 12,9 millones de votos, pero sin bancada propia en el Congreso. Su mandato arranca en un ambiente de crispación política: el proceso de empalme institucional con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro quedó roto por las peleas entre ambos. Y, aunque los choques con la izquierda estaban previstos, la verdadera sorpresa radica en las fisuras dentro de su propia coalición, evidenciadas en algunos desencuentros con la derecha tradicional del expresidente Álvaro Uribe.

La cronología es la siguiente: dos días después de la segunda vuelta presidencial, incluso antes de que se oficializara el triunfo del radical, el Centro Democrático se declaró “partido de Gobierno” y le entregó a De la Espriella una lista de prioridades legislativas. La colectividad de Álvaro Uribe, con una bancada consolidada de 47 congresistas entre Senado y Cámara, ratificó así una alianza parlamentaria que ya se daba por descontada desde la campaña.

Pero la armonía duró poco. La primera derrota política del presidente electo llegó antes de su investidura. Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, la presidencia del Senado quedó en manos de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y no de Alfredo Deluque (Partido de la U), la ficha respaldada por De la Espriella. Por tradición, el cargo correspondía al uribismo como fuerza mayoritaria de la coalición oficialista. Y aunque el ‘Tigre’ intentó romper esa norma no escrita para imponer a su favorito, el pulso terminó en fracaso.

De hecho, las advertencias de Uribe no se hicieron esperar. Si bien reiteró su apoyo a las iniciativas del nuevo Gobierno que coincidieran con sus principios, también lanzó una pulla con su sello: “Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas laboriosas”. Lejos de retroceder ante el exmandatario, el presidente electo replicó y redobló la apuesta con una frase política: “Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres, pero los tigres no detendrán la marcha por esa tontería”.

La vieja guardia resiste

La fisura en el bloque derechista, sin embargo, no es de momento programática. En seguridad, economía o el desmantelamiento de la obra de Petro, las coincidencias son casi absolutas. La batalla se libra en otro terreno, menos ideológico y más pragmático: una disputa por la hegemonía y el control del poder.

El politólogo Yann Basset lee el conflicto como una grieta generacional en la derecha. En una orilla resiste la corriente tradicional, con Uribe como pilar, a sus 74 años. En la otra, emerge una facción radicalizada, cercana al libertarianismo, que mira a Trump, Bukele o Milei, y que ya no necesita la bendición del expresidente. De la Espriella, al mando del joven movimiento Defensores de la Patria, reclama la jefatura de este nuevo orden. Por eso el nudo se halla en la pugna por el liderazgo entre dos vertientes de una misma familia que se necesitan, pero no siempre hablan el mismo lenguaje.

Salvado el terreno ideológico, la distancia es sobre todo de formas. Camilo Cruz, politólogo de la Universidad del Valle, resume que se trata del choque entre una fuerza institucional y una emergente. El Centro Democrático, añade, opera como una maquinaria hecha al consenso parlamentario: doce años de partido y toda la experiencia del uribismo en un Congreso donde casi todo se negocia mediante pactos, transacciones y clientelismo. De la Espriella, en cambio, irrumpe como un advenedizo que aspira a prescindir, en lo posible, de esa diplomacia y se presenta con un tono que promete confrontación cuando las cosas no fluyan.

Basset añade un factor sociológico. Al volverse un partido tradicional, el Centro Democrático se elitizó, pasó de aquella gran base popular que adoraba a Uribe a comienzos del milenio a convertirse en una fuerza urbana de clase alta. De la Espriella entendió el vacío y recogió a esa parte de la militancia de derecha popular que el uribismo dejó ir.

El conflicto cultural

Discursos, publicaciones en redes y el ajedrez de los ministerios han sido los termómetros habituales para medir el rumbo de la nueva derecha. Sin embargo, la politóloga Laura Wills, de la Universidad de los Andes, sugiere afinar la mirada hacia el terreno cultural. A su juicio, el gabinete de De la Espriella carga una impronta mucho más religiosa y doctrinaria que la del uribismo histórico. De hecho, ya existe una agenda de recortes a conquistas sociales que se consideraban consolidadas —como el derecho al aborto, la educación laica o los asuntos de género—. Es una lectura prudente, pero que asoma un dilema inevitable: descifrar si la retórica del Gobierno entrante marca una ruptura real con el pasado y si la coalición oficialista terminará partida entre la vieja guardia y la nueva extrema derecha.

El retrato se complica al mirar los pilares que llevaron a De la Espriella al poder. Las fuerzas que lo respaldaron son heterogéneas: junto al Movimiento de Salvación Nacional —un claro escudero que, pese a contar con apenas cuatro congresistas, aporta el sello radical de una colectividad familiar de honda cultura católica y férrea defensa del orden— conviven estructuras regionales y barones electorales de corte más moderado. De ahí que los analistas aguarden con paciencia a ver cómo compaginará su retórica extremista con una coalición que, en la práctica, empuja de vez en cuando hacia el pragmatismo.

Ninguno de estos dilemas tiene un final escrito. En una Colombia bajo un sistema presidencialista, con fortines regionales fragmentados, altas cortes diversas, gremios y sindicatos, mover las líneas del poder es una tarea titánica. La primera incógnita apunta a si el presidente electo usará el poder para arrastrar a la derecha tradicional hacia sus tesis radicales. O si la necesidad de coalición moderará su discurso. La segunda duda recae en el uribista Centro Democrático: si optará por endurecerse para evitar ser absorbido o si terminará abrazado al ala fuerte.

Para el analista Gustavo Duncan, de la universidad EAFIT de Medellín, el primer gran reto de De la Espriella no es constitucional, sino aritmético: armar mayorías en el Congreso. Más allá de su promesa de respetar la Constitución de 1991, el verdadero peligro radica en que, ante la falta de apoyo legislativo, el mandatario opte por gobernar a golpe de decreto en materias que exigen reformas de fondo, en la misma línea de Petro. En todo caso, su margen de maniobra es corto.

Entre Fujimori y Bolsonaro

El politólogo Camilo Cruz matiza incluso la etiqueta ideológica y prefiere hablar de “nueva derecha” antes que de “ultra” a la hora de referirse al presidente electo. Para sustentarlo, identifica una combinación de personalismo, negacionismo climático, batalla cultural, religiosidad y descalificación del adversario. Propone, además, una imagen que ilustra el relevo político mejor que cualquier fecha: Uribe se miró siempre en la derecha latinoamericana de su generación (Fujimori o Collor de Mello), mientras que De la Espriella se proyecta en la de la suya (Milei, Bukele y Bolsonaro).

Esta mutación, que hoy amenaza al uribismo histórico, evoca el eclipse de algunas maquinarias tradicionales europeas. En la Italia de 1994, Silvio Berlusconi fundó Forza Italia sobre las ruinas de la Democracia Cristiana, el gigante que gobernó el país durante casi medio siglo. Con esa estrategia absorbió su espacio, heredó sus votantes y asimiló a sus cuadros. Tres décadas después, su partido quedó reducido a socio menor de la ultraderecha de Giorgia Meloni, a la que el propio Berlusconi había abierto la puerta. El reflejo italiano deja una advertencia clara: las fuerzas erigidas alrededor de un solo hombre suelen tener fecha de caducidad.

Ahora De la Espriella asume el poder con toda la arquitectura del Estado a su favor, pero sin músculo propio en el Congreso. Su movimiento, Defensores de la Patria, ya está en fila para convertirse en partido formal: un remedio tardío para una bancada que, de lograrlo, no existiría hasta 2030, cuando su líder entregue el poder. Hasta entonces, el abogado penalista que ganó publicitandose como ajeno al sistema tendrá que negociar y adaptarse al juego de tronos del Congreso que desdeña si quiere sacar adelante su proyecto, la llamada “Patria Milagro”.

Cada día, cerca de nueve aviones despegan de El Dorado de Bogotá rumbo a Madrid. En los mostradores, las filas suelen ser interminables: un hervidero de abrazos, niños que corren y amigos que estiran el tiempo para retrasar el adiós. Cambian los rostros y las edades, pero el equipaje es similar. En el volumen de las maletas se adivina quién viaja por unos días y quién, tal vez, cierra un ciclo.

Durante 2025, el registro de salidas hacia España alcanzó la cifra récord de 812.473 viajeros colombianos, consolidándose como el segundo destino más frecuente por detrás de Estados Unidos. Este tránsito, que sitúa a la península en el epicentro migratorio del país, es el rastro visible de un flujo constante que hoy explica, en parte, por qué esta comunidad encabeza el número de peticiones de regularización ante el Gobierno de Pedro Sánchez, con casi el 26% de las solicitudes.

Esta hilera de historias humanas, sin embargo, esconde una paradoja. No siempre fue así. El punto de ruptura llegó con la postpandemia de COVID: ante el vacío económico interno y un Washington que cerraba sus puertas, España se convirtió en la salida de emergencia. En 2022, el saldo entre los colombianos que partían y quienes regresaban alcanzó un récord histórico de casi medio millón de personas. Tres años después, en 2025, esas salidas netas se redujeron con fuerza hasta las 136.000. Todo indica que la intensidad del éxodo general ha comenzado a ceder.

Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana, lleva años rastreando esos datos. Su diagnóstico apunta a una diferencia geográfica y legal: mientras que en Norteamérica la exigencia de visado y el blindaje fronterizo de Donald Trump transforman cada intento en una apuesta de alto riesgo, el pasaporte colombiano permite ingresar a la Unión Europea sin visado durante 90 días. Se trata de una ventana de entrada que termina siendo la antesala para echar raíces. “Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia”, resume el analista y académico. Esa distinción desarma la paradoja de las cifras: aunque el éxodo general disminuye, quien elige el territorio español para buscarse la vida tiende a quedarse.

Las estadísticas aeroportuarias, además, tienen más de un punto ciego: registran el punto de partida de los viajeros, pero no de dónde vienen ni por qué. Ese es el territorio de Luis Carlos Rodríguez, coordinador del Área de Migraciones Forzadas y Refugio de CODHES, una organización que lleva décadas documentando el desplazamiento forzado en Colombia. Él sostiene que en la misma fila conviven dos países que casi no se cruzan. El primero, mayoritario, brota de las ciudades y del centro andino: gente quizás acorralada por las deudas, la informalidad laboral o la falta de futuro. El segundo, más silencioso, huye de zonas como el suroccidente —del departamento Cauca, del Valle, de la costa del Pacífico—, de comunidades expulsadas por la precariedad y la violencia.

“El cuidado es el principal imán”

Rodríguez conoce, a grandes rasgos, la bitácora del viaje. Sabe que pocos cruzan el Atlántico en un solo impulso. El destierro suele empezar cerca: un pueblo vecino, una capital ajena, una frontera inmediata como Ecuador, Panamá o Perú. Allí intentan rearmar los pedazos de una vida rota, pero la tregua suele ser corta. “Muchas veces llega hasta allá el actor violento que los persigue y entonces buscan huir aún más lejos”, dice. España aparece al final del laberinto. Y en todo este trasegar son frecuentes las historias de líderes sociales, defensores del medio ambiente o de los derechos de las minorías. “Los que no terminan asesinados terminan teniendo que salir”, concluye.

La travesía, además, tiene rostro de mujer: más de la mitad de los colombianos que se instalaron en España durante la gran ola de 2023 pertenecen al género femenino. A las más jóvenes se suman mayores de 50 años, madres y abuelas que cruzaron el océano para encontrarse con los suyos. Casi todas desembarcan en el mismo puerto laboral. “El cuidado es el principal imán para esta migración”, explica Restrepo. Su labor es sostener los hogares, atender a los niños o acompañar a los ancianos de una sociedad que envejece a ritmo acelerado.

Rodríguez le da una vuelta a esta lectura. Lo que para Europa es un alivio, afirma, para Colombia es un vaciamiento poblacional. “España cubre con ellas un capital humano que su propia demografía ya no puede renovar”, advierte. La otra cara de la moneda se queda en el lugar de origen: hijos que crecen a través de la pantalla del móvil, padres que envejecen en la distancia y remesas que sostienen hogares incompletos en un país que exporta afecto y cuidado.

Más repliegue

El Parlamento Europeo incluyó a Colombia en su lista oficial de países de origen seguro, pero la propia Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) describe un escenario opuesto: un país con un conflicto armado interno que no da tregua, con guerrillas y bandas criminales que se disputan territorios mediante la extorsión y el desplazamiento forzado.

El objetivo de estos cambios es permitir que las peticiones de protección internacional se examinen en un procedimiento acelerado. Pero, ya antes de este movimiento de la UE, los colombianos solían ser la nacionalidad a la que más se les negaba el asilo en España: la tasa de denegación para solicitantes de este país ronda el 85%, convirtiéndose en uno de los colectivos más afectados por el rechazo de expedientes, según CEAR.

Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia

Jorge Restrepo — Economista de la Universidad Javeriana

Muchos de los colombianos que se han acogido al proceso extraordinario para obtener los papeles habían pedido anteriormente protección internacional a su llegada a España al ser una vía rápida para lograr la residencia mientras se estudia la petición, sin embargo, la reforma del reglamento de extranjería del Gobierno de Pedro Sánchez añadió trabas a la regularización de quienes ven denegada su petición de refugio. De hecho, Colombia era una de las nacionalidades que más solicitaban protección internacional en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, las solicitudes se han desplomado drásticamente, con caídas de más del 60%, debido a la reforma del reglamento y el elevado número de rechazos.

La abogada Laura Pedraza, especialista en movilidad humana y migración, advierte de que la caída no significa que la gente haya dejado de partir, sino que el sistema los está empujando a la invisibilidad. Ante procesos de asilo cada vez más exigentes en materia probatoria, algunas personas desisten y optan por la vía ordinaria de extranjería para conseguir papeles rápido. Esto plantea, a su juicio, un riesgo real: quienes no logran acreditar formalmente su situación de riesgo pueden terminar accediendo a figuras migratorias que no reflejan plenamente su necesidad de protección internacional.

La experta enmarca este fenómeno en un repliegue político global, hacia legislaciones más restrictivas, que está desmontando, pieza a pieza, las garantías internacionales: devolver a quien huye para salvar su vida es, dice, tan injustificable como contraproducente. Es la misma certeza que Rodríguez resume sin atenuantes desde Bogotá: casi nadie abandona su país por capricho. Detrás de la mayoría de trámites, conviven o el exilio forzado por las armas o el viaje empujado por la asfixia económica. Realidades humanas que, ajenas a los decretos de Bruselas, volverán a llenar sin falta las filas de facturación del aeropuerto El Dorado.

El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se ha llevado a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último pulso de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia ha dejado claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se ha rodeado de militares retirados y reservistas, y se ha publicitado con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas — Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, pues existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla — Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos han extremado precauciones. En los cuarteles ha arraigado lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no ha sido solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes ha dejado una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

Ahora queda por ver dónde se celebrará la ceremonia. La vía legal aún existe, pero es angosta: el nuevo Congreso tiene menos de tres semanas para aprobar el traslado de la toma de posesión fuera de Bogotá, un hito inédito en las investiduras colombianas. Incluso si Senado y Cámara alcanzaran un acuerdo, el último candado administrativo y logístico estaría, mientras Petro permanezca en funciones, en la decisión del Ejecutivo. Y del alto mando militar. Uprimny avisa de un tercer frente: el acto podría ser impugnado ante los tribunales por desconocer principios constitucionales que ordenan jurar ante el Congreso. Bonilla, habituada a los pulsos institucionales del país, lo interpreta con realismo: “Es bastante improbable que ocurra”.

Sea en una guarnición regional o en la Plaza de Bolívar de Bogotá, rodeada por el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional, algo ya se ha roto. A menos de dos semanas del relevo, Colombia sabe que su presidente saliente y el entrante no se darán la mano, un viejo gesto de convivencia y valor civil: el progresista considera ilegítimo al sucesor, mientras el ultra de derecha tilda de criminal al mandatario que se va. La banda presidencial cambiará de pecho, de todos modos, pero, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, la idea de mudar la toma de posesión del ámbito civil al militar deja un mensaje inquietante: el de la primacía “de la fuerza sobre la ley”.

Rebeca Lerer (São Paulo, 49 años) se ha convertido en una experta en juntar puntos que otros prefieren ignorar. Para esta activista que pasó once años en Greenpeace persiguiendo madereros y ganaderos en la Amazonía, el narcotráfico era un destino lógico como objeto de estudio: las mafias migraron hacia el único producto que no deja rastro desde el aire. “Empecé a hacer cuentas y dije: esto es más que el oro. Nadie compra oro todas las semanas, pero la gente que usa cocaína, sí”, dice a elDiario.es en un portuñol veloz. De esta forma desgrana una maquinaria financiera que mueve seis mil millones de dólares anuales mediante un consumo en ascenso que fortalece al crimen local. La magnitud del mercado coincide con el último Informe Mundial de Drogas de la ONU: la producción global de cocaína se ha más que cuadruplicado en una década, superando las 4.000 toneladas. “Ese es el resultado a pesar de la represión. Es una locura”.

Lerer llega al Festival Futuro Coca, que celebra su cuarta edición este 11 y 12 de julio en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en el centro de Bogotá. Se trata de un encuentro que nació en 2023 con un propósito claro: separar la coca de la cocaína, dos conceptos que el mundo lleva medio siglo confundiendo. Allí, comunidades indígenas y campesinas dialogarán con cocineros, científicos y artistas para visibilizar el potencial oculto de la hoja de coca. Una oportunidad para demostrar que, de sus catorce alcaloides, la cocaína es solo el más famoso.

La brasileña llega con una misión más cruda: mostrar la cadena desde el otro lado de la Amazonía. Brasil no cultiva la hoja, pero refina, consume y exporta su alcaloide más rentable. “La gente en mi país ni siquiera sabe que la cocaína viene de una hoja, de una planta sudamericana nativa”, resume. Para ella, la conversación con Colombia es urgente. Tras más de medio siglo de fracasos en la lucha antinarcóticos, sostiene que es hora de sacar el debate del cajón exclusivo de la policía y la salud pública para situarlo en tres áreas seminales: el uso de la tierra, la violencia y el impacto ambiental. De hecho, la ONU reconoce desde hace unos años que el enfoque represivo solo ha expandido los mercados criminales y distorsionado la economía regional. Es una guerra opaca y sin auditorías, donde las cuentas casi nunca cierran porque los datos son fragmentarios.

“No hay cómo competir”

Ante el vacío en los registros oficiales, Lerer asumió el rol de contable de esta economía sumergida. Del empeño nació 'Selva en polvo' (Floresta em Pó), el informe que coordinó a finales de 2025 junto a la Coalición Internacional por la Reforma de las Políticas de Drogas y la Justicia Ambiental y organizaciones brasileñas como Iniciativa Negra. Con su equipo descubrió que Brasil carecía de un mapa de los laboratorios donde se refina la mercancía que inunda el mercado internacional. Para lograrlo, auditaron cinco años de operaciones policiales, siguiendo el rastro de los químicos y envíos hasta destapar 550 centros de procesamiento de cocaína. La realidad, sin embargo, es mucho más opaca: la policía brasileña solo roza el 20% del negocio. “La proyección real nos sitúa cerca de los 5.000 laboratorios”, apostilla.

Los cargamentos que zarpan desde los puertos brasileños rumbo a Europa, además, son más puros que la mercancía que ingresa por sus fronteras desde los países andinos o Paraguay. Ese salto de calidad, respaldado por datos de la Policía Federal, desmantela el tópico de Brasil como mero trampolín logístico: en su interior opera una red de laboratorios clandestinos que purifica el polvo para la exportación o lo rebaja para el menudeo doméstico. Entre el cultivo de origen y el contenedor atlántico, existe una industria en plena expansión.

El informe 'Selva en polvo' le puso precio a toda esta maquinaria: unos 6.000 millones de dólares anuales solo en la etapa de refinación de la coca. Para dimensionar el tamaño del monstruo, Lerer recurre a una comparación demoledora: el Fondo Amazonía —el mayor instrumento financiero global contra la deforestación— tardó años en reunir grandes donaciones de Noruega o Alemania: “Sólo los laboratorios generan en doce meses cinco veces más dinero que todo lo que el Gobierno brasileño logró recaudar. No hay cómo competir. Vamos a perder”, zanja.

Bajo el paradigma de la guerra, alcanzar la deforestación cero en la Amazonia es, simplemente, imposible

De esta brutal asimetría nace el resto de su radiografía: en la selva, el dinero de la cocaína funciona como un fondo de capital de riesgo para las economías ilegales. Sus ganancias financian la minería ilegal de oro, el acaparamiento de tierras y el armamento pesado que sostiene los conflictos territoriales en Brasil o Colombia. Por eso, Lerer subraya que la política antidroga y la ambiental son dos caras de la misma moneda: “Bajo el paradigma de la guerra, alcanzar la deforestación cero en la Amazonia es, simplemente, imposible”.

Las cifras confirman un diagnóstico aterrador. Un estudio publicado en junio por la ONG paulista Fórum Brasileiro de Segurança Pública calcula que el valor del polvo blanco decomisado en la región en 2024 equivale a 704 millones de dólares, una cifra superior a la de todo el oro exportado por ese territorio. Las autoridades advierten, sin embargo, que la droga interceptada es solo la punta del iceberg: si la policía bloquea apenas el 10% del flujo real, el narcotráfico se convierte automáticamente en el segundo motor económico de la selva, situado solo por detrás de la soja. Lo que hasta ahora era una hipótesis deja de serlo: los movimientos que los radares no detectan ya están redibujando la geografía política y financiera del gran pulmón del planeta.

Absolver la hoja

Frente al fracaso prohibicionista, Lerer resalta un movimiento de resistencia que busca dignificar el origen de todo: el campo. Quienes siembran la coca en el campo reciben migajas de una industria cuyos beneficios millonarios se concentran en las fases de refinamiento y exportación. Es decir, en los eslabones del mundo criminal. A cambio de ese margen mínimo, el agricultor ha cargado con la peor parte del conflicto en forma de persecución militar, fumigaciones con herbicidas tóxicos y exclusión o estigmatización social.

La activista brasileña denuncia que la discusión pública suele concentrarse en torno al consumo, ignorando las dinámicas de producción “donde ocurren la mayoría de los abusos y ecocidios”. Para ella, cualquier intento serio de reconciliar a las comunidades cocaleras con sus territorios debe empezar por despejar el estigma de la planta y garantizar la protección y derechos de quienes la cultivan. El enfoque del festival bogotano apuesta, precisamente, por ese enfoque a pesar de que el verdadero reto de la política global se libra en despachos más alejados: la ONU en Viena, sede de la Comisión Estupefacientes.

Si quitamos la criminalización de la planta, empezamos por el principio

Los análisis clínicos del organismo determinaron que el consumo tradicional de la hoja de coca en las comunidades andinas no entraña riesgos para la salud ni tiene capacidad adictiva. Aunque esta reciente evaluación técnica de la Organización Mundial para la Salud (OMS) ofreció un respaldo científico a países reformistas como Colombia o Bolivia, el dogma político se impuso al criterio médico. El organismo dictaminó que la planta debe seguir en el mismo escalafón punitivo que la heroína, argumentando no el peligro del cultivo en sí, sino su capacidad de transformación en cocaína. Con las cartas marcadas de antemano, la maquinaria diplomática del prohibicionismo, liderado por Estados Unidos, levantó un muro burocrático que impidió que la reforma llegara a votación el pasado marzo en la cumbre de Viena.

El desenlace se había fraguado meses antes, durante los debates de la Comisión de Estupefacientes de octubre de 2025. Allí, Washington agitó el fantasma de las concesiones al “narcoterrorismo”, Francia alegó riesgos sanitarios y Perú dio la sorpresa al alinearse con el discurso oficial, alertando de un “incentivo perverso” para las redes ilegales. “Fue la oportunidad perdida más reciente”, crítica Lerer. Para la investigadora, la resistencia a sacar la planta de la lista negra es un error de cálculo geopolítico: la reforma buscaba desmontar la base del edificio criminal sin alterar la prohibición sobre la cocaína procesada. “Si quitamos la criminalización de la planta, empezamos por el principio”.

El espejo de Bolsonaro

El plan de Abelardo de la Espriella de reactivar la aspersión aérea con herbicidas, prohibida por el Constitucional, replica una fórmula conocida por Rebeca Lerer. “Ese modelo migró a la Amazonía brasileña con el Gobierno de Bolsonaro, muy parecido al estilo del futuro presidente colombiano”, compara la activista. El balance de aquellos años en Brasil arrojó los mismos indicadores que hoy generan alerta en Bogotá: criminalización indígena, aumento de homicidios, daños por agrotóxicos y corrupción policial. Una ofensiva militar que, según la experta, fracasó rotundamente en detener la deforestación y el crimen organizado, logrando únicamente que el negocio cambiara de manos.

La promesa del nuevo Gobierno colombiano choca contra un muro pragmático. “Lo que viene después no es desarrollo comunitario ni agricultura familiar, sino ganadería o minería”, señala Lerer. En el mapa de la Amazonía, el bosque devastado por la coca no se regenera: muta de mercancía. Presionados por el mercado, los sembrados huyen hacia los últimos reductos vírgenes, invadiendo parques nacionales y tierras indígenas. La experta recuerda, además, que la aspersión aérea, lejos de ser un remedio, es un negocio: Monsanto facturó decenas de miles de dólares por vuelo en los años dorados del glifosato.

El marco de esta historia lo termina de fijar Washington. La Administración Trump incluyó este año a las dos mayores organizaciones criminales brasileñas, el PCC y el Comando Vermelho, en su lista de terroristas internacionales. Y los bombardeos estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Pacífico han elevado la temperatura en toda la región. “Eso nos deja muy vulnerables a intervenciones, a sanciones económicas y a injerencia en elecciones”, advierte Lerer.

A la experta le quedan pocas ilusiones y no se molesta en disimularlo. En seis meses, Brasil irá a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro como principales candidatos y el crimen organizado como eje de campaña. Frente al estruendo de los bombardeos, ella opone algo de frialdad. “Hay que tener coraje y dar este debate con evidencias, con datos, con historia”, defiende. Justo después, deja caer un silencio corto. El primero en casi una hora de entrevista: “La situación es muy difícil. Estoy preocupada”.

En el Putumayo, una zona selvática junto a la frontera con Ecuador, el Gobierno de Gustavo Petro instaló en las últimas semanas un centro para la Coordinadora Nacional de Combatientes. Se trata de un centenar de guerrilleros que esperan allí desde el 14 de junio bajo una profunda incertidumbre. El proceso de paz con el Ejecutivo progresista los condujo a este confinamiento provisional, donde ya entregaron sus armas sin un marco legal sólido ni un horizonte claro para su transición a la vida civil. Los negociadores oficiales, además, tienen los días contados: el próximo 7 de agosto está previsto que asuma el poder el presidente electo, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien ha prometido una guerra sin cuartel.

La apuesta de Petro por la política de “paz total”, con la que llegó al poder en 2022, termina sin acuerdos definitivos y con los grupos armados más fuertes que al inicio del proceso. El ELN, guerrilla de raíz castrista, mantiene control sobre zonas en la frontera con Venezuela; las disidencias de las antiguas FARC se han expandido; y el secuestro, casi erradicado años atrás, vuelve a registrar alrededor de 350 casos al año. De la Espriella, abogado penalista de 47 años, ganó las elecciones el pasado fin de semana con una promesa simple: retomar el enfoque militar en lugar de las concesiones del último cuatrienio. No ha precisado, sin embargo, cómo ni con qué recursos lo hará.

En todo caso, Washington ya ha venido moviendo fichas antes de que el presidente electo detallara sus planes. La estrategia que el secretario de Estado, Marco Rubio, bautizó como SHIELD of the Americas reordena la región bajo una lógica de seguridad continental y sitúa a Colombia en el centro. Ecuador, gobernado por su aliado derechista Daniel Noboa, suscribió primero un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y De la Espriella llega a la presidencia como nuevo socio natural de ese circuito que pone fin a cuatro años de enfriamiento entre Bogotá y Washington.

Una lectura trasnochada

En esta historia el contexto importa. Los fenómenos de violencia que hereda De la Espriella no son del todo iguales a los de 2002, cuando el país vivía atrapado en una espiral de secuestros masivos, masacres paramilitares y una guerrilla que amenazaba las cabeceras urbanas. “Había una sensación muy fuerte de pérdida de control”, recuerda María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. 

Hoy el conflicto tiene otra anatomía: los grupos armados controlan territorios fronterizos, disputan las rutas de salida de la cocaína y pelean a muerte por la riqueza del subsuelo. A saber: la minería ilegal de oro, cobre y tierras raras, que se ha convertido en una de sus principales fuentes de financiación y, al mismo tiempo, en un recurso que la Casa Blanca mira de reojo por su valor estratégico en la carrera global por materiales críticos para los semiconductores y la carrera por desarrollar la inteligencia artificial.

Estamos en un momento global que favorece la violencia contra la oposición. Trump ha fijado el marco: el narcoterrorista es el nuevo comunista. Un enemigo que justifica casi todo

Jenny Pearce — London School of Economics

Colombia es, además, el mayor productor mundial de cocaína. La droga es el motor de la sangría, pero también sostiene economías rurales enteras y condiciona desde hace décadas la relación entre Bogotá y Washington. En el tramo final de su Gobierno, Petro retomó una campaña de bombardeos contra los grupos violentos. No obstante, fue tarde y sin coherencia, de acuerdo con varios expertos consultados. 

De esta forma Colombia cierra con 262.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, la cifra más alta desde que hay registros, y una destrucción manual de apenas 9.400 hectáreas en 2024, el nivel más bajo en una década. Ante esta situación, De la Espriella promete fumigar 300.000 hectáreas en sus primeros meses. Llorente no discute su enorme voluntad política: “Requiere de un aparato militar que no tenemos”.

Se trata de una advertencia a la que se suma el consultor en seguridad Hugo Acero: la lectura de la realidad del presidente electo llega con dos décadas de retraso. “Desde 2016 es claro que no hay un conflicto armado político. No hay guerrillas, hay crimen organizado transnacional”. Y abunda en que las disidencias de las FARC y el ELN ya no buscan la revolución, sino el control del oro y los cultivos ilícitos. Por eso lamenta que De la Espriella llega con una doctrina diseñada para un enemigo que ya no existe.

¿Quién va a costear la guerra?

Camilo Cruz, analista político y doctor por la Universidad Autónoma de México, prevé que el componente antidrogas regresará a ser el eje central de la seguridad. La estrategia, a su juicio, combinará el combate a los grupos criminales junto con “la lógica de protección frente al narcotráfico que Estados Unidos impulsa para la región”. Por eso recuerda que las recientes operaciones militares de los gobiernos en Ecuador y Venezuela contra la minería ilegal son hechos parte del nuevo orden. “Eso se va a convertir en una agenda —añade Cruz— y en parte ya estuvo presente en esta elección”.

El politólogo Jorge Mantilla, investigador de seguridad y conflicto armado, centra el problema en términos de capacidades: “Estamos en un momento de reducción muy importante de la fuerza pública: poder aéreo, personal uniformado, inteligencia, capacidades operacionales y logísticas. Y esa ofensiva que se anuncia llega justo ahí”. Financiarla obligará al Estado a elegir: ¿A qué se le va a quitar presupuesto para inyectárselo a una guerra de alta intensidad?

Acero expone algunas cifras: la administración saliente comprometió 17 billones de pesos (unos 3.500 millones de euros al cambio actual) en aviones de combate suecos Gripen. “No vamos a tener un conflicto internacional y eso no sirve para bombardear mafias”. A este lastre se suman otros 13 billones (2.700 millones de euros) en gastos heredados de Petro. Con unas finanzas asfixiadas y la promesa electoral de no subir impuestos, el experto vislumbra una sola salida: emular a Uribe en 2002 e imponer un gravamen extraordinario al patrimonio. 

Desde 2016 es claro que no hay un conflicto armado político. No hay guerrillas, hay crimen organizado transnacional

Hugo Acero — consultor en seguridad

De cualquier forma Llorente no descarta que el nuevo Ministerio de Defensa bajo el mando de De la Espriella consiga victorias tempranas: operaciones mediáticas que movilicen la opinión pública. “Imagínese que en el primer mes el Ejército da de baja a 'Mordisco'”, asegura, refiriéndose al comandante de las disidencias de las FARC. “Con la ayuda de la inteligencia extranjera, una operación así sería muy popular”. Pero confundir ese golpe de opinión con una política sostenible y bien estructurada es, en su opinión, un riesgo: “¿Con esto va a resolver alguno de los problemas de fonde orden público que tenemos? No”.

El desafío, en un país que ha sido tierra fértil durante más de medio siglo para diversas confrontaciones políticas, no es menor. Por eso, Jorge Mantilla aterriza el debate en la realidad del terreno al advertir el impacto de enviar al Ejército, como se supone hará el nuevo presidente, a zonas donde las mafias ya controlan el tejido social de forma sofisticada. Una ofensiva de esa naturaleza, explica, no solo disparará la violencia, sino que agravará la crisis humanitaria en esos mismos municipios rurales y periféricos que, paradójicamente, rechazaron el proyecto de De la Espriella en las urnas.

Trump fija el marco

La ofensiva militar, además, supone riesgos que exceden lo fiscal. Jenny Pearce, profesora visitante de la London School of Economics y con décadas de estudio sobre la violencia política en América Latina, señala que el contexto internacional juega a favor de la mano dura. “Estamos en un momento global que favorece la violencia contra la oposición”, explica. “Trump ha fijado el marco: el narcoterrorista es el nuevo comunista. Un enemigo que justifica casi todo”.

Bajo esa premisa, los derechos ciudadanos suelen tambalear. El espejo más claro de esta deriva es El Salvador de Nayib Bukele, un modelo admirado por el nuevo mandatario de Colombia, quien en su momento llegó a considerarlo “blando”. Allí, la construcción de megacárceles y la drástica reducción de los homicidios sirvieron de plataforma para el control absoluto de las instituciones. Al final, recuerda Pearce, el cálculo detrás de estas estrategias trasciende el discurso del orden público: “Las dificultades reales de la población, como el miedo al crimen, son muy rentables para los políticos”.

El debate de fondo lo zanja Acero: ningún bando político ha dado con la respuesta para garantizar la convivencia pacífica y el monopolio estatal de la fuerza en Colombia. La primacía del acento militar no ha prosperado y el enfoque social puro se quedó corto sin instituciones fuertes que garanticen derechos. Con todo, De la Espriella ha insistido en encajonar el problema en una alternativa a blanco y negro: el sometimiento voluntario o la baja militar de los “bandidos”.

Esa retórica choca, por lo demás, con un país mucho más fragmentado. “La sociedad civil no es la misma de hace veinte años”, apostilla Mantilla. “Abelardo puede ser más radical que Uribe, pero no le van a dejar hacer lo que quiera”. La movilización ciudadana y un electorado consolidado de centro e izquierda aparecen así como el único contrapeso real frente a un nuevo mandatario con grandes promesas, un ejército maltrecho y las arcas vacías. A pesar del enorme costo humano que se avecina, quienes conocen la crudeza y complejidad del conflicto coinciden: esta tampoco será la guerra que De la Espriella ha prometido.

Abelardo de la Espriella, abogado penalista admirador de Trump y Milei, se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Colombia tras vencer en la segunda vuelta más reñida de las últimas décadas. Con 47 años, el aspirante libertario de la de extrema derecha obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), superando por un estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda, quien logró el 48,70% (12.708.712 sufragios), según el preconeto. En unos comicios con participación histórica, los 377.076 votos en blanco resultaron decisivos, al superar la diferencia final entre ambos candidatos.

El desenlace, sin embargo, tiene un panorama más complejo. De la Espriella llega a la Casa de Nariño sin experiencia en cargos públicos, tras obtener el mayor caudal de votos registrado, pero con apenas cuatro senadores propios en un Congreso de 103 escaños (curules). Su Gobierno dependerá de la disciplina y las negociaciones con fuerzas que lo apoyaron en la segunda vuelta: el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador, formaciones tradicionales con agendas propias y fracturas internas que condicionarán su margen de maniobra.

Bogotá mantenía una calma contenida cuando a las 16:00, siete horas más en España, se cerraron los puestos de votación. Fabio Jiménez, taxista de 50 años, recordó que esa mañana había visto en varios puntos de la ciudad sucursales bancarias y concesionarios de vehículos protegidos con vallas como medida visible de prevención ante una jornada que se temía agitada. “Los que saben de estas cosas desde ayer ya se prepararon”, resumió con la misma parsimonia con la que sortea un atasco en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

A las 17:30, con el 99,58% de las mesas reportadas por la Registraduría Nacional, el resultado ya se consideraba irreversible. El país había dado un vuelco político radical: de elegir por primera vez un Gobierno de izquierda, pasaba ahora a una Administración de derecha extrema cuya agresividad ha despertado comparaciones históricas. Algunos han señalado el parecido con Laureano Gómez (presidente entre 1950 y 1953), recordado por su retórica pugnaz y su admiración por Francisco Franco. 

Pero el investigador de la London School of Economics Juan David Velasco señala que De la Espriella se aproxima más al conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930), un mandatario proempresarial, alineado con los intereses de Estados Unidos, con un discurso incendiario y un enfoque represivo en materia de seguridad. Como Abadía, recibe un país endeudado y comparte su defensa de los valores tradicionales. La diferencia es que Abadía llegó al poder tras ejercer como ministro en siete carteras. De la Espriella nunca ha ocupado un cargo público.

Reacciones de un país fracturado en dos

El presidente saliente, Gustavo Petro, reaccionó en X antes de que se completara el preconteo [recuento provisional] advirtiendo que, con los datos de la Registraduría, la diferencia entre los candidatos era de apenas tres décimas. Según su criterio, “no se puede proclamar ningún presidente” hasta el escrutinio oficial. Y añadió que la realidad mostraba “un país partido por la mitad” y denunció “injerencia extranjera quitándonos la libertad”. Pero al mismo tiempo aseguró que acataría las decisiones de la justicia.

Mientras Petro cuestionaba los números, en Barranquilla, en el Caribe colombiano, el también llamado “Tigre” Abelardo de la Espriella celebraba su triunfo ante una multitud agolpada frente a una urna de cristal blindada desde donde se dirigió a su “manada” en un discurso de 45 minutos intercalado por breves pausas con música circense. “No existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin la vida privada y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados”, afirmó. Y añadió entre saludos militares y : “La verdadera paz nace de la justicia que, en el fondo, está ocupada por nuestras fuerzas militares y la policía”.

Por su parte, Iván Cepeda —quien suma 16 años en el Congreso— anunció desde Bogotá la impugnación de 33.000 mesas de votación, criticó el preconteo y convocó a sus seguidores a movilizarse. La estrategia de objeción no es nueva: si en la primera vuelta del 31 de mayo fue Gustavo Petro quien cuestionó el escrutinio, en esta segunda ronda su candidato derrotado ha sido quien repitió el libreto. Esto ocurre a pesar de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso de “transparente y creíble”.

El exterior vota por el ‘Tigre’

Colombia rompió este domingo su récord histórico de participación electoral. Con un padrón de 41 millones de votantes habilitados en el país y en el exterior, el 64% ejerció su derecho al sufragio: 26.509.263 depositaron su papeleta. La cifra pulverizó el techo histórico del 59,02% registrado en la segunda vuelta de 1998, que había resistido intacto durante casi tres décadas.

“Esta ha sido una elección como nunca antes ha pasado, que ha dejado al país 50-50”, dijo el analista electoral Camilo Cruz, quien comparó el resultado con lo ocurrido en Honduras y Perú, democracias latinoamericanas que han vivido fracturas similares. Cruz planteó la pregunta que definirá los próximos cuatro años: “El ganador tendrá que decidir si va a gobernar para su postura mayoritaria o si va a gobernar para todo el país”.

Los matices fueron surgiendo con el paso de las horas. El analista Andrés Sampayo señaló uno de ellos en X: dentro de Colombia, la diferencia entre los dos candidatos ha sido un empate técnico. Fue el voto en el exterior el que decidió la presidencia. “La elección se está definiendo por márgenes mínimos dentro de Colombia y por una ventaja contundente por fuera de Colombia”, escribió Sampayo. De la Espriella ganó Colombia desde fuera de Colombia.

Para Cruz, la jornada dejó dos lecciones. La primera: el voto en blanco fue significativo no por su volumen sino por su posición. “Al final, la no distribución del voto entre las dos preferencias finalistas termina, en una elección tan cerrada, definiendo la victoria para un sector u otro”, dijo. “Hay un mensaje para el país, pero ese mensaje todavía no tiene rostro”. La segunda es institucional: la participación abierta del presidente Petro y de los alcaldes de Cali, Medellín y Barranquilla en la campaña rompe una tradición de neutralidad que, advierte Cruz, anticipa un escenario muy conflictivo para futuras elecciones.

Al cierre de la jornada, los temores de un estallido social en Bogotá se disiparon. Se registraron algunos fugaces disturbios y celebraciones callejeras que recordaban el reciente triunfo de la selección nacional frente a Uzbekistán en el Mundial. En el pudiente norte de la capital, Gilberto Gaitán, de 69 años, resumía con pragmatismo su postura por el nuevo presidente de extrema derecha mientras cerraba el servicio de aparcacoches que gestiona desde hace años. “Es un hombre de negocios; no necesita robar”. El país ya ha comenzado a medir el alcance de sus palabras.

Colombia batió el pasado 31 de mayo su récord histórico de participación electoral sin que sus candidatos presidenciales debatieran una sola vez. En Bogotá, en Medellín o la portuaria Barranquilla, los puestos de votación amanecieron con filas más largas de lo habitual.

El electorado eligió en primera vuelta al aspirante de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, quien lideró con 10,36 millones de votos (43,74%). Hoy su rival en las urnas será Iván Cepeda, el representante del oficialista Pacto Histórico, que sumó 9,69 millones (40,90%). Uno de los dos gobernará los próximos cuatro años.

Abelardo De la Espriella, de 47 años, llega a esta segunda vuelta con un impulso que muy pocos habían detectado en el radar. Ningún candidato había alcanzado tantos votos en una primera ronda, ni siquiera el influyente Álvaro Uribe en sus dos victorias de principios de este milenio. Para hacerse una idea, hace tan solo dos meses las encuestas situaban al aspirante ultraderechista en tercer lugar. Pero el desplome de la senadora uribista Paloma Valencia, candidata de la derecha institucional que quedó tercera con menos del 7%, volcó hacia De la Espriella un caudal de votos y obligó a rivales y analistas a recalibrar sus estrategias.

Entre tanto, Iván Cepeda, senador de izquierda de 62 años, heredero del proyecto del presidente y defensor de derechos humanos, había encabezado las encuestas y su campaña llegó a creer que podría ganar en primera vuelta. No fue así. Su resultado trazó con exactitud los límites del izquierdista Pacto Histórico que Gustavo Petro construyó desde el poder: un bloque fiel, movilizado, pero incapaz de ir más allá de sus propias fronteras. El precio de ese repliegue quedó claro en la recta final y la formación no logró captar, en un intento tardío y sin demasiada convicción, al electorado del centro político.

Voto por descarte más que por convicción

Por segunda vez consecutiva, el país se debate entre extremos: un populismo de derecha con fuerte arraigo transversal y una izquierda que moviliza a los sectores más vulnerables. Aunque los partidos históricos mantienen su poder en el Congreso mediante el clientelismo, la pugna por el Ejecutivo opera bajo otra lógica. El politólogo Gustavo Duncan (Universidad EAFIT) plantea una tesis: “Los colombianos ya no confían en la política tradicional para la presidencia”.

En este tablero polarizado, el político tradicional pasó de ser el protagonista de la contienda a convertirse, en algunos casos, en un negociador en la sombra, indispensable para la gobernabilidad pero incapaz a la hora de cautivar al electorado de forma masiva en las urnas.

La gente elegirá a quien represente una menor amenaza para su forma de ver la vida

Bibiana Ortega — Politóloga

Bibiana Ortega, politóloga especialista en comportamiento electoral de la Universidad Javeriana, sostiene en conversación con elDiario.es que el domingo se votará más por descarte que por convicción. “La gente elegirá a quien represente una menor amenaza para su forma de ver la vida, para su visión del Estado, para su percepción de seguridad y de los derechos”, explica.

Se trata de la misma lógica que operó en 2022, cuando Gustavo Petro y el entonces ‘outsider’ de derecha Rodolfo Hernández se presentaron como rivales irreconciliables. Las encuestas actuales lo corroboran: según la encuestadora CB Global Data, el 50,4% de los colombianos dice que jamás votaría por Cepeda y el 46,3% afirma lo mismo de De la Espriella.

En esta elección, más de la mitad del país rechaza a uno de los dos candidatos en competencia. La campaña, además, ha dejado cicatrices visibles. El presidente Gustavo Petro nunca reconoció los resultados de la primera vuelta e insinuó que hubo fraude sin pruebas. También dejó abierta la posibilidad de rechazar lo que ocurra este domingo 21 de junio. Su candidato, Iván Cepeda, tardó ocho días en admitir aquella derrota, pese a reconocer el 1 de junio que no había hallado “irregularidades de dimensiones suficientes”.

En la otra esquina, Abelardo De la Espriella celebró su triunfo en Barranquilla, en el Caribe colombiano, con una advertencia: “Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza”. Dos semanas después instó a las Fuerzas Militares a intervenir si Petro desconocía el resultado del balotaje. Entre tanto, los dos candidatos negociaron durante semanas las condiciones de un debate que nunca llegó a celebrarse. 

Negociaciones “condicionadas”

Laura Wills, politóloga de la Universidad de los Andes, observa que, pese a la polarización, las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos sigue considerando la democracia como el mejor sistema posible. El problema, apunta, es que cada polo ideológico la ha definido como un sastre a su medida. Por un lado, se presenta un espacio que debe protegerse de actores violentos, incluso con propuestas que estiran los límites del Estado de derecho o las libertades individuales. Por el otro, se concibe como el marco necesario para impulsar cambios estructurales, no siempre consensuados, hacia una sociedad más igualitaria.

Wills descree que, una vez en el poder, los candidatos vayan a romper las reglas formales del juego democrático. Le preocupa, en cambio, que fallen los mecanismos de contrapeso de un sistema presidencialista como el colombiano. O que no exista una oposición con capacidad real de frenar excesos. De momento, el Congreso que heredará el próximo presidente está fragmentado en cerca de una docena de partidos. Ninguno supera el 15% del poder político. “Quien gane tendrá las herramientas para armar coaliciones”, sostiene Wills. “Pero las negociaciones vendrán condicionadas: prebendas, ministerios y clientelismo”.

La conversación va a estar muy degradada y con mucha confrontación, y eso no solía ser así en Colombia

Gustavo Duncan — Doctor en Ciencias Políticas

Gustavo Duncan comparte los reparos y plantea otros. Para el politólogo y columnista del diario El Tiempo, el peligro no radica en una ruptura democrática, sino en un proceso más silencioso: la lenta oxidación interna del sistema. Esto implica que gobernar se convierta en el arte de hostigar al adversario en lugar de administrar el país con buen pulso. “Lo más probable es que gane Abelardo y que haga política dura”, afirma el también doctor en Ciencias Políticas, quien advierte de que “la conversación va a estar muy degradada y con mucha confrontación. Y eso no solía ser así en Colombia”.

Juan David Velasco, coautor del exhaustivo libro ¿Quién manda en Colombia?, precisa que en casi el 44% de los municipios existe un electorado de derecha muy estable que votó por Álvaro Uribe en 2006, por el 'No' al acuerdo de paz en 2016 y por el ya fallecido ingeniero Rodolfo Hernández en 2022. A este bloque ahora se sumaron otras élites económicas impulsadas por el miedo. “El 'Arca de Noé' [como bautizó la campaña de la extrema derecha su plan de choque fiscal y energético] fue interpretado como un bálsamo frente a temores como la caída de los ingresos petroleros, el riesgo de un apagón y más impuestos al patrimonio”, explica el académico de la Universidad Javeriana. “Al final, esas preocupaciones económicas pesaron más que las inquietudes sobre sus posturas antiliberales”, concluye.

Ventaja para De la Espriella

Los católicos ultraconservadores son, según Bibiana Ortega, la novedad de esta campaña. Tras alejarse de Paloma Valencia, en parte por incluir en su propuesta una fórmula vicepresidencial de la comunidad LGBTQ, este sector vio bajo amenaza sus principios sobre la familia tradicional. Su alternativa fue De la Espriella. Y para superar el hecho de que el candidato ultra no es evangélico ni devoto, el liderazgo religioso construyó una justificación teológica basada en el rey persa Ciro: el gobernante pagano instrumentalizado por la divinidad. De hecho, uno de sus gritos de batalla electoral ha sido convertir Colombia en una ‘Patria milagro’.

Lo cierto es que las últimas encuestas coinciden: De la Espriella, a quien el presidente Donald Trump ha apoyado sin recato, lidera con una ventaja de entre cuatro y ocho puntos. Ninguna firma prevé un triunfo de Cepeda. En la recta final, el voto en blanco —que llegó a rozar el 16%— se desinfló hasta casi desaparecer. La incertidumbre se disipó y los datos sugieren que la mayoría de los indecisos terminó inclinándose por el candidato de la ultraderecha que ha prometido “destripar a la izquierda” e importar el modelo de cárceles de Bukele a las selvas colombianas.

Pese al panorama, Bibiana Ortega rescata algunas razones para la esperanza. La politóloga argumenta que el verdadero hito de este periodo no es el Gobierno actual, sino la madurez democrática que dejó a su paso. “La derecha aprendió a ser oposición; la izquierda, a gobernar. Y cuando las Cortes o el Congreso debieron frenar al Ejecutivo, lo hicieron”, afirma. Asimismo, concluye, las instituciones locales se consolidaron al superar su mayor examen. El país definirá este domingo si se suma a la tendencia de erosión democrática mundial o mantiene su rumbo a pesar de la retórica de fuerza que crece. “A veces, da la impresión de que en Colombia pasa de todo”, remata Ortega. “Pero en realidad nada pasa”.

Algo ya se venía cociendo en Colombia desde hace cuatro años. En mayo de 2022, un ingeniero septuagenario millonario y excéntrico llamado Rodolfo Hernández irrumpió en la primera vuelta presidencial con casi seis millones de votos y estuvo a tres puntos de alcanzar el poder. Lo llamaron el “Trump colombiano”. Pero quedó descartado por sus excesos verbales y sus enredos judiciales a pesar de haber enarbolado la lucha anticorrupción como bandera de campaña.

Muchos creyeron que era una simple anomalía. Cuatro años después, un abogado penalista de extrema derecha de 47 años y sin experiencia política llamado Abelardo De la Espriella ha hecho lo mismo, pero con 10 millones de apoyos y ganando la primera vuelta al favorito y candidato del oficialismo de izquierda Iván Cepeda. ¿Cómo se explica?

Más furor que ideología

Colombia no llega hasta aquí sola. La izquierda sigue en el poder en México, Brasil y Uruguay, pero al mismo tiempo emerge una nueva derecha que avanza allí donde el descontento cala más hondo: Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador como una franquicia de exportación. Colombia, de momento, ha tardado en sumarse a esa tendencia. El progresismo gobernó los últimos cuatro años y sigue siendo una fuerza política importante, con algo más de nueve millones y medio de votos. Pero el domingo no ganó la primera vuelta, ni siquiera con el empuje del presidente.

El de De la Espriella no se trata de un fenómeno ideológico en sentido clásico. Es algo más visceral y más difuso. El politólogo Camilo Cruz lo resume así: la fractura entre quienes dependen del Estado y quienes aprendieron a prescindir de él. En Colombia, esa brecha tiene un rostro concreto: la mitad de la fuerza laboral trabaja en la economía informal, entre ellos miles de abogados, médicos o ingenieros que en España entrarían en la categoría de autónomos. Es decir, un segmento de profesionales independientes, ajeno a las estructuras estatales y desconfiado de su burocracia. Y, sobre todo, de sus promesas. El cuatrienio del gobierno de Petro los alejó aún más y De la Espriella supo leerlos cuando nadie más lo hacía.

El abogado ha seguido el guion utilizado por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Mientras tanto, presume de su fortuna en redes sociales, mostrado sus vuelos en jet privado, su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temoradas en sus casas de Miami, Bogotá y la campiña toscana.

El contexto regional

Hay una explicación estructural a la victoria de De la Espriella. “Colombia ha entrado en la dinámica latinoamericana”, explica la analista Nadia Pérez Guevara. “Debido a la existencia del conflicto armado interno, estuvimos un poco ajenos a las olas y a los debates regionales. Ahora no. Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios”.

Durante décadas, la guerra organizó la política colombiana. La posición frente a las guerrillas o la paz movilizaba al electorado. Cuando esa lógica empezó a disolverse, quedó libre un espacio que De la Espriella ocupó con otro lenguaje: seguridad urbana, antipolítica, informalidad y valores conservadores. El mismo idioma que Milei habla en Buenos Aires o que Trump esgrime en Washington.

Colombia entra a la dinámica latinoamericana [...] Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios

Nadia Pérez Guevara — Analista

Hundimiento del uribismo

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, asegura que hay cierta continuidad en la historia de hace cuatro años con la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, condenado por corrupción en marzo de 2024 y fallecido en septiembre del mismo año. “En ambos casos [con Abelardo] se nota un vacío de liderazgo de la derecha tradicional en el contexto posturibista. [El expresidente Álvaro] Uribe sigue siendo una figura importante, pero ya no alcanza a ser el líder hegemónico que fue hace 20 años”.

De cualquier forma, Paloma Valencia se mantuvo leal a su mentor político, se plegó sin fisuras al expresidente y buscó atraer al electorado de centro con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata de perfil moderado. Sin embargo, la unión no cuajó: el Centro Democrático pasó de 3,2 millones de sufragios en las primarias de marzo a 1,6 millones este domingo.

¿Y ahora qué?

De la Espriella supo leer la coyuntura política. Se lanzó con un programa de apenas tres páginas y consiguió movilizar a un electorado que llevaba años esperando un discurso de extrema derecha sin complejos. Pero Basset matiza: no todo su apoyo es ideológico. “En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él”. Así, el también apodado Tigre llega a la segunda vuelta del 21 de junio con una coalición más heterogénea de lo que parece. Es una fortaleza, pero también una fragilidad.

En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él

Yann Basset — Politólogo de la Universidad del Rosario

Detrás de su buen resultado hay dos apoyos que los expertos apenas empiezan a cartografiar: los jóvenes conservadores de TikTok y otras redes sociales, y las iglesias evangélicas. “Son jóvenes que, por el acceso a la información vía digital, han mirado hacia la derecha y hacia principios conservadores”, explica Pérez Guevara. Este es, quizás, un matiz importante para quienes daban por hecho que todos los manifestantes que salieron a la calle durante el paro y el estallido social de 2021 estaban con la izquierda petrista. Al parecer, una parte de esa misma generación conectó con el universo global de Trump y depositó su votó por el Tigre.

El segundo bloque es aún más silencioso. “Las iglesias cristianas nunca habían logrado consolidarse como fuerza política en Colombia. Ahora sí lo hacen de manera abierta”, analiza Pérez Guevara. De hecho, el jefe de debate de la Espriella es Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano e hijo de uno de los líderes evangélicos más influyentes de Santander, en el noreste del país. Y el propio De la Espriella, que en otros tiempos se declaraba ateo, llegó a esta campaña rezando en público. Las estructuras eclesiásticas hicieron el resto del trabajo territorial que su movimiento Firmes por la Patria, con apenas un año en política, no podía hacer solo.

Por todo ello, Iván Cepeda llega a la segunda vuelta con una herida y una oportunidad, tras sembrar en la jornada electoral la duda sobre los resultados y rectificar al día siguiente. “No hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, reconoció.

La cicatriz visible es que no movilizó a su propio electorado de izquierda. “Hay un hueco de al menos un millón de votos recuperables solo en Bogotá”, señaló el domingo por la noche, durante un debate en YouTube, el politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital. “También en el Caribe y en el Valle del Cauca, donde hace cuatro años la izquierda tuvo una votación muy considerable”. La oportunidad: parte del apoyo de De la Espriella es pragmático y puede moverse.

García Duarte advierte que para cambiar el rumbo Cepeda debe modificar su discurso. Cita un ejemplo: la izquierda no puede quedarse en la letanía de las negociaciones de paz. El experto sugiere que, tras los fallos de la política de Paz Total de Petro, debe garantizar seguridad y combinar la negociación con la coerción institucional.

La politóloga Nadia Pérez Guevara interpreta el triunfo de De la Espriella, por su parte, como un fenómeno multiclase que agrupa no solo a votantes afines a la ultraderecha, sino también a desafectos y ciudadanos cínicos frente a la política y la democracia. Media Colombia llevaba ya algunos años acumulando el descontento. Y el domingo en la noche, por primera vez, alguien lo tradujo en victoria.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella ha generado entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero ha despertado inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Ninguna encuesta lo predijo. Abelardo De la Espriella, el abogado penalista de extrema derecha sin experiencia en política, ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con el 43,72% de los votos: más de diez millones, frente al 40,92% de Iván Cepeda. La diferencia de 656.033 sufragios convierte la noche del 31 de mayo en la mayor sorpresa electoral de Colombia en décadas. El candidato del oficialismo, que todos los sondeos daban primero, llegó segundo. Los dos se medirán el 21 de junio en una segunda vuelta que tendrá durante tres semanas al país partido en dos polos radicales.

Faltaban diez minutos para las once de la mañana —las seis de la tarde, hora peninsular española— cuando Iván Cepeda, de 63 años, salió de su edificio en Chapinero rumbo a su puesto de votación en Kennedy, una localidad popular del sur de la ciudad donde pasó parte de su infancia. En la casa vecina, una imagen de un tigre acompañada del eslogan y nombre del movimiento “Firmes por la Patria” señalaba la sede de campaña de su rival: Abelardo De la Espriella, de 47. Los policías que custodiaban la entrada del candidato de la ultraderecha llevaban horas allí. Al ver el abultado operativo del aspirante de la izquierda, con una caravana de vehículos blindados, escudos y todo tipo de dispositivos, no pudieron contener la ironía: “Con esos vecinos…”.

Diez horas más tarde los resultados arrojaron otras historias. Paloma Valencia, la candidata de la derecha uribista, llegó a esta campaña con 3,2 millones de votos tras la consulta interpartidista de marzo. Este domingo, sin embargo, obtuvo 1.625.563, menos de la mitad. Su 6,92% certifica el ocaso del uribismo institucional como fuerza electoral autónoma. Las encuestas le daban entre el 14% y el 22%. La realidad le dio menos del 7%. Diez millones de colombianos votaron por el candidato que representa la nueva derecha. Algunos expertos ya han generalizado la etiqueta de “posuribismo” para caracterizar el ciclo que emerge más allá del legado de Álvaro Uribe.

Colombia acudió a las urnas con una participación del 57%, algo por encima de su media histórica pero insuficiente para las aspiraciones del oficialismo. “A Cepeda lo derrotó la abstención”, sostuvo en Caracol Televisión el analista Hernando Gómez Buendía. “El Pacto Histórico no logró movilizar a la inmensa mayoría que tenía en el papel”, remató. La firma encuestadora Invamer, en su última medición antes del domingo, situaba a Cepeda en el 44,6% excluyendo a los indecisos. Las urnas le devolvieron 40,92%, casi cuatro puntos menos.

Todo indica que De la Espriella recordó algo que las encuestas no midieron. Colombia es un país muy conservador: en sus valores, en el apego a la familia, a la propiedad privada, al trabajo como virtud y a la religión como ancla de todo ello. Conectó con esa raíz cultural profunda en un lenguaje aspiracional: el del empresario exitoso y la gestión eficaz en un contexto de hastío ciudadano con sus propios gobernantes. Lo hizo, además, sin partido consolidado ni experiencia en el Estado, una carencia que sus rivales señalaron y sus votantes ignoraron. “Recoger esas voces que no se sienten representadas por los partidos, pero que son conservadoras en esencia, fue un éxito rotundo de su campaña”, afirmó la analista Paca Zuleta en Caracol. 

Y el politólogo Camilo Cruz detalló, en un análisis para el portal de opinión Razón Pública: “Detrás de De la Espriella hay una serie de gremios muy relevantes, quizás abogados y abogadas que se mueven dentro de un medio precarizado e informal, al que los partidos tradicionales no alcanzaron a llegar. La izquierda tampoco”.

Lo más probable es que el próximo presidente de Colombia sea Abelardo De la Espriella, vaticinó Gómez Buendía. “Los votos de Paloma Valencia son, fundamentalmente, votos de derecha. Este es un país de derecha”. La aritmética es nítida: si los 1,6 millones de sufragios de la candidata uribista se suman a los del ganador de la primera vuelta, la izquierda quedará sin apenas margen. Y Valencia reconoció su derrota antes del cierre de los colegios electorales y anunció que votará personalmente por el candidato radical en la segunda vuelta. 

“A pesar de los ataques y las heridas, tenemos el corazón dispuesto a servirle a Colombia”, dijo Valencia al felicitar al ganador por lo que llamó una “impresionante victoria”. El expresidente Álvaro Uribe también anunció su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Antes de conocerse el resultado oficial, el presidente Gustavo Petro tensó la noche desde su cuenta de X: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada”, escribió, cuestionando el sistema informático de transmisión rápida de resultados (que no tiene valor jurídico vinculante). El escrutinio oficial, basado en actas físicas verificadas por jueces, es el único con validez legal. No obstante, la jornada había sido supervisada por 1.330 observadores internacionales, la misión más numerosa en la historia electoral colombiana, de 80 organizaciones, entre ellas la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. 

El politólogo Camilo Cruz sintetizó la aprehensión de medio país en pocas palabras: “No sabemos cuál es el proyecto de país de Abelardo De la Espriella”. Y la analista Nadia Jiménez añadió en el mismo espacio de debate: “No necesariamente es un votante bruto, o le están comprando el voto. Es la muestra de a lo que nos está llevando el sistema. Había un electorado suelto, no cautivo, que con esa campaña tan efectista de De la Espriella se logró cautivar”. En los telediarios, por su parte, las caras largas de la clase política tradicional lo decían todo.

Desde una tarima en el Malecón del Río de Barranquilla, ciudad portuaria del Caribe, ante una multitud que ondeaba banderas, De la Espriella recibió los resultados con tono épico. Llegó en una suerte de yate iluminado. Y dentro de una urna blindada, con la camiseta del equipo de fútbol de Colombia, recitó la oración a la bandera militar y citó al Nobel de Literatura 1982. “Como diría el gran Gabriel García Márquez, el premio que acabo de recibir es saber que mi intento no ha sido en vano”. Acto seguido llamó “golpista” a Petro y “bandido” y “narco terrorista” a Cepeda. Luego lanzó la advertencia que definirá las tres semanas que vienen: “Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza”.

A casi mil kilómetros, en Bogotá, Iván Cepeda no concedió una línea de moderación. Con sus características camisas sin cuello calificó a De la Espriella de “fascismo mafioso, de ”estafador de estafadores“, y advirtió que bajo su eventual mandato los logros sociales del gobierno Petro ”serán pulverizados“. Luego remató con la frase que definió su posición ante los resultados: ”Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia“. Y reclamó, en línea con el presidente, una comisión escrutadora. Al día siguiente por la mañana, sin embargo, se enmendó. ”Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades“, admitió.

De esta forma dos países votaron este domingo en Colombia. Ninguno de los dos está muy dispuesto a dialogar. Sin embargo Hernando Gómez Buendía ofreció el único consuelo de la noche: “Aquí hay división de poderes, la Registraduría funcionó, en el Congreso nadie tiene la mayoría y los jueces son independientes. Eso es lo que salva a Colombia”. El 21 de junio, los colombianos volverán a las urnas. Esta vez con los dos contendientes claros y un ambiente de tormenta que se podría prolongar cuatro años más.

Colombia elige presidente. Si la abstención se mantiene en su media histórica —por encima del 50%—, el nuevo mandatario será elegido por menos de uno de cada cuatro colombianos en edad de votar. El terreno político, además, es farragoso: un capítulo más del conflicto armado en desarrollo, la segunda tasa de desigualdad más alta de América Latina, un sistema sanitario en crisis, la mitad de la fuerza laboral sumergida en la informalidad y un déficit público histórico que inquieta a los mercados internacionales. Con ese paisaje de fondo, este domingo se celebra la primera vuelta de los comicios. Si las encuestas aciertan, el ganador definitivo se decidirá en la segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

Tres candidatos lideran la carrera. Iván Cepeda, senador de formación gramsciana y defensor de derechos humanos, porta la antorcha del presidente saliente Gustavo Petro, que aspira a consolidar la primera sucesión consecutiva de izquierda en la historia del país. Abelardo De la Espriella, abogado sin cargo público previo, conocido por su ejercicio mediático del derecho, encarna una ultraderecha que habla el idioma de Bukele y Milei pero con su propio 'acento Caribe'. Paloma Valencia, senadora uribista y nieta de un expresidente, defiende el marco constitucional y político que ha imperado en Colombia las últimas décadas con una visión conservadora.

Hoy las encuestas sitúan a Cepeda en torno al 38-42%, a De la Espriella alrededor del 34-38% y a Valencia cerca del 18-22%. Pero las cifras, advierte el politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, han variado mucho en las últimas semanas y excluyen a los indecisos del cálculo, lo que infla de forma borrosa a los candidatos más consolidados. Por ello, los expertos han seguido el pulso de estas mediciones con bastante cautela, a pesar de que el país cuenta con una nueva y rigurosa ley que exige mayores niveles de transparencia y precisión metodológica a las firmas.

Los tres principales rostros

Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, llega a este domingo como favorito con un estilo menos carismático que el del actual presidente y algunos interrogantes programáticos. “El petrismo es mucho más grande que la izquierda electoral tradicional”, advierte el politólogo Camilo Cruz, “pero Cepeda, de 63 años, ha sido tan cuidadoso de no marcar distancia frente a Petro, que esa estrategia le ha impedido crecer más allá del voto duro”. Con el 40% consolidado no le daría para ganar en segunda vuelta, por eso necesita convencer al elector moderado. Pero buscarlo significa, al mismo tiempo, alejarse del presidente. “Está entre la espada y la pared”, resume el investigador e historiador Fernán González.

De la Espriella, entre tanto, representa algo distinto al uribismo que dominó la derecha colombiana durante dos décadas. “No es un calco de Bukele ni de Milei”, precisa Cruz. Su modelo más cercano, según el analista, es el ecuatoriano Daniel Noboa: el outsider que se hizo visible en los medios y apeló al emprendimiento y la mano dura como discurso. De 47 años, libertario en lo económico y reconvertido hace meses en conservador cristiano en lo moral, ha construido su campaña seduciendo a una Colombia que las estadísticas no terminan de capturar: la del abogado independiente, el pequeño comerciante, el médico que factura por cuenta propia, el profesional que prospera al margen de las estructuras formales. Se trata, en parte, de la Colombia del “rebusque”. Un universo informal, o sumergido. No necesariamente precario.

"Hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”

Yann Basset — Politólogo de la Universidad de Rosario

Valencia, de 49 años, más que una candidata es un síntoma. Durante dos décadas, el uribismo fue el eje organizador de la derecha colombiana y de buena parte de la política nacional. Hoy se fractura ante los ojos de Álvaro Uribe Vélez, su poderoso fundador. “Una parte de ese voto se va a De la Espriella por convicción porque hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”, dice Basset.

La tensión entre ambos es, quizás, equiparable a la que destruyó al PRI mexicano, que desdibujó a la Democracia Cristiana italiana o que licuó a los partidos tradicionales en media Europa: la derecha clásica devorada por un radicalismo que habla más alto y promete actuar más rápido sin una partitura muy clara. El uribismo, sin embargo, aún subsiste. Sus votos siguen ahí. Pero con De la Espriella emerge una fuerza que no necesita su nombre o sus ideas para existir.

Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de los tres candidatos. La Constitución de 1991 —pluralista y participativa— aparece por primera vez en décadas como objeto de disputa. Cepeda ha moderado su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, sin descartarla. De la Espriella, por su parte, ha planteado sacar a Colombia de la OEA y de la ONU, lo que alteraría en la práctica la arquitectura de la Carta.

El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro

Fernán González — Investigador jesuita

“Plantear un cambio constitucional hoy no solo refleja el tradicional ‘cretinismo jurídico’ que afecta a América Latina, sino que podría abrir el camino para una Constitución a imagen y semejanza del gobernante de turno, quebrando el consenso más amplio de la historia de Colombia”, opina el historiador y politólogo Eduardo Pizarro León Gómez. Paloma Valencia defiende el marco vigente. Pero las encuestas, de momento, no le dan la razón.

Camino a la segunda vuelta

Detrás de este mapa electoral hay una generación urbana que lo explica: la que salió a las calles en el estallido social de 2021, quizá el más largo y violento en décadas, y forjó su identidad política en las fisuras sociales del país, y no en torno al miedo a la amenaza de la guerrilla. Para ello hay dos razones: la primera, muchos aún eran bebés en los años más crudos del conflicto, a finales de los 90; la segunda, el conflicto interno cambió. “La acción de los violentos ya no se encamina a la toma del poder, sino al control de la población local en las regiones”, explica el investigador jesuita Fernán González, que lleva décadas estudiando la violencia desde las zonas más afectadas. “Su dimensión política no es tan fuerte y no es nacional, sino local”.

Hay cierto consenso entre los expertos consultados: fue Gustavo Petro quien hizo visible lo que Colombia prefirió mirar de soslayo durante décadas. “El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro”, afirma González. “Hizo visible la profunda desigualdad social de Colombia”. Ese es su legado real.

Este domingo, sin embargo, solo se resolverá un primer asalto. El sistema colombiano exige mayoría absoluta: según las encuestas, ningún candidato la alcanzará y habrá una segunda vuelta el 21 de junio. Ahí la aritmética cambiaría de golpe. En teoría, según las mediciones publicadas, Cepeda perdería contra cualquiera de sus dos rivales. Por eso los dos finalistas tendrán tres semanas para convencer a un país que no los vio debatir ni una sola vez durante la campaña. Colombia celebró más de 60 debates electorales en 2018. En 2026, los tres aspirantes punteros miraron hacia otro lado. “De la sobresaturación pasamos al silencio y los dos extremos enferman la democracia deliberativa por igual”, dice Camilo Cruz.

Lo que más preocupa, sin embargo, es el lunes. “Basta que el perdedor ponga en duda la transparencia del conteo de los votos para desatar una crisis de consecuencias insospechadas”, advierte Pizarro León Gómez. Recuerda que no es un temor abstracto: en 2021, los seguidores de Trump tomaron el Capitolio. En 2023, los de Bolsonaro asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Colombia tiene una tradición civilista que la distingue de sus vecinos: es el país latinoamericano que menos años ha vivido bajo una dictadura. Pero la polarización tiene su propio peso en estos tiempos.

Los tres candidatos punteros prometen salvar a la nación del abismo teórico que representan sus contendientes. Los tres también le dan la espalda a la otra mitad del país. “La oposición se dedicó a torpedear sistemáticamente casi todos los proyectos de Petro, fueran buenos o regulares, sin proponer nada alternativo”, recuerda Fernán González. Quince veces consecutivas, desde 1958 —cuando Colombia salió de cinco años aislado de dictadura bajo Gustavo Rojas Pinilla—, el país ha elegido presidente sin falta. Hoy será la decimosexta. Pero la política colombiana no dará respiro hasta el 21 de junio.

Nadie en su entorno sabe explicar muy bien por qué Mateo Pérez tomó la decisión de viajar solo en su moto hacia una zona tan violenta como Briceño. Su primo Jorge Rueda lo intenta en entrevista con elDiario.es: era de esos reporteros, dice, a los que les gusta ir a las zonas más complejas, hablar con los pobladores, impulsar denuncias donde pocos lo hacen. “Era muy tranquilo, pero muy frentero [intrépido]”, subraya.

Salió de su casa por última vez el 4 de mayo, pasadas las ocho de la mañana. Se despidió de su padre. Lo tranquilizó con la esperanza vana de que había presencia militar en aquel municipio montañoso de Antioquia, al noroeste del país, donde los sanguinarios Clan del Golfo y Frente 36 de las disidencias de las FARC libran una lucha a muerte por el control de las rutas de la cocaína entre el interior y la costa del Caribe.

El impulso detrás de la decisión del joven reportero era el de siempre: traer una historia de vuelta a El Confidente, la revista digital que había fundado tres años atrás y que difundía por Facebook e Instagram, las únicas plataformas que un periodista sin respaldo puede permitirse en estos tiempos. Información local, artesanal, hecha a mano y en solitario. Su primo Jorge Rueda confiesa que Mateo ni siquiera conocía Briceño, el pueblo ignoto donde lo mataron. Y, sin embargo, cuando unas horas más tarde llegó a la zona en moto, tanto la policía como la personería municipal le advirtieron que no se alejara del casco urbano. Que no era seguro. Pero él siguió adelante.

En casa de sus padres los tres días posteriores transcurrieron en silencio. Lo esperaban en Yarumal, a unos 120 kilómetros de Medellín, sin noticias. Y con los malos presagios de un país violento que nadie se atrevía a nombrar. Hasta el viernes 8 de mayo, cuando una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo pudo entrar al lugar y hallar su cadáver en la zona rural de Briceño. Días después, el Ejército también recuperó la moto Boxer 100 en la que había emprendido el viaje y en un camino veredal aledaño apareció su carné de periodista.

Según testimonios cruzados de integrantes de la misión humanitaria y habitantes de la zona, Mateo se habría topado, en algún recodo de la carretera veredal, con hombres armados bajo las órdenes de Chalá, nombre de guerra de Jhon Édison Chalá Torrejano, un guerrillero de apenas 22 años enviado desde el sur del país por Alexander Díaz, alias Calarcá, el máximo cabecilla del Frente 36, para endurecer el control territorial. Presuntamente, lo interrogaron, lo torturaron y lo mataron delante de algunos pobladores que miraban impotentes, según afirmó el gobernador del departamento de Antioquia.

Su cadáver permaneció varios días allí mientras las autoridades, incapaces de entrar, negociaban a distancia la devolución de sus restos con los grupos criminales.

La última llamada

A Pérez le restaba acreditar sus prácticas laborales para terminar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional sede Medellín, la capital de Antioquia. Su situación económica era precaria. Con el objetivo de financiar su revista, que suma tan solo 4.600 seguidores en Facebook, vendía zumos naturales y ensaladas en el garaje de la casa. En los últimos tiempos trabajaba en una empresa de mensajería. Su padre, Carlos Pérez, contó en la prensa local que compartía con su hijo la pasión por el ciclismo y que Mateo había recorrido parte de Colombia en bicicleta.

Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), conocía su situación. La FLIP ya había documentado dos alertas suyas: una en 2024 por acoso judicial y otra en 2025 por obstrucción al acceso a la información. Aun así, no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–. El año pasado, la misma ONG documentó 496 agresiones contra reporteros en el país, 192 de ellas amenazas de muerte dirigidas no solo a los informadores, sino también contra sus familias.

Para entender la tragedia hay que acercarse a Briceño, un pueblo cafetero de poco más de 8.000 habitantes en el norte de Antioquia (conocido como el “Rinconcito amable”). No obstante se trata de un enclave que ha vivido muy poco tiempo en paz. Algunos citan de memoria ese lapso en el que el miedo quedó arrinconado fugazmente: 2016 y 2017.

En aquel entonces el Frente 36 de las FARC se desmovilizó. Dejó las armas tras el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Acto seguido el Estado impulsó los primeros intentos de programas de desminado y sustitución de cultivos de coca, uno de los pilares de la economía local. Pero la calma duró muy poco: uno de los comandantes firmantes de aquel pacto volvió a las armas y arrastró consigo a buena parte de la tropa.

Desde entonces, según relata a elDiario.es el periodista, abogado e investigador Sergio Mesa, la disputa por las rentas criminales no da tregua: por la minería ilegal, pero también el narcotráfico. Se trata de un pulso sangriento en medio de un territorio inundado en sembradíos de hoja de coca donde, incluso, los candidatos a la alcaldía han necesitado a menudo del visto bueno de los violentos. De hecho, el actual alcalde lleva refugiado semanas en Medellín por amenazas. El secretario de Gobierno, también. Y el personero, que tiene algunas funciones similares al Defensor del Pueblo en España, renunció en abril.

Pérez no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–

Ese es el pueblo donde el dinero del narco, la zozobra y el miedo se reparten el territorio. Y allí llegó Mateo el lunes 4 de mayo por la tarde. Tenía 24 años —el 8 de junio habría cumplido 25—, una moto Boxer 100 y un móvil como grabadora. Hoy se sabe que se registró en el hotel El Campesino. Al día siguiente recorrió el casco urbano y habló con funcionarios de la alcaldía, la policía y el hospital.

Sin embargo, su misión era llegar a la vecina vereda de Palmichal, donde días antes se habían librado combates entre el Ejército y las disidencias. Ya en el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Según el relato de Sergio Mesa, construido sobre el terreno a partir de testimonios de pobladores, los criminales le preguntaron quién era. No le creyeron. Revisaron su teléfono. Lo retuvieron. La personera municipal y el intendente Guillermo Zapata confirmaron que la última señal de vida fue aquella llamada de las tres de la tarde. Se cree que lo mataron antes de caer la noche. Justo antes de que entrara en vigencia el toque de queda impuesto por los violentos: de las seis de la tarde a las seis de la mañana nadie puede salir de sus casas en Briceño. Luego le ordenaron a algunos pobladores que lo enterraran. Ellos mismos dispersaron sus pertenencias por distintos caminos de esa zona montañosa. Y su carné de prensa lo colgaron de la rama de un árbol cualquiera.

En el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Jesús Abad Colorado, fotoperiodista colombiano que lleva más de tres décadas documentando el conflicto interno, fue uno de los primeros en alertar del caso de Mateo. Por eso partió hacia Briceño con Sergio Mesa para acompañar a la familia y tratar de visibilizar el drama humano. Tenía una razón personal: cuando en mayo de 1992 cubrió su primera emboscada de las FARC, tenía la misma edad que el reportero asesinado. “Era un pelado con ganas de comerse el mundo”, recuerda.

Para Abad Colorado lo ocurrido en el norte de Antioquia refleja una contradicción de fondo que corroe el intento de paz del Gobierno Petro: las limitaciones de negociar con grupos armados que siguen asesinando civiles sin exigirles garantías reales. “Hay que poner reglas claras. Hay que verificar que se cumple. Dialogar entre las partes no puede ser a costa de matar a periodistas, maestros o líderes sociales”, apostilla.

Jorge Rueda guarda un detalle que ha contado poco. Cuando los guerrilleros del Frente 36 capturaron a su primo, reunieron a una treintena de pobladores y les preguntaron: “¿Quién conoce a este hombre? ¿Qué hacemos con él?”. Al parecer nadie habló. El miedo que padecen las comunidades agobiadas por la guerra en Colombia no cabe en ningún informe de ONG. Por eso al familiar aún le cuesta procesar el dolor: “Una sola llamada hubiera salvado la vida a Mateo”. Lo único cierto es que el 10 de mayo, día de la madre en Colombia, Gloria Rueda enterró a su hijo. Lo hizo entre flores amarillas y blancas, rodeada de cientos de vecinos que despidieron a un reportero valiente de Yarumal.