Cómo Trump está infiltrando a su ejército en toda América Latina con una nueva coalición militar contra el narcotráfico
Tres fechas del calendario de los primeros cinco meses de 2026 ilustran el renovado intervencionismo de EEUU en América Latina: el 3 de enero, la tropa de élite estadounidense Delta Force irrumpe en Caracas y secuestra a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. El 3 de marzo, helicópteros militares ecuatorianos, apoyados por el ejército estadounidense, incendian supuestos refugios de narcotraficantes en la provincia de Sucumbíos, cerca de Colombia. “Sí, estamos bombardeando a los narcoterroristas en tierra también”, declaró entonces Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU. El 30 de abril, el presidente argentino, Javier Milei, aterrizó en el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz para participar en ejercicios navales conjuntos con EEUU en Mar del Plata. Unos días antes había autorizado la presencia de militares estadounidenses en territorio nacional para el ejercicio Daga Atlántica.
El goteo de intervenciones militares estadounidenses en territorio latinoamericano ocurre bajo el marco del Escudo de las Américas, una nueva coalición militar lanzada el 7 marzo en el campo de golf Trump National Doral Miami para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal. 12 gobiernos nacionales alineados con Donald Trump ya se han unido al Escudo de las Américas, entre ellos Argentina, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Paraguay y Costa Rica, país históricamente neutral, sin ejército, donde se ha abierto el debate sobre bases militares estadounidenses en su territorio.
El acuerdo con Paraguay blinda a los soldados estadounidense frente a la justicia paraguaya y permite la circulación de vehículos militares y armamento sin ningún tipo de inspección
Tras décadas de presencia limitada a bases aisladas, el ejército del Tío Sam está de vuelta en América Latina. Donald Trump está forzando a muchos gobiernos a firmar acuerdos militares en una secuencia cargada de simbolismo. En febrero de 2024 llegó el Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por su nombre en inglés) con Ecuador, país que cerró la base militar de Manta en 2009. En abril de 2025 se firmó el memorándum de entendimiento militar con Panamá, país en el que Washington gestionó el Canal hasta el año 2000 y donde se ubicaba la Escuela de las Américas que entrenaba a ejércitos de dictaduras.
Perú y República Dominicana autorizaron a finales de 2025 el despliegue temporal de tropas estadounidenses en su territorio. Sin embargo, el acuerdo que ha hecho saltar todas las alarmas es el SOFA firmado con Paraguay. El acuerdo, aprobado en marzo, no solo blinda a los soldados estadounidense frente a la justicia paraguaya, sino que permite la circulación de vehículos militares y armamento sin ningún tipo de inspección. “El acuerdo representa una verdadera base militar encubierta. Es humillante”, asegura a elDiario.es el diputado opositor Raúl Benitez en un restaurante de Asunción.
La calle protesta en Paraguay
En un acto en la Plaza Italia, en Asunción, miembros de movimientos indígenas y campesinos se reúnen para articular un frente común de resistencia. Hablan en guaraní, usando palabras sueltas en español: “Resistencia”, “compañeras”, “privatización”, “narcopoder”. Una palabra se repite constantemente: SOFA. “Este acuerdo viola los derechos de las comunidades. Un militar estadounidense puede violar a una niña y no pasa nada. El narcotráfico es su excusa”, asegura a elDiario.es Camila Mas, de la Coordinadora de los Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY).
Rosa Toledo, de Vía Campesina, afirma a este medio que derogar el SOFA es una de las demandas principales de los pueblos indígenas y movimientos campesinos: “Incumple el artículo 143 de la Constitución (relativo a la soberanía nacional). Posibilita que comunidades de pequeños agricultores puedan sufrir desalojos violentos”. EEUU tiene un largo historial de efectos colaterales de presuntas operaciones contra el narcotráfico. Una investigación del New York Times denunció que el objetivo atacado en Sucumbíos en marzo no era un campamento de narcotraficantes, sino una explotación lechera.
Este acuerdo viola los derechos de las comunidades. Un militar estadounidense puede violar a una niña y no pasa nada. El narcotráfico es su excusa
La diputada izquierdista Johanna Ortega, del Partido País Solidario (PPS), denuncia que el SOFA es un insulto para el pueblo paraguayo. “Antes, la cooperación con el ejército de EEUU se habilitaba por lotes. El SOFA convierte a Paraguay oficialmente en el patio trasero de EEUU, permite la entrada de cualquier vehículo y beneficia a unos pocos poderosos”, afirma a elDiario.es. La diputada explica que el acuerdo supone el levantamiento de las sanciones que EEUU estableció contra el expresidente Horacio Cartes por su participación “en corrupción desmedida”, según la embajada de EEUU en Paraguay.
Las sanciones estaban vinculadas también a la relación de Cartes con el contrabando (especialmente de tabaco). “Es paradójico: la mayoría de diputados conservadores implicados en contrabando y narcotráfico votaron a favor del acuerdo”, matiza el diputado Raúl Benitez. Al menos 26 diputados cartistas (corriente fiel al expresidente del conservador Partido Colorado, que gobierna el país) han sido investigados por la justicia por relación con el narcotráfico.
Alarma en Brasilia
El SOFA firmado por Paraguay ha hecho saltar todas las alarmas en Brasilia. Unos días antes de su aprobación, el prestigioso periodista brasileño Jamil Chade denunciaba que el Departamento de Estado de EEUU había declarado la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil como uno de “los principales focos de actuación en América Latina”, incluida la ciudad brasileña de Foz de Iguaçú.
Unos días después de la firma del SOFA, André Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, se reunió en Asunción con su homólogo paraguayo y con el presidente, Santiago Peña, para manifestar su preocupación. La reciente declaración de EEUU de las organizaciones criminales Comando Vermelho (CV) y Primero Comando da Capital (PCC) como grupos terroristas fue un verdadero jarro de agua fría para Brasil. La reunión del presidente brasileño, Lula da Silva, con Donald Trump en la Casa Blanca a comienzos de mayo no consiguió revertir una decisión que para Lincoln Gakiya, de la Fiscalía de São Paulo, estaba ya tomada desde 2024.
Cuando Washington pasa a encuadrar a organizaciones criminales latinoamericanas como terroristas, se crea un ambiente político en el que medidas extraterritoriales, sanciones, cooperación asimétrica y formas de vigilancia más intrusivas parecen más aceptables
Las presiones de la familia Bolsonaro a Donal Trump tras el escándalo de presunta corrupción por la película Dark Horse (una biografía sobre Jair Bolsonaro) aceleraron el proceso. ¿El SOFA paraguayo permitirá a EEUU desplegar tropas en territorio brasileño con la excusa de la lucha contra la financiación de Hizbulá o contra los carteles de droga brasileños en la triple frontera? “Es verdad que la medida se inserta en una política exterior que busca ampliar la capacidad de influencia de EEUU. Pero una cosa es ampliar instrumentos de presión y otra es una intervención directa en territorio brasileño”, dice a elDiario.es André Pasternak Glitz, promotor de Justicia en el Ministerio Público del estado de Paraná.
Para Tallita Lima, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ), considerar terroristas al PCC y PV significa encuadrarlos en la seguridad nacional, la defensa y la política externa. “Cuando Washington pasa a encuadrar a organizaciones criminales latinoamericanas como terroristas, se crea un ambiente político en el que medidas extraterritoriales, sanciones, cooperación asimétrica y formas de vigilancia más intrusivas parecen más aceptables”, afirma Tallita Lima a este periódico. El desplazamiento narrativo parece ya haber ocurrido: tras el anuncio del Gobierno de EEUU, el propio Lula aseguró en un discurso improvisado que los comandos de traficantes “son terroristas para las comunidades brasileñas”, pero “no son los terroristas que Trump quiere”.
Intereses ocultos
La presencia de Alexandre Silveira, ministro brasileño de Minas y Energía, en la reunión en Asunción brinda otra pista sobre las implicaciones del SOFA: recursos naturales y minerales. El diputado liberal paraguayo Billy Vaesken denunció en la red social X que el SOFA no solo entrega soberanía, sino también “información valiosa” de los recursos naturales del país, en referencia al litio y los acuíferos subterráneos (Paraguay comparte con Brasil, Argentina y Uruguay el gigantesco acuífero guaraní). Vaesken sostiene que el interés real de EEUU “no es la cooperación desinteresada, sino el acceso a datos estratégicos y recursos naturales críticos de Paraguay”, entre los que incluye igualmente el oro y el uranio.
Tras la intervención militar en Venezuela de EEUU, el Escudo de las Américas ha sido recibido con recelo en toda la región. Muchos especialistas denuncian intereses ocultos de EEUU. “La doctrina de seguridad nacional de EEUU quiere levantar un cerco contra potencias adversarias. Está claramente dirigido a China”, aseguró a la BBC el chileno Carlos Solar, experto en temas de seguridad y defensa en América Latina del Royal United Services Institute (RUSI).
El más claro interés político de EEUU es consolidar los contactos y la asociación entre proyectos de extrema derecha
Pablo Ospina, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y especialista en temas de seguridad, asegura en entrevista con elDiario.es que, a pesar de que el narcotráfico y la inmigración no son meras cortinas de humo, los nuevos acuerdos militares de EEUU tienen otros objetivos. “El más claro interés político es consolidar los contactos y la asociación entre proyectos de extrema derecha”, asegura. El especialista apunta que existen intereses conjuntos entre el Gobierno estadounidense y sus aliados en lo que el trumpismo denomina Hemisferio Occidental —el continente americano— para impulsar “agendas menos populares, como la reducción de impuestos a los más ricos, los recortes de servicios sociales y sistemas de protección universal de salud o educación pública, además del saqueo de bienes, de la naturaleza y del patrimonio”.
Desde Argentina, el principal temor es la Base Naval Integrada que el gobierno de Javier Milei autorizó a construir conjuntamente con EEUU en la península de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La visita de una delegación comercial estadounidense a Ushuaia en enero no incluyó en la agenda el narcotráfico, sino la “tramitación de licencias para la gestión de minas y procesamiento de minerales críticos”, según la propia embajada de EEUU.
Emiliano Fossatto, el secretario jurídico de Tierra del Fuego, gobernada por la oposición peronista, aseguró a una radio local que la visita tuvo “muchas inseguridades” y no fue comunicada a las autoridades locales. “No es menor la geolocalización que tiene el puerto de Ushuaia, la puerta de entrada a la Antártida. Seguramente puede haber otro interés”, afirmó, según recoge Swiss Info. La Antártida, víctima del deshielo provocado por el calentamiento global, se insinúa como nueva frontera del Hemisferio Occidental trumpista.
0