En mayo de 2019 comenzó a gestarse un movimiento. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid decidía plantar cara a Blackstone, un fondo de inversión estadounidense —o fondo buitre, como señalan desde el sindicato— dueño de sus casas. Su casero había enviado un burofax de renovación del contrato de alquiler con subidas abusivas, de entre el 60% y el 100%, según detallan desde el sindicato, al que comenzaron a unirse vecinos de todas partes de la región. Tras dos años de protestas, presión vecinal y una demanda colectiva, el sindicato lograba un acuerdo. Los inquilinos consiguieron firmar 84 nuevos contratos sin subidas abusivas, por una duración de siete años y con otros tres más prorrogables. 

El hecho de que el fondo buitre cediera ante la presión, accediera a negociar y aceptara las exigencias del sindicato, supuso un hito que los inquilinos no olvidan, y recuerdan en cada manifestación. “Ya ganamos una vez”, corean, porque creen que pueden conseguirlo de nuevo con el resto de contratos que van expirando. Su lucha continúa y las manifestaciones y protestas también.

El último golpe

El mes pasado, los huéspedes y trabajadores de los hoteles Axel de Madrid y Ramblas Vincci de Barcelona, ambos propiedad de Blackstone, presenciaron la última protesta del sindicato. “Fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos de nuestras casas”, coreaban los manifestantes mientras atravesaban las puertas del hotel Axel. El objetivo de los manifestantes era exigir, a través de este “método de presión”, la negociación colectiva de los alquileres de sus casas, que son propiedad del mismo fondo.

En la entrada del hotel situado en el centro de la capital, micrófono en mano y con los turistas, la Policía y los cerca de 50 manifestantes como público, Valeria, una de las coordinadoras del Sindicato, explicaba cuál era su lucha: “Acabar con la especulación”. “Este es un modelo de negocio centrado en hacerse cada vez más y más rico, en medida que nosotras nos hacemos cada vez más y más pobres”, aseguraba la activista, que daba voz a sus compañeros, que denunciaban las venta de sus casas, destinadas en un principio a alquiler social, “a precio de ganga”. “Con gente dentro, gente con pocos recursos”, espetaba uno; “con niños dentro”, añadía otra de las manifestantes, y Valeria lo matizaba: “Con gente que lo único que queremos es tener un sitio y construir un hogar”. “Basta de cargarse nuestros barrios a la vez que nos echa de ellos”, coreaba.

Los manifestantes no solo buscaban conseguir la negociación colectiva de los contratos de sus pisos, sino también denunciar la especulación de Blackstone a través de la compra y gestión de hoteles, con la consecuente gentrificación de los barrios del centro. Las protestas, que han sido coordinadas por el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de las dos ciudades, buscaban que los turistas que se hospedaban en los hoteles recibiesen el mensaje de que “Blackstone abusa de sus inquilinos como parte de su modelo de negocio”.

En un comunicado remitido a este diario, la compañía niega estas acusaciones y asegura que cumple “rigurosamente con las normas vigentes en España” y que actúa con “profesionalidad, responsabilidad y transparencia”.

1.806 viviendas para alquiler social vendidas a Blackstone

Los inquilinos son víctimas de la especulación pero, también, de la mala gestión y del abandono de la Administración madrileña. Son los que sufren las consecuencias de la venta de sus casas de protección oficial a un fondo buitre. En 2013, durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, el fondo de inversiones adquirió 1.806 viviendas públicas, dedicadas al alquiler social, por 128,5 millones de euros. El escándalo llegó a los tribunales y sentó en el banquillo de los acusados a los responsables directos de la venta: Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, sin embargo, ambos fueron absueltos. El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a su equipo a pagar 25 millones de euros por esa venta, pero finalmente revocó la condena gracias al voto de dos consejeros propuestos por el PP.

Rosa, vecina de Vallecas, es una de las afectadas. “Mi piso era de la Empresa Municipal de la Vivienda y lo compró el fondo buitre Blackstone el 2013”, cuenta. Este mes, tras el fin del contrato y de dos prorrogas por la situación derivada de la pandemia de la COVID, el propietario de su casa le da dos opciones: pagar un 40% más o irse. Rosa señala que, hasta ahora, pagaba 610 euros, pero desde la compañía quieren que le se sume 240 más, un precio que, explica, no puede afrontar porque supone casi la totalidad de su sueldo. “Cuando les dices que no, te dicen que no van a negociar con el sindicato bajo ningún concepto y que es lo que hay”, explica , aunque ella continúa con la lucha por su casa, en la que vive desde hace 12 años y que le fue adjudicada tras 13 años de espera. Rosa cuenta que muchos vecinos de su bloque, construido por la Administración para viviendas de alquiler social y vendido por la misma, atraviesan la misma situación que ella. “Los vecinos (aquellos que tenían un contrato público) se han ido por miedo, y ahora, hay muchos con contratos engañosos de los que entraron nuevos”, detalla la mujer.

Divide y vencerás, la estrategia del fondo buitre

Desde el sindicato también denuncian que, ahora, Blackstone se ha centrado en vender parte de su su cartera de vivienda, y que su estrategia principal pasa por expulsar a los inquilinos a través de subidas de precio de hasta el 60% y la no renovación de contratos. Para conseguirlo, juegan al “divide y vencerás”, explican desde el sindicato, es decir, ofrecen condiciones distintas o prorrogas diferentes para “debilitar” a todo el grupo, que lo que busca es una negociación colectiva, aunque, aseguran, no van a ceder. Como Antonio y Mari, que han renunciado a la propuesta del fondo americano de blindar su alquiler sin subidas, porque la compañía se lo había ofrecido solo a ellos. El matrimonio busca que la compañía se siente a negociar con todos los afectados.

El mayor propietario de vivienda y hoteles en España

Blackstone es el mayor casero de España. El fondo buitre supera las 30.000 propiedades en territorio español, según datos de 2019, y la mayoría se encuentran en Barcelona y Madrid. Pero no solo cuenta con viviendas para venta y alquiler en su cartera, también con hoteles repartidos por toda España. Desde el sindicato, señalan que se ha convertido en el “mayor propietario de hoteles del estado” a través Hotel Investment Partners (HI Partners), que se define como “principal inversor en hoteles vacacionales en el sur de Europa, con 21.352 habitaciones ubicadas en los principales destinos turísticos de España, Italia, Grecia y Portugal”. El fondo ya cuenta con más de 70 propiedades de este tipo, bajo conocidas firmas como Meliá, Marriott o Axel.

Los activistas denuncian que, con este tipo de turismo, que pretende “seguir creciendo cada año”, va a continuar “agravándose la expulsión de vecinas, la pérdida del comercio de proximidad, la saturación de calles, plazas y transporte público, la contaminación ambiental y la precarización laboral que caracteriza el sector de la industria turística”. “Con la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles, se refuerza un proceso de turistificación insostenible en Barcelona, Madrid y otros tantos lugares”, aseguran.

El agente municipal que acompañó a Maysoun Douas al entierro de su padre no entendía por qué habían elegido un lugar tan alejado para enterrarlo. Se encontraban en el cementerio de Griñón, a 40 minutos en coche de Madrid y de complicado acceso en transporte público. Pero enterrarlo allí no había sido una elección sino una imposición: no había otro lugar en la región donde pudiera ser inhumado, según la tradición musulmana. La concejala de Más Madrid relató esta anécdota en el Pleno de principios de agosto que otorgó una victoria histórica a la comunidad: la funeraria municipal acondicionará una parcela de 10.000 m2 en el cementerio de Carabanchel para entierros que sigan la tradición musulmana y será, a partir de ahora, la encargada de gestionar las inhumaciones que allí se realicen.

“¿Cómo explicar o cómo justificar que una persona española, con numero de DNI, que había jurado lealtad a la bandera, a la constitución y al rey, que había contribuido a la formación de generaciones, que había contribuido a la automatización de navíos pesqueros en alta mar, que había contribuido a la automatización de varias fabricas en buena parte de España, que había pagado sus impuestos y era un ciudadanos como ustedes, le estaba pasando eso, a él y a su familia?”, lamentaba la concejala en su alegato a favor de la proposición del Grupo Socialista para que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid gestione estas inhumaciones, una pelea histórica de la comunidad musulmana que hasta ahora solo podía velar a sus fallecidos en el cementerio del pueblo madrileño donde durante años fue enterrada la Guardia Mora de Franco.

Douas ha expresado en elDiario.es su alegría por que la propuesta salga adelante. “Por primera vez se establece dónde se va a poner esa parcela, cómo se van a hacer los siguientes pasos, y por fin, entra también en valor el trabajo que se ha hecho desde la comisión de trabajo”, expresa la concejala, aunque asegura que “no hay que darse por satisfecho hasta verlo”. Sin embargo, ha hecho especial hincapié en el cambio de gestión. Hasta el momento, los enterramientos musulmanes en la Comunidad de Madrid han sido tramitados, en su mayoría, por el Centro Cultural Islámico –la mezquita de la M-30– y la Mezquita Central de Madrid –la de Estrecho–, en lugar de hacerlo a través de Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que es la que se encargará a partir de ahora.

Douas explica que ha estado vinculada a las dos mezquitas en distintos momentos de su vida, pero ahora lamenta que las entidades que las gestionan, entre las que se incluye la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), no han defendido los derechos de su comunidad. “Toda nuestra vida estábamos pensado que nuestros derechos estaban siendo representados por estas entidades, que ellas eran las que estaban defendiéndolos, buscándolos, reclamándolos y haciéndolos posibles”, señala la concejala, que recalca que la comunidad había delegado la lucha de sus derechos, entre ellos los de defunción y enterramiento, en dos entidades que lo que realmente hacían, dice, era aprovechar la situación.

“Estaban secuestrando todos nuestros derechos en lugar de hacerlos posibles, estaban entorpeciendo las conversaciones y estaban haciendo lo posible para que las cosas se quedaran tal cual están”, denuncia la concejala, que acusa a las dos mezquitas de entorpecer las conversaciones. También señala que la responsabilidad y la gestión debe estar en las manos de los municipios y no en las de las comunidades islámicas porque “existe una gran cantidad de irregularidades en la parte de defunciones y entierros de las que se están beneficiando unos pocos”.

Un camino de más de 15 años

La proposición del Grupo Socialista, que fue defendida por el concejal Ramón Silva, salió adelante con el apoyo de Más Madrid y el Grupo Mixto, la abstención de PP y Ciudadanos y el voto en contra de Vox. Sin embargo, no era la primera vez que se debatía este tema en el Pleno. En 2006, en PSOE planteó la misma proposición, que fue aprobada por unanimidad, pero que nunca se llevó a cabo. Diez años más tarde, el Gobierno de Manuela Carmena retomó de nuevo la idea, pero volvió a quedar congelada.

Silva encuentra dos razones para que, tras 16 años, no se hubiera hecho nada, porque “las conversaciones [entre el Consistorio y las dos mezquitas] se iban alargando, y no acababan de cerrarlo”. Por un lado, explica que “no siempre la coordinación entre los diferentes grupos islámicos es todo lo buena que debería”, lo que dificulta la comunicación y la toma de decisiones. Y por otro, sospecha que “el Ayuntamiento tenía más interés en vender una parcela y que lo gestionara cualquiera de estas dos comunidades”, una opción que se alejaba de las intenciones de la formación de Silva de garantizar un servicio público para la población musulmana, lo que motivó al edil a lanzar de nuevo la propuesta, pero esta vez con matices: una parcela ya seleccionada y la obligatoriedad de que la gestión de los enterramientos recaiga sobre en el Ayuntamiento, como lo hace con el resto de entierros que se producen en la ciudad.

El sistema de dependencia, por el que las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas son atendidas por el Estado, llegó a España hace 15 años con la Ley de Dependencia. Sin embargo, el mecanismo no termina de funcionar. Las listas de espera son demasiado largas y el sistema no es capaz de atender a todas las personas que lo necesitan. Y aunque ha mejorado la cobertura a nivel nacional tras el plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales –que ha supuesto una inversión de 6.000 millones–las plataformas de familiares de residentes denuncian que no es suficiente. A principios de año, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denunciaba la falta de entre 62.000 y 63.000 plazas para que pudieran ingresar las personas con Grado II y III de dependencia (que son las que tienen derecho a esta prestación).

En la Comunidad de Madrid, la lista de espera para acceder a una residencia, según su web, es de 2.000 personas. Aunque, según el informe del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), la lista es de 7.006 personas. Unas cifras elevadas, sobre todo, si se tiene en cuenta que pueden pasar meses hasta que se acceda a dicha lista de espera por la lentitud de los trámites de solicitud del grado de dependencia y el acceso a la propia lista.

“Si te pones a sumarlo pasa un año”

Juan explica lo tedioso que está siendo conseguir que su abuela entre en la lista de espera del servicio de atención residencial madrileño. Fue en febrero cuando él y su familia empezaron el proceso. Enviaron un correo para solicitar una reunión con la trabajadora social pero hasta mediados de abril no tuvieron una primera cita. “El problema llega cuando quieres meter a alguien en una residencia y solo para que te informen y te den la documentación a rellenar pasan dos meses”, lamenta Juan, que cuenta que la próxima reunión, en la que entregarán la documentación, no se producirá hasta junio. “No es normal que para tener una cita con la trabajadora social pasen dos mes y que para rellenar los papeles pasen otros dos más”, denuncia. Además, el nieto cuenta que les han explicado que para el Grado III (el de su abuela) hay una lista de espera de entre seis y ocho meses, “si te pones a sumarlo pasa un año”, dice.

Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), asegura que los plazos establecidos por la Ley de Dependencia no se están cumpliendo. Según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en la Comunidad de Madrid pasan una media de 285 días desde que se entra en la lista de espera hasta que se consigue plaza en una residencia, cuando lo establecido por la ley es que el máximo sea 180 días. Pero no solo hay que sumar los meses de espera y los de solicitud de la residencia. La burocratización también está presente a la hora de conseguir los grados de dependencia. “Están tardando más de esos seis meses y eso que parece que ha habido un descenso con el plan de choque del Gobierno”, señala Vázquez.

“Está todo orientado a fomentar el negocio privado”

La falta de plazas solo es la parte más visible de un problema de fondo. El presidente de la asociación cree que “está todo orientado a fomentar el negocio privado en la Comunidad de Madrid y en casi todas las comunidades autónomas”. Desde Pladigmare señalan que solo hay 65 residencias de titularidad pública (con gestión pública o privada), del total de casi 500 centros madrileños. Una cifra que desde la asociación califican de “totalmente insuficiente” para la cantidad de demanda que hay. Por eso, piden que se generen nuevas plazas en residencias públicas.

La baja oferta de medios se une con la excesiva burocracia. “Mucha gente no espera a que les den el grado de dependencia y directamente les meten en una residencia privada”, asegura Vázquez que cree que les “están empujado a eso”, y muchas veces no les queda otra opción. Hay una urgencia real que la Administración ignora, “detrás de la falta de plazas hay auténticos dramas, hay personas que se caen en sus casas porque no pueden vivir solas”, explica.

Vázquez explica que esta dinámica de arrastrar a las familias a las residencias privadas también se refleja en el acuerdo marco que aprobó el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado septiembre. Con el nuevo acuerdo, el Ejecutivo regional exige a los centros privados con plazas concertadas que reúnan ciertas condiciones. Muchos centros no las cumplen, no pueden mantener las plazas concertadas y casi 700 residentes deben ser trasladados a otros centros.

“Les están ofreciendo la posibilidad de renunciar a la plaza concertada y optar por el servicio privado”, cuenta Vázquez, que explica que los centros ofrecen esta posibilidad porque los residentes “se desubican y se desmoralizan”, pero no quita que al fin y al cabo “habrá menos ingresos para el residente y más para la residencia privada donde se van a quedar”.

“Se está fomentando el negocio privado de una forma espectacular”, denuncia Vázquez. Por eso, Pladigmare exige la creación de más plazas públicas, para que cuando surja la necesidad, las familias “no se vean obligadas a acudir a una empresa privada porque a su familiar no le conceden el grado de dependencia o tardan muchísimo en conseguirlo”.

Los trabajadores de la empresa Grupo 5 de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y del Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar (PAIEF) del Ayuntamiento de Madrid cumplen un mes de huelga indefinida. Su objetivo es conseguir los mismos derechos que el resto de centros que realizan la misma labor de atención psicológica, social y educativa con niños y adolescentes en situación de desprotección. “No hemos tenido ningún avance, ninguna negociación ni ninguna disposición de mejorar salarios, aunque haya habido algunas pretensiones”, cuenta Álvaro Prieto, trabajador afectado y miembro del comité de huelga.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 12 Centros de Atención a la Infancia: tres de ellos son de gestión pública directa y tienen una parte de gestión privada, y los nueve centros restantes están dirigidos por distintas empresas privadas. Tres CAI y tres PAIEF son gestionados por la empresa Grupo 5, que pertenece al fondo de inversión Corpfin Capital, al que los convocantes de la huelga acusan de ser un fondo buitre. Los trabajadores de esta empresa exigen una subida de sus salarios acorde con los pliegos y el presupuesto del Ayuntamiento, porque aseguran que hay diferencias de “entre un 15% y un 45% menos de sueldo anual” en comparación con el resto de empleados.

Sin embargo, Prieto señala que su petición no gira en torno a la equiparación con otros trabajadores del servicio, sino más bien al cobro de uno de los porcentajes que el Ayuntamiento contempla en los pliegos pero que los empleados no están percibiendo. En el pliego de 2016, se reconocía un complemento salarial concreto para los profesionales contratados. El Consistorio incluyó ese complemento a la hora de realizar la memoria económica que, aunque no es vinculante, se tiene en cuenta para realizar las partidas presupuestarias. Sin embargo, conforme explica Prieto, “Grupo 5 nunca lo llegó a aplicar porque entendía que jurídicamente no cabía”. En el pliego de 2020, por el que se rigen actualmente, Prieto indica que no se incluye el complemento salarial, pero que las partidas presupuestarias son superiores a las de 2016, por lo que asumen que ese plus estaría incluido en la partida de salarios. Es decir, el comité sospecha que Grupo 5 se queda una parte de las partidas presupuestarias destinadas a salarios. “Les hemos pedido que económicamente hagan esa subida que supone entre 50 y 200 euros brutos al mes, dependiendo de la trabajadora”, cuenta el miembro del comité. Grupo 5 ha explicado al elDiario.es que ha realizado dos propuestas de mejoras salariales, pero desde el comité señalan que no las han aceptado porque suponían un aumento de solo “15 euros brutos al mes, que el año que viene ascendería hasta 54 euros”.

Fuga de profesionales

Desde el comité también denuncian que la precariedad y los bajos salarios, en comparación con los mismos puestos en otras empresas, producen un cambio constante de la plantilla. “De hace dos años aquí, casi el 50% de la plantilla ha cambiando”, detalla Prieto. “En mi propio equipo, en el puesto de psicóloga he tenido a cuatro personas y en el puesto de trabajadora social han pasado tres, en dos años”, cuenta el trabajador, que lamenta que existan familias que han tratado con hasta 10 profesionales distintos a lo largo del tiempo.

El cambio constante es un “maltrato” para las familias porque produce la sensación de “tener que volver a arrancar” el proceso, que se hace mucho más duro, sobre todo, teniendo en cuenta que la visita de estos profesionales nunca es una buena noticia, ya que se encargan de valorar si el entorno en el que se encuentran algunos menores es el adecuado.

El problema también se produce cuando la empresa no es capaz de cubrir los puestos de personas que dejan el trabajo. “Al final tienes equipos con sobrecarga porque falta alguien”, explica Prieto.

Más allá de los salarios

Otra de las exigencias gira en torno a las medidas de conciliación, porque denuncian que “no existe flexibilidad por parte de la empresa que permita la adaptación de horarios”, lo que obliga a los trabajadores a reducir su jornada. Prieto denuncia que los compañeros nunca terminan los procesos de solicitud de conciliación porque desde la dirección complican los trámites y nunca conceden las solicitudes de los trabajadores conforme las piden, es decir, los trabajadores solicitan unos horarios determinados y la empresa les ofrece otros que no encajan con sus necesidades.

Desde Grupo 5 explican que un “25% de la plantilla tiene una mejora de la jornada”, es decir, “que realizan menos horas de trabajo en el cómputo anual de lo que establece el convenio”. Sin embargo, desde el comité señalan que no se trata de todos los trabajadores, sino que se trata de la plantilla contratada antes de la compra de Grupo 5 por parte del fondo de inversión. “Somos la plantilla vieja, que tenemos reconocidas 1.680 horas en lugar de las 1.750 que reconoce el convenio, porque tenemos las condiciones anteriores”, matiza. “Venden que tiene mejoras pero la experiencia es que si tuviéramos una mejora el 60% de la plantilla no secundaría la huelga”, sentencia el trabajador.

Avances en las negociaciones

Entre el comité y la empresa no ha habido ningún tipo de encuentro por el momento, aunque desde Grupo 5 afirman que están en contacto con el Ayuntamiento para hacer un seguimiento de la mesa de negociación. Por su parte, el Consistorio ha recibido en distintas ocasiones al comité de huelga y se comprometió a llevar a cabo algunas de las exigencias de los trabadores.

Las peticiones que se han aprobado son las de reducir la prorroga del contrato de CAI y sacar un nuevo pliego de cara al próximo año, además de incorporar al los sindicatos en la confección de los nuevos pliegos y crear una mesa de dialogo, que junte a las tres partes y que arranca el 16 de agosto. El comité ve con buenos ojos los avances que han logrado, sin embargo, esperan que el Ayuntamiento se siente como una parte afectada más y no como un mediador.

Guerra de cifras

Desde la empresa indican que solo el 20% de los trabajadores están siguiendo la huelga. Sin embargo, el comité sitúa la cifra en el 80%. Los datos varían por las diferencias de criterios a la hora de hacer el recuento. Mientras que el comité de huelga calcula el seguimiento en base a las personas que pueden secundar la huelga, es decir, sin incluir a los trabajadores que deben cumplir el servicio mínimo y a los que están de vacaciones, Grupo 5 lo calcula en base a toda la plantilla, independientemente de si deben acudir a trabajar o no.

Además, desde el comité denuncian unos servicios mínimos abusivos: “Nosotros en verano tenemos un acuerdo, por el que se queda el 40% de la plantilla y el 60% puede disfrutar de vacaciones. Como ha coincidido que la huelga ha sido en verano, han puesto unos servicios mínimos del 50%”. El comité señala que tratarán de “judicializarlo” a través de CCOO, ya que les están perjudicando.

Dos años con parones

La huelga comenzó el pasado 8 de julio, pero las protestas y quejas se remontan dos años atrás. Empezaron a hacer parones parciales y realizaron algunas movilizaciones para exigir la equiparación de los salarios, pero Prieto asegura que la empresa no atendía sus quejas. “Los ánimos se fueron calentando, el tema del COVID acentuó el desgaste y el panorama socio-económico actual ha agudizado la situación. Muchos compañeros, me incluyo yo, de vez en cuando tenemos que pedir ayuda a familiares para llegar a fin de mes”, explica Prieto, que señala que estas circunstancias extremas son las que les han llevado a la huelga.

El problema de las listas de espera para ser atendido en la sanidad pública madrileña se mantiene enquistado dos años después de que se haya superado la peor etapa de la pandemia que suspendió muchas actuaciones sanitarias en marzo de 2020. Con los hospitales saturados por los pacientes que ingresaban con COVID, las intervenciones quirúrgicas y las consultas quedaron suspendidas. Y las paralizaciones se tradujeron en largas listas de espera que aún perduran.

Durante la primera ola de la pandemia se pararon las operaciones. Solo se realizaban aquellas que eran urgentes y no se podían posponer. Las plantas y las UCI estaban en sus máximos de ocupación. Además, los quirófanos se transformaron en unidades de cuidados intensivos improvisadas. Las siguientes olas fueron llegando a Madrid y el problema de ocupación de camas, que no se resolvía, iba agravando el problema y posponiendo las intervenciones.

Ahora las afecciones derivadas de la enfermedad infecciosa se han reducido hasta rozar casi la normalidad. Pero los hospitales madrileños no se han recuperado, las urgencias siguen colapsadas, los sanitarios siguen reclamando una mejora estructural y las listas de espera siguen creciendo.

La espera para ser operado en la Comunidad de Madrid se ha disparado. En febrero de 2020 solo había 230 personas que esperaban más de 180 días –seis meses– para operarse. Ahora la cifra se ha multiplicado exponencialmente, llegando a las 3.865 personas en junio de 2022, última fecha con registros. Sin embargo, la cifra más alta se alcanzó en agosto de 2021, con 10.370 personas esperando más de medio año para ser intervenidas. 15.334 esperan entre tres y seis meses para recibir la intervención.

También hay 72 personas que deberán esperar más de un año para ser operadas, cerca del doble que en febrero de 2020, cuando solo había 44 personas en esa lista. El tiempo que tarda de media un madrileño en someterse a una intervención quirúrgica ha pasado de los 47 días en febrero de 2020 a los 64 días en junio de 2022, según los datos publicados por la Consejería de Sanidad.

Máximo de las listas de espera para las pruebas diagnósticas

Los madrileños tardan una media de 49 días (datos de junio de 2022) en recibir los resultados de una analítica, una resonancia magnética, una ecografía, una mamografía o una endoscopia digestiva, entre otras pruebas diagnósticas.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, en junio había 47.826 pacientes que esperaban una media de un mes para recibir sus resultados, 21.814 pacientes que esperaban entre uno y dos meses, 15.055 que tardaban entre dos y tres meses en recibir los informes y 81.177 que tienen que esperar más de tres meses, la cifra más alta desde 2017, aunque no se aleja demasiado de las ya elevadas cifras de febrero de 2020, cuando 65.008 pacientes tuvieron que esperar más de noventa días.

Casi 300.000 pacientes esperan más de 90 días a ser atendidos por un especialista

En febrero de 2020, había 140.470 madrileños que llevaban más de 90 días (tres meses) en la lista de espera para ser atendidos por un especialista. En dos años, y con la pandemia de por medio, la lista se ha duplicado alcanzando los 322.561 pacientes en espera. Sin embargo, antes de la pandemia la tendencia ya era al alza, pasando de los 76.680 pacientes en junio de 2016 a los 138.969 pacientes tres años después.

Los madrileños tardan una media de 47 días en ser atendidos en especialidades como oncología, pediatría y psiquiatría, entre otras. Además, hay más de medio millón de personas, un total de 569.595 pacientes en junio, esperando a ser atendidos en la consulta del especialista por primera vez, mientras que la media en febrero de 2020 se situaba en los 453.117.

A pesar de las cifras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometía volver este año a “los 45 días de tiempo de espera” que existían antes de la pandemia “y, en pocos años, conseguir reducirlo a 30 días, siendo la región con menor lista de espera de toda España”. Pero los expertos no confían en que se vaya a producir esa bajada. Javier Ortega, cirujano y presidente de Atención Hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), explica que es “imposible” bajar las listas de espera con “la línea que se está siguiendo hasta ahora”. “A mí me gustaría, como cirujano, que la publicidad política de nuestra presidenta fuese real, pero la veo poco real con los datos que tengo”, sentencia.

Ortega señala que la lista de espera para las cirugías sigue “una tendencia ascendente gradual” a pesar de que se realicen jornadas extraordinarias por la tarde “de forma voluntaria y cobrando una miseria”, o de que se deriven pacientes a la sanidad privada, “un jugoso negocio de muchos hospitales privados”. Para él, el problema está claro: “La mala gestión”. El cirujano, que lleva operando más de 35 años, cree que la mejor opción para agilizar los procesos es poner en funcionamiento más turnos: “Tenemos muchos hospitales en la red sanitaria pública que por las mañanas están al 100% y por las tardes al 10%, eso se llama mala gestión. Ese 90% de actividad perdida se puede activar invirtiendo en capital humano”.

Pero para invertir en capital humano, señala, primero son necesarias unas mejoras en las condiciones laborales. Cuenta que ahora hay entre 1.000 y 1.500 médicos contratados a los que denominan “fantasmas” porque no figuran en las plantillas orgánicas de los hospitales, ya que están contratados por guardias y días, “están ocultos y con contratos miserables”. “Si a ellos se les ofreciese un contrato por la tarde, disminuiría la lista de espera quirúrgica”, argumenta Ortega, que agrega que “las listas de de espera solo se pueden conseguir bajar invirtiendo dinero e invirtiendo en personal”.

Ortega también ha destacado que la precariedad está echando a los médicos de Madrid. “Ha habido mucha fuga de capital humano. Especialistas muy buenos que se han ido a otras comunidades donde les daban contratos decentes”, cuenta Ortega, que también denuncia que “la Comunidad (de Madrid) no lo quiere reconocer”.

Madrid no da con la tecla para solucionar el problema de limpieza de las calles. No es algo nuevo: desde hace años, la capital tiene un asunto sin resolver con la gestión de los desechos. Ahora, a los contenedores llenos de residuos, los insectos, y al mal olor de algunas de las calles de la capital, que ha empeorado por el calor del verano, se suma otro problema: las ratas.

Javier, un vecino del barrio de Valdebernardo en el distrito de Vicálvaro, sacó la semana pasada a su perro a pasear por su calle. Todo normal, hasta que pasó por uno de los contenedores de la zona y vio un carro de supermercado lleno de estos roedores. No era la primera vez que los había visto. Llevaba días viendo algunas al bajar la basura, pero ese día, según relata, había más de 20. Después de las denuncias de los vecinos todavía no se ha solucionado el problema, explica, relacionado con la falta de limpieza de la zona: “No es que quiera tener mi barrio más limpio que el de los demás. Quiero que mis hijos y los hijos de mis vecinos puedan jugar tranquilamente sin el riesgo de que llegue una rata y les dé un mordisco”.

No es el único que ha denunciado públicamente problemas con ratas y falta de salubridad en los últimos días en la ciudad, aunque su vídeo se compartió ampliamente después de que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, lo publicase en su cuenta de Twitter. “La basura no tiene vacaciones en Madrid y sigue ocupando las calles sin que Almeida haga nada”, decía en su tuit. El grupo político afeaba la respuesta del presidente de los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas, Martín Casariego Córdoba, concejal por Ciudadanos, durante su intervención en el pleno: “Hay moscas, hay mosquitos en los parques, en el campo hay conejos, los conejos tienen garrapatas, en las ciudades hay ratas… en todas, en Madrid también”, decía Casariego. “Esto es la vida, vivimos en el planeta Tierra”, agregaba.

Maestre ha indicado a este diario que “no es el primer verano en el que vemos imágenes de ratas correteando entre basura en Valdebernardo” y achaca el problema a la gestión de basuras del alcalde, José Luis-Martínez Almeida: “Si los contenedores en muchos barrios están a rebosar, las papeleras llenas, los espacios interbloques y ciertas pistas deportivas repletas de suciedad, qué podemos esperar los madrileños”, añade. Otros usuarios han contestado al tuit de Maestre con quejas de que el problema de las ratas se da también en otros puntos de la ciudad. También el PSOE se hizo eco del problema y el mes pasado registraron una pregunta sobre la situación de Valdebernardo. Ignacio Benito, concejal socialista y portavoz de Medio Ambiente, indica que la intención era conocer la frecuencia de limpieza y baldeo de las calles del barrio. “Si hay ratas en los barrios es porque les resulta mucho más fácil encontrar alimento en la calle que en el subsuelo, donde habitualmente viven”, critica. El Ayuntamiento adjuntó un mapa en el que informaban de la frecuencia y la distribución de la limpieza en las diferentes zonas de la ciudad, aunque desde el grupo municipal no consideran suficiente la respuesta.

Denuncias por la falta de limpieza

Solo en 2020, último año del que se recogen datos, el Ayuntamiento registró 4.244 quejas por la falta de recogida de residuos y 3.630 por la limpieza urbana, aunque en 2019, antes de la pandemia y de las restricciones, se recogieron 5.186 y 5.083 quejas, respectivamente. La encuesta sobre la satisfacción con los servicios públicos que realiza el Ayuntamiento, arroja cada año datos sobre la preocupación de los vecinos por la suciedad en las calles. Para un tercio de los encuestados, la limpieza es el principal problema en Madrid, una problemática que solo queda por detrás del tráfico y los atascos (34,9%), y que incluso se sitúa por delante de la sanidad (23,9%). La insatisfacción con la limpieza se arrastra año tras año como problema principal. En las últimas encuestas, la limpieza se presentaba como el mayor problema de la ciudad. 

La mayoría de críticas hacia la gestión de la basuras y la limpieza llegaron con los recortes que realizó Ana Botella en estos servicios. En 2013, el Ejecutivo de Botella presentó un contrato para la limpieza y la conservación de los espacios públicos y de las zonas verdes, que se adjudicaba por 2.316 millones de euros y ocho años. Aquel contrato, que asumieron las empresas Valoriza, FCC y OHL, suponía un ahorro de 265 millones de euros. Con la reducción del presupuesto, llegaron los recortes y los despidos, con la consecuente pérdida de calidad del servicio, que aún no se ha recuperado. 

“El alcalde ha tenido la oportunidad de solucionar los problemas de limpieza de la ciudad, pero la ha desaprovechado”, afea Rita Maestre, refiriéndose a noviembre de 2021, cuando expiró el contrato de Botella y Almeida licitó el nuevo para la conservación de los espacios públicos por 1.636 millones de euros anuales. Con el nuevo contrato, el Ayuntamiento pretendía “recuperar el nivel de inversión y limpieza previo a la crisis”. Sin embargo, el aumento de 2.000 empleados que establece el nuevo pliego no supone volver a la cifra de trabajadores que había antes del recorte de Botella, y tampoco cumple con las exigencias de plantilla que piden los sindicatos. Además, el contrato dejaba fuera algunos sectores de la ciudad como los interbloques, zonas privadas de uso público que sirven de paso a los portales de las viviendas, y que finalmente se incluyeron en otro contrato, aunque los servicios de limpieza no empezarán hasta septiembre en esas zonas. 

“Problema de salud pública”

Pero las críticas y denuncias de los vecinos no se realizan solo en el Ayuntamiento. También las redes sociales cuentan cada vez con más vídeos y fotografías que alertan e ilustran el problema, acrecentado en verano por las altas temperaturas. Alba, vecina del barrio de Almendrales en el distrito de Usera, ha decidido difundir imágenes de la situación en la que se encuentra su zona y compartir fotografías de otros usuarios para dar a conocer la situación.

En conversación con elDiario.es, cuenta que no ha visto ratas en su calle, pero sí ratones y acumulación de bolsas de basura. Durante meses, ha denunciado esta situación en Twitter mencionando al Ayuntamiento y abriendo incidencias en Línea Madrid, la cuenta oficial de atención a la ciudadanía habilitada por el consistorio. “Estuve como 10 días yendo al trabajo en metro y cruzándome con la misma bolsa”, explica, y denuncia que no recogen los restos ni baldean las calles: “Vivo cerca de una plaza que es la única que tiene una terraza donde tomarte una cerveza. El verano pasado quedaba allí con mis amigos, pero este ni siquiera he bajado. No hay quien esté ahí de la basura que tiene. Ni siquiera es agradable salir a dar un paseo”. 

Como ella, Javier también habló con Línea Madrid, y en su caso le respondieron que iban a mandar antiplagas al barrio, al igual que sus vecinos, que desde hace días han llamado al 010 para alertar de la situación al Ayuntamiento. Pero insiste en que “el problema sigue existiendo”, a pesar de las denuncias. “En algunos contenedores hay incluso ratas atrapadas que han muerto”, incluso asegura que se han llegado a ver a estos roedores comiéndose a conejos que hay por los alrededores, una situación que se ha convertido en un “problema de salud pública”. El vecino de Vicálvaro también critica la “falta de civismo” de algunos vecinos por arrojar basuras, aunque añade que su zona no se limpia tanto como otras. “Al final la basura es lo que llama a estos bichos”, explica.

El Ayuntamiento niega más ratas

Después de preguntar al Ayuntamiento de Madrid sobre su postura, el consistorio ha respondido a este diario que “no hay más ratas en Madrid ahora que antes”, sino que “La población permanece estable en los últimos años” y en verano “suelen ser más visibles”. La alcaldía indica que se vigilan estas poblaciones “tratando todos los avisos que se reciben y desarrollando planes de prevención” y recuerda que los ciudadanos disponen del teléfono de contacto 010 y del formulario en línea de Madrid.es para comunicar los avisos.

Un paseo por casi cualquier barrio de Madrid es suficiente para comprobar que las calles siguen acumulando basura, a pesar de las quejas constantes de los vecinos. La limpieza urbana y la recogida de residuos son los servicios que más reclamaciones generan. En la memoria anual del Ayuntamiento de 2020, último año del que se recogen datos, se encuentran registradas 4.244 quejas por la falta de recogida de residuos y 3.630 por la limpieza urbana, aunque en 2019, antes de la pandemia y de las restricciones, se recogieron 5.186 y 5.083 quejas, respectivamente.

Los madrileños no solo denuncian al Consistorio con reclamaciones formales. También lo hacen a través de Twitter, donde incluyen imágenes de la degradación de las calles con residuos tirados en el suelo, y muebles y deshechos de obras hacinados en las aceras y bloqueando el paso. Sin embargo, los usuarios denuncian especialmente las zonas con contenedores, donde la frecuencia de vaciado no es suficiente para el volumen de basura que se arroja. Un claro ejemplo se encuentra en la céntrica plaza de Tirso de Molina, donde vecinos cuelgan carteles de sus ventanas para protestar por el “vertedero” que tienen a los pies de su edificio.

Pero la zona centro solo es una más entre tantas que acumulan residuos en sus calles. Los residentes de Carabanchel también se quejan de la falta de limpieza en su barrio. En Twitter, los vecinos se quejan del abandono del barrio por parte del Ayuntamiento, al tiempo que denuncian la suciedad de sus calles y parques, que pueden pasar semanas sin limpiar a pesar de la insistencia y de las quejas a Línea Madrid, la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento.

El pasado viernes, durante un balance de la limpieza en la ciudad, el alcalde José Luis Martínez-Almeida anunciaba la incorporación de 60 'motobicis' eléctricas y 800 carritos para mejorar el servicio en los 21 distritos. Además, también daba a conocer un nuevo contrato del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) por un valor de 185 millones de euros, para reforzar el servicio de recogidas urgentes.

Un problema que se arrastra año tras año

Los madrileños opinan que la ciudad está sucia. Para el 28,9% de ellos, la limpieza es el principal problema en Madrid, solo por detrás del tráfico y los atascos (34,9%), e incluso, por delante de la sanidad (23,9%), según la encuesta que realiza el Ayuntamiento. La insatisfacción con la limpieza se arrastra, año tras año, en la consulta municipal como problema principal. En el sondeo de los años 2016, 2017 y 2019, la limpieza se presentaba como el mayor problema de la ciudad, aunque en unos distritos más que en otros. En Tetuán, lo es para el 37% de los vecinos, y en Usera para el 30%, mientras que en el distrito de Retiro y Moratalaz solo lo es para el 25% y el 21%, respectivamente.

En la Villa de Vallecas es el principal problema para una cuarta parte de los habitantes del distrito. El pasado 14 de junio, los vecinos se concentraron en la puerta de la Junta Municipal de Puente de Vallecas para denunciar la falta de cuidados de la vía pública y con una única exigencia: “Vallecas merece espacios públicos limpios”.

Sin servicio de limpieza hasta septiembre

La peor parte se la llevan los interbloques, zonas privadas de uso público que sirven de paso a los portales de las viviendas, que llevan meses sin que ningún tipo de servicio de limpieza del Ayuntamiento pase por ellos, y no lo harán hasta septiembre. El Consistorio aprobó en octubre de 2021 dos nuevos contratos de limpieza, que rompían con la gestión de la residuos de la ciudad que ideó el Ejecutivo de Ana Botella, pero que tenían un problema: dejaban fuera a 325 interbloques repartidos en 14 distritos. Estas zonas no entraban en los pliegos del contrato firmado en octubre, un hecho que el alcalde olvidaba el pasado viernes, cuando explicaba que el Ayuntamiento hacía un “esfuerzo” con este “primer contrato que va a haber en la ciudad de Madrid de limpieza de las zonas de interbloques”, lugares que ya se limpiaban anteriormente y que sí que se incluían en los pliegos de 2013. En mayo de este año, tras meses de disputa entre vecinos y autoridades para decidir a quién le correspondía el mantenimiento de estas zonas, el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida cedía e incluía a estos sectores en el nuevo contrato de limpieza municipal.  

El barrio de San Blas es uno de los que más interbloques reúne. Allí Carmen, que pasea a sus perros cada día, cuenta que se ha acostumbrado a la suciedad. “El viento arrastra a un rincón toda la basura, pero como esa zona no la limpia el Ayuntamiento, ahí se queda”, explica la vecina, que añade que antes algunas mujeres del barrio lo barrían, pero que al final se cansaron. “Ahí se quedará hasta que el viento se lo vuelva a llevar”, dice. Marcos, otro vecino del barrio, denuncia el “abandono” de San Blas. “Aquí hay muchos interbloques por el tipo de barrio que es, y hay suciedad por todas partes. Nos alegramos de que al fin haya rectificado el Ayuntamiento, pero hasta septiembre queda demasiado”, comenta.

Los contratos de Ana Botella

La suciedad de las calles de Madrid es un arma arrojadiza histórica que todos los partidos de la oposición utilizan. Durante los últimos años, Más Madrid ha exigido al equipo de Almeida que mejore la limpieza de la ciudad, así como el Partido Popular lo hizo durante el Gobierno de Manuela Carmena; pero con una diferencia: Carmena heredó un contrato que no podía modificar y Almeida aprobó uno nuevo al año pasado, cuando expiró el acuerdo anterior que permanecía vigente desde el 2013.

En 2013, el Ejecutivo de Ana Botella presentó un contrato para la limpieza y la conservación de los espacios públicos y de las zonas verdes, que se adjudicaba por 2.316 millones de euros y ocho años, y que mantenía la privatización de servicio. Botella presumía que con este nuevo contrato se ahorrarían 32 millones de euros anuales, un total de 265 millones de euros. Sin embargo, lo que parecía una ventaja, no lo era. Valoriza, FCC y OHL, las tres empresas que asumieron el contrato, heredaron una plantilla de trabajadores del anterior contrato que no querían mantener. Con una reducción del presupuesto, obtener beneficios era más complicado, y llegaron los recortes y los despidos, con la consecuente pérdida de calidad del servicio.

En noviembre de 2021, Almeida licitó el nuevo contrato para la conservación de los espacios públicos por 1.636 millones de euros anuales. El Ayuntamiento pretende “recuperar el nivel de inversión y limpieza previo a la crisis”. Sin embargo, aunque la plantilla aumentará en 2.000 empleados, según el nuevo pliego, pasando de los 3.904 a los 5.904, la ciudad no recuperará los barrenderos que tenía antes del contrato de Botella. Desde Limpieza Viaria de CCOO, denuncian “con el nuevo contrato, las empresas y el ayuntamiento dijeron que tenían que recuperar personal, y han metido gente, pero no la suficiente para que Madrid esté limpia”, y que la consecuencia no solo es la falta de limpieza, también es la carga de trabajo, “los trabajadores tienen que abarcar mucho trabajo porque las calles están muy sucias”.

Antonio, de 84 años y Mari, de 81, llevan viviendo más de dos décadas en Alcorcón. En el año 2000 accedieron a una vivienda de protección oficial en esa localidad madrileña, construida en suelo público pero que fue vendida pocos años después al Banco Santander, como muchos otros bloques de pisos sociales después de que estallara la burbuja inmobiliaria. El edificio acabó finalmente, como tantos otros, en manos de Blackstone, uno de los principales fondos buitre que operan en España, y cuyo ingresos vienen en parte de los alquileres que pagan quienes antes ocupaban un piso de alquiler social y ahora se encuentran con que su casero es una multinacional.

El negocio de Blackstone –que opera normalmente a través de diversas filiales– es redondo: compra bloques de pisos sociales cuyos inquilinos pagan rentas muy bajas, y aplica paulatinamente subidas cuando sus contratos expiran. A veces, esos incrementos se disparan hasta el 60%. Cuando quienes viven en esas casas no pueden hacer frente a los alquileres, el fondo buitre les desahucia.

En el caso de esta pareja de pensionistas, el contrato expiró el pasado 30 de junio. Poco antes de que llegara esa fecha sus nuevos caseros les ofrecieron un contrato “aceptable”, dicen, que han rechazado por solidaridad con el resto de afectados por Blackstone, porque la multinacional solo le ha ofrecido ese contrato a esta pareja de ancianos, pero al resto de los 150 inquilinos del bloque les aplicará una importante subida de la mensualidad. “Luchamos por lo colectivo”, explica Antonio.

A la pareja de pensionistas les han ofrecido un contrato de siete años, prorrogable cada año, por el mismo precio que estaban pagando hasta ahora, 650 euros. Antonio cuenta que él y Mari entraron a ese piso pagando 200 euros al mes a principios de siglo y que para pagar el alquiler actual necesitan ayuda económica de sus hijos. “No lo firmé por estar con el sindicato, que está luchando por una negociación colectiva”, cuenta Antonio, que señala que desde el fondo buitre “van a lo individual para desactivar la fuerza del sindicato. Divide y vencerás”.

Todos los vecinos afectados, no solo los de Alcorcón sino también los de zonas como Torrejón de Ardoz o Vallecas, y muchos otros barrios y municipios de la Comunidad de Madrid, han recibido, y reciben, propuestas con condiciones diferentes de alquiler, lo que entienden como una estrategia para separarlos y debilitarlos de cara a futuras negociaciones. Es por eso que la idea del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es plantear una negociación colectiva para lograr las mismas condiciones para todos.

Después de declinar la oferta, al matrimonio de ancianos les han dado un año de prórroga y les han dicho que a lo largo de ese año recibirán una llamada con una propuesta para mudarse a una vivienda distinta. “Pero no la quiero, yo quiero estar aquí. ¿Me van a desarraigar ahora, después de 50 año viviendo en este pueblo?”, se pregunta indignado Antonio, que ha asumido que cuando pase el periodo estipulado no se marchará. “No me voy de aquí, me tendrán que sacar... de aquella manera”, dice refiriéndose a la posibilidad de que Blackstone opte por lo que ha hecho con otros vecinos rebeldes: desahuciarles.

El hombre explica que para él y su mujer sacarles de su casa sería “traumático”. “A mí me hablan de mudarme y se me abren las carnes. Yo quiero morirme aquí”, cuenta mientras mira las paredes de las que cuelgan cuadros y estanterías repletas de recuerdos. “¿Cuánto llevamos ya, Mari?”, pregunta. “64 años juntos”, le responde su mujer. Antonio mira las paredes: “A lo largo de una vida te llenas de cosas. Me levanto y veo mis colecciones o las de Mari, con sus zapatitos, hay unos apegos. Esto no es nada, ni vale dinero pero es tu vida, y tú la has construido”.

Las “trampas” de Blackstone

En el bloque ya no quedan familias de las que entraron a vivir a principios del 2000. Antonio cuenta que hay una causa, lo que desde el sindicato la llaman los “desahucios invisibles”. El casero sube los precios, porque busca el mayor beneficio posible, y los inquilinos, que dejan de poder poder pagarlos, se van marchando poco a poco.

“Yo he resistido porque tengo hijos que me ayudan pero es inasequible”, denuncia el hombre, que recuerda que ha pasado de pagar 200 euros a 650 euros. “Si a mí la pensión me hubiera subido en esa proporción, estaría ganando 2.000 euros”, añade. A uno de los vecinos del bloque le han subido de los 700 a los 900 euros, “el año que viene con cualquier subida estará por encima de mil”. “Va a parecer La Moraleja —ironiza— y esto es un barrio de Alcorcón”.

Antonio también ha reparado en otra de las “trampas” de Blackstone. Entre los distintos bloques, se ha instalado una piscina y, en consecuencia, el valor de la comunidad y de sus pisos sube, así como también el pago mensual para mantener las zonas comunes. “Cuando se pusieron a hacer la piscina ya me di cuenta de que no era para contentarnos a nosotros, pero eso valía para que los gastos de comunidad pasasen de 45 a 90 euros”, señala.

Hace unas semanas, Juan Pablo Vera Martín, director general de Testa Home, la sociedad que gestiona una parte de las viviendas que Blackstone posee en España, ofreció una entrevista a Idealista. En ella, explicaba que la compañía había invertido “unos 40 millones en zonas comunes” y que se trataba de una reforma “muy enfocada en tener un producto muy competitivo” y “muy atractivo tanto para los inquilinos actuales como para los potenciales inquilinos”.

Contactados por elDiario.es, Testa afirma que “es sensible a las circunstancias particulares de cada inquilino y estudia su situación de forma individualizada atendiendo de forma especial los casos de vulnerabilidad”, y que las subidas de sus alquileres no superan la cuota de 811 euros mensuales. En el caso concreto de Antonio y Mari, aseguran que después de rechazar la primera oferta se optó por extender un año el contrato con las mismas condiciones que tenían. Testa no aclara qué pasará cuando ese año expire ese año ni por qué no se ha ofrecido las mismas condiciones al resto de inquilinos.

El gigante de la especulación en España

La de Antonio y Mari solo es una entre las miles de historias que Blackstone lleva a sus espaldas. Muchas de ellas terminan con vecinos abandonando sus hogares por culpa de subidas de precios imposibles de afrontar; otros viven constantemente con miedo a no poder renovar sus contratos, como les pasó a los vecinos de dos bloques de pisos en Torrejón de Ardoz, que, durante la peor parte de la pandemia, recibieron de golpe la devolución de todos los recibos que habían seguido ingresando desde que les venció su antiguo contrato de alquiler; o con la inseguridad de poder ser desahuciados en cualquier momento, como les ocurrió a José, Julia y Mari Carmen en el barrio de Carabanchel hace algunos años.

Algunas historias terminan bien, como la de cuatro vecinos que consiguieron que Blackstone les diese opción a comprar sus pisos por el mismo precio que ellos lo habían hecho, gracias al fallo de la Audiencia Provincial, que defendía el derecho que habían firmado los vecinos en el anterior contrato con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.

El caso más famoso es el de las viviendas sociales de Madrid. En 2013, durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, el fondo de inversiones norteamericano adquirió 1.806 viviendas sociales por 128,5 millones de euros. La venta fue un escándalo que llegó a los tribunales y que sentó en el banquillo de los acusados a los responsables directos de aquella operación: Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, aunque finalmente, ambos fueron absueltos. El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a su equipo a pagar 25 millones de euros por esa venta, pero finalmente revocó la condena gracias al voto de dos consejeros propuestos por el PP.

Blackstone es el mayor casero de España. A través de sus cerca de treinta socimis dedicadas al alquiler de vivienda en España, principalmente en Madrid y Barcelona, ya supera las 30.000 propiedades, según datos de 2019 en base a las cuentas anuales de las empresas, las presentaciones remitidas a los inversores y la información disponible en sus páginas web. Ahora, los inquilinos de esos pisos, entre ellos el matrimonio que vive en Alcorcón, son los que sufren las consecuencias de la venta de sus casas de protección oficial a un fondo de especulación.

A principios de 2020, los ciudadanos madrileños disponían de una red de 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) a los que acudir si tenían una emergencia o necesitaban que un médico les atendiera por la noche o fuera del horario habitual de los centros de salud. Desde entonces han pasado muchas cosas: la pandemia obligó a cerrarlos “temporalmente”, pero más de dos años después la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado el acta de defunción de veinte, que no volverán abrir. De los otros 17, solo diez volverán, al final del verano, con médicos.

“Los servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid son los mejores de España”, defendía este jueves Ayuso ante el pleno de la Asamblea regional. Unos días antes, su Gobierno había anunciado “un nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias” que venía a confirmar los temores de sindicatos, profesionales y pacientes. Los SUAP desparecerán y pasarán a llamarse Puntos de Atención Continuada (PAC). El cambio no es solo nominal. Habrá una decena con personal médico y otros siete con personal de enfermería y técnicos de emergencias que, de facto, no son servicios de urgencias. De hecho, en la propia página web de la Comunidad indican que los SUAP “cuentan con médicos, enfermeras y técnicos de Emergencias Sanitaria”.

Por el camino, la consejería de Sanidad fulmina una veintena de servicios que solo en 2019, el último año completo que estuvieron operativos, atendieron 343.374 urgencias. A estas habría que sumar las 146.230 que se despacharon en los siete centros a los que ahora se priva de médicos. En total, casi 490.000 atenciones. Una cifra que se ha mantenido estable en 2017 y 2018, según los datos del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud.

La “reorganización” de estos servicios, que suponían el primer escalón en la atención de las urgencias y que permitían a los ciudadanos disponer de un centro abierto próximo a su domicilio los fines de semana, festivos y fuera del horario ordinario de los centros de salud, se basa, según la Comunidad de Madrid, en “criterios de actividad, geográficos, poblaciones y de ausencia de un hospital cercano”.

Con estos requisitos, de los 14 SUAP que había abiertos en la ciudad de Madrid a principios de marzo de 2020, solo cuatro reabrirán con médico. En la zona sur, donde había diez, volverán a funcionar solo dos, en Fuenlabrada y Pinto. Hacia el este, se recuperará el de Rivas-Vaciamadrid, el único de los cinco que se cerraron por la pandemia. En el oeste, permanecerán cerrados los cuatro que había. Y en el norte, donde había tres, además del CUE el Molar, que nunca se cerró, se reabrirán todos. Son los de Tres Cantos, Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes.

De esta forma, se quedan sin su Servicio de Urgencias de Atención Primaria localidades como El Escorial, Majadahonda, Las Rozas, Collado Villalba, Parla, Móstoles, Alcorcón, Aranjuez, Alcalá de Henares, Torrejón, Coslada, San Fernando de Henares o Barajas. Los ciudadanos de estas zonas deberán acudir al hospital más cercano o, donde los haya, a los Servicios de Acción Rural que ya existían.

“Había que reorganizar efectivos de la siguiente manera: por criterio geográfico. Es decir, donde no haya un hospital a menos de 15 minutos”, defendía Ayuso este jueves. La presidenta de la Comunidad ponía como ejemplo el caso de Móstoles. “Antiguamente había un hospital y un SUAP. Ahora en este municipio hay dos hospitales públicos, por tanto no es tan necesario el SUAP en ese lugar”, afirmaba. En el centro de especialidades Coronel de Palma, situado en este municipio de más de 200.000 habitantes, se realizaron en 2019 más de 65 atenciones por urgencias de media al día.

Este es uno de los centros que reabrirá sin médicos. Como en los otros seis en esta situación, no se podrá ni diagnosticar ni prescribir medicación, por lo que finalmente los vecinos que tengan una urgencia, por leve que sea, acabarán yendo a un hospital. En este caso, al Universitario de Móstoles, comenta Eugenio, un vecino del municipio, que denuncia que en “lo que antes se tardaba 20 minutos en el SUAP, ahora se tardan dos horas”, sin contar el desplazamiento. “Le estamos quitando tiempo y calidad de vida a los vecinos de Móstoles y en general a la Comunidad de Madrid”, explica. El mostoleño comenta con enfado que “al final se van debilitando los servicios públicos y es la gente que no se puede permitir una sanidad privada la que lo acaba pagando”.

Atendiendo a los datos que maneja la propia consejería de Sanidad madrileña, no parece que el criterio de actividad haya tenido gran peso en la reapertura. Sí se reabrirá el servicio de San Sebastián de los Reyes, que en 2019 atendió una media diaria de pacientes por encima de los 100 usuarios. Sin embargo, el segundo con más actividad, el de Entrevías, al sur de Madrid, también por encima de los 100 pacientes al día, permanecerá cerrado, en este caso totalmente. Los vecinos de esta zona no tendrán ni médico ni enfermera de urgencias fuera del horario habitual de los centros de salud.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, hasta ocho de estos servicios de urgencias extrahospitalarias que en 2019 atendieron a entre 60 y 70 pacientes de media al día no volverán a abrir o lo harán sin médico. En la misma situación están otros cuatro con una media por encima del medio centenar. De los que reabrirán al final del periodo veraniego, los que menos pacientes atendían de media son los servicios de Tres Cantos, Colmenar Viejo y Las Águilas, en Madrid.

Javier Baeza, que es el cura de la parroquia del barrio de Entrevías, la de San Carlos Borromeo, asegura que la eliminación de este servicio les produce “muchísima angustia”. Ahora a los vecinos no les quedará otra que desplazarse hasta el Gregorio Marañón o el Infanta Leonor, ambos a más de media hora en transporte público. Javier denuncia que las urgencias de los hospitales se terminan colapsando porque se quedan sin “un trámite intermedio que pueda valorar” la gravedad de cada paciente. El párroco cuenta que el martes acompañó a un vecino del barrio hasta las Urgencias del Gregorio Marañón. “Desde las cuatro de la tarde hasta las dos de la mañana estuvimos”, dice.

La situación, que se produce principalmente en la zona sur de la región, también se repite en Aranjuez. El SUAP no reabrirá sus puertas y obligará a los vecinos del municipio a recurrir a alguno de los Servicios de Atención Rural o desplazarse al Hospital del Tajo si tienen una urgencia, por lo que, de nuevo, las urgencias hospitalarias seguirán atendiendo a un volumen de pacientes más alto. Carla es una de las afectadas. “Ya no es que tengamos que esperar más tiempo para ser atendidos, que también, es que los que no tenemos coche tardamos casi una hora en autobús”, denuncia.

Ayuso justificó esta semana que “solo el 0,44% de la atención en los SUAP era para una emergencia”. La afirmación de la presidenta contradice la que arrojan los informes y datos oficiales de la Comunidad. Por ejemplo, la que dice que el 7,3% de las personas que acudieron a estos recursos, más de 55.000 personas, fueron derivadas al hospital por los profesionales sanitarios. En cualquier caso, un paciente que acude a urgencias no tiene la obligación de saber qué es o no demorable hasta que se lo dice un médico.

Si tomamos como referencia el parámetro de las derivaciones a hospitales, el caso de Entrevías vuelve a destacar. Es el que más pacientes al día derivaba de media, casi 10, que suponían el 9,5% del total de atenciones. Otros que permanecerán cerrados con algunas de las tasas más altas son los SUAP de Pozuelo, Majadahonda o Coslada.

El anuncio de este recorte en los servicios de urgencias extrahospitalarias respecto a la situación previa a la pandemia, en la que la Comunidad llegó a comprometerse incluso a abrir otra decena de SUAP más, llega en un momento en el que las urgencias de los hospitales están saturadas. En el Doce de Octubre, por ejemplo, se están atendiendo unas 700 diarias, frente a las 500 de media habituales. “Si nos cierran los centros de salud de alrededor y maltratan la atención primaria, esto es lo que termina pasando”, comentaba una enfermera de este centro para este reportaje.

Desde el sindicato médico Amyts, señalan que la presión asistencial en las urgencias de muchos hospitales está un 30%, un 40% o un hasta un 50% por encima de lo habitual. La ausencia de los SUAP suma presión. Según los datos de la Consejería de Sanidad, en 2019 se atendieron en ellos unas 753.000 consultas, de las el 7,3% requirieron derivación hospitalaria. Es decir, el 92,7% de los pacientes evitaron ir al hospital.

La decisión de la Comunidad de no abrir esa veintena de servicios, que según el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, no supondrá un ahorro para la administración, se ha encontrado con la oposición de sindicatos y plataformas en defensa de los servicios público. CCOO, UGT, y CSIT-Unión Profesional han anunciado ya que emprenderán acciones legales contra este departamento, al considerar que la “reorganización” supone “la disminución de dispositivos de urgencias y recortes asistenciales dramáticos para algunas zonas rurales”. “Nuestra posición es de rotunda negativa a todo el contenido de la resolución y lo que de ella se derive”, han defendido.

También se ha mostrado en contra Amyts, presente en la mesa sectorial. “Teniendo claro que la organización de la asistencia sanitaria compete al Gobierno de la Comunidad de Madrid, queda claro que supone una reducción importante de los puntos de atención y se querría saber qué dotación van a tener para que tengan una garantía de atención adecuada, de forma que no se produzcan situaciones de sobrecarga como las que se producían en los SUAP con anterioridad a la pandemia”, recogen en un informe en el que advierten del temor a que se produzca un “descontento y posible riesgo de salida de facultativos a otros niveles asistenciales”.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha exigido también la reapertura de los 37 SUAP en las mismas condiciones que tenían antes de la pandemia. “El cierre definitivo de 20 centros de salud y la conversión de otros siete en centros solo con atención de enfermería no urgente supone un retroceso en la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria necesaria y un mayor deterioro de una Atención Primaria ya recortada y deteriorada”, lamentan.

“La intención del Gobierno de la señora Ayuso es clara y avanza en ello hace tiempo: empeorar y hacer cada vez más inaccesible la Sanidad Pública, para que la población la abandone y se busque la vida en el sector privado”, denuncian.

La familia de Laura, que vive en Valdemoro, también se ha visto afectada por el cierre del SUAP de su barrio, que atendía una media de 43 paciente al día. Con el cierre de este servicio, todos los vecinos del municipio que necesiten acudir a urgencias tendrán que desplazarse a otra ciudad. “Mis padres y yo tenemos los medios para salir e ir a otro sitio. Pero las personas mayores que viven aquí no tiene posibilidades de salir de Valdemoro si tiene una urgencia”, explica con resignación.

Una situación que lleva más de dos años afectando a miles de personas en toda la Comunidad de Madrid y que tras el verano será definitiva. Mientras tanto, la presidenta Ayuso sigue presumiendo de gestionar uno de los mejores servicios de urgencias de España. “Y desde luego los vamos a seguir mejorando”, aseguró. La última mejora, el desmantelamiento de 20 recursos.

“¡Y que no había gente!”, exclama un hombre al cruzar las puertas de urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Minutos después salen otros dos, uno de ellos con una pulsera hospitalaria, ya había pasado por triaje, y sin embargo, se van. “Llevamos dos horas esperando”, explica uno de ellos enfadado.

Esas dos horas de espera, con largas colas y pacientes para los que no hay camas suficientes, convierten al 12 de Octubre en uno de los ejemplos de la saturación de las urgencias hospitalarias en Madrid. Pero no es el único. Los profesionales sanitarios relatan que en todos los grandes hospitales de la región se colapsa en servicio, que ahora tiene que atender a más pacientes con menos personal.

Rubén espera fuera. Cuenta que su mujer está dentro, la tarde del día de antes empezó a encontrarse mal, tenía síntomas de COVID. Acudieron a las urgencias del hospital por la noche, pero se fueron sin una respuesta. “Estuvimos desde las diez y media hasta las dos de la mañana, esperando a ver si la diagnosticaban, la miraban o algo”, explica Rubén, que cuenta que, finalmente, pusieron una reclamación y se fueron. No la atendían porque la zona de urgencias estaba colapsada. A las 12 de la noche, lo denunciaban a través de Twitter: “Más de 30 pacientes con ingreso sin poder subir a planta porque ya no hay camas disponibles”.

“En la zona de boxes donde la atención es de mayor urgencia, 56 pacientes, donde caben sólo 42. El resto esperando en sillas de ruedas y camillas de ambulancia hasta que puedan pasar a una cama”, aseguraban en otro tuit la noche del martes. “Actualmente estamos atendido en el Hospital 12 de Octubre 700 urgencias diarias, frente a las 500 de media habituales en este periodo”, detalla la jefa de comunicación del hospital, Pilar Notario.

“Si nos cierran los centros de salud de alrededor y maltratan la atención primaria, esto es lo que termina pasando”, comenta una enfermera del centro. “Yo estoy de turno de mañanas y esto está a reventar, pero para las del turno de tarde se multiplica por tres”, cuenta. Una celadora asegura que la situación es insostenible: “Nosotras ya no podemos hacer más, falta gente, y no solo médicos y enfermeras, también celadores. La carga de trabajo es brutal”.

Desde la asociaciones y los sindicatos señalan que el sistema está muy tensionado y los servicios erosionados. El portavoz de la plataforma Somos Urgencias, Andrés Von Wernitz indica que “el 12 de Octubre está muy mal ahora, pero es generalizado, prácticamente todos los servicios de urgencias hemos aguantado de manera brutal”. La vicepresidenta del sindicato de médicos AMYTS, Sheila Justo, lo confirma. “Está pasando en muchas otras urgencias”, donde hay “un 30%, 40% o 50% más de presión asistencial de lo que es habitual”, relata.

Personal escaso y camas cerradas

“En junio se han cerrado 35 camas en plantas, y continúan 9 camas de observación de urgencias cerradas”, apuntaban desde el tuit. Las camas cierran, explica Justo, cuando la falta de personal no permite que se mantengan abiertas. “El dimensionamiento de las plantillas está muy justo, y se nota sobre todo en periodo de vacaciones. Cada año se ve lo mismo, pero estos últimos dos se ha agudizado mucho más”, explica la vicepresidenta de AMYTS, que también señala que desde recursos humanos han dicho que “no hay presupuesto para más personal”, por lo que no hay casi sustituciones.

De hecho, según señala Andrés Andrés Von Wernitz, no debería ser necesario recurrir al la contratación de nuevo personal sino poder organizar las vacaciones entre los sanitarios que trabajan en las urgencias, cosa que no sucede porque la plantilla regular es escasa. “Hay un déficit estructural al que se suma un déficit coyuntural por las vacaciones”, denuncia.

La contratación de personal para cubrir las vacaciones, y en general, también se torna complicada, explica Von Wernitz. Cuenta que las condiciones en la Comunidad de Madrid son pésimas y que los médicos que terminan la especialidad deciden marcharse a otras comunidades, “aquí aspiran a un contrato de tres meses, en Castilla-La Mancha o Castilla y León les ofrecen contratos mucho mejores”. Los datos avalan sus palabras.

Estructuralmente los servicios de urgencia no están dimensionados, como otros servicios hospitalarios, para funcionar sin residentes

Además, el portavoz de la plataforma Somos Urgencias también destaca que el sistema de personal de las urgencias es “perverso” porque no se sostiene sin el trabajo de los médicos residentes, que están en formación. “Estructuralmente los servicios de urgencia no están dimensionados, como otros servicios hospitalarios, para funcionar sin residentes”, denuncia el portavoz, que pone un ejemplo: “Un residente de anestesia no entra jamás a un quirófano sin un adjunto de anestesia, pero, sin embargo, en urgencias se les utiliza como mano de obra”.

Cierre de los SUAP y pacientes de la Atención Primaria

La Atención Primaria no da abasto y muchos de los pacientes con patologías que se pueden solucionar con el médico de cabecera terminan acudiendo a urgencias, porque los tiempos de espera son demasiado largos y las enfermedades se ven agravadas. A esto se añade que la Comunidad de Madrid cerró los los SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria) que abrían por las noches y los fines de semana, y que servían para descargar las urgencias hospitalarias.

Abandonar este servicio, que lleva dos años cerrado y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido eliminar definitivamente en la mayoría de los centros, no solo obliga a los ciudadanos a desplazarse mucho más lejos de sus casas para ser atendidos de urgencia, sino que produce que aumente la presión asistencial de las urgencias de los hospitales. Según los datos de la Consejería de Sanidad, en 2019 se atendieron en ellos unas 753.000 consultas, de las el 7,3% requirieron derivación hospitalaria. Es decir, el 92,7% de los pacientes evitaron ir al hospital.

De los 37 Servicios de Urgencia de Atención Primaria que Ayuso cerró por la pandemia en marzo de 2020, una veintena no volverán a abrir. De los 17 que han sobrevivido al tajo, solo diez abrirán con personal médicos después del verano. La propia presidenta madrileña ha justificado ese cierre con datos que contradicen los oficiales.

Enfermedades sin detectar por la pandemia

Las consecuencias de la pandemia y de la falta de asistencia que provocó que muchas enfermedades que no se detectaron por los protocolos habituales están empezando a emerger ahora con sistemas que obligan a los pacientes a acudir a urgencias. La vicepresidenta del sindicato de médicos AMYTS, señala que las “patologías que no se han visto durante estos dos años cómo se debería ver” y ahora los pacientes acuden con “patologías agudizadas”.

¿Cuánto dice de nosotros el lugar en el que vivimos? ¿Cuánto determina nuestro barrio lo que haremos o lo que pensaremos? Estas son las primeras preguntas que se hace la periodista Eva Lamarca en 'Misterio en La Moraleja', el nuevo podcast que ha realizado junto a Álvaro de Cózar. Esta investigación sonora que se podrá escuchar en Spotify, realizada por los creadores de otros podcast de éxito como 'XRey', sitúa al oyente en La Moraleja, el barrio más rico de España, para resolver un misterio: ¿quién es el vecino que votó a Podemos en las elecciones autonómicas de 2021?

En los comicios madrileños que se celebraron el 4 de mayo del año pasado, la mesa de la sección censal 35 del municipio de Alcobendas, la que corresponde a las rentas más altas de la urbanización, recibió una sola papeleta para Podemos. En esa sección, la que llaman “la moraleja de La Moraleja”, podían votar 555 personas, entre ellas las más ricas de todo el país, aquellas que viven en parcelas de hasta 10.000 metros cuadrados por unos precios que pueden llegar a los 16 millones de euros. En estos sectores se espera que ganen los partidos conservadores, y así fue. El PP consiguió 366 votos (el 81%), Vox 58 (el 13%) y Ciudadanos 10 (el 2%). El PSOE cosechó 6, Más Madrid 4 y Unidas Podemos 1. Un solo voto y un votante único, un hecho digno de ser investigado como si de una novela policiaca se tratase. “La maravilla de este misterio es que es algo sin igual, es decir, tenemos a una sola persona, en una comunidad diferente a él”, cuenta De Cózar.

El pecado inconfesable

Un año después de los comicios, Eva Lamarca se adentra en la urbanización para buscar una respuesta. Allí se encontrará con vecinos y “sospechosos” que la guiarán en su búsqueda. Entre los personajes de esta especie de novela detectivesca se encuentran Juan Ussia, bisnieto del conde de los Gaitanes, el fundador de la urbanización; el arquitecto Juan Antonio García Obregón, hijo de Luis García, el constructor que compró los terrenos la familia del conde de los Gaitanes; y Eduardo Andradas, el concejal de Podemos en Alcobendas, que de niño había convivido con los hijos de una familia de La Moraleja para la que trabajaba su madre. La periodista seguirá las pistas que la lleven a resolver el misterio de este “pecado inconfesable”, como dice uno de los personajes en clave de humor.

Es imposible que el PSOE gane en la moraleja, porque es gente adinerada, muy capitalista y vota siempre en clave nacional. Jamás ha ganado y nunca lo va a hacer

Juan Ussia, bisnieto del conde de los Gaitanes

Entre las declaraciones de los vecinos y las historias de quienes conocen el barrio de cerca pero no viven en él, se cuelan las claves del voto de las personas más adineradas de España y los prejuicios hacia el resto de partidos y votantes. “Es imposible que el PSOE gane en La Moraleja, porque es gente adinerada, muy capitalista y vota siempre en clave nacional. Jamás ha ganado y nunca lo va a hacer”, señala Ussia. Aunque Lamarca encontró otras opiniones. “Estoy convencida de que aquí hay mucha gente de izquierdas. Yo tengo amigos que votan izquierdas”, asegura Rocío Gómez Acebo, familiar de los sobrinos del rey Juan Carlos, que trabajaba como agente inmobiliaria. Sin embargo, cuando Lamarca le pregunta por los partidos, la mujer admite que no conoce a nadie que vote a Podemos porque “es muy extremo en sus ideales”. María José Urraca, una empresaria con la que también se reúne Lamarca, cree que tiene algún amigo de izquierdas, pero, como le confiesa entre risas a la periodista, en ese momento no cae.

“Los vecinos de La Moraleja se han abierto mucho y han confesado muchas cosas”, cuenta Lamarca, que entrevistó minuciosamente a los personajes de esta historia. Porque, como admite De Cózar, este podcast es una historia y el misterio del votante, solo una excusa, una premisa narrativa “para hablar de un barrio que normalmente es inaccesible”. Y aunque los autores no buscaban una conclusión “muy sesuda”, sí que han encontrado una: “Los estereotipos de trazo grueso no captan la complejidad”.

Los dos periodistas se han adentrado en el mundo de los estereotipos y los prejuicios y han tratado de romper con ellos, “son necesarios para ubicarse, el problema es el peso que damos a esos clichés para tomar decisiones”, cuenta De Cózar, que explica que en 'Misterio en La Moraleja' se muestra “el cliché sobre el propio votante de Podemos o sobre los ricos, catalogándolos a todos en el mismo sitio y luego vas viendo a través del podcast que cada uno tiene una historia personal que no tienen nada que ver uno con el otro”. Los personajes se van “acusando” entre ellos en base a unos estereotipos que se van desmontando.

Poco que ver con 'Xrey'

“¿Ya está bien, no? Si por vosotros fuera nos teníais haciendo toda la historia de los borbones”, suelta Eva entre risas. Los dos creadores explican que el único nexo con el anterior podcast es el interés por la narración y por hacer una historia. No es un reportaje ni un informe ni un estudio. Es un formato muy distinto. “La idea es hacer cosas distintas con historias que nos gusten”, explica De Cózar. “Yo creo que no nos esperábamos pasárnoslo tan bien”, admite Lamarca, que señala que “no es un podcast político, es para pasártelo bien”. La periodista lo define como “la novela de verano para llevarte a la playa en podcast”.

Otro gran cambio ha sido el humor y el misterio, que ha servido de hilo conductor y que ha permitido a los periodistas adentrarse en un lugar y en un tema que puede ser complicado en esas esferas porque parecía un “juego”. “Desde la manera en la que te respondían entraban en el código del juego”, comenta Lamarca. “¿Y si soy yo?”, le respondía. La periodista asegura que los vecinos del barrio se han mostrado completamente abiertos, “nos lo han puesto muy fácil”. Salvo uno de los personajes, que prefirió no hablar.

El deportista

Los periodistas tiene un favorito: “El deportista (cuyo nombre no revelan) es el más interesante porque tiene una historia que mucha gente no sabe. Probablemente lo asocian solamente a una cosa que pasó hace ya bastantes años, a alguna jugada o a un momento determinado”, empieza a contar De Cózar. Lamarca sigue “luego esa visión que tenemos de los deportistas, que todos son un poco de derechas”. Pero al final a los dos les sorprendió con su historia, que, explican, se conocerá conforme avance la historia.

Los dos primeros capítulos, 'Sacrilegio' y 'Privilegios', ya se encuentran disponibles en Spotify y cada martes, los usuarios podrán escuchar una nueva entrega.

La empresa de tecnología suiza IQAir ha situado a Madrid como una de las ciudades más contaminadas de todas las que componen el ránking que realiza diariamente. El puesto de la capital española ha oscilado durante esta semana, subiendo y bajando en la clasificación, del séptimo lugar el martes, por ejemplo, al decimocuarto el jueves.

Estas posiciones no significan que se encuentre entre las ciudades con más contaminación del mundo, ya que en la clasificación se incluyen alrededor de 90 ciudades, las dos o tres más relevantes de cada país. Sin embargo, sí que supone que la capital se ha colocado como una de las ciudades con los valores de polución más altos de la Unión Europea, solo por detrás de Milán, que ocupa el quinto puesto (en la clasificación del jueves).

El portal de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid también alertaba de que la calidad del aire del miércoles había sido mala. El Índice, que se basa en los estándares de la Unión Europea, se situaba solo un escalón por debajo del valor más negativo de la escala.

Las zonas donde la calidad era mala durante un mayor periodo de tiempo son Cuatro Caminos, Méndez Álvaro, Plaza Castilla, Vallecas y Plaza Elíptica. Además, según el informe realizado por el Consistorio, el nivel de PM10 (partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, metálicas, cemento o polen), dispersas en la atmósfera, superaba el valor límite recomendado en las zonas de Casa de Campo, Castellana, Cuatro Caminos, Escuelas Aguirre, Farolillo, Méndez Álvaro, Moratalaz, Plaza Castilla, Plaza Elíptica, Sznchinarro, Tres Olivos, Urbanización Embajada y Vallecas.

IQAir indica que la capital cuenta el jueves con una concentración de PM2,5 (partículas con diámetro de 2.5 micrómetros) de 25 µg/m³, cinco veces superior al valor de calidad que estable la Organización Mundial de la Salud. La compañía también prevé que el nivel de contaminación siga siendo elevado el viernes y no será hasta el sábado cuando los valores vuelvan a encontrase dentro de los parámetros recomendados. 

Coches abandonados o calcinados, colchones, desechos sanitarios, pinturas y disolventes, neumáticos, aceites o amianto. Son algunos de los residuos que se pueden encontrar los 672 puntos de vertido y vertederos ilegales de la Comunidad de Madrid que Ecologistas en Acción ha reunido en un mapa. El motivo por el que han elaborado este recuento, señalan, es “la falta de seguimiento de este problema por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura” del Gobierno regional y “la ineficacia de las denuncias”.

Hectáreas de vertidos ilegales

Mª Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, explica que han detectado dos tipos de zonas en la región: los puntos de vertido, lugares con pocos residuos; y los vertederos, que ocupan cientos de metros, tienen muchos años y en los que permanece de forma permanente todo tipo de basura.

Nieto destaca que “el problema principal está localizado en el sur metropolitano”. La mayoría de puntos de vertido se ubican en Leganés (360), Alcorcón (76), Valdemoro (61), Getafe (43), Arganda del Rey (25) o Parla (21). Y los vertederos ilegales, en Leganés, con una superficie de 105 hectáreas (equivalente al tamaño del parque de Polvoranca); Madrid, con una superficie de 50 hectáreas (similar a la del parque Tierno Galván); y, Móstoles y Arroyomolinos, con 6,5 hectáreas de residuos en la ribera y al cauce del río Guadarrama.

Además, la coordinadora de la organización ecologista apunta que las zonas que necesitan una intervención urgente son el vertedero ilegal situado en la Cañada Real Galiana; el de San Fernando de Henares, cercano al río Jarama y situado en un espacio protegido; así como el Camino de la Magdalena, en Madrid; y la avenida de la Innovación, en el Parque Tecnológico de Leganés, por las grandes cantidades detectadas de amianto.

Aumentan las escombreras por la falta de vigilancia de la Administración

El informe que han realizado los activistas también señala que el principal foco de vertidos ilegales es la construcción. Las escombreras ocupan el 28% de los puntos marcados; seguidas de los enseres, donde se incluyen colchones, muebles y electrodomésticos, que suponen el 25% de los restos. Y el tercer lugar lo ocupa el amianto (20%), uno de los residuos que más preocupa a los activistas ya que es tóxico y la exposición a este material es factor de riesgo cancerígeno. Nieto señala además que este material debe ser retirado y transportado por empresas especializadas, y el hecho de que lo hayan encontrado en cantidades tan grandes implica que no se están cumpliendo los procedimientos legales de retirada.

La coordinadora denuncia que en los últimos años los escombros vinculados a las obras y reformas de viviendas han aumentado por la falta de vigilancia de las instituciones. “Con la flexibilización de la normativa para agilizar trámites y favorecer la actividad económica, se han eliminado controles municipales”, explica Nieto, que señala que hay muchas ocasiones en las que no es necesario contar con una licencia o una declaración responsable para hacer una obra y que los residuos pueden terminar en zonas ilegales. En principio, las empresas tienen establecido que los escombros deben ir a un lugar adecuado, pero “el Ayuntamiento no tiene capacidad para controlar si eso es cierto”. La coordinadora precisa que esta situación se puede dar incluso con empresas especializadas. “Cuando son grandes cantidades, llaman a una empresa para que lo retire y en lugar de llevarlo a un vertedero de residuos peligrosos lo tiran en el campo”, explica.

Los residuos industriales, que incluyen pinturas, disolventes y plásticos, se han encontrado principalmente en Arganda del Rey y suponen el 4,3% del total de los vertidos ilegales. Los neumáticos y vehículos abandonados o calcinados llegan al 2%.

Tierra, agua y aire contaminados

Las principales consecuencias de estos vertidos ilegales son medioambientales, pero también sanitarios. La portavoz de Ecologistas señala que en los vertederos proliferan plagas de insectos y roedores, y que la fauna y la flora del entorno de los vertidos no controlados se ve afectada. Además, los desechos liberan sustancias tóxicas que llegan a la tierra y pueden terminar en el aire y en el agua. La lluvia arrastra las sustancias que llegan hasta ríos y arroyos. Además, los disolventes, pinturas y líquidos que emanan de los residuos orgánicos producen emisiones contaminantes a la atmósfera por la volatilización de sustancias químicas. Todo ello, puede afectar a la salud de los ciudadanos que frecuentan o viven cerca de estas zonas.

Empresas especializadas en recogida sin trabajo

“Es un problema de salud pública al que no se está atendiendo, pero también es un problema económico”, indica Nieto. Hay empresas que se dedican al transporte y a la clasificación de los residuos y se quedan sin trabajo porque estas tareas no se están demandando. “Se están poniendo en riesgo esos puestos de trabajo”, denuncia la coordinadora.

Nieto también destaca que la culpa es de las personas que arrojan estos vertidos, pero que la responsabilidad también recae en el municipio, la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuando se sitúan en la rivera o el caudal de los ríos. “La retirada de tan enorme volumen de vertidos y de puntos tan dispersos, al recaer sobre las administraciones, supone un fuerte impacto para las arcas públicas”, recuerda Nieto, que agrega que esos fondos se podrían emplear en otras actividades si se impidiese de antemano esta actividad ilegal.

En la plaza de las Comendadoras, en el barrio de Universidad, se situaba el apartamento de Janis (Penélope Cruz) en Madres Paralelas. Durante dos días —el máximo permitido para filmar en exteriores en el centro de Madrid—, se desplegó todo un equipo de rodaje bajo los ojos de unos vecinos expectantes que curioseaban a través de sus balcones. Era una escena poco cotidiana: la pandemia había paralizado los rodajes y aquel, a mediados de 2021, era uno de los primeros que se volvían a ver en la capital.

Un año después, el despliegue de cámaras, equipos, actores y directores ha vuelto a formar parte del día a día de los barrios del centro y los vecinos ya no se sorprenden. La Gran Vía, el edificio Metrópolis y Callao ya no son los únicos lugares de la ciudad que se pueden reconocer tras haberlos visto una y otra vez en las pantallas. Ahora también se pueden distinguir zonas de Lavapiés, en series como Antidisturbios, o de la Latina, como en Valeria. Los rodajes se han extendido por todos los rincones.

Ángel, que es miembro de equipos de producción y ha participado en rodajes en el centro de la ciudad, cuenta que lo más común en la zona centro es que se rueden solo los exteriores. “Conseguir una casa en el centro de Madrid que sea óptima para albergar a un equipo de rodaje con todas las personas, el material y las maquinas que se necesitan es muy complicado”, explica. Lo más frecuente es que se filmen los exteriores y que los interiores se hagan en plató. Aunque hay excepciones, como el mítico Edificio Montano, ubicado en el número 3 de la calle San Bernardino, en el barrio de Universidad. El edificio, que cuenta con siglos de historia, ha sido el escenario de decenas de películas, como Torrente, Las Brujas de Zugarramurdi, No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas y Malasaña 32; además de series como Gigantes o Estoy vivo.

“Un magnífico plató para hacer realidad los proyectos audiovisuales”, así se presenta a la Comunidad de Madrid en Film Madrid. En su web, se ofrecen localizaciones como si de un mercado se tratase, los productores pueden elegir las que quieran entre una amplia variedad: iglesias, hoteles, carreteras, edificios institucionales... Se puede solicitar casi cualquier lugar, aunque hay zonas que ya están fijadas y estandarizadas. Por ejemplo, si una productora busca un cementerio, puede elegir entre más de una decena de ellos en toda la Comunidad. También se pueden solicitar servicios de producción para la industria audiovisual a través de la plataforma Film Madrid Service, que se puso en marcha hace dos años para facilitar la relación entre productoras y empresas de servicios y proveedores. 

“Una fuente de riqueza”

Está todo preparado para agilizar los procesos y facilitar las solicitudes, pero hay otros motivos por los que Madrid se ha convertido en el epicentro de los rodajes en España. Las ayudas y los incentivos fiscales forman parte del atractivo que ven los productores. Las ayudas económicas han crecido cada año, el último aumento se produjo hace unos meses, cuando el Ayuntamiento presentó la segunda convocatoria —que terminó la semana pasada —para solicitar las subvenciones con una partida inicial de dos millones de euros.

Rafael Cabrera, coordinador general de Film Madrid, explica que parte del éxito que está teniendo la región como escenario de series y películas se debe a que las instituciones han entendido que la producción audiovisual es “una fuente de riqueza no solo económica, sino también cultural y turística”. Cabrera pone como ejemplo La Casa de Papel. En la serie de Netflix se muestran todo tipo de escenarios madrileños, desde el centro con escenas en Callao hasta zonas menos conocidas como la fachada del Banco de España en la serie, que es en realidad el complejo de Nuevos Ministerios. Estas zonas tan emblemáticas de la serie atraen a turistas de todas partes, explica el coordinador. Incluso la oficina de turismo de la capital ha diseñado una ruta para seguir los escenarios de la serie.

Además, Cabrera señala que Madrid tiene una estructura industrial del audiovisual muy solida: “Las productoras están en Madrid y tienen todo a su alcance: equipos, espacios y materiales”. Todo está preparado, aunque si ha habido algo que haya marcado la diferencia ha sido la pandemia. “La COVID-19 ha hecho que los costes de producción se alteren y se han reducidos gastos por otro lado”, dice Cabrera. Los equipos tenían que pasar test COVID constantemente y los precios se disparaban. Una forma de ajustar gastos era concentrar la producción en un mismo lugar, y reducir los costes de desplazamientos. La región de Madrid, donde se pueden recrear todo tipo de escenarios, era (y es) perfecta para esto, según explica el coordinador.

Madrid cobra la importancia de un protagonista

El jefe de localizaciones de una productora audiovisual, que prefiere que su nombre no trascienda, apunta otra razón: “Madrid cobra la importancia de un protagonista”. Este localizador explica que son muchas las historias que se desarrollan en la capital y, para eso, es vital que la ciudad sea un personaje más y que se reconozcan los escenarios.

Sin embargo, el localizador también señala que grabar en Madrid cada vez es más difícil por la cantidad de rodajes que hay. Las localizaciones son las que son y los tiempos están limitados. “En las zonas saturadas —cuenta— solo se puede rodar en el mismo sitio dos días seguidos cada 15 días y no tenemos capacidad de saber si una productora ha solicitado el espacio antes”, por lo que es complicando saber si podrán utilizar el lugar para la fecha que solicitan.

Un nuevo récord

En 2021, a pesar de la presencia de las medidas sanitarias, se batió el récord de rodajes. Madrid fue el escenario de 68 series, 44 películas y más de 350 anuncios, según datos de Madrid Film Office, la oficina de promoción de rodajes del Ayuntamiento de Madrid, que trabaja para facilitar el desarrollo de proyectos audiovisuales en la ciudad. Además, Film Madrid, la Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid, señala que la región fue el escenario del 35% de los largometrajes y el 71% de las series producidas en España durante el pasado año. 

Los familiares de los usuarios de la Residencia Fundación Reina Sofía de alzhéimer, en el barrio madrileño de Vallecas, se han manifestado este viernes frente a las puertas del centro para denunciar un empeoramiento en la calidad de vida de los usuarios, que contempla la falta de personal, de higiene y de terapia. Culpan a Mensajeros de la Paz, encargada de la gestión del centro desde hace un año, y piden a la Comunidad de Madrid que rescinda el contrato y les ofrezcan una solución. Por el momento, el gobierno autonómico no ha atendido sus quejas.

“Lo primero que notamos fue la comida. Les daban bazofia”, dice Nacho Varas, uno de los convocantes de la manifestación, que denuncia que todos los servicios han empeorado y enseña imágenes de platos con comidas poco saludables. “Se agarraban a que cumplían las ratios, pero el comité de empresa nos ha confirmado que últimamente no cumplen ni las ratios que les manda la Comunidad de Madrid”, explica.

En la manifestación, el actor Tristán Ulloa, cuya madre reside en el centro, ha leído un manifiesto por el que los familiares exigen que se cumplan los cuidados mínimos que requiere una residencia con pacientes que sufran de alzhéimer. Precisamente esa ha sido una de sus principales reclamaciones: que desde la Comunidad de Madrid entiendan que los residentes no solo son mayores, sino que también padecen este tipo de trastorno neurológico y necesitan cuidados constantes y específicos, además de vigilancia. Atenciones que por el momento, critican, no están recibiendo.

Mensajeros de la Paz, una asociación fundada por el padre Ángel, adquirió la adjudicación para gestionar la residencia en mayo de 2021 mediante un contrato público. Los vecinos aseguran que fue la única empresa que se presentó porque el resto de ellas, incluida CLECE, que era la que gestionaba el centro desde su apertura, se retiraron del concurso antes de que se produjera la adjudicación. Según indican en el manifiesto los familiares, el precio que había establecido la Comunidad de Madrid no era suficiente para garantizar el cuidado de los enfermos.

Explican que la falta de personal está empeorando la salud de los mayores, “solo hay dos cuidadoras para 18 residentes”. El personal es muy escaso y no dan para más, añaden. No pueden mover a los mayores todo lo que sería necesario, “pasan de estar doce horas en la cama a estar doce horas en una silla” y esto produce yagas y escaras en la piel. Además, indican que los pañales tampoco se cambian con la frecuencia necesaria, y muchos residentes terminan ingresados en hospitales por infecciones de orina. En ocasiones, les encuentran con moratones, suponen que es por caídas de cuando les mueven de un sitio a otro, aunque no pueden saberlo, y esa es otra de sus quejas: la falta de información.

Antes de que llegara Mensajeros de la Paz, denuncia una mujer que ha acudido a la concentración, los residentes hacían actividades e incluso tenían un animador, pero ya no está en el centro y ahora los mayores no pueden disfrutar de terapias cognitivas: “Dicen que sacarlos 10 minutos al jardín y ponerles música es terapia”, señala. Asimismo, piden que se implante un sistema de comunicación donde conste tanto los datos médicos como las actividades y terapias cognitivas en las que participan, aunque para ello primero deben volver a impartir este tipo de talleres.

Además de la falta de terapia ocupacional, de higiene y de personal, tampoco cuentan con fisioterapeutas que se encarguen de ayudarles a realizar ejercicios para mantener la movilidad. “Mi madre antes andaba. Ya no lo hace”, cuenta enfadada la hija de una de las internas. Los manifestantes lamentan la “importante pérdida de capacidades físicas y mentales” durante este último año, que ya son “irrecuperables” para las personas mayores del centro.

“Están dando más dinero las puertas blancas que las marrones”. Así resume Teresa, la mujer de 72 años a la que intentan desahuciar, lo que lleva pasando en su edificio desde 2018. Las puertas marrones, una minoría, son las de los vecinos que aún quedan en el bloque. Las blancas son las de aquellos a los que consiguieron echar hace años y, ahora, son pisos de alquiler vacacional. La empresa propietaria quiere que la de Teresa también se convierta en una puerta blanca después de que su inquilina haya pasado allí dentro los últimos 23 años.

El desahucio de Teresa iba a ejecutarse a la una de la tarde de este martes. Sin embargo, los miembros de varias asociaciones de movimientos por la defensa de la vivienda han conseguido pararlo. A partir de las once han empezado a acudir personas al portal del emblemático edificio. No era la primera vez que acudían a él para tratar de paralizar un desahucio. “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”, gritaban. Aunque las voces y las consigas han aumentado cuando ha llegado la Comisión Judicial que pretendía expulsar a la vecina del barrio de Lavapiés. “No estás sola, Teresa”, cantaban los activistas mientras la anciana hablaba con la comisión.

Teresa lleva desde 2018 aguantando como una jabata y aguantado para que no nos sustituyan a los habitantes de esta cuidad, y especialmente de este barrio, por turistas"

La portavoz de los manifestantes comunicaba que finalmente Teresa se quedaba en su casa. “Lo hemos suspendido esta vez porque esta aquí toda la gente del movimiento por la vivienda”, anunciaba . “Se ha suspendido hasta el 1 de julio nada más. Pero volveremos y se va a volver a suspender”, aseguraba la portavoz entre coreos. “Teresa lleva desde 2018 aguantando como una jabata y aguantado para que no nos sustituyan a los habitantes de esta cuidad, y especialmente de este barrio, por turistas. Porque no queremos que la especulación nos eche y no nos va a echar”.

La calma ahora ha vuelto a Teresa. Sabe que al menos hasta el 1 de julio, fecha que ha establecido la Comisión Judicial, seguirá viviendo en su casa. Emocionada y con lagrimas, ha agradecido a todas las personas del movimiento por la vivienda que hoy hayan acudido a ayudarla.

No fue hasta ayer por la tarde cuando conoció la noticia. Iban a echarla de su casa y nadie se había puesto en contacto con ella para comunicárselo. Ella se puso en contacto con la Comunidad para saber qué pasaría. “A la cuarta llamada me lo cogieron y dijeron que todo seguía para adelante”, explica. Una decisión que la la jueza del Juzgado de Instrucción número 48 tomó ignorando el Real Decreto que con motivo de la pandemia de la COVID prohibía la rescisión de los contratos de alquiler, conforme indican desde el Sindicatos de Inquilinas.

Todo lo están haciendo Airbnb, esa es la explicación que hay"

Teresa leva más de un año sin poder pagar el alquiler que el propietario del edificio subió para tratar de echarla. “De 355 euros que pagaba, me subieron a 1.500 euros. Yo tengo una pensión de 420 euros. No me da para pagar”. Ella tiene claro por qué quieren sacarla de su casa: “Todo lo están haciendo Airbnb, esa es la explicación que hay”. Cuenta que ahora la acusan “de no pagar y ser okupa”. “Pero eso no es así, yo tengo mi contrato”.

Familia a familia, vecino a vecino y desahucio a desahucio . Así van vaciando el bloque de Argumosa, 11 en el barrio de Lavapiés. Un edificio emblemático que ya es un símbolo de cómo la especulación inmobiliaria expulsa a los vecinos de sus casas y de su barrio.

Desahucio a desahucio

El de Teresa no es el primero. Fue en 2017 cuando empezó la batalla contra los vecinos de Argumosa 11. Un abogado y una secretaria, representantes del nuevo propietario, llamaron a varias de las puertas de las 33 viviendas que hay en el edificio. El anuncio era claro, tenían dos opciones: coger los 2.000 euros que les ofrecían si abandonaban las casas el siguiente mes, ya que sus contratos no serían renovados, o desalojar las viviendas y entregar las llaves cuando vencieran sus contratos. Los vecinos, que no entendían nada, solo obtuvieron una respuesta: “El año que viene (2018) queremos el edificio vacío”.

Meses después, ya en 2018, los vecinos que se quedaron en el edificio recibieron una carta. Inversión en Proindivisos S. L., la nueva empresa propietaria del bloque, les anunciaba que no se prorrogarían los contratos y que el 1 de junio, fecha de su vencimiento, debían entregar las llaves. Los vecinos se negaron: “No nos vamos”. Tiempo después, empezaron los intentos de desahucio.

En julio de 2018 se llevó a cabo el primer intento, pero los vecinos lo resistieron. Josefa Santiago, más conocida como Pepi, y su dos hijas conseguían quedarse en la casa en que llevaban viviendo más de dos décadas. Como ellas el resto de familias, nueve en total, que habían recibido una demanda de desahucio por impago del alquiler.

Los vecinos resistieron. Desahucio que se programaba, desahucio que se paraba. Pero en 2019, con un amplio dispositivo policial que los vecinos aún no han olvidado, desahuciaron a cuatro familias. Pasó algo “inédito” para las asociaciones de defensa de la vivienda, tres juzgados diferentes habían señalado para el mismo día y a la misma hora cuatro desahucios en el mismo bloque. El dispositivo se saldó con seis detenidos y varios identificados. Los activistas lucharon como tantas otras veces, pero en esa ocasión fue imparable. Pepi Santiago, símbolo de la lucha, y las familias de Rosi, Juani y Mayra fueron a la calle.

Un piso en la calle Princesa de Madrid: diez habitaciones, diez estudiantes, una cocina y dos baños. Otro piso en la zona de Moncloa: ocho habitaciones, ocho estudiantes, una cocina, un salón, dos baños. Un piso en Gaztambide (el barrio de al lado, también en Madrid): quince habitaciones, catorce estudiantes, un “se busca compañero”, una cocina, dos salones, cuatro baños. Las cifras cambian, pero el patrón es el mismo.

Los estudiantes que llegan a la capital desde otros puntos de España y desde otros países se han convertido en todo un negocio para inmobiliarias y propietarios. En Madrid existen todo tipo de lugares adaptados para estos jóvenes recién llegados que no conocen a nadie con quien compartir piso, como los colegios mayores y las residencias. Sin embargo, sus precios sobrepasan los 800 euros y pueden llegar hasta los 1.200 euros al mes. Por eso, hay muchos que optan por el alquiler de habitaciones en macro-pisos. Las condiciones son peores pero los precios son algo más asequibles.

Desde Moncloa hasta el barrio de Salamanca pasando por Chamberí, hay cientos de pisos que se alquilan por habitaciones. No son viviendas convencionales. Pueden tener hasta trece o catorce cuartos y muchos de ellos han sido reformados ex profeso para este tipo de alquiler tan rentable para los dueños. En Idealista se pueden encontrar cientos de pisos que se alquilan por estancias. Los precios no bajan de los 400 euros y, en ocasiones, superan los 600 mensuales, a lo que se añade el mes de honorarios que hay que pagar a las agencias que se encargan de anunciar y gestionar los alquileres.

Iván, tiene 20 años y está cursando primero de enfermería. Vive en un piso en la calle Ferraz con otros nueve compañeros. Lo encontró después de semanas buscando en Idealista y se instaló a principios de curso, “cuando llegué no conocía a nadie y era lo único que mis padres se podían permitir”. El joven explica que es la opción más barata, “cada uno paga 450 euros con gastos incluidos”. Sin embargo, también cuenta que cuando firmó el contrato tuvo que dar más de 1.300 euros “de golpe” para pagar el primer mes, más un mes de fianza y otro para la agencia. “Al final es mucho dinero, pero es la opción menos mala si quieres estudiar aquí”, comenta.

Martina alquiló una habitación en Moncloa por 450 euros al mes donde vivían otros siete estudiantes: “No es barato, pero comparado con lo que ve uno por las páginas web de alquiler, esta bien. Un precio normal”. Además, a diferencia de Iván, ella pudo ahorrarse el mes de agencia. La casera le dijo que no firmarían ningún contrato, “era todo de palabra”. Martina intuye que antes no era una vivienda, sino dos, y que decidieron unirlas para alquilar por habitaciones, una opción mucho más rentable para los dueños, que aumentan el número de cuartos y reducen el de zonas comunes. Sin embargo, lo que ganan los propietarios, lo pierden los inquilinos, que tienen que hacer malabares para cocinar en una sola cocina y compartir un salón.

Blanca, que dejó Cáceres hace cuatro años para estudiar en Madrid, asegura —después de haber pasado por muchos pisos— que las inmobiliarias se aprovechan del desconocimiento que tienen los estudiantes que llegan por primera vez a la capital. Durante su primer año vivió cerca de Guzmán El Bueno en un piso que compartía con otras nueve personas. No fue consciente de cómo era hasta que llegó porque hizo todos los trámites de forma online con una agencia. Además, explica que no era una vivienda sino unas oficinas que habían convertido en habitaciones: “Tiraron los tabiques e hicieron un piso”.

Pagaba 560 euros al mes por su habitación y no era la más cara. Los precios oscilaban dependiendo del tamaño: “La más cara costaba 660 euros y la más barata 460”. La cacereña asegura que era “mucho dinero y no valía la pena” porque las condiciones eran pésimas: “Tienes que compartir un salón y una cocina entre 10 personas, y es muy complicado”.

Compartir piso hasta los 30

La inmobiliaria Mimaison lleva 15 años en el mercado del alquiler de habitaciones. “Cuando empezamos no había muchas opciones como esta”, cuenta Miriam, una de las agentes, que señala que su agencia fue de las primeras en moverse en este terreno: “Antes no existían estas opciones”. Ahora hay más empresas en el sector pero, sobre todo, hay más personas interesadas en alquilar habitaciones. La inmobiliaria no solo atiende a estudiantes, también a profesionales que ya trabajan y que ven esta opción más asequible que la de vivir solos.

El ultimo balance realizado por el Consejo de la Juventud de España, correspondiente al primer semestre de 2021 denunciaba que para los jóvenes el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid resultaba inviable. Una persona de menos de 30 años con empleo debería invertir el 88,8% de su sueldo para alquilar y el 70% para comprar. La opción más económica, explican en el balance, es la de compartir una vivienda en alquiler.

Begoña, como dicen sus vecinos, es una isla en Madrid, cercada por carreteras y aislada del resto de vecindarios. El barrio está rodeado por las vías del tren, la carretera de Colmenar Viejo y la que lleva a Fuencarral. Los vecinos no pueden acceder a pie a los comercios del resto de zonas del distrito de Fuencarral-El Pardo, un tema que les preocupa y mucho, sobre todo ahora que Mercadona ha decidido cerrar las puertas del único supermercado que hay en el barrio. 

Mercadona aterrizó en Begoña hace doce años. Llevó nuevos productos y comodidades para los vecinos pero arrasó, denuncian los vecinos, con el comercio local que quedaba. La empresa ha comunicado que cerrará sus puertas el 8 de julio, pero los vecinos no han perdido la esperanza y han salido a la calle para manifestarse. 

“Mercadona se llenó los bolsillos con nuestro dinero”

La presidenta de la Asociación Vecinal de Begoña que ha organizado la protesta a la que han acudido unas decenas de vecinos, Pilar Martínez, cuenta que en el barrio había muchas tiendas de alimentos, pero que fueron cerrando tras la llegada del supermercado: “Nos queda una carnicería pequeña y no tenemos ni pescadería”. Pilar explica que no es suficiente, “quede lo que quede no va a servir para abastecer de lo más básico a los 8.000 vecinos que somos”. “Mercadona se llenó los bolsillos con nuestro dinero y acabó con el comercio de proximidad”, denuncia la presidenta.

Desde la empresa aseguran la tienda no cumple con “los estándares necesarios” para atender a los clientes. Sin embargo, Pilar intuye que el cierre del supermercado tiene que ver con la apertura de uno nuevo de la misma cadena en Fuencarral, el barrio contiguo. Sin embargo, a pesar de estar al lado, es muy complicado acceder a él a pie, porque les separa una carretera. 

Pilar, micrófono en mano, recuerda frente a las puertas del establecimiento que la población del barrio está muy envejecida y que estos vecinos no pueden desplazarse a otros barrios a comprar por las dificultades del transporte. 

María Pilar, Pedro y Helena discuten por cuales pueden ser las razones que han llevado a Mercadona a cerrar el local. “Es un negocio, no un ONG”, señala María Pilar, que acusa a la empresa de abandonar a todo un barrio y de dejarles desabastecidos después “forrarse” con ellos. 

Lucía, otra vecina de Begoña, señala la dificultad que tendrán a partir de julio las trabajadoras del servicio de atención a domicilio a mayores, que hacen la compra a las personas a las que cuidan y que ahora tendrán que arreglárselas de otra manera. “El supermercado más cercano está a 20 minutos y no se puede venir andando desde allí con la compra”, explica.  

Para Mercadona la decisión ya está tomada, pero los vecinos no tiran la toalla. Desde la asociación han recogido más de 1.400 firmas que van a enviar a Juan Roig, presidente y máximo accionista de la empresa. Sin embargo, como no confían en que Mercadona deje el supermercado, los vecinos piden al resto de cadenas alimenticias que vengan al barrio y cumplan con una labor que va más allá de lo empresarial.

La España vaciada está empezando a organizarse para exigir mejoras, y lo está consiguiendo. Los tres escaños de Soria ¡Ya! en la Junta de Castilla y León y el escaño de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados demuestran que el voto puede cambiar y que las zonas más despobladas se están movilizando. El Banco de España señaló en su informe anual de 2020 que un total de 3.403 localidades, el 42% de los municipios españoles, están en riesgo de despoblación, muy por encima del conjunto de la Eurozona. El estudio detalla que estas zonas presentan “idiosincrasias en aspectos socio-económicos y orográficos, así como una peor accesibilidad a servicios que los municipios urbanos y que el resto de municipios rurales”.

Muchas de las  personas que se van de sus pueblos y sus provincias, por estudios o por trabajo, terminan en la Comunidad de Madrid, que gana habitantes mientras el resto los pierden. Es lógico. En 2020, Madrid concentró el 75% de la inversión extranjera en España y gran parte del tejido empresarial se concentra en esta región, donde también se sitúan muchas universidades que ofertan todo tipo de grados y estudios. Son muchos los jóvenes que tienen que abandonar sus hogares para poder estudiar aquello que les gusta y les interesa.

Es el caso de Paula. Con 18 años llegó a Madrid para estudiar Filología Española, una carrera que no se oferta en su Soria natal. Ahora, a sus 26 años, trabaja como investigadora en la Universidad Complutense de Madrid y lamenta no poder volver a San Esteban de Gormaz, un pueblo de unos 3.000 habitantes, donde creció y en el que vive la mayoría de su familia. “Allí no tengo trabajo, pero tampoco podría tenerlo porque en mi campo de investigación, la filología hispánica, no hay posibilidad y en ramas parecidas tampoco”, explica.

Ese es el problema: “Ni si quiera tengo la opción de volver, la única forma sería que me quedara en paro”. Es la misma historia de muchos de sus amigos del pueblo, que estudiaron en universidades de Castilla y León, pero que no encontraban trabajo allí. “Madrid concentra toda la carga laboral y es donde más oportunidades tienes”, reconoce. Explica que ni a través del teletrabajo podría regresar por la deficiente conexión a internet. “Podría ser un punto para que la gente volviera a las zonas rurales, pero no si no hay internet en la era del teletrabajo no puede haber trabajo”, lamenta.

Soria está en mi corazón y en mi cabeza, todos los días me planteo volver

Álvaro es enfermero en el Hospital Ramón y Cajal. Tenía trabajo en Soria, pero decidió irse a Madrid y buscar trabajo allí. “Acabé la carrera y volví yo solo al pueblo. Todos los amigos estaban fuera. La rutina era estar en casa y trabajar. Todos los días eran iguales y tenía ganas de esas oportunidades sociales y culturales que ofrece la ciudad”, explica. Sin embargo, le gustaría volver en algún momento: “Soria está en mi corazón y en mi cabeza, todos los días me planteo volver”. Por eso pide que se lleven a cabo políticas reales para ayudar a la repoblación, empezando por los servicios básicos como la salud o las comunicaciones. “No estamos pidiendo ser mejores ni tener más que nadie, estamos pidiendo ser iguales”, recalca.  

A mí me gustaría vivir a allí, pero no hay posibilidades con mi trabajo. Me gusta la calidad de vida de Soria, pero no tengo ninguna posibilidad laboral

Isaac  y Marcos son hermanos y nacieron en la ciudad de Soria. Ambos se marcharon a estudiar a la Universidad de Salamanca y no regresaron a su provincia porque allí no podían crecer laboralmente dentro de su campo. Isaac, de 34 años, lleva un lustro en Londres y dentro de un mes aterrizará en Madrid, esta vez para quedarse. Es doctor en neuroinmunología y va a llevar a cabo una investigación. Su hermano es profesor de Geografía en la Universidad de Salamanca. Ambos admiten que no pueden desarrollar sus carreras en su provincia. “A mí me gustaría vivir allí, pero no hay posibilidades con mi trabajo. Me gusta la calidad de vida de Soria, pero no tengo ninguna posibilidad laboral”, explica Isaac.

Marcos tampoco podría ejercer como profesor en su tierra. “Si hubiera un abanico más amplio de oportunidades y pudiera impartir docencia allí, quizás sí”, reflexiona. Los dos ven con optimismo la presencia de Soria ¡ya! en la Junta. Para Marcos es “fundamental porque es el sentir de toda la gente que llevamos Soria en el corazón”. Le duele que los políticos y el resto de ciudadanos no valoren su provincia: “Da rabia, lástima y mucha pena que olviden de dónde eres”. Isaac mira al nuevo partido con prudencia, porque “queda por ver en qué se refleja”, pero reconoce que “es un paso adelante para que se empiece a escuchar y para que se empiecen a realizar las promesas que se llevan haciendo desde hace muchos años”.

Ángela nació en Albacete, pero ha pasado mucho más tiempo en Motilleja, un pueblo manchego que cuenta con 605 habitantes. Llegó a Madrid hace cuatro años para estudiar Periodismo. La Universidad de Castilla-La Mancha divide sus facultades por las provincias de toda la región. Periodismo solo se imparte en Cuenca y las comunicaciones para llegar allí son mucho peores que con la capital. Ángela optó por la segunda opción donde, además, “hay más oportunidades de trabajo”. Este año termina la carrera y no tiene pensado quedarse. “Madrid es muy grande y agobiante”. Se plantea vivir en algún pueblo de la región o volverse a su tierra. La manchega expresa su alegría porque Soria ¡Ya! haya conseguido representación en la Junta de Castilla y León: “Me gusta saber que al menos una parte de la España vaciada tiene representación”. Espera que se dé voz a todos los problemas de las zonas rurales y que se pongan en marcha mecanismos para acabar con la despoblación.

El éxodo rural no es algo nuevo, aunque el tema se haya empezado a tratar más en los últimos años. Teresa, a sus 90 años, recuerda cómo llegó a Madrid a mediados de los 50. Creció en Fuente de Cantos, al sur de la provincia de Badajoz, pero su marido y ella decidieron marcharse a la capital en busca de un futuro mejor. “Allí no había trabajo. Mi marido hizo la mili aquí y conocíamos a mucha gente del pueblo que se había venido y nos animaron a hacer lo mismo”, explica. Al principio les costó adaptarse. “Vivíamos en una habitación alquilada en Fuencarral, pero nunca nos planteamos volver” asegura. Echa de menos a su familia del pueblo, pero explica que “aquí están todos, mis hijos, mis nietos y mi bisnieto”.

El tema del alquiler está muy difícil para que los jóvenes nos independicemos. La vivienda en los pueblos es mucho más asequible

La otra cara de la moneda son aquellos que deciden volver a las raíces, irse al pueblo, incluso sin haber nacido allí. Son pocos, pero existen algunos casos. Paula nació en Madrid, pero es nieta de sorianos. “Estoy estudiando Ciencias Políticas, quiero hacer el máster de desarrollo rural y me gustaría trabajar en Soria”, explica. También cuenta que va muy a menudo a Oteruelos, una pedanía de la capital de la provincia. “Allí está mi familia y tengo cierta conexión emocional”, dice. Pero esas no son las únicas razones por las que se quiere ir de Madrid: “El tema del alquiler está muy difícil para que los jóvenes nos independicemos. La vivienda en los pueblos es mucho más asequible”. Para ella es “fascinante” que Soria ¡Ya! haya conseguido tres escaños. “Soria y Teruel han sido muy abandonadas por sus gobiernos regionales pero sobre todo por los gobiernos nacionales. Estos partidos son una forma de la ciudadanía para organizarse a sí misma”, asegura.

Pasear por el centro de Madrid puede convertirse en una suerte de yincana, consistente en sortear patinetes eléctricos tirados por el suelo y esquivar a conductores que circulan a toda velocidad. Muchos de estos vehículos aparecen tirados en cualquier sitio y de cualquier forma. También los hay aparcados, pero de tal manera que impiden el paso por las aceras, sobre todo en las calles estrechas con afluencia de coches.

El juego sube de nivel por la noche, cuando disminuye el espacio y aumentan los obstáculos: se sacan los cubos de basura de cada bloque y se reduce el número de patinetes en uso, por lo que hay muchos más parados y atravesados sin ningún cuidado por donde deben circular los vecinos.

Sin embargo, el mayor peligro para los peatones es cuando los patinetes están en marcha. Muchos usuarios asaltan las aceras y los parques y conducen a toda velocidad tratando de evitar a los viandantes. En ocasiones no lo consiguen y las consecuencias son fatales. Pilar, de 79 años, falleció el año pasado después de ser atropellada por uno de estos patinetes.

Los usuarios también se ponen en riesgo a sí mismos y al resto de conductores: utilizan el móvil, atraviesan túneles, conducen en dirección prohibida y adelantan sin mantener ninguna distancia de seguridad. Si pierden la estabilidad o chocan y caen al suelo, las consecuencias puede ser muy graves. Hace unos meses un hombre de 33 años que circulaba sobre un patinete cayó al suelo y fue atropellado por un turismo en el barrio de Chamberí.

577 accidentes con patinete eléctrico en un año

En lo que va de 2022, se han registrado 40 accidentes con patinete eléctrico. Según el informe de accidentalidad del Ayuntamiento, la mayoría de ellos se produjeron por colisiones frontales y laterales, pero también los hay por alcance de un coche o caída al suelo. El informe también señala que hubo un atropello a un menor de 5 años.

Durante el 2021, se registraron un total de 577 accidentes relacionados con este tipo de vehículos, cifra que contrasta con los 179 de 2020 y los 75 de 2019, cuando no se utilizaba tanto este medio de transporte.

El número de multas a los usuarios de estos vehículos también aumentó en 2021. El 82% de las penalizaciones que se interpusieron a bicicletas, motos y patinetes a lo largo de 2021 pertenecieron a los patinetes eléctricos, un total de 122.868 multas, unas 337 al día. La mayoría de las infracciones se cometieron en los barrios de Palacio, Embajadores, Justicia, Recoletos y Universidad.

El importe de las multas es de 60 euros por infracciones de circulación o estacionamiento de patinetes. Pero la sanción pude alcanzar los 1.000 euros si se conduce el patinete bajo los efectos del alcohol o las drogas y o si se producen “circunstancias de especial peligrosidad o riesgo según aprecie el agente de la autoridad que formule la denuncia”, conforme matiza el portal de información del Ayuntamiento.

Casi cuatro años circulando por la capital

El patinete eléctrico aterrizó en Madrid el verano de 2018. Cientos de patinetes llenaron las aceras de la capital sin ningún tipo de control aprovechando el vacío legal de la normativa sobre movilidad urbana entonces vigente. Actualmente, hay unos 5.000 patinetes en la ciudad, según datos del Ayuntamiento, y el problema de circulación y estacionamiento de estos vehículos sigue sin solucionarse.

Durante el Gobierno de Manuela Carmena, se aprobó la primera Ordenanza de Movilidad Sostenible que regulaba el uso del patinete eléctrico en la capital. José Luis Martínez Almeida, actual alcalde de la ciudad, aprobó el verano pasado una nueva ordenanza de movilidad que mantiene prácticamente la totalidad de las normas que afectan al uso de los patinetes eléctricos y que no pone remedio a las quejas de personas con movilidad reducida, vecinos y conductores que piden una normativa más férrea.