Blackstone propone subidas del 60% en el alquiler y 48 familias se plantan ante el fondo buitre

Patricia, Yamira, Luz, César, Héctor, Manuel y Laura, ante la urbanización de Benjamín Palencia 2, de Torrejón de Ardoz, propiedad de Fidere, que quiere subirles los alquileres

David Noriega


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Soto del Henares es un barrio relativamente nuevo. Los vecinos que viven en él recuerdan que hace apenas 20 años los terrenos sobre los que se levantan ahora urbanizaciones y viviendas adosadas que copan esta zona del municipio de Torrejón de Ardoz eran huertos. La ley de liberalización del suelo de Aznar sirvió para poblar esta zona por el flanco este de la localidad madrileña. Ahora tiene un hospital público de gestión privada, un colegio público y otro concertado y una estación de cercanías.

Guerra de guerrillas contra Blackstone en Torrejón

Guerra de guerrillas contra Blackstone en Torrejón

Una buena parte de los pisos de Soto del Henares pertenecen a Fidere y Testa, las filiales españolas del llamado fondo buitre Blackstone, que ahora exige a un grupo de inquilinos del número 2 de la calle Benjamín Palencia unas subidas de alquiler que suponen, en algunos casos, pagar hasta cerca de un 50% más al mes para renovar sus contratos. “Como ellos están subiendo los precios, quien pone en alquiler un piso en Torrejón está haciendo lo mismo, así que esto nos afecta a todos. Blackstone marca los precios”, desarrolla César, uno de los afectados, que tiene 41 años y vive con su pareja, Lucía.

Laura de Castro explica la situación en la que se encuentra tras más de una década en su vivienda. Tiene 31 años y se dedica, junto a su marido, Antonio, a la venta ambulante, que todavía arrastra las consecuencias de la pandemia. “Fuimos los últimos que pudimos salir a vender”, señala. Ellos llegaron a la urbanización en 2010, a un piso a estrenar y cuyo alquiler les tocó por sorteo tras presentar “muchísimos papeles”. En él han criado a sus dos hijos, de 10 y 7 años, que tienen el colegio en la calle de al lado. “La niña fue el primer bebé de la urbanización”, recuerda Yamira, otra vecina que también lleva en el bloque desde sus inicios. En ambos casos, el contrato finalizó en 2020, pero la pandemia forzó dos prórrogas de un año.

El pasado febrero, a Laura, Yamira, César y Manuel, cuyo contrato cumplía el 19 de abril, les llegaron sendas notificaciones de la empresa, avisando que no renovarían o que no lo harían en las mismas condiciones. Después, las llamadas para informar de las nuevas obligaciones. “Me dijeron que si no llegábamos a un mutuo acuerdo, tendría que entregar las llaves, pero no me dieron la opción de llegar a un mutuo acuerdo. Era lo que ellos decían o a la calle”, indica esta vecina. En su caso, explica que las nuevas condiciones suponían pasar de pagar unos 740 euros de alquiler, a elevar la cuenta por encima de los 1.176. Casi un 60% más. En el resto de casos la subida era de unos 410 euros a cerca de 700.

Ninguno aceptó la subida, ni se fue. “Una cosa es una subida y otra cosa es esta barbaridad”, coinciden. A través del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, trece vecinos de esta urbanización se han unido a otros 15 de Vallecas y 20 más de Alcorcón para hacer frente a lo que consideran una subida abusiva por parte del fondo buitre.

“No nos negamos a pagar”

La estrategia es clara: seguir pagando el alquiler, como han hecho siempre y siguen haciendo, hasta que la empresa acepte negociar unos precios dignos. “No nos negamos a pagar”, dicen. Tampoco a una subida razonable, por ejemplo, del IPC, explica Yamira Díaz. Tiene 37 años, vive sola –con su perro y su gato, aclara– y actualmente está en el paro. Pese a todo, intentó negociar con la compañía cuando le informaron de que pasaría de pagar 430 euros a más de 690. “Les dije que ni de coña y me ofrecí a pagar 100 euros más. Una semana después me dijeron que me hacían el favor de prorrogar el contrato un año, al mismo precio. Pero yo quiero una estabilidad”, indica, mientras reclama un nuevo compromiso por siete años.

Estos vecinos sospechan que tanto las condiciones diferentes como las prórrogas que están ofreciendo en algunos casos son una estrategia para separarlos y que dentro de 12 meses vuelvan a encontrarse en una situación similar, pero con menos fuerza para hacer frente a la multinacional. Por eso, su idea es negociar todos juntos, también por los que aún no han recibido ningún aviso, porque sus contratos caducan en verano, pero que temen verse en la misma situación en las próximas semanas. Es lo que les ocurre a Patricia Beiras, de 43 años, que vive junto a su pareja y su hija de 10 años, o a Héctor Arranz, de 39, que vive con su mujer, Ana Florencia, y su pequeño, de tres años. “Sentimos ansiedad por el niño y tensión por ver qué hacemos y dónde nos metemos si nos tenemos que ir de aquí”, reconoce este programador de máquinas.

Quienes han podido hablar con los 'mediadores' del fondo buitre aseguran que la empresa se niega a una negociación colectiva. A Manuel Quílez, de 57 años y que vive con su pareja, Luz Irene, no le dieron esta opción. “Les dijimos que queríamos negociar y que teníamos un sindicato que nos respaldaba, pero nos dijeron que querían tratar de forma individual”, explica.

Enfrente, a tan solo unos metros, las familias de Benjamín Palencia tienen el ejemplo de sus vecinos de la calle Juan Gris, que tras más de dos años de lucha, a principios de 2021, consiguieron sentar a Fidere a negociar unos alquileres que no supusieran “subidas abusivas” por una duración de siete años, prorrogable otros tres. “Aquí vino hasta el relator de la ONU”, recuerda César. Cuando Philip Alston visitó Soto del Henares en 2020, aseguró que “algunos dicen que (el Estado) no debe intervenir, pero la realidad es que sí ha habido intervenciones del Gobierno que han favorecido al capital y no al pueblo” y recordó que “lo que se necesita es una política de vivienda abarcadora que regule el mercado para evitar los abusos”.

La estrategia de la Socimi, que cuenta con unas 40.300 viviendas en toda España, según los datos de Atlas Real Estate Analytics, ha unido en esta ocasión al municipio de Torrejón con Vallecas y Alcorcón. “Me quieren subir el alquiler en unos 100 euros y no me dicen ni cuánto me va a durar el contrato. Yo salgo de contrato este viernes y no puedo pagar 750 euros. Lo que quiero es un contrato estable y unos precios justos”, explica Félix Moreno, un padre de dos niños, divorciado, que necesita una vivienda para estar con sus hijos. “No estamos pidiendo nada más que unos alquileres dignos. Somos trabajadores y esto es un barrio obrero. Yo soy mozo de almacén y gano lo que cualquier currante, unos 1.200 euros. Si me meten 750 o 800 euros de alquiler, más suministros, me es imposible”, reivindica.

En su caso, denuncian que también se trata de pisos que fueron de protección oficial y que, a dos años de que venza este estatus, la empresa pretende que estos inquilinos se vayan para poder alquilarla o venderla a precio libre. En su día, el Ayuntamiento cedió los terrenos a la Comunidad de Madrid, que a su vez vendió las viviendas o cedió su uso a fondos buitres, explica Daniel Iglesias, uno de los vecinos que se ha reunido con el consistorio para reclamar una solución. En el portal Idealista se anuncian pisos en venta en ese mismo bloque por entre 168.000 y 384.000 euros.

“No solo nos suben las rentas”

Daniel recibió la carta de Testa, anunciándole que próximamente le harán una oferta el pasado viernes. A él y a su pareja, María, les vence el contrato el 31 de julio. “No sé lo que me van a pedir”, lamenta, temeroso por el ejemplo de sus vecinos y la percepción de que la empresa “desde hace un par de años está cambiando su modus operandi”. “No solo nos suben las rentas, también quieren hacernos pagar el IBI y no se hacen cargo de nada o ponen muchísimas pegas. Ahora están metiendo una piscina en un patio interior, para revalorizar los pisos y encarecer los precios y que la gente crea que vive en un sitio donde no puede vivir, porque el barrio no es de gente pudiente. Somos obreros y no podemos mantener una piscina o ciertos servicios que no necesitamos, pero no podemos decidir qué obras se hacen o no”, desarrolla.

En mitad de esta línea de colaboración que atraviesa la comunidad de este a oeste está otro barrio obrero, Vallecas, donde una quincena de vecinos se han unido a este plan de acción coordinado por el Sindicato de Inquilinas para sentar al fondo buitre a negociar. “Ayer (el martes) me llamaron por teléfono, del área legal, y me dijeron las condiciones que me ponían, que eran 830 euros al mes y que no había más. Me dijeron que no iban a negociar bajo ningún concepto con ningún sindicato. Ellos intentan separar al grupo de vecinos, porque a cada uno le mandan una oferta y le dicen una cosa”, explica Rosa de la Serna, que está pagando unos 610 euros al mes.

De los que estábamos en un principio, la mayoría se han ido. Te llega una carta así y piensas que en pocos días te van a mandar a la calle

Estas estrategias han funcionado en algunos casos. Tras 12 años en el mismo piso, Rosa conoce a la mayoría de sus vecinos y lamenta que “mucha gente se ha ido por miedo”. “De los que estábamos en un principio, la mayoría se han ido. Te llega una carta así y piensas que en pocos días te van a mandar a la calle”, reconoce, pero pone como ejemplo el de otras 84 familias de Carabanchel, Vallecas, Tres Cantos o las de Torrejón, que han conseguido doblarle el brazo al fondo buitre. “Nos quedamos en casa, pagando. No nos negamos a pagar en ningún momento. A lo que nos negamos es a subidas abusivas”, insiste. Para realizar este reportaje, elDiario.es se ha puesto en contacto con Fidere, pero, por el momento, no ha obtenido respuesta.

“Sabemos que mientras se siga permitiendo que la vivienda sea un bien de mercado con el que especular, Blackstone y el resto de grandes propietarios de vivienda podrán seguir asfixiando a la gente, con subidas del alquiler que se llevan más del 70% del salario de las inquilinas. Y así ha ocurrido, el fondo buitre vuelve a intentar sus mismas tácticas”, indican desde el Sindicato. ¿La nueva ley de vivienda ataja estas problemáticas? “A día de hoy, no”, señalan. “La ley tarda 18 meses en implementarse y no se podrían llevar a cabo estas subidas si fueran municipios tensionados, por lo que habría que hacer un estudio sobre si Alcorcón, Vallecas y Torrejón lo son. Por ejemplo, Torrejón sí lo sería por la cantidad de fondos de inversión que son propietarios y gestionan bloques enteros. Pero lo más importante es que la competencia es de las comunidades y Madrid, donde gobierna el PP, no la va a aplicar”, explican. Por eso, reclaman que se den esas competencias a los ayuntamientos.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado en varias ocasiones su intención de no controlar los precios, por considerarlo “un ataque directo a la propiedad privada”. “La propiedad privada no es ideología; es un derecho constitucional”, llegó a decir. Este derecho viene recogido, de hecho, en el artículo 33.1 de la Carta Magna. En el punto 3 de ese mismo artículo, dos líneas más abajo, se recoge que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”. Unos artículos después, en el 47, se defiende que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

De vuelta en Torrejón, César Gil explica que él entró en su piso en 2013. La empresa que gestionaba los alquileres en aquel momento, Bigeco, le dio esos tres años de carencia por las condiciones en las que se encontraba la vivienda si se hacía cargo de las reparaciones. Aceptó. Como el resto de sus vecinos, el alquiler era con opción a compra y de esa cuantía, la mitad serviría para sufragar parte de ese precio de compra. A la hora de tasar el domicilio, el precio se incrementó más de lo que esperaba y, como el resto de sus compañeros en esta batalla, optó por seguir de alquiler. “Lo que reclamamos es que haya alquileres dignos, no solo para nosotros, sino para todo el mundo”, defiende, ante una “segunda burbuja inmobiliaria”.

En el salón de su casa, un grupo de vecinos comenta qué le han ofrecido a este o a aquel, quién ha aceptado las condiciones o quién ha cogido la maleta y se ha ido dejando el piso vacío. También explican que Testa puso un vigilante de seguridad después de que empapelaran la urbanización. “Lo pedimos cuando me robaron el coche y dijeron que eso era cosa nuestra, pero pusimos cuatro carteles y ahora parece que estamos amenazados”, dice Laura. Saben que se enfrentan a una batalla larga y que puede acabar en los juzgados, pero dicen que están fuertes y que no se van a rendir. Están tan seguros de que tienen derecho a un alquiler digno que interrumpen al unísono la última pregunta:

—“¿Hasta dónd...?”

—“Hasta el final.”

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