El Parlamento Vasco ha vivido este miércoles un pleno de debate de política general adelantado. Se suele celebrar en septiembre, y es el lehendakari el que lo abre, pero EH Bildu lo ha trasladado a junio al convertir el pleno monográfico que se ha celebrado a instancias de la coalición abertzale en un repaso de las carencias las políticas públicas vascas. El portavoz de EH Bildu y líder de la oposición, Pello Otxandiano, que ha abierto el debate, ha pedido un cambio en las políticas públicas vascas para afrontar los tiempos de incertidumbre y garantizar los servicios públicos con cambios de actuaciones rápidas en políticas desde la vivienda, el empleo o los cuidados para garantizar la “seguridad vital de los vascos”. El debate posterior ha servido para realizar un cuerpo a cuerpo entre el portavoz del principal partido de la oposición con el lehendakari, que ha aprovechado su intervención para hacer un balance positivo del ecuador de la legislatura del Gobierno de PNV y PSE-EE y para anunciar que ha remitido al presidente, Pedro Sánchez, un escrito pidiendo medidas para “proteger el bolsillo de las familias”, entre ellas la reducción de hasta 30 céntimos por litro en carburantes para “todos” los vehículos o la reducción del IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido, del 10% al 4%. Estas peticiones dirigidas al Gobierno de España han sido en cierto sentido las propuestas más concretas de todo el pleno en el que ha predominado las propuestas abiertas para mejorar la vida de los ciudadanos más que las medidas específicas.

En concreto, la propuesta que ha remitido el lehendakari a Sánchez el pasado lunes, y que espera que esté contenida en un nuevo decreto anticrisis, bajo el título 'Respuesta a Ormúz', integra 36 medidas “para proteger el bolsillo de las familias y favorecer la economía productiva, la industria y el primer sector”. Además del ahorro en los carburantes para todos los vehículos y la bajada del IVA a la carne y el pescado, la propuesta incluye recuperar la bajada del IVA de la electricidad y el gas natural, bono de calefacción para las personas jubiladas y vulnerables de cara al invierno, la prórroga de la ayuda de 20 céntimos por litro al gasóleo profesional y 35 céntimos al gasóleo pesquero, y un plan renove con neutralidad tecnológica -es decir, sin penalizar los motores de combustión- para sustituir vehículos antiguos por nuevos que consumen menos y generan menos emisiones, además de ayudas para la modernización de flotas de camiones, furgonetas o autobuses, más eficientes, neutrales tecnológicamente y menos contaminantes. En ETB, Pradales ya manifestó que había hablado con Sánchez en los últimos días sobre estas cuestiones.

Por otra parte, para el apoyo a la industria electrointensiva, el documento remitido a Madrid insiste en garantizar inversiones para ampliar la capacidad de la red eléctrica, la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica y la rebaja del 80% en el coste de transporte y distribución eléctrica. De cara a las ayudas a los baserritarras, agricultores, viticultores y arrantzales, pide la eliminación del importe mínimo de 100 euros en la ayuda al gasto en fertilizantes, el aplazamiento extraordinario de seis meses en cuotas a la Seguridad Social, la activación de la reserva agrícola de la PAC, dotada con al menos 450 millones de euros anuales“. ”Todas estas medidas supondrán un alivio para las familias vascas y para la economía productiva. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado un decreto anticrisis por la guerra de Irán. Espero que estas medidas que les he explicado se incorporen al mismo“, ha señalado.

Respecto a esto, ya en el turno de réplica, Otxandiano ha pedido que se ponga sobre la mesa lo que se puede hacer desde Euskadi, no lo que se pide “en una lista” al Gobierno de España, que luego se decide en Madrid si se hace o no. “Tenemos que pensar en lo que está en nuestra mano. Quizás no podemos influir en los precios de combustible, es difícil influir en el precio de los alimentos y entonces lo que tenemos que pensar es que podemos hacer desde aquí, sin esperar a otros”, ha insistido. Otxandiano en su intervención ha realizado un repaso crítico de la situación de los servicios públicos y ha instado a los grupos a afrontar su sostenibilidad “esta misma legislatura, antes de que sea demasiado tarde”. “El verdadero riesgo para nuestro modelo de bienestar no es una crisis puntual. Es el cortoplacismo. Es seguir actuando como si las transformaciones demográficas no estuvieran ya aquí. Es seguir aplazando decisiones que sabemos inevitables”, ha señalado. Tras apuntar que la situación demográfica lleva una sociedad cada vez más envejecida, ha advertido de que para “mantener los estándares de calidad” se necesitarán más recursos públicos: “Necesitaremos más atención sanitaria, más atención a la dependencia, más servicios sociales”.

Pradales ha reconocido que se viven “tiempos de incertidumbre”, pero ha criticado que se prometan “imposibles o engañar a la gente”. “No vamos a hipotecar el futuro de quienes están por llegar”, ha dicho, asegurando que “no es posible garantizar todo desde lo público”. En este sentido, ha mostrado su preocupación cuando se habla de “de capacidades de país, de contrato social, para luego dejar toda la responsabilidad exclusivamente sobre las políticas públicas”. “Como lehendakari, lo digo con toda claridad: lo público ni lo soluciona todo, ni puede o debe dirigirlo todo. No creo en un modelo de gobierno que sustituya, tutele o coarte la iniciativa personal o colectiva. No creo en trasladar toda la responsabilidad siempre a las arcas públicas. No creo en 'abrir el grifo' de manera ilimitada”, ha señalado en respuesta a Otxandiano.

El portavoz de EH Bildu ha pedido “la modernización de la administración pública”. “Necesitamos una administración más ágil más simple. Más eficiente más innovadora con mayor capacidad tecnológica, con menos burocracia y necesaria con mejor coordinación entre instituciones y con una evaluación permanente de las políticas públicas. Cada euro público debe generar el máximo valor social posible”, ha señalado pidiendo más “eficiencia pública”. Ha apostado en segundo lugar por una “fiscalidad suficiente y progresiva”. “La sostenibilidad del Estado del Bienestar exige ingresos suficientes y exige distribuir justamente el esfuerzo contributivo. Porque quienes más capacidad económica tienen deben contribuir en mayor medida al sostenimiento de aquello que beneficia al conjunto de la sociedad”, ha dicho. Además, ha instado a “revisar algunas políticas públicas” porque “no todas generan el mismo valor social ni todas las inversiones tienen el mismo retorno”. Y ha puesto como ejemplo la política de vivienda: “Gastamos mucho más en prestaciones y subvenciones que en promoción de vivienda. El resultado es que el gasto crece al igual que lo hace la lista de Etxebide. No funciona, es insostenible. Por lo tanto, hay que cambiar”.

Precisamente en materia de vivienda, ha señalado que “ya no es únicamente un problema habitacional se ha convertido en un problema de seguridad vital”. “Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de desincentivar todas aquellas dinámicas especulativas que dificultan el acceso a la vivienda y expulsan a amplias capas de la población del mercado residencial”, ha lanzado. En este sentido, ha apostado por “avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario” para lo que ha instado a “la construcción de un gran parque público de vivienda” entendido como una “auténtica infraestructura social estratégica”. “Porque una infraestructura estratégica no es únicamente una carretera, no es únicamente una red eléctrica, no es únicamente una infraestructura tecnológica, también lo es aquello que permite sostener la vida de las personas”, ha dicho.

Se ha referido también al tema de los cuidados, que ha considerado que “en lugar de ser un derecho, se está convirtiendo en una cuestión en función de la capacidad económica de cada familia. Esto no es justo y no es socialmente sostenible”. Además, ha considerado que el número de plazas públicas para el sector no es suficiente, y ha criticado los niveles de privatización son muy altos , con precarias, condiciones laborales. “Tenemos un problema en torno al cuidado, tenemos un problema como sociedad y no podemos posponerlo más”. En lo que se refiere al empleo, ha criticado que se hable del empleo abriendo un debate como una dicotomía entre la competitividad y entre los derechos, “parece que tenemos que elegir entre ellos entre la productividad y el sueldo, entre la innovación y la protección laboral, entre empresas fuertes y empleo de calidad” y ha abogado porque se priorice la “competitividad basada en la calidad del empleo”. 

El lehendakari ha puesto en valor que PNV y PSE-EE están ejecutando de “forma responsable y seria” su programa de Gobierno y que “en el ecuador de la legislatura, se han activado el 82% de los compromisos e iniciativas”. Ha destacado que hay 2.160 profesionales más en Osakidetza, y que se han estabilizado a 7.000 profesionales y convocado una OPE con 5.425 nuevas plazas, que se han destinado 1.600 millones de inversión para mejorar hospitales, centros de salud y equipamientos y 750 millones para transformar los colegios y para la contratación de 700 nuevos profesionales. También se ha congratulado de que la Ertzaintza tiene ya un acuerdo regulador para cuatro años o de las mejoras en el transporte público. “En definitiva, mejores servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas”, ha zanjado.

El Gobierno vasco, al menos la parte del PNV, apoya las medidas fiscales presentadas por la Diputación Bizkaia para atraer talento e inversiones, pese a que se han lanzado a iniciativa sólo del PNV, es decir, sin consensuarse con su socio socialista, ni se han armonizado previamente con Gipuzkoa y Álava. Aunque desde el PSE-EE el secretario general del partido en Bizkaia, Mikel Torres, criticó que la diputada general Elixabete Etxanobe presentara el anteproyecto de norma el pasado viernes sin consenso con los socialistas y rompiendo la armonización fiscal entre los tres territorios, la portavoz del Ejecutivo vasco, del que Torres es vicelehendakari, ha cerrado filas ante las medidas de Bizkaia y ha considerado que se trata de un proceso que se está desarrollando “dentro de la normalidad y en los márgenes de armonización fiscal que tenemos dentro de Euskadi”. “Armonización no significa homogeneidad al cien por cien”, ha señalado.

Preguntada tras el Consejo de Gobierno por la cuestión y por las discrepancias entre PNV y PSE-EE ante el asunto, la portavoz María Ubarretxena ha señalado que no es un tema que se haya abordado en la reunión del Ejecutivo, pero, en cualquier caso, ha señalado que las medidas de Bizkaia cuentan con el aval del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). En este sentido, ha señalado que viernes mismo a primera hora de la mañana, es decir, poco antes de que Etxanobe hiciera público el anteproyecto a la prensa, se celebró una reunión en la que se analizó el anteproyecto de norma foral de medidas tributarias de Bizkaia para 2026 “y fue informado favorablemente por unanimidad de todas las instituciones”.

Ha indicado la portavoz que las cuatro instituciones vascas -las tres diputaciones y el Gobierno vasco- “comparten la necesidad de utilizar las capacidades que nos reconoce el Concierto Económico para abordar las necesidades de Euskadi”. En este sentido, las medidas anunciadas continúan en la senda de apoyo al tejido productivo y a la creación de empleo de calidad y abordan cuestiones relevantes en relación con los recursos humanos en un contexto de transición demográfica que es uno de los retos principales que estamos abordando entre todos“, ha apuntado.

Ubarretxena ha insistido en que para el Gobierno vasco es un proceso que se está desarrollando “dentro de la normalidad y en los márgenes de armonización fiscal que hay dentro de Euskadi”. “Armonización no significa homogeneidad al cien por cien”, ha insistido, en línea con lo que se ha manifestado desde Álava y Gipuzkoa, que prepararán sus propias medidas en la misma línea de atraer talento e inversión. “Las medidas que se barajan no desbordan los márgenes de la armonización”, ha dicho, para recordar que “cada territorio tiene diferentes ritmos porque existen plazos diferentes de tramitación de sus proyectos”.

Este martes la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha presentado en Madrid la fiscalidad de Bizkaia y las nuevas medidas que quiere aprobar este mismo año como elemento de atracción de talento e inversión, en un acto en el que ha estado acompañada de alrededor de 200 representantes de empresas y entidades financieras, y en el que han tomado parte representantes empresariales de compañías como Petronor o Iberdrola, con sede social en Bizkaia, que han puesto en valor la fiscalidad vizcaína. También ha elogiado las medidas fiscales de Bizkaia el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha considerado que la fiscalidad vizcaína “deberían servir de ejemplo para otros territorios”. “Compartimos esa visión de la Diputación de invertir en fiscalidad para facilitar que la iniciativa privada haga avanzar la economía, haga avanzar la competitividad, a través del talento”, ha apuntado el máximo representante de la patronal.

En su intervención, la diputada general ha señalado que desde las instituciones vizcaínas se aporta “estabilidad, seguridad jurídica y un marco fiscal que alinea las oportunidades de crecimiento de la empresa con las necesidades de la sociedad”. No obstante, ha puntualizado para “no llevar a engaño”, que el modelo tributario de Bizkaia “no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos”, sino incentivar a las empresas “que sean proactivas en el avance común”. “En Bizkaia las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores; que garantizan la calidad en el empleo; que son más verdes; que lideran la transición energética; las que demuestran un compromiso de arraigo… compiten con ventaja. Pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos. En Bizkaia los profesionales con talento, cualificados, que aportan valor a la empresa, tienen, y van a tener aún más, apoyo fiscal!, ha señalado. ”Bizkaia no solo es un buen lugar para invertir, sino un lugar para construir el futuro“, ha indicado.

La jornada ha contado con una mesa redonda, moderada por Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica, bajo el título 'Cómo crecer desde el talento, la innovación y la digitalización', que ha analizado el papel que desempeñan estos tres factores como motores de competitividad y crecimiento económico, en la que han participado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa. En el debate se ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones y grandes empresas para acelerar la transformación tecnológica, impulsar la innovación abierta, fortalecer el ecosistema empresarial y consolidar a Bizkaia como un territorio atractivo para desarrollar nuevos proyectos industriales y tecnológicos y el ecosistema de innovación y emprendimiento de Bizkaia, articulado en torno a proyectos como el Centro Internacional de Emprendimiento BAT-B Accelerator Tower, el Energy Intelligence Center (EIC), el Automotive Intelligence Center (AIC), el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA), la estrategia cuántica dirigida a la industria Biqain o el Global Smart Grids Innovation Hub.

En la segunda mesa redonda, moderada por Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda y Finanzas, y con la participación del country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, el debate se ha centrado en la fiscalidad vizcaína como una “herramienta estratégica” al servicio de la economía productiva. Se ha subrayado que el Concierto Económico permite diseñar políticas fiscales “adaptadas a las necesidades” del tejido empresarial, “favoreciendo la inversión, la innovación y la creación de empleo de calidad” y se han repasado algunas de las principales ventajas fiscales del territorio para impulsar la transición verde y la innovación, entre ellas las deducciones de hasta el 75% para actividades de I+D+i, la deducción del 35% para inversiones en proyectos de desarrollo sostenible, energías renovables, hidrógeno verde o economía circular, así como instrumentos innovadores de monetización del crédito fiscal que permiten a empresas tractoras financiar proyectos de terceros y generar nuevas cadenas de valor vinculadas a la innovación y la descarbonización.

Además, se han presentado las principales novedades de la futura Norma Foral de Medidas Tributarias para 2026, que busca “reforzar el atractivo de Bizkaia para el talento y la inversión”. Entre ellas, se encuentran el incremento hasta el 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales (porcentaje que se elevará al 60% para menores de 36 años), nuevas deducciones por movilidad geográfica para facilitar la llegada de profesionales cualificados, de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años. Así como medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros, entre otras cuestiones.

El juzgado de lo Mercantil de Donostia ha autorizado la venta de Papresa al grupo extremeño CL Group, con lo que se garantiza la continuidad de la actividad de la papelera de Errenteria y de 166 puestos de trabajo, más uno en reserva -frente a los 148 de la primera oferta- , y se pone fin al concurso de acreedores voluntario que la empresa presentó el pasado mes de abril. El auto del juzgado que se ha conocido este martes eleva la cantidad en efectivo que el grupo comprador debe abonar a 10 millones de euros.

En la oferta inicial, de los 39,3 euros totales en los que tasaba la operación de compra, CL Group sólo planteaba abonar en metálico tres millones de euros, y reservaba siete millones para hacerse cargo por su cuenta de una deuda con el fondo Credion. Sin embargo, el juez ha atendido las quejas del resto de acreedores y suma esta cantidad a la masa del concurso, además de 20.000 euros por hacerse con el control de las marcas de Papresa. En total 10.020.000 euros. El resto, hasta los 39,3 millones de la oferta, se corresponde a la asunción de obligaciones derivadas de contratos expresamente asumidos, los compromisos laborales, y las obligaciones vinculadas a la continuidad empresarial.

El juzgado tampoco admite la pretensión de CL Group de cobrar la indemnización de alrededor de 2,8 millones por un incendio que afectó a la línea de producción, ya que considera que “la eventual transmisión de dicho activo al adquirente produciría un efecto económico materialmente equivalente a una reducción indirecta del precio real satisfecho por la adquisición de la unidad productiva” y deja la citada indemnización en la masa del concurso.

La adquisición de la empresa se realiza a través de Papelera de Oiartzun, mediante CL Group quiere canalizar la titularidad. Esta sociedad adquiere la fábrica, maquinaria e instalaciones, además de subrogar los contratos de trabajo del personal adscrito a la unidad productiva transmitida, con asunción de las obligaciones laborales y de Seguridad Social en los términos expresamente previstos en dicho precepto, “sin que dicha sucesión determine la asunción de deudas laborales o de Seguridad Social distintas de las legalmente impuestas, manteniéndose, en su caso, la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en los términos legalmente previstos”.

“Este régimen de sucesión laboral resulta plenamente coherente con la finalidad de la transmisión de la unidad productiva, al permitir la preservación del empleo y la continuidad de la actividad, evitando el impacto social y económico derivado de una liquidación con extinción de los contratos de trabajo”, señala el auto, que valora la ampliación del perímetro laboral previsto hasta 166 trabajadores, más un trabajador adicional en situación de reserva de puesto de trabajo. “La ampliación del perímetro laboral vino motivada, según expusieron tanto la oferente como la Administración Concursal, por la necesidad de reforzar determinados servicios comunes y garantizar la viabilidad funcional de la explotación industrial, incluyendo la implantación de un quinto turno en la línea MP6 y la incorporación adicional de trabajadores vinculados a determinados procesos organizativos y de prejubilación”.

El juzgado reconoce que la oferta presentada “no se encuentra exenta de controversias respecto de algunos de sus componentes económicos y de determinados extremos relativos al perímetro de transmisión o a la estructura de asunción de pasivos”. Sin embargo, recuerda que es “la única oferta vinculante finalmente presentada”, sin que durante la tramitación del procedimiento “hayan concurrido otras propuestas alternativas que permitan apreciar la existencia de soluciones económicamente más ventajosas o industrialmente más viables para el interés del concurso”.

“Desde una perspectiva estrictamente concursal, la alternativa representada por la transmisión unitaria de la explotación aparece claramente preferible frente a un escenario de liquidación atomizada o desagregada de activos”. En este sentido, insiste en que la oferta aprobada permite la continuidad efectiva de la actividad industrial, el mantenimiento de una parte sustancial del tejido productivo y empresarial, la conservación del valor en funcionamiento de la explotación y la conservación de un volumen muy significativo de empleo mediante la subrogación de 166 trabajadores más un trabajador adicional en situación de reserva de puesto de trabajo. “No consta la existencia de una alternativa realista que permita prever que una liquidación desagregada de los activos pudiera generar una satisfacción superior de los acreedores, una conservación equivalente del valor industrial o un mantenimiento comparable del empleo y de la actividad empresarial”.

La diputada general Elixabete Etxanobe, del PNV, 'venderá' este martes en Madrid, a la que el nacionalismo vasco ha llegado a acusar de hacer 'dumping' fiscal, el potencial de Bizkaia para atraer inversiones, instalación de empresas y retención de talento, pero también para bonificar seguros sanitarios privados o incluso premiar el ir al gimnasio. Etxanobe estará acompañada de dirigentes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y contará con la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, una patronal cuya rama vasca, Confebask, ha pedido a las instituciones en reiteradas ocasiones más medidas fiscales para favorecer a las empresas.

La jornada, de hecho, servirá de puesta de largo de las medidas fiscales que el PNV, a modo de “revolución”, prepara para atraer inversiones y talento y que la diputada ha adelantado sin buscar un consenso previo con su socio de Gobierno, el PSE-EE, ni tampoco armonizar con las Haciendas forales de Álava o Gipuzkoa, que preparan proyectos en la misma dirección a rebufo de lo anunciado ya por Bizkaia. La fiscalidad vasca afronta un nuevo lavado de cara cuando sólo ha pasado un año de la “revisión fiscal” -no la quieren llamar reforma- que PNV y PSE-EE pactaron con Podemos en 2025.

De momento, las medidas anunciadas el pasado viernes por la diputada general han molestado al PSE-EE por la falta de consenso previo. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha asegurado que los socialistas conocieron el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y ha señalado que las medidas fiscales “nunca deben suponer una ruptura de la armonización fiscal que existe hoy en Euskadi”. “Ni son ni una revolución fiscal, ni una reforma fiscal”, sino “un trabajo no finalizado y, por tanto, tampoco está acordado y pactado”. “Las reformas fiscales se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”, ha advertido Torres, que es también el líder del PSE-EE vizcaíno.

Quienes, de momento, han dado su visto bueno a las medidas son los empresarios vizcaínos. El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha considerado este lunes que las propuestas fiscales que pretende impulsar la Diputación de Bizkaia van “en la buena dirección”, aunque ha advertido de que quieren más. “Algunas cuestiones han quedado en el tintero”, ha indicado en un artículo en Linkedin. “Estas medidas son un paso en la buena dirección”, pero forman parte de “un camino que debe continuar”, ha señalado Buces. “Las empresas seguimos necesitando un entorno favorable para invertir, crecer, innovar y generar empleo. Las empresas aportamos el 94% del gasto social en Euskadi. Sigamos trabajando desde la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad para consolidar una Bizkaia atractiva, competitiva y socialmente avanzada”, ha indicado.

El anteproyecto de medidas tributarias pretende favorecer el arraigo empresarial en Bizkaia, la atracción, fidelización y retención de profesionales cualificados, además de otras medidas destinadas, por ejemplo, a impulsar vivienda de alquiler. La previsión de la Diputación es que las medidas de arraigo y atracción de talento puedan ser aprobadas antes de que finalice este año, sin que quede claro si va a haber medidas análogas en los otros dos territorios. Álava preparará las suyas propias, que presentará en noviembre. Gipuzkoa trabaja su paquete propio que presentará “en las próximas semanas”. Desde la Hacienda de Gipuzkoa restan importancia a si estas medidas están armonizadas o no entre los tres territorios: “Cada territorio tiene sus características y armonización no significa uniformización”, matizan.

Las medidas presentadas por Bizkaia tienen el ambicioso objetivo de “responder a desafíos como el relevo generacional en las empresas, la competencia por profesionales, el fortalecimiento del vínculo entre empresas y trabajadoras o la necesidad de reforzar la cohesión social, en aspectos clave como facilitar el acceso a la vivienda”, según puntualizó la diputada general. Estas son algunas de las medidas concretas que contempla el anteproyecto:

Impulso al arraigo empresarial y participación de los trabajadores

Para favorecer la transmisión de empresas y facilitar la continuidad en Bizkaia se incorpora una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas siempre que garanticen la continuidad de la actividad empresarial y el empleo. La participación de los trabajadores en las empresas se quiere potenciar añadiendo ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales por trabajador en el caso de que reciban acciones o participaciones en la empresa, así como acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa.

Medidas para atracción y retención de talento

Uno de los objetivos fundamentales es conseguir que las empresas cuenten con personal cualificado, consiguiendo atraer talento, o que regresen los que optaron por salir de Euskadi para buscar empleo. En anteproyecto de norma foral contempla deducciones en el IRPF para lograr la atracción de ese personal. Entre ellas, un 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, un porcentaje que se eleva hasta el 60% para menores de 36 años. También se incorpora un nuevo gasto deducible para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años.

Vivienda de alquiler

Precisamente por el peso que tiene la escasez de vivienda asequible a la hora de optar por Euskadi como destino, el anteproyecto de norma incluye también el impulso a un modelo de colaboración público-privada desde la fiscalidad para facilitar el alquiler de interés social de personas con dificultades de acceso al mercado residencial. En este sentido se incluye nueva deducción del 15% para las cantidades depositadas en cuentas destinadas a la adquisición de participaciones en fondos orientados al impulso del arrendamiento de vivienda de interés social, con un límite de deducción de 750 euros anuales. Con ello se pretende “movilizar el ahorro privado hacia proyectos con impacto social y ampliar la oferta de vivienda accesible para jóvenes, personas desplazadas por motivos laborales o colectivos en situación de vulnerabilidad”.

Calidad de vida

También se incorporan medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros. En el caso de que estos servicios estén facilitados directamente por las empresas, no tendrá la consideración de retribución en especie para los trabajadores.

También se incentiva la formación continua y la formación dual, incorporando una deducción del 20% de los costes salariales asociados a contratos vinculados a estos programas, además de una deducción del 5% por la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento previo de vehículos con más de diez años de antigüedad.

El anteproyecto incorpora por último un capítulo dedicado al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales sufridos durante la infancia y la adolescencia y plantea la exención total sin límite cuantitativo de todas las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia y también en otras entidades.

Estas actuaciones, ha explicado Itxaso Berrojalbiz, buscan “facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas afectadas, situando a las víctimas en el centro de la respuesta institucional y reforzar el compromiso de Bizkaia con la protección de los derechos de la infancia y la atención a quienes han sufrido situaciones de especial vulnerabilidad”.

Bizkaia invierte

El acto que se celebrará este martes en Madrid bajo el título Bizkaia Invierte, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) reunirá a representantes institucionales, máximos responsables empresariales, entidades financieras y agentes económicos. Tras la inauguración por parte de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, participarán en la misma presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra; el country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia; y las diputadas forales de Promoción Económica y Hacienda y Finanzas, Ainara Basurko e Itxaso Berrojalbiz, respectivamente.

A lo largo de la mañana se abordarán cuestiones como la competitividad empresarial, la innovación, el talento, la energía, la digitalización, la financiación y el papel de la fiscalidad como palanca para impulsar nuevas inversiones y proyectos empresariales. La primera mesa redonda, dirigida por Ainara Basurko, analizará el papel del ecosistema industrial, energético y tecnológico de Bizkaia en la atracción de proyectos empresariales. En ella participarán Mario Ruiz-Tagle de Iberdrola y Borja Ochoa de BBVA, quienes compartirán su visión sobre los factores que favorecen la competitividad empresarial y la innovación en el territorio. Posteriormente, Itxaso Berrojalbiz moderará un diálogo sobre fiscalidad, financiación e inversión junto al presidente de Petronor Emiliano López Atxurra y el country manager de BBVA España Peio Belausteguigoitia, donde se analizará el papel de la colaboración entre instituciones y empresas para impulsar la competitividad, la innovación y la transición energética.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes destinar 700.000 euros en ayudas para difundir el conocimiento científico, como forma atajar la desinformación y movimientos negacionistas, como por ejemplo los antivacunas o los que niegan el cambio climático. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha destacado que en una sociedad en la que se está desarrollando de forma intensa la ciencia, la tecnología y la innovación “de forma paralela están ganando terreno tendencias de desconfianza y de rechazo en cuestiones que son verdaderamente muy importantes y que pueden tener consecuencias muy negativas”. Y ha citado como ejemplos los antivacunas o los negacionistas del cambio climático.

Iglesias ha considerado que “cuestiones que antaño eran insólitas en este momento ya han sido asumidas por sectores sociales crecientes”. “No son mayoritarios en absoluto, pero sí tienen cada vez más importancia”, ha dicho, y ha insistido en que estas actitudes “lógicamente pueden tener consecuencias muy negativas en términos de salud pública”. Por ejemplo, ha señalado que en los países donde se extiende la negativa a vacunar a hijos e hijas “están resurgiendo enfermedades que estaban prácticamente acabadas”. También se ha referido a los negacionistas del cambio climático. “Es importante que la gente tome conciencia de ello, porque de otra manera no se adoptarán las medidas políticas que se deben adoptar para poder combatir el cambio climático, porque al final la actitud de los partidos y de que se implanten o no medidas, también depende de cuál es la percepción ciudadana de los problemas”, ha manifestado

Además de desmontar negacionismos, el programa de ayudas, denominado 'Ezagutza Zabaltzen', el primer de estas características que se aprueba en Euskadi, tratará de acercar el conocimiento científico y la innovación a toda la ciudadanía vasca, reducir las brechas sociales existentes en el acceso y disfrute de la ciencia, sobre todo en un contexto en el que muchas decisiones que se toman cada día “tienen una relación directa con materias de naturaleza científico-tecnológico”. Además, promoverá el uso del euskera en la divulgación científica y estimulará la participación ciudadana en los procesos de generación y transferencia del conocimiento.

Las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno priorizarán proyectos novedosos o de nuevo diseño que no hayan sido desarrollados anteriormente en Euskadi. También podrán acceder a financiación iniciativas ya existentes que acrediten una ampliación de su alcance o la incorporación de formatos y metodologías innovadoras para reforzar su impacto social. El programa dispondrá de una dotación económica total de 700.000 euros: hasta 200.000 euros se destinarán a proyectos individuales y hasta 500.000 euros a proyectos en agrupación. Los proyectos individuales deberán contar con un presupuesto mínimo de 8.000 euros y máximo de 20.000 euros, mientras que los proyectos realizados en colaboración deberán situarse entre los 50.000 y los 80.000 euros.

La convocatoria está dirigida a entidades adheridas a Jakindari, la alianza por la cultura científica de la Euskadi,que incluyen agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades del Sistema Universitario Vasco y centros adscritos, además de fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Las iniciativas subvencionables podrán adoptar distintos formatos, entre ellos ferias o festivales de ciencia e innovación, espectáculos de divulgación científica, visitas guiadas a centros de investigación, exposiciones, ciclos de conferencias, talleres experimentales, proyectos audiovisuales, radiofónicos o de podcast, proyectos de ciencia ciudadana o iniciativas dirigidas a despertar vocaciones científicas entre la juventud.

El grupo Uvesco, propietario de los supermercados BM y Super Amara, abrirá 100 nuevas tiendas en los próximos cuatro años, crecerá del orden de un 7% anual, contratará alrededor de 1.000 personas y realizará inversiones de 200 millones de euros dentro del plan estratégico planteado por la empresa hasta 2029, el primero tras la compra de la compañía al fondo PAI Partners por parte de accionariado vasco capitaneado por el CEO de la entidad, Ángel Jareño. La compra se culminó el pasado mes de febrero después de que se firmara el contrato de compra al fondo PAI Partners el pasado 23 de diciembre, por 700 millones de euros. Junto a Jareño han participado en la compra las familias fundadoras, Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, vehículo financiero de Kutxabank.

Jareño, que ha comparecido junto a la presidenta no ejecutiva, María José Aduriz, para dar cuenta de los resultados de la empresa, ha resaltado que se inicia “un nuevo camino con estabilidad en el accionado y con una clara visión estratégica a largo plazo”. “Han entrado diferentes inversores liderados por nosotros y han entrado para ayudarnos en un proyecto que no tiene fecha de caducidad. Es un proyecto a largo plazo. Nuestros inversores no han entrado aquí para entrar y salir y empujar la empresa a obtener unos resultados en el corto plazo espectaculares, no es ese su objetivo”, ha señalado el CEO de la compañía, marcando diferencias entre la estabilidad que da el accionariado actual frente al control por parte de un fondo. “Avanzamos en esta nueva etapa con confianza”, ha señalado, porque “la nueva situación nos permite reforzar un modelo que ha demostrado su fortaleza”, ha insistido.

Jareño ha explicado que el 50% de las nuevas tiendas que se abran durante la vigencia de este plan estratégico serán propias -el resto franquiciadas- y la mitad de ellas estarán en el centro de la península y el resto en la zona norte. 19 de esas tiendas propias se abrirán este mismo año, seis en Madrid -zona en la que siguen en expansión-, dos en Cantabria, una en Navarra y otra en Bizkaia.

En cuanto a los resultados del año pasado -todavía sin formalizarse la venta- se ha cerrado el año con unas ventas de 1.270 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior. Ha abierto 13 nuevas tiendas, ocho tiendas propias y cinco franquicias, y la reapertura de una tienda reformada. En concreto, abrió una en Navarra (Mutilva), dos nuevas tiendas y una reapertura en Bizkaia (Lemoa, Mungia y Santurtzi) y cinco en la Comunidad de Madrid (Las Rozas, dos en el centro de Madrid, Torrejón de Ardoz y Valdemorillo). A ello se suman cinco franquicias en localidades de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y Cantabria. Con estas aperturas ha creado 209 nuevos puestos de trabajo y ha realizado 40,6 millones de inversiones durante el pasado ejercicio, según sus propios datos.

Uvesco quiere mantener su apuesta por el producto fresco, que supone el 43% de sus ventas, para lo que han realizado compras por valor de 263 millones de euros y una red de alianzas con más de 490 proveedores locales, aseguran. La compañía cuenta actualmente con 347 supermercados y una plantilla de 7.500 personas.

La estación de Atotxa, en el centro de Donostia, afronta la última fase de remodelación. Con permiso de la de Ezkio/Itsaso, terminada ya hace años pero sin 'amueblar', será la primera en Euskadi preparada para acoger la alta velocidad a la que ninguna institución se atreve a poner fecha. Este lunes, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha vuelto a referirse al arranque de las obras del nudo de Arkaute para poder dar una fecha “con un grado de certeza muy grande”. Tampoco se mojó Santano con fechas cuando presentó los cambios para la estación de Abando en Bilbao, ni lo hizo la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, en una entrevista a elDiario.es/Euskadi.

En cualquier caso, las instituciones implicadas en esta obra faraónica han escenificado este lunes de nuevo que se siguen dando pasos para que la alta velocidad llegue a Euskadi. “Estamos viendo una luz al final de este largo túnel, los hitos se van cumpliendo, yo no tendría ansiedad con esto -con la fecha-. Vamos a trabajar muy en serio y vamos a demostrarle a la sociedad vasca que vamos dando los pasos, cumpliendo los compromisos y que la alta velocidad llegará antes de lo que muchos se imaginan”, ha señalado Santano.

García Chueca y Santano han visitado las obras de la fase final de la obra de la estación de Atotxa, junto a otras autoridades como el alcalde de Donostia, Jon Insausti, o la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia. Durante la visita, han subido por primera vez a la nueva plaza sobre la playa de vías de 5.723 metros cuadrados de superficie a cota de la planta primera del antiguo edificio de Tabakalera, actual Centro Internacional de Cultura Contemporánea, donde se ha habilitado un acceso directo desde la explanada a este inmueble.

La entrada de la última fase de las obras permitirá recuperan espacios para la ciudadanía. Este mismo lunes, Euskal Trenbide Sarea (ETS), ente público del Gobierno vasco que acomete los trabajos por encomienda del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha abierto el paso de Egia en su totalidad, con una anchura de 30 metros en el lado Tabakalera, y se encuentra realizando los remates de la urbanización básica de la nueva plaza sobre los andenes situada junto al centro cultural.

Asimismo, la retirada de la pasarela peatonal provisional que ha sustituido a este paso durante las obras, ha permitido completar el último andén y, como continuación de estas actuaciones, Adif está trabajando en un acuerdo con el Ayuntamiento Donostiarra para la urbanización de la plaza de Tabakalera. Así, el Ayuntamiento se encarga de la redacción del proyecto de construcción de la urbanización definitiva de la plaza y será Adif el que ejecute las obras del proyecto. 

En la planta inferior, a nivel de calle, desde el pasado noviembre operan las dos vías generales de ancho mixto (con tercer hilo o tercer carril) dispuestas en ambas márgenes de la plataforma ferroviaria. Por ellas circulan los trenes de cercanías, media y larga distancia. El acceso a los andenes de ambas vías se puede realizar tanto desde el edificio de la estación remodelada en el paseo de Francia, como desde el paso inferior de Egia ampliado. Este corredor realiza la función de gran espacio distribuidor bajo el nuevo haz de vías de los flujos peatonales generados entre las dos márgenes de la ciudad que separa el trazado ferroviario, el futuro acceso al vestíbulo de alta velocidad, y la conexión de estos servicios con los de cercanías y la estación de autobuses.

El paso inferior de Egia se ha abierto este mismo lunes en toda su amplitud, alcanzando los 30 metros de anchura en el lado Tabakalera, frente a los siete metros del pasadizo existente antes del inicio de esta obra. Su función como elemento de distribución se verá reforzado por la puesta en servicio provisional en las próximas semanas de una parte del vestíbulo de alta velocidad, que hará las veces de espacio intermodal para espera e información de las personas usuarias de las estaciones de tren y de autobuses, mientras las instituciones siguen avanzando en la configuración del espacio intermodal definitivo. Asimismo, el nuevo paso inferior alojará en su interior la escultura de Remigio Mendiburu, que se reubica en este entorno de forma definitiva tras su retirada al inicio de la obra de remodelación de la estación del acceso Este original, el más próximo a la plaza de Néstor Basterretxea.

Tras la finalización de la obra civil ferroviaria a finales del pasado año, en los últimos meses los trabajos principales se han centrado en la conclusión de las instalaciones y acabados arquitectónicos del vestíbulo subterráneo de alta velocidad, la finalización de la urbanización básica de la plaza sobre las vías, y en la reurbanización del entorno urbano más inmediato de la estación y área de influencia de los trabajos para su devolución a la ciudad.

Concluidos a finales del pasado mes los trabajos de reubicación de los cableados de energía y telecomunicaciones de la pasarela provisional a su posición definitiva en el paso inferior de Egia, hace dos semanas se iniciaron las labores de desmontaje de la pasarela. Desde entonces, se ha trabajado en los acabados pendientes, como eran los apoyos de la propia pasarela, que impedían rematar un andén lateral y un pequeño tramo de vía, que ya han sido ejecutados.

Todas las autoridades que han participado en la visita han coincidido en destacar la complejidad de una obra que se ha dividido en múltiples fases provisionales, por la necesidad de ejecutarlas manteniendo el servicio ferroviario. De hecho, el vestíbulo subterráneo de más de 7.000 metros cuadrados de superficie se ha excavado con los trenes circulando por la superficie. Esta circunstancia llevó a la construcción de una estación provisional, mientras se derruyó la vieja para su posterior reconstrucción con dos alturas más. Entretanto, la singular marquesina fue restaurada y recolocada en su lugar original.

La consejera de Movilidad Sostenible Susana García Chueca, ha puesto en valor que “esta estación de Atotxa será la primera en Euskadi preparada para recibir los trenes de alta velocidad” y ha destacado que “ha sido una obra compleja, con muchas y diferentes fases, cuyo resultado crea más y mejor ciudad para quienes la habitamos” por sus nuevos espacios para el disfrute ciudadano y por las mejoras en materia de comodidad y accesibilidad de la nueva estación. Por su parte, Insausti ha resaltado que “Donostia ha cogido el tren del futuro” y ha destacado que la nueva estación es “una infraestructura para facilitar la vida de los ciudadanos”. Tras afirmar que el “el futuro del transporte de la ciudad es ferroviario”, ha subrayado la importancia de “trabajar en alianzas para ser más eficientes” y ha valorado que con las obras y eliminación de “inseguridad y de puntos críticos” se va a “mejorar el tránsito y la calidad urbana”.

El Gobierno vasco cree que la capacidad actual de los vertederos es suficiente y acorde con las previsiones de reducción de vertidos que se establece en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos (PPGR) para 2030. Según señala el Ejecutivo, actualmente existe una capacidad de vertido de residuos no peligrosos que asciende a algo más de 4,4 millones de toneladas, cantidad que sale sumando la capacidad de los seis vertederos totalmente operativos, a la que tiene el de Jata, en Lemoiz, y el de Aizmendi en la Mancomunidad de San Marcos. “A día de hoy, con las previsiones de vertido a 2030 y la capacidad remanente actualizada, la capacidad de vertido es suficiente”, indica el departamento de Industria, Transición Económica y Sostenibilidad. Esta capacidad es muy superior a la que se estima en el plan para el año 2025 y 2026, con una reducción del vertido en vertederos hasta las 550.000 tonaladas, con el objetivo de que en 2030 acaben en el vertedero sólo 200.000 toneladas de residuo.

Según la información trasladada por el consejero Mikel Jauregi al Parlamento Vasco a petición de Álvaro Gotxi, del PP, el vertedero de Gardelegi, en Vitoria tiene una capacidad de 1.206.000 toneladas, el vertedero de Zalla, 1.187.681 toneladas y el de Igorre, 1.022.324 toneladas, todos ellos en Bizkaia y los tres con mayor capacidad. El de Artigas tiene 450.000 toneladas de capacidad, Bistibieta, en Lemoa, 211.346 toneladas, Betearte, en Mallabia, 78.430 toneladas. Además, incluye en el listado el vertedero de Jata, en Lemoiz, con 201.600 toneladas de capacidad, y el vertedero de residuos inertes y no peligrosos de Aizmendi, de la Mancomunidad de San Marcos, en Gipuzkoa, con 88.915 toneladas de capacidad. En total, 4.446.296 toneladas de capacidad en lo que se refiere a los residuos no peligrosos. Actualmente, según los datos que maneja el Gobierno vasco, los vertidos se han reducido un 53% respecto al año 2018, y el objetivo es llegar a un 85% en 2030. Este año, coincidiendo con el ecuador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, se está llevando a cabo el seguimiento con datos de cierre de 2025. “A partir de este análisis se elaborará un documento de revisión que revisará la prognosis de vertido y definirá el programa de actuaciones para el periodo 2027-2030”, señala el Ejecutivo.

Por otra parte, el departamento de Industria también considera que llegará al objetivo de revalorizar en 40.000 y 50.000 toneladas al año de las fracciones resto de los procesos de tratamiento de plásticos de residuos de aparatos electro-electrónicos, tal y como se determinaba en el Plan, aunque para ello no se construirá una nueva planta. “La actuación de la Administración se ha orientado hacia las instalaciones ya existentes, evitando la necesidad de construir nuevas plantas específicas, señala el Ejecutivo. En este sentido, afirma que se están tramitando a instancias de los titulares de las instalaciones ya existentes en las que se llevan a cabo operaciones de valorización energética, modificaciones de sus autorizaciones para aumentar la capacidad de valorización energética. ”En caso de que dichas modificaciones sean aprobadas la capacidad total disponible para la valorización energética de residuos plásticos alcanzará las 45.000 toneladas anuales, un rango coherente con las necesidades estimadas en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030 para las fracciones resto de estos procesos“.

En relación con la gestión de estos residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, señala el Ejecutivo que además de las plantas ya autorizadas con una capacidad total de 62.500 toneladas anuales, se han autorizado varias plantas de valorización con una capacidad de más de 24.000 toneladas anuales que permite separar los plásticos por familias y composición, con el objetivo de destinarlos a reciclaje, conforme a la jerarquía de gestión de residuos. Estas nuevas plantas autorizadas son Imduplast, Recyclig, ubicada en Zalla; Zerkibide, en Llodio, Logiraees en Trápaga; Reciclajes Ugarte, también en Trápaga; Emaus-Koopera UTE, en Vitoria y Ruben Gómez Pérez, en Lemoa.

El Gobierno vasco espera tener antes de que finalice el mes de junio las conclusiones de un estudio para determinar si es rentable o no abordar la construcción de un hidroducto que conecte la red de hidrógeno prevista en Euskadi con Francia a través del gaseoducto de Irún. El Ejecutivo ha encargado a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) el estudio a las consultoras Team y Tecnalia, que analizarán si se dan las condiciones técnicas para la construcción del hidroducto analizando el potencial mercado transpirenaico de hidrógeno.

“Una vez se determinen las fechas concretas de desarrollo de la conexión de hidrógeno se abordará la capilarización de la red troncal para dar servicio a aquellos usuarios y consumidores que tengan interés”, señala el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una respuesta remitida al Parlamento Vasco.

El estudio pretende analizar si existen argumentos técnicos y económicos sólidos que justifiquen impulsar una conexión transpirenaica de hidrógeno a través de Irún. El hidrógeno verde es una apuesta clara de la estrategia energética del Gobierno vasco, pero de momento es una fuente de energía incipiente y totalmente en fase de desarrollo. Por eso, con este estudio se pretende caracterizar el potencial de producción y consumo de hidrógeno en ambos lados de la frontera, y así evaluar el interés real y la viabilidad de dicha infraestructura. Es decir, se identificará a los actores clave del sector industrial y energético ubicados en la zona de interés y se mostrará la potencial demanda y oferta de hidrógeno, así como se aportará información relevante para la toma de decisiones en cuanto a las conexiones transpirenaicas de hidrógeno con foco en la conexión por Irún.

El Gobierno vasco ha trasladado al Parlamento Vasco que espera tener las conclusiones del estudio ante de que acabe el primer semestre del año en respuesta a una pregunta parlamentaria de PP. Esta infraestructura se enmarca en el proyecto liderado por Enagás que contempla una inversión de 400 millones de euros en suelo vasco y la construcción de 163 kilómetros de tubería. La parlamentaria Muriel Larrea considera que, aunque “la dimensión internacional y la capacidad de exportación son fundamentales para el posicionamiento de Euskadi como hub energético, es imperativo garantizar que esta infraestructura no sea solo una vía de tránsito, sino un motor de competitividad para el tejido industrial local, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las zonas rurales por las que transcurre el trazado”.

Por eso, cuestiona al consejero Jáuregi sobre los “mecanismos de apoyo o cláusulas de fomento se están negociando con Enagás para asegurar que la inversión de 400 millones de euros en Euskadi priorice la contratación de ingenierías, constructoras y proveedores de servicios radicados en el territorio vasco”. También pregunta por las gestiones en Europa para que se considere una conexión prioritaria y se adelanten los plazos, ya que no está previsto esta conexión antes la década de 2040, o las medidas a tomar para que la obra y toda la apuesta por el hidrógeno genere empleo en Euskadi.

Jauregi no da muchos detalles en su respuesta más allá de señalar que se mantienen “conversaciones recurrentemente con los promotores de las diferentes Infraestructuras energéticas donde, entre otras cuestiones, el gobierno refuerza el posicionamiento de la industria vasca en el desarrollo de las mismas” y que el Ejecutivo defiende el valor e interés estratégico de la conexión de la interconexión de hidrógeno por Irún en todos aquellos foros en los que participa en Euskadi, a nivel de Estado y también internacional“. Señala como ejemplo en este sentido, el proyecto europeo Phyrene de colaboración transfronteriza en materia de hidrógeno, en el que participan, entre otras, las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie.

En lo que se refiere al empleo relacionado con el hidrógeno, indica que se están lanzando “diferentes iniciativas de formación y capacitación que se irán reforzando con la penetración del hidrógeno en diferentes ámbitos de actividad. En este sentido, el hidrógeno se ha integrado en la formación reglada de FP mediante nuevas asignaturas y materiales didácticos. Y también se debe remarcar la colaboración entre la viceconsejería de Formación Profesional y el Corredor Vasco del Hidrógeno, asociación público-privada donde participan más de 70 instituciones, empresas y centros tecnológicos de Euskadi”.

La red troncal de distribución de hidrógeno verde, que se presentó el pasado mes de noviembre movilizará en Euskadi entre 350 millones y 400 millones de inversión en su primera fase, y afectará a 50 municipios vascos, uno de cada cinco. En total, serán 163 kilómetros repartidos en dos tramos conectados con el resto del eje de la cornisa cantábrica: el Reocín-Arrigoriaga, con alrededor de 38 km en territorio vasco; y el Arrigoriaga-Haro, con aproximadamente 125 km, que convertirá a Euskadi en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno, con un potencial nodo de agregación en la proximidad de Bilbao y Vitoria, donde se agrupan futuros proyectos de producción y consumo, relacionados con el ámbito industrial. En esta primera fase está previsto que arranquen las obras en 2028 y que esté ultimada en 2030, para arrancar después las redes de hidroductos que conectarán con el valle de Ayala y sus industrias, y la conexión de Bergara-Irún y después con Francia, sobre la que se está haciendo ahora este estudio de mercado. En principio, el 80% de la red de hidroaductos en Euskadi discurrirá por el subsuelo de forma paralela a la de los conductos del gas, de Enagás, lo que minimiza el impacto ambiental.

La Diputación de Álava ha decidido “suspender temporalmente” la campaña institucional para recoger amianto por parte de particulares y trasladarlo a garbigunes o puntos limpios tras la denuncia por parte de la asociación EKI. El grupo ecologista calificó la iniciativa, que busca que los particulares manipulen amianto para trasladarlo a puntos limpios de Nanclares de la Oca, Campezo y Oyón de “alarmante despropósito normativo y sanitario” y de un “riesgo que se traslada a la ciudadanía”.

La institución foral ha respondido por escrito a la denuncia formal planteada por EKI y, aunque no reconoce irregularidades y defiende la legalidad de la campaña, comunica que ha acordado “suspender temporalmente el servicio mientras se analizan las cuestiones planteadas” y emplaza a EKI a mantener una reunión informativa para “aclarar el alcance del procedimiento implantado, exponer las garantías técnicas y preventivas previstas y atender cualquier duda o inquietud existente en relación con este asunto que es para esta diputación de máxima importancia”.

EKI presentó una denuncia formal ante la cuadrilla de la Rioja Alavesa, el Ayuntamiento de Oyón y la Diputación Foral de Álava exigiendo la suspensión de forma inmediata de la campaña y advertía de que de no ser así, se tramitarían denuncias de urgencia ante Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) y la Inspección de Trabajo para el precintado de las instalaciones, además de trasladar el expediente completo a la Fiscalía de Medio Ambiente y Salud Laboral del País Vasco para dirimir las presuntas responsabilidades penales de los cargos públicos que han autorizado esta campaña.

Pese a suspender temporalmente la campaña, la Diputación Foral traslada en el escrito remitido a EKI su consideración de que la denuncia presentada “carece de base técnica suficiente”, al obviar tanto el procedimiento de autorización previa implantado por la Diputación Foral de Álava, como el protocolo específico de gestión aprobado, las condiciones establecidas en la contratación del servicio y las medidas preventivas e instrucciones incorporadas en las autorizaciones dirigidas a las personas usuarias. Asimismo, considera que se omite que la gestión de estos residuos se articula mediante procedimientos técnicos controlados, “ejecutados exclusivamente por personal especializado perteneciente a empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), y limitada en todo caso a materiales no friables debidamente embalados y confinados”.

Defiende la directora de Medio Natural, María José Madeira, que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, establece en su artículo 25.2 la obligación de que las entidades locales implanten la recogida separada de residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024.“ El fibrocemento en manos de la ciudadanía se encuadra en esta categoría de competencia local”, señala, y considera que la denuncia “confunde las operaciones de retirada y demolición industrial, con la entrega puntual de pequeñas cantidades de material no friable en los garbigunes forales habilitados como puntos de recogida de referencia por la Diputación Foral de Álava.

“La iniciativa impulsada por la Diputación Foral de Álava no pretende fomentar actuaciones ilegales de retirada de amianto, sino dar respuesta a una necesidad existente y canalizar de forma controlada y segura residuos que, de otro modo, podrían acabar siendo gestionados de manera inadecuada o abandonados incontroladamente”, asegura. Además, señala que es un modelo de recogida que “ya se aplica con éxito en otros territorios, y ejemplo de ello es el Plan Nacional para la erradicación del Amianto en Cataluña, donde los puntos limpios actúan como centros receptores autorizados”.

Por otra parte, puntualiza que el protocolo de actuación propuesto por la Diputación impone una tramitación previa obligatoria mediante solicitud de autorización individualizada, aceptándose únicamente aquellos residuos con amianto no friable de naturaleza doméstica o asimilable, una identificación concreta del residuo, incluyendo su tipología, formato y cantidad estimada, y se incorporan instrucciones específicas dirigidas a las personas usuarias para minimizar cualquier riesgo durante el traslado del residuo al garbigune, incluyendo, entre otras el uso de guantes y mascarilla y embalado adecuado del material.

EKI denuncia que con esta operación se pone en riesgo también a los trabajadores de los garbigunes, pero desde la institución foral señalan que ue las las personas ajenas a las labores de recogida de material con amianto, como personal del garbigune o el resto de las personas usuarias, no participarán en esta operación, y que sólo se permite la entrega de materiales no friables, por ejemplo placas de fibrocemento onduladas y/o planas, tuberías para canalizaciones de agua o bajantes de edificios, depósitos de agua, losetas, elementos decorativos, macetas o similares. Además, puntualiza que acuerdo con Osalan, el servicio será prestado por una empresa dada de alta en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), que será la responsable de desarrollar el servicio conforme a los requisitos legales aplicables.

EKI apunta a la retirada profesional a domicilio

Fuentes de EKI consideran que los ejemplos que se tienen en el reto de España “demuestran que la única forma legal y segura de dar cumplimiento a la Ley de Residuos 7/2022 a nivel municipal consiste en financiar la retirada profesional a domicilio mediante contratas públicas RERA, o limitar la recepción en Garbigunes exclusivamente a objetos móviles históricos (no estructurales), proveyendo obligatoriamente a los ciudadanos de kits de aislamiento hermético y supervisión técnica previa en el propio terreno”. En este sentido, insisten en que “cualquier campaña que permita o induzca a que un ciudadano se suba a una techumbre a retirar 10m² de placas por sus propios medios carece de parangón legal en España y vulnera el marco de seguridad laboral e higiénico-sanitario vigente”.

En cuanto al ejemplo catalán al que aduce la diputación para justificar la campaña, desde EKI señalan que “el modelo catalán enfatiza unos límites de control drásticos que la campaña de la Rioja Alavesa omitió en su cartelería inicial”. Entre ellos cita que los Puntos Limpios de Cataluña aceptan exclusivamente objetos pequeños que ya no forman parte de una edificación, por ejemplo, una maceta rota antigua o un trozo de tubería suelto que se ha encontrado en un trastero y “se aclara de forma tajante que si el fibrocemento está anclado, atornillado o forma parte de un tejado, está estrictamente prohibido que el particular lo desmonte” porque obligatoriamente se debe contratar a una empresa RERA. Además, insiste en que en los municipios catalanes donde se permite la entrega puntual, la administración no se limita a sugerir “llevarlo embalado”. El ciudadano debe acudir antes al punto limpio a recoger un kit de confinamiento estricto (plásticos de galga gruesa homologados, etiquetas de señalización de amianto “Residuos con Amianto - Contiene Asbesto” y bridas de alta resistencia). Además, el transporte en el vehículo particular debe cumplir condiciones donde el paquete esté herméticamente sellado antes de salir de la propiedad privada.

Los sindicatos con representación en Iberdrola celebrarán el 125 aniversario de la eléctrica con huelgas y movilizaciones. Mientras la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán anuncia conciertos y diversas actividades para conmemorar su fundación, las centrales calientan motores para movilizar a la plantilla a partir de la próxima semana con dos días clave, que serán jornadas de paro. Son el 29 de mayo, cuando se celebra la junta de accionistas de la empresa en Bilbao, y está convocada huelga en Euskadi, Navarra y Galicia, y el 19 de junio, coincidiendo con actos de celebración del cumpleaños empresarial, con una huelga en todo el Estado. Los sindicatos buscan con los paros elevar la presión a la empresa en unas negociaciones de convenio que siguen sin avances desde enero de 2025 y que ya el año pasado llevaron a los trabajadores a convocar la primera huelga en la historia de Iberdrola.

Aunque los objetivos son comunes, la negociación del convenio, los sindicatos van separados en las convocatorias. El primer día de paro, el 29 de mayo, la convocatoria la realiza ELA en Euskadi Navarra y la CIG en Galicia. Estos sindicatos acompañarán la jornada de paros con diversas concentraciones en los centros de Larraskitu y ante la Torre Iberdrola, donde se celebrará la junta de accionistas, y con columnas de manifestaciones por Bilbao. Estos dos sindicatos son minoría en la representación del comité estatal. ELA sólo tiene un representante de los 13 asientos del comité donde UGT -cuatro representantes- y CCOO -tres delegados- son mayoría, y la CIG ni siquiera tiene presencia, pero ambas centrales han considerado “esencial la convocatoria del paro coincidiendo con la reunión de la junta de accionistas”. “Nos hubiera gustado ir en unidad de acción, también aquí en Euskadi, pero no ha sido posible”, señala Mikel Cubeiro, delegado sindical de ELA. UGT y CCOO han preferido dejar la convocatoria de huelga para el 19 de junio a nivel estatal -que también secundará ELA y CIG- aunque arrancarán una semana de concentraciones diarias frente a la Torre Iberdrola a partir del próximo lunes para culminar el viernes día de la junta, con una gran movilización de delegados.

Todos los sindicatos reclaman que la empresa, que acumula “enormes beneficios”, traslade esos buenos resultados a la plantilla. Lejos de ello, denuncian que los trabajadores pierden poder adquisitivo año tras año. Aseguran que en los últimos cinco años se ha perdido más de un 19% de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Exigen, por un lado, recuperar lo que se ha perdido y que sus subidas salariales se liguen al IPC.

Según los cálculos que realizan desde ELA, el coste de la subida salarial del IPC sería 10 millones y 67 millones la recuperación del 19% de poder adquisitivo de estos años, frente a unos beneficios de 6.285 millones de euros durante el año pasado. “Ha pasado más de un año desde el inicio de la negociación del convenio y la dirección de Iberdrola niega a su plantilla las legítimas reivindicaciones que ésta lleva demandando más de cinco años, que son mantener el poder adquisitivo y subidas garantizadas mínimas del IPC. Pese al aumento de los Beneficios empresariales, la aprobación de una mayor retribución al accionista y la presentación del Plan Estratégico para los próximos cuatro años, en el que se prevé aumentar el beneficio un 47%, la retribución al accionista un 65% y 400 millones de bonus para directivos, Iberdrola niega a la plantilla, que es la que hace posible llegar a esas cifras, el acuerdo mínimo exigible para la firma de un convenio justo”, denuncian desde ELA.

La mayor discrepancia en la negociación, que de momento no se retomará hasta el 16 de junio, está en que la empresa no quiere ligar la subida salarial al IPC: “La empresa propone para sus trabajadores y trabajadoras en España una 'fórmula de incremento salarial' basada en parámetros empresariales y en el cumplimiento de la previsión de Ebitda para España, marcada de forma unilateral por la alta dirección”, señalan desde UGT. El Ebitda es un indicador en el que al beneficio neto se le suman los gastos por intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. “Es una propuesta que en ningún caso garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores”, señalan. “La propuesta de la empresa es una vergüenza para la que presume de ser un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Recuerdan desde los sindicatos que durante la vigencia del actual convenio, es decir desde 2021, “el beneficio neto se ha incrementado un 12% pasando de 4.803 millones de euros a 6.285 millones, acumulando desde 2021 un beneficio neto total de 24.924 millones de euros. El presidente de la compañía ha incrementado su remuneración en un 6,45% pasando de 13,2 millones de euros a 14,11 millones” denuncian. Aseguran que el negocio en España ha aportado en 2025 el 46% del beneficio neto a nivel mundial y que la plantilla de España supone el 23% del total a nivel mundial. Sin embargo, pese a las grandes cifras de beneficios, “la plantilla de Iberdrola en España ha tenido un incremento salarial desde 2021 del 2,8%, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 16%”, denuncian.

Desde UGT recuerdan además la “conflictividad sin precedentes” que se está produciendo en la empresa “por la actitud de la dirección”. Señalan que en los dos últimos años, la Audiencia Nacional “ha condenado a Iberdrola en cuatro ocasiones, obligándola a revalorizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones en base al IPC, declarando ilícita la implantación del voto telemático en las elecciones sindicales, anulando la subida de más del 25% pactada con SIE, ATYPE y USO en la cuota de uno de los beneficios sociales de la plantilla y obligándola a subir un 10% el sueldo a los nuevos ingresos por declararse ilegal la doble escala salarial implantada en el convenio de 2021 firmado por SIE, ATYPE y USO”. “A estos juicios se suman otros tantos acuerdos prejudiciales de ámbito nacional en distintas materias: penalización de absentismo, permisos de hospitalización, restricciones a la tarifa empleado y un buen número de demandas a nivel local con asuntos de diversa índole”.

Festival con Juanes y Antonio Orozco

Desde elDiario.es/Euskadi se ha intentado recabar la opinión de la empresa sobre las huelgas y el estado de la negociación del convenio, pero sin éxito. La compañía está inmersa en la preparación de la junta y de los distintos festejos para la celebración de su aniversario, que en el caso de Euskadi tendrá lugar el 12 de junio con un festival gratuito y de acceso libre en el parque de Doña Casilda de Bilbao en el que actuarán Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne. A continuación, tendrá lugar un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína.

La jornada forma parte de un programa más amplio con el que la compañía conmemora, bajo el lema “125 años luz”, su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general. Entre sus principales citas destacan el festival de música del 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el concierto de Estopa y Mafalda Cardenal el 28 de noviembre en Valencia. El pasado martes la empresa realizó un acto en la Torre Iberdrola de Bilbao para dar arranque a los festejos al que asistió el lehendakari Imanol Pradales entre otras autoridades.

Que el turismo es una industria al alza en Euskadi no tiene discusión. Un paseo por cualquiera de las capitales vascas, casi en cualquier época del año, deja ver claramente que los turistas de ocio empiezan a superar, y con mucho, a los viajeros que se acercan a Euskadi por negocios o eventos como congresos profesionales. La estadística confirma ahora lo que ya es una evidencia en las calles. Casi el 80% de los 4,69 millones de viajeros que entraron en Euskadi en 2025, lo hicieron por ocio y vacaciones: 3,67 millones de personas en total. Según se recoge en Ibiltur 2025, el estudio bienal que analiza el perfil, comportamiento y motivaciones de las personas que visitan Euskadi, los viajeros que recalan en Euskadi apuestan mayoritariamente por visitar las capitales y llegan atraídos sobre todo por la gastronomía. Pero cada vez se abre más el arco de las preferencias: el turista tiene más movilidad por todo el territorio, es más desestacionalizado y aumenta el viajero internacional. “Se están consiguiendo los objetivos”, ha señalado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en la presentación de las conclusiones del estudio.

“El turismo de ocio que pernocta en Euskadi es un turismo de calzado cómodo, proclive a los recorridos urbanos en busca del patrimonio, a las visitas museísticas, a la inmersión en eventos y tradiciones, a la ruta interna en busca de localidades y espacios naturales singulares, con la costa y las grandes ciudades como referentes destacados, multiactivo y multiorientado, alejado de modelos centrados en un motivo principal y una oferta complementaria y todo ello con una buena excusa -una razón central de hecho- para el disfrute y reposo entre la actividad: la gastronomía”, ha destacado el consejero, quien ha citado “el avance de la desestacionalización”. Por primera vez, las llegadas en temporada baja superan a las registradas en los principales periodos vacacionales y representan ya el 51% del total, seis puntos más que en 2019. Una evolución que ha atribuido a la apuesta por productos como el ecoturismo, el cicloturismo, el turismo industrial o la enogastronomía, así como a campañas dirigidas a públicos internacionales y segmentados.

Por otra parte, el turismo internacional continúa ganando peso y supone ya más del 48% del total de visitantes, frente al 34% registrado hace una década. Durante el año pasado, Euskadi logró recibir más turistas internacionales que nacionales durante cinco meses consecutivos entre mayo y septiembre, una tendencia que también se registró en 2024. Además, en cuanto a los flujos lujos dentro del territorio. Durante su estancia, las personas visitantes realizan más de 6,3 millones de desplazamientos fuera del municipio donde pernoctan, lo que contribuye a repartir el impacto económico del turismo por toda Euskadi. El estudio constata un aumento del gasto medio por persona respecto al año 2023, fecha del anterior estudio. En concreto el gasto medio es de 625,9 euros por persona cuando hace dos años era de 612 euros. Pero desde 2019 se observa un cambio en la distribución del gasto, ya que sube lo que se abona en origen, mientras disminuye lo que se gasta ya en el destino. De media pernoctan unos cuatro días, normalmente en varios puntos.

El estudio, que el consejero ha presentado junto a la responsable del Observatorio Turístico de Euskadi (Enfokatur), Ainara Iturbur, y que se ha realizado en base a 28.000 encuestas, señala que el 61,1% de los turistas que visitan Euskadi por motivos de ocio tienen como destino las capitales vascas. Destaca Bilbao que acoge el 29,1% del total de turistas que visitan la comunidad y Donostia , con un 24,5%. La costa vasca, sin incluir Donostia atrae el 19,6%. La proporción de turistas que se alojan en el interior de Euskadi (agrupación de municipios y comarcas de los tres territorios que no se clasifican en el resto de las categorías) se sitúa en torno al 17%. Vitoria (7,6%) y Rioja Alavesa (2,0%) completan el reparto entre los distintos destinos de ocio de Euskadi. En general, los viajeros no llegan a Euskadi atraídos por un único motivo, sino que dan importancia a muchos otros aspectos relacionados con la visita a la hora de elegirlo. En 2025, entre las motivaciones tractoras del viaje, se sigue manteniendo en primera situación el disfrute de la gastronomía y el vino al igual que lo hace el número de personas que se sienten atraídas por visitar las ciudades y conocer la vida urbana. En cuanto a la media de edad es de 48 años, mientras que la franja de edad de los más jóvenes (entre 18 y 39 años) roza el 29%. Los mayores de 59 años suponen casi el 24% de los turistas.

La asociación ciudadana EKI ha presentado una denuncia formal ante la cuadrilla de la Rioja Alavesa, el Ayuntamiento de Oyón y la Diputación Foral de Álava para que se suspenda de forma inmediata una campaña institucional para recoger amianto en los garbigunes o puntos limpios. Bajo el lema 'Llega la recogida de amianto a los Garbigunes', la iniciativa busca que los particulares manipulen amianto para trasladarlo a Nanclares de la Oca, Campezo y Oyón, lo que los denunciantes consideran que es un “alarmante despropósito normativo y sanitario”. “El riesgo se traslada a la ciudadanía”, señalan.

De momento, la denuncia se ha presentado ante las instituciones citadas exigiendo la “suspensión cautelar en un plazo máximo de 24 horas de toda la campaña, la retirada de la cartelería informativa y la clausura preventiva de las zonas de recepción habilitadas”. “De no producirse esta paralización inmediata, se ha advertido de forma expresa de que se tramitarán denuncias de urgencia ante Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) y la Inspección de Trabajo para el precintado de las instalaciones, además de trasladar el expediente completo a la Fiscalía de Medio Ambiente y Salud Laboral del País Vasco para dirimir las presuntas responsabilidades penales de los cargos públicos que han autorizado esta campaña. Las administraciones públicas deben garantizar la salud colectiva, no subcontratar el riesgo de un material mortal a la ignorancia y buena fe de los vecinos para ahorrarse costes de gestión”, explican.

En concreto, señalan que la campaña “deriva la manipulación de este agente cancerígeno directamente a los ciudadanos de a pie” al autorizar la entrega de hasta 10 metros cuadrads de placas de cubierta o 200 kilogramos de material a “particulares de obra menor”. “Las instituciones están induciendo a la población civil a realizar desamiantados caseros. Esto implica que vecinos sin formación ni equipos de protección van a partir, desmontar y cargar placas de fibrocemento (uralita) en sus vehículos particulares. Esta manipulación inexperta garantiza la rotura del material y la liberación inmediata de microfibras de asbesto al aire, exponiendo a familias enteras y a sus entornos urbanos a un elemento catalogado como cancerígeno de Categoría 1A, cuyo único nivel de exposición seguro es cero”, señalan.

En este sentido, la denuncia se basa en un informe jurídico que detalla que la campaña vulnera de forma flagrante el Real Decreto 396/2006, el cual prohíbe taxativamente que cualquier persona o empresa no inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) manipule este material, exigiendo siempre un plan de trabajo estrictamente aprobado por la autoridad laboral. Además, indican que la campaña colisiona de lleno con la propia orden foral 300/2014, que regula la red de garbigunes de Álava. “Estas instalaciones no están diseñadas ni su personal cualificado o protegido para la recepción de residuos peligrosos de alta volatilidad. Obligar a los operarios del Garbigune de Oyón a recepcionar y gestionar fardos de amianto manipulados por particulares supone situar a la plantilla en un escenario de riesgo higiénico intolerable sin cabinas de descontaminación, vigilancia de la salud específica ni mascarillas con filtros P3”, indican.

De hecho, en Euskadi sólo hay en estos momentos tres vertederos autorizados para depositar fibrocemento estructural, el de Zalla, getionado por Prezero Gestión de Residuos (antigua Cespa/Ferrovial), el vertedero de Bistibieta, en Lemoa, gestionado por FCC, y el vertedero de Betearte, gestionado por la empresa con ese mismo nombre y ubicado en Mallabia. Según señala el Gobierno vasco en una respuesta parlamentaria, desde 2021 a 2025 “no se han recibido solicitudes de ayudas para la adecuación de vertederos para el depósito de este residuo, ni se han registrado solicitudes para la autorización de nuevos depósitos”.

El Gobierno vasco señala que el grupo interdepartamental sobre amianto, integrado por los departamentos competentes en materia de Trabajo, Salud, Medio Ambiente y Vivienda, además de Ihobe y de Osalan, está llevando a cabo “actuaciones coordinadas orientadas a abordar la problemática derivada de la presencia de amianto”. En cualquier caso señala que “cuando se inicien expedientes de ayudas o autorización de este tema, dichas actuaciones se coordinarán con Osalan”.

El Gobierno señala respecto a la reducción del vertido de residuos no peligrosos en vertederos de la comunidad autónoma, en comparación con la reducción de vertido esperada que se establecía en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, que el vertido en global se ha reducido desde 2018 en un 53%, aunque lo previsto era que en el año 2025 se hubiera reducido ya en un 61%. Para 2030 la reducción debe alcanzar ya el 85%. No obstante, con las previsiones de vertido a 2030 y la capacidad remanente actualizada, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad considera que “la capacidad de vertido es suficiente en el horizonte temporal del Plan”. En cualquier caso indican que este 2026, coincidiendo con el ecuador del Plan, se está llevando a cabo el seguimiento del PPGR 2030 con datos de cierre de 2025. A partir de este análisis se elaborará un documento de revisión que revisará la prognosis de vertido y definirá el programa de actuaciones para el periodo 2027-2030“.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que con el concurso de acreedores y el hecho de que se haya empezado a trabajar en la planta de Amurrio tras suspenderse la huelga indefinida se abre “una nueva etapa” para la atracción de inversores en Tubos Reunidos. Y ha adelantado que “hay inversores interesados en poder ayudar”, pero “no propuestas” concretas aún.

El consejero ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, casi en el momento en el que representantes de los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga, por separado, comparecían en el Parlamento Vasco. El comité de empresa de la planta vizcaína ha señalado que su fábrica es viable en estos momentos y tiene carga de trabajo, por lo que han pedido que se posibilite que haya un inversor específico para Trápaga dentro del proceso concursal, atendiendo a que tienen una situación de partida diferente por el tipo de producto que fabrican.

Jauregi ha reiterado que “la solución” en Tubos Reunidos pasa por “la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro” y, para ello, se requieren “dos condiciones” que lleva repitiendo a lo largo de toda la crisis de la empresa. Por un lado, que se logre la quita de la deuda, porque “nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”, y también “la paz social”, ya que “nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos”. En su opinión, el concurso de acreedores “abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque la Sepi, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo”. “Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda”, ha recordado.

Además, ha destacado que con la suspensión de la huelga indefinida en Amurrio se ha llegado a una “situación de mayor paz social”. “Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad”, ha apuntado.

Mientras tanto, los representantes del comité de empresa de Trápaga, la planta vizcaina, antigua Productos Tubulares, han pedido ayuda a los partidos políticos para garantizar la continuidad de a planta de Trápaga. Han indicado que la realidad de Tubos Reunidos “marcha a dos velocidades, Amurrio tiene una situación muy compleja, que va a requerir un concurso largo y difícil, mientras que Trápaga es una empresa viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial con futuro inmediato”, han indicado. Han asegurado que no quieren “mal para Amurrio, todo lo contrario”, han dicho. Y en este sentido, han considerado que estabilizar el nudo estratégico de Trápaga “servirá de palanca de tracción y dará el oxígeno necesario para consolidar también a Amurrio”. Por eso, han insistido en que “dejar avanzar cuanto antes a la planta de Trápaga es salvar empleo industrial real desde hoy mismo. Tiene carga de trabajo y clientes hoy, y así proteger la cadena de proveedores vascos y darnos margen financiero para buscar una solución para Amurrio. Les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para facilitar la llegada de un socio inversor específico para Trápaga”, han señalado.

No obstante, han advertido de que cuentan con carga de trabajo para cuatro meses, pero que son unos pedidos que se pueden perder porque no tienen materia prima, porque no se puede comprar por falta de caja o porque no llega desde Amurrio por la huelga indefinida que se ha extendido desde marzo hasta este lunes. En este sentido, han insistido que se necesita una ayuda “inmediata”.

De forma previa, han comparecido en la comisión de Industria del Parlamento representantes del comité de empresa de Amurrio, que han criticado el “insuficiente papel de las instituciones públicas” hasta ahora para exigir transparencia a la dirección, y fiscalizar el dinero público inyectado a la empresa. Además, han esperado que el concurso permita un cambio de enfoque del ERE que se presentaba como “imprescindible, no ha solucionado nada”. Por eso, aunque han reconocido que el concurso “no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación” han señalado que al mismo tiempo, “abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. En este punto han enmarcado la suspensión de la huelga indefinida para “hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística”. Respecto a los posibles inversores, han indicado que deberían buscarse entre los accionistas, que han cobrado beneficios mientras se engordaba la deuda. En este punto, se han preguntado si desde la Sepi se sabía que “se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando”. Por ello han considerado que estos accionistas son los que deberían ahora reinvertir para salvar la empresa.

El Gobierno vasco asegura que no existen “evidencias” que demuestren que la actividad de Petronor sea la causa directa de enfermedades en la población de la zona. Así lo ha afirmado en el Parlamento Vasco el director de Salud Pública y Adicciones, Guillermo Herrero. No obstante, sí ha reconocido que existe “preocupación” al respecto, sobre todo después de los últimos incidentes en la refinería, que se siguen investigando por parte del Ejecutivo, que ha ampliado los controles ante cualquier posible incidencia.

Herrero, que ha comparecido ante la comisión de Salud a petición de EH Bildu, ha reconocido que se pueden mejorar los protocolos de actuación y la comunicación de las instituciones con la empresa, aunque he defendido la actuación de la dirección de Salud Pública en el caso de la fuga de benceno del pasado 26 de febrero, que supuso pedir a la población que permaneciera en sus casas.

El director de Salud Pública y Adiccionesse ha referido a las estadísticas e indicadores de salud de la población en los municipios cercanos a la refinería de Petronor, ubicada en Muskiz, y ha señalado que la incidencia de diferentes enfermedades no es diferente a la de otros núcleos urbanos de la Margen Izquierda, por lo que considera que no se puede constatar que salud de los residentes en esta zona se esté viendo perjudicada debido a la actividad de la refinería. “En principio, no tenemos ninguna evidencia que pueda asociar que exactamente la empresa, la refinería, sea la causante de ninguna cosa concreta”, ha indicado y ha señalado que la incidencia de las enfermedades en la zona es “multifactorial”, como ocurre en otros lugares y “a veces se da en los hombres un determinado dato y no se da en las mujeres; o se da en otras zonas donde no hay empresas. O sea, no podemos plantear una conclusión”, ha añadido. “Esto no quiere decir que no nos preocupe, que sigamos investigando, controlando e intentando mejorar en todo lo que hay margen de mejora”, ha insistido.

En este sentido, ha afirmado que “en general” el estado de salud en Abanto y Muskiz “presenta similitudes con respecto a las zonas de la Margen Izquierda, tanto en mujeres como en hombres, o sea se comporta de una forma muy similar”, mientras que las zonas de la Margen Derecha -con un nivel socioeconómico superior- “presentan mejores indicadores de salud, sobre todo en hombres”. De todas formas, ha indicado que es importante mantener un control sobre estas cuestiones para reducir estas desigualdades de salud, según la zona en la que se viva, y porque hay muchas enfermedades que se presentan con un decalaje de varias décadas, como está ocurriendo en estos momentos con el amianto.

Por otra parte, respecto a los indicadores de contaminación en el entorno de la planta, ha subrayado que las cifras medias anuales, en la mayor parte de los casos, “se mantienen significativamente por debajo de los niveles establecidos en la normativa de calidad de aire”, incluso por debajo de los que se pedirán en 2030, cuando la legislación europea se prevé que será más restrictiva.

En cuanto la respuesta que se dio a la población por parte del Gobierno en el episodio de la fuga de benceno, ha defendido que se actuó correctamente, aunque siempre hay margen de mejora, lo mismo que en relación a la comunicación y traspaso de información entre la empresa y el Ejecutivo, aunque ha señalado que la comunicación con la empresa se lleva a cabo a través de Medio Ambiente.

Tras la comparecencia del director de Salud Pública la comisión de Salud ha debatido una proposición no de ley presentada por EH Bildu que instaba al servicio de epidemiología de Salud Pública a realizar un estudio epidemiológico sobre el estado de salud de la población de Abanto-Muskiz tomando como base los determinantes de la salud y analizando las variables ambientales con el fin de elaborar una estrategia concreta dirigida a esta zona en colaboración con los ayuntamientos para mejorar la salud de la población local y eliminar las desigualdades en salud. La proposición no ha salido adelante y la comisión ha aprobado la enmienda de PNV y PSE-EE en la que se insta a “mantener y reforzar la vigilancia de la salud a través del Observatorio de Salud, que en un futuro próximo quedará integrado en Osasungintza” para toda la comunidad autónoma, desechando planes específicos para la zona. Osasungintza es un nuevo organismo, la agencia vasca de Salud Pública, cuya puesta en marcha fue adelantada por este periódico.

El Gobierno vasco podrá en marcha una estrategia destinada a difundir la realidad del Concierto Económico, para qué sirve y la responsabilidad que supone a la hora de asumir las competencias de autogobierno. Se trata sobre todo de que se conozcan sus ventajas, y también sus desventajas, para que deje de verse en el contexto del resto del Estado como “un privilegio” o de “falta de solidaridad” por parte de Euskadi con el resto de comunidades autónomas. Pero la estrategia tiene también una vertiente interna, porque como ha señalado este martes el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, el Concierto “cuenta con un respaldo social muy amplio, pero su funcionamiento es conocido solo de forma superficial por buena parte de la ciudadanía”. De hecho, en Euskadi, el 92% de la población considera que es muy o bastante importante para el autogobierno y el 87% cree que es beneficioso para el bienestar colectivo. Sin embargo, solo alrededor del 60% afirma haber oído hablar de él, con un menor nivel de conocimiento entre jóvenes y mujeres. Unas cifras alarmantes si se tiene en cuenta que se considera la base del autogobierno vasco.

La estrategia la aprobó el Ejecutivo el pasado martes, pero como la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno se suspendió a causa del fallecimiento del lehendakari Carlos Garaikoetxea, la ha explicado hoy el consejero D'Anjou, que ha señalado que en las comunidades autónomas de régimen común, únicamente un 8% declara conocer bien el Concierto Económico y una parte significativa de la población lo asocia a ideas como privilegio o insolidaridad. Esta percepción contrasta con otro dato relevante: seis de cada diez ciudadanos del Estado español consideran que Euskadi es un modelo económico a seguir. “La Estrategia identifica aquí uno de sus principales retos comunicativos: conectar esa valoración positiva de la gestión vasca con el instrumento que la hace posible”, y poner en valor este instrumento también en plano internacional.

El consejero ha pedido una comparecencia en el Parlamento Vasco para explicar la estrategia y “que sea compartida por todos”. Pero, básicamente se divide en cuatro grandes ejes de actuación. El primero se centra en la difusión, con el objetivo de mejorar el conocimiento y la transparencia del sistema. Incluye medidas como la revisión de los currículos educativos, el refuerzo de materiales didácticos, la formación específica del profesorado y un mayor impulso a la investigación universitaria sobre el Concierto Económico y las Haciendas Forales.

El segundo eje aborda la socialización y la opinión pública. En este punto se llevarán a cabo campañas estables de comunicación, aprovechando hitos como el 150 aniversario del Concierto en 2028, y por iniciativas que vinculen de forma directa los impuestos gestionados con los servicios públicos más valorados por la ciudadanía, como la sanidad, los servicios sociales o las infraestructuras. El objetivo no es tanto aumentar un apoyo ya mayoritario, como consolidarlo y hacerlo más sólido sobre la base del conocimiento.

El tercer eje es la internacionalización. El Gobierno apuesta por posicionar el Concierto como un “caso de éxito de autonomía fiscal en foros europeos e internacionales”. Además, esto se produce en un contexto en el que se ha ampliado la participación vasca en ámbitos clave como el Ecofin y la OCDE, “reforzando la visibilidad internacional de las Haciendas Forales”.

Por último, la Estrategia plantea la institucionalización de estas políticas mediante la creación de un servicio específico y permanente dentro del Departamento de Hacienda y Finanzas. Este órgano será el encargado de coordinar a las distintas instituciones vascas, colaborar con el ámbito académico y social y garantizar la continuidad y evaluación de la Estrategia a largo plazo.

Además, se “impulsarán iniciativas de colaboración con los agentes institucionales, políticos, académicos, económicos, empresariales y sociales clave” para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia, tanto en el ámbito de Euskadi como en el exterior, para lo que “se formalizarán las correspondientes iniciativas mediante la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración o la confluencia del Gobierno en aquellas otras iniciativas de otras entidades que se orienten a los mismos objetivos”.

En estos momentos se está poniendo en marcha la infraestructura para poner en marcha esta estrategia con “estructura estable y con recursos”, que arrancará en principio con tres personas dentro del departamento-. “La defensa del Concierto nos interpela a todas las instituciones de Euskadi, no solo al Gobierno vasco”, ha señalado el consejero.

EH Bildu propone la creación de una nueva sociedad pública para promocionar vivienda protegida de alquiler, y también de venta, en la que participen con el Gobierno vasco las tres fundaciones bancarias -BBK, Kutxa, Vital- y las EPSV de empleo. Esta sociedad construiría viviendas públicas “a precios asequibles” a través de promotoras privadas, que se unirían a las promociones de vivienda social a cargo de Visesa, a través de una fórmula de colaboración público-privada que guarda similitudes con la alianza financiera vasca, centrada hasta ahora en las inversiones industriales, pero trasladado a la construcción de vivienda.

La nueva sociedad se denominaría EESE (Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea/Entidad de Promoción de Vivienda Asequible) y es una de las medidas contempladas en la estrategia de vivienda que ha elaborado la coalición soberanista, con la que consideran que podrían construirse 30.000 viviendas protegidas en el plazo de diez años, y sacar al mercado de alquiler en este periodo otras 30.000 ya existentes a través de viviendas ahora vacías, pisos turísticos y el redimensionamiento de algunas actuales, por ejemplo, dividiendo los pisos grandes.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha detallado las líneas generales de esta estrategia -que avanzó el pasado lunes en Bilbao- en el marco de unas jornadas en Donostia, en las que ha considerado que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa cuentan con una serie de condiciones materiales “que permiten una respuesta de choque efectiva”, aunque ha reconocido que hace falta voluntad política para ponerlas en marcha. La medida estrella de esta estrategia es la nueva sociedad EESE, organismo de “colaboración público-comunitaria”, como lo definen, que estaría participada por el Gobierno vasco, con una aportación de 1.000 millones de euros; las fundaciones bancarias, con una aportación de 625 millones entre las tres; y las EPSV, con 375 millones de euros. Además, cuentan con tener 1.500 millones de euros a través de créditos ICO y BEI, con lo que se sumaría un total de inversión de 3.500 millones de euros para construir 30.000 viviendas en diez años, con un gasto promedio de 150.000 euros por vivienda, sumando la construcción el suelo y la gestión.

Otxandiano considera que se trata de una propuesta “realista”, porque la inversión de vivienda protegida entra en los parámetros de la obra social que tienen que acometer las fundaciones bancarias. Hace falta que los que lideran estas fundaciones accionistas de Kutxabank consideren que es una buena apuesta. Otxandiano dice que ya se lo ha trasladado a BBK, Kutxa y Vital. En cuanto a las EPSV, que deben buscar una rentabilidad en sus inversiones para poder cumplir su función de pagar las pensiones de sus abonados, Otxandiano considera que la inversión en vivienda supone para estas entidades “más segura” que otras, como por ejemplo invertir en industria.

No obstante, Otxandiano reconoce que “para que la propuesta sea viable” tiene que haber vivienda en alquiler y también en venta, porque es la venta la que da una liquidez inmediata. Por eso, se primará el aquiler, pero la venta será “un medio” para conseguir un parque de vivienda lo más elevado posible, aunque estas viviendas no serviría en ningún caso para realizar futuras especulaciones y se construirían bajo derecho de superficie a 75 años. La proporción podría ser de alquiler y venta al 50%, aunque esto no se podría determinar hasta ver cuántas tienes que poner a la venta para que sea rentable. El Gobierno vasco no construye vivienda para la venta desde 2020 y la última promoción de VPO en venta se presentó ya ultimada en diciembre de 2024. Toda la VPO con subvención pública es de alquiler. Sin embargo, EH Bildu considera que la Ley permite esta posibilidad al señalar que será “preferentemente en alquiler”.

Los cálculos de EH Bildu apuntan a que podrían construirse viviendas en alquiler protegido de unos 650 euros al mes, o en venta con precios de 225.000 euros, además de un canon de derecho de superficie de 60 euros al mes, según los precios orientativos que maneja la coalición.

La propuesta no es del todo nueva. Otxandiano ha propuesto al lehendakari, Imanol Pradales, en público y en privado, y también al PNV, destinar 1.000 millones de euros a la inversión en vivienda, y según señala Otxandiano, siempre se ha rechazado argumentando que supondría saltarse las reglas fiscales que impiden que Euskadi supere el 0,3% de déficit, y que esta inversión, al computar como deuda haría superar el umbral que marca el Estado. Sin embargo, EH Bildu tiene estudios jurídicos que señalan que se puede hacer mediante una inversión financiera, adquiriendo acciones de la nueva sociedad EESE.

Con esta Alianza por la Vivienda Asequible, EH Bildu considera posible levantar 30.000 viviendas en el plazo de diez años. Las otras 30.000 que se prevén habilitar hasta la 60.000 totales para la próxima década que barajan en su estrategia vendrían de la recuperación de viviendas turísticas, alrededor de 5.000, las medidas de redistribución en antiguas viviendas, unas 10.000, y sacar al mercado viviendas vacías, que estiman en alrededor de 15.000. Por el momento, sólo hay un ayuntamiento hasta ahora, el de Azpeitia, que gobierna EH Bildu, que ha puesto en marcha el canon para las viviendas vacías, pese a que la Ley que lo recoge desde 2015, aunque el decreto para desarrollarlo se aprobó en 2021. Los ayuntamientos siempre se han quejado de que es demasiado complejo para llevarlo a cabo con los recursos con los que cuentan. De momento, ni siquiera las capitales vascas se lo plantean.

En las jornadas sobre “emergencia habitacional”, han participado, además de Pello Otxandiano, Nerea Kortajarena, secretaria de Programa y la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, además de expertos en política de vivienda Javier Gil, investigador del CSIC, y Nacho Álvarez, exsecretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno español.

La mayoría sindical en Tubos Reunidos de Amurrio ha decidido “suspender la huelga” indefinida que arrancó el 15 de marzo y esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento de concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa y qué ocurre con el ERE en el curso de ese proceso. Precisamente, el próximo día 26 de mayo la jueza que se ha hecho cargo del procedimiento, María Teresa Trinidad Santos, ha citado a la representación legal de los trabajadores y al administrador concursal para empezar a decidir que se hace con el ERE puesto en marcha por la empresa y que, de momento, está suspendido.

La decisión de volver al trabajo por parte de la mayoría del comité se ha trasladado a la plantilla -no se ha votado- en una tensa asamblea que llega después de que este mismo lunes hayan empezado a incorporarse a sus puestos los trabajadores que el pasado 7 de mayo votaron en referéndum abandonar la huelga, apoyados por los sindicatos UGT y CCOO. La mayoría sindical que forman ELA, LAB y ESK -este último sindicato era partidario de seguir con el paro- han señalado este viernes que la decisión de suspender la huelga no tiene nada que ver con esta situación de división entre la plantilla. En cualquier caso, han advertido de que la suspensión no significa que acabe el conflicto: “Seguiremos movilizándonos y llamando a todas las puertas necesarias para garantizar el futuro de todos y todas”. De entrada ya han convocado dos días de huelga que se llevarán a cabo el 26 y el 28 de mayo.

Según han señalado los representantes de la mayoría del comité a través de un comunicado conjunto la suspensión de la huelga se basa en que el concurso de acreedores supone un cambio de escenario que obliga a realizar un análisis serio, responsable y colectivo de la situación“, aunque han dejado claro que los que ha cambiado es ”el escenario“, no sus objetivos de mantener el empleo y la actividad.

Han insistido en que la huelga no ha llevado a Tubos Reunidos al concurso. “La huelga ha sido la consecuencia de las imposiciones de la empresa, de años de mala gestión y de una absoluta falta de transparencia y negociación”, y “frente a quienes intentan desacreditar la lucha de la plantilla” han reivindicado todo lo que la huelga ha conseguido durante estos meses, poniendo en el centro del debate “el verdadero problema de Tubos Reunidos” y “señalar públicamente responsabilidades empresariales e institucionales”. “La pregunta que debería hacerse cualquiera es en qué escenario estaríamos hoy si no hubiéramos peleado. Probablemente, nos encontraríamos con el ERE consolidado, con la acería cerrándose y con la logística externalizada, y todo ello sin haber solucionado ninguno de los problemas reales de la empresa”. Consideran que con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal, y pretenden que el ERE que ahora está en suspenso “se convierta en retirada definitiva”

La vuelta de los trabajadores a la actividad, puede facilitar el mantenimiento de la actividad de la compañía, y que sea menos complicado la entrada de inversiones que impidan que el proceso de concurso acabe en liquidación. La jueza ha nombrado administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno. La CNMV ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para que se presenten los posibles interesados entre los que elegirá tres entre los que la jueza elegirá el administrador final.

Podemos ha llegado a un acuerdo con PNV y PSE-EE para aprobar la norma foral del impuesto sobre estancias turísticas con la incorporación de la siete enmiendas que había presentado, según han indicado desde la formación morada. Por ejemplo, los turistas pagarán la tasa seis días en lugar de cinco, y se elevan las cantidades a pagar, con mayor presión a los pisos turísticos y los cruceros. Además, se incluye el concepto de intensidad turística -la relación entre el número de plazas turísticas y la población- “para dar mayores opciones a los municipios que más sufren las cargas del turismo o para liberar de la carga burocrática de la implantación del impuesto a aquellos ayuntamientos con una intensidad turística muy baja”. Y se amplía la exención por discapacidad y dependencia a las personas acompañantes.

“Será un gravamen más progresivo, más flexible y más adaptado a la realidad de cada pueblo y ciudad”, ha señalado el coordinador general de Podemos en Euskadi, Richard Vaquero, que ya pactó en 2025 la reforma fiscal con nacionalistas y socialistas. Con este acuerdo se garantiza que la norma salga adelante en Gipuzkoa y en Álava, ya que los partidos de Gobierno foral, PNV y PSE-EE, no cuentan con mayoría suficiente, a diferencia de Bizkaia. En las juntas vizcaínas PNV y PSE-EE cuentan con mayoría, pero se incorporarán también las enmiendas de Podemos para que el impuesto sea homogéneo en los tres territorios. El acuerdo se ha firmado con Podemos, y al parecer IU, que integra la coalición Elkarrekin Podemos con la que se presentaron a las pasadas elecciones a las Juntas Generales, no estaba informada del acuerdo hasta que se ha hecho público.

“Gracias a Podemos, Euskadi va a contar con un impuesto turístico más progresivo, más flexible y más útil para los ayuntamientos”, ha señalado el dirigente de Podemos, que ha calificado el impuesto de “más ambicioso y más justo” y mejor adaptado a la realidad de nuestros pueblos y ciudades, ha resaltado Vaquero, que ha presentado el acuerdo junto a la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, y el portavoz en el Ayuntamiento donostiarra, Víctor Lasa.

En concreto, las enmiendas introducidas por Podemos suponen ampliar de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto, ya que “se están destinando recursos y políticas públicas a alargar las estancias de las y los turistas en Euskadi y, en la medida que estas políticas tengan éxito, el impuesto tendrá que responder con ambición a la realidad del turismo y las estancias prolongadas”. Otra de las enmiendas modifica las tablas de tarifas elevando los máximos y los mínimos a pagar, y equipara el impuesto de los pisos turísticos a los hoteles de cinco estrellas, que pasarían a pagar entre 4,5 euros y 6,5 euros. En el proyecto de norma se fijan entre 2,5 euros y 5 euros, para los hoteles de cinco estrellas, y las viviendas de uso turístico entre 2 y 4 euros. Podemos también eleva el pago para los cruceristas, de entre 2,50 y 5,00 euros por día de amarre, a una horquilla entre 6 y 7 euros.

Además, de introducir el concepto de intensidad turística, entendida como “la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal” para dotar de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren las cargas del turismo y deseen añadir un recargo en base a un concepto medible, en otra de las enmiendas plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no sólo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas. Y en el otro extremo, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

Además, proponen incorporar en la norma foral la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor y extender la exención del pago a los acompañantes de personas discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III. Estas enmiendas se aprobarán en Gipuzkoa en la comisión de Hacienda del próximo miércoles, con lo que se escenificará el acuerdo. En Álava será a finales de mes, mientras que en Bizkaia todavía no hay fecha fijada para la citada comisión.

El Parlamento Vasco ha aprobado instar al Gobierno a “dar un salto cualitativo y cuantitativo para reforzar el parque público de vivienda y responder a las necesidades existentes”, impulsando la labor de Visesa como empresa pública para la construcción y promoción de vivienda pública en Euskadi y de Alokabide para su gestión. Además, urge a que se desarrolle “a la mayor brevedad” el plan territorial sectorial (PTS) de Vivienda para asegurar la disponibilidad de vivienda asequible y para garantizar el acceso a una vivienda “digna y adecuada, promoviendo la cohesión social y el equilibrio territorial”.

La enmienda ha salido adelante con los votos de PNV, PSE-EE y Sumar, que han llegado a un acuerdo para sacar adelante estos puntos en una moción transaccionada menos ambiciosa que la presentada inicialmente por la formación de izquierdas, que pedía que se pusiera en marcha una sociedad pública nueva para la construcción promoción de VPO, además del PTS. EH Bildu ha presentado su propia enmienda en la que también pide una sociedad pública nueva. La coalición abertzale se ha abstenido finalmente porque PNV y PSE-EE han rechazado su petición de poder votar por puntos la enmienda, ya querían dar su voto favorable a la puesta en marcha del PTS.

También el PP se ha abstenido, aunque ha criticado las políticas actuales de vivienda y la pretensión de los grupos de aumentar la intervención sobre el sector. “Vamos mal y presentan enmiendas para que vayamos peor. Sus políticas nos llevan al mayor drama de la historia en vivienda”, ha señalado la parlamentaria Ana Morales. Vox ha votado en contra.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, del que ha partido la iniciativa después transaccionada, ha destacado que la crisis de vivienda en Euskadi “no solo no remite, sino que aumenta ante la falta de políticas públicas decididas que pongan fin a los efectos devastadores del mercado y la especulación”. Por eso, ha destacado el acuerdo alcanzado con los partidos del Gobierno. “Hemos alcanzado un acuerdo, en mi opinión, relevante, porque supone una exigencia al Gobierno vasco para dar un salto, en parque público de vivienda. Por eso creo que es un buen acuerdo”, ha señalado agradeciendo la disposición de PNV y PSE-EE para conseguir un pacto.

Pese a que no se ha aceptado la pretensión de Sumar de crear una nueva empresa pública de vivienda, Hernández ha insistido en que “ese salto no puede hacerse sin una herramienta a la altura del desafío”. “Necesitamos una empresa pública de vivienda, pero no cualquier empresa pública de vivienda; una empresa pública de vivienda con capacidad real de intervención estructural; una empresa pública capaz de ampliar de forma significativa el parque de alquiler público permanente, de intervenir en el mercado del suelo, de promover vivienda directamente sin depender del ciclo del mercado privado y de garantizar que la vivienda financiada con recursos públicos, lógicamente, permanezca en el ámbito público de forma indefinida”.

Adrián Fernández, desde el PSE-EE, ha recordado que Euskadi ya cuenta con “dos grandes herramientas públicas que llevan décadas haciendo un muy buen trabajo”, Visesa y Alokabide. “Por lo tanto, yo creo que el debate no tiene que estar dirigido hacia si necesitamos más presencia pública en vivienda, porque yo creo que ahí estamos de acuerdo, sino que el debate debe estar en cómo fortalecemos y ampliamos las herramientas públicas que ya existen y que ya funcionan”, ha apuntado.

De igual forma, Jonatan Moreno, del PNV ha destacado el acuerdo y señalado que todo lo que se está realizando desde el Gobierno vasco en materia de vivienda se basa en la colaboración público-privada y en el acuerdo: con los pequeños propietarios de viviendas vacías, con los ayuntamientos que gestionan el suelo, con las empresas del sector de la construcción, con el sector financiero, y con operadores sociales mediante las nuevas fórmulas residenciales.