Podemos, en Euskadi, están inmerso ya en el proceso de primarias para elegir los candidatos a las elecciones municipales y forales del mes de mayo de 2027, sin esperar a las posibles coaliciones con IU, con Sumar o con otras fuerzas de izquierda, que están todavía sin cerrar y que serán determinantes para confeccionar las listas. De momento, el partido morado está en el proceso de la presentación de candidaturas. El resultado de las votaciones se conocerá el 13 de octubre, pero no habrá pugnas entre varias candidadatos para encabezar las listas a las tres diputaciones forales y a las capitales, así que el resultado de este proceso interno ya está claro. Y hay cambio de caras en los cabezas de lista de Bizkaia, Bilbao y Donostia.

En Vitoria será finalmente Garbiñe Ruiz, que fue la candidata de la formación morada en las elecciones de 2023 y es la actual portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria. Es la única aspirante para encabezar la lista municipal, aunque tambien había presentado su candidatura Juan Miller, que fue uno de los jardineros de la empresa Enviser, que trabaja para el Ayuntamiento y que protagonizó la huelga de seis meses, pero no ha conseguido los avales suficientes.

El Bilbao y en Donostia no hay más que una lista, igual que la candidatura a las forales, aunque sí hay cambios en las personas que optan a encabezar las candidaturas. Repiten como candidatos en Álava David Rodríguez y en Gipuzkoa Echeveste, ambos actuales portavoces en las Juntas Generales. En Bizkaia opta a ser candidato Richard Vaquero, actual coordinador general de Podemos en Euskadi y juntero en esta legislatura. Sustituye como cabeza de lista a Eneritz de Madariaga, que ha sido candidata a diputada general en las dos últimas elecciones y portavoz en Bizkaia.

La candidata a la alcaldía de Bilbao deja de ser Ana Viñals, la actual portavoz en el consistorio, un cargo en el que ha estado los últimos siete años. Viñals se integra en la lista que encabeza Rakel Asensio, trabajadora social y militante de Rebeldía, la organización juvenil de Podemos. En el caso de Donostia, el elegido es Xabier Marrero, exasesor del Parlamento Vasco cuando este partido tenía representación y secretario de Medio Ambiente en Euskadi. Se postula para encabezar la lista en sustitución de Víctor Lasa, que dejará el Ayuntamiento donostiarra al final de la legislatura.

El próximo 13 de octubre se conocerán los resultados de las votaciones en estas primarias, sin incógnitas. La elección de candidatos para el resto de los municipios al margen de las capitales llevan un proceso diferente que aún no ha arrancado y para el que, de momento no hay fecha. Otra cosa es la elaboración final de las listas, ya que todo dependerá de si se concretan o no futuras coaliciones de Podemos con IU, con Sumar o con otros partidos de izquierdas como Equo Berdeak.

En las anteriores elecciones municipales y forales de 2023, Podemos concurrió en coalición con la marca Elkarrekin, en la que participaba IU y Equo Berdeak. Sumar se registró como partido ese mismo año, pero ya después de las elecciones municipales y forales. Concurrió en los comicios generales de ese mismo año, aunque Podemos salió más adelante y ya en las autonómicas hubo dos candidaturas.

Paquita, Mariví, Natalia, María o Francisco son nombres propios que no tienen todavía la fuerza del de Maricarmen, pero que pasan ahora por su misma situación: sobre ellos pende la amenaza de un desahucio que los expulsará de sus hogares. La salida de la anciana madrileña, de 87 años, ha removido la conciencia social y las imágenes de su lanzamiento han recordado al Gobierno la dureza de la crisis de vivienda.

Ahora, mientras el Ejecutivo acelera para atar con sus socios un Real Decreto-Ley que trate de poner freno a la emergencia habitacional, los testimonios de estas cinco personas amenazadas con la pérdida de la vivienda en la que residen cobran más relevancia. A Paquita la echan para montar un piso turístico en La Latina, en pleno centro de Madrid, porque es más rentable que un alquiler de larga duración. En Badalona, a Francisco y María los quieren expulsar de su casa ya pagada... pero con la que avalaron a su hijo para la compra de un piso que no pudo pagar por la crisis de 2008. En Canarias y en Euskadi, Natalia y Mariví tiemblan pendientes de un fondo.

“Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí”, dice Paquita, sobre Maricarmen, este viernes. “Esto es un sinvivir. Yo no pido un palacio; pido un techo”, narra Natalia. “No me voy a ir de aquí”, sostiene Mariví. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, piden Francisco y María.

Paquita: 83 años, párkinson y a merced de un piso turístico

Si existe un caso parecido al de Maricarmen es el de Paquita. Tiene 83 años, cuatro menos, padece de párkinson y vive a solo cuatro kilómetros de distancia. En la noche del desahucio acudió al barrio de Retiro, en Madrid, para apoyar a Maricarmen y para “despedirla”, contaba este viernes entre lágrimas ante los micrófonos.

Ella vive desde hace 29 años con su hijo, de 47, en un piso de la calle Santa Ana, en el céntrico barrio de la Latina, “y no pagamos una miseria: 1.100 euros al mes”, dice. Pero su casero, que es la empresa Tolesanta, que tiene múltiples pisos turísticos en su mismo bloque y en otros, no quiso renovarle el arrendamiento. “Si quieren que pague más, que nos lo digan y negociamos”, asume Paquita.

Pero lo que sospechan es que quieren habilitar más pisos turísticos, aunque en la ciudad de Madrid es ilegal que nuevas unidades convivan con viviendas desde agosto de 2025. En 2023, un juez dictaminó que Paquita tenía que abandonar la casa porque se le había vencido el contrato, pero ella siguió pagando y ellos reciben la transferencia cada mes. “Eso es que están de acuerdo, ¿no?”, se pregunta Paquita.

El pasado 22 de julio, Paquita se enfrentaba a su desahucio acompañada de vecinos que le apoyan, pero fue suspendido. Aseguraba que necesitaba más tiempo para buscar piso, pero ahora, visiblemente afectada por el caso de Maricarmen, casi un espejo, parece decidida a luchar. “Claro que voy a defender mi casa, aquí han muerto mi marido, mi madre... Y que yo no pago una miseria”, defendió el viernes.

“Estoy fatal, tengo la rodilla hecha polvo, así ando, paquí y pallá, pero con el bastón. No me echo atrás, no me voy a quedar en casa, pero me cuesta, me cuesta mucho. (...) Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí. Espero poder seguir en mi casa”, decía, y aseguraba que al otro lado del teléfono, Tolesanta no responde a las peticiones para negociar, incluso a ofertas de pagar más alquiler.

Francisco y María: “Jamás pensé que me ocurriría a mí”

Poco antes de que la policía sacara a Maricarmen de su casa en Madrid en la mañana del miércoles, a 600 kilómetros de allí, en Badalona, una pareja de 84 y 79 años logró frenar su desahucio. Francisco Olea y María Andrade, acompañados por sus hijos, los vecinos y el Sindicato de Vivienda de Badalona, consiguieron frenar la comitiva judicial y aplazar el desalojo del que ha sido su hogar en los últimos 50 años. Su historia, como ocurre a menudo con los desahucios, hunde sus raíces en la crisis inmobiliaria de 2008. Fue entonces cuando la pareja decidió avalar a su hijo para que se comprara un piso en la ciudad. “Las cosas iban bien, tenía un pequeño taller, pero la crisis lo fastidió todo y no pudo pagarlo”, explica Francisco a elDiario.es.

La familia explica que tras desahuciar hace un año al hijo, el BBVA –con quien contrajo la hipoteca– inició el procedimiento para quedarse con el piso de Francisco y María. Sin embargo, ambos aseguran que su hijo se lo ocultó, convencido de que podría solucionarlo, con lo que se enteraron de la fecha de desalojo dos días antes, el día 21 de septiembre. “Jamás pensé que me ocurriría a mí, tengo pagada la casa desde hace 40 años”, exclama Francisco, que durante años militó en la PAH.

Tras paralizar el desahucio en la calle, Francisco y María consiguieron una prórroga hasta el 29 de octubre, y reclaman ahora al Ayuntamiento de Badalona que les ayude a negociar con la propiedad. Lamentan que no pueden pagar el montante reclamado, de 70.000 euros cada uno, pero sí ceder el piso a cambio de un alquiler social. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, suplica Francisco.

Natalia, con un menor a su cargo

El fondo demandante del desahucio de Natalia, Trova Capital S.L., está radicado en Madrid, muy lejos del barrio de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, y de la ventana desde donde, aún hoy, saluda a sus vecinas.

“En casa seguimos todos muy nerviosos”, cuenta a esta redacción Natalia, que no sabe cuándo va a volver a llegar una carta que les ponga, una vez más, el corazón en un puño. “Esto es un sinvivir. Me han parado ahora el desahucio, ¿después qué hago? Yo no pido un palacio; pido un techo, que yo lo adapto para mi hija. Rompo bloques si hace falta”.

Natalia recuerda lo joven que era cuando, hace trece años, llegó a esta casa abandonada. Recuerda entrar por la puerta con su hija, que tiene una discapacidad del 100%, y cómo los vecinos, al conocer su situación, hicieron una colecta para que pudiera poner las ventanas, la encimera de la cocina y adaptar lo mejor posible la vivienda para criar a la niña. 

Hoy, su vecina del quinto le proporciona agua y luz porque sabe que su situación es aún más grave: se enfrenta a un desahucio sin alternativa habitacional ni red familiar, y tiene a su cargo a una hija en situación de dependencia, a un menor de once años y a un sobrino con esquizofrenia. La presión vecinal pudo parar el lanzamiento previsto para el pasado 14 de septiembre.

La historia de este desahucio se remonta a 2022. En 2023, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas un informe de vulnerabilidad, que fue emitido y acreditó la situación de vulnerabilidad de Natalia y su familia. El desahucio se paralizó entonces por el escudo social vigente. Ahora, el escudo son las vecinas.

Mariví: “No hemos dejado de pagar nunca”

Marivi tiene 78 años y mucha determinación. Dice que hace muchos meses que ni come ni duerme ante el temor de perder su casa. Podía haber caído en la desesperación, pero ha optado por la lucha y ser uno de los rostros que encabeza las protestas de los 120 vecinos de Erandio (Bizkaia) que se han unido para intentar que el fondo Mosaic, que ha comprado el edificio donde viven a InmoCaixa, no les eche de su casa. “De aquí no me voy a mover”, advierte. “Este es mi hogar y voy a defenderlo”.

Mariví y su marido, de 87 años, viven en este piso del barrio de 'Los Ochos' desde hace 16 años, y pagan una renta de 875 euros cada mes. “No hemos dejado de pagar nunca”, dice, aunque con sus ingresos, 1.107 euros que provienen de la pensión de su marido, “no nos queda para nada y casi tenemos que buscarnos la vida para poder comer al día siguiente”.

Pero pagar “religiosamente” el alquiler, ya no es suficiente. El fondo quiere vender los pisos y, para ello, primero echar a los inquilinos. Ya ha recibido el burofax en el que les advierten de que su familia tiene que dejar el piso porque su contrato vence el 1 de octubre. Los nuevos dueños no quieren ni prorrogar contratos ni renegociar alquileres. “Ahora, a nuestros años, no sabemos qué va a ser de nosotros, dónde vamos a acabar”. “Y no dejo de preguntarme por qué nos está pasando esto. No hemos hecho nada malo para merecerlo. Hemos pagado, hemos cumplido, y ahora nos encontramos con que nos echan y no tenemos capacidad para acceder a otro alquiler”, relata.

Todos los vecinos afectados se han unido y han presentado una demanda colectiva para intentar frenar la pretensión del fondo. “La demanda creo que nos va a proteger unos meses, pero yo no me voy a mover de aquí aunque se me acabe el contrato. Me quedo en mi hogar. Y no de okupa, porque pienso seguir pagando el alquiler como he hecho toda la vida”, dice. “No queremos que nos regalen nada”, insiste.

Llegaron a ofrecerle comprar el piso en el que vive, que el fondo quiere vender por más de 300.000 euros. “Me dijeron que igual si negociaba me lo podían dejar en 260.000. Pero ¡qué vergüenza! ¿Cómo voy a poder pagar esa cantidad si me cuesta pagar la renta? ¿Con 78 años y 87 que tiene mi marido? Simplemente nos están atosigando y quitándonos la vida”. “Esto es una pesadilla que nos está costando una enfermedad”, asegura.

Mariví confiesa que le afectó mucho ver las imágenes del desahucio de Maricarmen en la televisión y cree que la gente tiene que ser consciente de que “nos puede pasar a todos. Y si no a ti, a cualquiera de la familia, a un sobrino, a un hijo…. La vida es pura injusticia”.

Mariví piensa resistir: “No sé qué va a pasar a partir del día 1, cuando vence el contrato. Pero tengo ganas de luchar, ya ni duermo ni como porque estoy muy afectada, pero hay que hacerlo porque este es mi hogar y quiero defenderlo”

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha dejado claro este viernes de nuevo en el Parlamento Vasco que no habrá declaración de sequía para Euskadi, como ya se lo transmitió en su día a los agricultores y ganaderos que se lo reclamaban. Barredo, en su intervención en pleno de control que ha tenido lugar en la Cámara vasca, ha indicado que la declaración “no depende del Gobierno vasco”, sino de “cada cuenca hidrológica”; y ha descartado, además, que esa declaración suponga un incremento de las ayudas o subvenciones para los agricultores.

La consejera ha tenido que responder en el pleno a tres preguntas -una del PP y dos de EH Bildu- relacionadas con el sector primario, en concreto con la crisis de ganaderos y agricultores y la que afecta a los pescadores de altura por el precio del gasóleo. Barredo ha vuelto a señalar que habrá ayudas “de oficio” para agricultores y ganaderos y que se entregarán este año, como anunció el lehendakari, Imanol Pradales, durante el pleno de política general, pero ni la parlamentaria del PP, Ana Morales, ni tampoco el de EH Bildu, Mikel Diaz de Alda, han conseguido con sus respectivas preguntas que la consejera concrete más sobre las cuantías, o el formato.

Sólo ha insistido en que se darán en función de las pérdidas que se hayan registrado en los diferentes subsectores, que es lo que están analizando en estos momentos. Las ayudas se darán en colaboración con las diputaciones, con las que ha asegurado que el Ejecutivo mantiene reuniones “casi a diario” para analizar las necesidades de cada subsector como consecuencia del calor y la falta de lluvias de este verano.

Eso sí, ha negado tajantemente Barredo que el Gobierno vasco “haya dado la espalda a los ganaderos” por las críticas, con petición de dimisión incluida, por parte de las organizaciones sindicales agrarias después de que el departamento rechazara la compra conjunta de forraje aunque se hubiese anunciado que lo haría. Barredo ha defendido de nuevo lo que transmitió a los ganaderos de que había suficiente 'stock' como para que no fuera necesario abordar por el momento esa compra conjunta, algo que en su día enfadó mucho a los ganaderos. Ha señalado también que ha trasladado al Ministerio varias cuestiones para apoyar las explotaciones como ayudas a la alimentación del ganado, la creación de un fondo de reserva solidario para crisis climáticas, la revisión de los seguros agropecuarios o la bonificación del gasóleo.

Precisamente el elevado precio del gasóleo mantiene amarrada la flota de altura con base en Ondarroa desde hace más de un mes. Una parlamentaria de EH Bildu, Naiara Fernández, ha cuestionado a la consejera si se va a tomar alguna medida por parte del Gobierno vasco. “Estamos en contacto constante con el sector”, ha señalado. Ha recordado que el Gobierno central puede subvencionar hasta el 70% el incremento del precio del combustible y que se ha pedido al Ministerio que suba la subvención de 0,20 céntimos por litro a 0,35 céntimos, como también han trasladado ya al Ministerio los representantes del sector. Se conocerá el 30 de septiembre cuál es la decisión del Gobierno central. “Después el Gobierno vasco se sentará con el sector y analizará a corto las necesidades complementarias que requiera”, ha señalado.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado a Petronor en la 'guerra del vestuario' y considera que no se modificaron las condiciones de trabajo por el cambio de lugar en los vestuarios y en el fichaje que se realizó en septiembre de hace un año. El alto tribunal vasco revoca así la sentencia del Juzgado de lo Social que sí había dado la razón a los trabajadores. La sentencia, no obstante, no es firme y podrá ser recurrida en casación, ante el Supremo, aunque los sindicatos demandantes, UGT, CCOO, TU y ELA todavía no se han pronunciado sobre si recurrirán o no.

El conflicto por el cambio de ubicación en los vestuarios dio lugar a una huelga de la plantilla que se alargó durante 83 días, la primera de carácter general que se ha producido en la empresa, que forma parte del grupo Repsol. La denominada 'guerra del vestuario' arrancó el pasado mes de septiembre, hace ahora un año, cuando los trabajadores entendieron que la dirección establecía una “modificación sustancial de las condiciones de trabajo y una notable pérdida de derechos” al sacar el tiempo de cambio de vestuario de la jornada laboral, después de centralizar los vestuarios a la entrada de la planta.

Los trabajadores entendían que el nuevo sistema de relevos, que debía hacerse con la ropa de trabajo ya puesta, suponía añadir 30 minutos diarios a la jornada laboral, ya que el turno de trabajo empieza a contar ya cuando el trabajador está cambiado y finaliza en el momento que se da el relevo al compañero aunque luego tenga que cambiarse. La dirección llegó a ofrecer añadir seis días libres por al año por la prolongación de la jornada diaria, pero los trabajadores consideraron que eran insuficiente esta propuesta y la cuestión acabó en los tribunales.

En un principio, el Juzgado de lo Social dio la razón a los trabajadores, pero el Superior, tras el recurso de Petronor, ha considerado válidos los argumentos de la empresa para decantarse a su favor. Según se recoge en la sentencia de la sala de lo social del TSJPV presidida por Juan Carlos Benito-Butrón y de la que forman parte también Garbiñe Biurrun y Nuria Perchín, la ejecución del nuevo vestuario y las fórmulas de fichaje en el relevo de entrada y salida, “no suponen per se una infracción de condiciones más beneficiosas”, y tampoco “una modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.

Señala que la fórmula establecida para realizar el relevo y el desplazamiento a las distintas unidades productivas, la consecución de un nuevo vestuario y su acceso,“ provoca un proceso de entrada y salida de los turnos, que conlleva un flujo de movimientos con previsiones de tiempo de ejecución máxima de 15 minutos, por los cuales se percibe un complemento salarial específico ya existente”. “No entendemos la realidad acreditada de un exceso de jornada que conlleve el cambio de ubicación de los vestuarios, más allá del abono complementario de turnicidad reconocido”, señala.

Considera que se están siguiendo unas normas de conducta que atienden también “a los principios de seguridad y de prevención de riesgos”, y concluye que la forma de realizar tales relevos no supone una condición más beneficiosa adquirida por los trabajadores ni aparentan una “modificación sustancial” de las condiciones de trabajo, por lo que no entiende “la realidad acreditada de un exceso de jornada que conlleve el cambio de ubicación de los vestuarios, más allá del abono complementario de turnicidad reconocido”.

120 familias de Erandio están luchando por evitar que les expulsen de sus hogares, como le ocurrió este pasado miércoles a Maricarmen, desahuciada de su casa de Madrid por el fondo que adquirió su vivienda. Los inquilinos de Los Ochos de la localidad vizcaína de Erandio, pegada a Bilbao, están ya en la cuenta atrás y se han organizado, denunciado ante los juzgados y manifestado -este jueves lo volverán hacer- y anuncian que lucharán hasta al final para “defender su hogar”.

Sus viviendas era propiedad de InmoCaixa, empresa dedicada a gestionar la cartera inmobiliaria del banco La Caixa. Hace año y medio las vendió en lote al fondo buitre Mosaic, que se niega a renovar los contratos de alquiler porque lo que quiere es vender los pisos. Este fondo, por cierto, es habitual, en la compra de viviendas de InmoCaixa. Otros vecinos de Santander o de Vicálvaro han denunciado presiones de este fondo para que abandonen sus hogares.

El fondo quiere vender las viviendas a un precio que para los actuales inquilinos es inasumible. Además, han ejercido presiones y amenazas para lograr que las viviendas queden vacías cuanto antes, con visitas, llamadas y ofertas para que dejen los pisos antes de que finalicen los contratos de alquiler, por los que pagan una media de 800 euros. Para 14 de estos inquilinos el reloj corre más rápido que para el resto, porque estos contratos finalizan este mismo año. Uno de ellos, de hecho, acaba este mismo sábado 26 de septiembre. Otro el 2 de octubre y luego ya viene un goteo durante octubre, noviembre... y así hasta 2032. Pero no está todo perdido, dicen. “Nos quieren echar. Pero no nos vamos. Nos quedamos”, anuncian.

Los vecinos se han organizado en una plataforma y junto al sindicato LAB han presentado una demanda colectiva ante los juzgados contra InmoCaixa por considerar que en el momento de la venta no se respetó el derecho de tanteo y retracto que ampara a los inquilinos ante cualquier compraventa. La resolución de esta demanda es lo primero que consideran que puede darles tiempo para mantener sus viviendas. “Cuando se produzca el vencimiento de los contratos de alquiler, esto daría acción a los propietarios para iniciar un procedimiento de desahucio. Pero antes se tendrá que resolver la demanda colectiva y se tendrá que dilucidar si la prórroga del Real Decreto es válida o no. Además, si conseguimos que se acelere la declaración de zona tensionada en Erandio, tendríamos las prórrogas que nos permiten solicitar esta declaración”, señala Iñigo Alonso, representante de LAB que está asesorando a las familias. “Lo que queremos es negociar y resolver el tema, para que estas familias no estén en estado de incertidumbre y ansiedad los próximos diez años”, señala.

Precisamente, respecto a la declaración de zona tensionada de Erandio, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE-EE, ha señalado que se ha dado instrucción en el departamento para que se dé la “máxima prioridad” a Erandio dentro de las 14 que están tramitándose en estos momentos. No obstante, ha indicado que se presentó por parte del consistorio a finales de agosto. “Podía haberlo hecho antes”, ha señalado el consejero. “Pero respetamos los tiempos, los ritmos y la autonomía municipal”, ha matizado.

Por mucha celeridad que se dé al proceso, Itxaso ha indicado que no es previsible que pueda estar publicado en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, en vigor hasta el mes de enero, ya que el Gobierno central publica los listados cada tres meses y al de octubre ya no se llega. Esto supone que la declaración de zona tensionada no va a llegar para los 14 contratos de alquiler que vencen este año. “Vamos a darle la mayor velocidad para que al ser zona tensionada ese fondo no pueda plantear finalizaciones precipitadas de esos contratos de alquiler y que si lo hace será sancionado. En el momento en que el sea zona tensionada estaremos muy encima de todos y cada uno de esos contratos para que los inquilinos puedan pedir las prórrogas”, ha reiterado Itxaso.

Las viviendas de Los Ochos de Erandio son viviendas libres, no protegidas. Itxaso ha recordado que ya han comprado viviendas libres anteriormente, como han realizado a este año a Kutxabank, por 5,7 millones, “que era lo que en términos de presupuesto era sostenible”. En cuanto a las de Erandio ha señalado: “Si podemos, iremos a por esas viviendas, al menos esas que están amenazadas de extinción en 2026. Si podemos y conseguimos una negociación interesante, iremos a por esas viviendas para conseguir que las personas que están viviendo allí puedan continuar. Pero de entrada, nos vamos a centrar en darle la máxima prioridad y aprobar la declaración de zona tensionada en Erandio”. “Todo nuestro cuerpo de inspectores y todo el equipo de vivienda y agenda urbana estarán pendiente de cualquier incumplimiento para poder sancionar”, ha indicado en el Parlamento.

Además, ha señalado que habrá que mirar si hay situaciones vulnerables en algunos de estos 14 contratos. Ha recordado el consejero que ya están actuando “desde la discreción” en casos de desahucios que se están produciendo para dotar de soluciones a personas que se queden en situación de vulnerabilidad.

Itxaso, en este sentido, ha calificado de “desoladora” la imagen de Maricarmen, de 87 años, siendo desalojada de su domicilio en Madrid, y ha insistido en que el Gobierno vasco está dispuesto a multar a los grandes tenedores que no respeten las zonas tensionadas y las prórrogas extraordinarias de sus contratos de alquiler solicitadas por los inquilinos. Ha hecho una defensa cerrada de la aplicación de la ley de vivienda estatal.

El Gobierno vasco cree que el refuerzo de la labor de la Inspección de Trabajo y la negociación colectiva serán los instrumentos fundamentales para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres que persiste en Euskadi. Pero no los únicos. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha colocado también la profesionalización de los cuidados en el centro de las políticas que deben ponerse en marcha para acabar con estas diferencias, ya que siguen recayendo de forma mayoritaria en las mujeres dificultando su proyección profesional.

Torres ha inaugurado este miércoles el V Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, en cuya apertura institucional en el BEC de Barakaldo ha estado acompañado por la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, y la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo.

En su intervención, Torres ha destacado la desigualdad retributiva no constituye “únicamente una diferencia económica”, sino también “una cuestión de justicia, oportunidades y libertad” y ha señalado que “detrás de esta realidad hay trayectorias laborales condicionadas por responsabilidades de cuidado que siguen recayendo de forma desigual y hay sectores, profesiones y puestos de responsabilidad donde la presencia femenina continúa siendo insuficiente”.

En este sentido, ha alertado de que los avances logrados en los últimos años no se pueden dar por “consolidados” por la puesta en marcha de “políticas regresivas en materia de igualdad en instituciones donde la ultraderecha, ya sea en España o en Europa, está instaurando” bajo el argumento de eliminar supuestos “privilegios”. “Para nosotros son derechos”, ha subrayado Torres. “Cuidado, porque todo lo que hemos avanzado no está consolidado”.

El vicelehendakari ha señalado que Euskadi ha disminuido en la profundidad de esta brecha y que se ha pasado en ocho años, desde 2016, de un 24,4% al 12,8%. Este último dato, que se corresponde con 2023, y es el mismo que se dio el año pasado, supone no obstante que, como norma general, los trabajadores vascos ganan una media de casi un 13% más que las trabajadoras. “No son datos para la complacencia”, ha reconocido Torres, aunque ha señalado que esta disminución constituye “una esperanza”.

Torres ha aprovechado su intervención en el acto para presentar las principales líneas del III Plan Operativo de Acción 2026-2030 para reducir la brecha salarial, que se aprobó el martes en el Consejo de Gobierno, y que contempla 91 medidas en las que se implican por primera vez todos los departamentos del Gobierno vasco, ya que se contemplan actuaciones vinculadas al empleo, pero también a la educación, la innovación, los servicios públicos, la formación, la digitalización y la igualdad. “La brecha comienza mucho antes de que llegue la nómina, debido a la influencia de los estereotipos en la elección de estudios y profesiones, la mayor presencia de las mujeres en sectores peor remunerados, la parcialidad laboral o las consecuencias desiguales asociadas a la maternidad y los cuidados”, ha señalado.

No obstante, ha insistido en que “no basta con reconocer derechos, hay que garantizar que esos derechos se cumplen y si no hay que perseguir y sancionar”, para lo que ha anunciado el fortalecimiento de las actuaciones destinadas a detectar y corregir situaciones de desigualdad salarial en las empresas, además de nuevos avances en materia de transparencia retributiva. Por otra parte, ha resaltado la importancia de la profesionalización y dignificación de los cuidados, que también se contempla en el plan. En este sentido, Torres ha recordado que “una parte importante de la brecha salarial está ligada tanto a la distribución desigual” de estas responsabilidades como a la infravaloración histórica de actividades esenciales para el bienestar colectivo.

Por otra parte, ha incidido en la necesidad de que la igualdad salarial se lleve al “corazón” de las relaciones laborales y el diálogo social, “incorporando la perspectiva de género a la negociación colectiva y promoviendo herramientas que permitan avanzar hacia una mayor transparencia e igualdad efectiva en los convenios y acuerdos laborales”, ante lo que ha hecho un llamamiento a sindicatos y empresarios. Además, se favorecerá el acceso de las mujeres a los sectores industriales.

Torres ha incidido en que reducir la brecha salarial “no es sólo una obligación ética”, sino también una decisión económicamente “inteligente”. “Una economía que no aprovecha todo su talento disponible es una economía menos competitiva, una empresa que desaprovecha el potencial de una parte de su plantilla es una empresa menos innovadora y una sociedad que mantiene barreras invisibles para la mitad de su población es una sociedad que avanza más despacio”, ha indicado.

El Plan se ha elaborado en colaboración con Emakunde. La directora de este organismo, Miren Elgarresta, ha incidido en que este plan requiere la implicación de “todos los agentes políticos, sociales y sindicales de nuestra sociedad”, por lo que por primera vez están implicados todos los departamentos del Gobierno vasco. Elgarresta ha insistido en la necesidad de que se impulse “la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, itinerarios educativos y laborales libres de estereotipos, la implementación de medidas de conciliación corresponsable en las empresas, la valoración y el reparto de los trabajos de cuidado y una formación en igualdad que fomente un cambio social y, en consecuencia, también de cultura empresarial”. “Hablar de igualdad salarial supone hablar de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Supone hablar de igualdad en mayúsculas”, ha insistido.

También ha intervenido la diputada vizcaína de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, que ha remarcado que “la brecha salarial no es el problema”, sino “el síntoma, la manifestación económica de una estructura de desigualdad mucho más profunda que sigue atravesando nuestras sociedades y nuestros mercados laborales”. “La verdadera pregunta no es cuánto cobran las mujeres, sino por qué siguen cobrando menos”, ha señalado, por lo que ha abogado porque se analice “cómo organizamos nuestra sociedad y cómo distribuimos el tiempo, el poder y los cuidados”. “La verdadera igualdad no llegará cuando las mujeres cobren exactamente lo mismo que los hombres, sino cuando ninguna mujer tenga que pagar un precio profesional, económico o vital por ser mujer. Y esa sigue siendo una de las grandes tareas pendientes de nuestras democracias”, ha advertido.

El V Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, organizado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo con la colaboración de Emakunde, ha reunido a representantes institucionales, agentes sociales y personas expertas para analizar los avances logrados y los principales retos pendientes en materia de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. A lo largo de la jornada, se han abordado diferentes cuestiones clave para avanzar hacia una igualdad retributiva efectiva, como la aplicación de la directiva europea de transparencia salarial de la mano de Ana Carla Pereira, directora de Igualdad y no discriminación en la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión de la UE, y Nieves González García, directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La mesa redonda sobre desinformación bajo el título los 'Mitos sobre la brecha salarial: narrativas mediáticas para combatir la desinformación' ha contado con las expertas en comunicación, Lorena Fernández, Ana Requena -redactora jefe de Género de elDiario.es- y Marta Peirano, bajo la moderación de Eva Silván.

Los socialistas han ratificado en las Juntas Generales de Bizkaia que no les gusta el proyecto de norma fiscal para garantizar el arraigo y la atracción de talento que ha presentado el Gobierno de la Diputación foral, del que forma parte, y que ha iniciado este miércoles su tramitación en comisión. “No creo sorprender a nadie si les aseguro de forma contundente y sin la menor acritud, que al PSE-EE no nos gusta este proyecto de norma foral”, ha señalado el portavoz José Alberto Álvarez sobre la iniciativa del PNV. “Pondremos el empeño en que este proyecto de norma foral salga del trámite parlamentario con aquello que no ha entrado: control, transparencia y generalización. Y se transforme en una norma foral basada en tres pilares irrenunciables: control público, evaluación rigurosa y retorno social de los recursos públicos invertidos”, ha añadido.

En una intervención especialmente breve, el portavoz del grupo socialista en la comisión no ha concretado diferencias con el articulado del proyecto de norma, pero ha recordado que ya mostraron su desacuerdo cuando era anteproyecto. “Y así lo expresamos ya públicamente en las palabras de nuestro secretario general y vicelehendakari Mikel Torres. No nos gusta motivamente, como tendremos ocasión de explicar en el trámite parlamentario que hoy se inicia”, ha recalcado. Entonces, tras la presentación del proyecto por parte de la diputada general nacionalista Elixabete Etxanobe ante empresarios en Madrid, ya mostraron su total desacuerdo, sobre todo con las deducciones fiscales para los seguros médicos privados y para la asistencia a gimnasios, entre otros. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tildó de neoliberales esas propuestas.

Álvarez ha indicado que “desde la responsabilidad y alejados de cualquier maximalismo, se ha alcanzado un laborioso acuerdo para los tres territorios históricos con el PNV”. “Compartimos principios como la lucha contra el fraude de fiscal, o el fomento de la actividad económica, entre otros. Las baterías acordadas se trasladarán a este proyecto de norma foral en el momento procedimental oportuno”, ha advertido, después de que pese a este acuerdo entre ambas formaciones, en el que no estaban incluidas las medidas más polémicas del anteproyecto de Bizkaia, el PNV llevara al Consejo de Gobierno de la diputación vizcaína la propuesta original, que se aprobó para iniciar la tramitación en el parlamento foral con la abstención las diputadas del PSE-EE.

“Lamento que no le guste el proyecto normativo”, ha señalado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, del PNV, al representante de su socio de Gobierno. “Espero que los grupos que tienen mayoría en esta Cámara les termine gustando y se apruebe el proyecto normativo, porque responde a una necesidad que compartimos, que trata de abordar el reto del arraigo de las personas, el arraigo de las empresas. Seguro que si compartimos esa visión, y estoy convencida de que la compartimos, los grupos de esta Cámara llegarán a un acuerdo para que pasemos de no gustar el proyecto normativo, a que alcancen un acuerdo y el proyecto salga adelante. Yo les presento el proyecto normativo de la Diputación Foral de Bizkaia. Ahora es el turno de la democracia y de los grupos junteros para que el proyecto salga adelante con las modificaciones que ustedes consideren. Pero que salga, porque tenemos el reto de arraigar empresas y proyectos empresariales y de crear un futuro para las personas”, ha indicado.

A la espera de esas modificaciones que introduzcan los grupos durante la tramitación, el proyecto de salida no gusta al socio de Gobierno y tampoco a ninguno de los grupos de la oposición. EH Bildu ha manifestado que “está totalmente en contra de este proyecto”. Elkarrekin ya ha anunciado una “enmienda a la totalidad para exigir su retirada” y el PP ha advertido de que enmendarán, “porque sabiendo que va a pactar o que el proyecto viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

La juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha recordado que criticado que en junio la diputada general presentara en Madrid lo que denominó “una revolución fiscal” ante empresarios. Aunque la diputada de Hacienda ha puntualizado en su réplica que ella nunca ha usado el término “revolución” fiscal. “Nosotras no encontramos nada de revolucionario, ni con la privatización del sistema sanitario, ni tampoco reduciendo la recaudación, manteniendo, por un lado, la exigencia a quienes menos tienen y dando continuamente nuevos incentivos fiscales a quienes más tienen”, ha señalado Sarasola.

La representante de EH Bildu ha reconocido que la comisión que se ha desarrollado en las Juntas este miércoles “tiene mucha miga”, porque “esa misma 'revolución fiscal' que presentara la diputada general en Madrid” vuelve ahora “en su integridad”. “Quizás PSE-EE o PNV nos puedan aclarar cuál es la situación”, ha señalado poniendo sobre la mesa las discrepancias entre los socios. Además, ha criticado medidas concretas, como las relativas a las deducciones para inversiones de particulares en un fondo privado para la construcción de vivienda para el alquiler social, aunque señalan que, “estas viviendas deberán estar vinculadas a ese objetivo durante cinco años”. “¿Qué ocurrirá después?”, se ha preguntado. La diputada le ha contestado que la intención es que sean alquileres sociales “eternamente”.

Elkarrekin ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad para exigir su retirada. Es precisamente la formación con la que se pactó la anterior 'revisión fiscal' en 2025. La portavoz de la formación, Eneritz de Madariaga, ha denunciado que la propuesta del Gobierno foral “supone la vuelta a una fiscalidad basada en exenciones e incentivos para quienes tienen mayor capacidad económica y, en consecuencia, implica menos recursos para los servicios públicos”. “De nuevo vuelven a la senda de los ‘privilegios fiscales para unos pocos’, ha censurado. Además, ha considerado ”muy preocupante“ que se haga justo en un momento en el ”buena parte de la ciudadanía tiene dificultades para acceder a una vivienda, llegar a fin de mes o mantener su poder adquisitivo. Y a todos estos problemas, y fuera de toda lógica, ustedes responden reduciendo la tributación de determinados contribuyentes.“, ha recalcado.

De Madariaga ha criticado las formas en la que se ha gestado y presentado esta norma ha pedido a la diputada de Hacienda, y también al PSE-EE si hay modificaciones ya pactadas“ entre los socios, aunque no ha obtenido respuesta. La portavoz de Elkarrekin ha criticado distintos puntos del articulado con beneficios fiscales para determinadas empresas, que ”sólo tienen que mantener un empleo que ya existe“, deducciones por seguros médicos o gimnasios privados, ”gastos que primero hay que poder permitirse, en lugar de reforzar la sanidad pública, los servicios públicos y las políticas universales“ o ”destinar recursos fiscales públicos para hacer atractiva y rentable la inversión privada en vivienda“.

Por su parte, la portavoz del PP, Raquel González, ha eludido pronunciarse directamente respecto a la norma porque “se sigue sin saber cómo va a ser” esta “reforma de la reforma fiscal” del pasado año y ha demandado saber “cuál es el pacto real”. Además, ha criticado la forma en la que se ha procedido presentando en Madrid una normativa que no está aprobada, lo que ha considerado que resta “credibilidad, prestigio y reputación” a la Hacienda vizcaína. “Seguimos sin saber qué es lo que va a ser, siguen sin distinguir entre realidad y fantasía. Usted es la diputada de Hacienda y está aquí para exponer lo que será y se aplicará a los vizcaínos y no lo que le gustaría que fuera. Esos son sus deseos, son un programa electoral de partido, y no es este lugar ni es usted como diputada, quien debe divulgarlos”, ha criticado. “Estamos confundiendo al contribuyente, a los vizcaínos, a los que están fuera y a los que queremos que vengan”, ha añadido. Sí ha advertido de que enmendarán el proyecto “porque sabiendo que va a pactar o que viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

El PSE-EE y el PNV, en Vitoria, han cerrado un acuerdo con la coalición Elkarrekin para aprobar el impuesto turístico y han optado por equipararlo por lo alto a Bilbao y Donostia en lo tocante a la presión sobre los pisos turísticos. Los viajeros que se alojen en la capital en estas viviendas -aunque la oferta es muy reducida- pagarán la tasa más elevada que contempla la legislación foral vigente, de 6,5 euros por noche. Es lo mismo que abonarán los huéspedes de los hoteles de cinco estrellas. Este acuerdo garantiza que la ordenanza se aprobará en el pleno del próximo viernes para entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

El acuerdo con Elkarrekin supone un incremento significativo sobre la idea inicial del equipo de Gobierno municipal, comandado por la socialista Maider Etxebarria, que había optado por el mínimo aplicable dentro de la norma que en las Juntas Generales también surgió de un acuerdo entre PNV y PSE-EE con Elkarrekin. Esto significa que en la norma propuesta por el equipo de Gobierno la tasa a la pernoctación en pisos turísticos era de 4,5 euros por noche, y la misma cantidad para los hoteles de la máxima categoría, una cantidad que se eleva ahora hasta los 6,5 euros por noche, con un máximo de seis, como marca la legislación foral.

El acuerdo suscrito este martes establece también que el dinero recaudado se destinará a mitigar el impacto de la actividad turística y a la mejora de los servicios de la ciudad y conservación del espacio público que también disfrutan las personas de visita en la capital. Esta nueva regulación será debatida este miércoles en la comisión de Hacienda, en la que se votarán las enmiendas presentadas al proyecto de ordenanza del Gobierno municipal, y se aprobará de forma inicial en el pleno del próximo viernes. La aprobación definitiva llegará en noviembre, de modo que la nueva figura fiscal sí entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La alcaldesa ha puesto en valor este nuevo acuerdo del Gobierno municipal con grupos de la oposición, el tercero en una semana tras los alcanzados en la Ordenanza de Bienestar Animal y en el PERI del Casco Medieval. El Ejecutivo, en minoría, ha ido sacando adelante los proyectos con PP, EH Bildu o Elkarrekin. La alcaldesa ha afirmado que con la nueva ordenanza “la actividad turística contribuirá a mejorar el propio destino, elevando la experiencia del visitante y la calidad de vida de quienes residen” en Vitoria.

Según ha asegurado, se trata de una cuestión de “corresponsabilidad”, por lo que ha subrayado que “quienes visitan Vitoria lo hacen para disfrutar de una ciudad limpia, segura, accesible, con un rico patrimonio, una oferta cultural sólida, espacios públicos cuidados, equipamientos de primer nivel y servicios públicos de calidad”. “Es razonable que, si utilizan temporalmente estos recursos, realicen una aportación moderada para contribuir a su mantenimiento y mejora”, ha indicado. Etxebarria ha recordado que es necesario adaptarse a “un turismo cada vez más exigente, pero sin perder la esencia”. Por ello ha incidido en que el nuevo impuesto, contribuirá a impulsar y fortalecer el sector turístico, “en beneficio tanto de la ciudadanía como de quienes visitan Vitoria”.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, que es de Podemos, ha destacado que “este acuerdo es una buena noticia” dado que “permite hacer algo fundamental, anticiparse”. “No queremos esperar a que la turistificación genere problemas sobre la vivienda, los barrios o la convivencia para empezar a actuar. Vitoria-Gasteiz todavía está a tiempo de decidir qué modelo turístico quiere y de poner las herramientas necesarias para evitar escenarios que hoy vemos en otras ciudades, como Donostia. Apostamos por un turismo que genere actividad y riqueza, pero que sea compatible con una ciudad habitable y con la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, ha indicado.

Ruiz también ha subrayado que “las viviendas son para vivir”. “Por eso creemos que es importante que las viviendas de uso turístico tengan una mayor contribución y que los ingresos de este impuesto tengan un retorno social claro en la ciudad. No se trata de estar contra el turismo, sino de garantizar que el turismo tenga cabida en Vitoria pero, sin desplazar otros usos esenciales de la ciudad. Este acuerdo incorpora precisamente esa mirada: más corresponsabilidad, más prevención y más garantías para que la actividad turística sea compatible con el derecho a la vivienda y con la convivencia”, ha manifestado.

Bilbao aprobará la ordenanza del impuesto turístico el próximo jueves en pleno, también con 6,5 euros por noche para los pisos turísticos, pero de 5 euros para los hoteles de cinco estrellas. En el caso de Donostia, el ayuntamiento ha aprobado en junta de gobierno la ordenanza en los máximos permitidos, con 6,5 euros por noche para pisos y hoteles de cinco estrellas y se votará también este jueves.

El Gobierno vasco ha aprobado en su reunión de este martes un “plan de relevo generacional y transmisión de conocimiento” que permitirá jubilarse a sus funcionarios hasta dos años antes. El plan, que tendrá carácter voluntario, está destinado a trabajadores mayores de 63 años. Actualmente, de los 7.000 trabajadores de la Administración general de Euskadi y sus organismos autónomos, unos 700 cumplen este requisito de edad y podrían ya tramitar la prejubilación.

La medida fue pactada con los sindicatos LAB, UGT y CCOO en el mes de junio -ELA no lo firmó por considerarlo insuficiente- e implica garantizar que hay un relevo generacional de estos trabajadores que opten a la jubilación y asegurar que el conocimiento adquirido en el desempeño de sus puestos sea “identificado, documentado y transmitido antes de la jubilación”. Según ha explicado la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, los trabajadores que deseen sumarse a este plan podrán elegir entre dos opciones de prejubilación: “La opción A combina una reducción temporal de la jornada diaria de veinte minutos con un posterior periodo de libranza por días completos. La opción B acumula las medidas en un periodo de libranza por días completos. La persona interesada deberá optar por una de las dos modalidades, sin que puedan combinarse las medidas correspondientes a ambas”. Cuanto más se adelante la jubilación más días de libranza se generan.

En concreto, por ejemplo, un trabajador que anticipe la jubilación seis meses, tendría 106 días libres. Si la reducción fuera de un año, 153 días libres, y si la prejubilación fuera dos años antes, 248 días libres. En el caso de optar por la opción A se restarían de los días libres los correspondientes a la suma de horas de reducción de jornada. Para el mismo ejemplo de seis meses, un año o dos, los días libres serían, 100, 142 y 226, respectivamente, y el resto se completaría con la suma de las reducciones de jornada de 20 minutos por jornada.

En cualquier caso, para acogerse a la jubilación anticipada “será requisito imprescindible cumplimentar la ficha de transmisión del conocimiento”, según ha señalado la consejera. “El objetivo es ordenar el final de la vida laboral del personal que voluntariamente prevea acceder a la jubilación anticipada, facilitar la continuidad del servicio público y asegurar que el conocimiento adquirido en el desempeño de sus puestos sea identificado, documentado y transmitido antes de la jubilación”, ha indicado Ubarretxena.

El plan pretende responder a la elevada edad media de las plantillas, unida al importante número de jubilaciones previsto para los próximos años, por lo que es “necesario planificar el relevo generacional y garantizar una adecuada transmisión del conocimiento”, señalan desde el Departamento de Gobernanza. EKI, como ha sido bautizado, pretende “abrir una nueva era del empleo público, una etapa orientada a ordenar el relevo generacional, incorporar nuevos perfiles profesionales, reforzar la formación continua y asegurar que el conocimiento acumulado por el personal con mayor experiencia se transmite de forma planificada a las nuevas incorporaciones”. “El objetivo es avanzar hacia una Administración más flexible, dinámica, moderna y euskaldun, capaz de responder a las nuevas necesidades de la ciudadanía y de fortalecer la calidad de los servicios públicos”, se añade.

El Gobierno vasco ha conseguido finalmente el objetivo que se había marcado de incrementar en un 50% la capacidad eléctrica actual para dar soluciones a las necesidades de la industria vasca y su electrificación. Esto supone añadir 6.000 MW a los 12.000 actuales y eleva en algo más de 1.000 MW el compromiso de inversiones que se cerró en un principio hace justo un año y que suponía un aumento de la capacidad eléctrica en un 40%, alrededor de 4.800 MW que ya entonces anunciaban que se “quedaban cortos”.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha mantenido este lunes un encuentro con el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, en la primera ronda de encuentros que mantendrá con los responsables de diferentes comunidades autónomas para explicarles las modificaciones que se han realizado en la propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030 tras analizar 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia y que se ha materializado en el Real Decreto del pasado 28 de julio, que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el Estado, aumentando el volumen de inversión previsto en redes eléctricas.

Groizard, que ha visitado junto a Jauregi las obras de la conexión eléctrica con Francia por cable submarino, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho “un gran esfuerzo para que la próxima planificación permita aprovechar la ventaja competitiva que ofrece la generación renovable, facilitando el desarrollo de nuevos proyectos, desde nuevas promociones inmobiliarias hasta nuevas industrias, algo muy relevante en Euskadi”. El consejero Jauregi no ha ocultado su satisfacción. “Se ha dado un paso de gigante para resolver uno de los mayores problemas de nuestra industria: la falta de enchufes. El año pasado anunciamos un acuerdo borrador que incrementaba nuestra potencia eléctrica en un 40%. Hoy anunciamos que la versión final del plan de inversiones eleva esta potencia al 50%. En el próximo quinquenio vamos a tener un 50% más de enchufes en Euskadi”, se ha felicitado.

“Estamos muy satisfechos con este logro que es el resultado de muchos meses de trabajo, de negociación y de defensa de los intereses de Euskadi”, ha señalado. “El compromiso permite dar respuesta a las necesidades de conexión identificadas por 117 empresas intensivas en consumo, lo que garantiza la continuidad de más de 70.000 empleos en Euskadi, y constituye el principal hito en materia energética para la industria de Euskadi”, agrega.

Según han explicado, para conseguir este incremento de la potencia en un 50% se actuará en casi todas de subestaciones existentes, con más de 20 actuaciones y se crearán 10 parques de subestaciones, además se construirán 476 kilómetros de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 421 Km de tendidos para incrementar su capacidad. Dentro de las actuaciones se considera preferente el eje con Navarra y la renovación de una reactancia para mejorar la resiliencia y solidez del sistema.

En concreto, según ha informado el Gobierno vasco, una nueva subestación al sur de Vitoria permitirá responder al crecimiento y la modernización de su área industrial. En Ayala, la mejora de la subestación contribuirá a la recuperación industrial de la comarca. En Bizkaia, se ampliará la capacidad de la subestación de Gatika para favorecer el desarrollo del Parque Tecnológico de Zamudio y de la zona oriental de Bizkaia. Además, el refuerzo de la conexión entre Santurtzi y Ortuella facilitará la puesta en marcha de nuevos proyectos en este entorno. En Gipuzkoa, la nueva subestación de Urola garantizará la seguridad del suministro y dará impulso a la actividad industrial de la costa; además, las ampliaciones de Ormaiztegi y Arkale apoyarán, respectivamente, la recuperación industrial del Goierri y el desarrollo del entorno de Pasaia.

Los 6.000 MW adicionales en las redes eléctricas vascas hasta 2030 se distribuirán en 2.300 MW desde la red de transporte para puntos de apoyo a la distribución y grandes demandantes industriales, 750 MW para generación renovable eléctrica propia, y 3.000 MW adicionales en la red de distribución para la descarbonización y crecimiento de la industria actual. “Esta planificación ofrece un marco estable para atraer nuevas inversiones estratégicas y anticiparse a las necesidades de conexión de la industria existente y de los nuevos proyectos. Al mismo tiempo, los mecanismos de revisión previstos permitirán actualizarla y adaptarla a la evolución de la demanda eléctrica, de modo que la capacidad de la red pueda acompañar con mayor agilidad las futuras inversiones industriales”.

Interconexión con Francia a finales de 2027

El consejero y el secretario de Estado han visitado en Gatika las obras de la interconexión eléctrica con Francia acompañados de la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, y del consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino. Según han señalado, la obra alcanza ya el 70% de ejecución y estará operativa a finales de 2027 o principios de 2028, y que permitirá incrementar la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia de 2.800 a 5.000 MW.

Durante la visita, los responsables del proyecto han explicado el estado de las principales actuaciones en marcha, tanto en tierra como en mar. Uno de los puntos centrales del recorrido ha sido la futura estación conversora de Gatika, donde ya ha concluido la obra civil y actualmente se desarrollan los trabajos de montaje electromecánico. Esta instalación será clave para transformar la corriente continua de la línea submarina y subterránea en corriente alterna, permitiendo así su integración en la red de transporte eléctrico. El trazado terrestre de la infraestructura, “que avanza con normalidad” discurre bajo tierra, evitando núcleos urbanos, y aprovechando, siempre que sea posible, pistas y caminos existentes, “con el objetivo de reducir al máximo la afección sobre el territorio”. señalan desde Redeia.

En paralelo, Red Eléctrica, filal de Redeia, ha completado recientemente la primera fase del tendido del cable submarino en la costa vasca, iniciada el pasado mes de agosto. Esta primera actuación ha permitido instalar un tramo de 65 kilómetros ejecutado por la compañía danesa NKT con su buque cablero Victoria, proveedor también de los cables. Próximamente, está previsto que se inicie una nueva campaña de tendido, en este caso de la mano de Prysmian.

En total, la interconexión contará con cuatro cables submarinos, además de cables de fibra óptica necesarios para la operación de la infraestructura, que discurrirán de forma paralela. Los trabajos en el mar se desarrollarán en varias campañas desde este verano hasta el verano de 2027 entre la costa vasca y la francesa, cerca de Burdeos.

El presupuesto de la obra se ha elevado a 3.100 millones, superando el inicialmente anunciado en 2021, que apuntaba a aproximadamente 1.750 millones, una cifra que posteriormente se ha ido actualizando al alza, porque, según ha señalado Roberto García Merino, se trata de proyectos “muy complejos”.

Durante la visita a la estación de Gatika, el consejero delegado de Redeia, se ha referido, a preguntas de los periodistas a las fugas de bentonita que se produjeron en algunas perforaciones, y ha afirmado que estos temas son uno de los motivos de preocupación de la compañía y siempre “han atendido toda la normativa ambiental”, informa Europa Press. Ha insistido en lo que se ha señalado siempre desde Redeia con motivo de las denuncias por estos vertidos: que es “gestionable” y que trabajan, junto con URA y el Gobierno vasco, para encontrar medidas en caso de que en las “tres o cuatro perforaciones que faltan” se pueda dar ese problema nuevamente con la bentonita, que ha puntualizado que es “inocua”. Ha añadido que Redeia seguirá trabajando con el mismo procedimiento, pero se ha puesto un equipo especializado para la gestión de estos residuos si se produjera alguna fuga, que “no tienen un efecto negativo cuando se trata con celeridad”.

Dos tercios de capital del futuro Fondo Social de Vivienda vasco será privado. El Gobierno vasco participará de él con una aportación minoritaria, un tercio, aunque será el que cederá el suelo en el que se levanten las viviendas en derecho de superficie durante 75 años, garantizará su inversión a largo plazo y un marco regulatorio favorable para que se desarrollen estas construcciones de forma rentable. A cambio de las inversiones en el Fondo, los socios recibirán una rentabilidad estimada del 6,62%. Es un interés “moderado, pero estable en el tiempo”, según han resaltado los representantes del Gobierno vasco. Entre los potenciales inversores estarán los promotores de las viviendas, que asumirán los riesgos que se deriven de la construcción, aunque tendrán el suelo cedido y sin cargas urbanísticas, así como financiación asegurada, y se espera contar en el organismo con presencia de los bancos, fundaciones bancarias, EPSV o 'family office'. Incluso en una segunda fase se plantea que el Fondo Social de Vivienda se abra a participaciones minoritarias de ciudadanos.

El nuevo recurso se licitará en el mes de diciembre, y será entonces cuando se conozca la estructura concreta que tendrá, pero este lunes ha iniciado su presentación oficial ante futuros inversores en un acto institucional con la más alta representación, encabezado por el lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, y el de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, escenificando la importancia que puede tener este instrumento para encarrilar el grave problema de la vivienda. PNV y PSE-EE juntos en un tema que, en otras ocasiones, les ha separado.

Tras licitarse a finales de este año, se espera que el fondo empiece a estar operativo el año que viene, en el que se iniciará la construcción de las primeras 2.065 viviendas en siete municipios vascos que supondrán una inversión de alrededor de 450 millones de euros, aunque el objetivo final es la promoción de 10.000 viviendas asequibles en dos legislaturas -ocho años- y movilizar hasta 2.000 millones de euros a través de la “colaboración público-privada”. En concreto, los municipios que acogerán esta primera fase de construcción serán Bilbao, Portugalete, Santurtzi, Azkoitia, Errenteria y Sestao y Vitoria. De hecho, la capital vasca será la que inaugurará las construcciones con dos promociones en Zabalgana de 276 y 377 viviendas, respectivamente, que estarán ultimadas en 2029. El resto de las viviendas de esta primera fase arrancarán de forma progresiva entre 2028 y 2034 y las últimas no estará finalizadas hasta 2036.

Las viviendas estarán destinadas a lo que el Gobierno vasco denomina “clases medias”, con rentas entre 27.000 y 65.000 euros, y que en principio estén inscritos en Etxebide, y en ningún caso el alquiler superará el 30% de los ingresos, con unas mensualidades estimadas entre los 466,99 euros y los 822 euros, según la renta y las dimensiones de la vivienda, que se actualizarán cada año en función del IPC. Es decir, por ejemplo, una unidad familiar con una renta de 27.000 euros anuales pagaría al mes 466,99 euros, 634,38 o 767,36 euros al mes en función de que la vivienda sea de 50, 70 o 90 metros cuadrados útiles. Eso sería el mínimo. La parte más alta de la tabla sería para las rentas de 65.000 euros anuales, que pagarían entre 500,34 euros si la vivienda tiene 50 metros cuadrados útiles, 679,70 en el caso de 70 metros cuadrados, o 822,17 euros si tiene 90 metros. Los inquilinos serán personas inscritas en Etxebide, lo que permitirá precomercializar las promociones, garantizando así a los constructores que se van a completar las viviendas antes de que estén terminadas.

La estructura prevista para el capital del fondo, que han presentado representantes de AFI, que han participado en su elaboración, será de un 30% de inversión y de un 70% de deuda, para lo que esperan contar con la financiación del BEI y del ICO, además de otras entidades financieras, y se constituirán vehículos individuales de gestión para cada una de las promociones.

“Un reto que nos afecta a todos”

En sus intervenciones en la presentación del fondo, tanto el lehendakari como los consejeros han realizado un llamamiento a los representantes de los posibles inversores presentes en el acto a sumarse a esta iniciativa para “aunar esfuerzos y recursos”. “Remar en la misma dirección, asumir que, de verdad, estamos ante un reto de país y mojarnos”, ha señalado el lehendakari Pradales dirigiéndose a las fundaciones bancarias, EPSV, entidades financieras, o instituciones europeas como el BEI. “Todas y todos debemos arrimar el hombro. Preguntarnos qué podemos hacer para ser parte de la solución”, ha agregado. Pradales ha recordado que “Euskadi se ha construido con implicación y entendiendo que, cuando hay un reto que afecta a todos, y el de la vivienda lo es, todos tienen la obligación de aportar”. “Formar parte de una comunidad exige precisamente eso. No preguntarnos únicamente qué podemos recibir de ella, sino también qué podemos hacer por ella”, ha manifestado parafraseando John F. Kennedy. En este sentido, ha señalado que la nueva herramienta que supone el Fondo Social de Vivienda marcará “un antes y un después”.

Por su parte, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, socialista, ha apelado directamente a las fundaciones bancarias, a las EPSV y a los capitales locales, y ha reconocido que les piden “que se comprometan con la principal causa de país”. “Euskadi les necesita. No hemos venido a pedirles un gesto. Hemos venido a proponerles una inversión”, ha señalado Itxaso, que ha subrayado que el problema de la vivienda ha dejado de afectar solo a los colectivos más vulnerables. “Hoy nuestras ciudades expulsan también a quienes tienen trabajo, formación y dos nóminas. Y cuando quienes sostienen nuestros servicios y nuestra industria no pueden vivir donde trabajan, ya no es solo un problema social. Es un problema de país”, ha afirmado.

Itxaso se ha dirigido directamente a las EPSV para decirles que “el ahorro de toda una vida de los trabajadores puede ayudar a que sus propios hijos empiecen a vivir”. Y a las fundaciones bancarias herederas de las cajas: “Les decimos que esto es exactamente aquello para lo que nacieron. Tienen la oportunidad de comprometerse con la primera causa de este país”.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha recordado que en el año 2024 el presupuesto del Departamento de Vivienda, financiado con recursos propios, ascendió a 250 millones de euros, mientras que en 2026 supera los 442 millones de euros, con un ascenso en este periodo de cerca del 80%. El aumento muestra que el Gobierno vasco “ha situado a la vivienda entre sus prioridades”. “Los desafíos de esta magnitud requieren sumar capacidades, movilizar todos los recursos que podamos tener disponibles en el país”, ha remarcado, para insistir en que “requiere, por tanto, de la colaboración entre las instituciones, administraciones, sector económico y los agentes financieros comprometidos con el desarrollo de este país”.

D'Anjou ha asegurado que este fondo va a permitir “dar respuesta a las necesidades de vivienda, al mismo tiempo que aporta rentabilidad a los inversores” que decidan entrar en este vehículo. También se ha dirigido directamente a los potenciales inversores para indicarles que “el éxito de esta iniciativa dependerá en buena parte de su implicación en este proyecto, de su capacidad de identificar oportunidades y de identificar este fondo como una oportunidad de inversión y de su compromiso con este país”.

La Ertzaintza identificó a 156 personas durante la huelga general del pasado 17 de marzo convocada por la mayoría sindical vasca, comandada por ELA y LAB, para exigir un Salario Mínimo Interprofesional de 1.500 euros. Según los datos remitidos por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, al Parlamento Vasco, estas identificaciones el día del paro dieron lugar a 29 atestados que han supuesto la apertura de 83 infracciones administrativas.

EH Bildu ha solicitado la información al Gobierno vasco tras constatar que “algunas personas están recibiendo citaciones a pesar de no haber sido identificadas ese día”, asegura el parlamentario Gorka Ortiz de Guinea. Seguridad reconoce que “como es habitual en el marco del desarrollo de las investigaciones en curso llevadas a cabo por la Ertzaintza”, se han llevado a cabo diversas diligencias de comprobación, como pueden ser la obtención y visionado de imágenes de los hechos, “que han resultado en la identificación posterior de varias personas”, aunque no especifica cuántas. “Las consecuencias que de ello deriven serán decisión de la autoridad judicial, puesto que los hechos, así como toda la información de que disponen las ertzain-etxeak [comisarías], ha sido puesta a su disposición”, se indica.

En cuanto a los identificados el mismo día de la huelga, el mayor número de identificaciones se produjo en Gernika, con 31, seguida de Getxo con 18, 17 en Bilbao y 11 en Donostia y en Irún. Sin embargo, la mayoría de los atestados correspondieron a Bilbao, con 5, y también la mayor parte de las infracciones administrativas, con 23 aplicadas a identificados en la capital vizcaína. Después de Bilbao, el mayor número de infracciones se aplicaron en Gernika, 15, y en Getxo, 14. En Donostia se aplicaron ocho. En Vitoria fueron identificadas cuatro personas que dieron lugar a otras tantas infracciones administrativas.

Las identificaciones de los participantes en las movilizaciones con motivo de la huelga general que se produjeron en las localidades de Balmaseda, Eibar, Errenteria, Hernani, Laguardia, Muskiz, Ondarroa, Sestao y Urola Kosta, no dieron lugar a ningún tipo de sanción. Un matiz: los datos se refieren a demarcaciones policiales y no a términos municipales. La comisaría de Sestao, por ejemplo, es la que engloba a Barakaldo.

La huelga general del 17 de marzo sacó a miles de personas a las calles para presionar a la patronal, y también a los Gobiernos vasco y navarro, con el objetivo conseguir un salario mínimo propio, diferenciado y más elevado que en el Estado, y por encima de los 1.500 euros. ELA cifró en unas 105.000 las personas en la calle. Fue una jornada con algunos incidentes, sobre todo durante la acción de los piquetes, con quemas de neumáticos y contenedores, cortes de carreteras o destrozos de comercios. Ese mismo día Seguridad informó de la detención de tres personas, además de las diversas identificaciones.

La flota de altura de Ondarroa no aguanta más. Amarrada en puerto desde hace ya más de un mes, piensa incluso en el desguace de sus barcos si no llegan las ayudas que permitan que hacerse a la mar no suponga perder dinero. La subida del precio del gasóleo como consecuencia de la crisis de la guerra de Irán les hace perder 20.000 euros a la semana... si salen a faenar. Por eso, el 17 de agosto decidieron quedarse en puerto y optar por no ganar nada antes que perder. “Estamos llegando al límite de nuestro aguante”, dicen. En total son 17 barcos, de los que dependen alrededor de 290 trabajadores, los que están amarrados en puerto a la espera de que lleguen las ayudas antes de que la situación se haga insostenible. Deberían estar pescando merluza, rape o gallos, pero las pérdidas no compensan encender el motor.

La mirada del sector está puesta en el día 30 de este mes cuando decae el decreto del Gobierno central en el que se incluyeron ayudas para compensar el precio del gasóleo, que se concretó en 20 céntimos por litro y que, en el caso de estos barcos, “es del todo insuficiente”, dicen. La esperanza es que al decaer este decreto se sustituya por uno nuevo que compense realmente las necesidades del sector y que se subvencione hasta el 70% del incremento del gasoil como permite la Unión Europea, y como recuerdan que ya se está haciendo en otros países como en Francia.

Así se lo han transmitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en las reuniones que mantuvieron la semana pasada. “Nos jugamos mucho con que se confirme o no esta ayuda, porque somos el eslabón más débil de la cadena”, dice Mikel Ortiz, director de la OPPAO, la asociación de empresas armadoras de la flota pesquera de altura con base en el puerto de Ondarroa. Además, quieren que en las ayudas se modifique la actual distribución de las subvenciones en función de los tamaños de los barcos. Con la normativa actual recibe la misma ayuda un barco de 20 metros de eslora que uno de 38 metros, los habituales en la flota de altura. “El barco pequeño y el grande no consumen lo mismo. Nuestros barcos consumen el doble y contamos con la misma ayuda. No lo consideramos justo”, denuncian.

El sistema de la venta del producto tampoco les beneficia. “Nosotros vendemos el pescado en subasta, al mejor postor, y eso significa que somos el eslabón más débil de la cadena porque no tenemos de ninguna capacidad para repercutir los gastos de explotación, en este caso el coste del gasoil, en el precio de venta. Otro, el mayorista, es el que fija el precio mediante una puja. Habla con sus clientes, hace una oferta y tú no tienes capacidad de repercutir en el precio”, recuerda Ortiz.

Un barco como los de la flota de Ondarroa gasta una media de 4.500 litros diarios de gasóleo. “En este momento el gasóleo está a 1,31 euros frente a los 0,55 céntimos que pagábamos en el mes de enero. Si llenamos un barco para una semana le metemos alrededor de 25.000 litros. Una diferencia de 0,76 euros por litro supone casi 20.000 euros de gasto añadido para salir a pescar. Es imposible rentabilizar la pesca”, señala el portavoz de la flota. “Aquí todos somos pequeñas empresas familiares de armadores. Si no llegan las ayudas habrá muchas que no tengan fondos para aguantar, y más de uno tendrá que suspender pagos y cerrar la empresa”, anuncian. La situación en estos momentos es “tan dramática” que solo ven “dos opciones”: “O se relaja el precio del gasoil a corto plazo, que no tiene pinta de que vaya a suceder, o el Gobierno nos confirma la ayuda que nos permita salir al mar sin perder dinero. Es decir, que se confirme una subvención del 70% del precio del gasóleo”. Y si no es así, “como último recurso, y tristemente, pues tendremos que pedir que se abra el melón de las ayudas a la paralización definitiva, léase desguaces, y se dé una salida a aquellos armadores que ya no puedan aguantar más, tanto económica como psicológicamente. Porque la flota está llegando ya a sus límites de aguante”.

Mientras se produce el parón de esta flota, que en estos momentos debería estar pescando merluza, rape o gallos, hay casi 290 trabajadores que han perdido su vía de ingresos. “Normalmente, las tripulaciones son en su mayoría fijos discontinuos que tienen una retribución variable sobre la pesca. Al no haber pesca, pues no cobran. Y, claro no se puede aguantar sin una nómina, así que la mayoría de las empresas armadoras están pagando nóminas para evitar que los trabajadores se vayan a otras flotas o se queden a trabajar en tierra o se vayan a otro sector de actividad”, dice Ortiz. “Por eso digo que la situación es límite, sin ingresos y sólo sumando pérdidas”, exponen.

Han pedido ayuda también el Gobierno vasco, que ya les ha planteado que se trata más de una cuestión que depende del central, aunque les han indicado que les manden sus cálculos “para comprobar si pueden hacer algo”. “Sabemos que es difícil. Somos muchos sectores los afectados por este incremento de precios del combustible, pero les hemos solicitado que se planteen sacar una línea de ayuda de urgencia para completar la subvención del Gobierno central, si no se modifica al alza después del 30 de septiembre”, demandan.

La situación de la flota vasca de altura es la misma que la del resto del Estado, pero es cierto que la que tiene base en Ondarroa es la única que ha parado en bloque. “Más de la mitad de los barcos de colegas de otros puertos están amarrados estos días porque pagando a 1,31 el litro de gasóleo es imposible rentabilizar tu pesca salvo que tengas un producto de alto valor añadido como puede ser la gamba u otros mariscos. Lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo como asociación para amarrar la flota. Sabemos que hay muchos barcos parados, pero a día de hoy desconocemos el dato, porque muchos salen aunque pierdan dinero para que no se les vayan las tripulaciones”, señala.

El director de la asociación de armadores de flota de altura con base en Ondarroa recuerda que esta presión por los costes se suma al cansancio del sector por cómo se les trata desde las administraciones. “Cada vez hay más restricciones a la pesca, vedas temporales, prohibición de pescar por ecosistemas marinos vulnerables, obligaciones de instalar cámaras a bordo para controlar aquellos barcos que sean sospechosos de incumplir la política pesquera común... y todo mientras Bruselas permite entrar pescado en Europa de terceros países sin ningún tipo de control. Cada vez que salgo al mar o vuelvo a puerto hay una sensación de persecución constante, de no fiarse de la flota pesquera europea”, denuncia. “Así que, cuando esto se une a los costes inasumibles, ves armadores que ya no aguantan más y sólo quieren tirar la toalla”, añade.

Los datos macroeconómicos han vuelto a mostrar este viernes que la economía vasca mantiene un “crecimiento sólido” en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Los datos publicados por el Eustat referidos al segundo trimestre de este año muestran que el Producto Interior Bruto (PIB) vasco ha crecido un 2,3%, lo que supone tres décimas por encima de lo que estaba previsto el pasado mes de julio. Euskadi crece, y, además, con un sector industrial que deja los números rojos del trimestre anterior y con un impulso del consumo, pese a la inflación que va claramente en aumento y que puede dar al traste con muchas de las previsiones económicas.

Quizá por eso, la valoración de estos datos que ha realizado el vicelehendakari Mikel Torres ha sido de satisfacción contenida y de llamamiento a la prudencia. “Debemos seguir siendo prudentes. Hay riesgos que tenemos que anticipar y seguir de cerca”, ha señalado el también consejero de Economía, Trabajo y Empleo, recordando que la inflación se ha situado en agosto en el 4,5%, que continúan las tensiones en Oriente Medio, con posibles efectos sobre los precios energéticos, y que se mantiene la incertidumbre comercial derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos. “Si estas tensiones se prolongan, podrían terminar afectando a nuestra industria y al poder adquisitivo de las familias, por lo que debemos estar atentos a su evolución”, ha señalado Torres.

Con todo, ha valorado que las cuentas del segundo trimestre confirman un “crecimiento sólido” de la economía vasca, apoyado en el consumo, la inversión y la creación de empleo, con una estabilización de la industria, “aunque todavía incipiente”. A la consolidación industrial puede contribuir la mejora en el entorno europeo, con crecimientos del 1,2% respecto al año anterior. Es uno de los destinos fundamentales de las exportaciones vascas. “Para Euskadi resulta especialmente relevante la recuperación de Alemania, con la que mantenemos estrechos vínculos industriales y comerciales. Aunque su crecimiento sigue siendo moderado”, ha señalado Torres.

En concreto, el PIB vasco ha crecido entre abril y junio un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7% en comparación con el trimestre precedente. Pero más allá del crecimiento puntual, los datos muestran una evolución positiva que se mantiene en el tiempo, con 22 trimestres consecutivos con avances superiores al 2%, según han recordado desde el Economía. “Confirman la capacidad de resiliencia de Euskadi en un contexto económico internacional exigente”, ha afirmado el vicelehendakari.

El consumo y la inversión han sido los que han impulsado el crecimiento, con un aumento del 2,9% interanual en el consumo de los hogares, pese al repunte de la inflación, y un 3,7% en el consumo público. También avanza la inversión con hasta un aumento del 4,5% en la realizada en bienes de equipo.

Por sectores, hay una recuperación de la industria, aunque de momento muy ligera. La industria manufacturera creció un 0,7% el segundo trimestre frente a la caída del 0,2% del anterior, y la industria en general aumentó un 0,5%. Pese a la buena noticia de este incremento, el motor del crecimiento del PIB se mantiene en el sector servicios, con un aumento del 3%.

El saldo exterior ha contribuido de forma negativa a la evolución interanual del conjunto de la economía vasca durante el segundo trimestre. En concreto, las exportaciones de bienes y servicios han ascendido un 0,9% en términos interanuales, mientras que las importaciones han sido un 2,3% superiores a las observadas el segundo trimestre del año anterior.

En cuanto al empleo, ha crecido un 1,3% en relación con el segundo trimestre de 2025, tras un ascenso del 0,4% respecto al trimestre precedente. El departamento ha destacado que esto supone que se han creado 13.238 empleos en este año, además con un aumento de la productividad por puesto de trabajo de un 1%, “consolidando una senda de mejora de la eficiencia económica”.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido al lehendakari, Imanol Pradales, que “eche” a Begoña Pedrosa como consejera de Educación por los malos resultados de los alumnos en el informe PISA. Durante su intervención en el pleno de política general de este jueves en el Parlamento Vasco, De Andrés se ha referido a un “fracaso sin paliativos” en la enseñanza y, por extensión, a “un fracaso integral de su modelo de administración, no solamente del educativo”.

Tras acusar al Ejecutivo de “haberse cargado la enseñanza pública y pretender cargarse la concertada”, ha considerado que el proceso de euskaldunización de la enseñanza tiene mucho que ver en estos resultados, por obligar a los estudiantes a usar una lengua que no es la materna. “¿Me puede decir usted entonces por qué motivo nos hemos ido al puesto 17 del informe teniendo la educación más cara?”, se ha preguntado. “Si no hay un elemento singular, cultural, identitario que lo pueda explicar es que es todavía es peor, señora consejera, porque teniendo todos los medios, una sociedad económica y socialmente más formada, la conducen ustedes a este punto. No sé qué hace usted sentada ahí todavía”, se ha preguntado. “Si la única responsabilidad es suya, váyase”. “Échela”, ha indicado dirigiéndose al lehendakari. “No hay ninguna justificación para que siga aquí”, ha insistido. “Satisfacción, autosuficiencia y autoindulgencia, así es como han tratado de ustedes este tema y hasta aquí nos han llevado. Y nosotros no estamos aquí para seguir la corriente que lleva a todos estos fracasos”, ha dicho

La Educación ha supuesto una parte de la intervención de De Andrés, pero el líder del PP ha criticado también la actuación del Gobierno y del lehendakari frente a temas que ha considerado que Pradales ha obviado deliberadamente de su discurso. Por ejemplo, los fraudes de en la RGI, el tratamiento penitenciario que se están dando a los presos de ETA en las cárceles vascas, las agresiones a la Ertzaintza o las que sufren miembros de otros partidos, mientras —según ha criticado— Pradales pone a la política vasca como ejemplo a exportar al resto del Estado. También ha lamentado que no se haya referido a que Osakidetza haya “inyectado vacunas caducadas a los niños”, en referencia a la crisis de principios de año.

También ha sido muy duro con las reclamaciones de más autogobierno, sobre todo por la forma en la que el Ejecutivo vasco ejerce el que tiene actualmente, según ha señalado. De hecho, ha contrapuesto a lo largo de su intervención la frase que usan los nacionalistas de “más autogobierno más bienestar” a “mal autogobierno menos bienestar”, que ha usado en forma de latiguillo durante su discurso. Además, ha criticado que se esté negociando el nuevo estatus al margen del PP como principal partido de España y que representa a 100.000 vascos. “Eso sí que es antidemocrático”, ha protestado. “Ha venido con un discurso impreso en papel de regalo y envuelta en celofán, pero lo que hay dentro es otra cosa. La realidad es otra”, ha concluido De Andrés.

El portavoz y único parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha acusado al lehendakari, Imanol Pradales, de dirigir un Gobierno que “se desplaza hacia la derecha impulsado por el PNV”. “Cada vez estamos más lejos de este Gobierno”, ha dicho. “Su Euskadi no es la nuestra”, ha añadido.

Durante su tiempo de réplica en el pleno de política general este jueves, Hernández ha acusado al lehendakari de gestionar para las elites mientras la mayoría de la población vive una realidad “cada vez más insoportable”. “Su gestión funciona para quienes convierten los derechos en oportunidades de negocio: empresas sanitarias, patronales educativas, grandes propietarios, constructoras, consultoras y fondos de inversión. Y funciona para quienes atraviesan las puertas giratorias entre la gestión pública y el negocio privado”, ha señalado.

El parlamentario de Sumar se ha referido a una realidad de país que ha considerado que el lehendakari no quiere ver: “La de una Osakidetza debilitada, con listas de espera, falta de personal e infraestructuras insuficientes. La de los alquileres imposibles, los jóvenes que no pueden emanciparse y las familias que dedican cada vez más salario a la vivienda mientras miles de pisos permanecen vacíos o se utilizan como puro negocio. La realidad de un sistema educativo que retrocede y millones de euros europeos son desaprovechados por el Gobierno vasco para no crear plazas públicas de educación infantil que puedan molestar a la red privada concertada. Y la de miles de personas pendientes del precio de la compra, la gasolina y la electricidad, a las que no les sirve que la patronal diga que aquí gana bien y se falta demasiado al trabajo”.

“Cuando se deteriora la Sanidad pública mientras crece el negocio sanitario privado; cuando faltan plazas públicas mientras se protege a la enseñanza concertada; cuando la vivienda se trata como una mercancía, y cuando se renuncia a exigir más a quienes más tienen, existe una orientación política muy clara”, ha criticado el parlamentario, procedente de IU.

Ha señalado que esa orientación ideológica se ve “con especial claridad en la vivienda”. “Para una parte creciente de la población, especialmente la juventud y la clase trabajadora, acceder a una vivienda se ha convertido en una misión imposible. Y ustedes siguen confiando en quienes han convertido la vivienda en un negocio para solucionar el problema creado por ese mismo negocio”. En este sentido, ha criticado que la ley de “medidas urgentes” de 2025 “mantiene la lógica inmobiliaria de siempre: facilita más vivienda libre y aumenta la rentabilidad de promotores, constructoras y bancos”. “Nosotros proponemos intervenir los alquileres, ampliar el parque público, movilizar mediante el alquiler forzoso las viviendas vacías y arrebatar a la especulación el control sobre una necesidad básica. Porque los derechos no pueden depender de la rentabilidad que ofrezcan al capital privado”, ha señalado.

Hernández, que ha criticado que en el discurso de este jueves se haya referido al “absentismo” del que habla la patronal, pero no haya hecho referencia alguna a las horas extras que hacen los trabajadores vascos, se ha referido a la fiscalidad y al acuerdo del PNV y el PSE-EE en el que se mantiene un sistema “en el que quienes viven de una nómina soportan un esfuerzo superior al de quienes acumulan grandes patrimonios, beneficios empresariales y rentas del capital”.

Hernández ha hecho un repaso a diferentes temas en los que considera que se demuestra el fracaso del Ejecutivo. Por ejemplo, en Educación, ha señalado que los resultados del PISA “no han sorprendido a quienes conocen el sistema”. “Sólo parecen sorprender a un Gobierno que, de tanto hacer marketing, había terminado creyendo que teníamos el mejor modelo del mundo y que quienes lo criticábamos éramos unos plastas o unos rojos trasnochados”, ha ironizado. Y ha acusado al Ejecutivo de tomar partido por un modelo educativo privatizado“. También se ha referido a la transición energética o a la sanidad pública: ”Cuando los problemas se agravan en cualquiera de estos ámbitos, el Gobierno responde creando una mesa a su medida: elige a sus integrantes, limita el debate y presenta como consenso decisiones previamente tomadas. Eso no es participación, sino marketing institucional. Mucho autobombo, ninguna autocrítica y muy pocos resultados“.

En su intervención, ha destacado, además, que la derechización del Gobierno es “especialmente peligrosa en materia de migración y derechos humanos”. “Si se presenta a las personas migrantes como una amenaza, se abona el mismo terreno político que utiliza la extrema derecha”, ha señalado.

Sumar también ha evidenciado las diferencias con el lehendakari en materia de autogobierno. “Hablan constantemente de las competencias que faltan, pero mucho menos de cómo utilizan las que ya tenemos”, ha señalado. “El autogobierno puede servir para fortalecer los servicios públicos, redistribuir la riqueza y garantizar derechos. Pero también para sostener privilegios fiscales, privatizar servicios y consolidar el poder de las élites económicas. Y eso es lo que hacen ustedes. Reclaman competencias en nombre de toda Euskadi, pero demasiadas veces las utilizan en beneficio de una parte muy concreta de Euskadi”, ha criticado.

En este sentido ha señalado que existen “dos Euskadis”. “Existe la Euskadi de quienes viven de su salario y la de quienes acumulan beneficios gracias al trabajo ajeno. La de quienes esperan meses una consulta y la de quienes pueden pagar una sanidad privada. La de quienes no pueden emanciparse y la de quienes acumulan pisos o compran edificios enteros. ”Nuestra Euskadi no es la misma que la suya“, ha insistido. ”La suya se organiza alrededor de las grandes empresas, las consultoras y la colaboración público-privada. La nuestra se construye desde los barrios, los centros de trabajo, los servicios públicos y las luchas sociales“. ”Nuestra representación es modesta, pero nuestra posición es clara. No vamos a ser el acompañamiento progresista de sus políticas, ni la izquierda útil para el PNV“, ha indicado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha situado el nivel de “absentismo” en las empresas vascas como uno de los “grandes desafíos” a los que se enfrenta Euskadi. Durante su intervención en el pleno de política general de este jueves en el Parlamento Vasco, ha señalado que “Euskadi no puede seguir en los primeros puestos del ranking” en este ámbito. “Estamos tirando piedras a nuestra casa”, ha señalado. Pradales se ha referido al estudio sobre “absentismo” que está elaborando el Gobierno vasco cuyos resultados esperan presentar “en el próximo cuatrimestre”. “Nuestro deseo es que las conclusiones se pongan sobre la mesa y que, a través del diálogo, se busque un acuerdo de país con las empresas”, una cuestión que ha señalado que ha trasladado “a todos los agentes en la ronda” de contactos que ha mantenido estos días con la patronal Confebask y con los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB.

Pradales, que con esta referencia al nivel de “absentismo” ha asumido en cierto modo el discurso de la patronal al respecto, ha pedido a los sindicatos “responsabilidad” ante un año que se prevé plagado de huelgas y movilizaciones como, según ha señalado, se lo han adelantado los sindicatos en las reuniones de estos días. “El país no se merece eso”, ha dicho, y ha abogado porque se eviten “dinámicas de confrontación o bloqueo”. “Reitero mi llamamiento a la representación sindical y empresarial con responsabilidad y para que seáis generosos. Tenemos que ser capaces de hablar de todos los temas. De todo, sí, con todos, y sin líneas rojas, y acogiéndose al principio de realidad”, ha enfatizado.

Precisamente uno de los motivos de conflicto entre patronal y sindicatos, serán los salarios y el SMI propio para Euskadi. Pradales también se ha referido a este tema, pero para volver a ofrecer la mediación del Gobierno vasco para “fomentar el diálogo y para facilitar los acuerdos”. Ha señalado que “avanzar en el salario mínimo interprofesional” es una “obligación” pero ha insistido en que “para obtener resultados es imprescindible que ambas partes, sindicatos y patronal, se sientan en una misma mesa, sin líneas rojas, con voluntad de llegar a un consenso y dejando a un lado las excusas”.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por las condiciones laborales y los salarios de los jóvenes. “En más de una ocasión he transmitido a los representantes de las empresas el siguiente mensaje: 'Cuida de nuestra cantera, cuida de nuestros jóvenes”, ha señalado aunque la presidenta de la patronal Confebask señaló este pasado martes tras reunirse con el lehendakari que el tema de los salarios de los jóvenes no se puso sobre la mesa. “Trasladaremos a primera línea las condiciones de trabajo de los jóvenes”, ha reiterado. “Hoy el desafío no es tanto crear más puestos de trabajo, sino crear mejores puestos de trabajo”, ha manifestado Pradales.

Al margen de sus referencias a la situación sociolaboral vasca, el recorrido del discurso del lehendakari por la economía vasca no ha dejado grandes novedades y ha sido más una reiteración de anuncios ya realizados. Todavía en plena crisis por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz que está provocando de entrada una subida de los precios, Pradales ha reiterado que son 1.000 millones de euros la factura geopolítica para la industria vasca por la política de aranceles de EEUU y el cierre de Ormuz y ha pedido al Gobierno central que valore la propuesta “Respuesta a Ormuz” que le trasladó en junio. Es un plan de choque con 36 medidas para reducir el coste de la cesta de la compra; apoyar el transporte o la industria electro-intensiva; ayudar a los autónomos y atender las necesidades de baserritarras, agricultores, viticultores y arrantzales. Ha apuntado que la situación no ha mejorado desde junio y que el próximo 30 de septiembre finaliza la prórroga de algunas de las medidas en vigor.

Por ello, ha considerado que “es momento de que el Gobierno español valore la propuesta vasca”, ya que estas medidas pueden contribuir “a un alivio” que las familias vascas y la economía productiva “siguen necesitando”. En todo caso, ha subrayado que en Euskadi han seguido tomando decisiones y ha recordado que las diputaciones forales han activado medidas tributarias que inyectan 540 millones de euros y, como Gobierno, han movilizado 1.047 millones a través del “escudo industrial”. Además, ha adelantado que el Ejecutivo vasco está preparado para “activar nuevas medidas” para proteger a las familias y empresas de Euskadi, aunque sin especificarlas.

Tampoco ha especificado las medidas concretas que se destinarán a paliar los efectos de la sequía y del cierre del estrecho de Ormuz para agricultores y ganaderos, aunque ha asegurado que se pondrá en marcha un paquete de ayudas extraordinario en colaboración con las instituciones forales y los distintos subsectores. El anuncio, aunque sin concretar, llega en un momento en el que hay mucho enfado entre los ganaderos, que se plantean movilizaciones, después de que se rechazara por parte del Gobierno la compra conjunta de forraje para hacer frente a la subida de precios por la sequía.

En plena negociación para que Euskadi gestione la Seguridad Social, los Gobiernos central y vasco han retrasado el traspaso ya pactado de la competencia del SEPE (el antiguo INEM), es decir, la gestión de las prestaciones por desempleo o políticas pasivas de empleo. Se irá, al menos, hasta el mes de julio de 2027, pese a que la previsión era que estuviera operativa el 1 de enero del año que viene.

El retraso se ha pactado entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, tras constatar las dificultades técnicas que conlleva la transferencia y los problemas para cubrir las necesidades de personal que precisa este servicio, para lo que Lanbide, controlado por la parte del PSE-EE del Ejecutivo autonómico, deberá contratar más de un centenar de interinos y formarlos, según han confirmado fuentes del departamento de Economía, Trabajo y Empleo. “Mejor retrasarlo y hacerlo bien”, señalan.

El retraso en la materialización de esta transferencia, adelantado por el diario 'El Mundo', constata que la Administración vasca se ha encontrado con más dificultades de las que preveía cuando se firmó el traspaso. De hecho, en el momento de la rúbrica de la transferencia, el 16 de enero de 2026, ya se dio de plazo un año para poder materializarla, asumiendo la complejidad que suponía. Y ahora el plazo se ha quedado corto.

Trabajadores del SEPE en Euskadi ya habían advertido a través de un escrito del “colapso” en el que entraría el servicio en el que caso de que se materializara la transferencia el 1 de enero sin contar con el personal suficiente y sin que estos trabajadores tuviera la formación adecuada. Sobre todo, siendo una materia tan importante como la prestación para las personas en paro. Por ello, desde la plantilla se ha acogido con satisfacción el retraso porque permitirá garantizar el servicio, según han señalado las fuentes consultadas por este periódico.

La transferencia supone que, una vez que se materialice, Euskadi será la única comunidad en todo el Estado que gestionará la prestación por desempleo. Esto implica que esta función del SEPE se integrará en el servicio autonómico, Lanbide, que sumará la gestión de las prestaciones económicas por desempleo a las políticas activas de empleo, que ya gestiona actualmente, y a las prestaciones propias, principalmente la RGI. Ello permitirá crear una ventanilla única que, en principio, se espera que facilite y mejore los trámites y la atención a las personas desempleadas. Se calcula que gestionará el paro de unas 51.000 personas con un volumen de recursos de 822 millones de euros.

En el momento de la transferencia se trasladó que Lanbide incorporaría 468 plazas públicas de trabajadores del SEPE, y la conversión de las 30 oficinas de este organismo en oficinas de Lanbide. Y se transferirán las oficinas provinciales. Lo que ha ocurrido es que las plazas de estas oficinas en Euskadi no están cubiertas en su totalidad, como ocurre en la mayor parte del Estado, con vacantes que llegan casi al 40%. Además, según confirman fuentes de la plantilla, muchos trabajadores del SEPE no han aceptado su paso a Lanbide porque eso les cerraría la posibilidad de cambiar de comunidad autónoma en futuros concursos de traslados, y han optado por cambiar de comunidad de forma inmediata dentro del SEPE.

Eso supone que sólo serán 141 las plazas que estarían ocupadas si el traspaso se materializara en enero. “Una cantidad totalmente insuficiente, porque las solicitudes de prestaciones no van a esperar a que la Administración termine de organizarse”, señalan fuentes de la plantilla. En estos meses de estiramiento de los plazos para que Lanbide se haga cargo de la prestación, se iniciará la contratación de alrededor de un centenar de interinos que se formarán en el trabajo para desarrollar las competenias que ahora gestiona el SEPE.

Lo cierto es que este retraso de una competencia directamente relacionada con la Seguridad Social no deja de ser un varapalo para el Gobierno vasco en un momento en el que no acaba de cerrarse el acuerdo del segundo bloque, el vinculado con la gestión de las pensiones y cuando la cuenta atrás para las elecciones generales ha empezado. La legislatura, como máximo, acabaría precisamente en julio de 2027. A nada que Pedro Sánchez opte por adelantar la cita con las urnas, la materialización del traspaso de la gestión de las prestaciones del paro podría llegar con otro Gobierno en La Moncloa.

A Juan Mari Aburto le quedan todavía ocho meses de trabajo al frente del Ayuntamiento de Bilbao, pero este martes ha empezado el camino hacia su despedida al presidir el último pleno del estado de la villa. Él mismo lo ha dicho en su discurso: “no es una despedida formal” pero sí ha reconocido que se trata de un día “especial”. Uno en el que ha hecho balance de lo conseguido hasta ahora bajo su mandato, ya consciente de que será otro –Mikel Hidalgo– el que recoja su testigo en el PNV para pujar por la alcaldía en las próximas elecciones.

En una hora de discurso, Aburto ha repasado los proyectos finalizados y los que están en marcha y, en tono emocionado, ha hablado de su “legado” y de cómo le gustaría ser recordado por la ciudadanía. Ha reconocido que se irá “con algunas cicatrices como alcalde y como persona”, pero ha querido poner en valor la política en tiempos convulsos y de populismo como los que vive el mundo: “La política, la buena política, merece la pena. Política como servicio público, política al servicio de la ciudadanía”.

En su intervención, el alcalde ha presumido de legado de doce años de gobierno “estable” en los que ha destacado los pactos con el PSE-EE: “Hemos liderado Bilbao con dos partidos diferentes, siendo un único gobierno”. También ha puesto valor que el equipo de Gobierno ha acordado 741 proposiciones con partidos de la oposición. Y ha sacado pecho de una ciudad con deuda cero en tres mandatos y un remanente de tesorería actual de 114 millones de euros. Igualmente, ha destacado el descenso de las personas en paro en más de 9.300 personas desde 2015, la eliminación de símbolos franquistas, o la mejora de accesibilidad en los barrios con la instalación de ascensores.

Tras recordar que queda mucho trabajo por hacer en los ocho meses que le restan a la legislatura, ha reconocido que “la gestión de este fin de mandato estará llena de emociones”. “Tengo defectos y fallos. He dado mucho compromiso y dedicación y hemos obtenido buenos resultados. En definitiva, he hecho y haré siempre todo lo que pueda por ayudar y mejorar la vida de mis conciudadanos”, ha señalado. “Política como servicio público, política al servicio de la ciudadanía”, ha insistido. Ha recordado que queda “casi un año para rematar la misión en este ayuntamiento” y por ello ha pedido a los concejales del equipo de Gobierno, y también a los de la oposición, “seguir trabajando y colaborando día a día para entregar un Bilbao mejor” del que se encontraron hace tres mandatos “al siguiente alcalde de la villa”.

Los partidos de la oposición han coincidido en agradecer a Aburto su dedicación en estos años, pero también en criticar un balance que han considerado demasiado autocomplaciente. “No hay una varita mágica”, ha señalado Aburto. “Necesitamos colaboración entre todos más que nunca y no polarización”, les ha pedido. “Bilbao, no merece que nos inmiscuyamos en discusiones que no nos llevan a ningún lado”, sino que “sigamos trabajando”, ha zanjado.

En su balance del estado de la villa, el alcalde ha vuelto a colocar la seguridad como “la primera prioridad”, como ya hizo en su discurso del año pasado, y ha destacado que se han realizado ofertas de empleo público todos los años para incrementar la plantilla de la Policía en 250 agentes, llegando a los 900. También ha destacado que se han firmado con la oposición –salvo el PP– pactos por la Seguridad Ciudadana “poniendo los intereses de la ciudadanía por encima de intereses partidistas”, que han permitido poner en marcha “las nuevas inspecciones vecinales de Corazón de María, Abando y Deusto” a la que se unirá la de Santutxu.

“Llevamos años donde la delincuencia ha ido creciendo, especialmente en los delitos de hurtos y robos. Ante esta situación la eficacia policial ha crecido por encima de la delincuencia poniendo a disposición judicial cada vez a más delincuentes gracias a la implicación y gran profesionalidad de los cuerpos policiales”, ha señalado Aburto, que ha considerado que es necesario “poner el énfasis en la reincidencia, aprovechando las últimas modificaciones normativas”.

Si la seguridad ha centrado parte del debate en la intervención posterior de los grupos, la vivienda ha ocupado un papel esencial. Aburto ha destacado la colaboración con el Gobierno vasco y la declaración de zona tensionada. Además, ha destacado que “2026 está siendo especialmente relevante para la política municipal de vivienda porque se están materializando proyectos que llevaban años de planificación”, entre los que ha destacado la puesta en marcha de la ordenanza municipal para movilizar la vivienda deshabitada. Por otra parte, ha destacado que el objetivo es “finalizar y entregar las promociones proyectadas de vivienda pública previstas en el mandato: la adjudicación de los 93 alojamientos dotacionales en Amézola, la entrega/adjudicación en el último trimestre de 63 viviendas adquiridas por el Ayuntamiento de Bilbao en Bolueta, o la primera fase de la construcción de 84 viviendas en el barrio del Peñaskal. Un gran hito, ya que podemos decir que este será el comienzo de la transformación de este barrio”.

Tras resaltar que dentro del plan de mandato 2023-2027 y las perspectivas para el año que viene están ya completadas el 14%, un 82% está en ejecución y un 4% en diferentes situaciones de puesta en marcha, ha destacado que la lucha del ayuntamiento contra la exclusión social, que concentra el 81,1% del gasto de Bizkaia (el 36,2% de toda la comunidad autónoma), y dispone del 79% de todas las plazas de Bizkaia. No obstante, ha recordado que Bilbao “no es una isla, pero tampoco puede serlo, ante este reto de presente y de futuro” y necesita “la ayuda e implicación de otras instituciones, en base cada una a sus competencias: el Gobierno español, el Gobierno vasco, la Diputación foral y el resto de los municipios de Bizkaia”.

Por ello, ha pedido ser “conscientes y consecuentes, solidarios y responsables” y ha solicitado que cumplan “todos” con sus “competencias” y “capacidades” porque “se está produciendo un desequilibrio en el modelo de cartera de los servicios sociales, tanto en los recursos como en las atenciones y en estos temas donde hay personas que sufren no vale mirar a otra parte o mirar solo a Bilbao, que 'siempre hace'. Ayudar a quienes peor lo pasan, sufren o están en situación de riesgo es tarea de todos”, ha advertido.

El alcalde también ha destacado en su intervención la necesidad de un turismo sostenible en la ciudad, “haciéndolo compatible con la calidad de vida de la ciudadanía”, y ha señalado que se está trabajando en “el estudio de los flujos y la presión turística en la ciudad, cuyo informe aportará las variables y datos necesarios para la toma de decisiones”. Por otra parte ha resaltado proyectos de futuro estratégicos para la ciudad como Zorrozaurre, Punta Zorroza, la estación de la alta velocidad en Abando o los planes urbanísticos para Artxanda u Olabeaga.

EH Bildu: entre el “muro contra el fascismo” y “la alternativa que toca a la puerta”

La portavoz de EH Bildu Bilbao, María Del Río, ha reivindicado políticas municipales que “ayuden a construir un muro de dignidad desde ya contra el fascismo y la ultraderecha, sin esperar a las elecciones” porque “la reacción autoritaria ya está aquí”. Además, ha señalado la necesidad de acuerdos amplios porque “son mejores y más efectivos” y ha advertido al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE de que “la época de las mayorías absolutas y sus rodillos ha terminado”. “La alternativa toca a la puerta”, ha asegurado la también candidata.

Ha recordado que EH Bildu ha apostado por “un modelo de gobernanza cooperativo, buscando planificar políticas públicas con una base más amplia y, como consecuencia, más eficaces”, pero ha reprochado al Gobierno municipal que sus propuestas “de negociación” han sido “rechazadas directamente o descartadas con excusas peregrinas, incluso cuando se proponían formas de negociación que han funcionado en otras instituciones”. La portavoz de EH Bildu se ha referido también a las desigualdades entre los bilbaínos por “el código postal”. “No es aceptable que vivir a un lado o a otro del puente de Cantalojas influya en la esperanza de vida, o a un lado o a otro de la calle Autonomía, o vivir en Otxarkoaga o en cualquier otro barrio. A esta realidad también hay que darle respuesta”, ha advertido.

En referencia al turismo, ha advertido que “no se trata de decir 'turistas sí o 'turistas no'”, sino de “analizar el impacto de una industria, en este caso la industria turística”. “Hasta dónde queremos llegar, hasta dónde vamos a celebrar los récords de visitantes y hasta qué punto podemos absorber y gestionar sus externalidades negativas, como son el encarecimiento de la vivienda, la monopolización del comercio y homogeneización cultural”, ha planteado. También ha considerado necesario “decidir qué pasos dar en la diversificación de la economía” que, según ha advertido, “no puede derivar en un mercado de trabajo dual, donde algunas personas trabajadoras viven con una relativa estabilidad y sueldos decentes, y otros, u otras, mejor dicho, encadenan trabajos precarios que, por mucho que sean a jornada completa, no dan para vivir”. “Y hay que empezar desde casa, desde los pliegos y la contratación pública, ya que no podemos olvidar que las trabajadoras de la limpieza de interiores vuelven a la huelga en Bilbao en contra de la brecha salarial”, ha subrayado.

Elkarrekin: “Promesas incumplidas y proyectos inacabados”

La portavoz de Elkarrekin en Bilbao, Ana Viñals, ha afirmado que el Gobierno del PNV y PSE-EE, tras tres mandatos, deja “un legado de promesas incumplidas y proyectos inacabados” y ha lamentado que el diagnóstico del regidor jeltzale sobre el estado de la villa “sigue pecando de los mismos errores” y su ejecutivo “sigue tropezando en las mismas piedras: el conformismo, la inercia política y la autocomplacencia”. Tras agradecer a Aburto su “compromiso con Bilbao”, ha afirmado que su Gobierno “va a terminar sin una impronta bien definida” y si una “gran herencia para la villa”.

También se ha referido Viñals a la “desigualdad social de los barrios” y ha señalado que “la exclusión social de las calles es el origen de la mayoría de los problemas, tanto del ámbito de la seguridad como del ámbito de la convivencia”. Por ello ha afirmado que “se debería invertir mucho más para volver a recuperar el bienestar de la gente”. “En Bilbao cada vez más gente está en la cuerda floja” y, por eso, entre otras razones “los problemas de seguridad se agravan”, al tiempo que ha advertido que “cuando se da una integración precaria, la convivencia se daña”. Y ha recordado que en Bilbao, como en “muchos otros lugares del planeta se puede hablar de trabajadores pobres”, y ha señalado que “la desigualdad en Bilbao sigue teniendo un fuerte componente geográfico y sociológico”. Por esa razón, ha criticado, según pasaban los mandatos de Aburto y sus gobiernos, “la brecha de la renta entre barrios ha seguido creciendo”.

Tras pedir compromisos con los planes para mitigar el calor extremo y centrarse en la prevención ha criticado que planes actuales de innovación como el de Zorrozaurre “pecan de excesiva lentitud institucional, demasiada timidez presupuestaria y, además, existe un claro riesgo de generar una nueva burbuja inmobiliaria”. “En esta materia necesitamos también meter el timón, porque si seguimos al ritmo actual, corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático gentrificado con pequeños parches tecnológicos. Zorrotzaurre no puede ser solo un campus privado universitario tradicional y oficinas de diseño”, ha dicho.

La portavoz de Elkarrekin, que es de Podemos, ha urgido a “dar una respuesta rotunda a la gran crisis de la vivienda” y ha considerado que dar respuesta a esta crisis tiene también mucho que ver con parar “la actual ola global fascista y reaccionaria que también ha llegado aquí”. “Si algo ha sabido hacer la ultraderecha es aprovecharse del malestar social ocasionado por la crisis de la vivienda y por el aumento de la pobreza y la exclusión social. El fascismo y la ultraderecha siempre han crecido explotando el sufrimiento humano. Se aprovechan de la ira y la frustración aparentando querer romper el sistema, pero lo único que están rompiendo es la convivencia y la cohesión social con el único objetivo de lograr el poder”, ha alertado. Viñals, que ha finalizado su intervención con un recuerdo a Gaza, ha asegurado que Bilbao “seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad global construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, quizás algún día, dirigida por una persona inmigrante”.

PP: “Nada más importante que garantizar la seguridad”

La portavoz del PP, Esther Martínez, ha reprochado a Aburto su “automplacencia” y le ha acusado de pedir “sumisión” en vez de colaboración y no demandar “diálogo, sino allanamiento”. Aunque le ha deseado para su futuro “lo mejor en lo personal”, ha señalado que “en lo político, juzgarán los bilbaínos”. Martínez ha defendido que “no hay nada más importante que garantizar la libertad de los vecinos”, y ha denunciado que la ciudad “ésta está atenazada por unos índices de crímenes que se sostienen en máximos”. “La inseguridad genera miedo y el miedo resta libertad para vivir y convivir en nuestras calles. Es la principal preocupación de los bilbaínos y el mayor foco de eufemismos de su gobierno y de los compañeros del pacto de seguridad que se buscó”, le ha recriminado a Aburto. En este sentido, ha señalado que “hasta que no se ponga en marcha un plan integral de seguridad contrastado con profesionales de la materia y sin arrugarse ante los delincuentes no habrá manera de garantizar, como es obligación, la libertad de los vecinos”.

En cuanto a las políticas de vivienda ha considerado que son “tan erradas como dañinas” . “Nos han metido en las zonas tensionadas, una declaración que va a ser también un craso error y han estrangulado el alquiler generando inseguridad jurídica a los propietarios”, ha lamentado. Ha reconocido que el “éxito turístico” de Bilbao es “indiscutible”, pero ha advertido que el empleo “se concentra mayoritariamente en el sector servicios y hay, a día de hoy, menos base industrial”. “Bilbao no puede aspirar solamente a ser una ciudad estupenda para pasar un fin de semana”, sino que “tiene que volver a ser una ciudad referente para invertir, producir, emprender y también para vivir”. También ha subrayado las “desigualdades brutales entre los distritos y barrios”, ha advertido de la existencia de “un montón de comercio localizado en un solo distrito y barrios jalonados de lonjas vacías”, lo que, a su entender, es el resultado de “políticas conformistas, sostenidas en el tiempo, poco ambiciosas, que han ido minando las posibilidades de competir con otras ciudades y territorios para poder atraer actividad económica”. En cuanto a las ayudas sociales ha denunciado que en materia de inmigración se ha generado “un efecto llamada”. “En Bilbao ”cada vez damos más ayudas sociales“, pese a que ”cada vez hay más empleo“. ”Algo no cuadra“, ha dicho.

PSE-EE y PNV, satisfechos con el pacto

Desde los partidos del Gobierno, la portavoz socialista, Nora Abete, ha destacado que los socialistas han sido “leales” y han puesto, “por delante de sus diferencias, el buscar acuerdos y remar en la misma dirección”, al tiempo que ha llamado a “no buscar enemigos, sino practicar el acuerdo”. “Eso es lo que ha hecho grande a Bilbao y lo que seguirá haciéndola grande, y en ese acuerdo siempre estaremos los socialistas”, se ha comprometido.

En ese sentido, ha asegurado que el resultado de la apuesta de los socialistas por “compartir gobierno” con el PNV es “positivo para la ciudad y para nuestros vecinos”. “Se nota en los datos económicos, pero también se nota en algo más importante, en el día a día de las personas” porque “hoy vivimos más y mejor y vamos a seguir trabajando para que se viva más y mejor en todos y cada uno de los rincones de esta ciudad”, cree. A los socialistas les preocupa “mejorar” en los barrios “su convivencia, su comercio, su accesibilidad y su seguridad”, porque “la ciudad no se construye solo desde el centro, se construye barrio a barrio”. Por otra parte, ha recordado que hasta las elecciones, “quedan muchos proyectos que materializar” y “ni mucho menos estamos en el tiempo de descuento”.

Por su parte, Asier Abaunza, del PNV, ha puesto en valor todo lo conseguido hasta ahora, en línea con el balance del alcalde, y ha destacado que “frente al marketing de otras formaciones”, el Gobierno de Bilbao ha sido capaz de tomar decisiones difíciles. “Frente a la política de la pose, del quedar bien y del endulzar los oídos en el PNV, cogemos el toro por los cuernos, hacemos frente a los problemas y tomamos decisiones difíciles, aunque a veces nos cueste y nos suponga también un desgaste a nosotros”, ha señalado. Porque según ha asegurado, entienden la política “con seriedad y con responsabilidad, siempre teniendo a Bilbao y a su ciudadanía al frente de nuestras acciones y procurando llevar adelante nuestra ciudad y nuestra sociedad”. Lo que ha permitido que Bilbao lleve “desde hace más de 30 años siendo un referente internacional de transformación urbana”.

Confebask no se ha mostrado muy dispuesta, de momento, ni a trasladar la subida del IPC a los sueldos de los trabajadores ni a negociar el SMI vasco, al menos en las condiciones en las que pretenden hacerlo los sindicatos nacionalistas ELA y LAB. La presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe, ha señalado este martes que la inflación afecta a “los márgenes de las empresas igual que afecta al bolsillo del trabajador”, mandando un claro mensaje a los sindicatos que plantearán en las negociaciones colectivas que las subidas de los salarios reflejen el alza de los precios. El último dato que se ha conocido este martes coloca tasa anual de subida de los precios en el 4,5%. “Es algo que nos afecta a todos”, ha señalado Yagüe, afirmando que “lo que hay que intentar es que esas subidas de la inflación no se produzcan”.

Y respecto al SMI vasco ha dado a entender que sobre este tema ya está todo dicho. “Hay una sentencia que impide la negociación del SMI, tal y como lo proponen ELA y LAB . No tenemos competencia ni legitimidad para negociar un SMI en Euskadi”, ha reiterado. Sí ha mostrado su “mano tendida” para negociar el SMI de convenio que plantean CCOO y UGT, aunque como siempre, ha matizado que “cuando se aborden otros conceptos”, entre los que incluye la “productividad, competitividad” y el “absentismo”, de cara a poder tener “mejores condiciones salariales y laborales”.

Yagüe ha cerrado este martes la ronda de contactos del lehendakari, Imanol Pradales, con los agentes sociales y los partidos políticos de cara al inicio del curso. En sus encuentros con los sindicatos, las centrales han pedido al lehendakari que presione a la patronal para que se siente a negociar el SMI y para que se traslade a los salarios la subida de los beneficios empresariales. El propio lehedakari Pradales ha pedido públicamente a la patronal que se pague a los jóvenes salarios dignos para que puedan emanciparse.

Sin embargo, preguntada por esta cuestión, la presidenta de la patronal vasca ha señalado que el tema de los salarios no ha estado sobre la mesa del encuentro con el lehendakari. Además, Yagüe ha señalado que los sueldos de los jóvenes en Euskadi son los “más altos en todo el Estado en todas las carreras universitarias”. Yagüe ha pedido “superar exclusivamente lo del salario” en el tema del trabajo de los jóvenes, ya que, según ha dicho, “valoran cosas por encima del salario a la hora de decidir trabajar en Euskadi”. “Hay que superar ya el tema exclusivamente del salario”, ha repetido.

Estas reticencias a hablar de alza de salarios se produce en un contexto en el que Yagüe ha trasladado al lehendakari que la “competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida”. “La sociedad en su conjunto tiene que tomar conciencia del momento presente y de lo que está en juego, puesto que la prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no están garantizados”, ha señalado. En este sentido, ha pedido a Pradales promover un “pacto de país por una transformación competitiva, que permita la supervivencia del tejido productivo”.

“La competitividad ya no puede entenderse únicamente como un objetivo empresarial. Constituye una condición imprescindible para preservar nuestro tejido empresarial y, con ello, nuestro bienestar colectivo, garantizar empleos de calidad, sostener unos servicios públicos excelentes y ofrecer oportunidades a las próximas generaciones”, ha manifestado.

Por otra parte, ha transmitido a Pradales la “preocupación” que tienen las empresas vascas en relación con el reto demográfico, una cuestión sobre la que ha anunciado que la patronal realizará un acto en el mes de octubre. Ha señalado que “Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadoras en apenas diez años, si no se actúa a tiempo”. “Vamos tarde”, ha asegurado, ya que el “91% de las empresas vascas confiesan tener ya problemas de contratación”. “De hecho, el reto demográfico se ha convertido en una brecha estructural de talento que condiciona la competitividad de Euskadi”, ha explicado.

Por ello, ha planteado al lehendakari la necesidad de “articular una estrategia compartida sobre reto demográfico y talento” que pivote sobre cuatro ejes; “gobernanza integral, una política específica de inmigración para el empleo, otra de generación del talento necesario, y una más de arraigo y activación del talento local”. Yagüe ha señalado que estos son asuntos que “también preocupan al lehendakari”, por lo que ha solicitado trabajar conjuntamente para “minimizar” sus consecuencias, de forma que “el crecimiento económico y empresarial de Euskadi se vea reforzado”.