En puertas del arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y de la votación del Congreso sobre los dos decretos con medidas contra la emergencia habitacional que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez, Euskadi ha lanzado un mensaje de clamor por la garantía del derecho a una vivienda digna este 11 de noviembre en forma de una huelga general histórica. Vitoria, Bilbao y Donostia han conocido muchas movilizaciones. Para empezar, otra huelga general este mismo año, en marzo. Pero pocas han sido tan concurridas como la de este miércoles. Las manifestaciones matinales han sido masivas, con las grandes arterias de las ciudades llenas, y las convocatorias vespertinas, aunque condicionadas por la lluvia, también han reunido a miles de personas. Así te lo hemos contado en directo.

La huelga general en Euskadi tenía factores diferenciales. Era coincidente con la convocatoria de CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas en España, pero, pertrechados con una plataforma propia y diferenciada, la mayoría sindical vasca y, particularmente, las organizaciones vinculadas al cada vez más potente movimiento socialista (cuya cabeza más visible es GKS y que empieza a mostrar un músculo callejero considerable) han sacado a la calle a decenas de miles de personas ya desde las movilizaciones de este mediodía. Ha sido una riada popular.

Las masivas marchas matinales

La fotografía en Vitoria era impresionante. Si CCOO y UGT han podido movilizar a unas 800 personas en el parque de La Florida, la convocatoria de ELA, LAB y otros grupos con el Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda —que nada tiene que ver con el de Inquilinas de Madrid— ha desbordado todas las previsiones. Cuando la cabeza estaba ya en la plaza de la Virgen Blanca, el punto final, una enorme serpiente llenaba las calles de Eduardo Dato, Ortiz de Zárate, La Paz o Francia. Han tenido que pasar muchos minutos, casi tres cuartos de hora, hasta que la cola, un nutrido grupo de pensionistas, pasaba por el punto intermedio del recorrido, el centro comercial de El Corte Inglés.

La marcha ha sido transversal, con personas de todas las edades y condiciones, también niños de muy corta edad. Además de las consignas sindicales habituales, se han mezclado las reivindicaciones salariales, las movilizaciones de empresas concretas, movimientos juveniles y estudiantiles o feministas. “Inor ez etxerik gabe!”, coreaba un grupo de mujeres que habían diseñado una pequeña casa a modo de pancarta y que portaban sobre cuatro mástiles.

En Bilbao, también decenas de miles de personas han tomado las calles para que la política ubique el derecho a una vivienda digna en el centro de la agenda. En el Arenal han confluido diversas columnas que habían recorrido desde primera hora de la mañana diversos puntos de la capital vizcaína. Después la Gran Vía de Don Diego López de Haro se ha quedado pequeña para acoger a esa marea humana que iba creciendo conforme avanzaba porque se le unía la gente que esperaba en los laterales. Todos los comercios y negocios estaban cerrados a cal y canto. 

Se han escuchado consignas a favor de la expropiación de los fondos buitre y se han sumado, igualmente, pensionistas y otras organizaciones sociales. Cuando la cabeza de la manifestación llegaba ya al Sagrado Corazón de Jesús, a las 13.19 horas, había gente aún que no había salido del Arenal. Eso es una distancia de casi dos kilómetros. Un dron del sindicato LAB ha captado parte de la marea humana desde el aire.

En Donostia, la movilización de la mañana también ha sido muy concurrida con arterias como Federico García Lorca llenas de gente. Nerea Azkona, portavoz del Sindicato Vasco de Vivienda, ha agradecido que “miles y miles” de personas hayan “vaciado” los centros de trabajo y tomado las calles porque el problema de la vivienda es el más grave que “atraviesa” hoy a la ciudadanía. Asimismo, ha señalado que es perfectamente compatible pelear por los derechos residenciales y por otros como la subida salarial. Las demandas: paralizar todos los desahucios y que bajen los precios del alquiler. “Va a servir para fortalecer el movimiento por la vivienda de Euskal Herria”, se ha mostrado convencida esta portavoz.

Según datos del sindicato ELA, en Bilbao se han movilizado 70.000 personas —aunque la Policía Municipal lo ha rebajado a 50.000—, 55.000 en Donostia y 35.000 en Vitoria —frente a otros cálculos que hablaban de 10.000—. En Eibar también se han concentrado 8.000 personas. Muchos observadores han coincidido en concluir que han sido de los movimientos más multitudinarios de los últimos tiempos. Como comparación, en marzo ELA aludió a 105.000 personas en las capitales y su estimación de ahora la eleva a 160.000.

Las voces de la tarde

Ya al caer la noche, a partir de las 18.00 horas, ha habido una segunda llamada a la movilización. Además de las capitales, los convocantes han realizado llamamientos en más localidades medianas y pequeñas. La participación ha sido menor en Vitoria, Bilbao y Donostia, a simple vista, pero también muy importante. Además, en las tres ciudades ha llovido durante esos momentos.

En Vitoria, la marcha ha partido desde donde ha terminado la anterior, de la Virgen Blanca. Allí, antes de que el reloj de San Miguel marcara las seis de la tarde, el aspecto tenía una cierta semejanza al de los 4 de agostos, cuando aquello se colma para ver bajar a Celedón y cantar, paradojas de la vida, que el aldeano “ha hecho una casa nueva”, como es tradición. El monumento con el nombre de la ciudad, un seto verde, estaba decorado con carteles alusivos al problema de la vivienda. “Gente con casa, gente privilegiada”, rezaba uno de ellos.

Sobre una jardinera, Julen ha subido a su hija de cinco años. Este trabajador explica que se pudo comprar una casa “cuando las cosas estaban mejor”, pero asevera que es necesario salir a la calle para que su pequeña, en un futuro, pueda tener esa oportunidad. “Quiero que mi hija vea que las cosas se consiguen saliendo a la calle. Todo lo que sea defender derechos me representa”, afirmaba sin dejar de agarrar a su hija. No lejos de allí, Amaia, de 25 años, contaba que con su salario precario no tiene más opción que vivir en un piso compartido. Paga más de 400 euros por una habitación. Todo su entorno está igual, sostiene.

Con un poco de retraso, la manifestación ha cogido ritmo. Al pasar delante de la Subdelegación del Gobierno de España y de la comisaría de la Policía Nacional —sin competencias de orden público— se han prendido algunas bengalas. La masa ha cantado contra los desahucios en euskera y ha portado pancartas varias con mensajes contra la especulación y otras reivindicaciones. Por la tarde, los sindicatos claramente se han retirado y han dejado el liderazgo al Sindicato Socialista de Vivienda.

En Bilbao, miles de personas se han vuelto a reunir también para exigir cambios estructurales en materia de vivienda. También con el liderazgo del Sindicato Socialista de Vivienda y de la Red de Sindicatos de Vivienda, han vuelto a recorrer la Gran Vía, entre la plaza Elíptica y el Ayuntamiento. No había banderas sindicales pero sí pancartas de distintos colectivos sociales que se han sumado a la convcatoria. Los convocantes han recordado que la huelga “no se ha desarrollado en torno a una reivindicación abstracta del derecho a la vivienda, sino con tres reivindicaciones muy concretas: el fin de la especulación, la expropiación de los especuladores y por último, la organización de la vivienda en función de las necesidades de la clase de trabajadora”.

Han señalado, además, la responsabilidad directa de las instituciones vascas, tanto los ayuntamientos como los Gobiernos vasco y navarro. Porque ése era otro elemento diferencial de la jornada en Euskadi. Y es el que ha enfadado al PNV. Los nacionalistas, que lideran el Gobierno autonómico, se han quejado de que en Madrid CCOO y UGT no señalen al Ejecutivo de Sánchez mientras que la mayoría sindical vasca sí lo hace con ellos y por partida doble, porque en marzo ya se movilizó con otra huelga general.

“Valoramos esta jornada de huelga como un éxito, pero tenemos claro que el éxito real sólo llegará a través de la organización, a través de la militancia y continuando con las lógicas que hemos desarrollado en las asambleas, en los comités de huelga, en los sindicatos de vivienda y en el resto de organizaciones del movimiento popular. Seguiremos en la lucha y que está que esta huelga no sea un objetivo en sí, sino un paso más”, han dicho desde el movimiento socialista, con cada vez más protagonismo en las calles vascas.

En Donostia, el Boulevard ha vuelto a llenarse con la segunda gran manifestación del día. La marcha ha arrancado con menos participantes que la movilización del mediodía, pero, a medida que avanzaba hacia la plaza de Cataluña, en el barrio de Gros, se han ido sumando más personas hasta reunir a miles de ellas.

Esta vez no ha habido declaraciones de los portavoces sindicales. En todo caso, detrás de las reivindicaciones colectivas había muchas historias personales dignas de ser contadas. Una joven de 23 años, por ejemplo, recuerda su experiencia en Zaragoza, donde vivió durante un año compartiendo un piso con otras tres personas por un precio que consideraba razonable. Pero detrás de ese precio se escondía el estado antiguo y descuidado de la vivienda. Ahora la joven comenta que sus antiguas compañeras han sufrido subidas de alrededor de 100 euros cada año.

En la misma línea, dos profesoras de la enseñanza pública exponen sus frustraciones. Una de ellas paga actualmente 900 euros por un piso de 40 metros cuadrados, después de trasladarse desde el barrio Antiguo de Donostia hasta las afueras del pueblo Urnieta. La otra vive en la Parte Vieja y desea mudarse, pero no encuentra una alternativa. Ambas coinciden en que el problema no es sólo el precio, sino también la escasa oferta. “Lo de comprar, ahora mismo no lo veo”, reconoce una de ellas.

La dificultad para emanciparse preocupa especialmente a quienes se encuentran en un proceso de formación. Dos estudiantes de 21 años han acudido para apoyar una reivindicación que consideran colectiva. “Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie”, afirmaba una de ellas. Otros tres jóvenes defienden que el acceso a la vivienda es un derecho que afecta a toda la sociedad, pero especialmente a quienes intentan empezar a construir su vida. Quien resume este temor ha sido una estudiante de Psicología: “No sé tú, pero siento que tendré 40 años y que seguiré viviendo con mis padres”. Para ella y su compañero de clase, tener una vivienda significa contar con seguridad y un espacio propio desde el que desarrollar un proyecto de vida, sin embargo, lograr tener una hipoteca es impensable para ellos, al menos ahora.

Entre quienes han acudido a la marcha también está una joven que ha pasado toda su vida en pisos de acogida y que actualmente vive en un alojamiento dotacional en Errenteria. Se independizó a los 18 años y hoy participa para defender el derecho a la vivienda, algo que le cuesta imaginar por sus propios medios.

Los mensajes sindicales

Desde los sindicatos, Mitxel Lakuntza, de ELA, se ha dicho “muy contento” con el seguimiento de la huelga: “Es bastante obvio y visible que la huelga ha sido un éxito”. LAB, de su lado, ha señalado directamente al PNV, que previsiblemente impedirá con su voto la aprobación del segundo de los decretos, el que hace permanentes los alquileres. “Pedimos al PNV que se posicione a favor de la mayoría social de este país y que deje de estar del lado de los rentistas y de los especuladores”, ha demandado Garbiñe Aranburu.

Desde CCOO, Santi Martínez cree que ha sido “un día importante para la clase trabajadora, en el que el sindicalismo de clase ha brindado su herramienta fundamental, que es la huelga general, para vehiculizar un malestar colectivo en torno a la vivienda”. 'Tximi' López, presidente de la gestora de UGT, ha señalado que “Euskadi se ha parado”. “Por lo tanto, se ha conseguido el objetivo marcado, que era dar un mensaje alto y claro a los que puedan venir a gobernar el 29N y a los que están gobernando actualmente de que la vivienda es un derecho fundamental”, ha indicado. “Un absoluto éxito”, ha indicado, igualmente, ESK. Durante la jornada, se han movilizado también CGT, Steilas y otras organizaciones minoritarias.

Los incidentes de la jornada

La jornada, como es habitual, ha comenzado con piquetes y cortes en los accesos a las grandes áreas urbanas y polígonos. Desde primera hora ha habido un amplísimo dispositivo de la Ertzaintza, con agentes de la Brigada Móvil (antidisturbios) y de Seguridad Ciudadana. Era tal la movilización policial que se han llegado a emplear vehículos con treinta años de antigüedad, las viejas Mercedes-Benz Sprinter noventeras.

Ya a primera hora se han denunciado algunas actuaciones, como el arresto de un delegado de CCOO en Zamudio supuestamente por “agredir” a un uniformado cuando su organización explica que se ha tropezado sin ninguna mala intención. También ha habido cargas en varios puntos de la comunidad autónoma. En Vitoria, por ejemplo, las 'francias' de la Brigada Móvil iban y venían constantemente. Las líneas policiales han protegido puntos como los comercios.

Algunas columnas han arrojado pintura contra bancos e inmobiliarias, y vandalizado comercios como el Starbucks de la Virgen Blanca de Vitoria o el Lidl de la Bretxa de Donostia. En la Gran Vía de Bilbao, los grandes locales han bajado la persiana. A primera hora, ha sido vandalizada la sede del PP en la plaza de Los Fueros de Vitoria. Un grupo de jóvenes de GKS han pintado la fotografía del candidato electoral, Alberto Núñez Feijóo. Cargos políticos y trabajadores lo han limpiado en pocos minutos, pero lo han denunciado con rotundidad. El PNV también ha informado de que dos de sus sedes en Gipuzkoa, los 'batzokis' de Zumaia y el Antiguo, en Donostia, han sido vandalizados. Y ha culpado de lo segundo a LAB. Ha añadido que un hombre ha amenazado a dos jóvenes de EGI que limpiaban las instalaciones después de estos hechos. Ya por la noche, se ha conocido que dos militantes del PP han resultado heridos —han acabado hospitalizados— por un ataque a la sede de Barakaldo. Los agresores han arrojado también un calentador de grandes dimensiones contra la cristalera, que ha quedado destrozada.

Hasta las 21.00 horas, la Ertzaintza ha informado de que había arrestado a dieciseís personas “en diversos incidentes de orden público”. La lista incluía el caso de CCOO en Zamudio, pero también actuaciones en Salvatierra-Agurain, Donostia, Vitoria o Portugalete. Eran diez varones y tres mujeres. Tres más han resultado imputados y más de 200 personas han sido identificadas. El Departamento de Seguridad ha añadido que “siete agentes han tenido que ser trasladados a centros médicos por diferentes lesiones ocasionadas por el lanzamiento de objetos y agresiones físicas sufridas”.

Seguimiento desigual

En cuanto a los datos de participación, son muy desiguales. El sector industrial ha tenido un amplio seguimiento de la huelga, según los sindicatos, aunque con mayor incidencia en las grandes. En Álava, ha sido muy importante el paro en empresas como Arregui, Fibertecnic, Orona o algunas líneas paralizadas en Mercedes-Benz, la mayor planta de Euskadi. En Ayala, una comarca muy castigada, en Tubacex sólo se ha funcionado con servicios mínimos, y ha parado la simbólica Tubos Reunidos, en concurso de acreedores y con sus antiguos responsables investigados por corrupción.

En Gipuzkoa, los paros han afectado a Fagor Automation, Ampo, Irizar, Hijos de Juan Garay, Arcelor Bergara, Indar, CAF de Irún y de Beasain, Niessen, Orona, Ulma, Polmetasa y Corpreci. En Bizkaia, el seguimiento también ha sido muy amplio, y grandes empresas como Gestamp, Aludium, Cikautxo o Nemak, así como Cementos Lemona o CIE Inyectametal, no han podido operar con normalidad este miércoles. Por el contrario, voces como la patronal alavesa han hablado de “fracaso”. SEA ha rebajado a un 7,91% el respaldo en 150 empresas en las que ha recabado datos.

En los servicios públicos se ha producido el clásico baile de cifras entre Administración y convocantes. En Osakidetza, por ejemplo, no ha llegado el 15% en el turno matinal, según el dato oficial. En Educación se admite un 60% en la red pública, que agrupa al 50% de los estudiantes, pero las centrales lo elevan hasta el 90% en algunos casos y siempre por encima del 70%. La EHU ha estado paralizada, asimismo. En el transporte, los datos oscilan desde casi el 70% de seguimiento en el tranvía de Vitoria a porcentajes mucho más bajos en los trenes de Euskotren de Bizkaia, por ejemplo. Tuvisa, la compañía de autobuses urbanos de Vitoria, ha dicho que algunas líneas han operado incluso con total normalidad, al 100%.

Este miércoles, 11 de noviembre, es jornada de huelga general en Euskadi para denunciar la crisis de la vivienda. En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, al igual que en Navarra, es la segunda de 2026, después de la del 17 de marzo. Se solapan dos convocatorias. Por un lado, como en el resto de España, CCOO y UGT se han sumado al Sindicato de Inquilinas, que en Euskadi no tiene presencia; por otro lado, llaman a la huelga desde la mayoría sindical propia, encabezada por ELA y LAB junto a Steilas, Etxalde e Hiru, así como otras organizaciones como ESK. Van juntos, pero no revueltos y, de hecho, el principal sindicato vasco, ELA, dudaba de la oportunidad de hacerlo coincidir. Los sindicatos vascos de vivienda, muy vinculados al entorno de GKS, secundan esta otra llamada a la huelga.

Porque los mensajes no son iguales. La segunda convocatoria, por ejemplo, pone el foco en la gestión de los Gobiernos autonómicos de Imanol Pradales y María Chivite y suma otras reclamaciones económicas, como un SMI propio. Puedes leer aquí más sobre las claves de las convocatorias.

En este contexto, el gobernante PNV ha acogido con críticas la llamada a la huelga. Para el lehendakari, Imanol Pradales, es sintomático que “del Ebro para abajo” la huelga no pida cuentas al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que a él sí le lluevan críticas. El PNV cogobierna en Euskadi con el PSE-EE. El vicelehendakari Mikel Torres ha amagado con hacer huelga, pero finalmente ha rectificado. En todo caso, los consejeros socialistas han suspendido su agenda y limitarán su actividad, según han dicho, a gestionar las incidencias y servicios mínimos. El sindicato LAB ha considerado que son abusivos, por cierto. Otros partidos políticos como EH Bildu, Podemos o las fuerzas del Frente Amplio, como IU, secundan las movilizaciones. “Compañeros y compañeras, que nadie se quede en casa”, ha clamado este partido.

Este miércoles el Gobierno de España levanta los peajes para otra autopista más, la AP-68. La considerada la más cara de España, que une Bilbao y Zaragoza a lo largo de 294,4 kilómetros, será gratis en todo su recorrido... salvo para los tramos vascos. En Álava y en Bizkaia el conductor tendrá que pagar, porque así lo han decidido las diputaciones forales, que han asumido la concesión, tras finalizar la que tenía la empresa Avasa. Eso sí, se hará sin tener que coger el 'ticket' al paso por el peaje y con un precio mucho más reducido que antes, especialmente en Álava, que lo rebaja en un 70% para los turismos y en un 50% para los de más volumen. En Bizkaia, el descuento sobre la tarifa actual será del 20%.

Con estos descuentos, el precio para desplazarse desde Bilbao hasta Vitoria pasará a partir de ahora de 6,85 euros a 4,25 euros, de los que 3,35 euros corresponden al tramo vizcaíno y 0,90 euros al alavés. El coste desde Bilbao a localidad de Zambrana será de 6,70 euros, en el linde con Burgos. Desde Zambrana hasta Zaragoza la autopista será gratuita a su paso por el resto de las comunidades autónomas del trazado: Navarra, Aragón, La Rioja y Castilla y León. Las entidades forales justifican que se siga pagando en Euskadi por la necesidad de garantizar la entrada de recursos para su mantenimiento y el de otras carreteras.

La principal novedad al margen de los descuentos está en que desaparece la recogida de 'ticket' en las cabinas de peaje y el importe se calculará y abonará en función del trayecto realizado. El peaje continuará situado en las instalaciones actuales y se mantendrán todas las modalidades de pago disponibles, bien en efectivo, con tarjeta bancaria o mediante dispositivo VIA-T.

En cuanto a la concreción de las tarifas por tramos, en Bizkaia, que asume la gestión de 22,3 kilometros de autopista, la rebaja media del 20% para viajes ocasionales lleva a que el tramo Bilbao-Arrigorriaga pasará de costar 1,05 euros a 0,85; Bilbao-ES Arrigorriaga, de 2,35 a 1,90 euros; hasta Arrankudiaga, el coste pasa de 2,55 a 1,70 euros; mientras que el de Orozko pasa de 2,55 a 2,05 y hasta Altube, de 6,85 euros a 4,25 desde este jueves, según ha informado la diputación vizcaína.

Las tarifas se ajustan a la distancia recorrida de forma que, en el caso de los vehículos ligeros, se establece un tratamiento específico para los desplazamientos entre Arrigorriaga, Arrankudiaga y Orozko. De esta forma, quienes circulen entre estos municipios con un vehículo equipado con VIA-T pagarán tarifas más reducidas. “El nuevo sistema beneficia especialmente a los trayectos más cortos realizados dentro del territorio”, han señalado. En lo que se refiere a los vehículos pesados, los descuentos específicos para ellos serán las bonificaciones por frecuencia de uso, eficiencia de los vehículos y bajas emisiones de CO2 previstas en las autopistas de gestión foral de Bizkaia.

Por otra parte, desde la entidad vizcaína recuerdan que las personas que utilizan habitualmente las vías de peaje que existe un programa de subvenciones con límite de gasto mensual, que incluye los desplazamientos por la AP-68. “Para beneficiarse de estas subvenciones es necesario estar previamente inscrito en Bidesaria, a través de Interbiak”. En la actualidad, el límite de gasto mensual para los desplazamientos realizados por las vías de peaje de Bizkaia se sitúa en 39,46 euros y, a partir del 1 de enero de 2027, este límite se reducirá a 35 euros mensuales para los desplazamientos realizados exclusivamente por Bizkaia; mientras que las personas que continúen sus recorridos por la AP-8 en Gipuzkoa o por la AP-68 en Araba dispondrán de un límite adicional conjunto de 53 euros. El gasto máximo mensual acumulado para circular por los tres territorios será, por tanto, de 88 euros.

En lo que se refiere al territorio alavés, la diputación asume la gestión de 55,2 kilómetros entre los límites provinciales con Bizkaia y Burgos ubicados en los puntos kilométricos 22,4 y 77,6 respectivamente. Las tarifas pasarán a tener descuentos de un 70% en los vehículos ligeros y un 50% en el caso de los vehículos pesados.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha señalado que la tarifa será de 6 céntimos de euro por kilómetro para vehículos ligeros y de 18 y 20 céntimos de euro por kilómetro para vehículos pesados I y II. Actualmente, el precio medio por kilómetro para vehículos ligeros, vehículos pesados I y vehículos pesados II es de 22, 41 y 46 céntimos, respectivamente.

Esto supone que un turismo pasará abonar 3,35 euros por recorrer los 55 kilómetros del tramo alavés frente a los 11,2 euros que paga hoy. “El precio de la parte alavesa del trayecto entre Vitoria y Bilbao pasará de 3,52 euros a 90 céntimos de euro. En el caso de vehículos pesados la tarifa por el tramo alavés será de 9,90 euros para pesados I, frente a los 20 euros que abonan en este momento y 11,45 euros pesados II, frente a los 23 euros actuales”, ha informado el diputado foral, según informa Europa Press

El despliegue del nuevo sistema será progresivo desde este miércoles, con la puesta en servicio de la nueva estación de peaje de Zambrana dirección Burgos/La Rioja como principal hito. El objetivo de esta fase es poner el sistema a punto y culminar todos los desarrollos tecnológicos y de software asociados. La primera etapa se prolongará varias semanas y concluirá, previsiblemente, el 15 de diciembre. La nueva playa de peaje, que facilitará el pago por uso a los vehículos que abandonan la AP-68 en dicho punto, va a empezar a operar con 3 vías que permitirán realizar el abono en efectivo, tarjeta de crédito/débito y dispositivo electrónico VIA-T. Este número se irá ampliando de forma progresiva a lo largo de los próximos meses hasta alcanzar un total de 8 vías.

Además, comenzarán a funcionar nuevas cámaras inteligentes en todos los puntos de entrada del tramo alavés de la autopista para detectar e identificar las matrículas de los vehículos que accedan a la vía. Estas cámaras, que permitirán conocer el recorrido de cada vehículo y la tarifa aplicable, evitarán que las personas usuarias tengan que recoger, como ocurre ahora, un ticket al ingresar en la autopista, lo que aportará comodidad al usuario/a y agilidad al tráfico.

Bonificaciones para alaveses en el tramo vizcaíno

Por otra parte, se actualiza el programa de bonificaciones a los alaveses que utilizan de forma habitual la autopista por trabajo, estudios u otros motivos. A partir del 11 de noviembre se pasará a bonificar exclusivamente el tramo vizcaíno de la AP-68 para compensar la menor reducción de la tarifa en dicho tramo, ya que en Bizkaia el descuento es sólo del 20%.

La actualización del programa de bonificaciones tiene como objetivo que la tarifa efectiva en el tramo vizcaíno sea también un 70% inferior a la actual para los usuarios frecuentes. Para ello el programa va a bonificar la tarifa ordinaria del tramo que transcurre por Bizkaia a las y los alaveses que utilicen la vía de forma habitual. Esta bonificación beneficiará sobre todo a quienes viven en Aiaraldea por su especial relación laboral, económica y social con Bilbao.

Las condiciones para ser persona beneficiaria del programa se mantienen sin cambios: realizar un mínimo de 15 viajes al mes; disponer de un dispositivo telemático de identificación y pago VIA-T o similar; y el resto de requisitos habituales, como ser residente en Álava, estar al corriente de las obligaciones tributarias y estar registrado correctamente en el programa.Los que están inscritos en el programa, no necesitan hacer nada para beneficiarse del programa.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha comparecido este lunes en el Parlamento Vasco para explicar el proceso de la publificación de las ambulancias de Tolosa y Eibar, y la subrogación posterior de sus trabajadores. Ha ocurrido casi un año después de la petición de EH Bildu. La parlamentaria Rebeka Ubera registró la comparecencia el 26 de diciembre de 2025 con carácter “urgente”, ya que fue en pleno periodo de las vacaciones navideñas cuando se conoció que la publificación de este servicio que estaba al cargo de la empresa Ambulancias Gipuzkoa se haría efectivo el 7 de enero y por aquel entonces la situación en la que quedarían los trabajadores que iban a ser subrogados era incierta.

“Es evidente que el día 7 está ya a las puertas, mientras que la única carta que ha recibido el personal ha sido para informar del cese de sus contratos de trabajo, tras haber trabajado durante 30 años para Osakidetza. Parece que no ha habido negociación a pesar de que el convenio laboral es claro en este sentido. Pero parece que los bienes materiales podrán ser utilizados por Osakidetza, a pesar de pertenecer a la empresa cesada en el contrato. Predomina la opacidad. Por lo tanto, vistos los días que faltan para el 7 de enero, a efectos de aclarar el asunto y actuar correctamente, consideramos fundamental que la Mesa de la Comisión de Salud convoque esta comparecencia urgente”, señala Ubera en la petición de su comparecencia. Pero casi un año ha necesitado el consejero de Salud para explicar las condiciones en las que este servicio ha pasado a depender directamente del sector público.

Martínez ha obviado la tardanza en acudir al Parlamento y ha puesto en valor que en 2024, tras acceder al cargo, se comprometió a incorporar a la gestión pública las ambulancias de Tolosa, Eibar y Donostia. “Lo teníamos claro, hemos actuado en consecuencia y hemos sido coherentes y resolutivos. Hemos cumplido nuestra palabra”, ha señalado, y ha despejado críticas resaltando que “el sistema público de salud en Euskadi es hoy más público que hace dos años”. Junto a la publificación de las ambulancias de Tolosa, Eibar y Donostia, ha destacado la integración plena de Onkologikoa, el avance en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de Osakidetza y la asunción progresiva de servicios asistenciales vinculados a adicciones, como los relacionados con la dispensación de metadona.

Ubera, que ha compartido la necesidad de la publificación, ha criticado la gestión del proceso con el que se ha llevado a cabo, al igual que la subrogación de la plantilla, sin contar con los trabajadores, que “no recibieron información previa”, ha dicho, y con “falta de transparencia” e “improvisación” por parte del Gobierno. Ha denunciado que esos trabajadores hicieron turnos sin estar dados de alta en la Seguridad Social, porque se acababa un contrato y no habían firmado el nuevo, que en momento de la firma “no sabían qué iban a firmar” y que “hoy en día no tienen por escrito cuáles son sus condiciones de trabajo”.

Algunos de esos trabajadores tenían contratos con Osakidetza y han tenido que optar por uno u otro contrato por aplicárseles la ley de incompatibilidades. Ubera ha indicado que algunos de estos trabajadores están llevando a juicio sus discrepancias sobre estas incompatibilidades “y los tribunales están diciendo que Osakidetza tiene que pagar”. “Por tanto, estamos de nuevo gastando dinero público por una mala gestión, por no asumir la responsabilidad”, ha señalado. Respecto a estos recursos, Lore Bilbao ha reconocido que “algunos de los trabajadores y trabajadoras han presentado recursos con algunas solicitudes concretas” y que, de momento han recibido cuatro sentencias, tres de ellas contrarias a Osakidetza. “Pero vamos a recurrir las tres”, ha puntualizado, porque cree que hay diferentes interpretaciones de la Ley de Incompatibilidades.

En concreto, se han adscrito al Servicio Vasco de Salud 30 trabajadores de las ambulancias de Tolosa y Eibar, más cinco de la ambulancia de Donostia, que se publificó en el 31 de agosto. Son cinco plazas de médicos de emergencias, cinco de enfermería y cinco conductores para Tolosa y la misma distribución de puestos para la ambulancia de Eibar, y cinco plazas de conductor para la ambulancia de Donostia. El Gobierno vasco ha insistido en que la subrogación del personal y su integración estaba previsto en el expediente de ampliación de plantilla presentado en la mesa sectorial el 26 de noviembre de 2025, y fue aprobado por el Consejo de Administración de Osakidetza el 2 de diciembre y por el Consejo de Gobierno el 16 de diciembre.

Desde el PP, Laura Garrido, ha puntualizado que “más allá del debate de la gestión directa e indirecta, lo que hace falta es prestar un buen servicio a los ciudadanos para que no haya problemas”. Respecto este caso concreto, ha señalado que sí han pensado que en el proceso “ha habido cierta precipitación y improvisación” y que la gestión de este proceso de publificación es “manifiestamente mejorable”.

Todo el arco sindical vasco, los sindicatos de vivienda y multitud de organizaciones sociales se han unido para llamar a los trabajadores vascos a paralizar Euskadi este miércoles y convertir las calles en un clamor para que tener una vivienda digna sea un derecho y no una utopía. La fecha elegida para la huelga general, el 11 de noviembre, a las puertas de que arranque la jornada electoral, otorga a este paro un componente más político si cabe de lo que tiene ya cualquier huelga general, porque de lo que tratan todos estos paros es de influir en la política para que cambien las realidades.

Pero, en vísperas del arranque de la campaña, a nadie se le escapa que el paro y las movilizaciones pretenden ser todo un aviso a navegantes para el partido o partidos que estén en el Gobierno a partir del día 30 de noviembre. Pero en Euskadi el aviso se lanza directamente también contra los que están en el poder en el Gobierno vasco, en las diputaciones o en los ayuntamientos, y que, teniendo competencias en materia de vivienda, consideran que no las ejercen.

La huelga general de este miércoles es la primera convocatoria sindical en el Estado en 14 años (después vinieron las feministas), pero en Euskadi la realidad es muy diferente. Es la segunda este mismo año, después de la que tuvo lugar el 17 de marzo para exigir un Salario Mínimo Propio de 1.500 euros convocada por la mayoría sindical vasca constituida por los sindicatos ELA y LAB junto a Steilas, Etxalde e Hiru, así como otras organizaciones minoritarias.

Esta mayoría sindical es la que ha unido sus fuerzas al Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda para la convocatoria de huelga general de este miércoles en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y también en Navarra, donde no son mayoría. También figura la como reivindicación el SMI propio.

El día coincide en la fecha con la que ya habían convocado CCOO y UGT a nivel estatal junto al Sindicato de Inquilinas, que en Euskadi no tiene presencia. Es una coincidencia en fechas con la que ELA mostró su desacuerdo desde el primer momento, porque la intención del sindicato mayoritario era que Euskadi se distinguiera del Estado poniendo en valor la reivindicación del marco propio. En aras a hacer la convocatoria lo más fuerte posible, se optó finalmente por una única fecha, pero las centrales nacionalistas y CCOO y UGT irán a la huelga juntos, pero no revueltos.

Es decir, Euskadi tendrá una única huelga el miércoles, pero dos convocatorias diferenciadas dentro de ella que también se notarán en las movilizaciones en las calles, al menos en las que se celebren por la mañana, ya que los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, el Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda se manifestarán por un lado, y CCOO y UGT, por otro. Por la tarde, las movilizaciones, que serán las centrales de la jornada, estarán capitaneadas por los sindicatos de vivienda, más que por los sindicatos de clase, y CCOO y UGT han hecho un llamamiento también a sus afiliados a sumarse a esas protestas vespertinas.

En las convocatorias, aunque el eje central es el derecho a una vivienda y también a unos salarios dignos que permitan pagarla, se muestran de igual forma diferencias en cuanto a las reivindicaciones. CCOO y UGT no cargan de igual forma contra los Gobienos central -actual y futuro- y vasco, como lo hace la convocatoria de los nacionalistas, que interpela al Gobierno de Imanol Pradales y al resto de administraciones autonómicas a que ponga en marcha todas sus competencias en materia de vivienda. Además, los convocantes defienden que para garantizar una vivienda “de calidad” para todos los trabajadores hay que impulsar tres transformaciones: “La expropiación a los especuladores, la prohibición de la actividad especulativa y una organización justa de la vivienda y de todos los recursos”.

La intención de los convocantes, además de llevar la protesta a la calle, que en cierto modo tienen garantizado porque se prevén movilizaciones masivas, es conseguir que la huelga se note en los centros de trabajo, de enseñanza, en los transportes o en el comercio. Habrá que esperar a los resultados que se conozcan a lo largo de la jornada de paro para ver la respuesta de los trabajadores, aunque se da por sentado amplios seguimientos en la universidad pública vasca -el consejo de estudiantes de la EHU ha llamado a sumarse a los 45.000 estudiantes-, en los centros de enseñanza media, o en grandes empresas con importante peso sindical, mientras que en otros sectores como el sanitario o el transporte público el seguimiento estará también condicionado por los servicios mínimos de decretados por el Gobierno vasco, que sindicato LAB ya ha impugnado por considerarlos abusivos.

En concreto, se ha decretado como mínimos los habituales a un día festivo en hospitales, del 100% en emergencias y Puntos de Atención Continuada y los correspondientes a un sábado en Atención Primaria. En el transporte público se mantendrán los servicios equivalentes al 30% de los ordinarios programados durante las franjas afectadas por la huelga. En el ámbito de los servicios sociales, las residencias garantizarán la atención directa mediante el 50% del personal gerocultor o asimilado, porcentaje que se incrementará en determinados horarios de mayor intensidad asistencial. En aquellos centros donde más del 70% de las personas usuarias tengan reconocida una dependencia de grado II o III, la dotación será del 70%. Durante el turno de noche se mantendrá el 100% del personal de atención directa.

La orden establece asimismo los servicios esenciales correspondientes a centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de atención a menores. En educación, se garantizará la apertura y el control de acceso de los centros educativos públicos, concertados y privados mediante las dotaciones mínimas. En autopistas y túneles de peaje se garantizará el funcionamiento seguro de las infraestructuras, mientras que el servicio de peaje contará con un 30% del personal en las horas punta, y en la producción y el suministro de electricidad, gas y agua, así como las labores esenciales de las empresas de telecomunicaciones, se contará con el personal equivalente al de un día festivo.

Por lo que respecta a las administraciones públicas, se mantendrá el servicio de registro de documentos en las tres capitales a través de Zuzenean, con una persona por sede y turno. En Administración de Justicia se garantizarán, entre otros servicios, las guardias, la recepción y registro de documentos, las actuaciones urgentes o sujetas a plazo, determinadas medidas cautelares y aquellos juicios y comparecencias cuya suspensión pudiera ocasionar un grave perjuicio. En cuanto a los medios de comunicación públicos, EiTB garantizará los servicios informativos correspondientes a un fin de semana.

Lo que está claro es que, al margen de la actividad de los piquetes habitual en todas las huelgas, será muy difícil moverse por las capitales vascas desde primera hora de la mañana. ELA ya ha convocado movilizaciones que arrancarán a las 8.30 de la mañana para recorrer las calles en diferentes columnas antes de confluir en las manifestaciones. Arrancarán a las 8.30 en la zona de San Mamés, en el caso de Bilbao, y a la misma hora en Donostia en la plaza de Pío XII y en Vitoria será en el Puente San Juan de Arriaga-El Pilar.

Además, por ejemplo, los vecinos de 'Los Ochos' de Erandio, cuyo edificio ha comprado un fondo buitre y no quiere renovarles el alquiler, saldrán de su localidad a las 9 de la mañana para dirigirse a pie hasta Bilbao y sumarse a la manifestación. Su caso salió a la luz después del desahucio de Maricarmen Abascal, en Madrid, pero hay muchos más casos similares como ocurre con otro bloque de Balmaseda o el que se denuncia en Getxo.

En cuanto a las manifestaciones centrales del día, ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, el Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda han convocado las marchas principales en las tres capitales vascas y Eibar. En concreto, se realizarán manifestaciones en Bilbao, a las 12.30 en el Arriaga, en Vitoria a las 12 en la plaza Bilbao, en Donostia a las 12.30 en Pío XII y en Eibar en la plaza de Unzaga a las 12 horas. UGT y CCOO ha convocado en Bilbao a las 11.30 en la Plaza Euskadi, a la misma hora en Vitoria en la Subdelegación del Gobierno, y a las 12 en Donostia en el Alderdi Eder. Tanto CCOO y UGT y el resto de los sindicatos nacionalistas han llamado a participar en las manifestaciones que tendrán lugar por la tarde convocados por los sindicatos de vivienda en las capitales vascas y en cerca de 70 localidades, que se celebrarán a las 18.00 horas.

Desde el ámbito político, como dato curioso destacar que las Juntas Generale de Álava ha suspendido la sesión plenaria que estaba prevista para el miércoles tras solicitarlo los grupos EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin (Podemos e IU), ya que van a secundar la convocatoria de huelga general realizada por sindicatos y colectivos sociales para ese día. La Mesa ha decidido, con los votos de PSE-EE, Partido Popular y Elkarrekin Araba, que la sesión plenaria se celebre el 12 de noviembre, jueves. El PNV se ha mostrado abiertamente contrario a la huelga, sobre todo porque en Euskadi se apunta directamente por las centrales al Gobierno vasco.

“Quienes hoy llaman a paralizar el país solo buscan generar ruido y mostrar una sensación de descontento social que no se acerca a la realidad”, han señalado desde el partido de Aitor Esteban. El propio lehendakari Pradales ha criticado que la huelga se plantee en Euskadi contra el Ejecutivo autónomo, cuando “del Ebro para abajo” nadie pide cuentas al Gobierno de España. También está abiertamente en contra el PP. EH Bildu, Sumar y Podemos o IU respaldan abiertamente la iniciativa, mientras que los socialistas vascos parecen divididos ante el respaldo a una convocatoria estatal ante la que no se consideran interpelados, y la de los sindicatos vascos que se dirige también contra el Gobierno vasco, en el que los socialistas tienen la cartera de vivienda.

El detonante que dio lugar a la movilización social por la vivienda y desencadenó la huelga general fue el desahucio de Maricarmen, que puso de actualidad un problema, el de los desahucios y de la falta de vivienda, que no es nuevo, pero que cada vez afecta a una mayor franja de población, porque tener trabajo no garantiza ni de lejos poder pagar un alquiler o una hipoteca. Por cierto, este pasado lunes día 9 se han cumplido 14 años del que quizá fue el primer desahucio con seguimiento mediático en Euskadi. Amaia Egaña, vecina de Barakaldo, se suicidó cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. “A lo largo de estos catorce años, 2.670 familias de Barakaldo han sido desalojadas de sus viviendas. En concreto, 109 familias han sido desahuciadas de sus casas en el trascurso de este último año”, decían desde el colectivo Berri-Otxoak durante una concentración este lunes en su recuerdo.

UGT-Euskadi ha superado uno de los obstáculos que debía salvar para empezar a encauzar la crisis interna y celebrar el Congreso que se suspendió en marzo de 2025 y que dio paso a una gestora que sigue hoy en día controlando el sindicato: calmar las aguas en la Federación vasca de Industria, Construcción y Agro (FICA), cuya crisis fue uno de los desencadenantes de la suspensión del Congreso y que llevaba también desde entonces en manos de una gestora. FICA Euskadi eligió esta pasada semana a Patxi Martínez, como nuevo secretario general de la Federación, en un Congreso en que parecen haberse cerrado todas las heridas a tenor de la unanimidad de las votaciones: Martínez fue elegido casi por unanimidad, con el 99% de los apoyos. Nada que ver con los tiempos convulsos de hace algo más de un año.

Salvado este obstáculo, que siempre se había señalado como prioritario, ya que la Federación, que es una de las más importantes de la central, estaba bajo el control de una gestora, UGT-Euskadi puede empezar el Congreso para elegir su secretario general, cargo al que ya ha anunciado que se postulará Tximi López, el actual presidente de la gestora lleva las riendas del sindicato. No obstante habrá que esperar aún varios meses para contar con una fecha. Fuentes del sindicato consideran que el primer trimestre del año pude ser todavía “demasiado optimista”, por lo que es posible que la gestora impuesta desde la dirección confederal supere los dos años al frente de la central.

UGT-Euskadi suspendió el Congreso que debía celebrarse el 13 y 14 de marzo de 2025, tan sólo unas horas de arrancar y en medio de un absoluto caos interno después de que no se hubiera llegado a un acuerdo sobre una candidatura para sustituir a Raúl Arza. Tras la suspensión del Congreso, Arza manifestó su intención de mantenerse al frente de la ejecutiva y seguir dirigiendo el sindicato, pero desde Madrid cortaron de raíz esa pretensión colocando al frente de la gestora al secretario de Organización confederal de la UGT, Andrés Orta Pérez, y de segundo a Tximi López., que asumió las riendas de la gestora el pasado mes de marzo. La dirección confederal que encabeza Pepe López, también colocó una gestora al frente de la Federación vasca de Industria, Construcciones y Agro (FICA), que fue precisamente la federación germen de la impugnación del Congreso en el que estaba prevista la elección del sustituto de Raúl Arza al impugnar el nombramiento de varios delegados.

El secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, que representó a la dirección del sindicato en el congreso de FICA Euskadi, señaló que la etapa de la gestora se había cerrado con “con diálogo, consenso y entendimiento”. “Creemos que era muy necesario para las trabajadoras y los trabajadores, para las empresas y para la propia UGT de Euskadi que esta etapa se cerrara, y se ha cerrado bien: con diálogo, con consenso y con entendimiento”. “Estamos muy orgullosos de Patxi y del equipo que va a dirigir, donde todas las sensibilidades están representadas y en el que han participado todos los compañeros y compañeras que lo han deseado”, señalaba. Desde el sindicato no ocultan que se ha realizado un esfuerzo para conseguir un candidato de consenso como el conseguido con Patxi Martínez, que es afiliado al sindicato desde hace más de 20 años a UGT y que lleva cuatro como presidente del Comité de empresa de ITP Aero. “Es un día muy importante y un paso adelante intentando darle continuidad a la federación”, manifestaba Martínez tras conocerse el resultado de la votación.

El grupo de EH Bildu en Getxo ha exigido al Ayuntamiento que investigue el contrato con el fondo de inversión inmobiliaria Nestar, empresa privada que se ocupa de la gestión de las viviendas de protección social de Alango, y que lo rescinda si se confirman los incumplimientos sobre el contrato que se suscribió en 2011. El grupo municipal cree que todo apunta a que hay “incumplimientos graves”, y exigen al Gobierno municipal, de PNV y PSE-EE, que ejerza su función de vigilancia y control y “garantice el proyecto de vida y la seguridad futura de los residentes”.

Se trata de un bloque de 145 viviendas que forman parte del parque público de vivienda de Getxo, pero que están gestionas por este fondo, conocido antes como Lazora. Los residentes de estas viviendas han denunciado diversos problemas, como deficiencias en el mantenimiento, dificultades para contactar con la empresa y la imposición de cláusulas abusivas a las personas inquilinas. Además, han alertado de que actualmente hay 14 viviendas vacías, pese a los problemas de vivienda del municipio. “El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. Debe investigar en profundidad el grado de cumplimiento del contrato y esclarecer si Nestar está respetando todas las condiciones acordadas. Si como resultado de esa investigación se acreditan motivos técnicos y jurídicos para rescindirlo, el Ayuntamiento debe activar los mecanismos previstos en el propio contrato y proceder a su rescisión”, señalan desde EH Bildu.

El acuerdo que se suscribió con la empresa en 2011 supuso la cesión de suelo público durante 75 años a Lazora, ahora Nestar, para que construyera viviendas de VPO y se encargara de gestionarlas, con la condición de que esas viviendas fueran de alquiler durante 15 años. Este plazo finaliza en 2031, y a partir de este año podría venderlas. EH Bildu ha mostrado su preocupación por el futuro de las personas residentes cuando finalice el vigente contrato de alquiler. “No está claro qué ocurrirá cuando finalice el periodo de alquiler en 2031, y quienes viven actualmente en estas viviendas no están recibiendo respuestas claras sobre su futuro. EH Bildu advierte de que no se puede mantener a las familias durante años en esta situación de incertidumbre”, han señalado. “Las personas residentes en Alango tienen derecho a una vivienda digna y estable. El Ayuntamiento debe garantizar que quienes viven hoy en estas viviendas puedan seguir haciéndolo en el futuro, sin tener que vivir pendientes de la incertidumbre sobre su situación”.

En este sentido, creen que “las condiciones que soportan las personas residentes distan mucho de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible”, señalan desde EH Bildu. Por ejemplo, los vecinos denuncian “cláusulas que obligan a las personas inquilinas a asumir gastos como el IBI, los gastos de comunidad o un seguro de impago. A ello se suman las deficiencias en el mantenimiento de las viviendas y la falta de respuestas por parte de la empresa ante las demandas de las vecinas”. Para EH Bildu Getxo, “esta situación evidencia los límites de un modelo que pone la gestión de viviendas públicas en manos de una empresa privada, mientras quienes residen en ellas deben hacer frente a condiciones y gastos que consideran abusivos”. Por ello consideran que el Ayuntamiento que asuma su responsabilidad: “que investigue el contrato, que adopte las medidas correspondientes si se confirman los incumplimientos y que, durante todo el proceso, garantice tanto el proyecto de vida de las personas residentes en Alango como el carácter público y protegido de estas viviendas”.

“Se debe recuperar la gestión pública de estas viviendas, ya sea a través de Visesa o Alokabide, o mediante la gestión directa municipal”, insisten Esto supondría que o bien el Gobierno vasco o bien el Ayuntamiento las comprara, como ha hecho recientemente el Ejecutivo en Donostia. “La gestión de las viviendas protegidas debe responder al interés público y a los derechos de las personas que viven en ellas, no a intereses económicos privados”, señala la coalición abertzale.

El Gobierno vasco decidió el pasado mes de octubre invertir casi 100 millones de euros para comprar 510 viviendas de alquiler social en Donostia construidas con la normativa previa a 2003 y que en 2028 iban a perder la calificación de VPO, es decir, iban a pasar a ser libres, y que en estos momentos estaban en manos de una filial del fondo Blackstone. Ese es un movimiento, el de la compra de viviendas para retenerlas como viviendas públicas, que el Gobierno vasco ya había hecho con anterioridad. En concreto, antes había comprado 57 viviendas a Kutxabank en diferentes localidades vascas por 5,7 millones de euros; 148 viviendas en Arrasate-Mondragón, que se adquirieron por derecho de tanteo y retracto y que eran propiedad de la Obra Social La Caixa, por otros 5,7 millones de euros; y 18 viviendas en Errenteria a un promotor privado, la empresa Jauregizar, con una inversión de 2,9 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco siempre ha dejado claro que estas operaciones de compra no se pueden generalizar.

Este mismo viernes el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, insistía en el Parlamento Vasco en esta cuestión cuando se le preguntaba sobre la situación de los vecinos de Los Ochos, de Erandio, en el que más de 120 familias pueden sus viviendas en las que están el alquiler, ya que el fondo que es dueño del edificio, Mosac, quiere vender las viviendas. El consejero reiteraba en respuesta a una pregunta del PP, que las de Erandio son viviendas libres. “No podemos imponer su venta ni pagar cualquier precio. Tiene que haber un propietario dispuesto a vender y un precio compatible con el interés general”. “No vamos a compartir la especulación convirtiendo al contribuyente en su mejor cliente”. En la misma situación de Los Ochos de Erandio están una veintena de familias de Balmaseda. El fondo Farley ITG S.L. ya les ha comunicado que no renovará sus contratos de alquiler.

Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento en Bilbao a “votar en masa” el 29N contra la “involución” que representa PP y Vox. “La única frontera que tenemos entre el avance en derechos y la involución se llama el voto. Apelo a ese voto masivo para ser de nuevo un ejemplo para el mundo”, ha señalado. “Hagamos de nuevo historia”, ha dicho, recordando que el “mundo mira ahora a España” después del freno a la ultraderecha que se ha conseguido en otros procesos electorales como en Estados Unidos o en Brasil“. ”Votemos en masa para cuatro años más de gobierno progresista“.

Sánchez ha recalado este domingo en Bilbao en su tercer acto de precampaña tras el accidente ferroviario de Urda. El viernes arrancó en Valencia, el sábado continuó en Tarragona y ha cerrado en la capital vizcaína un intenso fin de semana con un auténtico baño de masas. El presidente ha llenado una de las salas del Palacio Euskalduna de Bilbao con unas 2.200 personas y decenas de ellas han hecho cola en la calle por la falta de aforo. Euskadi ha dado buenos resultados al PSOE en las últimas elecciones generales. En las de 2023 el PSE-EE ganó en votos, por delante del PNV. Por eso, han sido constantes las llamadas de Sánchez y de los socialistas vascos que han participado en el acto a movilizar el voto y convertir Euskadi de nuevo en un baluarte socialista.

Precisamente Sánchez ha aprovechado que Euskadi ha sido escenario del comienzo de movimientos sociales como el de los pensionistas y sus movilizaciones semanales y de las mujeres en la huelga feminista, para anunciar varias reformas de la Constitución en la próxima legislatura, si es de nuevo presidente del Gobierno, claro, y blindar a través de la Carta Magna la revalorización de las pensiones, y el derecho al aborto. Además, se ha comprometido a que el Salario Mínimo Interprofesional “subirá todos años”, y ha insistido en la necesidad de que conseguir “una mayoría amplia” tanto en el Congreso como en el Senado para seguir en la senda del progreso.

Vestido con la camiseta roja con el lema “la fuerza de la gente”, que le han dado a su llegada al escenario, además de promesas de futuro, Sánchez ha realizado un listado de los logros de su Gobierno, entre los que ha citado, además de la subida del SMI, el incremento en los permisos de paternidad, las ayudas a la dependencia, las becas, la propia revalorización de las pensiones, el 'no' a la guerra o ser de los primeros en reconocer en el ámbito internacional el genocidio de Gaza. Frente a ello, ha contrapuesto a la derecha y ultraderecha que significan PP y Vox. “Tenemos a un Feijóo que dice que si gobierna se acabaron las listas de música en Spotify” ha ironizado recordando unas palabras del líder del PP. “Eso es preocuparse por lo importante, es política de Estado, eso es un canto a la alegría”. “Feijóo no es más triste porque no quiere”, ha dicho. Y ha cargado contra el presidente del PP por decir que formar una coalición con Vox no dependería de él: “No insulte a la inteligencia de la gente”, ha dicho.

También ha criticado que el presidente del PP no quiera ir a la televisión pública y que el líder de Vox, Santiago Abascal para acudir al programa 'La Revuelta' haya exigido que no haya el público habitual del programa. “¿Estos se van a atrever a decirle a Trump que no destinan el 5% del PIB a armamento? ¿O que están contra la guerra de Irak o contra el genocidio de Gaza? Estos tragarán con cualquier cosa”, ha señalado. “Tenemos que votar con fuerza para tener un gobierno valiente y que lo que pasa en España se decida en España”.

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Bizkaia y portavoz en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado convencido de que “ganarán por goleada” a “los propagadores de odio, a los que se creen que somos el enemigo abatido” y ha criticado que se haya perseguido a Sánchez desde el comienzo de la legislatura. “Todo lo que hemos soportado, con todo lo que nos han atacado, con todo lo que nos han insultado, amenazado e incluso agredido, a los socialistas, pero especialmente a ti y a tu familia, a Begoña, a tu núcleo más cercano, no has dejado ni un solo día de trabajar por la gente que más lo necesitaba en este país”, ha dicho López, que ha asegurado que bajo el mandato de Sánchez España es “el país más digno de la humanidad”.

Pese a ello, el portavoz socialista ha asegurado que ellos cuentan “con algo que es mucho más poderoso” con lo que “no contaban, la fuera de la gente”, algo que “no es solo nuestro eslogan, es algo que existe y ha existido siempre”. Para López, se trata de “la fuerza de las mujeres que salieron y salen a la calle a luchar por la igualdad, de esos jubilados que todos los lunes en Bilbao salían a exigir pensiones dignas, de los jóvenes que pelean contra especuladores y fondos buitre porque quieren tener su propio proyecto de vida, esas miles y miles de personas que salen a la calle a defender la sanidad y la educación”. “Somos gente que no nos resignamos”. “No estamos dispuestos a que venga nadie a quitarnos nuestros derechos, no queremos que nadie venga a proponernos un retroceso de más de 40 años en este país”, ha señalado.

De igual forma, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que también se ha puesto la camiseta con el lema de partido, ha dado las gracias a las “miles de personas que abarrotan el Palacio Euskalduna y a las que no han podido entrar”. “Esto no es un mitin, es una marea socialista que nos va a llevar al Gobierno de España. Andueza ha recordado que el 29N ”se elige entre muros o puentes, privilegios o derechos, miedo o ilusión, el pasado o el futuro“ que ha resumido en ”el PP y Vox, o el Partido Socialista, no hay empate posible: o retrocedemos, o avanzamos“, ha señalado.

Andueza, ha pedido en el acto en el que también ha intervenido la candidata a la alcaldía de Bilbao, Nora Abete, “que nadie se despiste ni se confunda” porque la derecha “dice una cosa y lo quiere hacer es otra”. Ha ironizado en este sentido con que es necesario y “diccionario 'Feijóo-castellano' para hacer la traducción. Y si Feijóo dice, por ejemplo, ”el sistema de pensiones va a petar porque es insostenible“, la traducción es ”que quieren pensionistas sin pensiones“, o si dice ”ser feminista porque me crie con más mujeres que hombres“, la traducción es ”van a eliminar el Ministerio de Igualdad, van a negar la violencia machista y la violencia vicaria, van a eliminar las oficinas de atención y las ayudas a las víctimas, van a derogar la ley del aborto. Os quieren cautivas y sometidas“ ha señalado”.

Frente a ello, ha considerado que Miguel Tellado no necesita traducción, y ha recordado que recientemente en Gipuzkoa, el líder popular pidió el voto para Vox, ya que ese territorio es uno en los que el PP no presenta candidatos al Senado en virtud del pacto con Abascal. “Por si alguien tiene alguna duda: votar al PP es votar a Vox. Y nosotros no vamos a abrir esa puerta. ¡Nosotros, la vamos a cerrar! ¡Y la vamos a cerrar con votos socialistas!”.

Solo el 2,24 % del volumen total de ayudas a empresas y sectores concedidas en Euskadi en el periodo 2015-2025 han sido notificadas y autorizadas por la Comisión Europea, mientras que el 97,76% han sido comunicadas a posteriori, ya que han sido concedidas en virtud del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que permite dar cantidades significativas de ayuda estatal a una amplia variedad de proyectos y actividades sin necesidad de solicitar el permiso previo de la Comisión, sino con notificación posterior. Así se recoge en un informe de la Autoridad Vasca de la Competencia que analiza las ayudas públicas concedidas en la comunidad autónoma en 2025 y su evolución en el periodo 2015-2025.

Según este informe, en 2025, el último año analizado, Euskadi concedió un total de 572,07 millones de euros en ayudas de Estado, compatibles con el reglamento de la Comisión Europea, lo que supone el 0,55% del PIB de ese ejercicio en términos relativos. En este importe se incluyen tanto las ayudas recogidas en SARI, la base de datos de la Comisión Europea en la que los estados miembros deben notificar y registrar las ayudas de Estado, como las acogidas al Marco temporal COVID-19 y Marco temporal de Crisis. El 94,2% del total de las ayudas de ese año se acogieron al Reglamento de exención por categorías (RGEC), mientras que el 5,8% restante se acogió a los Marcos temporales: un 1% al Marco temporal COVID-19 y un 4,8% al Marco temporal de Crisis.

En estas ayudas concedidas ese 2025 habría que sumar las denominadas de 'mínimis', que son ayudas concedidas por los Estados miembros que no se califican como ayudas de Estado, ya que sus efectos sobre la competencia son limitados, ya que no exceden de un límite máximo de 300.000 euros, concedidas durante cualquier período de tres años. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, estas ayudas ascendieron a un total de 35,99 millones de euros, lo que representa el 0,03% del PIB de Euskadi de 2025.

Recuerda la Autoridad Vasca de la Competencia que, al igual que sucedió en la crisis económica y financiera de 2008, la Comisión Europea aprobó diferentes medidas de carácter temporal que pretendían adaptar la normativa vigente de ayudas de Estado de la UE a la situación excepcional vivida tanto con la crisis pandémica provocada por el COVID-19, como con la agresión contra Ucrania por parte de Rusia. Aunque en 2025 ya no estaba vigente el Marco temporal COVID-19, todavía se pagaron ese año algunas ayudas concedidas en su aplicación. Por su parte, el Marco temporal de crisis estaba todavía en vigor en 2025, apoyando las medidas necesarias para la transición hacia una industria con cero emisiones netas.

En el análisis de la evolución desde 2015 a 2025, el informe destaca que el volumen de ayudas regulares en relación con el PIB se ha ido incrementando paulatinamente, a excepción de la disminución registrada en 2021. No obstante, el incremento experimentado en 2025 resulta significativamente superior al observado en los ejercicios anteriores, lo que evidencia “un crecimiento especialmente acusado del volumen de ayudas concedidas” ese año. En concreto, en 2015 las ayudas fueron de 125,06 millones, el 0,18% del PIB, frente a los 572,40 millones y el 0,55% del último año analizado. Dentro de las ayudas de este periodo, la mayor parte, el 72,67%, son ayudas horizontales, es decir, aquellas que no están restringidas a sectores económicos concretos, y que presentan un menor potencial distorsionador de la competencia.

En lo que se refiere a la distribución por objetivos de las ayudas horizontales en los diez años analizados, se observa que las ayudas destinadas al empleo tuvieron un peso muy relevante en 2015 (59,9%), pero quedaron relegadas en años posteriores, en los cuales el mayor porcentaje de las ayudas estaban destinadas a I+D+i. “Sin embargo, con motivo de la pandemia y la crisis derivada de la guerra de Ucrania volvieron a cobrar fuerza a partir de 2021”. En 2025, el informe destaca el elevado peso de las ayudas destinadas a I+D+i, que alcanzan el 50% del total. A continuación, se sitúan las ayudas dirigidas al empleo (20,6%) y las orientadas a las pymes (16,3%). Las ayudas al medioambiente y eficiencia energética representan un 8,4% de las ayudas horizontales, mientras que el objetivo de emprendimiento supone un 2,6 % del total, el de cultura y conservación del patrimonio un 1,8% y, finalmente, las obras audiovisuales (0,3 %).

Si se compara con los datos de 2023 de España y la UE-27, en Euskadi el mayor porcentaje de la ayuda tiene como objetivo la I+D+i (58,2%), mientras que en la UE-27 y en España el porcentaje mayor de la ayuda lo recibe el objetivo de medio ambiente y eficiencia energética -51% y 22%, respectivamente-. Estas diferencias evidencian que la política de ayudas en Euskadi está más orientada al fortalecimiento de la competitividad empresarial mediante el apoyo a la innovación y al mercado laboral, mientras que España y, sobre todo, la UE-27 priorizan en mayor medida los objetivos vinculados a la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.

En lo que se refiere a las ayudas sectoriales, se clasifican según el destino en el desarrollo sectorial, que incluye las ayudas que han recibido sectores relacionados con la industria manufacturera; información y comunicaciones; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; educación cultural; actividades cinematográficas; actividades profesionales, científicas y técnicas; servicios sociales sin alojamiento y edición de libros y en un segundo bloque las destinadas a la agricultura y pesca. Las ayudas destinadas al desarrollo sectorial han tenido un peso mucho más relevante que las destinadas al sector agrícola en todo el periodo. Sin embargo, a partir de 2019 el porcentaje de ayudas destinadas a agricultura y pesca crece de forma sostenida, alcanzando en 2022 cerca del 40 % del total de la ayuda sectorial. En ese año se registra el punto de mayor diversificación entre los dos objetivos. En 2023 y 2024 se aprecia una reversión de la tendencia, con un repunte del desarrollo sectorial, que en 2025 se consolida hasta alcanzar el 84,5 % del total, frente al 15,5 % de la agricultura y pesca.

Los instrumentos de ayuda más relevantes han sido la subvención/bonificación de interés, instrumento de ayuda más utilizado en todos los años del periodo, aunque en 2025 desciende al 81,4% de la ayuda concedida, por debajo del 90% que venía representando desde 2020; el préstamo/anticipo reembolsable, que muestra una tendencia descendente y se sitúa en el 2,3% en 2025 y la ventaja fiscal o exención fiscal, que había tenido una presencia marginal en todo el periodo (por debajo del 2%) pero que en 2025 aumenta de forma notable hasta el 15,6%, en línea con el repunte de las deducciones fiscales para producciones audiovisuales.

Con las bocinas de las protestas retumbando en el exterior del Parlamento Vasco, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha lamentado la posibilidad de que haya despidos en Vicinay -60 ha anunciado la empresa, la mitad de la plantilla de Sestao y un ERTE para el resto- pero ha recordado que hace seis meses, antes de que el empresario Dámaso Quintana rescatara la empresa con la participación del Gobierno vasco, “había 200 personas que se iban a la calle”. “A Vicinay se le ha dado una segunda oportunidad”, ha insistido el consejero, que ha asegurado que desde el Ejecutivo se hará todo lo posible para que los despidos no afecten a más del 20% de la plantilla.

El parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha cuestionado que haya despidos en una empresa que ha recibido este mes de julio una inyección pública, y que el ERE se justifique con la pérdida de un contrato importante, pero que garantizaba carga de trabajo para sólo tres meses. Y eso después de que, tras realizar la inversión pública, desde el Gobierno vasco se asegurara que con el rescate de la empresa anticipaba un crecimiento de la producción del 25% en los próximos años. El consejero ha puntualizado en su respuesta que la inversión por parte del Gobierno vasco, de forma directa y a través de Ekarpen, no se realizó en Vicinay, sino en la empresa ECN All Wind, sociedad holding de Quintana, que es la que posee el 100% de Vicinay. “Esta sí tiene un augurio de crecimiento muy fuerte en los próximos años”, ha señalado Jauregi.

En concreto, el Gobierno vasco ha destinado de forma directa 7,5 millones para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, y a través del fondo Ekarpen, en el que el Gobierno vasco participa junto a Kutxabank, Mondragon Inversiones y las tres diputaciones forales de otros 8,6 millones de euros. “La adquisición de Vicinay es la primera operación de ECN All Wind, que tiene una estrategia de crecimiento más amplia”, ha indicado. Y ha citado como ejemplo la inversión prevista 100 millones de euros para una nueva planta en Álava que creará 100 nuevos puestos de trabajo. El consejero ha señalado que “hay que buscar oportunidades para recolocar a las personas afectadas por el ERE de Vicinay” y ha señalado que van a hacer “todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que los posibles despidos no superen el 20% de la plantilla”.

Por otra parte, el consejero ha rechazado rotundamente que haya posibilidad de especular con los terrenos sobre los que se asienta la empresa Vicinay como se insinuó el comité el pasado viernes: “Son terrenos golosos, que visto la actividad que tiene el inversor que nos ha comprado, Dámaso Quintana, nos hace sospechar que igual le puede interesar más el terreno que la actividad de la empresa”, señalaban desde los sindicatos. “No es posible hacer un uso especulativo de los terrenos de Vicinay”, ha insistido el consejero. “Basta ya de fake news”, ha señalado.

Los trabajadores de Vicinay se han concentrado ante las puertas del Parlamento Vasco como protesta por los ajustes anunciados por la empresa, aprovechando el debate sobre la situación de la compañía. La empresa ha anunciado que plantea despedir a 60 personas, casi la mitad de la plantilla de su planta de Sestao, y un ERTE hasta el mes de julio para el resto ante la situación creada por la pérdida de un contrato para la empresa British Petroleum (BP), que se ha adjudicado a un competidor chino. Los ajustes empezarán a negociarse el próximo día 9, jornada en la que la plantilla está convocada a secundar un paro de dos horas.

La administración concursal de Tubos Reunidos ha emitido un informe en el que califica de “fortuito” el concurso de acreedores en el que está inmerso la empresa al considerar que “no concurre ninguno de los supuestos de hecho que permitirían su calificación como culpable”, según ha comunicado en la web de la compañía. Si la decisión es ratificada por la jueza de Vitoria que lleva el concurso, María Teresa Trinidad Santos, se determinará que la insolvencia de la empresa ha sido causada por circunstancias del mercado y no por una gestión “fraudulenta, intencionada o gravemente negligente”.

El administrador concursal, PKF Attest, establece en sus conclusiones que tras evaluar la documentación los antecedentes y los hechos relevantes no ve indicios de culpabilidad y propone a la jueza que lo declare “fortuito”. Es ahora el juzgado el que tiene la última palabra y se da por bueno el informe de la administración concursal los administradores no deberían responder con sus bienes personales por las deudas que la empresa no pueda pagar, y tampoco se impondrían prohibiciones para administrar otras empresas ni perderían los derechos de cobro que se pudieran tener.

Para llegar a esta conclusión, el administrador concursal ha revisado la contabilidad y las decisiones tomadas en los dos años anteriores a la declaración del concurso, en la que no ha encontrado alzamiento de bienes o simulación de una situación patrimonial falsa; irregularidades graves en la contabilidad o doble contabilidad; inexactitudes graves en los documentos presentados al juzgado; o un retraso de forma manifiesta e intencionada en la solicitud del propio concurso para agravar la crisis.

En este sentido, en el derecho concursal español, la calificación de “fortuito” exime de responsabilidad legal y económica a los gestores, asumiendo que el cierre o la quiebra ha sido un riesgo empresarial derivado de la situación económica y no una “trampa o un descuido empresarial grave”. En paralelo, tres exdirectivos están siendo investigados en la vía penal precisamente por hechos relacionados con su gestión, la posible corrupción en torno al rescate de la compañía por parte de la SEPI.

Se da la casualidad de que este jueves se ha conocido que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que depende del Ministerio de Economía presentó alegaciones reclamando la declaración culpable del concurso por una mala gestión de la dirección de la empresa, según ha publicado 'El Correo'. En la misma dirección, el sindicato ELA ha instado a la culpabilidad del concurso por considerar que la deuda de la empresa, de más de 300 millones de euros de los que 150 corresponde a la deuda con la SEPI, “tiene su origen en la nefasta y negligente gestión de la dirección de Tubos Reunidos”. En este sentido, el sindicato ha considerado que “tanto los administradores como los accionistas de Tubos Reunidos deben asumir las consecuencias de sus actuaciones”.

Este jueves, uno de los cinco interesados en hacerse con Tubos Reunidos, el fondo Cap Capital, ha mantenido encuentros con los comités de empresa Amurrio y Trapagaran. Unos encuentros en los que les han planteado reducir un 20% la masa salarial, aunque sin concretar el empleo afectado, congelar salarios durante cinco años de paz social y abordar flexibilidad, movilidad, polivalencia y absentismo. “Esto sería modificar las condiciones laborales, que en la misma reunión aseguran que van a respetar”, han señalado fuentes de ESK. Por su parte el sindicato ELA ha considerado que los ajustes que plantean “son inaceptables y carecen de justificación”. En cualquier caso, recuerdan que “para que cualquiera de las ofertas pueda tener un desarrollo real, es necesario desbloquear el posicionamiento de la SEPI y de la Abogacía del Estado”.

Bittor Arginzoniz dirige el mejor restaurante del mundo. Pero, a diferencia de otros famosos cocineros, podría pasearse por la calle sin que el común de los mortales le reconociera. Y eso es ya un rasgo inconfundible del carácter de quien está al mando del Asador Etxebarri, reconocido este pasado miércoles como el número uno entre los restaurantes de todo el mundo en la gala que ha tenido lugar en Lima (Perú).

Arginzoniz (Axpe-Atxondo, 1960) es un maestro en la parrilla, utensilio que maneja con destreza para otorgar un sabor especial a cada uno de los productos que somete a su fuego. Y ahí, en esa parrilla, es donde se siente cómodo, entre las brasas, el humo y la madera. Por eso, de carácter tímido, es poco habitual ver a este cocinero en eventos gastronómicos junto a otros cocineros más mediáticos, más allá del encuentro anual en el que se elige el mejor restaurante del mundo, '50 Best Restaurants', al que sí ha asistido cada año y que le ha colocado finalmente en la cima después de más de una década en capilla y dos años consecutivos en el número dos de este prestigioso ránking.

Cocinero autodidacta, tras recoger su premio agradecía a los que le dejaron parte de su saber en la parrilla y le ayudaron a seguir “trabajando en el fuego, la técnica más ancestral”. “Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable”, decía. Y se acordaba de su madre y de su abuela que han sido inspiración. Porque Arginzoniz trasladó a su restaurante la técnica que ellas usaban en la cocina del caserío en el que pasó su infancia, en el que no había ni luz ni gas para cocinar. Sólo fuego y leña. Después él, con los años y el trabajo constante y altamente perfeccionista, consiguió dominarlo para extender el uso de la parrilla mucho más allá de cocinar la carne y el pescado para llevarlo a otros productos diversos como mariscos, setas, guisantes, caviar...

La suya es una historia de éxito, mucho más allá del reconocimiento de excelencia que le acaban de otorgar. El reconocido ahora como el mejor restaurante del mundo, famoso ya a nivel internacional y con una larga lista de espera, es el primer restaurante que abrió Arginzoniz en el barrio Axpe de Atxondo, su pueblo. Es un barrio de 243 habitantes de una pequeña localidad de poco más de 1.000 vecinos situada en las faldas del monte Anboto, uno de los paisajes más envolventes de Bizkaia, que transmiten una conexión con la tierra que Arginzoniz se ha empeñado en trasladar a su cocina.

Se lanzó a la compra del local “como un negocio” en el año 1990, cuando tenía 28 años, sin tener más pretensiones entonces que ganarse la vida con lo que le gustaba hacer, estar en las brasas y salir de la fábrica en la que estaba haciendo cartones para guardar huevos. Porque antes de que las brasas se convirtieran en su profesión había trabajado previamente en el caserío familiar, de carpintero, en una industria papelera, ... Nunca había pasado por una escuela de cocina ni trabajado en la de otro restaurante. Compró el caserío que había sido durante años el bar del pueblo con ayuda de unos familiares y se lanzó a la aventura. Apostó por la brasa como seña de identidad y emprendió el camino de reconocimiento en un entorno como el vasco, en el que la gastronomía es todo un arte.

Hoy en día, personas de todo el mundo —y que pueden pagar su menú, que no baja de los 300 euros sin bebida— viajan hasta Atxondo para sentarse en una de las nueve mesas que tiene el restaurante, para lo que probablemente han tenido que estar en una larga lista de espera y pasar un sistema de reserva poco convencional: solicitas la reserva, si te admiten te muestran posibles fechas, envías la petición de fecha. “Si tenemos disponibilidad, le enviaremos una confirmación, en caso contrario, le mantendremos en nuestra lista de espera”, se advierte en una web en la que se da poca información sobre el restaurante, salvo que la bebida no está incluida en el menú, que se paga por adelantado y que el restaurante no dispone de menú vegetariano o vegano.

Arginzoniz, que fue campeón de sokatira con el equipo de Arrasate-Mondragón en 1984, tiene fama de perfeccionista. Eso le lleva elegir cuidadosamente la materia prima que utiliza, o diseñar algunos de los instrumentos que quiere en la cocina. El restaurante sólo abre si es él el que está en la parrilla y el que supervisa el final de todos los platos que salen del fuego a la mesa. Su mujer, Patricia Velar, le acompaña en el equipo de la cocina, y su hijo Paul en la sala. Es el cuarto restaurante español que corona esta lista y el primer vasco reconocido con el mejor del mundo. Este jueves, el local que ahora recibe todas las miradas está cerrado a la espera de que su cocinero se coloque detrás de la parrilla y vuelva a hacer su magia a la sombra del Anboto.

El Parlamento Vasco con los votos del Gobierno vasco —PNV y PSE-EE— y la abstención del PP ha respaldado el acuerdo aprobado por la Autoridad de Transporte de Euskadi el pasado 30 de octubre. Es decir, mantener las bonificaciones del transporte público “siempre y cuando se mantengan las condiciones recogidas en la regulación estatal que permite establecer la bonificación en el transporte”. Y si se modifican las condiciones recogidas en la regulación estatal, las instituciones vascas “mantendrán la bonificación del 20% en las tarifas de los títulos de transporte personalizados y los abonos”. En la moción aprobada se insta además a “acelerar el proceso de definición, planificación y puesta en marcha de un sistema de descuento progresivo y definitivo basado en la renta y el uso del transporte público”.

La mayoría parlamentaria ha rechazado así la moción presentada por EH Bildu, que ha recibido el apoyo de Sumar y que defendía que se mantuvieran todos los descuentos vigentes en este momento —que son del 40% del billete y del 50% para los jóvenes— independientemente de la decisión del Gobierno del Estado. En concreto, la moción defendida por la parlamentaria Amancay Villalba, instaba al Gobierno vasco a desarrollar los “mecanismos económicos necesarios para garantizar en 2027 la continuidad de las políticas de bonificación del transporte público en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y, en particular, a asumir subsidiariamente la financiación de las bonificaciones que puedan quedar sin financiación, total o parcial, por parte de otras administraciones públicas, de forma que esta situación no tenga un impacto económico directo en las personas usuarias”. Además, entre otras cuestiones se insta al Gobierno a implantar “un sistema armonizado de descuentos y bonificaciones para toda la comunidad autónoma vasca, tomando como referencia el modelo Mugi de Gipuzkoa y el sistema de incentivos asociados a la habitualidad”.

También el PP y Sumar han presentado sendas enmiendas a la totalidad. En concreto la del PP, que solo ha contado con los votos de su partido, ha pedido “dotar a Euskadi de un sistema tarifario propio, estable y suficientemente financiado, que no dependa cada año de prórrogas estatales de carácter coyuntural y que ofrezca certidumbre a las personas-usuarias y a los operadores antes del inicio de cada ejercicio”. El parlamentario del PP ha criticado a los partidos del Gobierno por o dar más pasos en esta materia y que se apruebe una moción calcada a la que se han llevado sobre esta cuestión otras veces a la Cámara. “Llevamos años votando parches. Pónganse las pilas y entérense de que gobiernan ustedes”, ha dicho el parlamentario Santiago López Céspedes.

Desde Sumar, Jon Hernández, ha recordado que “para miles de trabajadoras y trabajadores coger el autobús o el tren el metro es una necesidad cotidiana diaria para ir a trabajar, para estudiar, e incluso para acudir a servicios esenciales” . Por eso ha defendido en su moción que se usen los recursos del autogobierno para mantener los descuentos actuales sin contar con la decisión del Estado y avanzar a la gratuidad, pero a través de un sistema que se base en el uso del transporte, pero sobre todo, en el criterio de la renta. “El que esté forrado que lo financie con más dinero aunque no coja el autobús en su vida, y que así el que no tiene dinero pueda ir gratis”, ha señalado Hernández, cuya moción ha estado apoyada también por los votos de EH Bildu.

Los partidos del Gobierno vasco han recordado que desde el Gobierno se han destinado más de 50 millones euros desde 2022 a otras instituciones para que todas pudiesen aplicar las bonificaciones, y han rechazado que sea el Gobierno vasco el que tenga que asumir ese gasto extra de mantener los descuentos asumiendo la responsabilidad de otras administraciones. “Esa no es la forma correcta de entender la colaboración interinstitucional”, ha señalado desde el PSE-EE la parlamentaria Susana Corcuera. “La colaboración interinstitucional no puede suponer una suplantación de responsabilidades entre instituciones formalmente competentes con sus propios operadores y económicamente autónomas. Los socialistas vascos pensamos que no se debe, no se debe liberar a las administraciones de sus propias responsabilidades ni trasladar de forma automática, toda la incertidumbre a un único presupuesto”, ha señalado.

Desde el PNV, por su parte, la parlamentaria Elena Lete ha recordado que  la bonificación del 20% se estableció como algo provisional ante un contexto determinado y que “no se puede entender que esta medida se convierta en estructural” y ha insistido en que están trabajando para caminar hacia un sistema tarifario unificado.

Villalba ha señalado que los descuentos en el transporte no son un gasto, “son una inversión”. La parlamentaria de EH Bildu ha rechazado que se esté pidiendo un “cheque en blanco” , sino que lo apuestan por “solucionar ahora lo importante, lo coyuntural, que es mantener los descuentos”, porque “es posible económica y competencialmente”, ha dicho y luego entrar en un sistema tarifario unificado en función de uso. “Asegurar que en 2027 vamos a desarrollar ese sistema tarifario único”, entiende.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco contará el año que viene con 272,98 millones de euros, 5,70 millones más que en 2026. Amaia Barredo, que ha presentado en la comisión del Parlamento Vasco el desglose de las cuentas, ha señalado que de ese montante 215 millones se canalizarán mediante transferencias y subvenciones al sector, al territorio y a las entidades que les prestan servicio. “Casi cuatro de cada cinco euros del presupuesto se destinan directamente a apoyar inversiones, actividad y servicios vinculados a la cadena alimentaria vasca y a las zonas rurales y litorales”, ha indicado la consejera del PNV.

En concreto, la viceconsejería de Alimentación y Desarrollo Rural contará con 204,44 millones de euros para impulsar el primer sector, el desarrollo rural, la industria alimentaria, la calidad y la promoción de los alimentos, así como la gestión de la Política Agrícola Común (PAC). Mientras que el área de Pesca y Desarrollo Litoral contará con 61,23 millones, y será el ámbito que más crece, con cerca de seis millones adicionales.

En 2027 continuará el despliegue de la Estrategia Integral de Relevo Generacional que el Gobierno asco presentó en 2025 y se destinarán a este campo un total de 1,5 millones de euros en ayudas para acompañar a aquellas personas jóvenes que decidan incorporarse al sector agroalimentario, con medidas de apoyo, formación y asesoramiento. Además, se cuenta con 3,70 millones de euros para fortalecer el emprendimiento y los servicios de asesoramiento, dando apoyo al ecosistema asociativo. “El objetivo es mejorar la capacidad de gestión de las explotaciones, reforzar su rentabilidad y fomentar las dinámicas asociativas para que, de manera conjunta, el sector pueda abordar los retos de futuro”, ha señalado.También se consolida el respaldo a la transición hacia la producción ecológica y las medidas vinculadas al Estatuto de las Mujeres Agricultoras, con el objetivo de avanzar hacia un “sector más sostenible, seguro, igualitario y con futuro”, con lo que en conjunto se movilizarán más de 60 millones de euros de ayudas.

La Dirección de Calidad y Promoción Alimentaria aumenta su presupuesto un 33,7% y gracias a la cofinanciación de fondos europeos, y dispondrá de una dotación presupuestaria destinada a ayudas al sector cercana a 18 millones de euros. Entre las principales inversiones destacan los 4,01 millones destinados a EDA Drinks & Wine Campus, que afronta la fase final de sus sedes de Laguardia y Vitoria. Un proyecto que “aspira a convertirse en un referente de formación especializada, investigación y trasferencia de conocimiento para el sector del vino y las bebidas”. De hecho, la consejera ha sacado pecho de las aportaciones que se han realizado a las dos sedes del EDA y las que antes se hicieron al GOe, ambos centros del Basque Culinary Center. “Se trata de tres infraestructuras que dan respuesta a la innovación, formación y desarrollo y emprendimiento en el ámbito de la gastronomía y en el ámbito del vino y las bebidas en una legislatura”.

Además, el presupuesto incorpora una actuación plurianual de tres millones de euros entre 2027 y 2029 para el Mercado de Gernika y el sector agrario de Busturialdea para “reforzar la comercialización y acercar los productos locales a las personas consumidoras”.

En lo que se refiere al desarrollo de las zonas rurales, se amplía el programa Berosi que, junto a la instalación de cajeros automáticos, dispondrá de una nueva línea, dotada con 200.000 euros, para acercar la alimentación y los servicios de telecomunicaciones a las zonas rurales de Euskadi. También se buscará que las personas mayores de estas localidades puedan seguir viviendo cómodamente en su casa y que las personas jóvenes puedan trabajar y relacionarse gracias a la instalación de fibra óptica. Las ayudas al desarrollo rural sumarán 28,61 millones de euro.

Por otra parte, el presupuesto recoge más de 37 millones de euros para apoyar la inversión empresarial mediante programas como Lehiatu, Kooperatu, orientado a la integración y los acuerdos entre cooperativas, y Handitu Egurra, dirigido a grandes inversiones en la industria de transformación de la madera.

En el área de Pesca y la denominada “economía azul”, se dispondrá de 29 millones de euros con el objetivo principal de “modernizar la flota y la industria pesquera, dotar al sector de servicios punteros, fomentar el conocimiento y apoyar el relevo generacional”. Se reservan 10,41 millones de euros para mejorar la competitividad de las estructuras pesqueras, comerciales y transformadoras, y entre las principales inversiones figuran 4,5 millones de euros, para las fábricas de hielo de Ondarroa y Bermeo, y 3,02 millones de euros para el Programa Comunitario de Recopilación de Datos de Pesquerías. Por otra parte, una partida de 2,10 millones se destina a “impulsar la diversificación de las zonas pesqueras”.

Puertos adaptados al cambio climático

La partida presupuestaria de la Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral, que es la que más crece de todo el departamento está dotada con 32,22 millones. Las inversiones en los puertos que dependen del Gobierno vasco aumentarán cerca de un 50%, hasta los 15,44 millones de euros. A esta cantidad se suman 4,25 millones de euros de inversiones portuarias en espacios pesqueros, superando en conjunto más de 19 millones de euros. “El objetivo es avanzar hacia un conjunto de puertos más seguros y mejor adaptados al cambio climático”.

Entre estas inversiones está la consolidación del dique de abrigo de Mutriku, que, junto con la renovación y ampliación del muelle de Elantxobe, suma 9,52 millones de euros en 2027. Además, se destinarán 3,36 millones de euros a finalizar el recalzado y la pavimentación del muelle de Ondarroa y reparar el muelle central de Donostia; 2,10 millones para el dragado de las rías de Zumaia y Deba; y 1,51 millones para la reordenación de la zona de Artza y la reforma de la capitanía de EKP en Bermeo.

“Este es un presupuesto pensado para fortalecer toda la cadena alimentaria vasca, desde quien produce en el campo o en el mar hasta quien transforma y genera valor, y para seguir creando oportunidades en nuestros pueblos y en nuestro litoral. Un presupuesto que apuesta por la inversión, el relevo generacional, la innovación y unos servicios e infraestructuras capaces de responder a las necesidades del sector y del territorio”, ha indicado la consejera. “Queremos que cada euro se traduzca en más rentabilidad y competitividad para nuestras explotaciones y empresas, más oportunidades para que las personas jóvenes puedan incorporarse al sector, mejores servicios para vivir y emprender en el medio rural y unos puertos más seguros, modernos y resilientes”, ha señalado.

La nueva consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Cristina González, que es también la presidenta del PSE-EE, ha desgranado en el Parlamento Vasco los detalles de los presupuestos de su departamento en la que ha sido su primera intervención tras acceder al cargo. Las suyas son unas cuentas heredadas, ya que acaba de tomar posesión en sustitución de su compañero de partido, Javier Hurtado, que encabeza la lista por Álava al Congreso.

El departamento contará con casi 60 millones de euros, la cifra más baja de cualquiera de los consejeros. De ellos, la mayor parte se la lleva el área de Comercio, con 25,5 millones, mientras que Turismo recibe 23,2 millones y Kontsumobide, el Instituto Vasco de Consumo, cuenta con un presupuesto de 8,6 millones de euros. González ha recordado que los sectores de Comercio y Turismo agrupan a 245.000 trabajadores, el 25% de la población trabajadora vasca, por lo que el “compromiso es firme” con ellos. Además, ha recordado que de estos dos sectores dependen también otros como la cultura, el transporte o el bienestar de la ciudadanía. “Es muy relevante que tengamos comercio en nuestras calles; que podamos disfrutar de nuestra hostelería y turismo. Y de ver reforzados nuestros derechos como personas consumidoras”, ha manifestado.

Dentro del presupuesto de Turismo de 23,2 millones, de los que 10,2 se transfieren a Basquetour, se encuentra una partida de dos millones de euros para impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector dentro del compromiso al que se llegó tras la aprobación del impuesto a las estancias turísticas. Este año la partida para este aspecto ha sido de 1,5 millones, pero de cara a 2027 se incrementa en medio millón la dotación, ya que el impuesto entrará en vigor el 1 de enero. “La dotación se orientará, por un lado, a promover o apoyar iniciativas que contribuyan a impulsar de manera directa y relevante el potencial de ciudades, municipios, comarcas o territorios con menor desarrollo turístico, o que ayuden a desestacionalizar el turismo y mover los flujos por el territorio”, ha señalado González. 

Por otro lado, se busca impulsar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas del sector a través de líneas de ayudas o proyectos desarrollados en colaboración con las entidades que los representan. La consejera ha puesto como ejemplo el desarrollo de destinos con potencial turístico el evento 'Aiaraldeko Sustraiak, las Raíces de Ayala', para dinamizar y atraer visitantes a la comarca de Ayala, dotado con 100.000 euros, o el evento o Enoways, en torno al enoturismo, que cuenta con una inversión de 270.000 euros y la participación del ayuntamiento de Vitoria y de las diputaciones con el fin de atraer a turoperadores y medios especializados. Y la competitividad de las empresas se fomentará a través de iniciativas como la Feria de empleo en turismo Turislán con un presupuesto de 100.000 euros.

También habrá una inversión destinada a desarrollar la inteligencia artificial aplicada al turismo a través de la página de turismo del Grand Tour, que fomenta rutas y recorridos por Euskadi, para impulsar la desestacionalización, el movimiento de flujos y el alargamiento de la estancia. Se trata de implementar una estrategia integral que ayude a la captación de visitantes a través de las campañas de promoción, orientándolos en búsquedas personalizadas y adaptadas. Contará con un presupuesto de 300.000 euros para su perfeccionamiento en 2027. Un total de 1,5 millones se orientarán a fortalecer la competitividad de las empresas turísticas en el marco del Código Ético del Turismo, y a reforzar la Inteligencia Turística con el Observatorio Vasco de Turismo Enfokatur.

Desde la oposición, EH Bildu ha recriminado al departamento que no se haga referencia a partidas para solucionar las molestias que puede generar el turismo y el control de la capacidad, aunque la consejera ha señalado que hay una apuesta clara por la desestacionalización y la sostenibilidad del turismo, y ha recordado que el impuesto turístico que se empezará a cobrar el año que viene servirá para que los “ayuntamientos tengan recursos suficientes para generar infraestructuras necesarias para que se moleste lo menos posible al ciudadano que vive todos los días en ese lugar”-

Merkabide, una nueva entidad pública para el comercio

El área de Comercio tendrá 25,5 millones de euros de presupuestos para abordar “el proceso de profunda reconversión”. “Vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo para apoyar a las más de 134.000 familias cuyo empleo depende del comercio, lo que supone el 14% del empleo de Euskadi y el 11% de su PIB”, ha señalado la consejera.

Según ha detallado se trabajará en una nueva ley de actividad comercial “que ofrezca un marco modernizado y adaptado a las nuevas necesidades”; se reforzarán los programas y ayudas y también la “estructura de la administración” para poder atender con mayor eficacia a las necesidades del sector. Esto se materializará con la constitución de Merkabide, “una nueva entidad pública con la fuerza necesaria para aunar los esfuerzos en defensa del comercio local”. La consejera la ha equiparado con Basquetour para el turismo o la Spri para la industria, con el objeto de ser más ágiles en el impulso del sector. En 2027 esta nueva entidad contará con dos partidas que suman 300.000 euros para su implantación paulatina, “que seguirá creciendo con dotaciones presupuestarias y de personal”.

Además, se incorporarán cuatro nuevos técnicos de Comercio al departamento. “La necesidad de personal y recursos en comercio ha sido una de las reivindicaciones de este departamento en los últimos años. Fruto de ese esfuerzo y del compromiso del Gobierno vasco, vamos a poder ver en los siguientes años el despliegue de la estrategia para apoyar una transformación sólida del comercio vasco”, ha señalado la consejera.

Dentro de las ayudas al comercio destaca una nueva partida para el 'proyecto de fidelización', uno de los principales retos del comercio local, con 1,75 millones. “Se trata de desarrollar un proyecto de fidelización integral y participativo que pueda llegar a todos nuestros comerciantes y que va a requerir de la colaboración y el compromiso de todas las asociaciones de Euskadi”.  Por otra parte se destina 5,4 millones de euros a la ayuda para la modernización de establecimientos comerciales; las ayudas al emprendimiento Merkaekin, contarán con 1,5 millones de euros, para la elaboración de planes de negocio e inversiones de las empresas comerciales, mientras que el programa Hirigune de dinamización comercial, destinado a las asociaciones de comerciantes, aumenta 200.000 euros respecto a 2026, hasta los 2,4 millones.

Por otra parte, el hub de innovación comercial contará con 1,4 millones de euros como instrumento de visibilidad e impulso de la innovación y se destinan 2,2 millones para los puntos de asistencia comercial. Por último, se retoma la partida para el II Congreso de emprendimiento, de carácter bienal y dotado de 200.000 euros y cuya primera edición se celebró en Bilbao en 2025.

En lo que se refiere al área de Consumo contará con una dotación de 8, 6 millones de euros, con una partida de 320.000 euros para el proyecto Kontsumobus. “Se trata de una unidad móvil destinada a acercar a la ciudadanía las actuaciones de Kontsumobide y poder atender sus consultas o reclamaciones en aquellos lugares que no cuenten con oficinas de atención a personas consumidoras”. Se seguirán optimizando las acciones formativas y las ayudas a las asociaciones de consumidores con 605.000 euros, para ampliar la protección y defensa de los derechos de la ciudadanía en conflictos de mercado.

Euskadi alcanzó en octubre un nuevo récord en afiliación a la Seguridad Social y cuenta con 1.056.141 cotizantes, tras sumar 14.524 personas al mercado de trabajo. Eso supone un 1,39% más que el mes anterior y un 2,37% más respecto a octubre de 2025. Este buen dato en lo que se refiere a la creación de empleo contrasta con un aumento en las cifras de paro, con 2.316 personas más inscritas en las listas de Lanbide, un 2,12% más que el mes anterior y un 3,67% más que en octubre de 2025. Son 3.944 parados más que hace un año. Es un incremento superior a la media estatal, donde el desempleo sube un 1,81% en comparación con septiembre y baja un 0,86% en relación con octubre de 2025.

El Gobierno vasco ha considerado que los datos de afiliación “confirman la solidez del mercado laboral vasco y la capacidad de la economía para seguir generando empleo, incluso en un contexto económico marcado por la incertidumbre”. “Hoy trabajan en Euskadi más personas que nunca”, ha señalado la viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa, que ha indicado que los datos muestran, no obstante, una fotografía con la subida del paro en la que se reflejan “dos realidades que debemos analizar conjuntamente”. “Crece con intensidad la afiliación y se mantiene la creación de empleo. Y, por otra, aumenta el número de personas inscritas en búsqueda de una oportunidad laboral”, ha señalado.

En los datos al alza tanto en afiliación como en paro, ha tenido influencia la incorporación de personas procedentes del proceso de regularización extraordinaria, que ya tuvo una incidencia significativa en el mes de septiembre. Según los datos que ha proporcionado el Gobierno vasco, desde el inicio de este proceso extraordinario de regularización de extranjeros y vinculadas a él, ya hay 18.642 personas cotizando a la Seguridad Social y otras 7.030 personas se han activado en Lanbide para buscar un empleo.

“Del total de 49.451 solicitudes presentadas en Euskadi durante el proceso de regularización, el 37,7% ya está trabajando y cotizando a la Seguridad Social”, ha señalado Buesa, que ha insistido en que el alza del paro refuerza la necesidad de “ofrecer una atención más personalizada desde Lanbide, mejorar la orientación y la formación”. “El crecimiento de la afiliación nos permite mantener la confianza, pero el aumento del paro nos exige responsabilidad y acción”, ha indicado.

Lo cierto es que el paro se ha incrementado en todos los sectores y en los tres territorios y ha crecido por encima de la media estatal. Por sectores, el incremento más elevado respecto a septiembre se dio en los Servicios, con 1.123 más (+1,5%) y en el colectivo sin empleo anterior, con 1.002 parados más (+5,94%). La Agricultura sumó 71 personas más (+3,71%), la Industria, 70 más (+0,68%) y la Construcción, 50 más (+0,92%). En comparación con el mismo mes del año pasado el balance sólo es positivo para la Industria donde baja en 34 personas (-0,33%), mientras sube, principalmente, en el colectivo sin empleo anterior en 3.506 personas (+24,42%), en Servicios, con 377 parados más (+0,50%), en Construcción con 48 más (+0,89%) y en Agricultura y Pesca, con 47 más (+2,42%).

En cuanto a la distribución por territorios, ha crecido el desempleo en los tres. En Bizkaia, con 63.007 personas en paro, se produce un incremento mensual del 2,15% (+1.328 parados) e interanual del 3,43% (+2.087 personas). En el caso de Gipuzkoa, con 29.712 parados, la subida alcanza el 1,91% en términos mensuales (+556 desempleados) y el 4,81% en la variación interanual (+1.363 personas). Álava, con 18.834 desempleados, anota un incremento mensual del 2,35% (+432 parados) y del 2,69% respecto al pasado año (+494 personas).

El colectivo por edades entre los que más aumentado el paro en octubre respecto al mes de septiembre ha sido entre los menores de 30 años, con 954 parados más (+4,92%). Le siguen los mayores de 45 años, con 784 desempleados más (+1,32). En el mes de octubre se registraron 76.853 contratos en Euskadi, lo que supone un aumento de un 3,1% en el balance interanual. Del total, 21.502 contratos fueron indefinidos, el 28%, la proporción más elevada registrada en lo que va de año. Además, la contratación indefinida creció un 17,3 % en términos interanuales. Los contratos indefinidos suscritos por mujeres aumentaron un 23 % respecto a octubre del año pasado, frente al incremento del 11,6% registrado entre los hombres. Las personas menores de 30 años concentraron, además, 34.073 contratos, el 44,3 % del total, y experimentaron un crecimiento interanual de la contratación del 9,8%.

El Gobierno vaco reforzará los sistemas de seguridad de infraestructuras de trenes y tranvías de su competencia con nuevos sistemas de comunicación y de inspección y el mantenimiento de la vía férrea a través de un programa piloto que permitirá “auscultar” la vía y la catenaria y adelantarse a posibles incidencias, según se recoge en los presupuestos vascos para 2027. La partida destinada al Departamento de Movilidad Sostenible es la que más crece, un 19,5%, frente al 1,8% que crece el presupuesto general. Se sitúa en los 695 millones de euros.

Según ha asegurado la consejera Susana García Chueca, del PSE-EE, que ha empezado su intervención en el Parlamento Vasco recordando las víctimas del accidente de Urda, la seguridad de las infraestructuras tendrá que ser un año más una de las prioridades. A lo largo del año que viene se extenderá la implantación paulatina que se viene haciendo del European Rail Traffic Management System (ERTMS), para la señalización, comunicación y control ferroviario de forma estandarizada en todo el espacio europeo, a lo que se destinará un total de 6 millones de euros.

Pero, además, Euskotren va a poner en marcha además un nuevo sistema de “auscultación” e inspección de la vía, que se incorporará en un programa piloto en cinco unidades de distintas líneas. “Un dispositivo que permite inspeccionar a lo largo del recorrido la situación de la vía y la catenaria para detectar anomalías”, a lo que se destinará un presupuesto de 1,2 millones este próximo año, pero que tiene un presupuesto global de 3,5 millones de euros.

La consejera ha señalado que este sistema es “un paso importante en la prevención de riesgos” porque estos cinco trenes tendrá tecnología avanzada de sensores y monitorización para supervisar el estado de las vías, la catenaria, las comunicaciones y el entorno ferroviario durante su circulación habitual, lo que “permitirán recoger de forma continua, información detectar anomalías y generar alertas automáticas facilitando una intervención temprana ante posibles riesgos” con el objetivo de “anticiparse a las incidencias y avanzar hacia un mantenimiento preventivo y predictivo, mejorando la fiabilidad de las infraestructuras y de la seguridad de las personas usuarias”. El sistema se instalará en una primera unidad el primer semestre de 2027 y a partir de ese momento se incorporarán los cuatro trenes restantes, y se extenderá a más unidades en función de cómo sean los resultados.

Por otra parte, los tranvías incorporarán el sistema de comunicación Tetra, “con el que ya cuentan los trenes que circulan por la infraestructura de nuestra titularidad”, ha señalado la consejera. Este sistema, que estará dotado con 900.000 euros “reforzará la comunicación de los tranvías en momentos excepcionales como el del apagón generalizado del pasado año”. La necesidad de incorporar al tranvía a este sistema quedó patente tras el gran cero energético del año pasado, ya que se trata de una tecnología de radiocomunicación profesional que “permitirá disponer de un sistema adicional de comunicación entre los conductores y los puestos de mando facilitando la coordinación de las emergencias, la atención a las personas, viajeras y la gestión de posibles evacuaciones”. Es el que usa también la Ertzaintza.

El sistema supone que se pueden “establecer comunicaciones instantáneas entre conductor o conductora con la unidad y el puesto de mando central con solo pulsar un botón y también permite llamadas de grupo para que en cualquier situación en la que pueda producirse una emergencia, los conductoras puedan mantener el contacto con el puesto de mando, incluso cuando fallen otros sistemas de comunicación”.

Además, se dedicará un millón de euros a realizar un estudio para analizar como se puede responder en las unidades del tranvía a las altas temperaturas. Se realizará de manera cojunta con CAF, empresa que es la fabricante de los vagones que circulan por Bilbao y Vitoria. “El estudio intentará indagar en cómo prevenir o cómo poder paliar los efectos nocivos del calor, tanto en las personas trabajadoras como en las personas usuarias”, ha dicho García Chueca.

Y se han reservado 1,1 milllones de euros para el mantenimiento de los trenes y tranvías en circulación, mientras que a la mejora de infraestructuras existentes como la renovación y reposición de vía y la mejora de estaciones se destinarán 20,6 millones a través de ETS, el equivalente autonómico a Adif. ETS dispone de una red de unos 93 kilómetros de vía estrecha, más las futuras líneas 4 y 5 del metro Bilbao. Además, gestiona las redes tranviarias de Vitoria y de Bilbao.

En concreto, según ha señalado García Chueca en su intervención en la comisión parlamentaria, de los 695 millones de euros, la partida más amplia se la lleva la Dirección de Infraestructuras del Transporte, que destinará 408,9 millones a continuar con la ejecución de infraestructuras que están desarrollándose, la planificación de otras nuevas, y el mantenimiento y mejora de las ya existentes a través del ente público ETS. Los 280,7 millones se destinan a la Dirección de Estrategia para la Movilidad Sostenible, que entre otras funciones coordina los servicios de Euskotren y el de Cercanías ferroviarias operado por Renfe y ahora llamado Lottu. 157 millones de euros están dirigidos al servicio de Euskotren, mientras que 95,1 millones de euros al servicio de Lottu. De estos últimos, 3,4 millones irán destinados a la consolidación del servicio de Vitoria, una línea estrenada en 2025. Desde Euskotren se prevén inversiones de 64,2 millones de euros, sobre todo para la adquisición y renovación de trenes y tranvías, previendo necesidades como las que se derivarán de la futura línea 5 del metro de Bilbao, o la extensión del tranvía al barrio de Zabalgana en Vitoria, con la adquisición de 12 tranvías extralargos.

De esta partida cuelgan también, además de los sistemas de seguridad, 9,1 millones de euros para apoyar a otras administraciones vascas a cofinanciar las bonificaciones al transporte y la actuaciones que realizará Euskotren, por valor de 7,4 millones de euros, para avanzar en materia de accesibilidad universal en el interior de trenes y tranvías, como la incorporación de suelo podotáctil para personas con baja visión, y luces led en las puertas de los trenes que indican el coche habilitado para personas con movilidad reducida.

Desde la perspectiva ferroviaria, a través de la dirección de Infraestructuras del Transporte, tras la puesta en marcha de la pasante ferroviaria por el centro Donostia y la variante Altza-Galtzaraborda, están previstas actuaciones de reposición y urbanización de zonas afectadas por las obras, así como el derribo del viaducto y antigua estación de Pasaia, que cuenta con 10,8 millones consignados. 2,4 millones irán dirigidos a la variante de mercancías de Amara. También está prevista en los presupuestos de 2027 la finalización de la construcción de las cocheras de Zumaia, que permitirán abandonar el uso ferroviario de la playa de vías de Amara y su posterior urbanización. Las obras de cubrición de las vías en Galtzaraborda (Errenteria) tienen un presupuesto inicial de 640.000 euros y créditos de compromiso para 2027 por valor de 7,2 millones de euros. Además, culminará el proyecto constructivo y empezarán las obras del intercambiador de Riberas de Loiola (San Sebastián) donde confluirán las líneas de ETS y Adif y los servicios de Euskotren y Renfe en Gipuzkoa, estará dotada con 4,4 millones de euros.

Por otro lado, las obras de construcción de la futura línea 5 del metro de Bilbao estarán dotadas con 70 millones de euros. Además, se prevé el inicio de los trabajos de construcción de la línea 4 del metro, tras la próxima finalización de los proyectos constructivos de tres de los cuatro tramos, y contarán con 3,7 millones presupuestados. Además, para dar servicio a las futuras líneas 4 y 5 del suburbano se iniciará la construcción (3,2 millones) de unas nuevas cocheras en Arriagas (Erandio). Y se prevé finalizar la supresión del paso a nivel de Torretxo, en Berriz.

Con respecto al ámbito tranviario, las obras de la extensión del tranvía de Vitoria a Zabalgana, que se realizan en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava, contarán con un presupuesto de 21,3 millones de euros para continuar con los trabajos en el ramal de Aldaia. En breve se adjudicarán las del otro ramal, el de Mariturri, y a principios del próximo año se licitarán las del tronco común. También se continuará trabajando en la nueva parada del tranvía de Bilbao en Los Caños y en la ampliación del tranvía a Zorrozaurre. En Vitoria está pendiente la ampliación en Salburua hasta las nuevas cocheras y un estudio para la extensión al Fernando Buesa Arena.

En cuanto a las encomiendas de gestión del Gobierno central para la red de alta velocidad y la denominada Variante Sur Ferroviaria, ha destacado que en 2027 los trabajos “van a experimentar un fuerte impulso, ya que estarán en ejecución los seis tramos de la Fase I” del segundo proyecto. La previsión presupuestaria es de 103,9 millones de euros. En cuanto a la alta velocidad, ha señalado que las encomiendas de gestión para los accesos a Bilbao y la ejecución de las obras del nudo de Arkaute en Álava cuentan con un presupuesto para el próximo año de 5,2 y 3,7 millones de euros respectivamente.

Desde la oposición se ha recriminado desde EH Bildu a la consejera que no se haya puesto aún en marcha la integración tarifaria, aunque García Chueca ha insistido en que se trata de un sistema complejo, por implicar a varios operadores, y que se siguen adelante los trabajos para conseguirlo. También la parlamentaria de la coalición abertzale Amancay Villalba ha pedido que se acelere el proceso para eliminar los pasos a nivel. Hace dos días falleció un vecino de Zalla atropellado por un tren. Sin embargo, esas líneas pertenecen a la red de Adif. El PP ha criticado que el Departamento tiene el presupuesto más elevado pero que no ejecuta su presupuesto, algo que la consejera ha rechazado.

Ha querido la casualidad, o no, que la última de las comparecencias parlamentarias de la segunda jornada maratoniana de la presentación en el Parlamento Vasco de los presupuestos de 2027 por departamentos haya sido la de la consejera Nerea Melgosa, responsable de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y una de cuyas medidas estrella son las ayudas a la conciliación. La comparecencia de Melgosa ha empezado a última hora de la tarde, a las 19.30 horas y con media hora de retraso, para finalizar una jornada que ha arrancado a las 9 de la mañana.

Melgosa ha destacado que las ayudas por hijos y a la conciliación suman 160,97 millones de euros. En 2027, las prestaciones por hijos se extenderán hasta los ocho años y “para terceros y sucesivos hijos e hijas en familias numerosas monomarentales”. “Las familias son un espacio esencial de desarrollo apoyar la crianza, reduce cargas económicas y de tiempo. Facilitar la conciliación promueve la igualdad de oportunidades”, ha señalado.

Estas ayudas forman parte de los presupuestos de este departamento que para el año que viene suman 344,23 millones de euros, sólo un 0,3% más que el año anterior. Se pretende que “en Euskadi se viva bien, sin que eso dependa de las circunstancias de partida”, ha señalado la consejera. Sin embargo, desde partidos de la oposición, como EH Bildu, se ha recriminado a Melgosa que este departamento haya sufrido un recorte de ocho millones en sus presupuestos en tres años, “a lo que hay que añadir la inflación”. “Unos recortes que se hacen en las partidas que protegen a las familias y a los jóvenes, mientras se aumentan las campañas en publicidad del departamento”, alegan.

Melgosa ha descartado que haya recortes y ha defendido el esfuerzo del Gobierno vasco en el apoyo a los jóvenes, con Emantzipa que contarán con 23,7 millones de euros, de los que 10,4 millones son para la convocatoria de 2027, mientras que Gazteaval contará con 1,87 millones para ejecutar avales de acceso a la primera vivienda habitual. “Dos instrumentos, pero no los únicos para hacer posible la emancipación”, ha recordado Melgosa, que ha insistido en que las ayudas en este ámbito parten de varios departamentos como el de Vivienda.

“Todas las propuestas que se pongan encima de la mesa son necesarias y todos estamos remando para que los jóvenes tengan opciones de emancipación”, ha indicado. También ha defendido las campañas de publicidad de las ayudas, porque “las familias y los jóvenes tienen que tener información de las ayudas a las que pueden acceder”.

Por otra parte, se destinarán “casi 65 millones de euros a quienes más lo necesitan, 41 millones para las Ayudas de Emergencia Social, 14, 6 para el bono de térmico, para afrontar gastos esenciales”. A ellos se sumarán 2,85 millones para ayudas a mujeres víctimas de violencias de género y sexual, 4,4 millones para asistencia, material básica y 1,5 para necesidades básicas de pobreza energética. También dedicaremos un 1,5 millones a combatir la exclusión residencial grave.

Además, ha señalado que “la seguridad material debe ir acompañada del ejercicio de derechos” para lo que se dedicará 720.000 euros a la “igualdad de trato, reconocimiento de la diversidad y la no discriminación”. Respecto al cuidado de los mayores el servicio de teleasistencia BetiON se dotará con 16,1 millones de euros, lo que permitirá extender la teleasistencia predictiva a más de 4.000 hogares vascos y combatir activamente la soledad. Por otra parte, el programa Trapezistak de inclusión de migrantes recibirá 5 millones de euros para apoyar a jóvenes migrantes sin referentes familiares en su camino a la autonomía.

Melgosa ha recordado que instituciones, familias y comunidad, deben contribuir en favorecer el bienestar y la directriz del departamento que es que se pueda estar bien en todos las etapas de la vida. “Un presupuesto responsable no solo asigna recursos: los orienta a objetivos claros y evalúa sus resultados para mejorar la vida de la ciudadanía”, ha señalado Melgosa.

El Gobierno vasco ha zanjado la polémica sobre la financiación de la universidad pública vasca, la EHU. El incremento de la aportación fijado en los presupuestos vascos para 2027 satisface al rector, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha valorado el camino que ambas instituciones han llevado a cabo desde hace un año cuando estalló la polémica sobre las necesidades de la universidad. “El año pasado estábamos en otra situación. Igual no acertamos ni unos ni otros, pero ese debate que tuvimos hace un año luego ha dado buenos resultados. Por lo tanto, no voy a decir que esté satisfecho, pero creo que la situación actual, desde ese punto de vista, es mucho más positiva”, ha valorado.

En concreto el presupuesto de la EHU aumentará el año que viene en 29,1 millones respecto a 2026, y asciende a 461 millones de euros. De esta cantidad, 371 millones de euros corresponden a la aportación ordinaria, que crece un 7,5%; 45,1 millones al contrato-programa, con un incremento de 5,3%; 20,1 millones de euros a los complementos retributivos del profesorado, que aumentan un 5,7%; y los 25 millones restantes se destinan al Plan Plurianual de Infraestructuras.

Pérez Iglesias ha destacado que “hoy se destinan a la Universidad del País Vasco 75 millones de euros más que hace tres años”. “El trienio de legislatura transcurrido ha sido el más favorable de las últimas dos décadas para la universidad pública, con una subida acumulada de un 20% en la aportación total y, lo que es más importante, un 23% en la ordinaria, 69 millones de euros más que el 2024”, ha destacado durante su intervención en el Parlamento para presentar los presupuestos de su departamento.

No obstante, a preguntas de EH Bildu, ha señalado que discrepa con el rector Bengoetxea en las “necesidades estructurales de la EHU”. “Aquí no tenemos la misma opinión”, ha señalado. “Pero eso no significa que no podamos ponernos de acuerdo. Nosotros no tenemos por qué tener toda la razón, pero tampoco la universidad”, ha señalado Pérez Iglesias, Hay que recordar que el año pasado el rector cifró en 600 millones de euros las necesidades presupuestarias de la EHU, y que si se alcanzara una inversión pública equivalente al 1% del PIB como marca la normativa estatal (conocida por las siglas LOSU) el dinero que debería manejar la EHU rondaría los 980 millones. El Gobierno discrepa sobre la interpretación que hace la EHU de esta ley. Lo cierto es que calmada la polémica, al menos públicamente, el consejero ha destacado que se ha decidido trabajar para llegar a un acuerdo. “Y, desde luego, en lo que corresponde a nosotros vamos a intentar cumplirlo”, ha recalcado en la Cámara.

En el desgrane de las cuentas de su departamento, ha destacado que asciende a que asciende a 698 millones de euros, 39,4 millones de euros más que en 2026, un 6% más. “ Es el mayor presupuesto de la historia en Ciencia, Universidades e Innovación y consolida el crecimiento sostenido de la inversión durante este trienio. Reforzamos así nuestro compromiso con la universidad y con la generación, transferencia y difusión del conocimiento científico, pilares fundamentales para impulsar el bienestar y fortalecer la cohesión social”, ha señalado el consejero.

Del presupuesto total, 530,4 millones de euros se destinan al sistema universitario y a otros centros de formación superior, como Musikene, GOI e IMH, 163 millones a investigación e innovación; y 5,1 millones a otros fines. En el apartado de becas el apartado de becas alcanza los 34,4 millones de euros, más del 90% de los cuales se dedica a ayudas de carácter general. Esta partida se mantiene estable, con un ligero incremento destinado a la movilidad internacional del alumnado. Asimismo, los fondos que se destinan por a las universidades privadas Mondragón y Deusto, que se destinan en forma de contrato programa, sube subido alrededor del 5,2%.

Ha cifrado en 163 millones de euros el presupuesto destinado a investigación e innovación, con un incremento del esfuerzo presupuestario que se extiende a toda la pirámide científico-tecnológica. Las actuaciones previstas en este ámbito se estructuran en cuatro grandes bloques. Los recursos destinados a la formación, el perfeccionamiento y la movilidad del personal investigador, así como a las actuaciones dirigidas a atraer y cuidar el talento científico de alto nivel, con una dotación de 51,6 millones de euros, un 8,4% más que en 2026. Dentro de este ámbito, destaca el impulso a la carrera científica, con especial atención a la formación y a la mejora de las condiciones laborales en las primeras etapas de la trayectoria profesional. De este modo, el presupuesto destinado a la formación predoctoral y postdoctoral alcanza los 20,6 millones de euros en 2027, lo que representa un incremento del 34% respecto a 2024. Así mismo, en este mismo periodo, las retribuciones del personal investigador en las primeras etapas de su carrera han aumentado un 11,5% en el colectivo predoctoral (de 19.950 euros a 22.245 euros de promedio) y un 9,8% en el personal doctor (de 32.587 euros a 35.780 euros de promedio).

Por otra parte, la financiación de infraestructuras de investigación e innovación se reduce a 30,7 millones, debido a la finalización de los edificios de Ikerbasque y del DIPC. Así, el conjunto de las inversiones en infraestructuras experimenta un descenso del 6,6% en 2027, si bien acumula un incremento del 33% en el último trienio.

El tercer bloque recoge la financiación de proyectos de investigación e innovación, con una dotación de 72,1 millones de euros, un 8,9% más que en 2026. Esta partida incluye la financiación de los BERC (16,9 millones), CIC (19,7 millones), proyectos estratégicos coordinados por Ikerbasque (5 millones), proyectos de investigación universitarios (14,8 millones) y las iniciativas específicamente orientadas a la innovación (15,5 millones). Entre estas últimas, destaca la convocatoria pionera de Faros de Innovación dotada con un presupuesto de 19 millones para el periodo 2026-2028 a lo que hay que añadir los recursos del Fondo de Innovación que otros departamentos destinarán a esta estrategia.

En el cuarto y último apartado, se incluyen las actividades de difusión social del conocimiento, los programas de digitalización y el apoyo a Innobasque y Euskampus. Estas actuaciones cuentan con una dotación conjunta de 9,4 millones una cantidad ligeramente superior a la del ejercicio anterior.

Desde la oposición el parlamentario de EH Bildu, Josu Aztiria, ha insistido en la necesidad de mantener un diálogo constante con la EHU y atender a sus necesidades, aún entendiendo que “los recursos son limitados”. Además, ha pedido al consejero que medie para solucionar las necesidades del alumnado universitario en materia de transporte o falta de residencias. Por su parte, desde el PP, Muriel Larrea, ha hecho hincapié en la necesidad de evaluar si “cada euro movilizado se traduzca en competitividad, excelencia educativa y retención de talento en Euskadi”. El consejero ha respondido que “no se puede garantizar que cada euro invertido se traduzca en competitividad y retención de talento, pero cada euro invertido está destinado a eso”.

El consejero Noël d'Anjou ha pedido a los grupos parlamentarios “responsabilidad y altura de miras” para abordar la negociación presupuestaria, que se iniciará a partir de la próxima semana. El consejero de Hacienda y Finanzas, que ha abierto este lunes la ronda de comparecencias de presentación de las cuentas para 2027 por departamentos, ha señalado que iniciará una ronda de contactos con todos los grupos, a excepción de Vox, con “voluntad de diálogo”, aunque los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, no necesitan apoyo de otro grupo para sacarlos los presupuestos adelante.

No obstante ha reconocido que la negociación estará condicionada por el contexto preelectoral y el “ruido político” en el que se va a desarrollar, por lo que ha pedido a los grupos “resposibilidad” a la hora de abordar el asunto. “Tenemos que ser capaces de alejarnos del cálculo partidista y centrarnos en lo verdaderamente importante: los vascos y las vascas, sus preocupaciones y sus necesidades”, ha indicado.

De momento, y a la espera de lo que dé de sí la negociación, todos los grupos de la oposición se han mostrado muy críticos con las cuentas y no han dejado abierta la posibilidad de posibles apoyos. De entrada a todoses parece que el crecimiento “es insuficiente”, sólo un 1,8% si se tiene en cuenta la inyección extraordinaria de 1.000 millones de euros que en las cuentas anteriores se incluyeron para destinar a la Alianza Financiera vasca. Si se descuenta este dinero, como insiste en hacer el Gobierno, el volumen de las cuentas aumenta un 7,5%. Ése es el porcentaje que quiere el consejero que se utilice y no ha considerado “justo” con el esfuerzo del ejecutivo afirmar que el presupuesto es poco expansivo.

Esta dotación extraordinaria del año pasado fue concretamente de 935 millones de euros para dar fondos a la Alianza Financiera. Preguntado por el grado de ejecución de estas inversiones por el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ya que en su día se dijo que por cada euro público habría una tracción de tres euros privados, D'Anjou ha reconocido que “de momento” se está “ligeramente por debajo” en lo traccionado en capital privado porque las primeras operaciones “son las que menos han traccionado”. Ha señalado que los próximos meses hay cantidades comprometidas con las que ya se espera conseguir el ratio de multiplicar por tres. En cuanto al grado de ejecución ha señalado que se ha ejecutado casi el 50% y que el presupuesto de 492 millones de euros con los que cuenta el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) provienen “prácticamente de lo que queda pendiente de los esos casi 1.000 millones de euros.

Otxandiano ha mostrado sus dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas y de los servicios públicos porque el incremento de los prespuestos es prácticamente equiparable a la previsión de crecimiento del Gobierno para la economía vasca, un 1,9% para el año que viene. Eso sin contar con que haya ninguna crisis añadida, ha señalado Otxandiano recordando la incertidumbre internacional. Por ello, ha considerado que no hay previsión en las cuentas sobre una necesidad creciente de gasto en muchos servicios públicos, teniendo en cuenta el contexto demográfico, y ha afeado que no se llame a los grupos de la oposición hasta que ya se han presentado las cuentas. “En Navarra hemos llegado a un acuerdo sobre presupuestos, pero llevamos negociando desde marzo”, ha indicado poniendo como ejemplo los ocho años seguidos de entendimiento con María Chivite.

Muy crítico se ha mostrado también el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, que ha considerado que en un contexto de incertidumbre el Gobierno vasco plantee un “presupuesto sin margen alguno”. “Van al límite y cualquier desviación nos va a hacer saltarnos las reglas fiscales”, ha denunciado. Ha criticado el alto nivel de gastos de funcionamiento, y que se trata de unas cuentas con “mucho de continuidad y muy poco de acciones que nos lleven a crecer al menos al mismo ritmo que el resto de comunidades autónomas de nuestro entorno”.

Desde Sumar, Jon Hernández, ha considerado el crecimiento de las cuentas “muy insuficiente” cuando crecen los precios de todo lo que tienen que comprar los ciudadanos. “Lógicamente vamos a ser críticos con el global de este presupuesto a la hora de poder sentarnos en una mesa a hablar con ustedes”, ha advertido, ya que plantean prácticamente una “congelación” de recursos en áreas “fundamentales”, como vivienda o bienestar social. Algo que contrasta “con el escaso esfuerzo fiscal que este país le reclama a las rentas del capital a las rentas, sobre todo a los impuestos sobre los beneficios empresariales en el puesto de sociedades”, ha señalado. Desde Vox, Amaia Martínez Grisaleña ha considerado que el presupuesto “responde a un modelo de gestión fallido”, que es “incapaz de ofrecer soluciones a los principales problemas”. Además, ha criticado que el Gobierno vasco excluya a su formación de la negociación.

Frente a las críticas, el consejero D'Anjou ha defendido que las cuentas, que ascienden a 17.629 millones de euros, tienen como prioridad reforzar los servicios públicos e impulsar las transformaciones necesarias para preparar el futuro de Euskadi. Por ello, ha destacado que “las políticas de bienestar vuelven a concentrar la mayor parte del esfuerzo presupuestario y Salud y Educación representan conjuntamente el 54% del presupuesto total”. Pese a que los partidos de la oposición han considerado que el esfuerzo en vivienda es muy insuficiente, el consejero ha insistido en que constituye una de las prioridades de las cuentas y ha indicado que la inversión destinada a esta materia se ha duplicado durante la legislatura, pasando de 250 a 504 millones de euros. Además, el Gobierno prevé impulsar en 2027 el Fondo Social de Vivienda, una herramienta diseñada para movilizar 2.000 millones de euros y promover la construcción de 10.000 nuevas viviendas protegidas a lo largo de dos legislaturas.

De igual forma, ha destaco que se trata de unas cuentas que quieren promover la inversión para la transformación económica, para lo que ha destacado que las partidas destinadas a I+D+i ascenderán a 772 millones y que habrá 242 millones para inversiones industriales dirigidas a mejorar la competitividad empresarial.

Apuesta por el “empleo de calidad”

Por su parte, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres, ha detallado que el presupuesto de su Departamento contará el año que viene con un presupuesto de 1.338,14 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,68% que será desarrollado básicamente a través de Lanbide, ya que gestionará 1.191,8 millones de ese total. Según le han destacado desde EH Bildu, es un 1,1% inferior al del año anterior. “Lanbide no acaba de despegar”, ha destacado la parlamentaria de la coalición abertzale Pazis García.

Torres ha destacado que entre los hitos que asumirá Lanbide el año que viene está la incorporación a su gestión ordinaria de las prestaciones y subsidios de desempleo, que asumirá en julio, tras el retraso en la materialización de la transferencia. Según ha señalado el vicelehendakari, se ha preferido “retrasarla pero que el servicio se dé con todas las garantías”.

Además, se extenderá en Lanbide la aplicación del modelo Hobetzen en toda la organización. Las políticas activas de empleo se orientarán especialmente hacia las personas jóvenes, mujeres, mayores de 50 años, personas con discapacidad, quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión y la población migrante. El proyecto fija como referencias para 2027 seguir contribuyendo a reducir el paro registrado, seguir incrementando el número de cotizantes a la Seguridad Social en Euskadi y elevar la intermediación laboral de Lanbide.

El vicelehendakari ha destacado que “el presupuesto de 2027 refleja la impronta progresista de este Gobierno vasco y su compromiso con la justicia social”. Él es el cabeza de la parte del PSE-EE. “No nos conformamos con crear empleo: queremos que el empleo sea estable, seguro, saludable y con derechos; que permita desarrollar un proyecto de vida y que llegue también a quienes encuentran más obstáculos. Nuestra prioridad es proteger a las personas, reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades para que el progreso de Euskadi sea compartido”., ha indicado en la Cámara.

El presupuesto destina 700 millones de euros al sistema vasco de garantía de ingresos, mientras que el ámbito de empleo e inclusión alcanza los 514 millones. “Estas partidas permitirán reforzar la protección básica frente a la pobreza, desarrollar itinerarios sociolaborales y ofrecer nuevas oportunidades a quienes encuentran mayores barreras de acceso al mercado de trabajo”, entiende Torres. En este punto, la oposición ha criticado que el incremento de la RGI sea menor que el de la inflación, ya que la mejora de las cuantías que mensualmente cobran los beneficiarios se sitúa en el 2%.

Según ha detallado el consejero, el proyecto presupuestario “refuerza el compromiso con el empleo digno” y se refiera con 131,2 millones de euros para impulsar el diálogo social y la negociación colectiva, y proteger a las personas trabajadoras más vulnerables y avanzar en la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El III Plan Operativo contra la Brecha Salarial contará con 440.000 euros, un 10 % más, e incluirá actuaciones de sensibilización, formación de los agentes sociales, intermediación laboral no sexista y refuerzo de las campañas de la Inspección de Trabajo frente a la discriminación. La seguridad y la salud laboral seguirán siendo componentes esenciales de la calidad del empleo. Osalan contará con 20,29 millones de euros y abordará la elaboración de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2027-2032. En materia de inspección de Trabajo el departamento ha reconocido los problemas para completar las plazas, algo que se arrastra desde años anteriores. Actualmente hauy 83 personas, 60 inspectores y 23 subinspectores laborales. Además, hay 18 vacantes, 8 se cubrirán de manera inminente, cuatro están ahora realizando el curso formatico, dos empezarán el curso en 2027 y las cuatro restantes no han sido aún cubiertas.