Las obras de la conexión eléctrica por cable submarino con Francia a través de Gatika se suspendieron indefinidamente el pasado mes de marzo después de que se sucedieran tres incidentes de vertidos de bentonita a los ríos Atxuri, Oleta y Butroe. El primero en agosto de 2025, el segundo en el mes de octubre y el tercero ya en febrero de este mismo año, que supuso “la paralización total de todos los tramos de las obras denunciadas que requieran la utilización de bentonita, hasta que no se aclararan las posibles afecciones que puedan tener dichas obras, así como hasta conocer y aprobar la adopción de medidas para evitar nuevos vertidos al dominio público hidráulico, tanto a aguas superficiales como subterráneas”. Estos incidentes han supuesto la apertura de tres expedientes sancionadores que se han resuelto con tres multas que suman en total 22.400 euros: la primera a Red Eléctrica, de 1.200 euros. La segunda y tercera, de 9.200 y 12.000 euros, respectivamente, a la Sociedad Española de Montajes Industriales. Hay un cuarto expediente sancionador que está en proceso de resolución en estos momentos, también contra la mercantil Sociedad Española de Montajes Industriales y en relación con el vertido sucedido en febrero de este año.

Según se detalla en la información remitida al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, a petición de la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, el primer incidente en estas obras para unir por cables submarino que unirá España con Francia a través del Golfo de Vizaya se produjo el 6 agosto de 2025, cuando el Servicio de Inspección de la Agencia Vasca del Agua constató la presencia de bentonita en dos zonas de la red hidráulica. Según se comprobó, en esta misma zona se había producido ya un vertido puntual de bentonita con anterioridad. En ese momento se dieron instrucciones verbales de paralización de todos los trabajos que estuvieran produciendo un vertido al cauce natural, medida que fue implementada de inmediato. Ya el 4 de septiembre de 2025, previo al preceptivo Acuerdo de incoación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, el director General de la Agencia Vasca del Agua emitió un Acuerdo de adopción de medida cautelar de “paralización de obras, por incumplimiento del condicionado de la Resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua de fecha 31 de enero de 2025, por la que se autoriza a la mercantil las obras de la línea subterránea submarina en corriente continua a ±400 kV Gatika-Frontera Francesa, estación conversora alterna/continua, en los términos municipales de Gatika, Maruri-Jatabe y Lemoiz (AO-B-2023-0685)”. En concreto se consideró que se incumplió el condicionado en el que se indica que “con motivo de las obras no se permitirá ningún tipo de vertido, escombros, restos de obra, etc. al río o zona de ribera, debiendo gestionar los materiales sobrantes mediante gestor autorizado”. Mediante resolución del 26 de septiembre de 2025 se alzó la medida cautelar de paralización de obras.

La segunda paralización se produjo tras otro incidente en octubre de 2025, cuando el Servicio de Inspección recibió aviso de la Policía Municipal de Mungia informando de la existencia de un vertido de color blanco al río Atxuri y Oleta. Una vez inspeccionado el entorno, se concluyó que el vertido denunciado se correspondía con bentonita y que provenía de la perforación que la empresa Sociedad Española de Montajes Industriales S.A. (SEMI S.A.) estaba ejecutando a 1 kilómetro de distancia. Ante este nuevo incidente, el 7 de octubre de 2025, se adoptó medida cautelar de paralización de todas las perforaciones una vez se acreditó que se estaba generando afección al río Oleta y Atxuri proveniente de los trabajos de perforación correspondientes al tramo PHD0 y que, por lo tanto, “constataban la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas tras el anterior incumplimiento”. El 2 de diciembre de 2025 se acordó el alzamiento de la medida cautelar de paralización de obras.

La tercera paralización se produjo después de que el 8 de febrero de 2026, en la ejecución de los trabajos de la perforación de un tramo se constató que los vertidos de bentonita habían alcanzado el dominio público hidráulico. En la investigación de este episodio, se concluyó que, “aun siendo una perforación que no se encontraba lindando con ningún río o arroyo, las medidas adoptadas no habían sido efectivas para evitar la afección al dominio público hidráulico. Como consecuencia de ello, el 10 de febrero de 2026 se adoptó un nuevo acuerdo de paralización. ”Esta medida cautelar estableció la paralización total de todos los tramos de las obras denunciadas que requieran la utilización de bentonita, hasta que no se aclararan las posibles afecciones que puedan tener dichas obras, así como hasta conocer y aprobar la adopción de medidas para evitar nuevos vertidos al dominio público hidráulico tanto a aguas superficiales como subterráneas“. Posteriormente, el acuerdo de incoación del expediente sancionador del 3 de marzo de 2026, ha ratificado la adopción de la medida cautelar de paralización de las obras denunciadas en todos los tramos que requieren el uso de bentonita hasta que se aporte el conjunto de la documentación requerida.

El Gobierno vasco informa de que desde la Agencia Vasca del Agua se han realizado diversas inspecciones, y en relación con el seguimiento de la calidad de las aguas, se ha procedido a la toma de un total de 14 muestras y realizado diversos controles en el cauce. Dichas muestras se han obtenido tanto en el dominio público hidráulico —incluyendo arroyos y el río Butrón— como directamente de los vertidos que se estaban produciendo. Además, se señala que desde la recepción del primer aviso en agosto de 2025, el servicio de inspección de Ura ha llevado a cabo numerosas visitas de inspección. “En todos los casos, se indicó al titular responsable del vertido la obligación de adoptar las medidas correctoras necesarias de contención y limpieza. Asimismo, cuando procedió, se comunicó verbalmente la necesidad de paralizar las obras de perforación”. Desde el punto de vista de las aguas subterráneas, se ha requerido a la empresa que habilite una serie de piezómetros que permitan muestrear las aguas subterráneas en las diferentes zonas de obra, con el objetivo de analizar la posible afección de las incidencias ocurridas sobre las aguas subterráneas, así como establecer un nivel base con el que comparar futuros controles. “En estos momentos se está analizando la propuesta de red de control recibida”, señala la información del Gobierno.

La constatación de los vertidos de bentonita se produjo tras varias denuncias a través del Servicio de Emergencias SOS Deiak y señala el Gobierno que “desde el inicio de los incidentes han estado activos -y continúan estándolo- diversos canales de comunicación informal con personas y representantes de las plataformas ciudadanas”. También señalan que “de manera informal, en marzo de 2026 se ha recibido comunicación por parte del alcalde de Lemoiz, en la que ha trasladado su preocupación por las obras que se están ejecutando en el ámbito de su municipio, solicitando igualmente que desde la Agencia Vasca del Agua se lleve a cabo la supervisión y el seguimiento de los trabajos y, en su caso, la paralización de las obras”. Asimismo, se han recibido denuncias formales por parte las Plataformas Interkonexio Elektrikorik Ez, Maruri Jatabe Bizirik Elkartea y Boluntak, y por los ayuntamientos de Maruri-Jatabe y de Gatika.

El Gobierno vasco ha destinado más de 348 millones de euros a mantener a flote el Bilbao Exhibition Center (BEC) desde 2001, cuando se empezaron a hacer aportaciones de forma previa a su inauguración tres años después. En una comunicación remitida al Parlamento Vasco a petición del parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad detalla las aportaciones realizadas, que impresionan en la suma. De ellas, la mayor parte, más de 326 millones de euros, se corresponden con ampliaciones de capital que el Gobierno vasco suscribe a partes iguales cada año junto a la Diputación de Bizkaia. Eso significa que esa cifra millonaria hay que multiplicarla por dos para dar cuenta del dinero institucional destinado al BEC mediante estas ampliaciones.

En total, el Gobierno vasco y la diputación foral de Bizkaia, los socios de referencia del BEC, y que asumen su financiación, ya que poseen el 49,98% del capital cada uno, han aportado entre los dos entre 2004, fecha de la inauguración hasta este 2026, más de 647 millones de euros para la financiación de la deuda, los intereses y también paliar las pérdidas del BEC. El resto de los socios, con participaciones testimoniales en el capital, Ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo (0,01% y 0,02%, respectivamente) y Cámara de Comercio de Bilbao (0,01%) no suscriben las ampliaciones. Esta cantidad seguirá engordando, de momento hasta 2031, año en que se superarán los 800 millones de euros de aportación pública para financiar su deuda y paliar las pérdidas que acumula cada año.

Dentro de las aportaciones del Gobierno vasco, la documentación enviada al Parlamento incluye, además de suscribir las ampliaciones de capital, cuatro subvenciones directas para financiar el BEC por importe total de 1,17 millones, realizadas entre 2009 y 2016. La última, en 2016, fue por valor de 150.000 euros. En 2011 se subvencionó con 392.418 euros, un año antes con 282.120,72 euros, y en 2009 la subvención ascendió a 350.346,56 euros. El resto de las aportaciones suman 20,47 millones y se corresponden con pagos del Gobierno al BEC por patrocinios, alquileres del espacio para participación en ferias y otros eventos, aunque la cifra será mucho menor porque en la respuesta parlamentaria solo se detallan el pago de eventos relacionados con el departamento que dirige Mikel Jauregi y no con el resto de áreas del Gobierno.

Desde 2024 el Gobierno vasco suscribe ampliaciones de capital de casi 16 millones de euros por año, -la misma cantidad que aporta la Diputación foral-, para hacer frente una deuda que supera los 200 millones de euros y esa cantidad se mantendrá fija al menos hasta 2031. Durante los años 2021 a 2023, el importe de las ampliaciones suscritas por parte del Gobierno vasco se redujo a 5,25 millones dos años y y 5,8 uno (10,5 y 11 millones, respectivamente fueron las ampliaciones sumando la Diputación) gracias a una moratoria con la banca para pagar durante esos años sólo los intereses del préstamo, no la parte principal, pero una vez finalizada dicha moratoria, se ha vuelto a las cantidades habituales en el conjunto de estos años: entre los 12 y los 18 millones de aportación por parte del Ejecutivo cada año para contribuir a paliar la bola de la deuda, que se deriva, sobre todo, del elevado coste de la construcción del imponente edificio que se levanta en los terrenos de Ansio, y que fue necesario financiar: más de 251.055 metros cuadrados y con seis pabellones para la exposición, cuyo coste superó los 500 millones.

La devolución de esos préstamos sigue lastrando los resultados año tras año. En total, desde 2021 el Gobierno vasco ha suscrito 31 ampliaciones de capital, junto con la institución foral, para hacer frente a la deuda y también a las pérdidas que se repiten cada año. Porque pese al positivo impacto en la economía de Bizkaia y de Euskadi en general de la actividad de la feria, las cuentas del BEC siguen en rojo desde su inauguración: El año 2025 perdió 17, 94 millones de euros; en 2024, 14,85 millones; 19,5 millones en 2023; 15,1 en 2022; 19,4 en 2021, 21 millones en 2020... y así sucesivamente. Todos los años en rojo a lo largo de su historia, aunque no se han vuelto a repetir los 40 millones en pérdidas que se registraron en 2013. Este año también se esperan pérdidas: 12,4 millones son los resultados en negativo presupuestados, menos que en 2025 gracias al impacto de la Bienal de Máquina-Herramienta, que se ha celebrado este año -tiene lugar los años pares- y que es la más importante de cuantas acoge el BEC.

Por otra parte, desde el Ejecutivo vasco se han destinado un total de 20,47 millones de euros al BEC en pago de alquileres de espacios para participación en ferias, patrocinios, diferentes o exámenes, aunque la respuesta hace referencia a los gastos relacionados con el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Es decir, figuran por ejemplo, los gastos del examen de cazador, pero no otros correspondientes a OPE de Sanidad o Educación. Lo mismo en lo que se refiere a las ferias o eventos: se incluyen pagos para alquiler espacio para el Observatorio de Coyuntura Industrial, o a Congresos como Futureport o Eurofishig. Además, se incluyen actividades de patrocinio, y de promoción internacional de la feria.

El Gobierno vasco implantará un sistema de seguimiento a través de Lanbide para controlar que se cumple la legislación en materia de contratación de personas discapacitadas en las sociedades públicas. El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda de los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, en el que se insta al Ejecutivo a establecer este mecanismo de control y que, además, las declaraciones de excepcionalidad al cumplimiento de la norma requieran de la acreditación ante Lanbide de las gestiones activas realizadas durante el año anterior para incorporar personas con discapacidad a su plantilla.

Lo que no hará el Gobierno vasco es comprobar cuántas sociedades públicas incumplen en estos momentos la legislación, que obliga a tener un 2% de la plantilla destinada a personas con discapacidad, ya que ha decaído la iniciativa presentada por el PP vasco, promotor del debate, en la que pedía la realización de un estudio completo del cumplimiento de la norma desde que se aprobó en 2013.

El PP fue el que, a través de una pregunta parlamentaria, hizo público que el Ente Vasco de Energía (EVE) había abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener personas discapacitadas en plantilla. La legislación obliga a la contratación de un mínimo del 2% o, de no ser posible, acogerse a una excepcionalidad. Durante su intervención, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha desvelado que “el EVE no está solo” en este incumplimiento, sino que, por ejemplo, también la Spri ha hecho esta donación a la Fundación Adecco. “La misma cantidad, la misma Fundación y la misma resolución de excepcionalidad que también le blinda hasta el 2027. Esto no es una coincidencia. Esto es un sistema, un sistema que el Gobierno vasco ha permitido y validado”, ha señalado el parlamentario del PP. También ha indicado que el BEC pidió la excepcionalidad en 2021 y decayó en 2024 sin que se haya pedido la renovación ni conste en ningún documento que cumple con los mínimos de contratación.

Ante la imposibilidad de conocer cuántas sociedades incumplen la normativa en estos momentos, el PP ha insistido en realizar esta especie de autoría para conocer la situación de la que se parte, pero ningún otro grupo ha apoyado la iniciativa de los 'populares', aunque tanto desde EH Bildu como desde Sumar se ha agradecido y reconocido la labor de este grupo al llevar el tema de la contratación de personas discapacitadas a la Cámara.

Aunque todos los grupos han presentado enmiendas, ha salido adelante la presentada por el PNV y PSE-EE con el único voto a favor de los partidos de Gobierno, la abstención de EH Bildu y Sumar y el voto en contra del PP. En dicha enmienda, además de establecer el seguimiento del cumplimiento y de la acreditación de la excepcionalidad a través de Lanbide, PNV y PSE-EE instan al Gobierno vasco a impulsar “una política activa de sensibilización” en el sector público vasco para fomentar las medidas de integración. Además, piden a las sociedades públicas, entes de derecho privado, fundaciones u otras entidades que componen el sector público vasco, que impulsen políticas de integración para personas con discapacidad e incorporen personas con discapacidad en sus plantillas.

La enmienda del PP pedía, además del estudio de grado actual de cumplimiento de la norma, que se establezca un sistema de seguimiento anual del cumplimiento “con comunicación periódica a Lanbide y evitando que se repitan situaciones de incumplimiento prolongado sin detección”, así como que se exija a las sociedades públicas solicitantes de declaración de excepcionalidad la acreditación de haber ofertado al menos tres perfiles distintos adaptados a personas con discapacidad antes de resolver favorablemente solicitud de excepcionalidad.

EH Bildu y Sumar han presentado también sus propias mociones que no han salido adelante. EH Bildu reclamaba “mecanismos eficaces de control” para que se cumplan las cuotas de reserva y para que las medidas de exención alternativas a la contratación no sean subterfugios habituales, garantizando que las personas con discapacidad sean contratadas directamente en el empleo ordinario“. Esta enmienda también pedía al Ejecutivo que garantice que el sector público ”sea un ejemplo para la integración de las personas con discapacidad en el empleo“ y que, en consecuencia, ”priorice en las licitaciones la contratación de empresas que cumplan la cuota de reserva mediante la contratación directa de personas con discapacidad“, como una forma de que esa contratación se extienda al sector privado. Además, solicitaba un aumento de las labores de control por parte de la Inspección de Trabajo en esta cuestión.

Por su parte, Sumar pedía al Ejecutivo que garantice la reserva de plazas para personas con discapacidad en las empresas y entidades públicas “en cumplimiento estricto de la ley de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social” y que se revisara la concesión de excepciones y se aplicaran “criterios estrictos”.

Este Primero de Mayo de 2026, en el que los sindicatos sacarán a las calles vascas miles de trabajadores reivindicando sus derechos, parece calcado al del año pasado, como si las reivindicaciones que centraron los lemas de 2025 hubieran quedado suspendidas. El año pasado las reclamaciones de los sindicatos vascos iban del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi al “no a guerra”. Y en esas mismas estamos un año después, con situaciones incluso peores en lo que se refiere a los conflictos bélicos, que están repercutiendo -al margen de en la pérdida de vidas humanas- en un progresivo deterioro de las condiciones económicas que influye directamente en la situación de los trabajadores. En cuanto al SMI vasco, sigue estancado, sin que la patronal vasca quiera sentarse a negociar.

Así las cosas, los salarios dignos y las consecuencias que tendrán las guerras abiertas -Ucrania, Gaza, Irán- sobre los trabajadores, con lo que eso supone en el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda o el incremento de la precariedad laboral, centrarán los lemas de los sindicatos que se manifestarán este viernes festivo por las capitales vascas, en su mayoría separados, como ya es habitual en el panorama sindical vasco.

Aunque son muchas las reivindicaciones que comparten, solo CCOO y UGT se manifestarán de forma conjunta entre los cuatro sindicatos más representativos. El primer sindicato vasco, ELA, y el segundo en representatividad, LAB, lo harán por separado, ratificando una vez más que la unidad de acción entre ambas centrales queda restringida a casos muy puntuales. Otras centrales como ESK compartirán convocatoria con Steilas, CGT y CNT. Aunque habrá manifestaciones de todas las centrales en las tres capitales, la mayoría ha elegido Bilbao para sus actos centrales. Este es el caso de ELA, CCOO y UGT, mientras que LAB tendrá la manifestación central,con sus principales líderes, en Donostia.

En el caso de ELA, el sindicato que dirige Mitxel Lakuntza concentra sus esfuerzos en una única manifestación en la capital vizcaína -tendrá otra en Pamplona- bajo el lema ‘SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte’, un lema que ya es toda una declaración de intenciones: no cesará en su reivindicación de un salario propio de mínimo 1.500 euros hasta que se consiga, como ya advirtió con motivo de la huelga general por este motivo que capitaneó junto con LAB y otros sindicatos como Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT. El sindicato, que junto a otras centrales nacionalistas de varias comunidades autónomas ha puesto en marcha una campaña en el Congreso para conseguir modificar el Estatuto de los Trabajadores y que las comunidades puedan legislar sobre el SMI, insta al lehendakari a implicarse directamente en el proceso y reivindicar esta competencia a Madrid. ELA considera que “con un SMI propio, se demostrará otro principio cada vez más evidente: es necesario reforzar la soberanía de Euskal Herria. Cuanto más cerca esté el poder de decisión, más justas serán las medidas políticas”.

LAB realizará un total de 26 manifestaciones en las capitales vascas y navarra, en Baiona y Maule, se movilizará junto a la intersindical y en varias comarcas, aunque la movilización central tendrá lugar en Donostia. Ante la guerra y el encarecimiento de la vida, LAB reivindicará políticas a favor de los trabajadores bajo el lema 'Langileok eragin'. Denuncian desde este sindicato que la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora “pague la factura de la guerra en Oriente Medio, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales”. Ante ello, consideran que hay que expresar con firmeza un mensaje contra la guerra: “No a la guerra y no a pagar la factura de la guerra”.

En este contexto incierto reclaman “políticas en favor de los trabajadores”, con salarios y pensiones con “ingresos mínimos dignos”. “Hay que reivindicar que se ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos”. “Hay que establecer políticas de redistribución en Euskal Herria; políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza”, señalan desde el sindicato.

UGT y CCOO se movilizarán juntos en Euskadi, siguiendo la estela de sus formaciones en todo el Estado. Realizarán movilizaciones en las tres capitales vascas, con acto central en Bilbao, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.  “Es decir, defender derechos frente a trincheras, salarios frente a precariedad, vivienda frente a especulación y democracia frente a discursos de odio y exclusión”, señalan desde estos sindicatos. Ambas centrales quieren además quieren que sea un día para contraponer el diálogo social que defienden “herramienta eficaz y útil” ante el “ruido y la crispación” de sindicatos que defienden “el conflicto estéril y el grito”. Además, quieren que sea una oportunidad para reclamar la defensa de proteger la industria para garantizar salarios dignos y exigir a las Administraciones públicas que no destinen ni un euro de dinero público a las empresas que optan por la deslocalización ante la mínima dificultad.

Otros sindicatos como ESK, Steilas, CGT y CNT comparten convocatoria con manifestaciones en las tres capitales vascas en contra de la guerra y el imperialismo, aunque el acto central será en Vitoria: “No vamos a permitir que sigan empobreciéndonos para enriquecerse a nuestra costa y, menos aún, que lo hagan justificando, por acción o por omisión, guerras e injerencias imperialistas”, señalan.

Estas son las principales manifestaciones

ELA: El sindicato mayoritario concentra las movilizaciones en la CAV en Bilbao, a las 11.30 horas. Un acto central en la plaza del Sagrado Corazón con intervención de Mitxel Lakuntza dará paso después a la manifestación que acabará en la plaza Circular.

LAB: La movilización principal será en Donostia. Una manifestación arrancará a las 12 horas de la plaza Easo y termirá en la plaza de la Trinidad, con un acto de la coordinadora general Garbiñe Aranburu. Además, se manifestarán en Vitoria a las 12.30 desde la plaza de la Provincia, y en Bilbao a las 12 desde la plaza Zabalburu.

CCOO y UGT: El acto central de estos sindicatos tendrá lugar en Bilbao, con la presencia de Santi Martínez, secretario general de CCOO, y de Tximi López, responsable de la comisión gestora que dirige UGT. La manifestación arrancará a las 11.30 a la altura del número 77. En Vitoria arrancará a las 12 de la Virgen Blanca y en Donostia a la misma hora desde el Alderdi Eder

ESK, Steilas, CGT y CNT: Manifestaciones en las capitales, a las 11.30 desde la Gran Vía de Bilbao, a la altura del número 56; a las 12 en Donostia desde el Museo de San Telmo; y a las 12,30 desde el Palacio Europa de Vitoria.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso, ha recordado que los inquilinos que estén en municipios vascos declarados zonas tensionadas “están protegidos y tienen derecho a prórrogas del alquiler” pese a que este martes decayó en el Congreso de los Diputados el decreto ley con el que se pretendía blindar esta prórroga durante dos años. Itxaso ha recordado que en Euskadi el 54% de la población vive ya en esas zonas en las que la legislación garantiza que se pueda pedir la prórroga del alquiler. Además, ha señalado que, aunque en la ley estatal que regula las zonas tensionadas no tiene medidas sancionadoras, en Euskadi sí se ha establecido un “régimen de sanción específico”. “Pueden denunciarlo y les pondremos sancionar”, ha señalado Itxaso. “Ese régimen sancionador está sin estrenar”, ha indicado, animando a los inquilinos a que ejerzan el derecho que les garantiza la ley.

Itxaso ha señalado además que a los propietarios les conviene “aceptar esas prórrogas” extraordinarias porque no tendrán “ningún aliciente” ni les “será provechoso” cambiar de inquilino, habida cuenta de que en las zonas tensionadas “no podrán subir la renta” de esos nuevos contratos. Ha reconocido que esa falta de alicientes para subir los alquileres puede estabilizar la oferta de pisos en alquiler o que se incrementen las ventas.

Itxaso ha participado en la capital guipuzcoana en el debate ‘La Vivienda en Donostia: ¿Para vivir o para invertir?’ en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Donostia con Alejandro Inurrieta, economista, experto en mercado inmobiliario y autor de la obra 'Vivienda: la Revolución más urgente'.

Itxaso ha aprovechado su intervención para afear que haya municipios que no han pedido la declaración de zona tensionada, pese a tener precios de vivienda muy alto, como es el caso de Zarautz o de Getxo. También ha lamentado que pese a la necesidad que existe de ampliar el mercado de alquiler, los ayuntamientos no están utilizando el canon de vivienda vacía, pese a estar en vigor desde 2015. De hecho, sólo hay un ayuntamiento que lo ha implantado, Azpeitia, y la mayoría apuesta por recargos en el IBI a las viviendas deshabitadas.

El debate se ha desarrollado en Donostia, con una problemática muy elevada en cuanto a precios de vivienda. Durante el turno de preguntas, una representante de la asociación Manteo Bizirik, ha cuestionado que se haya usado suelo público para levantar la segunda sede del Basque Culinary Center, el GOe. El consejero, que mantiene con el ayuntamiento de Donostia una relación bastante tensa, no ha perdido la oportunidad de lanzar una puya al consistorio que dirige Jon Insausti: “A mí me encantaría que los tiempos que se aplican en el Ayuntamiento de Donostia para el desarrollo urbanístico de vivienda protegida fueron exactamente los tiempos que han empleado para el Basque Culinary Center. Eso es lo que a mí me gustaría”, ha señalado.

En este sentido ha insistido: “Por más que hablamos, por más que nos reunimos no hay manera de sacar adelante desarrollos o cuesta mucho tiempo”. Y ha recordado por ejemplo la polémica que mantiene con el consistorio sobre Auditz Akular. “Allí se podrían construir según el actual plan vigente Plan General 3.000 viviendas, y aquello está durmiendo el sueño de los justos”.

Ha reconocido que Donostia es una ciudad “muy constreñida, con muy poco sueldo urbanizable”. “Razón de más para que el suelo urbanizable que tiene sea desarrollado en términos de ciudad compacta, en términos de ciudad densa. El viaje de las personas y la concentración de la población a las grandes ciudades es la historia de la humanidad, que se ha acelerado en los últimos tiempos y que lo estamos viendo en todas las grandes metrópolis”, ha dicho.

Ha recordado que pasa en toda Europa. “Ciudades que en los años 80 y 90 no eran tan caras ahora es muy caro vivir porque hay una concentración excesiva, porque han cambiado los estilos de vida, porque la gente vive sola...”Hay que sacarle provecho al suelo que tenemos en términos de ciudad compacta y en algunos sitios, con todo el respeto a los lugares que están protegidos, si puedes tirar de altura“, ha señalado.

El consejero ha señalado que el parque de vivienda en alquiler es todavía muy bajo y ha reconocido que las medidas puestas en marcha ahora por el Gobierno tendrán efectos a medio o largo plazo. Ha insistido en que para que el mercado de alquiler suba “debe ser atractivo para todos, para los inquilinos, pero también para el propietario”. De ahí el incremento de las rentas de Bizigune para los que ceden sus pisos al Gobierno vasco para el alquiler, o las medidas fiscales para los arrendatarios.

El experto en vivienda Alejandro Inurrieta se ha mostrado crítico con estos beneficios fiscales a los propietarios “que subvencionamos entre todos”. Y ha criticado que el gran negocio en España no sea la industria ni la tecnología sino “especular con el alquiler”. También ha cuestionado que haya más protección en España al propietario que al inquilino.

Inurreta ha indicado que no se puede vender como la panacea la zona tensionada, que sólo mantendrá como mucho los precios, “no los bajará”, porque para que descendieran los precios debería construirse mucha más vivienda protegida.

Fiscalía y Gobierno vasco quieren evitar que se produzcan “espacios de impunidad” en materia de salud y de seguridad laboral. Un acuerdo suscrito este martes entre la Fiscalía vasca, el Ejecutivo autónomo y Osalan pretende que el acuerdo sobre una indemnización entre las partes no relativice las consecuencias penales tras un accidente y centrarse sobre todo en la prevención, posibilitando que lleguen también Ministerio Fiscal las diligencias de accidentes leves, pero que podrían haber sido graves, de forma que se pueda actuar antes de que puedan repetirse.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, junto a la directora general de Osalan, Lourdes Íscar, han suscrito este martes un convenio para incrementar la colaboración entre las tres instituciones, tras aprobarse en Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre. No es casualidad que se hayan elegido este día para firma, por celebrarse el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, una jornada en la que los sindicatos han reivindicado con varias manifestaciones en las capitales vascas mayor control sobre las condiciones laborales que sufren los trabajadores.

En la presentación del convenio en la sede de la Fiscalía, su máxima responsable, Carmen Adán, ha señalado que se quiere mandar “el mensaje claro” de que se intentarán “evitar espacios de impunidad y, sobre todo, no relativizar las responsabilidades penales por el hecho de que haya pactos indemnizatorios, que deben existir y están ahí, pero que ello no sea un nuevo espacio de impunidad”, en el caso de los accidentes laborales.

La directora general de Osalan ha destacado que no sólo va a actuar de forma coordinada inspección y Fiscalía sobre los accidentes graves y aquellos mortales con desenlace fatal, sino que se van a investigar “aquellos que hubieran podido ser graves”. Esto, ha asegurado, que se trata de un “paso añadido para los incidentes y accidentes que pudieran haber sido graves y se extiende también a las enfermedades profesionales, que no dejan de ser otra manifestación de riesgos laborales, un poco más silente en el tiempo, porque tienen un periodo de latencia mayor” ha explicado.

Por su parte, el vicelehendakari Mikel Torres, ha señalado que el convenio pretende en primer lugar “el refuerzo de la prevención, la investigación y la persecución de todas las infracciones y delitos en materia de seguridad y salud en el trabajo”; en segundo lugar, “establecer canales ágiles de colaboración entre la Fiscalía y la Inspección de Trabajo y Osalan para coordinarnos y actuar de forma más efectiva” y, como tercer objetivo, compartir actividades de formación y, especialmente, el apoyo técnico y el intercambio de información entre ambas administraciones públicas“.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro adicionales, y no implica contraprestación económica para ninguna de las partes. “Este convenio refuerza la capacidad de nuestras instituciones para proteger mejor” y envía “un mensaje claro” a la sociedad: “La seguridad laboral no es negociable”, ha señalado el vicelehendakari.

El año pasado la Inspección de Trabajo realizó 11.545 intervenciones en materia de Salud Laboral -el 57% del total-, en las que se detectaron 570 infracciones y se realizaron 2.754 requerimientos. Sólo nueve expedientes se derivaron a la Fiscalía por ser presuntos delitos en materia de salud y seguridad laboral, relacionados con accidentes de trabajo mortales, ámbito en el que se incoaron 13 expedientes sancionadores por parte de la inspección. Sobre accidentes graves se abrieron 72 expedientes sancionadores y 92 requerimientos, y 145 expedientes sancionadores y 133 requerimientos en accidentes leves. Además, se realizaron 98 actuaciones en investigación de enfermedades profesionales, con 4 sanciones, 33 requerimientos y 2 recargos de prestaciones, según datos de Osalan.

Los sindicatos piden más control, más inspección y menos precariedad

Precisamente, la petición de un incremento en las labores de inspección y de persecución de las irregularidades ha sido denominador común en las reivindicaciones de los diferentes sindicatos, que se han manifestado por separado con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. ELA ha exigido “prevención” frente a “criminalización” lanzando mensajes en contra de la patronal a la que ven empeñada en usar el “absentismo” para “criminalizar” a los trabajadores. De hecho, los militantes de este sindicato se han manifestado bajo el lema 'En Euskal Herria el absentismo es del 0%. Frente a la criminalización, la prevención a primera línea'.

El responsable de Salud Laboral de ELA, Pello Igeregi, ha afirmado que “la gente muere en los tajos por culpa de la precariedad laboral” y ha advertido de que las condiciones laborales tienen “un impacto directo en la salud física y mental”. Ante esta situación, ha denunciado que la patronal, “en lugar de tratar de mejorar las condiciones de trabajo, criminaliza” a los trabajadores al difundir “un discurso que asocia el absentismo con el fraude”.

Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e Hiru se han movilizado bajo el lema 'La mentira del absentismo. ¡Defendamos nuestros derechos laborales', por las calles donostiarras y han denunciado que “el absentismo del que tanto habla la patronal no es más que precariedad” y que “la falta de prevención también es precariedad”. Han señalado, además, que “la búsqueda insaciable de beneficios antepone el negocio a la vida, sosteniéndose sobre un sistema que explota de forma diferencial a la clase trabajadora, y especialmente a jóvenes, mujeres y personas racializadas”. “No todas las vidas valen lo mismo para el capital, y eso se refleja con crudeza en las condiciones laborales”, han añadido. Y han criticado la dejadez de la Administración.

Alfonso Ríos, desde CCOO Euskadi, ha exigido más control de la administración pública de las condiciones laborales que ocasionan “accidentes, enfermedades profesionales y nuevas formas de morir en el trabajo”, bajo el lema 'Lan istripuriz ez. La precariedad mata', este sindicato ha puesto el foco en que el pasado año fallecieron Euskadi 30 personas en siniestros laborales, y la mitad de los accidentes de trabajo mortales “ya no han sido originados por las causas típicas que veníamos observando, como pueden ser golpes, caídas o atrapamientos”, sino que, “muchas veces, están originados por infartos o patologías cerebrovasculares o de este tipo”. Según ha considerado, las empresas “no están investigando esto debidamente” y las administraciones públicas “tienen que dar unas directrices más claras sobre cómo esas nuevas condiciones de trabajo hacen que cambien las formas de morir en el trabajo”.

UGT, por su parte ha pedido “tolerancia cero” contra la siniestralidad laboral. Bajo el lema 'La salud y la seguridad, un derecho fundamental en el trabajo', los delegados de UGT Euskadi han exigido “un compromiso real y efectivo para erradicar esta lacra social”. El responsable de la gestora que dirige el sindicato, Tximi López, ha recordado que “las muertes laborales tienen responsables, nunca podemos aceptar que se produzcan como algo inevitable”, ha dicho. Y ha recordado, en este sentido, que las empresas son “las máximas responsables de velar por la integridad física y mental de sus plantillas a través del cumplimiento estricto de los planes de prevención”.

El PNV eleva su tensión con el PSE-EE y ha anulado la reunión que estaba prevista para este miércoles con Moncloa tras un tuit de los socialistas vascos que los nacionalistas han considerado una “falta de respeto”. Los socialistas han ilustrado su comentario en la red social X sobre las negociaciones del nuevo estatuto vasco con una imagen realizada con inteligencia artificial en la que se ve a Aitor Esteban lanzarse a una piscina e ironizaban sobre “el optimismo” de Aitor Esteban sobre las negociaciones. La respuesta del PNV no se ha hecho esperar, y en la misma red social han asegurado que “no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre”, y lo ha calificado de “indecente”. “La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada”, han asegurado desde la formación jeltzale.

Fuentes de La Moncloa han señalado a elDiario.es que no les constaba ninguna reunión de primer nivel con Aitor Esteban prevista para este miércoles. Aunque desde el PNV no han querido dar más detalles con quién era el encuentro, ni en qué contexto, posteriormente, fuentes socialistas han confirmado que la reunión que estaba prevista para este miércoles era entre Aitor Esteban, Antonio Hernando (PSOE) y Eneko Andueza (PSE-EE), precisamente para hablar de reforma estatutaria y se iba a celebrar en Sabin Etxea, la sede del PNV en Bilbao. Antonio Hernando es actualmente secretario de Estado de Telecomunicaciones.

La polémica ha arrancado este martes después de que Aitor Esteban se haya mostrado optimista sobre las negociaciones respecto al nuevo estatus con EH Bildu en una entrevista en Euskadi Irratia. Los socialistas, socios de Gobierno del PNV, han ironizado sobre el tema aludiendo a que “coincide” con la decisión de los jeltzales de “seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados” con los socialistas.

Estas declaraciones se han producido en un contexto delicado en las relaciones entre jeltzales y PSE-EE cuando está a punto de expirar el plazo de presentación de enmiendas para las proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público, que fija el uso del euskera en la las oposiciones para la administración, después de que las negociaciones entre ambos parecen haber encallado y se teste la disposición al acuerdo con EH Bildu.

Los socialistas vascos han replicado, en la red social X, a las manifestaciones de Aitor Esteban con la frase: “¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto”, que acompañan con una foto, generada con IA, del líder jeltzale arrojándose a una piscina.

“La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad”, ha defendido el Partido Socialista, para asegurar que, “con estos ingredientes, será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales”.

Tubos Reunidos está cada vez más cerca de un proceso concursal ante la imposibilidad de reducir su deuda. La compañía sopesa la posibilidad de entrar en concurso de acreedores, según han confirmado fuentes de la empresa, aunque el consejo de administración todavía no ha tomado la decisión definitiva sobre esa posibilidad. Así se lo han trasladado también desde la dirección de la compañía a representantes del comité de empresa, que se han trasladado a las oficinas radicadas en Bilbao, donde han sido recibidos por directivos de Tubos Reunidos.

La posibilidad de una entrada en concurso de acreedores de manera inminente se ha publicado este lunes en 'El Confidencial', y la noticia ha provocado un desplome del valor sus acciones en Bolsa, con caídas de hasta el 40%. Al parecer, la empresa ha contratado los servicios de asesoría del despacho Uría Menéndez para analizar la posibilidad de pasar a una gestión judicializada, además de otras opciones, con la intención de buscar una salida y aliviar la presión de una deuda que crece cada día. Ya en el momento en que las negociaciones del ERE finalizaron sin acuerdo, al empresa advirtió de que “estudiaría todos los escenarios”.

Con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros, la empresa ha puesto en marcha un plan de viabilidad que ha llevado aparejado un ERE para 242 trabajadores -se anunció para 301- que no ha conseguido el acuerdo con el comité, aunque ha recibido el visto bueno de la inspección. No obstante, ha sido impugnado por la mayoría de los sindicatos ante el juzgado, en concreto por ELA, UGT, LAB y ESK. Precisamente, los sindicatos han señalado este lunes que el hecho de que, pese al ERE, se valore el concurso de acreedores, demuestra que el problema de la empresa no estaba en la dimensión de la plantilla.

Despues de encarrilado el ERE, el plan de la empresa era abordar la deuda, pero la Sepi, que es el principal acreedor de la compañía, no está dispuesta a admitir una quita. La Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales ya acudió en ayuda de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones. Los intereses de ese préstamo han elevado la deuda con el organismo estatal por encima de los 150 millones de euros, con unos plazos de devolución que el Gobierno central está dispuesto a flexibilizar, lo que ya ha hecho con otras empresas en dificultades a las que ha prestado fondos. Pero Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda, ya que renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y eso hoy por hoy, la Sepi considera que es jurídicamente inviable.

Hay que recordar que el trato por parte de la Sepi a Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Por otro lado, el de Tubos Reunidos se trata de un préstamo que está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo, englobado en el concedido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan actualmente con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Sin el previo acuerdo con Sepi, la renegociación de la deuda con el resto de acreedores es inviable. Y con una deuda de más de 263 millones, que crece cada día, hace impensable conseguir un inversor, como ha recordado en muchas ocasiones el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregi.

La situación de la empresa es tan crítica en estos momentos que el propio informe de la Inspección de Trabajo en el que no se veían “indicios de fraude” en el ERE, consideraba que la empresa se encuentra en “causa legal de disolución”, ya que el ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros).

Una nueva lanzadera entre Karrantza y Aranguren mejorará la conectividad por tren de cercanías de la zona de las Encartaciones, en Bizkaia. El servicio se pondrá en marcha el próximo 6 de mayo y dará servicio a municipios que agrupan unos 12.000 habitantes. En concreto, la línea C5 tendrá paradas en Karrantza, Villaverde de Trucios, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz y Aranguren, estación en la que los viajeros conectarán con la línea C4 que une Balmaseda con Bilbao.

“La C5 busca atender a una reivindicación de las personas de Karrantza que demandaban una mejor conexión en transporte público ferroviario con la capital de Bizkaia y con otros puntos de la red”, ha destacado la consejera de Movilidad Sostenible, Susana Garcia Chueca. Esta zona de Bizkaia tendrá que esperar todavía muchos años hasta que pueda estar conectada por la línea 4 del Metro , que arrancará con la unión entre Rekalde y Matiko, y deja el trazado en esta zona para una segunda fase, aún sin fecha. La consejera ha puntualizado que el trazado de esta lanzadera no será la base del futuro metro. “Irá por otro trazado que será el que construyamos nuevo desde el sur de Bilbao hacia en Cantabria”, ha señalado.

Garcia Chueca ha presentado la nueva lanzadera junto al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ya que se trata de una línea de Cercanías, cuya gestión está transferida al Gobierno pero que sigue siendo propiedad de Adif. Según han explicado, la nueva lanzadera supondrá cinco trenes por sentido cada día laborable y uno por sentido los fines de semana y festivos, con tarifas de Cercanías. Se podrá pagar con la tarjeta Barik, lo que supondrá para los habitantes de la zona 101 ciculaciones de trenes de Cercanías y media distancia, un 85% más que en la actualidad.

Para poner en marcha este servicio de lanzadera, Adif ha electrificado la zona, lo que ha supuesto una inversión de 4 millones de euros para que puedan circular por esa vía los trenes de tracción eléctrica, la serie 436 de Renfe, los mismos que actualmente prestan servicio en el resto de la C4, que enlaza la estación bilbaina de La Concordia con destino a Balmaseda/La Calzada. No obstante, Santano ha destacado que se ha heho una gran labor previa de actuaciones en taludes, túneles y otros trabajos, que han supuesto un total de 20 millones de euros.

La electrificación de este tramo se encuadra dentro de paquete de inversiones comprometidas por el Gobierno central en el momento de la transferencia de la gestión al Gobierno vasco y que supondrá un total de más de 600 millones de euros. Esta nueva línea se sumará a las que ya existen en el núcleo de Cercanías gestionado por el Gobierno vasco y operado por Renfe en Bizkaia, la C1 (Bilbao-Santurtzi), C2 (Bilbao-Muskiz), C3 (Bilbao-Orduña) y C4 (Bilbai-Balmaseda/La Calzada). Además existe la línea de Donostia (Irún-Brinkola) y la más reciente de Vitoria (Alsasua-Miranda de Ebro).

Santano también ha dado cuenta en su intervención con la consejera de que se está avanzando en el soterramiento de la via en Zorrotza, que según ha recordado ya tiene su estudio informativo aprobado, con una inversión de 150 millones de euros, “compartida con el Ayuntamiento de Bilbao”. También ha anunciado la publicación del estudio informativo del proyecto de integración ferroviaria en Olabeaga, correspondiente a la línea C1 Bilbao-Santurtzi, que va a permitir también “la integración ferroviaria en ese barrio de Bilbao, salvando los obstáculos que supone hoy la propia línea ferroviaria”. Respecto al desarrollo de las obras de la Y vasca, ha afirmado que van “muy bien” y ha destacado la importancia de esta obra, “casi única en Europa, con el 80% del trazado en túneles y viaductos y que, cuando esté terminada, alcanzará una inversión de 10.000 millones de euros”.

El Gobierno vasco ha arrancado el proceso para aprobar un nuevo plan territorial sectorial (PTS), el de la red ferroviaria vasca, que será el cuarto previsto para esta legislatura, si se cumplen las previsiones. Junto a este PTS del departamento de Movilidad Sostenible, que está todavía en una fase muy incipiente, están pendientes el PTS de renovables -aprobado solo de forma provisional-, el de ordenación del litoral y el de recursos turísticos.

El PTS ferroviario acaba de empezar su andadura. El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado ya la orden de la consejera Susana García Chueca, del PSE-EE, con la que arranca un procedimiento “complejo”. En concreto, se trata de actualizar el plan de la materia que está vigente desde 2005, y que es una modificación del aprobado en 2001. “Transcurridos más de veinte años desde su aprobación, se hace necesaria su revisión con el fin de actualizar y definir las actuaciones de implantación y desarrollo de la infraestructura ferroviaria en la comunidad autónoma de Euskadi, ordenar adecuadamente el suelo afectado y coordinar la planificación autonómica con las actuaciones previstas en la red ferroviaria transeuropea”, indica la orden publicada en el BOPV.

En concreto, el PTS pretende definir las actuaciones y el desarrollo de la futura red ferroviaria, estableciendo reservas de suelo y condicionando la planificación urbanística. Por ello, el desarrollo de este PTS debe alinearse con las directrices de ordenación territorial (DOT) de Euskadi, aprobadas definitivamente en 2019, “que representan una nueva generación de planificación más consciente de los retos climáticos y de sostenibilidad”, señalan, y, por lo tanto, debe coordinarse con otros PTS en tramitación, como es el caso del del litoral. El Departamento de Movilidad Sostenible advierte, por eso, de que se trata de un proceso complicado al que no se quiere poner fecha de finalización. De momento, se espera que el primer borrador del PTS pueda tenerse antes de que acabe este año, con la esperanza de que pueda aprobarse dentro de esta legislatura.

Por el momento, la orden de García Chueca abre la vía para que distintas instituciones, asociaciones o incluso particulares realicen sus aportaciones antes de la realización de ese primer borrador que luego pasará por el trámite de exposición pública y alegaciones antes de someterse al visto bueno del Gobierno y del Parlamento Vasco. Este periodo de aportaciones se extenderá durante dos meses.

Sostiene en Departamento que el ferrocarril constituye un “elemento estratégico para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y socialmente equitativo”. “En un contexto marcado por los compromisos internacionales en materia climática, resulta imprescindible dotar al sistema ferroviario vasco de una planificación territorial actualizada que garantice su adecuada integración, su capacidad de respuesta ante nuevas demandas y su contribución a la cohesión social y territorial”, expone. Considera que con ello se reforzará su papel como “infraestructura esencial de la movilidad colectiva y del transporte público”.

De momento, se inicia el proceso para, además de la participación ciudadana, recabar de las Diputaciones Forales, municipios afectados, Eudel y la Administración del Estado a través de la Delegación del Gobierno “toda la información general y específica que consideren necesaria para la redacción del plan”. Dicha información se suministrará en el plazo de dos meses. En ese mismo plazo se recabará la de los departamentos del Gobierno vasco sobre previsiones y programas relativos a la materia de que se trata y que sea pertinente para la elaboración del borrador del PTS.

En cuanto a la participación ciudadana, se realizará a través de diferentes fases entre las que se incluirán tres encuentros presenciales y telemáticos con ciudadanos y uno virtual con el sector profesional. Esta participación culminará con la aprobación del borrador de PTS por parte del Departamento de Movilidad Sostenible, y que después se someterá al periodo de alegaciones.

En cuanto a los otros tres PTS que se encuentran pendientes de aprobación, el primero debería ser el de energías renovables, que acumula un considerable retraso. De hecho, se aprobó de manera provisional en diciembre de 2024 sin que de momento tenga el visto bueno definitivo. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, se ha limitado a decir que se aprobará “en breve” cuando se le ha preguntado por este asunto en sede parlamentaria. Los otros dos, el PTS de ordenación del litoral y el de recursos turísticos están todavía en fase incipiente, aunque en ambos casos se han presentado ya las bases sobre las que se elaborarán, aunque no se espera tampoco que entren en vigor hasta el final de la legislatura. El de recursos turísticos implica sobre todo a los Departamentos de Vivienda y Turismo, mientras que el de ordenación del litoral implica sobre todo a las áreas de ordenación del territorio o transición energética.

EH Bildu, la coalición Elkarrekin (encabezada por Podemos) y el PP han presentado varias enmiendas a los proyectos de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas que se tramitan en Gipuzkoa, Álava y Bizkaia. En general, buscan que se endurezca la normativa planteada por PNV y PSE-EE en algunos supuestos, por ejemplo con mayor presión a los pisos turísticos o a los cruceros. Las enmiendas adquieren un papel relevante en Gipuzkoa y en Álava, ya que en estos dos territorios los partidos de Gobierno foral no tienen mayoría y precisan del voto de uno de estos grupos para sacar adelante la norma. No sucede así en Bizkaia, donde tiene mayoría en las Juntas Generales el equipo de Gobierno. En 2025, nacionalistas y socialistas sacaron adelante la reforma fiscal con Podemos.

Una vez finalizada la presentación de enmiendas -cuyo plazo en el caso de Gipuzkoa terminaba este viernes, no así en el resto de territorios, ya que en Bizkaia ni siquiera ha empezado- arrancará el proceso de tramitación para que el impuesto entre en vigor el 1 de enero de 2027, como se ha pactado entre las tres diputaciones para dar margen a los Ayuntamientos vascos a adecuar sus ordenanzas municipales a la norma. Pese a la petición expresa del alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, a los grupos para que adelantaran la aplicación del impuesto vía enmiendas, sólo el PP presenta una enmienda para que el proyecto se aplique cuanto antes. En concreto, los 'populares' introducen la salvedad de que, pese a que con carácter general entre en vigor en 2027, “los ayuntamientos que hubieran aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada a esta norma foral podrán acordar la aplicación efectiva del impuesto desde una fecha anterior en su ámbito territorial”. Es decir, que aunque PNV y PSE-EE no contemplan la posibilidad de adelantar la entrada en vigor, si necesitan pactar con el PP en Gipuzkoa podrían introducir la salvedad que permitiría al alcalde de Donostia adelantar la aplicación.

En concreto ,en las Juntas Generales de Gipuzkoa Elkarrekin (que allí solamente tiene representantes de Podemos) ha presentado siete enmiendas, las mismas que EH Bildu, y cinco el PP. En los dos primeros grupos las enmiendas serán iguales para los tres territorios. En el caso del PP es previsible que también, aunque no se ha confirmado este extremo desde esta formación.

Elkarrekin: “Intensidad” turística

Los representantes de Elkarrekin en las Juntas de Bizkaia, y Álava, Eneritz de Madariaga, y David Rodríguez, respectivamente, junto al coordinador general de Podemos, Richar Vaquero, han presentado este viernes las enmiendas con las que pretenden “que el impuesto refleje mejor el impacto real de las estancias y refuerce su capacidad de retorno social”. De entrada, proponen ampliar de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto, y que “se están destinando recursos y políticas públicas a alargar las estancias de las y los turistas en Euskadi y, en la medida que estas políticas tengan éxito, el impuesto tendrá que responder con ambición a la realidad del turismo y las estancias prolongadas”. Además, modifican las tablas de tarifas elevando los máximos y los mínimos a pagar, y equiparan el impuesto de los pisos turísticos a los hoteles de cinco estrellas, que pasarían a pagar entre 4,5 euros y 6,5 euros, En el proyecto de norma se fija entre 2,5 euros y 5 euros, para los hoteles de cinco estrellas, y las viviendas de uso turístico entre 2 y 4 euros. Podemos también plantea elevar el pago para los cruceristas, de entre 2,50 y 5,00 euros por día de amarre, a una horquilla entre 6 y 7 euros.

Además, plantea incluir un nuevo concepto en la norma, el de intensidad turística, entendida como “la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal”. Con ello se dotaría de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren las cargas del turismo y deseen añadir un recargo en base a un concepto medible. A su vez, plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas. Y en el otro extremo, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

Además proponen incorporar en la norma foral la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor y extender la exención del pago a los acompañantes de personas discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III.

EH Bildu: un día más “se paga”

Desde EH Bildu las enmiendas también se dirigen entre otras cuestiones a que las viviendas turísticas tengan la “tasa máxima”, ya que, “con la actual crisis de vivienda, sobre la que inciden las viviendas turísticas, no se pueden tratarlas de manera ligera”, ha señalado en la Cámara vasca la parlamentaria Itziar Murua, que ha interpelado al consejero Javier Hurtado sobre los retrasos en la aplicación de este impuesto. De entrada, una de las enmiendas presentadas va encaminada a que quede especificado el impacto que genera la actividad turística en los alquileres de vivienda. En este sentido, piden también que el pago de este impuesto en las viviendas de uso turístico se iguale con los hoteles de cinco estrellas. También plantean modificar las horquilla de pagos al alza sobre todo para los cruceros que los equipara también con los hoteles de máxima categoría.

EH Bildu propone eliminar el límite de máximo de cinco días sobre los que se paga el impuesto, porque si argumenta que los costes que genera el turismo están directamente relacionados con la duración de la estancia, la “lógica es que un día más, se paga”, ha señalado Murua. Además, introduce cambios para los ayuntamientos puedan acceder a la información de los alojamientos de manera fiable y segura, y establecen que se pueda poner a disposición de las administraciones municipales “la información que los establecimientos de alojamiento deban remitir de acuerdo con la normativa aplicable en materia de seguridad pública”. En la misma línea de facilitar el trabajo a los ayuntamientos introduce el compromiso de la Diputación Foral de Gipuzkoa de que “poner a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos adecuados, mediante la creación de un sistema eficaz para la recogida fiable de la información y el cumplimiento de sus obligaciones”.

EH Bildu propone también que la evaluación del impacto del impuesto se lleve a cabo mediante una comisión de evaluación constituida por las tres Haciendas forales y por Eudel.  Por otra parte, propone que se modifique la norma cuando se defina o desarrolle el concepto e intensidad turística en el marco de la normativa turística de Euskadi.

PP: adelantar la fecha

En lo que se refiere a los 'populares', las enmiendas presentadas introducen la citada permitiendo a los ayuntamientos la entrada en vigor antes del 1 de enero de 2027, si tienen aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada. Consideran que de esta forma se permite “una implantación progresiva y flexible del impuesto respetando la autonomía municipal”. Además, se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos puedan “establecer bonificaciones sobre la cuota tributaria de hasta el cien por cien, en función de las características del municipio, del volumen de plazas alojativas, de la tipología de los establecimientos o de otras circunstancias de interés público debidamente justificadas”. La norma actual prevé bonificaciones de hasta el 100% sólo para los municipios con 25 o menos plazas alojativas. En la misma línea solicitan que “las bonificaciones previstas en este artículo podrán dar lugar a una cuota tributaria efectiva nula, en los términos que establezca la correspondiente ordenanza fiscal”. Es decir, que se permita que “en la práctica y con total seguridad jurídica, un ayuntamiento apruebe y aplique el impuesto, pero con un impacto económico cero para el contribuyente si así lo decide”. También pide que se pueda eximir del impuesto a alojamientos rurales y de pequeña escala, adaptando la carga fiscal a la realidad de cada municipio.

Por último, desde el PP, se establece sobre el destino de la recaudación que los ayuntamientos establecerán en la ordenanza fiscal que desarrolle el Impuesto sobre Estancias Turísticas que “el ingreso generado se destine a partidas presupuestarias de mantenimiento urbano, seguridad, mejora de infraestructuras locales, limpieza, promoción de un turismo más sostenible y conservación del patrimonio histórico y cultural o cualquier otro siempre y cuando dichos recursos no se empleen para la creación de ningún tipo de sociedad ni para el funcionamiento administrativo de empresas públicas de turismo.”

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha indicado que se crearán en total 663 nuevas plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años con los fondos europeos recibidos para este fin, que ascienden a más de 15 millones de euros, y con los que, en principio, estaba previsto que se crearan 1.518. Hasta el mes de enero se han creado 252.

Pedrosa, que contestaba a una interpelación del parlamentario de Sumar Jon Hernández sobre lo que considera “fraude” en la ejecución de estos fondos, ha insistido en su respuesta que desde el Gobierno “van a intentar destinar la integridad de los fondos europeos a crear las plazas que el primer ciclo de Educación Infantil necesita”, dando por sentado que no se necesitan las 1.518 que estaban previstas. En cuanto a los fondos, ha hecho mucho hincapié en que, además de negociar con Madrid la ampliación de los plazos, se ha aceptado incorporar, entre otros aspectos, conceptos “que permiten flexibilizar la justificación del gasto como son los de reforma, rehabilitación y los gastos de funcionamiento de las nuevas plazas creadas”. “Conceptos que nos permiten crear las plazas que nuestro sistema necesita siempre con criterios de eficiencia del gasto”, ha señalado.

Pedrosa respondía en el pleno de control a esta cuestión después de que de forma previa, en una respuesta por escrito al parlamentario de Sumar, señalase que hasta el 31 de enero se han creado 252 plazas en los últimos cuatro años tras recibir estos fondos. La consejera ha insistido en que el plazo de justificación de estos fondos se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2026 y que para cumplir este plazo se ha fijado a los ayuntamientos los plazos de ejecución y justificación hasta el 30 de abril y 29 de mayo respectivamente, y, por lo tanto, ha insistido en que el “programa está en ejecución”. No obstante, a la hora de cuantificar las plazas, las ha fijado en 663. frente a las 1.518 previstas. Pese a ello, con el cambio de criterio en la justificación, Pedrosa no ha dudado en que “se podrán justificar la mayor parte posible de los fondos recibidos dentro de las necesidades de nuestro sistema educativo”.

Ante las críticas de Sumar, la consejera se ha referido a la “complejidad que implica la gestión y justificación de fondos”, desde el punto vista de manejo de documentación técnica, justificación del gasto, seguimiento del programa, requisitos de presentación y validación de facturas. Además de la disponibilidad de espacios de cada Ayuntamiento que está trabajando en este programa. “Desde que se toma la decisión de creación de nuevas plazas hasta la efectiva ejecución de las mismas es toda una aventura”, ha señalado. “Son muchos los agentes implicados de las distintas administraciones”, ha recordado. “Con sus palabras, en cierto modo está criticando a todas las administraciones de este país”, ha lamentado. Según ha señalado, las 663 plazas previstas estarán en las capitales como Vitoria, Bilbao y Donostia, pero también en los municipios de Galdakao, Getxo, Oñati, Labastida, Güeñes, Busturia o Astigarraga, dos escuelas infantiles en Eibar y una nueva escuela en Santurtzi, en Mamariga.

Hernández ha criticado la gestión del Gobierno y se ha ratificado en la acusación de “fraude” a la ciudadanía con la intención de que no hay plazas públicas suficientes y que se acabe optando por los centros privados o concertados. En este sentido, ha señalado que “la lista de haurreskolak sin hueco para niños y niña de 1 a 2 años, por no citar las de menores de esa edad, en enero de este mismo año era de 58 y en 30 municipios no había plazas vacantes en ese tramo de edad habiendo tenido ustedes los recursos para crearlas”. Y ha citado a Vitoria, Llodio, Amurrio, Salvatierra-Agurain, Bilbao, Sestao, Portugalete, Galdakao, Leioa, Santurtzi, Derio, Berango, Sondika, Güeñes, Zalla, Donostia Azpeitia, Deba, Irún o Lasarte-Oria. “Las necesidades están ahí y son claras, consejera”, ha indicado Hernández.

La consejera ha defendido la apuesta por la educación pública por parte del Gobierno vasco, y ha dado como dato del aumento de la confianza de los ciudadanos en las Haurreskolak, que “si en 2021 únicamente el 43% de las familias solicitaba el horario de mañana y tarde, en la actualidad es el 71,3% las que solicitan ocho horas de atención”. Un cambio significativo. El número de niños y niñas atendidos se ha incrementado en un 54,20% de los últimos cinco años en las Haurreskolak, y para ello, también se ha incrementado más de un 34% el presupuesto destinado en los últimos cinco años, llegando a 85,8 millones de euros.

No ha sido esta la única respuesta referida a Educación y su planificación a lo largo del pleno. La consejera ha respondido también a una cuestión planteada por el PP en relación con el cierre de institutos de Bachillerato como el de Txurdinaga en Bilbao. “Se suprime la oferta pública en barrios como Txurdinaga, Santutxu, Begoña u Otxarkoaga y se obliga al alumnado a desplazarse generando barreras adicionales, sobre todo para quienes parten de unas situaciones más vulnerables. Una comunidad de más de 60.000 habitantes quedaría con un solo centro público de bachillerato. ¿De verdad crea el departamento que eso mejora la igualdad de oportunidades”, ha preguntado la parlamentaria del PP, Muriel Larrea.

Pedrosa ha insistido al respecto que la reordenación de la oferta educativa “no afecta al alumnado que actualmente cursa sus estudios en el centro”.“ El año que viene seguirán estudiando en el centro” y el objetivo de la reordenación “es precisamente reforzar la oferta pública”, ha señalado, para añadir que el centro carece de demanda suficiente.

El grupo municipal de EH Bildu en Getxo vuelve a estar personado como acusación particular en la causa del palacete protegido derribado en Getxo, en la que figuran como investigados tres exconcejales del PNV en la localidad y varios funcionarios municipales, además de representantes de las empresas promotoras. El juez instructor, Marcos Amor, que asumió el caso con la instrucción ya iniciada, ha admitido la querella criminal presentada por el grupo después de que decidiera expulsarlos como parte del procedimiento porque la formación abertzale había presentado una denuncia -que fue la que dio inicio a la investigación por parte de la Fiscalía- y no una querella formal contra personas concretas, lo que el magistrado entiende necesario para poder personarse. Solventado el requisito, EH Bildu figura de nuevo como parte en la causa, en la que también es acusación particular el PP.

En concreto, EH Bildu presenta su querella por delitos contra el patrimonio histórico, prevaricación administrativa y posible concurrencia de delitos de corrupción urbanística, contra los tres exconcejales del PNV, Irantzu Uriarte, Ignacio Uriarte e Iñigo Urkitza, y tres técnicas municipales del área de urbanismo, Argiñe Encinas, Isabel Peral y Sonia Quintana. Además, figuran como querellados cuatro personas relacionadas con las empresas que llevaron a cabo las obras que acabaron con el derribo del palacete Irurak Bat: Ander Madariaga, promotor de la empresa Biurban, José Ramón Foraster, arquitecto del estudio encargado de los pisos de lujo que iban a ocupar el solar en el que estaba el palacete, otro arquitecto técnico, Haritz Pinedo, y el jefe de obra Erlantz López. Todos ellos figuran ya como investigados en la causa.

Entre las diligencias de investigación que solicita en el escrito EH Bildu está la “tasación pericial del inmueble en el estado anterior a su demolición, a fin de determinar el valor económico del bien catalogado destruido y cuantificar el perjuicio patrimonial causado al patrimonio cultural, tanto a efectos de la responsabilidad civil derivada del delito como de la calificación jurídico-penal de los hechos”, así como que se “autorice y confirme el volcado, estudio y análisis de la información contenida” en los dispositivos incautados por parte de la Policía judicial de la Ertzaintza en el registro realizados en el mes de enero, “incluyendo el acceso a aplicaciones y almacenamiento en la nube utilizados por los investigados”. Respecto a estos dispositivos incautados, el juez Amor ha señalado en una reciente resolución, que los imputados tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados.

El escrito de la querella detalla los posibles hechos delictivos en torno al derribo del edificio Irurak bat, que se encontraba incluido en el catálogo de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio bajo la categoría de edificio de “custodia municipal”, que debía ser tratados como “bienes culturales de protección básica”. Entre ellos, que el 18 de octubre de 2022, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getxo concedió licencia de obras a la promotora del proyecto Biurban SL, para la denominada “rehabilitación integral” del inmueble protegido, un proyecto técnico redactado por el estudio Foraster Arquitectos. Es una licencia en la que ya se constataron diversas irregularidades.

El 5 de enero de 2024 se presentó ante el Ayuntamiento un Proyecto de Ejecución que resultaba “manifiestamente incompatible con la licencia concedida y, sobre todo, con el régimen de protección del inmueble”. El proyecto contemplaba, de facto, la demolición total del edificio bajo la apariencia de una rehabilitación. El 12 de febrero de 2024 se inició la demolición del inmueble, que procedió a eliminar la estructura interior, la fachada sur íntegra, partes de las fachadas este y oeste, y la cubierta, y el 2 de agosto de 2024 se procedió a la demolición total de las fachadas restantes, “alegándose por los responsables de la obra un supuesto riesgo inminente de colapso que no había sido constatado por los servicios técnicos municipales ni avalado por ningún informe pericial independiente”.

Señala el documento que en el marco de las actuaciones municipales relacionadas con este proyecto, concurrieron “circunstancias de especial gravedad”, al conocerse que dos cargos electos del consistorio por el PNV, Inaxio Uriarte Gorostiaga, tercer vicealcalde, e Irantzu Uriarte, cuarta vicealcaldesa, que eran pareja y que integraron la Junta de Gobierno local que aprobó la licencia de obras, habían suscrito, con anterioridad a la aprobación definitiva de la licencia, un contrato de reserva de una de las viviendas de lujo que se iban a construir en el solar ocupado por el eficio protegido. “Estos concejales, además, participaron en la asamblea de socios de la cooperativa Ereaga Atalaya celebrada el 16 de noviembre de 2023, en la que Ander Madariaga y José Ramón Foraster informaron de que el estudio geotécnico del Proyecto de Ejecución obligaba a derribar las fachadas no previstas en la licencia, y que el edificio tenía protección de Custodia Municipal. A partir de ese momento, los concejales adquirieron conocimiento cierto de que la solución técnica proyectada conllevaba el derribo total del edificio protegido, incumpliendo el artículo 45 de la LPCV. Sin embargo, no solo no pusieron en conocimiento del Área de Urbanismo tal circunstancia, sino que en la asamblea de 31 de enero de 2024 autorizaron el inicio de las obras previsto para febrero de 2024, aun sin contar con acta de replanteo ni notificación favorable del Ayuntamiento”, exponen.

Constata además el beneficio económico que supuso para los promotores la demolición del edificio. “El ahorro económico obtenido mediante la demolición y posterior reconstrucción del inmueble, en comparación con la rehabilitación integral que habría exigido el régimen de protección aplicable, ascendió a 732.506,26 euros. Este diferencial -calculado tomando como base los datos aportados por la propia promotora y aplicando el módulo básico de edificación del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) para edificios singulares histórico-artísticos (1.249,05 €/m²)- acredita el beneficio patrimonial directo obtenido por los promotores como consecuencia de la destrucción del bien protegido”, señalan.

Por otra parte, indican que en el marco de las diligencias previas han quedado acreditadas una serie de circunstancias que refuerzan los “indicios de connivencia y actuación concertada entre los investigados”. Por ejemplo que las funcionarias municipales Argiñe Encinas y Sonia Quitana, accedieron a los expedientes sin competencia, y que “ambas funcionarias tenían conocimiento de que la intervención pretendida consistía en la demolición parcial de un edificio de Protección Básica y de que, por tanto, la licencia no era otorgable”. Además, consta que Biurban SL inició la comercialización de la promoción en febrero de 2023 —apenas producida la modificación del Proyecto Básico— y que Ander Madariaga, en calidad de Administrador Único de Biurban SL, firmó el 17 de mayo de 2022 un contrato de compraventa con los propietarios del inmueble por un precio total de 3.300.000 euros. “El contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre Biurban SL y Ereaga Atalaya incluye expresamente la tarea 'Gestión de la promoción ante antiguos propietarios del terreno, Ayuntamiento', lo que permite inferir la probable existencia de contactos informales entre Biurban SL y alguna persona del Ayuntamiento en el contexto de la tramitación del expediente de licencia”.

Además del delito contra el patrimonio histórico por el derribo de un edificio protegido, EH Bildu entiende que la conducta de los funcionarios municipales intervinientes en la tramitación y resolución del expediente de licencia, “en cuanto indiciariamente habrían dictado resolución injusta a sabiendas -prescindiendo de trámites esenciales, omitiendo informes preceptivos y calificando el proyecto como obra nueva-, puede ser constitutiva del delito de prevaricación administrativa”. Al igual que la “pasividad de los cargos electos que, conociendo la ilegalidad manifiesta de la intervención y teniendo directo interés económico en la promoción, omitieron toda actuación tendente a restablecer la legalidad, puede ser analizada bajo este mismo tipo o como omisión del deber de perseguir delitos”. Por otra parte, considera que los hechos descritos, “especialmente la confluencia entre la posición de los concejales que aprobaron la licencia, su adquisición simultánea de unidades del proyecto resultante de la demolición del bien protegido, y su posterior inhibición ante la actuación ilegal”, abren la posibilidad de que concurran los tipos previstos en el artículo 320 CP (prevaricación urbanística específica) y, en su caso, en los artículos 419 y siguientes del Código Penal relativos a la corrupción de funcionarios y autoridades públicas“.

Casi uno de cada cuatro universitarios vascos se va a trabajar fuera de Euskadi al acabar la carrera. Según un estudio realizado por el Gobierno vasco, se trata de alrededor de un 22% de los egresados, y de ellos, un 10% lo hace porque en otras comunidades autónomas o en el extranjero pueden encontrar mejores condiciones laborales y económicas. Por ello, desde el Gobierno vasco, Mikel Torres ha realizado un llamamiento no sólo a crear empleo, sino a que este sea de calidad, con una petición expresa a los empresarios a mejorar las condiciones laborales y salarios de los jóvenes, así como la contratación indefinida al inicio de la trayectoria laboral. Se trata de mejorar los salarios, las condiciones la promoción dentro de la empresa. “Los empresarios tienen que ser conscientes de que hacen falta trabajadores cualificados y que hay que ofrecer condiciones atractivas” para que los jóvenes no se vean obligados a buscarlas fuera, ha señalado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, del PSE-EE.

La otra cara de los datos de este estudio es que si un 22% se va hay un 78% que decide quedarse en Euskadi a trabajar cuando acaba la carrera, y ese porcentaje se eleva hasta el 98% en el caso de los jóvenes que terminan los estudios de Formación Profesional. Es decir, que hay que mejorar las condiciones para aumentar la competitividad, pero Euskadi “mantiene una sólida capacidad de creación y retención de capital humano cualificado”. Además, el balance entre los que se van y los que vienen, muestra que “no hay una fuga neta de talento entre Euskadi”. De hecho entre los años 2016 y 2020, las salidas de personas con alta cualificación han sido 30.060, que se compensaron prácticamente con las entradas, 29.223, “lo que sitúa al territorio en una posición de equilibrio dentro del conjunto del Estado”.

Torres ha presentado junto al viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz Manzano, el informe-diagnóstico sobre fuga de talento en Euskadi, que parte de que Euskadi presenta una posición sólida en el contexto estatal, con más del 51% de la población con estudios superiores y una de las tasas de paro más bajas entre este colectivo, de alrededor del 4,7% frente al 6,9% del Estado.

Entre los egresados que deciden trabajar fuera de Euskadi se quedan dentro del Estado, en otras comunidades autónomas, un 19,5%, y prácticamente la mitad de ellas lo han hecho por motivos laborales. El 72% se ha trasladado principalmente a tres provincias: Madrid (39%), Navarra (21%) y Barcelona (12%). La mayoría son grados en Administración y Dirección de Empresas, con 9% del total, Medicina, que representa el 7%, y Psicología con el 5%, Liderazgo emprendedor e Innovación, con un 4%, y Educación Primaria, con un 3%. En cuanto a los que se van al extranjero suponen un 2,5%, fundamentalmente Alemania, Irlanda y Países Bajos.

El estudio constata que una de las “amenazas” para retener el talento en Euskadi es el tipo de contrato, “dado que el porcentaje de afiliación con contratos indefinidos en Euskadi es el 62,3%, frente al 72,4% estatal”, lo que muestra una menor estabilidad, comparada con otras regiones. En cuanto a los salarios, Euskadi se sitúan en una posición intermedia-alta en comparación con los del resto del Estado, excepto con Madrid, “que se evidencia especialmente en grados muy determinados como Informática, ADE e Ingeniería”.

En el estudio se constata también que casi la mitad de las personas que actualmente trabajan fuera estaría dispuesta a regresar si mejoran las condiciones laborales, lo que refuerza el potencial de retorno. “El dato más relevante es que contamos con una base sólida sobre la que seguir construyendo. Euskadi dispone de un ecosistema favorable para el desarrollo profesional, pero debemos seguir avanzando para ofrecer mejores oportunidades y reforzar nuestra competitividad”, ha señalado el viceconsejero.

Zarautz no ha pedido al Gobierno vasco ser declarado como zona tensionada en materia de vivienda y no tiene fecha para hacerlo. El PNV tiene guardada en un cajón la moción aprobada en el pleno del ayuntamiento guipuzcoano hace más de un año con el voto a favor del PSE-EE -su socio en el Gobierno municipal y que dirige Vivienda en el Gobierno- y de EH Bildu. Salió adelante con la abstención del grupo municipal nacionalista, que tiene entre sus concejalías la de Urbanismo. “Tenemos otras prioridades”, señalan fuentes de la alcaldía, que por el momento no se plantean la tramitación de la solicitud pese al malestar de su socio de Gobierno.

El hecho de que un municipio como Zarautz, altamente turístico y con grandes problemas de vivienda, se quede fuera del listado de municipios tensionados, tendrá un efecto directo en las cantidades subvencionables para los jóvenes que reciben las ayudas del programa Gaztelagun, como ha recordado estos días el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en las explicaciones que ha realizado de las medidas contempladas el decreto de medidas “urgentes” aprobado este pasado martes en el Consejo de Gobierno vasco después de un año de espera.

Por ejemplo, en el caso de Gaztelagun, los 300 euros mensuales para jóvenes hasta 36 años, el decreto actualiza las condiciones de acceso a las ayudas al alquiler y las rentas máximas subvencionables aumentan hasta el 95% del precio medio de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) en las zonas tensionadas. Esto pasa en Donostia, donde se admitirían alquileres de 998 euros. En Zarautz, al no ser zona tensionada, los beneficiarios de las ayudas de Gaztelagun no podrán optar a alquileres de más de 800 euros, sea cual sea el precio medio que fije la EMAL.

También quedan fuera los municipios que no tienen la declaración de zona tensionada de los mayores beneficios para los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler dentro del programa Bizigune. Si el canon que paga el Gobierno vasco para todos los municipios es de 700 euros mensuales, en el caso de los tensionados puede alcanzar el 95% del precio medio de la EMAL si éste supera el máximo de Bizigune. Es decir, en Donostia podría ser de 998 euros, nuevamente, en Bilbao de 822, en Vitoria de 709 y en Irún de 732 euros. Zarautz también se queda fuera de esta posibilidad y el canon aplicado a los pisos cedidos al Gobierno a través de Bizigune no pasará de 700 euros, pese a que el 80% del valor del mercado está ya en los 716 euros.

No es Zarautz el único municipio con crisis de vivienda que no se ha sumado aún al listado de zonas tensionadas para poder subir el precio de alquiler. También destaca Getxo, en Bizkaia, como localidad que se queda fuera de estos cambios para los beneficiarios de Gaztelagun o de Bizigune. Pero en Getxo no se ha aprobado una moción para llevar a cabo esta declaración. Sin embargo, en Zarautz la moción municipal está aprobada, pero al no contar con el respaldo del grupo mayoritario, y no ser vinculante, el PNV no la lleva adelante. “No creemos que el PNV vaya a hacer nada antes de que termine la legislatura. Como mucho, justo antes del final, para decir en campaña que están haciendo algo en materia de vivienda. Lo tenemos clarísimo”, señala el portavoz socialista en el ayuntamiento, Inaxio Illarramendi.

El PNV atribuye el retraso a la “gran carga de trabajo” que tiene en estos momentos la concejalía de Urbanismo, con “otras prioridades”. “Estamos en una pelea constante con el PNV por este tema. Un continuo rifirrafe porque para nosotros sí es una prioridad”, dice el portavoz socialista. “Es una decisión política priorizar unos temas u otros y no les interesa porque el tema de las zonas tensionadas no es una política suya”. Recuerda Illarramendi que argumentan que establecer zonas tensionadas puede afectar de forma negativa al mercado.

Es una apreciación que en un principio se defendía en general por todo el PNV. Sin embargo, en Donostia o en Bilbao, “sitios donde también gobierna el PNV, que tiene alcaldía con el apoyo del PSE-EE, se han declarado zonas tensionadas”. “Y no tienen tanta problemática como Zarautz”, indica. “Estamos hablando de un municipio más o menos pequeño, de 23.000 habitantes, que tiene una problemática mayor que Donostia si hablamos del porcentaje que supone para los sueldos la vivienda en cuanto a su ingreso mensual”, denuncia. Señala también que en alquiler “los precios están por encima de los 1.000 euros, y en compra más de 400.000 euros cualquier piso a reformar”. “Y ante esto, para el PNV la única solución es construir más y no intervenir en el mercado. Obviamente estamos de acuerdo con el PNV en que hay que construir más vivienda pública, pero ellos no ven necesario una intervención en el mercado, como pueden ser con las zonas tensionadas, y para nosotros es prioritario”, señala el portavoz del PSE-EE.

La llegada del metro al barrio de Rekalde supera otro paso. Cuatro meses después de su anuncio, el Gobierno vasco ha aprobado el convenio con la Diputación Foral de Bizkaia que permitirá financiar esta esperada infraestructura, la línea 4, de forma conjunta entre ambas instituciones: el Gobierno vasco aportará un 55% del presupuesto y la diputación el 45% restante.

En concreto, el ente público dependiente de este Departamento, Euskal Trenbide Sarea (ETS), será el encargado de la construcción de la nueva infraestructura, de 6,7 kilómetros, que unirán los barrios del sur de Bilbao con la red de metro, con seis nuevas estaciones en Deusto/Universidad, Parque, Zabalburu, Elíptica, Irala y Rekalde.

El presupuesto inicial previsto es de 412 millones de euros, cuantía que podrá ser actualizada conforme a lo que establezcan los proyectos constructivos, actualmente en redacción. Aquí la diputación de Bizkaia, se ha curado en salud ante posibles vaivenes del presupuesto, ya que su 45% de aportación tiene un límite de 200 millones hasta 2032.

Esta primera fase establece un trazado que va desde Matiko, prolongando la actual L3 del metro -operada por la sociedad pública del Ejecutivo vasco Euskotren, que también gestionará el servicio de las futuras L4 y L5- y que se extenderá de forma soterrada hacia la zona universitaria en el barrio de Deusto, conectará con la zona de la plaza Euskadi, la plaza Moyua –donde se producirá la conexión con las líneas 1 y 2- y avanzará hacia Basurto por los barrios altos de Bilbao, Irala y Rekalde. Si se cumplen las previsiones del Gobierno vasco las obras se iniciarán en Rekalde a finales de 2027.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha señalado que este convenio que se acordó y presentó en diciembre del año pasado, es “fruto de mucho trabajo de negociación” del Gobierno vasco con la administración foral, con el objetivo de que “las vecinas y los vecinos de los barrios altos del sur de Bilbao tengan la conexión con el ferrocarril metropolitano que tanto han reivindicado”. La responsable de transportes ha destacado que la L4, junto con otros grandes proyectos que están en marcha esta legislatura como la L5, es “clave para las próximas décadas en la movilidad de Bizkaia” porque “sin duda van a permitir a este territorio histórico ser un referente de la movilidad sostenible”.

El acuerdo institucional para poner en marcha la línea 4 ha supuesto largos años de negociación y de muchas protestas vecinales. Las dificultades del acuerdo entre Gobierno y Diputación estribaban, sobre todo en el trazado y en la financiación. En lo que se refiere al dinero la Diputación de Bizkaia sale beneficiada, ya que en un principio se hablaba de que se financiara la infraestructura al 50% con el Gobierno vasco. En cuanto al trazado, la Diputación fijó como condición que la Línea 4 enlazara con Zorrotza y con la red ferroviaria de Encartaciones en Irauregi-Alonsotegi. Eso se plasma en el convenio aunque su desarrollo queda para una segunda fase.

En concreto, el compromiso es que en esa segunda fase se realicen los contactos interinstitucionales necesarios para impulsar la transferencia de la actual línea de ferrocarril que conecta la comarca de Encartaciones con Bilbao y que se encuentra en manos del Gobierno central a través de Adif y por la que transitan trenes de cercanías, un servicio transferido al Ejecutivo vasco en enero de 2025. El objetivo establecido en el convenio es dar un impulso a la transferencia de la infraestructura de esta línea, la C4f, para que la L4 del metro de Bilbao aproveche esta red existente y se prolongue hasta las Encartaciones, tras su transferencia. Al tratarse de cuestiones que superan el ámbito competencial actual de las administraciones firmantes, estas requieren de un desarrollo posterior para lo que no se ha establecido fecha concreta.

La Línea 4 del Metro se unirá a otras infraestructuras en marcha, en Bizkaia, como la Línea 5 del metro, que tendrá 6,3 kilómetros y cinco nuevas estaciones para conectar con el metro Basauri, Galdakao y el Hospital de Usansolo y enlazar también a futuro con la red de Euskotren que procede de Busturialdea y Durangaldea. Además, desde el departamento de Movilidad Sostenible, han destacado que se avanza en “los primeros pasos” para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, una obra que realiza ETS por encomienda de gestión del Gobierno central, y que “permitirá conectar las mercancías del puerto con la red de alta velocidad, liberando a los municipios de la margen izquierda del Nervión del tránsito de este tipo de trenes, que en la actualidad comparten la red con los trenes de cercanías”.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco sólo ha creado 252 plazas de educación pública en los últimos cuatro años pese a contar con fondos europeos para crear 1.518 plazas. El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado este hecho y lo ha calificado de “fraude” a las familias vacas. El dinero recibido para este fin de los fondos europeos era de 15,4 millones de euros, y en los años de ejecución, desde 2022, pese a crearse sólo el 16% de las plazas comprometidas, se ha gastado el 42% del presupuesto, 6,49 millones de euros. “Es decir, ni se han creado las plazas ni se han ejecutado correctamente los recursos disponibles”, ha denunciado Hernández.

El número de plazas creadas en la educación pública de 0 a 3 años con el paraguas de los fondos europeos, 252, figura en una documentación remitida por el Departamento de Educación al parlamentario de Sumar, en la que señalan que esta cifra es la que ejecutada a 31 de enero de 2026, pero que el plazo de justificación de estos fondos se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2026. Para poder cumplir con ese plazo, se ha fijado a los ayuntamientos, los plazos de ejecución y justificación hasta el 30 de abril y 29 de mayo respectivamente. Desde el departamento de Educación no han querido valorar las afirmaciones de Jon Hernández, más allá de remitir a la documentación remitida al Parlamento. El representante de Sumar ya ha anunciado que preguntará por esta cuestión a la consejera en el próximo pleno de control. “Estamos ante un fraude a la ciudadanía: había financiación europea, había necesidad y no se ha cumplido el objetivo”, ha señalado Hernández.

Para el parlamentario de Sumar, esta no es una cuestión de “retraso administrativo”, sino que se corresponde con una “decisión política consciente de no ampliar la red pública”. “No hablamos de incompetencia. Hablamos de una decisión política. El Gobierno vasco se resiste, con todos los medios a su alcance, a ampliar la red pública, pese a contar con financiación europea”, ha afirmado. Además, ha asegurado que primero intentaron utilizar el dinero para plazas concertadas, lo que no era posible porque los fondos son finalistas, y ahora no crean las plazas públicas. Una vez más perjudican a la educación pública para mimar a la privada, a la que no quieren que se le haga competencia“, ha señalado.

Hernández ha recordado en una comparecencia en la sala de prensa del Parlamento que el Gobierno vasco rechazó en diciembre de 2022 cerca de 11 millones de euros adicionales al considerarlos innecesarios, alegando que existían plazas suficientes. “Hoy sabemos que eso no era cierto, porque hay casi 30 municipios sin plazas públicas suficientes y decenas de centros con listas de espera”, ha señalado Hernández.

El parlamentario, muy crítico con la consejera, ha señalado que durante todos estos años desde que se distribuyeron los fondos, se han ofrecido datos que no se ajustan a la realidad. Según ha señalado, la consejera de Educación aseguró en noviembre de 2024 que el plazo para justificar los fondos se extendía hasta 2026, “cuando en realidad finaliza el próximo mes de mayo”. “Ese mismo día afirmó que ya se habían creado 577 plazas, una cifra que posteriormente fue rebajada, mientras se sostenía que un tercio de las plazas estaba en marcha y el total del dinero comprometido, afirmaciones que han quedado desmentidas por los datos actuales”, ha indicado Hernández.

Sumar también ha denunciado que parte de las plazas contabilizadas no son nuevas, sino traslados o ampliaciones, lo que “maquilla el grado real de cumplimiento, y ha citado expresamente los casos de Busturia o Astigarraga. Según ha destacado, en 2024 no se creó ninguna plaza nueva y de las once haurreskolak anunciadas para 2025 solo se han abierto tres, mientras otras se retrasan o ni siquiera cuentan con previsión. ”Con los plazos actuales, todo apunta a que más de mil plazas financiadas no se van a crear“, ha advertido. Frente a ello, Hernández ha puesto el foco en la situación real de las familias, recordando que en enero había cerca de 60 haurreskolak sin plazas disponibles para niños y niñas de entre 1 y 2 años, y que en casi 30 municipios la oferta pública es insuficiente. ”Esto ocurre en ciudades como Vitoria, Bilbao o Donostia, lo que demuestra que había necesidad, había dinero y no se ha actuado“, ha señalado.

Todo en las mismas manos: captura, transformación y comercialización del pescado en la misma empresa para que en la cadena que va desde la materia prima hasta el consumidor no se pierda el valor por el camino en detrimento del que está en el eslabón más bajo, en este caso el arrantzale. Las cofradías vascas son la base de la empresa Kofradia Basque Seafood (KBS), constituida de la mano del Gobierno vasco y que, por primera vez en Euskadi y en el Estado, une flota, industria y mercado. Un 'tres en uno' que pretende garantizar una trazabilidad de la calidad del producto desde el mar hasta la mesa y que, además, quiere facilitar el acceso al pescado fresco en los tiempos acelerados que corren. El consumidor podrá acceder al pescado limpio y preparado, sin esperar cola en la pescadería, y también habrá platos preparados.

La inversión inicial con la que nace KBS es de 3millones de euros y está constituida por las cofradías de pescadores de Gipuzkoa (Opegui) y Bizkaia (Opescaya), así como Hazilur dentro de la fundación Hazi del Gobierno vasco, que participa a través de préstamos participativos dirigidos al sector primario. Cada pata tiene un 33% de un proyecto que nace con la ambición de facturar alrededor de 21 millones de euros en 2027, y alcanzar los 30 millones de euros en 2030. Los promotores esperan alcanzar la rentabilidad en 2028 con un beneficio previsto de 1,4 millones de euros si se cumplen las previsiones de movilizar en ese momento un volumen superior a las 5.000 toneladas de pescado. En cuanto a los puestos de trabajo, se crearán en el arranque 25 empleos directos que se distribuirán en los 8.000 m² repartidos en tres centros: 20 personas en Berriatua, tres en Getaria y dos en Bermeo, aunque existe una previsión de incremento paulatino de empleo en el escenario 2026-2030.

La intención es “ofrecer una solución 360 grados”, abarcando todas las fases del pescado: fresco, congelado, granel, transformación, 4ª -cortado y envasado listo para cocinar- y 5ª gama -platos preparados- . “Al actuar como un proveedor único, KBS puede abastecer a los clientes de pescado fresco, congelado y productos locales capturados por la flota de bajura y altura”, señalan sus promotores, aunque también comercializarán especies de otros orígenes como salmón, bacalao o pulpo. “El objetivo es revertir esta situación adaptándose a los nuevos hábitos de la sociedad y las nuevas generaciones, ofreciendo soluciones que aporten valor y conveniencia”, señalan.

La planta central de la iniciativa estará en Berriatua, tras la adquisición de las instalaciones de la antigua empresa Posa en el marco de su concurso de acreedores. Asimismo, el proyecto se refuerza mediante acuerdos de cesión temporal para utilizar otras dos plantas productivas, una en Getaria, la antigua Oliveri, y otra en Bermeo, propiedad de la Cofradía de Pescadores de esta localidad. En concreto, en las instalaciones de Berriatua, de 4.500 m², se gestiona el granel -que está ya operativo desde mediados del mes de marzo- y se va a desarrollar al mismo tiempo las soluciones de 4ª gama -envasados- y 5ª gama -platos preparados y sopas-, que está previsto que esté operativo para finales de abril. En la planta de Getaria de 1.200 m², en las antiguas instalaciones de Oliveri, será el centro neurálgico del procesado del bonito del Norte y la anchoa. En esta planta, actualmente en régimen de cesión de sus instalaciones, pero que en un futuro próximo pasará a ser propiedad de KBS, se realizará la clasificación, pesaje y corte, además de recuperar la actividad tradicional de semiconservas y salazones de anchoa. Por último, en Bermeo la planta actualmente propiedad de la Cofradía de Pescadores de la localidad, de 2.500 m² se dedicará íntegramente a procesos de congelación mediante tecnología IQF (Individual Quick Freezing). Se trata de una de las dos únicas plantas a nivel nacional que incorpora esta tecnología de congelación individual rápida, que garantiza una calidad suprema. Este despliegue industrial cuenta con equipamiento de última generación, incluyendo fileteadoras de vanguardia en Berriatua para merluza, verdel, anchoa, sardina y lirio, nuevas cortadoras en Getaria para el bonito del Norte y soluciones punteras de envasado, según señalan sus promotores.

“Estamos ante un cambio de modelo: pasamos de participar en la cadena a tener un papel transversal en cada una de sus etapas. La integración de captura, transformación y comercialización nos permite ofrecer un producto con garantías totales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad, bajo una visión completa de todo el proceso. Nos encontramos en un momento en el que hay que reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado”, subraya Norberto Emazabel, representante de las cofradías de Gipuzkoa y Bizkaia.

Desde el Gobierno vasco la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, considera que “Kofradia Basque Seafood es una apuesta compartida para dar más fortaleza al sector y para situar el pescado vasco en una posición de mayor valor, más futuro y mayor capacidad de transformación”. “El proyecto representa una forma de alinear flota, industria y mercado bajo una misma estrategia, reforzando elementos cada vez más importantes para el sector y para la ciudadanía como la calidad, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el control del recurso”.

El Ayuntamiento de Sestao pagará más de un millón de euros a la empresa de limpieza ISS Facilty por haber trabajado durante seis años sin contrato en vigor. El consistorio ha llegado a un acuerdo con la empresa para evitar una sentencia judicial aún más perjudicial para las arcas municipales y tendrá que abonar la cantidad pactada en el mes de mayo. ISS Facility realizaba labores de limpieza en varias dependencias que dependen del ayuntamiento como la residencia de ancianos, el polideportivo, colegios y algún centro municipal, por lo que cuando se acabaron los dos contratos que tenían en vigor en el año 2019 y en 2020, se impuso una prórroga forzosa por ser un servicio esencial, y así ha permanecido hasta ahora, es decir, sin una nueva licitación y, por tanto, sin una actualización de precios, pese a que la empresa realizó varias reclamaciones y que el consistorio tendrá ahora que compensar.

En concreto, el consistorio tendrá que pagar 1.045.640, euros, que rebaja más o menos en un 20% la cantidad que reclamaba en principio en la denuncia que presentó ante el juzgado en 2024, 1,3 millones, a lo que habría que añadir los daños posteriores, e intereses legales que se pudieran derivar de la sentencia, aunque la cantidad podía haber superado los dos millones de euros, según reconocen desde el equipo de gobierno actual -PNV- PSE-EE- , porque la empresa se planteaba meter en la reclamación los seis últimos meses que no había incluido El equipo de Gobierno municipal, que dice que se trata de un problema “heredado” de la anterior legislatura, contrató una asesoría para comprobar si al reclamación era correcta y tras comprobar que el Ayuntamiento “iba a perder seguro” en los tribunales, inició una negociación con la empresa que ha culminado en el acuerdo con una ligera rebaja de la cantidad reclamada es lo que ha dejado de cobrar por no actualizarse los precios del contrato en todos estos años. Una negociación de la que ha salido un acuerdo “beneficioso para el consistorio” según ha señalado la actual concejala de Servicios Públicos, Rosa del Palacio (PSE-EE), que también ha indicado que la compañía prefería negociar porque “son empresas que licitan continuamente en ayuntamientos y prefieren un mal acuerdo previo, que un buen juicio”.

Desde el Gobierno han insistido en que quieren explicar con claridad el asunto, pero lo cierto es que el pago de esta cantidad, que se llevará buena parte del remanente que tiene el Ayuntamiento del año pasado, que asciende a ocho millones de euros, ha salido a la luz después de que EH Bildu preguntara por el tema primero en comisión,y después en pleno, tras percatarse de la modificación del remanente para pagar “indemnizaciones”. “Hay algo que se estaba intentando que pasara desapercibido, ha señalado el concejal de EH Bildu, Javi González, aludiendo a que se ha conocido el tema después de las preguntas planteadas por su grupo en pleno. ”Estamos hablando de dinero público, y las cuentas tienen que ser claras y transparentes“, ha señalado y ha criticado la ”mala gestión“ realizada por parte del PNV. ”La responsabilidad es del equipo de Gobierno, da igual quién fuera el concejal de servicios públicos entonces“, ha señalado, y ha recordado que el portavoz del anterior gobierno municipal Gorka Álvarez, está ahora sentado en la alcaldía. Álvarez asumió la alcaldía en 2025 en sustitución de Ainhoa Basabe, que dejó la alcaldía a medio mandato, después de cuatro años como alcaldesa, ya que sustituyó en 2021 a Josu Bergara, que dejó el puesto para pasar a otras funciones en la Diputación Foral de Bizkaia. Es decir, la prórroga forzosa de los contratos y la no licitación de los concursos ocurrió durante el mandato de Bergara y de Basabe. Estos contratos ya están licitados, uno de ellos el año pasado y otro esta misma semana, y según han confirmado fuentes del ayuntamiento, la empresa ISS ha vuelto a resultar adjudicataria de los mismos.

En principio, el pago se iba a hacer en dos partes, abril y octubre, pero finalmente se prevé pagar de una sola vez en mayo, y evitar el juicio que está ya fijado para el 14 de ese mes. La modificación definitiva del crédito para realizar el pago se realizará en un próximo pleno.

El Gobierno vasco no considera el turismo de cruceros un objetivo prioritario de su estrategia y, de hecho, no ha participado en los últimos años en ningún tipo de feria o evento de captación de este tipo de viajeros. “No es un producto prioritario dentro de nuestra estrategia turística”, señala el consejero socialista del ramo, Javier Hurtado. “El modelo turístico de Euskadi se asienta sobre la base de la sostenibilidad, a través de acciones como la diversidad de la oferta, el alargamiento de la estancia, el movimiento de flujos y la desestacionalización”, dice en una respuesta parlamentaria. Es decir, algo diferente a la llegada puntual de visitantes en buques al puerto de Bilbao, que está experimentando un enorme crecimiento en los últimos años y a lo que la Autoridad Portuaria dedica una ardua labor de promoción que le está llevando a cifras récord.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, que también le ha preguntado por la misma cuestión en la sesión de control en el Parlamento Vasco de este viernes, Hurtado señala que el modelo turístico que se quiere extender en Euskadi les lleva a que no se incluyan por parte del departamento “acciones de promoción o de atracción, el turismo relacionado con los cruceros”. La parlamentaria le pregunta si se ha participado por parte del Gobierno en algún evento de este tipo en los últimos cinco años. “Eso sí, los visitantes que llegan a Euskadi a través de este medio de transporte son tratados y acogidos como lo es cualquier turista respetuoso que quiera conocer nuestro territorio”, puntualiza el consejero.

Esta falta de interés por parte del Gobierno en atraer cruceros contrasta con el incremento de esta actividad en los últimos años y la extensa actividad de promoción en este sentido que realiza la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las previsiones apuntan a que este año 2026 se produzca un nuevo récord en la llegada de buques, con diez barcos más que el año pasado, lo que supondrá 80.000 viajeros más que los que llegaron a la terminal de cruceros de Getxo el año pasado.

Hurtado reconoce que no hay ningún tipo de coordinación desde el Gobierno vasco con el puerto de Bilbao para gestionar este tipo de turismo, más allá de la “meramente informativa” que realiza, la Autoridad Portuaria. A falta de esta coordinación señala el consejero que “el modelo turístico promovido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es conocido por todo el sector, lo que facilita la alineación de estrategias y la colaboración en su desarrollo”. La parlamentaria de EH Bildu ha criticado la falta de coordinación entre ambas instancias: “En un momento en el que el turismo de cruceros incide tanto, que el Gobierno y la Autoridad Portuaria no vayan en direcciones similares, no es aceptable, y creo que la falta de competencias no es suficiente argumento”, ha señalado durante el pleno.

En los últimos años, el puerto de Bilbao ha experimentado un importante crecimiento de la llegada de cruceros, y la Autoridad Portuaria se ha volcado en labores de promoción destinadas a la atracción de navieras que incluyan Getxo entre sus escalas y si es posible que elijan este puerto como inicio o final del viaje. Esta misma semana la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado presente en la feria Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector de cruceros, que se ha celebrado 13 al 16 de abril en Miami, en la que ya es habitual la presencia de Bilbao para cerrar contactos navieras y turoperadores que puedan recalar en la terminal de Getxo.

Las previsiones para este año son superar las cien escalas, frente a los 95 buques del año pasado, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades entre 113 y 6.334 pasajeros. La terminal Olatua de Getxo acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un viaje de ida y regreso desde Getxo. No obstante, pese a estas previsiones en aumento el consejero Hurtado ha rechazado que esto suponga un “turismo de masas” en Getxo, como ha señalado la parlamentaria de EH Bildu: “El turismo de cruceros supone sólo un 3% del total”, ha indicado.

Puerto sostenible

La Autoridad Portuaria de Bilbao que dirige Iván Jiménez considera que la inversión realizada en los últimos años en la terminal de cruceros de Getxo ha sido fundamental para colocar a este puerto como punto de referencia para muchas rutas y ser ahora foco de atracción en el sector. Desde la Autoridad Destacan además los esfuerzos destinados a que el Puerto y los cruceros que atraquen en él se adapten a parámetros de sostenibilidad. Por ejemplo, señalan que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales. El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones

Además, el puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con dos puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque. No obstante, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere además centralizar todo lo que tenga que ver con pasajeros en esta terminal de Getxo, por eso, se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros. La parlamentaria de EH Bildu también ha interpelado por eta cuestión al consejero Hurtado en el Parlamento, pero no ha querido pronunciarse por lo que ha denominado “futurible”, y que, además, es competencia de la autoridad portuaria. No obstante, ha recordado que los ferris son medios de transporte y los cruceros son alojamientos turísticos flotantes.