La reserva estratégica de suelo vasca para vivienda protegida que contempla la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo se estrena en Urnieta. La reparcelación de la zona conocida como Babilonia, en la que está prevista la construcción de 340 viviendas, reserva para el patrimonio público de suelo del Gobierno vasco la participación del 5% prevista en la ley aprobada en el mes de diciembre, lo que supone 3.487,5 metros cuadrados.

Esta reserva de suelo era una medida de la nueva normativa que se preveía polémica, porque supone la obligación de los ayuntamientos a ceder suelo urbanizable al Ejecutivo, y de hecho, esta primera cesión se ha conseguido después de que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana remitiera un requerimiento al Ayuntamiento de Urnieta, gobernado por el PNV, tras comprobar que la aprobación definitiva de la reparcelación no había contemplado inicialmente esta reserva, según han señalado desde la consejería que dirige Denis Itxaso.

En concreto, la nueva regulación establece que, en las unidades de ejecución promovidas por particulares, de uso predominantemente residencial, con más de 20.000 metros cuadrados de techo residencial y previsión de vivienda protegida, una tercera parte de la cesión urbanística pública corresponde al Gobierno vasco. Esa participación equivale al 5% del aprovechamiento total cuando la cesión pública es del 15%. Según ha cuantificado el Ejecutivo, en números, el proyecto de reparcelación cuantifica la edificabilidad residencial del ámbito en 34.741 metros cuadrados y la edificabilidad ponderada total en 69.750,36 metros cuadrados. De esos, el 5% recalará sobre el Ejecutivo autonómico, es decir, 3.487,5 metros cuadrados.

La ley permite materializar la cesión en parcelas edificables o en superficie de viviendas construidas, terminadas y equipadas, que quedarán adscritas al patrimonio público. Según ha señalado el departamento de Vivienda, en el caso de esta parcela de Urnieta, se está ultimando el encaje técnico para que el aprovechamiento correspondiente al Gobierno vasco -los 3.487,5 metros cuadrados- “se materialice con hasta 30 viviendas protegidas terminadas, que se inscribirán a su nombre y se incorporarán al parque público de alquiler. La cifra definitiva dependerá de los cálculos económicos y urbanísticos que aún deben cerrarse”, señalan. “La fórmula permitirá hacer efectivo el 5% sin poner en riesgo la continuidad del ámbito ni obligar a iniciar una nueva reparcelación. El objetivo técnico es completar el proceso antes de finales de septiembre, una vez formalizada la respuesta al requerimiento y resueltos los detalles registrales y económicos!.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha advertido de que “no estamos ante una concesión graciable ni ante una decisión voluntaria que pueda negociarse de forma distinta en cada municipio. Es el cumplimiento de un automatismo legal aprobado por el Parlamento Vasco. Babilonia será el primer caso, pero todas las reparcelaciones que reúnan los requisitos deberán incorporar desde el inicio la participación que corresponde al Gobierno vasco”.

La reserva estratégica permitirá acumular suelo y activos residenciales con destino permanente a la promoción de vivienda protegida en alquiler. Su finalidad es dotar al Gobierno vasco de una base patrimonial estable que permita programar nuevas promociones durante las próximas décadas y reducir la dependencia de cesiones puntuales o de la disponibilidad coyuntural de parcelas, defiende el consejero. Por eso, ha reiterado que se trata de una “cuestión de país y no caben atajos en la aplicación de la ley. Cada operación que cumpla los requisitos debe contribuir a ampliar el patrimonio público y cada metro cuadrado obtenido debe orientarse a vivienda protegida en alquiler”, ha advertido. El Departamento realizará un seguimiento de las nuevas reparcelaciones para garantizar que esta previsión se incorpora correctamente.

No obstante, recuerda que el mecanismo mantiene la posibilidad de colaboración municipal: “Cuando un ayuntamiento opte por promover directamente vivienda pública en alquiler, podrá solicitar al Gobierno vasco las parcelas resultantes de esta cesión mediante la presentación del correspondiente proyecto de edificación. La prioridad es garantizar que el aprovechamiento urbanístico público termine generando vivienda asequible y permanezca vinculado a esa finalidad”.

Itxaso ha destacado que medio año después de la aprobación de la Ley, las primeras herramientas creadas para movilizar suelo y acelerar la producción residencial “comienzan a trasladarse a operaciones concretas”. En este sentido, ha señalado que además de la primera reserva de suelo en Urnieta, Errenteria y Portugalete han activado la vía de la actuación prioritaria en los ámbitos de Gamongoa y Vicios. “Una ley adquiere todo su sentido cuando deja de ser una previsión en el boletín y empieza a resolver problemas reales. Gamongoa y Vicios muestran que la actuación prioritaria puede ayudar a desbloquear suelo y Babilonia inaugura un mecanismo que permitirá transformar una parte de las plusvalías urbanísticas en patrimonio público destinado al alquiler”, indica.

Portugalete y Errenteria se han acogido a la actuación prioritaria y el procedimiento abreviado para tramitarla para las actuaciones que prevean vivienda de protección pública. Esta calificación permite utilizar un procedimiento abreviado, tramitar de manera coordinada los informes y autorizaciones, flexibilizar determinadas previsiones del planeamiento y evitar instrumentos urbanísticos intermedios cuando se apruebe el proyecto ejecutivo. Los reajustes de la ordenación estructural no pueden superar el 10% de la superficie del ámbito, de la edificabilidad urbanística total o de los usos compatibles. El procedimiento mantiene los estudios de viabilidad y sostenibilidad económica, la evaluación ambiental que corresponda, los informes sectoriales y las garantías de ejecución. También exige acompasar la construcción de la vivienda protegida y la libre. “Agilizar no significa rebajar garantías. Significa ordenar trámites, eliminar duplicidades y exigir compromisos reales de ejecución. El tiempo del urbanismo tiene que acercarse al tiempo de las personas”, ha afirmado Itxaso.

En el caso de Errenteria, ha planteado el desarrollo de Gamongoa, situado entre el polígono de Txirrita Maleo y Pontika, mediante un anteproyecto de actuación prioritaria. La propuesta eleva la capacidad residencial desde las aproximadamente 680 viviendas previstas inicialmente hasta un máximo cercano a 755, con alrededor de 70 unidades adicionales. El ajuste se apoya en el incremento de hasta el 10% permitido para la edificabilidad urbanística. De acuerdo con los datos publicados sobre la operación, la superficie construible pasaría de 61.416 a 67.557 metros cuadrados. Más del 75% de las viviendas continuará sometido a algún régimen de protección pública, por encima del mínimo legal aplicable.

La combinación de vivienda social, tasada y libre pretende mejorar la viabilidad económica del ámbito sin renunciar al carácter mayoritariamente protegido de la actuación. Las viviendas tasadas mantienen un precio regulado y permiten ampliar la respuesta a hogares de rentas medias que tampoco pueden acceder al mercado libre en las condiciones actuales. Itxaso ha señalado que “la flexibilidad prevista por la ley está al servicio de la ejecución. No tendría sentido mantener durante años un planeamiento formalmente ambicioso si sus viviendas nunca llegan a construirse”. “La obligación pública consiste en preservar la protección y encontrar una combinación viable que permita pasar del plano a la obra”, indica.

El proyecto se encuentra todavía en fase de tramitación municipal. La presentación del anteproyecto inicia el procedimiento abreviado, pero no sustituye las aprobaciones, informes y garantías que deberán completarse antes de comenzar la urbanización y la edificación.

En Portugalete, la propiedad de los terrenos de Vicios ha registrado un anteproyecto de actuación prioritaria para promover hasta 650 viviendas en uno de los principales ámbitos de expansión del municipio. El desarrollo permanecía paralizado desde hacía más de veinte años, mientras la demanda de vivienda protegida en la localidad ha alcanzado las 3.665 solicitudes.

La propuesta inicial contempla 420 viviendas sometidas a protección pública y 230 viviendas libres. De las protegidas, 360 serían viviendas sociales —la mitad en alquiler y la mitad en compra— y 60 serían tasadas. En conjunto, la protección pública representaría el 64,5% de la actuación, por encima del mínimo del 60% que la ley permite aplicar en suelo urbanizable cuando se acredita la viabilidad económica y se asumen condiciones de ejecución inmediata.

El planteamiento mantiene el número de viviendas sociales dirigidas a las rentas más bajas y reajusta el peso de la vivienda tasada y libre para hacer posible la operación. Las cifras deberán concretarse durante la tramitación y ser aprobadas por el Ayuntamiento de Portugalete.

“Durante años advertimos de que había miles de viviendas protegidas pendientes de construirse en suelos ya calificados porque las operaciones no cerraban económicamente o quedaban atrapadas en procedimientos interminables. La ley se aprobó para intervenir sobre ese bloqueo y estos primeros anteproyectos empiezan a acreditar que la herramienta era necesaria y útil”, ha subrayado el consejero.

El día grande de las fiestas de Vitoria se ha visto condicionado este año por la huelga de los técnicos de sonido y espectáculos que han iniciado un paro a las 6.00 horas de este miércoles que se alargará hasta las 6.00 horas del jueves, por lo que están en el aire también algunos de los espectáculos nocturnos. Uno de los conciertos más esperados de la noche, el de Leire Martínez, previsto para las 00.00 horas, sigue adelante. La exvocalista de la Oreja de Van Gogh tiene su propio equipo de técnicos de sonido -algo habitual en la mayoría de los cantantes durante sus giras- , y el escenario de la Plaza de los Fueros, donde se celebrará el concierto, se ha montado por trabajadores autónomos. Los huelguistas han anunciado que pedirán a la Inspección de de Trabajo que investigue con qué empleados se ha montado este escenario y el de la plaza del Machete, así como las condiciones en las que se les ha contratado, por si pudiera ser un acto contra el derecho de huelga, según ha explicado el portavoz de Teknikariok, Andrés Tejería.

Aunque la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, manifestaba a primera hora de este miércoles su deseo de que el seguimiento del paro fuera “mínimo” y que los actos programados se pudieran desarrollar “con toda la normalidad”, lo cierto es que la huelga se ha hecho evidente desde primera hora en los actos de la fiesta. Al margen de los piquetes, que se han dejado ver en diversas actuaciones a lo largo del día, se han suspendido los conciertos que estaban previstos en las txosnas de Chocolate Remix, Arranbe y Maruxak, además de las sesiones de DJ Izenordainak, DJ Radio Patio y DJ 3katu, y los espectáculos de cada agrupación, en solidaridad con los huelguistas. La Txama ha cancelado su concierto de esta noche en la plaza del Machete, también se ha suspendido el de Mariachi Imperial Guanajuato, en la plaza de la Provincia, y la función de teatro 'La pasión infinita', con Pepón Nieto. El Ayuntamiento ha informado de que la devolución del importe de las entradas se realizará automáticamente, sin necesitar de solicitarlo, en el caso de que estén compradas por internet. Con los pases adquiridos por taquilla o vía telefónica, la devolución del dinero se podrá pedir, a partir del 10 de septiembre, en la taquilla de la red municipal de teatros de Vitoria, en la Oficina de Turismo, situada en el número 1 de la plaza de España o a través del teléfono 945161045. En este caso será necesario entregar la entrada a devolver. Otros eventos, como las jotas en el parque del Prado, se han desarrollado sin técnicos de sonido y se han suspendido los previstos en la plaza de la Provincia.

La jornada de huelga se ha llevado a cabo sin servicios mínimos, porque no se considera un servicio esencial, y el paro se repetirá el día 14 en Donostia y el 26 de agosto en Bilbao, también coincidiendo con las fiestas de ambas capitales, si antes no consiguen llegar a un acuerdo con la patronal, Euki, con la que intentan negociar un convenio propio que recoja sus reivindicaciones.

Los convocantes de estas tres jornadas de paro, el colectivo Teknikariok y los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT, ya hicieron paros en primavera, el pasado 15 de mayo, que consideraron un “rotundo e incuestionable éxito”, pese a que no sirvió para acercar posturas con la patronal Euki en la negociación del convenio. Como denuncia Andrés Tejería, portavoz del colectivo en huelga, no pueden permitir que se sigan “vulnerando nuestros derechos y que se perpetúe la inestabilidad que sufrimos”. Según han denunciado, la patronal se niega a desbloquear, lo que consideran “el punto más sangrante” de la negociación y el detonante de la ruptura de las negociaciones: la flexibilidad y la falta de preaviso digno en los calendarios laborales. Se quejan de trabajar en un sector “completamente desregularizado” que, además, tiene que cohabitar con “paracaidistas”, empresas que vienen de fuera a los festivales o que acompañan a algunos artistas con condiciones diferentes a las suyas. Estos trabajadores ponen el foco en los Ayuntamientos como parte del problema, ya que “en la gran mayoría de los contratos de los concursos públicos para adjudicar los equipos de fiestas no hay ninguna cláusula de tipo social”, que vigile que los trabajadores tengan condiciones dignas.

Los ayuntamientos vascos han empezado a perfilar las respectivas ordenanzas para aplicar el impuesto turístico a partir del 1 de enero de 2027. Con él, se gravará a los viajeros que pernocten en Euskadi durante los seis primeros días de su estancia. Aunque desde que se aprobó la norma por parte de las tres Juntas Generales los consistorios ya han estado trabajando sobre la forma de aplicación, para que entre en vigor a principios de año sin problemas los respectivos plenos deberán aprobar las normativas en otoño. Son ya varios los municipios que ya han sacado a exposición pública sus primeros borradores y dejan ver ya que la normativa será distinta casi en cada municipio, desde tarifas mínimas a las máximas, según el caso, aunque con el denominador común de poner el foco especialmente en penalizar los pisos y viviendas turísticas sobre los alojamientos tradicionales. Todo parece indicar que la mayoría de los ayuntamientos que apliquen el impuesto optarán por las tarifas máximas en el caso de los primeros, es decir, 6,5 euros por noche para las pernoctaciones en pisos y viviendas turísticas, lo mismo que el máximo aplicable para un hotel de cinco estrellas.

Las tres capitales son el principal exponente de las diferencias a la hora de elegir las tarifas con las que se aplicará el impuesto. Desde la elección de la tarifa mínima de Vitoria, hasta las máximas de Donostia, con el punto intermedio en Bilbao. Donostia es la capital más afectada por el efecto del turismo hasta ahora, y desde el primer momento ha defendido aplicar las tarifas más elevadas. De hecho, el alcalde, Jon Insausti, del PNV, ha pedido hasta el último momento que el impuesto se aplicara para la capital guipuzcoana desde este mismo verano, algo que finalmente no ha sido posible.

Donostia prevé recaudar alrededor de ocho millones de euros con este impuesto con la aplicación de las tarifas más altas dentro de la horquilla aprobada por las diputaciones, que es la misma tabla para las tres. Esto significa que los turistas pagarán en Donostia 6,50 euros si pernoctan en hoteles de cinco estrellas, lo mismo que las viviendas turísticas enteras o por habitaciones, mientras que los cruceristas pagarán siete euros. En los hoteles de cuatro estrellas 5,50; de 3 estrellas 3,50; de 2 estrellas 2,50; y de 1 estrella 1,75. Los viajeros que se alojen en agroturismo pagarán 1,25 euros. En las pensiones el coste será de 1,75 euros; en apartamentos turísticos 3,50 euros; en campings y otras modalidades de acampada 1,75 euros; y en albergues 1,75 euros.

Bilbao, a la espera de ver cuál es el desarrollo final de la norma y de si se aceptan o no las posibles enmiendas de los grupos, ha optado por un punto intermedio, “utilizando el margen que ofrece la norma foral con criterios de moderación y equilibrio”, han señalado desde el consistorio. Para que los viajeros “contribuyan de forma razonable al sostenimiento de los servicios públicos sin perjudicar la competitividad de Bilbao como destino”. Esto supone en la práctica que se supera el mínimo en casi todas las categorías de alojamiento, pero sin llegar a los tipos máximos, salvo en el caso de los pisos o viviendas turísticas enteras o por habitaciones, que pagarán 6,5 euros por noche, el tope posible.

En el resto de los alojamientos de Bilbao se pagará, en principio, menos que en Donostia, pese a que las previsiones de recaudación son superiores, y calculan que la capital vizcaína recaudará alrededor de 12 millones de euros. En concreto, el borrador de norma de Bilbao prevé pagos de 5 euros para los hoteles de cinco estrellas, 4 euros para los de cuatro estrellas y 2 euros, 1,5 y 1 euro para los de tres, dos y una estrella, respectivamente. En las pensiones, campings, agroturismo, casas rurales y albergues, será de 1 euro, y de 3,5 para los apartamentos turísticos, frente a los 6,5 de los pisos y viviendas turísticas. Los cruceros pagarán 6 euros.

Vitoria es la capital que ha optado por el mínimo de la horquilla en todas las categorías de alojamientos, al menos en el arranque de la tramitación de la orden, incluidas las viviendas de uso turístico en las que se pagarán 4,5 euros por noche. Lo mismo que los establecimientos hoteleros de cinco estrellas. En los de cuatro estrellas se pagarán 3,50 euros, y 1,50, un euro y 0,75 euros para las tres categorías hoteleras siguientes. 0,75 euros se pagará también en las pensiones, campings, casas rurales y albergues, mientras que en apartamentos turísticos el coste será de 1,5 euros. En los agroturismos se pagará 0,50 euros.

Si Vitoria ha optado por los mínimos, la localidad alavesa de Laguardia sí ha reservado la tarifa máxima para las viviendas de uso turístico. En estos casos se cobrarán 6,5 euros por persona y noche para “frenar la proliferación de este tipo de alojamientos y proteger el uso residencial del casco histórico”. También se aplicará la tasa máxima a los hoteles de cinco estrellas, aunque en este momento no hay ninguno en esta localidad de la Rioja Alavesa. En el resto de alojamientos las tarifas previstas se situarán por debajo de rango máximo de la horquilla. En otras localidades como la guipuzcoana Oñati también se gravará al máximo los pisos turísticos.

Todavía quedan meses hasta que se conozca la forma definitiva que tendrá este impuesto en cada municipio. Los Ayuntamientos son autónomos para decidir no aplicarlo, pero incluso los que así lo decidan tienen que aprobar una ordenanza con exenciones del impuesto. En el caso de que no se aprueben las ordenanzas municipales se aplicarán por defecto las tarifas más elevada de cada tramo.

Euskadi ha registrado 1.378 parados más en el pasado julio, un mes en el que se ha frenado la creación de empleo con la pérdida de 2.386 cotizantes a la Seguridad Social. Estos datos rompen una tendencia de cinco meses de generación de empleo al alza, que el Gobierno vasco ha vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral tras el final de curso y no a un deterioro de la actividad económica o a una pérdida significativa de empleo, según ha señalado la directora de Empleo, Arantza Martínez.

Con el dato de este mes de julio hay en Euskadi 105.590 parados inscritos en las oficinas del servicio público de empleo, Lanbide. Crece respecto al mes de junio, 1.378 parados más, lo que supone un incremento del 1,32%, pero también respecto al mismo mes de julio de 2025: 599 más que hace un año, un 0,57% más. Y la evolución también es peor que en el resto del Estado, donde el paro creció en un 0,85% respecto a junio y bajó un 3,87% en relación con el pasado año.

Por sectores, el crecimiento del paro ha estado impulsado por el aumento en los Servicios, con 904 más (+1,25%), y en el colectivo sin empleo anterior, con 565 más (+3,77%). Sin embargo, ha bajado en Agricultura, con 35 desempleados menos (-1,99%), en Construcción, con 33 menos (-0,63%), y Industria, con 23 menos (-0,23%). Los tres territorios han crecido en parados respecto al mes anterior: 832 parados más (+1,41%) en Bizkaia; 280 parados más (+1,61%) en Álava; y 266 parados más (+0,95%) en Gipuzkoa.

De los 105.590 desempleados registrados en julio en Euskadi, 61.606 son mujeres, 825 más que el mes anterior y 342 más que un año antes. Los 43.984 hombres en paro suponen un aumento de 553 respecto a junio y de 257 respecto a julio de 2025. En lo que se refiere a las franjas de edad, el desempleo crece en todas, pero con el mayor crecimiento porcentual entre los menores de 30 años, colectivo que aumenta su cifra de desempleados un 3,07% hasta situar su cifra de desempleados en 17.469. En relación con el pasado año, hay un 2,44% más de parados en esta franja de edad. En el colectivo de 30 a 44 años, con 29.328 personas inscritas, incrementan sus datos de paro en un 2,32% mensual, si bien bajan en la comparativa interanual un 0,82%.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Euskadi pierde 2.386 afiliados, con lo que cuenta con 1.042.300 personas inscritas a la Seguridad Social, que supone 19.001 más respecto a las que había en julio de 2025 (+1,86%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gipuzkoa es el único que ha incrementado su afiliación en términos mensuales, con 1.365 cotizantes más que en junio, mientras que Bizkaia ha perdido 3.026 y Álava 725. En la variación interanual, se han registrado aumentos de 10.344 afiliados en el territorio vizcaíno, 4.365 en el alavés y 4.292 en el guipuzcoano.

El Gobierno vasco ha señalado que la subida del paro está vinculada principalmente a la “incorporación de nuevas personas al mercado laboral tras el final de curso y no a un deterioro de la actividad económica o a una pérdida significativa de empleo”. En este sentido, la directora de Empleo, Arantza Martínez, ha señalado que constituye una prueba de ello el hecho de que la población activa en Euskadi continúa creciendo. “Según los últimos datos de Eustat, durante el segundo trimestre de 2026 la población activa aumentó en más de 10.000 personas respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la tasa de actividad se mantuvo estable. Este comportamiento refleja una mayor disposición de la ciudadanía a incorporarse al mercado laboral, un fenómeno positivo que puede traducirse temporalmente en aumentos del paro registrado cuando las nuevas incorporaciones se producen a un ritmo superior al de la creación de empleo”.

Por otra parte, ha señalado que “la evolución sectorial refuerza esta interpretación”. Y ha destacado en este sentido que el desempleo disminuyó en julio respecto al año pasado en sectores estrechamente vinculados a la actividad productiva, como la industria (-1,95%), la construcción (-2,86%) y la agricultura y la pesca (-2,92%). También se reduce en los servicios (-0,81%), el principal sector de empleo de Euskadi, mientras que “el incremento anual del desempleo se concentra en personas sin empleo anterior, un colectivo en el que suele registrarse una mayor presencia de personas que acceden por primera vez al mercado laboral”.

La localidad vizcaína de Karrantza recibirá durante todo este mes alrededor de 250 metros cúbicos de agua al día -250.000 litros- de lunes a viernes para paliar la situación de sequía que sufre la zona en ese verano especialmente caluroso y seco. La distribución del agua se realizará a través de camiones cisterna y el transporte se financiará por parte de la Diputación de Bizkaia con el fin de poder garantizar el suministro tras el descenso de las reservas de agua de los embalses que abastecen este municipio, que no está conectado a la red del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, es decir, a los embalses del Zadorra en Álava.

Los camiones trasladarán el agua desde el depósito del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia de Zalla hasta el depósito de San Esteban, que será el punto principal de recepción del suministro, aunque, según ha informado la Diputación foral, cuando las necesidades del sistema lo requieran también se abastecerá el depósito de Ubal. Será el Ayuntamiento de Karrantza, que el que pagará el agua, quien determine en cada momento el destinoen función del estado de las reservas y de las necesidades del abastecimiento municipal. Inicialmente, el traslado de agua se realizará durante un mes, aunque podría ampliarse si la situación lo requiere.

La falta de agua de esta zona, que cuenta con una población de 2.715 habitantes en 137 kilómetros cuadrados y con la cabaña ganadera más importante de Bizkaia, se ha agravado por la falta de precipitaciones en un momento en el que sólo cuenta con una de las dos balsas que tenía operativas para el abastecimiento de agua potable. La balsa de La Argañeda de unos 100.000 metros cúbicos de capacidad, está inutilizada desde el mes de marzo por un corrimiento de tierras. Sólo está operativa la balsa de La Cerroja, de 300.000 metros cúbicos de capacidad, pero a la que la falta de lluvias tiene reducido a un 60%. El Ayuntamiento ya había pedido a la población al inicio del verano que limitara en todo lo posible el consumo de agua, pero el mes de julio ha agravado la situación. En 2022 Karrantza tuvo que trasladar el agua en camiones desde el municipio cántabro de Ramales de la Victoria al no llegar a un acuerdo con la Diputación de Bizkaia

Cada vez son más frecuentes en Euskadi estas necesidades extraordinarias de agua en determinadas poblaciones ante un evidente cambio climático que está derivando en veranos cada vez más secos. Las restricciones han afectado sobre todo en aquellas zonas que no están integradas en la línea del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, que se abastece de los embalses del sistema del Zadorra. Por ejemplo, en el caso de Urdaibai en el año 2022 se trasladó agua en Barco desde Santurtzi a Bermeo para abastecer a esta localidad además de a Mundaka, Sukarrieta y Busturia, muy afectados por la sequía este año. Se trata de un operativo que en ese año se usó por primera vez en Euskadi, aunque sí se había utilizado este sistema en otras zonas de España más afectadas hasta ahora por la sequía.

Este verano 2026 no se ha llegado en esta zona de Urdaibai a esta situación extrema, pero desde el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, ante la situación de alerta por la falta de lluvias, se ha pedido a 21 ayuntamientos de Busturialdea y Lea-Artibai la adopción de medidas para limitar el consumo de agua en usos como la limpieza de calles. Se trata de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika-Lumo, Forua, Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelua, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Ispaster, Berriatua, Etxebarria, Markina-Xemein y Ondarroa.

Además, se ha instado a los consistorios a prohibir en su ámbito de actuación el llenado y reposición de piscinas privadas, el riego de jardines y huertas, el lavado de vehículos y de espacios privados tales como patios o plazoletas. Además, se ha apelado a la “responsabilidad e implicación de toda la población” para que haga un uso racional en el ámbito privado y limite el consumo de agua para actividades no esenciales. “Todo ello con el objetivo de evitar la adopción de medidas más drásticas que pudieran implicar la interrupción temporal del suministro”, han señalado.

Desde el Consorcio han destacado que durante este año 2026, se han intensificado las actuaciones para reforzar la garantía de abastecimiento en Busturialdea y Lea-Artibai. Entre ellas, la ejecución de nuevos sondeos para incorporar recursos subterráneos complementarios, la mejora de diversas captaciones, la renovación de conducciones para reducir pérdidas en la red, la reparación de fugas, la sectorización y optimización de las redes de distribución, así como la detección y eliminación de consumos irregulares. Paralelamente, se ha optimizado la explotación de los diferentes recursos disponibles para aprovechar al máximo cada litro de agua sin comprometer los caudales ecológicos de los ríos.

Los embalses del sistema del Zadorra, de los que se abastece el grueso del territorio histórico de Bizkaia, están en niveles de normalidad –por encima del 71% de su capacidad–, pero las elevadas temperaturas registradas durante el mes de junio y también de julio y las escasas lluvias de las últimas semanas han dejado algunas cuencas que ya son habitualmente deficitarias en verano, en situación de escasez estructural. Se trata de zonas que se abastecen de recursos propios y tienen una dependencia histórica de sus pequeños cauces fluviales, por lo que los sistemas se ven alterados con facilidad después de una etapa prolongada sin lluvias.

Es el caso de Urdaibai, de Karrantza -en este caso agravado por la pérdida de una de las presas de las que se abastecía- y también de zonas de Álava, muy afectadas por la ausencia de precipitaciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Asparrena ha prohibido regar jardines y zonas verdes, llenar o reponer agua en piscinas privadas y lavar vehículos con agua de la red. Además, el consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para realizar un uso responsable del recurso y reducir cualquier consumo que pueda aplazarse. El objetivo es garantizar el abastecimiento de las viviendas y evitar cortes temporales.

También en Zuia afrontan restricciones y desde el pasado 10 de julio hasta el sábado 1 de agosto se han realizado cortes nocturnos del suministro, de 22:00 a 08:00 horas. Los cortes nocturnos se han levantado el pasado sábado tras constatar que se han recuperado los niveles de los depósitos. No obstante, continúan prohibidos el riego de jardines y zonas verdes, el llenado o rellenado de piscinas privadas y el lavado de vehículos con agua de la red municipal, lo mismo que en Urkabustaiz y diversos municipios servidos por el sistema del Zirauntza, como Salvatierra-Agurain, Elburgo, o Alegria-Dulantzi.

El cultivo de la remolacha azucarera en Álava atraviesa una crisis profunda que puede llevar al sector a la desaparición total. En estos momentos sólo hay operativas 34 explotaciones para este cultivo, frente a las 93 que había en 2020. Es decir, se han perdido dos tercios de las explotaciones en pocos años, según se desprende de una información remitida por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural Agricultura y Pesca al Parlamento Vasco a petición de la parlamentaria del PP Ana Morales. Esta disminución de explotaciones supone que la producción ha pasado en esos seis años de 1.104,94 toneladas a sólo 466,66 a 31 de mayo de este año.

“Hay una estrategia de la industria azucarera de ir minando al sector hasta prácticamente hacerlo desaparecer”, señalan fuentes del sindicato agrario UAGA, que señala que entre sus asociados ya no hay cultivos de remolacha dedicada al azúcar y se están buscando alternativas para estas tierras. Este año se ha sembrado, por ejemplo, girasol, y se están haciendo ensayos para buscar cultivos alternativos de cebolla y de maíz para consumo.

El motivo de esta crisis que está llevando al sector casi a la desaparición hay que buscarlo en el cambio de las condiciones planteadas por la industria azucarera, denuncian desde el sector. Los agricultores alaveses vendían su producción mayoritariamente a la empresa Azucarera, propiedad desde 2009 de British Sugar, filial de Associated British Foods (ABF), el mismo que es dueño de Primark. Ahora, aseguran, están inundando sus fábricas de azúcar de caña, procedente de países hispanoamericanos, poniendo condiciones imposibles de aceptar para los agricultores alaveses por falta de rentabilidad. “No podemos cultivar en pérdidas”, señalan.

En principio, la producción de la remolacha azucarera se destinaba a la fábrica de Miranda de Ebro, pero la empresa ha decidido dedicarla a labores de refino de azúcar de caña. Se empezó a llevar la producción desde Álava a las fábricas de la empresa en Toro y en La Bañeza, y, aunque en principio la compañía asumía el coste del transporte, el año pasado “ofrecieron unos precios totalmente inviables”, en los que el agricultor tenía que asumir hasta el 70% del coste del transporte, señalan desde UAGA. “Es un cultivo con mucho trabajo y muchos costes de producción y entonces la gente decidió no volver a sembrar”, ya que cultivar supondría una pérdida de “más de 1.000 euros por hectárea”, indican.

Los pocos agricultores que siguen cultivando remolacha azucarera son “agricultores individuales o parte de los que llegaron a un acuerdo hace tiempo con la cooperativa Acor”, ubicada en Valladolid, y desde UAGA lamentan que ese cultivo esté perdiéndose en Álava.

Según la información que se ha trasladado al Parlamento Vasco, el descenso más significativo a lo largo de estos seis años se ha producido en la cuadrilla (comarca) de Vitoria, donde han pasado de 36 a 12 explotaciones, es decir, han perdido 24. Le sigue la zona de Añana, con 17 explotaciones menos, tras pasar de 20 a 3. La Llanada Alavesa ha pasado de 28 a 17 y la Montaña Alavesa no tiene ninguna explotación tras perder seis. Finalmente, en las Estribaciones del Gorbea han pasado de tres a dos explotaciones.

Robbie Williams se ha subido este viernes al escenario del Bilbao BBK Live vestido con su mejor traje del showman que es. Desde el primer momento ha dejado claro que venía a divertirse y el público se ha dejado hacer y querer. Imposible resistirse a un huracán que ha interactuado en todo momento con los miles de personas que han llenado las campas de Kobetamedi entregadas al mandato del mejor maestro de ceremonias para bailar y corear los grandes éxitos del que fue el chico malo del pop británico. El concierto ha arrancado con ‘Let me Entertain You’, y con este clásico de su discografía ha hecho ya toda una declaración de intenciones de lo que quería hacer. Y Bilbao se ha dejado entretener.

Él mismo se ha reivindicado en más de una ocasión como “el mejor artista de pop del mundo” y en el BBK Live ha demostrado que, sin duda, es uno de los grandes. Vestido de rojo para arrancar el show, y precedido en su entrada al escenario por unos acordes de la 'Cabalgata de las valkirias' de Wagner, ha cantado, bailado, y reído con el público, durante la más de hora y media que ha durado un concierto en el que ha intercalado cortes de su último disco, ‘Britpop’, editado este mismo año, con los grandes éxitos que han marcado su carrera, consciente de que muchos de los presentes entre el público eran fans nostálgicos de aquel chico que en 1995 dejó Take That en el momento más álgido del éxito de la boy band, para emprender una carrera en solitario que ha dejado ya para la historia auténticos himnos del pop.

El concierto ha sido mucho más que una sucesión de temas, sostenidos por una excelente banda y un gran equipo de bailarinas y coros que han arropado al solista en todo momento. Robbie Williams se ha mostrado cómodo y cercano con el público al que ha convertido en una pieza imprescindible del show y no ha dejado de hablar entre tema y tema, incluso chapurreando algo de castellano. Ha celebrado el triunfo de la selección española de fútbol sobre Bélgica -el partido ha acabado con el concierto ya empezado- ha hablado de su familia, de sus cuatro hijos, de su padre. Ha ironizado con su edad -52-, con su paso -y salida- de Take That, con que tiene cuatro hijos “con la misma mujer”. Ha bailado por todo el escenario, y bien, y también ha bajado a pie del público poniendo a prueba a algunos de los asistentes de las primeras filas sobre si se sabían sus canciones cantando con él. Ha promocionado la película sobre su vida, 'Better Man': “¿Alguien la ha visto?” ha preguntado, “es muy buena”. Ha repartido sonrisas y lanzado besos, y, sobre todo, ha transmitido energía positiva como si quisiera dejar claro en cada uno de sus movimientos lo bien que se lo está pasando sobre el escenario. Y eso es de agradecer.

A ‘Rocket’, el primer tema de su nuevo disco, porque no todo va a ser nostalgia, le ha seguido uno de esos clásicos que se han convertido en himnos, ‘Rock DJ’. Los acordes de este tema trasladan inmediatamente a las imágenes del vídeo que acompañaba ese tema en el que Robbie Williams se despojaba hasta de sus músculos entre la indiferencia de los que tenía alrededor. Sobre el escenario de Kobetas, Williams no ha pasado desapercibido como en el vídeo. El cantante se ha empleado a fondo en un baile en el que ha estado acompañado por un excelente elenco de bailarinas.

Amante de hacer versiones de otros artistas, ha aprovechado la presentación de su banda para cantar con cada uno de ellos el inicio de temas tan conocidos como 'Personal Jesus', 'Another One Bites the Dust', 'Tainted Love' 'o 'Hey Jude' de The Beatles, aunque el punto álgido de las versiones ha sido el 'New York, New York' que hiciera famoso Frank Sinatra -para el que ha vestido un traje rosa- o 'My Way', que ha dedicado a su padre “que tiene Parkinson y es mi héroe”, y que se ha acompañado con fotografías de distintas etapas de su vida y de su familia en la pantalla gigante detrás del escenario.

Su lado más tierno ha salido con canciones como ‘Love my Life’, ‘Pretty Face’ o ‘She’s the One’. También ha sonado ‘Come Undone’ o la elegante ‘Millenium’, entre otras. Pero el clímax en el alto de Kobetas ha llegado con ‘Feel’, y la aclamada ‘Angels’, que ha cerrado el concierto con la hija mayor de Robbie Willams, Teddy, uniéndose a su padre en el escenario en un emotivo broche para la segunda jornada del BBK Live.

‘My head speaks a language I don't understand’ dice uno de los versos de ‘Feel’. Bilbao sí te ha entendido, Robbie.

Las obras del vertedero de Artxanda, en Bilbao, que el Gobierno vasco paralizó de forma cautelar el pasado mes de abril, siguen atascadas. Y la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, Berriz Recycling Company, no responde a los requerimientos que le ha realizado el Ejecutivo, según reconoce el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una información trasladada al Parlamento Vasco.

El Gobierno vasco ordenó la suspensión cautelar de las obras en abril de este año tras constatar en una inspección no programada a las instalaciones que se habían realizado excavaciones no autorizadas y que la empresa carecía de entidad acreditada en materia de calidad del suelo y de dirección de obra nombrada. La que estaba haciendo estas funciones abandonó estas labores en el mes de diciembre.

La medida cautelar de suspensión se adoptó en el marco de un expediente sancionador en curso y posteriormente, el 8 de mayo, se envió a la empresa un requerimiento para que presentara ante el órgano medioambiental un informe validado por dirección de obra y redactado por una entidad acreditada en materia de suelos que recogiera las labores realizadas para el descabezado y retaluzado del vertedero desde el inicio de la obra y hasta la fecha, para conocer la situación real actual del vertedero. Es un requerimiento al que no se ha respondido por parte de la empresa, por lo que la obra sigue paralizada de forma cautelar.

El último cronograma presentado por la empresa al Ejecutivo estimaba que en el mes de diciembre de 2025 se presentara el informe final de descabezado del vertedero para garantizar su estabilización. Sin embargo, tal y como reconoce el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad interpelado por el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, “esta previsión se ha visto alterada por la comunicación realizada por la entidad acreditada Lurgiro SL, el 22 de diciembre de 2025”, que suspendió la relación contractual con los promotores.

“A día de hoy la empresa Berriz Recycling Company no ha informado a este órgano sobre la entidad acreditada responsable de supervisar las labores de excavación por lo que estas actuaciones se encuentran paralizadas”, señala el consejero Jauregi. De igual forma, esto supone que Berriz Recycling tampoco ha presentado ante el órgano ambiental la información sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha y se está a la espera de que responda al requerimiento enviado en este sentido.

El Gobierno señala, entre otras cuestiones, como respuesta a una batería de requerimientos planteados por el parlamentario 'popular' sobre el vertedero, que “no han comenzado los trabajos de instalación de geosintéticos en la base del vertedero y no se ha emitido por el órgano ambiental pronunciamiento por el que se permite el inicio de dichas obras de impermeabilización”.

Las obras para estabilizar el antiguo vertedero de Artxanda y poner en marcha uno nuevo en la zona han sido polémicas desde el principio. El objetivo era retirar el lindano del terreno, pero para ello, como reconoció el propio consejero el pasado año en sede parlamentaria, primero era necesario “asegurar el terreno”. “La inestabilidad del terreno, hace inviable cualquier actuación de remediación definitiva, si antes no se garantiza la seguridad estructural del propio vertedero”, reconocían. Pero esos trabajos se han encontrado con muchas más dificultades de las esperadas.

La propia empresa reconocía en sus informes el riesgo de desplome. El talud ya se vino abajo en 1983 después de las inundaciones que asolaron Bilbao ese año. Berriz Recycling como propietaria de los terrenos asumió las tareas de descontaminación en 2024 para dar una nueva vida a esta zona, que fue el vertedero de Bilbao desde 1967 hasta el 1976. En un principio, la idea del Gobierno vasco era limpiar y sellar el vertedero, pero finalmente optó por la reapertura y utilizar esta capacidad. Sin embargo, las obras siguen paralizadas hoy en día, y sin fecha.

El Gobierno vasco ha prohibido la circulación de camiones y vehículos de más de 7.500 kilos el 12 de agosto, día del eclipse solar. Según la orden de la directora de Tráfico, Estíbaliz Olabarri, que se publica este viernes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), la prohibición se extiende a todo el día, ya que arranca a las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día del fenómeno y afecta a todas las carreteras de la comunidad autónoma. La prohibición no afecta a autobuses o autocares.

El eclipse se podrá apreciar en algunas zonas de Euskadi en su totalidad a las 20:27 horas, momento en el que la Luna cubrirá por completo al Sol, aunque la prohibición de circulación para estos vehículos se extiende a todo el día. Según se señala en la orden, la Ertzaintza encargada de la gestión del tráfico podrán proceder, “si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe, siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones”.

No obstante, señala que, excepcionalmente, la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco podrá permitir la circulación a los vehículos afectados por las restricciones. “Esa medida se dictará con carácter excepcional en función de las condiciones en que se esté desarrollando la circulación y, en consecuencia, se darán las instrucciones oportunas a la Ertzaintza. Esta medida se publicará en la web de la Dirección de Tráfico y se pondrá en conocimiento de las principales asociaciones de transportistas o equivalentes”, expone el Ejecutivo.

De igual forma señala que durante ese día “cuando se estime necesario para lograr una mayor fluidez o seguridad de la circulación en situaciones imprevistas o excepcionales, serán los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico los que, durante el tiempo necesario, determinen las restricciones mediante la adopción de las medidas oportunas”.

La medida de prohibir la circulación de camiones el día del eclipse también se ha decretado en Navarra. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) había pedido a Euskadi que no imitara a la comunidad foral y había mostrado su indignación ante lo que considera un efecto contagio regulatorio sin precedentes en un “despropósito normativo”. En opinión de Fenadismer la medida generará “problemas tanto de seguridad vial al obligar a miles de camiones a detenerse simultáneamente en las cunetas y áreas de descanso de Navarra y el País Vasco, además de problemas logísticos y económicos, teniendo en cuenta además que la restricción propuesta está muy próxima a las limitaciones de circulación correspondientes al 15 de agosto”. En este sentido, han advertido de que combatirán con firmeza “este atropello regulatorio en ambas comunidades mediante el uso de todas las vías administrativas y de recurso correspondientes”.

El Gobierno vasco modificará los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial para abrir el abanico a las “clases medias”, entendidas como las unidades convivenciales con rentas entre 20.000 y 46.000 euros. La reforma supondrá reservar un cupo de un 30% de las viviendas de VPO, de alquiler o de venta, ofertadas en Etxebide, para este tramo de rentas, lo que supone que se beneficiará alrededor de 34.148 personas de las 109.033 unidades convivenciales inscritas en Etxebide.

De ellas 12.930 están en Gipuzkoa, 16.564 en Bizkaia y 4.654 en Álava. “El problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema: afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que el mercado ha dejado fuera”, ha señalado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso.

El consejero ha presentado las modificaciones de la norma este jueves porque arranca el periodo de exposición pública, aunque en el Departamento no se prevé que su aprobación, que se realizará vía decreto, no se haga antes de un año. Es decir, a la modificación de la normativa le queda todavía un largo camino. Es la misma tardanza que tuvo el decreto de medidas urgentes con cambios para Gaztelagun o Bizigune.

Con esta nueva medida se pretende dar respuesta a una franja de población que se está quedando fuera del acceso a la VPO porque los puntos para poder optar a Etxebide otorgan ventaja a las rentas más bajas. El consejero ha indicado que las rentas más bajas y las más vulnerables seguirán siendo “las que más preocupen” al Gobierno, pero ha señalado que actualmente la media de ingresos de las unidades convivenciales que resultan adjudicatarias de una vivienda de Etxebide no superan los 11.000 euros al año, lo que quiere decir que se cobra de media unos 250 euros al mes buena parte de nuestros inquilinos“.

“Eso se parece poco a la radiografía real de los demandantes de vivienda tota que tenemos”, sobre todo “teniendo en cuenta que ”hoy por hoy el problema de la vivienda no afecta solamente a las clases más vulnerables, sino también a las clases medias“. Este cupo del 30% dará más facilidades aque las 34.148 unidades convivenciales con tramos de renta entre 20.000 y 46.000 euros para resultar adjudicatarios de VPO, ”con independencia de cuál sea el número de hijos a cargo y otras condiciones que puedan afectar a su capacidad adquisitiva“. De estos inscritos en las listas, 18.268 optan a viviendas de alquiler, y 15.879 a compra.

Los ingresos entre 20.000 y 46.000 son por unidad convivencial, y se mantienen así cuando se habla de unidades convivenciales formadas por una sola persona. Cuando son dos o más, esos ingresos se ponderan, es decir, se les aplica un coeficiente correctivo a la baja en función de las cargas familiares que tengan. Por ejemplo una pareja con dos hijos, en los que las dos personas que ingresan dinero cobran 30.000 euros cada uno, se pasarían del tope, pero al ser cuatro personas, es decir, tienen cargas, se ponderan y a efectos de Etxebide esos ingresos serían de 45.900 euros.

Itxaso ha defendido que la nueva norma de Etxebide “es coherente con el diagnóstico que se viene haciendo desde el Departamento: la vivienda se ha convertido en un reto social de primer orden, pero también urbano, económico, generacional y democrático”. En ese sentido, ha señalado que “cuando un sistema público no reconoce toda la complejidad de la demanda, corre el riesgo de llegar tarde o de llegar solo a una parte del problema”. “Y nuestra responsabilidad es adaptar las herramientas públicas a la realidad de la sociedad vasca de hoy. La nueva norma no plantea sustituir la protección de las personas y familias con menores ingresos, sino ampliar la capacidad de respuesta del sistema”, ha recalcado.

“Hay muchas personas que cumplen con sus obligaciones, tienen nóminas, pagan impuestos y, aun así, no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables. Si la política pública no ofrece una respuesta también a esa parte de la sociedad, estaremos dejando crecer una fractura que afecta a la confianza en las instituciones y a la igualdad de oportunidades”, ha advertido el consejero.

Los cambios en la normativa introduce el desarrollo y consolidación de un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales. Este modelo combinará apartamentos destinados a jóvenes menores de 36 años, vinculados a itinerarios de emancipación, con alojamientos para personas mayores autónomas que necesitan soluciones accesibles, adecuadas y acompañadas. “En el caso de los jóvenes, se prevé exigir unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional y unos ingresos máximos de 46.000 euros, de forma que la estancia temporal cumpla su función: facilitar la emancipación, permitir la generación de ahorro y favorecer una posterior transición hacia otra solución habitacional”, ha indicado.

Itxaso ha defendido los alojamientos intergeneracionales como “una respuesta inteligente a necesidades distintas que pueden complementarse”. “La emancipación juvenil y el envejecimiento autónomo son dos grandes desafíos de país. Vincularlos a través de soluciones habitacionales adecuadas, temporales, accesibles y acompañadas nos permite innovar en política pública y construir comunidades más mixtas, más solidarias y más vivas”, ha señalado.

En relación con las personas mayores, la nueva norma plantea rebajar de 70 a 65 años la edad mínima para acceder a determinados apartamentos dotacionales intergeneracionales. Además, cuando la persona disponga de vivienda en propiedad, el acceso podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, contribuyendo así a incrementar la oferta de alquiler protegido y a movilizar vivienda hacia una función social.

La nueva normativa recogerá también la posibilidad de que se adjudique vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares. En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior, con el objetivo de evitar situaciones de inadecuación sobrevenida entre el tamaño de la familia y la superficie disponible.

Abordará igualmente mejoras también en funcionamiento del propio registro de Etxebide, por ejemplo, dando mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción, de manera que la permanencia en el registro siga generando valoración más allá de los límites actualmente existentes. Asimismo, se plantea evitar que el cambio de preferencia entre las modalidades de alquiler y compra suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados por antigüedad, siempre que la persona o unidad convivencial mantenga la nueva modalidad durante un periodo mínimo de tres años. Itxaso ha destacado que el futuro decreto “forma parte de una nueva etapa en la política vasca de vivienda”. “Como Gobierno nos disponemos a dar un salto de escala en materia de vivienda pública en alquiler, y para eso necesitamos una herramienta nueva, más afinada, más ágil y más justa. No basta con construir más vivienda si los procedimientos de inscripción, baremación y adjudicación no están preparados para responder al volumen, la diversidad y la urgencia de la demanda actual”, ha explicado.

Euskadi ha perdido un 45,4% de las explotaciones ganaderas dedicadas a carne de vacuno de Eusko Label desde el año 2020. Ese año, justo en el arranque de la crisis de la COVID-19, había 662 explotaciones con 37.971 cabezas de ganado dedicadas a la producción de carne de Eusko Label, mientras que al cierre de mayo de este año hay 455, con 27.806 cabezas de ganado, según se desprende de una información enviada al Parlamento Vasco a petición de la parlamentaria del PP, Ana Morales.

Aunque en ese periodo cae el número de explotaciones de ganado vacuno en general, la reducción no es tan espectacular como en las que se dedican a la producción de carne que lleva el sello de calidad del Gobierno vasco. En concreto, en estos seis años las explotaciones de ganado vacuno en general han pasado de 4.653 a 3.986, lo que supone una reducción un 6,67%, una caída mucho menos acusada que la que ha afectado al Eusko Label. Pero además, también desciende el porcentaje de las explotaciones que se adhieren dentro de las generales, pasando de un 14,22% del total en 2020 hasta el 11% de explotaciones actuales dedicadas a carne con el sello de calidad, sobre las explotaciones totales.

Pese a estos datos, que muestran una caída significativa de los ganaderos que opta por la producción de carne de Eusko Label, sujeta a unas condiciones de calidad mucho más estrictas, y, por lo tanto, más costosas, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, que dirige Amaia Barredo, ha considerado que esta cifra de 455 explotaciones, 207 menos que hace seis años, significa que el certificado con Euskolabel “mantiene una evolución estable en Euskadi y consolida un modelo de producción basado en el origen, la calidad y el valor añadido”.

En su valoración, el departamento ha obviado la caída respecto al año 2020, para destacar sólo la “estabilidad” respecto al año 2025. El año pasado había 467 explotaciones frente a las 455 de este mes de mayo, aunque habrá que esperar a cierre del año. “El número de cabezas de ganado Euskolabel apenas ha variado respecto al cierre de 2025 y el número de explotaciones adheridas se mantiene por encima de las 450, consolidando una red de productores comprometidos con la calidad y el origen”, han señalado desde el Departamento.

“Detrás de estos datos hay ganaderos que han apostado por diferenciarse a través de la calidad. Ese es el camino que queremos seguir impulsando desde el Gobierno vasco”, ha insistido Barredo, que ha indicado que el sello de Eusko Label “continúa siendo una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de las explotaciones, garantizar el origen y la calidad del producto y responder a una demanda creciente de alimentos de proximidad”.

Pese al empeño del departamento en destacar la estabilización relativa respecto al año pasado la realidad muestra un descenso progresivo de las explotaciones que se da en los tres territorios. En Álava las explotaciones de Eusko Label han pasado de 119 en 2020 a 77 en 2026, mmientrasque las de vacuno en general se ha reducido de 587 a 567; en Bizkaia había 171 explotaciones de Eusko Label hace seis años y ahora hay 121, mientras que el vacuno en general ha pasado de 1.967 a 1.646 explotaciones; por su parte en Gipiuzkoa el Eusko Label ha pasado de 372 a 257 explotaciones, mientras que las explotaciones de vacuno en general han pasado de 2.099 a 1.773.

La presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, Emilia Málaga, ha recordado este miércoles que el uso del euskera o del castellano en las reuniones de negociación colectiva depende de las partes, es decir, de los sindicatos y de la patronal, ya que se trata de encuentros bipartitos en los que la institución sólo presta la sala o personal técnico cuando es requerido. La presidenta del organismo sociolaboral, que respondía a una pregunta sobre la advertencia de ELA de que usará sólo el euskera en la negociación sectorial a partir del mes de septiembre, haya o no servicio de traducción, ha señalado que el CRL no tiene traductores porque “no los necesita”, ya que se trata de un organismo público que, como tal, es absolutamente bilingüe, tanto en sus relaciones con la ciudadanía como con la patronal y los sindicatos. En cualquier caso, ha considerado que “no tiene por qué ser un inconveniente” que la negociación se desarrolle en euskera, pese a que ha reconocido que hoy por hoy el mayoritario es el castellano.

Málaga ha insistido en que “son las partes las que deciden” y piden lo que necesitan, por lo que no ha querido especular si podría ponerse ese servicio de traducción o no, en el caso de que “todas las partes así lo requieran”. En cualquier caso, ha recordado que en estos momentos hay 46 negociaciones sectoriales abiertas, y, pese a reconocer que “todas las negociaciones son complicadas”, no ha considerado que “negociar sólo en euskera vaya a suponer ningún inconveniente” para la velocidad de las negociaciones o para llegar acuerdos.

La presidenta del CRL, que ha presentado la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025, se ha referido también a preguntas de los periodistas, a las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que apostaba por recortar el sueldo a los trabajadores que están de baja laboral, una situación que ha equiparado con el absentismo laboral, asumiendo el lenguaje de la patronal en este ámbito, y hacerlo con o sin acuerdo con los sindicatos. Málaga no ha querido comentar las opiniones del presidente del PP, pero ha defendido el valor de la negociación colectiva para llegar a acuerdos entre patronal y sindicatos. En este sentido, ha considerado que abordar “con o sin acuerdo” temas como el absentismo o las bajas laborales, es “hacer una lectura casi entre vencedores y vencidos”.

Según ha señalado, en Euskadi la mayoría de los convenios sectoriales en Euskadi recogen complementos o por Incapacidad Temporal o por accidente laboral. En concreto, de 90 convenios sectoriales, 85 recogen complementos por accidente laboral o enfermedad profesional, que cubren al 99% de las trabajadoras y de los trabajadores con su convenio sectorial negociado en Euskadi. A su vez, 81 de esos 90 recogen complementos por enfermedad común, lo que significa que el 88,5% de las personas cubiertas por un convenio de sector negociado aquí tiene un complemento por enfermedad común. Esto indica que estos complementos han sido acordados en el seno de la negociación colectiva desde la autonomía de las partes, y que “hay un acuerdo importantísimo entre las partes implicadas para recoger estos complementos” y ha defendido ese acuerdo como base para continuar.

En lo que se refiere a la memoria socioeconómica del Consejo de Relaciones Laborales, se muestra que el año 2025 se cerró con el 63,8% de trabajadores con convenio actualizado y la cifra más baja de personas con convenio decaído, el 4,5%. Este año 2026 sigue también “la senda del acuerdo” de años anteriores, aunque el porcentaje de trabajadores con sus convenios actualizados se encuentra por debajo del registrado el año anterior. Esto es consecuencia de la finalización del periodo de vigencia en 2025 de acuerdos que afectan a más de 86.000 trabajadores y que se están negociando en la actualidad, entre ellos, los de la industria siderometalúrgica de Álava y Bizkaia.

A lo largo de 2026 se han registrado ocho acuerdos sectoriales que han permitido actualizar las condiciones de casi 22.000 personas. Entre ellos cabe citar el de Hostelería de Álava con más de 5.700 empleos, el de Colectividades de Comedores Escolares de Centros del Gobierno vasco con más de 4.200 y un nuevo ámbito, el de Restauración Colectiva de la CAPV, también con más de 4.200 personas. A estos habría que añadir 15 convenios estatales sectoriales con incidencia en la CAPV que en conjunto afectan a unos 11.000 trabajadores y trabajadoras.

En cuanto al incremento salarial medio de los convenios vigentes en 2026, este se sitúa en el 3,10%: un 3,20% en los negociados en la CAPV y un 2,87% en los de ámbito estatal con incidencia en la comunidad autónoma. Respecto a la conflictividad, el período enero-abril de 2026 ha aumentado el número de huelgas, pero se ha reducido de manera importante tanto el número de personas que ha tomado parte, que descendieron un 65,1%, como el de jornadas no trabajadas, que se redujeron un 25,6% si lo comparamos con el mismo período del año anterior.

A la espera de cómo termine el año 2026, al finalizar 2025, el 63,8% de la población asalariada de Euskadi tenía sus convenios actualizados, el 31,7% se hallaba con sus acuerdos en situación de prórroga y únicamente el 4,5% se encontraba con sus convenios decaídos y sin cobertura. En cuanto al período de gestación de los acuerdos, ha señalado que en la negociación sectorial es largo (548 días), y muy superior a la duración de los procesos negociadores en los convenios de empresa (330 días). Dentro de los convenios de sector, los procesos más largos se dan en los convenios negociados en la comunidad, cuya duración media es de 778 días, frente a los 403 en los convenios de sector con incidencia en Euskadi pero negociados a nivel estatal. Los convenios fijados el año pasado recogen un incremento salarial medio del 3,32%: un 3,21% de incremento medio en los convenios negociados en la comunidad autónoma y un 3,57% de incremento en los convenios de ámbito estatal con incidencia en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

Euskadi endurece las condiciones para ser guía turístico. Estos profesionales deberán pasar un examen para poder ejercer. Para ello, se modificará el decreto aprobado hace dos años, que consideraba suficiente una acreditación de formación. Según la orden por la que se aprueba con carácter previo la modificación del reglamento de 2024, los aspirantes deberán, además de acreditar esa formación, superar unas pruebas que se convocarán a través de una orden del Departamento.

Según se señala en el borrador del nuevo decreto, que debe pasar todavía por el trámite del Consejo de Gobierno, las pruebas constarán de dos módulos diferenciados, de carácter obligatorio. En el primer módulo se evaluará la capacitación técnica y profesional necesaria para ejercer como guía de turismo, la gestión y asistencia a grupos, el funcionamiento del mercado turístico vasco, la normativa turística autonómica y las obligaciones profesionales de las personas guías. El segundo módulo evaluará el conocimiento del patrimonio cultural, natural y territorial de Euskadi, incluyendo una visión general de su historia, su patrimonio cultural y etnográfico, la geografía física y humana del territorio, los principales espacios naturales protegidos y la toponimia oficial, así como los elementos culturales vinculados al euskera. La superación de ambos módulos será requisito indispensable para la obtención de la habilitación y para la inscripción en el Registro de Guías de Turismo de Euskadi.

El decreto aprobado hace sólo dos años consideraba suficiente la acreditación de tener formación en determinados estudios como Turismo, Historia, Bellas Artes o Arquitectura, o estudios de posgrado cuyo objeto sea el patrimonio cultural, histórico o arquitectónico, entre otros. Sin embargo, el Departamento de Turismo considera que, pese a que el anterior decreto “supuso un avance significativo en la ordenación de la actividad de guía de turismo, al establecer un sistema de habilitación profesional, un catálogo de titulaciones y formaciones válidas y un conjunto de obligaciones orientadas a asegurar un desempeño adecuado”, se han puesto de manifiesto “determinadas limitaciones en su capacidad para garantizar, de manera plenamente satisfactoria, los estándares de calidad y profesionalidad que demanda el sector turístico vasco”.

Por ello, considera necesario “reforzar los mecanismos de acreditación, verificación y control, a fin de asegurar que las personas que desarrollan esta actividad cuentan con la capacitación adecuada y con las competencias necesarias para ofrecer un servicio de calidad”. “En un contexto en el que la labor de guía de turismo desempeña un papel esencial en la interpretación del patrimonio cultural y en la calidad de la experiencia turística, resulta imprescindible asegurar que el acceso a la habilitación profesional se sustente en criterios objetivos, uniformes y plenamente garantistas”, señala.

En la modificación del decreto se procede a ampliar y precisar los supuestos de pérdida de la habilitación, incorporando causas que permiten a la administración actuar ante situaciones que comprometan la idoneidad profesional o el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la actividad. “Esta actualización se concibe como complemento necesario del nuevo sistema de habilitación, asegurando que la misma no solo se obtiene mediante la demostración de conocimientos y competencias, sino que también se mantiene en la medida en que persisten las condiciones que justificaron su otorgamiento”. En concreto, se perderán las habilitaciones, además de por renuncia de la persona titular o porque se acabe el periodo reglamentario en caso de los procedentes de otras comunidades o estados de la UE, por la imposición de sanción firme que lleve aparejada la pérdida de la habilitación. La pérdida de la habilitación comportará la cancelación de la inscripción de la persona interesada en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, así como la imposibilidad de ejercer la actividad.

En concreto, para solicitar la habilitación como guía de turismo será necesario tener nacionalidad española o la de otro Estado miembro de la UE, del Espacio Económico Europeo o de aquellos Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de personas, o nacionales de terceros países que dispongan de autorización en vigor para residir y ejercer una actividad remunerada en España, además de ser mayor de edad. La superación de las dos pruebas acompañará la acreditación de alguno de los requisitos de capacitación profesional, como la diplomatura o grado de Turismo, Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas o equivalente, diplomatura en Empresas y actividades turísticas, licenciatura o grado en Historia, Arqueología, Bellas Artes, Arte, Historia del Arte, Arquitectura o Fundamentos de la Arquitectura, estudios oficiales de posgrado (máster) cuyo objeto sea el patrimonio cultural histórico arquitectónico, y hallarse en posesión del certificado de profesionalidad de la cualificación profesional Guía de Turismo. En lo que se refiere al idioma, deberán acreditar poseer un conocimiento del idioma en que deseen habilitarse equivalente al nivel B2 o superior del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.

Los guías de turismo habilitados en otras comunidades autónomas podrán ejercer su actividad en los elementos del patrimonio cultural en Euskadi con carácter temporal o permanente. Se entenderá que el ejercicio de la actividad es temporal cuando no supere los treinta días consecutivos de prestación de servicios o un total de sesenta días discontinuos durante un período de doce meses. Deberán presentar una comunicación previa cuando la actividad tenga carácter temporal, o una declaración responsable cuando el ejercicio sea permanente, y será la dirección competente en materia de turismo la que comprobará, a través de los mecanismos de coordinación administrativa, que las personas que presentan la comunicación previa o la declaración responsable están habilitadas como guías de turismo y cumplen los requisitos exigidos en la comunidad autónoma en la que obtuvieron dicha habilitación. De igual forma, se reconocerá el acceso y ejercicio de la actividad de guía de turismo habilitado a las personas procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea que lo soliciten.

Actualmente, hay unos 700 guías turísticos inscritos en Euskadi. A estos no les afectarán los nuevos requisitos. Tampoco tendrán que tener habilitación, como ocurre ahora, para las visitas de carácter docente que realicen las personas profesionales de la enseñanza con su alumnado, las visitas institucionales realizadas por personal al servicio de las Administraciones públicas, de forma ocasional, la actividad de información al público que lleve a cabo el personal de los museos, bibliotecas y otras entidades del patrimonio cultural vasco, como parte de las funciones de su puesto de trabajo, las actuaciones de información, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural que puedan ser organizadas por el departamento competente en materia de patrimonio cultural de las diputaciones forales o por los Ayuntamientos, o la prestación de servicios de información que preste el personal al servicio de las oficinas y puntos de información turística de la Red Vasca de Oficinas de Turismo–Itourbask que se ubiquen en el interior de bienes del patrimonio cultural vasco.

Los trabajadores de las ITV de las localidades de Bergara y Zarautz irán a la huelga indefinida a partir del próximo 13 julio, en plena campaña de verano, lo que puede complicar las listas de espera para los conductores guipuzcoanos que necesiten pasar la revisión obligatoria antes de emprender su viaje veraniego. Los sindicatos ELA y LAB han convocado el paro indefinido después de que la empresa concesionaria, Itasua ITV, haya decidido poner fin a la negociación sobre las condiciones laborales. Los trabajadores se quejan de que tienen peores salarios y horarios que sus compañeros de otras ITV del territorio y piden la equiparación. “Hacemos el mismo trabajo”, señalan.

El conflicto no es nuevo. Han mantenido siete reuniones con la empresa y se han realizado paros parciales, el último el pasado 29 de junio, que se repetirán el 8 y el 10 de julio para pasar ya a la huelga indefinida a partir del lunes día 13 si no se consigue una respuesta positiva de la dirección de la empresa, que además de los dos centros en Gipuzkoa, tiene también una ITV en Vitoria, en Jundiz. En el centro alavés los delegados han optado por aceptar las condiciones ofrecidas por la dirección y firmarán un acuerdo de eficacia limitada descolgándose de los paros, lo que ha supuesto la ruptura de los sindicatos con los que hasta ahora eran sus delegados.

Los sindicatos consideran que la empresa, Itasua, tiene capacidad para afrontar las reivindicaciones de los trabajadores y consideran que la única finalidad de la dirección al pactar un acuerdo con el centro de Vitoria es “dividir” a la plantilla. “El pacto se estaba negociando entre los tres centros con la empresa, porque es un pacto de empresa. Pero la dirección ha jugado a dividir a la plantilla sabiendo que en el centro de Gasteiz lo tenía más fácil para desmovilizar a la gente, y parece que lo ha conseguido, haciendo que entren a firmar esta propuesta como pacto de eficacia limitada. Los sindicatos no estamos con esta firma, como es obvio, porque la empresa tiene mucho más que ofrecer y es momento de movilizarse para conseguir un convenio mas justo”, señala el representante de LAB, Eneko Fernández San Juan.

Lo que reivindican los trabajadores, que son alrededor de 25 en Zarautz, 32 en Bergara, y 45 en Vitoria, es equiparar sus condiciones, fundamentalmente el salario y el tiempo de trabajo, al de trabajadores de otros centros de ITV gestionados por otras empresas, porque, haciendo el mismo trabajo sus condiciones son mucho peores, dicen.

En concreto, piden una subida del IPC más el 3% para 2026, y lo mismo para los años 2027 y 2028, para equiparse con otros centros de los que les separan en salarios alrededor de 5.000 euros anuales. La empresa solo acepta una subida del IPC más el 1% para los tres años, que ha sido aceptada por la plantilla de Vitoria. En cuanto a la jornada, ELA y LAB piden una reducción de 70 horas anuales para quedarse con 1.655 horas, ya que tienen una diferencia con las ITV de Beasain, Irun y Urnieta de unas 133 horas, señalan. La propuesta de la empresa reduce 12 horas en 2026 para tener 1.713 horas anuales y otras 6 horas en 2027 y 2028 para situarse en 1.707 horas al año.

Un total de 88 ciudadanos cofinanciarán con 3 millones de euros el parque eólico de Labraza, en Álava, que será el primero en ponerse en marcha en Euskadi en veinte años. Esta aportación, que era el tope ofertado por el promotor, se ha quedado corta, ya que se han recibido solicitudes por un total de 6,6 millones de euros, es decir, más del doble. “Se demuestra el gran interés suscitado por el sistema de cofinanciación ciudadana tanto en Rioja Alavesa como en el conjunto del territorio histórico de Álava”, han señalado fuentes del promotor Aixeindar, sociedad constituida por Iberdrola y el Ente Vasco de Energía (EVE).

Más de un tercio de la aportación total, 1,1 millones de euros, se ha cubierto por vecinos de Labraza, Barriobusto y Oyón. Sumando la Rioja Alavesa, el número de solicitudes supera el 60%. Los ciudadanos de estas localidades tenían garantizada su participación efectiva por ser vecinos de la zona prioritaria de inversión al estar más cercanas al parque eólico. Las solicitudes del resto de Álava han alcanzado 1,17 millones de euros. Respecto a las cuantías de las aportaciones, el 16% son de hasta 5.000 euros, el 42% de hasta 25.000 euros y el 42% restante superan los 25.000 euros.

Labraza se convertirá así en el primer parque eólico en tener participación ciudadana a través del sistema de 'crowlending', una fórmula que supone que varios ciudadanos prestan dinero a la empresa a cambio de un retorno a través de intereses. En concreto, en el caso de la operación para financiar este parque, que se lanzó el pasado 18 de mayo, se trata de una cofinanciación colectiva a tres años y un tipo de interés fijo al 7% anual garantizado, con un objetivo de financiación máxima de 3 millones de euros. El rango de inversión se estableció entre 1.000 euros y 100.000 euros por persona. Se dirigió prioritariamente a los habitantes de Labraza, Barriobusto, Oyón y Rioja Alavesa, los más afectados por el parque, con el objeto de implicar a estas localidades en el proyecto y reducir la contestación social al mismo, pero después se ha abierto a todo el territorio histórico de Álava. “El objetivo siempre ha sido priorizar a los vecinos de las zonas más cercanas al parque eólico”, han insistido desde Aixeindar que recuerdan que los vecinos “podrán beneficiarse de una tarifa eléctrica reducida durante la vida útil del parque”.

El parque de Labraza, ubicado en Álava, dentro del término municipal de Oyón, tendrá una potencia global de 40 MW, lo que supone incrementar la potencia eólica instalada actual de Euskadi en un 26%, y pasar de los 155 MW actuales en sus cuatro parques eólicos de Euskadi, Oiz, Elgea, Urkilla y Badaia, y la pequeña instalación de Punta Lucero, a 193 MW. Según ha señalado Aixeindar, una vez en funcionamiento, producirá anualmente 99.679 MWh que abastecerán mediante energía renovable a 30.000 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 16.300 toneladas de CO2.e

Será el primer proyecto eólico en Euskadi en veinte años, y se encuentra ya en construcción. Supondrá una inversión público-privada de 59 millones de euros a través de Iberdrola y el EVE, que dependen del Gobierno vasco y se espera que entre en funcionamiento a finales de 2027 si todo va bien. Esto supondrá ya un retraso de dos años según el calendario que estaba previsto cuando se anunció por parte del Gobierno vasco este parque y el de Azaceta, que pertenece a la misma empresa, que estará también en Álava, aunque en este caso no han empezado las obras ni hay fecha para ello.

Renfe y la nueva Talgo que preside José Antonio Jainaga han llegado a un acuerdo para desbloquear el conflicto sobre la multa de 116 millones que pesa sobre la empresa por los retrasos en la entrega de los trenes Avril S106, un contrato suscrito en 2016, y que ha enfrentado a la empresa con la sociedad pública durante varios años hasta la imposición de la multa en 2024. El acuerdo que han suscrito y que se ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fija un calendario de plazos para el pago de esta penalización que no empieza hasta 2032 y concede a partir de entonces a la compañía seis años para abonar los pagos, es decir, hasta 2037.

El acuerdo supone todo un balón de oxígeno para la empresa, que pasó a manos del consorcio encabezado por Jainaga con el Gobierno vasco y las fundaciones Kutxa y Vital, y en el que también está la SEPI, en diciembre del pasado año, ya que no sólo concede margen a la empresa para abonar la multa, sino que además desbloquea los pagos y avales pendientes. En concreto, la empresa recibirá de Renfe unos 200 millones de euros en los próximos tres meses. Por otro lado, abonará a Talgo 132 millones de euros por la transformación a rodadura desplazable de los 15 trenes Avril de ancho fijo, “lo que conferirá a la flota una mayor versatilidad y capacidad operativa para ser utilizada de manera extraordinariamente flexible en diferentes rutas de la península”.

El acuerdo contempla también mejoras en el contrato de mantenimiento que suponen, por un lado, que, ligado al cambio de bogies y rodales, Renfe, entidad pública que dependen del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, incremente el precio de mantenimiento en aproximadamente un 29% y, por otro, que asuma la compra de todos los recambios necesarios que cederá a Tarvia, sociedad conjunta propiedad de Talgo y Renfe especializada en el desarrollo y ejecución de trabajos de mantenimiento.

La empresa ha recordado que cerró el año 2025 con una cartera de pedidos de 4.466 millones de euros, que en estos momentos se eleva ya al récord histórico de 6.307 millones de euros, y que cuenta con oportunidades comerciales de 14.000 millones de euros en los próximos dos años, de ellas más del 80% en Europa.

En los primeros meses de gestión de Jainaga se han concretado diferentes adjudicaciones, como el de SAR (Arabia Saudí) para un proyecto de fabricación de 20 trenes de Muy Alta Velocidad y la actividad de mantenimiento por un importe conjunto de 1.332 millones de euros, cpn la administración de transporte de Suecia (Trafikverket) para el suministro y mantenimiento integral de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos de larga distancia por un valor aproximado de 756 millones de euros o la adjudicación de UTY (Uzbekistán) del servicio de mantenimiento de sus seis trenes Talgo durante 10 años por cerca de 80 millones de euros.

Euskadi ha sumado 2.006 personas más a la Seguridad Social en el mes de junio, con lo que hay 1.044.686 afiliados, que son 15.541 más respecto a junio de 2025, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es una cifra que el Gobierno vasco ha resaltado, porque supone un nuevo récord. “Se fija un nuevo techo, superando el dato máximo histórico que se produjo el pasado mes de mayo”, ha señalado el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui.

El buen dato de la afiliación no se corresponde con el del paro, ya que en el pasado mes se registraron 479 más, el segundo mayor incremento del conjunto de comunidades autónomas en España por detrás de Murcia. En comparación con junio de 2025, el desempleo también tiene una mala evolución, con 821 personas más inscritas en las oficinas de Lanbide que en el mes de junio de 2025.

Por sectores, el paro ha descendido en junio en la Industria, con 146 personas menos en Euskadi que en mayo, y en la Construcción, con 21 personas menos. Sin embargo, ha subido en Servicios, con 357 más, en Agricultura y Pesca, con 13 parados más y en el colectivo sin empleo anterior, que ha sumado 276 nuevos parados para situar este colectivo en 15.003 desempleados. Por territorios, la evolución fue desigual. Álava registró un descenso del paro, con 157 personas desempleadas menos , mientras que Bizkaia y Gipuzkoa anotaron incrementos de 245 y 391 personas, respectivamente.

Por otra parte, en el conjunto de sectores, el paro en Euskadi ha descendido en junio entre los hombres, con 112 desempleados menos que en mayo, pero ha aumentado en el último año en 136. Entre las mujeres, el paro se ha incrementado en 591 en la comparativa mensual y en 685 en la interanual. El colectivo de personas mayores de 45 años es el que registra un menor crecimiento del paro respecto al mes anterior, al aumentar en 13 personas, si bien ha anotado el mayor incremento interanual, de 884 desempleados. Así, su cifra de desempleados se sitúa en 58.601. Por su lado, los menores de 30 años, con 16.949 parados, han sumado 159 desempleados en relación con el mes mayo y 315 respecto a junio de 2025 y la franja de 30 a 44 años, con 28.662 personas en desempleo, ha aumentado en 307 su número de parados en términos mensuales aunque lo ha reducido en 378 respecto al pasado año.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión ha considerado que los datos de junio muestran un “mercado laboral con señales mixtas: un ligero repunte del desempleo, acompañado de un fuerte dinamismo en la contratación y un gran aumento de la afiliación a la Seguridad Social, junto con indicadores de estabilidad que continúan sosteniendo la evolución del empleo en Euskadi”.

Estos datos de empleo y afiliación se producen en un contexto en el que el Gobierno vasco ha decidido mantener las previsiones de crecimiento para el presente año en el 1,9%, pero eleva una décima el previsto para 2027, hasta el 1,7%. Además, estima un crecimiento del empleo del 1,1% en 2026 y del 0,9% en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, con un descenso de la tasa de paro hasta el 6,2% en 2027, segun adelantó el pasado miércoles el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que destacó que hay “una senda de crecimiento estable”, pese a la “incertidumbre que sigue marcando el contexto internacional, especialmente en el ámbito geopolítico y energético”.

En paralelo a la investigación judicial por corrupción, Tubos Reunidos ya está en venta. Abierto el plazo para que los posibles compradores presenten sus ofertas, arranca un proceso de varios meses que se convertirá en toda una partida de ajedrez de ofertas y contraofertas que definirá el futuro de la empresa: si se mantiene entera, si solo se vende una parte, o si, en el peor de los casos, no encuentra un comprador y no queda más remedio que la liquidación.

De momento, ha arrancado la primera fase, en la que los posibles compradores deben mostrar su interés para, tras firmar una carta de confidencialidad, acceder a la información de la empresa sobre la que decidir si le conviene o no pujar por la compañía en concurso. Esta fase preliminar será la que más candidatos tenga. Es norma general de todos los concursos de acreedores que la mayoría de las empresas del sector, o al menos las más importantes-en este caso del sector siderúrgico-, se presenten como interesadas. La empresa en concurso está de rebajas y presentarse a ver los entresijos de los que antes eran competidores les permite analizar posibles oportunidades a analizar si se quiere ganar en fortaleza o, por ejemplo, ampliar instalaciones.

Otra cosa son los que llegan al final. Los pretendientes van mermando cuando llega el momento de hacer propuestas concretas. Habrá que esperar hasta el 14 de septiembre para saber cuántas ofertas se presentan por Tubos Reunidos, o por una parte de sus activos, teniendo en cuenta de que se trata de una compañía que arrastra una pesada mochila: de deuda, laboral y también judicial.

Aunque el proceso está en una fase preliminar -el plazo arrancó el pasado martes- ya circulan nombres de posibles interesados: el presidente de Sidenor y de Talgo, José Antonio Jainaga, y Tubacex. De hecho, son dos candidatos a hacerse con Tubos Reunidos que el diario 'El Correo' ha llevado este miércoles a su portada. Ninguna de las empresas ha querido “ni confirmar ni desmentir” que se haya personado en el proceso y han preferido “no hacer comentarios” ante un proceso que además, como han recordado desde ambas, está sujeto a la firma de una cláusula de confidencialidad.

Pero lo cierto es que esta presencia entra dentro de lo esperado. Tubacex, también con sede en Álava, se dedica igualmente a la fabricación de tubos. En cuanto a Jainaga, empresario de moda en Euskadi tras capitanear con el Gobierno vasco la compra de Talgo y recuperar la sede social de la fabricante de trenes para Álava, lleva años abogando por una unión entre las siderúrgicas vascas -Sidenor, Tubos Reunidos y Tubacex- para aprovechar sinergias.

Lo propuso en el año 2020, aunque la situación de las empresas era diferente y se encontró con la negativa de las otras directivas. Recuperó la propuesta no hace mucho, en el mes de febrero de este año, cuando Tubos Reunidos estaba ya negociando el ERE con los sindicatos pero todavía no había entrado en concurso. “Nosotros por nuestra parte estamos totalmente abiertos a iniciar procesos de este tipo. Creo que son buenos y que el futuro nos va a llevar por ahí. Tiene que haber voluntad de los accionistas y tiene que haber voluntad de los ejecutivos”, dijo entonces en una intervención en el Foro Capital, asegurando que “la fusión de las siderúrgicas sigue teniendo sentido”.

En el proceso final del concurso de Tubos Reunidos puede tener un papel fundamental el Gobierno vasco que siempre ha mostrado su voluntad de entrar el proceso si está detrás la operación una empresa solvente, y con un buen plan de viabilidad que garantice el futuro de la empresa. Estas máximas, como aseguran desde el Ejecutivo, son las que rigen todas las inversiones en las que está presente la Administración vasca. Este fue el caso de Talgo, en que el Gobierno vasco entró a través del fondo Finkatuz junto a Jainaga, BBK y Vital.

Fuentes del Gobierno vasco no han querido valorar la operación de venta de Tubos Reunidos y la posibilidad de que los posibles compradores sean Jainaga o Tubacex. “No se puede decir nada porque estamos en una fase muy preliminar y hay que esperar a que haya propuestas concretas”, han señalado. Sin embargo, a nadie se le escapa que serían opciones que satisfarían al Ejecutivo vasco. Sobre todo la de Jainaga, con el que ya comparte consejo de administración en Talgo y por el que siempre han apostado, incluso tras conocerse la investigación sobre Sidenor por la venta de acero a Israel. Es un caso que sigue su curso en la Audiencia Nacional.

Precisamente, los problemas judiciales en los que está inmerso Tubos Reunidos, con el CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, como uno de los imputados junto a su predecesor, Francisco Irazusta, y con el directivo recientemente dimitido Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, dentro del sumario por el presunto pago de comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso, para recibir los 112 millones del rescate de la SEPI, pueden ser uno de los factores que dificulte el proceso de venta, al añadir una parte de incertidumbre al proceso. El Gobierno vasco siempre se ha defendido que el proceso judicial y el del concurso debe separarse. Por lo que sí apuesta el Gobierno vasco es porque sea un proceso rápido para intentar impedir que la empresa se deteriore aún más.

En principio, las reglas dictadas por la jueza de Vitoria que lleva el proceso apuestan por priorizar las ofertas por el conjunto de la empresa, pero si no hay ofertas para ello, se deja la puerta abierta a que haya ofertas sobre alguna de las unidades productivas.

Los vecinos de la calle José María Lidón, en Bilbao, han iniciado una recogida de firmas para intentar poner veto a la proliferación de pisos turísticos que ocupan los bajos de sus viviendas, que por cierto son bloques de VPO. Los vecinos quieren llamar la atención del Ayuntamiento de Bilbao y del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco para que no se autorice la instalación de más pisos o apartamentos turísticos en su calle, “que ya está suficientemente saturada”, y que se estudien otros usos para estos locales “priorizando los que beneficien al barrio”, el de Santutxu, “como viviendas sociales o servicios útiles para los vecinos”.

En el escrito que están distribuyendo para recoger las firmas entre el vecindario critican, ademá,s que estos apartamentos estén situados en los bajos de viviendas de protección oficial: “En un contexto de crisis de vivienda, resulta difícil comprender que en los bajos de VPO se impulsen actividades que puedan agravar esta situación. ”Bilbao esta declarada zona tensionada y al mismo tiempo, el turismo sigue creciendo. Nuestro barrio es un claro ejemplo“, denuncian.

El Gobierno vasco realizó en al año 2000 una promoción de vivienda protegida a través de la sociedad Visesa en esta calle de Bilbao que incluía nueve locales comerciales, que, al igual que las viviendas, se pusieron a la venta en el año 2005. En el mes de septiembre del año pasado, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, interpeló a través de una pregunta escrita en el Parlamento Vasco al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, sobre estos pisos turísticos, en aquel entonces diez apartamentos en lo bajos de los números 2 al 10 de esta calle, casi todos con entrada independiente de los portales.

El consejero reconoció que una vez transmitida la propiedad de las viviendas y locales, “la normativa aplicable no atribuye a Visesa, como promotora, funciones específicas. Tampoco la sociedad pública Alokabide realiza funciones ni gestiones en esta promoción”. Es decir que desconocía el uso de los locales existentes en los bajos de las viviendas, más allá de que cinco de ellos, fueron transmitidos en derecho de superficie en 2020 a una única persona jurídica, ISII SL, otro a la persona jurídica Oyrz SL, dos a pesonas físicas, y sólo uno de ellos permanece en manos de Visesa, que ha suscrito un arrendamiento con opción de compra con una persona física. Ahora los apartamentos ubicados en estos bajos los gestionan las empresas Bilbao North Shore Apartment y Bilbao Rooms and Kitchens Lidón.

Los vecinos, que tienen el apoyo de Santutxuko Familia Elkartea-Asociación de Familias de Santutxu para canalizar su protesta, denuncian que “en los últimos meses ha habido un crecimiento importante de este tipo de alojamientos, muchos de ellos gestionados por una misma empresa”, señalan. En total, ahora hay 14 apartamentos turísticos en esa calle, aunque sólo nueve accesos anexos a cada portal. “Esta situación está generando malestar y molestias al vecindario”, dicen desde la asociación, que relatan ruidos, personas que llaman al timbre equivocado a cualquier hora del día o de la noche porque no tienen clara la entrada al apartamento, suciedad, desperfectos y una pérdida progresiva de la tranquilidad de la zona. “Este modelo de turismo entra en conflicto con la vida cotidiana de la gente que vivimos en el barrio”, aseguran.

Hay que recordar que esta calle no está en el centro de Bilbao, pero sí cerca, y esta zona se ha convertido en un foco de alojamientos turísticos por su cercanía, por ejemplo, al Casco Viejo de Bilbao. De hecho, tal y como denuncian, a pocos metros de esta calle se encuentra el Spirit Hotel Gran Bilbao, así como otro bloque de apartamentos turísticos (Spririt apartamentos). Consideramos que la zona ya soporta una presión turística más que suficiente“, aseguran, ya que calculan que ”hay unas 500 plazas en un espacio muy pequeño“, en una zona en la que además no hay otros servicios.

Aunque son conscientes de que cerrar los apartamentos que están en marca hoy en día es difícil, el objetivo que persiguen con las movilizaciones, en las que la recogida de firmas puede ser el primer paso, es que no se concedan licencias para más apartamentos turísticos en las lonjas que están libres por la zona y que se siga saturando todo el entorno. Además, quieren llamar la atención sobre el hecho de que los pisos turísticos de esta calle estén en los bajos de viviendas de VPO, que hoy en día, con la legislación actual, podrían utilizarse como viviendas.

Cuando se conoció la situación de esta calle, con apartamentos turísticos en los bajos de viviendas de VPO, el consejero Itxaso señaló que se trata de “una fotografía” que no le gusta al Gobierno. “No nos gusta ver edificios de protección oficial con viviendas turísticas”, indicó el consejero, insistiendo en que “los que ya se vendieron” es algo que “no se puede controlar” y recordaba que se pudieron vender para poner un comercio y que luego se hayan vendido como vivienda turística. “Estamos poniendo ahora toda la carne en el asador para que no ocurra esto. Pero, si se cumplía la ley en ese momento, no lo podemos controlar. Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el control”, manifestaba entonces, e insistía en que Visesa la orden de reducir al máximo el número de lonjas en sus nuevas promociones.