El Gobierno Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que EEUU necesita hacerse con el control de Groenlandia, una zona rica en minerales y con gran autonomía que pertenece a Dinamarca, que gestiona su política exterior y de seguridad.

La Casa Blanca ha declarado que recurrir al ejército estadounidense “siempre es una opción”, pero pocos analistas creen que sea probable una operación armada y el ministro de Asuntos Exteriores francés ha afirmado que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha descartado la posibilidad de una invasión.

Los acontecimientos del pasado fin de semana en Venezuela y la imprevisibilidad de Donald Trump no permiten, sin embargo, descartar nada, y Estados Unidos tiene otras formas de satisfacer las ambiciones territoriales del presidente. Estas son algunas de las opciones.

Comprar Groenlandia

Estados Unidos planteó por primera vez la idea de hacer una oferta a Copenhague por la isla ártica en 1867, tras comprar Alaska a Rusia. Volvió a considerar la idea en 1910 y, en 1917, compró a Dinamarca las actuales Islas Vírgenes de Estados Unidos por 25 millones de dólares.

Cuando comenzó la Guerra Fría, la administración Truman hizo una oferta formal en 1946 —que no se hizo pública hasta 1991— de 100 millones de dólares por la isla, argumentando que era “completamente inútil para Dinamarca... y que el control de Groenlandia era indispensable para la seguridad de Estados Unidos”.

Copenhague rechazó la oferta y, desde 2019, cuando Trump expresó por primera vez su interés en la isla, los Gobiernos danés y groenlandés han repetido en numerosas ocasiones que no está en venta. Sin embargo, según informaciones de prensa, Rubio dijo esta semana a los miembros del Congreso que el objetivo era comprar el territorio.

Una encuesta realizada en enero reveló que el 85% de los groenlandeses no quería que su patria pasara a formar parte de EEUU, mientras que solo el 6% estaba a favor

Los expertos jurídicos y constitucionales consultados han señalado que ya no estamos en la época en la que los países podían comprar o intercambiar territorios ajenos —y a sus pueblos—. El principio jurídico internacional de la autodeterminación hace que una venta directa sea prácticamente imposible.

En virtud de su ley de autogobierno de 2009, los groenlandeses pueden celebrar un referéndum sobre la independencia. Son los 57.000 habitantes de la isla los que deben decidir su futuro. Una encuesta realizada en enero reveló que el 85% no quería que su patria pasara a formar parte de EEUU, mientras que solo el 6% estaba a favor.

Seducir a Groenlandia

Las encuestas, que no siempre son fiables cuando se trata de cifras tan pequeñas, sugieren que los sentimientos de los groenlandeses sobre las promesas de Trump de invertir miles de millones de dólares en el territorio son menos claros, ya que la población está dividida casi a partes iguales entre quienes las ven como una amenaza y quienes las ven como una oportunidad.

El primer paso, ya en marcha, es una campaña de cortejo que pasa por invertir en el desarrollo económico y educativo de la isla y reforzar las relaciones diplomáticas. El consulado de Estados Unidos en Nuuk reabrió sus puertas en 2020 y el mes pasado se nombró un enviado especial a Groenlandia.

Dinamarca también sospecha que Washington está utilizando tácticas más encubiertas, incluida una supuesta campaña para ganar influencia. Copenhague cree que el objetivo es fomentar el creciente movimiento independentista de la isla, que cuenta con el respaldo de una amplia mayoría, dependiendo del momento.

Las negociaciones podrían empezar si los separatistas venciesen en un referéndum de independencia aprobado por el Parlamento danés. En una visita a Nuuk en marzo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que esperaba que los groenlandeses independientes “eligieran asociarse con Estados Unidos”.

El actual Gobierno de coalición de Groenlandia, integrado por cuatro partidos, ha afirmado con rotundidad que la isla pertenece a su pueblo. Naleraq, el partido de la oposición que quedó en segundo lugar en las elecciones del año pasado, también está a favor de la independencia, pero se muestra más abierto al diálogo con Estados Unidos.

El líder de esta formación, Pele Broberg, ha declarado que no le preocupan las recientes amenazas de Trump y que confía en que Estados Unidos protegería a Groenlandia si fuese una nación independiente. “Además, Estados Unidos no puede hacernos nada que Dinamarca no haya hecho ya”, afirmó esta semana.

Firmar un acuerdo de libre asociación

Cargos de Washington llevan meses trabajando, según algunas informaciones, en un posible acuerdo de libre asociación similar al que Estados Unidos tiene con varias pequeñas naciones del Pacífico sur, incluidas las Islas Marshall.

En virtud de dicho acuerdo, el país más pequeño conserva su independencia y se le garantiza la protección de Washington y un acuerdo comercial sin aranceles potencialmente lucrativo, mientras que el ejército estadounidense puede operar sin restricciones en un territorio de importancia estratégica.

Muchos analistas consideran que este es quizás el resultado más verosímil a largo plazo, ya que es probable que los líderes de Groenlandia, tras el referéndum, vean en un acuerdo de estas características o en algún otro tipo de pacto bilateral la posibilidad de combinar la independencia con las ventajas económicas.

Confiar en los tratados existentes

Uno de los misterios de las últimas tensiones transatlánticas sobre Groenlandia es que Estados Unidos ya tiene un amplio acceso militar a la isla y podría fácilmente tener más. Un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca de 1951 le permite “construir, instalar, mantener y operar” bases militares en todo el territorio.

El tratado, que se actualizó en 2004 e incluye al Gobierno semiautónomo de Groenlandia, también permite a Estados Unidos “alojar personal... Y controlar los aterrizajes, despegues, fondeos, amarres, movimientos y operaciones de barcos, aviones y embarcaciones”.

Copenhague ha manifestado en repetidas ocasiones su disposición a permitir que Estados Unidos amplíe significativamente su presencia militar en Groenlandia, actualmente limitada a la base espacial de Pituffik, en el norte, donde hay estacionados unos 500 efectivos, según las informaciones conocidas.

Otro acuerdo, firmado en diciembre de 2023 y en vigor desde el año pasado, otorga a Estados Unidos acceso sin restricciones a las bases aéreas danesas y le permite llevar a cabo actividades militares en Dinamarca y desde este país. Estados Unidos tiene acuerdos similares con Suecia, Finlandia y Noruega.

Invasión

Si todo lo demás falla, analistas estadounidenses sugieren que, en principio, una toma militar no sería difícil. Groenlandia no tiene ejército territorial, y el puñado de barcos y helicópteros y el único avión que opera el comando conjunto ártico de Dinamarca en Nuuk tienen fines de observación.

Los expertos sostienen que la presencia militar estadounidense en la isla, potencialmente con el apoyo de unas pocas fuerzas especiales, sería teóricamente suficiente para capturar Nuuk en cuestión de minutos, y podría simplemente declararse Groenlandia territorio estadounidense.

Sin embargo, en la práctica, los analistas daneses afirman que no sería nada sencillo, especialmente dadas las condiciones meteorológicas de Groenlandia, famosas por su adversidad. Y las consecuencias serían enormes.

"Espero que los europeos puedan convencer a EEUU de que sí responderemos"

Jacob Kaarsbo — Exanalista de la agencia de inteligencia de defensa danesa

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró esta semana que un ataque estadounidense a Groenlandia, que está cubierta por la pertenencia de Dinamarca a la OTAN, significaría el fin de la alianza militar.

También haría estallar la “seguridad posterior a la segunda guerra mundial”, afirmó. Además de ser totalmente ilegal, los analistas también afirman que una operación militar estadounidense privaría instantáneamente a Washington de la confianza de sus aliados y de información de inteligencia potencialmente vital.

Jacob Kaarsbo, exanalista de la agencia de inteligencia de defensa danesa, afirma que un ataque estadounidense sería contestado. Una “operación rápida y sucia”, en la que se tomara el control de la torre de control y de lugares estratégicos, podría haber sido posible en 2025, pero Dinamarca ha reforzado su presencia, en su opinión.

El clima invernal también dificultaría mucho cualquier operación, añade. “Espero que los europeos puedan convencer a EEUU de que sí responderemos”, afirma, y alerta: “Los soldados estadounidenses volverían a su país en bolsas para cadáveres”.

Uno de los hombres detenidos por el robo de las joyas de la corona del Louvre, valoradas en 88 millones de euros, es una estrella menor de las redes sociales aficionada a las motos y que trabajó en el pasado en el Centro Pompidou, según medios franceses.

Identificado por los tribunales como Abdoulaye N, el hombre, de 39 años, fue arrestado en su casa de Aubervilliers, el suburbio parisino en el que nació, seis días después del golpe, cometido el 19 de octubre. Se enfrenta a cargos por robo organizado y conspiración criminal.

Un juzgado de Bobigny, al norte de París, decidió este miércoles retrasar el juicio contra él por otro caso en el que estaba implicado, relativo a daños al patrimonio público, porque no se dan las condiciones para que la vista fuese “serena” debido a la “atención mediática y los sucesos recientes”.

Uno de sus abogados, Maxime Cavaillé, dijo que la defensa estará “extremadamente atenta” al “respeto de la presunción de inocencia” y que buscará proteger los derechos e intimidad de su cliente pese a las circunstancias extraordinarias del caso del Louvre.

Hay cuatro personas detenidas por el robo, tres de las cuales son sospechosas de formar parte de la banda de cuatro que se sirvió de un camión robado para colocar una escalera extensible y un elevador para encaramarse a la ventana del primer piso de la Galería de Apolo del museo.

Dos de los miembros de la banda rompieron una ventana que no estaba protegida y dos expositores de cristal para luego bajar en la plataforma elevadora y escapar en motos que manejaban los otros dos integrantes del grupo. El atrevido golpe se produjo a plena luz del día y duró menos de siete minutos.

Los ladrones se llevaron ocho objetos, incluidos un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su segunda esposa, María Luisa, y una diadema con 212 perlas y casi 2.000 diamantes que fue propiedad de Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

Medios franceses han informado de que se sospecha que Abdoulaye N —de quien se encontró el ADN en uno de los expositores y en objetos abandonados en el lugar (guantes, un chaleco reflectante y sierras radiales)— es uno de los que penetró en la galería.

El diario Le Parisien y el canal BFMTV han afirmado que el sospechoso es conocido en las redes sociales como Doudou Cross Bitume y goza de cierta popularidad tras haber publicado numerosos vídeos en Youtube, TikTok e Instagram.

Algunos de los vídeos, con el lema Toujours plus près du bitume (Cada vez más cerca del asfalto) lo muestran haciendo acrobacias en moto por París y Aubervilliers, cerca del Estado de Francia. En otros da consejos sobre musculación.

En varios de los vídeos el protagonista aparece montado en una Yamaha TMax, justamente el modelo de moto que llevaban los ladrones al escapar. Los investigadores del caso aún no han recuperado las joyas.

El sospechoso trabajó en la empresa de transportes UPS, la multinacional de los juguetes Toys R Us y el Centro Pompidou, según Le Parisien. Los vecinos que hablaron con el periódico lo describieron como un hombre “servicial”, “decente” y que “lleva el corazón a flor de piel”.

Varios medios franceses indican que en el historial delictivo de Abdoulaye N hay 15 infracciones, entre las que se encuentran la posesión y transporte de drogas, conducir sin carnet y causar peligro a terceros. También fue condenado por robar una joyería en 2014.

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha dicho que el sospechoso ha hablado poco con la policía, pero que ha “admitido parcialmente” su participación en el golpe del Louvre. Otro de los supuestos autores fue detenido la semana pasada y también había estado implicado en el robo de 2014.

Beccuau dijo que el perfil de los investigados “no se corresponde con el que generalmente se asocia” con la delincuencia de altos vuelos, de planificación meticulosa, lo que ha suscitado especulaciones mediáticas según las cuales podría haber un cerebro criminal tras el crimen que los hubiese contratado.

El sospechoso iba a comparecer originalmente el miércoles en un juicio por romper un espejo y dañar la puerta de la celda de la cárcel en la que estaba detenido en 2019 por otro caso del que fue posteriormente absuelto, según Associated Press.

Países Bajos celebra elecciones anticipadas este 29 de octubre. Los sondeos muestran que es probable que los votantes cambien el Gobierno más de derechas de la historia reciente del país por una coalición más moderada y sensata.

Esto es todo lo que hay que saber:

¿Qué ha pasado y por qué es relevante? 

Las elecciones legislativas anticipadas se desencadenaron por la caída en junio del Gobierno saliente, que llevaba 11 meses en el poder. El Ejecutivo cayó después de que el líder de la extrema derecha, Geert Wilders, sacara a su Partido de la Libertad (PVV) de una coalición ya de por sí frágil y poco eficaz.

En los últimos comicios, celebrados en 2023, el PVV fue, sorprendentemente, la primera fuerza. Tras más de seis meses de negociaciones, formó una frágil coalición de derechas integrada por cuatro partidos, con el populista Movimiento Granjero-Ciudadano (BBB), el centrista Nuevo Contrato Social (NSC) y el liberal-conservador VVD.

Sin embargo, los socios de Wilders consideraron que el político tenía un perfil demasiado incendiario para ocupar el cargo de primer ministro, que recayó en un exjefe de inteligencia, Dick Schoof. Durante este tiempo, Wilders, un político antiinmigración polémico y que vive bajo protección policial desde hace 20 años, se ha limitado a lanzar críticas desde la barrera.

El 3 de junio rompió la coalición después de que sus socios se negaran a aprobar un radical plan antiinmigración de diez puntos que incluía desplegar al Ejército para patrullar las fronteras, rechazar todas las solicitudes de asilo, cerrar la mayoría de los albergues para personas refugiadas y repatriar a todos los refugiados sirios.

Aunque el apoyo al PVV ha disminuido, las encuestas muestran que el partido de extrema derecha e islamófobo volverá a obtener el mayor número de escaños en el Parlamento. Sin embargo, las principales formaciones políticas neerlandesas han descartado formar una coalición formal con Wilders.

Se prevé que al menos 16 partidos entren en el Parlamento, pero ninguno obtendrá más del 20% de los votos. Como siempre, el próximo gobierno neerlandés, que suele ser un actor influyente en la Unión Europea y en la comunidad internacional, solo surgirá tras unas negociaciones de coalición que podrían durar meses.

¿Cómo funciona el sistema y cuál es el panorama?

El Parlamento neerlandés cuenta con 150 escaños, por lo que un Gobierno necesita al menos 76 para alcanzar la mayoría. Ningún partido lo logra por sí solo, y el país lleva más de un siglo gobernado por coaliciones.

La Cámara se elige cada cuatro años —o antes, si el Gobierno cae— mediante representación proporcional, a partir de una lista única de candidatos en una circunscripción nacional. Cualquier partido que obtenga al menos el 0,67% de los votos tiene garantizado un escaño.

Al igual que en gran parte de Europa, la política neerlandesa se ha caracterizado en las últimas décadas por un fuerte descenso del apoyo a los partidos históricos de centroderecha y centroizquierda, cuya cuota de votos ha pasado de ser de más del 80% en la década de los 80 a poco más del 40% en la actualidad.

En Países Bajos, este proceso ha ido acompañado de una espectacular proliferación de partidos más pequeños: en estos comicios se presentan 27 formaciones, entre ellas, un partido para mayores de 50 años, un partido para jóvenes, un partido animalista, un partido que defiende la renta básica universal y un partido que promueve el deporte.

¿Cuáles son los principales actores y temas?

Liderando los sondeos, pero con una previsión de perder hasta 12 de los 37 escaños que obtuvo en 2023, se encuentra el PVV de Wilders. Entre otros puntos, su programa electoral contempla una congelación total del asilo, que los hombres ucranianos que se hayan refugiado en Países Bajos sean repatriados, que el Ejército luche contra los “terroristas callejeros” y que se ponga fin al “adoctrinamiento woke (algo así como progre)” en las escuelas.

Las encuestas también muestran que la alianza electoral entre los Verdes y el histórico Partido Laborista neerlandés (GL/PvdA), que se espera acabe fusionándose por completo, está en camino de obtener hasta 26 escaños. Liderada por el veterano excomisario europeo Frans Timmermans, la coalición ha convertido la construcción de nuevas viviendas en su principal prioridad y ha generado polémica al incluir en su programa un límite neto de migración de entre 40.000 y 60.000 personas al año.

El partido liberal-progresista D66 está en camino de más que duplicar su número de escaños, obteniendo hasta 23, frente a sus nueve actuales, bajo el liderazgo de su joven dirigente, Rob Jetten, conocido por hablar sin tapujos. Su campaña se centra en la vivienda —con el ambicioso plan de construir diez nuevas ciudades— y en la creación de una “prestación básica individual” para las personas solicitantes de ayudas.

Los demócratas cristianos (CDA) dominaron la política neerlandesa desde finales de los años 70 hasta principios de los 90, y de nuevo a principios de los 2000, pero en las últimas elecciones se desplomaron hasta obtener solo cinco escaños. Ahora están en camino de hacerse hasta con 22.

Bajo el liderazgo de Henri Bontenbal, su joven estrella en ascenso, que entró en la política hace solo cuatro años, el partido se ha recuperado con una campaña que destaca la grave crisis de la vivienda en Países Bajos y la promesa de una “política normal y civilizada”.

Se prevé que el liberal-conservador VVD, el partido del ex primer ministro (ahora responsable de la OTAN) Mark Rutte, pierda votos, y pase de los 24 escaños actuales a un máximo de 18. Se culpa de su declive a su líder, Dilan Yeşilgöz, acusado de escorar demasiado el partido a la derecha. En su programa electoral promete recortes fiscales a las empresas y menos prestaciones sociales.

El populista y conservador JA21 es una escisión de otro partido de extrema derecha, el otrora popular y ahora salpicado por los escándalos Foro por la Democracia (FvD), y parece estar beneficiándose del éxodo de votantes del PVV, el BBB y el VVD. Podría obtener hasta 14 escaños.

Además del VVD y el PVV, también se prevé que los otros dos socios de la malograda coalición saliente —el BBB y el NSC— salgan perdiendo, y el NSC ni siquiera tiene garantizada su presencia en el Parlamento.

Los temas de debate más importantes durante la campaña han sido la migración, con varias protestas, a veces violentas, contra los centros de acogida de emergencia previstos para los solicitantes de asilo, el coste de la vida y el eterno problema neerlandés de la vivienda (el país tiene un déficit de 400 000 viviendas).

¿Cómo podría ser el nuevo Gobierno?

Dado el alto grado de fragmentación de la política neerlandesa, las coaliciones posibles son casi tan importantes como quién quede primero —o, en este caso, más probablemente segundo—, ya que ningún gran partido está dispuesto a gobernar con Wilders, que insiste en su intención de liderar un Gobierno en minoría.

Tras las elecciones, los diputados nombran primero a un informateur, que busca posibles alianzas. Una vez que se ha encontrado una coalición viable, un formateur, normalmente el líder del socio potencial con más votos, comienza a negociar el acuerdo de coalición formal. Esto puede llevar meses.

Varias opciones parecen plausibles, la mayoría de las cuales implican una mezcla de partidos de centroizquierda y derecha moderada. Las más probables, según la web CoalitionChecker, incluyen al CDA y al GL/PvdA, además del D66 y uno o más partidos más pequeños, entre los que podría estar el JA21.

Traducción de Emma Reverter.

El mercado bursátil suizo se ha desplomado, el gobierno del país ha tenido que programar reuniones de emergencia y la población acusa a su presidenta Karin Keller-Sutter de gestionar indebidamente una llamada telefónica crucial con la Casa Blanca. Todo esto después de que Donald Trump haya golpeado al país con un arancel de exportación del 39%.

Suiza, sede de algunas de las marcas de lujo más conocidas del mundo, se ha quedado en shock después de que el presidente de Estados Unidos impusiera el pasado viernes uno de los aranceles más altos de su reajuste comercial global. Las asociaciones industriales advierten de que decenas de miles de puestos de trabajo están en peligro.

Los medios de comunicación de Suiza afirmaban hace unos días que, después de tres meses de negociaciones, los mediadores suizos creían haber asegurado un arancel el 10 % sobre las exportaciones a Estados Unidos —que es un mercado importante para algunos productos del país europeo, como por ejemplo para los relojes de lujo, las joyas o el chocolate; también para la maquinaria y los productos farmacéuticos—. Sin embargo, después de la llamada telefónica de una media hora del entre Keller-Sutter y Trump el jueves, el presidente de EEUU anunció el arancel del 39%.

Se trata de una cifra aún más elevada que la del 31% que prometió hace meses. El índice bursátil de valores de Suiza ha abierto con una caída del 1,8 % este lunes, el primer día de trading desde el anuncio de Trump.

El gobierno suizo ha defendido que la imposición del arancel del 39% no tiene nada que ver con esa llamada entre Trump y Keller-Sutter. Otros, sin embargo, describen la actitud de la ministra de finanzas y actual presidenta como “arisca”, “desastrosa” y “malamente evaluada”. “La llamada no fue un éxito”, afirmaba una fuente del Gobierno. “No ha habido un buen resultado para Suiza, pero tampoco ha habido una discusión”, reiteran. “Trump dejó muy claro desde el principio que tenía otro punto de vista completamente diferente al nuestro, que los aranceles del 10% no eran suficientes”, dijo esa misma fuente a la agencia Reuters.

Los medios suizos no han sido tan benévolos. “Frente a Trump, Keller-Sutter resultó demasiado ingenua”, sentenciaba el diario Blick en su apertura. 24 Heures titulaba que, en vez de su “obra maestra”, la llamada telefónica había acabado siendo “la mayor derrota de su carrera política”.

Según Hans Gersbach, economista de la universidad de Zürich, el arancel del 39% va a tener un impacto “enorme” en la economía suiza orientada a la exportación. El experto asegura que podía incluso despertar una recesión, especialmente si las farmacéuticas, que no están aseguradas, están incluidas en el trato con el presidente estadounidense.

Las empresas suizas, cuyas exportaciones a Estados Unidos representan aproximadamente una sexta parte de sus ventas totales al extranjero, se enfrentan a uno de los aranceles más elevados de Estados Unidos: solo Laos, Myanmar y Siria tenían cifras más altas, entre el 40 % y el 41 %. La Unión Europea y el Reino Unido negociaron un 15 % y un 10 %, respectivamente.

El ministro de Economía, Guy Parmelin, declaró el lunes a la radio pública RTS que el Gobierno necesitaba “comprender plenamente lo que ha sucedido, por qué el presidente de EE. UU. ha tomado esta decisión”. “Una vez que tengamos eso sobre la mesa, podremos decidir cómo proceder”, dijo.

Ochenta años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos de EEUU y Europa Occidental consideran posible un tercer conflicto mundial aún más devastador en menos de una década, según una encuesta de YouGov en la que las tensiones con Rusia aparecen como la causa más probable.

En el marco de los actos por el 80º aniversario del Día de la Victoria en Europa, una amplia mayoría de los encuestados por YouGov considera que los acontecimientos ocurridos durante y antes de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo relevantes y deben enseñarse a las nuevas generaciones.

En los cinco países europeos donde se realizó el sondeo (España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido), entre el 41% y el 55% de los encuestados considera muy probable o bastante probable una guerra mundial en un plazo de entre cinco y diez años. Un 45% de los estadounidenses consultados comparte la misma opinión.

Una mayoría de entre el 68% y el 76% pronostica el uso de armas nucleares en cualquier nuevo conflicto. Entre el 57% y el 73% afirma que la pérdida de vidas durante una tercera guerra mundial sería mayor que la ocurrida entre 1939 y 1945. Entre el 25% y el 44% de los consultados cree que moriría la mayoría de la población mundial.

Una mayoría prevé que su país se vería implicado en una guerra de este tipo, desde el 66% de los consultados en Italia hasta el 89% en el Reino Unido. Sin embargo, solo una minoría —entre el 16% en Italia y el 44% en Francia— cree que sus fuerzas armadas serían capaces de defenderles. En Estados Unidos, por el contrario, el 71% de los encuestados dice confiar en su ejército.

Rusia es considerada la causa más probable de otra guerra mundial (seguida por el terrorismo islamista) por el 69% de los estadounidenses y por una mayoría de europeos occidentales: entre el 72% y el 82%.

Pero muchos europeos también consideran a Estados Unidos, supuesto aliado de Europa, como posible detonante de una guerra. Desde el 58% de los encuestados en España, hasta el 55% en Alemania o el 53% en Francia ven en las tensiones con Estados Unidos una amenaza, importante o moderada, para la paz en el continente.

El 72% de los franceses, el 70% de los alemanes y el 66% de los británicos afirman saber mucho o bastante sobre la Segunda Guerra Mundial. España, que no participó en el conflicto, es el país donde menos encuestados dicen saber mucho o bastante sobre la contienda (40%).

Alrededor del 77% de los franceses asegura haber recibido mucha o bastante información sobre la guerra en la escuela, frente al 60% de los alemanes, el 48% de los británicos y solo el 34% de los españoles. Las generaciones más jóvenes son más proclives a decir que se les ha enseñado mucho.

Una abrumadora mayoría de europeos occidentales y estadounidenses (entre el 82% y el 90%) considera importante la enseñanza de la Segunda Guerra Mundial en las escuelas. Entre el 72% y el 87% opina que conocer el conflicto y las razones que lo desencadenaron sigue siendo relevante hoy en día.

El porcentaje de encuestados que en los seis países sondeados considera posible que en su propio país se cometan “crímenes como los del régimen nazi en la Alemania de los años 30 y 40” oscila entre el 31% en España y el 52% en EEUU.

Un porcentaje mayor (del 44% al 59%) considera posible que se cometan crímenes de ese tipo en “otro país de Europa Occidental”. Entre un 44% y un 60% considera que un escenario así es posible en EEUU (el 52% de los estadounidenses lo ve como una posibilidad).

Preguntados por el país que más hizo para derrotar a los nazis, entre el 40% y el 52% de los encuestados respondió que Estados Unidos; entre el 17% y el 28%, que la Unión Soviética. En el Reino Unido, sin embargo, un 41% respondió que fue su propio país, una opinión que en el resto de países solo compartió entre el 5% y el 11%.

Casi la mitad de los alemanes (un 46%) afirma que desde 1945 su país ha hecho un buen trabajo asumiendo su responsabilidad por lo ocurrido durante la guerra, una opinión compartida por el 49% de los estadounidenses y por el 58% de los británicos. Los encuestados en Francia e Italia no se mostraron tan seguros: solo un 34% y un 30%, respectivamente, opinó en ese sentido.

Pero casi la mitad de los alemanes encuestados (un 47%) cree que su país ha sido “demasiado consciente de su pasado nazi”, lo que le ha impedido actuar con la firmeza necesaria ante problemas recientes. Solo un 24% considera que sus dirigentes han encontrado el equilibrio adecuado.

Ante la pregunta sobre quién ha hecho más por mantener la paz desde el final de la guerra, una mayoría absoluta en los seis países responde que la OTAN (entre el 52% y el 66%), con al menos una mayoría relativa atribuyendo una contribución “grande” o “bastante grande” a las Naciones Unidas (entre el 44% y el 60%).

Entre el 45% y el 56% de los europeos occidentales y estadounidenses consultados también considera que la UE, creada en parte para mantener la paz en Europa, ha contribuido significativamente a la ausencia de conflictos.

Los populistas de extrema derecha son considerablemente más propensos a difundir bulos en redes sociales que los políticos de los partidos tradicionales o los de extrema izquierda, según un estudio que argumenta que amplificar desinformación es hoy parte integral de la estrategia de la derecha radical.

“Los populistas de extrema derecha usan la desinformación como una herramienta para desestabilizar democracias y obtener una ventaja política”, dice Petter Törnberg, de la Universidad de Ámsterdam y coautor del estudio junto a Juliana Chueri, de la Universidad Libre en la capital de los Países Bajos.

“Los resultados subrayan la necesidad urgente de que los responsables de las políticas, los investigadores y la ciudadanía entiendan y aborden cómo se entrelazan las dinámicas de la desinformación y el populismo de extrema derecha”, añade Törnberg.

La investigación desmenuzó cada tuit publicado entre 2017 y 2022 por todos los diputados con cuenta en Twitter (ahora X) en 26 países: 17 miembros de la Unión Europea, incluidos los más poblados (Alemania, Francia, Italia, España y Polonia), pero también Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Después comparó cada conjunto de datos, 32 millones de tuits de 8.198 diputados, con bases de datos internacionales de ciencias políticas que contienen información detallada sobre los partidos políticos correspondientes, como su posición en el espectro derecha-izquierda y su grado de populismo.

Para terminar, los investigadores extrajeron información de servicios de seguimiento de bulos y verificación de datos para montar un conjunto de 646.058 enlaces, cada una de ellos asociado a una clasificación de veracidad basada en la fiabilidad de su fuente, y comparada con 18 millones de vínculos compartidos por los diputados.

Al tener todos esos juegos de datos masticados conjuntamente, los investigadores pudieron crear lo que describieron como un “marcador de veracidad” agregado para cada político y cada partido, basándose en los enlaces que los diputados habían compartido en Twitter.

Los datos mostraron de forma concluyente que el populismo de extrema derecha era “el mayor factor de propensión a difundir desinformación”, mientras que los diputados de centroderecha, centro-izquierda y los partidos descritos como populistas de extrema izquierda figuraban como “no ligados” a esta práctica.

Partidos populistas de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD), Agrupación Nacional (RN) en Francia y el Partido por la Libertad holandés (PVV) han obtenido importantes victorias en Europa en los últimos años y gobiernan en varios países.

Los investigadores señalan que no pudieron ampliar sus datos sobre los tuits de los diputados en X, porque la plataforma —que ahora pertenece al multimillonario estadounidense Elon Musk, quien no oculta su apoyo a partidos de ultraderecha— ya no ofrece acceso a los datos.

Investigaciones recientes sugieren que la mayoría de la gente no consume ni comparte desinformación (definida como el acto de compartir información falsa de manera deliberada o no), sino que esta práctica se concentra muy particularmente en ciertos grupos electorales, según el estudio.

Más que el antielitismo generalizado de los populistas, eran “las ideologías excluyentes y la hostilidad hacia las instituciones democráticas por parte del populismo de extrema derecha” las que estaban tras la mayor parte de las campañas de desinformación, dice Törnberg.

La desinformación es menos útil a los populistas de extrema izquierda, que se centran más en reclamar agravios económicos, mientras que el énfasis de los populistas de extrema derecha en las quejas por cuestiones culturales y su oposición a las normas democráticas es un “terreno fértil” para la desinformación, según los autores del estudio.

El trabajo también destaca la “relación simbiótica” entre los populistas de extrema derecha y los medios “alternativos”. “Los populistas de la derecha radical han sido eficaces creando y utilizando ecosistemas de medios alternativos que amplifican sus puntos de vista”, dice Törnberg.

Esos ecosistemas amplifican la desinformación y dan forma a los movimientos populistas de extrema derecha, razona. Esto refuerza sus mensajes ideológicos y crea una sensación de comunidad entre los votantes a la vez que provee de un contrarrelato a los medios de masas.

Traducido por María Torrens Tillack

El autodenominado “influencer misógino” Andrew Tate y su hermano Tristan han abandonado Rumanía en un jet privado con destino a Estados Unidos después de que las autoridades levantaran su prohibición de viajar, según informaron medios locales y fuentes oficiales.

Los hermanos, que fueron arrestados en Rumanía hace tres años y enfrentan un juicio por cargos de violación, trata de personas y blanqueo de dinero, despegaron del aeropuerto de Băneasa, en Bucarest, a las 5.30 de la mañana con destino a Florida, según informó el canal de noticias Antena 3. Fuentes aeroportuarias confirmaron su salida.

La fiscalía de Rumanía indicó que había aprobado la solicitud de los Tate para viajar a EEUU mientras continúa la investigación. Medios locales señalaron que los hermanos deberán regresar en marzo para una vista judicial.

Andrew Tate, de 38 años y exluchador profesional de kickboxing, y su hermano Tristan, de 36, han estado sujetos a una prohibición de viajar desde su arresto en 2022, junto con dos mujeres rumanas, acusados de trata de personas, violación y formar una organización criminal para explotar sexualmente a mujeres.

En agosto, la unidad contra el crimen organizado de Rumanía, Diicot, abrió una segunda investigación contra ellos por delitos que incluyen la formación de un grupo criminal, trata de personas, trata de menores, relaciones sexuales con una menor y blanqueo de dinero.

Los hermanos fueron arrestados entonces junto con otras cuatro personas y posteriormente puestos bajo arresto domiciliario. Tanto los Tate como sus presuntos cómplices han negado todas las acusaciones en ambos casos.

Los Tate, que tienen doble nacionalidad británica y estadounidense, también son buscados por las autoridades del Reino Unido por un caso de agresión sexual de 2012. Sin embargo, un tribunal rumano ha dictaminado que los procedimientos judiciales en Rumanía deben concluir antes de que puedan ser extraditados.

Su viaje a EEUU se produce después de que el Financial Times informara de que el enviado especial de Trump, Richard Grenell, habló sobre los hermanos Tate con el ministro de Exteriores rumano, Emil Hurezeanu, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich de hace unos días.

Hurezeanu confirmó que Grenell le había expresado su “interés en el destino de los hermanos Tate”, pero aseguró que no hubo “ningún tipo de presión ni amenaza” por parte de EEUU.

El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, también negó que EEUU haya realizado alguna solicitud a Bucarest sobre “la situación legal de conocidos influencers extranjeros investigados por las autoridades rumanas”, ni durante la conversación ni después.

Andrew Tate ha sido expulsado de varias plataformas de redes sociales por sus discursos de odio y su visión misógina, aunque sigue teniendo más de 10 millones de seguidores en X (antes Twitter), donde promueve un estilo de vida ultramasculino que sus críticos califican de degradante para las mujeres.

En su segunda causa contra los Tate, Diicot los acusa de utilizar el método “loverboy” –convencer a mujeres de que tienen una relación sentimental– para forzar a 34 de ellas a producir contenido pornográfico, el cual vendieron en internet por casi 3 millones de dólares.

Según la fiscalía, uno de los acusados obligó a una menor de 17 años a producir contenido pornográfico en Reino Unido y Rumanía, obteniendo ganancias de 1,5 millones de dólares, y también habría mantenido relaciones sexuales repetidas con una menor de 15 años.

El Gobierno alemán se ha comprometido a investigar si el atentado con coche perpetrado en el mercadillo navideño en el que murieron cinco personas y 200 resultaron heridas podría haberse evitado, después de que saliera a la luz que las autoridades habían recibido múltiples advertencias sobre el sospechoso.

En medio de las crecientes críticas al aparato de seguridad alemán, la ministra del Interior, Nancy Faeser, dijo el domingo que los jefes de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros serían interrogados por dos comisiones parlamentarias la próxima semana.

El hombre detenido en el lugar del atentado del viernes en Magdeburgo, un psiquiatra de origen saudí al que los medios de comunicación alemanes llaman Taleb al-Abdulmohsen, de 50 años, había amenazado en Internet con matar a ciudadanos alemanes y tiene un historial de disputas con las autoridades estatales.

Se autodenominaba “ateo saudí” y ayudaba a mujeres a huir de países del Golfo. Había criticado duramente a Berlín por permitir la entrada de demasiados refugiados musulmanes y había respaldado en repetidas ocasiones teorías conspirativas de extrema derecha sobre la “islamización” de Europa.

Abdulmohsen expresó su apoyo en la plataforma de redes sociales X al partido de extrema derecha Alternative für Deutschland y al propietario de X, el multimillonario estadounidense Elon Musk, que ha respaldado públicamente a AfD, afirmando que sólo el partido ultra “puede salvar a Alemania”.

Las víctimas fueron identificadas como cuatro mujeres de 52, 45, 75 y 67 años y un niño de nueve años al que su madre llamó el domingo André Gleißner.

“Que mi osito de peluche vuelva a volar por el mundo”, dijo Désirée Gleißner en Facebook. “André no le hizo nada a nadie. Sólo estuvo con nosotros nueve años. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre vivirás en nuestros corazones... te lo prometo”.

Faeser dijo el domingo que la tarea consistía en “pintar el retrato” de un sospechoso “que no encaja en ningún molde existente”. Había actuado de una forma “increíblemente cruel y brutal, como un terrorista islamista, aunque era claramente ideológicamente hostil al Islam”, dijo.

La ministra del Interior prometió al diario Bild que “no se dejará piedra sin remover”, y añadió que las autoridades “aclararán todos estos antecedentes. También examinarán en detalle la información de que se disponía en el pasado y cómo se hizo un seguimiento de ella”.

El jefe de la policía criminal federal, Holger Münch, dijo a la cadena pública ZDF que su oficina recibió un soplo de Arabia Saudí en noviembre de 2023 que llevó a las autoridades a poner en marcha “medidas de investigación”.

Abdulmohsen había “publicado un gran número de mensajes en Internet”, dijo Münch, y “había mantenido contactos con diversas autoridades, profiriendo insultos e incluso amenazas”. Sin embargo, “no se tenía constancia de que hubiera cometido actos de violencia».

La Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania informó de que recibió un aviso sobre el sospechoso el verano pasado. “Se tomó en serio, como cualquier otra de las numerosas pistas”, declaró, añadiendo que había transmitido la información a las autoridades competentes.

La revista Der Spiegel dijo que el servicio secreto saudí alertó el año pasado a la agencia de espionaje alemana BND sobre un mensaje en el que Abdulmohsen amenazaba a Alemania con “pagar un precio” por su trato a los refugiados saudíes.

La policía informó el domingo de que Abdulmohsen, que llegó a Alemania en 2006 y tenía residencia permanente, había ingresado en prisión preventiva a última hora de la noche del sábado, después de que la fiscalía presentara cargos por asesinato, intento de asesinato y lesiones graves.

El atentado de tres minutos de duración, en el que un todoterreno BMW de color oscuro y alquilado atravesó a toda velocidad el abarrotado mercado poco después de las siete de la tarde del viernes, causó 205 heridos, 41 de los cuales seguían en estado grave o crítico el domingo.

Mientras miles de personas lloraban a las víctimas en Magdeburgo el sábado por la noche, se produjeron enfrentamientos en una concentración de extrema derecha en la ciudad, anunciada como «manifestación contra el terror» y a la que asistieron más de 2.000 personas, según informaron los medios de comunicación locales.

Los manifestantes, ataviados con pasamontañas negros, coreaban “la inmigración mata” y enarbolaban una gran pancarta con la palabra “remigración”, un término popular entre los ultras antiinmigración que buscan la deportación masiva de inmigrantes y personas consideradas no étnicamente alemanas.

Un mar de flores se extendía frente a la iglesia de San Juan de Magdeburgo, cerca del lugar del crimen, que atrajo a un flujo constante de dolientes llorosos durante todo el fin de semana, muchos de los cuales volvieron más de una vez, informaron los medios locales.

Abdulmohsen se ha descrito a sí mismo como ex musulmán y era un usuario activo de X, compartiendo decenas de mensajes diarios centrados principalmente en temas antiislámicos, criticando la religión y felicitando a ex musulmanes que la habían abandonado.

En agosto escribió en las redes sociales: “¿Existe un camino hacia la justicia en Alemania sin volar una embajada alemana o masacrar ciudadanos alemanes al azar? ... Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga”. También publicó en X que deseaba que la ex canciller alemana Angela Merkel fuera encarcelada de por vida o ejecutada.

Ya en 2013 fue multado por un tribunal de la ciudad de Rostock por “perturbar la paz pública amenazando con cometer delitos”. Este año fue investigado en Berlín por “uso indebido de llamadas de emergencia” tras discutir acaloradamente con agentes en una comisaría, informaron medios locales. Desde octubre estaba de baja por enfermedad en su lugar de trabajo, una clínica de adicciones cerca de Magdeburgo.

Mina Ahadi, presidenta de una asociación de ex musulmanes de Alemania, declaró que Abdulmohsen “no era un desconocido para nosotros, porque lleva años aterrorizándonos”. Lo calificó de “psicópata adepto a ideologías conspirativas de ultraderecha”.

El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó el sábado el “terrible y demencial” atentado e hizo un llamamiento a la unidad nacional, en medio de la creciente tensión política que vive el país en vísperas de las elecciones federales del 23 de febrero.

Los partidos de la oposición no tardaron en criticar a su Gobierno. El líder parlamentario de la antiinmigración AfD, Bernd Baumann, exigió a Scholz que convocara una sesión extraordinaria del Bundestag sobre la “desesperada” situación de seguridad.

La AfD cuenta con un fuerte apoyo en la antigua Alemania del Este, donde se encuentra Magdeburgo, y ocupa el segundo lugar a nivel nacional en las encuestas. Sus principales miembros, incluida su candidata a canciller, Alice Weidel, tenían previsto celebrar un mitin en Magdeburgo el lunes por la noche.

Andrea Lindholz, de la Unión Socialcristiana de centro-derecha, que como la alianza CDU/CSU lidera las encuestas, declaró que el atentado “plantea interrogantes sobre el conocimiento que tienen las autoridades de las advertencias procedentes del país y del extranjero. Hay que responder a estas preguntas”.

La jefa del partido de izquierda BSW, Sahra Wagenknecht, afirmó: “Hay que aclarar los antecedentes. Pero, por encima de todo, debemos hacer más para prevenir este tipo de delitos, sobre todo teniendo en cuenta que, obviamente, en este caso hubo advertencias y consejos específicos que fueron ignorados”.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha resultado herido de bala en un ataque este miércoles en Handlová cuando se había acercado a saludar a sus seguidores tras una reunión del Consejo de Ministros en la ciudad. El gobierno del país señala que “en estos momentos la vida de Fico corre peligro” tras lo que califica como un “intento de asesinato”.

¿Quién es Fico?

Nacido el 15 de septiembre de 1964 en el seno de una familia obrera, este abogado de profesión comenzó en el Partido Comunista su carrera política poco antes de la Revolución de Terciopelo de 1989 que terminó con la desintegración de la antigua Checoslovaquia.

Fue representante de Eslovaquia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre 1994 y el 2000. En 1999 creó el partido Smer-SD, dentro del espectro de la centroizquierda, después de que Izquierda Democrática (heredera del Partido Comunista) lo rechazara para un cargo ministerial.

En 2006, dos años después de la entrada en la Unión Europea de Eslovaquia, el Smer logró una victoria aplastante y Fico fue nombrado primer ministro, cargo desde el que lideró el ingreso de su país a la Eurozona en el 2009.

En 2010 no logró formar una coalición que le permitiera gobernar a pesar de vencer en las elecciones. Volvió a ganar en 2012, tras la caída de la coalición de centro-derecha acusada por corrupción, y ganó otra vez en 2016, pero a los dos años se vio forzado a dimitir por las multitudinarias protestas contra el asesinato de un periodista de investigación y su prometida.

En octubre del año pasado, y al frente de una coalición nacional-populista, regresó para un nuevo mandato como primer ministro.

Envuelto en acusaciones de corrupción que siempre ha negado, Fico es conocido por un estilo atrevido y franco, con afición al culturismo, al fútbol y los coches deportivos.

¿Cómo es su política?

Fico admira a Vladímir Putin y a Viktor Orbán. Sobre el ruso ha dicho que no permitiría su detención en suelo eslovaco por una orden internacional. Y sobre el líder iliberal de Hungría, que “defiende los intereses de su país y de su pueblo”.

El líder del Smer también es un hábil estratega. En las tres décadas que lleva de carrera ha navegado con éxito entre posiciones proeuropeas y una dura retórica antioccidental y nacionalista destinada al consumo interno, mostrándose más que dispuesto a modificar la estrategia cuando hay cambios en la opinión pública o en el escenario político.

Fico, que defiende que solo mira por los intereses eslovacos, ha hablado en numerosas ocasiones sin cortapisas para criticar a la UE y a las ONG de otros países, insultar a sus rivales políticos, hacer denuncias falsas sobre supuestos complots golpistas, y sembrar dudas en torno a los resultados electorales.

También se opone frontalmente a la inmigración, una postura que fue determinante para su victoria electoral de 2016, y se opone a que “en Eslovaquia haya una comunidad musulmana diferenciada”. En los últimos tiempos ha criticado el matrimonio homosexual y calificado de “perversión” las adopciones de niños por parte de parejas del mismo sexo.

Durante la pandemia de la COVID fue la principal voz del país contra las mascarillas, los confinamientos y la vacunación. Antes de regresar al cargo de primer ministro en octubre, aprovechó los altos niveles de sentimiento prorruso en Eslovaquia para cuestionar el rumbo prooccidental del anterior Gobierno.

¿Qué ha ocurrido en su nuevo mandato como primer ministro?

A los críticos les preocupa que Fico esté abandonando el acercamiento de Eslovaquia a Occidente para seguir la órbita de la Hungría de Orbán. Miles de personas se han manifestado en la capital y en todo el país para protestar contra sus políticas.

En febrero de este año, el Parlamento eslovaco aprobó un cambio legislativo que elimina la fiscalía especial a cargo de delitos de corrupción de alto nivel, rebaja las penas por delitos financieros, y reduce los plazos de prescripción en el delito de violación.

El Gobierno aprobó este mes de abril una propuesta que suprime la radiotelevisión pública y la sustituye por un nuevo organismo. El plan suscitó duras críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de querer asegurarse el control total de la radio y la televisión públicas.

Peter Pellegrini, estrecho aliado de Fico y crítico con la postura europea sobre Ucrania, ganó el mes pasado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente Ivan Korčok, el candidato liberal de la oposición. Pellegrini sucederá a Zuzana Čaputová, la primera mujer en llegar a la presidencia del país. Firme defensora de Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, Čaputová anunció en junio de 2023 que había recibido amenazas de muerte y que no se presentaría a la reelección.

Según Tamara Kuschel, todo comenzó unos diez años atrás. Desde la década de 1970, la organización benéfica para la que Kuschel trabaja en Ámsterdam, De Regenboog (El arcoíris), gestiona albergues de día para personas sin hogar. Por lo general, se trata de personas con graves problemas de adicción y salud mental.

Entonces, hacia 2015, un nuevo tipo de usuario empezó a llegar: “No tenían los problemas habituales de las personas en situación de calle. Tenían trabajo, amigos. En todos los aspectos, sus vidas eran muy estables. Pero no podían costearse un lugar donde vivir”.

Kuschel cuenta que no todos son jóvenes. El año pasado, el mayor tenía 72 años. Por lo general, acaban de separarse, les ha fracasado un pequeño negocio o no han podido pagar un alquiler... “Podemos ayudar a algunos”, dice. “Pero apenas somos un parche”.

Si bien la crisis de la vivienda se extiende por toda Europa, la de Holanda está al siguiente nivel. Según un análisis independiente, la vivienda media holandesa cuesta ahora 452.000 euros, más de 10 veces el salario modal holandés —es decir, el más común en el país—, de 44.000 euros.

Eso significa que se necesita un salario de más del doble para comprar una. El precio de la vivienda en todo el país se ha duplicado a lo largo de la última década. En los barrios más codiciados, los precios se han disparado un 130%. Una casa de obra nueva cuesta 16 veces el salario medio.

El mercado del alquiler es igualmente disfuncional. Los alquileres en el sector privado —alrededor del 15% del parque total de viviendas del país— se han disparado. Una habitación individual en una casa compartida en Ámsterdam cuesta 950 euros al mes; un piso de una cama, 1.500 euros o más; uno de tres camas, 3.500 euros.

La competencia entre quienes pueden afrontar esas sumas —como los expatriados en empresas multinacionales— es tan feroz que muchos pagan una cuota mensual a un servicio online que rastrea los sitios web inmobiliarios y envía alertas de texto apenas aparece un anuncio adecuado.

Mientras tanto, la lista de espera en el sector de la vivienda social, que representa aproximadamente el doble que el de la privada, es de unos siete años de media en todo el país, pero en las grandes ciudades holandesas, sobre todo en Ámsterdam, puede llegar a los 18 o 19 años.

Para los jóvenes, la tarea de encontrar —y mantener— una vivienda puede resultar agotadora. Una estudiante de doctorado de 28 años, que pidió no ser identificada, dice que en sus tres primeros años en la capital se ha mudado siete u ocho veces.

“La escasez es muy pronunciada y la gente está desesperada”, dice. “Se supone que los derechos de los inquilinos son fuertes, pero en la práctica... He tenido propietarios que han entrado y han sacado fotos del piso mientras yo estaba fuera. Me han intimidado para que me fuera, me han amenazado físicamente”.

La joven dice que no conoce a nadie menor de 30 años que viva solo, y que muchos siguen mudándose dos veces al año. Vive en un piso compartido y le gustaría vivir con su pareja, pero ninguno de los dos se atreve a mudarse porque temen no lograr hallar otro sitio.

“Eso es lo peor”, dice. “Todos esos pasos que se supone que deberíamos estar dando a nuestra edad, como jóvenes profesionales, no son posibles. Todo está... en suspenso. El mercado inmobiliario determina las relaciones interpersonales, y eso es obsceno”.

Otros tienen mejor suerte. En un tranquilo barrio a 30 minutos a pie de la estación central de Ámsterdam, Lukas y Misty son dos de los 96 inquilinos —la mitad, jóvenes refugiados con permiso de residencia— de uno de los cinco Startblok que hay en la capital.

Algunos Startblok son mucho más grandes y llegan a albergar a más de 550 jóvenes en “casas contenedor” construidas para tal fin. Algunas son de metal, otras de madera y materiales sostenibles, y están apiladas de a cuatro o cinco, una encima de la otra. Otras, como ésta, son residencias permanentes construidas con ladrillos.

Por un alquiler mensual medio que oscila entre los 400 y los 500 euros, una vez deducido el subsidio de vivienda, cada inquilino —que debe tener entre 18 y 27 años en el momento de mudarse— accede a su propio estudio de 20-25 metros cuadrados, con cocina y baño propios, durante un máximo de cinco años.

También hay un espacio para guardar las bicicletas, un luminoso salón común con futbolín, una lavandería y un pequeño jardín con invernadero. Según Jesse van Geldorp, director del proyecto, cuando un estudio quedó libre a principios de año, Startblok recibió unas 800 solicitudes.

“Se trata de permitir a los jóvenes independizarse, establecer una vida, crear una red en un mercado inmobiliario fundamentalmente roto”, dice Karin Verdooren, directora de Lieven de Key, la fundación que creó el concepto Startblok.

Lukas, un profesor alemán, se mudó el pasado noviembre. Aprecia mucho pagar la mitad —o incluso menos— de alquiler que muchos de sus amigos, y le encanta el espíritu de comunidad. Misty, de 22 años y a punto de terminar sus estudios, coincide.

“Uno no está solo”, dice. “Se aprende mucho. El aspecto multicultural es genial, he hecho amigos de Siria, Eritrea... Estoy muy agradecida. Y saber que no tendré que estar buscando casa al mismo tiempo que busco trabajo es un gran alivio”.

Pero los Startblokken —al igual que los múltiples programas de alojamiento temporal para personas “económicamente sin hogar” en Ámsterdam, dirigidos por De Regenboog, la organización de Kuschel— son gotas en el océano de la inmensa crisis habitacional holandesa.

Cómo ha llegado el país a esta situación es objeto de un complejo y acalorado debate. Se calcula que, el año pasado, en Países Bajos el déficit fue de unas 390.000 viviendas. El Gobierno ya está atrasado en su compromiso de construir casi un millón —dos tercios de ellas asequibles— de aquí a 2030.

Algunos factores, como las tasas de interés históricamente bajas y un mayor número de núcleos familiares —a menudo con cada vez menos integrantes— escapan al control de los gobiernos. Pero los expertos afirman que las sucesivas administraciones han estimulado sistemáticamente la demanda al tiempo que han fracasado a la hora de impulsar la oferta. 

“Las características clave de la crisis inmobiliaria —aumento de los precios, incremento de la desigualdad, escasez de viviendas asequibles e infiltración de inversores extranjeros en el mercado— son el resultado de décadas de políticas de vivienda cuestionables”, dice Gregory Fuller, de la Universidad de Groningen.

A principios de la década de 2010, un Gobierno neerlandés favorable al mercado suprimió el Ministerio de Vivienda y Planificación y liberó la venta de viviendas de las corporaciones inmobiliarias. En parte como resultado, alrededor del 25% de las viviendas de las cuatro grandes ciudades del país son propiedad de inversores.

Medidas como la desgravación fiscal de las hipotecas para los compradores han contribuido a aumentar los precios, al igual que otras supuestamente destinadas a ayudar a los compradores jóvenes, pero que han acabado ayudando a los propietarios existentes a adquirir más propiedades. Al mismo tiempo, las subvenciones a la construcción de viviendas prácticamente han desaparecido.

En el mercado del alquiler, la agobiante falta de viviendas y el gran número de inquilinos que, por falta de una alternativa asequible, permanecen en viviendas sociales a pesar de ganar más del máximo permitido han contribuido a que los alquileres privados estén por las nubes.

El Consejo de Empleo y Política Social de la Comisión Europea ha declarado que Holanda sufre una “grave crisis de la vivienda”, con una “escasez crítica de viviendas asequibles, que provoca exclusión social y aumenta la desigualdad económica”.

Políticos como Geert Wilders, cuyo partido de extrema derecha, el Partido de la Libertad (PVV), obtuvo el primer puesto en las elecciones generales de noviembre, echan la culpa a los solicitantes de asilo, los estudiantes extranjeros y las leyes medioambientales.

Sin embargo, en un demoledor informe publicado en febrero, el Relator Especial de la ONU sobre una vivienda adecuada declara, tras una visita de dos semanas, que las culpables de la “aguda crisis de la vivienda” del país eran las políticas del Gobierno holandés, y no los solicitantes de asilo ni los trabajadores inmigrantes.

“En Países Bajos ha surgido una teoría alternativa según la cual la ‘afluencia de extranjeros’ es la responsable”, dice Balakrishnan Rajagopal. Asimismo, añade que la crisis, tanto de asequibilidad como de disponibilidad, lleva “dos o más décadas” gestándose.

Entre muchos otros factores, el Relator culpa a la falta de regulación sobre los proveedores de vivienda social, la ausencia de límites a los alquileres en el sector privado y la “insuficiente atención al papel de la especulación y los grandes inversores en el mercado inmobiliario”.

Puede que algunas de las medidas gubernamentales más recientes destinadas a paliar la crisis hayan tenido el efecto contrario. Varias ciudades han aplicado una ley de 2022 que prohíbe a los compradores de viviendas por debajo de un determinado valor —en Ámsterdam, 530.000 euros— alquilarlas.

Pero, según al menos un estudio académico, la medida, que pretendía impulsar la compra de primeras viviendas, si bien benefició a los compradores de rentas medias, también perjudicó a los inquilinos de rentas más bajas, ya que los alquileres aumentaron un 4% y se redujo el número de viviendas disponibles para alquilar.

Del mismo modo, los esfuerzos del Gobierno por ampliar el control sobre los alquileres, restringiendo más viviendas a los inquilinos sociales que ganan menos de 44.000 euros al año y limitando sus alquileres a 800 euros, simplemente han incitado a más propietarios a vender, lo que ha hecho subir los alquileres restantes del sector privado.

Sean cuales sean las causas, la crisis es dura para los que están atrapados en ella. Luna, maestra de primaria, se ha estado quedando en el piso de una amiga mientras su compañera de piso estaba de viaje, pero, tras seis meses de búsqueda, hace poco encontró una habitación más permanente.

“Es muy frustrante”, dice. “Haber nacido aquí, estar inscrita en la lista de espera para una vivienda social desde los 18 años, hacer un trabajo socialmente útil del que hay una enorme demanda... y seguir pagando un alquiler que apenas puedo permitirme, por una habitación en un piso compartido, con 33 años”.

Según Kuschel, el año pasado más de 1.200 personas presentaron su solicitud a De Regenboog. La organización ayudó a 535, encontrándoles vivienda en bloques de pisos pendientes de renovación, casas que familias habían heredado recientemente pero aún no quieren vender, escuelas vacías, incluso habitaciones libres.

Una de las solicitantes era Iris, de 47 años, que es artista y trabaja en un club nocturno. El año pasado tuvo que abandonar el piso de Ámsterdam en el que vivía desde hacía varios años porque unos promotores inmobiliarios habían comprado todo el edificio. Por esas mismas fechas, se separó de su pareja.

“Me quedaba con amigos, hacía couch-surfing, pero era imposible”, explica. “Ahora estoy compartiendo piso, en un lugar que no se iniciarán obras hasta dentro de un año. Estoy a salvo durante 12 meses. Pienso que esto es lo que pasa cuando la gente ve las propiedades como inversiones, no como hogares”.

Kuschel dice que nada de esto constituye una verdadera solución. “Sólo intentamos evitar que la gente caiga en la espiral negativa que supone no tener un hogar asegurado. No podemos proporcionarles uno permanente. Al cabo de un año, vuelven a tener que valerse por cuenta propia”.

Resulta difícil exagerar la importancia de contar con un hogar seguro, dice Kuschel. “Sin él, la gente deja de formar familias, de construir futuro, de echar raíces, de desarrollarse, de prosperar. Pierden toda perspectiva. Sus vidas se congelan. Esa es la tragedia”.

Traducción de Julián Cnochaert.

Alemania ha prohibido la entrada a un nacionalista austríaco de extrema derecha tras intervenir en una reunión en la que se habló de deportaciones masivas y que provocó protestas multitudinarias en todo el país.

Días después de ser expulsado de Suiza, Martin Sellner, líder del grupo etnonacionalista austríaco Movimiento Identitario, publicó un vídeo suyo en X en el que leía en voz alta una carta dirigida a su abogado que, según él, procedía de las autoridades de la ciudad de Potsdam.

La carta dice que Sellner tiene prohibida “con efecto inmediato” la entrada en Alemania durante los próximos tres años y puede ser detenido o deportado si intenta entrar en el país. Si se encontrara en territorio alemán, debería marcharse en el plazo de un mes.

Una portavoz de las autoridades municipales ha confirmado a Agence France-Presse que se ha notificado a un ciudadano de la UE la “prohibición de circular libremente por Alemania”, pero no ha querido dar su nombre por razones de privacidad. “Tenemos que demostrar que el Estado no es impotente y utilizará sus medios legítimos”, ha dicho Mike Schubert, alcalde de Potsdam.

Alemania ha vivido una oleada de grandes manifestaciones contra el extremismo y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), algunos de cuyos miembros asistieron a la reunión de noviembre en Potsdam, desde que surgieron noticias de ella en enero.

Sellner hizo una presentación en el evento, al que asistieron neonazis, otros ultras y representantes empresariales, sobre la viabilidad de llevar a cabo las deportaciones masivas –denominadas en los círculos de extrema derecha “remigración”– de inmigrantes, solicitantes de asilo y ciudadanos alemanes de origen extranjero considerados no integrados.

La policía suiza dijo el domingo que impidió una reunión ultra organizada por el grupo de extrema derecha, islamófoba y antinmigración Junge Tat en la que Sellner debía hablar, y agregó que había sido arrestado y deportado.

De vuelta en X

A Sellner, que recibió donaciones del terrorista de Christchurch Brenton Tarrant y se comunicó con él antes de los dos tiroteos masivos en mezquitas de 2019 que dejaron 51 muertos, se le ha devuelto recientemente su cuenta en X.

Sellner fue expulsado de Twitter en 2020 bajo la anterior dirección de la red. Elogió a Musk por restaurar su cuenta X la semana pasada, donde ahora tiene una marca azul asociada con cuentas pagadas y 53.000 seguidores.

“Estoy feliz y agradecido de estar de vuelta en Twitter/X. Me gustaría dar las gracias especialmente a Musk por hacer que esta plataforma vuelva a ser más abierta”, tuiteó Sellnee. “Espero que la tendencia continúe y todos los demás que han sido vetados vuelvan”.

Elon Musk respondió a una de las publicaciones de Sellner en la que comentaba la decisión de la policía suiza de clausurar el evento de extrema derecha del fin de semana y prohibirle la entrada a la región durante dos meses. El dueño de X preguntó: “¿Esto es legal?”.

Geert Wilders, líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), sorprendió a Países Bajos al quedar primero en las elecciones del año pasado, ha reconocido que no será el próximo primer ministro porque sus posibles socios de coalición no le apoyan.

“Sólo puedo ser primer ministro si todos los partidos de la posible coalición lo quieren. No es el caso”, dijo Wilders en X a última hora del miércoles. “El amor por mi país y mis votantes es mayor y más importante que mi propia posición”.

Más tarde, añadió otro post en el que decía que “sería primer ministro de Países Bajos” algún día: “Con el apoyo de aún más holandeses. Si no mañana, pasado mañana. La voz de millones de holandeses será escuchada”.

El partido ultra PVV obtuvo 37 escaños –mucho más de lo previsto, pero muy lejos de la mayoría en el Parlamento de 150 escaños– en las elecciones de noviembre y desde entonces ha mantenido conversaciones exploratorias de coalición con tres posibles aliados de derechas.

Su negativa a aceptar algunas de las promesas más extremas del manifiesto de Wilders ya le había obligado a retirar medidas anticonstitucionales como la prohibición de mezquitas, el Corán y el velo islámico, así como un referéndum del “Nexit”, sobre la salida de la UE.

Pero la posibilidad de que el controvertido ultra antiislamista, que vive bajo protección policial desde 2004, se convirtiera en primer ministro resulta ser un obstáculo insalvable.

Uno de sus socios, el recién formado NSC, que hizo campaña con una plataforma de “buen gobierno” para “hacer política de forma diferente”, dijo el mes pasado que no entraría en una coalición formal. En aquel momento, el periódico Algemeen Dagblad describió las conversaciones como caracterizadas por “veneno, tijeretazos mutuos y cotilleos”.

El anuncio de Wilders se produce un día antes de que el intermediario que facilita las negociaciones de coalición, Kim Putters, presente un informe sobre su estado, en medio de crecientes especulaciones sobre un gobierno tecnocrático.

La radiotelevisión nacional holandesa, NOS, informó anteriormente de que los cuatro posibles socios estaban considerando un escenario en el que los líderes de los partidos permanecerían en el parlamento y no se unirían al nuevo gobierno.

En su lugar, podría nombrarse un gabinete “extraparlamentario” formado por políticos experimentados y posiblemente expertos ajenos a la política, no considerados estrechamente aliados de ninguno de los partidos gobernantes, que trabajarían en estrecha colaboración con el Parlamento.

Putters dijo que los partidos –el PVV, el liberal-conservador VVD, el derechista Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) y el NSC– estaban preparados para dar el “siguiente paso” tras dos días de “buenas e intensas” conversaciones en el lunes y el martes.

Nadie dijo que formar gobierno en Países Bajos iba a ser fácil tras la victoria en las elecciones de noviembre de una incendiaria formación de extrema derecha que quiere prohibir el Corán, salir de la Unión Europea (UE), rechazar las nuevas solicitudes de asilo en su totalidad y terminar con muchas regulaciones medioambientales.

La formación de un ejecutivo se ha vuelto aun más difícil tras la decisión de uno de los partidos que podían integrar la alianza de abandonar las negociaciones, dejando al líder de extrema derecha Geert Wilders casi sin posibilidades de lograr una coalición de gobierno en la que cuente con mayoría parlamentaria –gobernar en minoría sigue siendo un objetivo alcanzable–.

Contrario al islam, el Partido de la Libertad de Wilders (PVV, por sus siglas en neerlandés) obtuvo un sorprendente 26% de los votos en noviembre, quedando en el primer lugar en los comicios parlamentarios. Pero Wilders está obligado a negociar porque sus 37 escaños están muy por debajo de la mayoría que requiere una asamblea compuesta por 150 diputados. La opción preferida de Wilders era formar gobierno con otros tres partidos: el conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia, del primer ministro saliente Mark Rutte (VVD, por sus siglas en neerlandeés); el partido de protesta Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) y el partido de centro Nuevo Contrato Social (NSC), del ex democristiano Pieter Omtzigt.

Disputa por el gasto público

Tras la primera ronda de conversaciones, esta semana Omtzigt sorprendió a sus posibles socios con unas declaraciones inesperadas en las que dijo estar “conmocionado” por los informes sobre las finanzas públicas neerlandesas y aseguró que no aceptaría integrar un gobierno que prometía gastos sabiendo que no va a poder cumplir con ellos. Según los analistas económicos, el nuevo gobierno tendrá que recortar 17.000 millones de euros en gastos estructurales, un motivo de discordia que separa al NSC y al VVD, promotores de la austeridad fiscal, del PVV y el BBB, defensores de un aumento en el gasto público.

En verdad, y como el propio Omtzigt admitió en televisión, el tema del gasto público fue la gota que colmó el vaso. La campaña del líder del NSC ha estado llena de referencias a “otra forma de hacer política” y a la “buena gobernanza”, y hace tiempo que Omtzigt duda sobre la conveniencia de entrar en un gobierno con Wilders. Además de sus inconstitucionales propuestas islamófobas, el provocador Wilders prometía terminar con la libre circulación de trabajadores de la UE, aumentar las perforaciones para extraer gas y petróleo, llevar ante tribunales penales de adultos a menores de 14 años y terminar con la asistencia militar a Ucrania.

Ronald Plasterk, exministro de Interior de Rutte y quien preside las negociaciones, tenía programado para la noche del pasado miércoles un encuentro con los tres partidos que quedan en la posible coalición tras la salida de Omtzigt, así como la presentación este lunes de un informe sobre la situación ante el parlamento. Los analistas ven varios escenarios posibles, algunos más probables.

Según la politóloga de la Universidad de Ámsterdam Sarah de Lange, “Omtzigt dejó claro que la actual ronda de conversaciones ha terminado, pero también que el proceso no ha colapsado”. En su opinión, el líder del NSC “está dispuesto a volver a hablar sobre algún tipo de arquitectura alternativa”. “Ahora los tres socios restantes pueden continuar con negociaciones sobre la posibilidad de un gobierno en minoría, tal vez con el apoyo formal o informal de un NSC que otorgue ayuda y confianza”, explica.

¿Un gobierno en minoría?

Tras expresar decepción y sorpresa por la decisión de Omtzigt, el PVV, el BBB y el VVD han dado muestras de que “claramente están llevándose muy bien”, apunta De Lange. “En este momento, también hay que decir que ninguna de las otras opciones parece muy prometedora”. agrega.

Pero según Rem Korteweg, del centro de estudios Instituut Clingendael, para apuntalar la sostenibilidad de un posible gobierno en minoría, el partido conservador VVD tendría que estar dispuesto a ir más allá del apoyo parlamentario a Wilders y entrar formalmente en una coalición liderada por el político de extrema derecha.

Cuando se conocieron los resultados electorales, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, la política que sustituye a Rutte como líder del VVD, dijo que no formaría parte de un gobierno con Wilders. Pero los votantes están presionando para que cambie de parecer. “Es difícil ver de qué otra manera Wilders podría hacer que funcione”, señala Korteweg.

Una segunda opción, preferida por Omtzigt y rechazada por Wilders, es la creación de un “gabinete empresarial”, formado por “expertos” que no tienen por qué venir del mundo de la política, para dirigir un gobierno tecnocrático con amplio apoyo parlamentario. Según Korteweg, lo que parece “muy improbable en esta primera fase” es una coalición alternativa formada por el VVD, el NSC y la alianza entre verdes y laboristas liderada por Frans Timmermans, ex vicepresidente de la Comisión Europea que quedó segundo en las elecciones de noviembre.

Timmermans y una mayoría de líderes políticos han reconocido que las elecciones las ganaron los partidos de derechas, que los votantes de Países Bajos desean claramente un gobierno de derechas y que todavía falta mucho por intentar. Korteweg tampoco ve probable la celebración de unas nuevas elecciones, otra posibilidad teórica, que “solo beneficiaría a Wilders”.

Según las últimas encuestas, el PVV de Wilders obtendría hasta 50 escaños, si se celebrasen ahora las elecciones. Tanto De Lange como Korteweg subrayan que aún era pronto y que otros gobiernos de Países Bajos tardaron mucho tiempo en formarse tras la retirada de uno de los socios originales de la alianza. A la última coalición le llevó 299 días formarse.

Incluso si los socios consiguen ponerse de acuerdo en las políticas, el obstáculo más difícil puede venir al final de las negociaciones: quién ocupa qué cargos. “Obviamente, hay muchas, muchas razones por las que Wilders puede ser una opción complicada como primer ministro”, señala De Lange. “Pero más allá de eso, tanto al PVV como al BBB les va a resultar muy difícil presentar a personas cualificadas para los puestos ministeriales”, añade. “La parte más difícil de esta coalición puede que no sea el programa de gobierno, sino el personal”.

Adoptar políticas de derechas en temas como la inmigración y la economía no ayuda a los partidos de centroizquierda a ganar votos, según un análisis reciente de datos electorales y de sondeos europeos.

Ante 20 años de descenso en su porcentaje de votos, acompañados de un creciente apoyo a la derecha, la extrema derecha y a veces la extrema izquierda, los partidos socialdemócratas de toda Europa han buscado cada vez más la salvación acercándose al centro político.

Sin embargo, el análisis, publicado este mes, muestra que los partidos de centroizquierda que prometen, por ejemplo, mano dura con la inmigración o implacabilidad con el gasto público tienen pocas probabilidades de atraer a los votantes potenciales de la derecha y corren el riesgo de alejarse de sus simpatizantes progresistas.

“Los votantes tienden a preferir el original a la copia”, dice Tarik Abou-Chadi, profesor asociado de Política Europea en la Universidad de Oxford y cofundador de la Red de Investigación de Políticas Progresistas (PPRNet), que se acaba de lanzar.

Abou-Chadi explica que el equipo de politólogos, procedentes de universidades como Barcelona, Lausana, Viena, Zúrich y Berlín, no pretende “asesorar ni actuar como consultores políticos”, sino presentar una investigación “cuidadosa, empírica y basada en datos”.

“Pretendemos proporcionar una base más sólida y precisa para un debate político abierto sobre la política progresista, quién vota a los partidos progresistas y por qué, y las estrategias de que disponen”, dice. “Eso implica romper con los mitos”.

Un votante distinto

Una de las percepciones erróneas más reveladoras del estudio del equipo se refiere a la naturaleza del apoyo a los partidos de centroizquierda en Europa. “Desde el auge de la socialdemocracia, las estructuras sociales se han transformado por completo”, dice Abou-Chadi. “El votante socialdemócrata medio de hoy es muy distinto al de hace 50 o incluso 20 años, y es poco probable que sea un trabajador industrial. Los datos también muestran que gran parte de este nuevo electorado es en realidad culturalmente progresista y económicamente de izquierdas”.

El análisis muestra poca competencia real de votantes entre el centroizquierda y la derecha radical, como sostienen algunos políticos socialdemócratas. En este sentido, Abou-Chad señala que los partidos progresistas “deben comprender y representar las estructuras sociales del siglo XXI”.

Una de las lecciones clave del estudio es que “tratar de imitar las posiciones de la derecha no es una estrategia acertada para la izquierda”. Dos estudios en particular, sobre el llamado 'chovinismo del bienestar' y la política fiscal, lo ilustran, según los investigadores.

La austeridad hace perder votos

Björn Bremer, de la Universidad Centroeuropea de Viena, explica que una encuesta elaborada en España, Italia, Reino Unido y Alemania así como datos más amplios de 12 países de la UE muestran que, desde la crisis financiera de 2008, la “ortodoxia fiscal” hizo perder votos al centro izquierda. 

“Los partidos socialdemócratas que han apostado por la austeridad no consiguen el apoyo de los votantes preocupados por la deuda pública, y pierden el respaldo de los que se oponen a la austeridad”, dice Bremer: “Los partidos de centroizquierda que imponen realmente la austeridad pierden votos”.

Como ejemplo, Bremer cita la derrota de la campaña electoral de 2015 del partido laborista británico, que se centró en la responsabilidad fiscal. “[Cuando] los votantes se preocupan realmente por la política fiscal, se decantan por el 'dueño de la cuestión', en este caso, los conservadores, a los que siempre creerán más creíbles en ese tema”, dice.

La ortodoxia fiscal –reducción de impuestos y limitación del gasto y de la deuda pública– funcionó para partidos socialdemócratas como el Nuevo Laborismo de Tony Blair y el SPD de Gerhard Schröder en Alemania, pero, según Bremer, aquel fue “un periodo de relativa estabilidad y crecimiento”.

En este sentido, puntualiza que ahora “estamos en un contexto diferente”. “Los datos sugieren claramente que los partidos de centroizquierda pueden construir una coalición de votantes que crean que son esenciales para un Estado del bienestar fuerte, unos servicios públicos eficaces y una inversión real, por ejemplo, en la transición ecológica”.

El experto explica que “hacer lo contrario –ofrecer un programa contradictorio que promueva la austeridad, pero prometa proteger los servicios públicos y el Estado del bienestar, y esperar que los votantes se traguen esos cuentos de hadas– fracasó en la década de 2010, y es probable que vuelva a fracasar”.

El 'chovinismo del bienestar'

Del mismo modo, según Matthias Enggist, de la Universidad de Lausana, el análisis de los datos de ocho países europeos no muestra pruebas de que el llamado 'chovinismo del bienestar' –en términos generales, restringir el acceso de los inmigrantes a la seguridad social– sea una estrategia de éxito para la izquierda. “Tiene poco apoyo entre los votantes de izquierdas reales –verdes, socialdemócratas o de izquierda radical– o entre los potenciales votantes de izquierdas que hay en la derecha”, dice Enggist: “Y a los votantes de izquierdas en su mayoría les disgusta realmente la discriminación entre inmigrantes y nacionales”.

Sin embargo, matiza que los votantes que sí apoyan el 'chovinismo del bienestar' probablemente ni siquiera se planteen votar a un partido de izquierdas, y añade que no hay pruebas de que esta sea una estrategia para recuperar suficientes votos de la clase trabajadora tradicional como para aumentar significativamente la fuerza electoral de los partidos de izquierda.

Incluso en Dinamarca, donde un Gobierno socialdemócrata ha implantado uno de los regímenes antiinmigración más duros de Europa, los datos electorales sugieren que restringir los derechos de los inmigrantes no es popular entre un número significativo de votantes del partido.

Enggist afirma que los políticos de izquierdas que defienden el 'chovinismo del bienestar' “sobrestiman su potencial para ganar nuevos votantes”. “Las pruebas demuestran claramente que sobrestiman la relevancia electoral de los votantes blancos tradicionales de clase trabajadora, y subestiman lo mucho que les importa a sus actuales votantes de clase media que los inmigrantes reciban un trato digno e igualitario”.

Traducción de Emma Reverter.

Los ciudadanos de Países Bajos eligen un nuevo parlamento este miércoles en unas elecciones de las que saldrá un nuevo primer ministro tras más de una década con Mark Rutte en el poder y en las que las encuestas igualan a la derecha y a un bloque de izquierdas, con la amenaza de la ultraderecha.

¿En qué consisten y por qué son importantes?

Los votantes holandeses acuden a las urnas este 22 de noviembre para unas elecciones parlamentarias convocadas tras la caída, el pasado mes de julio, de la coalición de gobierno saliente, liderado por Mark Rutte, el segundo líder de un país de la Unión Europea con mayor tiempo en el cargo hasta ahora, por detrás del húngaro Viktor Orbán.

El veterano liberal-conservador, parte inherente de las cumbres de la UE desde 2010, fracasó a la hora de superar “diferencias irreconciliables” en política migratoria en su frágil coalición cuatripartita y, poco después de dimitir, anunció su renuncia a la política nacional.

La marcha del gran superviviente de la política holandesa supone que, por primera vez en 13 años y cuatro gobiernos de coalición más tarde, Países Bajos tendrá un nuevo líder. Sin embargo, es muy difícil saber quién será.

Cuatro partidos luchan por el liderazgo en las encuestas: el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) de Rutte, una alianza laborista y verde (GL/PvdA), el ultraderechista y islamófobo Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders y Nuevo Contrato Social (NSC), una formación completamente nueva liderada por un popular exdiputado cristianodemócrata.

Sin embargo, no parece que ninguno de ellos vaya a obtener más del 20% de los votos y, como siempre, el próximo gobierno holandés –que siempre juega un influyente papel en la Unión Europea y la escena internacional– surgirá solo tras unas negociaciones para formar coalición que bien podrían durar meses.

¿Cuál es el panorama político y cómo funciona el sistema?

El Parlamento holandés tiene 150 diputados, lo que significa que un gobierno necesita 76 escaños para formar mayoría. Ningún partido la consigue solo, y Países Bajos ha estado gobernado por coaliciones desde hace más de un siglo.

Las elecciones parlamentarias son cada cuatro años (o antes, si los gobiernos fracasan) y se designa una representación proporcional, de acuerdo con una lista de candidatos, aprobada previamente, para una sola circunscripción electoral a nivel nacional: toda formación que obtenga un 0,67% de los votos, tiene un escaño asegurado.

De forma alterna con la cámara baja, los 75 miembros del Senado también se eligen cada cuatro años a través de los 12 consejos provinciales de Países Bajos. Un gobierno necesita poder garantizar un apoyo mayoritario en la cámara alta para aprobar nuevas leyes.

En las últimas décadas, la política holandesa ha estado marcada por un fuerte descenso en el apoyo a los partidos que habían gobernado históricamente, desde el centroderecha a la izquierda, cuya cuota de votos ha disminuido desde más del 80% en los años 80 a superar por los pelos el 40% en la actualidad.

Es una tendencia notoria en toda Europa. En Países Bajos, ha ido en paralelo a una espectacular proliferación de pequeños partidos: hay 20 formaciones con representación en el parlamento saliente; esta vez se presentan 26, y hasta 18 podrían obtener un escaño.

¿Quién se presenta y cuáles son sus formaciones?

El partido VVD, liberal en lo económico y en lo social, de Mark Rutte lo lidera ahora la ministra de Justicia saliente, Dilan Yesilgöz- Zegerius, que llegó a Países Bajos como una niña refugiada pero quiere reducir drásticamente la inmigración y espera ser la primera mujer en convertirse en primera ministra del país.

El VVD quiere introducir un sistema de refugiados de dos niveles, abolir la residencia permanente, permitir la ciudadanía únicamente después de 10 años, contener los alquileres y dar un impulso a la construcción de vivienda privada. Previamente había dicho que no descartaba una coalición con la ultraderecha, pero desde entonces ha retrocedido un poco.

El partido NSC, que tiene tres meses de antigüedad, está liderado por Pieter Omtzigt, un combativo exdiputado cristianodemócrata conocido por tumbar el Gobierno de Rutte en 2021 por un escándalo relacionado con las ayudas al cuidado de los niños. Ha evitado decir si sería primer ministro si gana su partido.

Omtzigt se centra en la “buena gobernanza” y “hacer política de otra manera”. Quiere restringir la inmigración, hacer una reforma tributaria y mejorar la seguridad financiera para las familias con bajos ingresos; y ha dicho que podría formar una coalición con los otros dos partidos mayoritarios, pero no con la ultraderecha.

La alianza de izquierda GL/PvdA entre el Partido Laborista y los ecologistas de Izquierda Verde la lidera el excomisario Frans Timmermans, un antiguo peso pesado de la UE que ha prometido restaurar la confianza en la política y construir un futuro más sostenible y una Europa más fuerte.

Las políticas de la alianza incluyen el incremento del salario mínimo y una prestación complementaria, el aumento de impuestos a las grandes empresas y personas con altos salarios, inversión en energía limpia y aislamiento, la formación de “consejos ciudadanos”, limitar los alquileres e impulsar la vivienda social.

El Partido por la Libertad (PVV), de ultraderecha e islamófobo, de Wilders terminó en tercer lugar en las últimas elecciones, pero hasta ahora ha estado excluido de las coaliciones, aunque prestó brevemente apoyo parlamentario al primer gabinete de Rutte en 2010.

Wilders, cuyo programa pide un “alto” al asilo y la prohibición de “escuelas islámicas, coranes y mezquitas”, se ha mostrado recientemente más conciliador en un intento por atraer a posibles socios de coalición.

Hay varios partidos minoritarios con experiencia previa en coaliciones que podrían formar parte de una posible coalición de izquierda o de derecha, incluidos los cristianodemócratas (CDA), los liberales progresistas D66 y la Unión Cristiana (CU), que basa sus políticas en la biblia.

Partidos con intereses especiales, incluidos los animalistas (PvdD) y los pensionistas (50+), abundan, pero hay otros actores clave a los que estar atentos: el populista Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), que, tras su formación en 2020, se subió a la ola del gran enfado rural por políticas verdes del Gobierno hasta el punto de alzarse de forma imprevista con el primer puesto en las elecciones provinciales de este año. 

Aunque el porcentaje de voto que le pronostican ha bajado desde entonces del 22% al 6%, aquellos resultados de marzo lo dejaron como el partido en solitario con mayor representación en el Senado; y por tanto, de un interés considerable como un compañero de coalición valioso o, al menos, un aliado.

¿Qué asuntos están sobre la mesa?

El Gobierno anterior cayó por un proyecto de ley para reducir el número de solicitantes de asilo; y la inmigración, incluidos los trabajadores extranjeros, sigue siendo un asunto clave, al igual que la crisis habitacional holandesa: un informe encargado por el Gobierno sugiere que el país está falto de 390.000 viviendas.

La transición verde, y quién la pagará, es también una cuestión prioritaria en la agenda política, sumida en un acalorado debate en el segundo mayor exportador agrícola del mundo, especialmente en cuanto a cómo reducir a la mitad los niveles ilegales de emisiones de nitrógeno y para cuándo.

Por otro lado están los escándalos del Gobierno: retrasos en la compensación a las víctimas de los terremotos sobre el enorme yacimiento de gas de Groningen; 20.000 familias a las que se acusó erróneamente de defraudar con las ayudas a los niños, a menudo por motivos étnicos, también han empujado a un primer plano la falta de confianza en la política.

¿Qué pasará después de la votación?

Dado el estado de alta fragmentación en la política holandesa, es tan importante saber qué coaliciones son posibles como saber quién gana. Los diputados primero nombran a un informador, que tantea a los partidos e identifica posibles alianzas. 

Una vez encontrada una coalición viable, un formador –habitualmente, el líder del partido mayoritario– comienza a negociar y elabora un acuerdo de coalición formal. La última vez el proceso completo batió récords, con una duración de 271 días.

Entonces, ¿cómo será el nuevo gobierno?

Sinceramente, puede pasar cualquier cosa. Mucho dependerá de quién acabe primero. Las medias de las encuestas sitúan actualmente al VVD con un 18% y a la alianza GL/PvdA justo detrás con un 16%, al mismo nivel que el NSC y con el PVV un punto por detrás. Dados los márgenes de error y el gran número de votantes indecisos, los cuatro están prácticamente empatados.

El BBB está en en un 6%, seguido por el D66 con un 5%. El CDA, PvdD, la formación de extrema izquierda Partido Socialista (PS) y la ultraderechista Foro para la Democracia (FvD), todos, en torno a un 3%; y los demás, a la cola.

Una posibilidad es una alianza directa entre VVD, GL/PvdA y NSC, que se considera más probable si gana GL/PvdA, pero tal vez menos en caso de una victoria de VVD o NSC.

Si el VVD queda primero, los expertos prevén una constelación de derecha que probablemente incluiría al NSC y al BBB. Las encuestas sugieren que se trataría de un gobierno minoritario, pero podría llegar a un acuerdo parlamentario con Wilders.

Si gana el NSC, querría excluir a Wilders, lo que lo dejaría ante una potencial constelación de seis partidos, con el VVD, BBB, CDA y un par de partidos minoritarios que le permitirían alcanzar la más ajustada de las mayorías, de 76 escaños.

Traducción de María Torrens Tillack.

Las elecciones que se celebran este 15 de octubre en Polonia podrían otorgar al partido nacionalista Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) un tercer mandato sin precedentes, o dar a la oposición la oportunidad de revertir lo que los críticos describen como ocho años de retroceso democrático.

Otra posibilidad es que obtengan un resultado igualado, sin que ninguno de los partidos pueda formar una coalición. Pase lo que pase, la política polaca seguirá profundamente polarizada tras unos comicios que, en plena guerra en Ucrania y una agria disputa con la UE, despiertan más interés del habitual en el extranjero.

¿Cuál es el contexto y por qué son tan importantes estas elecciones?

El partido Ley y Justicia, de derechas, populista y socialmente conservador, resultó elegido por primera vez en 2015. Ha sido acusado de manera generalizada de politizar el poder judicial, convertir los medios de comunicación públicos en portavoces del partido, utilizar activos del Estado para extender su control del poder y fomentar la homofobia.

El partido argumenta que su objetivo es que el sistema judicial sea más eficaz y la economía, más justa. También ha indicado que busca defender la identidad católica del país de las presiones liberales occidentales. Los críticos afirman que otra victoria del PiS alejaría aún más a Polonia de los estándares democráticos.

La principal agrupación de la oposición –Plataforma Cívica (PO), de centroderecha, liderada por el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk– ha prometido deshacer los cambios introducidos por el PiS en el poder judicial y los medios de comunicación para garantizar su independencia y el cumplimiento de la Constitución.

Una victoria de Plataforma Cívica también allanaría el camino para que Polonia mejorara sus relaciones con Alemania, cada vez más tensas debido a que el gobierno del PiS ha insistido en abrir pequeñas disputas con Berlín, principalmente con la finalidad de atraer a su base nacionalista.

Los aliados occidentales siguen de cerca estos comicios, ya que cualquier parálisis política tras la votación –un horizonte probable si no hay una mayoría clara– podría suscitar dudas sobre el importante papel que sigue desempeñando Polonia en el apoyo a Ucrania, su país vecino, en su guerra con Rusia.

Bruselas y otras capitales de la UE también observan con interés: al igual que Hungría, Polonia está inmersa en una prolongada y cada vez más tensa disputa por el Estado de Derecho con el bloque comunitario, y un cambio de gobierno supondría el inicio de unas relaciones más fluidas.

Una de las tareas más urgentes del gobierno entrante será convencer a Bruselas de que su historial democrático está mejorando lo suficiente –tras los recientes ajustes propuestos en el sistema judicial– para desbloquear miles de millones de euros de los fondos de recuperación y cohesión de la UE para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19.

¿Quiénes son los principales actores y qué quieren?

Liderado desde la sombra por Jarosław Kaczyński, primer ministro de Polonia entre 2006 y 2007, el PiS pretende dar más pasos para inculcar sus valores conservadores en la vida pública, incluso a través de planes de estudio obligatorios. Kaczyński también ha prometido que “esta vez, nadie nos detendrá” a la hora de promulgar cambios judiciales, con planes para limitar aún más los poderes de los jueces y la capacidad del Tribunal Supremo para revisar el programa y las acciones del gobierno.

En medio de una inflación de dos dígitos y unos costes de la energía en alza, el partido espera galvanizar a su electorado de las zonas rurales o pequeñas ciudades, mayoritariamente de edad avanzada y más pobre, aumentando su programa de subsidios infantiles en un 60%, incrementando el pago de las pensiones y recortando los precios de la gasolina.

El PiS también libra una dura batalla en el frente nativista antiinmigración, según el cual deberían ser los polacos nativos quienes tengan los mayores derechos y libertades. El partido ha convocado un referéndum de cuatro preguntas en paralelo a las elecciones, con cuestiones candentes, en particular sobre la “admisión de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Medio y África”, supuestamente impuesta por la UE.

Plataforma Cívica, que afirma que las preguntas son xenófobas y el proceso es nulo, busca el voto femenino, prometiendo permitir el aborto hasta las 12 semanas (prohibido casi totalmente por el PiS) y declarando derechos fundamentales la interrupción del embarazo, la fecundación in vitro y la anticoncepción. Además, ha anunciado su intención de permitir las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, a favor de las cuales están casi dos tercios de los votantes polacos, y ampliar la definición legal de violación. También pretende sacar partido del reciente escándalo de corrupción relacionado con la venta de visados para la zona Schengen.

¿Cómo funciona el sistema?

Polonia aplica un sistema de voto proporcional a la lista de partidos para las elecciones al Sejm, la cámara baja del Parlamento, de 460 escaños. Los partidos obtienen escaños en función del número total de votos obtenidos por sus candidatos en una circunscripción, y luego los asignan a los candidatos con los totales más altos.

Al menos el 35% de los candidatos en las listas de los partidos deben ser mujeres, y otro 35%, hombres. Cada partido debe obtener al menos el 5% de los votos a nivel nacional para obtener un escaño en el Parlamento, y las coaliciones deben obtener al menos el 8%.

¿Quién parece que va a ganar?

Tras una campaña agresiva y bronca, llena de ataques a la oposición en general y a un Tusk supuestamente “no polaco” en particular, la mayoría de los sondeos muestran al PiS y a sus aliados, Polonia Soberana y Los Republicanos, en cabeza con cerca del 36%. Sin embargo, su ventaja se ha reducido desde que en las elecciones de 2019 el PiS revalidó su dominio en Polonia con un 43,6% de los votos. El hecho de que el partido, si acaba primero, pueda realmente formar un gobierno operativo podría depender de varios factores, especialmente del rendimiento de los partidos más pequeños.

PiS podría recibir un empujón significativo si uno o más de sus rivales más pequeños –incluidos el centrista y agrario Tercera Vía, la Confederación (de extrema derecha) y Nueva Izquierda– no superan el umbral para obtener escaños en el Parlamento.

Otra posibilidad, como sugieren algunas encuestas, es que PiS termine por delante, pero por un margen ajustado, y que Plataforma Cívica –actualmente en torno al 30%– y Nueva Izquierda o Tercera Vía obtengan tan buenos resultados que la oposición tenga la primera oportunidad de formar una coalición mayoritaria.

La Confederación, libertaria en lo económico y conservadora en lo político, especialmente popular entre los jóvenes, podría llegar a ser un partido decisivo. Llegó a alcanzar el 14% en las encuestas durante el verano, aunque ahora se ha hundido hasta el 9%.

Aunque los analistas creen que el PiS intentará persuadir a los diputados de la Confederación para que cambien de bando tras la votación, los líderes de este último partido han dicho que no formarán coalición, lo que significa que si obtiene buenos resultados, las dos formaciones principales podrían ser incapaces de formar una mayoría.

Tras cinco agitados años en la política eslovaca, el país celebra este domingo unas elecciones legislativas inciertas con mucho en juego. La mayoría de las encuestas pronostican que el ganador será un antiguo primer ministro populista, Robert Fico, que ha prometido acabar con el incondicional apoyo de Bratislava a Ucrania y que tiene una estrecha ventaja sobre el segundo.

Fico ha dicho que no enviará “otra bala” al Este para ayudar a su país vecino a defenderse de la agresión rusa, ha calificado las sanciones contra Moscú de “inútiles” y ha prometido vetar cualquier solicitud de entrada de Ucrania en la OTAN.

Sin embargo, no es seguro que vaya a ganar. Aunque lo hiciera, no tendría la mayoría en un Parlamento de 150 escaños y podría tener grandes dificultades para formar una coalición. Muchos expertos dudan, además, de que se muestre tan radical estando al mando como sugiere la retórica de su campaña.

Dado su esfuerzo por mantener un frente unido y sostener el apoyo financiero y militar a Ucrania, Europa y el resto de socios occidentales permanecen expectantes.

Panorama político y sistema electoral

La política eslovaca ha sido especialmente volátil y virulenta desde 2018, cuando el periodista Ján Kuciak y su prometida, Martina Kusnírová, fueron asesinados tras haber investigado casos de evasión de impuestos, fraude y corrupción en las altas esferas de la política eslovaca.

Los asesinatos provocaron la repulsa pública y protestas en masa, que forzaron al entonces primer ministro, Fico, a dimitir en cuestión de semanas. Desde entonces, este país de cinco millones de habitantes ha sufrido cinco años de graves turbulencias políticas, incluidos cuatro primeros ministros.

El número dos de Fico, Peter Pellegrini, le sustituyó como primer ministro, y las elecciones de 2020 las ganó Igor Matovic, de la formación de centro-derecha OL’aNO, en medio de una ola de indignación contra la corrupción. Éste formó una coalición con tres partidos minoritarios libertarios, nacionalistas y de derechas.

Pellegrini abandonó rápidamente el Partido Socialdemócrata (SMER) de Fico para formar su propio partido socialdemócrata, Hlas; y el estilo rudo y caótico de Matovic y su desastrosa gestión de la crisis del coronavirus fueron el empujón que hizo caer en picado a la nueva coalición y que sus miembros empezaran agrias luchas internas.

En marzo de 2021, tanto el partido libertario SaS como el de centroderecha Za l’udí amenazaron con irse si Matovic no se echaba a un lado, lo que le llevó a intercambiar papeles con su ministro de Economía, Eduard Heger, que se convirtió en primer ministro –pero también fracasó en su intento de estabilizar el barco–.

El Gobierno de Heger se hundió finalmente en septiembre de 2022, después de que los ministros del SaS, que habían pedido que Matovic renunciara también a su nuevo cargo, dejaran el Ejecutivo. Heger perdió una moción de censura en diciembre del año pasado, lo que abrió el camino a un primer ministro interino, L’udovít Ódor.

El sistema eslovaco para listas proporcionales en los partidos y los severos umbrales electorales complican todavía más las cosas. Los votantes pueden expresar sus preferencias por hasta cuatro candidatos en la única circunscripción electoral existente para todo el territorio nacional.

Sin embargo, para obtener escaños, los partidos –que pueden presentarse solos o en coalición– deben superar una barrera considerable: el 5% del voto a nivel nacional para un único partido, un 7% para coaliciones de dos o tres partidos y un 10% para aquellas compuestas por cuatro formaciones o más.

Principales actores y partidos

Quizá sea revelador que ninguno de los políticos a los que les fue bien en las últimas elecciones de Eslovaquia aspiren a primer ministro en estos comicios.

Fico, de 59 años, fundó SMER en 1999 como un partido socialdemócrata que ofrecía nuevas caras y una forma distinta de hacer las cosas. Con el paso de los años, y especialmente ahora en la oposición, él y su partido han pasado a ser progresivamente más nacionalistas, radicales y conservadores en lo social, incluso aunque su visión económica sea de izquierdas.

Durante la campaña electoral, ha dicho que la guerra de Rusia la iniciaron “ucranianos nazis y fascistas” en 2014. Desde hace tiempo es admirador del húngaro Viktor Orbán y ha atacado a sus rivales ferozmente; afirmó falsamente que había una conspiración para un golpe de Estado y aseguró que los comicios estarían amañados.

En anteriores ejercicios, no obstante, ha demostrado ser pragmático al llevar a Eslovaquia al euro y al evitar durante mucho tiempo enfrentamientos dañinos con Bruselas. Muchos sospechan que, dada la gran dependencia eslovaca de los mercados de la Unión Europea y su apoyo financiero, volvería a ser así.

El principal rival de Fico es el partido liberal social y reformista económico Eslovaquia Progresista (PS) de Michal Simecka, licenciado en Oxford y vicepresidente del Parlamento Europeo. Su grupo es marcadamente prooccidental, pro-UE y pro-OTAN.

El Hlas de Pellegrini podría ser decisorio, actualmente en tercer puesto y con quien el SMER podría forjar una alianza. También ha criticado, si bien haciendo mucho menos ruido, la decisión de Eslovaquia de enviar cazas MiG-29 y sistemas de misiles a Ucrania.

Los resultados de media docena o más partidos minoritarios, que en las encuestas permanecen alrededor del umbral electoral, serán cruciales para ver posibles coaliciones.

Los asuntos de campaña

Los votantes eslovacos están cansados del sufrimiento económico provocado por las restricciones del coronavirus, la alta inflación por la guerra en Ucrania y el aumento de la inmigración irregular. Fico lleva cinco años haciendo campaña contra la caótica gobernanza del país.

A pesar de haber varios políticos clave del SMER que se enfrentan a cargos por corrupción, el mensaje central del partido es una promesa de orden y estabilidad, pues Fico argumenta que tiene experiencia en superar grandes retos en sanidad e infraestructuras.

Además, explota el sentimiento prorruso (solo un 40% de los eslovacos consideran a Rusia el principal responsable de la guerra, la proporción más baja de Europa central y oriental); también ha cedido ante votantes socialmente conservadores al convertir los valores progresistas en general, y los derechos LGTB en particular, en un asunto central.

Si bien no es un asunto político, la campaña ha estado caracterizada por la desinformación en un país receptivo a los relatos prorrusos desde hace tiempo debido a una afinidad histórica, un bajo nivel de confianza en los organismos públicos y con los políticos normalizando posiciones antes marginales.

Qué puede pasar

SMER lidera la mayoría de las encuestas, casi a la par que el PS en un 18% y Hlas ocupa el tercer puesto con un 14% aproximadamente. El partido de extrema derecha Republika y OL’aNO esperan conseguir un 8%, seguido de media docena de partidos minoritarios, incluidos el SaS con entre el 5% y el 6%.

Si Fico formara una coalición, podría incluir a sus antiguos aliados del Hlas –muchos de los cuales dudarían si unirse a él– junto a un partido nacionalista conservador, el populista partido de derechas Sme Rodina (Somos Familia), y quizá los liberales en lo económico del SaS.

Podría haber una opción más radical a través de Republika, ampliamente considerada una escisión de un partido neonazi a menudo acusado de antisemitismo; y el partido Nacional Eslovaco (SNS), acusado también de racismo contra la comunidad romaní.

Al otro lado del espectro político, los potenciales socios de coalición para el PS podrían incluir a OL’aNO, Za L’udí (Por el Pueblo) y Krestanska Únia (Unión Cristiana), todos ellos prooccidentales, junto a ―posiblemente― Hlas, SaS, Sme Rodina y partidos más pequeños.

Varias combinaciones, sin embargo, y aunque puede que estén de acuerdo en una línea pro-UE y pro-Ucrania, tendrían dificultades para encontrar políticas económicas y sociales comunes, con algunos partidos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a tener hijos mientras otros se oponen a las uniones civiles.

Con tantos partidos alrededor del umbral del 5% en las encuestas, puede haber muchos cambios a las encuestas. Puede que ni SMER ni PS sean capaces de formar una coalición, lo que llevaría a otras elecciones el próximo año. E incluso aunque puedan, la historia indica que, en una Eslovaquia de política polarizada y partidista, posiblemente no dure mucho.

Traducido por María Torrens Tillack.

Los resultados de los partidos populistas de extrema derecha y antisistema en las elecciones de este otoño podrían decidir la formación de tres gobiernos europeos, mientras el dividido panorama político del continente sigue fragmentándose.

Las elecciones parlamentarias de septiembre en Eslovaquia, un país de apenas cinco millones de habitantes, podrían ser críticas para el mantenimiento del apoyo europeo a Ucrania frente a la agresión rusa, si dan poder a un proto-populista, Robert Fico, abiertamente a favor de Rusia.

Un mes más tarde, se celebran comicios en Polonia. Las encuestas apuntan a que el partido gobernante, Ley y Justicia, autoproclamado defensor de la clase obrera católica y conservadora, podría formar una mayoría con la Confederación, aún más derechista.

Y cuando los votantes holandeses acudan a las urnas en noviembre, su ya fragmentada política se verá aún más perturbada por un exdiputado democristiano muy popular durante la campaña y su flamante partido antisistema, así como por un grupo que afirma hablar en nombre de los agricultores indignados.

Partidos antisistema

“Son todos partidos muy, muy diferentes”, dice Catherine Fieschi, experta en populismo y extrema derecha. “Lo único que tienen en común es que, en mayor o menor medida, son antisistema. No son fáciles de encasillar ideológicamente, en parte porque se están amoldando a diferentes focos de resentimiento”.

Según Fieschi, el hecho de que cada uno de ellos pueda desempeñar un papel importante en las elecciones de sus respectivos países demuestra lo fragmentada y, en muchos casos, polarizada que se ha vuelto la política europea. “No son aplicables las reglas que se aplicaban hasta ahora y todo es fluido”, afirma. 

“Se está gestando una tormenta perfecta entre una reacción contra el liberalismo económico y una reacción contra la agenda verde”, apunta. “Y la población dice 'votaré esto', luego 'votaré lo otro', después 'no votaré'. Los votantes decepcionados están dispuestos a 'probar algo nuevo' en una especie de consumismo político y en una búsqueda desesperada de protección contra los vientos del cambio”.

Según nuevos datos revelados por The Guardian, casi uno de cada tres europeos votó en contra del sistema el año pasado y, con coaliciones que incluyen o respaldan a partidos de extrema derecha en el poder desde Finlandia hasta Italia, las elecciones de este otoño podrían ser una prueba de fuego para medir el estado de ánimo insurgente, con consecuencias para toda Europa.

El Gobierno prooccidental de Eslovaquia ha mostrado un apoyo incondicional a Ucrania. Sin embargo, a pesar de las acusaciones de corrupción, el Smer-Sociálna Demokracia (Smer-SD), liderado por el ex primer ministro Robert Fico (populista, nacionalista y socialmente conservador), lleva una cómoda ventaja en las encuestas, con un 21%, y no ha descartado la posibilidad de gobernar con el partido República, de extrema derecha y contrario a las minorías, que ocupa la cuarta posición.

Fico, que fue primer ministro de 2006 a 2010 y de 2012 a 2018, antes de ser destituido tras masivas protestas antigubernamentales por el asesinato de un periodista de investigación y su prometida, ha culpado de la invasión rusa a los “fascistas ucranianos” y ha dicho que pondrá fin a la ayuda militar a Ucrania y a las sanciones “inútiles y contraproducentes” contra Rusia.

Por si fuera poco, ha calificado al presidente prooccidental de Eslovaquia de “títere de Estados Unidos”. Aprovechando el sentimiento prorruso de muchos eslovacos (sólo el 40% culpa a Moscú de la guerra, el porcentaje más bajo de Europa central y oriental), Fico ha diversificado de forma radical, oportunista y eficaz la oferta de su partido.

Nuevas fórmulas populistas

“Hasta hace muy poco, la fórmula de oro de los populistas -especialmente los de extrema derecha- era siempre: nativismo, antiinmigración, pro ley y orden, euroescepticismo”, explica Matthijs Rooduijn, politólogo de la Universidad de Ámsterdam. “Eso está cambiando. La respuesta de los gobiernos a la pandemia de COVID-19 es importante para algunos; las cuestiones de género y agrarios lo son para otros. El cambio climático y la agenda ecológica lo son para la mayoría. Para Smer-SD, también lo es la respuesta de Europa a la guerra de Ucrania, y su coste”.

Las elecciones polacas del 15 de octubre serán probablemente las más reñidas, controvertidas y trascendentales de las últimas décadas, ya que enfrentarán a los populistas de derechas de PiS, en el poder desde 2015, y a la opositora Plataforma Cívica de Donald Tusk, sin que ninguno de los dos pueda obtener la mayoría por sí solo.

Los analistas señalan que el resultado podría ser crucial para determinar si Polonia vuelve inequívocamente al redil proeuropeo o sigue su rumbo antiliberal hacia más y más profundas disputas con Bruselas sobre el Estado de derecho.

En sus inicios, hace más de 20 años, el PiS se presentaba como demócrata-cristiano, pero rápidamente viró hacia un conservadurismo cultural, social y nacional en toda regla. Ahora forma parte del establishment y se enfrenta al desafío de la derecha radical.

Por otro lado y aunque no se clasifique como populista, la alianza de extrema derecha Confederación, formada por partidarios del libre mercado, nacionalistas acérrimos y teóricos de teorías conspirativas, cuenta con un 11% en las encuestas, lo que, con el 38% de ventaja del PiS, podría influir en el resultado.

El colíder de la Confederación, Slawomir Mentzen, de 36 años, que se opone a la inmigración, el aborto y los cierres patronales, dijo en una ocasión que sus seguidores estaban en contra de “los judíos, los homosexuales, el aborto, los impuestos y la UE” (posteriormente ha declarado que estaba bromeando). Pero su mensaje central (impuestos bajos, menos gasto social, ausencia de cotizaciones obligatorias para pensiones y sanidad) resuena, especialmente entre los jóvenes, el 40% de los cuales dice que votará a su partido. PiS, según Mentzen, es demasiado intervencionista y demasiado generoso.

La Confederación se ha comprometido a no trabajar con ninguno de los dos principales partidos, lo que abre la perspectiva de una crisis política cuando Europa menos la necesita y, en última instancia, de nuevas elecciones, de las que esperaría salir beneficiada.

“La gente quiere alternativas”

“Es algo recurrente”, afirma Ben Stanley, politólogo de la Universidad SWPS de Varsovia. “El sistema establecido es cíclicamente vulnerable a este tipo de partidos: es el recurso de 'no hemos gobernado antes, así que no somos responsables de este embrollo'”.

En las elecciones de noviembre en Holanda, durante meses pareció probable que los insurgentes dominantes fueran los populistas rurales del Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), que arrasaron en las elecciones provinciales de marzo.

Aprovechando la indignación rural por las políticas medioambientales del Gobierno, en particular un plan para comprar tierras a los agricultores y reducir drásticamente el número de cabezas de ganado para reducir las emisiones de nitrógeno, el BBB ha sacado provecho de la división entre el campo y la ciudad, y del descontento generalizado con los partidos mayoritarios.

Sin embargo, su apoyo en las encuestas alcanzó un máximo del 22% en mayo -el primer puesto- y desde entonces se ha reducido a la mitad, hasta el 11%, mientras un partido nuevo, moderado pero anti establishment ha tomado la delantera. El Nuevo Contrato Social (NSC) está liderado por el exdiputado democristiano Pieter Omtzigt, conocido sobre todo por haber tumbado al Gobierno de Mark Rutte en 2021 por un escándalo en el que 20.000 familias fueron acusadas injustamente de fraude en las prestaciones por hijos a cargo, muchas de ellas por motivos étnicos.

Omtzigt y el partido aún sin construir NSC, con un 19% de apoyos, por delante del liberal-conservador VVD del primer ministro saliente Rutte y de una alianza socialista-verde, también se presenta como diferente. Cas Mudde, de la Universidad de Georgia, los define como outsiders centristas: “Es el candidato centrista, anti-establishment”, señala. “Un político normal y decente que hizo caer un gobierno. La gente quiere alternativas a la corriente dominante -incluidas, quizá, alternativas un poco más tranquilas que los populistas”.

La llegada de Omtzigt, que promete “una nueva forma de gobernar”, podría, sin embargo, hacer estallar el panorama político holandés como lo hizo la de Emmanuel Macron en Francia en 2017. Puede ser difícil formar una coalición y esta resultaría frágil. La volátil política europea es cada vez más compleja.

La muerte de hasta 500 personas en el naufragio de un pesquero en la fosa de Calipso del mar Jónico, en las costas del sur de Grecia, ha vuelto a evidenciar la ruta migratoria más mortífera del mundo y el fracaso de Europa a la hora de afrontar uno de sus mayores retos.

Desde que en 2014 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pusiera en marcha su proyecto sobre migrantes desaparecidos, se calcula que 27.000 personas que han intentado llegar a Europa han muerto o desaparecido mientras cruzaban el Mediterráneo. De estas muertes, más de 21.000 se han producido en la llamada ruta del Mediterráneo central, desde Libia o Túnez hacia Grecia o Italia, una travesía que puede durar varios días y que a menudo se realiza en embarcaciones no aptas para navegar y con un exceso peligroso de pasajeros.

La mayoría de los migrantes que llegan a Grecia lo hacen desde Turquía, bien en embarcaciones que llegan a las islas griegas orientales, bien cruzando el río Evros por la frontera terrestre, y su número ha disminuido drásticamente desde que Atenas reforzó las patrullas marítimas y construyó una valla fronteriza.

Como la travesía hacia Europa occidental o septentrional desde Grecia también implica una travesía a menudo complicada a través de los Balcanes, muchos migrantes tratan ahora de esquivar el país heleno. La gran mayoría se dirige ahora a Italia, que ha registrado 55.160 llegadas “irregulares” a Europa en lo que va de año —más del doble que en 2022—, en su mayoría procedentes de Costa de Marfil, Egipto, Guinea, Pakistán y Bangladesh.

Mientras tanto, la ruta del Mediterráneo central es cada vez más mortífera. Según un informe de la OIM publicado en abril, al menos 441 personas murieron ahogadas en la travesía entre enero y marzo de este año, el trimestre más mortífero desde 2017. Se sabe que otras 600 personas que intentaron la travesía en abril y mayo han muerto o están desaparecidas, lo que eleva el total este año a al menos 1.039 antes de las muertes del pasado miércoles. Se cree que la cifra real, dado que muchos hundimientos nunca se registran, es mucho mayor.

La OIM ha culpado, aunque sin dar nombres, a algunos gobiernos mediterráneos, en los que las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR por sus siglas en inglés) dirigidas por el Estado se han retrasado y se han obstaculizado embarcaciones de ONG. Italia ha impuesto severas restricciones e incluso ha incautado embarcaciones humanitarias, mientras que Grecia se enfrenta a numerosas acusaciones sobre las devoluciones de personas a Turquía, impidiéndoles solicitar asilo, algo que Atenas desmiente de manera sistemática.

La Unión Europa, dividida

En general, el número de personas que intentan llegar a Europa sigue siendo muy inferior al máximo alcanzado en 2015 y 2016. Esto se debe al acuerdo entre turco-europeo de 2016, así como al pacto alcanzado un año después con Libia, basado en la subcontratación de los rescates a los guardacostas libios. La cifra, sin embargo, sigue en ascenso. A lo que se suma el sentimiento de hostilidad hacia las personas migrantes y refugiadas y el incremento de la presión política en todo el continente, con una profunda división entre los Estados miembros. Los Estados del sur, en “primera línea” de llegada de embarcaciones, llevan mucho tiempo haciéndose cargo de las llegadas; los del norte, más ricos y “de destino”, suelen mostrarse reacios a compartir la acogida; y los del centro y el este, de línea dura (como Hungría y Polonia), se han negado a aceptar a ningún refugiado. Tras años de disputas, los líderes de la UE anunciaron la semana pasada un avance en las negociaciones para un nuevo pacto de migración y asilo, que incluye multas de 20.000 euros por cada refugiado rechazado para los países miembros que se nieguen a acogerlos.

El bloque acordó que fueran los Estados miembros, y no la UE en su conjunto, los que determinaran qué países se consideraban “seguros” para los migrantes rechazados por no reunir los requisitos para obtener asilo, lo que daría a cada uno de los Estados miembros mayor flexibilidad.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha dicho que el bloque estaba sopesando proporcionar más de 1.000 millones de euros de ayuda a Túnez para rescatar las finanzas del Estado y atajar su crisis migratoria.

Sin embargo, numerosas voces críticas sostienen que se ha avanzado poco en la creación de rutas seguras y legales para que los solicitantes de asilo lleguen a Europa, y que últimamente se ha hecho demasiado hincapié en restringir las solicitudes de asilo y criminalizar las operaciones de búsqueda y rescate.

“Cada vida perdida es una tragedia”, declaró el jueves María Clara Martín, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Grecia. “Estas muertes podrían haberse evitado creando más vías de entrada seguras para las personas obligadas a huir de conflictos y de la persecución”.

Por su parte, Gianluca Rocco, jefe de misión de la OIM en Grecia, afirmó que “urge una acción concreta y coordinada de los Estados para salvar vidas en el mar y reducir los viajes peligrosos mediante el aumento de rutas migratorias seguras y regulares”.

Las causas subyacentes que empujan a tantos a venir a Europa ―guerras, catástrofes naturales, crisis climática, pobreza, desigualdades e inseguridad alimentaria― no van a desaparecer en mucho tiempo.

Traducción de Emma Reverter.

De Madrid a Berlín, de París a Budapest, científicos y expertos en urbanismo están de acuerdo: árboles, árboles y más árboles pueden contribuir a crear unas ciudades europeas más amables para los próximos años ahora que el calentamiento global se intensifica. Unas ciudades en las que se pueda sobrevivir.

Pero las aceras de hormigón, los rascacielos, las plazas históricas y los aparcamientos subterráneos suponen un entorno hostil para los árboles, y las autoridades se están encontrando con dificultades para plantar más. De hecho, muchas ciudades de la Unión Europea (UE) son menos verdes de lo que lo eran hace un siglo.

“Es un reto inmenso”, dice Christophe Najdovski, vicealcalde y responsable de la repoblación y zonas verdes del Ayuntamiento de París. “Sabemos que, con los árboles suficientes, podríamos bajar la temperatura de la ciudad hasta ocho grados en verano. Son, básicamente, un aire acondicionado natural. Pero no siempre es fácil plantarlos”.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático no puede ser más claro: los árboles en las ciudades combaten el cambio climático tanto de forma directa, al atrapar carbono, como de forma indirecta, al refrescar zonas urbanas y reducir la demanda energética. 

El informe sostiene que los árboles ofrecen otros beneficios múltiples: una mayor calidad del aire, una menor sobrecarga térmica y menos “islas de calor urbanas” provocadas por las calles y los edificios que absorben y retienen el calor, lo que “mejora la salud mental y física”.

2.000 euros por árbol

En resumen, para los ayuntamientos debería ser obvio plantar árboles. Pero, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cantidad de árboles lleva disminuyendo desde principios de los 90 en muchas ciudades europeas. Algunas áreas urbanas han perdido hasta un 10% de su superficie verde.

En parte, dicen los expertos, se debe a que los árboles de finales del siglo XIX y principios del XX –los que sobrevivieron a las sucesivas generaciones de urbanistas que luchaban por hacer más hueco a los coches– están empezando a acercarse al final de sus vidas. 

Pero también se debe a las dificultades técnicas y el coste de plantar nuevos árboles. Según Ana Luisa Soares, una arquitecta paisajista de la Universidad de Lisboa, un nuevo árbol puede costar hasta 2.000 euros en cinco años a la administración municipal.

“Tienes que comprar el árbol”, dice Soares. “Tienes que plantarlo, regarlo… especialmente durante los primeros cinco años, cuando es más vulnerable. La vida en la ciudad es dura para un árbol: la tierra compactada, la contaminación del aire… Tienes que mantenerlo, podarlo, tratarlo contra enfermedades. Si hablamos de decenas de miles de árboles, es una inversión enorme”, añade.

Las ventajas para los habitantes de la ciudad parecen claras. “Necesitamos árboles”, dice la arquitecta. “Son importantes para todos nosotros, residentes y visitantes. Nos dan más sombra, una mayor calidad del aire, bajan las temperaturas, su belleza natural… en resumen: más árboles es igual a personas más felices. Esto lo sabemos. Y serán incluso más vitales en el futuro”.

Cuantificar beneficios

Pero mientras los costes son fácilmente cuantificables, los beneficios no tanto. Peor, dice Soares: los beneficios medioambientales, sociales, económicos, estéticos y para la salud que proporcionan los árboles “a menudo simplemente se ignoran porque las ciudades se fijan solo en gestionar los costes”.

En un esfuerzo por darles a estos beneficios un valor que se pueda monetizar, Soares ha adaptado un software de Estados Unidos, iTrees, y le ha introducido datos de los aproximadamente 41.000 árboles de Lisboa. Sus conclusiones establecen que, frente al coste de 1,9 millones de dólares anuales por los árboles, los servicios que estos aportan tienen un valor de 8,4 millones de dólares.

“Por lo tanto, por cada dólar que una ciudad invierte en sus árboles, sus habitantes se llevan unos 4,5 dólares en beneficios”, dice. Un ahorro energético de 6,20 dólares por árbol, una reducción de carbono por valor de 0,33 dólares, retirada de polución del aire por valor de 5,40 dólares, y una reducción de escorrentías de aguas pluviales de 47,80 dólares. También concluye que los árboles añaden valor a los bienes inmuebles. 

Obstáculos en el subsuelo

El año pasado, la Comisión Europea propuso un borrador regulatorio para los 27 que garantizara que al menos un 10% de la superficie de toda ciudad y zona urbana tuviera árboles en 2050 y que se comprometieran a no perder zonas verdes.

Pero los costes no son el único obstáculo al que se enfrentan los urbanistas. Muchas veces las ciudades simplemente no pueden plantar árboles donde les gustaría, dice Najdovski, del Ayuntamiento parisino, en manos socialistas y verdes –y que durante los últimos dos años se ha embarcado en uno de los planes más ambiciosos de Europa en la plantación de árboles–. “El mayor problema es la infraestructura subterránea: el metro, las tuberías de gas, los cables de la luz y de telefonía, los aparcamientos… Hace falta tierra hasta cierta profundidad bajo un árbol. Nos encantaría plantar a lo largo de toda la calle Rivoli, que atraviesa el centro de la ciudad de este a oeste, pero desgraciadamente el metro está justo debajo”.

Por otro lado, garantizar el acceso de vehículos de emergencias por calles estrechas también puede convertirse en un obstáculo, al igual que lo pueden ser las leyes de patrimonio, que en ocasiones impiden plantar árboles junto a edificaciones, calles y plazas que no fueron diseñadas para ello. La mayoría de las grandes plazas de las ciudades europeas se concibieron como espacios abiertos con vistas imponentes.

“Es el caso de París, por ejemplo, la plaza de la Concordia o la avenida de la Ópera”, dice Najdovski. “Los arquitectos de la ciudad aseguran que deberían permanecer como fueron diseñadas en primer lugar, sin árboles que las adornen, y que no se puede ocultar o estropear la vista de la Ópera Garnier. Queremos dar con una solución equilibrada, pero no es sencillo”.

En otras grandes arterias como la avenida de Wagram, sin embargo, París está en pleno trabajo de replantación, donde se retiraron decenas de miles de ellos durante el siglo XX, cuando la ciudad transformó los grandes bulevares, con sus dobles filas de árboles a cada lado, en avenidas de cuatro carriles con sitio para aparcar en los márgenes.

“Lo que esperamos, fundamentalmente, es reducir de forma significativa el espacio reservado para los coches en París y destinar todo cuanto podamos a plantar árboles: un programa de revegetación a gran escala, la reconquista de la naturaleza por encima del automóvil. El objetivo es plantar grandes cantidades de árboles y en todo lugar donde sea posible”, dice Najdovski.

Vecinos en contra

Desde su reelección en 2020, el Gobierno municipal ha plantado 38.500 nuevos árboles en la capital, incluidos 18.000 en los muros de contención de la carretera de circunvalación péripherique, 12.000 en los bosques de Boulogne y de Vincennes, y 8.000 en las calles y plazas del centro de la ciudad.

El plan prevé plantar otros 21.000 este invierno, incluidos 11.000 en la zona alrededor de la carretera de circunvalación y 800 en otras 80 calles del centro de la ciudad. La ciudad también planea tres “bosques urbanos”, principalmente en el este de la ciudad, incluido uno sobre 3,5 hectáreas de antiguas vías ferroviarias del distrito 20, que acogerá 2.000 nuevos árboles en 2024.

Su meta global, para cuando termine su mandato de seis años, es de 170.000 nuevos árboles, incluidos 20.000 en calles del casco urbano. Los tradicionales árboles plataneros de París dominarán la mayor parte, pero también se están introduciendo algunas especies mediterráneas como la encina, más resistente a temperaturas más cálidas. 

Al igual que en Bruselas, donde el plan canopée (o plan para formar una bóveda verde) a 10 años aspira a preservar los árboles existentes de la ciudad y plantar varios cientos de árboles nuevos cada año hasta 2030, los planes del Ayuntamiento de París a veces han suscitado encendidas protestas, especialmente de organizaciones de motoristas. 

“Como he dicho, no siempre es fácil, y las objeciones de motoristas y residentes son solo una parte de los aspectos a los que nos enfrentamos”, dice Najdovski. “Algunos residentes me dicen: ‘Mira, no quiero árboles a la salida de mi piso. Me quitarán luz y eso reducirá su precio por miles de euros”.

“Yo les respondo: '¿Cuánto cree que valdrá su piso cuando los veranos en París comiencen a alcanzar habitualmente los 40 o 50 grados?' Si la ciudad es básicamente invivible, ¿quién es el que más pierde?’”, dice.

Traducción de María Torrens Tillack