En la mal llamada planta noble de la madrileña calle Génova (no cabe considerar noble ninguna planta de un edificio reformado con fondos procedentes de la caja B del PP) andaban hechos un verdadero lío con las elecciones autonómicas vislumbradas en el próximo horizonte. Dando por descontado que pensaban poco menos que iban a arrasar, hasta bien reciente esas citas electorales eran vistas como un valioso instrumento para castigar el hígado electoral de Pedro Sánchez.

A tal efecto, Núñez Feijóo y el “minarete” que le rodea dudaban sobre si les era más rentable escalonar dichas convocatorias o agruparlas en un “superdomingo”, que sería el próximo 15 de marzo, fecha tope para celebrar los comicios autonómicos de Castilla y León (salvo que el presidente de la Junta optara por adelantarlos, algo que sería no solo incongruente con su repetido compromiso de agotar la legislatura, sino con el hecho de que hoy mismo registra en las Cortes —esta vez, cumplidos los requisitos imprescindibles— el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026).

Comentábamos aquí hace unas semanas que en la sede de Génova se habían disparado las alarmas ante el riesgo de que las próximas autonómicas de Castilla y León resultaran un fiasco, habida cuenta del manifiesto descrédito que arrastra el PP en esta comunidad —agudizado tras su calamitosa gestión de la ola de incendios forestales— y el escaso tirón electoral (empíricamente demostrado) de su presidente y candidato a la reelección “Fonsi” Fernández Mañueco.

Para conjurar ese riesgo y evitar unas elecciones aisladas en Castilla y León, se contemplaba el escenario de ese “superdomingo” que extendiera la convocatoria a las comunidades de Extremadura y Aragón, en las que sus respectivos gobiernos en minoría no disponían del apoyo de Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2026. En un principio, se barajó incluso la posibilidad de que el gobierno andaluz de Moreno Bonilla adelantara sus elecciones para sumarse al “superdomingo”, algo completamente impensable después de la gravísima crisis abierta tras destaparse su negligente (en el mejor de los casos, en el peor penalmente dolosa) de los cribados de las mujeres con cáncer de mama.

Extremadura se descuelga con su adelanto electoral. Los acontecimientos se han precipitado ayer cuando la presidenta de Extremadura, María Guardiola, —obviamente con el visto bueno de Feijóo— ha decidido ahorrarse mayor desgaste y ha adelantado los comicios extremeños al domingo 21 de diciembre. Con lo cual ya solo quedaría Aragón para hacer coincidir sus elecciones con las de Castilla y León.

El problemón que tienen por delante Feijóo y su “minarete” es que el PP no va a lograr ni de lejos mayoría parlamentaria suficiente para gobernar en solitario en Extremadura, Aragón y Castilla y León (a fecha de hoy, ni siquiera tiene garantizada la mayoría absoluta de que goza Moreno Bonilla en Andalucía). Con lo cual al día siguiente se encontrará con la papeleta de tener que recabar el apoyo de Vox, dando pábulo al mantra de que el PP, con tal de llegar a la Moncloa, está dispuesto a entregar el santo y la limosna a la ultraderecha.

Y la situación es especialmente complicada en Castilla y León, donde Mañueco se enfrenta al alto coste social y electoral por su negligente (otra vez en el mejor de los casos, en el peor penalmente dolosa) actuación en materia de prevención y extinción de incendios forestales, un oneroso lastre que no arrastran la extremeña Guardiola y el aragonés Azcón.

Pensar que al gobierno de Mañueco le va a salir gratis electoralmente su calamitosa gestión de los incendios forestales es de una miopía política extrema. Cierto que se fue de rositas del desastre de 2021 en la sierra de la Culebra, lo que le permitió mantener unas políticas que han colapsado el pasado verano. Pero Zamora no es León. Puede arder todo el territorio que aún no se ha quemado en Zamora y el PP seguirá manteniendo su hegemonía electoral en esa provincia (otra cosa, por fortuna, es la capital). Pero León es sociológica y políticamente algo muy distinto. Y es en León donde el PP de Mañueco se enfrenta a una tormenta política perfecta.

No solo se trata de la provincia más castigada por los incendios, especialmente pavorosos en El Bierzo. Es que ocurre en un territorio en el que, más allá de su representación política, el leonesismo es un sentimiento transversal fuertemente arraigado desde el arranque, en 1983, de la actual comunidad autónoma. Un periodo de más de 40 años en el que el incesante declive económico y demográfico ha ido abonando el desafecto ciudadano hacia la actual configuración autonómica (y ahí está el proceso emprendido por la Unión del Pueblo Leonés con el apoyo de un importante sector del PSOE apoyando la segregación del Antiguo Reino como comunidad autónoma separada de la actual).

El delicado relevo de Suárez-Quiñones. En este caldo de cultivo concurre la fatídica circunstancia de que el primer responsable del desaguisado de los incendios, el consejero contra el Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, encarne precisamente la cuota leonesa en la Junta. Y para completar la fatalidad, poco antes del desastre Mañueco no tuvo mejor ocurrencia que colocar al susodicho al frente de la comisión gestora encargada de reflotar al PP leonés, sumido desde hace años en una crisis endémica. Lo dicho, una tormenta perfecta.

En el pasado pleno de las Cortes el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, aludió a un sondeo interno encargado por el PP sobre el grado de aceptación ciudadana de Suárez-Quiñones, antes de la crisis, llamado a encabezar de nuevo la candidatura del partido en las próximas elecciones autonómicas. No sé si tal sondeo existe, pero sí es así habría sido tirar el dinero, salvo que se trate de proporcionar a Mañueco del argumento definitivo para convencer al susodicho de que más le vale hacer mutis por el foro y aceptar su rol de político amortizado llamado a ser compensado con un escaño en el Senado. Hay que entender lo delicado del caso: Suárez-Quiñones está en el secreto —y en la trastienda— de los dos grandes “expedientes X” cerrados en falso en esta comunidad en los últimos años.

Y hablando de sondeos electorales: salvo uno recientemente publicado por el diario La Razón, que, pese a su sesgo, deja al PP lejos de la mayoría absoluta, prosigue el sospechoso “apagón demoscópico” en Castilla y León. Ninguno de los medios que tradicionalmente han venido encargando sondeos antes de las elecciones autonómicas —RTVCyL, agencia Ical, El Norte de Castilla y El Mundo de Castilla y León— han dado hasta el momento señales de vida. Y me malicio dos razones para explicar esta pasividad: O no quieren arriesgarse al ridículo posterior inflando los resultados a favor del PP o quieren ahorrarse el trago de dar un disgusto al administrador de la “chequera mediática” que salva sus cuentas de resultados.

“Haga usted como yo, no se meta en política”. Dicen que eso aconsejaba Franco a influentes afectos al régimen -cuentan que uno fue el escritor José María Pemán- cuando le iban con sus cuitas quejándose del trato recibido por parte de otros prebostes del franquismo. Y algo equivalente viene a ser lo que manifestó el pasado jueves el consejero Portavoz de la Junta, el incombustible Carlos Fernández Carriedo, a propósito de la reprobación parlamentaria de la que fue objeto un día antes el consejero contra el Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Carriedo ha lamentado que las Cortes se utilicen para la confrontación política. Acabáramos. Por lo visto, el consejero Portavoz no se entera de cómo se las gasta su partido en el Congreso y no digamos del uso que hace de su mayoría absoluta en el Senado.

A la par que consejero de Economía y Hacienda del gobierno Mañueco, Carriedo lleva desde el siglo pasado encadenando cargos públicos, bien en la Junta, donde ha sido titular de cuatro consejerías a las órdenes de tres presidentes diferentes, o en las Cortes, donde ocupa escaño por Palencia ininterrumpidamente desde in illo tempore. Con esa trayectoria, nadie se extrañará que “El topillo” le tenga definido como “ese-eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido”.

Pues bien, después de 30 años en política -su primer cargo público, director general de Presupuestos, data de 1995, año en el que la malograda Isabel Carrasco era titular de la consejería de Economía y Hacienda- Carriedo sigue teniendo alma de funcionario. O al menos así actúa para escaquearse cuando se le piden cuentas políticas. Lo vimos palmariamente en su contestación a las dos preguntas orales que tuvo que responder en el pleno de las Cortes de la pasada semana. Las dos las formulaba Vox y en ambas la respuesta consistió en leerle al procurador interpelante la normativa vigente en la materia.

La segunda de ella planteaba si la Comisión de Ética Pública existente en la Junta no debiera analizar la actuación de Suárez Quiñones en torno a la autorización por parte de la consejería contra el Medio Ambiente para instalar un macrovertedero en León promovido por el tinglado empresarial de Macario Fernández, que ha tenido empleado como alto ejecutivo a un hijo del consejero.

La “independencia” de la Comisión de Ética

Aparte de leer la normativa, Carriedo, sin que se le escapara ninguna risa, tuvo el desparpajo de remitirse a la “independencia” de una Comisión que está integrada por tres representantes de la Junta -entre ellos el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que la preside- y tres representantes de las Universidades designados asimismo por el gobierno autonómico. No es extraño que ante las denuncias presentadas en su día por el procurador Francisco Igea a propósito de las declaraciones incendiarias contra la inmigración realizadas tanto por el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, como por el no menos infausto consejero de Trabajo, Mariano Veganzones, la susodicha Comisión de Ética Pública concluyera por unanimidad que ni uno ni otro habían incumplido el Código Ético al que están supuestamente sometidos los altos cargos de la Administración Autonómica. Declaraciones antidemocráticas aparte, García-Gallardo y Veganzones, que en gloria política estén, participaron en concentraciones ultras convocadas ante sedes del PSOE, sin que la Comisión considerara oportuno intervenir de oficio. El Código Ético afirma literalmente que los altos cargos “en actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios”.

A Carriedo, pues, hay que recordarle que, salvo un breve paréntesis durante la etapa de Juan Vicente Herrera en la que solo fue procurador, lo que se dice como funcionario lleva más de 30 años en situación de excedencia especial por designación o elección como cargo público. En la práctica, su carrera funcionarial concluyó cuando fue saltó a la dirección general de Presupuestos desde la jefatura de Servicio que desempeñaba ya en tiempos del consejero de Economía del gobierno Aznar, Miguel Pérez Villar, aquel que resultara condenado por prevaricación por las fraudulentas ayudas que dieron lugar al “caso de la minería”. Y ahí lo dejo.

En estricto cumplimiento de sus obligaciones, lo que a estas alturas ya debiera haber hecho el actual consejero de Economía, es elaborar y presentar la propuesta de “techo de gasto” a someter a las Cortes como paso previo y preceptivo para tramitar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026. Y seguimos sin tener noticia alguna al respecto.

Una engañifa sin precedentes

A propósito de la obligación estatutaria de presentar anualmente ante las Cortes el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, hace un año la Junta, con el presidente “Fonsi” y el consejero Carriedo a la cabeza, perpetró una tomadura de pelo sin precedentes. El mismo día en el que expiraba el plazo establecido en el Estatuto, el 15 de octubre, Mañueco y Carriedo presentaron en rueda de prensa un “borrador” simulando que cumplían el mandato estatutario. Y la inmensa mayoría de los medios de comunicación, agradecidos al pastizal que reciben de la “chequera mediática” del gobierno Mañueco, dedicaron amplios espacios a lo que no era otra cosa que unos Presupuestos “fake” que nunca llegaron al registro de las Cortes, ni siquiera después de que recibiera luz verde el “techo de gasto” y de que el pleno de la Cámara reclamara por unanimidad a la Junta el obligado envío al Parlamento del correspondiente Proyecto de Ley.

Lógicamente, un año después la Junta no puede repetir semejante engañifa, aunque está por ver que por segundo año consecutivo no haga exactamente lo mismo que no se cansa de reprochar el PP de Núñez Feijóo al gobierno de Pedro Sánchez: pasar de presentar ante el Parlamento el Proyecto de Presupuestos para el año próximo. Con Vox esperando una negociación en la que blandirá el “burruño” en que convirtió “Fonsi” sus exigencias para alcanzar cualquier cualquiera acuerdo de calado, el gobierno Mañueco, anclado en una minoría parlamentaria mayor que la que sufre el de Sánchez, tiene prácticamente imposible sacar adelante unas nuevas cuentas para la comunidad autónoma.

Y justamente a un mes de que expire el plazo para presentar en tiempo y forma el Proyecto de Ley de Presupuestos, y si no sobreviene otro aplazamiento, “Sicilia y León” (denominación acuñada por uno de los damnificados de la “trama eólíca”) se sienta a partir de hoy en el banquillo de los acusados. Lo dije hace varias semanas: a Mañueco se le ha acabado la baraka.

El común de los mortales no acierta a entender que, nueve meses después de la dana de Valencia, un desastre que se cobró 228 víctimas mortales, el máximo responsable político de gestionar tamaña tragedia, Carlos Mazón, sobreviva al frente del gobierno valenciano, como tampoco que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no haya tenido el decoro de invitarle a dejar el cargo. Resulta democráticamente insoportable que a estas alturas los españoles sigamos sin conocer a qué obedeció la larga sobremesa que se tomó Mazón el día de autos tras su famosa comida en El Ventorro.

Pues bien, salvando las distancias —aquí por fortuna ninguna tragedia es comparable en cuanto al número de víctimas—, visto el desempeño político del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, uno no puede por menos que encontrar cierto paralelismo político con el caso valenciano. Con una diferencia no menor en lo relativo a la jerarquía: Núñez Feijóo no puede cesar a Mazón, mientras Alfonso Fernández Mañueco es el presidente del gobierno que nombró y mantiene en el cargo al consejero Suárez-Quiñones.

El cese o dimisión de Quiñones, que no se va a producir, llegaría ya con tres años de retraso. El titular de la consejería 'contra el Medio Ambiente' tendría que haber dejado fulminantemente el cargo tras la deplorable gestión de la Junta ante los incendios forestales que en el verano de 2022 arrasaron la Sierra de la Culebra y alrededores, calcinando una superficie cercana a las 60.000 hectáreas y causando —aquí sí hubo muertos— la pérdida de cuatro vidas humanas. Quiñones no afrontó ninguna responsabilidad política y ni siquiera accedió a dar su versión sobre lo ocurrido en el libro “Los rescoldos de la Culebra”, publicado tiempo después por el periodista Juan Navarro.

Pifia tras pifia sin darse por aludido.- Tres años después, el consejero contra el Medio Ambiente la ha vuelto a pifiar, y por partida doble, en materia de incendios forestales. Aunque ha pasado inadvertido (ignoro si por incompetencia periodística o porque los responsables de los medios han querido hacer la vista gorda), Quiñones estaba en paradero desconocido a finales de julio, los días en que las llamas se propagaron por el Barranco de las Cinco Villas y obligaron a confinar a la población de las localidades abulenses de Mombeltrán y El Arenal, calcinando cerca de 3.000 hectáreas en las proximidades del Parque Regional de Gredos. El fuego se desató en la noche del lunes 28 al martes 29 y el consejero no dio señales de vida hasta el jueves 31. Y ello porque en esa fecha regresó de donde quiera que estuviera para asistir a la sesión de Consejo de Gobierno habitual cada jueves.

Esa ha sido la primera pifia de este verano. La segunda es por todos conocida: largarse el domingo pasado a un acto de exaltación de la hermandad astur-leonesa celebrado en Gijón mientras el fuego acechaba, entre otros parajes bercianos, al parque de Las Médulas, los antiguos yacimientos romanos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Con un par. Y además sin prisas para regresar a León, quedándose tan ricamente a degustar el menú asturiano preparado para la ocasión “porque tenemos la mala costumbre de comer” (sic).

Ello mientras las llamas se esparcían por el Bierzo, donde apareció ya muy avanzada la jornada. Viene al caso recordar la que le montaron el PP y sus terminales mediáticas a Pedro Sánchez por decir en una rueda que eran las cinco de la tarde y no había comido…

Todo lo anterior referido exclusivamente a los incendios forestales, pero es que la trayectoria de Quiñones está jalonada por otra serie de episodios que definen a este singular personaje, que aparcó su profesión de juez —desde 2002 fue juez decano de León— para meterse de hoz y coz (sobre todo de coz) en política. Lo hizo en 2012 de la mano de la malograda presidenta del PP leonés, Isabel Carrasco, que amadrinó su designación como subdelegado del Gobierno en León. Pero nuestro hombre estaba llamado a más altos designios y en 2015 fue nombrado gelegado del Gobierno en Castilla y León, de la mano en este caso de la entonces vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, con la que había hecho buenas migas cuando esta ejerció como abogada del Estado en León.

Sin embargo, su paso por la Delegación del Gobierno fue extremadamente fugaz. Ni siquiera llegó a tres meses. En julio de 2015, Juan Vicente Herrera nombraba nuevo gobierno y para sustituir al leonés Antonio Silván, que llevaba 12 años al frente de la consejería de Fomento, pensó en Quiñones, quien no dudó un instante en aceptar el cargo. Cuatro años después, en 2019, a la llegada de Mañueco al Colegio de la Asunción, el actual presidente de la Junta le mantuvo en el puesto, y en el gobierno autonómico sigue, ahora como consejero de Medio Ambiente.

De 'Pañuelitos' a 'Rey Sol'.- Por aquel entonces, “El topillo” se refería a él como 'Pañuelitos', apodo que le asignó el entonces gerente (y al parecer todavía tesorero regional del PP), Pedro Viñarás, el primo del antiguo “primo de Zumosol”, quien, junto con el ahora eurodiputado Raúl de la Hoz, es el personaje con mayor ascendente político sobre Fernández Mañueco. Al menos hasta bien reciente, ya que al parecer “Fonsi” está un poco hasta la verruga de ambos dos excompañeros de viaje a varias finales de la Champions disputadas por el Madrid de su alma (lo del percance sufrido en la disputada en el estadio parisino de Saint Denis siguen sin contárnoslo).

Con el tiempo, el apodo de 'Pañuelitos' quedó desfasado no solo porque Quiñones dejó de utilizar ese signo de distinción indumentaria (ahora renuncia incluso a la corbata). Nuestro hombre se hizo acreedor al sobrenombre de 'Rey Sol' a raíz de que, en conversación grabada dentro de la investigación sobre el “caso Enredadera” con un conocido empresario adjudicatario de contratos múltiples contratos de la Junta, proclamara aquello de que “La Administración soy yo”, remedo de la célebre frase L´État, c'est moi, atribuida a Luis XIV de Francia, conocido como el 'Rey Sol'.

Las pifias de Quiñones no acaban aquí. En marzo de 2017 protagonizó otra bastante chusca. Se piró del “mausoleo” de Villa del Prado en medio de la sesión plenaria de las Cortes que iba a debatir una ley promovida por su consejería para ampliar los límites del Parque Natural del Lago de Sanabria. Puso tierra de por medio con destino a Valsaín, donde se celebraba un acto con presencia de la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina (¿ande andará?: “ande” va a ser: en la puerta giratoria de la empresa privada, en este caso la eléctrica Iberdrola, de cuyo Consejo de Administración forma parte desde 2021, compartiendo ese órgano con otro ilustre de esta comunidad: el exministro y exsecretario general del PP Ángel Acebes). Al día siguiente, Quiñones disculpó su ausencia de las Cortes asegurando que se había debido a un despiste del equipo de su consejería.

No tenemos espacio para reseñar aquí el rosario de reveses judiciales sufridos por la consejería contra el Medio Ambiente desde que el exjuez se hizo cargo la misma. Por si fuera poco, como consejero de Fomento y Medio Ambiente hasta el desdoblamiento de la consejería, es corresponsable del fiasco del concurso -¡—declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León— por el que la Junta adjudicó hace tres años 124 nuevas emisoras de radio. Si bien el concurso lo resolvió la actual consejería de Movilidad, las bases del mismo, convocado en 2020, venían viciadas ya de fábrica desde la consejería de Fomento.

En fin, pese a la multitud de méritos contraídos, abandonen cualquier esperanza de que Mañueco (quien, por su parte, ha salvado in extremis sus muebles políticos al interrumpir precipitadamente sus vacaciones en Cádiz para regresar a la comunidad y ponerse al frente de las operaciones) nos prive de la continuidad de Quiñones.

La razón es bien sencilla. Fonsi —menudo ojo clínico el suyo— no ha tenido mejor ocurrencia que ponerle al frente de la comisión gestora encargada de reflotar el maltrecho PP de León, hecho unos zorros después del estrepitoso fracaso cosechado al frente del mismo por Ester Muñoz, en su momento nombrada -asimismo a dedo por Mañueco- presidenta provincial del partido, y quien ha hecho mutis por el foro tras haber sido ascendida por el tándem Feijóo/Tellado a portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados. De modo, que tendremos “Rey Sol” en la Junta para rato (salvo, claro está, que Vox, llegado el momento, condicione a su apoyo a la continuidad del PP a su salida del futuro gobierno de la comunidad). En su día, Ciudadanos amagó con ello sin ningún éxito.

Sobre el papel, el presidente de la Junta de Castilla y León anduvo ágil de reflejos al cesar fulminantemente a la directora general de Salud Pública tras las deplorables manifestaciones de Sonia Tamames minimizando los letales efectos del Covid-19 en Castilla y León. Pero tampoco es para sacar pecho. Primero, porque no había otra opción, so pena de asumir un desgaste político absolutamente innecesario. Segundo, porque queda la duda de si ese cese se hubiera producido de no mediar la repercusión nacional que rápidamente alcanzó esa increíble salida de pata de banco.

El asunto se podría dar políticamente por zanjado si no fuera por algunas secuelas que pueden traer cola. De un lado, el episodio ha puesto sobre el tapete el papel de la televisión autonómica de titularidad privada que, subvencionada por la Junta con más de 20 millones de euros anuales, opera en régimen de monopolio en Castilla y León. Una televisión, que al borrar un tuit que reproducía las polémicas declaraciones de Tamames, delataba su dependencia/connivencia con el gobierno de Fernández Mañueco.

Ello justo cuando el peculiar estatus de dicha televisión estaba ya en el punto de mira de la oposición, especialmente de dos partidos tan distantes como Vox y Podemos, que consideran inaceptable el servilismo político que rinde al PP una televisión que, pese a sostenerse gracias a una multimillonaria inyección de dinero público, no está sometida a ningún control parlamentario.

Sucede que en estos momentos está en tramitación en las Cortes de Castilla y León la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI), de la que pende el contrato-programa a través del cual la Junta viene subvencionando con más de 20 millones de euros anuales a Televisión Castilla y León, el canal que explotan al 50% los dos principales grupos mediáticos de la comunidad: Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (Ulibarri). Y Vox ha presentado una enmienda que propone la designación parlamentaria de un Consejo que se ocuparía de “velar por la independencia de la información difundida y promover la neutralidad editorial” en lo referido a las funciones de servicio público“ que justifican su financiación por la Junta. Un Consejo integrado por profesionales relevantes en el ámbito del sector público o del mundo audiovisual o la comunicación, que emitiría un informe anual verificando si la programación emitida cumple las funciones de servicio público encomendadas y que además estaría capacitado para intervenir en el nombramiento del personal directivo, pudiendo promover incluso su destitución. Un órgano de control en toda regla orientado a evitar que el PP siga ”manejando por la puerta de atrás“, que diría el ínclito Ignacio Cosidó respecto al Poder Judicial, una televisión autonómica de titularidad privada cuyos mayores ingresos proceden directamente de las arcas públicas de la comunidad.

La batalla emprendida por Vox no es baladí. Otros partidos y procuradores de las Cortes coinciden en denunciar que la televisión en cuestión viene siendo objeto de una descarada instrumentación partidista al servicio del PP. Con ocasión de las desdichadas declaraciones de Sonia Tamames, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, promotor en su día de la reforma de la LPI, ha calificado de “Telemañueco” al canal autonómico, criticado asimismo en términos muy duros por el exvicepresidente de la Junta y actual procurador del grupo mixto, Francisco Igea.

Las muchas ronchas levantadas por la línea informativa de RTVCyL se pusieron de manifiesto el pasado mes de diciembre durante el debate de la toma en consideración de la reforma de la Ley propuesta por Podemos. En ese debate, el exvicepresidente de la Junta y en ese momento portavoz parlamentario de Vox, Juan García-Gallardo, que se supone que sabía de lo que hablaba, fue muy explícito: “Si el señor Mañueco se quiere comprar un director de televisión que lo haga con su dinero”, llegó a decir el ex número dos del gobierno Mañueco, quien, por si fuera poco, aseguró que “hay periodistas y columnistas de periódico que escriben al dictado de los jefes de prensa de la Junta” (sic). Por parte del grupo socialista, la entonces secretaria de Organización del partido y de momento todavía vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, tampoco ocultó en ese debate su malestar con el canal autonómico, posición compartida obviamente por Luis Tudanca.

Lo que está por ver es si el nuevo jefe de filas del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, lo tiene tan claro como para apoyar una reforma legislativa que, amén de poner en el disparadero a la compañía titular del canal (para mayor inri, Promecal se encuentra en preconcurso de acreedores), tiene en vilo al PP de Mañueco, que ya se quedó solo en el veto a su toma en consideración y después ha fracasado en su intento dilatorio de prorrogar el plazo para la presentación de enmiendas. Veremos qué posición marca Martínez, al que Edigrup, grupo editor de un diario en Soria, ha venido regalándole los oídos desde que vislumbró su propósito de postularse para suceder a Tudanca.

La otra inconveniencia de la 'sobrada' de Sonia Tamames ha sido la de remover, ahora que se van a cumplir cinco años, la controvertida gestión de la Junta sobre la pandemia. A diferencia de la que está montada en Madrid, donde a Isabel Díaz Ayuso le perseguirán mientras viva las 7.291 muertes por Covid registradas en residencias de ancianos, incomprensiblemente en nuestra comunidad se ha pasado página política sobre el asunto. Y ello pese a que en Castilla y León, tal como desveló en su momento elDiarioCyL, durante la peor ola de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de abril de 2020, estuvo en vigor un protocolo muy similar al de la Comunidad de Madrid, con instrucciones muy precisas de que los enfermos contagiados en las residencias no fueran trasladados a los hospitales. Un mes aquel durante el que fallecieron en las residencias de Castilla y León alrededor de dos mil enfermos de Covid, un desastre que no pudo ser investigado en las Cortes al oponerse el PP y Ciudadanos a la comisión solicitada por todos los demás grupos parlamentarios.

Resulta obvio de que al gobierno de Fernández Mañueco no le interesa nada remover ese pasado, máxime cuando el protocolo antedicho fue firmado conjuntamente por el entonces gerente del Sacyl (de Ciudadanos) y por el exgerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, este último en la actualidad secretario general de la Consejería de Familia. Desaparecida de la escena política la entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado, así como el partido a través del que llegó al cargo, remover aquel episodio podría poner en la picota nada menos que a la actual vicepresidenta única de la Junta, Isabel Blanco, quien, como consejera de Familia, dio su visto bueno a la firma de aquel funesto protocolo.

En suma, flaco favor le han hecho a Mañueco la exdirectora general de Salud y la televisión de bolsillo en la que perpetró las intolerables declaraciones que le han costado el puesto.

Seis semanas después de que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, fuera proclamado nuevo secretario autonómico del PSOE, los socialistas de Castilla y León celebran este fin de semana el Congreso que, de la mano del renovado liderazgo, abre una nueva etapa en sus filas. Atrás queda un periodo de 10 años bajo el mandato de Luis Tudanca en el que, pese haber sido la fuerza más votada en una de las tres elecciones autonómicas celebradas, las de 2019, el PSOE de Castilla y León no ha conseguido poner fin al ciclo de 37 años ininterrumpidos del PP gobernando esta comunidad autónoma.

Volver a ganar unas elecciones con un resultado que le permita desbancar a la derecha apalancada en la Junta desde 1987 es el reto que tiene ante sí Martínez, décimo líder que se hace cargo del PSOE de Castilla y León desde la restauración democrática de 1977. Una empresa, a nadie se le oculta, harto complicada en una comunidad sociológicamente conservadora y carente de un partido de centro o de derecha moderada que pudiera actuar de bisagra para conformar una mayoría alternativa frente al bloque que, llegado el caso, volverán a integrar la derecha pura y dura del PP y la extrema derecha de Vox. 

Bajo el lema “Quedarse es el futuro, atrévete al cambio”, que llama a rebelarse contra la sangría poblacional registrada en las dos últimas décadas, la ponencia marco del XV Congreso del PSOE de Castilla y León diseña una estrategia integral para revertir el declive causado por unas lacras estructurales que se han hecho endémicas. Junto a la despoblación -paliada últimamente por el flujo inmigrante-, el envejecimiento, la dispersión poblacional y unos desequilibrios territoriales con una creciente brecha entre Este y Oeste que lastran la cohesión social y política (el auge del leonesismo y su bandera segregacionista tienen su mejor caldo de cultivo en la indolencia de la Junta ante el desplome demográfico y ese declive económico y social de las provincias que integraron el antiguo Reino de León).

Esa bandera de la segregación enarbolada por el sector -minoritario pero nada desdeñable- del PSOE leonés que encabeza el alcalde de la capital, José Antonio Díez, se hará oír este cónclave autonómico, si bien la discrepancia se salvará previsiblemente con una resolución de compromiso que permita a todos salir del paso. Algo asi ocurrió en el congreso autonómico celebrado en 2008 en Valladolid, en el que, a iniciativa de los socialistas leoneses, liderados por el entonces alcalde, Francisco Fernández, se adoptó la definición de Castilla y León como una comunidad autónoma integrada por dos regiones, algo que nunca ha tenido una plasmación práctica. A su vez, Martínez ya ha tenido ocasión de comprobar el resquemor que producen en influyentes estamentos de la capital del Pisuerga las críticas a un centralismo vallisoletano por otra parte dificil de negar.

 A dos días de la cita prevista en Palencia, el nuevo líder socialista de Castilla y León no ha soltado prenda sobre la composición del equipo que le asistirá en la próxima Ejecutiva autonómica del partido. No hace falta especial sagacidad para aventurar que en ella tendrán presencia muy relevante los socialistas de León y Valladolid, cuyos respectivos secretarios provinciales, Javier Alfonso Cendón y Óscar Puente, han sido los máximos valedores de la candidatura del nuevo secretario autonómico. A continuación, la próxima semana asistiremos al reajuste de en la dirección del grupo parlamentario socialista de las Cortes, donde si no el de Tudanca -que está por ver si de momento permanece como portavoz a la espera de otro destino supuestamente pactado a cambio de su renuncia a presentarse a las primarias-, está cantado el relevo de alguno de los tudanquistas que han integrado el núcleo duro del exsecretario autonómico.

Durante este largo paréntesis entre su proclamación como nuevo líder y el congreso de este fin de semana, Martínez ha tenido ocasión de pulsar el estado de ánimo de la militancia en todas y cada una de las provincias, constatando un cierre de filas muy generalizado en torno a su liderazgo. Y se ha permitido además ofertar al presidente de la Junta un consenso en torno a los Presupuestos de la Comunidad que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se sigue negando a presentar en las Cortes, incumpliendo con ello tanto del Estatuto de Autonomía como el compromiso adquirido en sesión plenaria del Parlamento de la Comunidad.

Martínez se ha mostrado hasta el momento como un político que sabe lo que se trae entre manos. Su primer error puede ser el de obcecarse en compatibilizar su nueva responsabilidad con la alcaldía de Soria, a la que por el bien tanto de dicha ciudad, que no merece tener un alcalde a tiempo parcial, como por la plena dedicación que requiere el reto de impulsar una alternativa de gobierno en Castilla y León, debe renunciar para centrarse en cuerpo y alma en este último objetivo.

De creer al presidente de la Junta, cuya credibilidad en esta materia se resiente lo suyo vista la posición mantenida en vísperas del adelanto electoral de 2022, Castilla y León agotará la actual legislatura, de forma que las próximas elecciones autonómicas se celebrarán en marzo de 2026. Sobre el papel, en la actual coyuntura, con un gobierno del PP en minoría e incapaz de presentar nuevos Presupuestos, Alfonso Fernández Mañueco tendría hoy más motivos para el adelanto electoral de los que tuvo hace tres años cuando, inopinadamente, dinamitó su pacto de gobierno con Ciudadanos, mandó a la papelera unos Presupuestos a punto de aprobarse y convocó a las urnas en el mes de febrero.

Para los aduladores de turno fue una jugada propia de todo un estratega, pero la realidad es que fue un auténtico fiasco. El PP pensaba que el previsible desplome electoral de Ciudadanos le catapultaría, si no hasta la mayoría absoluta, hasta un nivel no alejado de ella que en el peor de los casos le permitiría gobernar en solitario. El chasco fue monumental, al punto de que los populares, si bien pasaron de 29 a 31 escaños de las Cortes, descendieron en número de votos, sin beneficiarse en absoluto del descalabro naranja. El gran beneficiado de tan sagaz adelanto resultó ser Vox, que, al engullir el grueso del antiguo voto naranja, pasó de tener un solo procurador a contar de golpe con 13, erigiéndose en llave de gobierno en la Junta. 

El resultado fue que Mañueco se deshizo de Ciudadanos para echarse en brazos de Vox, abriendo una nefasta etapa de gobierno que afortunadamente terminó el pasado verano porque así lo decidió, no Mañueco, sino Santiago Abascal, que decidió romper con el PP en los gobiernos autonómicos (no así en los municipales ni en otras instituciones que siguen cogobernadas por ambos partidos, verbigracia el ayuntamiento de Valladolid). Liberado de la atadura de la ultraderecha y de la tormentosa cohabitación con el vicepresidente García-Gallardo, Mañueco ha podido revertir algunos de los estragos causados por la ultraderecha a su paso por la Junta, especialmente los relacionados con el diálogo social, al tiempo que ha metido en un cajón engendros legislativos como la proyectada 'Ley de la Discordia' con la que se iba a derogar el decreto de Memoria Democrática (la de la Violencia Intrafamiliar, destinada a sustituir a la de Violencia Doméstica, no llegó a ver la luz). Acaso el mayor lastre de ese nefando pacto PP-Vox sea la permanencia en la presidencia de las Cortes de un presidente, Carlos Pollán, que sigue degradando de forma harto lamentable el ya de por sí maltrecho prestigio del 'mausoleo' de Villa del Prado.

Volviendo al día de hoy, lo cierto y constatable es que, tan pronto quedó atrás el paréntesis navideño, el gobierno Mañueco ha activado el botón 'en modo electoral' como si las elecciones autonómicas estuvieran a la vuelta de la esquina. En las dos últimas semanas la agenda del presidente ha estado plagada de actos institucionales programados con una puesta en escena manifiestamente electoralista, algo que no ha pasado inadvertido a una oposición socialista a la que se le está haciendo muy largo el tránsito entre la etapa liderada por Luis Tudanca y la de sucesor al frente del partido, Carlos Martínez.

Si por Mañueco fuera, habríamos acudido a las urnas el pasado otoño en unas elecciones convocadas inmediatamente después de la ruptura con Vox. Pero, aunque formalmente el adelanto electoral constituye una prerrogativa del presidente, en la práctica ni Mañueco ni ningún otro presidente autonómico del PP (excepción hecha de Díaz Ayuso, que juega aparte su propia liga), pueden activar el botón de un adelanto electoral sin contar antes con el plácet de Alberto Núñez Feijóo. Y en Génova no están por anticipar ninguna elección autonómica hasta que el PP no despeje su oscuro panorama en la Comunidad Valenciana, donde Feijóo, con tal de conservar a toda costa el gobierno autonómico, ha apostado por dar una oportunidad a un presidente, Mazón, absolutamente irredimible.

Esa encrucijada valenciana ha bloqueado cualquier posible adelanto electoral en las comunidades gobernadas en minoría por el PP y, por ende, en Castilla y León. Y ese bloqueo se mantendrá, como mínimo, hasta el próximo otoño. Ello para contrariedad de Mañueco, que, si dispusiera de manos libres, no dudaría en convocar nuevas elecciones cuanto antes, sabedor de que, tras la espantada que acaba de protagonizar García-Gallardo, pillaría sin candidato definido a su máximo rival electoral, Vox, al tiempo que reduciría al máximo el tiempo que necesita el PSOE para proyectar a lo largo y ancho de la comunidad la candidatura de Carlos Martínez.

En previsión de lo que puede ocurrir y, sabedor de que en todo caso y como muy tarde habrá elecciones en poco más de un año, Mañueco no ha esperado ni a que terminara el mes enero para iniciar un despliegue —a destacar, el relanzamiento de la vicepresidenta Blanco más allá de las competencias de su consejería— descaradamente electoral. 

Finalmente, no ha habido que esperar al 7 de enero para conocer el previsible desenlace del pulso interno mantenido para solventar el liderazgo del PSOE en Castilla y León. A media tarde de ayer saltaba la noticia de que Luis Tudanca se echaba a un lado y no optaría a un nuevo mandato en las primarias convocadas para elegir al secretario autonómico del partido. Era la decisión lógica por un apabullante conjunto de razones que resulta ocioso reiterar, por mucho que Tudanca, muy presionado por su interesada 'guardia de corps', haya esperado hasta el penúltimo día para entregar la cuchara.

Habida cuenta de todo lo que tenía en contra —empezando por Pedro Sánchez y Ferraz y continuando por las direcciones provinciales del PSOE en León y Valladolid— el propósito de Tudanca de perpetuarse en el cargo estaba condenado a un estrepitoso fracaso. Con la circunstancia personal de que le abocaría, tan pronto como acabara la presente legislatura autonómica, a registrarse como demandante de empleo en las oficinas del Ecyl.

Se ha impuesto la lógica, aunque lo que se desconoce —será cuestión de tiempo constatarlo— son las contrapartidas obtenidas por el todavía secretario autonómico antes de arrojar la toalla. En primer lugar, cuál será su propio destino una vez que concluya la legislatura y con ella su puesto de portavoz del grupo socialista en las Cortes, función remunerada con la friolera de 100.871 euros brutos anuales. Y cuál será la suerte que corra esa interesada 'guardia de corps' encabezada por la secretaria de Organización del PSCyL y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, retribuida con idéntica morterada por su función parlamentaria.

No sabemos —ni nos los van a contar— los términos de la negociación mantenida a tres bandas —Tudanca, Ferraz y el candidato oficialista, Carlos Martínez— para despejar el liderazgo del PSOE en Castilla y León. Ha trascendido —lo contó aquí de buena fuente Antonio Vega— que el todavía secretario autonómico planteó una bicefalia mediante la cual él mantendría el cargo orgánico dejando que otro candidato encarnara el cartel electoral socialista en los próximos comicios autonómicos. Pero, naturalmente, Ferraz no mordió ese anzuelo.

Vía libre, pues, para que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se convierta en el nuevo líder de los socialistas de Castilla y León, un papel para el que ha venido sonando en innumerables ocasiones sin que nunca se decidiera a dar el paso. Lo hace ahora apoyado por Ferraz con el visto bueno de los popes del partido en León y Valladolid, Javier Alfonso Cendón y Óscar Puente, asegurando —al menos hasta anteayer— que agotaría su mandato al frente de la Alcaldía soriana.

Partiendo de la base de que el relevo de Tudanca resultaba algo absolutamente imprescindible, nunca he ocultado mis dudas acerca de la idoneidad de Martínez para sucederle al frente del PSCL-PSOE. Que haya encadenado cuatro mayorías absolutas en las elecciones municipales no garantiza que sea el más indicado para encabezar el próximo cartel electoral de los socialistas de Castilla y León. Sin ir más lejos, creo que ese rol lo desempeñaría mucho mejor la también soriana Virginia Barcones, vicesecretaria autonómica del partido y, tras su abrupta salida de la Delegación del Gobierno, directora general de Protección Civil en el Ministerio del Interior. Pero, al igual que los del Señor, los caminos internos de los partidos, en este caso del PSOE, son inextricables. Ellos sabrán.

No se sabe con qué fundamento, la Junta de Castilla y León sorprendió a propios y extraños manifestando que acudía a la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander con “altas expectativas” de que en ella se concretaran acuerdos y compromisos en materias tan importantes como la vivienda, la inmigración, la Sanidad y la financiación autonómica.

Fernández Mañueco ha sido el único de los 17 presidentes autonómicos con esas expectativas, ya que todos los demás, empezando por los de su partido, no esperaban absolutamente nada de esa Conferencia, escepticismo lógico dado el abismo que separa a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en esas y en cualquier otra materia.

Al final, Sánchez se sacó de la chistera el conejo de reabrir el melón del sistema de financiación autonómica, convocando para enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano multilateral competente al respecto.

En él se verá como puede coexistir la reforma del actual modelo con la “financiación singular” comprometida con Cataluña como moneda de cambio de la investidura de Salvador Illa. Y también la posición de cada comunidad sobre la condonación de la deuda autonómica, asunto este sobre la que los gobiernos autonómicos del PP están lejos de mantener una postura uniforme.

La consigna transmitida por Núñez Feijóo de oponerse sistemáticamente a cualquier propuesta planteada por el gobierno Sánchez puede quebrarse en el momento en que cada comunidad eche sus propias cuentas y vea que aferrarse al no a todo que propugna Isabel Díaz Ayuso equivale a arrojar piedras sobre el propio tejado. Entre exabrupto y exabrupto de Díaz Ayuso contra Sánchez —su consiliario Rodríguez le ha dicho que no se distraiga embistiendo a ningún trapo tendido por Óscar López— la presidenta madrileña mantiene un dumping fiscal especialmente perjudicial para las comunidades autónomas vecinas como Castilla y León, cuyo presidente traga con ello sin rechistar. Por mucho menos, su antecesor, Juan Vicente Herrera, impugnó en los tribunales las “vacaciones fiscales” del País Vasco.

Una información del diario “El Mundo” especulando sobre un posible adelanto electoral en Baleares y Castilla y León ha reavivado los rumores sobre una nueva anticipación de los comicios autonómicos, un runrún que había remitido a raíz de la DANA valenciana, desde la cual Feijóo y el PP arrastran el pesado lastre de apoyar la ominosa actuación de Carlos Mazón.

Si por Mañueco fuera, aquí se hubieran adelantado las elecciones desde el mismo día en que Vox dio la espantada de romper la coalición mantenida con el PP en la Junta y otros gobiernos autonómicos. Pero, aunque la facultad de pulsar el botón del adelanto electoral corresponde estatutariamente al presidente de la comunidad, en la práctica, dado su alcance y repercusión sobre el tablero de la política nacional, dicha medida no puede ser adoptada sin el plácet previo de Génova.

Y Mañueco ha tenido que reprimirse las ganas en el momento en que hubiera pillado a su ex socio y verdadero contrincante, Vox, bastante a la deriva, con sondeos que situaban al PP de Castilla y León al borde de la mayoría absoluta y en todo caso en condiciones de gobernar en solitario como si dispusiera de la misma. De paso, el PSOE no habría tenido otro remedio que repetir el cartel electoral de Luis Tudanca, sin la menor duda el candidato socialista preferido por Mañueco y el PP.

En los últimos meses, y entre otras cosas gracias a la DANA valenciana, Vox ha superado ese bajón y las expectativas señalan hacia una correlación de fuerzas en la que el PP volvería a depender de nuevo de la ultraderecha. Y bien lo sabe Mañueco, que no en vano tiene en su organigrama de gobierno a un exalto ejecutivo de la demoscopia.

Salvo el desplome de “Soria ¡Ya!”, del que se beneficiaría el PSOE, principal damnificado de la eclosión electoral de la antigua plataforma soriana, y la desaparición del escaño de Ciudadanos y seguramente del de Podemos, a priori no se atisba ningún vuelco en el mapa político de Castilla y León. Eso sí, con un nuevo liderazgo al frente de los socialistas, que a la vuelta de Navidades probablemente sea proclamado sin necesidad de celebrar elecciones primarias.

Mañueco aseguraba hace unos días su propósito de acabar la legislatura, que concluye en febrero de 2026, lo cual es tanto como no decir nada, ya que eso mismo decía hace tres años, días antes de que, dejando colgada la aprobación de los Presupuestos para 2022, rompió la coalición de gobierno que mantenía con Ciudadanos para convocar unas elecciones anticipadas tras la cuales se echó en brazos de Vox con los resultados por todos conocidos.

Si Feijóo da su visto bueno a un nuevo adelanto electoral —como pronto a la próxima primavera—, Mañueco no podrá justificarlo con la coartada de que la oposición ha bloqueado la aprobación de los Presupuestos para 2025. Sencillamente, porque, pese a que las Cortes han dado luz verde al techo de gasto propuesto por la Junta, el gobierno en minoría del PP, ante el riesgo de morder el polvo durante su tramitación en el mausoleo parlamentario de Villa del Prado, no se atreve a registrar ante la Cámara el correspondiente Proyecto de Ley. Con ello al gobierno Mañueco se le ha caído la careta presupuestaria, quedando al descubierto la gran engañifa que fue la presentación, el pasado 15 de octubre, de un denominado “anteproyecto” de Presupuestos meramente propagandístico, diseñado exclusivamente de cara a la galería.

De momento, los Presupuestos de 2024, aprobados por la extinta coalición de gobierno PP/Vox, seguirán vigentes a partir del 1 de enero mediante su prórroga indefinida Un signo más del tiempo muerto que se prolongará hasta la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas cuyo resultado puede situarnos inmediatamente después en un desesperante “día de la marmota”.

A estas alturas de noviembre deberían de haberse producido en Castilla y León dos hechos de que ya están tardando en materializarse. Por orden cronológico, el primero es la sentencia judicial sobre el caso 'Perla Negra & Pufos Asociados' (asociados entre sí y con la cúpula de la Consejería de Economía que dirigía el malogrado Tomás Villanueva bajo la Presidencia de Juan Vicente Herrera). El segundo, la presentación ante el registro de las Cortes del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2025.

Lo de la sentencia a dictar por la Audiencia Provincial de Valladolid empieza a oler como la merluza “de confianza” que, según el chiste, le ofrece al comensal un maître carente de escrúpulos. Y es que se anunció por cauce oficial que la sala que ha juzgado el caso se reuniría el 22 de octubre para despachar el veredicto y esta es la fecha, cuatro semanas después, que sus señorías togadas siguen sin alumbrar su fallo tras una vista oral que quedó vista para sentencia el pasado 8 de mayo. Tanta dilación empieza a resultar mosqueante, sobre todo habida cuenta de antedecentes como la sentencia sobre el 'caso Arroyo' dictada en su día por la misma Audiencia Provincial.

Viene al caso recordar aquella sentencia (noviembre de 2013), en la que único político condenado resultó ser el que fuera alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, yéndose de rositas todos los ilustres miembros del llamado 'clan Villanueva', que se lo llevaron crudo pero calentito, bien en metálico o en especie, caso este último del exdelegado territorial de la Junta, Jesús García Galván, absuelto por prescripción del delito en una sentencia que daba por probado que recibió como regalo un chalet en la localidad coruñesa de Murgardos.

García Galván al menos se sentó en el banquillo, algo que no hicieron otros conmilitones del clan liderado por el entonces presidente del PP vallisoletano implicado de hoz y coz en la trama. Veremos si la montaña no acaba pariendo otra vez un ratón. Uno de los tres magistrados que dictaron sentencia sobre el 'caso Arroyo', Miguel Ángel de la Torre, ha formado parte del tribunal que ha enjuiciado el 'caso Perla Negra'.

Entretanto, el Gobierno de Mañueco sigue dilatando sin ninguna justificación la presentación ante las Cortes del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2025. Tras la aprobación parlamentaria, hace dos semanas, del techo de gasto la Junta ha dejado pasar dos consejos de Gobierno sin cumplir la obligación estatutaria (art. 89) de presentar el Proyecto presupuestario, sacándose de la manga una ronda de consultas a los grupos de oposición, a los que ignoró completamente antes lanzar el 'anteproyecto' presentado a bombo y platillo el pasado 15 de octubre.

La diferencia entre la sala de la Audiencia Provincial y la Junta es que la primera no tiene más remedio que emitir antes o después su sentencia, en tanto que el Gobierno de Mañueco, en evitación de un más que previsible revolcón parlamentario, puede eludir la citada obligación estatutaria e inhibirse, so pretexto de no tener garantizada la aprobación de los Presupuestos, lo que abocará a la prórroga de las cuentas vigentes en 2024.

A todo esto, el próximo viernes Mañueco cerrará en La Moncloa la ronda de encuentros mantenida por Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos, cita a la que han respondido todos excepción hecha de Isabel Díaz Ayuso, quien desde el primer momento quiso boicotear la iniciativa.

Amén de manifestar su rotunda oposición a la financiación singular de Cataluña comprometida a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa, Mañueco acudirá con la consabida carta a los Reyes Magos sobre inversiones del Estado en esta comunidad. El encuentro se produce cuando el Gobierno de Sánchez ha fijado fecha y lugar para la celebración de la esperada Conferencia de Presidentes: 13 de diciembre en Santander. Veremos si Mañueco se toma la molestia de convocar previamente a los portavoces de la oposición en busca de acudir a esa cita con posturas “de comunidad”, o se limita a mantener en ella posiciones exclusivas del PP, partido que, desde la ruptura con Vox, gobierna en minoría y sin ningún apoyo entre los demás grupos parlamentarios, situación esta última que explica su resistencia a la presentación y tramitación del Proyecto de Presupuestos.

Cuando todo el mundo daba por muerto el 'techo de gasto' presentado por la Junta para 2025, requisito preceptivo para tramitar unos nuevos Presupuestos de la Administración Autonómica, el de momento máximo mandatario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, sorprendía hace unos días dejando caer la posibilidad de permitir a la Junta salvar ese trámite mediante la abstención del grupo socialista en la votación plenaria prevista este miércoles en el 'mausoleo' parlamentario de Villa del Prado.

 Bien es cierto que una de las contrapartidas exigidas al PP para esa abstención es de imposible cumplimiento: que los diputados nacionales del PP electos por Castilla y León hagan lo mismo en el Congreso cuando el gobierno de Pedro Sánchez vuelta a presentar el 'techo de gasto' a aprobar para poder tramitar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Tudanca sabe que eso no ocurrirá de ninguna de las maneras.

Por el contrario, la otra “reciprocidad” planteada, la de que el PP facilite la aprobación de los Presupuestos municipales en los ayuntamientos en los que el PSOE gobierna en minoría, sería perfectamente factible.

Curiosamente, ya es casualidad, los dos principales ayuntamientos en esa circunstancia resultan ser los de León y Palencia, al frente los cuales están sendos alcaldes, José Antonio Diez y Miriam Andrés, ediles que, por puro posicionamiento basado en otras claves, respaldan sin reservas al actual secretario autonómico del PSOE. El miércoles saldremos de dudas si, descartada por completo la aceptación de la primera exigencia, Tudanca se conforma con la segunda, si es que el PP accede a ella.

En realidad, la Junta preferiría ver rechazado el “techo de gasto” para poder endosar a la oposición la responsabilidad de que no prosperen las inversiones contenidas en ese ficticio 'anteproyecto' presupuestario con el cual nos ha tenido entretenido en las últimas semanas. Así lo ha visto claramente el político más repudiado por el PP, que no es otro que el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, exvicepresidente en el gobierno de coalición PP-Ciudadanos, partidario de dejar que la Junta presente un verdadero Proyecto de Presupuestos que no le ahorre a Fernández Mañueco el fracaso de su posterior rechazo en el debate de las enmiendas a la totalidad. Veremos qué deciden Tudanca y su núcleo duro de aquí a la votación prevista a mediodía del miércoles.

Entretanto, la calma chicha impera entre los socialistas de Castilla y León tras el nuevo calendario fijado para la celebración de las primarias previas al próximo congreso autonómico. Tudanca ni confirma ni descarta su candidatura a un cuarto mandato al frente del PSCyL, lo que supondría todo un récord en un político que no ha logrado gobernar. Y nadie da un paso al frente como eventual candidato que afronte una renovación tras un ciclo de 10 de años con manifiestos síntomas de agotamiento.

Por su parte, al menos hasta hoy, Mañueco y los suyos no han cargado las tintas sobre el 'caso Errejón'. No sé si porque no es imputable directamente al PSOE y Sumar ni siquiera cuenta con representación en el 'mausoleo', o porque no han considerado prudente hurgar en la herida del machismo instalado en el seno de la casta política. Para esto último tienen sobradas razones, máxime después de que, vía cinematográfica, haya retornado a la actualidad el 'caso Nevenka', en el que el PP en general, y el de Castilla y León en particular, tuvo un comportamiento infame hacía una víctima que militaba en sus propias filas.

No se olvide que cuando estalló y se juzgó el caso ya ocupaban relevantes cargos públicos el propio Mañueco y su teórico número dos en el partido y actual vicepresidente primero de las Cortes, Francisco Vázquez, y, cómo no, el actual consejero de Economía y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Si a ello se añade que preguntan a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, por el protocolo interno del PP para afrontar situaciones como las protagonizadas por Errejón y contesta que tiene que consultarlo... Sin olvidar que Iciar Bollaín tuvo que rodar Nevenka en Zamora al no obtener licencia para el rodaje por parte del gobierno municipal de Ponferrada, que preside el 'popular' Marco Morala.

“Primero el país, después el partido y, por último, uno mismo”. Con esta “declaración de principios” comenzaba el comunicado con el que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, respondía a la decisión de Ferraz de suspender la convocatoria de elecciones primarias que el Comité Regional del PSOE había aprobado 24 horas antes a propuesta del máximo dirigente de los socialistas de Castilla y León. Considero de aplicación aquello de excusatio non petita, acussatio manifesta, ya que, a poco que se analice la trapacera convocatoria de esas primarias, la actuación del máximo dirigente socialista en Castilla y León se atiene sin duda a otro orden de prioridades. “Primero yo, después Luis y, por último, Tudanca”.

Debo reconocer mi error al creer que el todavía secretario autonómico del PSOE era consciente de estar completamente amortizado en ese cargo. Las razones que hacen imprescindible su relevo son apabullantes. La primera podría ser que está agotando su tercer mandato, con el que está a punto de cumplir 10 años en esa responsabilidad. Esa no tendría que ser necesariamente una razón incapacitante, pero en el caso de Tudanca el problema radica en que, desde su última derrota electoral (autonómicas adelantadas por 'Fonsi' Mañueco celebradas el 13 de marzo de 2022), su trayectoria ha sido desastrosa. 

Tras esa derrota, su primera reacción fue la de amagar con echarse a un lado y dejar paso a una renovación. Pero aquello quedó en un espejismo. Muy pronto se lo pensó mejor o fue disuadido por su interesado entorno, y de abandonar, nada de nada. Y desde entonces Tudanca no ha levantado cabeza, incurriendo en una cadena de errores -alguno no forzado, como el de expulsar de la dirección del grupo parlamentario a la numero dos del PSOE leonés, Nuria Rubio, en un particular ajuste cuentas con el secretario de los socialistas leoneses, Javier Cendón- a la que se han sumado los escabrosos casos protagonizados por los procuradores socialistas Ángel Hernández y Juan Luis Cepa.

Desesperada huida hacia adelante

Entretanto, Tudanca ha ido perdiendo apoyos fundamentales para poder mantenerse en el cargo. Con la fulminante destitución de Rubio, además de elevar a público el soterrado enfrentamiento con la dirección del PSOE leonés, el secretario autonómico no hizo otra cosa que agravar la fractura interna en el seno de los socialistas leones. Para entonces ya eran conocidas sus diferencias con el secretario provincial de Valladolid, Óscar Puente, quien, antes de ser ministro, cuando solo era alcalde, ya había criticado con dureza la línea de oposición a la Junta seguida por Tudanca. (Con ocasión del reajuste en la dirección del grupo parlamentario motivado por la salida de Hernández, que hasta su relevo ocupaba la Secretaría, Tudanca estuvo tentado de cargarse también a la vallisoletana Patricia Gómez, pero ahí se lo pensó dos veces y se echó atrás temeroso de la previsible reacción de Puente ante semejante provocación). Y por si fuera poco lo anterior, Tudanca, en su día sanchista hasta la médula, había perdido la confianza de Ferraz, como se ha puesto de manifiesto a raíz del frustrado golpe de mano con el que el todavía secretario autonómico ha intentado dificultar la génesis de una candidatura alternativa que le cierre el camino de un nuevo mandato.

Confieso que no pensaba que Tudanca había perdido el oremus hasta el extremo de echar un pulso a Ferraz forzando la convocatoria extemporánea de unas primarias en un intento desesperado de aferrarse al cargo a cualquier precio. Pese a esa desastrosa deriva en estos dos últimos años, nunca pensé que el todavía secretario autonómico alcanzaría su actual grado de ceguera. No lo digo en su descargo, pero también es cierto que Tudanca ha estado muy mal acompañado en el 'minarete' de la Ejecutiva autonómica, sobre todo después del traslado a Madrid (dirección general de Protección Civil) de la número dos, Virginia Barcones, tras su intempestivo relevo al frente de la Delegación del Gobierno. En su momento afirmé aquí que al secretario autonómico le iría mejor haciendo menos caso a la número tres, la secretaria de Organización, Ana Sánchez, y más a la número dos. No ha sido así, y así le ha lucido el pelo. Normal, cuando además de estar mal acompañado en el 'minarete', se está pésimamente asesorado por un equipo de comunicación de una incompetencia supina.

Vista la reacción del propio Tudanca y de la mencionada Sánchez ante la desautorización federal, se diría que Ferraz ha impedido el derecho de la militancia a elegir mediante primarias al líder del PSOE en Castilla y León.  Así, después de afirmar que acata la decisión de Ferraz, el todavía secretario autonómico señala en su comunicado que “se ha impedido ejercer (a la militancia) suspendiendo las primarias”. Y este mismo lunes insiste en ese argumento en declaraciones a El País. Por su parte, la todavía secretaria de Organización se permite calificar, muy torera ella, de “tamaño despropósito” dicha suspensión y clama desde su cuenta en X: “¡Devuélvanle la voz a la militancia ya!”. Vivir para ver.

Ella, que lleva lustros haciendo mangas y capirotes en el PSOE de Castilla y León y sobre todo en el de Zamora... La realidad es justamente la contraria: Ferraz lo que ha hecho ha sido preservar la limpieza e igualdad de oportunidades, suspendiendo una convocatoria que, además de interferir en el proceso previo al Congreso Federal, pretendía dificultar la presentación de candidaturas alternativas que permitieran renovar el partido en esta comunidad. Y las primarias se celebrarán aquí exactamente igual que en las demás comunidades, esto es, después del cónclave federal.

Como pollo sin cabeza

El que fuera secretario autonómico y después secretario federal de Organización, Óscar López, ha respaldado la suspensión adoptada por Ferraz, agudizando con ello aún más el aislamiento de Tudanca. Eso de andar como pollo sin cabeza, que, remedando a John Benjamin Toshack, viene atribuyendo el ahora ministro a Alberto Núñez Feijóo, bien pudiera aplicarse a Tudanca, quien por cierto llegó en su momento a la secretaría autonómica del PSOE encabezando una candidatura urdida en la sombra por López para desalojar como fuera al palentino Julio Villarrubia, al que profesaba una inquina personal de la que dejó constancia en un miserable mensaje en Twitter).

Precisamente por esto último puede resultar paradójico que la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, mano derecha de Villarrubia, haya sido la única dirigente provincial que ha criticado públicamente la decisión de Ferraz. (Pese a su estrecha relación con Tudanca, la secretaria provincial de Burgos y portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, lógicamente la ha compartido). ¿Paradójico? No tanto. Miriam Andrés, por lo demás antigua compi del alma de Ana Sánchez en Juventudes Socialistas, realmente de quien está en contra es de Pedro Sánchez, quien en su momento puso la proa a la continuidad de Villarrubia en el Congreso de los Diputados. Sucede que en política, como en otros órdenes de la vida, con frecuencia se adopta como aliados “a los enemigos de mis enemigos”. ¿O no es eso?

Pero la que se ha cubierto de gloria ha sido la diputada leonesa Andrea Fernández, quien, nada mas ser defenestrada como secretaria federal de Igualdad a raíz del nombramiento de Ana Redondo al frente del Ministerio, fue fichada por Tudanca para la Ejecutiva Regional. Su mensaje en X afirmando “no queremos un PSOE al servicio de la cosa nostra castellano y leonesa” (sic) se lo ponía a huevo al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado: “Diputada nacional del PSOE señalando a la mafia que hay en su partido. Muy bien, Pedro, muy bien...”.  

Vista tamaña metedura de pata, Fernández ha tratado de arreglarlo diciendo que “la mafia que señalo es precisamente la mediática que se sostiene y sostiene al PP de Castilla y León garantizando un status quo corrupto”. Cielo santo, me pregunto quién integrará esa “mafia mediática”. ¿Se dará por aludido el coro mediático que nutre la “fachosfera” regional? Porque puede parecer fuerte lo de mafia, pero de “fachosfera” andamos bien servidos en periódicos, emisoras de radio y en la televisión autonómica de la señorita Pepis, esa que malpaga a sus trabajadores pese a embolsarse más de 20 millones de euros anuales inyectados por la Junta a fondo perdido...

En fin, retornando al hilo, si de verdad antepusiera los intereses generales y los del partido a los suyos propios, lo más digno que podría hacer Tudanca es despedirse este martes en el pleno de las Cortes como portavoz socialista y a renglón seguido presentar su dimisión irrevocable como secretario autonómico del PSOE. Nos ahorraríamos todos -y él se haría un favor a sí mismo- el patético espectáculo de un político desahuciado por su propio partido, un zombi absolutamente incapacitado para ejercer como jefe de la oposición frente a un 'Fonsi' Mañueco al que cabe imaginar acariciando plácidamente al gato...

Aquello de que cualquier esfuerzo inútil conduce a la melancolía, que se le atribuye a Ortega y Gasset, bien pudiera aplicarse al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para 2025 que, Estatuto de Autonomía en mano, la Junta debería remitir a las Cortes a lo más tardar el próximo día 15. No se respetará el plazo, ya que a fecha de hoy el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ni siquiera ha presentado el techo de gasto que previamente debe trasladarse al “mausoleo” parlamentario de Villa del Prado.

El nuevo Proyecto presupuestario, elaborado por el primer gobierno monocolor que preside Fernández Mañueco, está abocado a acabar en la papelera. Vista la resaca que ha dejado la espantada de Vox en la Junta, no parece que la ultraderecha vaya a prestar sus votos al grupo popular; lógicamente, prefiere que se prorroguen unas cuentas, las de 2024, en las que pudo meter su cuchara. Y sin Vox al PP no le salen las cuentas para sacar adelante un Proyecto que va de suyo que los socialistas y los irredentos del Grupo Mixto (el “apátrida” Igea y el podemita Fernández) enmendarán a la totalidad.

Eso sí, a Mañueco lo anterior le importa una higa, ya que desde que Vox le hizo el favor de irse da por descontada la prórroga presupuestaria. Y que el todoterreno consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ese eterno-chico-bien-mandado-que-vale- igual-para-un-roto-que- para-un-descosido, trabaje en balde le importa todavía menos. Carriedo (cuatro veces consejero de la Junta, la primera en el siglo pasado) está acostumbrado a lo que le echen.

Más sangrante fue lo de diciembre de 2021, cuando Mañueco sacrificó unos nuevos Presupuestos a punto de ser aprobados, al disolver por sorpresa las Cortes para convocar elecciones anticipadas previa expulsión de la Junta de su socio de gobierno, en ese momento Ciudadanos. Después de haber asistido a aquello, lo de prorrogar otra vez unas cuentas se asume sin mayor trauma, aunque, eso sí, resta potencia a la crítica del PP sobre las dificultades de Pedro Sánchez para dotarse de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Mientras tanto, el PP prosigue el borrado de las aberraciones perpetradas durante su etapa de gobierno con Vox. Tras apostatar de la infame Ley de la Discordia, la reunión del pleno del Consejo de Diálogo Social ha restablecido una “seña de identidad” en la que el inefable Veganzones se ha estado ciscando con la anuencia del PP. A este paso el único rastro que va a quedar del nefasto paso de Vox por la Junta va a ser la infausta declaración de un monumento fascista, la 'Pirámide de los Italianos como Bien de Interés Cultural. Un baldón que arrastrará para siempre el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, que en ese pecado (muy venial respecto a otros suyos) lleva la penitencia. Y doy por sentado que a la Junta no se le ocurrirá subvencionar la restauración de semejante adefesio arquitectónico, que además es de propiedad privada.

Empezaba a ser llamativo el retraso de la Audiencia de Valladolid en dictar fallo sobre el caso Perla Negra/Polígono de Portillo, cuya vista oral quedó vista para sentencia el pasado 8 de mayo. Y en estas se anuncia que el tribunal ha fijado para el próximo día 22 (5 meses y medio después) la fecha en que emitirá su veredicto. Veremos cómo torea Mañueco el morlaco de la posible condena a unos altos cargos de la Junta sobre unos hechos ocurridos cuando él ya era secretario autonómico del PP (no digo ya cómo saldrá del trance el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, apoltronado tan ricamente ahora como consejero nato del Consultivo, con una soldada anual de 80.741 euros del ala).

Es lo que tiene lo de llevar tantos años en política: Mañueco ya era el número dos del PP de Castilla y León en 2002, año en el que fue condenado el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por su acoso a Nevenka Fernández. Pese a esa condena, Nevenka nunca recibió reparación alguna por parte del partido del que formó parte y acabó exiliándose ante la hostilidad encontrada en Ponferrada. Ese oprobio ha subsistido y subsiste. En él parece haberse subrogado el actual alcalde, Marco Morala, quien se ha retratado al denegar autorización municipal para rodar allí la película Soy Nevenka.

Claro que, si hablamos de las derivaciones del caso Nevenka, el que se cubrió de lodo hasta las cejas fue el entonces secretario federal de Organización del PSOE y antes secretario autonómico del partido, Óscar López, al urdir en 2013 desde Ferraz una moción de censura para desalojar al alcalde del PP con el apoyo de la agrupación política liderada por Ismael Álvarez. El fiasco fue monumental, al punto de que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se vio obligado a desautorizar la iniciativa y ordenó retirar la moción, orden que se pasó por el forro el candidato a la Alcaldía, Samuel Folgueral, quien, junto al resto de los concejales socialistas, abandonó el partido y creó su propio chiringuito político.

Aquello fue el broche del calamitoso paso de López por Castilla y León, que comenzó en 2004 como diputado cunero por Segovia, destino que no se descarta que el ahora ministro de Transformación Digital y Función Pública pudiera retomar 20 años después a fin de agenciarse un escaño en el Congreso en las próximas generales. Vistas las tragaderas de buena parte de la militancia socialista, no sería de extrañar.

De lo que no tengo ninguna duda es de que López, en su momento impulsor de la candidatura de Luis Tudanca frente a la de Julio Villarrubia, maniobrará en la sucesión del actual secretario autonómico del PSOE. Tudanca se sabe amortizado y la mejor prueba de ello es que no se haya postulado para un nuevo mandato. Y es de parvulario político que no anuncie que da por concluido su ciclo, ya que, de hacerlo, se resentiría del todo el crédito político que aún mantiene.

¿Quién puede sucederle? Sigo descartando la opción del acalde de Soria, Carlos Martínez, que enterró su futuro político con la patochada de Tardelcuende. El ridículo de presentar como candidato al ocupante de ese 'papamóvil' sería de alcance nacional. El PP y Vox tendrían la campaña hecha. No creo que la ministra Ana Redondo se deje embaucar y la burgalesa Esther Peña juega en otra liga. Y aparte de todo concurre que el mayor activo del PSOE de Castilla y León, la ex delegada del Gobierno Virginia Barcones, a mayor abundamiento vicesecretaria autonómica del partido, no parece que le haga ascos a la candidatura. Blanco y en botella

Trampantojo: “Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es” (Diccionario RAE dixit). Algo así consideran, excepto PP y Vox, todos los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León sobre la nueva Ley que supuestamente garantiza la prestación de los Servicios Públicos Esenciales gestionados por la Comunidad Autónoma. En la primera sesión plenaria del nuevo curso parlamentario, los exsocios que han compartido en los dos últimos años el gobierno de la Junta no han conseguido que ni uno solo de los otros 37 procuradores autonómicos respaldara ese brindis al sol que ambos convinieron antes de su abrupta ruptura (abrupta por parte de la ultraderecha, que fue quien rompió, y a mayor gloria del PP, que se ha sacudido de encima ese lastre y ha pasado a disponer en su totalidad del centenar de altos cargos del Ejecutivo autonómico).

Nadie, ni siquiera los pardillos de “Soria ¡Ya!”, han comprado una mercancía averiada que no garantiza absolutamente nada. Afirma el procurador socialista en materia sanitaria, Diego Moreno, que dicha Ley tiene como objetivo “crear la imagen ilusoria de que al PP le preocupa algo el medio rural”. Personalmente, estaría plenamente de acuerdo si suprimiera de la frase “el medio rural” y lo sustituyera por “los servicios públicos”. Porque los problemas de la Sanidad, la Educación, la Dependencia y otros servicios no son exclusivos del mundo rural. También los sufren y padecen los urbanitas.

El anterior vicepresidente de la Junta y heroico superviviente electoral del naufragio “ciudadano”, Francisco Igea, es más explícito y equipara la Ley en cuestión al famoso “timo de la estampita”, el cual, por increíble que parezca, no ha caído totalmente en desuso.Pero lo más revelador del debate parlamentario corrió a cargo del portavoz adjunto del grupo popular, Miguel Ángel García Nieto, quien por cierto ha visto frustradas sus expectativas de ascender a portavoz titular, cargo en el que Alfonso Fernández Mañueco ha ungido al leonés Ricardo Gavilanes, en un movimiento con el que intenta apuntalar la precaria presidencia provincial del PP de León que, por idéntico procedimiento digital, adjudicó en su día a la diputada Esther Muñoz, posteriormente aupada a una de las vicesecretarias sectoriales (precisamente la de Sanidad y Educación) que integran la cúpula fichada por Núñez Feijóo en la calle Génova. 

Argumenta García Nieto que la Ley tiene como objeto blindar la excelencia que a juicio del PP tienen los servicios esenciales prestados en la actualidad por la Administración Autonómica, de forma que estos solo pueden cambiar si es a mejor, nunca en detrimento de su alto nivel de calidad. Y yo me pregunto, ¿de donde puede proceder la amenaza de deteriorar, vía recortes presupuestarios, la calidad de la Sanidad, la Educación, la Dependencia y demás Servicios Sociales que presta la Junta? Y no encuentro otra respuesta que del PP, que a fecha de hoy no ha revertido los recortes aplicados a raíz de la crisis de 2007, no ha recuperado la titularidad y gestión publica de ese agujero negro que ha sido y es el Hospital de Burgos y que, después de 35 años gobernando la Comunidad, no parece que vaya a dejar de hacerlo tras las próximas elecciones autonómicas. Conclusión: El PP se ha dotado de una Ley para blindarse de sus propias tentaciones. Como diría el malogrado Tomás Hoyas, tiecojó la cosa...

Todo esto en vísperas de que “Fonsi” Fernández Mañueco inicie ese viaje hacia ninguna parte que supone convocar a los partidos de oposición sin ningún “pacto de comunidad” en el horizonte. En el pasado, durante el mandato del añorado (añorado, aclaro, por el PSOE de su paisano Luis Tudanca) Juan Vicente Herrera, lo más socorrido era firmar un acuerdo sobre las bases de lo que debiera ser un modelo de financiación autonómica que garantizara la suficiencia financiera de la Junta justamente para atender los servicios esenciales. Ya ni eso. Y no solo porque la “financiación singular” comprometida por el gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña ha profundizado hasta niveles insalvables la brecha entre PP y PSOE. También porque los socialistas han introducido en la ecuación un factor que antes se pasaba por alto: los regalos fiscales, en forma de exenciones y rebajas, introducidos año tras año por la Junta en beneficio mayormente de los patrimonios y rentas más altas.La “celeridad” de la Junta.- Una brecha abierta entre los dos principales partidos abierta a causa de la Ley de Amnistía, que el gobierno Mañueco, a través de su ínclito consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional “con la máxima celeridad posible”. Pues bien, la Junta ha formalizado su recurso el pasado martes 10, un día antes de que expirara el plazo para ello y un día después de que lo hicieran otros siete gobiernos autonómicos, seis del PP y el que preside Emiliano García Page en Castilla -La Mancha. 

A la vista de ello queda en evidencia, si es que ya no lo estaba, la desfachatez de “Fonsi” Mañueco cuando convocó y celebró un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente el sábado 4 de noviembre de 2023 para anunciar que impugnaría una ley que el Congreso de los Diputados no aprobó hasta el 31 de mayo de 2024. Y ello para luego presentar el recurso en el limite de plazo que expiraba el miércoles pasado, tres meses de la publicación de la Ley en el BOE. Celeridad sí, Luismi, pero para utilizar los medios públicos e instrumentar la Junta al servicio de su sistemática oposición partidista al gobierno de la nación.

En fin, el morbo del primer pleno de las Cortes a la vuelta de las vacaciones residía en ver al exvicepresidente de la Junta, el ultraderechista Juan García-Gallardo (Ga-Ga jr.) debutando como portavoz parlamentario de Vox.Definitivamente, Gallardo no sabe si mata o espanta. Reivindicar a estas alturas de la película su delirante protocolo contra el derecho al aborto o el Proyecto de Ley de la Discordia, que le costó a la Junta un rapapolvo desde la ONU, demuestra que sigue estando fuera de este mundo. Afortunadamente, el único legado que quedará de su nefasto paso por la Junta será la declaración como “bien de interés cultural” de la infame Pirámide de los Italianos con la que el Caudillo Francisco Franco homenajeó a los fascistas enviados por Mussolini para ayudarle a derrocar al gobierno republicano legítimamente constituido en 1936. 

Pase que el actual gobierno Mañueco no revoque esa declaración, con el bochorno que ella supuso para el antiguo antifranquista Gonzalo Santonja, agarrado como una lapa a la consejería de Cultura, pero espero que a la Junta no se le ocurra destinar un euro para su restauración, más que nada porque sabe que ello supondría un monumental escándalo, máxime cuando además el engendro es de propiedad privada. Bastante bochorno es que, pasándose por el forro la Ley de Memoria Histórica, semejante adefesio fascista haya sobrevivido a la piqueta

Hablando de la Ley de la Discordia, con la que se retrató ideológicamente el anterior portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, ahora eurodiputado del PP, me ha dejado estupefacto la entrevista-masaje (no quiero saber si con final feliz) que hace unos días le practicó un diario vallisoletano. Si el falazmente autotitulado decano de la prensa española ha mutado desde “L'Osservatore herreriano” al “Pensamiento alfonsiano”, su competencia provincial es directamente “La Monda”.

A estas alturas de la película no hace falta que les cuente que en política vale casi todo, y ello es así porque a la hora de votar el electorado lo permite. Salvo en el caso extremo de la gran patraña urdida por José María Aznar con ocasión de los atentados islamistas del 11-M en Madrid, la mentira no suele ser penalizada en las urnas. Sin embargo, esa patente de corso que la clase política cree tener a veces juega malas pasadas en episodios puntuales objetivamente mucho menos graves que el de mentir sistemáticamente y a sabiendas sin el menor escrúpulo.

Pondré un ejemplo. Al que fuera alcalde de León, Mario Amilivia, actual presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León y antes del Consejo Consultivo, le pasó una onerosa factura política la revelación de que entre los gastos de Alcaldía incluyera el de la gomina utilizada para fijar su cabellera. Amilivia pasó a ser conocido en toda España como 'el alcalde de la gomina' y ello lastró su carrera política. Hay quien dice que era el ojito derecho del entonces presidente de la Junta, Juan José Lucas, y que, de no ser por ese episodio, hubiera sido el elegido por el estadista de El Burgo de Osma para sucederle en la presidencia de la comunidad.

Y saco a colación dicho antecedente con motivo del episodio protagonizado por el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, cuya foto encaramado a un simulacro de 'papamóvil' en un festejo popular ha dado la vuelta al universo patrio (eso que dicen que se ha hecho viral). Ni siquiera ha sido en las fiestas de la capital soriana, sino en una suerte de carnaval celebrado en el municipio de Tardelcuende. Utilizando una escobilla de water a modo de hisopo para esparcir no se sabe qué a los viandante desde el trono 'papal' montado sobre el techo de un turismo que tiene toda la pinta de no haber pasado la ITV. No sé si será verdad, como rezan algunas crónicas, que el desfile se produjo tras una comida “copiosa”, pero la frivolité es de las que hacen época.

Tanto como para arruinar cualquier futuro político. Alcalde de Soria ininterrumpidamente desde 2007 —lo cual, todo hay que decirlo, tiene mucho mérito—, Martínez hace tiempo que llevaba buscando su proyección política más allá de San Polo y San Saturio.

En su momento se sumó a la aventura emprendida por la desaparecida Carme Chacón para suceder a Zapatero, formando parte del núcleo duro que constituyó la exministra de Defensa. Pero la derrota de ésta a manos de Rubalcaba frustró esa tentativa. Al margen de aquella escaramuza, el nombre del alcalde soriano ha estado mucho tiempo circulando como posible candidato a liderar el Partido Socialista de Castilla y León.

Sonó cuando pegó la espantada Óscar López y cuando cayó en desgracia Julio Villarrubia, pero al final nunca dio el paso. Y ahora, cuando todo apunta a que Ferraz anda buscando sucesor de Luis Tudanca, había vuelto a emerger su posible candidatura. Y digo había porque, después de su paseo en el 'papamóvil', pienso que su opción ha de darse completamente por descartada.

Su imagen “viral” protagonizando esa payasada resulta letal para cualquier aspiración política. Pienso que incluso para volverse a presentar por quinta vez a su reelección como alcalde de Soria. Así pues, ya sabemos de uno que no sucederá a Tudanca.

A todo esto, cuando se supone que España se está rompiendo en pedazos tras el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana, el día en que Puigdemont ha vuelto en dejar en ridículo a la Policía Nacional y a la autonómica catalana, el gobierno monocolor de Fernández Mañueco está desaparecido. Al punto que con la que se supone que esta cayendo, esta semana no se ha celebrado Consejo de Gobierno. ¿Ande andarán el presidente, la flamante vicepresidenta y demás ilustres componentes del Ejecutivo autonómico?

Salvo el de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de guardia por el alto riesgo de incendios forestales, y la de Agricultura, María González Corral, los demás no se sabe donde paran. Desde un ignoto lugar, Mañueco se ha limitado a publicar un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter), en el que dice que “Puigdemont, con el apoyo de Sánchez y sus socios separatistas, ha vuelto a reírse de todos los españoles”.

Antes de desaparecer de escena, cuando se conoció el acuerdo PSOE-ERC que franqueaba la investidura de Salvador Illa, el presidente de la Junta anunció “una batalla judicial sin precedentes” para impedir lo que considera “un robo a Castilla y León”. No dijo que emprendería dicha batalla “con la máxima celeridad posible”, como anunció en julio el consejero de la Presidencia, González Gago, en relación con el recurso contra la Ley de Amnistía que lleva camino de presentarse en septiembre.

Así pues, dada la desbandada estival del gobierno Mañueco no sabemos lo que pensará respecto a los últimos datos conocidos en materia demográfica, según los cuales mientras España bate un nuevo récord de población, Castilla y León es una de las pocas comunidades que sigue perdiendo habitantes. Menos mal que con la “fuga” al Parlamento Europeo del hasta ahora portavoz del grupo popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, quien oficialmente sigue sin haber sido sustituido, el problema demográfico se solucionará en un pispás...

Aplicar la lógica política al uso a un partido tan irracional como Vox conduciría no ya a la melancolía originada por los esfuerzos inútiles, sino a algo tan poco deseable como que te reviente a la cabeza. De modo que huelga buscar explicación a la decisión caudillista de Santiago Abascal de romper los pactos que la ultraderecha venía manteniendo con el PP para cogobernar cinco comunidades autónomas (con Castilla y León a la cabeza, que en esto resultó tristemente pionera).

Si el acierto o eficacia de las cosas se mide por la reacción de los adversarios y enemigos políticos, Abascal ha conseguido que su principal adversario electoral Alberto Núñez Feijóo y su gran enemigo ideológico Pedro Sánchez celebren con similar alegría —eso sí, cada uno por separado— el tiro en la rodilla que acaba de darse el líder de la extrema derecha patria.

A Alfonso Fernández Mañueco y demás presidentes obligados a lidiar con Vox no se les podía hacer mayor favor que el que les ha hecho Abascal. Con ganas se han quedado de celebrarlo con cava catalán, ese espumoso cuyo consumo boicoteó en su día la derecha española a modo de represalia contra el soberaniismo catalán (luego se enteraron que el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, no era precisamente independentista).

Junto a ello, el máximo dirigente de Vox ha provocado un cisma interno de consecuencias aún por conocer, al imponer una ruptura con la que no estaban de acuerdo gran parte de los afectados/damnificados por la misma. Entre los que discrepaban porque querían seguir en el machito estaba el vicepresidente único (e irrepetible) de la Junta, Juan García-Gallardo Frings, quien no ha tenido más remedio que acatar y justificar la imposición de Abascal. Justificación por cierto basada en un argumento completamente falso: el incumplimiento del pacto de gobierno suscrito por ambos partidos en Castilla y León.

Como debería saber Gallardo, más que nada porque estampó su firma, dicho pacto no menciona para nada a los inmigrantes menores de edad que llegan a España no acompañados, esos a los que la extrema derecha llama despectivamente 'menas', cuando no redomados delincuentes de credo infiel que ponen en riesgo la seguridad y bienestar de los españoles de bien.

El único punto de dicho pacto referido al fenómeno de la inmigración es así de parco: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. (punto 32 y último del acuerdo, fechado el 22 de marzo de 2022). Como tampoco figuraba en el pacto el protocolo antiaborto como que trató de colar Vox en los hospitales de la comunidad, asunto que asimismo ha incluido el ya exvicepresidente entre los incumplimientos del PP. García-Gallardo se ha visto obligado a dimitir, pero no se queda sin momio político.

Gallardo, un 22% de subida de sueldo

Simultáneamente a su dimisión, y, sin que haya mediado reunión alguna con los otros 12 procuradores del partido ultra con escaño en las Cortes de Castilla y León, el hasta ahora número dos de la Junta ha anunciado que será el nuevo portavoz parlamentario del grupo de Vox. García-Gallardo desplaza de ese cargo al procurador salmantino Carlos Menéndez, un cambio que económicamente no le va a resultar precisamente oneroso:

Frente a la retribución anual de 80.741 euros asignada a la vicepresidencia de la Junta, pasa a percibir los 98.337 euros que se levantan los portavoces titulares de los grupos y miembros de la Mesa de las Cortes, lo que supone un incremento salarial nada menos que de 17.596 euros (un 21,8 por ciento).

No corren la misma suerte los exconsejeros de Industria y Agricultura, Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas, que cesan en sus respectivos cargos sin reenganche político, mientras Fernández Mañueco ha decidido mantener al frente de la consejería de Cultura a Gonzalo Santonja, el último de los consejeros nombrados en su día a propuesta de Vox. A Santonja no podrá reprocharle falta de lealtad quien apadrinó su nombramiento, que no fue otro que el fallecido Fernando Sánchez Dragó, no por casualidad Premio Castilla y León de las Letras a título póstumo. Tras la salida de Veganzones (tanta tranquilidad como descanso deja) y Dueñas, queda por ver qué deciden sus sucesores sobre los altos cargos de ambas consejerías.

En menos de 24 horas Mañueco ha cerrado la “crisis” provocada por Vox. Ha suprimido la estructura de la vicepresidencia, otorgando el rango de vicepresidenta a la consejera de Familia, la zamorana, Isabel Blanco, que pasa a ser la número dos de la Junta. La larga mano del compadre Fernando Martínez Maíllo, se deja notar a su vez en el ascenso de la hasta ahora delegada territorial en Zamora, Leticia García, ascendida a consejera de Industria. Por su parte, el secretario regional del PP, Francisco Vázquez Requero de Lama, ha conseguido promocionar al delegado territorial en Segovia, José Luis Sanz Merino, como nuevo consejero de Movilidad. Mañueco deja pendiente de resolver la vacante que deja el todavía portavoz del PP en las Cortes, Raúl de las Hoz, tras su elección como eurodiputado.

Los daños que se ha infligido a sí mismo Vox podrían haber sido mayores si Abascal, temeroso de generar mayores defecciones, hubiera impuesto la ruptura en las Mesas de los Parlamentos y en los importantes ayuntamientos, entre ellos los de Valladolid y Burgos, en los que PP y Vox se repartieron en su momento el pastel. Se acabó la fiesta (Alvise dixit), aunque no para todos.

A propósito del permanente viaje al centro mantenido por el PP desde su refundación, pronunció Alfonso Guerra una de esas frases lapidarias que prodigaba en sus buenos tiempos, nada que ver con el actual personaje que ha perdido a la vez el gracejo y el oremus. “Llevan años viajando al centro y nunca acaban de llegar. ¿De dónde vendrán, que tardan tanto en llegar?”, se preguntaba el político sevillano.

Si partimos de la base meramente geográfica de que para estar en el centro hay que tener a alguien tanto a la izquierda como a la derecha, el PP de José María Aznar nunca estuvo en el centro, ya que no había absolutamente nada a su derecha. Y con Mariano Rajoy cabe decir lo mismo hasta las elecciones celebradas en 2019, en las que irrumpió por primera Vox en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo y en algunas comunidades autónomas.

Hasta entonces, el PP aglutinaba por todo el voto de derechas, desde la más moderada a la nostálgica del franquismo que a partir de ese año migró hacia Vox. Simultáneamente, en 2019 irrumpe en escena Ciudadanos, que ocupa ese teórico espacio político de centro supuestamente equidistante —luego comprobaríamos que no— entre PP y PSOE.

Después de décadas en busca del centro, la autodestrucción de Ciudadanos y la consolidación de Vox despejaban teóricamente el terreno para que el PP, si no puramente de centro, pudiera pasar por un partido de centro derecha. Pero, una vez fagocitado el electorado de Ciudadanos, la obsesión de Alberto Núñez Feijóo por recuperar a la vez a los antiguos votantes fugados a Vox ha desembocado en un brusco giro a la derecha en el que el PP aparece cada vez mas mimetizado con el partido ultra de Santiago Abascal.

Este mimetismo —inevitable por otra parte cuando se comparte gobierno en cinco comunidades autónomas y más de un centenar de importantes ayuntamientos— se pone manifiesto día sí día también. Feijóo dio una nueva vuelta de tuerca en la pasada campaña electoral de las elecciones europeas, en la que endureció su discurso ante la inmigración con términos muy similares a los utilizados por la extrema derecha, al tiempo que homologaba la figura de Giorgia Meloni, la ultraderechista en sintonía con Abascal.

La performance coprotagonizada la pasada semana en Madrid por Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei ahorra mayor comentario acerca de la complicidad e identificación de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño con un personaje que, después de haber insultado y difamado al mismísimo Papa, su compatriota Francisco, considera que la justicia social es “aberrante” y que los impuestos son una “incautación”.

Xenofobia y racismo en Villaquilambre

No solo es en el Madrid de Diaz Ayuso donde se evidencia ese mimetismo entre la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox. Lo ocurrido en los últimos días el municipio de Villaquilambre, población de alfoz de León próxima a los 19.000 habitantes, no puede ser más significativo.

La campaña xenófoba y racista promovida por el portavoz municipal del PP, Manuel García, contra la llegada desde Canarias de 180 migrantes africanos trasladados a un centro de acogida temporal habilitado por el ministerio de Inclusión Social y Migraciones no puede ser más execrable. Al lado de ella, la visita realizada en octubre a Medina del Campo por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, alarmando a la población ante la llegada de otro contingente de migrantes al balneario Las Salinas es poco más que anecdótica.

Y Manuel García no es un recién llegado a la política. Ha sido alcalde de Villaquilambre durante once años, procurador del PP en las Cortes de Castilla y León y, en 2021, alentado por determinados cantos de sirena, se postuló para presidir el PP de León, retirando en el último momento su candidatura para impugnar el proceso. En 2022, al renunciar su rival a la Presidencia, García retiró su impugnación, acatando el nombramiento a dedo de la actual presidenta provincial, Ester Muñoz, a la sazón vicesecretaria nacional de Educación y Sanidad en el Comité de Dirección nombrado por Núñez Feijóo.

¿Ha desautorizado Muñoz la actitud xenófoba y racista del portavoz del PP en Villaquilambre? No me consta. Ni me sorprende, conocida la trayectoria y el credo ideológico de la presidenta del PP leonés, quien, como vicesecretaria nacional del partido ha calificado de “normal” la alfombra puesta por Díaz Ayuso al ultra que preside la sufrida República Argentina. Tampoco ha dicho esta boca es mía Fernández Mañueco, en tanto que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, preguntado al respecto, se ha puesto de perfil como acostumbra cada vez que se le plantea cualquier asunto escabroso.

Y un apunte final abundando en lo mismo. La consejería de Cultura ha iniciado la tramitación para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa-Museo de Antonio Machado en Segovia. Ignoraba yo que no lo fuera ya y, aunque sea con años de retraso, me felicito por la iniciativa.

Pero al mismo tiempo no puedo por menos que expresar mi perplejidad, que no extrañeza, ante el hecho de que el actual consejero, Gonzalo Santonja, antiguo profesor de Literatura en Segovia, haya priorizado la declaración como BIC de la Pirámide de los Italianos, ese engendro levantado en homenaje a los fascistas enviados por Mussolini en apoyo a la sublevación militar de 1936, por delante de la antigua morada machadiana.

Si a estas alturas mantiene su vieja aspiración de ingresar en la Real Academia, cosa que dudo, dicha priorización no parece que vaya a beneficiar en nada tan ensoñada aspiración.

En la España tardofranquista de finales de los 60 la imagen de Joan Manuel Serrat, un cantautor de la 'nova cançó' que ya había grabado algunas canciones en castellano, quedó empañada fuera de Cataluña cuando, inopinadamente, se negó a acudir al festival de Eurovisión de 1968 si no se le permitía interpretar en catalán la canción elegida, el famoso 'La, la, la' compuesta por el Dúo Dinámico.

Muchos pensaron que el 'Noi de Poble Sec' había dado un paso en falso y que su carrera a partir de ese momento se replegaría de nuevo al ámbito catalán. Pero por fortuna no fue así. Solo un año después, su antológico disco dedicado a Antonio Machado le reconcilió con todos los españoles. Quien suscribe, que cursaba entonces el Bachillerato en Segovia, tuvo la suerte de tropezar con una profesora de Literatura que nos dio a conocer la obra de Machado escuchando en clase 'Cantares', 'Retrato', 'A un olmo seco', 'Las Moscas', 'Españolito', 'La saeta' y demás poemas musicados por Joan Manuel.

Pese a la indeleble huella literaria y social dejada durante sus 12 años impartiendo clases en un vetusto Instituto de la ciudad, los adolescentes segovianos desconocíamos por completo la dimensión de aquel profesor de 'torpe aliño indumentario' que residió ese tiempo en una fría habitación de una modesta pensión de la calle, toda una premonición, de los Desamparados.

Gracias en buena medida a Serrat, muchos descubrimos durante ese tardofranquismo a don Antonio, y otro tanto podemos decir acerca de Miguel Hernández, otro gran poeta prematuramente fallecido víctima de su penoso, injusto e injustificable cautiverio en las prisiones franquistas.

Solo por lo apuntado mi deuda de gratitud con Joan Manuel es impagable. Y estamos hablando de los primeros años de una carrera que se ha prolongado durante más de cinco décadas, con decenas de discos, cientos de canciones y multitud de actuaciones en directo en medio mundo. La última vez que tuve ocasión de asistir a una de ellas fue precisamente en Burgos, en el Foro de la Evolución humana, donde desgranó lo mejor de su repertorio durante dos horas que discurrieron como un suspiro.

Serrat es una artista universal que aparece en la banda sonora de varias generaciones españolas y de otros muchos países. La revista Rolling Stone eligió 'Mediterráneo' como mejor canción del siglo XX en lengua castellana, pero son muchas sus composiciones que han marcado época. Personalmente, tengo media docena entre las que me es difícil elegir, pero, en la actual coyuntura política mundial, a menudo suscribo plenamente la letra de 'Algo personal'.

En octubre recibirá en Oviedo el premio 'Princesa de Asturias de las Artes', galardón al que hace mucho tiempo se hizo acreedor. Si Bob Dylan, que recibió este mismo galardón sin dignarse en acudir a recogerlo, fue galardonado después con el Nobel de Literatura, cabe preguntarse si Joan Manuel no atesora tantos méritos como el cantautor estadounidense. Galardones aparte, Serrat es un artista universal que, UNESCO al margen, es Patrimonio de la Humanidad.

Leo por ahí que desde el cuartel general de Ferraz se ha transmitido a los dirigentes del PSOE la consigna de no contestar las críticas y descalificaciones con las que se despachó Felipe González contra Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en la entrevista-masaje que le practicó la otra noche Pablo Motos el del El hormiguero. Inteligente estrategia. Apenas tres horas antes de que arrancara la campaña de las elecciones europeas, González compareció en el programa más visto en la franja horaria de mayor audiencia justo para eso: para poner a parir a Sánchez, y todavía más a Zapatero, echándole así una buena ración de carnaza al PP.

Un día antes había comparecido, junto a Alfonso Guerra y Emiliano García-Page, en la presentación de un libro del expresidente de Aragón, Javier Lambán, expedientado por negarse a votar en el Senado la Ley de Amnistía. “Si le sancionan por eso, me sancionan también a mí”, dijo el primer presidente socialista de la etapa democrática. Qué mas quisiera él que en Ferraz le abrieran un expediente disciplinario para poder hacerse la víctima de unos dirigentes a los que no traga ni en pintura.

González, que en su momento acuñó la expresión “jarrón chino” para describir la condición de los ex presidentes del Gobierno, considera inaudito que los dirigentes que le han sucedido al frente del partido y/o del gobierno se hayan permitido tener autonomía frente a su excelsa persona. En el caso de Sánchez, hay algo que no le perdonará mientras viva: ganó por goleada las primarias a Susana Diaz, que era la candidata bendecida por él, por Alfonso Guerra y toda la vieja guardia en la que se alineaban personajes que después se han ido retratando, como Joaquín Leguina, José Luis Corcuera y Nicolás Redondo Terreros, los tres actualmente fuera del partido. Derrota imposible de digerir por un ego del tamaño que se gasta el endiosado González.

Tengo menos claro a qué obedece su inquina personal contra Zapatero, al que dedicó sus peores denuestos. Cierto que ZP, con su cerrazón a reconocer la crisis financiera de 2009, dejó al PSOE a los pies de los caballos, sirviendo en bandeja la mayoría absoluta conseguida por Mariano Rajoy en 2011. Argumenta FG que ZP dejó tirado a Alfredo Pérez Rubalcaba, que ese sí que era mas felipista que Felipe y se comió aquel marrón. Pero la memoria de González, como la de todos, es muy selectiva, y olvida cómo él y su partido concurrieron a las elecciones de1993 y 1996: con un récord de casos de corrupción que no se lo comía ni Magú. Y no solo de corrupción económica: durante su mandato entró en acción el GAL, modalidad de terrorismo de Estado por la que sería condenado el exministro de Interior, José Barrionuevo, y otros altos cargos de Interior que, aprovechando que el Pisuerga pasaba Por Valladolid, se repartieron “autoindemnizaciones” y se autorregalaron joyas con cargo a los fondos reservados.

A diferencia de ZP, que al parecer dejó tirado al taimado Rubalcaba; él, que dice que se enteró por la prensa de que la cúpula de su Ministerio del Interior había montado una banda terrorista financiada con dichos fondos reservados, fue muy solidario con Barrionuevo, al que acompañó y dio una palmadita en la espalda el día que ingresaba en la prisión de Guadalajara. Lecciones de ética política e integridad moral, señor X, las justas.

Naturalmente, Motos no le preguntó a González por los GAL ni por ninguno de esa infinidad de casos de corrupción que jalonaron su etapa de gobierno. Y, eso sí, el expresidente se reivindicó como artífice del derecho a la Sanidad y a la Educación Pública con carácter universal, lo cual nadie lo discute. De la jugada de trilero del referéndum de la “OTAN, de entrada no”, mejor no hablar que me caliento. (Una diferencia: mientras él nos metió fuleramente en la Alianza Atlántica, Zapatero cumplió su promesa de retirar las tropas españolas de Irak). De sus estrechas relaciones con presidentes socialistas tan corruptos como el venezolano Carlos Andrés Pérez y el italiano Bettino Craxi, corramos otro estúpido velo, aunque haga al caso recordar la privatización de Galerías Preciados, empresa que, tras la expropiación de Rumasa en 1983, fue adjudicada al grupo venezolano de su amigo Gustavo Cisneros por 1.500 millones de pesetas. Cisneros, luego prófugo de la Justicia venezolana, lo vendió años después a la sociedad británica Mountleigh por 30.000 millones. Un pelotazo récord propiciado por el primer presidente socialista de la actual democracia española.

Además de todo lo apuntado y de tomar la “puerta giratoria” que le condujo al Consejo de Administración de Gas Natural, González ha sido o es asesor del multimillonario mejicano Carlos Slim y cultiva “amistades peligrosas” proclives a los negocios turbios, tales como la del empresario hispano-iraní Farshad Zandi, al que recomendó al dictador sudanés Omar al-Bashir, o la del abulense Jesús Barderas, este último residente en la República Dominicana y a la sazón cuñado y tío carnal (padre e hijo) de sendos asesores de libre designación del gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco.

En fin, en El hormiguero Felipe González aparentó ser el político cabal y respetable que hace décadas dejó de ser. Hoy es un potentado con un patrimonio multimillonario amasado a base de tráfico de influencias que nada tiene que ver con aquel que gastaba chaqueta de pana cuando era oposición a Adolfo Suárez. El actual González responde más bien a la caricatura que aparece junto a la de José María Aznar, en plan compadres (tal para cual) en El intermedio de Wyoming parodiando a Faemino y Cansado. Dice el topicazo que quien de joven no es de izquierdas, no tiene corazón, y el que el de que adulto no es de derechas, no tiene cabeza.

La verdad es que hoy las organizaciones juveniles del PP y de Vox acaparan a la mayor parte de jóvenes con militancia política. Y resulta extraño que algún antiguo dirigente derechista acabe pasándose en su tercera edad a la izquierda. Pero lo contrario, esto es, que antiguos izquierdistas se mimeticen con la derecha más rancia está a la orden del día.

Sin ir mas lejos, Alfonso Guerra, otro de los antisanchistas más jaleados en los diarios, emisoras y programas televisivos integrantes de la “fachosfera”. Si el deslenguado número dos del PSOE en los primeros años de la transición, ese que llamaba a Suárez “tahúr del Mississippi” y a la primera ministra de la democracia, Soledad Becerríl, “Carlos II vestida de Mariquita Pérez” (sic), se viera hoy en el espejo no dudaría en calificarse a sí mismo de un esperpento (nunca mejor dicho), carca, cavernario, retrógrado y machista.

Más arriba he citado a unos cuantos, pero hay muchos más y no pocos en esta comunidad, verbigracia el burgalés Juan José Laborda, el político que con su sublime torpeza regaló a Aznar la victoria electoral en las elecciones autonómicas de 1987. Por contra, el que fuera primer presidente de la Junta de Castilla y León, el octogenario Demetrio Madrid, es de los pocos que ha seguido siendo fiel a sus principios. Toda una rareza a estas alturas del siglo XXI. No todo el mundo envejece políticamente tan mal...

Sus señorías con escaño en el mausoleo de Villa del Prado y el gobierno PP-Vox echaron ayer la mañana debatiendo el informe anual del Procurador del Común, que, como de costumbre, puso ante el espejo la gestión de los servicios públicos que presta la Administración autonómica, que en la práctica están lejos de alcanzar el grado de eficiencia y calidad de las que presumen los gobernantes cada vez que se les reprochan las deficiencias de la Sanidad, la Educación y otras materias de su competencia.

Como no podía ser de otra forma, salió a colación el estado de bloqueo en que se encuentra la renovación del Procurador y las otras tres instituciones propias de la comunidad, los Consejos Consultivo y de Cuentas y el Consejo Económico y Social. Aunque el socialista Luis Tudanca no lo recuerde, no es la primera vez que dicha renovación se dilata sin motivo alguno. La novedad es que en otras ocasiones el retraso había sido de mutuo acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, mientras que en esta es el PP el que unilateralmente mantiene bloqueada la negociación. 

Me da que el retraso se va prolongar hasta que se despeje la decisión que pueda tomar Pedro Sánchez si Alberto Núñez Feijóo sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si el PSOE y sus socios se deciden a modificar la normativa para rebajar a simple la actual mayoría cualificada, podemos encontrarnos con que el PP y Vox hagan lo propio respecto a las instituciones autonómicas. (Por cierto, hace falta tener un rostro de cemento armado para culpar a Sánchez del bloqueo del CGPJ, como ha hecho Feijóo sin cortarse un pelo en la entrevista-masaje que le practicó el pasado lunes Federico Jiménez Losantos).

Alarmado por el informe de los relatores de la ONU sobre las Leyes de la 'Discordia' con las que ha tragado el PP a cuenta de sus pactos con Vox, desde Génova se ha ordenado ralentizar al máximo la tramitación de las mismas tratando de retrasar su aprobación hasta después de las elecciones europeas. 

Trapisonda en Segovia

En ese mismo propósito del PP de minimizar el coste electoral que le produce su incómodo socio de gobierno, hay que enmarcar la trapisonda política protagonizada estos días por ambos partidos en torno al Ayuntamiento de Segovia. El pasado fin de semana los segovianos conocieron a través de la portavoz de Vox el documento firmado el 18 de abril entre ella misma y el alcalde de Segovia, José Mazarías, para dotar de estabilidad al gobierno municipal. El acuerdo conllevaba la incorporación de la ultraderecha al equipo de gobierno, donde asumiría una concejalía de nueva creación. Nada diferente a los pactos de gobierno existentes en otros ayuntamientos de la comunidad, tales como Valladolid y Burgos. 

Sin embargo, la dirección nacional del PP hizo sus cálculos electorales y acordó posponer la presentación del pacto hasta después de los comicios europeos, una dilación rechazada por Vox, que ha decidido no esperar más y dar a conocer el acuerdo. Y tres días ha tardado el alcalde Mazarías en explicar, y de forma un tanto confusa, el entuerto, buscando argumentos fútiles para no reconocer que ha sido el retraso impuesto por Génova el detonante que ha hecho saltar el pacto por los aires. 

El asunto no ha dejado tampoco en el mejor lugar al secretario autonómico —que no número dos— del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, quien obviamente había autorizado el acuerdo. No se olvide que Vázquez, ex presidente provincial del PP, sigue controlando el partido en Segovia, cuya presidenta, Paloma Sanz, no es más que una especie de vicaria suya. (En lo de sufrir desaires desde Génova, Sanz tiene sobrada experiencia, ya que, con ocasión de las elecciones municipales de 2019, vio cómo Pablo Casado le tumbaba sucesivamente los dos nombres que propuso para optar a la Alcaldía de Segovia. El primero devuelto al corral fue precisamente Mazarías y lo del segundo, el ahora delegado territorial de la Junta, José Luis Sanz Merino, todavía fue mas sangrante, ya que supo que se había caído de la candidatura la misma mañana en la que dirigía a Palencia para asistir a la presentación oficial por parte de Casado de los candidatos a las alcaldías de las nueve capitales de provincia. Eso sí, luego fue compensado por Fernández Mañueco con el nombramiento de viceconsejero de Fomento y Medio Ambiente, cargo en el que pasó absolutamente inadvertido).

A todo esto, mientras PP y Vox se afanan en atribuir a Pedro Sánchez presuntas corruptelas cuyo alcance está por demostrar, va a quedar visto para sentencia el juicio sobre el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, en el que los principales encausados, los dos altos cargos de la máxima confianza del fallecido Tomás Villanueva, los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, no han tenido ningún escrúpulo para echarle el muerto al ídem. Una vileza que, a tenor de las conclusiones de la Fiscalía, no parece que les vaya a dar resultado. A estas alturas de la democracia, ni siquiera en el Ejército los subordinados están obligados a guardar “obediencia debida” si las órdenes vulneran la legalidad vigente. Y algo así les dijo la fiscal, recordándoles que, si no compartían las órdenes dictadas por el consejero, tenían la opción de dimitir. 

La pregunta sin respuesta es la de por qué no lo hicieron e incurrieron en el rosario de presuntos delitos que les han conducido al banquillo. Por cierto, una de las escasas afirmaciones creíbles de Delgado fue la de asegurar que la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, estuvo en todo momento al tanto del proceso seguido para alquilar y comprar la Perla Negra. Como presumiblemente lo estuvo Juan Vicente Herrera, quien, si es que no se había enterado por otros medios, fue alertado de lo que se cocía por Pablo Trillo-Figueroa, miembro del Consejo de Administración de Gesturcal, la empresa pública que perpetró la compra del inmueble.

Así lo desveló el último en declaración judicial efectuada cuando ocupaba el cargo de delegado territorial de la Junta, lo que obligó a Herrera a convocar con urgencia una rueda de prensa para dar explicaciones —muy poco convincentes— sobre su intervención en torno a tan escabroso asunto.   

A Trillo, actual procurador raso en las Cortes, hay quien no le ha perdonado esa “traición”, vetando su incorporación a la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Un veto que podría decaer tras las elecciones europeas del próximo mes de junio, a raíz de las cuales, tras la salida del actual portavoz, Raúl de la Hoz, hacia Bruselas, Mañueco abordará un obligado reajuste en el grupo parlamentario que pudiera extenderse al actual organigrama de altos cargos del PP en la Junta.

Entre las tomaduras de pelo o bromas de mal gusto sufridas en lo que va de siglo por los periodistas de esta comunidad dedicados a la información política —encajadas, eso sí, con la resignación propia de aquel anuncio de Hemoal destaca aquella ocurrencia del entonces secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Óscar López, de convocar a los medios al amanecer del 22 de abril de 2010 en un recóndito lugar de la sierra segoviana “para contaros algo importante para mí, para mi partido y creo que de verdad para toda Castilla y León”. Y allí, en el mirador de Piedras Llanas, a 1.488 metros de altura, estaban a las 7:30 horas los sufridos “enviados especiales” para ser testigos del trascendental acontecimiento.

Embutido en una camiseta con el lema “Puro Cambio”, el madrileño López, que en septiembre de 2008 había sucedido al leonés Ángel Villalba al frente del partido en Castilla y León, anunció solemnemente lo que iba de suyo y todo el mundo daba por descontado: su propósito de encabezar el cartel socialista en las elecciones autonómicas a celebrar en 2011. Afortunadamente, el que suscribe no fue designado para cubrir esa convocatoria “informativa”. De haberlo sido, estaría aún acordándome de algún antepasado de quien el colega burgalés Juan Vicente Velasco tiene catalogado como el político de los cinco acentos: Óscar López Águeda Agudín Martín.

Viene lo anterior a propósito del intempestivo madrugón (valga la redundancia) al que somete cada 23 de abril el presidente de la Junta desde que el PP, durante la etapa de otro Juan Vicente, éste Herrera de apellido, decidió restablecer el vínculo con Villalar de los Comuneros que José María Aznar había dinamitado en1988. La cita solía ser hacia las 9 de la mañana con la excusa de que el presidente tenía que asistir después en Alcalá de Henares a la entrega del premio Cervantes.

Pero ayer Alfonso Fernández Mañueco adelantó su presencia a las 8, no sé si porque la villa complutense está más lejos que antes o porque, por increíble que parezca, su coche oficial respeta escrupulosamente las limitaciones de velocidad. Sea como fuere, Mañueco obligó al madrugón a los resignados periodistas y al numeroso séquito de dirigentes del PP de Valladolid y altos cargos de la Junta convocados para arroparle durante su visita relámpago a la localidad comunera. Una visita que cuatro horas después, en su alocución ante el monolito, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, calificaba de “clandestina”.

Tres ministros en la campa

En la tradicional ofrenda floral socialista, el que fuera primer presidente de la Junta, Demetrio Madrid, demostró que sigue muy lúcido y que no ha perdido la memoria, recordando, en alusión al nuevo ninguneo aplicado por el gobierno autonómico, que Villalar sufrió y superó peores embates de una derecha que nunca se ha identificado con el espíritu de esta celebración. Aunque al que suscribe lo que más le llamó la atención de la ofrenda socialista fue la encendida intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que, desde el papel jugado por María de Pacheco y otras heroínas comuneras, reivindicó los derechos de la mujer ante el rearme del machismo mas casposo que cogobierna, sin ir más lejos, en esta desdichada comunidad autónoma.

A más de uno le sorprendería que el otro ministro vallisoletano presente en la ofrenda, Óscar Puente, no tomara la palabra. Pero fue porque dos horas antes el exalcalde de Valladolid y secretario provincial del PSOE había compartido con el alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, el “canto a la esperanza” ante el monolito. Puente deploró este nuevo desapego institucional de un símbolo de la comunidad y de las libertades, y después, en declaraciones a los medios, se despachó como acostumbra con el PP y Vox. Tampoco faltó a la cita la exdelegada del Gobierno y actual directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que sigue siendo la vicesecretaria general del PSCL. Barcones tuvo ocasión de comprobar lo mucho que algunos la echamos de menos por estos lares.

Además de los ministros de Transportes e Igualdad, otra integrante del gobierno Sánchez, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, hizo acto de presencia ayer en Villalar. Rego no llegó a tiempo de participar en la ofrenda floral de IU, pero sí de asistir a la entrega en la carpa de la coalición del premio Villalar de los Comuneros al pueblo palestino, reconocimiento simbólico que recogió el secretario primero de la Embajada de Palestina. Ni que decir tiene que la ministra, con raíces palestinas, realizó un rotundo alegato contra el genocidio del que esta siendo objeto la población de Gaza. Y una exministra, Irene Montero, protagonizó la oferta floral de Podemos, cuyo secretario autonómico, Pablo Fernández, esta vez no se escaqueó de acudir a Villalar.

Aparte de los mencionados, el máximo dirigente de Comisiones Obreras, Unai Sordo, oriundo de la localidad vallisoletana de Castronuño, acompañó al secretario autonómico, Vicente Andrés, en el acto celebrado en la carpa del sindicato. Sordo calificó de “nefasto” el gobierno PP-Vox en Castilla y León, que además de reducir a la mínima expresión el Diálogo Social, sigue empeñado en dejar morir por inanición el Servicio de Relaciones Laborales (Serla).

Otras organizaciones y grupos de todo pelaje, desde partidos como Tierra Comunera o Izquierda Castellana, a entidades como Amnistía Internacional, estuvieron presentes en la campa. Aunque lo mas conmovedor fue el pequeño tenderete montado por Ciudadanos, cuyo antiguo máximo dirigente en la comunidad, el expresidente de las Cortes, Luis Fuentes, hoy reconvertido en alto cargo de la Junta de ignota función, cuenta entre sus grandes logros con el de haber iniciado la operación de derribo de la antigua Fundación Villalar.

Estratagema fracasada

En definitiva, la “contraprogramación” de la Junta organizando actos simultáneos en las nueve capitales de provincia no restó en absoluto ni afluencia ni brillantez a la celebración de Villalar. A la postre para lo único que ha servido tan artera maniobra ha sido para evidenciar el alto grado de rechazo que suscita la actual configuración autonómica entre la población leonesa.

El lumbrera del PP que propuso esta estratagema para contentar a Vox no cayó en la cuenta de la reacción que podía desencadenar en León, donde el sentimiento leonesista va mucho más allá de la Unión del Pueblo Leonés y viene siendo compartido por el sector del PSOE que lidera el propio alcalde de la capital, José Antonio Díez. El fiasco ha sido tal que los hosteleros leoneses se negaron a participar en las casetas y los grupos musicales no se prestaron a ser contratados. Como se diría en gacería, una “brengada” en toda regla.

Y un último apunte: Muy en consonancia con el ninguneo institucional, la televisión autonómica privada concesionaria de la única licencia concedida por la Junta, que además la financia con veintitantos millones de euros de vellón anuales, no ha tenido a bien este 23 de abril realizar ninguna programación especial desde Villalar de los Comuneros. Cuestión de prioridades. Prioridades políticas, claro está.