El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha pasado de comprometer su futuro político con el soterramiento de las vías del tren a reconocer que, en el actual contexto ferroviario, la prioridad debe ser el mantenimiento de la red. “Gobernar es priorizar y lo primero que corresponde ahora, por sentido común, es el mantenimiento de la maltrecha infraestructura ferroviaria”, ha afirmado este viernes en una entrevista en Vive! Radio. El regidor mantiene que el soterramiento sigue siendo una aspiración de la ciudad, pero asume que antes habrá que garantizar la seguridad de las infraestructuras existentes en el resto de España.

Carnero llegó a la Alcaldía en 2023 con la promesa del soterramiento de las vías del tren. Entonces, el candidato del PP convirtió el plan que ideó el exalcalde León de La Riva y que por el caso de las 'conform letters' y sus cerca de 200 millones de deuda, sin mover una máquina, acabó por transformarse en una integración ferroviaria para mantener la viabilidad de la economía del consistorio.

“Si no soy capaz de soterrar, me iré”, afirmaba en varias entrevistas. Dos años después, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, modificó aquella promesa y afirmó que dimitiría «en cuanto esté aprobado el soterramiento». Ahora, el alcalde admite que la conservación ferroviaria debe preceder a cualquier obra nueva.

Carnero ha insistido en que este cambio de prioridades no significa que renuncie al proyecto. “La legítima aspiración de la ciudad de Valladolid y de quien le habla de seguir pidiendo el soterramiento va a seguir estando intacta y no pasa a un segundo plano en el nivel de deseo”, ha señalado. Este sábado tiene previsto trasladar personalmente esa reivindicación al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a Valladolid, aunque el líder 'popular' ya adelantado que “se hará revisión completa independiente de toda la red ferroviaria”.

Feijóo ha defendido que en un hipotético Gobierno del PP se antepondrá la conservación de las infraestructuras ferroviarias a la construcción de nuevas líneas y actuaciones. El líder 'popular' ha llegado a plantear que se detengan obras o se reduzcan velocidades en determinados tramos si resulta necesario para garantizar la seguridad. Una postura que choca con la promesa que él mismo realizó en Valladolid durante la campaña municipal de 2023, cuando aseguró que sacaría adelante el soterramiento si alcanzaba la Presidencia del Gobierno.

Carnero ha suscrito ese planteamiento y ha reconocido que primero habrá que conocer el alcance del deterioro de la red. “Una vez conocido el alcance del deterioro de la infraestructura viaria, habrá que tomar las decisiones necesarias para acometer una adecuada y buena conservación, y luego atender las obras nuevas”, ha explicado. El alcalde considera que la seguridad debe ser lo primero tras los recientes accidentes ferroviarios.

565 millones el soterramiento según el Ayuntamiento; 1.570, según Adif

En 2024, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid encargó a dos familiares de altos cargos de Ayuso un informe sobre el soterramiento del tren que cifraba en 565 millones de euros su soterramiento con muros pantalla (y una duración máxima de 6 años de obras) frente a los 350 millones de la integración y los 1.570 millones (y 17-19 años) en los que el Ministerio de Fomento cifró un soterramiento con tuneladora. Adif precisó que la obra era “absolutamente inviable” técnicamente en ese formato, señalando afecciones como cortes de tráfico de larga duración y gran ocupación de terrenos, apostando en su lugar por la integración ferroviaria en superficie.

Valladolid, actualmente, está remodelando su estación de trenes. El proyecto lleva un año en construcción con un presupuesto de 253 millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de 43 meses. Esta estación, según explicó Adif, es incompatible con el soterramiento. PP y Vox trataron de paralizar las obras aunque más de un año después las máquinas siguen trabajando.

Un proyecto bloqueado y de más de 1.500 millones

El soterramiento se enfrenta, además, a importantes obstáculos económicos y administrativos. Las estimaciones manejadas en 2024 situaban su coste por encima de los 1.500 millones de euros, una cantidad que deberían sufragar las distintas administraciones. El proyecto tampoco cuenta con un acuerdo institucional que permita ponerlo en marcha.

En noviembre de 2025, Adif y Renfe denunciaron el convenio de integración ferroviaria firmado en 2017, al considerar que los continuos desencuentros con el Ayuntamiento y la Junta hacían inviable su desarrollo. El Ministerio de Transportes acusó entonces al equipo de Carnero de bloquear las actuaciones previstas para forzar un nuevo acuerdo que recuperase el soterramiento.

La ruptura dejó a Valladolid sin avances en el soterramiento y sin posibilidad de desarrollar la integración ferroviaria en los términos del convenio original. La Audiencia Nacional rechazó en mayo las medidas cautelares solicitadas por la Junta para paralizar la resolución del acuerdo, aunque el conflicto de fondo continúa pendiente.

Frente al soterramiento, Valladolid Toma la Palabra ha reclamado recuperar el proyecto de integración ferroviaria, al considerar que permitiría mejorar la conexión entre barrios sin afrontar una inversión millonaria. Su portavoz, Rocío Anguita, ha defendido que la seguridad y el mantenimiento de la red deben primar sobre una infraestructura de semejante coste.

El alcalde, por su parte, mantiene su apuesta por enterrar las vías, aunque sus últimas declaraciones sitúan esa aspiración detrás de las necesidades de conservación de la red ferroviaria. También ha vuelto a cargar contra el Gobierno central y ha considerado que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes llega tarde, al entender que debería haberse producido tras el accidente de Adamuz, en enero.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social —esta última competencia añadida tras el pacto de gobierno de este año— de Castilla y León gestionará en 2027 un presupuesto de 6.882 millones de euros, un 18% más que en las últimas cuentas aprobadas, correspondientes a 2024. El departamento que dirige Alejandro Vázquez (PP) concentrará así casi la mitad del gasto de la Comunidad, con 5.604 millones para el sistema sanitario y otros 1.277 millones para dependencia, mayores y discapacidad. Unas cifras que la Junta presenta como históricas, pero que no han convencido a la oposición, que ha puesto el foco en el incremento de las listas de espera, la falta de profesionales y las dificultades para ejecutar las inversiones previstas.

Vázquez ha defendido este jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, que las cuentas permitirán consolidar los avances del sistema sanitario y reforzar los servicios sociales. La inversión sanitaria, según ha expuesto el consejero, alcanzará los “2.379 euros” por habitante protegido, 269 euros más que en 2024, mientras que Atención Primaria contará con más de 907 millones, sin incluir el gasto en receta farmacéutica, un 13,4% más que en las últimas cuentas.

Uno de los principales anuncios del consejero ha sido la elaboración de un nuevo plan integral para reducir las listas de espera —que ya anunció en su comparecencia para explicar su programa al inicio de legislatura— y corregir las diferencias entre áreas de salud. El PSOE ha señalado que 36.353 personas están pendientes de una intervención quirúrgica, 9.174 más que hace un año, con una demora media de 119 días. A ellas se suman 205.632 pacientes que esperan una primera consulta con un especialista.

El titular de Sanidad ha defendido que Castilla y León es, junto al País Vasco, una de las comunidades que más ha reducido sus listas de espera, según los datos del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud. También ha atribuido parte del empeoramiento de los indicadores a la huelga nacional de médicos, que, según sus datos, ha provocado la cancelación de 18.000 intervenciones quirúrgicas desde el inicio de los paros, el 13 de junio de 2025.

La falta de médicos ha sido otro de los asuntos centrales del debate. Vázquez ha insistido en que se trata de un problema multifactorial que no depende exclusivamente de las comunidades autónomas y ha responsabilizado al Ministerio de Sanidad de la disponibilidad de profesionales para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Entre las causas ha mencionado la movilidad de los facultativos, el efecto de la EBAU en Castilla y León y las dificultades para atraer médicos a determinados puestos, especialmente en el medio rural.

El consejero ha rechazado, sin embargo, que los profesionales tengan peores condiciones laborales en la Comunidad que en otros territorios y ha defendido la necesidad de hacer más atractivas las plazas de difícil cobertura. En este ámbito, ha anunciado que la Oferta Pública de Empleo de 2025, con 759 plazas, concluirá en el primer trimestre de 2027. También se ejecutará la oferta de 2026, que incluirá 67 plazas de Enfermería especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Más inversión hospitalaria y nuevos servicios

En el capítulo de inversiones, la Junta destinará 165 millones de euros a obras y equipamiento hospitalario y otros 45 millones a Atención Primaria. Entre las actuaciones previstas figuran el avance del nuevo Hospital Río Carrión de Palencia, las obras del Hospital de Aranda de Duero, la ampliación de instalaciones en el Río Hortega de Valladolid y el inicio de los trámites para reformar las consultas externas del Clínico vallisoletano.

La planificación también contempla el desarrollo de la red de atención oncológica, organizada en cuatro nodos hospitalarios en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, además de seis centros satélite. En radioterapia, está prevista la entrada en funcionamiento de la unidad de Palencia, el inicio de las obras de El Bierzo y el desarrollo de la futura infraestructura de Segovia.

Otra novedad será la ampliación del cribado neonatal, que pasará de detectar 20 enfermedades congénitas a 29 a partir del 1 de enero de 2027. La Junta también prevé reforzar los programas de vacunación, con más de 65 millones de euros, y asumirá íntegramente la compra de las vacunas contra la covid-19, para lo que ha reservado más de diez millones.

La Consejería iniciará en 2027 la elaboración de una Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil, que implicará actuaciones coordinadas entre los ámbitos sanitario, educativo y deportivo. El objetivo es combatir factores de riesgo como el sedentarismo y los hábitos poco saludables desde una perspectiva que vaya más allá de la atención médica. Además, en el ámbito de la prevención de enfermedades, la Junta incorporará la inmunización frente al virus chikungunya para viajeros internacionales, de acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales.

La transformación digital contará con casi 68 millones de euros en Sacyl, un 15,6% más, para ampliar la historia clínica electrónica y desarrollar herramientas de inteligencia artificial de apoyo al diagnóstico. Entre las actuaciones previstas figura también un sistema de transcripción de las conversaciones entre médicos y pacientes en las consultas de Atención Primaria.

El PSOE critica falta de ejecución y señala recortes en servicios sociales

Las explicaciones del consejero no han convencido a la portavoz socialista de Sanidad, Virginia Jiménez, que ha reclamado “menos propaganda, menos números y más gestión”. La procuradora ha cuestionado que el crecimiento presupuestario se traduzca en mejoras reales para los pacientes y ha señalado que las inversiones directas aumentan un 6,67%, frente al 13,11% de incremento general de las cuentas de la Consejería.

Jiménez también ha reprochado que en 2025 quedaron sin materializar 572 millones de euros entre inversiones, subvenciones de capital y préstamos. De ellos, ha destacado 60 millones de inversión sin ejecutar en Sacyl y otros 36 millones en la Gerencia de Servicios Sociales.

La socialista ha puesto como ejemplos de las carencias asistenciales la situación del Hospital del Bierzo y la unidad de ictus de Zamora, terminada pero pendiente de funcionar por falta de personal. También ha reclamado financiación específica para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos, al considerar que las mujeres siguen siendo derivadas mayoritariamente a centros concertados.

En materia de servicios sociales, Jiménez ha alertado de la reducción de 27 millones de euros en las inversiones de la Gerencia, un 44% menos, y de una caída del 46% en las destinadas a centros públicos de mayores respecto a 2024. Según ha señalado, siguen pendientes de recuperar 837 plazas residenciales públicas.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha coincidido en señalar los problemas de acceso a Atención Primaria y la falta de profesionales, además de calificar de continuistas las inversiones en infraestructuras. El procurador ha lamentado que su provincia vuelva a ocupar el último puesto en inversiones y ha avanzado que presentará enmiendas para corregir unas partidas que considera insuficientes.

Frente a las críticas, el socio de gobierno del PP en Castilla y León, Vox, ha respaldado las cuentas y programas. La procuradora María Mateo ha defendido un presupuesto orientado a poner a los pacientes en el centro del sistema. El PP, por su parte, ha calificado las partidas de “magno” presupuesto y ha destacado la planificación presentada por el consejero.

Castilla y León es la única comunidad sin una Ley LGTBI autonómica. Es por eso que el procurador socialista Cristian Delgado ha reclamado este martes al Partido Popular que deje de ser “pasivo” y pase a ser “versátil”frente a Vox para que se implique en la aprobación de una ley autonómica de apoyo al colectivo LGTBI en Castilla y León. La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha defendido que los derechos están “totalmente garantizados” por las dos leyes estatales vigentes y por las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

Delgado, en una pregunta parlamentaria a la vicepresidenta segunda, ha reprochado al PP que mantenga paralizada la iniciativa socialista, cuya toma en consideración ya fue aprobada por la Cámara en 2025. “No podemos esperar más”, ha advertido el procurador, que ha reclamado a los 'populares' a abandonar las excusas y a respaldar una norma que, a su juicio, resulta necesaria para combatir las agresiones y la discriminación que todavía sufre el colectivo.

Delgado ha situado la falta de una ley autonómica en dos motivos: “la pasividad del PP” y sus “malas compañías”, en referencia a Vox. En este sentido, ha invitado a los 'populares' a ser “versátiles” y no “pasivos” en su relación con la formación de Santiago Abascal y a sumar sus votos a los del PSOE para sacar adelante la legislación durante esta legislatura.

El socialista ha defendido que la libertad y la igualdad deben traducirse en políticas públicas y no quedarse en un discurso, y ha afeado al PP sus posiciones históricas contrarias al matrimonio igualitario, pese a que posteriormente dirigentes 'populares' acudieran a celebraciones como la boda del senador por Castilla y León, Javier Maroto.

También ha acusado a Vox de mantener planteamientos homófobos y de intentar condicionar la educación de los menores. “Hablan de libertad y de igualdad para irse de cañas, pero parece que les da igual cuando se refiere a que no nos insulten o no nos den palizas a los homosexuales”, ha reprochado Delgado. El procurador ha insistido en que la futura ley debe servir, entre otras cuestiones, para proteger a los menores frente a las agresiones y el acoso.

Blanco defiende la legislación estatal

La respuesta de Isabel Blanco ha pasado por reivindicar la cobertura que ofrecen las normas aprobadas a nivel nacional. La vicepresidenta segunda ha citado la ley de igualdad de trato y no discriminación y la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ambas de aplicación en todo el territorio nacional.

“En Castilla y León se reconocen, se protegen y están totalmente garantizados los derechos de las personas del colectivo LGTBI”, ha asegurado Blanco, que también ha enumerado las actuaciones propias de la Junta en materia de formación, prevención y lucha contra la discriminación.

La vicepresidenta ha cuestionado además los argumentos del PSOE y ha preguntado a Delgado si considera que las leyes estatales no protegen suficientemente al colectivo. “Si no protege, si no da herramientas y si ustedes se sienten tan indefensos, ¿para qué las han hecho?”, ha planteado, en referencia a la legislación aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, ha marcado la primera sesión de control en las Cortes de Castilla y León tras la tragedia. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, han expresado sus condolencias a las víctimas y sus familias, pero se han lanzado reproches mutuos el uso político del siniestro.

El Parlamento autonómico ha guardado un minuto de silencio antes del cara a cara entre ambos dirigentes. Martínez ha comenzado su intervención con un mensaje de condolencia y el deseo de una pronta recuperación de los heridos. También ha reconocido el apoyo prestado por los servicios de Emergencias y de la Consejería de Sanidad de Castilla y León a Castilla-La Mancha, antes de trasladar a Mañueco un “ruego y una exigencia”: que evite utilizar la tragedia para construir un relato electoral.

“Se trata de respetar a las víctimas, de investigar lo sucedido, de dar las explicaciones y de asumir la responsabilidad que corresponda a cada uno en el ámbito de sus competencias”, ha señalado el portavoz socialista, que ha reclamado “rigor y transparencia” y ha cuestionado que el PP se adelante a las conclusiones de la investigación.

Martínez ha pedido al presidente de la Junta que no utilice el dolor de las víctimas y sus familias como “escaparate electoral” y ha reprochado al PP sus referencias a la necesidad de un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. “Hay que respetar a las víctimas y respetar la investigación”, ha insistido.

Mañueco ha reiterado sus condolencias y ha agradecido el reconocimiento del portavoz socialista al trabajo de los servicios de Emergencias de la Comunidad, que han acudido en ayuda de Castilla-La Mancha. “Siempre he dicho que las tragedias no deben ser motivo de confrontación ni de pelea partidaria”, ha afirmado.

Sin embargo, el presidente autonómico ha echado en falta “más altura de miras” en la intervención de Martínez, una actitud que ha considerado “exigible” en este momento. El dirigente socialista ha rechazado esa petición y ha insistido en que no se trata de utilizar las tragedias, sino de investigar, dar explicaciones y asumir las responsabilidades que correspondan.

El PSOE reprocha a Vox que mantuviera el mitin de Valladolid

La procuradora socialista Nuria Rubio y el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox) también se han cruzado reproches por el uso político del siniestro. Rubio ha acusado a la formación de Santiago Abascal de hacer campaña durante la tragedia y ha criticado que mantuviera el acto electoral celebrado en Valladolid.

“Mientras las víctimas aún estaban desaparecidas, mientras las familias estaban esperando noticias, ustedes estaban de mitin en Valladolid”, ha reprochado la socialista, que también ha criticado a Abascal y los suyos por “reventar” el minuto de silencio convocado ante el Ayuntamiento de la capital vallisoletana.

Rubio ha sostenido que el resto de formaciones políticas suspendieron su actividad durante el luto y ha acusado a Vox de buscar un beneficio político en medio de la tragedia. También ha reprochado a Mañueco que vaya a sostener a la formación de extrema derecha en el Gobierno autonómico.

Pollán ha respondido con una intervención en la que ha acusado al PSOE de ser responsable de tragedias por su gestión. “La corrupción mata”, ha afirmado, antes de lanzar reproches al Gobierno de Pedro Sánchez por su actuación en infraestructuras y por la contratación de personas vinculadas al partido.

El vicepresidente ha advertido de que los socialistas tendrán que “rendir cuentas ante la justicia y las urnas” y ha asegurado que Vox seguirá trabajando en la Junta de Castilla y León.

El PSOE pide 150 millones para el campo y Mañueco responsabiliza a Sánchez

La pregunta inicial del PSOE buscaba interpelar a Mañueco ante la falta de una partida específica en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 destinada a paliar la crisis del campo.

Martínez ha exigido al presidente que incluya en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) los 150 millones de euros que reclama el sector agrario. El socialista ha recordado que las organizaciones profesionales agrarias llevan dos meses esperando una reunión con Mañueco y ha pedido que las ayudas se concreten sin esperar a las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente de la Junta ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación de agricultores y ganaderos, a los que ha definido como “víctimas” de su “ineficacia”, “dejadez” e “incompetencia”. Mañueco ha defendido que su Ejecutivo está “siempre al lado” del campo y ha reprochado al PSOE que se haya “agarrado a la pancarta” después de años de abandono, en su opinión, de cuestiones como la sequía, la enfermedad hemorrágica epizoótica o la parálisis de los regadíos.

Pollán asegura que el 40% del presupuesto va a las familias

En su respuesta al PSOE, Pollán ha defendido que el 40% del presupuesto de su Consejería se destina a apoyar a “todas las familias”. El vicepresidente primero ha asegurado que las partidas previstas para 2027 protegerán a quienes necesiten ayuda de la Junta, especialmente a las familias, los jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad.

También ha destacado que se destinarán más de 20 millones de euros a impulsar el empleo juvenil y ha valorado el aumento de más del 50% del presupuesto para servicios sociales básicos y políticas de inclusión.

Rubio ha acusado a Vox de contradecir su discurso de austeridad con la creación de estructuras administrativas. En concreto, ha cuestionado el presupuesto de más de 700.000 euros de la Dirección General de Desregulación, destinado a personal, y ha señalado que dos puestos superan los 103.000 euros anuales.

La procuradora socialista también ha reprochado a Pollán que defienda el arraigo como requisito para acceder a determinadas ayudas, pero no lo aplique a los candidatos de su partido, en referencia a Miguel Suárez Arca, berciano afincado en Madrid y candidato de Vox al Congreso por Zamora.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Alberto Díaz Pico (Vox), ha defendido este martes sus críticas a la supuesta falta de neutralidad ideológica de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en nombre de la “libertad de expresión”. El titular de Cultura ha criticado a la ministra Ana Redondo y al certamen por su “instrumentalización política”, mientras la socialista Patricia Gómez Urbán le ha reprochado sus declaraciones y ha defendido la libertad de creación artística.

Durante el pleno de las Cortes, Díaz Pico ha reivindicado el modelo de la edición de 1982, cuando el festival concedió la Espiga de Oro a Andréi Tarkovski, “anticomunista y antimarxista, pero también incómodo con el capitalismo desde el suicidio en París”, como ha indicado.

A la pregunta de a procuradora socialista Patricia Gómez Urbán, que ha pedido explicaciones al consejero por haber cuestionado la neutralidad ideológica del festival. Pico ha asegurado que su defensa es compatible con el respaldo económico de la Junta al certamen.

Asimismo, el consejero ha apuntado que la dirección de la Seminci corresponde a sus codirectores y no a la Consejería de Cultura, aunque en su turno de dúplica ha cargado ha cargado contra el Gobierno central por, a su juicio, no apoyar económicamente lo suficiente a la Seminci.

Gómez Urbán ha reprochado al consejero que se haya comportado como un “cuñado cualquiera haciendo comentarios de barra de bar”, en lugar de actuar como el responsable autonómico de Cultura. La socialista ha comparado la Seminci con la Semana Santa vallisoletana, dos de los principales referentes culturales de la ciudad, y ha reivindicado el festival como una cita que lleva siete décadas proyectando el nombre de Valladolid en el panorama internacional del cine independiente y de autor.

“Ni los actores, ni los directores, ni los programadores, ni los guionistas tienen que demostrarle a usted que sus ideas son las adecuadas”, ha señalado Gómez Urbán, que ha acusado a Díaz Pico de mostrar un “sectarismo intolerable” y de actuar como si estuviera al frente de la censura cinematográfica de la dictadura franquista.

La procuradora del PSOE ha insistido en que la cultura no debe someterse a un examen de neutralidad ideológica, como ha propuesto Vox, y ha defendido la libertad de los creadores para abordar cualquier temática, también aquellas relacionadas con la memoria democrática. “La cultura, el cine y el teatro lo que tienen que ser es libres”, ha afirmado.

En su intervención, Gómez Urbán también ha recuperado la polémica por la retirada inicial de la programación del Centro Cultural Miguel Delibes de la obra ‘Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva’, de la compañía Proyecto 43-2, dirigida por María San Miguel. La representación, que reivindica la figura de Federico García Lorca, acabó celebrándose durante dos fines de semana en otro espacio de Valladolid, donde registró lleno absoluto, como ha recordado la socialista.

“Podrán intentar censurar la cultura, pero nunca silenciarla. Al final, Federico les volvió a ganar”, ha remachado Gómez Urbán.

“Instrumentalización política del festival”

El consejero ha defendido que sus declaraciones responden a la “libertad de expresión” y ha acusado al PSOE de cercenar esa libertad a parte de la sociedad. Díaz Pico ha puesto como ejemplo la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la alfombra roja de la inauguración de la Seminci, con un vestido que ha calificado de “fastuoso” y las banderas de Palestina.

El responsable autonómico ha considerado que esa imagen constituye una muestra de la “instrumentalización política del festival”. También ha recordado que Redondo publicó en sus redes sociales el mensaje ‘Adiós, Seminci, adiós’, pese a que asistió a la gala inaugural. “Allí estaba ella, en la fiesta para ricos pagada por pobres”, ha afirmado.

Díaz Pico ha defendido que la Seminci debería recuperar el “espíritu” de la edición de 1982, cuando premió a Tarkovski por ‘Sacrificio’. El consejero ha presentado al cineasta ruso como un disidente del régimen soviético, exiliado en 1982 y contrario tanto al comunismo como al capitalismo.

“Tarkovski se rebelaba contra el uso político del cine, buscaba la transformación espiritual de la persona”, ha señalado. El consejero ha contrapuesto ese reconocimiento al premio concedido en 2025 al cineasta filipino Lav Díaz, al que ha definido como comunista y marxista y de quien ha asegurado que reconoció haber tenido en cuenta las posiciones políticas de los intérpretes para seleccionar el reparto de sus películas.

“Desde mi libertad de expresión considero deseable volver a aquella edición que premió a Tarkovski, y eso no es incompatible con el apoyo al festival”, ha defendido.

La Junta mantiene los 250.000 euros para 2027

Díaz Pico ha asegurado que la Junta mantiene su respaldo económico a la Seminci. El festival recibió 250.000 euros en 2026 y el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027 contempla la misma financiación, además de las colaboraciones vinculadas a Miniminci, la gala inaugural y las actividades de la Filmoteca de Castilla y León.

“Es un evento de evidente trascendencia cultural y turística para Valladolid que nos posiciona en el panorama audiovisual nacional e internacional y, como tal, merece nuestro respaldo”, ha señalado.

El consejero ha utilizado la financiación para comparar el apoyo autonómico con el del Ministerio de Cultura. Según sus datos, el Gobierno central destina 105.000 euros a la Seminci a través de una convocatoria de concurrencia competitiva, mientras que el Festival de San Sebastián recibe 1,2 millones de euros mediante una subvención nominativa.

Díaz Pico anunció hace dos semanas que su Consejería crearía una comisión de “técnicos y expertos” que evaluará los proyectos audiovisuales que opten a las subvenciones de la Comunidad para que no cometan “adoctrinamiento ideológico”. El Ministerio de Cultura, por su parte, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales las nuevas condiciones de las ayudas.

Falta un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre. Castilla y León ya ha comenzado a realizar los sorteos de las mesas electorales. La primera capital en hacerlo, Valladolid, que ha celebrado un pleno extraordinario este jueves para la formación, mediante un sorteo público y automatizado, de las mesas electorales que se constituirán de cara a los comicios. El consistorio ha habilitado una web para consultar quién ha salido escogido.

En este procedimiento se ha elegido de forma aleatoria a los miembros titulares (presidente, primer vocal y segundo vocal) y a dos suplentes para cada puesto. Si un ciudadano resulta elegido en el sorteo, recibirá una notificación oficial por correo postal en un plazo de tres días, aunque algunos ayuntamientos han habilitado portales web para que todo el mundo pueda consultarlo.

Una vez notificado, se dispone de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que les impida ejercer este cargo. Entre los motivos, según la LOREG, se encuentra estar embarazada de más de seis meses o encontrarse en periodo de descanso por maternidad/paternidad. También como excepción está el cuidado directo y continuo de menores de 12 años o de familiares dependientes.

Otros motivos se encuentra haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años. Aquellas personas que tengan que trabajar obligatoriamente durante la jornada electoral en servicios esenciales, como profesionales sanitarios, bomberos, protección civil, medios de comunicación con coberturas especiales también podrán alegar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones convocadas, aunque no serán definitivas hasta la semana que viene.

El Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Vox figuran entre las principales formaciones que presentan candidaturas en todas las provincias. A ellos se suman Podemos, Se Acabó la Fiesta (SALF), Frente Obrero, Frente Amplio y Por Un Mundo Más Justo, entre otras organizaciones, con una oferta electoral que varía según la circunscripción.

Candidatos al Congreso en las nueve provincias

En Ávila, el PP presenta a Héctor Palencia Rubio como cabeza de lista al Congreso, mientras que el PSOE sitúa en primera posición a Manuel Arribas Maroto y Vox a Samuel Vázquez Álvarez. También concurren Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero y Frente Amplio, además de otras candidaturas.

Por Burgos, Esther Peña Camarero encabeza la lista del PSOE; Ángel Mariano Ibáñez Hernando, la del PP; y Eugenia Landaluce Miranda, la de Vox. También presentan candidatura Se Acabó la Fiesta, Podemos, Frente Obrero, Por Un Mundo Más Justo y Frente Amplio. La Junta Electoral Provincial ha inadmitido la candidatura del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

En León, el PSOE presenta a Javier Alfonso Cendón, el PP a Ester Muñoz de la Iglesia y Vox a Pablo Juan Calvo Liste. La oferta incluye también a Podemos, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Frente Amplio y el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), entre otras formaciones. También concurre Proyecto Alantre.

En el caso de Palencia, María Luz Martínez Seijo encabeza la candidatura socialista; Milagros Marcos Ortega, la del PP; y Matías Recio Juárez, la de Vox. Se suman Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero, Frente Amplio y otras formaciones, entre ellas Falange Española de las JONS y Escaños en Blanco.

Por Salamanca, David Serrada Pariente es el cabeza de lista del PSOE; María del Carmen Seguín Kattán, la del PP; y Laura Magdalena Miguel, la de Vox. También concurren Podemos, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Frente Obrero, Frente Amplio y el Partido Regionalista del País Leonés, entre otras candidaturas.

En la provincia de Segovia, José Luis Aceves Galindo encabeza la lista socialista, Pablo Pérez Coronado la del PP y Gonzalo Babe Romero la de Vox. Podemos, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Frente Obrero y Frente Amplio figuran también entre las candidaturas al Congreso.

En Soria, Luis Alfonso Rey de las Heras es el cabeza de lista del PSOE; Tomás Cabezón Casas, el del PP; y Andrea Martínez Ruiz, la de Vox. La provincia cuenta además con la candidatura de Soria ¡Ya!, encabezada por Juan Antonio Palomar Sicilia, junto a Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Amplio y otras formaciones.

En Valladolid, El ministro Óscar Puente encabeza la candidatura del PSOE al Congreso, seguido por la ministra Ana Redondo. El PP presenta a la exconsejera María Pardo Álvarez y Vox a Pablo Sáez Alonso-Muñumer. También concurren Podemos, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Frente Obrero, Frente Amplio y otras formaciones, como el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI).

En Zamora, Antidio Fagúndez Campo encabeza la candidatura socialista; María Montserrat Chimeno Viñas, la del PP; y Miguel Suárez Arca, la de Vox. También presentan listas Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero, Frente Amplio y el Partido Regionalista del País Leonés, además del Partido Comunista de los Trabajadores de España.

Candidaturas al Senado

El BOE también ha publicado asimismo las listas al Senado, con nombres destacados en la política nacional como Alicia García Rodríguez, por el PP en Ávila; Francisco Javier Lacalle Lacalle por el PP en Burgos; o Antonio Silván Rodríguez por el PP en León. En Valladolid, la candidatura del PP al Senado incluye al alcalde Jesús Julio Carnero García.

En el Senado, hay candidaturas conjuntas de progreso. En León concurren PSOE, Izquierda Unida y Movimiento Sumar bajo una lista compartida, mientras que en Zamora la candidatura agrupa al PSOE y al Frente Amplio. Soria ¡Ya! también se presenta para la Cámara Alta.

El Tribunal de Instancia de Burgos ha condenado a dos años y medio de prisión al responsable de un criadero de perros de Melgar de Fernamental en el que 21 animales murieron por inanición y cerca de un centenar sufrió maltrato continuado. La sentencia ha considerado que, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, los perros permanecieron sin alimento ni agua suficientes, sin atención veterinaria y en instalaciones insalubres, hasta el punto de que algunos llegaron a comerse a otros animales para sobrevivir.

La magistrada ha impuesto también al acusado un año y medio de prisión por un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte y otro año por maltrato animal sin resultado de muerte. A estas penas se suman siete años de inhabilitación para ejercer actividades profesionales o comerciales relacionadas con animales y para su tenencia.

La resolución, fechada el 23 de octubre, también ha condenado al responsable por un delito continuado de alzamiento de bienes. El juzgado ha considerado probado que donó a su madre las fincas de su propiedad y vendió su furgoneta cuando ya conocía las responsabilidades económicas que podían derivarse del procedimiento penal. Según la sentencia, lo hizo para colocarse en una situación de insolvencia y dificultar que sus acreedores pudieran cobrar.

Por este delito se le impone una multa de doce meses, con una cuota diaria de seis euros, lo que suma 2.190 euros. En cambio, queda absuelto del delito de estafa, al haberse retirado las acusaciones por ese cargo.

Perros desnutridos, heridos y sin agua

En noviembre de 2019, las inspecciones realizadas por la Guardia Civil y los veterinarios de la Junta de Castilla y León en el criadero y en otros inmuebles donde fueron trasladados los animales encontraron un ‘criadero de los horrores’. En esa primera visita del 19 de noviembre de 2019, los agentes encontraron más de un centenar de perros en condiciones deplorables, sin agua disponible, con comida escasa y mezclada con excrementos y sin instalaciones adecuadas para protegerlos del frío o atender a los enfermos.

Cinco perros fueron llevados de inmediato por el riesgo extremo en el que se encontraban. Algunos sufrían desnutrición y deshidratación graves, heridas compatibles con mordeduras, infecciones y lesiones que terminaron provocándoles secuelas permanentes.

Las inspecciones posteriores no detectaron mejoras. Tras unas inundaciones en diciembre de 2019, parte de los animales fueron trasladados a una finca de la madre del acusado, aunque el lugar tampoco reunía las condiciones necesarias. En enero de 2020, los veterinarios se llevaron otros ocho perros por su estado físico.

La situación empeoró durante las semanas siguientes. En una nueva intervención, el 26 de febrero, los técnicos localizaron 14 perros vivos y doce cadáveres en el criadero. Los análisis determinaron que los animales muertos llevaban entre seis y veinte días fallecidos y que la causa había sido la inanición extrema.

Dos días después, los registros realizados en varias propiedades de Melgar de Fernamental permitieron localizar decenas de perros vivos y nuevos cadáveres. En una vivienda encontraron un cachorro muerto dentro del congelador de la cocina. En otra finca había perros vivos junto a otros muertos, sin comida ni agua. Los análisis detectaron restos de plástico y alambre en el aparato digestivo de algunos animales.

La sentencia ha recogido que los perros rescatados presentaban deshidratación, extrema delgadez y enfermedades sin tratar. Los veterinarios que los atendieron coincidieron en que muchos habrían muerto sin asistencia médica y que otros padecieron secuelas físicas y de comportamiento.

La jueza descarta que fuera un problema de falta de medios

La magistrada ha determinado que las pruebas practicadas durante el juicio han acreditado que el responsable mantuvo a los animales en una situación de abandono prolongada, que fue empeorando pese a las inspecciones y los requerimientos de las autoridades. La resolución ha señalado que el acusado rechazó propuestas para ceder los perros a una asociación que se había ofrecido a hacerse cargo de ellos y que también se negó a aceptar alimentos que los voluntarios llevaban al criadero.

El fallo judicial ha manifestado que no se trató únicamente de una incapacidad para atender a tantos animales, sino de una conducta de desatención que se prolongó en el tiempo y que provocó la muerte de 21 perros y lesiones en otros 96.

La defensa ha indicado que el acusado había dejado de ser el titular de los animales y cuestionó la legalidad de su extradición desde Venezuela, al considerar que los delitos por los que se le juzgaba no tenían equivalencia en la legislación de ese país. La magistrada ha rechazado esos argumentos y ha apuntado que las pruebas acreditaron que seguía siendo quien se encargaba realmente del criadero y de los perros. También se ha descartado que se vulnerara su derecho a la asistencia letrada durante el procedimiento de extradición.

Más de 197.000 euros para los gastos veterinarios

La sentencia ha fijado que el condenado deberá indemnizar, junto con otras dos personas condenadas previamente en la misma causa, a la Junta de Castilla y León con 185.617,72 euros y a la Asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos con 12.018,81 euros. Las cantidades corresponden a los gastos de recogida, atención y tratamientos veterinarios de los animales rescatados.

El caso tiene su origen en unas actuaciones que comenzaron en 2019 y que dieron lugar a una primera condena por maltrato animal. El responsable abandonó España en febrero de 2020 y fue detenido en Venezuela en octubre de 2024, con vistas a su extradición. Finalmente, fue trasladado a España en febrero de 2026 para responder ante la Justicia por los hechos enjuiciados en esta causa.

El Partido Popular en la Junta de Castilla y León ha eludido cuestionar los nuevos criterios de las ayudas al cine de Castilla y León impulsados por Vox para un cine no “ideologizado”. El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves la convocatoria que incorpora la valoración de la “trascendencia ideológica” de las producciones audiovisuales y ha apelado al acuerdo de gobierno entre ambos partidos para justificar su posición.

Según Carriedo, citando al artículo 19.2 del pacto de PP y Vox para Castilla y León, se hará una “revisión de entidades públicas y leyes ideológicas” para “garantizar” que toda la acción del gobierno se inspirará en los principios de “libertad, eficiencia y austeridad, renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos”.

Para el portavoz, la medida busca garantizar la “libertad” y la calidad“ artística a la par que, como anunció este miércoles la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox), se va a crear una comisión de técnicos y expertos para evaluar los proyectos. Sobre la composición de este comité que examinará las solicitudes, ha señalado que deberá contar con personas ”de mayor reconocido prestigio posible“ y que su composición se hará pública cuando esté definida.

“Defensa de la libertad y de la calidad”

Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reiterado que su actuación de gobierno pasa por “la defensa de la libertad y de la calidad” en el reparto de ayudas.

Preguntado por si el PP conocía previamente los cambios en las condiciones de las subvenciones, Carriedo ha remitido a las explicaciones ofrecidas el miércoles por el consejero de Cultura. No ha detallado, sin embargo, qué contenidos podrían considerarse ideológicos ni qué baremo utilizará la comisión para determinar qué proyectos reciben financiación pública.

Tampoco ha detallado si este criterio de Vox se aplicará a otras ayudas, como la producción editorial o medios de comunicación. “Les iremos informando en cada uno de los momentos con total transparencia”, ha apostillado.

El portavoz ha insistido en que la “libertad” también implica respetar los gustos individuales y ha defendido que cada persona pueda expresar sus preferencias sobre las producciones artísticas.

No depende de gustos personales

La falta de concreción ha quedado patente al ser preguntado por qué tipo de películas podrían quedarse fuera de las ayudas. Carriedo ha respondido que todos los proyectos que respeten la libertad y tengan como horizonte la calidad serán bienvenidos en Castilla y León, y ha dejado la valoración definitiva en manos de los expertos.

Preguntado expresamente por 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, también por 'Torrente', de Santiago Segura, el portavoz ha asegurado que podría presentarse a la convocatoria. “Pues seguro que sí”, ha remachado. A continuación, ha insistido en que la decisión no depende de sus gustos personales, sino de la comisión encargada de valorar los proyectos.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que recurrirá la convocatoria al considerar que introduce un veto ideológico en las subvenciones al cine. Carriedo ha respondido que respeta el derecho del Gobierno central a acudir a los tribunales y que la Junta respetará la actuación judicial.

Apoyo a la Seminci

Carriedo ha tratado de despejar las dudas sobre la continuidad de la financiación autonómica al festival de cine de Valladolid, la Seminci, tras el cuestionamiento del consejero de Cultura a su neutralidad. “Nuestro apoyo a la Seminci es inequívoco, lo vamos a seguir haciendo”, ha asegurado para agregar que el proyecto de presupuestos para 2027 hay una partida concreta y que será así en sucesivos años.

Pese a la defensa del PP en la Junta de las palabras del consejero, el PP del Ayuntamiento de Valladolid sí ha defendido a la Seminci. El alcalde popular de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado al festival como “un espacio de libertad” y ha negado que exista “cine ideologizado”.

El portavoz de la Junta de Castilla y León también ha sido preguntado por la cancelación de la obra teatral Federico, de la compañía Proyecto 43-2, que estaba prevista para el 24 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes. Carriedo se ha limitado a remitirse a la nota de prensa de la Consejería de Cultura y no ha indicado si se podrá reprogramar.

El Ayuntamiento de Valladolid tiene cuatro viviendas vacías en el emblemático edificio de la plaza Zorrilla. Todas acabaron en manos municipales tras la ejecución de la sentencia sobre las obras ilegales del antiguo edificio de Caja Duero, caso vinculado al exalcalde del PP Javier León de la Riva. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado ahora al equipo de gobierno de PP y Vox que las saque al mercado, mediante su venta o alquiler, para aprovechar un patrimonio valorado en más de 2,1 millones de euros y evitar que siga generando gastos sin ningún uso.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, ha defendido este jueves que, en un contexto de “dificultades para acceder a la vivienda”, no tiene sentido mantener desocupados los tres pisos y el ático. “Lo que pedimos básicamente es que esas casas se pongan a disposición de la ciudadanía, se pongan en el mercado, o bien a través de alquiler, o bien a través de venta”, ha señalado en una rueda de prensa frente al edificio.

Los inmuebles continúan generando gastos para las arcas municipales. Según los datos aportados por el PSOE, el Ayuntamiento ha aprobado el pago de 5.226 euros en cuotas de comunidad correspondientes a 2026, una cantidad que se suma al coste acumulado de las consecuencias del litigio urbanístico, que Herrero cifra en más de 3,7 millones de euros.

“Estamos pagando ahora al Ayuntamiento más de 5.000 euros al año solamente en gastos de comunidad”, ha apuntado el portavoz socialista, que ha calificado la situación de “despilfarro” y “derroche”. Por ello, ha reclamado al Gobierno municipal que ponga los inmuebles en el mercado “lo antes posible”.

Un proceso judicial que acabó con las viviendas en manos municipales

Las cuatro propiedades forman parte del patrimonio del Ayuntamiento como consecuencia de las resoluciones derivadas del conocido como caso de los áticos. El litigio se originó por las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Caja Duero, en las que se incumplieron las condiciones urbanísticas y de protección del inmueble, entre ellas las relativas a la fachada, la cubierta y la edificabilidad.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2008 anuló las licencias de obra y ocupación y ordenó restituir el edificio a su estado anterior. El incumplimiento reiterado de esa resolución llevó al Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid a condenar en abril de 2015 a Javier León de la Riva a 13 meses de inhabilitación para ejercer como alcalde o concejal por un delito de desobediencia.

La ejecución de la sentencia obligó a demoler las obras ilegales y a indemnizar a los propietarios afectados. Algunos de ellos recibieron una compensación económica a cambio de entregar la titularidad de sus inmuebles, que pasaron así a manos municipales. Así, tras recibir las indemnizaciones y entregar la titularidad de sus inmuebles, algunos propietarios hicieron que esas viviendas pasaran a formar parte del patrimonio municipal.

Cuatro viviendas valoradas en más de dos millones de euros

Los inmuebles se encuentran en distintas plantas del edificio. El más pequeño es un ático de 46,5 metros cuadrados, situado en la octava planta. Los otros tres pisos están ubicados en las plantas cuarta y sexta, y el de mayor superficie alcanza los 149,45 metros cuadrados.

Las estimaciones de entidades del sector inmobiliario sitúan el valor conjunto de las propiedades por encima de los 2,1 millones de euros. El PSOE ha planteado que el Ayuntamiento estudie su venta o su alquiler, sin decantarse por una fórmula concreta, para obtener un aprovechamiento de estos bienes públicos.

Herrero ha reconocido que la regularización jurídica de los inmuebles ha sido un proceso “complicado” y que se ha prolongado durante varios años. El portavoz ha apuntado que ya no existen motivos para demorar una decisión sobre su destino. “Hemos tenido ocasión de visitar los inmuebles, hemos visto cómo están, y entendemos que en este momento no hay ninguna razón para alargarlo más”, ha afirmado.

Fe de errores. Se ha atribuido la propiedad de las viviendas a Javier León de la Riva sin que sea correcto. Tales inmuebles pertenecían a otros propietarios.

La Plataforma Social Castilla y León ha asegurado que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 no garantiza la aportación autonómica que exige la reforma de la Ley de la Dependencia. La organización ha defendido que el Gobierno autonómico debería incrementar en al menos 73 millones de euros los fondos destinados a este sistema para igualar su contribución a la prevista por la Administración General del Estado (AGE).

Según los cálculos de la plataforma, el Estado aportará 620 millones de euros a Castilla y León para financiar la dependencia durante el próximo ejercicio, mientras que el proyecto presupuestario de la Junta contempla una transferencia de 547 millones a la Gerencia de Servicios Sociales. La diferencia entre ambas cantidades es de 73 millones.

La organización ha avisado de que el aumento de la financiación estatal no debería servir para congelar o reducir el esfuerzo económico de la Administración autonómica. Al contrario, ha reclamado que ambas administraciones refuercen los recursos destinados a las personas dependientes, en un contexto en el que, según sus datos, se han incorporado 6.265 personas al sistema desde enero de 2024.

A las aportaciones públicas se suman los 83 millones de euros que, según la plataforma, abonan las personas usuarias mediante el copago de plazas en residencias y centros de día públicos o concertados. La entidad ha indicado que el incremento de los recursos debe traducirse en una mejora de las prestaciones y de los servicios, así como de las condiciones laborales de quienes atienden a las personas en situación de dependencia.

Menos fondos para la renta garantizada

La Plataforma Social ha criticado la reducción en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que quedarían en 5,5 millones de euros. La organización cifra en 9,2 millones la reducción respecto a 2024 y recuerda que esta prestación llegó a contar con una dotación de 72 millones.

Por ello, han exigido a la Junta que explique el destino de los recursos que, según sus cálculos, han dejado de consignarse para estas ayudas y propone dedicar fondos a un programa específico de inclusión social.

Cierre de plazas públicas en residencias

Según ha afirmado la plataforma, en la última década se han cerrado 837 plazas públicas para personas mayores en residencias con el objetivo de reconvertirlas en plazas para grandes dependientes. Sin embargo, ha reprochado que la mayoría continúa sin abrirse pese a que su recuperación se ha anunciado en distintos presupuestos.

La organización ha afirmado que las cuentas de 2027 no incluyen financiación suficiente para recuperar esas plazas y denuncia que las inversiones en centros de personas mayores se reducen un 46%, lo que equivale a 17 millones de euros menos. Por ello, ha reclamado “la apertura de todas las plazas para personas en situación de dependencia que son de la Gerencia de Servicios Sociales”.

“Mantener estas plazas cerradas sólo favorece a que las residencias privadas hagan negocio y las personas que necesitan una plaza residencial y no puedan pagar una privada, se quedan es situación de exclusión”, han aseverado desde la plataforma.

Dudas sobre los gastos de los centros de discapacidad

La Plataforma Social ha pedido explicaciones a la Junta sobre varias partidas dedicadas a la atención de las personas con discapacidad. Entre ellas, ha señalado el incremento previsto para el gasto en agua, que pasa de 42.477 a 142.477 euros, y el de electricidad, que aumenta de 1,97 millones a 16,13 millones de euros.

La organización ha cuestionado que el presupuesto contemple 11,72 millones de euros para gastos farmacéuticos, frente a 3,5 millones para alimentación. La diferencia, según ha denunciado, supone destinar más de tres veces la cantidad prevista para comida a productos farmacéuticos.

La entidad ha reclamado que la Junta aclare el origen de estas variaciones y explique cómo se han calculado las cantidades consignadas. Su preocupación es que, si las partidas se modifican posteriormente, puedan destinarse a otros fines y reducir los recursos inicialmente previstos para la atención de las personas dependientes.

La Junta de Castilla y León ha eliminado la autorización nominativa que exigía a los cazadores para transportar, tener y utilizar determinados dispositivos electrónicos auxiliares para la caza mayor, entre ellos los visores térmicos. La modificación, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), suprime el trámite que debía emitir el titular del coto o su representante legal mediante un modelo oficial disponible en la web de la Administración autonómica.

La Orden AGR/1091/2026, firmada el 16 de octubre por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, modifica la regulación aprobada semanas antes, el 25 de septiembre, que autorizó el transporte, la tenencia y el empleo de estos dispositivos en determinadas modalidades de caza.

La Consejería ha justificado la eliminación del requisito en que la Ley de Caza de Castilla y León ya reconoce el “derecho a cazar” en un terreno a las personas autorizadas por su titular. En concreto, la Junta se remite al artículo 3.4 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, para concluir que no es necesaria una autorización escrita adicional para utilizar los dispositivos cuando el cazador ya tiene permiso para cazar en ese terreno.

La modificación no elimina, sin embargo, las condiciones de seguridad establecidas para el uso de estos medios. La orden mantiene expresamente que el cazador no puede disparar basándose exclusivamente en la señal térmica o en la imagen que muestre el dispositivo. Antes de efectuar el disparo debe identificar la especie cinegética y comprobar que se ajusta a las condiciones de la autorización de caza, incluidos los requisitos relativos a la especie, la edad y el sexo del animal.

También se mantienen las obligaciones de transporte y custodia. Fuera de los supuestos y horarios autorizados, los dispositivos deben permanecer apagados y guardados en sus fundas. Cuando se trasladen en vehículos a motor, deberán situarse fuera del alcance inmediato del conductor y de los pasajeros.

La Junta justifica el cambio por los accidentes y los daños al campo

La nueva orden modifica también el preámbulo de la regulación de septiembre justificar sus cambios. El Ejecutivo autonómico alude ahora al aumento de los accidentes de circulación y a la evolución de las solicitudes por daños provocados por determinadas especies de ungulados cinegéticos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La Consejería ha incorporado el enfoque preventivo de ‘Una Salud’, que relaciona la salud de las personas, los animales domésticos y la fauna silvestre. Según la norma, resulta necesario reducir los riesgos sanitarios derivados de la interacción entre estos tres ámbitos.

La Junta ha defendido que la caza puede contribuir al equilibrio ecológico como herramienta de gestión y defiende que la flexibilización de las condiciones de utilización de determinados dispositivos permitirá aumentar la eficacia de las actuaciones cinegéticas y favorecer el cumplimiento de las capturas previstas en los planes de caza mayor.

Autorización con límites

La supresión del permiso nominativo se produce menos de un mes después de que la Junta aprobara la autorización de estos dispositivos mediante la Orden AGR/962/2026. Esa regulación permite utilizar visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los térmicos, para cazar jabalíes, ciervos, corzos, gamos y muflones en las modalidades de rececho y aguardo o espera, dentro del horario comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de la puesta.

En esos supuestos, los dispositivos no pueden estar acoplados ni montados en el arma durante la acción de caza. La normativa contempla una excepción para los aguardos o esperas nocturnos de jabalí, en los que permite transportar, tener y utilizar dispositivos electrónicos para tiro nocturno, incluidos los térmicos, estén o no acoplados al arma.

La autorización no se extiende a la caza menor ni a especies como la cabra montés o el rebeco. Tampoco permite emplear estos dispositivos en modalidades como la montería, el gancho, la caza al salto o la caza en mano, con independencia de la especie.

La aprobación de la norma provocó el rechazo de organizaciones ecologistas. Ecologistas en Acción Palencia llegó a reclamar el cese del anterior director general de Caza, Ignacio de la Fuente Cabria, por la propuesta de permitir estos dispositivos, al cuestionar su encaje legal y advertir de las restricciones que establece la Ley de Caza para los visores nocturnos. El Ejecutivo autonómico también ha cambiado de director general de Caza, después de que el anterior fuera cesado tras tres meses en el cargo,

La flexibilización se enmarca en la línea defendida por el consejero desde el inicio de la legislatura. En su comparecencia de julio, el responsable de Agricultura anunció que la Junta estudiaría cómo permitir el uso de silenciadores en determinadas modalidades y circunstancias, una reivindicación del sector cinegético.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido que entiende el malestar de los socialistas de Palencia por la modificación de la candidatura al Congreso de los Diputados, después de que la dirección federal sustituyera a Álvaro Bilbao por Mariluz Martínez Seijo como cabeza de lista. Sin embargo, ha defendido el procedimiento seguido por Ferraz y ha recordado que la elaboración de las candidaturas a las Cortes Generales no funciona como unas primarias.

“A nadie nos gusta que nos modifiquen las propuestas que se lanzan desde aquí”, ha afirmado este martes en una entrevista en El programa de Ana Rosa, de Telecinco. Martínez ha admitido que puede comprender e incluso compartir el “cabreo” de las agrupaciones provinciales cuando sus propuestas son alteradas, aunque ha insistido en que los órganos federales tienen competencias para introducir cambios y aprobar definitivamente las listas.

Martínez ha explicado que la dirección federal y los socialistas palentinos trabajan ahora para configurar “otro equipo humano” que permita completar la candidatura al Congreso. El objetivo, según ha indicado el líder socialista, es encontrar personas dispuestas a asumir esa responsabilidad y alcanzar un acuerdo que permita cerrar la lista, respetando también los criterios de paridad establecidos por los estatutos del partido.

El dirigente autonómico ha precisado que la renuncia afecta a la candidatura al Congreso, mientras que la lista al Senado por Palencia se mantiene sin cambios. También ha expresado su confianza en que el proceso quede resuelto antes de la presentación formal de las candidaturas ante la Junta Electoral, prevista para este viernes, 23 de octubre.

Dimisión de los dos candidatos y suplentes

En la tarde del lunes los integrantes de la candidatura propuesta inicialmente por la militancia renunciaron a ocupar sus puestos en protesta por la decisión de imponer a Martínez Seijo al frente de la lista al Congreso. La propuesta original estaba encabezada por Álvaro Bilbao, que había recibido el respaldo de las agrupaciones locales de la provincia.

Con 126 votos frente a los 15 de Martínez Seijo, Bilbao se impuso en la asamblea celebrada en Palencia el pasado miércoles. En la lista, de dos estaba Alicia García Alonso, concejala y portavoz socialista en Carrión de los Condes, y Luis Ángel Marín Paredes, alcalde de Tariego de Cerrato, en el tercer puesto.

Los cuatro integrantes de la lista, incluidos los suplentes Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos, renunciaron el lunes a ocupar sus puestos, mostrando su apoyo a Bilbao por tener el apoyo de la militancia.

“No es un proceso de primarias”

Durante la entrevista, Martínez ha insistido en la necesidad de distinguir entre las primarias para elegir a los candidatos a una Alcaldía o a la Presidencia de una comunidad autónoma y el procedimiento para elaborar las listas al Congreso y al Senado.

“Tenemos unos procesos reglamentados, legales, que nos hemos dotado con aprobación mayoritaria en los últimos congresos federales”, ha defendido. El secretario autonómico ha reiterado que no hay que confundir ambos mecanismos y ha subrayado que el reglamento permite modificar las propuestas provinciales antes de cerrar las candidaturas.

“El proceso de elegir entre las personas que conforman las candidaturas siempre genera tensiones y fricciones”, ha apostillado. A su juicio, el malestar aumenta cuando se producen cambios inesperados respecto a las propuestas iniciales de las ejecutivas provinciales.

Martínez recuerda otros casos del PSOE de Castilla y León

El líder del PSOE autonómico ha defendido que lo ocurrido en Palencia no es un caso excepcional. Ha recordado que en las elecciones de 2023 se produjeron situaciones similares en las candidaturas de Ávila y Valladolid, cuando también se modificaron propuestas provinciales.

Asimismo, ha aludido a los cambios introducidos este año en la lista al Senado por Burgos, donde la candidatura fue modificada para excluir a Luis Tudanca. El dirigente socialista ha evitado dar por hecho que puedan producirse nuevas renuncias en otras provincias, como en Burgos por el caso de Tudanca. “Yo entiendo que no”, ha respondido al ser preguntado por esta posibilidad, aunque ha admitido que las tensiones podrían prolongarse hasta que queden cerradas todas las candidaturas.

Martínez ha concluido que, una vez resuelta la composición de las listas, el partido deberá centrarse en la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Su objetivo, ha señalado, es plantear un modelo alternativo que permita consolidar un “gobierno progresista”.

En busca de candidatos: nadie se postula por el momento

El PSOE de Palencia ya busca entre sus militantes para completar la lista al Congreso de los Diputados. Fuentes del partido han explicado este martes a EFE que la Ejecutiva provincial tantea a la militancia para cubrir las cuatro vacantes, correspondientes a los dos puestos titulares y los dos suplentes que acompañarían en la lista al Congreso a Mariluz Martínez Seijo, aunque por el momento nadie se ha postulado.

El plazo para presentar las candidaturas termina el próximo lunes, 26 de octubre, y la dirección provincial confía en encontrar personas de Palencia dispuestas a acompañar a Martínez Seijo.

Preguntada por EFE, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Palencia, Mariluz Martínez Seijo, ha declinado hacer declaraciones sobre la crisis abierta por la renuncia en bloque de los integrantes de la candidatura provincial y ha asegurado que está centrada en ganar las elecciones a la derecha.

“Ese es mi motor”, ha afirmado la actual diputada, que se ha mostrado convencida de que el PSOE de Palencia presentará una lista para el Congreso.

En cualquier caso, si no se logra completar la lista desde la provincia, la dirección federal tendrá que intervenir en la designación de los candidatos. En las últimas convocatorias, el PSOE ha obtenido un solo escaño por la provincia de Palencia, que si se completa la lista y obtiene suficientes votos, correspondería Martínez Seijo.

Ferraz defiende su posición

Fuentes del partido han dicho a EFE que en una campaña nacional Ferraz tiene la potestad y los argumentos para realizar cambios en las listas, así como han lamentado que el malestar de estos compañeros no se manifestara antes de ratificar las candidaturas.

En ese sentido señalan que las listas fueron ratificadas por unanimidad en la reunión del Comité Federal el pasado sábado en Fuenlabrada, donde estuvieron representantes de las federaciones regionales y los secretarios generales.

Además, han precisado que Martínez Seijo -una veterana política cercana al líder del partido, Pedro Sánchez- ya era diputada por Palencia y que al ponerla a ella como número uno por esta provincia, se cumple con el mandato del último Congreso socialista de que la mayoría de candidaturas estén encabezadas por mujeres.

El proyecto de presupuestos de Castilla y León para el 2027 presentado por el gobierno de PP y Vox para su aprobación cuenta con una importante modificación del único impuesto propio de Castilla y León, el 'Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión'.

Los cambios en el impuesto suponen unos beneficios fiscales 8.930.000 euros, según las previsiones recogidas en el proyecto de cuentas de la Junta. El Ejecutivo autonómico, formado por PP y Vox, introduce cambios fiscales en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental como la exención de pago durante dos años para las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Las empresas no abonarán el impuesto durante el ejercicio en el que comiencen a funcionar sus parques y el siguiente ejercicio completo. En el caso de la energía eólica, el periodo supone una reducción respecto a la exención de cinco años que se había aprobado en 2017. El proyecto de ley presupuestario está pendiente de aprobación por el parlamento autonómico, aunque la mayoría parlamentaria de PP y Vox permitirán su aprobación.

La Junta justifica este cambio por la evolución del sector en la Comunidad, que se ha consolidado como una de las principales potencias nacionales en energía eólica. La Administración autonómica defiende que mantener incentivos durante la puesta en marcha de las instalaciones permite evitar que la fiscalidad ambiental se convierta en un obstáculo para atraer nuevas inversiones.

Según la documentación presentada por el Ejecutivo autonómico, no tributan las placas solares situadas en tejados o cubiertas de edificios ni los parques en suelo que ocupen menos de cinco hectáreas. A estas excepciones se suman las instalaciones destinadas principalmente al autoconsumo y las dedicadas a investigación y desarrollo.

Descuentos por renovar los molinos y por invertir en los pueblos

El proyecto de Ley contempla, además, una bonificación del 20% sobre el incremento de la cuota tributaria para los parques eólicos con más de diez años de antigüedad que sustituyan sus aerogeneradores por otros de mayor potencia y reduzcan el número total de molinos. El incentivo se aplica durante dos ejercicios.

El objetivo de esta medida es favorecer la modernización de las instalaciones para producir la misma cantidad de electricidad o incluso más con menos aerogeneradores, reduciendo así la ocupación visual del territorio y los efectos sobre el paisaje y la fauna.

Otro beneficio fiscal pasa por las inversiones en el medio rural. Las empresas podrán deducirse el 20% de las cantidades destinadas a programas socioeconómicos y actuaciones de lucha contra la despoblación en los municipios directamente afectados por sus instalaciones, con un límite máximo del 30% de la cuota del impuesto.

Para acogerse a esta deducción deberán formalizar convenios con las entidades locales o con la Administración autonómica. El mecanismo pretende que una parte de los recursos empresariales revierta en los pueblos que acogen las infraestructuras energéticas, mediante actuaciones destinadas al desarrollo económico y a la fijación de población.

La norma encuadra estos incentivos en el carácter extrafiscal del tributo, es decir, en su finalidad de influir en la actividad de las empresas y no únicamente de recaudar. La Junta argumenta que Castilla y León produce más energía renovable de la que consume y que, por tanto, el territorio soporta parte de los costes ambientales y paisajísticos asociados a estas instalaciones.

Nuevas tarifas para los grandes aerogeneradores y parques fotovoltaicos

La reforma también actualiza las tarifas aplicables a la generación de energía eólica, que, según la documentación presupuestaria, permanecían sin cambios desde 2012. La nueva estructura incorpora tramos para aerogeneradores de mayor potencia: 14.000 euros por unidad para los que se sitúan entre 3.001 y 5.000 kilovatios y 16.000 euros para los que superan los 5.000 kilovatios.

El sistema establece un importe por aerogenerador que disminuye en relación con cada kilovatio de potencia a medida que aumenta el tamaño de los molinos. La intención, según la Junta, es favorecer instalaciones más eficientes y de mayor capacidad de generación.

Este impuesto también alcanza otras infraestructuras con impacto ambiental o visual, con la afección nueva del impuesto a los parques fotovoltaicos, exceptuando los menores de 5 hectáreas que estarán exentos. Tampoco se gravarán los destinados al autoconsumo, tanto en viviendas como industriales de autoconsumo, así como los de otros usos como los educativos, sanitarios, deportivos.

La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas situados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León“. La documentación de la reforma incluye asimismo las instalaciones de telecomunicaciones dentro del ámbito regulado.

Castilla y León ha registrado en 2026 los niveles de contaminación por ozono troposférico más elevados desde 2010, cuando entraron en vigor los actuales límites legales para proteger la salud. El deterioro, coincidente con el verano más cálido del último siglo y medio y los incendios forestales, ha extendido el incumplimiento de los nuevos objetivos europeos para 2030 a seis de las doce zonas en las que se divide la Comunidad, donde viven 1,6 millones de personas, el 66% de la población regional.

Así lo ha recogido el informe presentado este lunes por Ecologistas en Acción, elaborado a partir de los datos de 31 estaciones de medición entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. La organización cifra en un 120% el aumento de las superaciones del objetivo legal para la protección de la salud respecto a la media del periodo 2012-2019, anterior a la pandemia.

El ozono troposférico es un contaminante secundario que se forma en la superficie terrestre mediante reacciones químicas entre otros contaminantes, favorecidas por las altas temperaturas y la radiación solar. Entre sus precursores figuran las emisiones del tráfico, determinadas industrias y la ganadería intensiva. Los incendios forestales del verano también han contribuido al problema, según Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, que apunta especialmente a los grandes fuegos registrados en julio y agosto.

Las seis zonas donde se han superado los nuevos objetivos europeos en al menos una estación son la aglomeración de Valladolid, la cuenca del Ebro, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur y Soria y Demanda. El informe distingue estos nuevos límites, que deberán cumplirse antes de 2030, de los objetivos legales vigentes: estos últimos se han incumplido en tres zonas, que reúnen a cerca de 800.000 habitantes.

La organización advierte de que toda la población de Castilla y León ha estado expuesta a concentraciones superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos valores son más estrictos que los límites legales. Además, estima que unas 250.000 personas, el 10% de la población autonómica, han respirado durante el trienio 2024-2026 aire con niveles superiores al nuevo objetivo europeo.

Soria y Valladolid, entre las zonas más afectadas

Durante el verano se produjeron 15 superaciones del umbral de información a la población en estaciones de Valladolid y Soria, la cifra más alta en dos décadas, según Ecologistas en Acción. La mayoría se concentraron en la provincia soriana durante la segunda quincena de julio y agosto, coincidiendo con las olas de calor y los incendios de la Sierra Norte de Guadalajara.

El deterioro también ha sido destacable en Miranda de Ebro, donde la organización señala la influencia de la contaminación procedente del entorno de Bilbao. En el sur de Ávila y Segovia apunta a las emisiones del área metropolitana de Madrid, mientras que en el oeste de Salamanca y parte de Zamora puede llegar contaminación desde el entorno de Oporto.

El impacto de la contaminación no se limita a la salud humana, como ha alertado el informe. El ozono perjudica a la vegetación y puede reducir la productividad de cultivos como los cereales. En cuanto a sus efectos sanitarios, el documento cita datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente que atribuyen hasta 500 muertes al ozono en Castilla y León en 2023. También recoge una estimación del Instituto de Salud Carlos III de 340 muertes durante el verano de 2026 por el efecto combinado de las altas temperaturas y la exposición asociada a contaminantes como el ozono, una cifra que no corresponde exclusivamente a este contaminante.

Ecologistas denuncia que la Junta sigue sin aprobar los planes

La organización ecologista ha reclamado a la Junta de Castilla y León que apruebe los planes de mejora de la calidad del aire que considera obligatorios tras varias resoluciones judiciales. Según Ceballos, el Tribunal Supremo confirmó en marzo de 2026 la anulación del plan autonómico aprobado en 2021 y estableció un plazo de seis meses para elaborar nuevas medidas. Ecologistas en Acción ha defendido que ese plazo ha vencido sin que los planes se hayan presentado.

La entidad ha comunicado la situación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para pedir que se fuerce el cumplimiento de las sentencias y ha solicitado una reunión con el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

El coordinador autonómico de la organización, Luis Oviedo, ha advertido de que, si la Junta no adopta medidas efectivas, solicitarán actuaciones coercitivas en el procedimiento judicial. Los ecologistas también han reprochado la falta de protocolos municipales frente a episodios de ozono en Burgos, León y Salamanca.

Entre las medidas que ahn propuesto se encuentra reducir el tráfico motorizado, sustituir disolventes orgánicos por alternativas menos contaminantes y actuar sobre las emisiones industriales y ganaderas. También han reclamado mejorar la información a la población vulnerable y reforzar la vigilancia de la calidad del aire, después de que nueve estaciones que medían ozono en El Bierzo y la Montaña Norte hayan dejado de funcionar en los últimos años.

Finalmente, Luis Tudanca no irá como candidato a la lista del Senado por Burgos. La Comisión Federal de Listas del PSOE ha modificado las candidaturas remitidas desde Castilla y León, y votadas por las bases provinciales, para cerrar las nombres que se van a presentar a las elecciones del 29 de noviembre. Por el exsecretario general de los socialistas en Castilla y León irá de cabeza de lista en Burgos la actual alcaldesa de Miranda de Ebro, según ha podido confirmar eldiario.es

Tudanca fue apartado de la Secretaría General del PSOE de Castilla y León por el actual líder autonómico, Carlos Martínez, y dejó de ser senador por designación autonómica el pasado septiembre, cargo que ostenta ahora la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia y exalcaldesa, Clara Martín.

El actual líder del PSOE autonómico, Carlos Martínez, aseguró que su predecesor todavía sigue siendo un activo para el partido en la Comunidad y dio a entender que contaría con él. Ahora, después de que la militancia de Burgos haya votado por Tudanca, Ferraz le apea de la carrera a la Cámara Alta.

En Palencia, Álvaro Bilbao, reemplazado por Mariluz Martínez Seijo

La Comisión Federal de Listas del PSOE también ha metido mano en la candidatura al Congreso en Palencia. El concejal y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Álvaro Bilbao, que iba de cabeza de lista, ha sido reemplazado por Mariluz Martínez Seijo, diputada en la pasada legislatura.

Tras conocer esta decisión respecto a los dos cambios, fuentes de la Ejecutiva Autonómica del PSOE han asegurado a EFE que han defendido ante la Comisión Federal de Listas el mantenimiento de los nombres enviados por las provincias, pero que del mismo modo respetan la potestad de este órgano interno para introducir modificaciones.

En el caso de Palencia, el hecho de que la Federal repesque a Mariluz Martínez Seijo en detrimento del concejal de Urbanismo y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital palentina, supone un revés para la militancia y la propia secretaria provincial y alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, quien ha visto cómo este cambio se ha producido ya en otros procesos electorales.

En este caso, la propuesta de Álvaro Bilbao logró 77 votos a favor y una abstención en el Comité Provincial, mientras que en la votación de la agrupación de la capital consiguió 126 frente a los 15 logrados por Martínez Seijo, quien ha encabezado la lista del PSOE por Palencia en los cinco últimos procesos electorales.

Andrés: “Vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro”

El cambio de Ferraz no ha sentado bien en Palencia, la alcaldesa de la capital y Secretaria general del PSOE en la provincia, Miriam Andrés, ha criticado la decisión. En un mensaje en la red social X, la líder socialista ha asegurado que “Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación”.

“Y vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. ¡Viva la democracia interna!”, ha publicado junto a un vídeo de Pedro Sánchez en 2016 el que el secretario general del PSOE aludía al debate “hasta la extuanación” y que se vote y “toda la organización vaya a una detrás de esa decisión”.

En esa intervención, Sánchez defendía el poder de los militantes como una “única voz” como base y “·ejemplo” para todos. Andrés, dando respuesta a comentarios, también ha criticado que se haya “quitado el turno” de intervención en el Comité Federal. “También podrían haberme llamado para decir que iban a quitar lo que el 98% de la militancia votó. Así que lecciones de lealtad las justas, porque o es recíproca o no es lealtad”, ha remachado para también pedir “más respeto a la militancia de Palencia”.

El PSOE de Castilla y León avanza para cerrar sus listas al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Este miércoles ha cerrado sus propuestas provinciales de candidaturas con una apuesta por la continuidad en el Congreso y cambios en el Senado. Los ministros Óscar Puente y Ana Redondo encabezarán la lista por Valladolid, mientras que el exsecretario general autonómico Luis Tudanca figura como número uno al Senado por Burgos, una decisión respaldada por la dirección provincial que choca con las preferencias de las direcciones autonómica y federal. Será Ferraz quien decida la posición del también exsenador por designación autonómica.

Las candidaturas aprobadas este miércoles por los comités provinciales deben pasar ahora por la Comisión Ejecutiva Autonómica y la Comisión Federal de Listas, que se reunirá el viernes en Ferraz. La aprobación definitiva corresponde al Comité Federal del PSOE, convocado para el sábado 17 de octubre.

El esquema general es el de la continuidad en la Cámara Baja: ocho de los nueve cabezas de lista propuestos repiten respecto a las anteriores elecciones. La principal novedad se encuentra en Palencia, donde el concejal Álvaro Bilbao sustituye a Mariluz Martínez Seijo, que no figura en la candidatura aprobada en la provincia.

En Valladolid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, volverá a encabezar la lista al Congreso, con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como número dos. La propuesta provincial sitúa a José Domingo Castaño en el tercer puesto, a María Luis Sanz en el cuarto y a Raúl Crespo en el quinto. La candidatura al Senado estará encabezada por Sara María Galván, acompañada por Carlos Mangas y Yolanda Lanza. La lista vallisoletana deberá completar todavía el procedimiento interno antes de su aprobación definitiva.

Tudanca, número uno al Senado por Burgos

El PSOE en Burgos tenía un problema que resolver: Luis Tudanca y su puesto de salida para la lista del Senado. Los números y los resultados históricos dan al PSOE siempre un representante para la Cámara Alta, de ahí la pugna por la cabeza de lista los socialistas. Tudanca fue apartado de la Secretaría General del PSOE de Castilla y León por el actual líder autonómico, Carlos Martínez, y dejó de ser senador por designación autonómica el pasado septiembre. Ahora, la dirección burgalesa lo coloca al frente de su candidatura a la Cámara Alta, en una propuesta que la Ejecutiva autonómica o la dirección federal todavía pueden modificar.

La Ejecutiva autonómica apelaba a su “neutralidad” para elegir candidatos, algo que se ha zanjado con Tudanca de número 1, gracias al respaldo mayoritario de las asambleas locales. De dos iría Aitana Hernando y de tres Jesúis Puente, con Miguel Ángel Adrián, cerrando.

Sin sorpresas para el Congreso, en el que irán Esther Peña y Álvaro Morales encabezando la candidatura.

Enfrentamiento en León

En León, la elaboración de las candidaturas ha estado marcada por el enfrentamiento entre el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, y el expresidente de la Diputación y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán. Este último protestó por quedarse fuera de la lista al Senado pese a sostener que existía un acuerdo previo para su candidatura. Cendón defendió que el proceso había sido limpio y afirmó que le había ofrecido el tercer puesto, una opción que Morán rechazó al no encabezar la lista, informa Ileón.

La candidatura leonesa sitúa a Cendón al frente del Congreso, seguido por Lorena Valle, exconcejala de Ponferrada, mientras que Salvador Vidal encabeza la propuesta al Senado. El episodio deja abierta la incógnita sobre cómo se resolverán las discrepancias internas una vez concluido el proceso de aprobación.

Continuidad en el Congreso y cambios en el Senado

En el resto de provincias, las propuestas provinciales mantienen a los principales referentes socialistas al frente de las candidaturas al Congreso. Javier Alfonso Cendón lidera la lista de León; David Serrada, la de Salamanca; José Luis Aceves, la de Segovia; Luis Rey, la de Soria; Manuel Arribas, la de Ávila, y Antidio Fagúndez, la de Zamora.

La renovación de los números uno al Senado afecta a cinco provincias. En Ávila, Carlos Montesino releva a Jesús Caro; en Burgos, Tudanca encabeza la propuesta; en Salamanca, el elegido es Carlos Fernández Chanca; en Soria, la concejala Ana Alegre, y en Valladolid, Sara Galván. En las otras cuatro provincias se mantienen Salvador Vidal por León, Rosa Aldea por Palencia, Lirio Martín por Segovia y José Fernández por Zamora.

En Palencia, Álvaro Bilbao encabezará la lista al Congreso y la senadora Rosa Aldea repetirá al frente de la del Senado. En Salamanca, David Serrada será el número uno al Congreso y Carlos Fernández Chanca encabezará la candidatura a la Cámara Alta. En Soria, Luis Rey repetirá al frente de la lista al Congreso, dejando fuera a Virginia Barcones, actual secretaria general de Protección Civil en el Ministerio del Interior, y Ana Alegre será la candidata al Senado. El alcalde Javier Antón, que fue senador en la legislatura que acaba de terminar, es suplente en la lista del Senado.

Por último, Zamora mantiene a Antidio Fagúndez al frente de la candidatura al Congreso y a José Fernández en la del Senado.

La decisión final, en Ferraz

Las propuestas provinciales se trasladarán este jueves a la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León. Posteriormente, la Comisión Federal de Listas examinará las candidaturas el viernes antes de elevar su dictamen al Comité Federal, que celebrará su reunión el sábado.

Ese trámite será especialmente relevante en Burgos, donde la propuesta de Tudanca no coincide con la preferencia de las direcciones autonómica y federal. La candidatura aprobada por la provincia expresa la decisión de su militancia, pero no garantiza que el exsecretario autonómico vaya a conservar el primer puesto en la lista definitiva al Senado.

La Junta de Castilla y León prevé aumentar cerca del 12% las inversiones territorializadas en las nueve provincias en sus presupuestos de 2027, aunque con diferencias importantes. Segovia encabeza el crecimiento porcentual, con un 31,59% más que en la referencia de 2024, mientras Valladolid registra el menor avance con el 1,54%. En cifras absolutas, León vuelve a situarse a la cabeza, con 240,51 millones de euros, muy por delante de Valladolid (139,77 millones), Burgos (126,59 millones) y Salamanca (125,13 millones).

En el extremo contrario, Ávila concentra el menor volumen de inversión provincializada, con 86,51 millones, por detrás de Soria (97 millones) y Zamora (98,24 millones). Los datos figuran en la documentación territorializada del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, registrada este miércoles en las Cortes por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Entre las principales partidas destacan las obras del nuevo Hospital de Aranda de Duero, que cuenta con 28,72 millones de euros, y las del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, con otros 23,02 millones. La prevención y extinción de incendios forestales suma partidas cercanas a los 123 millones de euros, mientras que la promoción de vivienda protegida para venta y alquiler cuenta con unos 61,4 millones, según el desglose presupuestario aportado.

León encabeza las inversiones con el instituto de Villaquilambre entre las principales obras

León concentra 240,51 millones de euros en inversiones provincializadas, un 4,51% más que en 2024. La provincia mantiene así la primera posición en volumen de fondos, con actuaciones que van desde la modernización de regadíos hasta las infraestructuras educativas y energéticas.

Una de las inversiones más relevantes es la construcción del nuevo instituto público de Villaquilambre, para la que se consignan 8,46 millones de euros en el presupuesto. Se trata de una de las principales actuaciones educativas previstas en la provincia y de una reivindicación que acumula años de compromisos políticos y movilización vecinal.

La primera piedra se colocó hace alrededor de un mes, después de que la Junta adjudicara las obras por 15,7 millones de euros. El contrato contempla un plazo de ejecución de 24 meses y la previsión autonómica sitúa la puesta en funcionamiento del centro en el curso 2029-2030. La infraestructura llegará así más de una década después del compromiso adquirido en 2019 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de un acuerdo político para mantener al PP en la Alcaldía de Villaquilambre.

El instituto tendrá capacidad para 690 estudiantes, repartidos entre 480 plazas de Educación Secundaria Obligatoria y 210 de Bachillerato. El proyecto, sin embargo, no incorpora la Formación Profesional que también reclamaban desde el municipio.

La inversión educativa se completa con 3,48 millones para el polideportivo del IES Eras de Renueva, en León capital. En el ámbito agrario, destacan los 12,8 millones destinados a la modernización de los regadíos de Villadangos, distribuidos entre sus dos fases, y los 8,2 millones previstos para el regadío de Valderas. La Red de Calor de León cuenta, por su parte, con una partida de 15 millones.

También figuran 3,88 millones para el edificio Incubatech del Parque Tecnológico de León y 1,42 millones para la Unidad Satélite de Radioterapia de El Bierzo. Las actuaciones en polígonos industriales suman cerca de 11,88 millones de euros.

Valladolid apenas crece un 1,54%

Valladolid es la provincia donde menos aumenta la inversión provincializada. La Junta prevé destinar 139,77 millones de euros, un 1,54% más que en 2024. La cuantía la sitúa en segundo lugar por volumen de fondos, por detrás de León, pero el crecimiento es muy inferior al de Segovia, Palencia, Burgos, Zamora o Ávila.

Entre las principales partidas figuran 11,8 millones para equipamiento hospitalario y 2,98 millones para obras en el Hospital Clínico Universitario. También se destina 9,9 millones a la concentración parcelaria en Tordehumos, Villabrágima, Morales de Campos, Medina de Rioseco y Villanueva de San Mancio.

En el ámbito educativo y deportivo, el presupuesto incluye 4,7 millones para el convenio con el Ayuntamiento de Valladolid destinado a construir el polideportivo del colegio Miguel Delibes. La provincia suma, además, 7,54 millones para urbanización de suelo industrial, con actuaciones como el polígono Alto de San Juan, en Medina de Rioseco, y el vivero de empresas de Medina del Campo.

El hospital de Aranda concentra la principal inversión sanitaria de Burgos

Burgos recibirá 126,59 millones de euros, un 18,59% más. La construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero sobresale entre las partidas, con 28,72 millones, dentro de un bloque sanitario provincial que ronda los 39,39 millones.

En la capital burgalesa se destinan 6,48 millones al aulario del IES Diego de Siloé. También destacan los 4,8 millones para la variante de Salas de los Infantes y otros cuatro millones para conectar el abastecimiento de agua de la Vecindad de Burgos Norte con la capital. El Parque Tecnológico de Burgos recibirá 1,1 millones.

Salamanca: cerca de 16 millones para el equipamiento hospitalario

La inversión en Salamanca asciende a 125,13 millones, un 10,38% más. El equipamiento hospitalario absorbe 15,9 millones, a los que se suman 2,21 millones para el Plan Director del Complejo Hospitalario. En materia ambiental, la provincia contará con ocho millones para medios aéreos de lucha contra los incendios forestales y otros 6,42 millones para tratamientos selvícolas preventivos. La Red de Calor Salamanca Oeste recibe cuatro millones.

Palencia y Segovia registran los mayores incrementos

Palencia protagoniza el segundo mayor incremento provincial, con un 24,89%, hasta alcanzar los 111,53 millones. El grueso de las principales actuaciones sanitarias se concentra en la construcción y equipamiento del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, que dispone de 23,02 millones.

Entre las inversiones económicas destacan los 5,4 millones para la incubadora de empresas de Magaz de Pisuerga, los 4,9 millones para el polígono industrial de Villamuriel de Cerrato y otros cuatro millones para modernizar el regadío del Bajo Carrión.

Segovia es la provincia donde más crece la inversión en términos relativos, con un 31,59%, hasta los 100,72 millones. Entre las principales actuaciones figura el centro de salud de Cuéllar, con 5,77 millones, además de 4,58 millones para nuevas infraestructuras hospitalarias en la capital. El polígono industrial de Los Hitales, en Bernuy de Porreros, recibirá cinco millones, mientras que otros 4,4 millones se destinan a un vial de conexión entre la CL-601 y la estación del AVE Segovia-Guiomar.

La vivienda pública también tiene un peso destacado en las cuentas segovianas: se consignan casi siete millones para promociones de alquiler y otros 3,56 millones para vivienda destinada a la venta. Entre los proyectos singulares figura, además, una partida de 525.000 euros para construir un puente tibetano con accesos y senda en San Miguel de Bernuy.

Ávila, Zamora y Soria: incendios, patrimonio y centros sanitarios

Ávila contará con 86,51 millones de euros, un 18,11% más. La actuación con mayor dotación individual es la nueva residencia de personas mayores y centro de día de la capital, con 11,5 millones. El presupuesto contempla otros 6,5 millones para urbanizar el polígono industrial de Vicolozano y 5,3 millones para construir una nave en este espacio. Los tratamientos selvícolas preventivos suman casi nueve millones.

Zamora dispondrá de 98,24 millones, un 18,53% más. Entre las partidas de mayor cuantía figuran los cinco millones para equipamiento hospitalario, los 3,5 millones para mejorar la carretera ZA-321 entre la N-122 y Moralina y los 2,3 millones para rehabilitar el Museo de Semana Santa. El Conservatorio Profesional de Música contará con otros 2,25 millones. En materia de prevención de incendios, destacan los 9,1 millones para tratamientos selvícolas y los 3,79 millones para cuadrillas helitransportadas.

Soria, por su parte, eleva la inversión un 9,13%, hasta los 97 millones. La construcción del centro de salud Soria Norte cuenta con 5,52 millones y la adquisición de equipamiento hospitalario, con otros 7,5 millones. En educación, la ampliación del CIFP La Merced recibe 4,67 millones, mientras que la modernización del Canal Inés Eza dispone de algo más de cinco millones. El polígono industrial Vega de Alcozar, en Langa de Duero, contará con 4,5 millones.

Un camionero ha muerto esta tarde y otras tres personas han resultado heridas en una colusión múltiple entre tres camiones en el kilómetro 259 en la autovía A-6, en sentido Madrid, a su paso por Castrogonzalo, Zamora, según ha informado Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso del siniestro se ha registrado sobre las 19.00 horas, según Emergencias. En la llamada se alertaba del choque y de que uno de los conductores se encontraba atrapado dentro de la cabina. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, los Bomberos de Benavente y una UVI móvil y otra ambulancia con soporte vital básico de Emergencias Sanitarias del Sacyl.

El personal sanitario desplazado confirmó la muerte de uno de los conductores y atendió a otros tres heridos. Uno de ellos precisó ser derivado en ambulancia al Hospital de Zamora y a los otros dos se les atendió en el lugar del siniestro.

El accidente ha afectado al tráfico en sentido Madrid cortando el carril derecho entre los kilómetros 259,0 y 258,9. Es el segundo siniestro en el que se han visto afectados varios camioneros después de que el pasado viernes dos personas murieran y siete resultaron heridas, entre ellas dos menores, en un accidente en el que se vieron afectados cuatro camiones y tres turismos, en el kilómetro 143 de la A-62 en Tordesillas (Valladolid), en sentido Salamanca. Un camionero fue detenido por la Guardia Civil como supuesto autor y se investiga si un despiste estuvo detrás del siniestro

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado la celebración de un Pleno Extraordinario para abordar la implantación de Gotion en la ciudad. Según han justificado “no hay información” sobre este proyecto industrial que contempla una inversión de 1.000 millones de euros.

Los socialistas han señalado que la fábrica debe “constituir una prioridad” del equipo de gobierno y ser un “objetivo compartido” por el conjunto de la Corporación Municipal al ser una oportunidad estratégica para la ciudad, por su capacidad para generar empleo, atraer nuevas actividades y reforzar la posición de Valladolid en la transformación del sector de la automoción.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha alertado de que no se han visto avances en las últimas semanas y siguen sin conocerse detalles sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para crear un acceso por carretera al lugar donde se va a ubicar la gigafactoria. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró en un informe que el proyecto no cumple con la normativa y debe de ajustarse a la misma.

Herrero ha asegurado que Carnero tiene que ofrcecer ahora en el Pleno todos los datos: “Nuestra preocupación se deriva de la falta de información. Desde el inicio expresamos toda nuestra colaboración para apoyar los cambios urbanísticos y los trámites que sean necesarios para garantizar la implantación de la megafactoría de Gotion”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista añade un motivo más que le provoca esa inquietud: “En el mes de julio Carnero rechazó la creación de una Comisión Especial de seguimiento en el Ayuntamiento de Valladolid sobre el proyecto industrial de Gotion, pero lo más grave es que su socio de gobierno, Vox, cuestionó diversos aspectos del proyecto industrial.”

Esa promesa, según el PSOE, pasa por “poner a disposición las 60 hectáreas de propiedad privada que, sumadas a las 20 de propiedad municipal, necesita para empezar a construir las factorías”. “¿Qué ha sido de eso?”, ha remachado Herrero.

“Las semanas, los meses pasan sin que estas condiciones estén resueltas. Una inversión de esta dimensión está sujeta a decisiones empresariales y plazos de ejecución que Valladolid no puede desatender. La ciudad no puede permitirse que demoras evitables comprometan una oportunidad industrial y de empleo de esta importancia”, ha asegurado Herrero para cuestionar también si se van a crear partidas específicas para la dotación de accesos y urbanización de la zona.

1.000 millones de euros y 1.000 puestos de trabajo

Los proyectos anunciados contemplan una inversión próxima a los 1.000 millones de euros y, según las previsiones empresariales, la creación de alrededor de 1.000 puestos de trabajo durante su funcionamiento, además de unos 2.500 empleos durante la construcción de las instalaciones. Su relevancia exige una actuación municipal diligente, una coordinación efectiva entre administraciones y un compromiso institucional a la altura de esta oportunidad.

El Ministerio de Industria ha concedido 138 millones de euros de ayudas a través del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. Sin embargo, siguen pendientes condiciones esenciales para materializar la implantación, entre ellas la disponibilidad efectiva de los terrenos y la culminación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

El pasado mes de agosto, el alcalde asumió públicamente el compromiso de facilitar la adquisición de los terrenos mediante la interlocución con sus propietarios y la búsqueda de una fórmula que permitiera agilizar el proyecto. Es necesario conocer qué actuaciones se han realizado desde entonces, qué resultados han producido y qué calendario se maneja para disponer del suelo necesario.

Asimismo, la modificación del PGOU todavía no ha sido sometida a la aprobación provisional. La resolución de los trámites pendientes y la definición de una solución viable para los accesos requieren una explicación precisa de las gestiones realizadas por el equipo de gobierno y de las actuaciones que corresponden impulsar a cada administración.