El Ejecutivo de Castilla y León sigue mostrando sus dos caras en torno a la migración: el PP defiende que Castilla y León es “una tierra de acogida” pero tiene que asumir los postulados de Vox sobre la “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas públicas. En el segundo pleno de septiembre, el Grupo Socialista ha cuestionado a la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, (PP), y a la vicepresidente primero, Carlos Pollán, (Vox) sobre sus posturas al respecto.

El debate en el parlamento autonómico viene después de dos semanas en las que Vox y PP han diferido en la acogida de los menores migrantes de Ceuta y la intención de Vox de deportar a los 164 menores extranjeros no acompañados que tutela actualmente a sus países de origen. Pollán defiende en esa posibilidad, mientras el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago (PP), asegura que la Comunidad no puede negociar directamente con terceros países y que cualquier actuación debe hacerse a través del Estado.

La primera pregunta ha sido formulada por la socialista Patricia Gómez Urbán a Isabel Blanco. La procuradora ha preguntado si Castilla y León continúa siendo una tierra de acogida y ha contrapuesto el discurso actual de la Junta con declaraciones anteriores del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la acogida de refugiados afganos, menores ucranianos y migrantes.

Blanco ha respondido que sí. “Castilla y León es una tierra de acogida”, ha afirmado, antes de defender que cualquier persona que quiera venir a la Comunidad para “trabajar, integrarse, formar una familia” o cuidar tiene una oportunidad.

La vicepresidenta ha utilizado además los datos de afiliación a la Seguridad Social para respaldar su argumento. Según las cifras que ha trasladado en las Cortes, Castilla y León cuenta actualmente con 121.517 afiliaciones de personas extranjeras. El dato, ha señalado, ha aumentado un 2,1% en términos mensuales y un 19,67% en términos anuales, frente al 1,1% y el 15,7%, respectivamente, registrados en el conjunto de España.

Gómez Urbán ha aceptado una parte del planteamiento de Blanco —“Castilla y León sí que es una tierra de acogida”—, pero ha situado esa condición en la ciudadanía y no en la política de la Junta. A partir de ahí, ha acusado al Ejecutivo autonómico de recrudecer su discurso sobre inmigración a medida que avanzaba su acuerdo con Vox.

El PSOE recuerda que Mañueco aseguró seguir acogiendo menores “con Vox o sin Vox”

La socialista ha recordado intervenciones anteriores de Mañueco en las que defendía la acogida de refugiados afganos y de menores ucranianos. También ha recuperado una declaración de marzo de 2025, cuando el presidente aseguró que Castilla y León seguiría acogiendo menores “con Vox o sin Vox”.

La procuradora ha preguntado al Gobierno autonómico sobre qué ha cambiado desde entonces. “Quizás el color de la piel, quizás que no profesan la religión católica, quizás que vienen del norte de África y no del este de Europa”, ha planteado Gómez Urbán, en referencia a los 164 menores extranjeros no acompañados que permanecen bajo tutela de la Junta.

La socialista ha relacionado ese cambio con la postura actual del Gobierno autonómico sobre los menores y ha acusado a la Junta de asumir una política “deshumanizada”. También ha utilizado como ejemplo de acogida la actuación de los jugadores del Real Valladolid que auxiliaron recientemente a un joven migrante que había llegado desde Ceuta oculto bajo el autobús del equipo.

Blanco ha respondido señalando la situación de Ceuta. Para la vicepresidenta la ciudad autonómica “lo ha cambiado todo” y ha recordado que ha reclamado desde 2024 un mayor control de las fronteras.

La 'popular' ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber defendido suficientemente las fronteras españolas y ha reclamado acuerdos bilaterales con los países de origen, además de rechazar las regularizaciones masivas por considerar que pueden generar un “efecto llamada”. “Ceuta es España”, ha concluido Blanco.

Pollán y la “prioridad nacional”

La segunda pregunta socialista tenía al vicepresidente primero de Vox, como destinatario. La procuradora Nuria Rubio ha pedido a Pollán que garantice que ninguna persona será discriminada en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen. Asimismo, ha acusado a la Junta de utilizar a los 164 menores extranjeros que tutela para “fabricar miedo” y ha recordado que cualquier retorno debe estudiarse caso por caso, escuchando al menor y con los correspondientes informes jurídicos.

Pollán ha respondido que “ninguna persona será discriminada” por su origen, pero ha defendido al mismo tiempo el principio de “prioridad nacional” incluido en el acuerdo de Gobierno firmado por PP y Vox. El vicepresidente ha sostenido que esa prioridad no equivale a discriminación y ha diferenciado entre igualdad y ausencia de requisitos. Según ha explicado, las ayudas deben concederse con arreglo a criterios “objetivos y transparentes”.

Entre esos criterios ha defendido el periodo mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la exclusión de las prestaciones sociales para quienes se encuentren en situación irregular; y la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema.

“Prioridad no significa discriminación”, ha defendido Pollán, que ha argumentado que la Administración puede tener en cuenta la vinculación de una persona con Castilla y León cuando gestiona unos recursos públicos que son limitados, siempre dentro de la legalidad.

Rubio ha cuestionado el alcance de esa prioridad y ha defendido que quien “vive aquí, trabaja aquí, cuida aquí y contribuye aquí” pertenece “a Castilla y a León” con independencia de su lugar de nacimiento.

La procuradora socialista también ha acusado a la Junta de utilizar a niños y adolescentes vulnerables para “fabricar miedo” y ha recordado que cualquier eventual retorno debe analizarse individualmente y atendiendo al interés superior del menor.

Pollán ha cerrado su intervención respondiendo al secretario general del PSOE de Castilla y León, ha criticado que el líder socialista, Carlos Martínez, recientemente se haya referido a él como “ilegal” y le ha recordado que él llegó al cargo aupado por personas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán: “Esperemos a ver qué pasa con el Ayuntamiento de Soria”, le ha citado en referencia a la investigación abierta en este consistorio por supuesta corrupción política.

La Junta de Castilla y León ha defendido ahora que no dispone de mecanismos para negociar directamente con los países de origen la repatración forzosa de los menores extranjeros no acompañados que tutela. Según ha explicado, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago (PP), cualquier acuerdo en esta materia debe pasar necesariamente por el Gobierno central, ya que que las relaciones con terceros Estados le corresponden al Gobierno central.

Este matiz se produce apenas 24 horas después de que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, liderada por Carlos Pollán, de Vox, defendiera que Castilla y León iba a explorar “al máximo” la posibilidad de alcanzar acuerdos con esos países al amparo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, Dicho artículo recoge que las comunidades “podrán establecer acuerdos con los países de origen” para procurar que la atención y la integración social de los menores se realicen en su entorno de procedencia, siempre que se garantice la protección del interés de los menores y se establezcan mecanismos de seguimiento.

“No hay ningún mecanismo por el que la Comunidad Autónoma pueda hacerlo por su cuenta porque no tenemos competencia”, ha afirmado González Gago a preguntas de los periodistas en León. El consejero ha añadido que cualquier interlocución “sería una actividad contraria a nuestra estructura de autonomía y a nuestra Constitución”.

“Es posible participar, pero siempre por el cauce debido de la Administración del Estado”, ha resumido.

González Gago no ha descartado que la Junta pueda participar en estos procedimientos, pero ha insistido en que tendrá que hacerlo dentro del cauce de las competencias estatales, pasando por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por las embajadas y consulados españoles.

Preguntado expresamente por la posibilidad de utilizar el artículo 35.2 que había planteado Pollán, González Gago ha reiterado que el Gobierno autonómico está “estudiando el cauce”. “Es un procedimiento complejo, multilateral, a muchas partes y, por lo tanto, cuando lo tengamos claramente definido, se lo trasladaremos a la ciudadanía”, ha apuntado.

Pollán insiste en que los “menores tienen que estar con sus familias”

A pesar de las explicacion de Gago, que también estuvo al frente de los Servicios Jurídicos de la Junta antes de saltar al Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, Pollán ha apuntado que quieren que “el Gobierno de España cumpla con la legislación nacional e internacional y con el principio del interés superior del menor”. Esto sería, como ha explicado, “que los menores tienen que estar con sus familias”, ya sea “en el Reino de Marruecos o en los países de origen”.

Ese jueves Pollán había anunciado que la Junta pretendía recurrir a esta vía para tratar de retornar a los 164 menores extranjeros no acompañados que tutela actualmente Castilla y León. Desde su Consejería se dfendía que la capacidad de acogida de la Comunidad está sobrepasada y mantiene su oposición al reparto de menores entre autonomías.

La Junta afirma que ha iniciado procedimientos con anterioridad

En el Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la Administración ya había recurrido anteriormente la acogida de menores y que había iniciado procedimientos en otros momentos. Asimismo, también indicó que se estudiaría “caso por caso” antes de deportar.

La Junta se comprometió a facilitar la información sobre esos procedimientos, incluidos los datos relativos a cuántos se habían iniciado y cuál había sido su resultado. Sin embargo, esos datos no han sido facilitados todavía.

En su intervención, a preguntas de los periodistas, el portavoz no llegó a concretar quién llevará el peso de esas negociaciones con los países de origen de los menores -que ahora se ha matizado con que se necesita a Exteriores-, de cuántos países se trata, o el coste estimado de esos procedimientos que pretenden aplicar.

Carriedo sí que defendió que “los menores migrantes con quienes mejor están es con sus familias” y repitió el mantra impuesto por el pacto de PP y Vox en 2022 en el que se aseguraba que Castilla y León es “una tierra de acogida lo demuestran los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, los que vienen a trabajar y a integrarse”. Para este Ejecutivo, y el de la pasada legislatura, su postura “no ha cambiado: inmigración legal y ordenada que se integra social y laboralmente”.

La Junta cifra actualmente en 164 los menores extranjeros no acompañados bajo su tutela y sitúa en 130 las plazas de acogida disponibles, lo que utiliza como argumento para defender que el sistema está sobreocupado. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico ha anunciado recursos contra el mecanismo estatal de reparto de menores entre comunidades.

CCOO pide a la Junta que deje de usar a los menores extranjeros como “arma política”

El sindicato CCOO ha pedido a la Junta de Castilla y León que deje de utilizar a los menores extranjeros no acompañados como “arma política contra el Gobierno central”, al afirmar que los 164 tutelados actualmente por el Ejecutivo autonómico y los que pudieran llegar en el futuro están “mejor con sus padres” y buscarán fórmulas para repatriarlos, informa EFE

En un comunicado, el secretario de migraciones de CCOO de Castilla y León, Javier Moreno, ha considerado que se trata de una “actitud irresponsable”, que no tiene en cuenta que la normativa internacional apela a que las administraciones públicas garanticen la protección de los menores de edad.

El responsable de CCOO ha subrayado que los menores extranjeros que llegan solos a España se encuentran en una situación de “especial vulnerabilidad” y, por tanto, “deben recibir la máxima protección por parte de las administraciones públicas”.

Moreno ha preguntado a los responsables de la Junta si van a contactar directamente con sus familias en los países de origen o si “simplemente” se trata de un “titular con fines electoralistas”.

Sobre la negativa a acoger nuevos menores procedentes de Ceuta, el representante de CCOO ha recordado que en las reuniones a las que se niega a acudir el consejero competente en esta materia, Carlos Pollán (Vox), el Ministerio de Infancia ha aprobado el reparto de 35 millones de euros destinados a financiar la acogida de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas.

“No es responsable que Castilla y León no estuviera representada en una reunión donde se decidía la financiación para atender a estos menores”, ha criticado el representante de CCOO, que entiende que esa ausencia refleja una actitud “xenófoba y racista”.

El patrimonio inmobiliario de los miembros del Gobierno de Castilla y León dibuja un mapa que va de Madrid, a Ávila, pasando por León, Salamanca o Valladolid, entre otras capitales, pasando por pueblos de toda la Comunidad. Las declaraciones de bienes publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León recogen 24 viviendas entre las propiedades de los 12 integrantes del Ejecutivo autonómico de PP y Vox, formado por el presidente, dos vicepresidentes y nueve consejeros.

No obstante, la titularidad no siempre es total, ya que en diversos casos se comparte al 50% en régimen ganancial o mediante fórmulas de multipropiedad, mientras que en otros se declara la nuda propiedad o la propiedad privativa.

El documento, en cumplimiento de la Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos, muestra que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su declaración aparecen dos viviendas en Salamanca. En una figura con un 50% de participación de carácter ganancial y en la otra con el 100% de carácter privativo. Sus valores catastrales son de 98.686,58 y 96.235 euros.

Quien tiene las competencias de la vivienda, la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, en su declaración incluye dos viviendas: una en Monfarracinos (Zamora), de la que declara un 50% en pleno dominio, y otra en Madrid, también con una participación del 50%. Los valores catastrales consignados son de 48.049,40 y 16.548,85 euros, respectivamente. Blanco declara además un local, procedente de una liquidación de sociedad, en Zamora con una participación del 44,40%.

El vicepresidente primero, Carlos Pollán, declara dos viviendas: una en Carbajal de la Legua, en el municipio leonés de Sariegos, de la que figura como titular del 100%, y otra en León capital sobre la que declara un 50% de nuda propiedad. Los valores catastrales son de 83.057,06 y 147.450,33 euros.

En lo relativo al patrimonio del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en la legislatura pasada ostento las competencias de Vivienda, en su declaración se recoge una vivienda en León de la que ostenta el 50% en pleno dominio, con un valor catastral de 144.473,32 euros. Además, también incluye un local en León al 100% en pleno dominio valorado en 5.165,03 euros, de una participación del 16,66% en pleno dominio sobre otro inmueble urbano en la capital leonesa, cuyo valor catastral asciende a 3.623,82 euros. La lista de propiedades inmobiliarias se completa con una participación del 33,33% en pleno dominio sobre un conjunto de 16 fincas rústicas en la provincia de León, cuyos valores catastrales varían entre los 6,83 euros y los 251,22 euros.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, incluye en su declaración una vivienda en Valladolid al 100% en pleno dominio con un valor catastral de 65.654,19 euros. En el caso deñ del consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aparecen dos viviendas ambas en Valladolid. Una figura como bien ganancial y la otra como privativo, con una participación declarada del 83%. Los valores catastrales son de 141.362,43 y 86.874,18 euros.

En el caso de Cristina Sanchidrián, consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, aparecen cinco registros de viviendas, con participaciones que van del 16,67% al 50% y ubicadas en Ávila y Madrid. Algunas de las propiedades tienen además el valor de referencia en lugar de un valor catastral consignado.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, posee una vivienda en Valladolid al 50% ganancial en pleno dominio por un valor catastral de 71.174,08 euros. El patrimonio del consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, abarca dos viviendas: una en Burgos capital al 50% en régimen ganancial y pleno dominio (224.282,81 euros) y otra en Tudela de Duero (Valladolid) al 33% en propiedad privativa (57.710,15 euros). Esta fórmula aplica la valoración objetiva calculada por el Catastro a partir de los precios de las compraventas inmobiliarias reales registradas ante notario.

La consejera de Educación, María Pardo, declara dos viviendas al 50% bajo la fórmula de dominio privativo y multipropiedad, situadas en Simancas (251.822,00 euros) y en Madrid (230.133,00 euros). El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, suma tres viviendas: dos en la provincia de Ávila (una al 100% valorada en 44.551,57 euros y otra al 50% con 61.728,98 euros) y una tercera en la Comunidad de Madrid al 50% (79.368,91 euros). El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, declara una vivienda en Valladolid adquirida por compraventa, de la que ostenta el 50% del pleno dominio con un valor catastral de 269.815,00 euros.

Aunque en la declaración aparezcan varios inmuebles, hay que precisar que el término “participación” es relevante para interpretar el documento. El 100% implica la titularidad completa del inmueble declarado, mientras que porcentajes como el 50%, el 33% o el 16,67% reflejan únicamente la parte que corresponde al declarante. Además, el documento diferencia entre pleno dominio y nuda propiedad. El propio documento explica que la nuda propiedad es la titularidad parcial del bien sin incluir necesariamente todos los derechos asociados a su disfrute.

Lo mismo sucede con expresiones como ganancial o privativo. Las primeras identifican bienes integrados en el régimen económico matrimonial de gananciales, mientras que los segundos son bienes atribuidos exclusivamente al declarante.

Las declaraciones, completas de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones recoge también saldos bancarios, acciones y fondos de inversión, vehículos, préstamos, seguros y planes de pensiones, entre otros activos. Se pueden consultar en el Boletín Oficial de Castilla y León, publicado este viernes 18 de septiembre.

Donde Valladolid retiró espacio al coche, el tráfico cayó y, cuando ese espacio volvió a estar disponible para los vehículos, la circulación aumentó. Es el patrón que recoge un análisis elaborado por la Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA) y eKiwi Movilidad a partir de los datos de los aforadores municipales. El trabajo compara distintos periodos antes y después de la implantación y posterior retirada -una promesa electoral del gobierno de PP y Vox que acabó con la ordenanza de movilidad anulada- de carriles bici y bus-taxi en tres ejes de la ciudad.

El mayor incremento aparece en el paseo de Isabel la Católica, donde uno de los puntos de medición analizados registró un aumento neto del 28,9% después de la retirada del carril bici. El trabajo estudia también la avenida de Gijón y la calle López Gómez, donde se implantaron anteriormente un carril bici y un carril bus-taxi, respectivamente. En el aforador situado en San Nicolás, el tráfico cayó un 30,7% durante el periodo posterior a la implantación del carril bici y aumentó después un 28,9% tras su retirada. En el punto de medición de Poniente, las variaciones fueron del -29,4% y +24,3%, respectivamente.

El estudio aplica un método de diferencias-en-diferencias, con el que compara la evolución de cada calle con la del conjunto de Valladolid para tratar de descontar factores generales que afectan a la movilidad. Así, en la avenida de Gijón, el tráfico descendió un 23,4% tras la implantación del carril bici, frente al 9,3% del conjunto de la ciudad. Los autores calculan una caída del 15,6%. Después de retirar el carril, la circulación aumentó un 18,3%, frente al 2,5% de Valladolid, con una bajada del 15,4%.

Algo parecido ocurrió en López Gómez, donde se había implantado un carril bus-taxi. El tráfico cayó un 28,5% entre 2018-2019 y 2022-2023, mientras que en el conjunto de la ciudad lo hizo un 9,3%. Tras la eliminación del carril, la circulación aumentó un 13,6%, frente al 2,5% registrado en Valladolid. El análisis calcula bajadas del-21,2% y una subida del 10,8%, respectivamente.

La evolución posterior de López Gómez, no obstante, rompe parcialmente ese patrón. Entre 2024-2025 y 2025-2026 el tráfico descendió un 5,9%, frente al 0,6% del conjunto de la ciudad. El documento apunta entre los posibles factores a su ubicación dentro de la Zona de Bajas Emisiones y a las restricciones de circulación que mantiene este entorno.

Menos bicicletas en Isabel la Católica

El trabajo también analiza el comportamiento de las bicicletas y encuentra una evolución menos favorable del nuevo carril de Isabel la Católica respecto a otros puntos de la ciudad. Entre julio y septiembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, el paso de bicicletas por Isabel la Católica aumentó un 12%. En Juan Carlos I lo hizo un 33,4% y en la avenida de Salamanca un 24,9%. Al comparar esas evoluciones, ASCIVA y eKiwi calculan una caída del 11,7% para Isabel la Católica.

La diferencia se amplía en la comparación de enero-junio de 2024 con el mismo periodo de 2026. El aforador de Isabel la Católica pasó de registrar 1.145 bicicletas a 834, un descenso del 27,2%. En Juan Carlos I aumentaron un 21,5%, mientras que en la avenida de Salamanca descendieron un 7,6%. La diferencia para Isabel la Católica es un descenso del 26,1%.

El dato contrasta con la evolución de BIKI. Según las cifras incorporadas al estudio, los usos de la bicicleta pública aumentaron un 40,8% entre julio-septiembre de 2024 y el mismo periodo de 2025 y un 63% entre enero-junio de 2024 y enero-junio de 2026.

ASCIVA y eKiwi relacionan esta diferencia con el diseño del nuevo recorrido, que consideran menos orientado a los desplazamientos cotidianos que el anterior. Señalan, entre otros aspectos, un mayor número de curvas, menor conexión con las calles y una mayor interacción con peatones.

El tráfico de Valladolid sigue por debajo de 2019

Los datos de 219 aforadores muestran que el tráfico de Valladolid se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia. Entre 2018-2019 y 2025-2026, la circulación cayó un 7,5%. La mayor parte del descenso se produjo en la primera transición, con una bajada del 9,3%, mientras que posteriormente se registró un rebote del 2,5% y una nueva caída del 0,6%.

El propio análisis advierte de que estos datos generales no permiten atribuir por sí solos la evolución a las medidas de movilidad. Entre los factores que pueden haber influido figuran la pandemia y la consolidación del teletrabajo.

Asimismo, los autores reconocen que el método empleado parte del supuesto de que las calles estudiadas habrían evolucionado de forma paralela al conjunto de Valladolid sin las intervenciones. Admiten que los casos analizados no permiten verificar completamente ese supuesto. También señalan que los datos disponibles de bicicletas son más limitados que los de tráfico motorizado.

Con esas reticencias, ASCIVA y eKiwi sostienen que los resultados son compatibles con un aumento del tráfico en los ejes donde se recuperó espacio para el vehículo privado y con un menor rendimiento del nuevo carril bici de Isabel la Católica respecto a la evolución ciclista del conjunto de la ciudad.

La Junta de Castilla y León ha iniciado la tramitación para declarar como Proyecto Regional el centro de datos hiperescalar orientado a inteligencia artificial que está previsto en el polígono industrial Zamora Norte, en el término municipal de Monfarracinos (995 habitantes). El proyecto, promovido por Edison Next Spain SLU y FRV-X Renewable SLU, contempla una capacidad total de 200 megavatios (MW) de tecnología de la información, distribuida en cinco edificios de 40 MW cada uno, además de las infraestructuras necesarias para garantizar su suministro energético.

La resolución del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, fechada el pasado 11 de septiembre, aparece publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y abre un periodo de 45 días de información pública, audiencia y participación. El expediente había recibido previamente el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, emitido el 2 de marzo de 2026.

El proyecto regional no se limita al recinto del centro de procesamiento de datos. La documentación incluye también las instalaciones energéticas asociadas, entre ellas un parque fotovoltaico, una subestación y una línea de evacuación, que se desplegarían sobre terrenos rústicos de Monfarracinos, Molacillos, Gallegos del Pan, Benegiles y Aspariegos.

La propia Junta define la actuación como un campus hiperescalar 'off-grid', orientado a inteligencia artificial y diseñado para ofrecer alta disponibilidad y autonomía energética. El objetivo del Ejecutivo autonómico es dar respuesta tanto a las necesidades de este tipo de instalaciones como a las limitaciones del sistema eléctrico nacional.

El centro de datos se localizaría sobre dos parcelas del área industrial Zamora Norte, delimitada y ordenada mediante el Plan Regional de Ámbito Territorial aprobado en 2024. El proyecto incorpora las denominadas zonas de datos y zonas de energía y establece una capacidad IT conjunta de 200 MW.

La Junta ha calificado a esta iniciativa como figura de Proyecto Regional. Esto significa, según la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, que la aprobación de este tipo de instrumentos puede determinar la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres.

El expediente también estará sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. La resolución publicada en el Bocyl recuerda que este procedimiento resulta de aplicación conforme a la legislación ambiental estatal. La iniciativa ya había sido comunicada por la Junta antes de comenzar formalmente su tramitación. El Gobierno autonómico informó en marzo de que se disponía a tramitar como Proyecto Regional el centro de datos hiperescalar previsto en Zamora Norte. El proyecto prevé una importante inversión y la creación de alrededor de medio millar de puestos de trabajo.

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las funciones del denominado ‘alcalde B’ por la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid, el coordinador de Políticas Públicas creado por el equipo de Gobierno de Jesús Julio Carnero, ha vuelto al Pleno.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha asegurado que Carnero ha faltado a su puesto como alcalde durante “248 de los 783 días laborables” transcurridos desde el inicio del mandato, lo que supone, según sus cálculos, “uno de cada tres días de trabajo”. La concejala ha reclamado además conocer qué rendimiento ha tenido para Valladolid la actividad de Carnero como senador y qué reuniones o acuerdos ha mantenido en Madrid con miembros del Gobierno.

Según el TSJ el Ayuntamiento estaba obligado a debatir las dos mociones vetadas por Carnero: una centrada en que el alcalde explique la utilidad del coordinador de Políticas Públicas, conocido como ‘alcalde B’, y otra que reclama que Carnero se dedique más a las funciones propias de la Alcaldía.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha defendido que la solución pasa por eliminar el puesto y repartir sus funciones entre los concejales del equipo de Gobierno. Según sus cálculos, la supresión permitiría ahorrar alrededor de “160.000 euros anuales” entre el puesto de coordinador y el administrativo asociado.

Herrero ha explicado que el Ayuntamiento debería volver al modelo tradicional en el que el alcalde ejerce directamente sus funciones, mientras Carnero podría continuar con su actividad en el Senado. “Ningún alcalde de Valladolid jamás necesita un alcalde B, hasta que llegó usted”, ha indicado.

Vuelta al Pleno por decisión judicial

La inclusión en el orden del día se ha producido después de que los tribunales dieran la razón al PSOE en su recurso contra la decisión de Carnero de impedir inicialmente el debate de las dos mociones. La resolución reconoce el derecho de los grupos de la oposición a llevar ambas iniciativas al Pleno y rechaza que la utilización del término ‘alcalde B’ justificara impedir su deliberación. La sentencia señala que la expresión identifica un puesto perfectamente concreto y que no puede considerarse objetivamente denigrante o peyorativa.

El fallo considera además que la decisión de impedir el debate restringió indebidamente el derecho de participación política de los concejales de la oposición.

El PSOE pide documentos que acrediten qué hace el ‘alcalde B’

Durante la primera moción, Herrero ha reclamado a Carnero que aporte documentos que permitan conocer las funciones efectivamente desarrolladas por el coordinador de Políticas Públicas. “Ciérrenos la boca”, le ha espetado, para después de señalar que los funcionarios acreditan su actividad a través de los expedientes y documentos que firman.

La oposición ha puesto en duda la utilidad del puesto, que ocupa Indalecio Escudero, antiguo jefe de gabinete de Carnero durante su etapa en la Diputación y exdirector general cuando el actual alcalde era consejero de la Junta. El cargo fue creado en 2023 y posteriormente el Ayuntamiento modificó el Reglamento Orgánico para darle cobertura después de que la justicia anulara el cargo.

Valladolid Toma la Palabra ha asegurado que no conoce documentos, expedientes o propuestas firmadas por el coordinador que permitan comprobar el desempeño de las funciones que tiene atribuidas. Anguita ha cuestionado también que pueda hablarse de una verdadera coordinación del Gobierno municipal, función en de la que debería encargarse Escudero.

Vox se niega a entrar en el debate

Vox ha rechazado participar en la discusión sobre el ‘alcalde B’ en los términos planteados por la oposición. La teniente de alcalde Irene Carvajal ha acusado al PSOE de utilizar a un empleado público como elemento de confrontación política y ha defendido que el funcionario debe ser mencionado por su nombre y apellidos.

Carvajal ha asegurado que su grupo no entrará en ninguna moción en la que se utilicen “apodos, chascarrillos” contra empleados públicos y ha acusado a la oposición de protagonizar una campaña de hostigamiento contra funcionarios municipales.

La concejala del PP, Blanca Jiménez, ha interpelado a la concejala socialista Charo Chávez durante el debate. “¿Me está usted insultando, señora Chávez?”, ha preguntado Jiménez desde el escaño, mientras Herrero reprochaba al alcalde que las intervenciones de las concejalas de la oposición estuvieran sometidas a un control del tiempo que, a su juicio, no se aplicaba de la misma manera a Vox.

El PP responde con Puente, el Senado y la etapa socialista

La defensa del equipo de Gobierno dada por Blanca Jiménez se ha centrado ha acusado al PSOE de convertir el asunto en una cuestión recurrente y ha defendido que el coordinador de Políticas Públicas es un puesto legal y de apoyo a la Alcaldía.

Jiménez ha respondido a las críticas sobre la actividad de Carnero en el Senado asegurando que el alcalde ha registrado “428 iniciativas” en la Cámara Alta, frente a “una” del exsenador socialista Javier Izquierdo, según la edil 'popular'.

La concejala popular también ha recurrido a la etapa de Óscar Puente como alcalde de Valladolid para contraatacar al PSOE y ha recordado el nombramiento en 2015 de un puesto de libre designación reservado a funcionarios que ocupó quien posteriormente sería alto cargo del Gobierno de España.

Jiménez ha llevado su intervención hacia las sentencias judiciales de la etapa socialista y hacia la tesis doctoral de Herrero, cuestionando el futuro político de Herrero en el Ayuntamiento de Valladolid.

Herrero ha respondido acusando al PP de evitar el asunto central de la moción: explicar qué hace realmente el ‘alcalde B’. “Catarata de argumentos tremendos para no decir nada del alcalde B”, ha remachado al cerrar su intervención.

Dos mociones rechazadas por PP y Vox

Las dos iniciativas socialistas han terminado siendo rechazadas por la mayoría que forman PP y Vox. Ambas votaciones han arrojado el mismo resultado: “13 votos a favor y 14 en contra”.

La primera pedía a Carnero demostrar la utilidad del coordinador de Políticas Públicas. La segunda planteaba eliminar el puesto y redistribuir sus funciones dentro del equipo de Gobierno, con un ahorro estimado por el PSOE de unos 160.000 euros anuales.

PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid han rechazado, con 14 votos en contra frente a 13 a favor, la moción de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) que reclamaba recuperar la referencia expresa a las víctimas de violencia de género en el protocolo municipal de acceso a vivienda pública y restituir los 1,5 puntos que contemplaba el baremo anterior.

El debate durante el Pleno ha derivado además en una bronca entre la teniente de alcalde y concejala de Vox, Irene Carvajal, la oposición e integrantes de la Coordinadora de Mujeres, con interrupciones, reproches e insultos cruzados. Carvajal ha acusado a PSOE y VTLP de convertir el asunto en un “circo político” y de utilizar a las mujeres víctimas para obtener “una foto y un titular”.

Carvajal, después de ser interrumpida durante su intervención por el público, ha señalado a la tribuna y ha hablado de “los fascistas que hay ahí arriba”, mientras desde el público coreaban “fuera, fascistas de Valladolid” y “es violencia de género”, como hicieron la semana pasada en el inicio de curso político también en el parlamento autonómico. UGT Valladolid ha rechazado estos insultos y han enmarcado las protestas del palco en el “derecho a protestar libremente”.

“Llama la atención que, con el argumentario que utiliza su partido, sea ella la que acuse de ejercer la violencia y ser fascistas a quienes defendemos la Ley y exigimos su cumplimiento. Las protestas no son violencia. Negar la violencia machista, sí”, ha zanjado UGT en un comunicado remitido a los medios.

La propia Carvajal ha tenido que ser interpelada en varias ocasiones por el alcalde, Jesús Julio Carnero, que le ha pedido que terminara su intervención al haber superado el tiempo. “Señora Carvajal, le ruego que termine ya”, le ha advertido el regidor. El alcalde también ha reclamado silencio y respeto al público durante el debate y la propia teniente de alcalde ha exigido que se retiren los insultos a su persona.

En este pleno se debatía una moción para recuperar en la distinción a las mujeres víctimas de violencia de género dentro del nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler de VIVA, aprobado en mayo con los votos de PP y Vox. El anterior baremo otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género. El nuevo texto sustituye esa referencia por la de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar, una categoría que el Gobierno municipal defiende como más amplia y que, según la oposición, diluye la protección específica de las mujeres víctimas de violencia machista.

La socialista Rafaela Romero ha reclamado durante el pleno que se dé marcha atrás y ha insistido en que “violencia de género y violencia doméstica no son lo mismo”. Para el PSOE, el cambio no es meramente terminológico porque modifica también la puntuación asociada a las víctimas. Romero ha sostenido que las mujeres que antes tenían 1,5 puntos pasan a quedar incluidas en una categoría que recibe un punto.

Rocío Anguita, de VTLP, ha defendido que la legislación estatal y autonómica establece una protección específica para las víctimas de violencia de género y ha cuestionado que el Ayuntamiento pueda sustituirla por una categoría genérica sin un informe jurídico que avale el cambio. También ha criticado que se haya eliminado del protocolo la valoración de dos puntos asociada anteriormente al paso por recursos asistenciales o habitacionales, como casas de acogida.

“¿Un punto es más que un punto y medio?”, ha ironizado durante su intervención. “Las matemáticas no fallan, es menos”, ha remachado.

Los colectivos de mujeres reclaman volver al protocolo anterior

El debate ha contado con la intervención de representantes del movimiento feminista y vecinal. Nina Infante, del Foro Feminista de Castilla y León, ha reclamado que se mantenga el reconocimiento específico de las mujeres víctimas de violencia de género y ha insistido en que no puede equipararse con la violencia doméstica.

Paula Granado, de la Federación de Asociaciones Vecinales y Consumidores Antonio Machado, ha incidido en la misma cuestión. Ha recordado que el Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril, sí reconoce expresamente la violencia de género, mientras que apenas unas semanas después el protocolo de acceso a la vivienda sustituía esa referencia por la violencia doméstica.

Las organizaciones han defendido que esa modificación no es un simple cambio de vocabulario, sino una alteración de las prioridades en el acceso a recursos públicos. Este asunto también fue abordado hace 15 días, en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, en la que numerosas entidades abandonaron la sesión en protesta por la forma en que se estaba tratando el cambio del protocolo.

Vox defiende que la violencia doméstica amplía la protección

Irene Carvajal ha defendido durante buena parte de su intervención la decisión adoptada por PP y Vox. Su argumento es que la violencia doméstica constituye una categoría más amplia que permite incluir a víctimas que no quedaban contempladas en el anterior baremo: menores, personas mayores, personas con discapacidad, dependientes y hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar.

La concejala de Vox ha citado el Convenio de Estambul y el artículo 173.2 del Código Penal para sostener que la violencia doméstica engloba diferentes formas de violencia dentro de las relaciones familiares y de convivencia. A su juicio, integrar las víctimas de violencia de género en esa categoría no supone reducir su protección siempre que se mantenga su prioridad efectiva en el acceso a una vivienda.

También ha defendido que el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 establece la prioridad de las víctimas de violencia de género en el acceso a vivienda protegida, pero no fija una puntuación concreta para los programas municipales de alquiler. Y ha señalado que las viviendas municipales de VIVA son viviendas libres, no viviendas calificadas como protegidas.

Carvajal ha acusado además al PSOE y a VTLP de no haber planteado objeciones cuando el protocolo se aprobó en mayo y ha asegurado que ambos grupos recibieron el texto 48 horas antes. La oposición, por su parte, ha defendido que sí se opusieron al cambio y cuestiona la forma en que se introdujo la modificación.

El PP asegura que no hay una menor protección

El equipo de gobierno ha defendido que el cambio de baremo no implica, según PP y Vox, una menor protección para las víctimas de violencia de género. El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha asegurado que actualmente VIVA y los servicios sociales municipales disponen de mecanismos suficientes para atender a estas mujeres y ha afirmado que 16 viviendas están ocupadas en estos momentos por víctimas de violencia de género dentro de los recursos municipales. También ha reiterado que ninguna mujer víctima se quedará sin una solución habitacional.

La oposición ha respondido que no cuestiona la existencia de recursos asistenciales, sino que reclama que la protección quede expresamente recogida en las normas y protocolos que deben aplicar los empleados públicos.

Carnero anuncia un informe jurídico

Debido a la polémica generada, Carnero ha optado finalmente por pedir un informe a los servicios jurídicos municipales. El alcalde ha defendido que el Plan Director de Vivienda y Suelo, vigente hasta 2030, recoge la protección de las víctimas de violencia de género y ha sostenido que el nuevo protocolo “mejora” las políticas anteriores.

“Como el tema parece que es una cuestión jurídica, solicitaré al señor secretario y a los servicios jurídicos un informe jurídico de la cuestión”, ha anunciado antes de proceder a la votación.

Carnero ha insistido en que, a su juicio, el concepto de violencia doméstica utilizado en el protocolo incluye la violencia de género y ha asegurado que su Gobierno mantiene un compromiso “claro, determinante y diáfano” contra esta violencia.

La moción de PSOE y VTLP incluía cinco acuerdos. Todos fueron rechazados por PP y Vox, con 13 votos a favor y 14 en contra: reconocer expresamente a las víctimas de violencia de género como colectivo de protección específica y prioritaria; recuperar la diferenciación entre violencia de género y doméstica; restituir los 1,5 puntos del anterior baremo; garantizar las medidas específicas de protección en los instrumentos municipales y rendir cuentas al Consejo Municipal de las Mujeres.

PP y Vox piden más dinero al Gobierno para combatir la violencia machista

Mientras el equipo de gobierno ha votado en contra de la anterior moción, El PP, con el voto a favor de Vox, ha presentado otra moción para reclamar al Ejecutivo central un incremento de los recursos destinados a los ayuntamientos para luchar contra la violencia hacia las mujeres.

La iniciativa ha salido adelante por unanimidad en su punto principal. PP, PSOE y VTLP han coincidido en reclamar más financiación estatal, mientras que también se ha aprobado, con 24 votos a favor y tres en contra de Vox, instar a la Junta de Castilla y León a garantizar financiación suficiente para sus competencias en prevención, protección y atención a las víctimas.

La moción socialista incorporaba además reclamaciones de mayor coordinación entre administraciones, que también han sido aprobadas con 24 votos a favor y tres en contra.

El portavoz del PP, Rodrigo Nieto, ha defendido que Valladolid recibe cada vez menos dinero del Estado para estas políticas y ha reclamado que la financiación aumente a medida que más municipios se incorporan al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El PSOE ha aceptado pedir más fondos al Gobierno central, pero ha rechazado que la disminución de la cantidad recibida por Valladolid pueda presentarse como un recorte decidido específicamente contra la ciudad. La socialista Charo Chávez ha explicado que el reparto responde a criterios fijados legalmente y que el número de municipios incorporados al sistema de protección ha aumentado, lo que reduce la cantidad correspondiente a cada ayuntamiento.

La socialista ha reclamado también corresponsabilidad a todas las administraciones y ha señalado que Castilla y León recibe fondos estatales para desarrollar sus propias competencias en esta materia.

Antes de que el agua cubriera Los Vados —la zona destinada para la construcción del embalse de Castrovido, en Burgos—, Eduardo Chillida encontró allí uno de sus refugios. El escultor donostiarra compró en los años setenta el viejo molino de 'El Colgao', cerca de Castrillo de la Reina, en plena Sierra de la Demanda, y convirtió aquel rincón junto al Arlanza en un lugar de retiro. Décadas después, el molino desapareció bajo las aguas del embalse de Castrovido. La familia de Chillida, vecinos de la zona y colectivos ecologistas se opusieron a la construcción de la presa, pero el proyecto terminó avanzando y aquel paisaje quedó anegado.

Más de dos décadas después del inicio de las obras y con una inversión que supera los 256 millones de euros si se suman los trabajos de emergencia realizados para combatir las filtraciones, la presa burgalesa todavía no ha completado su puesta en carga y sigue sin una fecha cerrada para funcionar a pleno rendimiento.

Según ha explicado la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), su previsión es retomar el llenado durante el otoño, cuando las lluvias permitan disponer de mayores aportaciones. El objetivo inmediato será completar el segundo escalón, situado en la cota 1.020 metros sobre el nivel del mar. Una vez alcanzado ese nivel, y siempre que el comportamiento de la presa sea el esperado, podrá afrontarse la última fase del proceso.

Más obras

Pero todavía habrá que hacer más obras antes de llegar a ese punto. La CHD explica que será necesario ejecutar nuevos trabajos de sellado en la zona comprendida entre la cota 1.020 y la coronación de la presa. El proyecto de estas actuaciones se encuentra actualmente en su fase final de redacción y, una vez que se complete satisfactoriamente el segundo escalón de llenado, podrán licitarse las obras.

Según explica el organismo regulador, después será necesario mantener un periodo de seguimiento para comprobar el comportamiento de la infraestructura. Esto es, esperar a que no se produzcan nuevas simas por las que el agua se filtre. La duración de esta fase no está determinada de antemano y dependerá de la evolución de la presa y de la posible aparición de estas incidencias.

Casi seis millones de euros por los sumideros

El problema que ha condicionado el llenado del embalse desde 2022 se encuentra en sumideros localizados en el vaso de la presa.

Durante el proceso de puesta en carga, los técnicos de la CHD detectaron uno de ellos en el arroyo Vaquerizas, una zona que quedará cubierta por las aguas cuando se complete el llenado. El hallazgo obligó a detener el proceso y a poner en marcha trabajos para sellar el terreno y reducir las filtraciones.

La Confederación cifra en 3.798.383,66 euros las obras de emergencia realizadas hasta ahora para actuar sobre esta problemática. A esta cantidad se sumaron posteriormente 2.230.191,20 euros aprobados por el Consejo de Ministros para continuar con las actuaciones.

Son, en total, más de seis millones de euros adicionales destinados a localizar y sellar los sumideros. Una cantidad que se añade al coste de una infraestructura cuyo presupuesto se había disparado ya durante su construcción.

Casi 20 años de retraso

Castrovido empezó a construirse en 2004, aunque el proyecto llevaba décadas dando vueltas. La idea de levantar una presa en la cabecera del Arlanza se remonta a comienzos del siglo XX y posteriormente fue reformulada y trasladada hasta su ubicación actual.

El proyecto fue aprobado finalmente en 2000. Las previsiones iniciales apuntaban a que las obras estarían terminadas en 2007. Sin embargo, la construcción se prolongó hasta 2020.

En el camino hubo modificaciones del proyecto, problemas constructivos, sobrecostes y también un grave accidente laboral. En 2011, cuatro trabajadores murieron y otros dos resultaron heridos de gravedad al desplomarse una tolva de hormigón durante las obras.

Los trabajos quedaron paralizados tras el accidente y no se reanudaron hasta 2013. En 2019, el Juzgado de lo Penal número 3 de Burgos absolvió a los dos acusados por el siniestro al considerar que la causa había sido la rotura estructural de la maquinaria. La Inspección de Trabajo sancionó a la empresa adjudicataria con 163.956 euros por una infracción muy grave relacionada con las medidas de prevención.

La obra civil terminó finalmente en 2020. El siguiente paso era comenzar el llenado, que comenzó en 2021 y volvió a frenarse. En diciembre de ese mismo año se alcanzó el primer escalón, que supone aproximadamente el 11% de la capacidad total del embalse, con cerca de cuatro hectómetros cúbicos.

Durante las inspecciones realizadas antes de continuar con el siguiente nivel apareció el sumidero del arroyo Vaquerizas. El descubrimiento obligó a detener el llenado precisamente cuando debía comenzar la segunda fase, la de mayor capacidad de almacenamiento. Desde entonces, el sellado del terreno ha condicionado el calendario de una infraestructura que ya acumulaba años de retrasos.

La CHD sostiene que las actuaciones realizadas han permitido conseguir “un salto muy importante” en la seguridad de la presa y que el objetivo de los trabajos es conformar un estrato impermeable que reduzca las filtraciones hasta valores considerados asumibles.

El problema, sin embargo, no ha desaparecido con una única intervención. La magnitud de la zona a tratar ha obligado a prolongar los trabajos de sellado hasta alcanzar una cota que permita volver a llenar el embalse. Ahora el organismo prepara nuevas actuaciones por encima de los 1.020 metros.

Presupuesto inicial de 75 millones y disparado por encima de los 250

Castrovido partía con un presupuesto inicial de 75 millones de euros. Las sucesivas modificaciones llevaron la inversión por encima de los 250 millones. Una de las principales llegó en 2010, cuando se aprobó una modificación para reforzar la cimentación de la presa que supuso más de 95 millones de euros adicionales.

El coste final de la infraestructura se estima que supera los 256 millones de euros si se tienen en cuenta también las actuaciones de emergencia vinculadas a las filtraciones, a falta de una cifra única y cerrada como coste total de todo el proyecto y sus posteriores actuaciones.

Una historia llena de polémica

El molino de Chillida terminó convertido en uno de los símbolos de aquello que el embalse iba a llevarse, pero la oposición al proyecto en la comarca venía de mucho antes.

Los pueblos afectados, especialmente Palacios de la Sierra, se movilizaron contra la presa desde los años noventa. Los vecinos se organizaron en la plataforma 'Salvemos el Arlanza' y llevaron sus protestas hasta Burgos y el entonces Ministerio de Medio Ambiente. En 1996 incluso protagonizaron protestas durante la Vuelta a Burgos.

El rechazo tenía una doble vertiente. Por un lado, los vecinos advertían del impacto económico que tendría la inundación de terrenos de la comarca. Por otro, organizaciones ecologistas y científicos cuestionaban la afección ambiental de una presa que iba a anegar una parte de la cabecera del Arlanza.

En el proyecto inicial, la cola del embalse afectaba a unas 100 hectáreas de la vega de Palacios de la Sierra, un territorio utilizado para la ganadería y la explotación forestal. La plataforma Salvemos el Arlanza defendía que la actuación supondría una afección económica y medioambiental para toda la comarca.

También hubo informes que cuestionaron la necesidad de la infraestructura y alertaron del valor natural del tramo alto del río. La declaración de impacto ambiental del proyecto recoge igualmente alegaciones de colectivos conservacionistas que advertían de distintas afecciones ambientales.

El proyecto, además, tuvo su propia polémica política alrededor del molino de Chillida. Durante la tramitación se llegó a discutir la cota de la presa y su posible afección a la propiedad del escultor. El debate llegó al Senado, donde se preguntó si con una modificación de la capacidad del embalse quedaría anegada la propiedad.

Finalmente, la solución ejecutada mantuvo el nivel que terminó dejando el molino bajo el agua. Del 'Colgao' no queda ya nada visible: la propiedad de la familia Chillida quedó sepultada por el embalse.

La presa ya cumple parte de su función

Aunque todavía no esté completamente operativa al 100%, la CHD defiende que Castrovido ya está teniendo efectos sobre el comportamiento del Arlanza, uno de los objetivos que tenía en su concepción, controlando posibles inundaciones aguas abajo.

Durante el invierno, la presa permite retener y regular las grandes crecidas del río, reduciendo el impacto de las avenidas y los posibles daños en localidades como Salas de los Infantes.

En verano, su función pasa también por contribuir a mantener un caudal mínimo en el Arlanza, algo especialmente relevante durante los últimos meses del estiaje, cuando el caudal disminuye de forma natural y las condiciones son más complicadas para la vegetación y la fauna de ribera, según explica la CHD

El embalse fue concebido precisamente para regular las crecidas del Arlanza y disponer de una reserva hídrica para la agricultura. Tiene una capacidad de almacenamiento de 44 hectómetros cúbicos y una superficie de unas 214 hectáreas.

La tipología del suelo calizo dificulta esta puesta en marcha. Las máquinas tienen que ir buscando los posibles sumideros y rellenar los huecos, pero lo que no se puede ver es cómo puede afectar el peso del agua sobre el terreno, pudiendo generar nuevas simas en las que se vaya el agua.

Para poder evaluar si las últimas obras son eficaces, primero, tienen que llegar las lluvias para seguir llenando el embalse. Luego, deberá de completarse el segundo escalón, ejecutarse las nuevas obras de sellado hasta la coronación y superar el posterior periodo de seguimiento, por lo que la plena operatividad está aún lejos de llegar.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este viernes una Proposición No de Ley de Vox que reclama al Gobierno de España la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos y una revisión de las relaciones bilaterales con el país vecino. La iniciativa ha salido adelante con los votos de Vox, PP y los procuradores del Grupo Mixto, mientras que solo el PSOE se ha opuesto. Los socialistas han reprochado a los 'populares' que hagan “poco caso” a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves pidió a sus dirigentes autonómicos un discurso coordinado sobre la crisis.

Vox ha calificado durante el debate de “invasión” la entrada por Ceuta de más de 70.000 personas y que el PP ha atribuido a Marruecos “por acción o por omisión”. El PSOE, por el contrario, ha rechazado que exista alguna evidencia que permita responsabilizar al país vecino de la entrada masiva de sus ciudadanos en la ciudad autónoma y ha advertido de las consecuencias económicas y diplomáticas que tendría romper el tratado.

La iniciativa aprobada, según el texto, insta además al Ejecutivo central a exigir a Marruecos que acepte “sin excepción” los retornos, devoluciones y expulsiones de sus nacionales, tanto mayores como menores de edad, y reclama una revisión de las relaciones entre ambos países.

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de incurrir en una “omisión del deber” de proteger las fronteras y ha llegado a reclamar que se le juzgue por “traición”.

Durante su intervención, el procurador de Vox ha sostenido que la entrada de personas en Ceuta fue organizada y premeditada por Marruecos y ha reprochado al Gobierno no haber actuado pese a que, según ha afirmado, disponía de información previa sobre lo que iba a ocurrir.

Hierro ha cuestionado a los procuradores del PSOE de Castilla y León para plantear qué sucedería si una entrada de personas de esa magnitud se produjera en provincias como León, Zamora o Soria. También ha acusado a los socialistas de actuar como “súbditos de Marruecos” y ha defendido que España debe exigir el retorno de quienes hayan entrado de forma irregular.

Martínez señala que la gestión de la crisis pudo ser “mejorable”

El portavoz socialista, Carlos Martínez, ha afeado a Vox la utilización de la situación de Ceuta para generar confrontación y obtener rédito electoral. A su juicio, la iniciativa convierte las Cortes en un “juicio sumarísimo” contra el Gobierno y mezcla la situación de la ciudad autónoma con afirmaciones que, ha defendido, no están respaldadas por informes que atribuyan a Marruecos la organización de la entrada de migrantes.

Martínez ha reconocido que la gestión de la crisis por parte del Gobierno puede ser “mejorable”, pero ha rechazado que la solución pase por romper las relaciones con Marruecos. El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha recordado que se trata de un país vecino y de un socio con importantes vínculos comerciales con España, además de considerar que mantiene un papel relevante en cuestiones económicas y de seguridad.

Asimismo, el portavoz socialista ha tirado del Evangelio de Mateo, en el versículo 23.7 para criticar a Vox: “Ustedes maestros de la ley fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera tan hermosos lucen, pero por dentro están llenos de muertos y de inmunditos”. “Así, ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad”.

El socialista ha ironizado con el que el PP de Castilla y León le iba a hacer “poco caso” a Núñez Feijóo al pedir suspender el tratado y apoyar la PNL de Vox. El líder 'popular' envío este jueves, según ha publicado elDiario.es, un mensaje a todos los presidentes autonómicos de su partido para imponer un “mando único comunicativo” ante la escalada de la crisis política dentro del Gobierno por Ceuta y la desclasificación de documentos de diferentes servicios de inteligencia.

Pocas horas después, Isabel Díaz Ayuso se saltó la indicación al tildar de “traidores” y aseguró que si ella fuera presidenta del Gobierno habría “roto relaciones con Marruecos”. Ahora también se suma el PP de Alfonso Fernández Mañueco, que aunque no se ha pronunciado como su colega de Madrid, el voto de su formación en Castilla y León marca la posición de su feudo.

Hierro: “No hay que ametrallarlos. Eso lo hacían ustedes en el 36”

Mientras Hierro defendía la necesidad de proteger las fronteras, desde la bancada socialista le han interrumpido con una alusión irónica a si había que “ametrallar” a los menores. “No hay que ametrallarlos. Eso lo hacían ustedes en el 36”, ha respondido el portavoz de Vox, antes de insistir en que lo que debía hacer el Gobierno era “defender las fronteras” y reprochar a Pedro Sánchez que se hubiera “ido de vacaciones” durante la crisis de Ceuta.

Hierro ha acusado además a los socialistas de no condenar lo ocurrido en los términos planteados por Vox, mientras que el portavoz del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado al partido de Santiago Abascal de buscar “incendiar las calles” por un puñado de votos.

El PP culpa a Marruecos “por acción o por omisión”

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que su partido no acepta una relación “sumisa” con Marruecos y ha reclamado una relación basada en la “igualdad” y la “lealtad”.

García ha responsabilizado al Gobierno de la situación vivida en Ceuta y ha acusado a Sánchez de no actuar pese a conocer, según ha asegurado, lo que podía ocurrir. La portavoz popular también ha defendido que Marruecos no se ha comportado como un “socio fiable” y ha exigido el retorno de quienes hayan entrado ilegalmente en territorio español.

El PP y Vox han coincidido en sacar adelante la petición al Gobierno central de la suspensión del tratado que regula buena parte del marco de amistad y cooperación entre España y Marruecos. Además, García ha criticado al Gobierno por centrarse en hacer creer “que Marruecos no tiene nada que ver con este asalto”, cuando “es culpable por acción o por omisión”.

La propuesta también ha contado con los votos del Grupo Mixto. Alicia Gallego, de UPL, ha respaldado la iniciativa y ha criticado duramente la actuación del Gobierno durante la crisis de Ceuta, aunque ha planteado algunas modificaciones relacionadas con la referencia a distintos territorios de soberanía española.

Por Ávila también ha apoyado la propuesta. Su procurador, Pedro Pascual, ha defendido que la unidad de España y la Constitución están “por encima de todo” y ha calificado de “nefasta” la actuación del Gobierno ante la situación vivida en Ceuta.

Desde Soria ¡YA!, Ángel Ceña ha expresado igualmente su respaldo a Ceuta y a la defensa de la soberanía española, aunque ha aprovechado el debate para reclamar al PP y a Vox la misma intensidad en la defensa de las necesidades de Soria y en la lucha contra los desequilibrios territoriales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado este miércoles la condena a cuatro años de prisión por homicidio por imprudencia grave al joven que propinó el puñetazo que acabó con la vida del vallisoletano Sergio Delgado durante la madrugada del 24 de febrero de 2024 en Burgos. La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la familia del fallecido, que reclamaban la nulidad del juicio y de la sentencia.

La resolución mantiene el fallo dictado por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Burgos y considera que no existen motivos para repetir el procedimiento. La acusación particular, ejercida por los padres y la hermana de Sergio, defendía en su recurso que los hechos debían ser considerados un asesinato o, subsidiariamente, un homicidio doloso. La Fiscalía también había recurrido en busca de la nulidad del proceso.

La sentencia, contra la que todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recoge un reproche al magistrado que presidió el Tribunal del Jurado. Después de visionar íntegramente las sesiones del juicio, el TSJCyL considera que el juez utilizó formas “duras en su forma de expresarse, incluso autoritarias” hacia las acusaciones.

La Sala ha criticado un momento ocurrido durante la vista, cuando el magistrado pidió a una familiar de Sergio que dejara de “lloriquear”. El Tribunal Superior ha considerado que aquella expresión mostró una “falta de empatía”, aunque ha recordado que el juez se disculpó posteriormente y ha tildado el momento de “desagradable e inapropiado”. También ha censurado en algunas de sus actuaciones una “falta de tacto o de acierto en las formas”.

Pese a estas críticas, los magistrados han sentenciado que la actuación del juez no demuestra una pérdida de imparcialidad ni provocó indefensión a las acusaciones. Según la resolución, las decisiones adoptadas durante el juicio respondían a su intención de evitar que el jurado se viera influido por cuestiones ajenas al objeto principal del proceso. Las expresiones consideradas incorrectas o inadecuadas, sostiene el TSJ, no tuvieron entidad suficiente para justificar la nulidad del procedimiento.

El TSJ considera el objeto del veredicto “manifiestamente mejorable”

El Tribunal Superior también ha rechazado los argumentos de la Fiscalía y de la familia sobre la forma en la que se planteó el objeto del veredicto que debía responder el jurado.

La Sala ha admitido que aquel documento era “manifiestamente mejorable” y ha precisado que existieron algunas omisiones, pero considera que ninguna de ellas causó una indefensión efectiva que hiciera necesario repetir el juicio ante un nuevo jurado.

Tampoco ha apreciado una falta de motivación suficiente en la decisión del jurado. Frente a las acusaciones de que el veredicto no explicaba adecuadamente sus conclusiones, el TSJ ha defendido que existió una “concisa aunque suficiente explicación de las razones para su adopción”. Según el TSJ, la sentencia de la Audiencia Provincial también explicó de manera adecuada los motivos que sustentaban la condena por homicidio imprudente.

En la sentencia se ha considerado relevante que el jurado descartara tanto la intención de matar como el dolo eventual. Por ello, ha matizado que no es posible modificar ahora la calificación jurídica de los hechos para convertirlos en un asesinato o en un homicidio doloso.

“Una vez descartados por el Jurado tanto la intención de matar como el dolo eventual”, ha explicado el tribunal, la única calificación compatible con los hechos declarados probados es la de homicidio por imprudencia grave.

Cuatro años de prisión y 150.000 euros de indemnizaciones

La Audiencia Provincial de Burgos condenó al acusado a cuatro años de prisión por homicidio por imprudencia grave. El fallo también estableció indemnizaciones de 100.000 euros para cada uno de los padres de Sergio y de 50.000 euros para su hermana, en concepto de daños morales derivados del fallecimiento.

El acusado llevaba en prisión provisional desde febrero de 2024 y quedó en libertad provisional después de que el jurado descartara el asesinato y el homicidio doloso, al considerar la Audiencia que la pena a la que se enfrentaba no podía superar los cuatro años.

La muerte de Sergio Delgado, de 32 años, provocó una fuerte reacción en Valladolid. Su familia convocó concentraciones para reclamar justicia y mantuvo su oposición a una condena por homicidio imprudente.

El motivo de la muerte: un puñetazo y una caída mortal

Sergio Delgado se encontraba en Burgos celebrando una despedida de soltero cuando, después de mantener una conversación con el acusado en una zona de ocio de la capital burgalesa, recibió un puñetazo en el rostro.

El golpe provocó que cayera al suelo y se golpeara en la región occipital de la cabeza. Pese a la asistencia de los servicios de emergencia, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

El jurado consideró probado que el acusado fue quien propinó la agresión y que Sergio sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz y un traumatismo craneoencefálico derivado de la caída. También dio por acreditado que presentaba una elevada tasa de alcohol y que esa intoxicación influyó en el fallecimiento.

Sin embargo, los miembros del jurado no consideraron probado que el acusado quisiera matar a Sergio ni que se hubiera representado como posible que su acción pudiera acabar provocando su muerte. Tampoco consideraron que sus conocimientos de artes marciales hubieran influido en la fuerza del golpe.

Un profesor de la UVa justificó la muerte de Sergio

El día siguiente a la muerte de Sergio, un profesor de la Universidad de Valladolid publicó un mensaje en el que aseguraba, por ser la víctima de Valladolid que “si ese fue el motivo, pues un asesinato muy merecido”. La publicación se realizó el 25 de febrero de 2024 bajo un nombre y una imagen genéricos y hacía referencia a la hipótesis de que la agresión hubiera estado relacionada con la procedencia vallisoletana de la víctima.

La Universidad de Valladolid acordó posteriormente la “extinción inmediata” de la relación contractual con el docente, Héctor Felipe Mateo, profesor de Ingeniería Informática. El rector, Antonio Largo Cabrerizo, informó además de que la institución había trasladado el contenido del mensaje a la Fiscalía para que determinara si podía existir un delito de odio.

La familia de Sergio reclamó medidas disciplinarias contra el profesor y anunciara que estudiaría posibles acciones legales. Los familiares consideraron que la publicación suponía un ataque a la memoria del joven y advirtieron de que la eliminación de los mensajes y las disculpas posteriores no borraban la posible responsabilidad derivada de lo publicado.

El docente pidió posteriormente disculpas y aseguró mostrar un “sincero arrepentimiento” por sus palabras. En su escrito sostuvo que no comparte actualmente los mensajes que publicó entonces. La familia, sin embargo, cuestionó que la retractación se produjera después de la repercusión alcanzada por el caso y sostuvo que unas disculpas no reparan por sí solas el daño causado.

La “utilidad” del denominado por el PSOE de Valladolid como ‘alcalde B’ será debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento de Valladolid. El tema, por sentencia judicial, ha sido incluido en la sesión del lunes 14 después de que fuese vetada por el regidor, Jesús Julio Carnero (PP), junto a una segunda, para que el regidor se dedicará “más a la Alcaldía”, en septiembre y octubre del pasado año.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volviera a dar la razón a los socialistas el pasado viernes y que el equipo de gobierno haya decidido no recurrir el fallo, se debatarían sendas mociones sobre la figura del director de Coordinación de Políticas Pública, el conocido como 'alcalde b'. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

La primera moción se presenta bajo el título “Moción para que el Sr. Carnero demuestre la utilidad de su ‘alcalde B’, cuyo puesto ha sido anulado por el TSJCYL”. La segunda, registrada el 21 de octubre de 2025, se denomina “Moción para que el alcalde se dedique más a la Alcaldía”. En ella, los socialistas plantean que el alcalde o la persona de su Gobierno que designe asuma las funciones específicas atribuidas al coordinador de Políticas Públicas.

El PSOE cree que a Carnero “le ha salido el tiro por la culata”

El enfrentamiento entre el Gobierno municipal y el PSOE por este cargo no es nuevo. El PSOE defiende que la creación del puesto supone un coste de 627.048 euros durante el mandato, a razón de 156.762 euros anuales. Los socialistas creen que el equipo de gobierno justifica la creación del cargo la necesidad de que Carnero pueda compatibilizar su actividad como alcalde con su condición de senador, uno de los motivos por los que desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid señalan.

Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, a Carnero le “ha salido el tiro por la culata” y ha celebrado que no haya recurrido la sentencia. A su juicio, el alcalde ha terminado provocando precisamente el efecto contrario al que buscaba al impedir el debate.

“El señor Carnero nos prohibió hablar de su alcalde B, y lo único que ha conseguido, primero, es ser condenado y, segundo, que este debate llegue al Pleno, y además por partida doble”, ha señalado Herrero.

El portavoz socialista considera que el asunto no afecta únicamente a su grupo municipal, sino al conjunto de los vecinos de Valladolid, al entender que tienen derecho a conocer y debatir las funciones del cargo creado por el Gobierno municipal.

Herrero ha defendido además que el recurso judicial no tenía como objetivo proteger una “ocurrencia retórica”, sino garantizar la capacidad de los concejales de la oposición para fiscalizar la acción del Gobierno municipal.

El socialista ha acusado a Carnero de mantener una actitud “autoritaria” y ha reivindicado que la oposición pueda utilizar las expresiones que considere oportunas dentro del debate político.

En la sentencia del Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo se anula las decisiones adoptadas por Carnero para eliminar estos dos puntos y se reconoce expresamente el derecho a que las dos iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. También condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

La Justicia rechazó además el argumento de que la utilización de la expresión ‘alcalde B’ justificara impedir el debate. La resolución señala que las mociones identifican de forma clara el puesto al que hacen referencia y concluye que la denominación no constituye “una expresión objetivamente denigrante o peyorativa”.

El fallo incide especialmente en el derecho de participación política de los concejales de la oposición. La sentencia sostiene que la libertad de expresión adquiere una protección mayor cuando se ejerce en el marco de funciones de representación pública y considera que obligar a la oposición a formular una moción en los términos que quiera el presidente de la corporación supondría una quiebra del derecho de participación y de control sobre los órganos de gobierno.

La resolución concluye que la discrecionalidad política está limitada por el derecho fundamental de participación pública y política de la oposición y considera que la decisión de impedir el debate supuso una restricción indebida del derecho recogido en el artículo 23.2 de la Constitución.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado este jueves al ministro Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político”. Para el consejero, la ausencia de representantes, tanto de la Junta como de la Diputación, y la presencia de cargos del PSOE responden a las aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez” del ministro de Transportes.

Carriedo ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acto celebrado el pasado lunes con motivo de la apertura de los nuevos tramos de la A-11 en Valladolid. El portavoz autonómico ha señalado que, a su juicio, la inauguración estuvo más relacionada con el PSOE, como “un acto de partido” que con un acto institucional.

“Seguramente, está asociado a que la persona -Puente- que organizó ese acto, está ya más centrada sus intereses como candidato a suceder a Pedro Sánchez, que en pensar en los intereses generales de nuestra comunidad autónoma”, ha defendido Carriedo.

A pesar del dardo al ministro, el portavoz de la Junta ha indicado que el Ejecutivo autonómico está “otra dinámica: que es el interés general de los ciudadanos”. Según Carriedo, la Comunidad ha informado a los ciudadanos sobre qué carreteras autonómicas se pueden utilizar ser para que se haga con la máxima seguridad posible. Asimismo, desde la Junta se habría trasladado la información a los alcaldes que “no habían sido informados”, algo que tendría que haber hecho “el gobierno de España”.

El portavoz ha recordado además que el propio Puente ha reconocido que fue él quien decidió no invitar a representantes de la Junta, la Diputación de Valladolid ni a los alcaldes de los municipios afectados. “Es un dato a analizar”, ha apuntado Carriedo, que se ha preguntado si el ministro habría adoptado la misma decisión en una inauguración celebrada en otra comunidad autónoma.

La Junta defiende su papel en la apertura

Carriedo ha defendido que la Junta y la Diputación de Valladolid han tenido un papel activo para hacer posible la apertura parcial de la autovía. Según ha explicado, ambas administraciones han puesto a disposición del Gobierno sus carreteras para permitir la circulación mientras continúan las obras de los tramos que todavía no han podido ponerse en servicio.

“Se ha puesto a disposición estas carreteras”, ha señalado el portavoz, que ha insistido en que la colaboración ha sido necesaria porque parte del tráfico que hasta ahora circulaba por la N-122 se está desviando hacia vías de titularidad autonómica y provincial.

El aumento de circulación y el riesgo de la N-122, que cuenta con numerosos siniestros y fallecidos por su volumen de tráfico y peligrosidad, es uno de los argumentos utilizados por la Junta para reclamar cautela. Carriedo ha explicado que estas carreteras tienen un diseño local y comarcal y que la intensidad media diaria puede pasar de unos 2.200 vehículos a alrededor de 5.000.

Cambios en el tráfico del Valle del Cuco

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, se ha reunido este jueves con alcaldes del Valle del Cuco para analizar las afecciones provocadas por la apertura parcial de la A-11. En el encuentro han participado también representantes de la Diputación y técnicos de ambas administraciones.

La Junta ha trasladado a los municipios la necesidad de adaptar la regulación del tráfico ante el aumento de vehículos previsto. Entre las medidas figura la modificación de la regulación de los giros en la intersección de la carretera autonómica VA-101 con la provincial VP-3017, por donde se espera que pase buena parte del tráfico que anteriormente utilizaba la N-122.

Según la información difundida por la Junta, la apertura de los nuevos tramos se ha producido sin que esté terminado el viaducto sobre el río Duero, lo que ha obligado a reorganizar la circulación y está generando afecciones en las carreteras del entorno. La intensidad del tráfico está siendo monitorizada diariamente.

Los alcaldes han trasladado durante la reunión su malestar por los inconvenientes derivados de estos cambios y por la falta de información que, según la Junta, habría acompañado a la puesta en servicio. También han advertido de que las modificaciones coinciden con el inicio de la vendimia y con un periodo de mayor actividad agrícola.

Puente y la Junta: “palos en las ruedas” contra “colaboración”

La polémica surge tras las palabras y mensajes en redes de Puente tras de la inauguración. El ministro acusó a la Junta y a la Diputación de Valladolid de haber puesto “palos en las ruedas” a la apertura completa de la autovía y defendió que fueron las administraciones gobernadas por el PP las que impidieron abrir el tramo entero en ambas direcciones por razones de seguridad.

“Todo esto se lo agradecéis a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Valladolid, es decir al PP, que son quienes han impedido que abramos el tramo entero en ambas direcciones, por supuestas razones de seguridad, como era nuestra intención y nuestro deseo. Las explicaciones que las den ellos, que son los perpetradores de este dislate”, apuntaba el ministro de Transportes en una publicación en la red social X.

Puente también respondió en redes sociales a las críticas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la ausencia de las instituciones autonómicas en el acto. El ministro calificó de “sectarismo” la posición del Gobierno autonómico y de la Diputación y sostuvo que estas administraciones habían dificultado la puesta en servicio de la infraestructura.

La versión de la Junta es distinta. Carriedo sostiene que precisamente la cesión y puesta a disposición de las carreteras autonómicas y provinciales ha permitido que el Gobierno pueda abrir parcialmente la A-11 antes de que estén terminadas todas las obras.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, lamentó este miércoles también no haber sido invitada al acto. “El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados”, afirmó, y aseguró que le habría gustado aprovechar la ocasión para reunirse con Puente y abordar las necesidades de Castilla y León.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ha comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno autonómico impugnará judicialmente todos los expedientes individuales de menores extranjeros no acompañados de Ceuta que no concluyan con su retorno a Marruecos.

Pollán ha trasladado esta posición en una carta remitida este miércoles a la ministra, un día antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves 27 de agosto. Castilla y León tampoco acudirá a la reunión y ha pedido que conste en el acta su voto negativo al acuerdo de distribución territorial de menores desde Ceuta a otras comunidades.

La Conferencia Sectorial tiene previsto abordar, entre otros asuntos, la distribución a Ceuta de 25 millones de euros destinados en 2026 a financiar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. La Junta anticipa su rechazo a cualquier acuerdo que implique el traslado de estos menores a otros territorios.

Pollán reclama al Ministerio que concluya antes los expedientes individualizados de cada menor y determine si procede la reunificación familiar o el retorno al país de origen. La Junta sostiene que cualquier traslado a otra comunidad debería producirse después de resolver esta situación y con una valoración individualizada del interés superior del menor.

En su escrito, el vicepresidente de la Junta habla de una “infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros” que, según su versión, habría forzado las fronteras españolas, y califica lo sucedido como un “acto de guerra híbrida”. También se refiere a los menores como personas que habrían entrado “ilegalmente” en España y denuncia lo que considera un “reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario” por parte del Gobierno.

Piden el expediente completo de cada menor

El vicepresidente primero ha reclamado además que el Ministerio remita a Castilla y León el expediente completo de cada menor cuyo traslado se pretenda, incluida la documentación relativa a la localización de sus familiares, la determinación de su edad, la valoración de su interés superior y la resolución adoptada sobre su traslado.

La Junta ha defendido su posición en la necesidad de priorizar, según su interpretación de la legislación española y de los compromisos internacionales asumidos por España, la reunificación familiar y el retorno al país de origen cuando corresponda. Pollán ha afirmado que trasladar a los menores a otros puntos de España durante la tramitación de estos procedimientos podría dificultar la localización de sus familias y retrasar su resolución.

En el caso de los menores marroquíes, la carta ha explicado al acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007, que contempla el retorno asistido de los menores a sus familias o a instituciones de tutela del país de origen. La Junta ha recordado que este marco debe ser tenido en cuenta antes de cualquier eventual traslado a otra comunidad autónoma.

Una oposición que ya había comunicado la Junta

La carta mandada por el vicepresidente de Vox ratifica la posición que anunció el pasado jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), quien adelantó que los Servicios Jurídicos estudiaban ir a los tribunales si el Gobierno central trasladaba a la Comunidad a alguna de las 500 menores migrantes procedentes de Ceuta si la medida acaba “perjudicando” los “intereses” autonómicos. El consejero también acusó el gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar “un fracaso más” en la gestión de las fronteras tras la crisis migratoria

Pollán, por su parte, ha recordado en su misiva que la Comunidad ya había comunicado el pasado 8 de agosto su rechazo a la propuesta y que, según ha indicado, los argumentos planteados entonces no han recibido respuesta por parte del Ministerio.

El vicepresidente primero ha apuntado que Castilla y León no puede aceptar el traslado de menores procedentes de Ceuta, incluidos los llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio, porque la Comunidad se encuentra, según afirma, en una situación de saturación. La carta reclama al Gobierno central que se abstenga de preparar o ejecutar nuevos traslados mientras no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación.

El vicepresidente se ha reiterado así en sus palabras de este lunes en la visita al Centro de Menores Zambrana, de Valladolid, cuando dijo que es “imposible” que Castilla y León acoja a los menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta porque el sistema de acogida de la comunidad ha superado el límite.

“La capacidad ahora mismo está al límite y está superada. Si hablamos de esos ochocientos y pico que el Gobierno de España piensa que pueden acogerse aquí, es absolutamente imposible”, aseguró a los periodistas.

Pollán pide medidas por las agresiones denunciadas en Ceuta

El escrito incluye varias peticiones relacionadas con la situación de seguridad en Ceuta. Pollán reclama al Ministerio que adopte medidas para evitar nuevas agresiones sexuales contra niñas y adolescentes, tanto españolas como extranjeras, y que se identifique a los autores de los delitos denunciados para que sean juzgados y, en su caso, condenados.

Asimismo, pide que se agilicen los procedimientos de reunificación familiar y retorno de las menores extranjeras que hayan sido víctimas de agresiones sexuales en Ceuta, una cuestión que vincula en su carta con la necesidad de que estas menores puedan regresar cuanto antes a su entorno familiar.

En un comunicado difundido por Vox sitúa esta posición dentro de una estrategia común de los gobiernos autonómicos en los que el partido participa. Los vicepresidentes de Castilla y León, Extremadura y Aragón han anunciado que no acudirán a la Conferencia Sectorial y que se opondrán al reparto de menores procedentes de Ceuta.

El comunicado de Vox señala además que los tres vicepresidentes anuncian recursos judiciales contra los expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos.

Puente: “¿Y qué políticas de fomento de la natalidad ha hecho la derecha?”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la postura de la Junta para recurrir y no acoger menores. En un mensaje en la red social X, el socialista vallisoletano ha cuestionado las políticas de fomento de natalidad que ha hecho “la derecha” en Castilla y León en 40 años de gobierno y ha hecho que pierda “165.000 habitantes”.

En su publicación el ministro ha interpelado a “ todos los fascistas y energúmenos”, que según él “es sinónimo”, que defienden “mejor políticas de fomento de natalidad en Castilla y León” que acoger a menores para preguntarles por estas políticas

“¿Qué políticas de natalidad puedes hacer en una tierra con una población de casi 50 años de media? Vuestras políticas han convertido Castilla y León en un geriátrico a cielo abierto. Así que menos patalear, que la culpa es enteramente vuestra”, ha remachado el ministro.

Puente, sobre la oposición de la Junta acoger menores de Ceuta: “¿Y qué políticas de fomento de la natalidad ha hecho la derecha en Castilla y León, que lleva 40 años gobernando ininterrumpidamente para perder 165.000 habitantes?

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha la orden para acelerar la retirada de la madera quemada en los incendios forestales registrados este año en la Comunidad. El objetivo es evitar que los restos de los árboles afectados, especialmente en los pinares, favorezcan la aparición y expansión de plagas que puedan dañar a otras especies.

Según ha indicado la Consejería de Medio Ambiente y Energía, en la orden publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), el problema no se limita a los árboles completamente calcinados. Los ejemplares que han sobrevivido al fuego pero han quedado debilitados son especialmente vulnerables al ataque de insectos perforadores. Entre ellos se encuentran escarabajos como los escolítidos y los cerambícidos, capaces de aprovechar la madera afectada para multiplicarse y, si sus poblaciones aumentan lo suficiente, llegar a atacar incluso a árboles sanos.

La orden cita entre los incendios más relevantes del año los registrados en Burgohondo, en Ávila; Castropodame y Murias de Ponjos, en León, y Fermoselle, en Zamora. En varios de estos fuegos, una parte importante del arbolado afectado corresponde a coníferas de pino, lo que eleva el riesgo fitosanitario.

Los pinos tendrán prioridad

La extracción obligatoria afecta principalmente a la madera de pino considerada susceptible de generar un riesgo fitosanitario. El resto de especies podrán ser objeto de corta cuando los trabajos sean aconsejables para favorecer la regeneración natural de las zonas afectadas.

La propia orden establece excepciones para aquellos restos que sea conveniente conservar para facilitar la recuperación del monte o mantener la biodiversidad, siempre que su permanencia no implique un riesgo para la salud de las masas forestales.

En los montes catalogados de utilidad pública, serán los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia los que evalúen la madera afectada y preparen los lotes destinados a su enajenación. Los propietarios deberán disponer posteriormente su extracción con carácter urgente y podrán contar con la colaboración de la Consejería para agilizar los procedimientos.

En los montes privados y en aquellos terrenos públicos que no estén gestionados por la Administración autonómica, los titulares deberán realizar las cortas que figuren como obligatorias en el pliego que acompaña a la orden.

Estos trabajos podrán ejecutarse sin tener que solicitar previamente la autorización de aprovechamiento ni presentar la declaración responsable que exige el procedimiento ordinario. La simplificación, según la Consejería, también se aplica a las cortas de otras especies cuando Medio Ambiente las considere recomendables.

La Junta podrá retirar la madera si el propietario no lo hace

La obligación no será en todos los terrenos. Podrán quedar excluidas aquellas parcelas a las que no sea posible acceder con los medios necesarios para retirar la madera, siempre que los técnicos de Medio Ambiente comprueben esta circunstancia. También se contempla la excepción cuando se determine que no existe riesgo fitosanitario para los bosques próximos.

En cambio, si el propietario está obligado a realizar la corta y no lo hace dentro del plazo establecido, la Consejería podrá ejecutar los trabajos de forma subsidiaria, después de haberle apercibido, y cargarle posteriormente los costes.

La orden fija como fecha límite general el 31 de marzo de 2028, aunque la madera cuya retirada se considera obligatoria tendrá que salir del monte antes del 31 de marzo de 2027.

Además, los trabajos deberán realizarse utilizando las vías forestales existentes o aquellas que sean autorizadas específicamente para ello. Una vez finalizada la extracción, las vías públicas utilizadas deberán quedar en condiciones adecuadas.

La normativa también establece restricciones para evitar daños adicionales durante los trabajos. Así, no se permitirá transportar o arrastrar madera por el lecho de los cauces ni circular sobre firmes que estén empapados.

Riesgo elevado en los pinares

La preocupación de la Junta tiene que ver con la capacidad de determinadas plagas para aprovechar la situación generada después de un incendio. La madera fresca que permanece en el monte durante la época de reproducción de estos insectos puede facilitar el crecimiento de sus poblaciones.

La orden señala específicamente a los escarabajos de la corteza, 'Ips sexdentatus', un escolítido capaz de atacar a prácticamente todas las especies de pino. También alerta sobre el riesgo asociado al nematodo de la madera del pino, 'Bursaphelenchus xylophilus', considerado un organismo de cuarentena y cuya propagación depende de un insecto vector presente en los pinares españoles.

La normativa establece además límites al tiempo que la madera de pino cortada y almacenada puede permanecer en el monte, con el objetivo de reducir las posibilidades de que se convierta en un foco de proliferación de estos organismos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este lunes en servicio los nuevos tramos de la A-11 entre los enlaces de San Bernardo, en Valbuena de Duero, y Tudela de Duero. La apertura incorpora 30,7 kilómetros en sentido Valladolid y 25,5 en sentido Soria y deja prácticamente completada la conexión entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero, a falta del viaducto sobre el Duero y de los trabajos que todavía continúan en parte del trazado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presidido el acto de puesta en servicio, celebrado en el entorno del Monasterio de Santa María de Valbuena. Según las previsiones trasladadas por el Ministerio, el tramo completo entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero estará terminado durante la primera mitad de 2027. Con su finalización se añadirán 34,7 kilómetros de autovía y la A-11 alcanzará los 90 kilómetros puestos en servicio desde 2018.

Puente ha afirmado que no existe actualmente ningún kilómetro de la A-11 que no esté ejecutado, en ejecución o en fase de redacción de proyecto. El objetivo final del Ministerio es completar el corredor del Duero hasta Portugal, como ha indicado.

La apertura llega, cono habitúa esta autovía, de forma parcial: el tramo entre Quintanilla de Arriba y Olivares de Duero, de unos 14,5 kilómetros, entra en servicio desde el enlace de San Bernardo, mientras que las obras continúan entre Quintanilla de Arriba y este enlace, aunque se encuentran en un estado avanzado de ejecución.

El segundo tramo, entre Olivares de Duero y Tudela de Duero, tiene una longitud total de 20,2 kilómetros y se pone en servicio prácticamente en su totalidad. La conexión del tronco principal con la A-11 existente en el enlace de Tudela queda pendiente, mientras que el enlace se habilita para el tráfico en sentido Valladolid a través de la conexión con la VA-3302 y las vías de servicio paralelas a la actual autovía.

Seguridad de la N-122

Puente ha defendido que la principal aportación de la nueva infraestructura no será únicamente reducir los tiempos de viaje, sino mejorar la seguridad vial. El ministro ha señalado que la N-122 registra una elevada siniestralidad en esta zona y que la nueva autovía permitirá sacar parte del tráfico local de la carretera convencional.

La previsión del Ministerio es que la A-11 permita canalizar por la autovía buena parte de los desplazamientos procedentes de las carreteras locales situadas al norte del Duero. De esta forma, se reducirían las maniobras de adelantamiento y las interacciones entre vehículos ligeros y pesados.

La N-122 seguirá siendo, no obstante, el itinerario principal para el tráfico de largo recorrido hasta que finalice completamente el tramo entre Quintanilla de Arriba y San Bernardo. Esto afecta especialmente a vehículos pesados, transportes especiales y conjuntos euromodulares.

Durante el acto, Puente ha señalado que en los últimos años se ha acelerado el ritmo de la A-11. El ministro ha recordado que desde 2018 se han puesto en servicio más de 55 kilómetros de esta autovía en las provincias de Soria y Burgos, a los que se suman ahora los nuevos kilómetros de Valladolid.

La infraestructura acumula más de dos décadas de historia. El proyecto comenzó a materializarse con la puesta en servicio de la variante de El Burgo de Osma en 2004 y posteriormente de la variante de Aranda de Duero. A partir de 2019 se sucedieron nuevas aperturas en el corredor soriano y burgalés, entre ellas Santiuste-El Burgo de Osma, La Mallona-Venta Nueva, San Esteban de Gormaz-Langa de Duero, Venta Nueva-Santiuste y El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz.

Protesta contra la apertura parcial

Varios miembros de la Plataforma A11 Pasos, de Peñafiel, han protestado durante el acto contra la apertura de la autovía de forma parcial. La organización ha reclamado una solución para el conjunto del corredor y cuestiona que determinados tramos entren en servicio antes de que esté completado todo el trazado.

Al acto tampoco han asistido representantes de la Junta de Castilla y León ni de la Diputación de Valladolid. Puente ha criticado la “deslealtad institucional” del PP en la Junta de Castilla y León y en la provincia de Valladolid por no acudir a este acto y por no apoyar inversiones que el Gobierno destina a la Comunidad, según recoge EFE.

Por su parte, el Partido Popular —que dirige ambas administraciones públicas— ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que ha lamentado que esta inauguración se haya convertido “en un acto de partido” y ha defendido que no se ha invitado a ningún representante del Ejecutivo autonómico, la Diputación o los municipios.

Puente ha defendido que la infraestructura supone un avance para las comunicaciones entre Valladolid, Soria, Burgos, Zamora y Portugal y que contribuirá a mejorar la competitividad empresarial y la vertebración territorial.

Deberes pendientes

El Gobierno prevé que 2026 termine con más de 80 kilómetros puestos en servicio desde 2018 y que la cifra alcance los 90 durante la primera mitad de 2027, siempre que se cumplan las previsiones actuales. Para entonces deberán estar completados los dos tramos entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, que sumarán otros 9,7 kilómetros respecto a la situación actual.

El desarrollo de la A-11 continúa además en otras provincias. En Soria se encuentra en redacción el proyecto del tramo Los Rábanos-La Mallona, mientras que en Burgos están en ejecución las obras entre Langa de Duero y Aranda de Duero, con una licitación de 212 millones de euros. También se redacta el tramo entre Castrillo de la Vega y el límite provincial con Valladolid y se trabaja en el proyecto que conectará este punto con Quintanilla de Arriba e incluirá la variante de Peñafiel.

En Zamora, el Ministerio mantiene los trabajos para completar la conexión con Portugal, con la variante de Fonfría y Alcañices en fase de proyecto y el tramo entre San Martín del Pedroso y la frontera portuguesa actualmente en obras.

Quintana Martín Galíndez (Burgos, 304 habitantes) ya no tiene el movimiento de hace una década. En la cabecera del Valle de Tobalina (877 habitantes), donde casi el 30% de la población supera los 65, quedan tres bares donde antes había muchos más, las oficinas bancarias han reducido sus días de atención y el municipio ha perdido alrededor de 140 habitantes en los últimos 12 años, cuando comenzó la desconexión y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Como tal, la central dejó de funcionar en agosto de 2017, después de 46 años de actividad. Entonces había 227 trabajadores en plantilla y otros 158 vinculados a empresas auxiliares y subcontratas. En total, 385 empleos quedaron afectados por el cierre en un territorio que hoy integra 27 municipios de Burgos y Álava dentro de la Zona de Transición Justa de Garoña.

Diez años después, la comarca vive una transformación que sobre el papel tiene una dimensión considerable. Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido cerca de 17,43 millones de euros para 35 proyectos empresariales, energéticos y municipales, con una inversión de 31,48 millones.

Al otro lado de la sierra, en la Merindad de Cuesta-Urria, sienten que les ha tocado “el gordo de Navidad” gracias a un macroproyecto de almacenamiento hidráulico que aspira a heredar el nudo de evacuación de la central. El miedo en la comarca pasa por no vivir en sus carnes la situación que se ha vivido en las cuencas mineras del carbón.

La factura de apagar Garoña

“La central nació, creció, dio trabajo durante 40 años y ha muerto”. Jesús Ángel López de Mendoza, alcalde del Valle de Tobalina, resume así el cambio. Y añade una advertencia sobre el futuro: los próximos años todavía estarán marcados por el desmantelamiento, pero cuando termine esa actividad temporal la realidad será mucho más complicada.

Aunque la tasa de paro oficial del municipio se maquilla provisionalmente por debajo del 8% debido a que el desmantelamiento gestionado por Enresa emplea mano de obra comarcal, la preocupación real es qué ocurrirá cuando las demoliciones concluyan en un plazo máximo de diez años.

En esta parte de la comarca de Merindades, en el norte de Burgos, el problema no es únicamente laboral. Para el Valle de Tobalina, el cierre de la central también significó un golpe directo a las cuentas municipales.

Otro de los golpes al Valle de Tobalina vino de un cambio normativo sigiloso en los despachos de Madrid. López de Mendoza asegura que una modificación estatal en la ordenanza del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) arrebató a las arcas municipales la posibilidad de cobrar las tasas ordinarias por la gigantesca obra de demolición de la central nuclear.

El Ayuntamiento calcula una pérdida patrimonial de 23 millones de euros vinculada al desmantelamiento y sostiene que ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros anuales en tributos corrientes que anteriormente contribuían a sostener el presupuesto.

La situación ha obligado al consistorio a tomar decisiones poco populares. El municipio administra 33 pedanías y ha tenido que mantener servicios como la guardería, el gimnasio, el telecentro, las piscinas o la biblioteca. Para poder sostenerlos, el Ayuntamiento ha tenido que elevar tasas como las de basura y agua y el IBI, como señala el regidor.

“He tenido que meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos subiendo la basura, el agua y el IBI para mantener los servicios. Ahora voy cojo. Antes hacíamos las cosas en el día, ahora igual tardo dos días en dar el servicio”, apunta el alcalde.

Incluso las ayudas por albergar los residuos radiactivos resultan insuficientes. El convenio anual con Enresa reporta al ayuntamiento 447.000 euros, una cantidad que es insuficiente para dar todos los servicios.

López de Mendoza logró que el Gobierno flexibilizara las bases de estos convenios —una medida que afectará a todo el parque nuclear español— para poder destinar esa asignación a gasto corriente y costes de personal, y no solo a cemento. “Garoña ya es inviable. Lo de volver a abrirla es imposible, todo nace, crece y muere”, explica frente a los discursos que proponen reactivar la planta.

La nueva apuesta: agua como energía en lugar de uranio

Mientras el Valle de Tobalina intenta mantenerse, a pocos kilómetros, la perspectiva cambia de forma radical. El entorno de Garoña está concentrando proyectos renovables de gran tamaño. Uno de ellos es el desarrollo fotovoltaico de Solaria, acompañado de almacenamiento mediante baterías. En la Merindad de Cuesta-Urria se está trabajando en el proyecto una central hidroeléctrica reversible de 151 MW promovida por Waqbaw.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Dos balsas situadas a distinta cota permiten almacenar electricidad en forma de agua. Cuando existe excedente de generación renovable, el sistema bombea agua hacia la balsa superior. Cuando la demanda aumenta, el agua vuelve a descender y mueve las turbinas para producir electricidad. La instalación está concebida como un circuito cerrado.

La inversión prevista ronda los 197 millones de euros. Para un municipio pequeño como Cuesta-Urria, con cerca 300 habitantes empadronados repartidos en 24 núcleos, el proyecto tiene una dimensión difícil de comparar con cualquier actuación municipal ordinaria.

Para Beltrán, el proyecto de una Central Hidráulica Reversible de bombeo en su término municipal es la única tabla de salvación para el ayuntamiento. La idea se le ocurrió tras un viaje con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) a la localidad valenciana de Cortes de Pallás, donde visitó la central de bombeo de La Muela. “Me di cuenta de que teníamos el lugar perfecto. Tenemos 339 metros de diferencia de altitud entre balsas en muy poco recorrido físico”. Tras consultar la viabilidad con René Gómez, entonces comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el proyecto echó a andar.

Beltrán estima que solo la licencia de obras, calculada sobre una inversión de ese tamaño, supondría unos ingresos extraordinarios para unas arcas municipales cuyo presupuesto ordinario ronda los 800.000 euros anuales. Además, el Consistorio espera ingresos recurrentes mediante cánones y tasas vinculados al funcionamiento de la instalación y a su línea de evacuación.

“Igual que hasta ahora el Valle de Tobalina con Garoña era un ayuntamiento privilegiado, pues ahora nos toca a nosotros. Es una lotería... En el momento en que arranquen las obras, simplemente con la licencia de obra, ya podemos echar adelante algún proyecto importante para asentar población”, apunta el regidor.

El proyecto, según Beltrán, cuenta con el respaldo unánime de los vecinos al plantearse como un circuito cerrado. “El miedo que teníamos era que fuera un circuito abierto desde el río y estuviera gastando agua del río Nela de continuo”. Sin embargo, la realidad de captar agua de un ecosistema fluvial con un estiaje severo mantiene en alerta a los colectivos conservacionistas de Las Merindades, un territorio con un largo historial de lucha ecológica que ya logró tumbar proyectos mineros y de fracking en la cuenca del Nela.

Una 'batería de agua' para la nueva generación renovable

Desde Waqbaw, su director de desarrollo, Víctor de Huerta, defiende que la central de Cuesta-Urria se ha planteado con especial atención a la conservación del entorno. La ubicación de las balsas fue consensuada con los ayuntamientos de la Merindad de Cuesta-Urria y parte de las instalaciones se situará sobre terrenos municipales. La empresa destaca además que el circuito será cerrado y que no habrá una detracción constante de agua del río Nela: el recurso se utilizará para el llenado inicial y para compensar la evaporación.

Frente a las dudas ambientales, Víctor de Huerta, director de desarrollo de Waqbaw, defiende el proyecto como una “infraestructura de país” alineada con la transición energética. “El bombeo reversible y las baterías no son tecnologías excluyentes, sino complementarias”, puntualiza De Huerta. “Pero mientras las baterías de litio sufren una degradación rápida y tienen una vida útil de 10 o 15 años, nosotros estamos construyendo una infraestructura energética madura diseñada para durar varias décadas”.

De Huerta destaca que una central reversible como la de Cuesta-Urria ofrece entre 6 y 10 horas de almacenamiento medio equivalente, inyectando inercia natural, soporte de cortocircuito y estabilidad de tensión a la red síncrona en una provincia con una penetración masiva de energía eólica y solar no gestionable. El objetivo es retener los excedentes de generación renovable que de otra manera acabarían desperdiciándose en forma de vertidos a la red.

El proyecto, además, no llega solo. Otra gran apuesta de la promotora es por el empleo. Waqbaw calcula alrededor de 200 puestos de trabajo temporales durante la construcción, pero asegura que el impacto no terminará cuando acaben las obras.

El compromiso con el Instituto para la Transición Justa contempla hasta 151 empleos equivalentes a tiempo completo vinculados a nuevos centros de trabajo en la zona durante diez años.

A esos puestos se suman 15.100 horas de formación para 100 personas de la comarca, con contenidos relacionados con las nuevas tecnologías energéticas, pero también con la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural y el turismo rural. La intención, según la compañía, es que la inversión deje algo más que una infraestructura energética: trabajadores formados, actividad económica y herramientas para que parte de ese empleo pueda permanecer en el territorio una vez terminada la construcción.

La central de Cuesta-Urria ha obtenido conexión en la subestación de Garoña, en el nudo de 220 kV. Según la promotora, permitirá aprovechar excedentes de producción renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, además de inercia, estabilidad de tensión y soporte a la red.

8,7 millones de euros para 16 proyectos

El fin de los ingresos de la central en las cuentas del Ayuntamiento de Valle de Tobalina contrasta con la llegada de inversión a la comarca, aunque buena parte de ese dinero tiene un destino concreto: rehabilitar edificios, crear equipamientos, mejorar espacios públicos o impulsar proyectos energéticos. No sustituye automáticamente los ingresos recurrentes que generaba una instalación como Garoña.

El propio informe oficial de la Zona de Transición Justa refleja esa apuesta. Solo en infraestructuras municipales se han concedido 8,7 millones de euros para 16 proyectos. Entre ellos está la reforma integral de la residencia de mayores del Valle de Tobalina, con casi tres millones de euros, y la rehabilitación del Hostal Municipal, con 985.520 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inyectado en la zona de influencia de Garoña unos 17,43 millones de euros de ayudas públicas desde 2019. De esta cantidad, 10,3 millones corresponden a infraestructuras del Instituto para la Transición Justa) y 7,1 millones proceden de las líneas del IDAE para descarbonización y comunidades energéticas.

También hay actuaciones destinadas a recuperar espacios de uso colectivo. ENRESA ha cofinanciado 42 propuestas de desarrollo local en once municipios con 2,6 millones de euros. En Tobalina, 783.000 euros se destinan a actuaciones relacionadas con el embalse de Sobrón, la residencia, el entorno del embarcadero y un pabellón multifuncional. La idea es que estas inversiones ayuden a mantener servicios para tratar de mantener a la población.

Empleo de calidad y estable y salir del olvido institucional

En la comarca de las Merindades, el paro se mantiene actualmente por debajo del 8%, pero una parte de esa situación está relacionada con el propio desmantelamiento de Garoña. Hay trabajadores del valle, de Medina de Pomar, Trespaderne y Burgos que siguen vinculados a las obras de la central. Cuando todo eso acabé, se esfumará ese 'colchón'.

La prioridad pasa por conseguir que el empleo sea estable, como indican los alcaldes. El cierre de la nuclear afectó de forma directa a 385 trabajadores entre personal de Nuclenor y subcontratas. Las obras de la central de bombeo darán trabajo temporal a 200 personas, pero una vez operativa la CHR requerirá un volumen mínimo de personal para el mantenimiento diario.

“El turismo es solo una pata de banco”, advierte con severidad el alcalde de Cuesta-Urria, Alfredo Beltrán. “Es ir creando un tejido industrial que nos permita asentar unas 300 familias en la comarca para que la zona funcione”. Beltrán critica el olvido institucional que sufren los municipios fronterizos burgaleses por parte de las capitales autonómica y provincial.

La carretera autonómica que conecta el Valle de Tobalina con Miranda de Ebro, cuyos túneles carecen de iluminación eléctrica en pleno siglo XXI, es el ejemplo de ese abandono que denuncian los regidores. Mientras las grandes ciudades se nutren de la energía limpia generada en los montes y ríos del norte de Burgos, los alcaldes del entorno de la central nuclear de Garoña buscan conseguir que los millones de euros de la transición ecológica se conviertan en escuelas abiertas, más negocios, cajeros automáticos operativos y un futuro habitado en los pueblos que apagaron el átomo.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cuestionado el cambio introducido por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) de Valladolid, por el que sustituye la referencia específica a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica entre los criterios de acceso al alquiler social.

Martínez, entrevistado en el programa ‘Mañaneros 360’ de La 1, ha acusado al PP de acercarse a los postulados de Vox y ha situado la modificación dentro de una estrategia más amplia de la formación popular para disputar a la extrema derecha su espacio electoral.

“Eso es una estrategia planificada por parte del señor Feijóo”, ha afirmado el dirigente socialista, que ha acusado al presidente del PP de haber asumido postulados de la extrema derecha. Martínez ha señalado el cambio de terminología aplicado en Valladolid y ha cuestionado que se deje de utilizar la referencia a la violencia machista.

Martínez alerta de que se quedarán fuera mujeres que sufran violencia y no convivan

El secretario general del PSOE autonómico ha criticado que la sustitución de un concepto por otro no supone ampliar automáticamente la protección y puede dejar fuera situaciones en las que existe violencia contra una mujer por parte de su pareja sin que exista convivencia.

“Si lo que hubieran querido ampliar hubieran puesto una conjunción copulativa: violencia doméstica y violencia de género”, ha señalado durante la entrevista.

Martínez ha puesto como ejemplo el caso de una pareja de adolescentes que sufra violencia machista sin convivir en el mismo domicilio. Según su explicación, este supuesto podría quedar fuera si el criterio se limita a la violencia doméstica.

El dirigente socialista ha contrapuesto la puntuación de los anteriores criterios de baremación con los nuevos. Según ha indicado, en las convocatorias anteriores la violencia de género podía alcanzar una puntuación superior, mientras que el nuevo protocolo contempla la violencia doméstica con una valoración menor.

“Hoy lo que se hace es cargarse de un plumazo el concepto violencia machista”, ha afirmado Martínez, que ha defendido que la violencia de género “existe y es real” y ha reclamado que no se diluya su reconocimiento.

El Ayuntamiento sostiene que la protección se amplía

El Consistorio vallisoletano aseguró este jueves que ninguna mujer víctima de violencia de género quedará excluida de la protección por el hecho de que el término no aparezca literalmente en el protocolo de VIVA. El equipo de Gobierno recordó que la violencia de género continúa regulada por la Ley Orgánica 1/2004 y defendió que su aplicación sigue siendo obligatoria.

El Ayuntamiento también justificó el empleo del concepto de violencia doméstica precisamente como una forma de ampliar los supuestos de atención, al incluir situaciones de violencia que pueden producirse entre familiares o convivientes con independencia del género de la víctima o del agresor.

El Consistorio apuntó que el protocolo recoge expresamente la protección de las víctimas de violencias sexuales y que el Consejo de Administración de VIVA podrá adoptar las medidas necesarias para facilitar su acceso prioritario al parque público de vivienda, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/2022.

La portavoz del equipo de Gobierno, Blanca Jiménez, acusó al PSOE de utilizar a las mujeres y a las víctimas como elemento de confrontación política y defiende que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La antigüedad en el empadronamiento

Martínez también ha criticado que se haya incluido un criterio de antigüedad en el empadronamiento para acceder a determinados programas de vivienda. Según ha explicado, el nuevo sistema establece el requisito de tres años de empadronamiento y permite incrementar la puntuación en función de la antigüedad, hasta un máximo de diez años.

Para Martínez, este criterio puede tener un impacto especialmente relevante en una comunidad como Castilla y León, donde muchos jóvenes abandonan sus municipios o provincias para estudiar o trabajar y posteriormente pueden intentar regresar.

“Uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que salir de nuestra comunidad para poder desarrollar un proyecto vital”, ha argumentado. A su juicio, establecer el empadronamiento como un elemento de peso puede dificultar el retorno de quienes tuvieron que marcharse.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la antigüedad en el padrón se prima a partir de tres años precisamente en coherencia con el nuevo requisito de acceso al programa y dentro de una reforma cuyo objetivo, según el Consistorio, es reducir la burocracia y acelerar la adjudicación de viviendas.

El Gobierno municipal sostiene que uno de los principales objetivos de la reforma es reducir los tiempos de tramitación. Según su explicación, el sistema anterior exigía una cantidad elevada de documentación y podía llevar hasta un año aprobar las listas definitivas.

Martínez califica a Castilla y León como “laboratorio” de los pactos PP-Vox

El soriano ha calificado a Castilla y León como un territorio “pionero” en la incorporación de Vox a un Gobierno autonómico y ha acusado a la derecha de utilizar la Comunidad como un “laboratorio” para poner en práctica medidas que posteriormente pueden trasladarse a otros territorios. “Volvemos a ser una vez más el laboratorio de puesta en práctica de políticas de extrema derecha”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha acusado al PP de abandonar posiciones moderadas en su intento de competir electoralmente con Vox también en otros temas como la política migratoria, el cambio climático o las políticas contra la violencia machista.

La Junta ya evitó posicionarse sobre el cambio

Desde la Junta de Castilla y León, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, evitó pronunciarse sobre si el Ejecutivo autonómico aplicará un cambio similar en futuras convocatorias de vivienda.

Carriedo defendió el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox como el marco que debe guiar las decisiones de la Junta y aseguró que se trata de un documento “muy detallado, concreto y preciso”. Sin embargo, el pacto autonómico no recoge expresamente una sustitución del concepto de violencia de género por el de violencia doméstica en las políticas de vivienda.

El acuerdo sí menciona a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos que podrán beneficiarse de determinadas medidas relacionadas con la vivienda, mientras que en su apartado específico sobre vivienda recoge otros perfiles prioritarios, pero no establece de forma expresa ese cambio terminológico.

La Junta de Castilla y de Castilla y León ha rebajado a 37.800 hectáreas la superfice afectada por el incendio de Burgohondo, en Ávila. Según ha explicado la Consejería de Medio Ambiente, la estimación se ha conseguido a través de la las imágenes obtenidas con el satélite SENTINEL de la Unión Europea. El fuego que se declaró en Burgohondo el 22 de julio debido a una máquina de picar piedra que estaba trabajando pese a la prohibición de utilizar maquinaria que podía generar chispas debido al riesgo extremo de incendios. Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo al operario y hay otro investigado.

Para saber la extensión exacta, según señalan, deberá calcularse también con la información que arrojen los trabajos de campo una vez se dé por extinguido, una vez se haya dado por controlado el 15 de agosto. En un primer momento, las primeras cifras hablaban de entre cerca de 47.000 a 50.000 hectáreas afectadas. En los peores momentos, el fuego obligó al desalojo de unas 40.000 personas y otras 10.000 fueron confinadas en sus domicilios.

De esas 37.800 hectáreas, según el propio satélite, que es capaz de distinguir las zonas verdes de las quemadas parcial y totalmente, 33.900 hectáreas son de naturaleza forestal, teniendo en cuenta solamente los daños registrados en la provincia abulense.

La información técnica, estructurada según los criterios establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) para sus estadísticas, identifica un número de hectáreas inferior a la valoración indicada en los primeros momentos tras dar por controlado el incendio y cifra en 27.600 hectáreas la superficie arbolada afectada en esta provincia.

Plan de recuperación

En el comunicado, la Consejería apunta que la información facilitada por el Ministerio da una idea aproximada de la situación de la superficie tras el incendio y permite que la Junta trabaje en las acciones que, integradas en el plan de recuperación aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 30 de julio, va a llevar a cabo de forma inmediata para favorecer la regeneración de la zona.

Las actuaciones están dirigidas a la reducción de arrastres y fenómenos erosivos en las laderas fuera de cauces (en ellos la competencia es de la Confederación Hidrográfica del Tajo -CHT-); estabilización de terrenos; recuperación de la funcionalidad de infraestructuras; control de plagas y eliminación de riesgos de accidentes (caída de árboles o piedras).

Para ello, se prevén herramientas concretas como el ‘mulching’ con paja que sirve de amortiguación de los efectos erosivos de las lluvias; la instalación de fajinas y albarradas para evitar la pérdida de suelo; la reparación de pistas, cortafuegos, cerramientos, puntos de agua y señalética; la preparación de semillados, plantaciones de especies autóctonas y otras ayudas a la regeneración natural; o cortas y extracciones de madera quemada, algunas de las cuáles ya se están ejecutando.

La Junta de Castilla y León está estudiando ir a los tribunales si el Gobierno central decide trasladar a la Comunidad a alguna de las 500 menores migrantes procedentes de Ceuta si la medida acaba “perjudicando” los “intereses” autonómicos. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves que los Servicios Jurídicos valoran las posibilidades de recurrir una decisión de este tipo y ha acusado al Ejecutivo central de haber “fracasado” en el control de las fronteras.

Para Carriedo, el reparto de menores y su posterior tutela corresponden a las competencias de las comunidades. A su juicio, se trata de un problema de “seguridad nacional” y de “control de fronteras” que afecta directamente a la seguridad del país.

El portavoz de la Junta ha acusado al Gobierno de España de protagonizar “un fracaso más” en la gestión de las fronteras tras la crisis migratoria registrada en Ceuta y ha reclamado que se garantice el retorno de las personas que hayan entrado de manera irregular en España a sus lugares de origen.

El portavoz autonómico ha advertido la “oposición radical” del Ejecutivo de Castilla y León contra cualquier intento de trasladar el problema a las comunidades autónomas. “El Gobierno no puede diluir un problema de seguridad nacional en el conjunto de España”, ha defendido, antes de insistir en que, a su juicio, la prioridad debe ser garantizar el control de las fronteras.

La Junta estudia recurrir el reparto de menores

En caso de que se confirme el traslado de estas menores, Carriedo ha indicado que los Servicios Jurídicos de la Junta “explorarán” si existe alguna vía para recurrir una situación en la que estos se encuentren físicamente en un territorio cuya tutela corresponda a otra administración.

La Junta se opondrá, ha señalado el portavoz, a cualquier medida que considere contraria a los intereses de Castilla y León o que se adopte sin tener en cuenta la posición del Ejecutivo autonómico y vulnere las competencias de la Comunidad. “Presentaremos los recursos correspondientes”, ha afirmado.

La posición, ha defendido, no supone un cambio respecto a la anterior legislatura. El portavoz ha recordado que la Junta ya acudió entonces a los tribunales frente a determinadas decisiones del Ejecutivo central en materia migratoria cuando consideró que afectaban a los intereses de Castilla y León.

PP y Vox comparten postura

Según ha explicado Carriedo, tanto su partido, el PP, como su socio, Vox, comparten postura sobre qué hacer con un posible reparto de menores. El portavoz ha indicado que su posición es postura “común” y “coherente” con el acuerdo de legislatura firmado por ambas formaciones.

Además, el portavoz ha recordado que la oposición de la Junta a las políticas migratorias del Gobierno central es continuista respecto al anterior mandato junto a Vox y también cuando el PP gobernaba en solitario en Castilla y León.

Carriedo pide seguir la línea marcada por la UE

El portavoz autonómico ha reclamado además al Gobierno de España que tenga en cuenta las directrices de la Unión Europea a la hora de abordar la crisis migratoria. Según Carriedo, las instituciones comunitarias han establecido una vía “muy precisa” sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones, por lo que ha pedido al Ejecutivo central que escuche la posición de Europa.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves el acuerdo de Gobierno de PP y Vox como forma de evitar posicionarse sobre la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de sustituir la referencia a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica en los criterios de acceso a la vivienda pública en Valladolid.

Carriedo ha marcado distancias con la decisión del Ayuntamiento, a pesar de estar también gobernado por PP y Vox, al recordar que se trata de una competencia municipal y que la Junta no entra a valorar las actuaciones de otras administraciones dentro de su ámbito de competencias. El portavoz del Ejecutivo autonómico respondía así a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha acusado a los 'populares' de actuar con “deslealtad” y de desmantelar políticas de igualdad en las instituciones donde gobierna junto a la extrema derecha.

El portavoz autonómico ha reivindicado el pacto que sustenta el Gobierno de Castilla y León como guion a seguir en la toma de decisiones. “Nos sentimos muy de acuerdo con el acuerdo”, ha señalado en referencia al documento firmado por PP y Vox, que ha definido como un texto “muy detallado, concreto y preciso”, con medidas y calendario de cumplimiento.

“Es el que vamos a cumplir”, ha insistido Carriedo al ser preguntado por si van a introducir este tipo de cambios en las próximas convocatorias de ayudas. El portavoz ha defendido su pacto con Vox y ha señalado que el acuerdo cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de las Cortes de Castilla y León.

Sin embargo, el pacto autonómico no recoge una modificación como la del Ayuntamiento de Valladolid. El acuerdo sí se menciona expresamente a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos a los que se aplicarán determinadas medidas fiscales relacionadas con la vivienda, como la rebaja de tipos del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual.

En el apartado 15, dedicado específicamente a vivienda, el pacto contempla un incremento de la inversión, nuevas políticas dirigidas a jóvenes, ampliación de las ayudas al alquiler y otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda. También recoge distintos perfiles considerados especialmente expuestos a la crisis habitacional, pero no establece ningún cambio para sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia doméstica.

“Se valorará positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc”. Por tanto, salvo que ese “etcétera” recoja el cambio, no hay una indicación clara en el texto para cambiar el criterio.

El cambio en Valladolid: la violencia de género se diluye en violencia doméstica

El cambio de criterio en Valladolid fue aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) el pasado 28 de mayo con los votos de PP y Vox y se recoge en el nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales. El documento sustituye la referencia a las víctimas de violencia de género por la de víctimas de violencia doméstica. En el protocolo anterior, las víctimas de violencia de género recibían 1,5 puntos dentro de los criterios de baremación; con el nuevo sistema, ese criterio deja de aparecer de la misma manera, según adelantó la Cadena Ser.

El PSOE ha defendido que el cambio puede dejar fuera a mujeres víctimas de violencia de género que no conviven con sus agresores, al considerar que ambos conceptos no son equivalentes. Los socialistas han reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, que dé marcha atrás.

El portavoz municipal socialista, Pedro Herrero, ha calificado el cambio de “extremadamente grave” y ha acusado al equipo de Gobierno de romper el consenso que existía alrededor de estas políticas. El protocolo anterior, según ha recordado, había sido aprobado por unanimidad, mientras que el nuevo solo contó con los votos favorables de PP y Vox.

Herrero también ha pedido al alcalde que aclare si “ha tomado él la decisión” o si el cambio es una obligación de Vox. “le obliga Vox”. El concejal socialitas también ha calificado de “barbaridad” la explicación que dio este miércoles el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, a la Cadena Ser, “diciendo que la violencia doméstica incluye a la violencia de género”.

El PSOE ha recordado que la violencia de género es aquella que es ejercida “por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, y cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder”.

Por contra, como ha indicado Herrero, la violencia doméstica, “pone el acento, fundamentalmente, en la relación familiar o de convivencia”. “En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica”, por lo que desde el PSOE creen que la modificación del protocolo “desprotege a las mujeres víctimas de esta lacra social”. “Carnero las está desamparando”, ha aseverado Herrero.

El Grupo Municipal Socialita ha adelantado que va analizar con “con mucho detenimiento” por si la modificación hubiera incurrido en “una ilegalidad” o “irregularidad”. Desde el PSOE entienden que la ley, en su artículo 28, recoge que “en materia de vivienda no es que las mujeres sean un colectivo vulnerable, dice que es un colectivo prioritario porque para una mujer víctima de violencia de género su casa es algo más que una casa”.

Redondo acusa al PP de “deslealtad”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “honda preocupación” por el retroceso, a su juicio, de las políticas de igualdad en administraciones gobernadas por PP y Vox. Redondo ha considerado que la desaparición de las víctimas de violencia de género del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social supone “un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado”.

Frente a estas acusaciones, Carriedo ha recomendado a Redondo que centre su actuación en aquellas cuestiones que, según ha afirmado, ponen “en riesgo la igualdad” y la protección y seguridad de las mujeres en España.

UGT también reclama recuperar el término

A las críticas socialistas se ha sumado UGT, que ha calificado de “lamentable” la modificación del protocolo municipal y ha reclamado al Ayuntamiento que vuelva a incluir expresamente a las víctimas de violencia de género entre los colectivos prioritarios.

El sindicato ha defendido que la violencia doméstica y la violencia de género no son conceptos equivalentes y considera que el cambio puede afectar a la protección de mujeres que no conviven con sus agresores.