Castilla y León tiene una asignatura pendiente con las personas LGTBi. Es de las pocas autonomías que no han desarrollado una ley propia para proteger a este colectivo y es en esta Comunidad donde se han iniciado los procesos judiciales para que se reconozca que las banderas arcoíris puedan ondear en los edificios públicos, como sentenció el Tribunal Supremo en diciembre de 2024 a raíz de las denuncias contra la Diputación de Valladolid o el Ayuntamiento de la ciudad del Pisuerga. En el fallo se daba entender estas enseñas que no son un símbolo partidista o que propugne “algún tipo de enfrentamiento”.

Cuando llegó Vox a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, apartó del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.

Este jueves, según ha podido saber elDiario.es, el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, el 'popular' Francisco Vázquez, abordará con el resto grupos si la institución recupera la celebración protocolaria del Día del Orgullo, con la bandera y la iluminación como hasta antes de la llegada de Vox al parlamento.

Una polémica que empezó en 2022 con Vox

Cuando Vox alcanzó la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, apartó del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.

Pollán, ahora vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales  se negó a mostrar apoyo a la defensa de cualquier colectivo desde la institución para evitar la bandera arcoíris. Para el entonces presidente de las Cortes “las banderas oficiales de las Cortes son las de España y la de Castilla y León. No hay otras”. La negativa de Vox chocó con el Grupo Parlamentario Socialista, quien lleva colocando en las ventanas de sus despachos la enseña LGTBI. Algo que han vuelto a hacer este mismo miércoles. Esta misma acción se ha realizado desde otras instituciones, como los despachos del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, debido también a la negativa del alcalde, Jesús Julio Carnero, del PP con apoyo de Vox, a colgar banderas que no sean “oficiales”.

En los cuatros años en los que Vox ostentó la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, que accedió gracias al primer acuerdo con el PP del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha habido un año sin polémica sobre la colocación o no de la bandera.

En 2023 Pollán reclamó la retirada de la bandera LGTBI y llegó a amenazar con ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que la retirasen, además de emprender acciones legales. Abogados Cristianos también quiso intervenir en contra de esta actuación. El presidente de las Cortes intentó proclamarse vencedor del enfrentamiento dando como una victoria la retirada de la bandera. El PSOE le desmintió y le replicó que fue algo acordado previamente, ya que solo la mantendrían colgada entre el 27 y el 29 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó quitar la bandera LGTBI del parlamento autonómico como pedía Abogados Cristianos.

En 2025 el presidente de las Cortes mandó una misiva adelantando que se iba a abordar “la regulación” de los espacios comunes del parlamento autonómico “ante la falta reiterada de madurez y para evitar usos partidistas” que realizaba el PSOE en torno a colgar la bandera. Aun así, nada se hizo y los socialistas colgaron en sus dependencias la enseña.

Pollán calificó de “exhibicionismo infantiloide” la iniciativa Grupo Socialista. “Los derechos, las libertades y la seguridad de los homosexuales (y, en general, de los españoles) no se defienden con exhibicionismos infantiloides ni haciendo un uso partidista y, por tanto, inadecuado de los espacios comunes de las instituciones. Los derechos, las libertades y la seguridad de todos se defienden enfrentando —y no fomentando masivamente— formas de barbarie llegadas de fuera que son incompatibles con nuestro modo de vida”, apuntó.

Sin leyes LGTBi y sin mayoría parlamentaria para sacarlas adelante

La Ley de protección del colectivo LGTBI+ en Castilla y León lleva sobre la mesa desde hace más de una década. El último intento parlamentario para sacar adelante una Ley LGTBI la encabezó el PSOE, de la mano de varios colectivos que intervinieron en su redacción, que presentó en junio de 2025 una Proposición de Ley. La abstención del PP permitió que se tomase en consideración aunque no llegó a desarrollarse al no calificarse ni debatirse las correspondientes enmienda teniendo que volver a ser presentada en esta nueva legislatura.

Las plataformas han criticado las sucesivas “maniobras dilatorias” del PP para no avanzar en la tramitación de la norma, a raíz de la abstención del PP y el espejismo de su desbloqueo. Solo 2025, según datos del Ministerio del Interior, en la Comunidad se registraron un total de 20 delitos por orientación sexual e identidad de género y se esclarecieron 12 por los mismos motivos.

La particularidad de esa ley autonómica, según explicó el ponente de la misma, el procurador el socialista Miguel Hernández Alcojor, es una “especial atención al medio rural, donde se detectan situaciones de doble discriminación” y el desarrollo del concepto de “sexilio”, que es lo que e sucede a aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen obligados en contra de su propia voluntad por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI“.

La ley también recogía a otras minorías, como las personas sin hogar, o quienes pertenecen a algún tipo de etnia o religión. Asimismo, también se centraba en personas mayores.

Con esta ya son tres legislaturas en las que no se remata esta norma: último gobierno del PP con mayoría absoluta, con Juan Vicente Herrera al frente y Silvia Clemente como presidenta del parlamento autonómico, y las fallidas coaliciones PP-Ciudadanos y PP-Vox.

Desde el poder Ejecutivo, ni rastro de iniciativa para crear una ley autonómica. En el pacto de gobierno de PP y Vox para esta legislatura no hay ninguna mención sobre el colectivo LGTBI ni nada sobre su situación. En 2025 preguntada por la posibilidad de poner en marcha una ley para proteger al colectivo LGTBI la entonces vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, remitió a la existencia de una normativa nacional que ya garantiza “totalmente” los derechos del colectivo en Castilla y León. “No estábamos redactando una normativa al respecto antes de la ruptura del pacto de Gobierno porque la ley actual garantiza los derechos”, apostilló.

La concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio de Soria, Yolanda Santos Grandes (PSOE), detenida en una investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento se encuentra en libertad provisional después de haber declarado durante toda la mañana ante el juez. Según han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha decretado que la edil tenga que comparecer cada 15 días. En la tarde de este miércoles Santos ha anunciado su renuncia al acta y que abandona el PSOE.

El propio TSJ ha confirmado que hay un séptimo detenido en la misma operación. Se trata una vecina de Soria que tras las diligencias pertinentes será puesta en libertad y al igual que los otros investigados, deberán comparecer ante el Juzgado cuando sean requeridos. La autoridad judicial mantiene decretado el secreto de las actuaciones, por lo que no se pueden facilitar más detalles sobre lo que la Guardia Civil ha denominado como 'Operación Fuentona', según informa de la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, permanece bajo secreto de sumario y analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La intervención, que se saldó inicialmente con un total de seis detenidos, dos en Madrid y los otros cuatro en Soria, realizó registros durante doce horas en el Ayuntamiento de Soria, en las áreas de Hacienda, Comercio y Turismo y Alcaldía, y en dos viviendas particulares.

Tras las entradas, los agentes de la UCO intervinieron documentación y equipos electrónicos. La operación está siendo desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria. La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria.

Según pudo saber este medio, los agentes buscaban información sobre la empresa de la que Santos Grandes llegó a tener un 33%, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal en 2019, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento.

Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE a elDiario.es es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza.

Lo que busca la Guardia Civil es si Santos tenía un 'testaferro' por lo que los investigadores realizaron un volcado de varios ordenadores para acceder a documentos, correos electrónicos o cualquier otro indicio que les pueda confirmar su hipótesis.

En la tarde de este martes, el propio Ayuntamiento de Soria envió un comunicado en el que trasladaban su disposición a colaborar con la investigación y anunciaban la apertura de un expediente informativo a la concejala y la apartaban de sus funciones de manera cautelar. Asimismo, estudian personarse en el caso como parte interesada. Previamente, al poco de conocer la entrada de los agentes de la UCO, desde el consistorio se remitió una primera nota de prensa en la que se transmitía su colaboración.

El PSOE de Soria pide la suspensión cautelar de militancia de Santos

El PSOE de Soria alude a su Código Ético y de Conducta para solicitar la apertura de un expediente informativo interno y trasladar toda la información disponible a los órganos competentes del partido para su valoración una vez conocido el traslado de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, a las dependencias de la Guardia Civil. El partido pide además la suspensión cautelar de militancia de Santos “mientras se esclarecen los hechos y se desarrollan tanto las actuaciones internas como el procedimiento judicial en curso”.

En una nota advierte que “actuará con la máxima exigencia y responsabilidad, aplicando sus normas internas y adoptando cuantas decisiones resulten oportunas en función de la evolución de los hechos, siempre desde el respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia”.

Una vez más, el PSOE pide “prudencia y responsabilidad en el tratamiento informativo” del caso.

Mañueco urge al líder del PSOE de Castilla y León que aclare si tuvo información sobre registro en Soria

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha urgido al secretario general del PSOE en esta Comunidad y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, a dar explicaciones para aclarar si recibió por parte del Gobierno información “privilegiada y con antelación” de la operación contra la corrupción que se desarrolló ayer en Soria y que culminó con seis personas detenidas.

De este modo se ha referido Alfonso Fernández Mañueco a las declaraciones que Carlos Martínez realizó este pasado martes a un medio de comunicación en las que, según la publicación, indicó que este lunes supo que iría la Guardia Civil al Consistorio, pero a “pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias”, algo “totalmente distinto” a los que se han conocido este martes.

Posteriormente, el PSOE emitió un comunicado indicando que Martínez estaba al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento la mañana del martes, y no la del lunes, “como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación”.

Este miércoles, el presidente de Castilla y León ha asegurado que “desde el respeto absoluto a la presunción de inocencia”, los hechos son “extremadamente graves” y “alguien tiene que dar explicaciones de lo que ha ocurrido”.

Y ha añadido que “lo que es mucho más grave es que desde algún ámbito del Gobierno de Sánchez se haya dado información privilegiada y con antelación al líder del Partido Socialista en la oposición en Castilla y León. Eso me parece gravísimo y se tienen que dar las explicaciones pertinentes”. 

Castilla y León vivirá la noche de San Juan con temperaturas que superarán los 35 grados. Es por eso que la Junta de Castilla y León ha decretado la alerta la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, lo que en la práctica prohíbe el uso del fuego en el monte y en zonas recreativas y de acampada. También el lanzamiento de cohetes y otros fuegos de artificio.

Si la noche de San Juan se caracteriza por algo es por la tradicional hoguera que, debido al gran riesgo de incendios, prácticamente solo en las grandes ciudades de Castilla y León van a poder realizar. Los pueblos o municipios más pequeños que dependen de los Bomberos de las diputaciones han tenido que cancelar las hogueras y los fuegos o modificar sustancialmente sus celebraciones.

Mientras que las ciudades se puede hacer fuego al estar dentro del casco urbano, en el medio rural, según las prohibiciones de la Junta se prohíbe cualquier fuego u hoguera en el monte y en los 400 metros más próximos al mismo. En Ávila se mantiene la noche de San Juan con hasta cuatro hogueras en la capital.

Burgos sigue adelante, Miranda suspende las hogueras

En Burgos, en la capital, la alcaldesa Cristina Ayala confirmo este lunes la celebración de la hoguera en la barriada de San Juan Bautista. Según explicó la regidora se podrá llevar a cabo debido al control que van a realizar los Bomberos.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) ya ha comunicado que suspende todas las autorizaciones para el uso del fuego, incluidas las relativas a las hogueras de la Noche de San Juan, ante la declaración de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Castilla y León, que estará vigente desde las doce la noche del 20 de junio hasta la medianoche del 23 de junio.

León mantiene su hoguera, pero cancela los fuegos artificiales

En León, el Ayuntamiento de la capital ha decidido suspender los fuegos artificiales previstos aunque mantiene la tradicional quema de la hoguera de medianoche al considerar que se puede desarrollar con garantías de seguridad. Según ha informado el Consistorio, la tirada de fuegos artificiales, prevista para las 23.30 horas de este martes, queda suspendida por la mayor dispersión que presentan este tipo de espectáculos pirotécnicos, cuyas explosiones se producen en altura y pueden incrementar el riesgo de ignición.

Por el contrario, la hoguera de San Juan, prevista para las 00.00 horas, sí se celebrará. El Ayuntamiento destaca que se trata de un espacio perfectamente acotado y situado a más de 500 metros de zonas con combustible forestal susceptible de arder. Además, contará con una dotación de los Bomberos de León y “cuenta con los permisos” de la Junta de Castilla y León, con la que el Consistorio ha mantenido comunicación permanente para garantizar que la celebración se desarrolle en condiciones seguras.

Respecto al resto de municipios, en La Robla, el Ayuntamiento ha decidido mantener la tradicional hoguera de medianoche, aunque con un tamaño más reducido como medida de prevención. En San Juan de la Mata, en el municipio de Arganza, no se encenderá este año la considerada como la hoguera más grande de Europa, aunque en este caso la suspensión no está relacionada con la alerta meteorológica, sino con la imposibilidad de asumir el elevado coste económico que supone reunir y trasladar la enorme cantidad de madera necesaria para su celebración.

La situación sí que ha provocado la suspensión o el aplazamiento de numerosas hogueras en barrios y pueblos de Ponferrada. La organización de la hoguera de Toral de Merayo ha anunciado que pospone la celebración. “Muy a nuestro pesar os comunicamos que tenemos que posponer nuestra hoguera tras la prohibición de hacer hogueras por el riesgo de incendios en toda nuestra comunidad. Comunicaremos la nueva fecha lo antes posible”, señalaron en sus redes sociales. Lo mismo ha pasado con las previstas en Flores del Sil, La Placa y Compostilla.

También en el Bierzo, el Ayuntamiento de Toreno decidió este lunes suspender el encendido de la tradicional hoguera de San Juan. En Bembibre, la decisión permanecía este martes pendiente de confirmación definitiva.

Palencia encenderá su hoguera

En Palencia, la hoguera se realizará como hace habitualmente detrás de la plaza de toros, ya que cumple con las medidas de seguridad. En la provincia, en localidades como Saldaña o Torquemada se han suspendido las hogueras, mientras que en Aguilar de Campoo se ha preferido atrasar el encendido. Otros municipios se han adaptado como Dueñas, donde se va a cambiar la ubicación para garantizar la seguridad.

Salamanca capital mantiene la celebración, mientras en la provincia se cancela

En Salamanca capital siguen adelante con su programación para realizar la Noche de San Juan. El lugar será el ya habitual en la avenida Virgen del Cueto. Desde el Ayuntamiento han asegurado que Bomberos y Policía Local van a realizar una vigilancia para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La mayoría de consitorios de la provincia han preferido suspender la celebración como es Ciudad Rodrigo, Carbajosa de la Sagrada o Peñaranda de Bracamonte. La imposibilidad de tener desplegados bomberos de la Diputación en todos los municipios, las restricciones al uso del fuego y el riesgo han hecho que los Ayuntamientos hayan optado por aplazar o cancelar las hogueras.

Segovia celebra sus fiestas con la quema de un ninot

Segovia capital celebra sus fiestas de San Juan y San Pedro con una hoguera en su plaza Mayor que, además, quemará un ninot. En la provincia, Ayuntamientos como Riaza, Cuéllar han anunciado la suspensión de las hogueras durante la noche.

En Soria mantiene el tradicional Paso del Fuego de San Pedro Manrique

En Soria capital no hay tradición de hogueras, puesto que son las vísperas del comienzo de sus fiestas. En la provincia, San Pedro Manrique sí que podrá realizar el tradicional ritual del Paso del Fuego y las fiestas de las Móndidas, ya que cuenta con permisos de la Junta para celebración declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Valladolid capital mantiene la hoguera en la playa de las Moreras

En Valladolid, después de valorar la situación con la Junta y el Servicio de Bomberos se va a realizar la hoguera en la playa de las Moreras. Cosa diferente es en el resto de la provincia, puesto que localidades como Arroyo de la Encomienda, Aldeamayor de San Martín, La Cistérniga, Medina de Rioseco o Tordesillas han preferido cancelar o posponer la hoguera aunque mantendrán su programación para la noche.

Zamora realizará una única gran hoguera

En Zamora, la capital vive sus Ferias y Fiestas de San Pedro y para esta noche mantendrá su las hogueras. Según ha explicado el concejal de Fiestas, David Gago, en la ciudad van a unificar las hogueras en una más grande en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva. Todo ello en un entorno urbano y seguro para poder realizar el fuego y con los Bomberos preparados para cualquier intervención.

En la provincia, la localidad de Toro ha decidido que su hoguera será de menor tamaño que otros años debido a las altas temperaturas y el riesgo que conlleva de incendio.

El registro que desde primera hora de esta mañana llevan a cabo agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, se ha saldado hasta el momento con seis detenciones que podrían ser más en las próximas horas. En concreto se ha arrestado a cuatro personas en Soria y dos en Madrid. Entre los detenidos se encuentra la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.

Tal y como informa la Guardia Civil, la operación está siendo desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria y responde a unas diligencias judiciales por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español. La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria, que ha autorizado diversas actuaciones, entre ellas registros domiciliarios y detenciones.

Hasta el momento se han practicado tres entradas y registros autorizados judicialmente, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación. El centro de las pesquisas está en el Área de Comercio.

Las diligencias continúan abiertas y se encuentran declaradas secretas, por lo que no es posible facilitar más información sobre el contenido de las actuaciones ni sobre las personas investigadas. La Guardia Civil continúa desarrollando las diligencias necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los mismos. Conforme avance la investigación y siempre que el estado de las actuaciones judiciales lo permita, se ampliará la información.

Según ha podido saber elDiario.es, Santos tenía el 33% de una empresa de actividades deportivas, Biosfera Soria SL, hasta que fue concejala, en 2019. Cuando pasó a formar parte del equipo de gobierno, en concreto como concejala de Turismo y Comercio, se deshizo de las participaciones. La normativa prohíbe compatibilizar el acta de concejal, sea o no del equipo de gobierno, con participaciones en empresas superiores al 10%. El Ayuntamiento de Soria contrató actividades con la empresa tanto en la etapa de Santos como concejala rasa, como cuando pasó a ser la titular de Turismo.

El Ayuntamiento de Soria remitió un comunicado a media mañana en el que precisaba que estaba“prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información que sea requerida en el marco de estas actuaciones” y recordaba que el secreto judicial no facilitaba apenas información“.

Sin embargo, apenas una hora después de que finalizase el registro que duró doce horas y se comunicase que Yolanda Santos estaba entre los detenidos, envió un nuevo comunicado. Además del respeto a la actuación de la Justicia y su “plena colaboración”, valorará, “con el objetivo de conocer con el máximo rigor todas las circunstancias relacionadas con este asunto y en su afán de dotar de máxima transparencia el proceso”, la apertura de un expediente informativo interno para recopilar información y adoptar decisiones para esclarecer lo ocurrido. Además, estudiará su personación en el caso como parte interesada. Con caracter cautelar ya ha acordado “la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala afectada”.

“Desde la responsabilidad institucional y respetando el secreto de sumario, se considera imprescindible actuar con prudencia y evitar especulaciones o conclusiones anticipadas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y se esclarecen los hechos. El Ayuntamiento de Soria reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad, la ejemplaridad en la gestión pública y la colaboración absoluta con la Administración de Justicia”.

Por último, pidió “rigor” a los medios de comunicación, a los que insta a acudir a fuentes oficiales “para evitar la difusión de afirmaciones no contrastadas o de informaciones que excedan los hechos conocidos puede causar daños irreparables a la dignidad y reputación de las personas afectadas y de la institución”.

Carlos Martínez tiene “total tranquilidad”

Una vez que finalizó el registro, y a través de una nota de prensa el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, señaló su “total tranquilidad” ante las pesquisas judiciales en torno a la actividad de la Concejalía de Turismo y Cultura. Debido a su asistencia en Tánger con motivo del Foro de Ciudades intermedias, Martínez aseguró estar al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento esta mañana, y no ayer como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación. Martínez sostiene que a la vuelta de su viaje tiene previsto continuar con su actividad ordinaria que le llevará a asistir el próximo jueves a la Junta de Portavoces. Mientras tanto, reclama “respeto y prudencia ante las noticias confusas que se han trasladado en algún momento del día a la prensa dado que está decretado el secreto de sumario”.

El caso de Yolanda Santos es similar al del concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, que aceptó el acta de edil siendo propietario de dos mercantiles, El Granero de San Francisco, de la que tenía el 20% y Eventos El Espino, de la que tenía el 33%. El Ayuntamiento adjudicó contratos a esta empresa a pesar de que hay imposibilidad para contratar. De hecho, los contratos se declararon nulos una vez que elDiario.es desveló quién estaba tras la empresa. Lejos de renunciar al acta, Suárez compatibilizó política y empresa. El Ayuntamiento estudia cómo recuperar el dinero que pagó a la empresa de Suárez, y se niega a facilitar cualquier documento acreditativo de la venta de las participaciones que, según Suárez, se produjo el pasado 13 de abril.

El Ayuntamiento ha cambiado de alcalde hace unos meses. En marzo, Carlos Martínez, dejó la alcaldía para pasar a encabezar el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. El regidor actual es Javier Antón.

La Junta de Castilla y León ha decretado la ampliación de la alerta por riesgo meteorológico de incendios en la Comunidad hasta el día 25 de junio. Según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León de este martes, se establece las mismas restricciones que durante los días s 20, 21, 22 y 23 de junio.

La ola de calor persistente esta semana ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente y Energía ha prorrogar las medidas. La condiciones meteorológicas mantendrán temperaturas entre los 35 y 40ºC, vientos con rachas máximas de 55 km/h, una humedad en el ambiente baja y tormentas eléctricas.

Según la AEMET y el propio Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, el riesgo de ignición y de la capacidad de propagación del incendio es elevado por lo que el Ejecutivo autonómico ha alertado de la posibilidad de que se origen incendios en estas circunstancias. Es por eso que desde la Consejería de Medio Ambiente se prohíbe el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.

Se prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello. Se suspende de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado al igual que el uso de material pirotécnico y cualquier autorización que se haya dado.

También queda prohibido el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales y demás herramientas,. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas página web de la Junta de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Toda la población de Castilla y León estuvo expuesta a niveles de contaminación superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante 2025. Las zonas peor paradas fueron las áreas urbanas de Burgos, Ponferrada y Valladolid donde se registraron niveles de partículas o dióxido de nitrógeno que incumplen los nuevos límites aprobados por la Unión Europea y que deberán ser obligatorios a partir de 2030, según publica Ecologisitas en Acción.

Estas son algunas de las conclusiones que recore el informe anual sobre calidad del aire elaborado, que analiza los datos recogidos por 44 estaciones oficiales repartidas por Castilla y León. El estudio atribuye este repunte a una combinación de factores meteorológicos y energéticos, entre ellos las elevadas temperaturas registradas durante el pasado año y el aumento del consumo de combustibles derivados del petróleo.

El año 2025 fue el tercero más cálido registrado en España desde al menos 1961. Según el informe, las sucesivas olas de calor del verano favorecieron la formación de ozono troposférico, un contaminante secundario especialmente vinculado a las altas temperaturas y a la radiación solar. Como consecuencia, Castilla y León alcanzó los niveles más altos de ozono desde 2019 y recuperó concentraciones similares a las registradas antes de la pandemia.

La organización ecologista ha avisado de que el ozono continúa siendo el contaminante más extendido en el territorio autonómico y el que presenta una relación más directa con el cambio climático. Los peores registros se localizaron en distintos puntos de la Comunidad, incluidos municipios de Burgos, León, Salamanca, Palencia y Valladolid.

Aunque los actuales límites legales estatales y europeos siguen siendo más permisivos que las recomendaciones sanitarias de la OMS, el informe incorpora ya como referencia los nuevos estándares aprobados en la Directiva europea de calidad del aire, que deberán cumplirse antes de 2030. Bajo esos criterios, la aglomeración urbana de Burgos fue la única zona de Castilla y León que incumplió de forma general los futuros límites por dióxido de nitrógeno, afectando a unos 190.000 habitantes.

A ello se suman incumplimientos puntuales detectados en otras ciudades. Las estaciones con peores registros de partículas en suspensión se localizaron en Ponferrada y Valladolid, donde se superaron los nuevos límites diarios europeos para las partículas PM10 y PM2,5. Ecologistas en Acción ha recordado que estos contaminantes se encuentran entre los más perjudiciales para la salud humana, al estar asociados con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

Valladolid empeoró durante el último año en partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono

La situación de Valladolid ocupa un lugar destacado en el informe. La calidad del aire en la capital y su entorno empeoró durante el último año en partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono. Este último contaminante alcanzó en la provincia sus niveles más elevados desde 2019, recuperando los valores previos a la crisis sanitaria de la COVID-19.

Entre los datos más relevantes figura el comportamiento de la estación Renault 2, situada en la carretera de Madrid, que superó el nuevo límite diario europeo para partículas PM10. Además, la estación de Arco de Ladrillo igualó el futuro límite anual establecido para el dióxido de nitrógeno. Pese a ello, ninguna estación vallisoletana rebasó los límites legales actualmente vigentes.

La lectura cambia cuando se aplican los criterios de la OMS. Según el informe, la totalidad de la población vallisoletana —unas 530.000 personas— respiró durante 2025 aire con niveles de contaminación superiores a los considerados seguros por el organismo sanitario internacional.

Fuera de la capital también aparecen puntos sensibles. La localidad vallisoletana de Íscar registró la segunda peor situación de España en presencia de benzo(a)pireno, un hidrocarburo aromático policíclico clasificado como cancerígeno. Aunque los niveles medidos se situaron por debajo del límite legal actual, multiplicaron ampliamente la recomendación fijada por la OMS.

450 muertes prematuras en Castilla y León

El informe también recoge el impacto en la salud pública. Tomando como referencia las estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción calcula que la contaminación atmosférica estuvo relacionada con unas 450 muertes prematuras en Castilla y León durante 2023, el último ejercicio con datos consolidados. De ellas, alrededor de 100 se atribuyen a las partículas finas PM2,5, unas 50 al dióxido de nitrógeno y cerca de 300 al ozono troposférico.

La organización considera que estas cifras evidencian que la contaminación atmosférica sigue siendo el principal problema ambiental para la salud de la población, pese a la mejora general experimentada durante la última década en muchos indicadores.

Críticas a la Junta y Ayuntamientos por la aplicación de medidas para reducir emisiones

Junto a los datos ambientales, el informe recoge críticas a las administraciones autonómicas y locales por la lentitud en la aplicación de medidas para reducir las emisiones. Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado recientemente la anulación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono de Castilla y León al considerar que carecía del nivel de detalle exigido por la normativa europea para cada una de las zonas afectadas.

La sentencia, como ha recordado la entidad, obliga a la Junta a elaborar un nuevo documento que incluya objetivos concretos, medidas diferenciadas y calendarios de actuación específicos para los distintos territorios donde persisten problemas de contaminación por ozono.

Asimismo, la organización denuncia que varias ciudades de más de 50.000 habitantes siguen sin implantar de forma efectiva las zonas de bajas emisiones exigidas por la legislación estatal. En el caso de Valladolid, los ecologistas han considerado que la zona actualmente en funcionamiento resulta insuficiente por sus reducidas dimensiones y por las numerosas excepciones contempladas para el acceso de vehículos. El recurso presentado contra esta regulación se encuentra pendiente de resolución judicial, además el TSJCyL también anuló la ZBE de la ciudad del Pisuerga y de capitales como Ávila o Segovia.

El colectivo sostiene que la zona de bajas emisiones implantada en Valladolid “está resultando ineficaz” debido a su reducido tamaño y a las excepciones previstas para el acceso de vehículos.

A juicio de Ecologistas en Acción, la reducción del tráfico motorizado, el refuerzo del transporte público, el impulso de la movilidad peatonal y ciclista y una mayor eficiencia energética continúan siendo las principales herramientas para mejorar la calidad del aire y reducir los efectos de la contaminación sobre la salud y el medio ambiente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado este viernes el inicio de las obras del nuevo aparcamiento de la estación de Valladolid-Campo Grande cargar contra al Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León por el futuro ferroviario de la ciudad. El exalcalde de la ciudad ha acusado al actual regidor, Jesús Julio Carnero, y al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, de haber “echado el cerrojo” a Valladolid al bloquear proyectos vinculados a la integración ferroviaria.

“Normalmente, cuando algo está bloqueado, uno se pregunta quién tiene la llave. Y aquí los que tienen la llave han decidido echarle el cerrojo a nuestra ciudad”, ha afirmado Puente.

La visita tenía como objetivo supervisar el arranque de las obras del aparcamiento subterráneo de la futura estación que forma parte de la remodelación integral de Campo Grande. Puente, acompañado de representantes de su ministerio, de Renfe, Adif, subdelegado del Gobierno y del PSOE municipal, también ha introducido una cápsula del tiempo en la cimentación de la infraestructura.

Puente ha defendido que la ciudad ya tomó una decisión sobre el futuro de las vías del tren con la firma del convenio de integración ferroviaria de 2017 y ha explicado que el debate sobre el soterramiento solo está sirviendo para retrasar actuaciones ya proyectadas, financiadas e incluso aprobadas técnicamente. “La mejor estación no es la que desaparece, la mejor estación es la que conecta”, ha apuntado.

El ministro ha enumerado varios proyectos pendientes de ejecución, como los pasos de Ariza, la actuación de Arco de Ladrillo o la mejora del paso de San Isidro. Puente ha recordado que todos ellos existe financiación y que el único obstáculo es la falta de apoyo institucional por parte de Ayuntamiento y de la Junta. “Lo tienen todo. Informes favorables, autorizaciones, terrenos y financiación. Todo menos una cosa: el voto favorable de quienes quieren que las cosas no avancen”, ha criticado.

“Más cómodos en el debate que en la solución”

Puente ha criticado la defensa del soterramiento que tiene el PP , que fue una de las principales promesas electorales de Jesús Julio Carnero y una reivindicación compartida por la Junta. El alcalde llegó a prometer “irse” si no conseguía comenzar el soterramiento en esta legislatura.

El ministro ha reiterado que esa opción de “imposible”, con un coste que cifró en más de 2.000 millones de euros y un horizonte de ejecución de dos décadas. Frente a ello, ha reivindicado las obras que ya se han realizado y entrado en servicios y ha acusado a los responsables autonómicos y municipales de preferir mantener abierto el debate antes que ejecutar soluciones concretas.

“Viven más cómodos en el debate que en la solución, porque la solución les deja sin discurso”, afirmó.

Puente ha definido a Carnero y Mañueco dentro de la categoría de quienes “ponen palos en las ruedas”. “Respeto a los que tiran del carro, incluso a los que se suben a él o a los que se limitan a verlo pasar. Lo que me molesta es la cuarta categoría, los que ponen palos en las ruedas. Y a esa categoría pertenecen el máximo responsable de esta ciudad y el máximo responsable de esta comunidad autónoma”, ha asegurado.

La intervención concluyó con una reivindicación de las inversiones impulsadas por el Gobierno en Valladolid durante los últimos años y con un mensaje dirigido al nuevo Ejecutivo autonómico formado por PP y Vox. “Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha remachado.

Puente ha ironizado con el llamamiento del nuevo gobierno de Castilla y León de PP y Vox a “liberar Castilla y León del sanchismo”. Por ello ha cuestionado de qué habría que “liberar” Valladolid. En concreto, ha relatado varias actuaciones promovidas o financiadas por el Gobierno, entre ellas la nueva estación ferroviaria, la variante este para sacar mercancías del centro urbano, la futura Ciudad de la Justicia, la rehabilitación del barrio 29 de Octubre, los ascensores urbanos, la red pública de bicicletas Biki, los corredores verdes o distintas inversiones en movilidad sostenible y comercio de proximidad. También reivindicó las obras de la A-11, la A-60 y la nueva conexión ferroviaria de Olmedo,la ‘U’ de Olmedo, asegurando que la inversión estatal en la provincia se ha multiplicado en los últimos años.

“Si todo eso es el sanchismo, ¿de qué exactamente quieren liberar a Valladolid?”, ha ironizado el ministro. El líder socialista ha reclamado al Ejecutivo de Mañueco y Pollán que se ponga a trabajar en proyectos propios y ha adelantado que volverá a la provincia “pronto” para inaugurar varios tramos de la A-11 o para presentar el proyecto industrial “más importante para Castilla y León en más de 60 años”.

“Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha apostillado.

Ni la Junta ni el Ayuntamiento invitados

Paralelamente, mientras Puente visitaba las obras de la estación, tanto el presidente de la Junta como el alcalde de Valladolid se encontraba en la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Valladolid. Preguntado por si había sido invitado por el Ministerio, Carnero ha negado que tanto el equipo de gobierno o el Ejecutivo autonómico hayan sido invitados.

“¿Usted me ve a mí con cara de ir a un sitio donde no me invitan?”, ha ironizado el regidor para señalar que por primera vez en la historia, la UVa va a tener una mujer al frente. “El sanchismo persiste en el levantamiento de esos muros”, ha aseverado. Fuentes del Ministerio del Transportes han confirmado a este medio que ambas administraciones no han sido invitadas.

Al conocer las palabras de Carnero, Puente ha respondido, vía mensaje de X, que el regidor tiene “recurrida la estación ante los tribunales y quiere que le invitemos a la puesta de la primera piedra. Si alguno le entiende le ruego que me lo explique”.

El conflicto sobre soterramiento e integración

El modelo de integración y de soterramiento se decidirá en los tribunales, o al menos la liquidación de la SVAV. En noviembre de 2025, Adif y Renfe denunciaron formalmente el convenio de integración ferroviaria vigente desde 2017 al considerar que los continuos rechazos y bloqueos del Ayuntamiento hacían imposible su desarrollo.

Durante aquella reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, llegó a acusar al Consistorio de intentar paralizar la integración para forzar una vuelta al proyecto de soterramiento, mientras el alcalde defendía que determinadas actuaciones podían provocar un “caos circulatorio” en la ciudad y reclamaba abrir una nueva etapa de diálogo para estudiar alternativas.

La ruptura dejó a Valladolid en una situación inédita: sin avances en el soterramiento que defienden Ayuntamiento y Junta, pero también sin la posibilidad de desarrollar el convenio de integración tal y como estaba concebido hasta entonces.

El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Junta de Castilla y León para paralizar la resolución del convenio impulsada por Adif.

El tribunal consideró que no existían riesgos inmediatos que justificaran suspender la decisión y señaló que los argumentos planteados por el Ejecutivo autonómico respondían a “escenarios hipotéticos o decisiones futuras”. Además, los magistrados apreciaron la existencia de “incumplimientos relevantes y reiterados” y destacaron la falta de voluntad común entre las partes para ejecutar las actuaciones previstas. Aunque el fondo está pendiente de resolución, el auto supuso un respaldo provisional a la posición defendida por el Ministerio.

La Junta de Castilla y León ha declarado este viernes la situación de de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 20, 21, 22 y 23 de junio. Según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León, las previsiones del tiempo muestran la llegada a la Península Ibérica de una masa de aire sahariana que traerá un aumento destacable de las temperaturas de entre a 35 y 40ºC, vientos con rachas máximas de 55 km/h, una humedad en el ambiente baja y tormentas eléctricas.

Según la AEMET y el propio Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, el riesgo de ignición y de la capacidad de propagación del incendio es elevado por lo que el Ejecutivo autonómico ha alertado de la posibilidad de que se origen incendios en estas circunstancias. Es por eso que desde la Consejería de Medio Ambiente se prohíbe desde el sábado hasta el martes el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.

Se prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello. Se suspende de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado al igual que el uso de material pirotécnico y cualquier autorización que se haya dado.

También queda prohibido el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales y demás herramientas,. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas página web de la Junta de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha celebrado este jueves que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya respaldado su posición por los recortes aplicados al Diálogo Social durante el anterior Ejecutivo de PP y Vox.

“Se nos da la razón”, ha indicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha justificado el dictamen como una resolución “favorable a los intereses de la Comunidad”. El consejero ha trasladado la “mano tendida” del Gobierno autonómico en esta nueva etapa para negociar nuevos acuerdos.

El fallo del organismo europeo llega después de la denuncia presentada por UGT y CCOO tras la reducción de fondos destinados a programas gestionados por las organizaciones sindicales durante el Gobierno de coalición entre PP y Vox. Los recortes de la Consejería de Empleo, en manos de Vox, fueron anulados por “ilegales” por los tribunales y por sentencia, el Ejecutivo autonómico pagó las cantidades que se debían además de las costas.

Pese a ello, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha rechazado la reclamación sindical al considerar que un eventual riesgo de deterioro futuro del Diálogo Social no constituye por sí mismo una vulneración de la Carta Social Europea. En su resolución, el organismo ha señalado que, aunque toma nota de las críticas de los sindicatos sobre la falta de compromiso del Gobierno autonómico con este modelo de concertación, un escenario hipotético de regreso a políticas contrarias a esos derechos no basta para apreciar una infracción de la Carta.

Fernández Carriedo ha defendido que la resolución demuestra que la Administración autonómica actuó correctamente. “Teníamos razón”, ha apuntado de forma tajante.

“Más allá de una valoración positiva de una decisión que favorece a los intereses de la Comunidad, reafirmamos nuestro compromiso de mano tendida en torno al diálogo social, de búsqueda de nuevos acuerdos”, ha apuntado.

Carriedo ha defendido el papel que desempeñan UGT, CCOO y la patronal CEOE dentro del modelo de negociación al considerar que sus aportaciones resultan necesarias para diseñar políticas públicas orientadas al conjunto de la ciudadanía. “Son necesarios para establecer políticas al servicio del conjunto de los ciudadanos”, ha reconocido.

Tras la conformación del nuevo gobierno autonómico esta función le corresponde al nuevo consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que asume las competencias en materia laboral. “Esta es la vocación del nuevo consejero con competencias en materia de empleo para favorecer estos acuerdos e intentar alcanzar estas posiciones”, ha afirmado.

El origen de este conflicto radica en los primeros meses de la legislatura iniciada en 2022, cuando el entonces Gobierno de coalición entre PP y Vox impulsó una reducción de las subvenciones destinadas a programas vinculados al Diálogo Social. Aquella decisión fue recurrida por las organizaciones sindicales y terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en marzo de 2025, lo que llevó a la Junta a rectificar la medida y pagar las subvenciones que se retiraron.

Aunque los sindicatos decidieron mantener su reclamación ante las instituciones europeas por considerar que el precedente podía poner en riesgo el modelo de concertación social en la Comunidad, el Comité ha concluido que ese temor, por sí solo, no permite acreditar una vulneración efectiva de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea.

La Junta de Castilla y León ha asegurado que afronta la campaña de alto riesgo de incendios con el operativo previsto y da por encauzado el conflicto que amenazaba con dejar fuera de las labores de extinción a cerca de un millar de trabajadores de empresas privadas. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado este miércoles que las quejas de la patronal sobre la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales se han solucionado después de la reunión a tres bandas entre Inspección de Trabajo, la Comunidad y la propia patronal.

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) anunció el 28 de mayo, apenas a 15 días de empezar la temporada de riesgo alto de incendios, que sus asociados dejarían de acudir a los incendios forestales en Castilla y León al considerar que la situación era “jurídicamente inviable”. La decisión afectaba a cerca de 950 bomberos forestales y dejaba en el aire la intervención de una cantidad importante de efectivos.

Según ha explicado Carriedo tras el Consejo de Gobierno, el primero de esta legislatura, se ha alcanzado un acuerdo técnico que permite a las empresas cumplir las nuevas exigencias en materia de seguridad y salud laboral. “Entendemos que este acuerdo habilita ya el funcionamiento ordinario de los contratos que están en vigor”, ha apuntado.

La posición del portavoz coincide con el anuncio realizado por ASEMFO esta misma semana. La patronal ha confirmado que sus empresas volverán a participar en el operativo tras los avances alcanzados con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal y la Inspección de Trabajo. Entre las medidas acordadas figuran la implantación de instalaciones de higiene para las cuadrillas y un protocolo específico para cumplir los requerimientos laborales planteados por la Inspección.

No obstante, las empresas advierten de que siguen pendientes cuestiones de fondo, como la adaptación de los contratos públicos a la nueva legislación y el reconocimiento profesional de los bomberos forestales.

Según Asemfo deciden volver a la extinción de incendios forestales en Castilla y León como “ejercicio de responsabilidad y compromiso con la protección del medio natural y la seguridad de la ciudadanía”.

En un comunicado, explican que, tras las reuniones con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal y la Inspección de Trabajo, se concretaron medidas “clave” como la definición de instalaciones de higiene para todas las cuadrillas del operativo, así como la implantación de un protocolo específico en esta materia, conforme a los requerimientos de la Inspección. Ahora, las empresas están comprobando que estas instalaciones reúnen la calidad mínima.

A pesar de que, como ha considerado la patronal, es un paso “fundamental” para garantizar la seguridad jurídica de las empresas y de los trabajadores “aún” permanecen pendientes cuestiones de gran relevancia, como el “reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal y la necesaria adaptación de los contratos que las empresas mantienen con la Junta de Castilla y León

La Junta defiende que el operativo estará completo

Durante la comparecencia, Carriedo ha respondido a las críticas de los sindicatos por la falta de medios aéreos en la Comunidad. En Zamora, CCOO había denunciado que ninguno de los tres helicópteros asignados a la provincia estaba operativo en el arranque del periodo de máximo riesgo.

El portavoz ha reconocido que uno de los aparatos sufrió una avería relacionada con una ventanilla, aunque ha asegurado que la incidencia ya ha sido solucionada. Además, ha indicado que otro helicóptero se incorporará de forma inmediata al servicio, por lo que la Junta espera disponer del “100% del operativo” previsto.

Tras comenzar la campaña de incendios el 12 de junio, los sindicatos han alertado de carencias en distintas provincias. A la falta o retrasos de medios aéreos se suman las  dificultades para cubrir determinados puestos y problemas organizativos. El PSOE ha cuestionado la preparación del dispositivo y ha advertido de que el operativo llega al verano con menos recursos de los comprometidos tras los grandes incendios de los últimos años.

Una nueva dirección general para coordinar la lucha contra el fuego

Carriedo ha defendido la reorganización impulsada por el nuevo Gobierno autonómico con la creación una Dirección General específica de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que recae en Ángel Sánchez, que a principios de esta campaña se mostró reacio a los desbroces y limpieza de combustible masivos fuera de temporada de alto riesgo por falta de dinero, según publicó Ileón.

El portavoz ha defendido que la creación de esta Dirección General servirá reforzar la coordinación de una materia que considera estratégica para Castilla y León, la comunidad con mayor superficie forestal de España, con más de 5,1 millones de hectáreas de monte.

El nombramiento de Ángel Sánchez, hasta ahora responsable técnico del operativo autonómico, ha sido recibido con críticas por parte de algunos sindicatos y grupos de la oposición.

Tras la separación de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente en este nuevo Gobierno autonómico, Carriedo ha rechazado que exista una dispersión de áreas de dentro del Ejecutivo. Según ha matizado, toda la gestión operativa depende de la nueva dirección general integrada en la Consejería de Medio Ambiente y Energía, aunque otras áreas del Gobierno colaborarán en cuestiones relacionadas con financiación, personal o protección civil.

Partido Popular y Vox siguen estructurando sus grupos parlamentarios en Castilla y León. Tras la salida de los portavoces de Vox Carlos Pollán como vicepresidente primero y como consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la de Alberto Díaz Pico como consejero de Cultura, Turismo y Deportes, David Hierro -uno de los procuradores que se 'peleó' por sentarse junto a Pollán- vuelve a ser portavoz como en la pasada legislatura y Marta Alegría será la portavoz adjunta.

Por parte del PP, el exconsejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino se convierte en viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, según ha anunciado su formación. El también procurador por Segovia ha señalado que afronta esta nueva responsabilidad con “mucha ilusión y con las mismas ganas de siempre de trabajar por los castellanos y leoneses desde las Cortes”.

“Quiero agradecer la confianza depositada en mí y reiterar que pongo toda mi experiencia al servicio de este Grupo y de este proyecto”, ha apuntado.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha afirmado que la llegada del exconsejero dará a la dirección del grupo “experiencia, el conocimiento institucional y el compromiso de José Luis con Castilla y León”. “Su trayectoria al servicio de esta tierra es una garantía para el trabajo que tenemos por delante”, ha reconocido.

Desde el PP han indicado que con esta decisión se amplía y refuerza este órgano sumando “la dilatada experiencia política, institucional y de gestión del procurador popular por Segovia”.

“Su trayectoria al servicio de esta tierra es una garantía para el trabajo que tenemos por delante”, ha aseverado Leticia García que ha explicado que la incorporación del exconsejero responde a la voluntad del Grupo Parlamentario por “seguir reforzando un equipo sólido, preparado y con ganas de trabajar por todos los castellanos y leoneses desde las Cortes”.

García ha añadido que Sanz Merino tiene un “conocimiento profundo” de la Administración autonómica y un “compromiso permanente” con el territorio. Su incorporación a la Dirección del Grupo es una magnífica noticia para el Grupo Parlamentario Popular y para Castilla y León“, ha concluido la portavoz.

Justo tres meses después, Castilla y León tiene un gobierno. Tras la toma de posesión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), la pasada semana y el anuncio de los componentes de su Consejo de gobierno el sábado, este lunes sus consejeros han jurado su cargo. El líder del Ejecutivo autonómico ha reclamado a su equipo una “entrega absoluta” y una gestión basada en el “rigor”, la “ejemplaridad”, la “transparencia” y el “sentido común”. Además, ha llamado a los miembros del Gobierno a abandonar las “atalayas de los despachos” para estar “a pie de calle” y cerca de los problemas de los ciudadanos.

De los 10 consejeros y dos vicepresidencias, cinco debutan como consejeros. Por parte del Partido Popular, la consejera de Educación, María Pardo, y la de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián. En Vox, entran en el gobierno autonómico como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán; en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Medioambiental, Joaquín Antonio Pino; y en Cultura, Turismo y Deporte. Su nuevo titular, Alberto Díaz Pico.

Vox ha marcado sus líneas maestras en las primeras declaraciones de sus consejeros. Pino ha prometido una consejería “a disposición” de agricultores y ganaderos, Díaz Pico ha planteado combatir la “ideologización” de la cultura y Pollán ha fijado como objetivo los Presupuestos de 2027, un plan de natalidad y acuerdos en materia inmigración con terceros países.

En materia de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Medioambiental, Pino ha reivindicado su trayectoria como agricultor, veterinario e ingeniero agrónomo y ha prometido una consejería “abierta” y “cercana” al sector primario. “Los agricultores, los ganaderos y las personas de los pueblos van a tener un consejero a su disposición”, ha apuntado.

El consejero ha reconocido que todavía desconoce el alcance definitivo de las competencias que asumirá su departamento, a pesar de que este lunes haya sido publicado el decreto de reestructuración del nuevo Gobierno autonómico, que a su área se le atribuye para esta legislatura una parte importante de las atribuciones relacionadas con la conservación de especies y la gestión de la fauna. Pino ya ha anticipado que tomará medidas para la gestión de la fauna silvestre y los daños provocados por especies como el lobo o el conejo.

Díaz Pino también ha cargado contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y contra determinadas políticas ambientales europeas que, a su juicio, perjudican al sector agrario. Entre sus prioridades ha citado además la rentabilidad de las explotaciones y las consecuencias de la mala cosecha prevista este año en distintas zonas de la Comunidad.

Contra la “ideologización” de la cultura

En la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, su nuevo titular, Alberto Díaz Pico, ha asegurado que pretende impulsar cambios en la forma de entender la política cultural para combatir lo que considera una “ideologización” de la cultura.

El dirigente de Vox ha defendido que la cultura no debe estar asociada “necesariamente a la progresía” y ha explicado que las políticas desarrolladas hasta ahora no se adaptaban a los planteamientos de su formación. Además, ha reivindicado el principio de “los españoles primero” como uno de los compromisos adquiridos por Vox con sus votantes y ha asegurado que intentará trasladarlo a su ámbito de gestión.

Por su parte, Carlos Pollán ha puesto como principal objetivo la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2027, después de que Castilla y León lleve varios años sin cuentas autonómicas.

Además, ha anunciado que trabajará en un plan de natalidad y en la firma de convenios con terceros países en el desarrollo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, relativo a los menores migrantes no acompañados. Según ha indicado, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox debe comenzar a aplicarse “desde ya mismo” para cumplir los compromisos adquiridos durante la legislatura.

Mantener a Castilla y León en los primeros puestos

Mientras tanto, las nuevas incorporaciones del PP pusieron el foco en la gestión de los servicios públicos. La consejera de Educación, María Pardo, ha señalado que mantendrá a Castilla y León en los primeros puestos educativos del país y afrontar nuevos desafíos como la salud mental o el acoso escolar. Por su parte, la nueva titular de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha destacado entre sus primeros retos la bonificación del carné de conducir y de los peajes de las autopistas de titularidad estatal.

La toma de posesión ha dejado también una anécdota durante la toma de posesión. La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, juró inicialmente el cargo como “vicepresidenta primera” para corregirse de inmediato. “Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo como vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León... segunda, perdón” ha rectificado mientas Mañueco y Pollán sonreían.

Todos los miembros del Ejecutivo optaron por la fórmula del juramento frente a la promesa antes de participar en la tradicional foto de familia y celebrar el primer Consejo de Gobierno de la legislatura.

La publicación este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León del decreto de reestructuración del nuevo Gobierno autonómico deja algunos detalles varios de cómo va a funcionar el Ejecutivo de Mañueco con el pacto de PP y Vox. Hay detalles especialmente significativos: la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, del Partido Popular, será quien sustituya en primer lugar al presidente Alfonso Fernández Mañueco en caso de ausencia y Vox consigue asumir las competencias vinculadas a la gestión de la fauna salvaje, incluida la política relacionada con el lobo.

El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox ha dado lugar a un Ejecutivo de once miembros en el que los populares conservan la mayoría de las áreas de gestión, pero donde la formación de Carlos Pollán logra espacios de influencia política más amplios que en la anterior coalición lo que ha obligado a reestructurar áreas y mover competencias, algunas de ellas, como vivienda o igualdad, y aglutinarlas en la vicepresidencia segunda de Blanco.

En el equilibrio interno del Consejo de Gobierno, Mañueco ha determinado que su mano derecha sea Isabel Blanco en caso de ausencia. A pesar de que la Vicepresidencia Primera recaiga en Carlos Pollán, líder de Vox en Castilla y León, el decreto establece que la sustitución del presidente corresponde “en primer lugar” a la Vicepresidencia Segunda. Es decir, la dirigente del PP será quien asuma las funciones de Mañueco cuando sea necesario, por delante del vicepresidente primero.

Blanco ya fue vicepresidenta en el anterior Ejecutivo autonómico a raíz de la ruptura del pacto de PP y Vox. Con esta decisión, Mañueco deja latente la bicefalia de su gobierno.

Reparto de competencias

Blanco también pasa a tener competencias importantes y que en el acuerdo de gobierno ocupan una parte relevante del plan de gobierno. Aunque sin consejería como tal, ya que el número de estas no pueden superar los diez, según la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la vicepresidencia segunda tendrá que hacerse cargo de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, despoblación, igualdad de oportunidades, protección civil y coordinación de emergencias. Además, el propio decreto le atribuye capacidad para convocar subvenciones, firmar convenios y gestionar directamente los créditos presupuestarios que tenga asignados.

Otras de las novedades es el reparto de las competencias medioambientales. Aunque la Consejería de Medio Ambiente y Energía queda en manos del Partido Popular, dirigida por María González Corral, una parte importante de las atribuciones relacionadas con la conservación de especies y la gestión de la fauna pasan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que dirigirá Joaquín Antonio Pino, uno de los nuevos consejeros de Vox.

El decreto especifica que este departamento asumirá las competencias en materia de caza y pesca, flora y fauna, prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, así como educación y concienciación ambiental.

Este reparto deja en mano de Vox el control cinegético y con ello la gestión del lobo en Castilla y León, uno de los choques constantes de las comunidades 'loberas' con el gobierno central y con Europa. Aunque el decreto no menciona expresamente a la especie, las competencias sobre fauna silvestre y política ambiental quedan bajo responsabilidad de una consejería dirigida por Vox, un partido que ha mantenido una posición abiertamente favorable a flexibilizar las medidas de protección del cánido y a reforzar los mecanismos de control poblacional.

En el acuerdo de PP y Vox, Pollán, además de su vicepresidencia primera, también pasa a ocuparse de un área de nueva creación, al igual que en Extremadura y Aragón: la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Pollán pasa a controlar ahora buena parte de las competencias que tenía la anterior Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Entre sus funciones figuran las políticas de juventud, familia, infancia, atención a la diversidad, drogodependencias, inclusión social, inmigración y cooperación con el tercer sector. Además, asumirá la coordinación de las medidas de simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas, así como las actuaciones en materia de cooperación al desarrollo, competencias que hasta ahora estaban adscritas a la Consejería de la Presidencia.

La gestión de las universidades, ahora con Industria, Empleo y Comercio

En la reestructuración interna de las áreas del PP, la gestión de universidades pasa ahora a encuadrarse dentro Industria, Empleo y Comercio, que dirigirá Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se reconvierte como consejero dejando Medio Ambiente y la gestión de los incendios forestales.

La consejería de Quiñones incorpora las competencias de universidades e investigación que hasta ahora dependían de Educación, además de mantener las relacionadas con empleo, comercio e industria. Por su parte, la nueva Consejería de Medio Ambiente y Energía, en manos de María González Corral, suma las competencias de energía y minas que anteriormente estaban adscritas a Economía y Hacienda, aunque pierde las relativas a vivienda, urbanismo, protección civil y ordenación del territorio, que pasan a la Vicepresidencia Segunda, así como las vinculadas a fauna, caza, pesca y control ambiental, transferidas a Agricultura.

La Consejería con más presupuesto: Sanidad y Bienestar Social,

Otra de las novedades es la creación de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que unifica bajo un mismo departamento las competencias sanitarias y los principales servicios sociales. El área que seguirá dirigiendo Alejandro Vázquez incorpora la atención a las personas mayores, la discapacidad y la dependencia, competencias que hasta ahora dependían de Familia e Igualdad de Oportunidades. De este modo, la Gerencia de Servicios Sociales pasa a integrarse en una macroconsejería que concentrará buena parte de las políticas asistenciales de la Comunidad

En el equilibrio de poderes, Vox obtiene la gestión sobre simplificación administrativa, familia, inmigración, juventud y ayudas sociales, además de Agricultura y Cultura, sus principales puntos ideológicos. El PP de Mañueco mantiene el control de áreas estratégicas como Sanidad, Educación, Hacienda, Presidencia o las relaciones con patronal y sindicatos, que pasan a depender de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se reconvierte como consejero dejando Medio Ambiente y la gestión de los incendios forestales.

La publicación del decreto supone el primer desarrollo formal del acuerdo de gobierno alcanzado por ambas formaciones. El pacto incorpora algunas de las principales reivindicaciones ideológicas de Vox —como la prioridad nacional en determinadas ayudas, la recuperación de la llamada Ley de Concordia o cambios en el modelo de Diálogo Social— y que abre un segundo ciclo de coalición entre ambos partidos en Castilla y León tras la experiencia compartida entre 2022 y 2024.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya lo avisó cuando salía de las Cortes de Castilla y León después de la sesión de investidura: el nombre de los consejeros no los daría este viernes porque es festivo en su ciudad, Salamanca. El líder el Ejecutivo comparecerá este sábado a las 12.00 horas en Valladolid para informar de la composición de su nuevo gobierno.

Desde la sala de mapas del Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia, informará de los nombres de los consejeros y cómo se va a distribuir las competencias.

Según avanzó la semana pasada, junto al que será su vicepresidente, Carlos Pollán, de Vox, habrá dos vicepresidencias -una para cada partido-, diez consejerías -siete para el PP y tres para Vox, una de ellas integrada en la vicepresidencia- y un total de once miembros más el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Para el Partido Popular será la Vicepresidencia segunda, que tendrá competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil. Además tendrán las consejerías de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía -que perderá competencias-; Movilidad, Transformación Digital y Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social -que asumirá nuevas funciones- y Educación.

En el pacto, la Vicepresidencia primera la ostentará Vox, con Pollán como titular además de llevar una Consejería. Además, otras dos áreas: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que tendrás competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo. Cultura y Turismo, y Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que ahora pasará a tener competencias de Caza, Pesca y Política Ambiental, aunque el operativo de extinción de incendios sigue en manos del PP.

Este viernes, el presidente de la Junta ha asistido a los actos con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca y este sábado, tras la comparecencia, vuelve a Salamanca para asistir al acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad de Salamanca 2026.

Tras el cese el jueves, Mañueco ha nombrado a los 13 primeros cargos de confianza, según ha recogido el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Se trata de personal eventual entre los que figuran técnicos y periodistas que ya formaban parte del gabinete de Presidencia.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha definido la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades como los principales desafíos de la Comunidad. “El problema de Castilla y León no es el feminismo, no son los inmigrantes, no es la Agenda 2030”, ha afirmado durante su réplica al candidato 'popular' Alfonso Fernández Mañueco en el debate de investidura.

Para el socialista, que se estrena como líder de la oposición, el Partido Popular de Mañueco ha asumido buena parte del programa de Vox y ha contrapuesto a ese modelo una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos, la atracción de población y la reindustrialización.

Martínez ha comenzado su intervención haciendo mención a sus casi dos décadas al frente de la Alcaldía de Soria y ha asegurado que los problemas que ha conocido durante esos años son los mismos que sufren el conjunto de provincias de la Comunidad.

“Hoy hemos escuchado un discurso que intenta disimular a Vox mientras ejecuta su programa”, ha afirmado Martínez. Según el líder socialista, el discurso de investidura de Mañueco fue “la lectura pública de un pacto” redactado “hace apenas unos días, muy lejos de esta comunidad autónoma”. “No hemos escuchado hoy un proyecto nuevo para Castilla y León. Hemos escuchado la transcripción de las condiciones que usted ha aceptado para seguir siendo presidente”, ha apostillado

El procurador socialista ha afeado a Mañueco que apenas haya mencionado a Vox, a excepción de una mención a Carlos Pollán, durante el discurso a pesar de que “cada página del discurso lleva la huella del acuerdo” con la extrema derecha.

El líder de la oposición ha señalado la paradoja de que Mañueco hable de moderación cuando el pacto recoge los principios de Vox con el denominado principio de “prioridad nacional”. Martínez lo ha desdeñado y ha instado a combatir la despoblación con la llegada de nuevos habitantes sin importar su origen.

“La igualdad de derechos no admite apellidos”

“La igualdad de derechos no admite apellidos. La dignidad humana no depende del lugar de nacimiento”, ha apuntado. “Castilla y León no puede permitirse dividir a quienes viven y trabajan aquí. Nuestra Comunidad necesita sumar, integrar, atraer talento, incorporar población, generar oportunidades y construir esperanza”.

Para el PSOE, la “prioridad nacional” del pacto de PP y Vox es una posición contradictoria, ya que Mañueco presume de haber crecido durante la última legislatura mientras firma acuerdos con quienes la presentan como un problema. “Tendrá que decidir si son parte del problema o de la solución. Las dos cosas a la vez es imposible”, ha defendido.

Dos modelos de Comunidad

Para el portavoz socialista hay dos modelos en Comunidad. “Uno mira al futuro con miedo, con rencor. Otro mira al futuro con ambición y esperanza. Uno busca respuestas en el enfrentamiento. Otro en la convivencia”, ha sostenido Martínez.

Martínez ha reiterado que los verdaderos problemas de Castilla y León siguen siendo la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades. “El problema de Castilla y León no es el feminismo, no son los inmigrantes, no es la Agenda 2030, no es Europa”, ha asegurado. “El principal problema de Castilla y León es que demasiados jóvenes siguen teniendo que marcharse para construir su proyecto de vida”, ha agregado.

En ese contexto, ha defendido que la Comunidad afronta un problema “estructural” tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular. “Después de casi 40 años gobernando, Castilla y León ya no puede seguir culpando al pasado. Porque el pasado son ustedes mismos”, ha afirmado.

Críticas por la desaparición de la Igualdad, Vivienda y Despoblación en las consejerías

Martínez también ha criticado la supresión de Igualdad, Vivienda y Ordenación del Territorio, al considerar que detrás de esos cambios existe una definición ideológica del modelo de Comunidad. “Cuando desaparecen determinadas áreas de gobierno, desaparecen determinadas prioridades”, ha apuntado.

El portavoz socialista también ha reprochado la ausencia de la violencia machista y la igualdad dentro del pacto de PP y Vox. Martínez ha criticado a Mañueco que no dedicara “ni un solo minuto” a abordar este tema durante su intervención. “La violencia machista existe, mata, destruye vidas y exige el compromiso de todas las instituciones”, ha defendido.

Su función como oposición, según ha explicado, será que los ciudadanos tengan “el derecho a quedarse, el derecho a volver y también el derecho a venir”. Para Martínez el modelo territorial, como ha explicado desde que se puso al frente del PSOE de Castilla y León, es que Castilla y León debe apostar por los “territorios de 30 minutos” para garantizar el acceso a servicios esenciales.

En materia de financiación, Martínez ha reprochado a Mañueco, como presidente en funciones de la Junta, por dar la orden de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. “

El 'gurruño' de Vox, la “cena” de Mañueco

Uno de los momentos que ha dejado el cara a cara entre Martínez y Mañueco ha llegado cuando el socialista ha sacado un papel con las peticiones que Vox remitió la legislatura pasada al PP para aprobar los presupuestos y que el líder 'popular' estrujó haciendo un “gurruño” con la hoja, como lo calificaron dese Vox.

Martínez ha usado el papel para acusar a Mañueco de comerse “sus valores y principios” para seguir “aferrado” al poder. “¿Sabe lo que es esto? Igual le suena más así”, ha aseverado el portavoz mientras hacía con el folio un gurruño. “Su cena fría”, se ha respondido el portavoz socialista.

“Dos años después esa es la cena fría que le ha devuelto Vox para seguir aferrado al sillón”, ha continuado para criticar que el PP haya tenido que usar una coartada para “tragarse sus principios de un partido que se supone de estado” para tener que confundir “el empadronamiento con el arraigo”.

“Usted acusó a Pollán de querer tirar a los migrantes en al mar y usted el gurruño se lo tiene que cenar frío, con sus principios”, ha concluido Martínez mientras dejaba el papel en una bandeja.

El gurruño ha desaparecido de la tribuna de los oradores cuando el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez ha pedido que lo quitasen. “Señores ujieres retiren lo que hay ahí”.

Mañueco acusa al PSOE de introducir el criterio de arraigo

En la réplica de Mañueco a Martínez ha acusado al PSOE de introducir el criterio “arraigo” en la concesión de ayudas en los ayuntamientos que gobiernan, entre ellos los de Soria y Palencia. El líder 'popular' ha señalado que en el caso de Soria se pide un año de empadronamiento, Palencia seis meses o en la provincia de León permanecer un año empadronado para acceder a distintas ayudas sociales. También ha mencionado a medidas socialistas de los gobiernos de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez.

“¡Cuánta hipocresía hay en el PSOE de Castilla y León!”, ha exclamado Mañueco, para reprochar que la oposición de “se escandaliza y rasga públicamente las vestiduras” ante la 'prioridad nacional'.

Mañueco ha centrado sus réplicas en atacar al portavoz socialista. “Usted no es de fiar, señor Martínez”, ha indicado para criticar que el líder del PSOE de Castilla y León a buscar rédito político con el “uso político” de los incendios. Martínez ha pedido que se retire esta expresión del diario de sesiones “por decencia”.

Críticas por los incendios

El aspirante a presidente de la Junta también ha comparado a Óscar Puente y a Martínez por compartir las “malas formas” por la forma de criticar. Ante esto, Martínez ha recordado que mientras la Comunidad ardía, el líder 'popular' estaba “comiendo gambas en Cádiz, ya que Mañueco estaba de vacaciones.

Martínez también ha criticado que si “alguien es responsable de los incendios” es quien habló de “despilfarro” para referirse a la posibilidad de que hubiera un operativo de prevención y extinción de incendios durante todo el año.

La “conjunción copulativa” de Castilla y León

Otras de las críticas de Mañueco a las propuestas de Martínez ha pasado porque Martínez que no ha pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco interpelado a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

“Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”, ha ironizado. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Choque por la corrupción

En su réplica, Mañueco ha reiterado que Martínez “no es de fiar” por ser, según el líder 'popular', aupado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y haber defendido públicamente a Zapatero, a quien se ha referido como “amante de las joyas”.

Martínez ha pedido respeto al proceso judicial y ha recordado los casos que afectan directamente al PP en Castilla y León, como la Trama Eólica y el caso de Perla Negra. “Estaba ahí”, ha señalado para rememorar que Mañueco formaba parte del Ejecutivo autonómico bajo el que se produjeron ambos casos.

El procurador socialista ha reprochado el tono que ha impuesto el líder 'popular' para eludir hablar de los problemas de Castilla y León.

Por Ávila afea a Mañueco perder el tiempo mientras deja de lado los problemas

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha lamentado este martes tener la sensación de haber perdido el tiempo con el eventual gobierno de PP y Vox mientras se dejan de lado los problemas de la Comunidad y, en particular, de la provincia abulense, informa EFE.

“Para esta vuelta al mismo mundo en 80 días no hacían falta estas alforjas”, ha dicho Pascual al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León.

Pascual le ha recordado las críticas de los populares hacia Vox durante la campaña electoral, pese a que “vuelva a llevarse al mismo compañero de viaje, que ayer era incómodo y hoy es maravilloso copiloto”, y ha incidido en la pérdida de tiempo cuando ambas formaciones sabían que iban a pactar.

Soria Ya tiende la mano a Mañueco, pero le pide que “mire más allá de Vox”

El portavoz de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha pedido a Mañueco que busque acuerdos “más allá de Vox” durante la próxima legislatura y le ha tendido la mano para alcanzar pactos más amplios en beneficio de la Comunidad y de la provincia soriana.

Durante su intervención en el debate de investidura del candidato popular, Ceña ha comparado la situación política actual con una repetición de etapas anteriores y ha asegurado que Castilla y León está viendo “una película vieja y mala”.

“Lo mismo que hace cuatro años, lo mismo que hace siete”, ha afirmado el procurador soriano, quien ha definido el futuro Ejecutivo de coalición entre PP y Vox como un gobierno “débil e inestable”.

Ceña ha lamentado además la ausencia de medidas específicas para Soria tanto en el discurso de investidura como en el pacto de gobierno firmado por PP y Vox.

UPL cree que el pacto de PP y Vox es “papel mojado” y que Mañueco actúa por miedo

La Unión del Pueblo Leonés ha calificado como “papel mojado” el pacto de legislatura entre PP y Vox y ha reprochado al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que parece actuar por miedo.

“Lo que se deduce de este pacto es una cuestión gris, una cuestión de miedo y sobre todo poco ilusionante”, ha criticado la portavoz parlamentaria de UPL, Alicia Gallego, en el hemiciclo de las Cortes autonómicas, donde ha criticado que las 324 medidas presentadas por Mañueco en el discurso de este martes son “difusas y poco concretas”.

En su intervención, Gallego ha reprochado a Mañueco que haya vuelto al punto de partida de 2022, con un socio de gobierno que no cree en las autonomías y al que ha criticado durante la campaña y se ha abierto a llegar a acuerdos con todas las formaciones, pero siempre en beneficio de la ciudadanía.

Mañueco ofrece “mano tendida” al Grupo Mixto, pero les pide “abandonar el victimismo”

Fernández Mañueco ha ofrecido este martes su “mano tendida” a los procuradores del Grupo Mixto para alcanzar acuerdos durante la legislatura, aunque les ha pedido que abandonen las “políticas del victimismo” y dejen de cuestionar el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox.

Durante su réplica en las Cortes a los portavoces, Mañueco ha defendido que su objetivo es alcanzar consensos en beneficio de Castilla y León, pero ha rechazado los planteamientos que, a su juicio, presentan agravios territoriales dentro de la Comunidad.

Vox asegura que no le preocupa “en absoluto” la polémica sobre la 'prioridad nacional'

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León y futuro vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, ha afirmado este martes que no le preocupa “en absoluto” la polémica generada por la inclusión en sus pactos con el PP del concepto de 'prioridad nacional' para las ayudas sociales y de vivienda.

Durante su intervención ante la sesión de investidura en la que Vox apoya convertir de nuevo en presidente al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, Pollán ha afirmado que se trata de una “polémica alimentada por las terminales mediáticas del sanchismo” y se ha mostrado convencido de que este principio es apoyado por los votantes de Vox, del PP y de “una porción creciente del electorado del PSOE”.

Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León el martes 9 de junio, según ha aprobado este jueves la Mesa de las Cortes. El pleno comenzará a las 12.00 horas con la intervención del candidato del Partido Popular presentando su programa de gobierno. Esta primera exposición no tendrá límite de tiempo. Es la tercera vez que Mañueco saldrá elegido líder del Ejecutivo autonómico, en todas las ocasiones ha necesitado de un pacto para garantizar su Presidencia y en las dos anteriores el acuerdo de gobierno se rompió.

Mañueco cuenta con el apoyo de su partido y el de Vox que, tras el acuerdo firmado y presentando este miércoles, sumará sus 14 procuradores a los 33 del PP; en total 14, para superar la mayoría absoluta que para esta legislatura es de 42.

Frente a la mayoría del nuevo pacto de PP-Vox, el PSOE, UPL y Soria Ya han mostrado su rechazo y votarán en contra. La posición de Por Ávila todavía se desconoce, su único procurador adelantó un posible apoyo si el PP se sentaba a negociar proyectos para su provincia.

Tras la intervención del candidato, la sesión de investidura se retomará con la respuesta de los grupos parlamentarios a Fernández Mañueco. En este caso, cada portavoz tendrá un tiempo de 30 minutos y un segundo turno de dúplica para responder al candidato. Para Mañueco en su respuesta no hay tiempo y podrá elegir entre responder de forma conjunta o individual. El orden fijado de intervención será PSOE y luego se repartirá entre las tres formaciones que componen el Grupo Mixto. El reparto para estas formaciones será de 18 minutos UPL, 6 Soria Ya y 6 Por Ávila minutos. Mientras que para la duplica será de 6, 2 y 2 respectivamente.

La Mesa de las Cortes ha optado para mantener el tradicional reparto de turnos al igual que en otras investiduras. En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que las respuestas a Mañueco las iniciarán el Grupo Mixto, luego el PSOE y acabar con Vox y PP. El siguiente paso para que Mañueco pase de estar en funciones, como desde el 15 de marzo, es el acto de poesión que todavía no está fijado y será los días siguientes a que salga investido por las Cortes.

El PSOE acusa a PP y Vox de “engañar” a toda la ciudadanía

El secretario general del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado a Vox y PP de tratar de “ocultar” el engaño “masivo al que quieren someter a toda la ciudadanía y del que ni ellos mismos están absolutamente convencidos”. A juicio del portavoz del PSOE en las Cortes, el partido de Carlos Pollán es el “único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

Para Martínez ni PP ni Vox “son de fiar” y el pacto firmando se encuentra “lleno de ambigüedades. Asimismo, ha considerado que el documento recoge un modelo de gobierno que se encuentra al margen del Estatuto de Autonomía, de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y entra en conflicto con la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos.

A pesar de que el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apuntara este jueves que cualquier medida que tomará el futuro gobierno iba a estar avalada por un informe jurídico, Martínez ha apuntado que este futuro Ejecutivo dejará a Castilla y León al “margen” del Diálogo Social al “criminaliza” a sindicatos y a empresarios.

Ausencia de medidas en materia de despoblación

Los representantes de Soria Ya y de Unión de Pueblo Leonés han criticado que en ese pacto de PP y Vox apenas haya una medida de las 324 que trate la despoblación. En concreto, la omisión de referencias a Soria y Zamora como las dos provincias más castigadas por esta situación.

Para el también portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, el acuerdo recoge temas cruciales como la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el mundo rural, cuestiones que serán “unas de las principales prioridades”

Por parte del PP, la portavoz Leticia García ha definido el pacto como “profuso, completo y amplio” al abordar cuestiones a “fundamentales” en el día a día. Para la procuradora 'popular', las críticas de la oposición vienen “por exigencias del guión” y mienten, algo que ha achacado al portavoz socialista. “La verdad es que sonroja, produce vergüenza ajena escucharles hablar”, ha apostillado.

El portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que todas las medidas recogidas en el pacto firmado este miércoles por PP y Vox respetarán la legalidad vigente. El dirigente 'popular' ha indicado que las medidas derivadas del concepto de “prioridad nacional” se harán con informes jurídicos como garantía del cumplimiento normativo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha reiterado que “todo lo pactado en el texto es conforme a la ley” incluidas aquellas convocatorias de ayudas y prestaciones que exigirán “arraigo” para ser concedidas.

Tras las críticas y dudas sobre la aplicación de las medidas del nuevo pacto de gobierno, Carriedo ha querido trasladar que es un acuerdo que garantiza “estabilidad, confianza y seguridad” y permitirá desarrollar un programa de gobierno durante los próximos cuatro años. Para el portavoz en funciones el futuro Ejecutivo autonómico será “para todos”.

Carriedo ha querido matizar que las medidas que Vox sobre migración no buscan excluir a determinados colectivos. “No queremos que se excluya a ningún ciudadano”, ha asegurado, para precisar que las ayudas se dirigirán a personas que se encuentren “en condiciones de legalidad” y con “arraigo”, algo que, como ha defendido recogido ya es “real, verificable y duradero”.

El portavoz en funciones puso de ejemplo para esto a la ayuda para la obtención del permiso de conducir incluida en el pacto, que prevé requisitos vinculados al tiempo de residencia en Castilla y León. Eso sí, Carriedo ha evitado concretar si los mismos criterios temporales se aplicarán al conjunto de prestaciones recogidas en el documento y ha señalado que cada convocatoria establecerá sus propias condiciones.

“Urgencia vital” y atención a migrantes en situación irregular

El concepto de “urgencia vital” es un apartado especialmente cuestionado por su falta de limitación y concreción en el acuerdo. En el punto 10.8 del texto, dentro de la “prioridad nacional”, se recoge la exclusión del “acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Preguntado por ello, Carriedo tampoco ha concretado qué situaciones quedarían incluidas dentro de ese concepto. El portavoz se ha limitado a señalar que la ayuda humanitaria está “claramente garantizada” y ha indicado que el acuerdo asegura la prestación de aquellos servicios que tengan carácter vital.

Sobre si es cobertura de supuestos se restringirá únicamente a cuestiones sanitarias o podrá extenderse a otras necesidades básicas, ha indicado que cada caso se hará de manera individual. Para Carriedo este apartado es compatible con la atención a las personas y la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de seres humanos, otro aspecto que el documento recoge.

Verificación de edad de los migrantes y ayudas a las ONG

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha centrado en cuestiones derivadas del acuerdo firmado este miércoles, puesto que el pacto firmado por PP y Vox no fue enviado a los medios hasta después de la comparecencia conjunta de Carlos Pollán y Alfonso Fernández Mañueco. En ese texto, se recoge el compromiso para realizar pruebas de determinación de edad a inmigrantes en situación irregular desde que arranque el Gobierno autonómico.

A este respecto, preguntado por cómo lo va a hacer la Junta de Castilla y León, Carriedo ha señalado que la Comunidad no tiene competencias de Justicia, materia a la que corresponde este tipo de actuaciones. El portavoz se ha limitado a apuntar que la Junta tendrá que colaborar con otras administraciones para impulsar mecanismos que permitan la verificación de la edad de determinadas personas cuando existan dudas.

Tampoco ha concretado quién realizaría esas pruebas, si será personal del Sacyl o quién, ni cómo se articularían en la práctica.

Preguntado por la supresión de ayudas a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal, el portavoz ha explicado que la Junta no colaborará con entidades que incumplan la ley o participen en actividades contrarias al ordenamiento jurídico. Más adelante, Carriedo ha indicado que no conoce a ninguna ONG en Castilla y León que pueda ser sospechosa de ejercer esas actividades.

Durante el primero de los debates electorales, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, reprochó a Vox que sus políticas migratorias equivalían a “tirar seres humanos al mar”. Preguntado por esta afirmacíón y el motivo que ha llevado al PP a asumir los postulados de su socio de gobierno en esta materia, Carriedo no ha querido profundizar en la contradicción y ha replicado, de nuevo, que con el acuerdo se garantiza el respeto a “la ley, la libertad, la igualdad y la unidad de España”, principios que, a su juicio, inspiran el conjunto de las medidas pactadas.

Ley de Violencia de Género

En el documento presentado este miércoles ha desaparecido cualquier tipo de mención a la igualdad o a desarrollar una nueva Ley de Violencia de Género que se acordó en el anterior pacto de 2022 y que nunca vio la luz. Pese a la omisión, Carriedo ha justificado que se trata de una materia de “mucha importancia” que trasciende el pacto alcanzado entre PP y Vox.

Según ha explicado, la intención de la Junta es buscar un acuerdo más amplio que incluya al conjunto de las fuerzas con representación parlamentaria. “Vamos a intentar conseguir la unanimidad de todos los partidos”, ha asegurado el portavoz. Hay que recordar que en la legislatura pasada, Mañueco tuvo que retirar la ley por la falta de consenso y apoyo parlamentario.

La nueva Vicepresidencia Segunda busca “elevar de rango” a sus competencias adscritas

Del acuerdo presentado este miércoles llamó la atención, entre otras tantas cosas, la creación para esta legislatura de dos vicepresidencias. La primera, que será para Vox y la ostentará Carlos Pollán, tendrá adscrita una de las tres consejerías que le corresponde al partido de extrema derecha, mientras que la segunda, del PP, tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta remodelación, que sale de romper las áreas antiguas de Familia y de Medio Ambiente, buscará “elevar de rango” de estas materias “estratégicas para el futuro de Castilla y León”, como ha señalado Carriedo.

Como ha indicado, esta estructura contará con direcciones generales propias y responde a la voluntad de Fernández Mañueco de situar estas materias “en la primera línea de acción” del Gobierno. También ha rechazado que la fórmula sea un modo para sortear el límite legal de diez consejerías, al recordar que existen precedentes de varias vicepresidencias con competencias tanto en Castilla y León como en otras comunidades y en el Gobierno central.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, se encuentra reunido con los representantes de la patronal de empresas de extinción de incendios, Asemfo. La Junta de Castilla y León ha accedido a escuchar las peticiones de la asociación tras el anuncio la semana de pasada de que dejarían de prestar servicio sus 950 trabajadores al no atender sus peticiones.

Las compañías tomaron la decisión de no mandar a sus trabajadores a los incendios a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, por la “inseguridad jurídica” en las que se encuentran tras tener que lidiar con sanciones continuas de Inspección de Trabajo por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

Según apuntaban, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales. Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

Asemfo lleva pidiendo una solución desde marzo de 2025

La patronal afirmó que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta es “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, también criticaban que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según explicaron, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

Por su parte, la Junta de Castilla y León señaló que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, a quien señaló como responsable.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, afirmó el portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo la semana pasada. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

La Junta también recordó a las empresas que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo no se pronunció sobre posibles expedientes o sanciones.

El PSOE de Castilla y León calificó de “inadmisible” que Castilla y León afronte un verano más la temporada de peligro alto de incendios “sin soluciones estructurales” y con un dispositivo que llega “tarde, mientras aumenta el riesgo de incendios”,como expresó el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez. El sindicato CCOO ha anunciado movilizaciones en las nueve provincias de Castilla y León ante lo que considera una situación de “caos absoluto” en el operativo.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado que la Comunidad no acudirá a la reunión bilateral con el Gobierno central sobre financiación autonómica. “Lo que es de todos se negocia entre todos. Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica”, ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico.

Mañueco ha indicado que su gobierno no va a aceptar una propuesta que asigna a nuestra Comunidad “el 1,29% de los fondos”, cuando Castilla y León representa “casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España”. “Exigimos una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio”, ha apuntado en un mensaje publicado en X. Mañueco planta así al Ejecutivo de Sánchez en el intento de reformar la financiación autonómica, al igual que las comunidades gobernadas por el PP

Este lunes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enviado una carta a los consejeros de Hacienda de las comunidades para convocarles a reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevas citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

20.975 millones de euros más de financiación

El Gobierno, según ha remitido en una nota de prensa, se ha puesto el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

El PSOE critica a Mañueco por la falta de respeto institucional

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha afeado a la Junta de Castilla y León falta de responsabilidad y respeto institucional. El líder socialista ha mostrado su “sorpresa por la negativa del Ejecutivo autonómico, que como ”interlocutor formal“ no tiene ”la deferencia ni la responsabilidad institucional“ de acudir a la reunión para plantear una propuesta, una alternativa al modelo de financiación del Gobierno central.

“No lo quiero, no me gusta y no voy”, ha insistido el socialista, y ha reconocido que “lo cómodo” para la Junta de Castilla y León y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, es no acudir al encuentro, porque “están de vacaciones” a la espera del “pacto de la vergüenza con Vox.

Daniel de la Rosa ha recordado que el PSOE ya reconoció en su momento que la propuesta del Gobierno les parecía “insuficiente”, en cuanto a la planteada para Castilla y León en comparación con otras comunidades, de ahí que pidieran una modificación más acorde a las necesidades de la autonomía.

Por ese motivo, el socialista cree que la Junta ganaría credibilidad si se sentara a hablar con el Ministerio de Hacienda con una propuesta alternativa que mejore las condiciones de financiación autonómica y ha insistido en criticar la respuesta del “no voy” del presidente Mañueco.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a ocho años de prisión a un psicólogo por un delito de agresión sexual cometido sobre una paciente a la que atendía, ya que estaba en un momento de especial vulnerabilidad psicológica. La víctima estaba siendo tratada por profesionales de salud mental por sufrir depresión e ideas suicidas además de tener que lidiar con la enfermedad y posterior fallecimiento de una hermana.

El tribunal considera probado que el profesional se aprovechó de la dependencia emocional que la mujer había desarrollado hacia él y concluye que el consentimiento prestado en la relación sexual no fue libre ni válido.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia salmantina, impone además al condenado seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de psicólogo, una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante diez años, así como una indemnización de 25.000 euros por los daños causados.

La mujer comenzó a recibir tratamiento psicológico tras el agravamiento de la enfermedad de una hermana con cáncer, de la que se encargaba de cuidar. Su estado emocional empeoró progresivamente hasta presentar ideas suicidas, además de un trastorno depresivo de larga evolución, motivo por el que fue derivada al acusado, que ejercía como psicólogo privado en Salamanca.

El fallo recoge que las primeras sesiones mantuvieron un carácter estrictamente terapéutico, pero la relación fue evolucionando con el paso de los meses. Las conversaciones por WhatsApp incorporaron comentarios sobre el aspecto físico de la paciente y derivaron hacia contenidos de carácter afectivo y sexual. En uno de esos intercambios, el psicólogo llegó a decirle que era “muy sexy” y que le encantaría estar con ella, mientras que en otros mensajes expresó deseos de mantener contacto físico e íntimo.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2024 en su consulta cuando, según la sentencia, el psicólogo realizó tocamientos no deseados y cogió la mano de la mujer y la llevó hacia su pene.

La víctima no había consentido libremente la relación

Para los magistrados, la paciente no había consentido libremente la relación, ya que el consentimiento estaba condicionado por la situación de dependencia emocional que mantenía respecto al terapeuta.

Los jueces defienden que el acusado dirigió de forma progresiva el acercamiento afectivo y sexual de una persona especialmente vulnerable que seguía viéndolo como una figura de apoyo psicológico imprescindible.

“No cabe duda a juicio de esta sala que el acusado se prevalió de su condición de psicólogo terapeuta para obtener poco a poco un consentimiento cada vez mayor de la víctima respecto de su relación afectiva con él”, afirma la resolución.

El tribunal rechaza el argumento de la defensa de que la relación profesional había terminado meses antes y que ambos mantenían ya un vínculo exclusivamente personal. Por el contrario, entiende que la paciente nunca llegó a diferenciar claramente entre el papel de psicólogo y el de supuesto compañero sentimental, especialmente porque los encuentros continuaron produciéndose en la propia consulta y porque el acusado seguía transmitiéndole que podía continuar siendo su terapeuta.

La sentencia subraya que la mujer temía perder el apoyo emocional del profesional y que muchas de sus conductas estuvieron condicionadas por esa necesidad. Los magistrados consideran que el psicólogo era plenamente consciente de esa circunstancia debido al conocimiento que tenía de su historial clínico y de su estado emocional.

“La única preocupación de la víctima era no decepcionar al acusado”, señala la resolución. Es por eso que los jueces creen que hubo un delito de agresión sexual agravada al apreciarse una situación de especial vulnerabilidad de la víctima y un abuso de superioridad por parte del condenado.

En la sentencia, recuerdan que la legislación exige que el consentimiento se manifieste de forma libre y concluyen que esa libertad estaba anulada por la relación de dependencia creada durante el proceso terapéutico.

Asimismo, el fallo señala el empeoramiento psicológico sufrido por la mujer tras los hechos. Aunque ya padecía problemas de salud mental con anterioridad, la Audiencia considera que la agresión agravó de forma significativa su situación, hasta el punto de desarrollar miedo a salir de casa, rechazo a su propio cuerpo y una intensificación de las ideas suicidas. Contra esta fallo judicial cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.