La Audiencia Provincial de Salamanca ha revocado el permiso penitenciario de cuatro días concedido a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en 2013. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León número 5, con sede en Salamanca, que el pasado marzo había autorizado la primera salida ordinaria del interno pese al criterio contrario de Instituciones Penitenciarias.

La resolución deja sin efecto el auto dictado el 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que había dado la razón a la defensa de Basterra frente al acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Topas, donde cumple condena desde hace algo más de un año porque tiene en esa provincia a su nueva pareja.

La Sala ha considerado que “en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida” y ha apuntado tres elementos principales: “la extrema gravedad del delito cometido”, “la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena” y “la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos”.

Los magistrados han defendido que, aunque el interno mantenga una conducta adecuada en prisión, la concesión del permiso “resulta prematura e injustificada”. Según ha comunicado el Tribunal Superio de Justicia de Castilla y León en un comunicado, se concluye que debe prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento de Topas, que había rechazado la solicitud “por amplia mayoría”.

Recurso de la Fiscalía

La Fiscalía de Salamanca recurrió la decisión judicial pocos días después de conocerse el auto favorable a Basterra al entender que la resolución no justificaba de forma suficiente por qué se apartaba del criterio de los profesionales penitenciarios.

En su escrito, el Ministerio Público defendía que el condenado no cumple todavía las condiciones de “evolución, responsabilidad y madurez” previstas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el reglamento penitenciario. La Junta de Tratamiento había advertido, entre otros aspectos, de la “insuficiente consolidación de los factores positivos”, la gravedad del delito, la fase aún inicial del tratamiento y la ausencia de reconocimiento de los hechos.

La Fiscalía reprochó además al juez una falta de “motivación reforzada”, exigida cuando un órgano judicial corrige el criterio técnico penitenciario. Según el recurso, el auto recurrido se apoyaba en referencias “genéricas y abstractas” sin concretar qué indicadores permitían concluir que existía una evolución suficiente para afrontar salidas al exterior.

El Ministerio Público insistió especialmente en que Basterra continúa negando “de manera abierta, tajante y persistente” el asesinato de su hija, tal y como reflejan los informes psicológicos incorporados al expediente penitenciario. Para la Fiscalía, esa negativa dificulta valorar el riesgo y bloquea cualquier evolución real dentro del proceso de reinserción.

Basterra sigue negando los hechos

La Audiencia Provincial hace suyos buena parte de esos argumentos. La resolución recalca que la asunción de responsabilidad es un elemento relevante en el tratamiento penitenciario y entiende que la persistencia en la negación de los hechos impide apreciar una evolución consolidada.

Asimismo, también se ha tenido en cuenta el momento de cumplimiento de la condena. Basterra no alcanzará las tres cuartas partes de la pena hasta marzo de 2027 y la extinción total está prevista para septiembre de 2031. Para la Fiscalía, y ahora también para la Audiencia, ese horizonte temporal sigue siendo “lejano” en relación con la gravedad del delito cometido.

El asesinato de Asunta Basterra Porto, de 12 años, se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos de la última década en España. La menor fue encontrada muerta en septiembre de 2013 en una pista forestal próxima a una propiedad de su madre, Rosario Porto, en el municipio coruñés de Teo. La investigación concluyó que la niña había sido sedada durante meses con benzodiacepinas antes de morir asfixiada.

En 2015, un jurado popular declaró culpables por unanimidad tanto a Alfonso Basterra como a Rosario Porto, que fueron condenados a 18 años de prisión por asesinato con la agravante de parentesco. Porto se suicidó en 2020 en la prisión abulense de Brieva sin haber reconocido nunca los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asestado un revés a la Junta al anular varios de los puntos del Decreto 9/2024, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para regular las autorizaciones de cambio de uso forestal. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid tras un recurso de Ecologistas en Acción Palencia, recoge que algunos apartados del texto vulneran el carácter “excepcional” que debe tener la transformación de monte en terreno agrícola y aprecia problemas de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima parcialmente el recurso presentado por la organización ecologista y declara nulos varios aspectos del decreto aprobado por la Junta en junio de 2024. La resolución judicial no cuestiona la totalidad de la norma, como pedía de forma principal la asociación recurrente, pero sí elimina tres bloques considerados clave: la definición de “cultivos de alto interés” que permitía justificar cambios de uso forestal hacia determinados cultivos agrícolas; la limitación de protección únicamente a hábitats prioritarios catalogados como bosques; y la excepción que evitaba compensar pérdidas ecológicas cuando el terreno forestal se sustituía por cultivos leñosos arbóreos.

El cambio de uso debe de tener “carácter excepcional”

La Sala recuerda en su sentencia que tanto la Ley estatal de Montes como la normativa autonómica establecen que el cambio de uso forestal, cuando no responde a razones de interés general, debe de tener “carácter excepcional”. Y precisamente ahí sitúa uno de los principales reproches al decreto autonómico: aunque el texto asumía formalmente esa excepcionalidad, en la práctica ampliaba de forma notable los supuestos en los que podía autorizarse transformar terrenos forestales en explotaciones agrícolas.

Uno de los puntos anulados afecta al artículo que consideraba “cultivos de alto interés” los “cultivos de regadío destinados a la alimentación humana”. Para el tribunal, la categoría era tan amplia que desdibujaba por completo la excepcionalidad exigida por la legislación básica estatal. La Junta defendió durante el procedimiento que la producción de alimentos conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero”, pero la Sala rechaza ese razonamiento y sostiene que utilizar argumentos propios del interés general para justificar transformaciones que precisamente no se amparan en razones de interés general “evidencia su falta de justificación y arbitrariedad”.

La sentencia también tumba otros dos supuestos incluidos en esa definición de “cultivos de alto interés”: los relativos a especies presentes de forma silvestre en montes y los cultivos ligados a “condiciones edáficas y/o climáticas especiales”. Según el tribunal, ambos conceptos dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y ambiguo, incompatible con el principio constitucional de seguridad jurídica. Los magistrados reprochan además que el decreto no justificara por qué esos supuestos debían prevalecer sobre la conservación forestal exigida por la legislación estatal.

Protección de los hábitats prioritarios

Otro de los puntos de la sentencia es el que afecta a la protección de los hábitats prioritarios. El decreto impedía cambios de uso en hábitats de interés comunitario prioritario únicamente cuando estuvieran “catalogados dentro del grupo de los bosques”. Este matiz ha sido anulado. El TSJ considera arbitrario restringir la protección solo a ecosistemas forestales y dejar fuera otros hábitats vulnerables como pastizales, humedales o matorrales, pese a que la Directiva Hábitats europea les otorga la misma consideración de protección reforzada.

En este punto, la Sala asume parte de los argumentos aportados por el informe pericial presentado por Ecologistas en Acción, elaborado por el catedrático de Botánica José Miguel Olano Mendoza. El documento advertía de que el redactado del decreto podía dejar desprotegidos ecosistemas abiertos con un elevado valor ecológico y una regeneración especialmente lenta. La sentencia recuerda, además, que el concepto legal de monte no se limita a los bosques y abarca también otras formaciones vegetales.

Sistema de compensaciones ambientales

El último de los tres aspectos anulados afecta al sistema de compensaciones ambientales. El decreto aprobado por la Junta permitía que, cuando el cambio de uso forestal tuviera como destino la implantación de cultivos leñosos arbóreos —como plantaciones de frutales—, no fuera obligatorio adscribir otros terrenos agrícolas para transformarlos en forestales y compensar así la pérdida de servicios ecosistémicos.

La Sala rechaza esa excepción y concluye que carece de “justificación razonable”. Los magistrados subrayan que sustituir un ecosistema forestal por un cultivo arbóreo no garantiza por sí mismo la conservación de la biodiversidad ni el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. “No resulta causa objetiva que justifique el distinto trato”, según explica el fallo.

Ecologistas en Acción ha celebrado este jueves una resolución que considera una “importante victoria judicial” frente a un decreto que, a su juicio, “vacía de contenido la protección del monte”. La organización sostiene que la Junta había intentado normalizar la transformación de terrenos forestales en cultivos agrícolas mediante criterios ambiguos y excesivamente amplios. “El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla”, ha señalado desde el colectivo ecologista.

La sentencia se suma además a otros reveses judiciales recientes sufridos por la Consejería de Medio Ambiente dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. En los últimos meses, el TSJ también condenó a la Junta por negar información ambiental vinculada a proyectos de renovables en Burgos y anuló la modificación del plan autonómico de residuos al apreciar vulneración del derecho de participación pública.

El fallo no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. El TSJ obliga a la Junta a eliminar del decreto los apartados anulados y aboga por una interpretación restrictiva del cambio de uso forestal en Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha reclamado este jueves que “impere la salud pública” en cualquier decisión sobre los 14 españoles que viajan en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, entre ellos un vecino de Lerma (Burgos) que permanece sin síntomas pero bajo observación. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado además la “cierta falta de coordinación” y las “contradicciones” entre ministerios del Gobierno central sobre cómo y dónde deberá realizarse la cuarentena de los pasajeros repatriados.

“Lo prudente y lo razonable es esperar”, ha defendido Carriedo tras el Consejo de Gobierno, después de conocerse que el burgalés figura entre los pasajeros españoles del barco, que llegará previsiblemente este sábado a Canarias tras permanecer varios días frente a Cabo Verde por la aparición de varios casos de hantavirus a bordo.

El consejero en funciones ha explicado que fue el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien informó al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, de la presencia de este ciudadano empadronado en Lerma en el crucero. Según ha precisado, el plan trasladado hasta ahora por el Ejecutivo central pasa por evacuar a los españoles al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde se les realizaría seguimiento médico y cuarentena.

Sin embargo, Carriedo ha afeado la falta de una postura clara dentro del propio Gobierno. “Existen declaraciones contradictorias” sobre si el aislamiento será obligatorio o voluntario y durante cuánto tiempo deberá mantenerse, señaló. A su juicio, cuando “dos derechos pueden estar en cierta colisión”, como la salud pública y la libertad de circulación, “pudiera ser necesario acompañar esa decisión de carácter sanitario con amparo judicial”.

El portavoz ha indicado que el hecho de no presentar síntomas “no es garantía de no tener el virus”, ya que el periodo de incubación puede extenderse entre seis y ocho semanas. “Ahora actuamos con la perspectiva de la prudencia, la colaboración y el interés general de los ciudadanos”, ha apostillado.

La Junta ha asegurado que activará los protocolos sanitarios necesarios si finalmente el vecino burgalés regresa a Castilla y León. “Si viniera finalmente a nuestra comunidad autónoma estableceríamos los protocolos de seguimiento que son necesarios para este caso”, ha apuntado Carriedo, aunque ha evitado concretar si implicarían aislamiento domiciliario u otras medidas.

El pasajero de Lerma, “sin síntomas, pero en observación”

Horas antes, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, había confirmado que el pasajero burgalés se encuentra “bien, sin síntomas pero en observación”. El responsable estatal ha explicado que en un primer momento existió confusión sobre su residencia, ya que el hombre habría embarcado en Argentina y se barajó inicialmente que pudiera vivir allí. Finalmente, las autoridades confirmaron que reside en la localidad burgalesa de Lerma.

El crucero MV Hondius, con 147 personas a bordo, permanece bajo vigilancia sanitaria desde hace días tras detectarse un brote de hantavirus durante la travesía iniciada el pasado 1 de abril en Ushuaia, en la Patagonia argentina. Hasta el momento se han registrado ocho contagios y tres fallecimientos relacionados con la enfermedad, mientras otro paciente permanece hospitalizado en estado grave en Sudáfrica.

Las autoridades sanitarias internacionales han confirmado que los casos detectados pertenecen a la cepa andina del hantavirus, la única variante en la que se ha documentado transmisión entre humanos, aunque los expertos insisten en que el riesgo de propagación comunitaria sigue siendo bajo y que este tipo de contagios requieren contactos estrechos y prolongados.

España prepara junto a la Comisión Europea, la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades un operativo para evacuar y repatriar a los pasajeros una vez el barco llegue al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Los 14 españoles serán examinados en Canarias antes de su traslado en un avión militar a Madrid, donde Sanidad prevé que permanezcan en cuarentena bajo vigilancia médica.

“Mero trámite”, así ha definido la portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego la ronda de consultas para proponer candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, algo que también han compartido desde Soria ¡Ya! y Por Ávila —y desde el PSOE este lunes—. Los grupos minoritarios ven también hecha la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, no ven tan claro el calendario y el contenido del acuerdo que PP y Vox tienen que cerrar. Vox —socio imprescindible para la mayoría de Mañueco— rebajó las expectativas de un pacto esta misma semana o la que viene al admitir que el pacto con el PP “no está cerrado” y que ve “difícil” culminarlo antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Este martes presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha comenzado el proceso para hablar con los grupos sobre posibles candidatos que debe culminar este jueves, último día legal para proponer candidato, con Mañueco como única opción viable tras el 15M autonómico. Sin embargo, la fecha del debate de investidura sigue sin fijarse y dependerá de un acuerdo que, pese a los precedentes en Extremadura y Aragón, todavía no se ha materializado en Castilla y León.

Vox, pendiente de que el PP quiera cerrar el acuerdo pasadas las elecciones andaluzas

El portavoz parlamentario de Vox, Carlos Pollán, ha señalado que las negociaciones con el PP continúan abiertas. “A día de hoy no está cerrado, aunque esperamos que llegue a buen puerto”, ha afirmado tras reunirse con Vázquez, subrayando que su formación quiere “participar en el gobierno” pero con “un programa concreto, medidas concretas y garantías de cumplimiento”.

Pollán ha evitado concretar plazos, pero sí que dejó claro que el acuerdo no es inminente. “Lo veo difícil”, ha respondido al ser preguntado por la posibilidad de cerrarlo la próxima semana, antes de las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Ante esta posibilidad el portavoz de Vox se ha preguntado en “qué influiría” un pacto de Vox-PP en el resultado de los 'populares'.

La única línea roja que ha marcado Vox para apoyar a un candidato es que sea del PSOE. “Nunca participaríamos o permitiríamos una presidencia por un candidato socialista”, ha apuntado, dando por hecho que su eventual apoyo se dirigiría a Mañueco. Con 14 procuradores, sus votos son imprescindibles para que el PP —que cuenta con 33 escaños— alcance la mayoría absoluta o, en su defecto, más síes que noes en segunda votación.

En su comparecencia, Carlos Pollán ha indicado que la negociación con el PP no se limita a un reparto de cargos, sino que pivota sobre un documento programático “medida a medida”, con especial énfasis en lo que su formación considera puntos “troncales” e “irrenunciables”. Sin detallar el contenido, sí ha dejado claro que Vox aspira a trasladar a Castilla y León buena parte de las líneas ya pactadas en otras comunidades, como los criterios de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas o vivienda, una cuestión que ha definido como “un avance muy importante” dentro de su agenda política.

El dirigente de Vox ha querido defender que la negociación se está realizando en Castilla y León y no desde Madrid. “Por nuestra parte, estamos trabajando aquí”, ha apuntado. No obstante, ha planteado que en el lado 'popular' la influencia y estrategia de Génova esté ralentizando el proceso, en una alusión a la estrategia del PP y a la posibilidad de que los tiempos estén condicionados por otros calendarios electorales.

Pollán ha afirmado que las medidas de Vox ya se están dejando notar en políticas autonómicas y europeas. El portavoz ha defendido que la entrada de su partido en los gobiernos garantiza la introducción de medidas “con plazos y garantías de cumplimiento”, y ha reiterado que su objetivo es formar parte del Ejecutivo de Castilla y León con capacidad de decisión real.

Soria ¡YA! critica la “opacidad” y el “postureo” de los pactos

Antes, el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha reprochado la dilación de fechas por parte del Partido Popular. “Vamos sobre la bocina”, ha criticado, culpando a que las negociaciones entre PP y Vox se están desarrollando “sin transparencia” y con una lentitud que mantiene a la comunidad “sin gobierno, sin presupuestos desde 2024 y sin soluciones”.

Ceña ha cargado contra los acuerdos ya firmados entre ambas formaciones en otras comunidades, que ha tildado de “postureo” y “nada serio”. A su juicio, contienen medidas “ilegales y muchas inconstitucionales” y relegan problemas estructurales como la despoblación. “Me gustaría que algún pacto considerara como prioridad nacional los problemas de Soria”, ha ironizado.

El representante sorianista también ha puesto en duda la estabilidad de un futuro ejecutivo de PP y Vox: “¿Va a romperse de nuevo cuando haya necesidades electorales? Todo apunta a que sí”. También ha planteado explorar alternativas como un pacto de mínimos entre PP y PSOE centrado en servicios públicos, aunque ha reconocido que, en el escenario actual, su voto no será “gratuito” y dependerá de una negociación previa.

Por Ávila y UPL dan por hecho el acuerdo y piden “arrancar”

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, también ha dado por hecho el pacto entre PP y Vox, aunque ha matizado que nadie se lo ha confirmado oficialmente. “Creo que ya lo tienen”, ha aseverado, reclamando que la legislatura eche a andar “cuanto antes” ante una comunidad que ve “muy parada”.

Pascual se ha mostrado dispuesto a negociar su apoyo a Mañueco, condicionado a que se incluyan las demandas de su provincia. “Estamos abiertos al diálogo y a la colaboración”, ha apostillado, aunque sin concretar el sentido de su voto o qué medidas concretas plantea para dar su apoyo.

Sobre el encuentro con Vázquez ha señalado que ambos, ante la poca temática que abordar, han estado hablando sobre que el Real Ávila, del que Pascual es presidente, y la Gimnástica Segoviana, equipo de Segovia, de donde es el presidente de las Cortes, se han quedado fuera de la promoción de ascenso de 1ª RFEF.

Más crítica fue la portavoz de la UPL, Alicia Gallego, quien también ha dado por hecho el acuerdo pero ha calificado la ronda de consultas de “trámite” y ha criticado la “falta de respeto” que, a su juicio, supone la dilación de los plazos. “Cinco meses con un gobierno en funciones agravan todos los problemas”, ha advertido con dudas sobre un nuevo verano de incendios en la comunidad-

Gallego ha puesto en duda la dependencia de las direcciones nacionales de PP y Vox —“sucursales de Madrid”, dijo— y ha alertado del impacto de la falta de presupuestos en cuestiones como la despoblación, el empleo juvenil o la gestión de incendios. Su formación ve “muy difícil” apoyar la investidura en ausencia de compromisos concretos con la Región Leonesa.

Un calendario abierto con Mañueco como única opción

El proceso de consultas continuará este jueves con PSOE y PP, que propondrá formalmente a Mañueco como candidato. A partir de ahí, el presidente de las Cortes deberá fijar la fecha del pleno de investidura, sin un plazo reglado, lo que deja el calendario supeditado a la negociación entre 'populares' y Vox.

El reglamento establece que el candidato necesita mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda. Si en dos meses ningún aspirante logra la confianza de la Cámara, se convocarían nuevas elecciones.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez (PP), ha convocado a los grupos parlamentarios el 6 y el 7 de mayo para escuchar sus propuestas para candidato a presidente de la Junta de Castilla y León. La normativa parlamentaria fija como fecha límite el 7 de mayo, quince días después del Pleno de constitución de la cámara, para que se realice este trámite, con el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como único candidato con posibilidades reales para salir elegido.

El PP de Mañueco no cuenta con los votos suficientes en las Cortes tras obtener 33 procuradores de los 82 que había en juego el 15 de marzo. Los 'populares' necesitan a Vox para sumar sus 14 escaños y obtener la mayoría absoluta en primera votación o más “síes” que “noes” en la segunda ronda. De momento, el primer avance en la buena sintonía para repetir pacto de gobierno está en la elección de la Mesa de las Cortes y el presidente de la misma. En la que ambos partidos se repartieron la Presidencia y Vicepresidencia primera y dos de las Secretarías.

El primer encuentro programado por Vázquez tendrá lugar el 6 de mayo a las 10.30 horas con el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña. El siguiente grupo en pasar será Por Ávila, con Pedro Pascual, a las 11.30 horas. A las 12.30 horas será turno para la UPL.

Ya a las 13.30 horas, el presidente se recibirá a Vox, con la incógnita de la posición del portavoz del grupo Carlos Pollán. Por último, el día 7 pasará por el despacho de Vázquez el PSOE, con Carlos Martínez, a las 10.30 horas y el PP, con Leticia García, a las 11.30 horas.

La fecha del pleno de investidura, en el aire

Tras estas reuniones, el presidente tendrá que convocar el Pleno sin que el reglamento fije una fecha o un límite concreto y que estará ligado a si hay un pacto PP-Vox antes o después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. En esa sesión parlamentaria, según el artículo 135 del reglamento de las Cortes de Castilla y León, se comenzará con la lectura de la propuesta por uno de los Secretarios de las Cortes.

A continuación, el candidato propuesto expondrá, sin límite de tiempo, el programa del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de las Cortes de Castilla y León. Un representante de cada Grupo podrá intervenir por un tiempo de 30 minutos.

El candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Cuando conteste individualmente a uno de los intervinientes, éste tendrá derecho a réplica por diez minutos. Si el candidato les contestara en forma global, cada uno de ellos tendrá derecho a una réplica de diez minutos.

Hay que recordar que para ser elegido Presidente de la Junta de Castilla y León, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación, algo que solo se lograría con los votos de PP y Vox juntos o PP y PSOE, esto último descartado por Mañueco. El PSOE también ha descartado apoyar o facilitar el gobierno de la lista más votada, puesto que era una propuesta únicamente válida antes del 15 de marzo. “Las reglas del juego antes de entrar en el campo de juego”, ha reiterado una y otra vez el candidato socialista, Carlos Martínez.

Si no se alcanzase esa mayoría, la Mesa de las Cortes fijará la segunda votación, resultando elegido el candidato que tenga la mayoría simple, es decir, más “síes” que “noes”.

Antes de proceder a esta votación, el candidato podrá intervenir por tiempo máximo de diez minutos y los Grupos Parlamentarios por cinco minutos cada uno para fijar su posición.

2 meses para ponerse de acuerdo o repetición electoral

Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato saldría elegido, éstas quedarán automáticamente disueltas. El Presidente de las Cortes lo comunicará al Presidente de la Junta en funciones para que convoque nuevas elecciones.

En caso de investidura, el trámite pasa porque el Presidente de las Cortes lo comunique al Rey, a los efectos de su nombramiento como Presidente de la Junta de Castilla y León, y al Gobierno de la Nación.

El PP de Mañueco no cuenta con los votos suficientes en las Cortes tras obtener 33 procuradores de los 82 que había en juego el 15 de marzo. Los 'populares' necesitan a Vox para sumar sus 14 escaños y obtener la mayoría absoluta en primera ronda o más “síes” que “noes” en segunda. De momento, el primer avance en la buena sintonía para repetir pacto de gobierno está en la elección de la Mesa de las Cortes y el presidente de la misma. En la que ambos partidos se repartieron la Presidencia y Vicepresidencia primera y dos de las Secretarías.

El PP propondrá a Mañueco

Tal y como estaba previsto, el PP ha anunciado que propondrá a Alfonso Fernández Mañueco como candidato. “En este momento político necesitamos gobernantes con altura de miras, con capacidad de gestión y que ofrezcan estabilidad y certidumbre a esta tierra. Mañueco es todo eso y más. Es verdadera garantía de crecimiento económico, de empleo y del mantenimiento de los servicios públicos en nuestra comunidad”, ha defendido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García en la rueda de prensa previa al Comité de Dirección del PP de Zamora

El PSOE califica de “mero trámite” las consultas

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha definido el procedimiento de consultas como “un mero trámite” a la par que ha culpado a Mañueco de rechazar cualquier pacto con su partido. “El planteamiento del señor Mañueco ha sido el desprecio total y absoluto, ya no al Partido Socialista, sino a los votantes que han respaldado una opción diferente de cambio”, ha explicado

Martínez ha afeado al líder 'popular' su “falta total y absoluta de voluntad de diálogo” ante los acuerdos para sacar adelante los presupuestos para 2025 y para 2026.

Para el también portavoz del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas es una fórmula, que ha definido como “pausa permanente”, para “seguir ganando tiempo y parecer mediáticamente que se hace algo”. Según Martínez el PP y Vox quieren dejar a Castilla y León “anclada en ese pasado en blanco y negro al que nos tiene acostumbrados el señor Mañueco” y “tapar” los problemas de la Comunidad con debates sobre la “prioridad nacional”.

La Escuela Municipal de Música de Burgos volvió a abrir sus puertas el 7 de abril tras el parón de marzo, pero la sensación de alivio apenas ha durado unas semanas. Superado el cierre y con la actividad retomada, las cerca de 700 familias y los 25 profesores que dependen del servicio miran ya al próximo curso con la misma incertidumbre. El problema de fondo —la falta de un contrato estable y viable— sigue sin resolverse.

“Se reabrió con normalidad, pero el tema de los pliegos sigue exactamente igual”, resumen desde la Plataforma de gestión de la Escuela Municipal de Burgos. La agrupación, que ya fue clave en las movilizaciones que empujaron hacia la reapertura tras semanas de cierre, ha vuelto a activar la presión ante lo que consideran una falta de avances por parte del Ayuntamiento.

En septiembre de 2026 el actual acuerdo —una solución de urgencia que permite mantener la actividad hasta final de curso— habrá expirado. Y, a día de hoy, no hay ningún contrato nuevo en marcha. “Nos habían dicho que los pliegos estarían en tiempo para garantizar la continuidad, pero ahora mismo no sabemos nada”, explican desde la plataforma.

Las familias piden al Ayuntamiento saber si la nueva licitación llegará a tiempo

Tras la Semana Santa, las familias solicitaron una reunión con el área de Cultura para conocer el estado de la licitación. La respuesta fue negativa. “Nos la denegaron alegando que es un proceso de contratación y que la información es confidencial”, señalan. Una explicación que, sin negar el marco legal, consideran insuficiente: “Entendemos que no nos pueden dar detalles técnicos, pero sí podrían transmitir cierta tranquilidad, decirnos si van en plazo o no”.

Ese silencio es, precisamente, lo que ha encendido las alarmas. El contrato anterior ya quedó desierto en diciembre, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señaló directamente al Ayuntamiento por no haber licitado a tiempo. Ahora, temen que la historia se repita.

El principal riesgo es el calendario. Los procedimientos administrativos tienen plazos tasados: publicación, presentación de ofertas, valoración técnica, adjudicación. Todo ello puede alargarse durante meses. “Para que la escuela pueda empezar en septiembre con normalidad, los pliegos tendrían que salir ya”, advierten desde la plataforma. “Si no se hace en breve, no dan los tiempos”.

Pero no es solo una cuestión de fechas, también lo es —y quizá más— de contenido. El anterior intento de licitación fracasó, en buena medida, por las condiciones económicas. El contrato planteado por el Ayuntamiento fijaba una cuantía que, según denuncian familias y gestor, hacía inviable la prestación del servicio sin pérdidas.

Las cifras son conocidas. El coste de las nóminas ronda los 400.000 euros anuales, mientras que los ingresos por cuotas se sitúan en torno a los 300.000. A eso se sumaba un canon municipal que apenas superaba los 48.000 euros. El resultado era un desfase estructural que obligaba al gestor a asumir pérdidas mensuales de entre 5.000 y 6.000 euros. “Es que con ese modelo nadie puede sostener una escuela”, resumen.

El último pliego, además, añadía nuevas obligaciones, como la gestión de una escuela de dulzaina, sin un incremento proporcional de la financiación. “Era un contrato de unos 108.000 euros con más exigencias. Es normal que quedara desierto”, sostienen.

150.000 euros para garantizar el servicio

Con ese precedente, la plataforma ha comenzado a trasladar públicamente una cifra que consideran mínima para garantizar la viabilidad del servicio: 150.000 euros. “Es lo mínimo para que alguien pueda plantearse presentarse”, explican. Una cantidad que, insisten, no supone un margen de beneficio elevado, sino simplemente evitar pérdidas.

“Ellos saben perfectamente cuándo un pliego es atractivo y cuándo no”, critican. El temor es que el Ayuntamiento vuelva a plantear un contrato insuficiente y, en caso de quedar desierto, traslade la responsabilidad a la falta de interés del sector. “Si no se explica bien a la ciudadanía cuánto cuesta realmente esta escuela, se puede vender que el problema es que nadie quiere gestionarla, cuando no es así”.

La preocupación no es menor. La escuela atiende actualmente a unos 700 alumnos y emplea a 25 profesores, una estructura difícil de absorber por el tejido privado de la ciudad. “Las escuelas privadas no pueden asumir ese volumen”, advierten. A ello se suma el coste para las familias: mientras en la municipal las cuotas rondan los 50 o 60 euros mensuales —incluyendo instrumento y lenguaje musical—, en el ámbito privado pueden superar los 100 euros solo por el instrumento.

“Hay padres que no son conscientes de lo que supondría perder esto”, apuntan. “No es solo un tema educativo, es acceso a la cultura”.

En este contexto, la movilización vuelve a escena. La plataforma ha convocado nuevas concentraciones y prevé mantener la presión en las próximas semanas. También tiene la vista puesta en el pleno municipal del 15 de mayo, que consideran una fecha clave. “Si para entonces no hay pliegos, la situación será muy complicada”, advierten.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido en las últimas semanas la necesidad de ajustar el contrato a la legalidad y a los costes reales del servicio. La concejala de Cultura ya apuntó que el objetivo es sacar una licitación “actualizada” que garantice la continuidad. Sin embargo, de momento no hay plazos concretos sobre la mesa.

Entre tanto, la sensación entre las familias es del 'día de la marmota'. “Esto ya lo hemos vivido”, reconocen. La reapertura de abril ha permitido salvar el curso, pero no despeja el horizonte. “Ha sido un parche”, insisten.

La clave, coinciden todas las partes, estará en la próxima licitación. De su diseño dependerá no solo el inicio del curso que viene, sino la estabilidad a medio plazo de un servicio público que ha demostrado ser, a la vez, esencial y frágil. “Lo que pedimos es sencillo”, concluyen desde la plataforma. “Que se haga un contrato viable y que se haga a tiempo”.

La Policia Nacional de Palencia ha evitado que una mujer de Palencia fuese secuestrada en Londres. La rápida intervención ha permitidado la liberación y regreso de esta ciudadana que comenzó tras la denuncia presentada por la hermana de la víctima en la Comisaría de Policía Nacional de Palencia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los agentes de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano activiaron de inmediato un dispositivo para poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional. El jefe de servicio, alertado por dicha oficina, consiguió contactar con la víctima, quien, de forma breve y con monosílabos, manifestó estar siendo secuestrada y trasladada en un vehículo tipo VTC en las inmediaciones de Londres.

Gracias a su actuación, logró que la víctima activara discretamente su localización, posibilitando su seguimiento en tiempo real. Poco después, la mujer envió un mensaje en el que indicaba que “creía que la van a matar”. Desde la Comisaria Provincial de Palencia mantuvieron contacto con el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, asegurando una coordinación operativa continua. Asimismo, se activaron los canales de cooperación a través de la Consejería de Interior en Londres.

El jefe de servicio mantuvo en todo momento el contacto con la víctima y con el jefe de la unidad de secuestros de la Policía Londinense.

Paralelamente, la Sala del 091 impulsó con gran rapidez las comunicaciones con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENCI) y la Oficina Central Nacional de Interpol, contribuyendo de forma decisiva a la inmediatez de la respuesta policial. Gracias a la eficacia y rapidez de este dispositivo, se estableció contacto con la unidad especializada en secuestros de la Policía de Londres, que desplegó un operativo en la ciudad. La víctima fue localizada en tiempo real en la zona de Chelsea, en compañía de otra mujer.

Tras diversas gestiones, realizadas con apoyo de intérprete, las autoridades británicas acordaron su inclusión en un programa de protección para posibles víctimas de trata de seres humanos, facilitando su regreso seguro a España.

La mujer se encuentra ya en España, donde continúan las gestiones para su protección y el total esclarecimiento de los hechos.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha publicado la relación provisional de personas admitidas y excluidas en un proceso selectivo para cubrir un puesto de funcionario interino como Ayudante de Auditoría. En el listado, publicado el pasado 10 de abril de 2026, solo han sido admitidos seis personas y se han quedado fuera 26 por no haber presentado la documentación acreditativa del permiso de conducir de categoría B.

El proceso, planteado como concurso de méritos con entrevista posterior, exige condiciones relativamente estándar —titulación media o superior, capacidad funcional y requisitos generales de acceso al empleo público— y se articula en dos fases: una valoración de experiencia y ejercicios previos en la Administración y una entrevista que puede concentrar la mayor parte de la puntuación final.

Sin embargo, el primer corte no ha llegado por esa vía. Todas las exclusiones publicadas responden a una única causa: no haber aportado el permiso de conducir de categoría B. La propia convocatoria permite a la Administración requerir en cualquier momento la documentación acreditativa de los requisitos, y establece que los méritos no documentados no se tienen en cuenta, lo que en la práctica convierte la fase inicial en un filtro estrictamente formal.

Al no existir una bolsa de empleo específica en el Consejo de Cuentas —cuyos puestos suelen cubrirse con personal funcionario de otras administraciones—, esta convocatoria abierta buscaba una incorporación inmediata, bajo los principios de mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Esa urgencia también se traduce en una tramitación donde los errores documentales pesan más de lo habitual, según recoge la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La lista era, en todo caso, provisional. Los aspirantes excluidos disponían de cinco días hábiles para subsanar la falta de documentación. La vacante a cubrir se trata de yudante de auditoría para la sustitución transitoria de la persona titular, ausente por una causa legal con derecho a reserva de puesto.

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a 23 años de cárcel, 22 de ellos por asesinato con alevosía y uno por daños, a un hombre juzgado por matar a su pareja de ocho golpes en la cabeza con un martillo en Matamala de Almazán (Soria) en Navidad de 2022.

La semana pasada el jurado declaraba culpable de un delito de asesinato con alevosía al hombre acusado de matar a golpes a su pareja en Navidad de 2022 en Matamala de Almazán (Soria). También considera al acusado culpable de los delitos de daños en la vivienda de la víctima por el incendio que intentó provocar para ocultar pruebas con un tronco incandescente de una estufa.

La jueza no ha estimado la petición de la Fiscalía con la que pedía un total de 27 años de cárcel, 25 por el delito de asesinato con alevosía con agravantes de parentesco y género -se considera acreditado un contexto de dominación del acusado sobre la víctima-, y dos años de prisión por el delito de daños en la vivienda, ambas penas solicitadas también por parte de las acusaciones particulares.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de la Nochebuena de 2022, entre las 3.45 y las 5.05 horas en la localidad soriana cuando el acusado golpeó varias veces en la cabeza con un martillo a la que era su pareja, con la que mantenía una relación pero sin convivencia continuada, causándole la muerte casi de forma inmediata. La agresión, que rompió el cráneo a la mujer, se produjo de manera sorpresiva, sin que la víctima pudiera defenderse, lo que fundamenta la alevosía apreciada por el jurado.

Acto seguido, y con la intención de ocultar lo sucedido, según la sentencia, prendió fuego a la vivienda. Para ello, el investigado colocó troncos de madera en torno al cuerpo y prendió fuego con el fin de simular un incendio y tratar de ocultar lo ocurrido.

A la mañana, el condenado llamó a Emergencia para avisar de que se había producido un incendio en la vivienda y que dentro se encontraba el cuerpo de una mujer asesinada. Según el fallo judicial, con esta maniobra trató de trasladar las sospechas al exnovio de la víctima. Este último explicó en sede judicial que esa noche se encontraba lejos de Matamala, en concreto en Girona

Asimismo, el fallo contra el que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, fija que el condenado debe de indemnizar en concepto de responsabilidad civil con a la hija de la víctima con 80.000 euros, así como a otros familiares por los perjuicios causados como a su madre (50.000 euros) y a su hermano (6.000). Además, también se deberá hacer cargo del pago por los daños que ocasionó a la vivienda que era de alquiler.

La Guardia Civil ha dado a conocer el resultado de los primeros análisis practicados sobre las muestras recogidas en el registro del zulo en el chalé perteneciente a la familia del acusado de la muerte de Esther López, fallecida en enero de 2022. Los informes señalan que en el espacio subterráneo en el que encontró el nuevo propietario de la vivienda no se han encontrado restos biológicos compatibles con Esther López, según ha informado a EFE fuentes de la investigación.

Las muestras fueron recogidas durante el registro efectuado por la Guardia Civil el jueves y viernes de la semana pasada en el inmueble, después de que la aparición de una trampilla que daba acceso a un espacio oculto obligara a reabrir la investigación cuando el caso ya estaba pendiente de juicio. El martes de esta semana los investigadores remitieron los resultados al Tribunal de Instancia.

El caso se remonta a la madrugada del 13 de enero de 2022, cuando Esther López, de 35 años, fue vista por última vez en Traspinedo (Valladolid). Su cuerpo no fue localizado hasta el 5 de febrero en una cuneta de la misma localidad, tras más de dos semanas de búsqueda. Desde entonces, la investigación ha girado en torno a un único investigado, Óscar S.M., para quien la Fiscalía solicita 18 años de prisión por un delito de asesinato.

Según el relato de la acusación, ambos se encontraban juntos la noche de la desaparición y se dirigieron en coche a una vivienda familiar. Tras una discusión, la mujer abandonó el lugar a pie y, siempre según esta versión, el investigado la siguió con su vehículo y la atropelló de forma intencionada. La Fiscalía sostiene que las lesiones no fueron mortales y que la víctima podría haber sobrevivido de haber recibido auxilio, situando la causa de la muerte en un shock multifactorial.

La hipótesis acusatoria añade que, tras comprobar el fallecimiento, el investigado habría ocultado el cuerpo en el maletero de su coche y lo habría trasladado posteriormente hasta el lugar donde fue hallado. Junto al delito de asesinato, también se le atribuyen otros como detención ilegal, omisión de socorro e integridad moral, mientras que la defensa ha mantenido en todo momento que el caso debe ser sobreseído.

Cuando el procedimiento ya estaba en fase previa al juicio con jurado popular, la aparición de la bodega debajo de una habitación que no estaba en los planos de la casa propició que la Audiencia Provincial de Valladolid devolviese al Tribunal de Instancia el caso Esther López para que investigara este espacio. El actual propietario de la vivienda que perteneció a la familia del investigado descubrió, durante unas obras, una trampilla oculta bajo una estancia, una bodega subterránea, que daba acceso a un espacio inferior.

La Fiscalía también solicitó actuaciones complementarias al entender que el nuevo elemento podía resultar relevante para el esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil llevó a cabo entonces un registro exhaustivo del inmueble, que se prolongó durante 15 horas horas y tuvo que ampliarse a una segunda jornada debido a su complejidad. Los agentes inspeccionaron no solo el habitáculo, sino también suelos, paredes, techos y posibles oquedades o estructuras ocultas, con el objetivo de localizar restos biológicos o cualquier indicio relevante.

En estos trabajos también participaron miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), ya que el sótano se encontraba inundado con unos 30 centímetros de agua.

La Junta de Castilla y León, con un gobierno en funciones del Partido Popular, ha optado por el silencio para evitar valorar el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura con la “prioridad nacional” en el acceso a servicios públicos como eje de las políticas. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado posicionarse sobre esta cuestión y ha insistido en que cualquier valoración llegará “cuando haya un acuerdo” en la comunidad.

Carriedo ha apelado a la “prudencia” para abstenerse a hacer una valoración: “La prudencia es una gran virtud”. Con ese argumento, el también consejero de Economía y Hacienda ha rechazado entrar a valorar tanto el contenido del pacto extremeño como las exigencias que Vox ha situado sobre la mesa en otros territorios como Castilla y León

“No estoy aquí para valorar a otros partidos políticos, y además la campaña electoral ya terminó”, ha intentado zanjar al ser preguntado directamente por conceptos como “los españoles primero” o la prioridad en el acceso a prestaciones sociales.

La sombra del pacto con Vox en Extremadura se extiende a Castilla y León

La “prudencia” de la Junta llega apenas horas después de que Vox reivindicara esa “prioridad nacional” durante el debate de investidura en Extremadura, donde María Guardiola ha sido elegida presidenta con el apoyo de la formación de extrema derecha.

Desde la tribuna, el portavoz de Vox ha defendido que las ayudas públicas, la vivienda protegida o los servicios deben priorizar a quienes tengan arraigo en el territorio. “Con el esfuerzo de los españoles no da para todo el mundo”, ha afirmado el futuro vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

“Valoraremos el acuerdo cuando se produzca”

Carriedo ha insistido en varias ocasiones en que cualquier posicionamiento dependerá del contenido final del pacto en Castilla y León, que aún no se ha cerrado. “Valoraremos el acuerdo cuando se haga público y daremos información detallada del mismo”, ha reiterado.

El portavoz en funciones, que forma parte del equipo negociador del PP, ha evitado también anticipar plazos para las negociaciones y la formación de gobierno. “Depende de todas las partes y no solo de una. Es difícil hacer un pronóstico”, admitió.

Lo que sí quiso dejar claro es que el acuerdo, cuando llegue, será transparente: “No habrá pactos ocultos”. Una afirmación repetida en varias ocasiones y que busca contrarrestar las críticas sobre posibles concesiones en materias sensibles como inmigración o servicios sociales.

Castilla y León como “realidad propia”

Uno de los argumentos centrales de la Junta para esquivar el debate ha sido apelar a las diferencias entre territorios. “Cada comunidad tiene sus propias circunstancias”, ha apuntado Carriedo, señalando las diferencias en factores sociodemográficos como en la gestión política de los últimos años.

El portavoz en funciones ha apuntado que algunos objetivos que pueden ser prioritarios en otras comunidades ya están cumplidos en Castilla y León. Como por ejemplo, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el nivel de calidad de los servicios públicos.

“Aquí ya los hemos alcanzado y no tiene sentido plantearlos como retos de futuro”, ha explicado, en una intervención en la que también ha destacado la política fiscal de la comunidad, con uno de los tipos medios más bajos en el IRPF dentro del régimen común.

Sin líneas rojas públicas

La Junta tampoco ha querido fijar límites explícitos en la negociación. Carriedo, que compone el grupo de negociadores del PP del futuro pacto con Vox, al ser preguntado por si marcaría una línea roja ante propuestas similares a las pactadas en Extremadura, el portavoz ha vuelto a repetir el mantra de la prudencia.

“Lo lógico es no valorar el contenido de algo que todavía no hemos alcanzado”, ha indicado. Tampoco ha matizado si principios los defendidos en anteriores etapas —como considerar Castilla y León una “tierra de acogida”— formarán parte del futuro acuerdo.

Al ser cuestionado sobre si el acceso a los servicios sociales podría vincularse al arraigo en el territorio, otra de las propuestas que se barajan en el debate político, Carriedo ha evitado de nuevo pronunciarse.

El “Humanismo solidario” de Mañueco sin concreción en el futuro de pacto

El portavoz sí se detuvo brevemente en un concepto lanzado por el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso de este martes en la entrega de los Premios Castilla y León: el “humanismo solidario”. “Es un término que me gusta”, ha afirmado, sin entrar a detallar cómo se traduciría en políticas públicas concretas, especialmente en materia migratoria.

La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre de 36 años acusado de delitos contra la intimidad y corrupción de menores, tras una investigación que ha permitido destapar la grabación sistemática de mujeres —y también menores— en situaciones de especial vulnerabilidad. En total, los agentes han encontrado un total de 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles y han detectado a 146 de víctimas. La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad. Por el momento, solo se han identificado a dos mujeres, que han denunciado al sujeto

Estas imágenes habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública. Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes. Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

El origen del caso se remonta a la madrugada del 6 de septiembre de 2025, cuando agentes de la Policía Municipal identificaron a un individuo en la zona de la playa de Las Moreras. Según las primeras sospechas, el hombre se encontraba oculto utilizando dispositivos de grabación para captar imágenes de mujeres en momentos íntimos.

En ese momento, los agentes intervinieron dos cámaras inalámbricas con visión infrarroja, dos teléfonos móviles y una batería externa. A partir de ahí, el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional asumió la investigación.

Investigación

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial, han tenido que emplearse a fondo con el uso de sofisticadas herramientas tecnológicas para evitar las medidas de seguridad, con las que protegía este hombre losarchivos en los terminales intervenidos.

Los investigadores obtuvieron un total de 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles, en concreto 89 archivos de un terminal y cinco de otro. En el posterior análisis y visionado de esos archivos, se consolidaron 146 detecciones de víctimas en lo que parecen ser momentos de intimidad, tanto en ropa interior como desnudas. La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad.

Estas imágenes habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública. Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes. Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

Antecedentes por hechos similares

En 2022 ya había sido detenido por la Policía Nacional por hechos similares, tras ser sorprendido grabando a una joven en los aseos femeninos durante un evento celebrado en la Feria de Valladolid durante la celebración del Salón del Comic y del Manga. Por esos hechos, fue imputado como presunto autor de otro delito contra la intimidad

En esta ocasión, los agentes tuvieron que emplear herramientas tecnológicas avanzadas para acceder al contenido, ya que los archivos estaban protegidos mediante sistemas de seguridad.

Una vez completado el análisis, el hombre fue detenido el pasado 16 de marzo. Tras prestar declaración en dependencias policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

La investigación sigue abierta para identificar al resto de víctimas. Por el momento, dos de ellas ya han sido localizadas y han manifestado su intención de denunciar los hechos.

Villalar de los Comuneros se prepara para vivir este 23 de abril el Día de Castilla y León. La localidad vallisoletana conmemorará el 50 aniversario de la primera celebración autonómica con una programación que reunirá a más de 200 artistas sobre el escenario, nuevos espacios para actividades culturales y varios actos simbólicos pensados para convertir esta jornada en una de las más destacadas de las últimas décadas.

El municipio será de nuevo el epicentro de la fiesta autonómica con una agenda reforzada que combinará música folk, danza tradicional, arte en directo y homenajes conmemorativos. Entre las principales novedades destacan el estreno del escenario ‘Danza’, la creación en vivo de un mural hiperrealista y la instalación de una escultura de bronce permanente para recordar las cinco décadas de celebración en la campa.

El acto central tendrá lugar el jueves hacia las 14.30 horas, cuando más de 200 personas participarán en una gran puesta en escena que reunirá a diez grupos de danza y 22 formaciones musicales, en uno de los momentos más simbólicos del aniversario.

Un nuevo escenario con danza tradicional y arte en vivo

Una de las grandes novedades de este año será la incorporación del escenario ‘Danza’, ubicado en el camino de las Eras, entre la campa y el casco urbano. Allí actuarán diez agrupaciones de distintas provincias de Castilla y León y, además, los asistentes podrán presenciar la elaboración en directo de un mural hiperrealista de la artista zamorana Gela Ramos.

Este nuevo espacio se convertirá en el sexto punto de actividad dentro de la programación organizada para la jornada, reforzando la dimensión cultural y participativa del evento. Se suma así a otros puntos clave como la Casa de Cultura, donde actuarán El Naán Trío, Rubén Ruiz y El Archiperrero, además de acoger la entrega de premios.

Junto a ello, Villalar estrenará también una escultura conmemorativa de bronce, instalada de forma permanente junto a la entrada de la campa, como homenaje a las cinco décadas transcurridas desde aquella primera celebración de 1976.

La música tradicional, principal protagonista

La actividad comenzará ya el día previo, el 22 de abril, con conciertos desde las 19.00 horas en el escenario principal. Por él pasarán Andrea Garcy, Maref, Grama Agropunk, El Meister y Los Mejías, antes de cerrar la jornada con una fiesta ochentera a cargo de DJ Fernandisco y Jorge Sánchez.

El día grande arrancará a las 9.30 horas con la entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León, que se celebran por primera vez y reconocerán a Luis Antonio Pedraza, el Grupo Tahona y la asociación El Pandero de Peñaparda. La entrega tendrá lugar en la Casa de Cultura, espacio recuperado para esta edición y que también acogerá actuaciones musicales durante toda la jornada.

Programación continua en la campa durante el 23 de abril

Desde las 11.00 horas, el escenario principal acogerá una sucesión de conciertos que se prolongará hasta la noche. Abrirán la jornada Pepe Colas y los Punkifolkis, seguidos de Atraque Barraque, Divertimento Folk y Carlos Soto.

A las 13.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto, antes de continuar con Free Folk y el Nuevo Mester de Juglaría, en un momento simbólico en el que artistas y público entonarán el tradicional Canto de Esperanza.

Tras la pausa para la comida, la programación continuará por la tarde con nombres como Guille Jové, Ronda Segoviana, Andaraje, El Nido, Delameseta, Dulzaro y Luis Antonio Pedraza, hasta cerrar con Castora Herz y la Cuadrilla y la clausura prevista a las 21.30 horas.

La Junta de Castilla y León ha anunciado que va a recurrir “en los próximos días” el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado el portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que genera “inseguridad” en su aplicación y se ha impulsado sin coordinación con las comunidades y entidades locales. Para el gobierno autonómico la orden puede tener un “impacto grave” en el conjunto del sistema al, a su juicio, no estar los servicios públicos preparados para asimilar tantas personas.

La decisión se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno, tras el análisis de la norma por parte de los servicios jurídicos, que trabajan ya en la redacción del recurso y en la elección del cauce, o bien Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, más adecuado para su presentación.

El principal reproche de la Junta de Castilla y León se centra en el procedimiento diseñado por el Ejecutivo central para su redacción y aprobación. “Los mecanismos previstos no garantizan para nada” el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, ha afeado Carriedo, quien ha señalado que algunos de los documentos contemplados para acreditar la residencia no permiten verificar de forma fehaciente las condiciones exigidas. Esta situación, ha añadido, introduce “inseguridad en el procedimiento”.

Carriedo ha puesto en duda de que la forma para acceder a la regularización se pueda hacer con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.

A esa crítica técnica se suma otra: la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas. Según el portavoz en funciones, el Gobierno ha actuado “sin ningún tipo de participación ni coordinación” con las administraciones territoriales, a pesar de que la medida afecta directamente a sus competencias.

Sin datos del número de personas que podrían acogerse a la regularización

La Junta ha cuestionado que no se haya facilitado información básica, como el número de personas que podrían acogerse a la regularización o las condiciones concretas de aplicación. Preguntado por las personas que podrían acogerse a esta medida en Castilla y León, Carriedo ha afirmado que desde el Ejecutivo desconocen el dato, aunque desde CCOO, en base al servicio que prestan, hablan de unas 25.000 personas.

El futuro recurso se apoyará igualmente en dudas sobre el encaje del decreto en la normativa europea. Carriedo ha avisado de que la medida podría ser “contraria” a las reglas comunitarias en materia de control de fronteras y libre circulación, y ha alertado de que el volumen potencial de beneficiarios podría suponer un “riesgo” para la coordinación entre Estados miembros. En este punto, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el posible impacto de este tipo de decisiones en el conjunto de la Unión.

A pesar de oponerse la regulación de migrantes planteada por el Gobierno central, Carriedo ha abogado por una “integración ordenada” basada en el empleo con contrato legal, estar dado de alta en la seguridad social y el pago de impuestos. Castilla y León, según ha recordado el portavoz en funciones, ha superado los 101.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social —“una cifra récord para un mes de marzo”—, con un crecimiento superior a la media nacional.

“Todo el mundo es bienvenido” si llega para “trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad”, ha apostillado Carriedo, quien ha criticado el proceso de regularización del Gobierno central al que ha calificado como “no ordenado” y potencialmente generador de disfunciones en el sistema.

Carriedo critica la falta de trámite parlamentario

La decisión de recurrir, ha añadido, responde a una posición sostenida por la Junta en anteriores legislaturas en materia migratoria y se adopta “sin ninguna consideración externa”, en referencia a las negociaciones políticas abiertas en la comunidad.

Este movimiento del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación de la regularización extraordinaria mediante una modificación del reglamento de extranjería, una vía que ha permitido su tramitación sin necesidad de respaldo parlamentario. El Consejo de Estado ha avalado la esencia de la norma y su tramitación urgente, aunque ha recomendado introducir ajustes técnicos.

Entre ellos, figuran precisiones sobre la forma de acreditar requisitos como la ausencia de antecedentes penales o la definición de “situación de vulnerabilidad”, un concepto que el Ejecutivo prevé concretar en el texto definitivo. Según el diseño inicial, podrán acogerse a la medida las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada, así como determinados solicitantes de asilo.

El permiso que se conceda será temporal, con una duración de un año, e incluirá autorización para trabajar en todo el territorio nacional. La norma permite acreditar la estancia en el país mediante distintos tipos de documentos, más allá del empadronamiento, un aspecto que ha generado debate técnico y que está en el centro de las crítica Castilla y León.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha devuelto al Tribunal de Instancia el caso Esther López para que continúe investigado cómo murió la joven en febrero de 2024 tras el recibir un informe de la Guardia Civil en la que se comunica el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del único acusado.

Este lunes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha presentado un atestado en el órgano que instruyó la causa. La titular del mismo, que ya no tenía competencia sobre el procedimiento, ha remitido este el escrito de la Benemérita a dicho tribunal, para poner los hechos en conocimiento de este órgano, que ya estaba realizando los trámites para el señalamiento del juicio por jurado popular.

La jueza, que en diciembre elevó la causa a la Audiencia provincial para el enjuiciamiento, recibe de vuelta el caso por ser “el órgano jurisdiccional encargado de la investigación” para que, de este modo, “resuelva lo que estime oportuno” sobre los nuevos hallazgos. El caso estaba ya en ciernes de ser juzgado con jurado popular.

Asimismo, la Audiencia también ha recibido este martes un escrito de la Fiscalía pidiendo “la devolución de las actuaciones a los efectos de que se practiquen las diligencias de información suplementarias indispensables”.

En su auto, la magistrada presidenta del jurado popular, que solo tiene competencia para juzgar, resuelve devolver la causa a la magistrada instructora, que es la que tiene competencias para investigar.

El nuevo propietario alertó del zulo

Este fin de semana, la Guardia Civil confirmaba la existencia de ese zulo, un espacio ubicado debajo de una cama de una vivienda de la familia Óscar S.M., y esta semana los agentes esperan realizar una inspección ocular. Ha sido el nuevo propietario de la vivienda quien ha localizado el zulo cuando iba a hacer una obra, según las fuentes consultadas por EFE.

El comunicante manifestó que estaban llevando a cabo una reforma de la casa, en concreto en una habitación, y se dieron cuenta de que, al levantar unos azulejos que estaban moviendo, bajo una trampilla había un habitáculo en la parte inferior.

A partir de ese momento, la Guardia Civil se dirigió hasta esta vivienda, tomó todas las precauciones para preservar este hallazgo y puso en conocimiento del Juzgado esta información.

Esther López fue vista con vida por última vez la madrugada del 13 de enero de 2022 y fue localizada muerta en una cuneta el 5 de febrero de ese año en Traspinedo (Valladolid), localidad en la que residía.

La Fiscalía califica provisionalmente los hechos como un delito de asesinato, porque reclama dieciocho años de prisión para Óscar S.M., las dos acusaciones particulares personadas, una en representación de la hermana de Esther López y otra de los padres, también han calificado los hechos como un delito de asesinato, mientras la defensa de Óscar S.M. considera que el caso debe ser sobreseído con respecto a este investigado. 

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

La Fiscalía cree que en la madrugada del 13 de enero de 2022 Esther López iba con Óscar S.M. en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres.

Óscar S.M. le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen, pero que provocaron que ella se fuera andando del lugar.

El ahora acusado siguió a la mujer con su vehículo Volkswagen T-ROC y, a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora, la alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido.

La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.

Sin grandes sorpresas, las Cortes de Castilla y León se han constituido este martes en Valladolid, un mes después de las eleciones. A diferencia de Aragón, PP y Vox anunciaron este lunes un acuerdo para elegir presidente de la Mesa del parlamento, el secretario general del Partido Popular y exvicepresidente primero de la Mesa, Francisco Vázquez, que ha sido elegido con el respaldo de los votos de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox. El partido de Santiago Abascal ha renunciado a la Presidencia de la Mesa como tuvo la pasada legislatura, aunque sí ha propuesto el vicepresidente primero de la Mesa, Carlos Menéndez, el exportavoz del Grupo durante parte de la legislatura pasada.

De poco ha servido el nombre que finalmente ha ofrecido el Grupo Socialista, la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, para presidir la Mesa de las Cortes. Solo la han respaldado los 30 procuradores socialistas. Los cinco escaños del que será Grupo Mixto (3 de UPL, uno de Por Ávila y uno de Soria ¡YA!) han votado finalmente en blanco. El Grupo Socialista también ha presentado a Nuria Rubio como vicepresidenta de la Mesa, en cuya votación ha quedado en segundo lugar después de Menéndez, únicamente con el respaldo de los procuradores socialistas.

Los parlamentarios también han escogido a los secretarios de la Mesa, en una votación en la que (de nuevo) el Grupo Mixto se ha abstenido. El PP ha elegido a la hasta ahora consejera de Educación, Rocío Lucas, el secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa y la vocal de Vox en Segovia, Susana Suárez Villagrá. Daniel de la Rosa ha sido elegido secretario primero de la Mesa (30 votos), seguido de Rocío Lucas (27 votos) y Susana Suárez Villagrá (19), puesto que varios miembros del PP han votado a la procuradora de Vox. El Grupo Mixto ha vuelto a votar en blanco.

La Mesa de las Cortes queda configurada, por lo tanto, de la siguiente manera: Francisco Vázquez como presidente (PP), Carlos Menéndez como vicepresidente primero (Vox), Nuria Rubio como vicepresidenta segunda (PSOE), Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez Villagrá (Vox) como secretarios.

Vázquez asume la Presidencia “con compromiso con la palabra”

Una vez jurados o prometidos los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez ha asegurado que asume el cargo “con honor político y compromiso con la palabra”. “Nos enfrentamos a una encrucijada que estas Cortes deben abordar con valentía día a día”, ha augurado Vázquez. El presidente de la Mesa ha reivindicado que formar parte de la cámara es “un privilegio que conlleva una responsabilidad ineludible”. También ha aseverado que los ciudadanos han “otorgado la responsabilidad para formar gobierno al PP”, lo que ha considerado que será “una de las primeras tareas” de la cámara: “desarrollar los trabajos necesarios para que se conforme un gobierno en Castilla y León”.

Francisco Vázquez ha agradecido al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, por confiar en él y a sus predecesores en el cargo, el último Carlos Pollán, de Vox. “Cada uno de ellos desde sensibilidades políticas aportaron su trabajo para la consolidación de esta institución”, ha suscrito.

El también secretario general del Partido Popular de Castilla y León ha pedido al parlamento “abordar con valentía” diaria la “encrucijada” a la que se enfrenta y ha garantizado que su objetivo como presidente será que el parlamento sea “lo más útil posible” para todos los castellanos y leoneses.

PP y Vox han firmado un nuevo acuerdo en Castilla y León. En esta ocasión, según ha avanzado Vox, ambas formaciones han firmado que los 'populares' ostentarán durante esta legislatura la Presidencia de las Cortes autonómicas y el partido de Abascal la vicepresidencia primera de la Cámara.

Hasta ahora, según el acuerdo entre ambos partidos firmando en 2022, la Presidencia recaía en las manos de Vox, con Carlos Pollán al frente. Con este pacto, el candidato por Segovia y secretario general del PP autonómico, Francisco Vázquez, será el sucesor en el cargo de Pollán, como ha confirmado el PP. Vázquez ya fue vicepresidente primero de la Cámara la anterior legislatura.

En la nota de prensa, ambos partidos aseguran que cierran este acuerdo para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de “dotar de estabilidad a la nueva legislatura”.

“Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos, que coinciden en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses; y un Parlamento autonómico que recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León el pasado 15 de marzo”, han asegurado PP y Vox en el comunicado.

Ambos partidos han señalado que se trata de un acuerdo “firme y duradero” en las Cortes. Eso sí, Vox y PP ya afirman que se trata del “paso previo” a la formación de un Ejecutivo autonómico “útil y eficaz para todos”, como han indicado.

Según la nota de prensa, el acuerdo en la Mesa de las Cortes contempla el apoyo a un procurador del PP como presidente del Parlamento de la Comunidad, mientras que la vicepresidencia primera —sin concretar quién— será asumida por un representante de Vox. Asimismo, el acuerdo también recoge que PP y Vox se responsabilizarán de dos secretarías del órgano rector de la Cámara.

Según han subrayado ambos partidos, este acuerdo “tiene carácter definitivo”. Esto “evidencia la voluntad de garantizar desde el inicio el buen funcionamiento de la institución parlamentaria”. PP y Vox han querido señalar que este entendimiento refleja “el mandato expresado” por los ciudadanos en las últimas elecciones, “interpretando los resultados como una llamada a facilitar la gobernabilidad”.

En este sentido, consideran que la configuración de la Mesa permitirá garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años, algo que PP y Vox no consiguieron tras la salida del Ejecutivo autonómico de los segundos en agosto de 2024 y el gobierno en minoría de los 'populares' hasta la disolución de las Cortes en enero de 2026.

Vox ve una “nueva sintonía” con el PP

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha defendido este lunes el acuerdo alcanzado con el PP para que los populares recuperen la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, con una “nueva sintonía” entre ambos partidos y sin que “nadie” pueda decir que han exigido ese cargo.

“Vox no ha venido por el sillón, nadie podrá decir que hemos exigido una Presidencia”, ha dicho en la rueda de prensa convocada en la sede nacional del partido, en Madrid, al ser preguntado por el acuerdo con el PP de Castilla y León.

Garriga ha destacado que este avance puede ser el preludio de los pactos de gobierno tanto en esta comunidad como en Extremadura y Aragón, y luego en Castilla y León.

Según ha señalado, se ha creado un nuevo marco de diálogo en el que están intentando restablecer las “confianzas truncadas” y, en este sentido, ha asegurado que se está avanzando en buena sintonía con los barones territoriales del PP.

El número dos de Vox ve así factibles, “si nada lo trunca”, los acuerdos en las tres comunidades en las que está pendiente la formación de sus gobiernos.

El pacto sobre la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra además, según Garriga, que Vox “no ha venido aquí por el sillón ni por los cargos”.

“Nadie podrá decir que Vox ha exigido una presidencia, porque no lo hemos hecho nunca ni la hemos obtenido en ninguna región ni en Castilla y León”, ha dicho.

Garriga ha incidido en que siguen trabajando y que el tiempo apremia, especialmente en Extremadura y Aragón, por lo que van a “intensificar todas las reuniones que sean precisas para llegar a un buen acuerdo”.

“Vamos por el buen camino”, ha reiterado Garriga, quien espera poder seguir avanzando con los barones del PP sin que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ni su secretario general, Miguel Tellado, pongan “palos en las ruedas”. 

La consejera de Educación en funciones será secretaria de la Mesa

En el pleno de este martes, 14 de abril, se constituirá la composición de la Mesa de las Cortes con dos representantes del PP, dos del PSOE y dos de Vox.

En el comunicado del PP señalan que Vázquez cuenta con décadas de experiencia y ha ocupado responsabilidades “clave” tanto en el ámbito parlamentario como en la gestión territorial. Ha sido senador, presidente de la Diputación de Segovia durante dos mandatos y vicepresidente primero de las Cortes en la última legislatura. “Su perfil combina experiencia institucional y capacidad de diálogo, elementos clave para propiciar la estabilidad parlamentaria en la nueva legislatura”, han indicado.

Los 'populares', que recuperan la Presidencia después de siete años en los que ha estado en manos de Ciudadanos y Vox, ya han confirmado a la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, como secretaria de la Mesa de la Cámara. Este moviento supone el fin de Lucas al frente de Educación dejando esa vacante.

Según el PP, Lucas ha consolidado a Castilla y León como la primera Comunidad de España en Educación. Ha sido directora general, viceconsejera de Función Pública, gerente del Servicio Público de Empleo y consejera de Educación entre 2019 y 2026, además de ser la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León. “Su experiencia y su capacidad de gestión contribuirán a mejorar el funcionamiento de la dirección del Grupo Parlamentario Popular”, han apuntado.

Otra consejera en funciones pasa ahora a ser portavoz del Grupo Parlamentario Popular. La responsable de Industria, Leticia García, ocupará la portavocía que deja vacante Ricardo Gavilanes y, al igual que Lucas, dejará de estar presente en el Consejo de Gobierno. Desde el PP han señalado que García ha ocupado distintos puestos en la administración autonómica y provincial. Ha sido delegada territorial y consejera de Industria, Comercio y Empleo. Procuradora por Zamora desde 2019, ha sido portavoz adjunta del grupo popular y en las últimas elecciones autonómicas, coordinó, además, el programa electoral con más de 1.000 medidas.

En la dirección del Crupo Parlamentario Popular de las Cortes, continuará la palentina Mercedes Cófreces y se incorporará la procuradora por Salamanca Rosa Esteban para reforzar al Grupo Parlamentario Popular. Cófreces, funcionaria de carrera, ha asumido diferentes responsabilidades en la Diputación de Palencia. Ha sido Jefa de la Sección de Fomento y Desarrollo de la Diputación de Palencia y del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Palencia. Por su parte, Esteban, además de poseer amplia experiencia en el Parlamento autonómico, es alcaldesa de Gomecello y gran conocedora del medio rural.

El correo llegó un lunes por la mañana, aunque también “se filtró” la noticia en un chat de padres: la Escuela Municipal de Música de Burgos suspendía su actividad hasta nuevo aviso. Esa misma tarde del 9 de marzo había audiciones, clases, ensayos. Nada de eso ocurrió.

 “Cerraron así de golpe con un correo electrónico de un día para otro”, recuerda Juan Jesús Pérez, alumno del centro. “Nos hemos quedado sin la orquesta, sin un lugar donde practicar nuestra música”.

Desde entonces han pasado tres semanas y la escuela está cerrada hasta el 7 de abril, según ha adelantado la 8 de CyLTV. En ese tiempo, la incertidumbre aquejaba a las cerca de 700 familias afectadas y los 25 profesores y otros empleados de administración que dependen del servicio. “Hay una confusión tremenda”, explican desde la Plataforma de gestión de la Escuela Municipal de Burgos, una agrupación formada por alumnos y padres para buscar la reapertura del centro. “Hay gente a la que se le ha cobrado el mes, otros han devuelto recibos… nadie sabe muy bien qué está pasando ni qué va a pasar”.

El cierre ha sido repentino, pero no inesperado. El conflicto que lo ha provocado llevaba tiempo acumulándose. El contrato de gestión de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Burgos, adjudicado en 2020, incluía prórrogas forzosas hasta septiembre de 2025. Durante esos años, según relatan tanto el gestor como las familias, las advertencias fueron constantes. El servicio, tal y como estaba planteado, no era viable económicamente al ser de 48.000 euros más las cuotas de los alumnos, una cuantía insuficiente con el aumento de la inflación.

“Estaba perdiendo dinero todos los meses”, resumen desde la plataforma. “Así es imposible sostener nada, por mucho que quieras”.

Obligado a abrir por el “interés general” y una licitación desierta

En septiembre de 2025 y con dudas de si el centro abriría, ya con el contrato vencido, el consistorio burgalés optó por imponer una continuidad forzosa en las mismas condiciones económicas cuando el contrato expiró, algo que fue avalado por la justicia al considerar que el “interés general” prevalecía por encima de las dificultades del gestor para ejecutar el contrato.

Con esto se obligaba al gestor a seguir prestando el servicio con unas cifras que él mismo llevaba tiempo denunciando como insuficientes. “Le obligan a seguir sabiendo que está en pérdidas”, critican los afectados. “Es que es de sentido común: nadie puede trabajar así”.

Ese intento de reconducir la situación llegó, pero no funcionó. El Ayuntamiento burgalés, dirigido por Cristina Ayala (PP), sacó a licitación de nuevo la gestión de la escuela en octubre y el proceso quedó desierto en diciembre, sin que ninguna empresa presentara oferta. Para la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros (PP), ese fracaso obliga ahora a revisar tanto el estudio económico como los pliegos técnicos del contrato.

“No es solo una cuestión económica”, apunta, aludiendo también al “ruido mediático” generado en torno al conflicto y a algunos aspectos del pliego que están siendo revisados. La concejala 'popular' apunta que el objetivo del Consistorio sigue siendo volver a sacar una nueva licitación “actualizada” y garantizar así la continuidad futura del servicio.

Entre los afectados, la explicación es clara. “Es que nadie va a licitar por algo que no es viable económicamente”, sostienen desde la plataforma. A su juicio, las condiciones del contrato —tanto por el precio como por las exigencias añadidas— hacían inviable asumir la gestión sin incurrir en pérdidas, lo que dejó al Consistorio sin alternativa y con el problema ya encima.

El TSJCyL culpa al Ayuntamiento de provocar la situación

El conflicto acabó de nuevo en los tribunales y ahí se produjo el giro que explica el escenario actual. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón al gestor, pero además culpó de la situación al Consistorio. “No comprende la Sala que no previera con la antelación suficiente el Ayuntamiento”, recoge la sentencia, que subraya que la situación se produce porque no se licitó a tiempo el contrato.

La resolución insiste en que la situación “límite” es “únicamente” responsabilidad del Ayuntamiento. También critica la continuidad forzosa al recordar que esa figura solo es válida si se ha preparado con antelación un nuevo contrato, algo que no ocurrió en este caso.

Aunque el Ayuntamiento no discute el fondo de ese retraso, sí matiza el alcance del reproche judicial. Ballesteros recuerda que en primera instancia la justicia sí avaló la posición municipal, lo que permitió mantener abierta la escuela en octubre, al entender que las pérdidas del gestor podían ser compensadas posteriormente por la administración.

“En primera instancia se da la razón al Ayuntamiento, por eso se abre la escuela en el mes de octubre”, explica. Fue después, con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando el escenario cambió por completo: “En la segunda instancia, efectivamente, le da la razón al gestor, y el Ayuntamiento no le puede obligar a seguir prestando el servicio”.

Ballesteros admite, no obstante, que el Consistorio no llegó a tiempo para tener lista una nueva adjudicación cuando venció el contrato anterior. Según sostiene, ese retraso estuvo condicionado por la entrada en vigor, en junio, de un nuevo convenio colectivo que alteró de forma directa el coste del servicio. “Si se hubiera sacado la licitación en ese momento, hubiera estado desfasada en nada”, argumenta, al considerar que el nuevo marco salarial obligaba a recalcular el coste real de la escuela antes de lanzar un nuevo contrato.

Para la concejala socialista Nuria Barrio, la lectura es evidente. “La sentencia dice por cinco veces que el Ayuntamiento podía haber evitado esta situación”, sostiene. “Aquí no ha pasado nada imprevisto, ha habido una falta de gestión durante años”.

La justicia acredita que el gestor lleva sufriendo pérdidas

El tribunal también entra en la situación del gestor. Considera acreditado que llevaba tiempo asumiendo pérdidas y advierte de que obligarle a continuar podía llevarle a la quiebra personal. “No se puede cargar sobre un particular el coste de sostener un servicio público”, resumen desde la plataforma quienes también apuntan a que él mismo ha acreditado una afectación a su salud, algo que también señala la concejala socialista.

Con esa sentencia, la balanza de la justicia cae al lado del gestor. Este deja de estar obligado a continuar y la escuela, sin nadie quién la gestione, cierra. “Cuando él (el gestor) se hace cargo de la escuela lo hace por amor a la música, antes era profesor”, aseguran desde la plataforma.

A partir de ese momento, la urgencia se impone. Ayuntamiento, gestor, familias y representantes de los trabajadores comienzan a reunirse para intentar desbloquear la situación. También comienzan a manifestarse y a apremiar al equipo de Gobierno. El objetivo es común: reabrir la escuela cuanto antes y salvar lo que queda de curso.

Según coinciden las partes, el Ayuntamiento ha planteado una solución provisional basada en asumir el coste real del servicio hasta final de curso. Es decir, cubrir el desfase entre los ingresos por cuotas y los gastos, principalmente las nóminas del profesorado. La propuesta pasa por formalizar ese compromiso mediante un documento con validez jurídica que dé seguridad al gestor.

El Ayuntamiento y el gestor fijan la reapertura el 7 de abril

Ballesteros defiende públicamente esa vía y defiende que el Ayuntamiento está trabajando para reabrir la escuela “lo antes posible”. También confirma que se han mantenido conversaciones con el gestor y ha situado el horizonte de la reapertura en después de Semana Santa, algo que ha sido acordado entre las partes en la tarde del jueves 26 de marzo.

Tras días de contactos y cruces de documentos, las partes han logrado finalmente un acuerdo para retomar la actividad el próximo 7 de abril, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. La concejala ya había situado públicamente ese día como el primer horizonte realista para una posible reapertura, al entender que incluso con acuerdo sería necesario un margen mínimo para reorganizar la actividad, revisar la apertura del centro y reactivar la estructura laboral tras semanas de parón. Ese escenario es, precisamente, el que ahora se ha anunciado y está por concretarse de forma definitiva en una Junta de Gobierno Extraordinaria.

Ahora, con el visto bueno político, el acuerdo jurídico estaría encarrilado. La solución pasa por garantizar la reapertura del servicio con el actual gestor hasta final de curso, una salida de urgencia que permita recuperar las clases y dar algo de certidumbre a las familias y al profesorado tras semanas de parálisis.

Desde el entorno de las familias se recibe el acuerdo con alivio, aunque también con cautela. La preocupación, explican, no termina con la reapertura: “Ahora hay que seguir presionando para que haya un buen contrato de licitación que garantice la continuidad de la escuela y que esto no vuelva a pasar”.

“Seguridad jurídica”

“Lo que el gestor pide es seguridad jurídica”, explican desde la plataforma. “No vale con decir que se va a pagar, tiene que haber un documento que lo garantice de verdad”. Según su versión, ese documento debía elaborarse de forma conjunta entre ambas partes y aprobarse en una junta de gobierno extraordinaria.

“Se nos dijo que en 24 horas desde que se firmara se podía abrir la escuela”, aseguran. Pero el proceso se ha ido alargando. “El documento lo hizo unilateralmente el Ayuntamiento, se hicieron correcciones, se devolvió… y seguimos esperando”, denuncian. La frustración es creciente: “Mientras discuten papeles, la escuela sigue cerrada”.

Desde el equipo de gobierno se insiste en una idea distinta. Ballesteros afirma que el Ayuntamiento no puede asumir pagos sin la debida justificación documental y que debe actuar “conforme a la legalidad”. En su explicación se defiende la necesidad de acreditar los gastos antes de comprometer fondos públicos.

La alcaldesa asegura que el gestor no presenta bien la documentación

La alcaldesa, Cristina Ayala, según indican desde la plataforma, llegó a asegurar a un padre que el gestor no ha presentado bien la documentación.

Según el gestor, los cambios que se introdujeron son más bien acotaciones, que ha aceptado el grueso del documento, pero se incluyeron condiciones de pago, tipo “una vez certificados los gastos se pagaran a 30 días, y si no se cumple con X intereses”. Según el gestor, “el tapón está más arriba”.

El problema sigue estando los números. Y ahí hay poco margen para debatir cuánto tiene que aportar el Ayuntamiento. El coste de las nóminas supera los 40.000 euros mensuales, mientras que los ingresos por cuotas se sitúan en torno a los 30.000. El canon municipal no cubre esa diferencia. “Haz tú los cálculos”, resumen los afectados.

El propio tribunal apuntó en esa dirección al señalar que el servicio estaba infravalorado y que un intento posterior de licitación elevaba considerablemente su coste. A eso se suma el estado de las instalaciones y del material. “En esta escuela no se ha cambiado ni una escobilla en años”, denuncian los afectados. “Imagínate los instrumentos”. El resultado: un bloqueo administrativo que ahora se intenta resolver a contrarreloj, con una solución provisional que, en el mejor de los casos, permitiría terminar el curso.

Desde la oposición se insiste en que todo esto era evitable. “Había tiempo de sobra para hacer las cosas bien”, señala Barrio. “Lo que no puede ser es que se llegue a esta situación en mitad de curso con 700 familias afectadas”, ha afeado.

La Cultura en Burgos, en peligro

El cierre de la escuela, a pesar del anuncio de reapertura hasta final de curso, supone un 'rejonazo' más a la cultura de Burgos si no se soluciona el problema de forma inminente. “Culturalmente, Burgos está bastante pobre”, lamenta Juan Jesús Pérez. “No es solo la escuela, es una sensación general”, apostilla.

La contradicción, dicen, es evidente. “Se habla de proyectos culturales grandes, de millones, —en referencia a la candidatura para la Capital Europea de la Cultura— pero luego pasan estas cosas”, apuntan desde la plataforma. “Y al final lo que afecta a la gente es esto”.

A corto plazo, todas las miradas están puestas ahora en esa reapertura prevista para el 7 de abril, siempre que la Junta de Gobierno Local extraordinaria ratifique formalmente el acuerdo alcanzado. Si no hay cambios de última hora, la escuela podrá retomar la actividad tras el parón de Semana Santa y cerrar así un curso que ha quedado marcado por el conflicto judicial, la incertidumbre laboral y el malestar de las familias. Pero incluso si ese escenario se cumple, nadie cree que sea una solución definitiva. “Será un parche”, reconocen. “El problema de fondo sigue ahí”.

Pero incluso si esa solución inmediata se consolida, el problema de origen sigue intacto. La reapertura no resuelve los errores de planificación que han desembocado en esta crisis. El siguiente reto será diseñar una nueva licitación viable, con un contrato capaz de sostener el servicio sin abocar otra vez al gestor —sea quien sea— a pérdidas económicas o a un nuevo choque con la administración.

Las familias, como afirma la concejala socialista, ya están apuntando a sus hijos a academias privadas, lo que mermará de seguro el número de matriculados y hará que se modifiquen las condiciones de una futura licitación, como también reconoce Ballesteros

“Esto se veía venir”, concluyen desde la plataforma. “Lo importante ahora es que se abra, sí, pero también que no vuelva a pasar”. Después de semanas esperando respuestas, la música tiene ya fecha para volver. Lo que todavía está por resolver es si realmente se ha aprendido algo de estas semanas de pocas certezas.

La justicia ha vuelto a tumbar por segunda vez el reparto de frecuencias de radio en Castilla y León. El Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado este lunes 23 de marzo una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que declara “nula de pleno derecho” la orden aprobada por la Junta en diciembre de 2022 para adjudicar licencias de radio en la Comunidad.

El fallo, con fecha el 16 de marzo de 2026, responde a un recurso contencioso-administrativo contra la orden con la que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital resolvió el concurso público convocado el 29 de octubre de 2020 para repartir un total de 138 licencias de radio en frecuencia modulada. La resolución judicial no solo invalida ese reparto, sino que obliga a la Administración autonómica a dictar una nueva adjudicación conforme los criterios establecidos por el tribunal.

Se trata de la segunda sentencia que anula este mismo proceso y en la práctica, la orden deja sin efecto, como si nunca hubiera existido, lo que deja en el aire la situación de las licencias concedidas y obliga a la Consejería a rehacer el procedimiento.

El concurso afectaba a 138 frecuencias repartidas en 44 municipios de las nueve provincias de Castilla y León. De ellas, 124 llegaron a adjudicarse, mientras que 14 quedaron desiertas. Sin embargo, el proceso ha estado marcado desde el principio por los recursos judiciales, lo que ha impedido su desarrollo normal. De hecho, varias de las emisoras que obtuvieron licencia a finales de 2022 ni siquiera han llegado a iniciar sus emisiones.

En este segundo fallo judicial, el denunciante es Radioestudio SA, un grupo con sede en la Comunidad de Madrid y presencia en Cáceres o Badajoz, se presenta contra la propia Consejería y Radio Popular, S.A.; COPE; Libertad Digital, S.A.; Mediatel Multimedia, S.A.U., Grupo de Comunicación Promercal, S.L.U.; Diario de Ávila, S.A.U.; y Noticias Independientes de Soria, S.A.U.

La sentencia publicada ahora vuelve a dar la razón a uno de los recurrentes y obliga a la Junta a rehacer la resolución completa del concurso. Además, impone las costas a la Administración autonómica, aunque con un límite fijado en la propia resolución judicial. El fallo no es firme, por lo que cabe recurso en el plazo correspondiente.

Desde el Ejecutivo autonómico han venido defendiendo en anteriores ocasiones la legalidad del procedimiento y han señalado que modelos similares se aplican en otras comunidades autónomas.

Desde la Consejería de Movilidad han asegurado, a preguntas de elDiario.es, que la sentencia obliga a valorar de nuevo las ofertas presentadas por las diferentes emisoras. “Estamos iniciando los trámites al respecto, así como evaluando situación de las radios que han formalizado las licencias”, han zanjado sobre el tema.

Segunda anulación tras el fallo de mayo de 2025

A esta segunda sentencia se le suma una primera resolución judicial dictada en mayo de 2025 por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ya anuló de pleno derecho la orden de adjudicación del concurso.

En aquel caso, el tribunal estimó un recurso que cuestionaba el encaje de algunas de las licencias concedidas, especialmente a emisoras de carácter religioso que operan sin publicidad comercial y se financian mayoritariamente mediante donativos. El fallo consideró que la adjudicación no se ajustaba plenamente a las bases del concurso, que exigían la prestación de servicios radiofónicos comerciales. Eso sí, aunque la jurisprudencia sí permite que a este tipo de entidades que concurran concursos, la sentencia puso en duda la viabilidad económica de algunos proyectos y su adecuación a los requisitos exigidos.

El reparto aprobado por la Junta otorgaba un volumen significativo de frecuencias a este tipo de emisoras. Dos de ellas concentraban cerca de un tercio de las licencias adjudicadas.

Aquella sentencia de mayo de 2025 ya obligaba a la Junta a rehacer la adjudicación de las 124 licencias concedidas —las otras 14 habían quedado desiertas—, al entender que el procedimiento incurría en irregularidades sustanciales. Además, abría la puerta a revisar aspectos como la viabilidad económica de los proyectos o el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases. La resolución obligaba igualmente a la Administración autonómica a rehacer todo el proceso.

En el año 2020, la Junta convocó este concurso con 138 licencias en juego, que ya fueron ofertadas con este procedimiento en 2011, un proceso que fue suspendido en 2013 por la presentación de un recurso contencioso-administrativo. En el 2023, un recurso de Castilla y León Radio SA, cuya administradora es Adriana Ulibarri, hija del constructor y empresario de medios de comunicación condenado en Gürtel, José Luis Ulibarri, paralizó la adjudicación definitiva de las 124 licencias - las otras 14 quedaron desiertas al no presentarse ninguna solicitud - de radio en Castilla y León.

La Sociedad Española de Radiodifusión impugnó esta orden y alegó irregularidades sustanciales. Su denuncia se centra en que se otorgaron licencias a entidades como Radio María y La Undécima Hora, que ofrecen programación religiosa, sin publicidad comercial, y están financiadas por donativos. Esto, según el recurso, violaría los requisitos del concurso, que exigía prestar servicios radiofónicos comerciales.