El PP reivindica los avances en derechos LGTBI de España: todas las veces que votó contra las leyes que los impulsaron

Asegura que “celebra” los derechos del colectivo LGTBI “allí donde gobierna” y sostiene que España “ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia”. Son algunos de los mensajes que el Partido Popular ha lanzado en los últimos días, en un intento por presentarse a sí mismo como garante de la comunidad LGTBI en pleno Orgullo. Lo que no menciona la formación de Alberto Núñez Feijóo es su amplio historial de votos en contra de todas las leyes estatales de protección al colectivo ni los recortes en las normas autonómicas o las ocasiones en que se ha dejado arrastrar por Vox en su batalla ideológica.

La primera manifestación la hizo el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, que se nombró “del PP y maricón” y dijo sentirse “muy orgulloso” de ambas, durante el debate en el Congreso para penalizar las terapias de conversión de homosexuales, bisexuales y trans. La ley salió adelante con los votos de todos los grupos excepto Vox y el PP, que se abstuvo. Según justificó después, lo hizo para “mejorar” el texto en el Senado, donde sigue tramitándose la norma que plantea cárcel para quien aplique estos métodos calificados de “tortura” por Naciones Unidas.

De los Santos convirtió su intervención en un elogio a presidentes y alcaldes del PP que, supuestamente, son punta de lanza en defensa del colectivo LGTBI. Entre ellos, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid —“la capital del Orgullo con más de 30 años de gobiernos del PP”, dijo—; María José García Pelayo, la regidora de Jérez de la Frontera, donde la bandera arcoíris “lleva colgando 25 años”, o María José Catalá, de Valencia, que definió como “epicentro de la lucha por los derechos del colectivo”. ¿El motivo? Que la ciudad acoge el evento deportivo Gay Games, que los colectivos LGTBI llaman a boicotear por haber sido “vaciado de valores” y “servir” al pinkwashing.

A ello se sumó unos días después el manifiesto publicado el 28 de junio en el que el partido conservador afirma que el Orgullo “es memoria, presente y futuro”. “Memoria de quienes sufrieron incomprensión, rechazo, violencia o silencio por el simple hecho de ser ellos mismos. Presente de una sociedad española que ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia. Y futuro porque aún queda camino por recorrer para erradicar cualquier forma de discriminación o intolerancia”, añaden.

A pesar de sus votos

Se olvidan los populares de que ese avance en derechos ha sido posible a pesar de sus posicionamientos sobre las leyes que los han consagrado. El PP se opuso desde el principio a la reforma del Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, votó en contra en el Congreso —salvo Celia Villalobos— e hizo pinza con la Iglesia Católica para capitanear una guerra sin cuartel contra la norma que llevó a las calles a miles de personas en 2005. Bajo el lema “La familia sí importa”, obispos, dirigentes del PP y líderes de los sectores más ultracatólicos se oponían a los derechos de una parte de la población.

La cruzada no terminó con la aprobación de la ley. Los populares la recurrieron al Tribunal Constitucional “por desnaturalizar” el matrimonio y las declaraciones homófobas de sus representantes no cesaron. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró que “la pervivencia de la especie no está garantizada” y varios diputados autonómicos y alcaldes llegaron a comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un perro y una señora” o definirlo como “una ley contra natura”. Era el mismo PP que, durante la tramitación de la norma, llevó al Senado al psiquiatra Aquilino Polaino, que defendió que a las personas LGTBI “se les puede ayudar con terapia reparativa”.

Cuando regresó a Moncloa, el partido dejó de cuestionar en público la ley, después de que la inmensa mayoría de la sociedad hubiera ido aceptándola sin mayor problema. A pesar de que las personas LGTBI siguen enfrentándose a rechazo y exclusión, la reciente encuesta del CIS sobre diversidad señala que para el 71% de la población el avance de sus derechos “beneficia a toda la sociedad” y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Sexual, la aceptación de las parejas LGTBI se ha duplicado en 16 años y alcanza ya al 88% de la ciudadanía.

Con el matrimonio igualitario a un lado del discurso —ni para celebrarlo ni atacarlo—, el PP ha centrado su batalla en los últimos años en la última legislación LGTBI aprobada a nivel estatal: la llamada Ley Trans. La norma, que también provocó una enorme brecha en el seno del Gobierno, del propio PSOE y del movimiento feminista, vio finalmente la luz en febrero de 2023. De nuevo, con el voto en contra de los de Feijóo, que han vuelto a echar mano del Tribunal Constitucional para recurrirla y que han prometido derogarla si llegan a gobernar.

Ya en 2007 el PP había rechazado la norma que hizo posible que las personas trans pudieran modificar su nombre y sexo legal sin necesidad de operarse, que era el requisito que se imponía entonces. Ahora, la ley permite que cambien sus datos sin pasar por tratamientos hormonales y un diagnóstico psicológico, las condiciones vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley Trans.

El arrastre de Vox

Con el paso de los años, la derecha fue dejando atrás el debate sobre el matrimonio igualitario y el apoyo del PP a las leyes autonómicas LGTBI comenzó a ser desigual entre territorios, pasando a respaldarlas en algunos e incluso impulsarlas. La irrupción de Vox, sin embargo, cambió ese equilibrio. Aunque la extrema derecha evita cuestionar la orientación no heterosexual de forma explícita, utiliza otras direcciones para llegar al mismo destino y así ha convertido la derogación de las leyes LGTBI, la denuncia de la “ideología de género”, el “adoctrinamiento” en las aulas o el rechazo a los símbolos del Orgullo en una de sus principales banderas.

Es en este marco en el que el PP se ha visto condicionado, específicamente allí donde ha dependido de los votos de la ultraderecha para gobernar, lo que ha cristalizado en exigencias en esta materia en comunidades y ayuntamientos. Los pactos con la ultraderecha han soliviantado a los colectivos LGTBI por ser una formación que “desprecia” al colectivo, decían los asistentes hace unos días a la marcha del Orgullo de Mérida. A la protesta acudió la presidenta María Guardiola, que recibió gritos de “hipócrita”.

El PP lleva días repitiendo que los derechos LGTBI son “una línea roja” en las coaliciones de gobierno, pero hay ejemplos que apuntan en una dirección diferente.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las derechas pactaron recortes a la Ley Trans autonómica: eliminaron los contenidos a la diversidad sexual y abrieron la puerta a que las terapias de conversión fueran voluntarias. También llegaron a acordar crear una sección específica para los libros LGTBI en las bibliotecas, a raíz de una propuesta de Vox a imagen y semejanza de la Hungría de Orbán. Detrás de estas medidas, la extrema derecha enarbola un discurso que dibuja a las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans como una amenaza para los niños y niñas.

En el ámbito de la visibilidad, varios ayuntamientos y comunidades gobernados por las derechas han vetado la colocación de banderas arcoíris en las fachas de los edificios institucionales. En Madrid, Almeida se ha negado de forma reiterada a poner la insignia desde que está al frente del consistorio y ha reducido la representación simbólica al izado de una bandera en la plaza Pedro Zerolo sin apenas repercusión. También polémica ha sido la campaña municipal de este año, criticada por asemejarse a una por el “día del madrileño” por exhibir objetos castizos con los colores del arcoíris bajo el lema “Orgullosamente de Madrid”.

El veto a las banderas también ha ocurrido en otros ayuntamientos, como Valladolid o Guadalajara, donde el intento del PSOE se ha topado con la oposición de PP y Vox un año más. En Totana (Murcia), ambas formaciones no solo han pactado suprimir la colocación de la insignia, sino que han llegado este año más lejos y han suprimido todos los actos institucionales referentes al Orgullo.

En algunos casos, el PP ha impulsado cambios sin que mediaran negociaciones con la ultraderecha. Así ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría absoluta. La presidenta ejecutó a finales de 2023 un recorte en las leyes LGTBI y Trans de la región, lo que fue visto por los colectivos y la oposición como el “primer retroceso” en materia LGTBI. ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, lo señaló como uno de los “pasos atrás” más relevantes. Ayuso, que en 2022 cargó contra tener que “aguantar” el Orgullo “todo el mes”, ha eliminado además del organigrama la Subdirección General de Igualdad LGTBI.

El Gobierno central del PSOE y Sumar ha reaccionado a las modificaciones de las legislaciones autonómicas con recursos ante el Tribunal Constitucional, que ya ha suspendido de forma cautelar varios de los artículos aprobados recientemente. A la espera de que se pronuncie definitivamente y tome también una decisión sobre la Ley Trans estatal tras los recursos de las derechas, los populares insisten: “Vamos a seguir luchando por los derechos de todos, queramos a quien queramos, seamos del colectivo o no”.