La cuarta edición de los Premios Desalambre celebrada este jueves ha reconocido el trabajo de periodistas, activistas y organizaciones que ponen el foco en la historia de los más olvidados. Desde las personas que sufren sinhogarismo y las causas que les llevan a ello, hasta las historias de niños migrantes que perdieron a sus madres por el camino.

Para la apertura de esta edición, la secretaria de la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha realizado un discurso sobre la importancia del periodismo comprometido: “Creo que cuando hablamos de periodismo comprometido todo tenemos más o menos claro a que nos referimos (...) Cuando hablamos de periodismo comprometido, creo que también estamos hablando, en contraposición, de un periodismo no comprometido”.

Verstrynge también ha hecho hincapié en la necesidad de proteger los valores de la Agenda 2030. “En cada época histórica, los anhelos de libertad y justicia que recorren todos los pueblos de la tierra se han traducido en proyectos colectivos y de transformación social, y creo firmemente que en la actualidad el proyecto común de toda la humanidad que mejor representa estos anhelos es la Agenda de 2030”, ha afirmado.

Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es, ha resaltado la calidad e independencia del jurado de los premios, compuesto por Amaia Celorrio, Miren Hualde, Jose María Vera, Pilar del Río, Irene Bello Quintana, Iván Muñoz, Moha Gerehou, Juan Luis Sánchez, María Ramírez y Gabriela Sánchez. “Esta cuarta edición de los Premios Desalambre llega otra vez en un momento complicado”, ha dado la bienvenida Gabriela Sánchez, jefa de la sección de Desalambre, desde el CaixaForum de Madrid. “Nos estamos acostumbrando a vivir momentos históricos, cuando parecía que salíamos de una crisis sanitaria, este año una guerra en Europa nos ha descolocado”, ha continuado. Durante su discurso, Sánchez ha recalcado la necesidad del periodismo y el activismo para “contar y señalar a aquello que no prestamos atención”.

Inflación y ayuda humanitaria puntual

Durante los premios, que han contado con el patrocinio ACNUR y Anesvad, han estado presentes Miren Hualde, Responsable de Comunicación de Fundación Anesvad; José María Vera, Director Ejecutivo UNICEF España; y José María Gil-Robles, presidente del Comité español de ACNUR, quienes han participado en una mesa de debate en la que han hablado sobre “en qué están las ONG”. Esta mesa ha sido moderada por Juanlu Sánchez, que ha realizado preguntas sobre la organización del trabajo de las ONG, cómo les han afectado la inflación o cómo afectan las iniciativas solidarias puntuales.

Ante este último punto, todos han estado de acuerdo en la necesidad de una organización de estas ayudas humanitarias. Vera ha hecho hincapié en la necesidad “de mantener un orden y de personas con experiencia” a la hora de hacer llegar la ayuda humanitaria, pues de lo contrario dificultaría la llegada. Sobre la inflación, Gil ha comentado que las organizaciones son “como los hogares, si nos suben el precio de todo. Llega un momento en que o crecen los ingresos, o llega el momento de decidir a quien ayudar”.

Durante el debate los tres también han hablado de la importancia de continuar informando más allá de los fuegos puntuales. “Ahora estamos ocupados con Siria o Turquía, pero nos hemos olvidado de Afganistán. Yo creo que los medios deberían mirar a todos”, ha dicho Gil. Mientras que Miren ha insistido en “trasladar los mensajes más allá de las emergencias puntuales”.

Antes de la entrega de premios, la humorista, actriz, activista y también galardonada con uno de los Premios Desalambre de esta edición, Asaari Bibang ha realizado un monólogo donde ha mostrado una pequeña parte de su trabajo. En él ha denunciado a través del humor el racismo en España, y ha lanzado mensajes importantes contra la cosificación de las mujeres racializadas y la instrumentalización de las personas negras. “Pasa algo en Estados Unidos, y esa semana estamos todos los días en la tele, y solo para hablar de cosas de negros, como si a mí no me afectara la inflación”.

Premios a organizaciones y activista

El primero en recibir el premio ha sido Alberto Mata, vicepresidente de Hogar Sí, quien ha recogido el galardón en nombre de la organización Hogar Sí por su campaña “#PRINCIPIOS” que recopila relatos ficticios, creados a través de testimonios reales, para concienciar sobre la situación de sinhogarismo en España, e informar de las principales causas que llevan a estas personas a vivir en la calle. “Muchas gracias por este premio que nos hace mucha ilusión, pero sobre todo enhorabuena porque con este trabajo dais altavoz a las personas sin hogar”, ha dicho Mata. “El sinhogarimo termina cuando empieza la vivienda. Todos podemos terminar en esa situación, no es una elección porque nadie quiere ni vivir ni morir en la calle”, y ha recalcado en la necesidad de terminar y no gestionar el sinhogarismo.

A continuación han recogido el premio al mejor trabajo de documentación Helena Maleno, Erika Guilabert y Lucas Vaquero de Caminando Fronteras, autores de 'Monitoreo del derecho a la vida en la Frontera Sur'. El informe contabiliza el número de personas fallecidas y desaparecidas en su intento de migrar a España, mientras profundiza en sus causas, complementado cifras con testimonios. Maleno ha realizado un pequeño discurso en el que ha agradecido el premio y ha recordado a todos aquellos que hicieron posible el informe: “Queremos recordar a todos los que forman parte de esta investigación”.

Le ha seguido Asaari Bibang, quien ha recogido el premio a activista del año. En los últimos años, Bibang se ha convertido en una de las voces más visibles y activas contra el racismo en España. En el podcast ‘No hay negros en el Tíbet’, que presenta junto Frank K y Lamine Thor, aborda temas como la negritud y el racismo a través del humor, a la vez que visibiliza la vida de los afrodescendientes en España. Asaari ha agradecido el premio, y se lo ha dedicado a su familia. “Doy gracias a mis padres quiénes creo que me han inculcado la valentía de luchar por lo que realmente creo, y quienes me han enseñado a amar bien”.

Premios periodísticos

El periodista José María Rodríguez ha recibido el premio al mejor reportaje o crónica escrito por “‘Mamá se quedó en el mar’: los huérfanos de la ruta migratoria canaria”. La crónica, escrita desde Las Palmas de Gran Canaria y publicada en EFE, cuenta la historia de Aissata, Seidou y Amina. Los tres niños llegaron en patera a Canarias, y perdieron a sus madres por el camino. Con este premio el jurado ha querido reconocer el trabajo a menudo invisible de los periodistas de agencia. Durante su discurso Rodríguez se emociona y hace hincapié en la necesidad de poner caras a las cifras: “Porque es muy difícil odiar a los que conoces”.

Le han continuado José Bautista y Rocío Marquez, quien han recogido el premio a mejor reportaje multimedia por “'Fronteras SA: la industria del control migratorio'. La investigación periodística analiza cuánto cuestan las políticas migratorias en España y profundiza en el negocio escondido detrás de las fronteras. Durante su discurso Bautista ha resaltado que tras su trabajo hay muchas ”horas y sudor“, y ha destacado que la información ”parte de la pregunta ¿quién gana detrás de este sufrimiento?“. Además, ha añadido que ”solo es la punta del iceberg porque hay mas“, y ha recordado que ”hay medios muy valientes que se atreven a contar lo que sucede, porque hay jóvenes que creen un futuro mejor y que han dedicado parte de su tiempo libre de forma voluntaria para hacerlo posible“.

El último galardonado de la noche ha sido Emilio Morenatti, que ha recibido el premio Desalambre a la perseverancia. Morenatti es un fotoperiodista especializado en conflictos y actual director de fotografía de la agencia Associated Press (AP) para España y Portugal. Cuenta con una experiencia de 30 años en la cobertura de conflictos armados. Actualmente se encuentra cubriendo la guerra en Ucrania, motivo por el cual no ha podido estar presente en la gala. Sin embargo, ha dejado un vídeo en el que ha agradecido el premio: “Gracias a los miembros del jurado, y perdón por no estar allí hoy. Reconozco que soy tozudo, y creo que he llegado a donde he llegado por tozudez, no por talento”. Durante su discurso ha hecho hincapié en que continuaría “enfocando su lente” en la lucha de los derechos humanos.

Para concluir la gala, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dedicado unas palabras a los galardonados, y ha prometido continuar en la lucha de los Derechos Humanos. “Gracias a elDiario.es por estos premios. Si observamos, normalmente los premios van dirigidos principalmente a la gente que tiene éxito, notoriedad… ese es el foco. Sin embargo, estos premios ponen el foco en los perdedores, porque hay que estar con los perdedores. Gracias al jurado por esta magnífica elección. Porque estos premiados pone el énfasis en las situaciones de los más vulnerables”.

Shamael Ahmadzai nació en la provincia de Kunduz, al norte de Afganistán. “Antes de que llegaran los talibanes la situación era compleja. Vivíamos con miedo día a día. Pero teníamos la esperanza de que un día todo esto acabara y viviéramos en un país seguro”, cuenta esta fiscala afgana a elDiario.es. Nunca pensó que la situación acabaría por empujarla a huir a un país del que poco sabía: España.

Ahmadzai es una de las 21 mujeres, de las 30 juezas y fiscalas que solicitaron asilo a la embajada de España en Pakistán - con el apoyo de las organizaciones de la Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia y 14lawyers-, que ya han llegado a España. Desde que las milicias talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, los jueces, fiscales y abogados se convirtieron en uno de los principales objetivos de los talibanes.

La fiscala cuenta que comenzó sus estudios jurídicos en su provincia natal. “Me gustaba esa carrera, siempre quise ser fiscal, por eso empecé a estudiar derecho en Kunduz”. Estudiar, sin embargo, llevaba consigo un riesgo: “Mi padre era policía, le amenazaron, a él y a su familia, por permitir que mi hermana y yo estudiáramos”. Las amenazas les empujaron a huir a Kabul, donde se mudó junto a su familia.

A pesar de las dificultades, ella consiguió graduarse y convertirse en fiscal. Ahmadzai se especializó en casos de violencia de género. “Me encantaba poder ayudar a esas mujeres. Siempre que acudían a nuestro despacho, yo les ayudaba con mucho gusto. Era mi pasión”, cuenta con una sonrisa en la cara. Sin embargo, cuando los talibanes tomaron el poder, su familia y ella decidieron marcharse de Afganistán a Pakistán.

Islamabad

Mientras Ahmadzai se recoloca el velo, cuenta que cuando su familia y ella consiguieron los visados viajaron a la capital de Pakistán, Islamabad. El recibimiento fue desagradable: “La imagen que nosotros teníamos de Pakistán era totalmente distinta a la que nos encontramos”, dice muy seria. Explica que las autoridades los maltrataban y discriminaban por ser afganos.

“Vivimos durante mucho tiempo indocumentados, eso nos hizo quedarnos rápidamente sin recursos económicos. Intentamos muchas veces trabajar y hacer algo por la sociedad, sin embargo en cuanto se enteraban que éramos afganos sin papeles, nos empezaban a tratar muy mal”, dice. 

Cuando se les caducaron los visados, no tenían derecho a nada y casi no podían salir a la calle. “El Gobierno de Pakistán nos informó a través de un SMS de que teníamos que abandonar el país antes de diciembre de 2022, de lo contrario nos enfrentábamos a tres años de cárcel”, dice la fiscala afgana Obaida Sharar. Según la organización 14lawyer, todavía hay 150 fiscales, hombres y mujeres, que han pedido asilo a España en Islamabad y otros 120 que se encuentran en la misma situación en Teherán.

Familias en un “limbo”

A pesar del maltrato vivido en Islamabad, Ahmadzai cuenta entre lágrimas que el momento más duro en Pakistán tuvo lugar cuando le concedieron el visado para viajar a España. “Cuando me enteré que había una resolución favorable para que yo pudiera ir a España, compré todos los billetes para mí y mi familia. Sin embargo, cuando envié la información de los billetes [a la embajada] me dijeron que la resolución era únicamente para mí, y que mi familia no podía viajar”, dice Ahmadzai. “Yo no quería abandonar a mis padres ni a mi hermano, entonces les dije que yo tampoco me iba. Pero la situación era tan compleja que mis padres me dijeron que me fuera”.

A día de hoy, su familia aún continúa en Islamabad. Desde que llegó a España, su única esperanza es poder reencontrarse con ellos algún día, “me da igual cómo vivamos aquí, voy a luchar por sacar a mi familia de Pakistán”.

Ignacio Rodríguez, presidente de 14lawyers, cuenta a elDiario.es que las familias que todavía viven en Islamabad se encuentran en un “limbo”. Además, añade que “su única opción es solicitar la reagrupación familiar”. Desde distintas organizaciones “están intentando centrar sus esfuerzos en conseguir reagrupaciones familiares para que estas personas consigan traer a sus familias” a España.

“Me negué a hacerlo”

Farestha Parwani nació en la provincia afgana de Laghman, donde la sociedad era bastante conservadora, por ello se fue, junto con su familia, a estudiar a Kabul a muy corta edad. Cuando aún estaba en el colegio, fue a visitar su pueblo natal con su padre. Observó que los colegios estaban cerrados. Las niñas no tenían oportunidades para estudiar y mucha gente no tenían una buena imagen de las chicas que estudiaban. En ese momento, Parwani decidió estudiar derecho y convertirse en fiscal: “Quería luchar por los derechos de esas niñas”.

Parwani finalmente acabó siendo fiscal de investigación. Vivía con amenazas constantes. “Uno de los criminales a los que interrogué me dijo: ‘Pregunta lo que quieras, y, luego, que me sentencien lo que quieran, pero todas estas preguntas te harán volar por los aires”. También dice que se encargaba de redactar listas para liberar a presos que tuvieran condiciones especiales, como enfermedades graves o madres lactantes. Un día los talibanes fueron a su casa y la chantajearon para intentar meter a su gente en esas listas: “Yo me negué a hacerlo”.

Cuando llegaron los talibanes Parwani se mudó a una zona fronteriza con Pakistán, “nosotras éramos caras conocidas, estábamos en la oficina y atendíamos de cara al público, ellos nos conocían”. La fiscal, quien durante toda la entrevista había permanecido con un rostro serio, recuerda entre lágrimas a su padre, quien no llegó a salir de Afganistán: “Él era Ministro del Interior, y le asesinaron cuando fue a cobrar su sueldo al banco”.

Tras la pérdida de su padre, su familia y ella tardaron tres meses en conseguir un visado para ir a Pakistán, allí se fue junto con su familia, “tuvimos que cambiarnos de casa tres veces”. Una de ellas amenazaron a su hermano: “Se le acercaron varias personas y le preguntaron si su hermana era la fiscal afgana que estaba intentando salir, y le dijeron que querían hablar conmigo”, cuenta la fiscala. “Él negó que fuera su hermana, y salió corriendo. Cuando llegó a casa me contó la situación y decidimos mudarnos”. 

Según Rodríguez, cuando las fiscalas y juezas llegan a España comienzan un momento muy duro para ellas. “Están contentas por estar en un país seguro. Pero se encuentran con una realidad complicada”. Añade que además se suma que desde el Ministerio las ha dispersado, “creo que para nosotros es un error. Una cosa es no crear guetos y otra cosa es con un número tan bajo, dispersar a distintas ciudades a estas mujeres, sobre todo ahora que necesitan prestarse apoyo mutuo y sentirse acompañadas”. 

Al igual que Ahmadzai, a la familia de Parwani no le permitieron venir a España. “Ahora mismo, mentalmente no me encuentro muy bien, soy positiva con mi futuro aquí, pero hasta que no me reencuentre con mi familia va a ser difícil vivir en España”.

Llevaban meses escondidas en Pakistán, desde donde rogaban al Gobierno de España el permiso necesario para viajar a Europa y estar a salvo. El Ministerio de Exteriores ha concedido el permiso de entrada a 21 de 30 fiscalas y juezas afganas que, apoyadas por la Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia y 14lawyers, solicitaron una autorización humanitaria a la Embajada española en Islamabad para pedir protección en nuestro país. Las mujeres y las organizaciones que las ayudaron denuncian los retrasos en la respuesta por parte de las autoridades españolas, ante la “falta de recursos” en las dependencias consulares de Pakistán e Irán.

Una de ellas es Obabia. Hace cuatro meses, pedía desesperada una respuesta por parte del Ejecutivo español. “Pido al Gobierno que, por favor, nos ayude. Por favor, rescatadnos de esta oscuridad”, reclamaba la fiscala afgana desde la casa en la que vivía en Islamabad, tras huir de las amenazas de los talibanes. Allí pasaba los días con el temor a la deportación, después de haber perdido el permiso de estancia en la capital pakistaní, mientras aguardaba una posibilidad de viajar a un lugar seguro. Desde diciembre, vive en España sin miedo.

“Estoy muy contenta por estar aquí”, ha dicho Obabia en una rueda de prensa convocada en Madrid este miércoles por 14lawyers. La jurista reconoce estar agradecida, pero recuerda a todas las que se han quedado atrás: “Solicitamos a todas organizaciones y a la UE que nos ayuden, que no tapen sus ojos y oídos”.

UPF, Juezas y Jueces para la Democracia y 14lawyers denuncian la “falta de recursos suficientes” habilitados por el Ministerio de Exteriores para responder a las peticiones de visados humanitarios recibidas en las principales embajadas a donde acuden las mujeres afganas a pedir auxilio (Pakistán, Irán y Emiratos Árabes).  “La foto de hoy es una foto real, pero no describe la realidad. La mayoría de fiscales, jueces, afganos están siendo perseguidos y perseguidas por los talibanes. Los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de España siguen siendo insuficientes por una falta de recursos y voluntad política. Tienen que liderar un mayor compromiso a todos los niveles para que estas mujeres encuentren un asilo”, ha afirmado, Ignacio Rodríguez, presidente de la organización 14lawyers.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, quien viajó a Pakistán para reunirse con las fiscalas y juezas, ha celebrado la llegada de estas mujeres a España, pero también pide al Ejecutivo un mayor esfuerzo para proteger a otras juristas en su misma situacón. “Resulta muy emocionante ver aquí a estas mujeres, porque cuando nos despedimos no sabíamos si íbamos a vernos. No sabíamos si la próxima vez que nos viéramos iba a ser aquí o en Afganistán. Hay que recordar que el derecho al asilo es un derecho que obliga a todos los gobiernos democráticos a salvar a todos aquellos que lo necesiten”.

Durante la espera de la Embajada de España, Obabia perdió el visado con el que contaba para residir en Islamabad, por lo que vivió en situación irregular durante meses. “No tengo ningún derecho y ni siquiera he sido aceptada y reconocida como refugiada. Incluso Acnur guarda silencio sobre nosotras”, describía la fiscala en declaraciones recogidas por elDiario.es el pasado mes de diciembre. La exdirectora del Centro de Justicia contra los Narcóticos de su país, que también trabajó en diferentes puestos para la Fiscalía General de Afganistán, denunciaba la discriminación sufrida en Pakistán: “No podemos encontrar un trabajo adecuado en una organización internacional con sede en Islamabad debido a nuestra nacionalidad. Como soy afgana, tengo que pagar más dinero que los paquistaníes por el alojamiento y otros gastos de subsistencia. Sobrevivimos con nuestros ahorros, pero no sabemos cuánto tiempo durarán”. 

La fiscala no escapó de Afganistán justo después de la caída de Kabul. Quiso esperar. Cuando los talibanes tomaron la capital, intentó no callarse, como le imponía el nuevo régimen. Obabia se encontraba entre las mujeres que salieron a la calle para defender sus derechos. “Después del colapso, participé en actividades en apoyo de los derechos de las mujeres y las niñas, salí a la calle en contra los abusos de los talibanes y sufrimos las consecuencias”, detalla cuando empieza a relatar el puzle de razones que la empujaron a huir. Una de sus cuñadas fue detenida por los talibanes, relata. Durante más de 10 días, estuvo en una prisión talibán y nadie sabía dónde estaba. La fiscala resultó herida durante una protesta. “Nos escondíamos, cambiábamos de lugar cada día. Hasta que los talibanes vinieron a nuestra casa y nos pidieron que nos uniéramos a ellos. También me llamaron a mi oficina para reunirme con ellos…”. 

En mayo del año pasado, tomó la decisión: “Dejar el hogar y el país donde nací y crecí, donde tenía un mundo cargado de sueños y planes para mí, para todas las mujeres afganas. Trabajé duro para conseguir dedicarme a mi profesión, aunque tuve que enfrentarme a terroristas suicidas y amenazas a la seguridad cada día, sobreviví”.

Francesca Albanese (Ariano Irpino, 1977) es abogada internacional y trabaja como investigadora afiliada al Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de GeorgeTown. A principios de mayo de 2022 se convirtió en la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina.

En una entrevista a elDiario.es, Albanese explica que, desde que fue nombrada, las autoridades israelíes no le han concedido el visado para visitar los territorios ocupados, impidiendo de esta manera que pueda ejercer su trabajo, en lo que considera una falta “extremadamente irrespetuosa hacia un cargo designado por la ONU”.

La relatora especial también comenta con preocupación el aumento de la violencia en los territorios ocupados de Palestina. En lo que va de año, 21 palestinos han muerto por fuego israelí. El pasado jueves, nueve personas murieron y otras 13 fueron heridas durante una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín.

A finales de diciembre, usted denunció en las redes sociales que no había recibido una respuesta oficial de las autoridades israelíes para entrar en los territorios ocupados. ¿Sigue siendo así?

Israel nunca ha reconocido a la figura del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. A pesar de que esta figura existe desde 1992 y continúa existiendo a día de hoy. No obstante, hasta 2008, permitieron que los relatores especiales visitaran los territorios para informar y mantuvieron una relación civilizada con ellos. 

Pero esto terminó a finales de 2008, cuando Richard Falk, como relator especial, fue arrestado y detenido en el aeropuerto Ben-Gurion y luego deportado. Desde entonces, la ONU ha adoptado esta práctica de solicitar un visado, sin el cual la visita se considera no autorizada. Para mí, este enfoque no es el adecuado porque estoy invitada por autoridades palestinas, e Israel, según el derecho internacional, está abusando de sus poderes reguladores.

¿Qué ha ocurrido en su caso?

Informé a las autoridades israelíes en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que tenía la intención de ir al territorio palestino ocupado en noviembre. Volví a comunicárselo dos veces y entonces dijeron: “No puedes ir sin un permiso, así que te lo daremos”. Desde entonces estoy esperando a que llegue este permiso. Creo que es mi prerrogativa ir bajo mi código de conducta, porque de nuevo, estoy invitada por las autoridades locales. 

Así que, por el momento, me mantienen en un limbo. Algo que me parece extremadamente irrespetuoso hacia un cargo designado por la ONU. Ellos tienen la obligación de cooperar con los relatores. Pueden no estar de acuerdo con mis análisis. Pueden estar en desacuerdo con mis funciones como parte de las Naciones Unidas. Pero están obligados a cumplir las normas y reglamentos de la ONU.

¿Cómo ha vivido la campaña contra su función como relatora especial de la ONU llevada a cabo por Israel, por unas palabras que usted dijo en 2014 [en una publicación en Facebook en la que hacía una referencia al 'lobby judío']?

Dicen que soy parcial y antisemita. Francamente, esto es algo que le dicen a cualquiera que exprese críticas hacia las políticas de Israel hacia los palestinos. No me lo tomo como algo personal por varias razones, porque sé que este es el precio que pagan todos los que luchan por los derechos humanos y la justicia en los territorios palestinos ocupados. Y esta es, desgraciadamente, la situación en la que a veces los actores de derechos humanos, ya sean de la sociedad civil, del mundo académico o de la ONU, nos vemos abandonados a nuestra suerte

Al mismo tiempo, como he dicho, yo no me lo tomo como algo personal porque ha habido un gran rechazo contra diversas comunidades: la comunidad académica, organizaciones de derechos humanos de Palestina, Israel e internacionales; y algo que realmente me conmovió es que había muchos eruditos judíos, expertos en antisemitismo, en estudios del Holocausto, en judaísmo… que han hablado en mi defensa. Esto es algo que me hace sentir más cómoda con lo que estoy haciendo.

¿Cómo ha sido realizar su trabajo desde su nombramiento?

Es muy intenso. No hay respiro. Es un trabajo voluntario. También tengo mi propio trabajo asignado y es muy difícil conciliarlo. Sobre todo porque este año la violencia no ha dado tregua. El año pasado murieron unas 200 personas, la mayoría en situaciones de ejecuciones extrajudiciales sumarias, 50 de ellas eran niños. Hubo un asalto militar a Gaza, que mató a cientos de personas en pocos días y provocó mucha destrucción. 

También, los ataques de los colonos han sido incontrolados y completamente salvajes bajo la vigilancia de las fuerzas militares. Redadas nocturnas, detenciones y encarcelamientos de palestinos, muchos de ellos niños. Actualmente hay 4.000 personas encarceladas, 800 de ellas sin cargos. El año pasado fueron detenidas unas 3.700. 

Todo esto sin mencionar la destrucción de casas y estructuras civiles, el acoso diario, los ataques a escuelas y hospitales... Y esta es la realidad con la que me enfrento todos los días. Así que todo se siente muy, muy pesado.

Ha hablado del aumento de la violencia en las zonas ocupadas. ¿A qué cree que se debe? ¿Puede ir a más?

Espero que no. El año pasado ya fue el más letal desde 2005, cuando las Naciones Unidas comenzaron a documentar y recopilar cifras. Pero, me temo que la violencia va a aumentar si nos fijamos en las declaraciones de los miembros del nuevo Gobierno de Netanyahu. 

Si nos fijamos en el pasado [de Netanyahu] como primer ministro, vemos que ha liderado algunos de los gobiernos que han cometido el mayor número de atrocidades hacia los palestinos. Bajo su liderazgo hubo continuos asaltos contra los palestinos en Gaza, la expansión de los asentamientos continuó sin cesar y él hizo declaraciones que dejaron claro que no tenía intención alguna de renunciar a la presencia israelí en la ocupada Cisjordania y Jerusalén Este. 

Estoy preocupada, y no sólo por los palestinos en el territorio ocupado, sino también por palestinos e israelíes, individuos y organizaciones que intentan ayudarles, porque las fuerzas de ocupación se están volviendo cada vez más violentas hacia ellos. Los soldados no se sienten intimidados para, por ejemplo, actuar mientras les graban en vídeo. Es decir, hay un desafío total al derecho internacional y los principios básicos de humanidad.

Por supuesto, también temo —aunque no tengo un mandato para informar y documentar sobre lo que está pasando dentro de Israel— por los palestinos con ciudadanía israelí, y por cualquier israelí que no se alinee con las posiciones del Gobierno actual, porque todos ellos probablemente van a ver sus libertades limitadas.

¿Qué ha supuesto para el conflicto la llegada del nuevo Gobierno?

Creo que este Gobierno es seguramente el más extremista, aunque lo veo como una evolución. Ahora hay colonos en el propio Gobierno, creo que hay al menos 13 miembros, si no me equivoco, que son colonos, como Itamar Ben Gvir o Mikael Malkiel. Hay muchas figuras conocidas que han estado y que están viviendo en los asentamientos.

Cada vez más, hay una creciente incrustación de las políticas de los colonos con el Gobierno. Itamar Ben Gvir, que es el ministro de la Seguridad Nacional, economista y está a cargo de la policía israelí, ha hecho en repetidas ocasiones declaraciones muy inquietantes. Por ejemplo, el año pasado fue grabado por las cámaras cantando repetidamente “muerte a los árabes”. También, después de las elecciones, dijo que era “hora de enseñar a los palestinos quién es el amo de la casa”, y también ha incitado a la gente a cometer actos violentos.

Esto es extremadamente inquietante y me pregunto si los líderes europeos están pendientes. Porque veo a mi propio Gobierno, el Gobierno italiano, haciendo declaraciones de apoyo, solidaridad y amistad con un país que tiene un Gobierno extremista en este momento. Y creo, de nuevo, aunque entiendo y respeto la amistad con el pueblo de Israel, que este Gobierno debe ser seriamente examinado a partir de ahora.

Ha hablado de Ben Gvir quien visitó a principios de enero la explanada de las mezquitas en Jerusalén acompañado de su rabino. En esa misma semana, también prohibió ondear banderas palestinas en lugares púbicos al clasificarlas como una forma de “terrorismo”. ¿Qué cree que pretende hacer con estas acciones?

Creo que la prohibición de la bandera palestina no es nueva. De nuevo, es llevarlo a un nuevo nivel. Ya estaba prohibida de facto. Cito a menudo el ejemplo de los ataques a las banderas palestinas durante el funeral de la periodista asesinada Shireen Abu Akleh. Ella era un icono y durante el funeral, desde el hospital hasta la iglesia, hubo una agresión continua de las fuerzas de seguridad hacia los palestinos. 

Como cualquier represivo apartheid y régimen colonizador, Israel tiene ganas de reprimir o suprimir el uso de cualquier símbolo en los territorios palestinos ocupados que represente la identidad nacional porque es percibido como una amenaza de su propia autoridad, de su propio régimen antiliberal. Esto es de nuevo lo que Ben Gvir está tratando de decir al prohibir la exhibición de la bandera palestina.

¿Y con la visita a la explanada de las mezquitas?

Me gustaría que algún día hubiera una situación en la que todo el mundo de cualquier religión pueda acceder a los mismos lugares de culto y rezar y manifestar su religión, sus creencias religiosas libremente en sus circunstancias. Pero debido a que Israel es una potencia ocupante y está en una posición de dominación y mantiene subyugados a los palestinos, el statu quo sobre Jerusalén debe mantenerse y respetarse. Porque por supuesto, hay reivindicaciones contrapuestas hacia la mezquita de Al-Aqsa. Mientras que para los palestinos es muy difícil ni siquiera plantearse hacer obras de mantenimiento, lo que defienden algunos líderes religiosos judíos es destruir la mezquita y volver a construir el tercer templo.

¿Cree que estas acciones, sumadas al aumento de violencia de estos últimos años, pueden llevar a una nueva Intifada?

No soy una experta en eso, pero he visto que la gente está agotada y exasperada. La inacción de la comunidad internacional, ante las continuas declaraciones y políticas abusivas de los gobiernos israelíes, está diciendo a los palestinos que todo lo que digan no importa. Como jurista, tengo una profunda fe en el derecho internacional, pero también creo que éste es tan fuerte como la voluntad de los Estados de hacerlo cumplir, de respetarlo y aplicarlo universalmente.

Los palestinos ven la respuesta que se dio, por ejemplo, a la agresión ilegal e ilícita de Ucrania por parte de Rusia y a la ocupación ilegal, y ven un llamamiento a la protección del pueblo ucraniano en nombre de la autodeterminación, lo cual es correcto. Y sienten por el pueblo ucraniano lo mismo que por ellos mismos. Pero al mismo tiempo no comprenden el desajuste y no entienden por qué se les trata siempre de manera diferente. Así que, básicamente, les estamos diciendo a los palestinos: por muy pacíficamente que os resistáis a la ocupación, estáis solos. Y esto es muy, muy peligroso.

Zahra, una estudiante afgana recién graduada en Psicología, estaba hablando con sus hermanas y algunos de sus parientes cuando revisó sus mensajes en el móvil y entre ellos vio una noticia que informaba sobre la nueva prohibición indefinida de la educación universitaria para las mujeres. El pasado 21 de diciembre, el Ministerio de Educación del Gobierno talibán envió una carta a todas las universidades de Afganistán en la que prohibía el acceso de las mujeres a la educación superior. La carta, firmada por el titular de Educación, Neda Mohammad Nadeem, decía lo siguiente: “Se les informa a todos de que implementen la orden mencionada de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso”.

“Realmente, para mí no fue ninguna sorpresa”, dice Zahra a elDiario.es desde Afganistán, “lo esperaba de los talibanes”. “Son un grupo de terroristas que llegaron a Afganistán sin ninguna vía humanitaria y están forzando a la gente a hacer estas cosas por sus estúpidas creencias”. 

Zahra cuenta que esto ha sido “mucho más duro” para las chicas afganas que cualquier otra medida impuesta anteriormente. “Esta decisión está volviendo loco a todo el mundo, nadie quiere quedarse en casa mirando las paredes”. También señala que desde que se tomó la medida, se han organizado numerosas manifestaciones en el país. Sin embargo, estas fueron rápidamente reprimidas por los talibanes.

Desde la llegada de los fundamentalistas, las chicas se han tenido que enfrentar a la obligatoriedad de llevar velo en las universidades o la segregación por sexos. Zahra explica que, a pesar de graduarse el pasado mes de diciembre, antes de la prohibición, se siente “muy molesta” por las personas que todavía están en la universidad, como su hermana o sus primas. “Se suponía que se graduarían en un año”, dice. A pesar de ello, cuenta que las chicas afganas harán “todo lo posible para encontrar formas diferentes de aprender”.

“Nacimos con dolor y vivimos con dolor”

Farahat* no tuvo tanta suerte como Zahra. A ella todavía le quedaban unos pocos exámenes para graduarse de Medicina cuando se enteró de la prohibición. Cuenta a elDiario.es que eligió ser médico porque sentía la necesidad de “servir y ayudar” a su nación. Esto se debe principalmente a que Afganistán es uno de los países más necesitados de ayuda humanitaria en estos días, debido a la crisis crónica y compleja que atraviesa el país. Según Médicos Sin Fronteras, la escasez de personal médico es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario afgano. 

“Somos niñas afganas, nacimos con dolor y vivimos con dolor”, dice Farahat, “pero el cierre de las puertas de las instituciones educativas ha sacudido todo nuestro ser”. “Nos rompimos y caímos en pedazos, un nuevo dolor se sumó a los anteriores. Somos víctimas del terror de la ignorancia y la incultura”, afirma.

Farahat cuenta que estos días las estudiantes afganas viven “más desmotivadas que nunca”. “Las metas que tenía para el futuro me parecen lejanas”. Sin embargo, ella no acepta “la derrota” y asegura que luchará por su “futuro” y por su país. “Nunca dejaré de intentarlo, aunque todo el universo se dé la mano e intente destruirme”, añade.

“Una sociedad analfabeta”

Cuando los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021 prometieron que iban a tener una forma distinta de funcionar a la de hace 20 años, cuando ya gobernaron el país. No ha sido así. La medida de prohibir el acceso a las mujeres a la universidad se suma a la suspensión indefinida del acceso a la educación secundaria para las niñas, impuesta por los talibanes en septiembre de 2021. Esta medida ya limitaba el acceso de las niñas afganas a sus estudios superiores. Hace semanas también impusieron un veto a las mujeres para trabajar en ONG.

Mahjuba, una profesora y activista política de 30 años, cuenta a este medio que se vio obligada a dejar las aulas el pasado mes de agosto. “Los talibanes me arrestaron durante unas protestas”. “Dejé mi trabajo después de escuchar una advertencia de la inteligencia talibán sobre mi seguridad”, relata.

Según Mahjuba, las mujeres en Afganistán han estado forzadas a numerosas restricciones desde que los talibanes subieron al poder. “Nos enfrentamos a un futuro desconocido, hemos perdido todas nuestras esperanzas”. A pesar de ello, recalca que no pararán de luchar. “Cuando una mujer es analfabeta, una familia es analfabeta. Cuando una familia es analfabeta, una sociedad es analfabeta. Al fin y al cabo, las mujeres son la mitad de la sociedad afgana”, dice la profesora. Con estas prohibiciones “los talibanes están borrando nuestra identidad”.

La medida provocó rápidamente el rechazo internacional. Ramiz Alakbarov, representante especial adjunto del secretario general de la ONU para Afganistán, dijo estar “profundamente preocupado” por la orden. “La educación es un derecho humano fundamental. Una puerta cerrada a la educación de las mujeres es una puerta cerrada al futuro de Afganistán”.

*Se le ha cambiado el nombre para preservar su seguridad.

La decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres trabajar en ONG humanitarias en Afganistán ha encendido las alarmas: grandes organizaciones internacionales se han visto forzadas a suspender su actividad en un país azotado por el hambre y la pobreza porque no pueden llegar a millones de personas sin su personal femenino. Exigen que la medida, un nuevo paso contra los derechos de las mujeres en el país, sea revocada de inmediato, o de lo contrario, alertan, puede costar vidas.

Las mujeres son claves en todos los ámbitos de la labor humanitaria en Afganistán debido, entre otras cosas, a que tienen acceso a poblaciones a las que sus compañeros hombres no llegan. Son maestras, expertas en nutrición, jefas de equipo, sanitarias, vacunadoras, enfermeras, médicas y responsables de organizaciones. Las ONG humanitarias prestan servicios vitales, como alimentos, agua, cobijo y atención sanitaria, y algunos programas, como la atención prenatal, postnatal e infantil, solo los llevan a cabo ellas.

“Salvan vidas. Su experiencia profesional es indispensable”, dice un comunicado firmado por varios responsables de agencias de la ONU y ONG. “Prohibir a las mujeres el trabajo humanitario tiene consecuencias inmediatas que ponen en peligro la vida de todos los afganos”, continua. Más de 28 millones de personas necesitan ayuda para sobrevivir mientras el país se enfrenta al riesgo de hambruna, el declive económico, la pobreza y un invierno difícil, según sus cifras.

Varias ONG anunciaron a principios de semana la suspensión sus actividades en Afganistán después de que el Ministerio de Economía talibán ordenara a todas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, suspender los contratos de trabajo de las trabajadoras humanitarias hasta nuevo aviso, alegando un supuesto incumplimiento de la vestimenta. El Organismo Coordinador de Agencias para la Ayuda Afgana (ACBAR), formado por un centenar de organizaciones afganas y 83 internacionales, ha dicho que muchos de sus miembros han detenido o reducido sus actividades.

Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021, la labor de las trabajadoras humanitarias no ha sido sencilla, debido a que las autoridades han ido imponiendo diferentes medidas que limitaban su libertad de trabajo, recuerda en una conversación con elDiario.es Arantxa Oses, responsable de ayuda humanitaria de Save The Children, una de las organizaciones que ha suspendido sus programas.

Entre ellas, cita la exigencia de ir acompañadas con un hombre de su familia cuando hacían desplazamientos largos, o llevar “las vestimentas adecuadas”. A pesar de estas limitaciones, Oses recalca que las trabajadoras siempre han contado con “un compromiso muy fuerte con su trabajo y con lo que hacen”.

Oses explica que la actual medida reduce la capacidad operativa de su organización a la mitad, ya que la mayoría del personal son mujeres, lo que dificulta y limita el trabajo de la ONG y otras entidades en el país. De los 55.249 ciudadanos afganos que trabajan para ACBAR, el 28% son mujeres, muchas de las cuales brindan apoyo a mujeres y niñas.

Actualmente, las necesidades humanitarias en el país son inmensas. Según indica la responsable de Save The Children, más de seis millones de personas se encuentran en riesgo de hambruna “debido principalmente a la crisis económica derivada por las sanciones internacionales, el aumento de los precios por la guerra de Ucrania y los efectos de la sequía”.

Algunos programas en los que el tiempo es un factor crítico ya han tenido que interrumpirse temporalmente por falta de personal femenino, ha alertado Naciones Unidas, que subraya las limitaciones a las que se enfrenta ahora el sector humanitario: “Nos esforzaremos por continuar con las actividades vitales y urgentes, a menos que nos lo impidan, mientras evaluamos mejor el alcance, los parámetros y las consecuencias de esta directiva (...). Pero prevemos que muchas actividades tendrán que interrumpirse, ya que no podemos prestar asistencia humanitaria basada en principios sin mujeres cooperantes”.

“Tienen el corazón roto”

Muchas ONG son socias de la ONU y cuentan con mujeres en puestos directivos. Desde Kabul, Ashunta Charles, directora de la organización World Vision en Afganistán, explica a este medio que la nueva medida “ha supuesto un shock” para todo el mundo. “[Los talibanes] Dijeron que iban a tener una forma diferente de funcionar” distinta a la de “hace 20 años”, dice. “Había muchas expectativas de que habría cambios, y de que las mujeres iban ser vistas como las que contribuyen al desarrollo”, cuenta.

Por razones culturales, las entidades humanitarias no pueden llegar a mujeres “a nivel comunitario sin personal femenino dentro de la organización”, asegura, lo que hace que su presencia sea crucial.

Charles lleva trabajando como cooperante en el país desde hace nueve años, y cuenta que, como mujer, “es bastante difícil vivir” en Afganistán. Sin embargo, explica que la situación es “realmente dura en el país” y se quedará debido al compromiso con su trabajo.

La situación es muy estresante, señala la responsable de World Vision, sobre todo para las trabajadoras locales, quienes se sienten “frustradas por no saber qué va a pasar con su futuro”, ya que muchas de ellas son “el único soporte económico de la familia”. “Si pierden el trabajo, sus familias se quedarán sin nada. Tienen el corazón roto”, expresa.

Aunque la prohibición de las trabajadoras no afecta, a priori, a las agencias humanitarias de Naciones Unidas en Afganistán, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha denunciado que la medida atenta contra los derechos de las mujeres y las niñas: “Ningún país puede desarrollarse –de hecho, sobrevivir– social y económicamente con la mitad de su población excluida”.

Según advirtió, esta última directiva traerá “terribles consecuencias” tanto para las mujeres como para el pueblo afgano. “Prohibir a las mujeres trabajar en las ONG las privará a ellas y a sus familias de sus ingresos y de su derecho a contribuir positivamente al desarrollo de su país y al bienestar de sus conciudadanos”, indica.

“Los intentos de las autoridades de facto de relegarlas al silencio y la invisibilidad no tendrán éxito: solo perjudicarán a todos los afganos, agravarán su sufrimiento e impedirán el desarrollo del país. Tales políticas no pueden justificarse de ninguna manera”, dijo Türk.

Numerosos países han pedido el fin del veto y lo han rechazado contundentemente. La medida se suma a la prohibición del acceso a la enseñanza universitaria a las mujeres afganas, dictada por el Ministerio de Educación talibán la semana pasada, alegando también al incumplimiento del código de vestimenta, entre otras supuestas violaciones de la ley.

Una decisión “muy difícil”

La encargada de ayuda humanitaria de Save The Children asegura que la decisión de suspender las actividades de las ONG ha sido “muy difícil” de tomar, y que tendrá un impacto “muy amplio”: “Prácticamente nosotros le prestamos servicios de nutrición a niños y niñas de corta edad, cuya situación, si no son atendidos a tiempo, puede deteriorarse y pueden llegar a fallecer”. 

Este jueves, durante una rueda de prensa conjunta con varias ONG, Adam Combs, director regional para Asia y América Latina del Consejo Noruego para los Refugiados, ha dicho que esta decisión no se trata “ni de una elección, ni de una decisión política”. “Simplemente no podemos hacer nuestro trabajo si no contamos con nuestro personal femenino, ya que las trabajadoras humanitarias tienen acceso a sitios donde los hombres no pueden llegar”, sostiene.

Según informan medios como The Guardian, mientras que las grandes organizaciones suspenden casi todo su trabajo, continúan las conversaciones para persuadir a los talibanes de rescindir o aclarar su decisión.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, los jefes de las agencias y varios grupos de ayuda dicen en su declaración conjunta que la “participación de las mujeres en la entrega de ayuda no es negociable y debe continuar”, y piden a las autoridades que reconsideren y revoquen esta directiva.

El año 2022 deja una cifra récord de de 533 periodistas encarcelados en todo el mundo, un 13,4% más que el año anterior; mientras que el número de profesionales de la prensa asesinados se situó en 57, 11 más que en 2021 –casi la mitad de ellos en América Latina–, según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El 25% de todos los periodistas encarcelados fueron encerrados en el último año.

Edith R. Cachera, vicepresidenta de RSF, señala a elDiario.es que el incremento del número de detenidos se debe a una expansión de los “regímenes autoritarios”. “Los duros se han vueltos más duros”, y además “se están extendiendo”. La vicepresidenta agrega que “estos regímenes ya no necesitan matar, les sirve con encarcelar y silenciar”.

El informe de RSF destaca que la mayoría de los periodistas encarcelados no han sido condenados. El 63% (339) de todos los periodistas presos no han tenido un juicio. Otro punto a destacar es que el número de mujeres periodistas encarceladas ha aumentado un 27,9% en el último año. 78 trabajadoras de la información se encuentran actualmente entre rejas, y representan un 14,6% del total, cuando hace cinco años no llegaban al 7%.

Solo cinco países concentran el 54% de los encarcelados: China, Birmania, Irán, Vietnam y Bielorrusia. El país con más periodistas encarcelados sigue siendo China, con 110 en prisión. Entre ellos se encuentra Huang Xueqin, quien lleva un año en prisión y sin juicio después de cubrir temas relacionados con el acoso sexual a mujeres y niñas y sobre la contaminación industrial. A China le sigue Birmania, con 62 periodistas detenidos. “El ejercicio del periodismo en Birmania está proscrito” tras el golpe militar de febrero de 2021.

Irán se ha convertido “en la tercera mayor cárcel de periodistas del mundo” con 47 periodistas detenidos. La situación en el país se ha visto agravada tras el estallido de las protestas contra el Gobierno ultraconservador tras la muerte de Mahsa Amini. Entre los primeros periodistas detenidos se encuentran Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi, quienes se enfrentan a la pena de muerte después de denunciar la muerte de la mujer kurda de 22 años.

El periodista español Pablo González, detenido en febrero en Polonia al inicio del conflicto en Ucrania, no se incluye en el recuento de RSF. Según Cachera, esto se debe a la metodología que utiliza la organización a la hora de contabilizar las detenciones. La vicepresidenta dice que las autoridades polacas no explican si han encerrado a González por ser periodista. “No lo podemos contar”. Sin embargo, desde la organización piden su “inmediata liberación” y defienden “su presunción de inocencia”.

Incremento de los periodistas asesinados

El número de periodistas asesinados también ha aumentado este último año. 57 periodistas han sido asesinados, un aumento del 18,8% en comparación con el año anterior. Esta cifra rompe dos años de cifras históricamente bajas en asesinatos de periodistas.

La guerra en Ucrania explica en parte esta subida. Durante los primeros seis meses del conflicto, ocho profesionales de la información fueron asesinados. Entre ellos se encuentra el fotorreportero ucraniano Maks Levin, ejecutado en marzo por soldados rusos, y el periodista francés, Frédéric Leclerc-Imhoff, muerto tras el impacto de un obús.

Sin embargo, el 65% de los periodistas fueron asesinados en países considerados de paz. La región de América Latina es la más peligrosa para ejercer la profesión, pues cerca de la mitad de los asesinatos, un 47,4%, se han producido allí. Por sí solo, México ha registrado 11 periodistas asesinados en este último año, un 20% del total. En los últimos 10 años, al menos 80 periodistas han sido asesinados en el país latinoamericano.

Según Cachera, el perfil de periodista asesinado en México es “un periodista local, que trabaja en páginas modestas y que se dedica a denunciar la corrupción, el narcotráfico... en el país”. Además, considera que el Gobierno debería de “intervenir” en la mejora del sistema de protección para periodistas.

Algunos de los periodistas han sido asesinados incluso dentro de este sistema de protección, como fue el caso de Lourdes Maldonado López, ejecutada por una bala frente a su domicilio en el estado de Baja California a principios de año. 

Entre los periodistas asesinados destaca la muerte de la reportera de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, quien murió de un disparo mientras cubría una incursión israelí en el campo de refugiados de Yenín. Según el informe de RSF, “numerosas investigaciones independientes han concluido que el ejército israelí apuntó de forma deliberada a la periodista, quien estaba claramente identificada como tal. Ningún responsable ha respondido por ello”. 

Periodistas secuestrados

Según el informe de RSF, 65 periodistas y trabajadores de medios se encuentran secuestrados actualmente. Entre ellos destaca el periodista francés, Oliver Dubois, tras más de 20 meses secuestrado en el Sahel en manos del Grupo Apoyo al Islam y los Musulmanes, afiliado a Al Qaeda.

RSF indica que el número de periodistas cautivos es invariable respecto al año pasado, pues algunas liberaciones en Yemen se compensan con otros casos. Tres países en Oriente Medio -Siria, Irak y Yemen- concentran todos los rehenes, exceptuando el caso del periodista francés.

Jasmin Ramsey es la subdirectora del Centro para los Derechos Humanos en Irán, un grupo de periodistas, académicos y especialistas en derechos humanos con sede en Nueva York. Antes de eso, trabajó como periodista en Washington para Inter Press Service (IPS), una agencia internacional de noticias, donde fue jefa adjunta hasta 2016. Entonces cofundó Lobe Log, el primer blog galardonado con el Premio Arthur Ross a la Información y Análisis Distinguidos de Asuntos Exteriores de la Academia Americana de Diplomacia y que estaba especializado en las relaciones entre Irán y Estados Unidos en los años de la Administración Obama.

Ramsey ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, y las ejecuciones estos días en el país.

Hemos visto otras protestas en Irán en los últimos años, pero estas parecen diferentes, ¿por qué?

Se trata del mayor desafío a la República Islámica desde 2009, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles. Lo que hace que esta vez sea diferente es la unidad entre las diferentes religiones, etnias y clases socioeconómicas del país. Esto realmente es una expresión de rabia e ira contra una crisis de impunidad que campa a sus anchas en el Gobierno iraní. En todo el país, no importa si se trata de pueblos pequeños o de ciudades, los ciudadanos de clase trabajadora o acomodada corean consignas contra el Estado y exigen un verdadero desmantelamiento de la República Islámica. Están diciendo que ya no quieren una dictadura. Piden la muerte del dictador, el fin del régimen dictatorial. Mientras que en 2009 las protestas eran mucho más sobre algo específico en el sistema político, que fue la elección presidencial impugnada, ahora son por el sistema en su conjunto con el que la gente está muy descontenta.

Una de las cosas que llamaba especialmente la atención al principio de las protestas era que estaban lideradas por mujeres y jóvenes, ¿esto continúa siendo así?

Sin duda, las mujeres están al frente de las protestas y hemos podido ver mujeres de todas las edades, pero sobre todo a mujeres jóvenes. Al principio, se veían sobre todo a mujeres universitarias y adultas jóvenes, pero después se han empezado a sumar también estudiantes de secundaria. Sin embargo, esto no ha sido solo de las mujeres. Los hombres están ahí. Están al lado de las mujeres y corean todos juntos contra la represión del Estado.

Después de tres meses de protestas, ¿las manifestaciones están perdiendo fuerza?

Es importante saber que al principio eran más numerosas, pero eso se debía a que al principio no se había detenido a más de 18.000 personas. Creo que es más importante pensar que en realidad es bastante sorprendente que la gente esté siquiera protestando, teniendo en cuenta cuántas personas han sido tiroteadas en las calles y cuántas han sido detenidas. Y ahora están empezando a ejecutar gente. Sin embargo, siguen protestando, incluso por la noche y por la mañana después de la ejecución del primer manifestante conocido.  

La violencia ha sido protagonista en la mayoría de estas movilizaciones, ¿por qué?

La razón por la que la República Islámica utiliza tanta violencia y otros métodos de represión violenta es porque no permite ninguna crítica. No permite ninguna oposición. No hay debate libre. No hay libertad de expresión. Así que la violencia es una herramienta más para ellos. Hace tres meses, esta joven [Mahsa Amini] murió bajo custodia del Estado. No hicieron responsable ni a una sola persona. En su lugar, envían a los militares a las calles para aplastar las protestas e incluso matan a niños. Creen que pueden limitarse a matar y encarcelar a todo el mundo, pero están fracasando.

¿Hemos visto este nivel de represión en otras movilizaciones pasadas?

Sí, utilizaron la violencia en el pasado. En 2017 y 2019 hubo protestas masivas en todo el país y las reprimieron muy violentamente y mucho más rápido. Se cree que mataron a mucha más gente en un corto período de tiempo.

La cuestión es que hacen esto y las protestas se repiten, y disparan y matan a más gente. Están utilizando una táctica que no funciona y lo saben. Pero como no permiten la oposición política ni el debate libre, no saben qué más hacer.

¿Cuál es la situación del Gobierno iraní tras las protestas? ¿Pueden ponerlo en peligro?

Conozco a mucha gente que quiere una respuesta rápida a esa pregunta. Durante décadas, el Gobierno ha estado trabajando para acabar con la oposición y las amenazas a su poder. Así que va a llevar tiempo. El propio Gobierno dice ahora mismo que sigue estable y que está bien. Pero cuando ves lo que está pasando en las calles y piensas que cortan Internet todo el tiempo porque tienen miedo de que la gente comparta esta información, te das cuenta de que no es estable en absoluto, está temblando y no tiene otros medios para arreglarlo. 

La semana pasada, el fiscal general de Irán aseguraba que la policía de la moral había sido suprimida, ¿se puede considerar este acto una pequeña victoria para las protestas?

No. No hay ni una sola confirmación dentro del Gobierno de que eso haya sucedido. E incluso si se disolviera la policía de la moral, la ley que obliga a las mujeres a llevar el hiyab sigue vigente. También es importante señalar que realmente no hemos visto a la policía de la moral en las calles desde octubre. Se podría decir que el pueblo iraní ya ha disuelto la policía de la moral. Al mismo tiempo, el mes pasado, funcionarios iraníes dijeron que iban a usar una tecnología de reconocimiento facial, es decir, cámaras para ver los rostros de las mujeres e identificarlas de esa manera en lugar de enviar a personas físicas a las calles para hacerlo. Así que en realidad no es una declaración, es una distracción.

Pero también se está revisando la ley que obliga a las mujeres a llevar velo, ¿cree que cambiará algo?

Sería muy sorprendente que las leyes cambiaran. El Gobierno iraní nunca ha hecho concesiones a los manifestantes. Pero tenemos que esperar y ver. Quiero decir, de nuevo, que no hay ninguna confirmación. Y de hecho hubo funcionarios del Gobierno que dijeron que el hiyab se va a quedar. 

El hiyab se convirtió en una herramienta de represión política cuando se produjo la revolución en 1979. Es un pilar de la revolución. Se produce la revolución y todas las mujeres se ven obligadas a llevar hiyab. Se podría decir que si de repente les quitan el velo, entonces están admitiendo que la revolución ha fracasado. Y creo que por eso es muy difícil para este Gobierno tomar esa decisión.

Desde el comienzo de las manifestaciones, el Gobierno iraní impuso fuertes restricciones a Internet en un posible intento de acallar las protestas, ¿qué efecto ha tenido?

Las interrupciones de Internet son constantes. La forma en que ha impactado es que hace [las movilizaciones] más lentas. Es un proceso más lento para que la gente envíe vídeos a las agencias de noticias o a las organizaciones de derechos humanos, pero sólo lo hace más lento. No lo detiene. 

En parte, porque la economía también depende de Internet. Así que cada vez que cierran Internet, en realidad están perjudicando su propia economía. No pueden dejarlo apagado todo el tiempo. No es una táctica muy eficaz, y creo que se están haciendo más daño a sí mismos que a los manifestantes apagando Internet, porque las empresas también están muy frustradas con la forma en que está actuando el gobierno. 

En el transcurso de estos meses, en los que las protestas han estado activas, hemos visto a numerosas figuras públicas iraníes apoyar las protestas fuera del país -desde deportistas hasta actores-, ¿por qué es tan importante dar voz a estas manifestaciones en el exterior?

Muchos iraníes abandonaron el país después de la revolución. La mayoría de estas personas son profesionales educados, intelectuales, disidentes, escritores, médicos, abogados... Y muchos de ellos tienen a su familia dentro del país.

Yo soy iraní y cada vez que veo que hacen daño a alguien allí, se me parte el corazón por ellos. Así que existe una unidad dentro del país, entre las provincias, entre las clases sociales y económicas, pero también una unidad fuera del país. Por ello, todos los iraníes intentan apoyarse mutuamente en este levantamiento tan difícil contra este Gobierno represivo.

Este domingo arranca el Mundial de fútbol de Qatar, el primero en celebrarse en un país árabe y el segundo del continente asiático. El evento deportivo ha estado rodeado de polémica desde su concepción por la explotación laboral, la muerte de trabajadores durante la construcción de las instalaciones y las restricciones contra las personas LGTBI, entre otras.

Según el Comité Supremo de Qatar, “todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando respete nuestra cultura”. Conscientes del carácter conservador del país, varios países –como Reino Unido– han elaborado guías de conducta para los aficionados y jugadores que vayan a ver el mundial y evitar que sus ciudadanos tengan problemas con las autoridades locales. 

Alcohol y drogas

No se podrá beber alcohol en público y no está permitido llevar botellas al país. Sin embargo, el Gobierno de Qatar ha habilitado algunas zonas donde está permitido el consumo de bebidas alcohólicas. Se podrá consumir en estas zonas siempre y cuando la persona sea mayor de 21 años y a partir de las seis y media de la tarde. Además, aquellas personas que tengan entradas podrán comprar alcohol cerca de los estadios tres horas antes de la apertura de puertas y una hora después del final del partido. 

El Gobierno también ha informado que contará con “áreas de recuperación” para los hinchas que se hayan emborrachado. “Son sitios para asegurar que están seguros y que no son peligrosos para el resto”, ha señalado el director del evento, Nasser Al Khater.

Qatar tiene una política de “tolerancia cero” contra las drogas. Las sanciones por tenencia, uso o tráfico de drogas pueden llevar a la deportación, elevadas multas y penas de cárcel.

Código de vestimenta

Los aficionados o jugadores, tanto hombres como mujeres, deberán vestir de forma que se considera “recatada”. “Generalmente la gente puede llevar la ropa que quiera. Los hombros y las rodillas deben estar cubiertos para visitar lugares públicos como museos y otros edificios gubernamentales. La ropa de baño se usa normalmente en las playas y piscinas de los hoteles”, dice la página web oficial del torneo. En caso de que alguien se salte esta norma se le puede denegar la entrada. “Los visitantes pueden llevar la ropa tradicional catarí si lo desean”, dice la web.

LGTBI y relaciones fuera del matrimonio

Las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas en Qatar. Khalid Salman, embajador para el Mundial, ha señalado recientemente que la homosexualidad es “un daño en la mente”.

La ONG Human Rights Watch ha denunciado el uso gubernamental de las llamadas terapias de reconversión y la detención de homosexuales.

Sin embargo, Qatar aseguró en 2020 que todos los visitantes eran bienvenidos y que los aficionados podrían ondear la bandera LGTBI durante los partidos. Los capitanes de ocho equipos de fútbol europeos llevarán brazaletes con la bandera LGTBI para reivindicar la situación del colectivo y las autoridades del país no han puesto impedimentos a estas acciones. El equipo olímpico masculino de Estados Unidos ha incorporado la bandera arcoíris a su escudo.

“Qatar es un país relativamente conservador, pero extremadamente hospitalario. Todo el mundo será bienvenido independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual o nacionalidad”, asegura la guía del Mundial elaborada para los aficionados.

La convivencia y las relaciones sexuales entre parejas fuera del matrimonio está prohibida, independientemente de si son personas del mismo sexo. Las leyes contemplan incluso penas de prisión si de esa relación fuera del matrimonio nace un hijo. Las recomendaciones de viaje de Reino Unido señalan incluso que los médicos pueden pedir prueba del matrimonio en las revisiones prenatales.

Las muestras públicas de afecto

“Las muestras públicas de afecto no son parte de la cultura local” y “están mal vistas”, dice la organización. La página oficial de turismo subraya que las muestras públicas de intimidad “están prohibidas”.

El Ministerio de Exteriores de España aconseja “ser especialmente respetuoso con las costumbres y tradiciones locales, en especial, las muestras públicas de afecto, incluso entre familiares”. “El Estado de Qatar no reconoce a las parejas de hecho y considera el adulterio como un delito. Igualmente, la legislación de Qatar establece que la homosexualidad es delito”, dice el Ministerio entre sus recomendaciones de viaje.

Fotografías y vídeos

Está prohibido tomar fotografías sin permiso, desde la FIFA se recomienda pedir permiso “antes de grabar o tomar fotografías a los miembros del público”. 

Gideon Rachman, periodista del Financial Times especializado en política internacional, trabajó como corresponsal durante 15 años en Bruselas, Washington y Bangkok. En 2016, fue galardonado con el premio Orwell de periodismo, y ese mismo año fue nombrado como el comentarista del año en los premios European Press Prize. A lo largo de estos años, ha seguido de cerca el ascenso de nuevos líderes autoritarios que centran su último libro.

La era de los líderes autoritarios, recién publicado en español, analiza las características de los llamados “hombres fuertes” y las causas de su poder. Rachman presentó el libro en Madrid, donde le entrevistó elDiario.es antes de la dimisión de la primera ministra británica, Liz Truss.

En los últimos años hemos visto el crecimiento de estas figuras a las que usted llama “hombres fuertes”, ¿por qué?

Creo que por muchos motivos. El primero es que ha habido un resurgimiento global del nacionalismo. Hubo un periodo en el que parecía que la globalización era una especie de fuerza imparable, que la mayoría de los líderes se adaptarían a ella y que la retórica nacionalista había desaparecido. Sin embargo, Putin cambió eso.

Una de las características principales de estos hombres fuertes es que son nacionalistas radicales, ya sea Trump con su “American First” o Xi Jinping con el rejuvenecimiento de la población china. Descubrieron que la idea de la nación sigue siendo una idea muy poderosa.

La crisis en Occidente también ayudó a generar las condiciones para que muchas personas buscaran una figura como la de Trump. En general, para que estos hombres fuertes lleguen al poder necesitan la idea de que existe una crisis porque eso es lo que justifica que puedan decir: “Me tenéis que dar todo el poder a mí, no necesitáis un sistema de contrapesos”. Además, estas crisis pueden ser de distintas formas, a veces es una crisis nacional, una amenaza migratoria o una amenaza de naciones externas.

Cuando se dan unos líderes como Putin o como Trump al final consiguen cambiar el ambiente político, y generan un estilo político que otros empiezan a imitar. Por ejemplo, ese es el caso de Bolsonaro en Brasil: su figura se hizo más posible después de que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos siendo la línea de esa retórica de “hay una crisis y me necesitas a mí”.

¿Qué tienen en común estos líderes?

Creo que el punto más fuerte en común de estos líderes es el culto a la personalidad. Todos los “hombres fuertes” dicen que debido a que existe una crisis son las únicas personas que pueden ayudar a la gente porque tienen cualidades únicas. En su discurso de 2016, Donald Trump hablaba de la supuesta crisis de Estados Unidos y luego decía “solo yo puedo arreglarlo”. Eso es más o menos lo que hacen todos.

Después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, miembros del equipo de la Duma de Putin decían “sin Putin, no existiría Rusia”. Esa es la identificación del líder con el Estado, y una vez que has dicho que el líder tiene esas cualidades de liderazgo únicas e irrepetibles, es entonces cuando eso nos lleva a una conclusión antidemocrática. Para sus seguidores es demasiado peligroso dejarle ir, ya que este líder es el único que tiene esas cualidades, por eso estos hombres fuertes necesitan ese culto a la personalidad.

Comienza el libro diciendo que una de las características principales de los líderes autoritarios es que la mayoría son hombres: Putin, Trump, Erdogan… ¿La reciente ganadora de las elecciones en Italia, Giorgia Meloni, encaja en esta categoría?

Creo que todavía es demasiado pronto para responder a esa pregunta, claramente Meloni tiene algunas características en común con ellos. Desde luego se la puede calificar como una política de extrema derecha, solo hay que ver con quien se sienta en el Parlamento, y su admiración por Orbán.

Es cierto que la parte masculina del hombre fuerte no la puede aplicar, por ejemplo eso que hacen Putin, Erdogan o Modi de posar con el pecho al descubierto con una escopeta en la mano… Pero no sé si esto importa realmente a nivel que reduzca su atracción con sus seguidores, creo que hay ciertos hombres fuertes que tienen ese atractivo en concreto que para ella no es posible, pero una parte del programa social sí que lo comparte con ellos, como la defensa de la familia tradicional y el ataque contra de los derechos LGTBI+ y la inmigración.

Luego, también está la cuestión de si ella tiene los instintos antidemocráticos, y creo que si eres un admirador de Orbán probablemente no tengas nada que objetar a ningún líder que suponga un retroceso en la democracia. Sin embargo, creo que la situación política en la que se encuentra hace que sea más difícil para ella moverse rápido para convertirse en una líder autoritaria porque está dentro de una coalición. Además, suele haber un cambio bastante frecuente de primeros ministros en Italia y necesitas un periodo de tiempo para poder enraizarte como líder autócrata.

¿La crisis del precio y la escasez de gas por la guerra en Ucrania puede llevar al auge y surgimiento de nuevos líderes autoritarios?

Podría ser. La crisis en Ucrania funciona en ambos sentidos, porque curiosamente algunos de los que podían llegar a ser “hombres fuertes” en Europa eran admiradores de Putin de manera explícita - Salvini en Italia u Orbán en Hungría -, y ahora les es más difícil decir que Rusia es el modelo a seguir. Marine Le Pen, por ejemplo, estaba bastante avergonzada y dijo que nunca le había caído bien ese hombre. Así que en ese sentido, el estilo del “hombre fuerte” se ha llevado un golpe en la Unión Europea. 

Pero tienes razón que si entramos en esta crisis económica, que Putin está forzando, entonces en cierto punto va a ser mucho más fácil decir que el votante piense “el que está en el poder ha fracasado, yo no tengo trabajo, no me puedo permitir esta casa”, y hay alguien ahí fuera que va a venir a resolverme los problemas.

¿Cómo ha afectado a la UE la salida de Merkel del panorama internacional? 

Bueno creo que todavía estamos viéndolo, pero claramente ella tuvo una autoridad única. Primero, ella ha sido la líder más veterana. Segundo, gobernaba Alemania, que es la economía más poderosa de la UE. Y, en tercer lugar, durante un tiempo ella se convirtió en un símbolo de lo opuesto del hombre fuerte.

Pero creo que, cuando se marchó, algunas personas dijeron “esto no hubiera pasado si hubiera estado Merkel, se ha aprovechado de la situación”. Sin embargo, ahora, hay una revaluación del legado de la excanciller porque dejó a Alemania en una situación muy vulnerable, debido a su dependencia del gas ruso.

Por otro lado, en cuanto al equilibrio de poder en la UE estamos en una situación un poco inusual en la que Alemania se ve debilitada como líder. En parte por la guerra de Ucrania, en parte porque tienen a un nuevo líder con un perfil más tranquilo y que no es un líder natural de Europa. 

También es cierto que el giro hacia los países del Este, que son los más radicales respecto a Ucrania, se están sintiendo bastante sentando las bases del debate sobre la guerra. Mientras que Alemania está un poco a la defensiva. Es por eso por lo que el liderazgo alemán ahora mismo no es lo que era, pero creo que a largo plazo volverá, simplemente por el poder económico que tienen que les otorga un poder de manera natural.

Aunque las tropas rusas y turcas se han estado matando hace poco, la retórica antiamericana y anti-griega del presidente turco no la utiliza con Rusia

¿Qué ocurre ahora con el liderazgo francés?

Creo que esto ha sido un buen momento para Emmanuel Macron, quien fue duramente criticado por haber intentado restablecer las relaciones con Rusia en 2019. Pero, incluso con eso, es uno de los únicos líderes europeos con experiencia, porque lleva bastantes años en el mando; con el prestigio de haber ganado recientemente unas elecciones; y con bastantes ideas para la nueva Comunidad Política Europea.

Hablábamos de Meloni antes, creo que Macron se ha visto fortalecido por el hecho de que cuando Draghi estuvo en el poder había un vínculo natural entre Italia y Francia. Ahora que hay un gobierno italiano que es más antagonista con Francia creo que puede perder un poco de tracción en la UE.

También hemos visto cómo Macron ha ido perdiendo el papel de moderador entre Rusia y Ucrania, y lo ganaba Erdogan, ¿qué opina de su nueva figura como mediador entre ambos países?

Creo que no hay duda que la guerra ha aumentado el poder internacional de Erdogan, y que ha sido de una forma curiosa porque precisamente Turquía no se unió a las sanciones que estaba poniendo la UE a Rusia. Esto le coloca en un papel que puede hacer de intermediario. 

También se debe a que Turquía se encuentra geográficamente al lado del conflicto. El Mar Negro es tremendamente importante en estos momentos. Así que para poder llegar al acuerdo con el grano los países en guerra tenían que hablarlo con Turquía.

Por otro lado, Erdogan tiene una relación compleja con Putin, pero que en cierto modo también es bastante cercana. Aunque las tropas rusas y turcas se han estado matando hace poco, la retórica antiamericana y anti-griega del presidente turco - hasta donde yo sé - no la utiliza con Rusia. Por eso creo que él mantiene los lazos abiertos hacia Rusia, y aunque esto puede preocupar a algunos europeos y haga que no se fíen de él, a lo mejor también puede ser algo bastante útil.

Usted se refiere a Erdogan en su libro como un híbrido entre la democracia y el autoritarismo, ¿Por qué? 

Bueno, él se va a enfrentar a unas elecciones el año que viene, y puede que las pierda, y si las pierde puede que tenga que ceder el poder. Toda la oposición turca piensa que si ellos ganan, él estará fuera. No creo que tengan razón. Es posible que él encuentre la manera de declarar un Estado de Emergencia o algo así. 

Sin embargo, formalmente hablando Turquía sigue siendo una democracia electoral. Aunque no creo que tenga una prensa o unos tribunales libres. Por ejemplo, un amigo mío lleva 18 años encarcelado en Turquía, y él era el director de la Open Society del país, una persona normal que no hacía mal a nadie, pero lo encarcelaron. 

En parte, creo que fue porque su proyecto fue fundado por George Soros, alguien con quien el presidente turco está bastante obsesionado, y luego porque Erdogan después del intento de golpe de estado no paraba de ver conspiraciones. Acabó arrestando a muchos liberales turcos. Desde luego no es una democracia ni remotamente perfecta.

¿Cómo ha afectado a las políticas y al electorado de “los hombres fuertes” la pandemia de 2020?

Boris Johnson consiguió darle la vuelta porque el Reino Unido consiguió desarrollar la vacuna contra la COVID-19 un poco antes que la UE. Él cayó por otros motivos.

Sin embargo, Trump y Bolsonaro vieron su imagen muy dañada por la gestión de la pandemia en sus países. A lo mejor, Trump hubiera ganado las elecciones si no hubiera sido por la pandemia.

Sin embargo, el ejemplo más interesante es el de Xi Jinping y su decisión de continuar con los confinamientos. También en Occidente tuvimos muchos libertarios diciendo que era “siniestro” el hecho de que el Gobierno te pueda decir que no te puedes mover de tu casa. Creo que la mayoría de la gente aceptó sin más un mal necesario, pero en China se puede ver la implicación de las libertades civiles, con esos confinamientos tan prolongados. El Gobierno chino ha utilizado la pandemia para generar una gran extensión de cibervigilancia a sus ciudadanos que parece no tener fin en manos de alguien que no tiene respeto por las libertades civiles. 

Trump les ha proporcionado el guion a todos estos líderes, y creo que Bolsonaro, más que cualquier otro, toma a Trump como un ejemplo.

¿Si Xi logra un tercer mandato empujará a China hacia una postura política más autoritaria?

Creo que ya lo está haciendo. Yo solía viajar cada año a China, desde 2012 hasta 2020, y me noté cómo la gente se iba poniendo cada vez más nerviosa a la hora de hablar en público con periodistas occidentales.

Xi Jinping ha cambiado todo. No hay libertad de expresión, incluso en privado. Además, hay un nuevo énfasis renovado en el control de los partidos, también en el hecho de estudiar el pensamiento del actual presidente. En ese sentido, Xi Jinping es bastante maoísta. 

Por otro lado, hay un clima de verdadero miedo, porque empezaron con una campaña anticorrupción y mucha gente pensó al principio que eso era algo bueno, pero claramente se está utilizando como un medio de control político, y creo que más de un millón de personas han sido arrestadas en el país, incluidas algunas personas muy poderosas como el ex jefe de seguridad nacional. Además, luego está la situación de Hong Kong y de Xinjiang. O sea la dirección en la que se mueve Xi Jinping es muy clara y creo que va a seguir en esa trayectoria.

En Brasil, hay movimiento entre las filas de Bolsonaro para no aceptar el resultado si pierde en la segunda vuelta, ¿Trump ha fijado de algún modo un precedente?

Sí, totalmente. Trump les ha proporcionado el guion a todos estos líderes, y creo que Bolsonaro, más que cualquier otro, toma a Trump como un ejemplo. Él quería ser el Trump del trópico. Por ello adoptó el lenguaje, las acusaciones de fake news, algunas cosas de la guerra cultural y ahora está tomando prestado los argumentos que utilizó Trump durante el resultado de las elecciones. Esta segunda vuelta será una gran prueba para las instituciones brasileñas, al igual que lo fue para las estadounidenses.

En el libro también menciona que una de las características principales de estos líderes es que la justicia es su principal enemigo, ¿cómo pueden repercutir en la posible campaña de Trump sus procesos legales?

Está por verse, creo que si eres Trump es una preocupación, y sus rivales tienen la esperanza de que estos casos le impidan presentarse a las elecciones. Si ha robado documentos federales, en teoría se le prohíbe tener un trabajo en el Gobierno, lo cual incluiría la presidencia. 

Pero algunos abogados demócratas no creen que eso vaya a funcionar, porque si te presentas como candidato a la presidencia podrías defender tu caso diciendo que esto es libertad de expresión y que esto es un proceso normal democrático. Además, con estos argumentos el Tribunal Supremo le va a apoyar, en concreto este Tribunal Supremo. 

Así que en general creo que la gente ha buscado algo que baje de los cielos y que saque a Trump del proceso político, pero eso no ha ocurrido, y no creo que estos procesos legales lo consigan tampoco. Ojalá me equivoque.

Una investigación realizada por la agencia de noticias Associated Press (AP), y el programa 'Frontline' de la cadena PBS ha descubierto que el buque de carga Laodicea, propiedad de Siria, forma parte de una operación de contrabando controlada por Rusia que ha utilizado registros falsificados y subterfugios para robar grano ucraniano valorado en 530 millones de dólares (más de 534 millones de euros) y ayudar a financiar la maquinaria de guerra de Putin.

Los hechos se remontan al verano pasado, cuando el Laodicea atracó en el Líbano y varios diplomáticos ucranianos pidieron la incautación del barco a los funcionarios libaneses tras informar que este transportaba grano ucraniano robado por Rusia. Sin embargo, Moscú calificó las acusaciones de falsas, y el fiscal general del Líbano dio la razón al Kremlin y permitió la descarga de 10.000 toneladas de cebada y harina.

Para desvelar la operación, la agencia de noticias AP ha utilizado “imágenes satelitales y datos de transpondedores marinos para rastrear tres decenas de barcos que realizaban más de 50 viajes transportando grano desde las áreas ucranianas ocupadas por Rusia a puertos de Turquía, Siria, Líbano y otros países”. Los reporteros también han revisado las listas de embarque, publicaciones en redes y han entrevistado a varias personas involucradas en la operación.

La agencia señala que “el robo está siendo realizado por empresarios ricos y empresas estatales de Rusia y Siria, algunas de las cuales ya se enfrentan a sanciones en Estados Unidos y en la Unión Europea”. Expertos consultados por AP han informado que el hecho podría clasificarse como un “posible crimen de guerra” debido a que el ejército ruso ha atacado y destruido alimentos de varias instalaciones, granjas y silos controlados por Ucrania. 

Según David Crane, un fiscal veterano preguntado por la agencia de noticias estadounidense, Rusia tiene “la obligación” de cuidar de los ciudadanos y de no privarlos “de su capacidad de sustento y de alimentarse a sí mismos”, y califica el robo como “puro pillaje y saqueo, y eso también es un delito perseguible según el derecho militar internacional”.

La agencia sospecha que el Laodicea comenzó su viaje en Melitopol, una ciudad situada al sur de Ucrania y que fue tomada por los rusos en los primeros días de la guerra. El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, ha declarado a AP que “los rusos están moviendo grandes cantidades de grano de la región en tren y camión a los puertos de Rusia y Crimea”.

Sin embargo, el Kremlin ha negado estas declaraciones. A pesar de que la agencia de noticias rusa Tass informara en junio de que el grano ucraniano estaba siendo transportado a Crimea y que se esperaba enviarlo a clientes de Oriente Medio y África.

Más buques involucrados

Según AP, el buque Laodicea es uno de los tres barcos de carga a granel operados por Syriamar Shipping Ltd., una empresa coordinada por el gobierno sirio y sancionada por EEUU desde 2015 por sus vínculos con Bashar al Assad. La agencia de noticias ha realizado un seguimiento de 10 viajes realizados por los buques desde la costa ucraniana hasta los puertos de Turquía, Siria y Líbano.

Otra empresa relacionada con el contrabando es United Shipbuilding Corp., una contratista de defensa estatal rusa que construye buques de guerra, quien compró tres buques de carga, a través de Crane Marine Contractor, poco después de que Putin comenzara la guerra de Ucrania. Según AP, estos barcos “han realizado al menos 17 viajes entre Crimea y los puertos de Turquía y Siria”.

La agencia también obtuvo imágenes satelitales de otro barco llamado Mikhail Nenashev, donde se podía ver como cargaba grano en la terminal de Avlita en Crimea, para después descargar en un muelle turco propiedad de MMK Metalurji, un productor de acero. 

Al ponerse en contacto con ellos, la compañía ha informado a la agencia que “según la declaración de aduanas y la declaración escrita que nos hizo la agencia de envío, el grano había sido cargado en el puerto ruso Kavkaz”. Sin embargo, AP informa que “el calado de Nenashev es demasiado profundo para atracar en el puerto de Kavkaz”.

Ami Daniel, CEO de la empresa de análisis de datos marinos Windward, dice que “la falsificación ilegal de la documentación es una táctica utilizada por los malos actores para disfrazar el origen de los bienes que están transportando, ya sea con el propósito de evadir sanciones, tráfico de bienes ilícitos u otros delitos”

El caso de Turquía

Antes de la invasión rusa, Ucrania era una de los principales exportadores de grano del mundo. Pero tras la guerra, debido a los altos precios, los agricultores ucranianos que residen en las zonas ocupadas se han visto obligados a vender sus cosechas a empresas controladas por Rusia por la mitad de lo que se habría pagado antes de la guerra, según informa a la agencia estadounidense Fedorov, el alcalde de Melitopol. También dice que los rusos tomaban igualmente el grano si el granjero se negaba a venderlo.

La sociedad ucraniana HarvEast sostiene que los rusos habían tomado alrededor de 200.000 toneladas métricas de grano ucraniano. El CEO, Dmitry Skornyakov, dice que para robar el grano lo llevan a “Rostov y Taganrog, pequeños puertos rusos, y lo mezclan con el grano ruso para decir que eso es grano ruso”. 

Según la agencia de noticias, lo mismo ocurre en el mar. Daniel explica que las transferencias barco a barco son raras y que generalmente están vinculadas con el contrabando. “Cuando eres un país sancionado, tienes un mercado mucho más limitado”, dice a AP. “Así que si no mezclas tus cargas o si no ocultas tu origen, probablemente tengas un mercado mucho más pequeño y, por lo tanto, un precio mucho más bajo”.

La alta demanda de grano hace que sea fácil encontrar compradores, según informa a la agencia de noticias el profesor asistente y vicepresidente de educación económica de la Escuela de Economía de Kiev, Oleg Nivievskyi.

La situación de Turquía es delicada, pues el país ha tratado de desempeñar el papel de mediador entre los dos países desde el inicio de la guerra y ayudó a negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania para permitir la exportación de grano y fertilizantes a través de corredores seguros por el Mar Negro.

Sin embargo, la agencia de noticias AP y Frontline han encontrado indicios de que el propio Gobierno turco puede ser uno de los receptores de grano ucraniano. Ambos medios han rastreado viajes desde Crimea a Turquía realizados por buques de contrabando.

Las autoridades turcas se comprometieron a detener el contrabando ilegal, pero el ministro de asuntos exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo en una conferencia de prensa de junio que su país no había encontrado ninguna evidencia de robo.

Sin embargo, no paran de aparecer evidencias de que la apodada “operación contrabando” sigue en activo. La semana pasada, la agencia de noticias y Frontline volvieron a analizar imágenes de un barco ruso atracando en la terminal de grano en el puerto ucraniano ocupado de Sebastopol.

Centenares de manifestantes se han concentrado este sábado en Madrid para mostrar su solidaridad con las mujeres de Irán, que desde hace dos semanas protestan en las calles de su país por la muerte de la joven Mahsa Amini. A lo largo de la tarde, los asistentes fueron llenando la plaza de Callao con pancartas y carteles en los que se puede leer el nombre de la chica iraní de 22 años, que falleció el pasado 14 de septiembre después de ser arrestada por la Policía de la Moral de su país, acusada de no llevar bien el velo. La muerte de Amini ha desencadenado una oleada de protestas en el país, las cuales han sido recibidas con una violenta respuesta policial.

Los manifestantes fueron recibidos en su llegada con una canción iraní que recoge varios mensajes escritos por iraníes en Twitter para mostrar su apoyo a las protestas. El chico que la escribió ahora está en la cárcel. Cuando la música para de sonar, la multitud grita: “Viva Irán”. 

Arezoo, una chica iraní que lleva viviendo en España once años, se dirigió a los manifestantes: “Estamos aquí para que el mundo escuche la voz de nuestra gente, porque si el gobierno los corta la voz a ellos, nosotros seremos aquí la voz de Irán y de las mujeres iraníes que se arriesgan la vida para poner punto y final a las injusticias que vive nuestro país”. 

“Os pedimos ayuda porque vosotros tenéis influencia en vuestro propio gobierno para que deje de colaborar con nuestro Estado actual”, concluyó. Tras las palabras de Arezoo, la multitud estalló al grito de “mujer, vida, libertad” y de “pégame, mátame, ya no puedes callarme”, entre otras consignas.

Un movimiento de la gente

Poco a poco más gente se fue sumando a la manifestación. Entre ellos, varios curiosos como Carmen, una mujer de 70 años. “Reconocí el nombre y la foto, y me uní corriendo”, aseguró. “Estoy aquí porque quiero solidarizarme con la lucha de las mujeres iraníes”. Arya, un chico iraní de 35 años, explicó a elDiario.es que él estaba allí porque las mujeres están bajo mucha presión por la Policía de la Moral en Irán, y que él como hombre también lo vivió “pero las mujeres más y es algo que no es aceptable en 2022”.

Shaffy, una chica de 36 años que salió de Irán gracias a una beca estudiantil con 21 años, explicó que ella se manifestaba porque ella había vivido esas presiones, “fue el motivo por el que me fui de mi país”.

“Es importante que la gente lo sepa porque están matando gente, y no tenemos defensa”, añade Vita, una mujer de 53 años que llegó a España hace dos décadas gracias a una beca para estudiar medicina. “Esto es un movimiento que sale de la gente, no tenemos ni líder ni representamos a ningún partido político”.

Cuando pararon las consignas, volvió la música con la versión persa del “Bella Ciao”, que ha protagonizado las manifestaciones iraníes. Poco a poco, los asistentes fueron sumando su voz y sus palmas. Se podían observar los rostros de personas emocionadas y gente abrazándose mientras la música continuaba sonando.

Al finalizar la manifestación, varias personas se congregaron en un círculo para bailar al ritmo de palmas, en el centro un chico ondeaba una bandera iraní.

La concentración en Madrid formaba parte de una de las decenas de manifestaciones que se habían convocado por todo el mundo para condenar la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial y pedir por las libertades del pueblo iraní.

Una oleada de huelgas en servicios básicos ha sacudido Reino Unido de norte a sur en lo que ha sido apodado como “el verano del descontento”. La crisis del coste de vida, con una inflación del 10,1% en julio –la cifra más alta en 40 años– ha sido uno de los principales motivos que ha sacado a los trabajadores a las calles: estibadores, abogados, servicio postal, limpieza, ferrocarril, autobús, metro y telecomunicaciones. Las previsiones tampoco parecen mejorar para los próximos meses y algunos expertos prevén que el país supere el 18% de inflación a principios de 2023. 

Otros sectores votarán a partir de septiembre si deciden convocar huelgas exigiendo subidas salariales acordes con la inflación. Los enfermeros, por ejemplo, decidirán en las próximas semanas si convocan la primera huelga de la historia a nivel nacional. También hay múltiples sindicatos que han amenazado con parones si no mejoran las condiciones laborales, entre ellos, de profesores e incluso bomberos. A los bomberos se les ha ofrecido un aumento del 2%. “La última propuesta insultante viene después de 12 años de reducciones salariales”, declaró a finales de junio el secretario general del sindicato Fire Brigades Union. “Ahora los bomberos comenzarán a debatir las reacciones, incluidas huelgas”.

El sucesor de Boris Johnson, que se decidirá definitivamente el 5 de septiembre, no lo tendrá fácil. Los dos candidatos, los conservadores Liz Truss y Rishi Sunak, se han mostrado a favor de limitar el derecho a huelga e incluso prohibirlo en algunos sectores. El elegido se tendrá que enfrentar a la peor relación con los sindicatos desde los años 70, según informa Bloomberg. 

Cuando la moderadora del debate en la BBC preguntó a los dos candidatos si “prohibirían el derecho a huelga en los servicios públicos esenciales”, la respuesta de ambos fue clara y contundente: sí.

Por un lado, Sunak dijo que era una promesa del programa electoral, y que era su deber cumplirla. Mientras, Truss simplemente contestó con un “lo haré”. Días después, la candidata favorita para sustituir a Johnson prometió mantener “una línea dura respecto a la unión sindical”, y tachó las huelgas como un acto “irresponsable” frente a la crisis económica global que atraviesa el país. En otras ocasiones, Truss también habló de la necesidad de “una acción dura y decisiva para limitar la capacidad de los sindicatos para paralizar nuestra economía”.

“La clase trabajadora ha vuelto”

Tras las declaraciones de Truss, Frances O'Grady, secretaria general del Congreso de Sindicatos, declaró que “amenazar el derecho de huelga significa que los trabajadores pierden el poder de negociar mejores salarios y condiciones”, y añadió que “en lugar de disparar al azar contra los trabajadores y sus sindicatos, los candidatos deberían idear planes para que los salarios vuelvan a aumentar. Así es como se lidia con la emergencia del coste de vida”.

“Nuestro mensaje debe ser este: la clase trabajadora ha vuelto”, afirmó Mick Lynch, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT), en una entrevista con The Guardian. “Nos negamos a ser dóciles, nos negamos a ser humillados, nos negamos a esperar a los políticos y legisladores y nos negamos a seguir siendo pobres”.

El Reino Unido puede estar a las puertas de un movimiento parecido al 'invierno del descontento' de 1978. “Definitivamente va a haberlo”, dice a elDiario.es Robert Morton, delegado nacional de puertos del sindicato Unite. “Tenemos muchas crisis que solucionar: el encarecimiento de la vida, el precio de de la luz,… Mientras, todos nuestros ministros están de vacaciones, el descontento es real”.

“Algunos están recibiendo millones en bonus mientras otros no pueden pagar la electricidad, el gas y la comida”. “Estamos perdiendo nuestros salarios, pero es para encontrar una solución a largo plazo a nuestros problemas. Es un punto de inflexión en el que los trabajadores están buscando un cambio”, dijo Lynch.

Estibadores y ferrocarriles

El pasado domingo comenzó una huelga de trabajadores en el puerto inglés de Felixstowe, el más grande de Reino Unido y donde se canaliza casi la mitad del tráfico de contenedores del país. La huelga, secundada por los estibadores y en la que participan más de 2000 personas, se alargará hasta el lunes 29 de agosto. Por el momento, se ha paralizado toda la actividad del puerto del condado de Suffolk - en el sureste de Inglaterra-, y está teniendo consecuencias en el comercio del país.

El sindicato Unite, que representa a los trabajadores del puerto, rechazó el lunes una subida salarial del 7% al considerarla “significativamente por debajo” de la inflación.

Morton explica en elDiario.es que por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo y, en caso de que no se produjera, volverán “a convocar otra huelga” hasta conseguir un aumento del salario que se corresponda a la subida de los precios.

En el transporte ferroviario se han producido cinco huelgas desde junio, provocando retrasos y parones en todo el país, a los que se apuntaron el metro y los autobuses de Londres. Las manifestaciones estaban organizadas en su mayoría por el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT). El RMT es un pequeño sindicato que cuenta con 80.000 personas afiliadas y que desde principios de verano ha cobrado una gran importancia, con Lynch apareciendo frecuentemente en los medios de comunicación.

El 70% de la población apoya que los trabajadores del ferrocarril reciban un aumento salarial que tenga en cuenta el coste de la vida, según un sondeo nacional realizado por Opinium con una muestra de 2.000 personas a las que se preguntó sobre las huelgas a principios de verano. Sin embargo, los parones han provocado interrupciones continuas durante el verano.

Según un informe del Transporte de Londres, los viajes en metro en Londres se redujeron un 90% en agosto debido a las continuas huelgas. Mientras que el uso de coches, autobuses, monopatines y bicicletas ha aumentado.

Laura Longa, que vive en el municipio londinense de Clapham y trabaja como asesora de ventas en una tienda de fotografía, es una de las personas afectadas por las huelgas en el transporte. Longa dijo que antes de las huelgas ya tardaba una hora en llegar al trabajo, pero desde que empezaron, tarda otra horas más. “Cojo varios autobuses para ir a trabajar y con las huelgas todo el mundo que cogía el tren ahora va en coche o en autobús. Entonces, o los autobuses llegan muy tarde debido al tráfico o van tan llenos que ni siquiera paran en algunas paradas”. Longa dice que está 13 horas fuera de casa “y casi cuatro son de transporte de ida y vuelta”.

Por otro lado, Lucía Arrizabalaga vive en Richmond, al oeste de Londres, y su trabajo está en Acton. “Debo coger el tren sí o sí”. Arrizabalaga, que dice que llega tarde al trabajo y que ha tenido que “buscar rutas alternativas”, sostiene que las huelgas son “una herramienta que ejercen con razón”, pero que “por desgracia se ha convertido en algo habitual y no tiene tanto efecto como antes”. 

Futuras huelgas

El Gobierno británico dice estar centrado en parar la inflación y proteger a las familias de los efectos que cause. El secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, señaló el domingo en el Daily Mail que entiende la “ansiedad” que causa el incremento de precios en la población y que “las ayudas están en camino”. Sin embargo, no dio detalles de dichas ayudas.

Mientras tanto, las convocatorias de huelgas de trabajadores de sectores clave no paran de aumentar en el país. En Escocia, una huelga de trabajadores de la limpieza se ha extendido por varios municipios de la región en la última semana de agosto, provocando que las calles se vean repletas de contenedores llenos de basura.

El jueves, los trabajadores de la antigua empresa estatal de correos del Reino Unido, Royal Mail, anunciaron una huelga en protesta por sus condiciones salariales y a la que asistirán más de 100.000 personas, una de las más multitudinarias del verano hasta la fecha. También el Colegio de Abogados Penalistas –conocido por sus siglas en inglés CBA– votó a favor de realizar una huelga indefinida en Inglaterra y Gales desde el 5 de septiembre, aplazando la gran mayoría de los juicios en los tribunales de la corona de ambos territorios.

Unos niños juegan en un parque de la localidad madrileña de Alcorcón. El césped y los árboles ayudan a aliviar el calor. Todavía hay luz, pero poco a poco empieza a atardecer. Una pequeña corretea. Es la hija de Magdalena Augusto, que está aquí para rendir homenaje a su hermano Ndombele, asesinado hace justo dos décadas enfrente de este parque, que ahora llevará su nombre. El adolescente tenía 16 años.

“Hace 20 años no solo se llevaron un miembro de mi familia, sino también a mi mejor amigo”, dice Magdalena ante los presentes, entre ellos familiares, amigos y vecinos, que forman un círculo y guardan un silencio que solo se quiebra con los aplausos. “Me siento afortunada de haber convivido con él esos 16 años, y me hubiese encantado que hubiera conocido a mis herederas”.

La noche del 20 de julio de 2002, el adolescente de origen angoleño Ndombele Augusto Domingos fue asesinado por un hombre de 24 años que trabajaba como portero de Inn, una discoteca del polígono conocido como Costa Polvoranca en Alcorcón.

Sucedió tras una discusión en la que se vio envuelto un amigo del chico y que terminó en una pelea en la que participaron varias personas, según contó El País entonces. Una de las personas que se vio involucrada pidió ayuda a la seguridad del local, y entonces su asesino, José David Fuertes, sin mediar palabra, apareció y asestó dos puñaladas al menor, una en la cara y la otra en el corazón, que terminó con su vida.

“Renombrar este parque es un importante el acto de justicia social y de reparación”, dice Ana Bibang, abogada y colaboradora de Conciencia Afro, asociación que ha impulsado la iniciativa. Jesús Santos, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, explica a elDiario.es que también es “una forma de dar a conocer un caso muy duro que fue ignorado” y, a título personal, le permitirá criar a sus hijos en “un barrio con memoria histórica”.

Un largo viaje judicial

El primer juicio del caso tuvo lugar dos años después en la Audiencia Provincial de Madrid, apodado Costa Polvoranca. Durante este primer proceso, el jurado popular declaró a Fuertes no culpable del homicidio de Ndombele Augusto, y el juez dictó una sentencia absolutoria a favor del acusado. Pero la familia de Augusto y Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la intolerancia, decidieron recurrir la sentencia debido a la falta de argumentación y a varias declaraciones contradictorias.

El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Tribunal Supremo, que ordenó la repetición del juicio. En junio de 2006, Fuertes fue condenado en la Audiencia Provincial de Madrid a 18 años de prisión por la muerte del menor. El jurado no consideró probado que hubiera sido un asesinato racista. El condenado recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rebajó su condena en solo seis meses, es decir, a 17 años y medio de prisión. El Supremo confirmó la sentencia en 2007.

Ana Bibang explica a elDiario.es que en el juicio se probó que “el asesino actuó con alevosía súbita”, impidiendo a la víctima reaccionar ante el ataque. Sin embargo, el jurado no encontró pruebas suficientes de que hubiera “indicios racistas”, aunque una testigo afirmó durante el juicio que, tras apuñalar a Ndombele, Fuertes se jactó de que “había matado a un negro”.

“En su momento no quedó probado que fue un crimen racista, tampoco existía una normativa específica que hubiera permitido que fuera así. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, y como organización afrocentrada estamos aquí presentes representando la diversidad y representando el movimiento antirracista”. Bibang recuerda también que este tipo de juicios que se alargan en el tiempo suponen un gran coste económico y emocional para las familias.

En memoria de 'Jimmy'

La familia de Ndombele Augusto Domingos llegó de Angola huyendo de la guerra, según los participantes en el homenaje, que también explicaron que creció en un barrio de Leganés, rodeado de sus amigos y donde todo el mundo le conocía como 'Jimmy'.

“Mi padre nunca se imaginó tenerse que enfrentar a algo así, y siempre tuvo que luchar con el sentimiento de rabia e impotencia que te da salvar a tu familia de una guerra, para llegar aquí y que te quiten a tu hijo”, dijo Magdalena Augusto emocionada. “Ningún padre debería enterrar a un hijo” .

En referencia a su hermano, dijo: “Siempre tuvo presente los valores que se nos enseñaron en casa, y esa noche no pudo mirar hacia otro lado cuando era su amigo el que estaba en problemas”. La familia dice que tuvo que aprender a caminar por un mundo judicial que les era desconocido. Los padres siempre se esforzaron por contener su rabia porque “no fueron los blancos quienes mataron” a su hijo “ni España, fue un individuo con sus ideas”.

Varios de los participantes mencionaron los obstáculos judiciales y su incomprensión ante la absolución del primer juicio. “Si los jurados populares no interiorizan el problema del racismo, no lo van a condenar ni este jurado, ni otro”, dijo el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que señaló que durante el proceso judicial estuvieron “muy solos” y el padre de Augusto siempre repetía la palabra “coragem” (“ánimo”, en portugués). “No es como ahora que hay más sensibilidad, en aquella época era escasa”.

También intervino en representación del Ayuntamiento Daniel Rubio Caballero, primer teniente de alcalde: “No hay nadie que no merezca ser recordado, y menos todavía hechos tan execrables como un delito de odio y un asesinato que llevaron a terminar con la vida de un chaval de 16 años en nuestra ciudad”.

Durante el acto, los familiares y amigos inauguraron la placa con el nuevo nombre del parque, situado entre las calles Polvoranca e Industria de Alcorcón. Desde este miércoles se llama Ndombele Augusto Domingo. Mientras los asistentes guardaban un minuto de silencio, un grupo de vecinos depositó un pequeño ramo de flores. Un joven pintó un retrato de Ndombele.

“Es necesario hablar de racismo y poner el tema encima de la mesa porque nos siguen matando. Es un problema social que atañe a la humanidad”, dijo por su parte Antumi Toasije, presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica. “Esto también es memoria histórica. Ojalá asistamos a más inauguraciones que no solo sean de muertos por el racismo, si no también de nuestras heroínas y nuestros héroes”.

Magdalena Augusto dijo que nunca ha visitado la tumba de su hermano porque no quería “hablar enfrente de una tumba fría”. Ahora este parque le ofrecerá un lugar en su memoria. “A partir de hoy será grato para mí sentarme aquí para leer un libro, y le voy a poder poner a este lugar un recuerdo que no sea tan negativo”.

Antes de que empezara la invasión rusa de Ucrania, Alina Yevsiukova, de 32 años, trabajaba como periodista en una cadena local y vivía con su hija y su marido en Chernígov, en el norte del país. Ahora reside con la pequeña Mariia, de dos años y medio, en Lagartera, en la provincia de Toledo. En el pueblo, de unos 1.400 habitantes, viven otros 18 refugiados ucranianos. Desde que comenzó en marzo la llegada de refugiados desde Ucrania a España, la provincia ha acogido a 613 personas, según los datos del Ministerio del Interior. En toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha son 2.328. 

Lagartera, una localidad conocida principalmente por sus labores de bordados, es uno de los municipios toledanos que decidieron ayudar y recibir a familias que huyen de la guerra. Para el pueblo este es el primer proyecto de acogida de refugiados, una iniciativa promovida por el alcalde, Sergio Alía, y una de sus concejales, Noemí Ropero.

Alía, como otros alcaldes de la comarca, fue contactado en marzo por una mujer ucraniana casada con un español y que vive en la zona. La señora preguntaba sobre la posibilidad de acoger a estas familias. El alcalde y la concejala decidieron entonces hablar con los vecinos y ver qué casas había disponibles para los refugiados. Consiguieron sumar así cinco viviendas que estaban deshabitadas y desde el Ayuntamiento se organizó la llegada de las familias y su asentamiento en el pueblo. 

Estar perdidos

Yevsiukova y su hija fueron de las primeras en llegar a Lagartera. Había pasado sus últimas semanas en Ucrania en un sótano en Kiev, hasta que su marido la llevó junto a hija cerca de la frontera con Polonia. “Al principio fue un 'shock'. La cultura es muy distinta”, comenta. Cuenta que una de las personas que más la ha ayudado a adaptarse ha sido Mayte Jiménez, una de las vecinas de Lagartera que se han implicado en la acogida y la ayuda de los refugiados también para los asuntos burocráticos. Para Yevsiukova es su “madre española”.

Jiménez reconoce que al principio unos y otros estaban perdidos: “No había una pauta clara y al acoger refugiados sin una ONG nos tuvimos que ir informando por nuestra cuenta sobre toda la documentación que necesitaban”.

La concejala Ropero dice que consiguieron información gracias a la labor de la asistente social del pueblo pero en muchas ocasiones ella también estaba perdida. Parte de las gestiones tuvieron que hacerlas en Toledo, ya que las capitales de provincia son las únicas habilitadas para solicitar la documentación requerida.

Cruz Roja y Cáritas contribuyeron a la acogida de las familias con ropa, alimentos y apoyo psicológico, y el Ayuntamiento abrió una cuenta bancaria para canalizar las donaciones de los vecinos. También se organizaron varias actividades deportivas y rifas para recaudar fondos. Pero las aportaciones se han ido reduciendo y cada vez cuesta más mantener a estas familias.

“El ministro Escrivá habló el otro día de una ayuda económica, pero hasta que se aprueben…”, dice Jiménez, quien subraya el esfuerzo y la reacción positiva de los vecinos ante la llegada de los refugiados. “Tuvimos que pedir que la gente dejara de visitarlos”, recuerda entre risas Ropero.

A Yevsiukova el pueblo le recuerda un poco a su ciudad y prefiere estar en un municipio pequeño: “Puedo pasear, hay animales para mi hija... Creo que en Madrid hubiera sido más difícil adaptarse”. Dice sentirse realmente agradecida por todo lo que hacen los vecinos por ella y su pequeña. Sin embargo, la barrera del idioma es una de las mayores dificultades a la que se sigue enfrentando. “Nos comunicamos o por señas o con el traductor de Google, pero falla mucho”, reconoce Jiménez. Cuentan con varias intérpretes por vía telefónica, pero solo se ponen en contacto con ellas cuando es imprescindible porque “no siempre están disponibles”. “Gracias a las clases de español que les da una profesora voluntaria, y que algunas saben inglés, poco a poco nos vamos entendiendo más, pero sigue siendo muy complicado”, explica la vecina. 

Un lugar seguro

A casi ocho kilómetros de Lagartera, en el pueblo de Calzada de Oropesa, un municipio de 595 habitantes, residen desde mediados de junio seis refugiados ucranianos. “Cuando empezó la llegada de ucranianos, nosotros nos pusimos en contacto con el Ministerio de Inclusión y la Junta de Castilla la Mancha, y nos dimos de alta como pueblo de acogida con una casa, que es la que podíamos ofrecer en ese momento”, dice el alcalde Valerio Pulido. “También hemos hablado con dos ONG. Una es Diaconía, con la que mandamos medicamentos para los refugiados, y la otra es la Fundación Integralia DKV, con la que han venido estas familias”. Como para Lagartera, también para este pueblo se trata del primer proyecto de acogida. Pulido cuenta que los refugiados llegaron con toda la documentación necesaria, ya que todo se gestionó desde la Embajada de España en Varsovia.

El Ayuntamiento ha planteado varias formas de ayuda para estas familias. Los vecinos pueden contribuir con dinero o con donaciones de artículos de primera necesidad y también pueden poner a disposición una casa o muebles para las viviendas donde se alojan los refugiados. “El pueblo ha reaccionado bastante bien. Además, estoy intentando que la gente joven intente interactuar más con ellos”, añade el alcalde. La mayoría de los refugiados en el pueblo no supera los 25 años.

Pero, al igual que en Lagartera, el idioma es uno de los principales problemas en el día a día. También en este pueblo cuentan con la asistencia telefónica de intérpretes para consultas concretas y el alcalde cree que pronto la situación mejorará, ya que las familias han sido admitidas en la beca de la UNED para aprender el idioma y dos de las refugiadas ya hablan español.

Oksana Fomenko es una de las refugiadas acogidas en Calzada de Oropesa. Antes de que estallara la guerra vivía en Mariúpol y era empresaria, y uno de sus mayores deseos es empezar a trabajar cuanto antes para poder mantenerse autónomamente. “La gente es muy agradable, y nos ayudan mucho, pero yo quiero trabajar”, comenta. No es la primera vez que Fomenko se ha visto forzada a abandonar su hogar, ya que en 2014, por el conflicto en el Donbás, tuvo que abandonar la ciudad de Donetsk. “Yo solo quiero estar en un lugar del que no tenga que huir”, dice.

Además del idioma, otro de los problemas en la zona es el desplazamiento. La mayoría de los refugiados que llegan a los pueblos son mujeres sin carnet de conducir, lo que complica su independencia para trasladarse de un lugar a otro y reduce las posibilidades de encontrar un trabajo. “Desde que llegaron yo les dije que podían coger el bus en la parada del pueblo, o el tren en Oropesa”, dice el alcalde de Calzada, “pero cada vez tenemos menos medios de transporte”.

Según la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales del Gobierno de Castilla la Mancha, Guadalupe Martín, un 15% de los refugiados que habían llegado a la Comunidad decidieron regresar a Ucrania en mayo. Noemí Ropero comenta que no sabe cuántas familias seguirán en Lagartera en septiembre, pues algunas han “devuelto la ropa de invierno que Cáritas les había dado”.

La concejala comenta que varios refugiados acogidos en otros pueblos o se han realojado en municipios y ciudades más grandes, donde la oferta de trabajo es mayor, o han decidido regresar a Ucrania, el máximo deseo de la mayoría de los que han llegado. También lo es para Yevsiukova. Cuando se le pregunta por sus planes para el futuro únicamente responde: “Volver a mi país”.

El número de personas desplazadas en todo el mundo continúa al alza después de una década y se encuentran en el nivel más alto desde que se tiene registro. Según el informe anual publicado por la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), a finales de 2021, la cifra total de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares ascendía a 89,3 millones, más del doble que en 2012.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha vuelto hacer un llamamiento a todos los países para que tomen “medidas para hacer frente a esta desesperación humana y encontrar soluciones duraderas”. En caso contrario, Grandi sostiene que estas cifras superarían nuevos “récords”.

La cifra de personas desplazadas por la violencia, la persecución y las violaciones a los derechos humanos se ha incrementado un 8% en comparación con el año anterior. La mayoría de los desplazamientos, un 60%, se producen dentro de los propios países. Según Acnur, estos fueron “notablemente” más altos en 2021, mientras que los internacionales continuaron siendo bajos si se compara con los niveles anteriores a la pandemia, ya que, en muchos lugares, se siguieron aplicando restricciones fronterizas y de viaje. Hay un total de 53,2 millones de desplazados internos.

De los 89,3 millones, 21,3 son refugiadas bajo el mandato de Acnur, más que en 2020 –y a las que se suman otros 5,8 millones de palestinos–. El 72% son acogidas en países vecinos. Turquía continúa siendo el país que más personas acoge por quinto año consecutivo, seguido por Colombia, Uganda, Pakistán y Alemania. El país que más solicitudes de asilo nuevas recibió el año pasado es Estados Unidos.

Invasión rusa y refugiados

A pesar de ser de 2021, el informe hace una especial mención a los más de siete millones de ucranianos que se han visto obligados a desplazarse dentro de su país, y los más de seis millones de desplazamientos registrados de personas refugiadas desde Ucrania que se han producido a principios de 2022, tras la invasión rusa. Se trata de una de las “mayores crisis de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial”.

La agencia calcula que, con millones desplazados en Ucrania y otros países en 2022, las cifras totales de personas obligadas a escapar superan los 100 millones. “En otras palabras, una de cada 78 personas en el planeta ha sido forzada a huir, lo cual constituye un dramático hito al que, hace una década, pocos habrían imaginado que se llegaría”.

La mayoría de los refugiados procedentes de Ucrania han sido acogidos por países europeos de altos ingresos, recuerda Acnur, y se les ha ofrecido un estatus de protección temporal de la Unión Europea. Alrededor de 2,8 millones de personas están registradas en estos mecanismos.

La agencia de la ONU resalta que “muchos de los 36,2 millones de refugiados, solicitantes de asilo y otras personas obligadas a huir de su país de origen” que ya habían sido desplazadas para fines de 2021 se encuentran en condiciones mucho más graves. Pone de ejemplo a aquellas que se ven “fuertemente afectadas por las crisis alimentarias”.

Crisis climática

Acnur advierte de que el aumento de las temperaturas calculado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático traerá consecuencias devastadoras para las personas. Según el Observatorio de los Desplazamientos Internos, unos 23 millones de personas se desplazaron dentro de sus propios países solo en 2021 por fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones, sequías o tormentas. 

El último informe Groundswell del Banco Mundial concluye que el cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de seis regiones del mundo a desplazarse dentro de sus países para 2050. Sin embargo, Acnur matiza que estas cifras deben ser tomadas con cautela porque, según la organización, la conexión entre la movilidad humana y cambio climático es “extremadamente compleja” y no es un proceso “uniforme”.

A juicio de Acnur, sí está claro, sin embargo, que la mejor manera de “mitigar el riesgo de desplazamiento en el contexto del cambio climático es la acción conjunta para reducir las emisiones a nivel global y el apoyo al desarrollo ecológico, inclusivo y resiliente, así como el uso equitativo de los recursos”. Sin estas medidas, las “poblaciones vulnerables” serán las más afectadas por esta situación. 

Soluciones a largo plazo

La organización internacional hace hincapié en la necesidad de “actuar”, “compartir responsabilidades” y “encontrar soluciones” para los próximos años, pues el número de personas forzadas a abandonar su hogar no ha parado de crecer en diez años. 

Este aumento ha complicado la búsqueda de soluciones duraderas para estas personas. Las políticas para frenar la pandemia de 2020 ralentizaron las pocas medidas que se habían puesto en marcha para mejorar la situación de los desplazados. Sin embargo, en 2021 hubo un incremento de personas refugiadas y desplazadas dentro de sus países que se beneficiaron de soluciones, aunque Acnur destaca que aún sigue siendo “una pequeña cifra” de las necesidades globales.

Acnur dice que si se lograra una paz duradera en algunos lugares clave, las cifras de personas refugiadas a nivel mundial podrían reducirse a la mitad.

También destaca que otras posibilidades son la adquisición de la ciudadanía o el reasentamiento en terceros países, considerado crucial por la agencia para los refugiados más vulnerables. Sin embargo, el número de plazas de reasentamiento ofrecidas por los países sigue siendo insuficiente, según Acnur. Según los datos, en 2021, solo el 4% de aproximadamente 1,4 millones de personas refugiadas con necesidad de reasentamiento fueron reasentadas.