Hace más de 100 días que un pacto secreto echó por tierra uno de los proyectos políticos más ilusionantes de las últimas décadas en Extremadura y un precedente para el municipalismo español. Hace algo más de tres meses que un acuerdo, que se desconoce y cuyos firmantes se niegan a detallar, puso fin a la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, y que habría supuesto el nacimiento de la tercera ciudad de mayor tamaño de esta comunidad.

Ese futuro conjunto se puso en marcha desde la unidad de todos los partidos políticos, excepto Vox, y contó con el apoyo mayoritario de los vecinos de ambas localidades –superior al 90% en Villanueva y más del 66% en Don Benito– en el referéndum que se celebró el febrero de 2022. Pero otra votación un año después, la de las elecciones municipales de mayo, terminó con un sueño que ambas ciudades llevaban intentando desde hacía más de medio siglo y nunca se había estado tan cerca de conseguir.

La irrupción de un partido político de marcado carácter localista y vinculado a la extrema derecha, Siempre Don Benito (SDB), provocó un vuelco electoral tras dos legislaturas de mayoría del PSOE. Los socialistas ganaron, pero SDB consiguió el apoyo de la lista menos votada, el PP, que en ese momento cambió de opinión y decidió que se frenara en seco la fusión y sacar las urnas a la calle para preguntar otra vez, en algún momento de esta legislatura, a los ciudadanos.

Eso forma parte del acuerdo de gobierno, igual que la alternancia en la Alcaldía dentro de dos años cuando el candidato del PP, Pedro Noblejas, se convierta en regidor. Pero nada más se conoce de ese pacto, que se cerró in extremis durante la constitución del ayuntamiento calabazón. A juicio de la alcaldesa, María Fernanda Sánchez, “es un tema interno de los partidos y creo que no procede, cuando proceda, nosotros en su momento y cuando creamos conveniente lo haremos público”.

La marca blanca de Vox

Siempre Don Benito se creó como asociación alegando un fraude electoral en la consulta popular, que incluso intentaron judicializar sin éxito, y sabiendo capitalizar el ‘no’ a la fusión propagando rumores sobre ciertos intereses privados en el proceso, que no han podido demostrar, defendiendo una supuesta “identidad” local en riesgo si las dos ciudades se unen y, sobre todo, enfrentando a Don Benito y Villanueva de la Serena.

La asociación decidió concurrir a las elecciones del 23–M convirtiéndose en la marca blanca de Vox, que renunció a presentar candidatura. Entre sus integrantes hay miembros de la formación de Santiago Abascal, simpatizantes y concejales como la responsable de Agricultura, Graciela Álvarez, que en sus redes sociales hace apología del Valle de los Caídos, y la de Juventud, Pilar Aparicio, que defiende que “al menos Vox no está formado por exterroristas”.

Junto a ellos, el PP, que se comprometió con el proyecto y con el resultado del referéndum y la legalidad del resultado. Incluso contó con el apoyo del expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, y del expresidente del partido, Pablo Casado. Sin embargo, el nuevo candidato a la Alcaldía del PP decidió hacer oposición con la fusión y denunció la “falta de transparencia” con la que los alcaldes socialistas de ambos municipios estaban llevando a cabo el proceso, a pesar de las distintas comisiones de trabajo que se habían creado en los ayuntamientos, a lo que se unió las dificultades para bautizar a la nueva ciudad extremeña con un nombre que finalmente fue impuesto por los consistorios: Vegas Altas.

El topónimo se convirtió entonces en una línea roja insalvable para el PP que exigió que la denominación fuera Don Benito–Villanueva, a pesar de que en el acuerdo para el proceso de fusión se recogía, con el apoyo de todos los partidos que entonces estaban en la corporación, que el nombre de la ciudad no podría contener ni Don Benito ni Villanueva para evitar suspicacias.

Movimientos ciudadano y empresarial a favor de la fusión

Las cifras que manejaba la fusión, con informes de la Universidad de Extremadura y el apoyo del Gobierno de España, eran incontestables. Más allá de convertirse en la tercera ciudad con mayor población de Extremadura, la principal ventaja era el incremento de la renta media de los hogares y mayores porcentajes de ingresos. Se estima que el empleo crecería un 5% y crecerían exponencialmente las inversiones que ya se estaban planteando. Se produciría una disminución del gasto público al reducir partidas y puestos que ahora están duplicados y se atraerían infraestructuras como universidades, tren de alta velocidad, dependencias judiciales…

Por ese motivo, tras la paralización del proceso por parte de Siempre Don Benito y el PP surgieron dos movimientos a favor de la fusión: ‘Asociación Por la Fusión’, que surgió de un sentimiento espontáneo de los ciudadanos de Don Benito, que consiguieron convocar a 1.500 personas para manifestarse tras los resultados electorales, y la plataforma ciudadana y empresarial ‘Don Benito Avanza’. Esto provocó que fuesen atacados por su posicionamiento a favor de la fusión, de hecho, la asociación empresarial ‘Apyme Vegas Altas – La Serena’ denunció que tras las elecciones municipales se estaba desprestigiando “con calumnias y mensajes falsos” a empresarios y empresarias de la localidad, no considerando apropiada la “campaña de criminalización”. Por otro lado, la ‘Asociación Por la Fusión’ denunció que miembros de la plataforma – antes de ser asociación – estaban siendo coaccionados y amenazados, una campaña de desprestigio y descalificaciones que ahora se financia con dinero público desde el Ayuntamiento.

Han pasado cien días y la crispación, lejos de enfriarse, ha ido en aumento. Lo reconoce la alcaldesa de Don Benito que ha explicado que hay asistencia de la Policía Local en los plenos por “precaución por el clima de crispación”, y se niega a abordar el proyecto de fusión por ser ahora “un tema muy peliagudo”, a pesar de los altercados al orden que protagonizó como público en las sesiones plenarias de la anterior legislatura.

Este mismo martes,  la Asociación por la Fusión Don Benito–Villanueva ha acusado al equipo de gobierno y la Policía Local dombenitense de limitar la libertad de expresión de quienes están a favor del proceso de unión entre los dos municipios impidiéndoles el acceso al pleno. Sin embargo, quienes ahora gobiernan sí tuvieron la oportunidad de presenciar todos los plenos en la anterior legislatura, pero han optado por provocaciones contra los ciudadanos que discrepan, como las de la alcaldesa contra vecinos a favor de la fusión, enfrentamientos y hermetismo.