A Juan, profesor de Geografía e Historia en un instituto de secundaria de La Calzada, en Gijón, le vino a buscar un día una alumna. Le explicó que no se encontraba bien y que se había hecho cortes. “Me lo comunicó en el momento”, cuenta el docente. Esa conversación no fue casualidad, sino fruto de un vínculo previo.

Además de profesor de Geografía e Historia, Juan también es desde 2021 el coordinador de bienestar del centro, un cargo que asumió cuando su implementación pasó a ser obligatoria por ley. Lo hizo por “lealtad” a la entonces directora y porque “ya tenía buen trato con el alumnado”, explica en una videollamada con este medio. “Si no hay vínculo, la figura del coordinador no funciona. Y sin vínculo, el alumno no te va a decir nada. Al alumno no le tienes que preguntar. El alumno te lo tiene que contar”, señala. Como hizo esa alumna.

Ese mismo año, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) obligó a todos los centros educativos a contar con la figura del Coordinador de Bienestar. Se trata de un puesto que recae en docentes del propio centro y que, a excepción de algunas comunidades —Cataluña, Galicia y Canarias—, no cuenta con ningún tipo de retribución o compensación económica.

Según el último informe Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos, publicado la semana pasada por la ONG Educo, la implantación de la figura del Coordinador/a de Bienestar presenta grandes desigualdades territoriales en su regulación y aplicación.

Uno de los principales problemas es la falta de tiempo asignado para ejercer la función: en muchas comunidades la dedicación depende del criterio del centro y en varias no se establece ningún mínimo. Solo algunas autonomías —Canarias, Cantabria y Extremadura— fijan horas concretas en función del tamaño del centro, mientras que otras han ampliado recientemente la dedicación, como Asturias y Galicia. A día de hoy, Castilla y León es la única comunidad autónoma que no ha emitido ninguna normativa específica sobre esta figura.

Juan (nombre cambiado) le dedica actualmente unas tres horas semanales, dos más que cuando empezó. Aun así, lo considera “inabarcable: ni en una, ni en tres ni en 25”. Entre sus funciones está promover un entorno seguro y saludable, prevenir y detectar situaciones de riesgo, escuchar y acompañar al alumnado, coordinar actuaciones, activar los protocolos correspondientes y colaborar con otros profesionales, además de impulsar acciones de sensibilización y cuidado emocional, siempre garantizando la confidencialidad y el respeto.

Verónica es jefa de estudios y coordinadora de bienestar de una escuela pública de educación primaria en Madrid. Cuando se obligó por ley a que existiera esta figura, ella ya era la jefa de estudios. “Me lo asigné para quitarle burocracia a los compañeros, no tenía sentido sobrecargarlos si, al final cuando hay un problema la jefa de estudios está siempre”, explica. “Pero no tengo ninguna retribución ni liberación horaria”. Si bien considera que esta figura es importante, señala que quizás es más relevante que todo el claustro vaya a la una y que hubiera más tiempo para dedicar al trabajo de la coordinación de bienestar.

A todas las funciones del coordinador de bienestar se les suma la falta de un perfil profesional homogéneo, con requisitos poco definidos en muchos territorios, lo que genera desigualdad en la preparación y experiencia de quienes asumen el cargo. Además, aunque la formación es un criterio que la mayoría de normativas de las comunidades han intentado implementar, no es suficiente.

“Tenemos tanta burocracia que no podemos llegar a todo. Al final, lo haces porque te quedas en casa por la noche haciendo papeleo. Desde mi punto de vista, si todo ese tiempo se destinara a dar charlas al alumnado, preparar materiales para mejorar la convivencia o a la formación del profesorado, el impacto sería mucho mayor. Pero incluso la formación es complicada: muchas veces se ofrece fuera del horario lectivo y, si tienes hijos, organizarte resulta prácticamente imposible”, puntualiza Verónica.

Aumenta el acoso escolar

A inicios del curso escolar, un informe elaborado por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña advertía del aumento del acoso escolar, impulsado en gran medida por el ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial como nueva herramienta de agresión. “La tecnología empapa todas las formas de violencia a las que están sujetos los menores”, explica Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR.

Según el informe, la inteligencia artificial está presente en el 14,2% de los casos de ciberacoso, principalmente a través de la creación de vídeos falsos, la manipulación de imágenes o la suplantación de identidad. “Todo esto genera nuevas formas de violencia, al tiempo que la violencia física entre escolares también crece”, señala Díaz, quien insiste en que “la tecnología se ha vuelto completamente transversal en todas las problemáticas que atendemos”. Según el mismo informe, en el 56,4% de los casos que gestiona la fundación, la tecnología está implicada de forma directa, ya sea como origen del problema o como el escenario en el que se produce.

“[El tema de las redes sociales] es un problema muy gordo”, coincide Juan. “El 80% de las situaciones que tenemos nosotros de situaciones de acoso, muchas veces vienen mediatizadas, empezadas, acabadas o en desarrollo mediante las redes sociales”, explica.

Hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que iba a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Si bien esta medida ha generado un debate sobre la protección de la infancia en la que algunos sectores se han posicionado en contra, esta preocupación no es nueva en el ámbito educativo. Desde que el Consejo Escolar del Estado acordara en 2024 prohibir el uso de dispositivos móviles en toda la etapa obligatoria (a excepción de los usos educativos que pueda plantear el profesorado en Secundaria), prácticamente todas las comunidades autónomas han aprobado en los últimos años normativas que regulan el uso del teléfono móvil en las aulas.

“Creo que [la medida de Sánchez] llega tarde porque hoy día un chaval de 13, 14 o 15 años tiene controlado todo el tema de las redes sociales. Además, muchos se ocultan en el anonimato y esto facilita el acoso”, sostiene Juan.

Los sindicatos docentes llevan tiempo señalando que muchos casos de acoso escolar se originan fuera del centro educativo, especialmente en redes sociales y plataformas digitales, lo que limita la capacidad de intervención de los institutos. Juan y Verónica coinciden en que el origen, en muchos casos, está fuera del aula, pero discrepa en que eso deba traducirse en inacción.

“Si el acoso lo ejercen alumnos de nuestro centro contra otros alumnos del centro, intervenimos, aunque haya ocurrido a las cinco, a las seis o a las siete de la tarde”, explica. A su juicio, la clave está en que esas conductas tienen un impacto directo en la vida escolar.

Juan asegura que su instituto ha sancionado comportamientos producidos fuera del horario lectivo cuando los comentarios o mensajes tenían como destinatarios a alumnos del centro. “Muchas familias al principio no lo entienden, pero nuestra obligación es proteger al alumnado y garantizar un entorno seguro. El alumno tiene que venir al instituto sabiendo que va a estar seguro aquí, pero también con la tranquilidad de que vamos a actuar si algo ocurre fuera”.

Desde su perspectiva, el bienestar del alumnado no puede limitarse al espacio físico del centro. “Una persona que recibe comentarios ofensivos por WhatsApp o por redes sociales se siente acosada igual. Ahí se está vulnerando un derecho fundamental: el derecho a un entorno seguro”, sostiene.

Juan reconoce que no siempre es fácil que toda la comunidad educativa comparta esta visión. “Es complicado, hay familias que al principio son reticentes, sobre todo cuando sus hijos son quienes acosan. Pero también hay que educar a los padres”, afirma.

Más recursos profesionales

Ante situaciones como las vividas por Juan cuando el alumno le contó que se había autolesionado –que muchas veces los coordinadores de bienestar y docentes se llevan a casa–, el profesor explica que es fundamental que las administraciones públicas aporten más recursos para hacerles frente: “Los casos de situaciones de acoso han avanzado, pero estos son sólo las primeras señales. También hemos percibido un aumento de lesiones autolíticas, ideaciones suicidas o situaciones que dejan al alumnado en vulnerabilidad total. Pero todo ello son situaciones que requieren ayuda de un profesional”.

“Yo no soy psicólogo, y creo que los psicólogos deberían estar más presentes en el ámbito educativo. No estaría mal que de las administraciones intentaran buscar esa psicología con profesionales. La figura del coordinador de Bienestar no puede y no debe sustituir nunca jamás a una situación profesional de psicólogo. Es imposible”, argumenta sin antes olvidar que “los propios coordinadores de bienestar necesitan un apoyo psicológico y muchos profesores necesitan un apoyo psicológico. Ningún docente tiene un apoyo psicológico de nada y ninguna administración, salvo la privada lógicamente”.

Mar de Niebla es una entidad social con una larga trayectoria de intervención comunitaria y educativa en el distrito de La Calzada, en Gijón. Tras la entrada en vigor de la LOPIVI y la designación de los coordinadores de bienestar en los centros educativos asturianos, la organización impulsó la creación de una red comunitaria de coordinadores de bienestar en los centros públicos del distrito.

El objetivo era generar un espacio de apoyo mutuo y coordinación ante la falta de recursos y la complejidad creciente de las situaciones que afrontan estas figuras. La red agrupa a profesionales de centros con realidades muy diversas —escuelas de Educación Infantil, colegios de Infantil y Primaria, centros solo de Primaria y tres institutos de Secundaria—. Juan es uno de los coordinadores que forman parte de esta iniciativa. “Gracias a la asociación Mar de Niebla vamos poco a poco sacando la cabeza. Al principio hubo mucha incertidumbre, sobre todo desde la administración, que no sabía muy bien cómo vertebrar esta figura”.

Para Juan, este trabajo en red no sustituye a los recursos que deberían garantizar las administraciones, pero sí actúa como un colchón imprescindible ante una realidad cada vez más compleja.

Este tipo de iniciativas comunitarias, subrayan desde Mar de Niebla, se están dando por suerte en otros barrios y territorios de distintas comunidades autónomas. La coordinación entre organizaciones y administraciones, señalan, resulta clave para sostener figuras como la del coordinador de bienestar. “El objetivo final es que, como en este distrito, se promueva una infancia y una adolescencia feliz”, concretan desde la organización.

La muerte de Sandra, la joven andaluza que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar, ha puesto en tela de juicio la forma en que los medios de comunicación deben hablar del suicidio. Su caso reabre un debate recurrente: hasta qué punto los medios pueden informar sobre el suicidio sin contribuir a su banalización o contagio.

Existen varias guías de recomendación sobre la comunicación del suicidio, como por ejemplo la publicada en 2022 por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España o la guía En mis zapatos. En todas ellas se reitera qué deben decir y qué no cuando un suicidio pasa a ser noticia: ni hablar de métodos ni lugares ni publicar notas de despedida. Ni publicar fotos y videos de la persona fallecida ni simplificar las causas. Ni relatar un suicidio que por el método despierta interés social ni opinar sobre la experiencia de otra persona. 

 “Los medios de comunicación se han pasado por el forro cuestiones tan básicas como la privacidad de las víctimas en un momento tan vulnerable y doloroso en el que, claramente, uno hace lo que puede”, explica María de Quesada, periodista y presidenta de La Niña Amarilla, una asociación valenciana de comunicadoras que trabaja para la prevención del suicidio y que asegura haber tenido peleas con compañeros de la profesión por la forma de cubrir un suicidio viralizado. 

“Se tiene que hablar del suicidio, pero no de cualquier forma”, subraya. Su activismo comenzó años atrás, cuando en una formación un chico compartió su experiencia con la conducta suicida. “Eso despertó en mí una sensación de alivio. Me dije: ‘Ostras, no soy la única en el mundo que ha tenido conducta suicida’”, explica durante una entrevista con elDiario.es centrada en cómo debemos abordar este fenómeno. Desde entonces, Quesada decidió hablar abiertamente con su entorno sobre lo que había vivido. “Aprendí que haber pensado en el suicidio o incluso haberlo intentado no te determina”, afirma.

Una cuestión de ética profesional 

La cobertura mediática del caso de Sandra ha obligado al Grupo de Trabajo de la Sociedad Española en Psicología Clínica a mandar un comunicado dirigido a los medios recordando que “el cumplimiento de las recomendaciones y guías no sólo responden a una cuestión de ética profesional, sino también a una responsabilidad en cuanto a la salud pública”. El derecho a informar no puede prevalecer por encima del derecho a la intimidad, la protección de la infancia y la prevención del daño psicológico, reza el documento.  

“No existe una única causa de la conducta suicida. El suicidio es un hecho evitable y multicausal, un momento de vulnerabilidad en el que la persona no ha sabido gestionar una solución”, repiten una y otra vez desde esta asociación valenciana. Violencias estructurales como el acoso escolar o los desahucios son los “factores precipitantes”, explica mientras insiste en que la cobertura mediática de la muerte de Sandra no es un caso aislado, sino que es una de las consecuencias de la violencia estructural a la que están sujetos muchos menores. 

Cuando los medios “ponen el foco en el morbo, en el sensacionalismo sin centrarse en el problema real, olvidan que pueden fomentar que otras personas recurran a la misma conducta suicida. Podemos hablar de un caso concreto sin ahondar en la especulación o la invención. Porque aquí hay de todo”, denuncia Quesada. La mala comunicación ha generado “una revuelta social que ya se está viendo en programas de televisión y en redes sociales. Ahora la gente quiere linchar a las acosadoras, a la escuela. Pero a la gente”, insiste “no le corresponde hacer justicia con Sandra ni venganza, sino que es la Justicia quién tiene que intervenir y cambiar la ley si es necesario”. 

Hablar desde la prevención implica “centrarse en aquello que puede dar esperanza, en los recursos, y no fomentar el dolor. El suicidio es lo último. Hay que ir a por una prevención del acoso, de la violencia, del mal comportamiento, de las malas actitudes, de la violencia machista. Porque todo eso es caldo de cultivo de la conducta suicida. Me gustaría ver todos los casos de colegios donde los protocolos han funcionado. Es ahí donde la investigación y el periodismo tienen que hacer incidencia Hay que hacer énfasis y movilizarse contra el acoso y visibilizar más lo que funciona en otras comunidades o países y copiarlo”.  

“No existe un perfil de persona con conducta suicida. Ese es uno de los mitos que persisten a día de hoy”, insiste al mismo tiempo propone enfoques a los medios. “Hay muchas historias de conducta suicida que no acaban mal. Las personas que hemos tenido conductas suicidas podemos tener una vida absolutamente normal como la de cualquier otra persona. Tenemos que romper las barreras del silencio porque como sociedad nos ayuda muchísimo. Nos ayudamos cuando lo contamos”. 

Cuando los protocolos no funcionan

En su última memoria publicada este mes de octubre, la fiscalía general del Estado ha elevado a 1.196 los casos de acoso escolar registrados en 2024. Se trata de una cifra que según el mismo informe evidencia “un importante déficit en la prevención e intervención en el entorno educativo y son motivo de una notable preocupación”. 

Cristina Blanco, presidenta de AIDATU (Asociación Vasca de Sucidiología) y doctora en sociología destacaba en otra conversación los cabos sueltos que hay en todas esas guías y protocolos de emergencia relacionados con la prevención del suicidio: “Cuando le preguntamos a alguien si se quiere suicidar presuponemos que nos va a decir la verdad. Pero no es así. También presuponemos que los profesionales sanitarios saben cómo actuar, o que el médico de cabecera te va a hacer caso. Pero no siempre es así. El problema es que todos los consejos y recomendaciones sólo van en una dirección. Del resto se olvidan”.  

En una línea similar, María de Quesada lamenta que, sin querer ser pesimista, está demostrado que los “protocolos no funcionan. Necesitamos ver que hay cambios en los protocolos de emergencias, ver que cuando una persona que tiene conductas suicidas se le da prioridad para luego la atención en salud mental. No podemos estar dando citas a los 6 meses cuando hay una conducta suicida o cuando hay un riesgo de conducta suicida”, advierte Quesada.  

“Venimos de muchísimos años de cierre ante la conducta suicida. Los mitos que están instaurados en nuestra sociedad los tienen hasta las personas que se supone que tienen que tener conocimientos”, continua la periodista al mismo tiempo enfatiza la labor de las asociaciones de personas afectadas por suicidio y otras organizaciones. “Tiene que haber más coordinación y comunicación entre instituciones y tercer sector. Estamos cansadas de ofrecer nuestra visión y experiencia, de intentar establecer un diálogo con las instituciones y que estas apenas nos llamen”. 

Desde 2021, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOVIPI) obliga a todos los centros escolares a introducir la figura de Coordinador de bienestar del alumnado. Su objetivo es promover medidas que aseguren el bienestar óptimo para los niños, niñas y adolescentes y promover la cultura del buen trato. Pero desde Educo, Mónica Viqueira, especialista en Protección, advierte como, en la práctica, esta figura se traduce en una tarea que se le añade a un profesor que no ha tocado absolutamente nada sobre este tipo de temarios en su formación inicial. 

A punto de sacar su última evaluación de la implantación del Coordinador/a de Bienestar y Protección, Viqueira adelanta a este medio que 3 años después “hay un cierto compromiso, pero lamentablemente aún hay poca sensibilización de lo que el profesor o incluso las familias pueden hacer. Prácticamente todas las comunidades tienen protocolos. El caso es que muchos centros o muchos profesores ni los conocen”, lamenta. 

Ante la ausencia de una educación basada en la prevención, Quesada y sus compañeras de La Niña Amarilla lanzaron un proyecto centrado en el triángulo de la educación. Este consiste en hablar sobre el suicidio de forma preventiva con alumnos, docentes y tutores del AFAS y AMPAS de cada centro interesado con el fin de crear un espacio para la reflexión y la empatía, normalizando el diálogo en torno a temas aún estigmatizados socialmente como es el suicidio, las autolesiones o la salud mental. 

“Cuando fundamos la asociación, nos llamaban muchos centros que pedían que fuéramos a las aulas para hablar de la prevención. Sin embargo, nos dimos cuenta de que, si el profesorado y las familias no tienen esa información básica y general sobre la prevención del suicidio, nuestros esfuerzos van a ser insuficientes. Hay muchas familias que no quieren que se hable del suicidio a sus hijos porque aún no saben que hablar desde la prevención salva vidas”.  

Hombres mayores, el colectivo de mayor riesgo

A principios de este año, el Gobierno aprobó el Primer Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027, el cual reitera la precaución y la comunicación con enfoque preventivo que deben seguir los medios de comunicación como también líneas de actuación específicas focalizadas en los diferentes colectivos en riesgo. Entre ellos, hombres mayores.   

“Estoy encantada con este plan, pero necesitamos que se materialice. Quiero verlo funcionar. Es muy bonito anunciarlo, pero necesitamos que se ponga en marcha y si solamente es de 2 años que ya me parece poco. Normalmente este tipo de planes se hace con más años vista donde hay una inversión grande, pero se ponen 2 años y en 2025 que ya va a acabar, no hemos visto nada. ¿Dónde está el plan? Esta sería un poco la pregunta”. 

“Necesitamos más campañas mediáticas nacionales y autonómicas como las de accidentes de tráfico”, explica la periodista al tiempo que lamenta su ausencia. “Estamos acostumbrados a hablar del suicidio cuando ocurre. Y cuando ocurre se habla mucho, ¿no? Este es el caso que hemos vivido esta semana lamentablemente. Pero si no hacemos algo a nivel nacional se seguirán repitiendo”. 

Los últimos datos oficiales del INE –datados de 2023– señalan que solo en España 4.116 personas fallecieron por suicidio. Una media de 11 personas al día. La mayoría de los casos son hombres de entre 45 y 65 años. En otros países, como Canadá, se han impulsado campañas de prevención específicas, como Buddy Up, una iniciativa que anima a los hombres a apoyarse entre sí y a pedir ayuda cuando atraviesan un mal momento.

 “Por muchos temas sociales y estructurales ligados al patriarcado, los hombres tienden a comunicarse menos si no están en un buen momento. Por eso, me parece potente que haya iniciativas como esta, donde se intente que, si hay alguien que está en un mal momento y no sabe a dónde ir, pueda acudir a sus amigos porque el suicidio está más presente de lo que pensamos”.

Borja no se suicidó; murió por suicidio hace ya ocho años. Ocho años en los que su madre, Julia –prefiere mantener su nombre real en el anonimato– se ha enfrentado a un duelo que se vio obligada a llevar en silencio. Con 12 años, Borja empezó a acudir al psicólogo de la seguridad social, hasta que falleció a los 17. Pese a seguir los protocolos que supuestamente había que seguir esta madre explica que se ha sentido sola frente al mundo porque “no conocía a nadie que hubiera fallecido por suicidio” y no sabía cómo hablar de ello. Asegura haber fallado por no haber hecho suficiente para evitarlo, pese a que no sabía qué estaba ocurriendo. 

Julia recuerda cómo un día su marido la llamó por teléfono mientras estaba en el trabajo y le dijo que Borja estaba muerto. “No podía procesarlo. No me lo creí. Pensé: ¿qué se habrá tomado éste para decirme una cosa así?”, explica en conversación con elDiario.es. Lo siguiente lo describe como un número, un show de luces de ambulancia y policía al que no faltaron los curiosos. “Había conocidos que me daban una palmada en la espalda y otros un beso. Pero también desconocidos que preguntaban qué había pasado”. Ella se quedaba parada, callada y repitiendo por dentro: “A ver si se hunde el mundo y me traga”. Semejante incomodidad e incomprensión derivó en la imposibilidad de salir de casa sola: “Me encontré con que conocidos de toda la vida cruzaban de acera al verme para evitar el contacto”. “Te sientes una molestia”, lamenta. 

Quiero que se sepa lo que pasa. Que ni supervivientes ni sobrevivientes tengan que vivir en un mundo que les está desprestigiando, que les está echando de lado, un mundo en el que molestas o apestas

Madre de Borja, muerto por suicidio

Julia, cuyo dolor siempre va a estar presente, ha viajado desde Valencia hasta Madrid para acudir a la manifestación nacional de prevención del suicidio, que este año ha marcado bajo el lema: 'Tu historia importa. Recordar es prevenir'. Este encuentro, promovido por La Niña Amarilla y 41 organizaciones colaboradoras, es el segundo a nivel nacional y su objetivo es ofrecer “un espacio donde cada historia tenga un lugar y cada abrazo cuente”. Durante la manifestación a la que han acudido unas 300 personas, se ha lamentado la ausencia de todas las autoridades políticas que sí habían sido avisadas del encuentro.

“Quiero que se sepa lo que pasa. Que ni los supervivientes ni los sobrevivientes –las personas que sobreviven al intento de suicidio– tengan que vivir en un mundo que les está como desprestigiando, que les está echando de lado, un mundo en el que molestas o apestas”, asegura la madre de Borja. 

Cristina Blanco es doctora en sociología y también es superviviente de suicidio. Su marido falleció hace 12 años. Desde entonces, esta mujer, que actualmente preside Aidatu, la asociación vasca de sucidiología y dirige el posgrado Experto/a en Suicidiología de la UPV/EHU, también ha compartido este sentimiento de soledad e incomprensión: “El silencio a mi alrededor era horroroso. La gente no se acercaba y no te dejaba expresarte”. 

Con el suicidio las personas mueren dos veces, una física y otra socialmente. Es como si jamás hubiese estado, y eso fue lo más demoledor para mí. Una persona que tiene 52 años, que tiene un entorno, amigos, de repente deja de mencionarse. Y no es que sea maldad, sino una buena voluntad mal dirigida

Cristina Blanco — doctora en sociología y superviviente de suicidio

Blanco recuerda cómo sus amigas evitaban sacar el tema. “Cuando finalmente tuve la conversación con ellas me dijeron que evitaban hablar de mi marido [que había conocido a los 15 años] para no hacerme sufrir. Pero eso solo hacía aumentar mi sufrimiento, porque la soledad crece”. 

“Con el suicidio –explica– las personas mueren dos veces, una física y otra socialmente. Es como si jamás hubiese estado, y eso fue lo más demoledor para mí. Una persona que tiene 52 años, que tiene un entorno, amigos, de repente deja de mencionarse. Y no es que sea maldad, sino una buena voluntad mal dirigida”. 

Lo mismo le sucede a Julia cuando le preguntan por sus hijos: ¿Cuántos tienes? “Muchas veces, no sé qué responder. Se hace un blanco, un silencio aterrador”, explica. Ante esta tesitura, muchas supervivientes tienen dos opciones: o dicen la verdad a sabiendas de que van a generar un malestar en el otro, o mienten, señala Blanco. 

“El suicidio es una muerte más, no una muerte menor. Así que hay que hacer trabajo, charlas para la ciudadanía general y campañas. Pero hay que ver de qué manera y teniendo muy en cuenta los matices. Porque si pasamos por alto el matiz, entonces, empezamos a fallar”, advierte Blanco. 

Cuando la ayuda no funciona

Una semana después de que Borja falleciera, Julia ingresó en el hospital. “Sentía que tenía un nudo muy fuerte. Cuando los médicos me lo miraron, vieron que tenía un cáncer muy agresivo. No sabes la impotencia que sentí al ver la rapidez con la que me atendieron en comparación con mi hijo”, explica. “Fue una situación en la que todos nos echábamos la culpa. Lo peor fue la culpa”. 

Julia nunca se habría imaginado que su hijo, que hacía seis años que estaba acudiendo a una psicóloga, pudiera llegar a morir por suicidio. Asegura no haber pasado por alto ningún signo de alarma que les hacía sospechar. En cuanto había un indicio de que algo no iba bien, acudían a su hospital para que médicos, psiquiatras o psicólogos hicieran su valoración. “Pero no fue suficiente”, explica. “No fui capaz de defenderlo ante la medicina, la psicología, la sociedad. No fui capaz. No sé lo que hubiera hecho, pero no tenía armas ni conocimientos de ningún tipo”. 

Presuponemos que cuando le preguntamos a alguien si se quiere suicidar, nos va a decir la verdad. Pero no es así. O que los profesionales sanitarios saben cómo actuar, o que el médico de cabecera te va a hacer caso. Pero no siempre es así. Los protocolos de actuación de emergencia dejan algunos cabos sueltos que terminan por no salvar vidas

Borja había presentado conductas autolíticas –autolesiones– y poco antes de su muerte había sido ingresado al hospital por “una llamada de atención que nadie supo ver”. “En menos de 24 horas estaba de vuelta a casa”, enfatiza su madre. Blanco, que ha estudiado el suicidio y ahora dirige uno de los pocos posgrados que abordan este fenómeno desde una perspectiva multicausal y multidisciplinar, advierte de que la experiencia de la Julia no es única. 

“Presuponemos que cuando le preguntamos a alguien si se quiere suicidar, nos va a decir la verdad. Pero no es así. También presuponemos que los profesionales sanitarios saben cómo actuar, o que el médico de cabecera te va a hacer caso. Pero no siempre es así. Los protocolos de actuación de emergencia dejan algunos cabos sueltos que terminan por no salvar vidas. El problema es que todos los consejos y recomendaciones [de protocolos o guías de actuación de prevención del suicidio] sólo van en una dirección. Del resto se olvidan”, analiza Blanco.

“¿Qué pasa cuando las respuestas no son estas? ¿Qué pasa cuando la primera respuesta es un no, o cuando el médico de cabecera quizás no te entiende?”, se pregunta. “Pensamos que si una persona te dice que no quiere suicidarse es por miedo a tu rechazo. Pero yo te digo que no. Puede ser porque muchas veces ni siquiera lo sabe él” y concluye: “Decimos que la conducta suicida no es sencilla, y sin embargo la estamos simplificando al máximo. Todo se resume en decir sí o no. Servirá para muchos, claro que sí. No estoy diciendo que no lo haga, ojo, pero tenemos que ser vigilantes. Tenemos que andar con cautela y no morir de éxito. La muerte por suicidio es una muerte más. Hay oncólogos buenísimos, pero la gente sigue muriendo de cáncer. Por eso, hay que preguntarse por la adecuación de los recursos, preguntarse si, como sociedad, desde la administración se hace lo suficiente o no”. 

“No es cuestión de más psicólogos o psiquiatras”

Tras quedarse viuda, Blanco pasó por psiquiatría y psicología. Por aquel entonces “no se hablaba nada del suicidio, todo era un silencio horrible”. Para hacer frente a la situación se puso en manos de profesionales –“Tomé antidepresivos durante cuatro años, iba a la psicóloga dos veces por semana”– pero seguía sintiendo que no la entendían.

Fue entonces cuando se puso a investigar y encontró lo que para ella es una evidencia: que no todos los recursos que tenemos son eficaces. “Vi que en la mayor parte de los estudios de psicología no se aborda el suicidio y que, a día de hoy, sigue sin abordarse en el grado oficial y en el posgrado habilitante para sanitario para poder atender a pacientes. Ahí me di cuenta de que había muchos vacíos y de que no es solo un problema de salud mental, sino que es necesario un trabajo multidisciplinar. No me sirve que contrates a más médicos, psicólogos o psiquiatras. No es una cuestión de más o de menos. Sino una cuestión de formación”.  

En 2024, la línea 024 atendió a 146.122 llamadas, de las cuales un 36,3% fueron clasificadas de riesgo medio-alto. Hasta junio de 2025, esta misma línea telefónica de prevención al suicidio creada hace tres años ha atendido a 84.220 llamadas

La experta asegura que hace falta una educación en doble sentido. La primera es “una formación integral multidisciplinar en las universidades para que haya gente que sepa por qué se hacen las cosas, qué cosas se hacen y qué agentes pueden hacer algo desde su posición”. La segunda, explica la mujer, es una formación puntual para aquellos agentes, como por ejemplo bomberos, policías o personal sanitario que, por su profesión, se enfrentan directamente con personas con conductas suicidas y que tienen que abordar la situación en el momento de la emergencia. Se trata, según Blanco, de una formación puntual en la que se explica cómo hablar con la persona o cómo hablar con la familia. “En esta segunda sí que hay más información, guías o protocolos y no requiere tanto de un enfoque multidisciplinar como en la primera”.

Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (2023) señalan que solo en España 4.116 personas fallecieron por suicidio. En 2024, la línea 024 atendió a 146.122 llamadas, de las cuales un 36,3% fueron clasificadas de riesgo medio-alto. Hasta junio de 2025, esta misma línea telefónica de prevención al suicidio creada hace tres años ha atendido a 84.220 llamadas. Otros teléfonos de atención al suicidio son el 112 o el Teléfono de la Esperanza (93 414 48 48). Sin embargo, muchas personas siguen llamando a asociaciones u organizaciones empujadas por la ciudadanía pidiendo ayuda. 

Hablar bien sobre el suicidio implica no difundir mitos, ni contar métodos, lugares o viralizar la identidad de una persona anónima, sino que hay que hacerlo cuando la noticia ayuda a la prevención de la conducta suicida

“Con el tiempo, he aprendido a ser más cauta”, explica Blanco. “Cuando llaman a la Aidatu les digo que vayan a un profesional. Pero añado: ‘y si no te atienden, no desesperes, porque igual el siguiente sí te atiende’. Hay que ofrecer todos los recursos disponibles, por supuesto. Pero también hay que plantearse la posibilidad de que estos no estén preparados”, insiste la experta al mismo tiempo que reconoce que la mayor parte de los avances han sido gracias al empuje y organización de la ciudadanía y de asociaciones pequeñas de supervivientes que están sosteniendo a la gente. “¿Y qué hace la administración?”, se pregunta. “Tengo muchas dudas, pero hay solo una cosa de la que estoy convencida. Y es que hay muchas muertes que se pueden evitar”. 

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Sanidad aprobó el Primer Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027, que busca reducir y prevenir la conducta suicida en la población (con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad), crear un observatorio para recopilar datos y apoyar en el duelo al entorno de los fallecidos. Si bien se trata de un hito histórico, “esta medida llega tarde, y dos años de acción son pocos si tenemos en cuenta que en España fallecen de media 11 personas cada día por suicidio”, explica Cristina Martínez, periodista y activista para la prevención. 

A por una nueva narrativa 

Hablar del suicidio ayuda a la prevención. Pero no de cualquier manera. Así tratan de explicarlo desde La Niña Amarilla, una asociación creada por periodistas cuyo objetivo es llevar la comunicación preventiva a toda la sociedad. “Muchos estudios demuestran que hablar del suicidio no tiene un efecto contagio si se hace desde el respeto, el rigor y la responsabilidad”, explica Martínez, una de las fundadoras de esta asociación valenciana. “Hacerlo bien implica no difundir mitos, ni contar métodos, lugares o viralizar la identidad de una persona anónima. Sino que hay que hacerlo cuando la noticia ayuda a la prevención de la conducta suicida. Porque el suicidio es un fenómeno multicausal que no solo depende de salud mental. El suicidio es un momento de vulnerabilidad en el que la persona no ha sabido gestionar una solución”.  

Por eso, en 2022 la asociación publicó En mis zapatos, una guía de recomendaciones para comunicar sobre el suicidio realizada junto con la asociación Papageno y AFASIB (Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por Suicidio de las Islas Baleares) dirigido a medios de comunicación y profesionales de la comunicación. En ella se hacen recomendaciones de cómo hablar del suicidio desde una perspectiva empática y sana que contribuye a la prevención del suicidio. Otro ejemplo es su Semillero de Esperanza, un conjunto de formaciones que se enfocan en el triángulo de la educación: alumnos, profesores y familias. 

“Necesitamos hablar más desde la prevención para que las personas puedan compartir sus experiencias y, al mismo tiempo, educar a la sociedad para que sepa reaccionar cuando alguien se abre. No podemos decirle a la gente que pida ayuda y luego darle la espalda”, explica Martínez, que cree que los medios de comunicación sirven como altavoces para “cambiar ese silencio social en torno al suicidio”. 

El cambio comunicativo empieza, según Martínez, por ejemplo, usar nuevos neologismos como “muerte por suicidio” cuando queremos decir que “alguien se ha suicidado”. “El uso del verbo reflexivo suicidarse ha puesto todo el peso y la responsabilidad en la persona que muere. Sin quererlo, señala, aísla y deja fuera de foco todo lo que puede estar detrás de esa persona: su sufrimiento emocional, las causas sociales, económicas, culturales o de salud mental”, explica. En cambio, el uso de muerte por suicidio, desindividualiza y humaniza.

La socióloga advierte también sobre el problema de la banalización: “Hay que hablar del suicidio, por supuesto, pero en algunos contextos la palabra suicidio se ha banalizado del mismo modo que se banalizó la palabra salud mental. No hagamos eso porque volvemos a invisibilizar, a enterrar aquellos que verdaderamente tienen esos problemas”, afirma Blanco, que insiste en la vigilancia: “Es fundamental que haya guías y protocolos de actuación en todas las áreas, que hablemos del suicidio y que se eduque a la sociedad para que sepa cómo actuar en esos casos, pero hay que ser rigurosos”.

Desde 2019, Omer vive escondido en Libia sin apenas salir de casa para evitar los constantes abusos sufridos por la población migrante en el país. El joven sudanés sufre diabetes pero no puede acceder a tratamiento médico. Quiere cruzar el Mediterráneo, pero aún no ha dado el paso de lanzarse al mar. Su mayor temor, cuenta, no es morir ahogado, sino ser detectado por Frontex y ser entregado a las milicias libias, con el riesgo de convertirse en víctima de crímenes de lesa humanidad como los sufridos por miles de migrantes en el país.

Con el apoyo de Refugiados en Libia y Front-Lex, Omer demandó a la Agencia Europea de la Guardia Fronteriza y Costera (Frontex) por “compartir rutinariamente la ubicación de las embarcaciones de refugiados con la guardia costera libia”, que acaba interceptando con violencia a los migrantes que, en muchas ocasiones, acaban en centros de detención donde se ha documentado tortura, violencia sexual, trabajo forzoso y encarcelamiento arbitrario.

“Morir en el mar es más compasivo que morir en uno de los centros de detención de las milicias, o que ser comerciado como si no fuéramos humanos”, dice Omer en una entrevista con elDiario.es. Con su testimonio, busca probar ante el TJUE los riesgos a los que se enfrentan los migrantes debido a la información enviada por la Agencia a los guardacostas libios, con el objetivo final de que Frontex deje de establecer comunicaciones con ellos.

Un año después de su denuncia, el joven ha conseguido lo que hasta ahora parecía imposible: que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a Frontex a comparecer por su cooperación con los guardacostas en operaciones de interceptación de migrantes en el Mediterráneo central.

Omer cuenta que abandonó su país, Sudán, cuando comenzaron las protestas contra el régimen de Omar al-Bashir. Pertenece a la tribu Fur, en Darfur, y durante sus años universitarios fue acosado y perseguido por su origen étnico. “Me acusaron de pertenecer a un grupo rebelde y me vi obligado a salir del país. No fue una elección, fue una necesidad”, explica. “No nos queda más opción que el mar”, añade el joven.

La historia de Omer refleja una realidad compartida por miles de personas atrapadas entre la violencia de sus países de origen y la política migratoria de la UE basada en ceder las labores de control fronterizo a terceros países, sin importar las vulneraciones de derechos humanos que conlleva.

Pese a su enfermedad, vive sin acceso a tratamiento médico. “Me he convertido en mi propio médico porque no hay doctores disponibles para personas como yo”, lamenta. Su certificado de solicitante de asilo emitido por ACNUR no ha servido para garantizarle ni atención sanitaria ni protección.

Precedentes judiciales

La denuncia de Omer, respaldada por la organización Front-Lex, se diferencia de casos anteriores que fueron rechazados por el Tribunal. En 2021 y 2022, dos demandas contra Frontex por operaciones conjuntas con Grecia en el mar Egeo fueron desestimadas al no considerar “cierto” el perjuicio a los demandantes. Según Iftach Cohen, jefe de litigios en Front-Lex “para que sus casos fueran admitidos, las víctimas debían estar sufriendo en ese momento una devolución, sin acceso a abogados ni posibilidad real de reclamar justicia”.

“Según las normas de admisibilidad del TJUE, el demandante debe poder demostrar que el perjuicio a su situación ya es ‘cierto’ para que la acción judicial sea admisible”, señala Cohen. En el caso de ST v Frontex, los jueces aceptaron dicha inadmisibilidad de Frontex porque no había “certeza de que ese cruce [del solicitante desde Turquía hacia Europa por el Mar Egeo], si tuviera que intentarse de nuevo, daría lugar a otro fracaso”.

Este modus operandi -que no se ha producido en este caso- crea “una situación sin salida para las víctimas que buscan acceso a la justicia: sus casos solo pueden ser admitidos cuando el perjuicio a su situación es cierto y ya estuvieran siendo objeto de una devolución en el mar, sin poder contactar con un abogado ni presentar una demanda judicial para hacer valer su derecho a la protección contra la devolución”, denuncia el abogado.

La principal diferencia entre el caso de Omer y los anteriores es que esta vez la denuncia no implica la participación de ningún Estado miembro de la UE. Tal y como explica el abogado a elDiario.es, “cuando un Estado de la UE está metido en la denuncia, Frontex argumenta que es el Estado el que se ve directamente afectado por la decisión de poner fin (o no) a la actividad. Por lo tanto, solo es admisible la acción judicial de ese Estado miembro, aunque esto conceda una impunidad de facto a Frontex porque nunca se le exigirían responsabilidades”. Grecia, a la vez que Italia o Malta, “no tienen interés en impugnar la presencia continuada de Frontex, ya que apoya la continuación de estas operaciones, incluso ante violaciones de derechos”.

Sin derechos y sin refugio

Libia no ha ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados. Sin embargo, la UE mantiene acuerdos de cooperación en materia migratoria con las autoridades del país. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años que estas colaboraciones contribuyen a que miles de personas sean devueltas a centros de detención donde enfrentan torturas, violencia sexual, extorsión y desapariciones.

“Desde una perspectiva legal, Frontex tiene obligaciones en materia de derechos humanos bajo la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Esto incluye el principio de no devolución”, explica Giulia Raimondo, investigadora en derecho internacional y europeo. La UE se escuda en que Libia no es signataria de la Convención de Ginebra para argumentar que no tiene autoridad sobre lo que allí ocurre, pese a colaborar y financiar a la Guardia Costera Libia para que los migrantes no lleguen a Europa. Es decir, su argumento le permite eludir el respeto de principios fundamentales como el de no devolución (non-refoulement) y el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz, que sí están obligados a cumplir los Estados miembros dentro de su jurisdicción.

“La manera en que se fragmentan las responsabilidades entre Frontex, los Estados miembros y terceros países crea una brecha de rendición de cuentas”, denuncia Raimondo quien enfatiza que “al proporcionar coordenadas de embarcaciones a la Guardia Costera libia, Frontex desempeña un papel directo en permitir devoluciones a un país donde se sabe que los migrantes enfrentan tratos inhumanos”.

En teoría, ACNUR tiene presencia en Libia, pero su capacidad de acción es extremadamente limitada. Solo ofrece asistencia básica en algunas zonas de Trípoli. En el caso de Omer, ni siquiera eso ha estado disponible. Aunque cuenta con el certificado de solicitante de asilo, este documento no le ha permitido acceder a atención médica ni a una vía legal para solicitar protección internacional.

Para lograrlo, debería migrar a otros países fronterizos como Túnez. Pero incluso allí, según diversas organizaciones, los derechos sociales y la protección legal son prácticamente inexistentes para las personas refugiadas. La UE ha clasificado a Túnez como un posible “tercer país seguro”, aunque quienes permanecen allí en situación irregular pueden ser detenidos y expulsados, incluso abandonados en zonas fronterizas como Libia o desérticas.

La complicidad de la UE

La actuación de Frontex en el Mediterráneo central ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y rescate marítimo. La agencia, que opera con drones y vigilancia aérea, comparte información sobre embarcaciones en peligro con la Guardia Costera libia, lo que facilita las interceptaciones y devoluciones forzadas a un país donde no existe un sistema de asilo ni garantías mínimas de protección.

“El año pasado, la Organización Internacional para las Migraciones informó de que más de 21.000 personas fueron devueltas ilegalmente en el mar por la denominada Guardia Costera libia”, señala Giulia Messmer, portavoz de Sea-Watch, una de las ONG con presencia activa en la zona. “Frontex es consciente de su complicidad en crímenes internacionales. Las personas son secuestradas y devueltas a un ciclo malicioso de violencia que incluye tortura, abusos sexuales y desapariciones forzadas”, añade.

Según Messmer, en múltiples ocasiones Frontex ha contactado directamente con las autoridades libias incluso en zonas de búsqueda y rescate (SAR) bajo responsabilidad de Malta, sin informar a los barcos de rescate cercanos. “Eso es ilegal. No informar al barco más próximo a una embarcación en peligro, así como facilitar las devoluciones a un país como Libia, va en contra del derecho internacional”, afirma.

Desde Sea-Watch alertan de que las Fuerzas Armadas de Malta (AFM) estarían incumpliendo sistemáticamente su obligación de rescatar embarcaciones, facilitando en cambio su interceptación por parte de milicias libias. “Sospechamos firmemente que las AFM y las milicias libias colaboran para organizar interceptaciones dentro de la zona de búsqueda y salvamento maltesa”, denuncia Messmer, citando informes de su organización.

Además, critica que la práctica de entregar agua y combustible a personas migrantes sin rescatarlas empuja a las embarcaciones a salir de la zona SAR maltesa y alcanzar aguas italianas, donde serían responsabilidad de Roma.

“No hay ninguna garantía de que las personas que intentan huir de la guerra en Libia no sean interceptadas en el mar por milicias libias, incluida la denominada Guardia Costera”, concluye. Según la portavoz de Sea-Watch, estas estructuras mafiosas operan un “modelo de negocio criminal” con apoyo financiero de la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros, como Italia, con el objetivo de disuadir la migración, sin importar el coste humano.

El pasado 30 de julio, Sea Watch International informó a través de su cuenta oficial en X que detectó una embarcación –con 90 personas a bordo– en peligro de naufragio. El mensaje denuncia la muerte de dos menores y que una persona permanece desaparecida.

Según el hilo publicado, el equipo de Sea Watch localizó la embarcación en el Mediterráneo central y alertó con urgencia a Frontex, aunque sin confirmación inmediata de respuesta o intervención oficial. Según la organización, los barcos de rescate europeos podrían haber llegado en tres horas, pero “decidieron no hacerlo”. Paul Wagner, de la misma organización aseguró que Frontex es “una política asesina en acción: un homicidio deliberado y planificado de niños al mar”.

La última vez que Borja vio a su familia fue para recuperar a su gato. Le echaron hace cinco meses, cuando regresó a casa de sus padres de Madrid en septiembre de 2024, después de estar ocho años en Barcelona viviendo a su aire. A su vuelta, Borja vestía con ropa no normativa, pero sus padres “no se lo tomaron bien”, explica el joven de 33 años. Borja, quien se identifica como no binario, es uno de los muchos jóvenes que en España se enfrentan al rechazo familiar por pertenecer al colectivo LGTBIAQ+. Sin una red de apoyo sólida, estos jóvenes pueden terminar fácilmente en la calle o sin hogar.

Nacido en el seno de una familia muy autoritaria, Borja siempre supo quién era y cómo quería ser. Ante las miradas despectivas por las faldas que llevaba, este joven le explicó a sus padres que la ropa no tenía género y que él se sentía cómodo así. “Se lo dejé muy claro, les dije: ‘Oye, mira, no me puedo hacer cargo de la mirada ajena y menos de la tuya’. Pero no entendían el concepto”.

La realidad es que a Borja ya le habían echado de casa en la adolescencia. “Mi madre y yo nos enfadábamos y me echaba por una noche”, explica. Su relación en 2024 ya estaba mermada de antes, cuando, cuatro años atrás viajó unos días para visitar a sus padres. “Otra vez tuvimos una discusión muy fuerte y ella terminó levantándome la mano. Ahí dije basta. Me volví a Barcelona y apenas había contacto”. Rondaba 2021 y fue en ese mismo momento cuando Borja se adentró al chemsex. “Es una forma de mirar hacia el otro lado y de entender que el chemsex es la alarma, pero no el incendio. Cuando tienes una recaída es por todo lo que no había gestionado en mi vida. Y en mi caso era por la familia”.

La seguridad de Borja al defender su orientación es parecida a la de Sam, otro joven de Madrid menor de 30. “Puse nombre a mi orientación en 2015, cuando en el colegio tuvimos un seminario sobre sexo y hablaron de homosexualidad. Antes, solo había escuchado palabras como maricón o mariquita. Pero cuando escuché homosexual pensé: ‘Ya sé cómo definir lo que llevo sintiendo años atrás’”, explica Sam, quien ahora se identifica como no binario. Su familia –muy arraigada a la religión cristiana– le rechazó con 23 años, después de que confesara que había tenido relaciones con otros hombres, mayores que él y, en algún caso, casados.

Su primer encuentro con un hombre sucedió durante la pandemia, cuando la necesidad de experimentar iba cada vez más en aumento. Todo su entorno, —familiar, educativo y social— estaba profundamente arraigado en la comunidad cristiana y la iglesia. Su único desahogo era hablar con sus tías, quienes también pertenecían a la comunidad, pero descubrieron su homosexualidad revisando el historial de Sam en el ordenador. “Entonces empezaron a llevarme a reuniones de la iglesia sobre homosexualidad, pero en vez de ayudarme, me hacían sentir atacado. Para ellos era un pecado. Además, como estábamos en pandemia, me ponían reuniones de pastores que en algún momento dado habían experimentado la homosexualidad y luego se retractaron. Pero no me servía, ellos como mínimo habían experimentado, que era lo que yo quería hacer”.

Fue en esos momentos de exploración cuando se descargó Grindr (aplicación de citas entre personas LGTBIQ+) y tuvo su primer encuentro. “Inmediatamente después me sentí tan mal que tuve la necesidad de confesarme”. Y así lo hizo. Habló primero con sus tías y luego con sus padres, con la esperanza de que comprendieran algo que ya les había dicho cuando era niño: “Que no me gustaban las mujeres y que no quería casarme. Pero para ellos no fue solo relacionarme con un hombre, era relacionarme con un hombre durante la pandemia y que, además, estaba casado. Entonces había cometido adulterio”.

El infierno de Sam llegó inmediatamente después. “Me pusieron normas de protección, me quitaron el móvil y me dieron uno de teclas”, explica. “Tampoco podía conectarme a internet o salir de casa solo ni quedarme en casa solo. Eran unas medidas realmente extremas”. Sam aguantó en esas condiciones un año entero hasta que no pudo más y, con la excusa de tener una entrevista de trabajo, quedó con otro hombre.

Otra vez se sintió culpable y otra vez se confesó a su familia. Pero esta vez, buscaron una solución intermedia. Sus padres le pagaban una habitación en un piso compartido a cambio de que trabajara con su padre en el mantenimiento de la iglesia. “Aguanté tres meses. Psicológicamente, no estaba nada bien y trabajar con mi padre suponía tener discusiones diarias. Yo ya no les contaba nada sobre mis relaciones con otros hombres. Pero todo hacía mella y, al final, en diciembre nos encontramos físicamente y me dijeron que la situación era insoportable y que, tenía un mes para buscarme la vida. Me quedé sin trabajo y no tenía dinero”.

Si bien no existen datos sobre el sinhogarismo LGTBIQ+ de carácter estatal, desde 2022, la Mesa Técnica de atención a personas LGTBIAQ+ en riesgo de exclusión residencial de Madrid –formada por 11 entidades que dan soporte al colectivo– trata de visibilizar la realidad de jóvenes como Borja y Sam. Según su último informe publicado en marzo de este año, en 2024 unas 979 personas solicitaron alojamiento pese a que, solo en Madrid, había una disponibilidad de 65 plazas. La organización Ahora Dónde ha realizado un informe similar en Barcelona: en él señala la discriminación dentro de las familias que obliga a personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+ a irse por voluntad propia, marcharse, en lo que sería un “abandono voluntario forzoso”.

Sin techo, expuestos a violencia

“Lo que ocurre aquí, en Madrid, es que el colapso es evidente”, explica Carlos, trabajador social de la Fundación San Martín de Porres. La falta de recursos obliga a los trabajadores a tener que descartar a personas, priorizar casos y saber que, porque no hay espacio en otras organizaciones, muchos jóvenes están durmiendo en la calle. Otras organizaciones que también disponen de pisos de acogida como Fundación Eddy o Apoyo Positivo, en Madrid, o Ahora Dónde y ACATHI, en Barcelona, también subrayan esta situación.

Después de que sus padres le dejaran sin alternativas, Sam se vio abocado al abismo. En ese momento, estaba conociendo a un chico que aparentemente era joven. “Suplantó la identidad de un joven, pero realmente tenía 60 años. Yo no estaba bien y le conté lo que me pasaba. Él se ofreció a dejarme una habitación en su casa”. Antes de entrar, Sam había solicitado un alojamiento a Apoyo Positivo, que ofrece respaldo a personas sin hogar del colectivo. “Me dijeron que no podía ser, que había lista de espera, así que acepté la propuesta del señor”. Sin embargo, solo pasó allí un mes.

El primer paso para que Sam saltara hacia su autonomía sucedió después de que, un día, “ese hombre entrara en mi habitación y abusara de mí”. “Podría haberme resistido, pero me duplicaba en tamaño y fuerza, así que me sometí. Luego me sentí muy mal. Sentí que estaba ahí a cambio de que hiciera lo que quisiera conmigo”. Esa misma tarde, volvió a llamar a Apoyo Positivo, explicó lo que acababa de vivir e inmediatamente le facilitaron un piso. También llamó a su familia, pero la única respuesta fue que “no querían saber nada de mí. No querían escuchar lo que había pasado”.

Los que no tienen la suerte de entrar directamente en un albergue o un piso se ven, en la mayoría, abocados al couchsurfing como Sam. “Muchas personas aceptan vivir en sofás a cambio de ciertos favores”, dice Rodrigo Araneda, presidente de ACATHI, una organización que da asistencia a personas migrantes del colectivo LGTBIQ+. “Es un sinhogarismo invisible, más complejo, porque te pone en situación de vulnerabilidad a la hora de tener vínculos con otras personas. Te expone a riesgos que tú no puedes controlar”, explica. La alternativa es la calle.

Sin techo y sin padrón

No es lo mismo estar en situación de calle con padrón que sin él. Borja lo comprobó al ver que sin documentación no podía acceder a muchos recursos. Pero para personas LGTBIAQ+ migrantes como Farzad y Abel, la exclusión es aún mayor, sobre todo si están en situación irregular.

Nacido en la ciudad de Arak (Irán), la familia de Farzad descubrió su orientación sexual cuando tenía 16 años. “Tenían la esperanza de que fuera algo pasajero, pero se distanciaron emocionalmente de mí”. A los 18, tras enterarse de que tenía novio, lo echaron de casa. Pasó nueve meses entre casas de amigos y la calle hasta que consiguió un trabajo en una agencia de viajes de Teherán hasta 2014, cuando apenas tenía 24 años. Sin ningún contacto con su familia, Farzad asegura que la única persona que incondicionalmente le ha querido es su hermana que tiene una discapacidad intelectual. “A día de hoy sigo guardando un regalo que me hizo antes de irme. Es un colgante de madera que aprendió a hacer en la asociación para personas con discapacidad. Ella no se imaginaba que me iría para no volver”.

Farzad reside actualmente en uno de los pisos de acogida para el colectivo LGTBIAQ+ que ofrece ACATHI en Barcelona. Y está a la espera de conseguir un trabajo y la protección que ofrece la condición de asilado. Antes, sin embargo, estuvo tres meses viviendo en la calle tras ser víctima de una estafa. Mientras estaba en Italia cursando un máster, un abogado le prometió que podría llegar a España y emprender un negocio pagando más de 41.000 euros por una serie de trámites que no llegaron a ningún sitio. Llegó en julio de 2024 a Barcelona con poco más de 700 euros y una visa italiana a punto de expirar.

Las estafas y extorsiones son factores recurrentes en los procesos migratorios que agravan la vulnerabilidad de las personas. Cuando Abel (de 27 años y originario de Venezuela) fue rechazado por su familia, escapó de su país junto a su novio. Llevaban un año juntos y no tenían dinero. Cruzaron a pie Colombia y Ecuador para llegar a Perú.

“En Colombia me secuestraron y he llegado a sufrir violencia física y psicológica. Vengo de una familia desestructurada, muy creyente, pero con un padre ausente y una madre maltratadora”, explica Abel, que ya cuenta con un permiso de residencia en España. Trabaja como artista floral, un empleo que consiguió gracias a la Fundación Eddy. “Llegué con mis ahorros y pude estar 10 días en un hotel hasta que conseguí una habitación. Pero solo pude pagarme un mes y medio. Entonces, me puse a buscar organizaciones y los encontré”.

Las redes fuera de las instituciones

“El sinhogarismo es un problema. Pero también lo es institucionalizarlo y hacer que haya personas que siempre dependen de los servicios sociales”, explica Abraham, coordinadora del Proyecto Chueco, un punto de encuentro para personas del colectivo LGTBIAQ+ en riesgo de exclusión social de la Fundación San Martín de Porres. “Entras en un circuito en el que dependes del albergue que te acoge, pero no se pone el foco en tejer una red más informal que permanezca en el tiempo”.

Proyecto Chueco se diseñó en 2023 para cubrir los vacíos que deja una red asistencial centrada en el chemsex y en modelos terapéuticos jerárquicos. Abraham explica cómo hay dos ejes que atraviesan las personas en situación de calle o exclusión: la primera de ellas es el consumo de drogas, que va más allá del chemsex. La segunda es la prostitución. “Por eso, es necesario ofrecer espacios que no criminalicen, pero que supongan un espacio de reducción de daños a la vez que ofrecen talleres, terapia y un entorno en el que las participantes puedan sentirse acogidas y escuchadas en vez de ser estigmatizadas”.

Chueco recupera el territorio con talleres de danza, cinefórums o juegos de mesa donde socializar no implique pagar ni colocarse. Porque la comunidad también se construye bailando sin drogas, leyendo juntas o compartiendo dudas sobre salud sexual.

Chick estaba en la planta 23 del hotel de lujo donde trabaja como practicante, a punto de salir de su trabajo, en pleno centro de Bangkok (Tailandia), antes de sentir el temblor. La mañana del 28 de marzo, su jefa le pidió que se quedara en el bar, justo enfrente de la piscina donde dos clientes disfrutaban de su baño en la azotea del hotel. “De repente, un compañero me preguntó: 'Chick, ¿sientes el temblor?' Le respondí que no”, recuerda la mujer. Cuando vio cómo el agua de la piscina se salía por todas partes, la joven de 25 años se percató de que era un terremoto.

Cuando los temblores del seísmo fueron a menos, bajó hasta el hall y se encontró con el resto del equipo. “En ese momento pensaba que el terremoto sólo había ocurrido en Tailandia”, recuerda Chick (nombre falso para proteger su identidad). Minutos más tarde, cuando pudo mirar las redes sociales, vio que la situación en Myanmar era mucho peor. En su país de origen han muerto más de 3.600 personas a raíz del terremoto de magnitud 7,7, según los datos oficiales del régimen castrense que tomó el poder mediante un golpe de Estado en febrero de 2021.

La Asistencia Humanitaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) calcula que más de 40.000 viviendas han sido dañadas o destruidas y las réplicas siguen sacudiendo las zonas afectadas, amenazando con más destrucción y pérdidas a las comunidades que ya han sido devastadas.

“No fue hasta la madrugada del día siguiente, a las 04:00, cuando por fin pude contactar con mi padre. Todos están bien. Viven en la frontera con Tailandia, lejos del epicentro del terremoto”, relata a elDiario.es Chick, quien lleva más de cuatro años sin ver a su familia. Dice que ha escuchado que muchos de los muertos en un edificio derrumbado en Tailandia por el terremoto venían de Myanmar, como ella.

En las pasadas dos semanas, han sido recuperados 37 cuerpos sin vida y 57 personas aún no han sido halladas tras el derrumbe de la Oficina Estatal de Auditoría, que estaba en construcción. La joven reconoce dice sentirse culpable por estar viva. “Mentalmente estoy mal”, explica en una videollamada con elDiario.es.

Discriminación contra los birmanos

Le cuesta expresar lo que implica ser migrante en un país como Tailandia. Desde hace meses, los migrantes como ella se enfrentan a un aumento del discurso de odio a través de las redes sociales con afirmaciones falsas que acusan a los trabajadores procedentes de Myanmar de exigir un salario mínimo diario de 700 baht (unos 18 euros), casi el doble de lo que se paga a los tailandeses.

Según la Organización Internacional de las Migraciones, hay 2,3 millones de birmanos trabajando en la capital tailandesa, cifra que se traduce en un 70% de la mano de obra migrante. La OIM también estima que 1,8 millones de personas trabajan ilegalmente.

El resentimiento en Tailandia hacia los birmanos se remonta a siglos atrás, cuando en 1767 las fuerzas de Birmania invadieron la capital, mataron a civiles y soldados y tomaron a miles de prisioneros. En declaraciones a AFP, Hnin Wut Yee, experta en derechos laborales de Myanmar, aseguró días antes del terremoto que las autoridades tailandesas tratan de explotar los resentimientos históricos: “Hacer referencia a la historia o alertar contra estas invasiones extranjeras puede desencadenar la mentalidad nacionalista, o podría mantener un sentimiento de unión en defensa de enemigos externos”, declaró.

Chick es originaria de Yangón, capital de la antigua Birmania, y escapó de su país en 2021. “No pude terminar mis estudios, me quedé en el tercer año de la carrera de Literatura Inglesa, pero he tratado de trasladar todos mis conocimientos a los niños y jóvenes que también escapan de la guerra [y se refugian] en Mae Sot”, región tailandesa fronteriza con Myanmar, explica. “Si me devuelven a las autoridades birmanas, vete a saber lo que me puede pasar”. Se ríe, pero en la pantalla pone la mano a la altura de su cuello y hace un gesto para indicar que la matarían por haber estado implicada con uno de los grupos que se movilizaron en contra de la junta militar.

Cuando huyó de su país, Chick tenía la ilusión de poder reconstruir su vida y cumplir sus sueños de hacer un máster en el extranjero. Ahora, su día a día se reduce en seguir en pie. “Estamos vivos, pero nos cuesta respirar. Somos un pueblo que ha sufrido mucho. Tenemos mucha presión encima”, señala la joven, con la impotencia de no poder regresar a su país. “Pero luego pienso que estoy viva, que tengo un trabajo y comida. Hay personas que lo han pasado mucho peor que yo, que lo han perdido todo en Myanmar”.

Según el último informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 3,3 millones de personas se encuentran desplazadas y 18,6 millones necesitan ayuda humanitaria en Myanmar. Tras el terremoto, la Oficina de la ONU para la Coordinación Humanitaria (OCHA) calcula que 6,3 millones de personas necesitan ayuda y protección urgentes, lo que supone un aumento de dos millones de personas respecto a antes del seísmo.

Un país sumido en “una guerra civil de facto”

Myanmar está en “una guerra civil de facto”, afirma Javier García cofundador de Colabora Birmania, organización española que asiste a las comunidades vulnerables birmanas en la región fronteriza de Mae Sot.

Días después del terremoto, la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing –que lideró el golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi– siguió bombardeando los territorios fuera de su control, pese a la devastación causada por el seísmo. Tras las denuncias y presión internacionales, la junta militar declaró un alto al fuego temporal hasta el 22 de abril.

Desde febrero de 2024, la junta militar obligó a todos los hombres de entre 18 y 35 años, y a las mujeres de entre 18 y 27 años, a servir dos años a las Fuerzas Armadas del país. “El reclutamiento forzado ha hecho que muchos jóvenes huyan en masa”, afirma García. Según publicaba FE5 Tanintharyi, un grupo de investigación que ha estado monitorizando los movimientos migratorios en la región, en 2024, más de 6.300 personas fueron arrestadas por entrar en Tailandia de manera ilegal. La mayoría de ellos fueron devueltos en Myanmar y reclutados por las autoridades birmanas para servir en el Ejército.

Antes de cruzar ilegalmente la frontera con Tailandia, Chick encontró cobijo en el KNU, la Unión Nacional Karen. Se trata de una de las organizaciones que forman parte de la Organización Armada Étnica (EAO) y apuesta por la autodeterminación del pueblo karen. La EAO es una unión de grupos étnicos (en Myanmar hay más de 100) que, después del golpe de Estado, se unieron con el fin de derrocar a la junta militar, aunque tienen diferentes estrategias y visiones políticas y cada uno posee su brazo armado. Unos 17 grupos de la EAO también se unieron al Gobierno de Unidad Nacional (NUG), considerado como el gobierno legítimo de Myanmar, compuesto por parlamentarios destituidos y líderes de varios partidos étnicos opositores.

“Me puedes considerar una revolucionaria, pero nunca sostendré una pistola”, ríe Chick a través de la pantalla. Para agradecer el cobijo que encontró con el KNU, la joven trabajó voluntariamente con la organización como administrativa en un hospital.

Los múltiples grupos, alianzas y uniones explican la complejidad de la guerra. Sin embargo, pese a las diferencias “todos los grupos están de acuerdo que hay que luchar contra la junta militar”, afirma García.

La familia de Chick, en Myanmar, formó parte del Movimiento de Desobediencia Civil (CDU) y participó en las primeras movilizaciones contra el régimen. Su madre, enfermera de profesión en el hospital público se negó, como muchos otros funcionarios, a seguir trabajando para los militares. “Ahora están con mi padre y mi hermana más pequeña en la frontera. Pero no quieren dejar el país porque lo quieren. Aman Myanmar”.

Su hermana mediana se encuentra en Chiang Mai, ciudad al norte de Tailandia, a 701 km de Bangkok. Asegura que, por suerte, todos sus familiares están bien y que puede estar en constante comunicación con ellos, pero no quiere dar detalles sobre su situación para protegerles.

“Estamos siendo ejecutados, diariamente, en todas partes”

“La guerra es como si fuera algo normal. Pero estamos siendo ejecutados, las casas se están destruyendo, diariamente, en todas partes”, denuncia Chick. Su tono de voz es sereno, directo e incisivo.

A fecha de 3 de abril de 2025, la Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP) asegura que la junta militar ha asesinado a 6.481 personas y arrestado a 28.985. Entre los asesinados hay más de 3.000 cuerpos sin identificar y también hay 749 menores y 1.491 mujeres. Según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el pasado 17 de septiembre, los detenidos por las autoridades birmanas sufren una “falta de garantías judiciales” e, incluso, abusos y torturas.

Es difícil saber lo que ocurre en el país desde que la junta militar (oficialmente, Consejo de Administración del Estado, SAC) está aplicando su estrategia de los “cuatro cortes”: cortes de financiación, comunicaciones, alimentos y asistencia sanitaria en los territorios que no están en sus manos. Después del terremoto, ONG y agencias de la ONU advierten de las dificultades para prestar ayuda humanitaria a las zonas que no están controladas por el SAC.

Colabora Birmania es una de las pocas organizaciones que presta asistencia a los birmanos que escapan de Myanmar y que no tienen refugio. La ONG sabe lo que ocurre en el país a través de los relatos de los migrantes. Desde el verano de 2024, “el Gobierno tailandés no permite que entre más gente en los campos de refugiados. Están desbordados y no hay capacidad”, explica García desde Madrid.

“Algunos de los que cruzan el río Moei [en la frontera con Tailandia] sí que son solicitantes de asilo, pero hay otros que no saben ni que pueden solicitarlo. Vienen de pequeñas aldeas Karen que han sido ocupadas por el ejército o les han puesto minas, que es una de las estrategias del Tadmadaw [Fuerzas Armadas de Myanmar]”.

Según un informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, en 2023 se registraron 1.003 víctimas en Myanmar, casi el triple que el año anterior. Esta cifra supera las 933 víctimas registradas en Siria durante el mismo período, convirtiéndose en el país con el mayor número de víctimas por minas antipersona y restos explosivos de guerra.

Cuando los militares toman una aldea, cuenta García, “violan a las mujeres, matan a los hombres y reclutan a los niños para el Ejército. Luego ponen minas antipersona para que esa zona no se pueda repoblar. Por eso muchas de las personas que cruzan la frontera son gente que vive del campo. No solicitan asilo porque ni lo saben y, a su vez, Tailandia tampoco se lo daría”.

Una vez pasada la frontera, las mujeres y niñas “son las primeras en caer en las redes de trata y prostitución”, señala el cofundador de Colabora Birmania. “Las mafias no cobran tanto por cruzar la frontera, sino que esperan para estafar [a los migrantes] en Tailandia”, concluye García.

“La justicia es una decisión netamente política de los países que componen el Estatuto de Roma”, denunciaba este miércoles el juez Baltasar Garzón durante el debate ‘La esperanza de Justicia en el mundo’, en el que también participó la periodista Olga Rodríguez. El encuentro, organizado por la fundación Éxodus y el Instituto Cervantes, tuvo como objetivo analizar si, en un mundo marcado por la crisis internacional, la desigualdad y las guerras, el principio de justicia universal sigue siendo aplicable hoy en día.

Durante su intervención, Garzón denunció la inacción política de los gobiernos que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos el de España. “No he visto una movilización por parte de los gobiernos más allá de las declaraciones”, afirmó, lamentando la falta de credibilidad en el sistema judicial internacional como motor de transformación. “Hay miedo. Y el miedo anula la esperanza y la vida”, repitió en diversas ocasiones citando al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han.

Por su parte, Rodríguez evidenció “el sentir y la preocupación colectiva al ver cómo se extiende la impunidad”. Parafraseando a una de las voces más reconocidas del activismo internacional, Angela Davis, la periodista reivindicó: “Estamos en tiempos en los que hay que defender la esperanza como disciplina. Y en ese argumentario, hay una obligación en sí misma. No desde la impunidad, sino desde la necesidad absoluta”.

Si bien ambos ponentes reconocen que el derecho internacional ha dado pasos importantes —como la orden de arresto contra dos mandatarios israelíes por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, o el dictamen emitido por el mismo tribunal el pasado julio que recordaba a los Estados miembros que es ilegal dar apoyo o asistencia a la ocupación de Israel en territorios palestinos—, a día de hoy, las masacres continúan.

La semana pasada, Viktor Orbán retiró a Hungría de la Corte Penal Internacional tras recibir a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí buscado por la CPI por crímenes de guerra. Pero su caso no es una excepción: varios países de la UE, entre ellos Alemania y Francia han puesto en cuestión la orden de la CPI.

“Hay mucho cinismo”, recordó Rodríguez. “Sectores que operan con hipocresía y que han pasado de ahí al cinismo. Si no hay justicia, ¿qué es lo que tenemos? La extensión del espacio para la impunidad, y eso es la ley del más fuerte y del que está dispuesto a utilizar la fuerza bruta”. Rodriguez recordó que, Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, invitó a Netanyahu a una visita oficial, según informó la oficina del primer minisro de Israel.

Autoproclamado como un pesimista positivo y sin ninguna intención de querer quedarse callado a sus 69 años, para Garzón la situación es muy clara: “Hay actores que actúan y otros que impiden actuar. Y hasta que no conectemos estos dos ámbitos y nos creamos que la justicia internacional da esperanza, no vamos a avanzar”. Defender la justicia universal “no es cuestión de ser de extrema izquierda o no. Tenemos casi todos los instrumentos, pero solamente hay que creer. Es una cuestión de voluntad”.

Jueces al servicio público

Cuestionando la narrativa oficial israelí sobre Gaza, Garzón desmintió la idea de que todo lo que se encuentra en la Franja es Hamás. “Es un poco sui géneris y, desde luego, falsa”. Según el juez, no hay duda de que Israel está cometiendo un exterminio: “En Gaza se han desbordado todos los límites desde hace mucho tiempo. Y se ha hecho a ciencia y conciencia”.

Pero el juez quiso poner el foco en quienes, desde fuera, sostienen ese horror: “¿Quién está financiando todo esto? Todos aquellos que están suministrando armas para las acciones que se están desarrollando en Gaza. No son armas para proteger a la población. Y eso tiene financiación, tiene empresas detrás. En definitiva, eso también interpela directamente a la CPI”.

En ese sentido, el experto se pregunta por qué el fiscal general de la Corte no ha abierto todavía un procedimiento contra los empresarios —no solo estadounidenses, sino también de países miembros del Estatuto de Roma— que se benefician del negocio armamentístico vinculado al conflicto. “Los jueces son servidores públicos que representan a todos los ciudadanos de la comunidad internacional, y en ese sentido, el fiscal general debe asumir la presión propia de su cargo”, afirmó. “Las preguntas deberían hacerse a los presidentes, como a Pedro Sánchez. Hay acuerdos en casi todos los temas, pero a la hora de la justicia, todo el mundo guarda silencio y desaparece”.

Aunque reconoció las dificultades a las que se enfrentan los fiscales, Garzón recordó que disponen de herramientas suficientes para actuar: “Tienen a su disposición a toda la Policía y la Guardia Civil de España, porque España es un Estado miembro y ha ratificado el Estatuto de Roma. Como también lo es Francia, Portugal y los 127 países que han ratificado el estatuto. Pero otra cosa es que se quiera hacer. O nos creemos la justicia penal internacional o lo dejamos. Porque estamos dando falsas esperanzas a las víctimas”, concluyó.

Defender la jurisdicción internacional

El principio de jurisdicción universal permite a un Estado o tribunal ejercer su autoridad legal sobre crímenes cometidos fuera de su territorio, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores, cuando se trata de delitos especialmente graves como los crímenes de guerra, de lesa humanidad o el genocidio. Sin embargo, no todos los países reconocen o aplican este principio de la misma forma.

En el caso español, la aplicación de la justicia universal fue pionera y ejemplar durante años. Uno de los hitos más recordados fue en 1998, cuando el mismo Baltasar Garzón ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, marcando un antes y un después en la lucha contra la impunidad a nivel internacional.

Sin embargo, con el paso del tiempo, España ha ido restringiendo progresivamente el alcance de este principio. En 2009, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una primera reforma con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV. Desde entonces, la Audiencia Nacional solo puede investigar crímenes cometidos en el extranjero si el acusado se encuentra en España, alguna víctima es de nacionalidad española o existe un vínculo claro con el país. Cinco años después, en 2014, el gobierno del PP impulsó una segunda reforma aún más restrictiva, estableciendo requisitos más estrictos y limitando el margen de actuación judicial.

A día de hoy, las Naciones Unidas no han logrado llegar a ningún consenso a la hora de definir qué es la jurisdicción universal. Pero “su grandeza”, señalaba Garzón, “es que es un principio que se va generando y, por mucho que en algunos países se restrinja, se abren otras puertas”. Ejemplo de ello fue la querella argentina contra los crímenes del franquismo –que nunca se han investigado en España– en 2010 que sigue abierta y se sigue investigando, explicaba el magistrado como ejemplo para hacer entender que la puerta de la justicia universal no se va a cerrar pese a que los gobiernos de cada país impongan muchos condicionantes.

Acciones políticas como la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 han fortalecido la aplicación de la justicia universal en España, al facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Un ejemplo reciente es la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre las torturas sufridas por Blanca Serra, detenida por la brigada político-social en la comisaría de Vía Laietana. Otro caso destacado es la querella presentada este martes en Paterna, que se suma a las más de 115 interpuestas en todo el Estado para exigir la investigación judicial de crímenes del franquismo que, hasta hoy, siguen impunes.

Pero ante los avances que se puedan dar, para el experto, lo que sucede en España es que la justicia española “no sigue la ley de 2022 que dice que tienen que ir a las fosas y que tienen que haber procedimientos”. Y, para cambiarlo, “los jueces tienen que tener las ganas y la convicción de hacerlo”, concluyó finalmente.

“Ante ello, qué tenemos que hacer: convencer a los políticos, al Parlamento y a los grupos políticos de que tienen que modificar la ley de jurisdicción universal, la ley de 2014 hay que reformarla”, concluyó.

La sala de estar de la casa de Susana es diáfana, cálida, luminosa. Sentada en el sofá, rodeada de luz, nada hace sospechar que Susana es una hija de la luna. Una persona que debe resguardarse de esa luz cada vez que sale a la calle. Una que lleva un dispositivo rectangular que mide la radiación ultravioleta; hasta que la pantalla no señale 0.0, Susana no debe salir sin su equipo de protección: crema solar, guantes, doble capa de ropa, gafas de sol, un gorro que le cubre las orejas y la nuca y que por la parte delantera tiene una especie de velo plástico que filtra los rayos ultravioletas.

Los cristales de esa sala tan acogedora también tienen su particularidad; si se miran desde el exterior, parecen espejos. “Son láminas de poliéster”, explica Susana. Estas láminas pueden costar entre 22 y 84 euros por metro cuadrado, dependiendo del tamaño de las ventanas, la marca y el tipo que se quiera instalar. Pero para ella, como el resto de personas afectadas con Xeroderma Pigmentosum (XP), es vital protegerse al máximo. Son hijos de la luna porque no pueden tener contacto directo con la radiación ultravioleta, natural o artificial. Se trata de una enfermedad rara que en España afecta a unas 100 personas.

Cuando una fuente de luz llega a la piel, también lo hacen los rayos ultravioletas con sus radiaciones UVA y UVB. “La UVB tiene más energía y es la que hace que nos quememos con el sol. En cambio, la UVA es la que penetra en la piel; quema menos, pero contribuye al envejecimiento prematuro de la piel y al daño celular acumulativo. Ambas están relacionadas con el cáncer cutáneo”, explicaba José Manuel Carrascosa, vicepresidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología en un Encuentro Nacional sobre Xeroderma Pigmentosum que se celebró en 2023.

“La mejor parte de la célula que absorbe la radiación UV es el ADN. Cuando las radiaciones llegan a este ‘cerebro celular’, los radicales libres [moléculas que contienen electrones] con los que trabaja esta radiación deterioran parte de este ADN además de proteínas, carbohidratos y membranas celulares”, detallaba el también jefe de Servicio de Dermatología en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol a familiares de personas afectadas por la XP en ese encuentro.

Si bien el cuerpo tiene estructuras que reparan todas estas alteraciones, con el Xeroderma Pigmentosum eso no sucede; los talleres de reparación del ADN no funcionan y se produce una aceleración en la pigmentación. De fondo, la imagen de un cielo estrellado se proyectaba en una de las salas del auditorio del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Por cada estrella, una peca.

El encuentro fue organizado por la Asociación Xeroderma Pigmentosum (AXP), una entidad registrada en 2016 encabezada por Xenia y su familia. Xenia es la madre de Pol, un niño de 12 años que cuando era un bebé fue diagnosticado a raíz de unas quemaduras cutáneas. “En ese momento no había ningún tipo de referente aquí España”, explica. Por eso decidieron partir de la experiencia en Reino Unido, donde la prevalencia de la enfermedad es de 1,85 por cada millón de personas, según los datos de su sistema de salud. Es decir, 110 personas en una población de 60 millones. “Encontramos entidades en Reino Unido y tratamos de copiar sus medidas de protección”. Desde entonces, AXP compra y envía los fotoprotectores principales: gorros, guantes y medidores de luz.

Desde que se levanta hasta que sale a la calle, Pol sabe perfectamente cuál es su rutina. Ponerse crema en la cara, orejas y crema protectora para los labios; gafas de sol con cristales anti-rayos UVA y UVB; y guantes. Si hace calor, también una especie de aparato similar a unos auriculares de diadema que le rodea el cuello. Este “ventilador de cuello” lo mantiene en fresco y evita que el plástico transparente que le tapa la cara se empañe.

La semana pasada, la AXP estuvo presente en la última Reunión Internacional de Xeroderma Pigmentosum que tuvo lugar en Regensburg, Alemania. En ese encuentro, que sucede cada cinco años, varios especialistas señalaron la importancia de aumentar la conciencia entre los proveedores de atención médica para facilitar el diagnóstico de la XP, la necesidad de facilitar un apoyo psicológico a los pacientes por el alto desafío que supone la enfermedad, y el énfasis en mantener un aprotección adecuada de los rayos ultravioletas para aumentar la esperanza de vida de los pacientes de xeroderma.

“Aprovecha el tiempo que le queda”

Cuando Madelin salió de la consulta sólo podía llorar. Llevaba más de tres años esperando a que le dieran una explicación de por qué su hijo Liam, de tres años, tenía tantas pecas en la piel. “El médico me dijo: 'Aprovecha el tiempo que le queda’”, recuerda Madelin con angustia. “¿Qué esperanza se supone que tengo que tener yo si me dicen esto?”, se pregunta. En internet se asegura que la esperanza de vida de una persona con XP es de 20 años, aunque no es así. Cuando ella buscó, Google le dijo que su hijo viviría hasta los 10 años.

Liam y Susana tienen el mismo tipo Xeroderma Pigmentosum: XPC, una de las más comunes en España, según varios expertos. Sin embargo, existen siete variantes más, algunas de las cuales pueden generar alteraciones no sólo cutáneas, sino también auditivas y neurológicas.

“Estuve tres años peleando y peleando”, explica esta madre que tuvo que viajar hasta su país, República Dominicana, para conseguir el diagnóstico. “Fui al Instituto de la Piel de Santo Domingo y ahí di con una médico que, con sólo verlo, me dijo que tenía Xeroderma Pigmentosum”. Esa primera certeza se corroboró una vez de vuelta en Madrid, donde le hicieron las pruebas a Liam.

Como muchas enfermedades minoritarias, el principal problema es el diagnóstico. A Susana, de 34 años, también le diagnosticaron la XP a los tres años. “A mis padres les contaron que yo no podía estar bajo el sol, pero no dijeron nada de la sombra”, explica. A sus 18 años Susana trabajaba en la electrónica Cerler haciendo las placas de las vitrocerámicas de inducción. Pero solo supo que tenía que resguardarse también de los fluorescentes y bombillas alógenas cuando conoció a Xenia.

“Estaba acostumbrada a ir en manga larga, con chaqueta vaquera, pero no me ponía el gorro porque no lo sabía”, reconoce. Y peor: “De adolescente recuerdo ir con manga corta y ponerme la crema del Mercadona”. Pero la cantidad de ropa no siempre era eficiente. “Llevaba guantes y dos capas de ropa, pero seguía quemándome”, recuerda.

A los 18 años le diagnosticaron el primer melanoma, en la cabeza: “Era como un huevo. Fuimos al dermatólogo, pero no le dio importancia. Pensaba que era un quiste de grasa”, explica la mujer, que conoce más de lunares de lo que le gustaría. “Me dijeron: ‘cuánto más grande sea, mejor; era más fácil para quitarlo’”. Sin embargo, la insistencia de Susana consiguió que le hicieran una biopsia, y ahí llegó la sorpresa: “Cuando lo sacaron salió completamente negro. Olía fatal”.

Diez años más tarde, el bulto volvió a aparecer, aunque esta vez se metió dentro de un ganglio. Lo que en un principio tenía que “resolverse” con un antibiótico terminó siendo un melanoma metastásico. A partir de entonces empezó el tratamiento. Pero al no poder someterse ni a quimio ni a radio, optaron por la inmunoterapia.

Aunque desde los tres años Susana sabía que tenía una enfermedad que no le permitía estar bajo el sol, no tenía ni idea de que también tenía que resguardarse de la luz artificial. Si pudiera volver atrás, se hubiera protegido más, confiesa. “Protegerse al máximo” es lo que les recomienda a todos los jóvenes y adolescentes de hoy: “Vale la pena”.  

Métodos actuales de diagnóstico

Cristina Carrera, médica especialista en dermatología médico-quirúrgica y doctora en Medicina, ejerce en el Hospital Clínic de Barcelona, donde ha tratado pacientes con Xeroderma Pigmentosum. Explica que, aunque la dermatoscopia y la exploración física permiten diferenciar muchos cánceres de piel, algunos casos requieren herramientas adicionales, especialmente en pacientes con múltiples tumores o cambios frecuentes en la piel. Sin ellas, se multiplican las visitas complejas y las biopsias innecesarias.

Según la experta, existen dos niveles de diagnóstico para melanomas o carcinomas cutáneos. El primero es el que la familia hace una autoexploración del cuerpo que se complementa con una revisión corporal física por un especialista. Esta revisión se utiliza el dermatoscopio, que es el utensilio más común para analizar la piel.

El segundo nivel sería en pacientes de alta complejidad, como es el caso del xeroderma pigmentosum, o con pacientes con muchos cánceres cutáneos o alta probabilidad de estos, se utilizan los mapas corporales digitales, la dermatoscopia digitalizada para comparar. A su vez, la experta señala que en último término, en un nivel más especifico y de mayor dificultad, existen tecnologías como la microscopia confocal, que permiten un diagnóstico con mayor eficienciaes, rediciendo el número de biopsias y a detectar tumores muy precozmente.

Recientemente, el Hospital Clínic de Barcelona también cuenta con el Vectra 3D, un sistema que mediante un algoritmo de inteligencia artificial permite generar una imagen de muy alta calidad del cuerpo del paciente, lo que permite hacer una comparativa casi automática de los mapas corporales de una misma persona. Es el único centro en España, además de una clínica privada de Madrid. Microscopio confocal solo hay en el Hospital Oncológico de Valencia, en el Ramon y Cajal de Madrid y en tres centros de Catalunya: el Germans Trias y Pujol, el Can Ruti y el Clínic. Para los pacientes de Comunidades que no cuentan con este tipo de dispositivos, los expertos recuerdan que siempre pueden acceder al Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO), que permite la derivación entre autonomías.

“Hay herramientas para el diagnóstico precoz. E incluso para casos de tumores no diagnosticados precozmente que se vuelven melanoma o carcinoma de muy alto peligro, existen terapias sistémicas que en los xerodermas funciona muy bien, incluso mejor que con la población general”, indica Carrera.

Código postal vs Código genético

Pero la realidad es que hoy no existe cura para la Xeroderma Pigmentosum. En cambio sí se sabe cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. “Hay métodos y estrategias para prevenir, ropa técnica y tejidos con gran capacidad de protección, productos en crema que protegen muy bien de la radiación ultravioleta...”, enumera Carrera. Pero claro, todo tiene un coste.

Sentada en el sofá de su casa en Móstoles, un piso compartido en el extrarradio de la capital, Madelin cuenta que, por el momento no tiene ningún plástico anti UVA y UVB en las ventanas porque está a la espera de “tener un hogar” para su hijo Liam. De momento, se centra en la fotoprotección: el uso de guantes, ropa a doble capa, el gorro, las gafas de sol y unos seis botes de crema al mes en los que gasta unos 200 euros al mes.

Jessica y Albert viven en un piso en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con sus dos hijos Abril y Biel, ambos afectados por el XP-A. Sin embargo, también cuentan con la masía en la que trabaja Albert y su familia. Ahí hay luz, caballos y un gran viñedo donde los menores juegan. Abril, la mayor de los dos hermanos, fue diagnosticada a los ocho años y Biel, prácticamente al nacer.

Biel cuenta con el carnet de discapacidad del 37%, una medida que le permite a su familia recibir una ayuda económica de unos 1.000 euros anuales (casi 80 al mes) y nada más. “No son solo las cremas, sino también las gotas en los ojos o las gafas. Hay familias que, por lo que sea, no se pueden costear unas de calidad”, explica a elDiario.es Agustín Bonifacio, trabajador social de Sant Joan de Déu.

“Es un diagnóstico que implica un fuerte impacto económico para adaptar el día a día”, señala el experto, que lamenta que muchas familias y trabajadores sociales tengan que buscar las grietas del sistema para poder acceder a medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades minoritarias. El azar le llevó a trabajar para un manual o guía de actuación sobre Xeroderma Pigmentosum con la AXP cuando en España aún no existía ninguna entidad de referencia. Ahora, su papel es dar soporte en aquellos ámbitos donde la entidad o las familias no llegan, como ofrecer un espacio para que las personas afectadas puedan expresar cómo se sienten.

“Creo que la salud mental y el acompañamiento psicológico es algo que no queda muy cubierto. Es importante que, sobre todo los jóvenes y adolescentes puedan expresar cómo lo llevan. Porque existe mucho tabú, y no es lo mismo si eres hombre, mujer o si vienes de una familia de migrantes. Es una enfermedad que tiende al aislamiento, y eso es un problema para muchas personas”, resume. Cada vez que habla sobre la XP, Agustín hace referencia a las diferencias socioeconómicas: “Siempre me pregunto: qué condiciona más, ¿el código genético o el postal?”.

La actualidad internacional pesa como una losa. “Estamos todos anonadados con las últimas declaraciones de Donald Trump y sus planes sobre Gaza”, ha arrancado Ignacio Escolar, director de elDiario.es, durante la apertura de la VI edición de los Premios Desalambre, celebrada este miércoles 5 de febrero en el Caixaforum de Madrid. La catástrofe humanitaria en la región ha sido, según sus palabras, una razón más para destacar el valor del periodismo comprometido y el trabajo incansable de las organizaciones internacionales.

El acto ha contado con la intervención de Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quien ha inaugurado la ceremonia con una reflexión que no dejó lugar al conformismo: “El mundo que se tambalea está lejos de lo que consideramos justo”, ha afirmado, para luego subrayar que cada pequeño avance local forma parte de una batalla global por la dignidad y los derechos universales.

En un contexto marcado por la polarización y el miedo, Martínez ha recurrido al pensamiento de Hannah Arendt para recordar la importancia del “derecho a tener derechos”. Desde el atril, lanzó un mensaje esperanzador: “No nos pueden robar la idea de hacer un futuro construible”.

Entre los asistentes también destacaron figuras como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo; y Patricia Bárcena, adjunta segunda del Defensor del Pueblo.

Reconocer el compromiso y la resistencia

“En esta edición tienen un gran peso las personas migrantes, porque si hay algo que caracteriza a Desalambre es la búsqueda de historias que no cuenten la migración como un relato único, sino que busquen nuevos aspectos”, ha empezado el acto Gabriela Sánchez, jefa de la sección de Desalambre.

Intentar salir un poco más optimista ha sido el marco por el que Juanlu Sánchez, subdirector del periódico, ha comenzado la presentación. “Es el momento de seguir peleando por un buen trabajo, cada uno desde su sitio”, ha comentado el periodista antes de moderar una mesa redonda en la que se ha hablado sobre el papel de las ONG tras el anuncio de Donald Trump de acabar con la USAID, una de las mayores agencias que distribuye decenas de miles de millones de ayuda por todo el mundo.

Este breve debate ha contado con representantes de los patrocinadores de los Premios Desalambre: Pilar Orenes, directora general de Educo; Arantza Chacón, directora de cooperación internacional de Fundación Anesvad; y Ana Sotto-Mayor, directora de comunicación de UNICEF.

Pilar Orenes, directora general de Educo, ha advertido sobre el impacto de la incertidumbre en la ayuda al desarrollo: “Cuando hablamos de financiación, hablamos de vidas humanas. La ayuda humanitaria es clave”. La representante de Educo menciona también la situación de los refugiados rohingyas en Cox's Bazar, donde el 50% de la ayuda proviene de Estados Unidos.

Por su parte, Arantza Chacón, directora de cooperación internacional de Fundación Anesvad, ha destacado la importancia de reaccionar con rapidez ante los desafíos actuales: “Lo más importante es tener capacidad de reacción e intentar tener otras miradas”.

“Hoy día hay 56 conflictos armados en el mundo. Cualquier medida restrictiva tendrá un impacto importante”, ha enfatizado finalmente Ana Sotto-Mayor, directora de comunicación de UNICEF, para mostrar cómo las restricciones afectan la educación infantil. Para ello, según la experta, la única manera de hacer frente a la situaicón actual está en la necesidad de reforzar el multilateralismo y buscar oportunidades para nuevos actores.

Esa primera parte ha caludicado con la intervención de la humorista Almu Lasacre, española de origen guineano que ha ofrecido una intervención cargada de humor afilado y crítica social, desmantelando prejuicios y cuestionando el racismo aún presente en el lenguaje cotidiano. Con ironía, ha señalado lo absurdo de los eufemismos que buscan evitar el término “negro”, apostando por la naturalidad: “Llámame negra, no morena. Una morena es un pez de aproximadamente metro”.

En un contexto social marcado por la polarización y el odio, Bibang homenajeó el poder transformador de la comedia, recordando que “la risa es el camino más corto”, una frase que pertenece al cómico Ignatius Farray. Su intervención ha finalizado con un poderoso mensaje “emancipador” y una canción reivindicativa que ha dejado a los asistentes con una lección clara para los que dudan: Se puede llamar negra a una persona negra.

Premios a organizaciones y activistas

La entrega de premios ha comenzado con la categoría a mejor campaña ONG, que ha sido para #RegularizaciónYA: de las calles al Congreso, una campaña que marca un hito histórico en la lucha por los derechos de las personas migrantes. El objetivo central es regularizar a aproximadamente 500.000 personas a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con más de 600.000 firmas validadas.

Silviana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, ha recogido el galardón junto a Viki Columba, responsable de comunicación y quien ha venido con el resto de su equipo de casi todas las comunidades autónomas del país. “Nos autogestionamos y nos organizamos desde abajo para incomodar a los de arriba, siempre”, ha enfatizado Columba antes de reivindicar que Europa no debe mirar a Trump. Los activistas reiteran que “Europa lleva años haciendo lo mismo”. Ejemplo de ello fue la masacre de Tarajal, por la que mañana se cumplen quince años, ha subrayado la activista y defensora de los derechos humanos.

Silviana Cabrera, portavoz de la campaña, ha insistido en un discurso cargado de fuerza y emoción en que “la única forma de frenar el fascismo es tejer alianzas profundamente antirracistas”, tras recordar que ya se ha puesto en marcha la Unidad Móvil, que funciona con donaciones y está dirigida a cubrir las necesidades básicas de las personas: comida, vivienda, acceso al padrón y sanidad.

A continuación, ha sido el momento de anunciar el premio a mejor trabajo de documentación e investigación, que ha sido para el informe “CIE 2023: Internamiento ‘Muteado’”, de la red SJM. Este documento analiza críticamente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España.

María del Carmen de la Puerta, representante del SJM, y Josep Boada, autor del informe, han recordado a los autores del primer informe de CIE, publicado en 2010, que en su momento se creó “con la pretensión de cerrar el CIE, pero aquí seguimos”. Ambos han agradecido a los voluntarios, que son “los ojos y oídos de lo que pasa en el CIE, donde se producen vulneraciones de derechos humanos”. Ambos representantes han dedicado el galardón a Samba Martine e Idrissa Diallo, y a todas las personas que fallecieron en un CIE. “También lo dedicamos a los que están encerrados y a los que, por miedo a que les encierren, se esconden”.

En esta edición también ha habido una mención especial para el Informe 64 del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, titulado “Business as usual. Análisis del comercio de armas español de 2022-23 y argumentos para un embargo de armas a Israel”. Este informe, publicado en julio de 2024, analiza críticamente el comercio de armas entre España e Israel, especialmente en el contexto de la reciente ofensiva en Gaza.

Por último, el joven Ismail El Majdoubi ha sido premiado en la categoría de activismo en defensa de los derechos humanos. Tras llegar con 16 años, este joven marroquí fundó la Asociación EXMENAS, una voz clave en la defensa de los derechos de los menores migrantes.

“Estos niños y niñas que están llegando a nuestras fronteras hay que atenderlos, cuidarlos y acompañarlos”. Parafraseando a Patricia Fernández Vicens, también conocida como Patuca, abogada española del Colegio de la Abogacía de Madrid: “No podemos convertir [a los menores] en rehenes políticos. Son sujetos de derecho y el haber migrado fue por una vulneración de derechos”. A pesar de trabajar en la sombra, El Majdoubi ha ejercido como mediador social, activista y defensor de los derechos de la infancia y la juventud migrante.

Premios periodísticos

En esta segunda entrega, dedicada a trabajos periodísticos de calidad con enfoque de derechos humanos, el premio a la mejor crónica o reportaje escrito ha sido para “El imperio del oro blanco”, sobre cómo la subida del precio del arroz impacta en las llegadas de migrantes a Canarias. Es una pieza de los periodistas Xavier Aldekoa, Èlia Borràs y Laura Aragó, publicada en La Vanguardia el pasado mes de agosto de 2024. El jurado ha recalcado la profundidad y multidimensionalidad del trabajo, conectando elementos económicos, sociales y climáticos de las causas locales de la crisis con las consecuencias regionales e internacionales.

Ante la ausencia de la periodista Èlia Borràs, quien reside actualmente en Burkina Faso, su compañera Laura Aragó ha aprovechado la oportunidad para “poner en valor el trabajo de los periodistas freelance, que se anteponen a todas las dificultades por contar las historias que importan”. Por su parte, Xavier Aldekoa, corresponsal en África para La Vanguardia, ha reivindicado el periodismo de fuego lento antes de dedicar este galardón a “las 10,457 personas que murieron el año pasado ahogadas en el mar Mediterráneo queriendo llegar a las costas españolas”.

El premio al mejor trabajo gráfico o multimedia ha sido otorgado a “Rescate en el Mediterráneo”, un documental interactivo realizado por RTVE Lab y RNE en colaboración con Médicos sin Fronteras, que aborda la crisis humanitaria en el Mediterráneo a bordo del Geo Barents.

Juan Manuel Cuellar Bermejo, subdirector del Lab de RTVE, y César Peña Martínez, coordinador de contenidos del Lab de RTVE y del proyecto, han honrado el trabajo de los rescatadores: “Nuestro objetivo era dejar claro que es una labor humanitaria y que los rescatadores trabajan muchas veces sin el apoyo institucional que merecen”. Citando a Susan Sontag, Martínez ha recordado que “el dolor y el sufrimiento deben tener un relato apropiado y pertinente, y ese es parte del cometido de los y las periodistas. Cuando abordamos temáticas y narrativas hay que tener muy claro qué estás pensando, qué fundamenta tu ideología”, ha sintetizado tras agradecer el trabajo de la organización Médicos Sin Fronteras.

Por último, el premio Desalambre–Educo a la perseverancia ha sido para la periodista Olga Rodríguez y su incansable voz contra el genocidio en Gaza: “Desborda lo que es eldiario.es.”, ha anunciado Juanlu Sánchez antes de otorgarle el galardón. “Mezcla la radio con libros de referencia para entender lo que es Oriente Medio, Ucrania o Gaza. Tiene un compromiso con los derechos humanos, antirracista y feminista, e insiste hasta final y todos reconocemos que tiene razón”.

Rodríguez ha dedicado el galardón a “todos los periodistas que están documentando desde ahí, soportando una incertidumbre y una impunidad que no sólo está machacando a los palestinos. Estamos en tiempos en los que llevamos quince meses presenciando una masacre en tiempo real. Como dice la activista Naomi Klein, un mero ruido ambiental de fondo que nadie podrá decir que no lo sabía. Pero en medio de todo eso, quince meses después, la prensa aún no puede entrar en Gaza porque no se puede estar ahí”.

Por último, el premio Desalambre de contenido en redes sociales en defensa de los derechos humanos ha sido para Afrocolectiva, una plataforma creada en 2022 por personas negras y afrodescendientes que utilizan la comunicación como herramienta para luchar por sus derechos y visibilizar sus experiencias. “Que la igualdad no sea una promesa vacía”, han recordado mientras agradecían poder compartir premios con el resto de galardonados.

“La pregunta que nos hacíamos es desde dónde hablábamos. Nos negamos a ser las eternas testimonios, los objetos de estudio, a quienes intervenir, modernizar y liberar. Se nos niega la mera esencia de teorizar con herramientas que salen de la lógica colonial blanca”, han reivindicado sin dejar de denunciar el imperio gringo y el plan de exterminio en Gaza. Al igual que en su previa intervención lo hizo Regularización Ya, han señalado que las fronteras europeas “también asesinan a miles de personas” y que esto ocurre “por Europa, por su afán de construirse como algo gigante que deja de lado el resto y que niega verse como una mera provincia del mundo, que es lo que es”. “Libertad a todo el pueblo que resiste al imperio colonial”, han finalizado las representantes de Afrocolectiva.

Como cierre de la sexta edición de los Premios Desalambre, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha tomado la palabra agradeciendo el periodismo: “La verdad es un derecho y hay que reivindicar el buen periodismo y denunciar el periodismo falso, que tiene otras intenciones como separar y no escuchar a quienes precisan medios de comunicación”.

En sus minutos de intervención, el ministro, que procede del archipiélago canario, ha recordado a los españoles que ya en su momento fueron migrantes: “Abandonaron sus casas y buscaron en América aquello que no tenían. En Venezuela, Uruguay y Argentina, algún recorte de prensa también les llamaba ilegales. Pero nadie es ilegal”, ha insistido para cerrar esta edición enfocada en los proyectos y organizaciones que buscan nuevas maneras de contar la realidad de las personas migrantes.

Vuelve a ver la gala de los Premios Desalambre completa:

“Netanyahu, asesino”; “eran hospitales, no bases militares”; “hay que cerrar la embajada criminal”... Éstas y otras consignas se han coreado este martes por la noche en el centro de Madrid, ante el partido de la Euroliga de baloncesto que enfrentaba al Real Madrid con el Maccabi de Tel Aviv.

Los colectivos propalestinos protestan contra la participación de Israel en competiciones deportivas internacionales. “El estado sionista usa el deporte para limpiar su imagen”. Es la conclusión a la que ha llegado el movimiento BDS Madrid, el grupo propalestino que ha llamado a concentrarse este martes en los alrededores del Wizink Center, recién renombrado como Movistar Arena, junto con otras plataformas y movimientos ecologistas, feministas y antimilitaristas que se han hecho eco de esta concentración que ha sido denegada por parte de la delegación del gobierno una hora antes de empezar. Minutos antes de empezar, la policía ha identificado a los primeros participantes que asistían a la concentración.

La visita del conjunto deportivo ya avivó las tensiones este año en Vitoria, donde hace una semana otra plataforma civil exigió suspender el partido convocado para el 7 de febrero. Palestinarekin Elkartasuna levantó la voz contra este nuevo encuentro, pues ya en enero del año pasado el Maccabi jugó en País Vasco y requirió de un despliegue policial junto al hotel en el que se alojaban los miembros del equipo, para garantizar su seguridad dadas las críticas vertidas en los días previos.

“Estamos aquí para denunciar la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con los sionistas que están perpetrando un genocidio”. Ha declarado la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, durante la concentración después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, rechazara vetar entrada al Maccabi de Tel Aviv: “Le pedimos al ministro de Exteriores que impidiera la entrada de este equipo y también de su afición y no lo han hecho porque con una mano intentan hacer parecer que están haciendo algo para frenar este genocidio y con la otra permiten que los barcos cargados de armas pasen por España y mantienen todas las relaciones diplomáticas y económicas con el Estado terrorista de Israel”.

Para la diputada, la celebración de este partido es “ejemplo más de cómo el Gobierno ha sido incapaz de romper relaciones con los genocidas: hay un partido de baloncesto lavándole la cara a una banda de sionistas agresivos, peligrosos y violentos que ya han generado disturbios haciendo apología del genocidio en otros países, como Países Bajos, y no va a ser con nuestro silencio”.

Este lunes, Albares aseguró que no contemplaba impedir la entrada a España de los jugadores del equipo de baloncesto del Maccabi de Tel Aviv y de sus aficionados: “Creo que tenemos que dejar el deporte al lado”, respondió el ministro a la petición de Podemos.

En declaraciones a este medio, Hania Faydi, miembro de la plataforma BDS Madrid, la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, lamenta la respuesta del representante exterior de España y recuerda cómo: “En su día, Albares ya dijo que habría que revisar la participación de Rusia [tras la invasión a Ucrania en 2022], en los eventos deportivos y culturales”.

Quince meses después de la masacre a Gaza y la población palestina que ya se ha saldado con más de 46.000 fallecidos, Faydi, en nombre del BDS, responde a Albares: “Estos jugadores han participado en el ejército. Y en el ejército, los soldados de ocupación lo que hacen es torturar, asesinar y oprimir a la población palestina. Por eso estamos aquí”. “No puede ser que a Israel, que comete genocidio desde hace 15 meses pero que, no se les revise [su participación en los eventos deportivos]”.

Con tarjetas rojas en la mano, símbolo de la campaña internacional “Tarjeta Roja a Israel” promovida por el movimiento BDS, los manifestantes denuncian el racismo institucionalizado contra la población palestina en el fútbol israelí o sportwashing.

Esta campaña lleva años exigiendo a la FIFA y al Comité Olímpico Internacional que tomen medidas contra la Asociación de Fútbol Israelí (IFA), señalando su complicidad al permitir la participación de siete clubes con sede en colonias ilegales en violación del Derecho Internacional. A pesar de estas denuncias, la FIFA ha ignorado las demandas de justicia, y la campaña busca suspender a Israel de los foros deportivos internacionales hasta que cese su represión contra el fútbol palestino.

La concentración ha tenido lugar días antes de que se se celebren diversas movilizaciones para exigir el fin de comercio de armas y relaciones con Israel por todo el Estado.

“Si se está permitiendo que se estén violando los derechos humanos y que los mecanismos y las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, hoy es Palestina y mañana puede ser cualquier otro. Se trata de una convocatoria de todos y de todas”, ha concluido Faydi tras recordar cómo las movilizaciones y el boicot académico, económico, deportivo e institucional venció a la Sudáfrica del Apartheid. “Ya son demasiados años de crímenes contra la humanidad, limpieza étnica y genocidio”.

Cuando Francesc Mateu i Hosta se preguntó dónde habría nacido el niño Jesús en 2024, tuvo demasiadas opciones: Sudán, Ucrania o Myanmar; o, como años anteriores, Jesús habría podido nacer en Gaza, o siendo el hijo de dos personas sin hogar, de una “kelly”, en medio de un desahucio o en la valla de Melilla. Este año, el activista y exdirector de Oxfam Intermón en Catalunya se inclinó por los centros de internamiento para migrantes construidos por Italia en Albania, porque, dice, “esta Europa que cada vez mira más hacia la ultraderecha, debe recordar que los seres humanos, vengan de donde vengan, son seres humanos y es imprescindible tratarlos como tales”.

En 2024, la Unión Europea se ha abierto a replicar el polémico experimento del Gobierno ultra de Giorgia Meloni para enviar a migrantes rescatados en el Mediterráneo a centros de identificación y repatriación en suelo albanés. Sin embargo, la iniciativa de Meloni ha hecho aguas, con varapalos judiciales que han impedido a la primera ministra salirse con la suya. Meloni asegura que “seguirá adelante” con su plan, que ha desatado una lluvia de críticas de juristas expertos en inmigración y asilo y asociaciones especializadas y también mucha suspicacia por los costes de la medida.

En 2024, en el tradicional pesebre con muñecos de Playmobil de Mateu i Hosta, Jesús nace de camino a uno de estos centros. “No puede ser que en Europa ocurran estas cosas”, dice el activista. En su opinión, “el mejor regalo de Navidad” sería poder aportar con su belén para impedir que “iniciativas inhumanas e injustas” como esta se repitan.

En su recreación, José y María encarnan a las miles de personas que arriesgan todo por un futuro mejor. “Han decidido embarcarse en una patera para llegar a Europa. Están esperando un hijo, pero saben que no hay futuro en su país. En mitad del mar, su embarcación se queda sin motor. Cuando ya habían perdido la esperanza, son rescatados por un barco que los lleva a Italia, pero al llegar son detenidos y encerrados en un centro de detención”, dice el texto del relato con el que el excooperante siempre acompaña sus pesebres.

Después de días en el centro, prosigue, “se les comunica que serán trasladados a Albania, la primera vez que Italia toma esta medida. José y María temen lo que pueda pasar. María, embarazada, comienza a sentirse mal, pero las autoridades ignoran su estado y los obligan a embarcar”.

Durante el trayecto hacia Albania, María se pone de parto. Una mujer con experiencia en partos la asiste. “El viaje, que debía ser un infierno, pasa volando con el alboroto del nacimiento. Al llegar, envuelven al niño en una toalla y lo colocan sobre un palet seco. La criatura ya llora”.

“Una vez en tierra los llevan a un centro de reconocimiento. Allí, los servicios sanitarios certifican lo que acaba de ocurrir y deciden comunicar a las autoridades que no acepten el ingreso de los extraditados porque no se cumplen las condiciones establecidas para ello. Las autoridades albanesas confirman la información y devuelven casi todo el grupo a Italia. La prensa apenas se hace eco del regreso”, dice el escrito.

Al desembarcar “los han dejado en libertad para evitar más escándalos”. “Entre todos deciden que el niño se llamará Jesús –que significa 'el salvador'–, porque les ha salvado de la extradición. La familia del policía, que a la partida había intentado evitar que embarcaran y extraditaran, los acoge en su casa hasta que la madre se recupere”.

Según el belén de Mateu i Hosta, “el 6 de enero, un juez ha declarado ilegal el mecanismo de extraditar a centros en el extranjero”, una decisión que el cooperante recuerda que “ya ocurrió en Reino Unido”, haciendo referencia a la intención del Gobierno británico de deportar de migrantes a Ruanda, frenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hace 13 años, Samba Martine, una mujer de 41 años, falleció víctima de una negligencia médica. Murió sin diagnóstico apenas seis horas después de ser trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre en un coche de policía. La autopsia reveló que la causa de su muerte fue una infección tratable: Samba era portadora de VIH, una condición que jamás le fue informada.

Durante los 39 días que pasó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, solicitó asistencia médica en once ocasiones, pero nunca recibió tratamiento adecuado. Por ello, desde ayer por la tarde, la estación de metro de Antón Martín y las indicaciones de la línea 1 de Madrid llevan temporalmente su nombre: “Samba Martín”. Esta acción simbólica fue impulsada por la Red Solidaria de Acogida, la Parroquia San Carlos Borromeo de Vallecas y otras colectivos más, con el propósito de conmemorar su aniversario y honrar su “coraje al desafiar las lógicas migratorias racistas y mortales de Europa”.

Originaria de la República Democrática del Congo, Samba Martine llegó a Melilla en 2011, donde ingresó en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Un análisis de sangre realizado en el Hospital Comarcal reveló que era portadora de VIH. Sin embargo, esa información nunca le fue comunicada, y su historial médico no se trasladó al CIE de Aluche cuando fue transferida a Madrid. Esta falta de coordinación entre instituciones fue fatal.

En al menos diez consultas, Martine describió síntomas persistentes como fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general, pero nunca se le realizaron pruebas diagnósticas que pudieran haber identificado su condición. La falta de un intérprete en la mayoría de las visitas médicas imposibilitó que pudiera comunicar adecuadamente la gravedad de sus síntomas, mientras que los profesionales se limitaron a prescribir analgésicos sin investigar las causas subyacentes. La ausencia de atención médica adecuada en un contexto donde su salud se deterioraba rápidamente dejó claro un patrón de desatención sistemática en el CIE.

Tras años de lucha, en 2020, el Ministerio de la Presidencia reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado en su muerte. Fue la primera vez que el Gobierno admitió que un fallecimiento se debió al mal funcionamiento de los CIE, en este caso, el de Madrid (dependiente del Ministerio del Interior), el CETI de Melilla (bajo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y la empresa SERMEDES S.L., encargada del servicio médico del centro en ese momento. Un año antes, dos peritos especializados en enfermedades de transmisión sexual declaraon ante el juez que Samba “habría tenido hasta un 70% de posibilidades de sobrevivir” si se le hubiera hecho el rest de VIH o una radiografía ante sus síntomas gripales persistentes.

La Red Solidaria de Acogida destacó en sus redes sociales que Samba Martine “es un ejemplo de lucha y un símbolo de movilización social contra los CIE y las fronteras, un legado colectivo que nos recuerda la urgencia de construir modelos de acogida centrados en la vida y los derechos humanos”. Desde la Parroquia San Carlos Borromeo añadieron: “Las razones por las que murió Samba no deben repetirse. Hacer memoria es recordar y luchar por la justicia. Este homenaje a Samba es precisamente eso”.

Desde 2011, colectivos sociales y entidades han mantenido vivo el recuerdo de Samba Martine como una exigencia para cerrar “esos lugares de no-derecho y dolor”. “Que no haya más vidas cercenadas como la de Samba Martine”, reclaman, subrayando que su memoria representa una lucha por la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes. Sin embargo, su caso no es aislado.

Otro ejemplo más reciente que puso el foco en la asistencia médica de los centros estatales de acogida fue el de Diallo Sissoko, un joven maliense de 21 años que falleció el pasado octubre en el centro de emergencias de Alcalá de Henares tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Antes de su muerte, había sido enviado al hospital desde el centro, pero allí solo le recetaron analgésicos. Según testimonios de sus compañeros, Sissoko se quejó durante días de un malestar persistente que terminó siendo fatal.

Vestidos con togas negras, un grupo de profesionales se ha congregado este martes ante el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de España y a las Cortes Generales el cumplimiento de los tratados internacionales ante la grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional en Palestina. “Estamos peleando por una justa causa que es la del imperio de la ley”, ha reclamado Pilar Barrado, magistrada y portavoz de la plataforma Juristas por Palestina, que ya ha recogido 1.200 firmas de profesionales de todas las ramas del derecho de toda España.

“Los derechos humanos son universales. No puede haber un mundo de amos y esclavos a quienes se permita ser masacrados”, ha denunciado Barrado, quien ha recordado que, según el artículo 93 de la Constitución, el Gobierno y las Cortes españolas tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales y sus resoluciones.

“Exigimos al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que cumplan estas resoluciones. Es imprescindible la adopción de medidas como la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant”, ha señalado la magistrada. La plataforma también ha solicitado sanciones económicas y políticas contra Israel, el embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas mientras continúe el genocidio en Gaza, con más de 45.000 palestinos muertos desde octubre de 2023.

“No queremos que España sea cómplice” de ese genocidio, ha aseverado la portavoz. Además de exigir el cumplimiento del derecho internacional, Barrado ha agregado que “una medida necesaria es el acceso de solicitantes de asilo palestinos y que no se les devuelva, porque ya se ha devuelto a algún palestino que estaba en el aeropuerto de Barcelona”.

“Los palestinos deben tener acceso al sistema de protección internacional en el mismo sentido que se ha hecho ya con nacionales de Venezuela y de Ucrania”, ha recalcado la portavoz.

La plataforma reconoce y agradece “el valor del reconocimiento del Estado de Palestina y los actos del Gobierno español ante la comunidad internacional”, como las denuncias del presidente Pedro Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas de “la insoportable espiral de muerte y devastación” en Gaza; pero la agrupación considera que son insuficientes: “España debe garantizar la adopción de medidas encaminadas a evitar la perpetración de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad en la Franja de Gaza y en regiones adyacentes”, insiste el manifiesto de Juristas por Palestina.

Por ello, profesionales del derecho y académicos han elaborado un paquete de propuestas que presentarán a los grupos parlamentarios en una reunión este martes a las 16:30 horas. El objetivo es que estas medidas sean impulsadas como una proposición no de ley y se establezca un grupo de trabajo para su desarrollo.

Las propuestas se basan en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024; en el respaldo de la Asamblea General de la ONU a la Corte Internacional de Justicia del 13 de septiembre –que instaba a “los Estados a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional”–; y en el reconocimiento de la Comisión de Investigación Independiente Internacional que declaró el 18 de octubre de este año que “todos los Estados y organizaciones internacionales están obligados a actuar para poner fin a la ocupación ilegal [de Israel], incluso ejerciendo presión política, económica y cultural sobre el gobierno israelí”, según el manifiesto de Juristas por Palestina.

En la reunión del martes han confirmado su participación el PSOE, Podemos, Sumar, Esquerra Republicana y EH Bildu. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación y lectura de su manifesto, el acto ha contado con la presencia de la líder de Podemos, Ione Belarra; el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; o la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi.

“Hay que entender que la guerra es incompatible con la humanidad”, ha señalado este jueves Luis Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (2003-2012), en un encuentro con las socias y socios de elDiario.es. “Y para ello es fundamental el desarrollo de nuevas formas para afrontar la guerra, pero con justicia”. 

Ocampo, que acaba de publicar el libro ‘Guerra o Justicia’ (Espasa), ha enfatizado la necesidad de buscar nuevos “mecanismos para que el derecho internacional se cumpla”. Su intervención ha tenido lugar en una conversación junto a Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa y actual secretario de Paz y Seguridad de Podemos, Olga Rodríguez, periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos, y Francesca Cicardi, la redactora de elDiario.es especializada en Oriente Medio.

El encuentro ha tenido lugar un día después de que Estados Unidos –junto con 8 países más, entre ellos Israel, Argentina y Hungría– volviera a votar en contra el alto el fuego en Gaza, en una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU con el voto de 158 países. “Pasar de un mundo de tribalismos, del todos contra todos, a una unidad global es complicado. Pero tenemos que entender que una solución global requiere acciones globales”, ha concluido Ocampo. “No hay caos, lo único que hay es complejidad. Hay que llevar la creatividad y el arte en las instituciones militares”.

“Los dirigentes políticos creen que ganan con la guerra, hay una estrategia militar de confrontación con el enemigo”, ha continuado. “Sin embargo, la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos tras el 11-S –que transformó el mundo internacional con una guerra– no funciona. El terrorismo nunca se va a combatir con guerra, de lo contrario, estamos en medio de la matemática de la insurgencia. Tenemos diez terroristas y matamos a dos. ¿Qué nos quedan? 20 más”.

De acuerdo con la necesidad de encontrar nuevos mecanismos que favorezcan a políticas para la paz, Julio Rodríguez ha señalado que es la política quien al final está por encima y que la estrategia militar es el último paso: “tenemos que cambiar la forma en la que solucionamos los conflictos, y eso pasa por no utilizar la herramienta militar: eso ocurre cuando lo demás ya ha fracasado”.

Además, el que fue el militar de más alto rango de España entre 2008 y 2011, ha recordado que “es siempre el país interesado el que no pierde vidas”, recordando que la guerra se utiliza como un instrumento para lograr un fin: “antes de la guerra en Ucrania, en diciembre hubo un intercambio de documentos entre EEUU, la OTAN y Rusia, pero Ucrania nunca entró en esa negociación, lo que ya indica quiénes son los verdaderos actores de esta decisión y refleja el concepto de las guerras de proximidad”. “Ni la guerra empieza con el primer disparo ni termina con el último. Son conflictos que se generan antes o después”.  

Pese a ello, el exmilitar ha insistido en el papel de la sociedad civil: “La política cambia cuando hay presión ciudadana”, como vimos con la invasión de Estados Unidos en Irak, y en la necesidad de actuar y hacer actuar: “el silencio protege a los criminales y nunca a las víctimas”.

En el contexto actual, en el que Israel ya se ha cobrado con la vida de 45.000 palestinos después de un año y medio de asedio contra la población gazatí, la periodista Olga Rodríguez ha señalado que “a pesar de que lo estamos viendo en tiempo real, EEUU y potencias europeas siguen permitiéndolo o facilitandolo, con protección política, diplomática y ayuda militar”.

Además de alertar de los peligros del silencio y la importancia de saber qué palabras utilizar cuando se cubre o habla de un conflicto, la periodista Olga Rodríguez ha subrayado los discursos que “deshumanizan a la población palestina” que han sido normalizados, aseverando que la “mejor vía es la de la diplomacia, la política y el derecho internacional. Es ahí el único lugar en el que pueden ganar los intereses de las sociedades. Cuando pensamos que está todo perdido, se abraza el nihilismo”.

Sorteando la oposición de aquellos que consideran que el pacifismo es una “ingenuidad”, la periodista que ha cubierto numerosos conflictos internacionales, como la invasión en Irak, también ha subrayado que, para poner fin a las masacres en Gaza cometidas por el Gobierno de Netanyahu respaldado por Estados Unidos es imprescindible entender que “no basta con gestos simbólicos, como votar a favor del fin de la ocupación de Palestina y las sanciones a Israel. O se usan las herramientas que el derecho internacional está dando hacia los Estados o seguimos con la política de la impunidad”.

Todos los analistas en temas de seguridad y derecho internacional han coincidido en esta necesidad de “inventarse un sistema”, una idea que, según la periodista, “ya se plantea dentro de los circuitos internos de la ONU y La Haya. ”Se plantea una reforma de Naciones Unidas, serían necesarias dinámicas de más respeto mutuo entre Estados, un sistema más acorde a los retos de estos tiempos, el problema es quién le pone el cascabel al gato“, pero para ello, es fundamental entrar en la promoción de ”discursos de cultura de paz y derechos humanos, cada uno desde su disciplina“.

Estela Díaz es ministra de Diversidad y Género de la provincia de Buenos Aires. La única desde que Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad creado en 2019 por el expresidente Alberto Fernández, quién, a su vez, ha sido acusado por violencia machista contra su mujer, Fabiola Yáñez.

Militante por los derechos de las mujeres desde hace décadas, Díaz ha desempeñado un papel clave en la promoción de políticas públicas para erradicar la violencia de género, garantizar derechos sexuales y reproductivos, y fomentar la igualdad de género. Antes de asumir su cargo en 2019, fue una figura central en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Su gestión se caracteriza por priorizar una perspectiva inclusiva y popular en el feminismo, articulando políticas de cuidado, trabajo y acceso a derechos en un contexto social y político cada vez más polarizado donde los partidarios de Milei “niegan la violencia de género”.

Con una agenda cargada de encuentros internacionales, la ministra ha pasado por Madrid para reunirse con autoridades y colectivos feministas con la intención de consolidar alianzas en la lucha por la igualdad y en defensa de los derechos de mujeres y diversidades. En su visita, también presentó su libro ¿Por qué odian? Diálogos feministas en tiempos de ultraderechas, un manifiesto que se publica prácticamente un año después de que Javier Milei asumiera la presidencia de la República Argentina.

En una entrevista para elDiario.es, la ministra asegura que, frente al negacionismo de la extrema derecha, “las mujeres y diversidades lideran una resistencia global a las narrativas extremas”. A diferencia del neoliberalismo que el Gobierno de Milei trata de incorporar para lograr un cambio, Díaz defiende más presencia del Estado.

¿De dónde surge el odio de la extrema derecha hacia las mujeres o los colectivos minoritarios?

Aunque son las extremas derechas las que tienen que dar sus explicaciones, he podido llegar a dos conclusiones. Una, porque justamente son las mujeres y las diversidades quienes más resisten a las extremas derechas. Hay una resistencia de las mujeres a estos discursos marcada a escala global. Sus cantos de sirena no nos hacen mella. En nuestro país es claro, y fue claro en el último proceso electoral: Milei fue mucho menos votado por las mujeres.

La segunda es que las mujeres venimos haciendo un proceso de radicalización de la democracia respecto a qué tipo de democracia necesitamos que se construya. Lo que planteamos es que la democracia debe ocuparse de cosas de las que antes no se ocupaba, como la salida de la mujer al espacio público, puesto que antes estaba renegada al espacio familiar. Y eso tiene que ver, obviamente, con la violencia de género, tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y el aborto, pero también con el trabajo. Entonces, cuando se discute la redistribución de la riqueza nosotras decimos que debe reconocerse el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, como el trabajo de cuidado. Y eso tensiona a las derechas que tienen un modelo económico de profundización de las desigualdades. 

Uno de los motivos que dio la victoria a Milei fue la crisis económica. Hablando de tensiones, asegura que el feminismo también tiene que “poner en tensión todas sus certezas”. ¿A qué certezas se refiere?

Así es. En Argentina, en los 40 años de democracia, con sus más y sus menos, en general los derechos de las mujeres y diversidades fueron avanzando. Pero la conquista de estos derechos tiene que ir acorde con el avance en la calidad de vida, las condiciones de empleo, el acceso a salario y la mejora de la distribución de la riqueza.  

Lo que pasó en el Gobierno del Frente de Todos, del 2019 al 2023, que propició la creación del Ministerio de las Mujeres y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y reconocimiento a la Ley del Cupo Laboral Travesti Trans, fue que se descompasó y no se terminó de resolver un proyecto que realmente mejorara el poder adquisitivo de las mayorías. Y ese fallo es el que usa la extrema derecha para decir “ah, se ocuparon de la agenda feminista y no se ocupan del bienestar de la mayoría de la población”, pero esta dicotomía es falsa, no es real. Somos parte de lo que definimos como el feminismo popular, y este tiene que ver con un feminismo que hace parte de todas las causas. No queremos una agenda de solo diversidad y feminismo, sino de todos los temas sociales, y económicos.

¿Considera que el escándalo de Alberto Fernández, el expresidente acusado de maltrato pese a ser el promotor de regulación de leyes en defensa de las mujeres, ha perjudicado la lucha feminista o que es una muestra de que, realmente, la igualdad de género no ha calado?

Justamente es la lucha feminista la que ha demostrado que es intolerable que se ejerza violencia de género y no se le va a tolerar a nadie, ni al presidente de la nación, ni al expresidente. Además, le exigimos un plus a quienes tienen responsabilidad pública porque hay un deber ético de ser consecuente entre la vida privada y la vida pública. No se puede proponer una sociedad igualitaria e injusta cuando en tu vida privada haces otra cosa.

Hasta que el feminismo instaló que la violencia de género es una violación del derecho humano de la persona y es inaceptable, esto no hubiese sido noticia. ¿Por qué? Se convivía con invisibilidad. Seguramente debe tener muchos antecedentes que nunca los pudimos conocer, porque no estaba sancionada la violencia de género. Lo que es paradójico es que quienes niegan que exista la violencia de género quieren montarse en este hecho para decir, “ah, lo de ustedes no sirve”.

Otro tema que Argentina tiene encima de la mesa es la designación de jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia, con el foco en garantizar una representación que respete la diversidad de género. La no incorporación de una perspectiva de género, ¿podría significar un retroceso para la lucha feminista, debilitando aún más su influencia en cuestiones judiciales y políticas?

Hay un problema muy serio con el poder judicial, sobre todo en la Justicia Federal de Comodoro Py [sede de la justicia federal con las causas más relevantes de corrupción] y también la Corte, que están muy tensionadas por el poder y por decisiones más ligadas a fallos políticos. Esto ha sido denunciado, hasta han tenido un juicio político los miembros de la Corte. Está claro que es un retroceso, mujeres en la Corte hubo gracias a la decisión de Néstor Kirchner, que además planteó que debía considerarse esta presencia.

Pero me parece que hay que mirar dos cuestiones: la presencia femenina y la perspectiva de derechos, que deben tener jueces, tanto varones como mujeres. Pueden buscar una mujer de las ultraderechas también y que represente y juzgue con intereses patriarcales y eso tampoco cambie demasiado. Ahí hay un tema de fondo, que creo que México está dando pasos importantes en la reforma del poder judicial. En Argentina es una de las deudas grandes de la democracia y que claramente una democratización del poder judicial requiere de la inclusión de la perspectiva de derechos y feminista.

La reciente condena de seis años a prisión de la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, ¿es un ejemplo de la politización del sistema judicial? Tras su condena, la expresidenta aseguró que se trata de una “persecución por ser mujer”. ¿Cree que es así?

Claramente, Cristina fue una víctima del lawfare, de la persecución judicial. Empezó en el macrismo, una causa del 2016, por obras que se hicieron en Santa Cruz, donde no demostraron que se haya cometido delito, porque en realidad las obras se hicieron y no encontraron sobreprecios los peritos en el juicio. Además, Cristina era presidenta de la nación y no era la responsable directa de esas obras. Y había, además del jefe de gabinete, un montón de personas intermedias y fueron por ella, a por ella, como dicen los españoles.

Es ambas cosas. Por lo que políticamente representa Cristina, que tocó intereses económicos, mediáticos; su gobierno redistribuyó riqueza, amplió derechos laborales, sociales, de género. Y también porque es mujer. Ahí hay un ensañamiento extra de los poderes por ser mujer. Hay una violencia que cruza esos dos factores.

Antes mencionaba que usted es parte de lo que se denominan feministas populares. ¿Qué les diría a las mujeres que se consideran feministas libertarias pro-Milei?

No son feministas, son antifeministas y anti-derechos de todos los derechos. No se puede ser feminista y estar diciendo que no hay desigualdad de género y que la violencia de género no existe. Los libertarios dicen que no existe porque ellos extreman el principio de que somos iguales ante la ley y que la posición feminista va en contra de este principio universal.

Nosotros decimos que eso es una declamación, y, ante el aumento de desigualdades, el Estado tiene que ser un promotor de la igualdad. Tiene que favorecer, ayudar a quienes salimos desde puntos de partida muy distintos. Y que la desigualdad de género es una, pero también hay desigualdad económica, desigualdad étnica, desigualdad por situaciones de discriminación o situaciones de diversidad sexual, de ser pueblo originario, tener una discapacidad.

Por último, también hay feminismos autonomistas que piensan que no es con el Estado, y hay un feminismo liberal con el que nosotras hemos tenido siempre muchas alianzas para conseguir las legislaciones, pese a nuestras diferencias. Este se conforma en conseguir la ley y que después se resuelva a partir del mérito, de la meritocrática. Nosotras creemos que, en una sociedad tan desigual, no se parte del mismo punto de partida. De modo que el Estado tiene un papel en ofrecer oportunidades reales mejores a quienes de origen no lo tienen; las derechas no.

Las políticas de ajuste de Milei ya han afectado a unos 75.000 funcionarios que han sido despedidos. Según un informe de la Universidad de Córdoba, una mujer tiene el 65% de probabilidades más de llegar a la pobreza. ¿Cómo debe el feminismo hacer frente a esta situación?

En Argentina hace más de una década que las mujeres tenemos mayor terminalidad educativa. Sin embargo, las brechas salariales cuesta mucho reducirlas. La feminización y la infantilización de la pobreza han crecido de manera sostenida. Las mujeres somos las más afectadas, además, por la informalidad laboral. Está creciendo un proceso de desindustrialización y, por lo tanto, se destruye empleo formal y avanza el empleo informal, y ahí estamos más sobrerrepresentadas las mujeres. Hay razones estructurales de cómo funciona el mercado de trabajo que sigue siendo promotor de desigualdades y de aprovecharse de toda la tarea no remunerada y que es la doble jornada de las mujeres. Además, Milei planteó una política de ajuste muy brutal, y lo está haciendo con enorme velocidad. Según dice, “el Estado es una organización criminal”. Una se pregunta, ¿qué haces gobernando? ¿Para qué te presentaste? Milei es una persona que no tiene historia política tampoco, llega a la política con la pandemia. Y él se aparece en medio a esa desgracia que le tocó a la humanidad.

¿Cuál es la prioridad del activismo feminista ahora? Claramente en comparación con décadas anteriores, los derechos de las mujeres han ido evolucionando, pero parece que ahora están en un punto muerto...

La evolución parecería positiva, y no siempre lo ha sido. Claramente, el activismo tradicional o el que vinimos haciendo hasta ahora está puesto en cuestión y creo que hay un fenómeno de quiebre muy fuerte a partir de la pandemia.

El haber estado casi dos años en procesos intermitentes de reclusión en los hogares ha sido muy fuerte. Desde entonces, ha habido un salto en las redes sociales con un crecimiento muy fuerte después de este tiempo y los modos tradicionales de la política no terminan interpelando a los jóvenes.

Creo que eso para nosotras es un desafío, para todas las fuerzas políticas en relación con cómo dialogamos con esta juventud, cómo dialogamos con estos jóvenes varones a los que ese discurso tan violento de la extrema derecha y de Milei en particular los ha atraído. Milei aparecía como un antisistema, como alguien que decía “rompamos todo” y que se suma al joven de enojo. Pero eso, desde mi punto de vista, es una estafa electoral: Milei es una persona que favorece al poder más concentrado a su proyecto y su modelo, y a la mayoría de esos jóvenes los va a dejar afuera del sistema, sufriendo aún más frustración como consecuencia de su proyecto económico y social.

¿Y cómo pretenden, desde el feminismo popular, acercarse a estos jóvenes enfadados?

Nos preocupan mucho estas ideas de las extremas derechas para resolver los problemas. Nosotras apostamos que es con más diálogo y no con violencia. La solución vendrá con más encuentro. Ahora mismo Argentina está viviendo situaciones muy duras y tiene que ver con eso. Tenemos el desafío de convocarlos a una esperanza de un futuro y que no va a ser por ahí, al contrario. El cambio tiene que ser con un proyecto popular militante y de compromiso de solidaridad, esos valores son los que nos van a ayudar a reconstruir una sociedad.

El feminismo también es una oportunidad para esos jóvenes varones, a quienes los mandatos machistas de la masculinidad imposibles de cumplir, les generan frustraciones. Esos mandatos patriarcales de “ser el proveedor”, de “ser el potente”, “el que todo lo resuelve” y el que es llamado a ejercerlo con formas de violencia, eso es muy frustrante para ellos, y les corta de enormes posibilidades de afectividad.

Ahora mismo, ¿existe en Argentina el miedo a la derogación del aborto? ¿Hay alguna posibilidad de blindar este derecho?

Tenemos un número legislativo muy difícil. Libertad Avanza tiene muy pocos legisladores, pero hace alianza con el PRO [Propuesta Republicana] con el gobierno de lo que fue antes [Mauricio] Macri y que fue el anterior gobierno de derecha. Eso hace que los números legislativos estén complicados como para conseguir leyes que blinden los derechos conquistados.

Pero ellos tampoco tienen los números, tienen mucha dificultad para sacar las leyes de ajuste. Aunque ahora mismo estén muy concentrados en recortar derechos laborales y sindicales en todas las políticas de ajuste y regulatorias de la economía, tienen dificultades para conseguir los números. Sí que han conseguido algunas, como la ley bases o el DNU, que todavía no pudimos derogar y que es tremendo como desregula cantidad de sectores de la economía y, además, avanza en reformas laborales recortando derechos laborales. Pero en cuanto a leyes como la interrupción voluntaria del embarazo, no veo que se den las condiciones para retroceder. Sin embargo, lo que sí que están haciendo es desfinanciar las políticas públicas de acceso a la salud sexual y reproductiva.

¿Por ejemplo?

No compran preservativos con los que se trabaja para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, del VIH SIDA y todo lo que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, una política que tuvo mucho éxito en la Argentina [en 2017 el Plan para la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) que consiguió reducir casi un 50% el embarazo no intencional en la adolescencia en el país ha sido desfinanciado en un 70%].  

También se ha desfinanciado [en un 80%] el programa Acompañar y otros como la Línea 144. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires cuenta con su propia línea 144, y la estamos fortaleciendo, porque una parte de las llamadas de nuestro cono urbano llegaban a la línea nacional, por el modo en como las antenas de celulares hacía llegar la señal. Por eso, estamos haciendo una remodelación y haciendo un acuerdo con las empresas telefónicas para que todas las llamadas desde territorio bonaerense sean atendidas por la línea 144 nuestra.

La situación ahora mismo en Argentina es muy complicada. Ellos están eliminando, desfinanciando, echaron a las profesionales especializadas. Pero además nos preocupa otra cosa. Ellos dicen que la violencia de género no existe. Y que atiendan a esta violencia como cualquier otro tipo de delito. Por lo tanto, tenemos realmente un problema. Porque si hay algo que sí hemos conseguido con las leyes vigentes, que el gobierno actual no respeta, y que no garantiza, es que se reconozca que la violencia de género tiene especificidades. Y que requiere una tensión acorde. Hay riesgo de vida, en esos procesos. Así que es grave la situación. Y no sabemos cuando alguien llame al 144 qué le van a estar diciendo. No tenemos duda por las trabajadoras porque fueron formadas para la atención, pero ellos están cambiando las indicaciones. 

Usted lidera el único Ministerio de Género y Diversidad de todas las provincias del país. Recientemente, presentó ‘Feminismos en Red’, una nueva propuesta proyecto federal. ¿En qué consiste y cómo hace el contrapeso con el gobierno central?

La gestión de la nación afecta a todo el país, porque son ellos quien manejan la macro[economía, macropolítica]. Además, [Milei] está incumpliendo nuestra constitución, el marco legal normativo de Argentina. Nosotros tenemos la Convención de Belém do Pará, una convención iberoamericana [que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia], además de una ley nacional de alcance federal que han desfinanciado y que desconocen por su ideologizada mente.

Entonces, la propuesta de Feminismos en Red se organiza sin el gobierno nacional, que, desentendiéndose de sus responsabilidades, genera espacios de diálogo federales y regionales. Nace como una cooperación interprovincial con el objetivo de establecer acuerdos, también latinoamericanos e Iberoamericanos; crear espacios de diálogo público con representantes de Latinoamérica y esperemos, también, España.

[Milei] tiene una posición tan dogmática y tan ideologizada que desconoce las leyes de la Argentina. Y a escala del mundo, nos aísla. Porque Argentina sola se queda sin firmar acuerdos que son consensos a los que el mundo alcanzó.

Hace mención al aislamiento de Argentina versus el mundo. ¿Se refiere a la cumbre del G20 celebrada a principios de noviembre?

Milei está explícitamente en contra [de los derechos de las mujeres]. Fue el único país que no firmó el acuerdo de reducción de las brechas de desigualdad para las mujeres en el pasado encuentro del G20. También lo ha hecho en Naciones Unidas, en la OEA [Organización de Estados Americanos], rechaza las propuestas del desarrollo 2030; tampoco firmó el acuerdo de pueblos indígenas… ¡El único país del mundo! Es un retrógrado extremo. Ultraderecha extrema en su posicionamiento y, en estos temas concretos, absolutamente retrógrado.

Él en ese sentido lo que hace, no solo el combate en las decisiones de políticas de ajuste económico que lleva, sino que también tiene un ejercicio de mucha violencia política, discursiva. Él desarrolla mucho ataque en lo simbólico a todos los derechos conquistados y eso es muy grave, porque es un mensaje que habilita socialmente la violencia.

Para terminar, ¿cómo cree que va a afectar la victoria de Donald Trump –amigo incuestionable de Milei– a la lucha feminista?

Creo que va a afectar a las mujeres norteamericanas el triunfo de Trump. Ya se ha demostrado como se ha retrocedido en accesos legales al aborto. Trump logra el cambio en la Corte Suprema y se retrocedió 50 años. Los tenían y retrocedieron.

El crecimiento de las extremas derechas en todo el mundo tiene que llamar la atención a todas, hay que profundizar la hermandad, con los gobiernos populares y de los movimientos sindicales sociales, para la defensa de las democracias, de la paz y de los gobiernos que todavía se sostienen con un sentido popular, y para pensar cómo se recompone un fuerte frente que defienda la paz y la democracia en el mundo.

Cada mes, Meryem recorre más de 200 kilómetros para visitar el lugar donde descansan los cuerpos de su padre y su hermano. La mujer, española de religión musulmana, tiene que desplazarse desde Majadas de Tiétar (Extremadura) hasta el camposanto de Griñón (Madrid) para rezar por sus familiares. No pudo enterrar a sus allegados más cerca porque no existe ningún cementerio musulmán en su comunidad autónoma a pesar de que la normativa española obliga a los municipios a garantizar el derecho a una sepultura digna, independientemente de cual sea su religión.

La situación vivida por Meryem es cada vez más habitual en distintas regiones de España. A día de hoy, seis comunidades carecen de un cementerio musulmán: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura. En 2022, Madrid se unió a la lista después de que fuesen ocupadas todas las plazas de su único cementerio para musulmanes, en Griñón. El hecho de no contar con un lugar próximo acarrea a las familias afectadas costes elevados ligados a los traslados entre las comunidades, una preocupación que se suma al peso emocional que supone la pérdida de un ser querido. Según Puerto García, subdirectora de Pluralismo y Convivencia, los motivos por los que no hay parcelas musulmanas se debe a la complejidad administrativa de los permisos sanitarios pero, también, a la falta de voluntad política.

Meryem sabe que, a corto plazo, en su pueblo no va haber un cementerio para ellos: “Si somos de aquí, nos gustaría tener un espacio para nosotros, pero no creo que se haga”. Con resignación, la mujer cuenta que, para ser un pueblo pequeño (1.293 habitantes en 2023), la comunidad musulmana de Majadas de Tiétar es “relativamente grande, pero el resto de ciudadanos no están muy abiertos a otras religiones”.

Su hermano falleció antes que su padre por un accidente de tráfico. Cuando se percataron de que no había espacio en su comunidad para poder celebrar el entierro según los ritos musulmanes (sin féretros, bajo tierra y con orientación a la Meca), pensaron en la repatriación, como sucede a muchos musulmanes españoles, “pero no nos dejaron porque sucedió cuando había restricciones por coronavirus”. Fue entonces cuando recurrieron a la única opción posible: enterrar a sus familiares en Madrid, el cementerio musulmán más próximo cuando aún contaba tenía plazas libres, a pesar de la distancia.

En los primeros meses Meryem y su familia viajaban en tren. “Mi hermano murió de un accidente de coche y no me sentía capaz de conducir. Cogíamos varios trenes hasta llegar ahí [cementerio de Griñón], que tampoco es que sea muy céntrico. Ahora ya vamos en coche porque ya me siento capaz y también tardamos menos”. El viaje desde Majadas de Tiétar en transporte público hasta el cementerio es de unas seis o siete horas, dependiendo del día y la hora. En coche, el tiempo se reduce a una hora y 48 minutos.

“Me siento más de aquí que de ahí, ¿sabes?”, cuenta esta joven que llegó a España con apenas un año. Como la mayoría de musulmanes que crecen o nacen en España, la repatriación ya no tiene mucho sentido: “He crecido aquí y mis familiares están aquí y me gustaría tener un cementerio dentro de la comunidad [autónoma] para poder visitar a mis familiares. Nos gustaría a todos”, insiste.

Coste económico

Además del coste emocional, el traslado de un cuerpo de una comunidad a otra también supone un elevado coste económico. La familia de Meryem cuenta que pagó cerca 5.000 euros por cuerpo para los traslados, aunque los precios pueden variar en función de los días que se va tramitando del desplazo entre comunidades, según explican delegaciones territoriales de la Comisión Islámica de España (CIE) a elDiario. Para las familias que no disponen de este dinero, los seres queridos recurren a donaciones recaudadas dentro de la comunidad.

Un ejemplo es el de Sanussi Kamara. Este joven de 38 años falleció de un infarto este 2024, semanas antes de empezar el Ramadán. “Hacía más de 10 años que vivía en Madrid pero no tenía papeles”, cuenta Elahi Mohammad Fazle, presidente de la asociación Valiente Bangla y quién se encargó de la gestión del cuerpo. “Su tío, la persona más cercana a él, vivía en Portugal”.

Cuando no hay familiares cercanos es la comunidad musulmana la que responde: “Hacemos una recolecta y cada uno pone lo que quiere. Ya sean cinco o diez euros. Los entierros son una cuestión muy sagrada en el Islam”, sigue contando Fazle. “La intención era trasladarlo a Griñón, pero como no hay espacio, finalmente, lo enterramos en el cementerio municipal de Burgos”.

Hasta 2022, Griñón era la primera opción para las comunidades cercanas a Madrid que no tienen ninguna parcela musulmana en su comunidad. A la espera de la reestructuración del cementerio de Carabanchel –que supuestamente acondicionará una parcela de 10.000 metros cuadrados para inhumaciones musulmanas– el cementerio municipal de Burgos o el de Valencia son las opciones para muchos madrileños musulmanes por su cercanía.

Conocer sus derechos

Maysoun Douas, exconcejala de Más Madrid y promotora de Entierro Digno, organización no gubernamental que trabaja para la igualdad de derechos, asegura que el principal problema es que no hay un criterio unificado en todos los municipios que establezca el derecho a un entierro digno independientemente de tu religión.

Con la llegada de la democracia y el fin de la dictadura, España se definió como un país “aconfesional”, respetuoso de la libertad religiosa. En 1980, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa estableció el derecho a recibir una sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos. A medida que crecieron las comunidades evangélicas, musulmanas y judías, en 1992 el Ministerio de Justicia suscribió los Acuerdos de Cooperación con estas tres confesiones religiosas que garantizan el derecho a parcelas reservadas para entierros en cementerios municipales, así como la posibilidad de tener cementerios propios.

“Si lo dice la ley, ¿por qué es tan difícil que nos podamos sepultar según nuestras creencias?”, se cuestiona Fazle de Valiente bangla. “Podemos ser ciudadanos, pero no tenemos los mismos derechos”.

“Desconocemos si en ese osario se van a respetar los ritos musulmanes”, aseguró Douas. "Lo que no tiene sentido es hacer un cambio para la comunidad sin tener en cuenta a la comunidad"

Maysoun Douas — exConcejala de Más Madrid y promotora de Entierro Digno

Douas asegura que la disparidad normativa entre comunidades autónomas junto con la “falta de voluntad política deja muchas fisuras abiertas” que dan pie a “injusticias y desequilibrios que más tarde son difíciles de gestionar”. Pese a ello, Douas también reconoce que, pese a la lentitud, “se están haciendo avances”, como por ejemplo las ampliaciones de parcelas en algunos cementerios municipales que ya han llenado el número de sepulturas musulmanas disponibles.

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Griñón publicó el cambio de reglamento para el cementerio musulmán. En este, se informaba a los familiares de los cuerpos enterrados hace más de 13 años que, entre otras medidas, en caso de no proceder a la renovación del título funerario, se procedería a traspasar los cuerpos en un osario. “Desconocemos si en ese osario se van a respetar los ritos musulmanes”, dice Douas. “Lo que no tiene sentido es hacer un cambio para la comunidad sin tener en cuenta a la comunidad”, denuncia.

En septiembre, Entierro Digno presentó sus alegaciones contra el nuevo Reglamento que regula los servicios funerarios y cementerios en Madrid, argumentando que el texto actual “no respeta adecuadamente las necesidades de la comunidad musulmana”. Según la organización, de los 25 cementerios existentes en Madrid, “ninguno está adaptado para las prácticas funerarias musulmanas”. Su petición hace hincapié en el respeto de los ritos musulmanes, respetar los derechos de las personas musulmanas así como también establecer algunas modificaciones que beneficien a las personas sin recursos.

“La solicitud no es un privilegio religioso, sino una garantía de igualdad de acceso a un derecho fundamental”, alegan desde la organización. Además, también critican que la falta de información y recursos “genera una carga emocional y económica adicional para las familias musulmanas, quienes, en casos extremos, han tenido que mantener cuerpos en cámaras frigoríficas durante meses mientras buscan soluciones”.

Douas considera que para lograr más cambios es imprescindible que “la comunidad musulmana sea consciente de su derecho a ser enterrada dignamente”.

Acuerdos paralizados

Procedente de Cartagena, Ana María Lozano es una de ese millón de personas musulmanas españolas que viven en España. Se convirtió al Islam hace 16 años y también fue una de las voces cantantes que luchó para que en Cartagena se construyera un cementerio con parcelas reservadas para musulmanes.

Pese a ser la quinta región con más población musulmana, Murcia tan solo cuenta con un único cementerio habilitado para difuntos de credo musulmán: el Nuestro Padre Jesús, en Espinardo. En 2023, con el cambio de gobierno en la comunidad, el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por el Partido Popular y VOX, detuvo la propuesta de habilitar parcelas musulmanas en el Cementerio Nuestra Señora de los Remedios (Cartagena), una iniciativa que había sido aprobada anteriormente por el gobierno socialista y la misma por la que Ana María había trabajado. “Ya no sabemos nada más”, asegura a este medio.

La cancelación del proyecto en Cartagena refleja los obstáculos burocráticos a los que se enfrenta la comunidad musulmana en España. En regiones como Madrid, Murcia, Extremadura o Galicia, los avances en la habilitación de parcelas para entierros musulmanes han sido paralizados.

Adel Najjar vive en Extremadura desde hace más de 40 años. Actualmente, es el delegado territorial de la Comisión Islámica de España y el imam de Badajoz desde el 2000. También fue uno de los promotores del acuerdo firmado entre la Comisión Islámica de Extremadura y el Gobierno de Badajoz en 2019. En este documento, se reconocía el derecho de los musulmanes a ser enterrados según sus ritos, aunque con ciertas restricciones sanitarias, como el uso obligatorio del féretro con la posibilidad de hechar tierra dentro. Si bien el acuerdo fue paso adelante, Adel asegura a elDiario que “todo está parado” y que sigue habiendo “gente que enterrar”, pero no pierde sus “esperanzas” con la Junta de Badajoz.

Otro ejemplo en punto muerto es el de Galicia. En diciembre de 2023 esta comunidad aceptó realizar inhumaciones en tierra y sin féretro, una decisión aparentemente resolutiva si no fuera porque “no hay cementerios donde realizar los entierros”, asegura Mustafa Alhendi, delegado territorial de la comisión en Galicia.

Parte del problema es que muchos ayuntamientos –quienes al final tienen la última palabra– "les cuesta encajar la diversidad religiosa dentro de sus responsabilidades” por su “desconocimiento” sobre los ritos musulmanes

Puerto García — Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Aunque la cuestión del féretro es importante según los ritos musulmanes “hay comunidades que no son muy exigentes y que están abiertas a alternativas mientras los gobiernos de las Comunidades Autónomas revisen su normativa mortuoria”, sostiene Óscar Salguero, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense y autor de varios trabajos sobre la cuestión funeraria musulmana. “Mientras ello sucede, en lugares como Zaragoza el ataúd lleva unos agujeritos que permiten el contacto con la tierra”. Pero “lo más importante para ellos [las personas musulmanas] es tener cementerios en aquellos sitios en los que aún no se cuenta con uno más o menos cercano”, explica Salguero a este medio.

Hacer inhumaciones sin féretro está permitido por Real Decreto en Castilla y León, Asturias, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana , Ceuta y Melilla. Sin embargo, en la mayoría de sus provincias a excepción de Córdoba, Zaragoza, Canarias, C. Valenciana, Ceuta y Melilla, las autoridades competentes piden como requisito que la persona a sepultar esté censada en la misma comunidad o provincia, una complicación más para las personas que no viven cerca de un cementerio con parcelas musulmanas.

Un ‘gazpacho normativo’

Maria Dolores Asensi es presidenta del Observatorio de Servicios Funerarios, una plataforma consultiva de las organizaciones funerarias. Entre sus objetivos destaca la necesidad de actualizar la única ley estatal de servicios funerarios de España: el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, una ley que data en 1974. Es decir, una política “preconstitucional que, por el momento de su confección, no apuesta por la garantía de libertad religiosa”.

Para Asensi, el principal problema es la “heterogeneidad normativa” que del sistema de competencias transferidas a las Comunidades Autónomas que genera un “gazpacho normativo”, comenta Asensi. “No es lo mismo fallecer en una comunidad que otra”.

“No es cuestión de capricho" y que “si hay una sola persona en el municipio pide una parcela, el ayuntamiento debe respetar sus deseos”

Puerto García — Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Estas disparidades hicieron que, en 2018, el Ministerio de Sanidad estableciera una Guía de Consenso entre Comunidades Autónomas; un documento de recomendación y no de obligación sobre la política de sanidad mortuoria. Esto se traduce en que, al final, cada comunidad tiene la libertad de decidir si seguir las recomendaciones o no.

Según explica a elDiario.es la Fundación Pluralismo y Convivencia, entre las causas se encuentra la resistencia de muchos ayuntamientos –institución que tiene la última palabra– a asumir “la diversidad religiosa dentro de sus responsabilidades” debido al “desconocimiento” de los ritos musulmanes por parte de las administraciones públicas. Aunque la mayoría de cementerios en España están pensados para ser nichos y no inhumaciones bajo tierra, subdirectora de la entidad, Puerto García, recalca que se trata de un derecho de quien lo necesite. “Si hay una sola persona en el municipio pide una parcela, el ayuntamiento debe respetar sus deseos”, sostiene.

En julio de 2023, el Defensor del Pueblo envió una carta al Ministerio de Sanidad subrayando la necesidad urgente de actualizar la Guía de Consenso para permitir que las tradiciones islámicas se respeten en los cementerios municipales, especialmente en cuanto a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios.

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad, sostiene que partes de la guía de consenso de 2018 “están desfasadas y que se han dejado fuera aspectos importantes”. Gullón también aseguró que el hecho de que no haya cementerios musulmanes es un ejemplo “de racismo en salud pública”. Consecuentemente, desde el Ministerio de Sanidad aseguran que “las comunidades ya se ha reunido varias veces para actualizar la Guía de Consenso”, pero también reiteraron “la libertad [de las comunidades] de seguir o no las recomendaciones de la nueva guía, ya que el cumplimiento de la medida es competencia depende de cada comunidad autónoma”.

Husni Abdel Wahed, el embajador palestino en España, ha admitido que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), a la que representa, tiene un “campo de acción muy limitado”, frente a Israel y a la realidad sobre el terreno, además del conflicto con el grupo islamista Hamás, con el que está enemistado desde 2007.

“Tenemos que empezar por reconocer nuestra realidad y ser autocríticos”, ha afirmado Abdel Wahed durante su intervención en el segundo Seminario Internacional organizado por la Universidad Carlos III de Madrid. “Tenemos un problema grave que es la división y no lo hemos podido solucionar. Para que haya un acuerdo, las diferentes partes tienen que ceder”, ha agregado en referencia a los desencuentros con Hamás, aunque la ANP ha mostrado su solidaridad con el movimiento que controla Gaza frente a la matanza de Israel en la Franja. “Hamás sigue sin ceder en nada en la parte palestina”, ha insistido el embajador.

Por otro lado, ha lamentado que el Gobierno palestino con sede en la ciudad de Ramalá tiene una escasa capacidad de defensa: “Los 40.000 fusiles que tiene la ANP no puede enfrentarse con Israel”. “No nos lavamos las manos, hemos optado por la vía pacífica y seguimos con ella. Sin embargo, la Unión Europea y Estados Unidos están atentando contra esta vía pacífica”.

El embajador ha rechazado categóricamente el argumento de que “la ANP es colaboradora de la ocupación” israelí. “Es una falta de respeto”, ha enfatizado, asegurando que “si hay alguien que tiene que juzgarlo, será el pueblo palestino”. “No puedo tapar el sol con un dedo y decir que [la ANP] es perfecta, nada es perfecto. La ANP debería ser autocrítica y reformar muchos problemas que tiene”.

Durante el seminario universitario 'Palestina, una obligación de la comunidad internacional', Abdel Wahed también ha aprovechado el momento para recordar dos momentos en los que la comunidad internacional “perjudicó al pueblo palestino”. Primero, el 2 de noviembre de 1917, con la Declaración de Balfour, un documento en el que el Gobierno británico ya mostraba su apoyo a la creación de un “hogar nacional” para el pueblo judío en Palestina.

“No se consultó al pueblo palestino y eso generó otros acontecimientos que finalmente terminaron con la creación del Estado de Israel y la consecuente expulsión de los palestinos”, ha explicado el diplomático. En su opinión, la declaración de Balfour ha dado pie a lo que estamos viendo hoy en día: “la expansión de Israel a otros países como el Líbano”.

El segundo momento es el 29 de noviembre de 1947, cuando la ONU aprobó la partición de Palestina con la resolución 181. La aprobación de ese documento, también sin consulta al pueblo palestinos fue “una especie de recompensa para los que fueron perseguidos y masacrados por los occidentales”, esto es, los judíos. Según el embajador, esa ha sido una constante de la comunidad internacional: “Quien generó este crimen contra la humanidad, tendría que pagar el precio, pero como fueron occidentales, no lo hicieron”.

La solución de los dos Estados

“¿Dónde queda el derecho internacional? En la nada”, ha sentenciado Abdel Wahed. El diplomático ha denunciado el doble rasero de Occidente con el régimen que, después de la Segunda Guerra mundial, creó un sistema para la protección de los derechos humanos. “No se puede ser un humanista selectivo: o somos todos humanos o no los somos”.

En un contexto en el que países como España, Irlanda, Noruega y Eslovenia ya han reconocido el Estado de Palestina, el embajador ha pedido a los otros que apoyan la solución de los dos Estados que “realmente lo hagan” y se animen a tomar esa posición. “Ya no es momento de negociar como se hizo en 1991, aquí, en Madrid”, es momento de “implementar el consenso internacional”. Sin embargo, el diplomático ha asegurado que, por el momento, “las cosas no van en esta dirección”.

“No quiero ser pesimista, quiero transmitir esperanza: los palestinos somos un pueblo que aún no hemos caído en la resignación ni el resentimiento, somos un pueblo que vamos a seguir luchando por valores humanos, por la justicia, por la paz y por la libertad”, ha concluido.

Eran las cinco de la madrugada del 13 de octubre de 2023 cuando Omar, un padre de familia que residía en la calle Yarmouk, en el norte de Gaza, se despertó por los bombardeos israelíes. “Salté de mi apartamento e intenté salir”, contó Omar a la organización Human Rights Watch (HRW), recordando cómo intentó escapar tras el impacto de dos bombas que sacudieron su edificio. Sin haber recibido ninguna orden de evacuación previa, Omar perdió a cuatro familiares, incluido su hijo de seis años.

Omar es uno de los muchos testimonios recogidos en el informe 'Desesperados, hambrientos y asediados: desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza por Israel' que HRW ha publicado este jueves. La ONG acusa al Gobierno israelí de cometer crímenes de guerra por el desplazamiento masivo del 90% de la población gazatí: 1,9 millones de personas se encontraban desplazadas en octubre de 2024, según la ONU. “No existe ninguna razón militar imperativa plausible que justifique el desplazamiento masivo por parte de Israel de casi toda la población de Gaza, a menudo varias veces”, afirma HRW.

Órdenes de evacuación confusas

Desde el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás contra Israel, el Ejército israelí ha emitido al menos 184 órdenes de evacuación en Gaza, según HRW. Una de las órdenes más amplias se publicó el 13 de octubre, obligando a más de un millón de personas a abandonar sus hogares. A pesar de los bombardeos en la madrugada de ese día, HRW verificó que la orden de evacuación general no fue enviada hasta las 07:15 de la mañana, cuando el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, la compartió en su cuenta de Facebook.

“La evacuación de civiles debe ser una medida de último recurso y debe ofrecer garantías de seguridad”, indica el informe de HRW, que cuestiona la efectividad de los protocolos de evacuación, describiéndolos como “confusos y contradictorios”. Los testimonios destacan que las comunicaciones eran inaccesibles para la mayoría de los civiles, quienes enfrentaron apagones deliberados de electricidad y cortes de internet. “No teníamos forma de saber qué hacer ni adónde ir”, recuerda Ghassan, residente de Yabalia, cuyo barrio fue bombardeado pocas horas después de que Israel lanzara panfletos de evacuación desde el aire.

“El sistema de evacuación de Israel ha perjudicado gravemente a la población y, a menudo, sólo ha servido para sembrar el miedo y la ansiedad”, afirma HRW en su nuevo informe. La ONG dice que ese sistema ha sido ineficaz, pese a que Israel ha defendido que las órdenes de evacuación buscan proteger a los civiles palestinos.

En primer lugar, el sistema presuponía que todos los gazatíes contaban con cobertura, señal y teléfonos con batería suficiente para recibir las alertas. Tan solo un día antes, el 12 de cotubre, el entonces ministro de Exteriores y actual ministro de Defensa, Israel Katz, decía: “No se activará ni un solo interruptor eléctrico, ni se abrirá un solo grifo y no entrará ni un solo camión de combustible hasta que los rehenes israelíes sean devueltos a casa”. 

La realidad es que, desde el 7 de octubre de 2023, los servicios telefónicos y de internet en Gaza sufrieron importantes interrupciones debido a los daños en la infraestructura de comunicaciones, cortes de electricidad, bloqueos de combustible y, aparentemente, apagones deliberados por parte de las autoridades israelíes. Además, HRW detalla que las órdenes de evacuación difundidas en internet eran a veces inexactas y cambiaban durante el día, lo que requería que las personas estuvieran constantemente conectadas y revisaran la información.

El Ejército de Israel también empleó la difusión de mapas que presentaban inexactitudes e incongruencias. La orden de evacuación general, emitida el 13 de octubre de 2023, contenía una instrucción principal para los residentes del norte de Gaza: dirigirse al sur. Los folletos lanzados desde el aire incluían un mapa rudimentario de Gaza en el que se indicaba adónde debían desplazarse los civiles. Pero, posteriormente, las órdenes de evacuación se volvieron más específicas. En ese momento, las autoridades israelíes “indicaban la evacuación de determinados barrios, a menudo con mapas y flechas que señalaban la dirección en la que debían huir. Sin embargo, debido al tamaño y la escala de los mapas compartidos, no siempre era posible para el lector saber si se encontraba en una zona prevista para la evacuación”, subraya HRW.

El 1 de diciembre de 2023, el Ejército israelí publicó un mapa en su sitio web, al que se podía acceder mediante un código QR desde un teléfono móvil, que dividía Gaza en una cuadrícula de 620 bloques numerados. A partir de ese momento, siguió publicando folletos y mensajes en las redes sociales en los que se indicaban los bloques que debían ser evacuados. Sin embargo, HRW denuncia que cerca de 31.000 personas en Jan Yunis “no recibieron una orden de evacuación completa debido a errores en los mapas”. Estos presentaban imprecisiones, como “resaltar parcialmente o incorrectamente las zonas de evacuación, lo que dificultaba saber quién debía evacuar”. En algunos casos, “las órdenes de evacuación contenían instrucciones contradictorias, por ejemplo, pedir a la gente que saliera de ciertas zonas mientras simultáneamente marcaban esas mismas zonas como destinos” seguros a los que podían dirigirse.

Por último, la organización denuncia que las órdenes de evacuación a menudo carecían de indicaciones de tiempo precisas. Sin saber cuándo empezarían los bombardeos, los civiles se veían obligados a huir bajo una presión extrema sin tiempo para actuar. “Las órdenes de evacuación han sido inconsistentes, inexactas y con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente para permitir las evacuaciones, o no se han comunicado en absoluto”, destaca HRW.

“No teníamos ni idea de adónde nos dirigíamos”, dice Ghazal, una niña de 14 años con parálisis cerebral. “Ese periodo fue el más duro por el que he pasado. Son recuerdos negros a los que no quiero aferrarme porque no quiero seguir pensando en ellos”, explica Ghazal, que había perdido sus dispositivos de asistencia en un ataque contra su casa el 11 de octubre de 2023 y que intentó seguir las órdenes de evacuación del 13 de octubre para huir hacia el sur. 

“Yo era una carga para [mi familia], una carga extra junto a sus pertenencias. No encontraba ningún medio de transporte. Incluso a las personas sin discapacidad les costaba caminar, así que puedes imaginar lo que era para alguien con discapacidad”. Ghazal relata que intentó esforzarse por hacer el camino a pie el mayor tiempo posible. “En ese momento sentí que la muerte estaba cerca. Me rendí y me senté en el suelo en medio de la carretera, llorando. Les dije que siguieran sin mí”. 

Limpieza étnica

El desplazamiento de la población de Gaza también ha llevado a algunos expertos a señalar posibles actos de limpieza étnica, que una comisión de la ONU define como “una política destinada a expulsar a un grupo étnico de un área determinada mediante la violencia o amenazas”. HRW argumenta que los desplazamientos en Gaza, motivados por ataques intensificados y el bloqueo, responden a una estrategia de desalojo de palestinos de ciertos territorios.

Sin ir más lejos, en una entrevista con elDiario.es, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Palestina, aseguró que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una “limpieza étnica a través de medios genocidas”.

HRW sostiene que las declaraciones de funcionarios de alto nivel israelíes evidencian una intención de despojar a la población de sus tierras mediante desplazamientos masivos y forzosos. “Israel no puede justificar estos desplazamientos citando la presencia de grupos armados, si no garantiza zonas seguras para los civiles desplazados”, añade el informe. Esas zonas han sido designadas por el Ejército en el sur y centro de Gaza, en Al Mawasi, pero la seguridad en ellas no esrá garantizada ya que han sido objetivo de ataques reiteradamente.

El derecho al retorno y la obligación de reparación

Frente a esta situación, el derecho al retorno de los palestinos desplazados se convierte en una demanda de justicia en medio de la crisis. HRW subraya este derecho –consagrado en el derecho internacional y en la Resolución 194 de Naciones Unidas–, que garantiza a los desplazados la posibilidad de regresar a sus hogares y recuperar sus propiedades, o recibir compensación si la restitución no es posible. “El derecho al retorno no solo representa una reivindicación histórica de los palestinos, sino también una demanda de reconocimiento del daño sufrido y de reparación adecuada”, reza el informe.

“Israel ha violado descaradamente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo en grandes zonas”, denuncia HRW, que en su informe recoge también la destrucción de amplias áreas de la Franja.

Sin embargo, la organización destaca que las autoridades israelíes no han ofrecido condiciones ni garantías para el retorno de los desplazados, mientras que las condiciones en los refugios temporales, donde se hacinan decenas de miles de personas, son insostenibles. “Estamos en una tienda de plástico; no hay agua ni comida. Y esto es lo que Israel llama zona segura”, explica Omar, quien ahora sobrevive en Jan Yunis.

Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, Marruecos tendrá un poderoso aliado en el Sáhara Occidental, ya que el expresidente fue el primer líder occidental en reconocer la marroquinidad de ese territorio en diciembre de 2020. Recientemente, el presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó el plan de autonomía de Rabat. Durante su visita al reino alauí, aseguró que “Francia estará del lado de Marruecos en todas sus cuestiones existenciales”, incluyendo, “por supuesto”, el futuro del Sáhara Occidental.

Para el catedrático y profesor honorario de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, Bernabé López, “se trata de un auténtico espaldarazo a la visión marroquí”. El especialista en historia y movimientos sociales del mundo árabe y Magreb contemporáneo habla con elDiario.es sobre una posible solución al conflicto. En su opinión, lo importante es buscar “una fórmula en la que ninguna de las dos partes está de acuerdo para empezar de cero”.

¿Qué implicaciones puede tener una nueva presidencia de Trump para el conflicto en el Sahara Occidental?

La carta presidencial de Donald Trump del 10 de diciembre de 2020, a punto de salir de la Casa Blanca, reconociendo la marroquinidad del Sahara abrió el camino para que países clave en el dosier como España, Alemania y recientemente Francia se acercaran a las tesis de Marruecos. La victoria electoral de Donald Trump permite pensar a Marruecos que el ya presidente electo culminará la política que él inició, haciendo realidad lo que quedó en suspenso durante el mandato del presidente Biden: la apertura de un consulado en la ciudad sahariana de Dajla, la antigua Villa Cisneros. 

Pero las imprevisibilidades de la personalidad de Trump, con otros frentes en política internacional mucho más urgentes, y otros riesgos que pueden surgir en los nuevos partenariados de Marruecos con países incómodos como China, obligan a ser cautos. Después de la victoria de Trumop, Mohamed VI envió su telegrama de felicitación diciendo lo que era evidente.

Durante su visita a Marruecos, Emmanuel Macron reconoció que el Sáhara Occidental “se encuentra en el marco de la soberanía marroquí” ¿Es un punto de no retorno?

Francia, lo que vino a decir textualmente es que “la autonomía bajo soberanía marroquí es el marco en el que esta cuestión debe ser resuelta” y que “el plan de autonomía de 2007 constituye la única base para llegar a una solución política justa y negociada conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Esto, evidentemente, no deja lugar a dudas de que es un espaldarazo pleno a la visión marroquí. Solo deja sobreentendido que la cuestión no está resuelta, pero que debe resolverse como Marruecos quiere, sin precisar qué quiere decir autonomía. Es un punto que se acerca al reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara que el presidente Trump dio en 2020, un mes antes de su salida de la presidencia.

En ese sentido, si Estados Unidos y Francia actúan al unísono, todo está perdido desde el punto de vista de una resolución que pueda conciliar los intereses de las dos partes. Porque el problema es ese. Es decir, no hay que dar la razón a uno u otro, sino encontrar una fórmula en la que ninguna de las dos partes está de acuerdo y que es entrar en una discusión partiendo desde cero.

Lo que también me llamó la atención es que en la página del Ministerio de Exteriores de Francia, en la entrada Marruecos aparece el mapa sin puntitos de separación con el Sáhara y con 400.000 kilómetros cuadrados de extensión para el reino de Marruecos. Eso es el reconocimiento efectivo de la incorporación del Sáhara. Es decir, el mapa completo, con el Sáhara incluido y los kilómetros.

Pero, en definitiva, el derecho de veto de Francia hace casi imposible una resolución del Consejo de Seguridad y demuestra, en ese sentido, una inoperatividad absoluta de esta institución.

Pedro Sánchez tildó en una carta en 2022 de “realista y creíble” el plan de autonomía de 2007, ¿sigue siendo esta opción la única que está encima de la mesa?

Marruecos ha conseguido que numerosos países consideren su propuesta de autonomía de 2007 como “realista y creíble” como vía de resolución del problema, pero requeriría para ello que la otra parte, el Polisario, la considerase aceptable para poder ser refrendada por los habitantes del Sáhara, en el territorio, en los campamentos y en la diáspora, algo bien difícil por la falta de un censo.

Pero si se reconoce la marroquinidad del Sáhara no hace falta ni autonomía ni nada. Haría falta un plan de autonomía, pero sin consenso, discusión, debate ni negociación ninguna. Sencillamente que se aplique una autonomía cuando Marruecos quiera. Y en ese sentido es de una vaguedad absoluta.  

Marruecos también juega con la carta del control de la migración, ¿es esa su mayor baza? 

Marruecos explota su papel clave para el control de los flujos migratorios del África subsahariana o de su propio país hacia Europa, así como el control antiterrorista ejercido por sus eficaces servicios de inteligencia. Y utiliza ese papel como moneda de cambio para presionar a favor de que se reconozcan sus derechos sobre el Sáhara Occidental.

El último batacazo que se ha llevado Marruecos ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula los acuerdos de pesca en las aguas del Sáhara Occidental. Pese a ello, ¿el interés de los 27 en querer mantener relaciones estratégicas con Marruecos puede incentivar a otros países de la UE a respaldar su plan de autonomía?

Podría, pero todavía no hay países europeos que se hayan posicionado en esta dirección. Hasta el momento solo ha habido una avanzadilla en Alemania, Francia y España. Y ahora Francia se ha posicionado claramente. Sin embargo, no veo ahora mismo en el panorama a otros países que se vayan a unir a la decisión de la república gala.

Lo que sí es evidente es que Marruecos aparentó mostrar poca preocupación por la decisión del tribunal europeo diciendo que encontraría “otros mercados”. Además, Europa tiene un año de plazo para seguir con estos acuerdos. Nadie sabe lo que puede ocurrir en este tiempo.  

El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Steffan De Mistura, planteó a mediados de octubre una “partición” del territorio para resolver el conflicto, una propuesta que no es nueva y que ya planteó su antecesor, James Baker. Aunque frente a los medios negaron la propuesta de partición, este plan consiste en que Marruecos conserve el control de la zona norte y el sur pase a ser considerado un país independiente. ¿Se trata de una medida “realista” y “pragmática”, como pide la UE?

La partición no es ni realista ni pragmática. No puede serlo en las condiciones actuales, donde la población en el Sáhara Occidental es seis o siete veces superior a la de 1975, a pesar de que su mayoría son marroquíes procedentes de regiones limítrofes o no del Sáhara.

Las enormes inversiones económicas y de infraestructuras que Marruecos ha realizado en el antiguo Río de Oro, junto con el establecimiento de una población de varios cientos miles de marroquíes en la parte sur de la región, hace impensable que Marruecos quiera abandonarla y menos a un Frente Polisario que ha demonizado durante medio siglo.  

¿Ese hipotético plan de partición puede interpretarse como un abandono por parte de Naciones Unidas de su mediación en el conflicto?

La no aceptación [de la partición] por las partes [Marruecos y el Frente Polisario], no tendría por qué suponer el abandono de la mediación de la ONU, que podría llevarse a cabo si De Mistura abandona [el cargo] en seis meses, como ha sugerido. Aunque cada vez resulta más difícil encontrar un mediador, dado el fracaso de los que han asumido esa tarea.

El fracaso de De Mistura se suma al de sus antecesores, Baker, Van Walsum, Ross y otros. Y es resultado de que las resoluciones del Consejo de Seguridad carecen de efectividad por la falta de una fuerza que pueda imponerlas. La actual composición del Consejo de Seguridad, que incluye vetos de naciones con fuertes intereses encontrados hace inviable su operatividad para la resolución de conflictos.

De Mistrura también planteó la posibilidad de la retirada de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

La retirada de la MINURSO sería el reconocimiento de que lo que da nombre a la misión, la “R” de referéndum de autodeterminación, ha perdido su sentido, sobre todo por las dificultades materiales de realización, con un censo incompleto y no consensuado, aparte de obsoleto, puesto que fue realizado hace tiempo. Más aun, desde hace años las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU insisten sobre todo en la necesidad de lograr un acuerdo entre las partes estable y duradero. De lograrse algún día, ese podría ser lo que se votase en un referéndum. 

¿Por qué hasta el día de hoy esta misión no ha supervisado los derechos humanos en el Sáhara? ¿Qué peso ha tenido en esto Marruecos?

Otras misiones de Naciones Unidas tienen competencia en el control de los derechos humanos en la zona correspondiente, pero el de la MINURSO no lo ha incorporado en sus tareas a pesar de la propuesta fallida por parte de la Administración de [Barack] Obama a la que Marruecos, con el apoyo del veto de Francia, se opuso.

La política marroquí en el Sáhara Occidental ha sido intransigente y represiva con las reivindicaciones de la minoría saharaui partidaria de la independencia y no ha querido nunca que pudiera fiscalizarse ni por la MINURSO ni por otras instancias.

¿Cuál cree que tendría que ser (o tendría que haber sido) el papel de la comunidad internacional ante esta situación?

España no descolonizó a su tiempo. Ahí está su responsabilidad que evidentemente hoy no puede recuperar. Cuando se decidió a descolonizar, tan a destiempo, tan tardíamente (entre 1973-74), optó por seguir en abstracto las directrices de la ONU de proceder a un referéndum de autodeterminación sin tener en cuenta que existían reivindicaciones históricas planteadas por Marruecos y reclamaciones territoriales más recientes de Mauritania. Y que Argelia, sin expresar reivindicaciones territoriales, mantenía unas relaciones tirantes con ambos países limítrofes y escondía intereses estratégicos de hegemonía sobre la región.

Diez años antes, todo hubiera resultado más fácil, si las relaciones entre España y Marruecos hubieran sido más fluidas y si la proposición de Marruecos de un acuerdo con España para ceder el Sáhara Occidental en 1963 se hubiera llevado a término, puesto que en aquel momento aún no existía un sentimiento nacionalista en el Sáhara. De ser así, se habrían ahorrado problemas y, hasta probablemente una guerra, la de las Arenas, que acabó envenenando las relaciones entre Argelia y Marruecos.

Sin embargo, se optó por la realización de un referéndum...

Sí. Con el fin de evitar la precipitación de un referéndum organizado por España, del que temía resultados adversos, Marruecos decidió, junto con Mauritania, someter la cuestión al juicio del Tribunal de La Haya creyendo en la fortaleza de su dosier.

Sin embargo, la sentencia de este tribunal fue ambigua: reconocía los derechos de las partes y concluía –con la lógica descolonizadora en boga– que era necesario un referéndum de autodeterminación de la población, sin tener en cuenta las especificidades de un territorio tan extenso y poco poblado, con los riesgos de acabar permitiendo el establecimiento de un nuevo Estado fallido. 

¿Qué papel juega Argelia?

En la medida en que Argelia da su apoyo al Frente Polisario, esgrimiendo el principio abstracto del derecho a la autodeterminación de los pueblos, acogiendo en su tierra a los refugiados saharauis, ayudando al mantenimiento diplomático de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), encuadrando a la cúpula dirigente del movimiento de liberación, convierte a este en rehén de su política, controlando muy de cerca su acción. La vieja rivalidad con Marruecos está detrás del conflicto y parece imposible lograr una solución sin un cambio de actitud de Argelia.  

Estados Unidos ha vuelto a las urnas y los resultados ya constatan que Donald Trump será el próximo presidente del país. Después de un recuento no demasiado largo en el que los republicanos fueron liderando casi desde el principio, la victoria del partido de Trump en Wisconsin ha fulminado las opciones de Kamala Harris. Aquí te contamos qué grupos de población han votado a Trump apuntalando su histórica victoria.

El expresidente se ha hecho previamente con los estados decisivos de Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, anulando prácticamente las opciones de la demócrata. Harris, de hecho, ha cancelado el discurso que tenía previsto dar ante su fuerte desventaja frente a Trump, mientras que el republicano ya se ha proclamado ganador. La demócrata se dirigirá a sus seguidores finalmente este miércoles por la noche. Los republicanos han recuperado también el control sobre el Senado tras cuatro años en la oposición.

Hasta el día de la votación, las encuestas mostraban un empate casi perfecto en intención de voto, pero los primeros resultados han dado una vuelta a esto, y con el avance del escrutinio las opciones de Kamala Harris se han ido desplomando. Aquí tienes todos los detalles con las claves de la jornada y aquí puedes seguir los resultados en un mapa actualizado en directo, según avanza el recuento de votos.