Han pasado once años desde que los juzgados de lo Social y de Magistratura abandonaron el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el distrito del Eixample de Barcelona. Desde entonces, este inmueble público de 5.200 m² permanece cerrado y sin uso en un barrio que arrastra no solo una falta de vivienda asequible, sino también de equipamientos públicos.

“Cada vez que paso por delante pienso que es una lástima que un edificio así no sirva para nada. Lleva muchos años vacío y se está deteriorando”, lamenta Dolores Martín, vecina del barrio desde hace cuatro décadas. Igual de indignada se muestra Dora Malfaz, que vive en el Eixample desde hace treinta años y conoce de cerca la gentrificación que ha sufrido la zona. “En lugar de mantenerlo abandonado, habría que aprovechar este patrimonio público para viviendas sociales o servicios para el barrio”, opina.

La Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample lleva años reclamando que el edificio, ubicado en las calles Ali Bei y Ronda Sant Pere, deje de estar sin uso y se destine a vivienda dotacional para personas mayores y jóvenes, además de incorporar un centro de día, un comedor comunitario y otros equipamientos públicos.

Sin embargo, la propuesta permanece encallada. El Ayuntamiento también hace tiempo que negocia con la Administración General del Estado para obtener la cesión del inmueble, aunque sin resultados. Además, el Gobierno municipal también valora la opción de destinar el edificio a la ampliación del Centro de Atención Primaria (CAP) del barrio de Casc Antic, algo que no convence a los vecinos.

Subastas frustradas y presión vecinal

La reivindicación vecinal arrancó en 2018, cuando la Tesorería sacó el inmueble a subasta por segunda vez. Los vecinos iniciaron entonces una campaña para impedir su venta y reclamar que el edificio permaneciera en manos públicas. Entre 2017 y 2019 llegó a subastarse en tres ocasiones, pero ninguna prosperó. La calificación urbanística de equipamiento (clave 7a), que limita los usos posibles a actividades de interés público o comunitario, redujo el interés de posibles compradores, según aclaran fuentes municipales.

Seis años después, en octubre de 2024, la asociación presentó junto con la cooperativa Sostre Cívic un proyecto para transformar el inmueble. La propuesta recibió el apoyo de todos los grupos municipales del distrito salvo la abstención del PP.

La iniciativa planteaba destinar las plantas superiores a vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores y jóvenes. Este modelo, implantado en distintos países europeos y cada vez más en Catalunya, permite a los residentes utilizar una vivienda de manera indefinida sin adquirirla en propiedad ni acceder mediante un alquiler convencional.

Por otro lado, la propuesta incluía que las plantas inferiores albergasen un centro de día para personas mayores, una sala polivalente, un comedor comunitario y otros equipamientos abiertos al vecindario.

“Los edificios públicos en desuso representan una oportunidad extraordinaria porque el suelo ya pertenece a la Administración y eso facilita desarrollar políticas públicas”, explica Yabel Pérez, arquitecto y miembro del Consejo Rector de Sostre Cívic. “Por sus dimensiones, su estructura y su ubicación, este inmueble podría adaptarse con facilidad a diferentes necesidades del barrio”, sostiene.

No obstante, la propuesta quedó paralizada pocos meses después, cuando el Ayuntamiento empezó a estudiar la posibilidad de trasladar parte del CAP del Casc Antic al edificio. La opción provocó el rechazo tanto de vecinos del Casc Antic, que se oponen a desplazar el centro sanitario fuera de su barrio, como de la asociación de la Dreta de l'Eixample, que considera prioritario mantener el proyecto original.

Entre el centro de salud y equipamientos de barrio

En marzo de 2026 se volvió a presentar la propuesta en un plenario a petición de los Comuns, donde todas las formaciones políticas votaron a favor a excepción del PSC, que votó en contra al ya estar inmersos en el proyecto de la ampliación del CAP.

Fuentes municipales explican ahora que también se estudia ampliar el CAP en el edificio del Síndic de Greuges, contiguo al inmueble de la Seguridad Social, una alternativa que permitiría llevar a cabo el proyecto vecinal en el antiguo complejo. “Lo lógico sería utilizar el edificio de al lado y no trasladar un centro de salud a otro barrio”, sostiene Jaume Artigues, portavoz de la asociación.

Para la entidad, el bloqueo resulta difícil de justificar. “En la Dreta de l'Eixample cerca del 90% de los equipamientos son privados y seguimos sin disponer de residencia pública ni centro de día para personas mayores”, denuncia Artigues. “Es absolutamente incomprensible que la Tesorería de la Seguridad Social no sea capaz de ceder un edificio como este después de tantos años vacío”, añade.

Desde el Ayuntamiento insisten en que las conversaciones con el Estado para obtener la cesión continúan activas, aunque admiten que no existe un plazo para resolverlas. “El distrito del Eixample es partidario de que todos los edificios públicos, independientemente de quién sea su titular, tengan un uso y, si es posible, se destinen a equipamientos de proximidad”, señalan fuentes municipales.

Mientras tanto, la asociación vecinal mantiene el pulso. En abril remitió una queja al Síndic de Greuges –aún pendiente de resolución– y tiene prevista una nueva reunión con el gobierno del distrito a mediados de julio para volver a defender un proyecto que ya ha sido aprobado en dos ocasiones por el pleno, pero que sigue sin fecha.

“Que un edificio de 5.200 m² permanezca cerrado y sin uso, pese a ser de titularidad pública, es inadmisible teniendo en cuenta las carencias que tenemos en materia de vivienda y de servicios públicos. No tiene ningún sentido y es injustificable”, zanja Ferran Raiva, miembro de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample.

Son las 20:00 horas de un miércoles de agosto y Lamia Kaidi está sentada en uno de los bancos del centro comercial Màgic Badalona mientras observa a sus hijos jugar en las máquinas recreativas. Este año, por primera vez, la visita se ha convertido en una rutina diaria para esta familia desde que comenzó el verano. “En casa no podemos estar del calor. Aquí, en cambio, se está fresquito y hay cosas que hacer”.

Llegan cada día sobre las 18:00 horas y se marchan a las 22:00 o las 23:00. “Básicamente, hacemos casi lo mismo que haríamos en casa. Miro vídeos de YouTube, leo y me relajo en los bancos mientras mis hijos juegan”, explica. Como ella, no son pocas las familias que hacen uso de este espacio para resguardarse de un calor que no deja de batir récords.

“El cambio climático está haciendo que muchos centros comerciales estén teniendo que asumir funciones para las que no fueron diseñados”, sentencia Mariano A. Pucheta, arquitecto especializado en diseño y gestión ambiental. “Cuando una persona no puede permitirse mantener su casa a una temperatura confortable, es lógico que busque ese confort térmico en otros espacios”, añade.

El coste de mantener una vivienda a una temperatura confortable es el principal motivo que empuja a algunas familias a buscar alternativas. Todo ello en un año donde, según confirmó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se ha registrado el mes de julio más caluroso jamás registrado en la historia de nuestro país.

“Vamos con miedo de utilizar el ventilador todo el día, porque gasta mucha electricidad”, explica Luz María Rius, otra vecina de Badalona de 48 años que también acude al centro comercial varios días de la semana para resguardarse del calor. “No me imagino cuánto ascendería la factura si tuviese aire acondicionado”, admite.

Rius también ha observado cómo acudir al centro comercial para pasar la tarde se ha normalizado entre las familias de su entorno, tendencia que reconoce que no ocurría años atrás. “Vemos que venir aquí a pasar la tarde se está convirtiendo en algo cada vez más habitual entre los padres del colegio de nuestros hijos y los vecinos del barrio”, explica.

En su caso, suelen acudir para hacer la compra y terminan alargando la estancia durante varias horas. “A diferencia de en casa, aquí se está a gusto. Es muy triste no sentirte cómodo en tu hogar”.

El Màgic Badalona, como otros centros comerciales en el área metropolitana, forma parte de la Red Metropolitana de Refugios Climáticos. Según la definición del Ayuntamiento de Barcelona, estos son espacios donde las personas pueden protegerse del calor o del frío mientras mantienen su uso habitual.

Pero que un edificio esté climatizado no basta, según A. Pucheta, para convertirlo en un refugio climático. El confort térmico –es decir, que una persona perciba que la temperatura de su entorno es agradable, sin sentir ni demasiado calor ni demasiado frío– es una de las condiciones fundamentales.

Y parece que alcanzar ese confort térmico se está convirtiendo, cada vez más, en un lujo para muchas familias. “En casa, es muy complicado estar a gusto sin aire acondicionado, no me consigo relajar”, explica Pilar Moral, otra vecina de la ciudad que acude prácticamente cada día al centro comercial con su perra, tanto en invierno como en verano. “Pasar aquí la tarde no es lo mismo que estar tranquila en casa, pero al menos se está fresco”, reconoce.

Rius coincide en que el espacio no es equiparable al hogar: “A los niños se les hace pesado estar toda la tarde aquí porque no pueden jugar como en casa. Pero con este calor, lo primordial es que estén fresquitos”.

Para A. Pucheta, precisamente, un refugio climático debería ofrecer algo más que una temperatura agradable. Estos espacios, sostiene, deberían contar con zonas gratuitas de estancia, agua y áreas de descanso, además de prestar especial atención a colectivos vulnerables al calor, como las personas mayores, los niños o quienes tienen problemas de salud.

El reto, según el arquitecto, pasa por adaptar los edificios que ya existen y dotarlos de mejores condiciones espaciales y de confort térmico para que puedan utilizarse como refugios climáticos sin perder su función original. A su juicio, la mayoría de los centros comerciales españoles no están preparados para asumir este papel.

Como referencia pone de ejemplo a la ciudad de Viena, donde algunos centros comerciales, como Huma Eleven o Shopping Center Nord, disponen de refugios climáticos gestionados por la Cruz Roja y ya incluyen varios de estos servicios.

Por otro lado, el atractivo de estos espacios no reside únicamente en la temperatura. Para personas como Moral, también influye la posibilidad de acceder con animales. “A diferencia de otros refugios climáticos, aquí puedo entrar con mi perra, que también lo pasa mal por el calor”, admite.

Además, las personas entrevistadas coinciden en que los centros comerciales son una de las opciones más “entretenidas” para pasar varias horas frente a otros refugios climáticos, como bibliotecas, centros cívicos, polideportivos o parques. Su variedad de servicios y actividades permite hacer más llevadera una estancia prolongada.

Kaidi, por ejemplo, prefiere acudir al centro comercial porque puede combinar distintas actividades: “Puedo mirar tiendas, tomar algo, y los niños pueden jugar en las máquinas recreativas”.

Sin embargo, la principal diferencia de los centros comerciales frente a otros refugios climáticos, es que son espacios privados concebidos, en buena parte, alrededor del consumo. Aunque A. Pucheta considera que un centro comercial no puede tener una vocación social porque “no es su génesis”, opina que su papel debería situarse “en un punto intermedio” entre su actividad comercial y esta nueva función de refugio.

Por eso, cree que los centros comerciales no deberían ignorar el uso que algunas personas ya hacen de ellos. A su juicio, pueden aportar valor al entorno y, al mismo tiempo, obtener un beneficio para su propio modelo de negocio si permiten que la ciudadanía utilice determinados espacios sin sentirse obligada a consumir.

Asimismo, adaptarse al calor no es solo una cuestión de confort para los usuarios, sino también de preparar los edificios para un futuro con temperaturas más altas. A. Pucheta considera que la sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión de marketing y se ha convertido en “una forma de proteger el valor de los inmuebles frente al cambio climático”.

De cara a los próximos años, el arquitecto prevé que los centros comerciales tendrán sistemas de climatización más eficientes y más zonas verdes. También cree que será necesario adaptar mejor espacios que ya existen, como galerías, áreas de descanso o zonas familiares, para que puedan funcionar como lugares donde resguardarse del calor sin necesidad de consumir. La idea, sostiene, es que los centros comerciales puedan asumir esta nueva función sin dejar de lado su actividad comercial.

El Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciado que ha recibido 2.000 euros en multas administrativas tras haber echado de un concierto en mayo a un mosso d'esquadra fuera de servicio. La conselleria de Interior ha negado el vínculo entre ambos hechos.

En una rueda de prensa este lunes, los colectivos que forman el ateneo han explicado que, en los últimos dos meses, han recibido dos multas de 1.001 euros cada una por, supuestamente, fumar dentro del local y vender bebidas sin licencia. Sin embargo, desde la asociación aseguran que nunca se ha consumido tabaco en el interior del recinto y que las bebidas únicamente se venden entre los socios, sin ánimo de lucro.

Las entidades de La Cerdanya vinculan las multas a los hechos ocurridos el 14 de mayo. Durante un concierto, militantes del Ateneu se presentaron ante el hombre, como hacen habitualmente con las personas que acuden por primera vez, y le preguntaron a qué se dedicaba. El agente, según asegura la asociación, evitó responder. Posteriormente, uno de los integrantes lo reconoció como miembro de los Mossos d’Esquadra destinado en la comisaría de Puigcerdà (Girona).

“No llegó a ser una infiltración como las que se están denunciando últimamente, simplemente se negó a dar información sobre su trabajo”, aclara Alexandra Morán, miembro del ateneo.

Desde el departamento de Interior confirman que no se trata de un caso de infiltración y que el agente acudió a la actividad fuera de su horario laboral, como cualquier otro ciudadano. Según explican, el funcionario se sintió “intimidado” cuando le invitaron a abandonar el espacio, por lo que avisó a una patrulla.

El Ateneo sostiene que la presencia del policía generó malestar entre algunos de los asistentes. Ante esta situación, explican que optaron por actuar “con la máxima cautela” y pedirle que abandonara el espacio, tras explicarle que su presencia estaba provocando incomodidad y desconfianza entre algunos participantes. Según la asociación, el mosso aceptó marcharse voluntariamente.

Posteriormente, cinco agentes acudieron al lugar para realizar “unas comprobaciones”, con una actitud que la entidad califica de “claramente intimidatoria”. Según explican, los agentes no dieron explicaciones sobre los motivos de su llegada, más allá de una supuesta discriminación hacia el policía al que acababan de pedir que se marchara. En el acto, identificaron a uno de los miembros de la entidad y solicitaron documentación relacionada con el Ateneo.

Días después, la asociación recibió el acta en la que se les acusaba de haber fumado y vendido bebidas sin licencia dentro del local. El espacio cuestiona duramente su contenido y sostiene que el documento presenta un relato de los hechos que no se corresponde con lo ocurrido durante la actividad y que, además, omite el episodio relacionado con la presencia del agente.

La entidad también denuncia diversas irregularidades y errores en el documento, entre ellos una modificación de la fecha del acta. Aunque sus responsables aseguran que se negaron a firmarla, finalmente entregaron la documentación solicitada por los agentes.

Dos meses después de los hechos, el Ateneo ha recibido dos multas por valor de 2.000 euros. La asociación considera que las sanciones constituyen una represalia por haber cuestionado la presencia del agente policial durante su actividad y las interpreta como un intento de “intimidar y debilitar un espacio de organización popular”.

“Estas multas son una demostración de abuso del poder policial y un acto represivo contra el ateneo, pero también contra todo un movimiento popular autoorganizado que desde hace unos años está surgiendo en la comarca”, denuncia la asociación.

Aunque este caso no se pueda calificar como una infiltración, el ateneo ha anunciado que no piensa normalizar lo que considera un episodio de “abuso policial”. La entidad reivindica su derecho a “expresar el malestar y la desconfianza” generados por la presencia de un agente policial en una de sus actividades y acusa a los Mossos d’Esquadra de Puigcerdà de actuar con impunidad y de utilizar las sanciones como mecanismo de presión.

Cinco personas se sientan alrededor de una mesa en una de las aulas de la Nau Bostik, en Barcelona. Van a clase para aprender darija, la variedad del árabe que se habla en Marruecos. Quien guía la sesión es Talal El Khalloufy, un joven marroquí de 26 años que llegó solo a Catalunya hace tres años y que hoy enseña su lengua materna gracias a Prollema, un proyecto de la asociación La Muga que forma y remunera a jóvenes migrantes para que impartan clases de sus idiomas de origen.

“No queremos que nos vean solo como personas que necesitan ayuda. Los jóvenes migrantes podemos aportar mucho a la sociedad”, resalta Talal. En la misma línea opina Hadjer Rahou, joven argelina de 25 años que da clases en Girona de darija y árabe clásico: “Muchas veces la gente no es consciente de que tenemos potencial. Solo necesitamos que alguien nos escuche y valore nuestra formación y capacidades”.

En un momento de la clase que imparte Talal, una de las asistentes comenta que algunas palabras le recuerdan al catalán, lo que da pie a una conversación sobre los vínculos históricos entre las lenguas, y alumnos y profesor empiezan a buscar ejemplos: tawla recuerda a taula, c a balcó y blassa a plaça. Durante dos horas, los alumnos practican expresiones cotidianas, aprenden léxico y gramática, corrigen la pronunciación y hacen preguntas sobre la cultura marroquí.

“Pensaba que a nadie le interesaría nuestra lengua por la imagen negativa que a veces se tiene de nosotros. Descubrir que hay personas que quieren aprenderla cambia por completo la forma en que te sientes acogido”, afirma Amine Oubihi, otro de los jóvenes vinculados al proyecto.

Los alumnos de Talal cursan el intensivo que la fundación ha organizado durante el mes de julio en Barcelona. Consiste en dos sesiones semanales de dos horas durante un mes. A lo largo del año también se organizan cursos en Girona y Tarragona. Todos los profesores son jóvenes que emigraron solos y que, antes de incorporarse al proyecto, se encontraban en situación de exclusión social. Prollema les ofrece una formación que les capacita para impartir clases de sus lenguas maternas.

“Queríamos cambiar la mirada infantilizada y asistencialista con la que se suele acompañar a los jóvenes migrantes: dejar de verlos como objetos para reconocerlos como sujetos con voz, historias, experiencias y capacidad de decisión”, explican desde la asociación.

El proyecto, nacido en 2015 dentro de la asociación cultural La Muga, ofrece un salario a los docentes, además de una formación teórica y práctica de cinco meses que les habilita para impartir clases. Entre las lenguas que se enseñan se encuentran el amazig del Rif, el árabe clásico, el darija, el fula, el wolof y el mandinká. La entidad se financia con subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, además de las cuotas de los alumnos.

“Cuando llegas sola y sin papeles sientes que no tienes un lugar en la sociedad y que no vales nada, y proyectos como este te permiten demostrar quién eres”, señala Hadjer. “Quiero que la gente vea que las personas migrantes también podemos tener estudios o una carrera universitaria”. Para ella, dar clases es una forma de romper los estereotipos que todavía pesan sobre quienes migran.

Licenciada en Traducción e Interpretación en Argelia, se vio obligada a emigrar a España en busca de mejores condiciones económicas para ayudar a su familia. “Yo no he venido aquí porque quiera viajar, sino porque no me quedaba otra opción”, asegura. Mientras espera la regularización de su situación administrativa, sueña con poder trabajar con contrato y seguir ayudando a su familia para, algún día, regresar a su tierra.

“Las personas migrantes muchas veces no necesitamos solo dinero, sino que alguien nos escuche, nos entienda y nos dé la oportunidad de construir una nueva vida”, añade. Desde Prollema recalcan que su objetivo es que los jóvenes se sientan “escuchados, acompañados y capaces de proyectar un futuro”.

Talal llegó a Catalunya hace tres años desde Fez, su ciudad natal. Tras pasar varias noches durmiendo al raso por las calles de Girona, su educadora social le habló del proyecto y decidió apuntarse. Después de completar la formación y las prácticas, empezó a dar clases el año pasado.

Además de formación y empleo, Prollema también ofrece alojamiento mientras los jóvenes avanzan en su proceso de integración. Actualmente, Talal reside en la Nau Bostik, un centro cultural y social autogestionado en el barrio barcelonés de La Sagrera, el mismo lugar donde se imparten las clases. Allí también vivió durante un tiempo Amine, junto a otros participantes del proyecto.

La idea es que permanezcan allí hasta contar con unos ingresos estables que les permitan acceder a un alquiler. Los ingresos que obtienen con las clases no siempre son regulares, ya que no todos los meses hay suficientes grupos.

Otro de los aspectos que más valoran los jóvenes que dar clases va mucho más allá de la remuneración económica. Talal pasó una etapa especialmente dura durante su proceso de integración por el hecho de estar solo y sentirse discriminado. “Me afectó muchísimo sufrir discriminación. Más de una vez, cuando paso por delante de alguien, esconde el bolso, o si me siento en un banco o en un asiento, se levantan y se marchan”.

En ese contexto, asegura que empezar a dar clases en Prollema fue un refugio. “Para mí, Prollema es una joya. Me ayudó a coger fuerzas para seguir adelante. Ahora me siento mucho mejor y estoy viviendo una etapa muy bonita. Después de pasarlo realmente mal al principio de mi llegada, lo único que buscaba era, además de una tranquilidad económica, sentirme válido como persona”.

Amine destaca las relaciones personales que ha construido, tanto con otros jóvenes que atraviesan situaciones similares como con alumnos catalanes. “Más allá del trabajo o del intercambio cultural, cuando acabas de llegar y no conoces a nadie, lo que necesitas es una red de apoyo”. “Si no tienes a tu familia, a tus amigos ni a nadie que te apoye, es muy fácil acabar mal en un país extranjero”, sentencia.

Otro de los pilares de la iniciativa es que los jóvenes puedan conservar su identidad mientras construyen su nueva vida en Catalunya. “Una buena acogida es aquella que te permite construir un futuro sin tener que renunciar a quién eres”, señalan desde la asociación. Hadjer lo resume con claridad: “Pensar que porque una persona lleve hijab significa que no se integra en la sociedad es ignorancia pura. Yo hablo catalán y castellano, quiero trabajar y aportar mis cualidades aquí en Catalunya”.

Desde Prollema insisten en que no se trata de “dejar atrás la lengua, la cultura o la identidad para integrarse”, sino de poder conservarlas mientras se adquieren “las herramientas necesarias para formar parte de la comunidad”.

Cientos de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona han estrenado en los últimos días pulseras térmicas para evitar golpes de calor. Casi un año después de la muerte de Montse, la operaria de una brigada de limpieza que falleció por exposición a las altas temperaturas, el consistorio ha repartido este dispositivo entre su plantilla al aire libre como prueba para prevenir situaciones de riesgo.

La medida, que afecta sobre todo a las brigadas de limpieza y a las de Parques y Jardines, forma parte de un plan que incluye más descansos y cambios horarios. Pero se ha recibido con cierto escepticismo por parte de los trabajadores, que insisten en que se facilite aire acondicionado en todos los vehículos y una ropa que transpire adecuadamente.

La pulsera es un dispositivo todavía en fase de evaluación, pero que ante el aumento de las temperaturas sirve para detectar cuando el trabajador que la lleva está a punto alcanzar situaciones de estrés térmico. Además de Barcelona, la han incorporado ya en sus plantillas ciudades como Motril, Alcoi o Las Palmas de Gran Canaria.

Las pulseras registran la temperatura corporal del trabajador al inicio de la jornada y, si detectan una subida repentina en un corto periodo de tiempo, emiten una vibración, una señal acústica y una luz de aviso. El objetivo del dispositivo es alertar antes de que el trabajador llegue a una situación de riesgo. En caso de que se encienda, el empleado debe buscar un refugio a la sombra y contactar con su encargado para que le comunique cómo proceder.

“La medida está bien pero se queda muy corta”, sostiene Cristina Pinto, trabajadora de limpieza en la empresa externa FCC –una de las cuatro subcontratas– en Barcelona. Opina que, al pitar la pulsera, esta debería avisar automáticamente al encargado o contactar con los servicios médicos. “En esta situación, el trabajador no debería tener que preocuparse por buscar un refugio climático o por avisar a su encargado”, defiende.

Otro de los aspectos que cuestionan es el uso compartido de las pulseras. Aunque el Ayuntamiento estipula que son de carácter personal, trabajadores de FCC aseguran que en su caso la comparten con compañeros de otros turnos. En otros departamentos, como Parques y Jardines –servicio que no está externalizado– señalan que su pulsera térmica sí es de uso personal.

“No me siento cómodo llevando una pulsera sudada de otra persona, ni aunque la desinfecten”, admite Pau García, delegado del sindicato CGT en FCC, que, sin embargo, reconoce: “Aunque la medida es insuficiente, pienso que si no fuese por el tema de la higiene, estaría bien”.

Aunque hay trabajadores que renuncian a la pulsera, la mayoría opta por llevarla. “Me da un poco de asco pero prefiero priorizar mi salud antes que la higiene”, admite Isabel Romero (nombre ficticio), trabajadora de FCC. A ella le pitó recientemente la pulsera, durante una de sus jornadas. “No me había dado ni cuenta de que me encontraba mal, así que me parece una buena medida de prevención”, celebra

Con todo, añade Romero que hacen falta medidas más efectivas: “Debería complementarse con un protocolo que incluya medidas de prevención aún más amplias”.

Desde CGT, por ejemplo, llevaron a la Inspección de Trabajo el caso de un trabajador de Parques y Jardines sufrió un golpe de calor sin que su aparato pitara. “No siempre funcionan”, señalan. El consistorio, por su parte, asegura que se siguieron los protocolos de seguridad y prevención pertinentes.

En este sentido, una trabajadora opina que el hecho de llevar la pulsera puede dar una “falsa sensación de seguridad”. “Que no te haya pitado la pulsera no debe impedir que, si te encuentras mal, puedas parar y refugiarte en un lugar fresco para recuperarte”, subraya. Y denuncia que, aunque el protocolo establece que los trabajadores pueden refrescarse, hidratarse, ir al baño o descansar si lo necesitan, hay encargados o supervisores que les piden explicaciones constantemente.

Cristina Pinto comparte la misma idea: “Quienes llevamos más tiempo y tenemos el puesto más consolidado no nos da tanto pudor resguardarnos si nos encontramos mal. Pero muchos trabajadores temporales se fuerzan para demostrar que valen y conservar el puesto. Al final, la responsabilidad sobre qué hacer, en todo momento acaba recayendo en el trabajador”.

En cuanto a sus otras demandas para el calor, como la ropa más transpirable, el Ayuntamiento de Barcelona asegura que los trabajadores cuentan con ropa adecuada, pero algunos discrepan. “Se nos queda el sudor pegado al cuerpo y se forma un microclima entre la piel y la ropa. A veces es casi insoportable trabajar así”, asegura Romero.

También critican que los motocarros –los pequeños vehículos eléctricos que utilizan la mayoría de trabajadores– no disponen de aire acondicionado. “Nos dicen que el aire no es necesario, pero si hay un atasco puedes llegar a pasar una hora o más dentro. Y la sensación es la de estar en una caja de metal bajo el sol, es abrasante”, asegura un representante de CGT.

Los trabajadores de Parques y Jardines firmaron a principios de junio un convenio por el que adelantan una hora el comienzo de su jornada laboral y finalizan una hora antes. También trabajan quince minutos menos aunque, cuando pase el verano, deberán compensar esa parte. Sin embargo, a diferencia de los trabajadores de Parques y Jardines, para los empleados de FCC no ha habido cambio alguno en el comienzo de su jornada laboral.

Los empleados denuncian que siguen pasando la mayor parte de la jornada bajo el sol pese a las temperaturas extremas. “Si el 90% de mi trabajo es bajo el sol, por mucho que intente refugiarme, llega un momento en que es imposible protegerse”, lamenta Pinto.

“Cada verano es más difícil trabajar al aire libre y las medidas de prevención tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Necesitamos criterios más claros para saber cuándo es seguro trabajar y cuándo hay que parar”, asegura otra de las empleadas.

El Ayuntamiento de Barcelona dispone de un protocolo para proteger a los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre durante los episodios de altas temperaturas. Según explican fuentes municipales, cuando se activa la alerta naranja o roja, la normativa establece el aumento de pausas durante la jornada y el reajuste de tareas para reducir la exposición al calor. También se prohíbe el trabajo en solitario y se recomienda aplazar las labores físicamente más exigentes o, cuando no sea posible, establecer rotaciones entre el personal para minimizar la exposición al calor.

A las 13:30 horas, Sara, de 72 años, espera el autobús que debe llevarla a casa desde Plaça de Catalunya, en Barcelona. Lo hace a pleno sol, con una temperatura que alcanza los 33 grados. “Ahora la sombra es para los turistas”, se lamenta la mujer.

Un pequeño cambio en la distribución de la parada de bus 1257 ha indignado a los vecinos. Hace más de un mes, los autobuses de la red de transporte público D50, N5, N6 y N7 tenían en Plaça de Catalunya una parada con marquesina. Pero ahora ese emplazamiento se lo ha quedado el Bus Turístico, y ha desplazado a los usuarios regulares a escasos metros, a una de esas paradas que es solo un poste, sin techo ni asientos.

“Deberían al menos poner algo de sombra, estamos quemados como una teja”, se lamenta Sara, que suele coger puntualmente el D50 para bajar al centro de compras. Igual de enfadada está Laura Molet, que trabaja por la zona y suele subir en bus hacia su casa, en el barrio de la Sagrada Família. “Es para favorecer a los guiris, me parece fatal”, sentencia.

El Ayuntamiento defiende la reubicación por razones operativas del Bus Turístico. Pero añade que la solución del poste es provisional, y que pronto se instalará también una marquesina para los usuarios de estas líneas urbanas.

En plena ola de calor, la mayoría de viajeros no aguanta esperando al sol. Sara busca la escasa sombra de una farola, que apenas la cubre. Laura, ventilador de bolsillo en mano, se esconde detrás del quiosco y va asomando para ver si aparece su bus. Y cuando este llega, aparecen viajeros que aguardaban, atentos, desde debajo de árboles y mobiliario urbano cercano.

La Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample considera que el cambio supone un ejemplo más de cómo se prioriza el turismo frente a las necesidades de los residentes.

“Las personas mayores, las personas con movilidad reducida, los trabajadores que utilizan el transporte público cada día y todos los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de la ciudad han visto cómo se les retiraba un servicio básico para ofrecer una mayor comodidad a unos visitantes que solo permanecerán en Barcelona durante unos días”, señala la entidad en un comunicado.

La entidad vecinal tuvo conocimiento del traslado de la parada a principios de junio y pocos días después trasladó su malestar a una Comisión Consultiva del Ayuntamiento.

Según explican, concedieron un plazo de diez días al concejal del distrito del Eixample para que les diera una explicación sobre la decisión. Al no obtener respuesta, presentaron una queja ante el Síndic de Greuges de Barcelona (el Defensor del pueblo) a finales de junio, donde el expediente sigue pendiente de resolución.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, defienden que era necesario recuperar las cuatro paradas del autobús turístico de plaza Catalunya “debido a la evolución de la demanda”.

Ese reajuste obligó a trasladar unos metros la parada del D50 y de las líneas N5, N6 y N7 hasta la esquina con la ronda de Sant Pere. El consistorio asegura que la nueva ubicación “no perjudica al autobús urbano convencional” y que, al situarse en el vértice de la plaza, evita interferencias y mejora su velocidad comercial.

Respecto a la ausencia de marquesina, que obliga a los usuarios a esperar al sol, sostienen que el actual poste es una solución temporal. “Como solución provisional se instaló un poste de parada, pero estamos trabajando en la instalación de una marquesina”, indican.

Desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) coinciden con el consistorio. Y añaden que colocar la marquesina requiere trabajos previos: “Para poderla instalar se ha de mover un metro el quiosco que se encuentra en este ámbito”, apuntan.

La reapertura de la parada del Bus Turístico en plaza Catalunya responde también al intento de recuperar viajeros tras la caída registrada en los últimos años. Según los últimos datos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), difundidos por la Cadena SER el pasado mes de abril, el servicio perdió un 36% de pasajeros entre 2019 y 2025.

De hecho, la directora de Producto de Turismo de Barcelona, Glòria Alarcón, aseguró en declaraciones a la Cadena SER que la desaparición de la parada de plaza Catalunya había sido “el principal motivo” de ese descenso de usuarios del Bus Turístico y que el objetivo era “recuperar parte del mercado perdido el año pasado”.

Trabajar en una biblioteca dista mucho del tópico de pasar el día en silencio entre libros. El personal del sector asume cada vez más tareas en un contexto de “falta de personal, horarios irregulares y creciente carga de trabajo”. Esta es la situación que denuncian los bibliotecarios en la huelga indefinida iniciada el pasado 5 de junio en Catalunya, en plena época de exámenes y justo antes de las PAU.

“Los estudiantes se van a encontrar las bibliotecas cerradas de forma puntual, sabemos que es un fastidio, pero estamos luchando por su futuro. Sin condiciones dignas no podemos ofrecer un servicio público de calidad”, explica Laura Solà, directora de la biblioteca Volpelleres Miquel Batllori de Sant Cugat del Vallès y delegada de prevención de la CGT en la Diputación de Barcelona.

Son muchos los estudiantes que se han encontrado con estos centros cerrados que, además de ser espacios pensados para el estudio, también funcionan como refugios climáticos en una primavera que se ha caracterizado por tener temperaturas casi estivales.

Xavier Grau es uno de los jóvenes afectados. En su caso, estaba preparándose para las Pruebas de Acceso a la Selectividad y, a pesar de la importancia de esos exámenes, se muestra comprensivo con los trabajadores: “Es normal que se realicen las huelgas en este periodo, porque es cuando la causa tendrá más visibilidad”.

Por contra, los hay que no son tan comprensivos, como Aina Fernández, estudiante de tercero de Farmacia en la UB, que lamenta que el cierre de bibliotecas “ha dificultado la vida de muchas personas que no pueden estudiar en casa. Me han obligado a buscar alternativas o perder tiempo de estudio”, lamenta. “Comprendo la lucha por unas condiciones más dignas, pero ahora mismo los perjudicados somos los estudiantes”, añade.

Más recursos y más personal

Convocada por la CGT, la huelga se enmarca en un contexto de movilizaciones en el sector público, con reivindicaciones que en los últimos meses se han extendido a la educación o la sanidad. Entre otras reivindicaciones, el sector reclama la ampliación de la plantilla, medidas de conciliación laboral y mejoras salariales.

Según denuncia la plataforma Biblioteques en Lluita – el movimiento de protesta del personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) –, las funciones de los bibliotecarios han aumentado en los últimos años, Más allá del préstamo de libros, llevan a cabo actividades culturales, atención a usuarios, “excesiva” carga burocrática o soporte tecnológico. Todo, sin un incremento equivalente de plantilla.

“Ante la falta de personal, esta situación provoca una sobrecarga evidente. Ya estamos agotadas y eso conlleva una peor calidad del servicio, además de un aumento de bajas por problemas de salud física y mental”, apunta Solà. “No solo defendemos nuestros derechos laborales, también el derecho de la ciudadanía a tener unas bibliotecas de calidad”, añade David Colomera, trabajador de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda de Barcelona.

Asimismo, denuncian jornadas que pueden extenderse hasta once horas diarias y semanas laborales de seis o siete días sin horarios estables y sin una compensación adecuada. “Cuando empecé a trabajar en bibliotecas, mi vida social se acabó”, relata Colomera. “No puedes planificar tu vida porque cada semana te cambian el horario”, lamenta.

Otra de las demandas del colectivo consiste en la actualización de la ley del sistema bibliotecario y del decreto que regula los servicios y el personal de la lectura pública, normativas que tildan de “anacrónicas”. “Las categorías profesionales ya no se ajustan a la realidad, porque muchas titulaciones han cambiado o han desaparecido”, señala Solà.

Los trabajadores también exigen mantener la profesionalización de bibliotecarios y directores, así como un mayor reconocimiento del personal técnico y auxiliar, clave en el funcionamiento diario de los centros.

En el ámbito salarial, el colectivo no reclama una subida general, sino una reubicación dentro de la estructura retributiva de la administración para corregir lo que consideran una infravaloración histórica. “No pedimos ganar más por lo mismo, pedimos que se reconozca el trabajo que ya hacemos”, resume Solà.

Tres huelgas distintas que han derivado en una general

La movilización se ha articulado en varias fases que han acabado confluyendo en una protesta común. Primero la inició el del Consorcio de Bibliotecas. Más tarde, en abril, se sumaron los trabajadores de la Diputación de Barcelona que prestan servicio en bibliotecas municipales de la provincia. Finalmente, el 5 de junio, la protesta se amplió a todo el personal de las distintas administraciones que forman parte del Sistema de Lectura Pública, es decir, al conjunto de bibliotecas de Catalunya.

Este lunes, el colectivo de Bibliotecas de Barcelona ocupó el edificio del Consorcio tras una asamblea en la plaza Sant Jaume en la que reclamaban la reanudación de las negociaciones con la plantilla. “La sensación es que hablamos con un muro, que no nos escuchan y que no entienden lo que implica trabajar en una biblioteca”, lamenta Colomera.

Por su parte, tanto el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona como la Diputación de Barcelona aseguran mantener su “voluntad negociadora”. El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que “en ningún caso” se ha levantado de la mesa de negociación con el personal del Consorcio. La próxima semana están previstas nuevas reuniones: el lunes con el Consorcio y el jueves en la Mesa General de Negociación de la Diputación.

Los profesores ciegos del sistema educativo básico en Barcelona han perdido personal de apoyo este curso. Así lo denuncian al menos tres de ellos, que lamentan que no han contado, igual que en años anteriores, con un asistente para corregir exámenes, leer mapas o informes, o preparar presentaciones. 

Los afectados explican que durante mucho tiempo este servicio lo prestó la ONCE, que hace dos años lo dejó en manos del Departamento de Educación de la Generalitat. El curso 2024-2025, los apoyos se mantuvieron. Pero el 2025-2026 que ahora finaliza los docentes de la capital catalana alertan que no han podido contar con esta ayuda, una situación que no ha ocurrido por ejemplo a docentes ciegos de otros servicios territoriales de Catalunya. 

Estos profesores aseguran además que no han recibido justificación alguna por parte del Departamento de Educación ni del Consorcio de Educación de Barcelona (el organismo participado por Generalitat y Ayuntamiento y que ostenta la competencia en esta materia en la capital catalana). También denuncian que han contactado con la Administración, a través de la ONCE o de los sindicatos, para aclarar lo ocurrido, pero no han obtenido respuesta. 

Preguntado por elDiario.es, el Consorcio sostiene que en realidad sí existe un profesional de apoyo, a media jornada, que ya estaba contratado en los centros de estos maestros invidentes desde antes de que se añadiera el soporte de la ONCE. Pero los afectados alegan que esa dotación nunca ha estado destinada para ellos, sino que las escuelas e institutos los usan como un recurso general para otras funciones. 

“Cuando la ONCE dejó de prestar la ayuda, en ningún caso nos dijeron que la supliéramos con esta persona a media jornada de la que ya disponía el centro, sino que nos asignaron otra a jornada completa, la misma que nos han retirado este año”, señala Neus Salvat, orientadora del IES Viladomat de Barcelona y una de las invidentes afectadas. “Además, en las reuniones con la ONCE y los sindicatos, el Departamento nunca planteó esta opción como solución”, recalca. 

Ante esta confusión, los docentes invidentes exigen un protocolo que defina cuáles son las ayudas ajustadas a sus necesidades. “Si la cuestión no se protocoliza, es normal que los directores de los centros no sepan cómo actuar”, sostiene Joan Heras, profesor con discapacidad visual de Filosofía en la Escola d’Art i Disseny Deià de Barcelona. 

De hecho, tanto Heras como Salvat aseguran que los directores de sus respectivos centro han intentado contactar con el Departamento y el Consorcio para aclarar la situación, pero no han obtenido respuesta.

Pagar horas de asistente de tu bolsillo

Desde 1990 y hasta finales del curso 2023-2024, estos docentes contaban con el apoyo de un profesional contratado por la ONCE. Sin embargo, la organización retiró entonces esta ayuda al considerar que este tipo de respaldo a los profesores invidentes debía financiarlo el Departamento de Educación.

Según recuerdan los docentes consultados, esa dotación de apoyo la proporcionó Educación el curso 2024-2025, aunque con dos meses de retraso. Además, acabaron desempeñando otras funciones dentro de los colegios, insisten. 

“Si implementan un recurso y quieren que sea eficaz, deberían tener muy claro quiénes son sus destinatarios y cuáles son sus necesidades”, apunta Heras. En su caso, necesita apoyo principalmente para corregir exámenes. Durante el curso pasado, asegura que, en épocas de evaluaciones, las horas asignadas le resultaban insuficientes y tuvo que pagar de su bolsillo a un asistente.

Este año, sin el mismo recurso, la situación se ha agravado. “Es tristísimo que tengamos que pagar por trabajar”, lamenta Heras. En su caso, este curso destina unos 200 euros mensuales a este soporte. Neus dedica alrededor de 100 al mes. 

En el caso de José López, profesor de ciencias sociales del IES Lluís Domènech i Montaner de Reus, este curso sí ha contado con una persona de apoyo, aunque distinta a la del año pasado. El docente afirma estar muy satisfecho tanto con la profesional actual como con la anterior. 

Sin embargo, la persona que le asistió el curso pasado acabó marchándose porque Educación no le renovó en la plaza hasta poco antes de comenzar el curso. Ante esa incertidumbre laboral, optó por aceptar otro trabajo más estable. López lamenta que si la continuidad hubiese estado garantizada con antelación, esa persona habría seguido trabajando con él. Ahora teme que la situación vuelva a repetirse con la profesional de este año.

Elvira Pérez, maestra de educación especial en la Escola Parc de la Ciutadella de Barcelona, tampoco ha recibido este curso la persona de apoyo a jornada completa con la que sí contó el año pasado. Aun así, alcanzó un acuerdo con el Consorcio y con su centro para que esa persona pudiera seguir ayudándola en determinadas tareas este curso.

Pese a ello, coincide con el resto de docentes en la necesidad de crear un protocolo estable que garantice una atención ajustada a las necesidades de cada uno de estos maestros.

Neus Salvat considera “paternalista” que Educación tome decisiones sin consultar previamente a los afectados. “No es que necesitemos a alguien para hacer todas las clases. El soporte que pedimos es puntual y, sobre todo, para corregir en épocas de exámenes”, describe. 

Los docentes reclaman más voluntad política para resolver la situación. “Lo único que queremos es que la conselleria hable con nosotros para establecer un protocolo realista y práctico, que permita resolver los casos actuales y sirva también como marco de referencia para situaciones futuras”, apostilla Heras.

El curso pasado elaboraron, junto con CCOO, una propuesta para la creación de un protocolo, presentada en las mesas sectoriales. Sin embargo, lamentan que tampoco se acabó valorando la propuesta.

Por otro lado, los cuatro docentes consultados para este reportaje –Joan Heras, Neus Salvat, Elvira Pérez y José López– enviaron una carta a la secretaria general del Departament d’Educació, Teresa Sambola, a principios de enero. En ella exponían la problemática y reclamaban la creación urgente de un protocolo básico. Aseguran que aún no les han contestado. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Departament, pero tampoco ha recibido respuesta.

Los profesores piden una solución “urgente” antes de que termine el curso para poder afrontar el próximo año escolar “con garantías”. Insisten en la necesidad de establecer un protocolo estable que reconozca sus necesidades reales y les permita ejercer su profesión “en igualdad de condiciones” que el resto de profesionales. “Solo pedimos trabajar dignamente, no privilegios”, reclama López.

Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.

El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.

Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.

El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

El inmueble pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Desde entonces, explica que tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, denuncia la mujer.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explica. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, asegura haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

A finales de 2024, durante el embarazo de la hija menor, el juzgado civil ordenó un primer desalojo de la familia. Según relata Fernández, en aquella ocasión sí que fueron desalojados y la policía bloqueó la puerta de la vivienda con una superficie de hierro. “Nos dejaron en la calle, sin alternativa, sin mesa de emergencia y sin ningún recurso. No tuvimos otra opción que volver a ocuparlo”, reconoce.

“Me gustaría poder negociar un alquiler con la propiedad porque mis hijos han nacido aquí”, afirma. Los servicios sociales municipales reconocen el arraigo de la familia en el barrio y el informe advierte de que “la pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”.

El informe de los servicios sociales al que ha hecho caso omiso la jueza no se anda con rodeos. Fernández y sus hijos “se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y residencial graves”: no disponen de ingresos económicos ni de un techo alternativo y un desahucio “coloca a la familia en un contexto de emergencia habitacional, con especial afectación sobre los menores”.

“Ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia”

Los servicios sociales de Badalona admiten que, pese a seguir de cerca el caso de esta familia desde hace años, en la saturada Mesa de Emergencia habitacional de la ciudad “no se ha podido identificar ninguna alternativa habitacional que garantice la cobertura de vivienda”.

“La pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”, alerta el informe municipal.

En una resolución del pasado 29 de mayo, la jueza Berta Fernández denegó la suspensión del desahucio. La togada admitió que contaba con un informe de servicios sociales que reconocía la “vulnerabilidad” de la madre y sus siete hijos, pero añadió que el dictamen no formulaba “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” por parte del consistorio, un “requisito imprescindible”, a criterio de la magistrada, para poder acordar la paralización del lanzamiento.

Al margen del procedimiento civil, Fernández también tuvo que enfrentarse a una causa penal. El fondo buitre Divarian la denunció por usurpación de la vivienda y pretendía que pagara una multa de 600 euros. 

En primera instancia, la mujer resultó absuelta. La jueza la exoneró al aplicarle la eximente de “estado de necesidad” y reconocer su “situación de vulnerabilidad social grave”, algo muy poco frecuente en los tribunales, resaltan fuentes jurídicas.

“Mantenerse en el inmueble es la única alternativa que ha encontrado para salvaguardar la integridad física y psíquica propia y de sus siete hijos”, concluyó la magistrada que vio el caso primero.

Divarian recurrió y la Audiencia de Barcelona dio en parte la razón al fondo: si bien rechazó que Fernández pagara la multa pretendida por el denunciante, la instancia superior sí acordó la restitución del piso. En otras palabras, priorizó el derecho a la propiedad a la situación de vulnerabilidad social, pues el magistrado consideró que garantizar un techo a Fernández y su familia correspondía a la administración municipal. 

Un mismo caso, dos opiniones contrarias de los jueces. Resultado: desahucio suspendido, pero a la espera de otro lanzamiento en 23 días.

Un padre con discapacidad, una madre y sus dos hijos menores –uno de ellos con autismo de grado 3 y una discapacidad del 75%– han sido desahuciados este jueves del piso en el que llevaban desde 2019 en La Rambla en Barcelona. Sahin y su familia eran de los pocos vecinos que quedaban en este epicentro del turismo de la capital catalana hasta que la propiedad ha decidido echarles pese al informe que acredita su vulnerabilidad económica y social. La jueza ordenó el lanzamiento por finalización de contrato, tras la caída de la moratoria antidesahucios a finales de febrero.

Cerca de las 7 de la mañana, una treintena de vecinos, activistas por el derecho a la vivienda y algunos de los profesores de los pequeños se han concentrado frente a su portal para intentar frenar, sin éxito, el desahucio, que ha tenido lugar hacia las 9 de la mañana. Han tratado de frenar la entrada de la policía en el inmueble, aunque finalmente los agentes han conseguido romper la barricada improvisada con vallas de obra que los manifestantes han ideado para intentar blindar a Shahin y su familia.

Desde el Sindicato de Vivienda del Raval califican este caso de “especialmente grave” por la situación del hijo menor, que presenta un autismo severo. “Tener que pasar por un desahucio es algo duro para cualquier familia, pero en el caso de un niño en esta situación puede suponer un impacto mucho mayor por la ruptura de sus rutinas habituales”, señala Sara Vendrell, miembro del sindicato.

Otro de los puntos que hace que este lanzamiento sea “incomprensible” es que se ha llevado a cabo unos cinco meses antes de que la familia recibiera una vivienda social que ya tiene asignada, tras tres años de espera en la mesa de emergencia. “Solo pedíamos quedarnos hasta tener el piso de protección oficial”, ha lamentado el padre, Shahin Anwar.

El inmueble en el que vivían fue adquirido en su totalidad a finales de 2021 por la inmobiliaria VOC Barcelona SL, junto con el resto de viviendas del edificio, con el objetivo de destinarlo a alquiler de temporada. Ese mismo año finalizó también el contrato de la familia con el anterior propietario.

En el momento de la compra, la empresa ofreció 4.000 euros por el piso a Shahin, una cantidad que el inquilino consideró insuficiente para afrontar cualquier alternativa de alquiler en Barcelona, teniendo en cuenta que entonces no trabajaba debido a que se estaba recuperando de una operación en el hombro.

En 2022 se emitió la primera orden de desahucio, que fue aplazada por la moratoria de protección a hogares vulnerables hasta principios de 2024. Ese mismo año, se volvió a posponerse por el mismo motivo, aunque tras la caída de la medida a finales de febrero, el procedimiento se reactivó, se programó para el viernes pasado –cuando fue paralizado– y finalmente se ha ejecutado este jueves.

Al finalizar el contrato, Shahin siguió pagando la mensualidad acordada con el antiguo propietario hasta 2023, año en que reconoce que se vio “obligado” a dejar de pagar por la falta de un empleo con ingresos estables y al encontrarse limitado para determinados trabajos a causa de su estado físico. Tiene una discapacidad del 49% derivada de una tendinopatía crónica que le limita la movilidad de ambos brazos y le provoca dolores intensos. Antes del diagnóstico, trabajaba como camarero en un restaurante del que fue despedido mediante un ERTE durante la pandemia de COVID.

Desde entonces no ha podido reincorporarse al mercado laboral debido al empeoramiento del dolor y ha intentado, con apoyo de los Servicios Sociales, acceder a trabajos compatibles con sus capacidades funcionales. Sin embargo, únicamente ha conseguido empleos puntuales como traductor, sin estabilidad ni ingresos regulares. “Quiero trabajar, pero la mayoría de lo que encuentro requiere esfuerzo físico y, con el dolor que tengo, no puedo”, explica a elDiario.es. En estos momentos, está estudiando para obtener la licencia de taxista.

Tanto el Sindicato de Vivienda del Raval como los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que han intentado negociar un contrato de alquiler con la propiedad en numerosas ocasiones. Sin embargo, sostienen que la empresa no ha mostrado disposición a alcanzar un acuerdo y ha mantenido en todo momento su voluntad de continuar con el procedimiento judicial. Por su parte, VOC Barcelona SL ha rechazado hacer declaraciones.

Desde el Sindicato reconocen que en 2024 lograron reunirse con la propiedad para intentar alcanzar un acuerdo de pago de cuotas hasta la adjudicación del piso de la mesa de emergencias, pero explican que finalmente la empresa decidió no negociar. “Llegamos a reunirnos y parecía que estaban dispuestos a hablar, pero de un día para otro cambiaron de opinión”, explica Vendrell. A principios de este año, los Servicios Sociales intentaron también llegar a un acuerdo, pero obtuvieron el mismo resultado.

Sin alternativa para una menor con autismo

Shahin y su familia aún no saben dónde dormirán esta noche. Desde Servicios Sociales les han ofrecido alojamiento de emergencia en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Sin embargo, estos centros suelen tener sólo habitaciones compartidas con otras familias, una situación que no resulta viable para el menor de la familia, que presenta el grado más severo de autismo. “Mi hijo necesita espacio y tranquilidad, y en una habitación compartida sé que se va a asustar. Además, cuando hay cambios se pone muy nervioso: se muerde las manos, rompe ropa y necesita espacio”.

Anna Pérez, profesora y miembro de la asociación Docents 080 (formada por varios docentes en contra los desahucios de los alumnos) advierte del impacto de estos episodios en el rendimiento escolar de los menores. “Acudir a la escuela sin saber dónde dormirán por la noche les genera una gran situación de estrés que, evidentemente, afecta a su concentración”.

Desde Docents 080 advierten de la magnitud del problema a través de un estudio realizado el curso pasado. En él participaron 46 escuelas catalanas, que detectaron un total de 215 niños que sufrieron un desahucio durante el curso. Además, en octubre de 2025 había 1.597 niños durmiendo en pensiones en la ciudad de Barcelona, según datos facilitados por la Generalitat a la misma organización.

“No nos hacemos a la idea de lo que puede suponer para un niño vivir en una pensión. Además, el hijo de Shahin, entre otras cosas, necesita comer alimentos triturados y es extremadamente sensible a los ruidos y a todo tipo de estímulos externos”, ha explicado Irene Abilla, directora del Centro de Educación Especial Vil·la Joana, donde estudia el menor, y miembro de la asociación.

En este sentido, desde Servicios Sociales les han propuesto que busquen alojamiento temporal por su cuenta y, posteriormente, reembolsarles los gastos de las noches que pasen. “Aun así, nos preocupa que la ruptura de la rutina del niño pueda afectar al progreso que ha logrado en los últimos meses”, ha añadido Abilla.

Hasta el momento, la familia no ha encontrado ningún hotel para pasar la noche, aunque espera poder resolverlo y poder sufragar el coste hasta que los Servicios Sociales les reintegren los gastos.

Las consecuencias del acoso escolar pueden prolongarse durante toda la vida. El reconocido activista Brian Giner convivió durante 12 años con esta situación hasta llegar a normalizarla. “Me ocurrió desde muy pequeño y no entendía que no era normal”, ha explicado el joven de 26 años este miércoles durante una sesión organizada con motivo del Día Mundial contra el Acoso Escolar.

La jornada, impulsada por la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), ha reunido a 170 alumnos de tercero a sexto de primaria en el CosmoCaixa de Barcelona. Allí han participado en una sesión para aprender a identificar, reaccionar y hacer frente al bullying.

Lejos de limitarse a una charla teórica, la sesión se ha basado, principalmente, en dinámicas en vivo. Guiada por la psicóloga especializada en infancia y adolescencia, Paola Vela, y el presidente de AEPAE, Enrique Pérez Carrillo, la actividad también ha contado con la voz de testimonios reales como Brian Giner o el exconcursante de La Voz Kids, Pol Calvo.

El acoso escolar afecta a entre un 9% y un 34% del alumnado en España, según los estudios más recientes de entidades como UNICEF, UNESCO, Amnistía Internacional o la Fundación ANAR. A partir de estos datos, AEPAE calcula que aproximadamente uno de cada cinco estudiantes sufre bullying en nuestro país.

Desde la asociación alertan de la falta de especialistas en acoso escolar y de la escasa prevención. “La principal manera de evitar los daños a la víctima es detectar el caso de forma temprana, pero el protocolo actúa como un extintor cuando el fuego ya está encendido”, denuncia Pérez Carrillo.

En la misma línea, Giner afirma que “se tiende a tapar el problema en lugar de abordarlo de raíz” y que “muchos niños y familias están más abandonados que protegidos frente al acoso escolar”.

En varios casos de bullying, son las propias víctimas quienes acaban marchándose de los centros. Para el presidente de AEPAE “esta es la señal más clara de que el problema no se está abordando correctamente” y alerta: “No podemos normalizar un suicidio por bullying cada tres meses”.

En la asociación, sobre todo, se centran en trabajar esta parte preventiva a través de charlas y dinámicas como la de este miércoles. Sin embargo, lamentan la falta de colaboración por parte de algunos colegios. “La mayoría de casos de bullying suceden en centros escolares, por lo que todos ellos deberían potenciar esta parte preventiva del problema”, añade Pérez Carrillo.

La importancia de diferenciar entre conflicto y acoso

Durante la sesión, Paola Vela ha insistido en la importancia de diferenciar entre conflicto y acoso. Mientras que el primero responde a una discusión puntual, el bullying implica repetición y daño continuado en el tiempo.

Cuando ha preguntado a los alumnos qué entendían por acoso, uno de ellos ha respondido: “Es cuando un niño agrede a otro más de una vez”, momento en que la psicóloga aprovechado para matizar que esas agresiones pueden ser físicas, verbales, sociales o psicológicas.

“Reconocer que estaba sufriendo bullying fue un proceso muy duro. Normalicé este tipo de violencia durante años”, explica Giner en conversación con elDiario.es. El activista lamenta que, cuando era niño, no existían charlas ni herramientas de prevención, por lo que no tuvo recursos para comprender ni afrontar lo que vivía en sus primeros años.

Otra de las razones por las que muchos menores no comunican estas situaciones es el miedo. “Se sienten invisibles y creen que nadie les va a escuchar”, señala Vela. A esto se suma la llamada “indefensión aprendida”, un mecanismo psicológico que se produce cuando el menor acaba creyéndose los insultos o descalificaciones debido a la prolongación del acoso. “Esto genera vulnerabilidad, culpa y silencio, y dificulta enormemente la detección por parte del entorno”, añade la psicóloga.

En una situación de acoso escolar, existen distintos roles: agresor, víctima, observador y defensor. Así lo ha explicado Vela, que ha advertido de que muchos testigos no intervienen por miedo a convertirse en el siguiente objetivo, lo que termina alimentando el problema.

También ha animado a los alumnos a informar de inmediato a profesores o familiares cuando detecten cualquier situación de acoso.

Otro de los problemas habituales es que muchos niños, por su edad y falta de herramientas, no saben cómo defenderse o marcar límites. En algunos casos, esa habilidad puede ser clave para frenar el acoso. Por ello, Pérez Carrillo ha realizado una simulación con dos alumnos del público en la que recreaba situaciones de agresión verbal y física.

El presidente de la entidad ha insistido en que aprender a establecer límites “de forma asertiva” es fundamental para transmitir seguridad, y ha mostrado cómo responder de manera firme, sin agresividad, dejando claro al agresor que ese comportamiento no es aceptable.

Otros cuatro voluntarios han participado en una dinámica en la que han representado, de manera corporal y verbal, actitudes agresivas, pasivas y asertivas, con el objetivo de que sus compañeros comprendieran sus diferencias y por qué la asertividad es la vía más eficaz. 

La sesión ha terminado con la creación de un mural colectivo, en el que los alumnos han plasmado mensajes y dibujos contra el acoso escolar. Además, Pol Calvo y Natalia Barone han interpretado una canción solidaria vinculada al proyecto, que muchos alumnos han seguido cantando desde el público. 

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Si ha sido víctima de acoso escolar o conoces algún caso puedes contactar a la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) escribiendo a: ayuda@aepae.es

Coordinarse con un equipo de profesionales en una urgencia médica, donde la vida de una persona pende de un hilo, genera una situación de alto estrés que no todos los sanitarios saben abordar en sus primeras intervenciones clínicas. En este contexto, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha puesto en marcha la primera liga de simulación clínica de Europa centrada en pacientes adultos.

Cerca de las diez de la mañana de este martes, ocho equipos formados por médicos y enfermeros de distintos hospitales catalanes –en su mayoría residentes jóvenes, aunque también enfermeros con experiencia– aguardaban entre nervios y expectación su turno para poner a prueba sus capacidades ante situaciones críticas simuladas. A través de un muñeco que hacía de paciente y un director que guiaba el caso describiendo síntomas y evolución clínica, los equipos trataron de resolver cada situación planteada.

“La gestión del estrés en estas situaciones no se entrena en la universidad”, señala Alba Lordán, médica adjunta de primer año en el Hospital Germans Trias i Pujol y participante en la liga. “Este tipo de iniciativas nos permiten adquirir herramientas para afrontarlas”, añade.

A lo largo de la jornada, los equipos se enfrentaron a distintos escenarios clínicos de alta complejidad: desde un shock séptico por neumonía hasta un neumotórax a tensión tras una contusión o una hipopotasemia derivada de una insuficiencia renal.

Los grupos, de carácter multidisciplinar, estaban integrados por médicos residentes, personal de enfermería y adjuntos de primer año. Dos procedían del propio Consorci Sanitari de Terrassa y los otros seis de los hospitales Joan XXIII, Mataró, MútuaTerrassa, Igualada, Bellvitge y Germans Trias i Pujol (Can Ruti).

Durante la mañana se desarrollaron tres rondas de simulación en cuatro salas simultáneas. Por la tarde tuvo lugar otro partido más que clasificaría a los equipos Consorci Sanitari del Maresme, Consorci Sanitari de Terrassa, MutuaTerrassa y Joan XXIII a las semifinales. A la final solo llegaron estos últimos, y el equipo del Hospital Joan XXIII de Tarragona se acabó proclamando ganador al vencer la última ronda, que consistió en una simulación de un paciente con un infarto de miocardio con varias arritmias. En total, cada grupo se enfrentó, como mínimo, a cuatro simulaciones de 15 minutos.

El objetivo de la iniciativa es recrear situaciones clínicas en un “entorno seguro”, de modo que los profesionales puedan entrenarse antes de intervenir con pacientes reales, especialmente en escenarios de alta complejidad y gran exigencia. Así lo ha explicado la organizadora de la liga y responsable de Pediatría del Consorci de Terrassa, Ester Cañadell. “Te prepara para atender de manera más rápida, eficaz y segura”, añade Sergi Aguilar, residente de quinto año en el Hospital Germans Trias i Pujol.

En las semanas previas a la competición, todos los equipos realizaron entrenamientos específicos. Muchos de sus integrantes, sin embargo, no habían trabajado juntos previamente, pese a pertenecer al mismo hospital. Para Cañadell, este aspecto aporta un “valor añadido” al ejercicio, al “favorecer” la colaboración entre perfiles diversos.

“Aprendes de la forma de trabajar de compañeros de otras especialidades, algo fundamental para crecer profesionalmente”, apunta Mònica Alapont, enfermera del servicio de urgencias del Consorci Sanitari del Maresme y jefa de equipo en la competición.

Tras cada simulación, los participantes realizaron sesiones de debriefing, es decir, espacios de análisis conjunto entre equipos, jueces y directores donde revisaron los aciertos y los errores. Para la pediatra, este momento es el más “transformador”, ya que permite reflexionar sobre la actuación y detectar áreas de mejora.

“En el día a día es muy difícil encontrar un momento para reunirse con todo el equipo y hacer una valoración de cada intervención”, reconoce Miguel Fernández, enfermero del Hospital de Bellvitge.

Más allá de los conocimientos clínicos, la competición pone el foco en las llamadas habilidades no técnicas: la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones o la gestión de recursos bajo presión. “Son competencias clave en situaciones críticas”, subraya la Cañadell, que también reivindica la necesidad de “normalizar el error” como parte del aprendizaje y asumir que “es correcto” pedir ayuda dentro del equipo.

La competición está inspirada en los Pediatric Simulation Games, una iniciativa que se celebra en Italia desde 2019 y en la que equipos médicos de distintos países compiten simulando casos clínicos en el ámbito pediátrico. A diferencia de ese modelo, la liga impulsada por el CST es la primera en Europa centrada en pacientes adultos.

En otros sectores como la aviación, este tipo de simulaciones forman parte esencial de la formación. El objetivo, ahora, es trasladar esa misma cultura al ámbito sanitario, explica la directora. Tras una primera edición interna el año pasado, la competición se ha abierto este 2026 a otros hospitales catalanes. La intención es seguir celebrando esta liga anualmente y que, cada vez, más equipos se puedan unir a ella, ha zanjado Cañadell.

Una habitación de una histórica casa señorial del siglo XVI del pequeño pueblo de Castellserà (Lleida) acoge una colección de más de 300 objetos únicos que en su día pertenecieron a Michael Jackson. El recinto, conocido como La Casa dels Àngels es, además de una atracción turística, el lugar de residencia del reconocido mago catalán Josep Maria Lari (Mag Lari) desde 2022. Hasta entonces, el edificio permanecía cerrado al público.

La gran mayoría de las piezas han sido adquiridas en subastas internacionales y, preguntado por elDiario.es, Lari prefiere no confesar cuánto dinero ha invertido en ello. El ilusionista ha viajado en numerosas ocasiones a ciudades como Nueva York o Los Ángeles para conseguir algunos de los objetos más destacados, aunque reconoce que, desde 2010, el mercado se ha trasladado casi por completo al ámbito online.

Al abrir la puerta de la sala, suena You Rock My World y se aprecia un espacio cuidadosamente iluminado y ordenado, con una estética cercana a la de un museo. Cada pieza está acompañada de una ficha descriptiva con su contexto y fecha, mientras de fondo suenan algunos de los grandes éxitos del artista.

El espacio, bautizado como “Sala Wonderland”, permite, en cierta medida, adentrarse en la intimidad del Rey del Pop y conocer fragmentos de su universo personal, especialmente de su icónica residencia de Neverland. Entre los objetos expuestos destacan vajillas, juegos de mesa, un muñeco, elementos decorativos, un tocadiscos o artículos personales como perfumes, un cepillo de pelo o unas tijeras para las uñas. También se conservan notas dirigidas a su secretaria con indicaciones laborales, así como varios discos de oro.

Entre las piezas más llamativas para el público –según explica Lari– encontramos un chicle usado de 1984, cuyo origen exacto se desconoce, y varios mechones de cabello enmarcados. No obstante, la “joya de la corona” para el mago es el icónico guante de cristales Swarovski que el artista utilizó en su último concierto en el Madison Square Garden en 2001, compartiendo escenario con figuras como Whitney Houston o Britney Spears.

Una parte significativa de la colección procede de un antiguo almacén de la familia Jackson que, tras quedar abandonado por impago, fue adquirido por el coleccionista Henry Vaccaro, considerado uno de los mayores poseedores de objetos personales del cantante. Otras piezas han sido compradas a fans que lograron hacerse con recuerdos en conciertos o a las puertas de hoteles, como una funda de cojín también expuesta. “Los fans esperábamos toda la noche frente al hotel donde se alojaba”, recuerda Lari.

La sala incluye además otros objetos curiosos como agendas de miembros de la familia Jackson, un cartel de “no aparcar” colocado por la policía frente a Neverland el día de la muerte del artista, publicaciones religiosas de los Testigos de Jehová, un barrote de la terraza de la casa donde se gravó “Thriller” o material promocional de sus giras. 

A ello se suma una extensa colección de vestuario, desde trajes y chaquetas icónicas hasta prendas más cotidianas como pijamas, bañadores, sombreros o zapatos de su infancia, de la época en la que formó, junto a sus hermanos, los Jackson 5.

Fan del artista desde los ocho años, Lari asistió a varias giras internacionales, pasó noches enteras esperando a las puertas de hoteles, conoció personalmente a Jackson en Los Ángeles en 2009 –de donde conserva un autógrafo expuesto en la sala– e incluso acudió a su funeral. Además, le dedicó un espectáculo de magia en Barcelona y publicó un libro sobre sus experiencias siguiendo a su ídolo.

La visita a la sala forma parte de la experiencia completa de la Casa dels Àngels, que incluye un recorrido guiado por la historia del edificio, un espectáculo de magia y un restaurante de cocina local. El inmueble, de 792 metros cuadrados, está catalogado como bien cultural de interés local y acumula siglos de historia: acogió una comitiva de Felipe V, recibió a Pau Casals y, según varias leyendas, fue escenario de un ahorcamiento de una chica considerada “bruja”.

La exposición pone en valor el legado artístico del cantante y presenta los objetos como auténticas piezas de museo, en contraste con la persistente controversia que sigue rodeando su figura por las acusaciones de abusos a menores.

Esta polémica se ha reactivado recientemente tras el estreno del documental The Trial, que incluye audios inéditos difundidos por el periódico The New York Post, en los que Jackson pronuncia frases sobre su relación con los niños como: “los niños acaban enamorándose de mi personalidad. A veces me meto en problemas”; “si me dijeras ahora mismo... 'Michael, nunca podrías ver a otro niño...' me suicidaría” o “los niños... solo quieren tocarme y abrazarme”.

Cabe recordar que en 1993 fue acusado por primera vez de abusos sexuales a un menor, aunque el caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial. En 2005, un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos en un nuevo proceso. Sin embargo, la controversia resurgió en 2019 con el documental Leaving Neverland, donde dos hombres denunciaron supuestos abusos en su infancia.

Aunque estas demandas fueron inicialmente desestimadas, en 2023 una corte de California reabrió los casos, y se prevé un nuevo juicio durante 2026. En este contexto, la figura de Michael Jackson continúa siendo objeto de debate global, mientras sus hijos intentan defender su imagen y proteger su herencia, también en medio de disputas legales relacionadas con la gestión de su patrimonio.

Primera bola de partido salvada. El desahucio de Txema Escorsa, un profesor de secundaria de 31 años y vecino del bloque Sant Agustí 14 en el barrio de Gràcia de Barcelona, se ha aplazado para el próximo 15 de abril tras una movilización vecinal contra el lanzamiento instado por el fondo New Amsterdam Developers.

El caso de este vecino de Gràcia es una realidad cada vez más frecuente en Barcelona: fondos de inversión compran fincas enteras o varias viviendas donde antes residían vecinos para destinarlos a 'coliving', esto es, trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones. La principal diferencia es que esta modalidad es mucho más lucrativa que el alquiler tradicional y esquiva el tope de precios.

La comitiva judicial y un representante del fondo (que ha rechazado atender a los medios de comunicación) han comparecido pasadas las 9.30h. Tras constatar que la presencia de manifestantes impedía el desahucio, el lanzamiento se ha aplazado para el próximo 15 de abril, según el Sindicato de Inquilinos.

Desde la entidad han reclamado a New Amsterdam Developers empezar la negociación instada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, para llegar a un acuerdo antes de la nueva fecha prevista para el lanzamiento.

“El próximo desahucio de este bloque será el 15 de abril. Nosotros estaremos aquí otra vez para demostrar la fuerza de la lucha por la vivienda”, ha dicho Escorsa desde el balcón de su casa. El inquilino, que ha sido recibido entre vítores tras conocer la decisión del aplazamiento, ha agradecido la movilización y el apoyo de los vecinos y miembros del sindicato.

“De las 11 familias que éramos, solo quedamos cinco. Pero las que decidimos quedarnos plantamos cara y seguimos resistiendo contra este negocio”, ha señalado Escorsa en declaraciones a los medios este miércoles. “Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino. Los colivings nos están expulsando a todos”, ha denunciado.

Vecinos de otros bloques adquiridos por fondos de inversiones para hacer colivings también se han han intervenido desde el balcón de Txema explicando sus situaciones. Marga Aguilar, quien también enfrenta un juicio por negarse a abandonar su piso del edificio de La Papallona (también comprado por NAD), ha explicado que también tiene ya una fecha de desahucio prevista. “Hoy estamos aquí por Txema, porque estos lanzamientos solo se pueden frenar desde la movilización vecinal”, ha señalado la mujer a través del megáfono.

Otra vecina de las que ha hablado ha sido Rosario Castelló, la única vecina que aún persiste en el bloque de la calle Entença 69, después de que otro fondo de inversión comprara el edificio para hacer colivings. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses.

Para el lanzamiento de hoy, varios activistas se han concentrado desde las 7:30 frente al edificio sosteniendo pancartas pintadas con lemas como “Basta colivings ilegales”. Desde el Sindicato de Inquilinas de Catalunya habían organizado acciones reivindicativas previas. “Lo que se plantea no es solo un desahucio. Es un pulso entre los co-livings y los barrios donde desarrollar nuestra vida”, ha remachado el portavoz del sindicato, Enric Aragonès.

Entre sacos de dormir y esterillas, varios de los activistas han pasado la noche acampados en la calle peatonal de Sant Agustí como protesta. Además, durante la tarde del martes, se celebraron varios conciertos de artistas como Maria Hein o Ginestà, mientras actrices como Elisabet Casanovas, Betsy Túrnez o Joana Vilapuig han compartido vídeos en sus redes sociales animando a la movilización vecinal para frenar el desahucio.

Desde la compra del edificio por parte de New Amsterdam Development (NAD), los vecinos han enfrentado un verdadero vía crucis después de que la propiedad descartase renovar los contratos existentes. Los pisos se gestionan ahora desde la empresa New Nomads, creada por el propio fondo de inversión después de que la antigua empresa que lo hacía (Enter Coliving) optara por dejar de trabajar con NAD a finales de 2025, según explican desde el sindicato.

Seis familias del edificio optaron por marcharse meses atrás –algunas con niños– para evitar futuros desahucios, pero Escorsa y otros cuatro inquilinos más se resisten a abandonar sus hogares. Aunque su contrato venció en agosto de 2025, se niega a irse de su piso como protesta contra la especulación inmobiliaria.

Cuatro de los pisos ya se encuentran alquilados como coliving, habitados principalmente por estudiantes extranjeros. Dos inmuebles aún están vacíos, y desde el sindicato alertan de que las habitaciones –de menos de 10 m²– se alquilan por entre 800 y 930 euros, mientras Escorsa paga 810 euros por todo el piso, prácticamente lo mismo que la empresa cobra por una sola habitación.

La mayoría de los pisos tienen tres habitaciones. Con esto, la propiedad podría llegar a ingresar casi 2.700 euros por cada inmueble, una cifra que prácticamente triplica el tope fijado por la Generalitat de Catalunya el 1 de enero, según denuncian desde el sindicato. “Incluso con la ley en vigor siguen infringiendo conscientemente la regulación”, ha lamentado Escorsa.

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado en una entrevista en RAC 1 que la Generalitat realizó una inspección en el bloque este martes donde detectaron que podría haber un “incumplimiento de la normativa” al superar el límite máximo del precio del alquiler fijado por ley. Por este motivo, ha añadido que el Govern abrirá expedientes en todas las viviendas del bloque. Según el régimen sancionador, podrían haber multas de hasta 90.000 euros por piso.

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas denuncia que, en tres años, no se haya realizado ninguna inspección adecuada del edificio hasta el día antes del intento de desahucio. “Lo que pedimos a las administraciones es que sean contundentes. Es necesario aplicar el régimen sancionador correspondiente para que este modelo de coliving no les salga a cuenta”, ha subrayado el profesor de secundaria. New Amsterdam Development ya controla 11 edificios en Barcelona, en barrios como Gràcia, Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.

Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya han rechazado el desahucio. “En ninguna ciudad permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos y vecinas de vivir en sus barrios”, ha manifestado en X el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera, ha calificado de “inadmisible” continuar con el desahucio sin volver a la vía de diálogo que el consistorio abrió el otoño pasado. En octubre, el gobierno municipal se reunió con los vecinos del bloque y trasladó a la propiedad la necesidad de que los pisos se destinen a uso residencial.

El fondo ya ha recibido sanciones por valor de 20.000 euros por obras sin licencia. “A pesar de que las obras se han declarado ilegales, se han impuesto multas y hemos informado a la Generalitat sobre la vulneración de la regulación de precios, nada de lo hecho hasta ahora ha sido suficiente para evitar el desahucio de Txema”, ha agregado Aragonès.

Este martes, el Síndic de Greuges aceptó la propuesta del sindicato de actuar como mediador entre propiedad e inquilinos, medida también valoró positivamente el Ayuntamiento de Barcelona. El Síndic ya ha intervenido en casos como la Casa Orsola y las fincas municipales de Vallcarca, donde logró paralizar desahucios y reconvertir inmuebles en viviendas de protección oficial.

Sin embargo, Riera lamenta que la empresa no se haya mostrado abierta a negociar en ningún momento. “Para poder hacer como con la Casa Orsola, es necesario que la propiedad manifieste la voluntad de vender, y no es el caso”. ElDiario.es ha intentado contactar con New Amsterdam Developers para recabar su versión de los hechos pero no se ha obtenido respuesta.

La vida de Irene Morillo cambió de un día para otro cuando le diagnosticaron un tumor en el riñón. No solo por la enfermedad en sí, sino porque esta joven de 16 años tuvo que marcharse lejos de su pueblo en Tarragona para recibir, durante diez meses, un tratamiento de quimioterapia en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En un primer momento, tanto a ella como a sus padres se les vino el mundo encima al pensar en el coste económico y emocional de alquilar un piso o pagar una pensión durante tantos meses en la capital catalana.

Finalmente, no tuvieron que pasar por ese viacrucis porque pudieron alojarse temporalmente en la Casa de los Xuklis, una residencia destinada a familias de niños con cáncer que deben desplazarse lejos de su hogar para recibir tratamiento. “Si no fuese por esta residencia, estaría en un piso en Barcelona pagando un alquiler y preocupada por no gastar. Y esto no tendría que ser así. Yo no he escogido que esto me pase a mí”, lamenta Irene.

Este proyecto, que pende de la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), acaba de cumplir 15 años y ha acogido a un millar de personas como Irene y su familia. Narcís Serrats, gerente de la iniciativa, explica que nació tras detectar una realidad “alarmante”: “Veíamos a muchos padres y madres sin un lugar donde alojarse, incluso durmiendo en el coche”.

La casa tiene cerca de 2.000 metros cuadrados y cuenta con 25 plazas de 30 m², las cuales son asignadas por médicos de los diversos hospitales oncológicos de Barcelona en función de las características y necesidades de cada paciente. Si la casa está llena, los sanitarios derivan a los niños a otros pisos gestionados desde los hospitales.

La Casa de los Xuklis siempre se ha sostenido, principalmente, gracias a donaciones privadas. En esta línea, Serrats critica que la administración no asuma un mayor peso en su financiación: “No es razonable que una familia tenga que desplazarse para recibir tratamiento médico y, además, preocuparse por dónde vivir o cómo pagarlo”.

Todo este gasto de personal y mantenimiento supone un coste anual de unos 600.000 euros, enmarcadors en los 2.000.000€ del presupuesto de Afanoc, de los que toda la Diputación de Barcelona aporta cerca del 30%. Desde la entidad reclaman un incremento del 5%, que se tenía que estudiar a partir de este ejercicio. Pero cualquier posibilidad de que eso ocurra está bloqueada hasta que la Generalitat consiga aprobar los presupuestos.

Los beneficiarios de esta casa no son solo de Catalunya, sino que vienen de todos los rincones de España. Carlota Díaz llegó desde León con su hijo Guzmán, de cinco años, y tuvo que dejar su trabajo para acompañarlo durante el tratamiento. “No es solo el impacto emocional, es que económicamente también es durísimo. No sé qué hubiésemos hecho sin esta opción”, reconoce. 

Montse Soler, madre de otro niño que pasó por la residencia, admite que, sin este recurso, la situación habría sido insostenible tanto a nivel económico como emocional. Más allá del alojamiento, la residencia ofrece un entorno que busca “devolver cierta normalidad” a la vida de los niños, explican desde AFANOC.

Por eso, se organizan actividades como talleres de teatro, manualidades, juegos o deporte, siempre con la colaboración de voluntarios. Además, cada paciente cuenta con un tutor que se coordina con su escuela para evitar que pierda el ritmo académico. “Tener esta rutina ayuda a que tu vida sea un poco más normal en una situación tan difícil”, explica Irene.

El centro tiene capacidad para 25 familias, cada una con su propia habitación, donde pueden alojarse hasta cuatro miembros. Dispone de cocina, salón, sala de deportes, sala de juegos, terraza y jardín. “Mi hijo fue feliz durante su tratamiento gracias a eso. Siempre estaba rodeado de otros niños y actividades, algo que en un piso no habríamos tenido”, recuerda Díaz.

Estefanía Vidal, que también pasó por la residencia durante la quimioterapia de su hijo Aleix, de cuatro años, lamenta la escasez de espacios como este. La Casa de los Xuklis es un proyecto único en Europa en su formato de entidad-asociación, aunque existen iniciativas similares como las casas Ronald McDonald o la Fundació Enriqueta Villavecchia.

Para Vidal, este tipo de residencias son “totalmente necesarias”, no solo por el alivio económico, sino por el apoyo emocional que generan. “No es lo mismo que tus padres te obliguen a tomarte un medicamento a que otros niños te animen porque están pasando por lo mismo. Te hace sentir que no estás solo”. Entre los padres, añade, también se crean lazos muy fuertes: “Nos hacíamos de psicólogos los unos a los otros”.

Irene coincide. Para ella, compartir esta etapa con otros jóvenes de su edad ha sido “muy emocionante” y le ha ayudado a no sentirse “sola”. Soler define la residencia como un “oasis” en medio de un momento “de especial inestabilidad”. 

Desde la entidad insisten en la calidad del sistema de salud público catalán, pero advierten que “hay una parte social del proceso que muchas veces queda desatendida”. Serrats recuerda que la enfermedad no termina en el hospital y que, fuera de él, muchas familias quedan desprotegidas. “Cuando un niño atraviesa una enfermedad grave, añadir una presión económica puede ser devastador también a nivel emocional”, apostilla.

Un grafitero sionista ha viajado recientemente a Barcelona para tapar murales contra el genocidio de Palestina, entre ellos uno del conocido muralista catalán Roc BlackBlock. El autor de las pintadas, el israelí Dudi Shoval, difundió en las redes sociales su acción en el barrio de El Clot, que consistió en eliminar una obra crítica con Benjamin Netanyahu, para luego dibujar al primer ministro de Israel con una corona y el mensaje de “Viva Israel”. 

El mural original, realizado por Roc BlackBlock a principios de junio, mostraba el rostro de Netanyahu manchado de sangre y con la palabra “criminal” escrita en la frente. Shoval, el grafitero sionista, pintó encima lo que el propio BlackBlock define a elDiario.es como “una versión sionista del mural”: el retrato del primer ministro con una corona monárquica acompañado del lema “Viva Israel”.

Durante la acción de Shoval, llevada a cabo el pasado mes de diciembre, los vecinos le empezaron a gritar y a reclamar que se marchara del barrio, según ha explicado BlackBlock a elDiario.es. Minutos después de que terminara de pintar el muro, otras personas lo cubrieron el nuevo con mensajes como “asesino” o “genocida”. Pero día siguiente, el artista israelí volvió al mismo lugar y realizó otro dibujo, esta vez con un candelabro judío, que también fue tapado por vecinos del barrio pocas horas después.

“La respuesta en contra de la pintada fue algo transversal, no fue solo cosa de activistas”, ha defendido este lunes BlackBlock. “Se marchó de Barcelona sabiendo que, aunque se gasten recursos intentando blanquear crímenes sionistas, no nos los tragaremos ni son bienvenidos”, escribió el artista catalán en una publicación en Instagram este domingo.

Días después de cubrir en dos ocasiones el mural de El Clot, Shoval también intervino otra obra del artista Juan Kantor en la que aparecía una joven palestina. Por ello, BlackBlock asegura que el episodio “va más allá de una pelea entre grafiteros”.

El muralista sionista permaneció en Barcelona apenas tres días y, según explicó él mismo en sus redes sociales, viajó a la capital catalana con el objetivo de cubrir esos grafitis. “Vinimos a Barcelona para luchar cara a cara contra la maldad. Por eso nos dirigimos a los barrios donde hay más musulmanes y odio”, explica en un vídeo publicado en Instagram tras realizar las pintadas.

Después de que su retrato fuera cubierto por los vecinos con consignas como “Palestina libre”, Shoval calificó lo sucedido de “grave” en sus redes sociales. “Quizás, y con la ayuda de Dios, esto haga que las comunidades judías en el extranjero dejen de vivir con miedo”, añadió en el texto de la publicación, donde además denunció haber sido agredido por algunos de ellos junto a sus acompañantes.

BlackBlock repintó su mural entre enero y febrero, aunque no lo hizo público hasta esta semana. La obra permanece intacta desde entonces, al igual que había ocurrido durante meses antes de la intervención del grafitero israelí. “Hace años que existe un gran respeto entre los distintos grafiteros. El dibujo se había mantenido intacto hasta que vino él”, explica el muralista catalán. “Es por ello, que respondemos en los muros de nuestros barrios y también en las redes sociales”, ha añadido en su publicación de Instagram.

Cuando Oleksandra Matviichuk vio a su marido entrar a la cocina de su casa con dos ladrillos no quería creer lo que imaginaba. Aprovechando que Rusia había vuelto a conectar la red eléctrica, su esposo había aprovechado para calentar ladrillos en el horno para que estos siguieran irradiando calor ante el inminente nuevo corte de la luz. En ese momento, la mujer ucraniana, de 42 años, comprendió cómo iban a sobrevivir ella y los demás ucranianos durante los meses de frío.

Matviichuk es abogada y activista. La organización que preside, el Centro para las Libertades Civiles, ganó el premio Nobel de la Paz en 2022 junto al bielorruso Alés Bialiatski y la organización rusa Memorial. Cuatro años después del galardón, sigue al frente del Centro para las Libertades Civiles, una organización de derechos humanos que ha reportado numerosos crímenes de agresión contra Ucrania. En estos momentos se encuentra de visita en Barcelona en el marco de un acto organziado por el Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (CIDOB). Porque a pesar de los ataques, sigue viviendo en su ciudad natal, Kiev.

Este ha sido el invierno más duro del cuarto año de guerra en Ucrania, donde el ejército ruso ha destruido deliberadamente la infraestructura eléctrica, dejando a millones de personas sin corriente ni calefacción en días que han registrado temperaturas mínimas históricas en el país. Además, Estados Unidos ha disminuido notoriamente su apoyo militar a Ucrania tras las negociaciones del último año, por lo que el país depende casi exclusivamente de la Unión Europea para intentar frenar el avance de las tropas rusas.

¿Cómo ha cambiado la guerra en Ucrania desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca?

Ucrania ha dejado de recibir el apoyo financiero y militar que antes proporcionaba Estados Unidos desde que comenzaron las negociaciones de paz impulsadas por Donald Trump. Irónicamente, este periodo se ha convertido en el más mortífero para los civiles desde el inicio de la invasión a gran escala. Según la ONU, las víctimas civiles, lejos del frente, aumentaron un 31%. En las negociaciones se habla de territorios, minerales o intereses geopolíticos, pero se ha perdido la dimensión humana del conflicto. Sigue sin haber respuestas sobre el destino de los miles de niños ucranianos deportados a Rusia ni sobre los civiles y prisioneros de guerra detenidos y torturados en cárceles rusas. 

Precisamente, la ONU concluyó este martes que el traslado forzoso de miles de niños ucranianos a Rusia o a territorios ocupados constituye un crimen de lesa humanidad. Desde la organización que usted dirige han reportado numerosos casos. ¿Qué se sabe sobre el traslado de estos niños ahora mismo?

Desde que estalló la guerra a gran escala, hemos documentado miles de crímenes de guerra en todo el país, incluidos los territorios ocupados. Más de 1,6 millones de niños han sido deportados a Rusia, donde se les prohíbe hablar ucraniano, estudian con libros que niegan la existencia de Ucrania y se les borra su identidad. Además, los militarizan en campamentos, con uniformes y entrenamiento en armas, preparándolos para convertirse en soldados de Putin.

Para cualquier sociedad, los niños son lo más valioso. Y como Rusia no acaba de lograr ganar en el campo de batalla, recurre al terror contra la población civil como principal arma de guerra. Lo que pretenden es quebrar la resistencia popular en el país. Desafortunadamente, hay muy poca información sobre el tema. La identidad de muchos de ellos está borrada. Y ya no es solo un problema de derechos humanos, sino de seguridad. Porque cuando estos niños crezcan, serán enviados a luchar y a morir.

¿Los ucranianos se sienten instrumentalizados por los intereses de Rusia y de la OTAN en esta guerra?

Sí, ya que esto no es solo una guerra por territorios, sino por el nuevo orden mundial. Cuando Putin invadió Ucrania en 2014, nuestro país era neutral y nadie planeaba unirse a la OTAN. La invasión no fue por miedo a la OTAN, sino al concepto de libertad. Tras la Revolución de la Dignidad, Ucrania avanzaba hacia la democracia y Putin quiso detenerlo. Esta guerra no es solo entre Rusia y Ucrania, sino entre dos sistemas: 'sovietismo' y democracia. Con ella, Putin intenta demostrar que puede invadir un país vecino, destruir su identidad y robar a sus hijos. Si tiene éxito, cambiará las reglas del mundo y lo que se considere legítimo hacer internacionalmente.

En los últimos días, Zelenski ha enviado expertos ucranianos en defensa aérea a los países del Golfo para defenderse de Irán, uno de los principales aliados de Rusia. ¿Cómo afecta este escenario a la guerra en Ucrania?

Vivo en Kiev, y mi ciudad hace meses que recibe ataques no solo de cohetes rusos, sino también de drones iraníes. China y Corea del Norte también apoyan a Rusia con tecnología, proyectiles y tropas. Nos enfrentamos a un bloque autoritario que ve a las personas como objetos, negándoles derechos y libertades, mientras las democracias intentan protegerlos. Irán ha atacado recientemente a países vecinos y Ucrania ha enviado drones interceptores para ayudar a defender civiles, aprovechando nuestra experiencia de cuatro años enfrentando ataques similares. Aunque Trump y Putin dudan de nuestras capacidades, los ucranianos sabemos cómo proteger a nuestra población y estamos listos para compartir esta experiencia internacionalmente. 

Rusia viola acuerdos y promesas, incluso con otros regímenes autoritarios. Los ucranianos sabemos muy bien que sus palabras no significan nada

Rusia e Irán son aliados, pero Trump pidió a Putin ayudarle con la operación contra el régimen de los ayatolás. ¿Con qué lealtad cree que responderá el Kremlin y cómo podría esto cambiar el tablero geopolítico mundial?

La historia muestra que Rusia no es tan fuerte como aparenta. Hace dos años, cuando el régimen de Al-Asad pidió ayuda, Moscú prometió apoyo, pero no hizo nada porque estaba atrapada en Ucrania. Lo mismo ocurre ahora con Irán. Putin envía palabras de aliento, pero no puede actuar realmente. Esto demuestra algo importante. Rusia viola acuerdos y promesas, incluso con otros regímenes autoritarios. Los ucranianos sabemos muy bien que sus palabras no significan nada. En 2014 y en 2022, Putin mintió sobre su presencia militar y planes de invasión en Crimea. Por ello, debemos fijarnos en lo que hace Moscú, no en lo que dice. 

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania han sacudido a la población en uno de los inviernos más fríos jamás registrados. ¿En qué punto atacar los sistemas eléctricos deja de ser una táctica militar y pasa a considerarse una forma de castigo colectivo?

Nunca es una táctica militar, porque no son objetivos militares. La infraestructura energética es vital para la supervivencia de los civiles, por lo que atacarla constituye un crimen de guerra. Desde que Rusia comenzó a atacar la red eléctrica de Ucrania, la Corte Penal Internacional abrió una causa penal por estos ataques a la energía y otras infraestructuras civiles. Pero Moscú ha ignorado las decisiones de la ONU y de los tribunales internacionales porque no le importan los derechos humanos.

Este mismo manual de guerra sigue el patrón global de los crímenes cometidos en Siria, Chechenia, Georgia, Mali, Libia o República Centroafricana. Y nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos es romper esta cadena de crímenes y buscar justicia, no solo por Ucrania, sino para prevenir futuros ataques similares a otras naciones.

¿Considera que el actual derecho internacional humanitario es suficiente para regular esta guerra energética o debería evolucionar para adaptarse a estas nuevas formas de guerra?

El problema reside en la arquitectura internacional, que se construyó para fortalecer este derecho. Pero ni las Convenciones de Ginebra ni la de La Haya detienen los misiles rusos. Esto significa que, para que estas normas entren en vigor, necesitamos una sólida arquitectura internacional de paz y seguridad. Y el sistema actual ha colapsado, por lo que, lamentablemente, es fácil predecir que este tipo de incendios, como las guerras, surgirán con mayor frecuencia en diferentes partes del mundo. Porque este cableado internacional es defectuoso y hay chispas por todas partes. Y por eso es nuestra obligación iniciar una reforma fundamental de esta arquitectura internacional de paz y seguridad. No dejar estas hermosas palabras siendo solo palabras en las Convenciones de Ginebra y La Haya, sino ponerlas en práctica. 

Dado que Rusia no es parte del Estatuto de Roma, ¿cómo puede funcionar la justicia internacional cuando una de las partes se niega a reconocerla? ¿Qué vías legales o diplomáticas siguen siendo realistas para llevar a los líderes rusos ante la Justicia?

Independientemente de esto, si Rusia ha cometido crímenes en el territorio de Ucrania, y Ucrania es parte del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional tiene derecho a procesar a los rusos. Además, Rusia también forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. He entrevistado a cientos de personas que sobrevivieron al cautiverio ruso y me contaron cómo los golpearon, violaron, encerraron en cajas de madera, cortaron los dedos, arrancaron las uñas, pusieron electricidad en los genitales... Una mujer me contó cómo le sacaron un ojo con una cuchara. No hay ninguna razón legítima para hacer tales cosas, que están completamente prohibidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. 

Como abogada, sé que nos enfrentamos a una brecha de rendición de cuentas. Por ejemplo, no existe un tribunal internacional que pueda procesar a Putin, a los altos líderes políticos y al alto mando militar del Estado ruso por el delito de agresión. Todas las atrocidades que documentamos son resultado de la decisión de sus líderes de quebrantar la paz e iniciar esta guerra sangrienta. Pero el Tribunal Penal Internacional de La Haya solo puede procesar por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no por el delito de agresión. Así que la guerra es legal. Sí, es legal. Tenemos que prohibir la guerra de agresión como tal.

¿Cree que esta guerra está evidenciando las debilidades del sistema de justicia internacional?

Está explotando las debilidades de otro tipo: falta de valentía, falta de liderazgo, falta de responsabilidad histórica. Se trata de un cambio global del orden mundial que ha comenzado con la ocupación forzosa de parte del territorio ucraniano. Eso significa que incluso España debe preocuparse por lo que está pasando. Porque no se puede construir un paraíso, ni siquiera siendo una isla, si una parte del planeta que está tan cerca se está desangrando. Putin inició una guerra a gran escala no porque quisiera ocupar solo una parte más del territorio ucraniano, sino porque quería ocupar y destruir toda Ucrania y retirarse. Ve a Ucrania como un puente hacia Europa. Su lógica es histórica. Planea atacar el próximo país europeo. Quiere restaurar por la fuerza el imperio ruso. Ucrania actúa como una barrera entre Europa y Rusia, pero ese no es el destino que queremos, no nacimos para proteger el continente europeo del ejército ruso. 

Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen decía que ya no se puede confiar en un sistema basado en reglas para mantener el orden mundial. ¿Los ucranianos siguen teniendo el mismo interés en unirse a la Unión Europea?

Claro. Porque para nosotros, es una cuestión de valores. Si le preguntas a un ucraniano común por qué tenemos que unirnos a la UE, empezará a usar el lenguaje de los valores para explicarlo. La gente desconoce la función del Parlamento Europeo, no comprende a fondo esta organización interestatal, pero dirán con total seguridad que luchamos por unirnos a la UE porque queremos tener la oportunidad de construir nuestro país de forma que se protejan los derechos de todos, que el gobierno rinda cuentas, que el poder judicial sea independiente y que la policía no golpee a los estudiantes que se manifiestan pacíficamente.

¿Qué reformas internas necesita aún el país para cumplir con los estándares a los que obliga el ingreso en la UE? 

Muchas. Somos una nación en transición. No somos una democracia ideal. Tenemos que avanzar en este camino, pero no es fácil, porque estamos atrapados entre dos lógicas: la de la guerra y la de la integración continua. Son radicalmente opuestas, porque la lógica de la guerra dicta la centralización y que hay que limitar los derechos humanos y la libertad por motivos de seguridad. Por ejemplo, tenemos toque de queda en mi ciudad natal, Kiev. En cambio, la lógica de la integración dicta que es necesario ampliar el espacio para los derechos y la libertad. Por lo tanto, buscamos un equilibrio entre ambas, porque no podemos permitirnos el lujo de posponer ninguna. Debemos realizarlas simultáneamente. Para nosotros, la victoria en esta guerra significa regresar a la dimensión civilizada europea. 

¿Le preocupa que el apoyo y la atención global hacia Ucrania estén disminuyendo?

Es natural, Ucrania no es el único foco de tensión en el mundo. Hay muchas guerras sangrientas que se desarrollan al mismo tiempo. Algunas duran decenas de años. Por ejemplo, la guerra en Sudán. Pero en España y en los países europeos no pueden darse el lujo de normalizar este mal, porque ustedes serán los siguientes. Porque esta guerra anunciada por Putin va en contra de los valores que definen su estilo de vida. Y Putin no se detendrá en Ucrania. Así que, si usted lo desea, es una llamada de atención para quienes empiezan a estar cansados, lo cual también es una pregunta muy interesante. 

Esta guerra no tiene fronteras. Un trozo de metal de 1.000 euros, es decir, drones rusos, puede paralizar la industria aérea española. Y pueden perjudicar la economía española por decenas de miles de millones de euros. Es otro tipo de guerra. Y solo hay dos ejércitos preparados para luchar en este tipo de guerra: el ruso y el ucraniano.

¿Cree que falta conciencia sobre la situación actual en países como España? 

En España, Alemania y Francia es muy natural. Empezaron a dar por sentado su seguridad. Pero los líderes europeos empiezan a comprender lo que está en juego. Tienen inteligencia, tienen expertos, y ven lo que Rusia planea. Y por eso empezaron a tomar medidas decisivas. Pero no a suficiente velocidad. La historia los juzgará no por lo que intentaron, sino por si lo lograron o no. Y para nosotros, el tiempo se convirtió en muerte. No tenemos tiempo para esperar. 

¿Qué impactos a largo plazo, legales, sociales o psicológicos, cree que tendrá este conflicto en el pueblo ucraniano?

Todos vivimos con dolor. Es muy difícil vivir así, mantener la resiliencia cuando la guerra tocó a casi todas las puertas. El 70% de los ucranianos dicen haber perdido a alguien en esta guerra. Un ejemplo. No nombraré el país, pero es un país muy poderoso de la Unión Europea. Una encuesta recogía que uno de cada cuatro ciudadanos varones afirmaba que abandonaría el país inmediatamente si Rusia atacara. Y este país ofrece un nivel de vida bastante bueno. Me sorprendió que no quieran protegerlo. Entonces comprendí que, como generación que heredó la democracia de sus abuelos, ven la libertad y la seguridad de forma diferente. Dan por sentada la libertad y la seguridad. Como si fueran oxígeno. Se convirtieron en consumidores de democracia. A largo plazo, espero que los ucranianos recuerden a la gente de Europa qué es la libertad.

No les sorprenda que la gente en Ucrania sueñe con la paz, pero simplemente no quiera ser ocupada por Rusia

¿En el plano personal, cómo logra usted mantener un equilibrio entre sus actividades, como documentar crímenes, y su vida personal en una ciudad en guerra? 

La guerra ha arruinado todo lo que yo llamo vida normal. Cosas tan sencillas como la posibilidad de reunirme con mis amigos en un café, cenar en familia o abrazar a mis seres queridos han desaparecido y se hicieron añicos. Vivir durante una guerra a gran escala significa vivir en total incertidumbre. No puedes planificar ni tu día ni tus próximas horas.

Significa levantarse cada mañana y consultar las noticias sobre lo que ocurrió durante la noche. La falta de sueño es un problema generalizado, hay una enorme tensión. No puedes decirle a tu cuerpo que no tenga miedo, aunque le digas a tu cerebro que se calme. Y a esto hay que añadirle el frío, que es un horror. Rusia ha convertido el invierno en un terror. 

Pero quiero traer un poco de esperanza. Estos tiempos dramáticos brindan a los ucranianos la oportunidad de expresar lo mejor de nosotros: ser valientes, luchar por la libertad, tomar decisiones difíciles pero correctas y ayudarnos mutuamente. Y creo que una de las principales lecciones de esta guerra es que, al hacerlo, muchos arriesgan literalmente su vida por personas a quienes nunca antes habían conocido. En esos momentos eres plenamente consciente de lo que significa ser humano, sí.

Usted ha dicho a menudo que la paz sin justicia no es verdadera paz. ¿Cómo podría ser realmente una paz justa para Ucrania? 

Mucha gente sin experiencia en ser invadida cree que la paz se alcanza cuando los ejércitos dejan de luchar. Pero la paz no llega cuando el país invadido deja de resistir, porque la ocupación no es paz, sino guerra, solo que con una forma diferente. La ocupación rusa no es solo cambiar una bandera por otra, sino que implica desapariciones forzadas, tortura, violaciones, negación de identidad, adopción forzada de hijos, campos de concentración y fosas comunes. Así que no les sorprenda que la gente en Ucrania sueñe con la paz, pero simplemente no quiera ser ocupada por Rusia. Porque no quieren vivir en una zona gris donde no tienen las herramientas para defender sus derechos, sus libertades, sus propiedades, sus hijos y sus seres queridos.

¿Cree que puede existir una solución pragmática que puede llevar la paz a su país? 

Cualquier solución pragmática debe empezar por definir qué es la paz. Paz significa libertad para vivir sin miedo a la violencia y con una perspectiva a largo plazo. Es muy pragmático definir la palabra paz correctamente. Y luego tenemos que encontrar una solución para que Putin detenga esta sangrienta guerra. Para que los ucranianos y otros países europeos que corren el riesgo de ser atacados puedan vivir sin miedo a la violencia.

Tenemos que hacer que el precio de la guerra para Putin sea mayor que el precio de la paz. Es una cuestión muy pragmática cómo hacerlo. Por ejemplo, España puede ayudar a detener la flota oculta rusa, que elude las sanciones y brinda a la economía rusa la posibilidad de alimentar esta sangrienta guerra. Porque Rusia aún puede producir y comprar cohetes y drones que cuestan decenas de miles de millones de euros. España puede desempeñar un papel. Es una pregunta muy práctica: ¿lo hará?

El fin del modelo de los falsos autónomos en Glovo no ha acabado con la odisea de conflictos laborales que la empresa arrastra desde hace años. En los últimos ocho meses, varios repartidores han sido despedidos bajo justificaciones como ausencias injustificadas o retrasos en los pedidos. Algunos de ellos, incluso, mientras se encontraban de baja médica. “Da la sensación de que tienen más trabajadores de los que necesitan y por eso aplican estas medidas tan estrictas”, sostiene Javier Pérez, repartidor de la empresa en Barcelona.

Pérez, afiliado a CGT, fue despedido en diciembre mientras se encontraba de baja por un accidente laboral. Según la empresa, había acumulado ausencias injustificadas. “Presenté toda la documentación de la baja a tiempo y mi supervisora me dijo que no me preocupase, pero tres días más tarde me llegó una carta de despido por ausencias sin justificar”, recuerda el repartidor, que lleva más de ocho años trabajando para la compañía.

Tras reclamar, Pérez fue readmitido al día siguiente. Pero su caso no es una excepción. Otros trabajadores en Barcelona como Manuel –nombre ficticio para preservar su anonimato– y Jamer Torrado, en Madrid, denuncian prácticas similares. Desde CCOO aseguran que existen casos parecidos por todo el país.

Los abogados Sharjeel Tariq y Francisco Valverde, que representan a varios repartidores de Glovo, afirman que desde el fin del modelo de falsos autónomos han visto aumentar las consultas de trabajadores despedidos. Valverde lleva unos 150 casos de despidos y más de 1.000 reclamaciones de riders por supuestos incumplimientos de derechos laborales. “Parece una estrategia de reducción de plantilla encubierta”, sostiene.

Por su lado, el sindicato CCOO tilda el conflicto de “ERE encubierto”, y está estudiando demandar a Glovo ante la Audiencia Nacional por este motivo. Desde el sindicato recuerdan que artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores considera despido colectivo aquel que afecta, al menos, a 30 trabajadores en un periodo de 90 días.

Aunque Glovo califica estos ceses como despidos disciplinarios, el abogado Tariq sostiene que en muchos casos se producen “sin audiencia previa y sin posibilidad de presentar alegaciones”. Desde su despacho están impugnando estos despidos solicitando su nulidad o, subsidiariamente, que se declaren improcedentes.

Preguntada por elDiario.es, Glovo no ha concretado el número de despidos en los últimos meses y se ha limitado a señalar que “antes de tomar cualquier medida disciplinaria se envían varias notificaciones al repartidor explicando la situación”. Los trabajadores, ha agregado la empresa, pueden presentar reclamaciones a través de los canales de recursos humanos si no están de acuerdo con la decisión.

Glovo ha añadido que un equipo especializado “revisa las reclamaciones y la documentación aportada en todos los casos”. Sin embargo, los trabajadores sostienen que, en la práctica, muchas veces no tienen a quién acudir. “La atención al trabajador es prácticamente inexistente. Todo depende de la aplicación y no hay contacto humano para resolver problemas”, lamenta Torrado.

Los testimonios de los trabajadores

En el caso de Manuel, le despidieron después de tramitar una baja médica de cinco días para cuidar de su madre, que acababa de ser operada. Defiende que presentó toda la documentación en plazo –y así lo ha podido comprobar elDiario.es a través de conversaciones de WhatsApp con su supervisor–, pero, pocos días después, recibió un correo electrónico notificándole su despido por ausencia injustificada. “Estaba de baja y no me dejaron ni alegar”, asevera.

A los pocos días, decidió presentar una demanda. Una semana después, y con la reclamación ya interpuesta, la empresa le llamó para revocar el despido. Manuel les advirtió de que, si querían readmitirle, debían hacerlo de manera formal. Pero la compañía no se presentó al acto de mediación. “Yo no iba a retirar mi demanda sin garantías por escrito. Pueden readmitirte hoy y despedirte mañana por otro motivo”, explica. El repartidor ya tiene fecha de juicio para 2028.

Tanto Javier como Manuel coinciden en otro detalle. Ambos recibieron varios correos electrónicos de la empresa solicitando que justificaran sus ausencias antes de ser despedidos. Sin embargo, sostienen que el enlace para adjuntar la documentación no funcionaba. Avisaron de ello a su supervisora, que les tranquilizó asegurando que ya había comunicado la situación a la empresa –una conversación a la que también ha tenido acceso este medio–. Pero acabaron siendo despedidos igualmente.

El exrepartidor Jamer Torrado fue despedido por supuestos retrasos en entregas de pedidos. “Cuando me cancelaban pedidos, el sistema me registraba automáticamente retrasos, aunque no fuera culpa mía”, relata. Tras acumular 13 incidencias, fue despedido sin posibilidad de justificar lo ocurrido.

Torrado acudió a las oficinas de Glovo para reclamar, pero asegura que allí le dijeron que no podían hacer nada. “El sistema te obliga a hacer unos 2,5 pedidos por hora. Si te envían a un lugar que está a 30 minutos o más, es imposible cumplir esos tiempos”, relata.

Javier Pérez también ha recibido avisos por supuestas demoras. Según denuncia, la empresa no tiene en cuenta factores externos como el tráfico, la lluvia o las obras a la hora de valorar los retrasos.

“Sabemos que la oleada de despidos es generalizada y de gran magnitud, pero no podemos ofrecer una cifra global porque la empresa no la está proporcionando y los registros oficiales no reflejan la realidad actual”, resume Carlos Sola, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de FSC-CCOO.

Ola de demandas contra Glovo

Desde que la empresa acabó con el modelo de falsos autónomos a finales de junio de 2025 para adaptarse a la Ley Rider, Glovo se vio obligada a regularizar la situación laboral de sus repartidores. Entre otras cosas, esto implicó garantizar un mínimo de horas de trabajo para la plantilla, algo que no ocurría bajo el sistema anterior.

El conflicto laboral con el nuevo modelo llega cuando todavía colean en los juzgados las consecuencias de los falsos autónomos. El fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, permanece investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener el modelo de falsos autónomos pese a la sentencia del Supremo que abrió la puerta a que los repartidores fueran empleados.

En su declaración judicial, Pierre alegó que el nuevo modelo buscaba zanjar “discusiones” con la Inspección de Trabajo, pero la realidad no ha sido así: el repartidor Javier Pérez ya ha interpuesto diez denuncias ante la Inspección de Trabajo junto a CGT y otras dos demandas en el juzgado a título individual.

Entre las reclamaciones colectivas presentadas con el sindicato figuran también la falta de equipos de protección (EPI), el limitado margen para elegir vacaciones o la obligación de utilizar el teléfono móvil personal para trabajar. “Si se nos rompe el móvil, no podemos trabajar y tampoco cobramos”, explica.

CCOO también ha denunciado a la empresa por no facilitar información a los comités de empresa. Glovo solo ha proporcionado datos de despidos a uno de los nueve comités existentes en España: el de Navarra. Solo en enero, en esta comunidad fueron despedidas 45 personas.

Otro de los puntos que los sindicatos llevan años criticando es el Convenio de 2006 por el que se rige la actividad laboral de los riders que, desde CCOO, consideran desactualizado. Esgrimen razones como que los sueldos son inferiores al SMI, que el salario variable es casi imposible de alcanzar porque está adaptado al poder adquisitivo de 2006 y que no se compensa correctamente el uso de vehículos, móviles u otros gastos de transporte y averías.

“El modelo de negocio de Glovo, como el de otras plataformas como Uber o Stuart, se basa en crecer rápido, competir agresivamente, asumir que las sanciones llegarán tarde y, cada vez más, aumentar los trabajadores subcontratados”, lamenta Manuel.

Al terminar el modelo de los falsos autónomos a finales de junio, según datos de Glovo, unas 14.000 personas fueron contratadas y otras 6.000 lo hicieron a través de empresas subcontratistas. Para Pérez, “la subcontratación fue una forma de ajustar plantilla sin hacerlo directamente. Además, es un modelo más cómodo para la empresa y dificulta la organización sindical”.

Tanto los abogados como los testimonios consultados coinciden en afirmar que muchos trabajadores no demandan por desconocimiento, falta de tiempo o recursos, especialmente aquellos migrantes que no dominan el idioma o el sistema legal. Entre quienes sí lo hacen, es frecuente que terminen aceptando acuerdos extrajudiciales con la empresa.

Mientras tanto, Glovo acarrea otras demandas de años anteriores, algunas de las cuales ya se han traducido en multas y sanciones, mientras que otras las han ganado en la Audiencia Nacional. “En este sector tenemos que pelear nuestros derechos constantemente”, zanja Manuel.

El mediodía del 13 de marzo de 1970, el legendario cantante Ramón Pelegero Sanchis, más conocido por su nombre artístico Raimon, ofreció un concierto en la facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Con canciones cargadas de mensajes políticos en oposición al régimen franquista, el cantante valenciano reunió a unas 5.000 personas en el vestíbulo del edificio, en apoyo a los trabajadores de AEG Telefunken de Terrassa, despedidos tras una de las huelgas más importantes de la época.

Este concierto se convirtió en uno de los actos más significativos de la facultad durante los últimos años del franquismo, una etapa en la que el movimiento estudiantil estaba especialmente activo en términos de movilización y compromiso político. La exposición 'Derecho a la resistencia. Una facultad comprometida con la democracia' en la Universitat de Barcelona, disponible hasta el 29 de mayo, rememora los episodios más relevantes de la Facultad de Derecho entre 1970 y 1976.

Durante esta última etapa de la dictadura, la Facultad de Derecho fue escenario de distintas asambleas políticas y actos culturales. Todo ello a pesar del vacío de poder en la institución, que entonces carecía de decano debido a las restricciones impuestas por el régimen.

Otro día histórico fue el 3 de febrero de 1976, cuando más de 4.000 personas asistieron a una asamblea multitudinaria a favor de la amnistía de los presos políticos, con Arias Navarro aún al frente del régimen. Según la comisaria de la muestra, Rosa Ana Alija, esta fecha sirve como eje de la exposición.

Aunque la asamblea era estudiantil, también participaron personas ajenas al alumnado. Se celebró dos días después de la multitudinaria manifestación del 1 de febrero, que se replicaría el día 8, terminando con disturbios. Estas protestas allanaron el terreno para que, un año y medio más tarde, se aprobara la Ley de Amnistía.

Cinco años sin decano como resistencia

Coincidiendo con esta asamblea, Manuel Jiménez de Parga –exministro de Trabajo del Gobierno de Adolfo Suárez y expresidente del Tribunal Constitucional–, tomó posesión como decano tras cinco años sin un titular oficialmente reconocido. A diferencia de lo habitual, el acto se celebró en el aula magna de la facultad y no en el rectorado. “Se quiso subrayar así la excepcionalidad de la situación”, apunta Alija.

Jiménez de Parga había sido elegido por la Junta de la Facultad en 1970, pero el régimen no ratificó el nombramiento por considerarlo un perfil “incómodo”, entre otras razones “por su vinculación con la defensa de los presos políticos”, señala la comisaria. Esto abrió un periodo de excepcionalidad institucional, que incluso derivó en el cierre temporal de la facultad en 1972, ya que ningún catedrático quería asumir un cargo ratificado por el franquismo.

Ante esta situación, el Gobierno franquista solicitó una terna, es decir, tres candidatos propuestos a la Junta de la Facultad. La particularidad fue que, por primera vez en la historia de España, los estudiantes participaron en la elección de los aspirantes. Sin embargo, el Ministerio tampoco aceptó la propuesta, y la situación permaneció en el limbo hasta la toma de posesión de De Parga en 1976, tras la asamblea proamnistía.

Movimiento estudiantil, actos culturales y prensa

Paralelamente al conflicto institucional, la Facultad vivió una intensa actividad política estudiantil iniciada a finales de los años sesenta, con la capuchinada como punto de inflexión, donde se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes. De hecho, el nivel de movilización del alumnado fue uno de los motivos por los que el régimen trasladó la facultad de Derecho desde el centro de la ciudad hacia la Diagonal, tras los Hechos del Paraninfo en 1957.

Las asambleas y actos políticos eran frecuentes, a pesar de la represión franquista. En ocasiones, las fuerzas del orden entraban en el recinto. Varios estudiantes fueron detenidos y encarcelados por su participación en protestas.

Uno de los actos culturales más característicos eran los llamados “juicios bufos”, espectáculos satíricos en los que los estudiantes criticaban tanto la vida académica como la situación política. Celebrados anualmente por los alumnos de los últimos cursos, podían tener un tono “muy mordaz” contra el régimen, convirtiéndose en uno de los pocos eventos públicos donde se podía criticar al franquismo, aunque de forma más o menos sutil, resalta Alija.

No obstante, en 1971, se prohibió uno de esos actos y unos 4.000 estudiantes protestaron en el interior de la facultad y a lo largo de la Diagonal, protesta que acabaría disuelta por la policía.

Tras la aprobación de la Ley de Prensa de 1966, aumentó, aunque de forma limitada, la pluralidad ideológica en la actividad editorial estudiantil, con boletines y publicaciones de distintas tendencias, muchos de ellos anónimos. 

Otro de los caballos de batalla de los estudiantes fue el acceso a la universidad para personas de clases populares. Las pruebas de acceso eran consideradas elitistas, ya que requerían conocimientos de idiomas modernos como inglés, alemán o francés, que solo estaban al alcance de familias de clase alta. En 1974, la Junta de la Facultad decidió por unanimidad oponerse a la realización de estas pruebas para estudiar Derecho.

Esta última etapa del franquismo, sin embargo, no fue especialmente violenta dentro de la facultad en comparación con otras anteriores, explica Alija. Durante estos años, el régimen promovió iniciativas aperturistas como la Ley de Asociaciones Políticas, la Ley de Huelga y una mayor tolerancia informativa en los medios de comunicación, modificando la Ley de Prensa de 1966, en un intento de mejorar su imagen ante la comunidad internacional. 

Sin embargo, la represión seguía siendo evidente en muchos ámbitos y la sociedad estaba cada vez más concienciada de ello. “Antes de preparar la exposición, nos dimos cuenta de que en esa época había una gran demanda de democracia desde la facultad, mucho más exigente que los años anteriores”, concluye Alija.

Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jerez, de 35 años, y su madre Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial las echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos (nombre ficticio), que en ese momento se encontraba en el instituto. 

El piso era propiedad del banco BBVA, que inició el proceso de desahucio. Pero cuando ellas lo alquilaron, en 2013, su casero era un particular. Un hombre que un día dejó de pagar la hipoteca y desapareció sin dejar rastro. Lo que derivó, años después, en el desalojo el pasado jueves de esta familia que asegura que siempre quiso pagar la renta: ya fuera con el casero en paradero desconocido, o más recientemente con la entidad financiera. 

A las 12:00 horas del pasado jueves, día del desahucio, Ángeles y Olga aguardaban en el piso junto a varias profesoras del instituto de Marcos y miembros del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat. En un corrillo improvisado en el salón donde la familia ha vivido más de una década, las mujeres aseguraban estar “agotadas” por la situación. Llevaban días sin apenas dormir ni comer, y lamentaban haber sufrido episodios de ansiedad en las últimas semanas e incluso haber detectado manchas en su piel asociadas al estrés.

En el portal, bajo un fuerte diluvio, les esperaban algunos vecinos del barrio, junto con otros activistas por la vivienda, que habían acudido para mostrarles apoyo. Entre ellos, otra madre del mismo instituto de Secundaria donde estudia Marcos, el Neus Català, que también estuvo a punto de ser desahuciada hace apenas unos días. Esa misma mañana, además, otra familia con hijos menores había sido desalojada.

Los vecinos denunciaban que este tipo de situaciones se han vuelto frecuentes en el barrio. “Los niños sienten vergüenza y lo pasan mal, y esto les repercute académicamente”, explicaba Alba Aguilar, profesora del instituto. Según contaba, en el centro hay varios alumnos que atraviesan situaciones similares.

Ejecutado el desahucio, puesto que la familia no opuso resistencia, abuela, madre y nieto durmieron en casa de una vecina del mismo bloque. En un primer momento, la idea era que Olga y Ángeles durmieran en el rellano del edificio, mientras que el menor se quedaría en casa de la vecina. Finalmente, los tres acabaron pasando la noche dentro del piso porque el rellano estaba lleno de sus pertenencias y “no había espacio para colocar el colchón”, explicaba Olga a elDiario.es la mañana siguiente. “No hemos dormido nada de la ansiedad”, añadía. 

Los servicios sociales les ofrecieron alojamiento en un albergue, pero la familia lo rechazó tras ver el estado de la habitación. “Había cucarachas, manchas de sangre, polvo y suciedad. Llevar a un niño a un lugar así no es fácil, es totalmente indigno para cualquier persona”, denuncia Ángeles, que tomó fotos del lugar.

Ya antes de verlo, tenían claro que ese no era un lugar seguro para Marcos, ya que padece graves alergias. “Le dan taquicardias y se queda sin respiración”, explicaba Olga. “Imagínate lo que pasaría si lo metemos en un sitio lleno de polvo o humedad”. 

La familia lleva meses buscando un alquiler que puedan permitirse, consciente de que tarde o temprano la iban a echar. Incluso Marcos les ayudaba a mirar anuncios cuando volvía del instituto. “Solo pedía un poco más de tiempo hasta encontrar un piso donde poder ir con mi hija y mi nieto”, lamenta Ángeles. “Cualquiera que haya intentado buscar un piso de alquiler sabe lo difícil que es, y más en tan poco tiempo”, subraya Alina Rodríguez, miembro del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat.

Once años sin noticias del casero

Olga y Ángeles detallan el rocambolesco papel de su casero. Durante los 13 años que han vivido en el piso apenas llegaron a verlo dos ocasiones. “Solo lo vimos el día que nos enseñó la vivienda y el día que nos entregó las llaves”, aseguran.

El problema comenzó en 2016, tres años después de entrar como inquilinas, cuando el propietario les pidió que cambiaran el número de cuenta al que ingresaban la mensualidad, alegando que había pasado del BBVA al Banco Sabadell. Sin embargo, nunca les llegó a facilitar esa nueva cuenta.

Tras varios intentos fallidos de ponerse en contacto con él, Ángeles acudió al Banco Sabadell para obtener información, pero le respondieron que no había cuenta alguna a ese nombre. Desde entonces, el propietario –identificado como Wilmer M.– desapareció, y la familia sospecha que pudo haberse marchado a otro país. Algunos vecinos aseguraban que debía dinero a varias personas del barrio.

Años después, en 2022, se enteraron de que en realidad el casero llevaba desde antes de que ellas entraran en el piso sin pagar la hipoteca. Aseguran que se lo comunicaron desde el juzgado, cuando acudieron a su domicilio a preguntar por el propietario y para informar que la vivienda había pasado ya a manos del BBVA. 

Durante los años de incertidumbre que pasaron entre 2016 y 2022, la familia asegura que intentó buscar formas para entender qué estaba sucediendo y seguir abonando el alquiler. Reconocen que no han pagado, pero defienden que es porque no podían y no sabían como hacerlo. “El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos qué pasaba y nadie nos hacía caso”, señala Olga.

Cuando empezaron a comprender la situación, en 2023, intentaron negociar con el banco un nuevo contrato de alquiler o incluso la compra de la vivienda, pero aseguran que no recibieron respuesta por parte de la entidad. 

Fuentes del BBVA confirman que no se plantearon negociar un alquiler, sino que iniciaron el proceso de desahucio. Sostienen desde la entidad financiera que el procedimiento se llevó a cabo “de acuerdo con la normativa”.

Sin vivienda pese a su vulnerabilidad

La familia ha recibido cuatro órdenes de desahucio desde que empezaron los problemas con la propiedad de su piso. La primera llegó en junio de 2024, pero lograron aplazarla hasta octubre de 2025. Posteriormente, se prorrogó hasta el 5 de febrero de 2025, fecha en que consiguieron retrasarla otro mes. Sin embargo, este jueves ya no hubo margen de negociación. “No encontrábamos ningún piso que pudiésemos pagar”, lamenta Olga. “No nos han escuchado ni han querido negociar nada”.

Ignasi Acosta, militante del sindicato, recuerda que hasta hace poco existía más margen para negociar gracias a la moratoria estatal de desahucios para hogares vulnerables, pero esta decayó a finales de febrero en el Congreso tras los votos en contra de PP, Junts y Vox.

“A nosotros, quien nos ha ayudado principalmente es el Sindicat. En los servicios sociales no nos escuchaban”, señala la mujer. En este caso, fue el propio instituto del menor quien les habló del sindicato de vivienda y les animó a acudir.

Los servicios sociales del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por su parte, responden que han intervenido “desde el primer momento” en este caso. Aseguran que las han asesorado y que han intentado intermediar con la propiedad en numerosas ocasiones.

También sostienen que han presentado al juzgado todos los informes que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, aunque no hayan servido para paralizar la orden en ninguna de las 4 ocasiones. Y confirman los detalles del anterior casero: “Tenemos la información de que el propietario del piso, el que se lo alquiló, se fue y dejó de pagar la hipoteca”.

En estos momentos, la familia se encuentra en lista de espera de la Mesa de Emergencia Habitacional, pero aún no tienen ningún piso asignado. La única alternativa de la que disponen es el alojamiento temporal en un albergue durante 15 días.

Este viernes, los servicios sociales les propusieron trasladarse a otro albergue que, según asegura Olga, está “más limpio” que el que rechazaron el día anterior. Finalmente durmieron allí. Sin embargo, sin una vivienda asignada por la Mesa de Emergencia y con todas sus pertenencias todavía amontonadas en el rellano del antiguo edificio, la familia sigue sin saber dónde recalará en el futuro próximo.