Una habitación de una histórica casa señorial del siglo XVI del pequeño pueblo de Castellserà (Lleida) acoge una colección de más de 300 objetos únicos que en su día pertenecieron a Michael Jackson. El recinto, conocido como La Casa dels Àngels es, además de una atracción turística, el lugar de residencia del reconocido mago catalán Josep Maria Lari (Mag Lari) desde 2022. Hasta entonces, el edificio permanecía cerrado al público.

La gran mayoría de las piezas han sido adquiridas en subastas internacionales y, preguntado por elDiario.es, Lari prefiere no confesar cuánto dinero ha invertido en ello. El ilusionista ha viajado en numerosas ocasiones a ciudades como Nueva York o Los Ángeles para conseguir algunos de los objetos más destacados, aunque reconoce que, desde 2010, el mercado se ha trasladado casi por completo al ámbito online.

Al abrir la puerta de la sala, suena You Rock My World y se aprecia un espacio cuidadosamente iluminado y ordenado, con una estética cercana a la de un museo. Cada pieza está acompañada de una ficha descriptiva con su contexto y fecha, mientras de fondo suenan algunos de los grandes éxitos del artista.

El espacio, bautizado como “Sala Wonderland”, permite, en cierta medida, adentrarse en la intimidad del Rey del Pop y conocer fragmentos de su universo personal, especialmente de su icónica residencia de Neverland. Entre los objetos expuestos destacan vajillas, juegos de mesa, un muñeco, elementos decorativos, un tocadiscos o artículos personales como perfumes, un cepillo de pelo o unas tijeras para las uñas. También se conservan notas dirigidas a su secretaria con indicaciones laborales, así como varios discos de oro.

Entre las piezas más llamativas para el público –según explica Lari– encontramos un chicle usado de 1984, cuyo origen exacto se desconoce, y varios mechones de cabello enmarcados. No obstante, la “joya de la corona” para el mago es el icónico guante de cristales Swarovski que el artista utilizó en su último concierto en el Madison Square Garden en 2001, compartiendo escenario con figuras como Whitney Houston o Britney Spears.

Una parte significativa de la colección procede de un antiguo almacén de la familia Jackson que, tras quedar abandonado por impago, fue adquirido por el coleccionista Henry Vaccaro, considerado uno de los mayores poseedores de objetos personales del cantante. Otras piezas han sido compradas a fans que lograron hacerse con recuerdos en conciertos o a las puertas de hoteles, como una funda de cojín también expuesta. “Los fans esperábamos toda la noche frente al hotel donde se alojaba”, recuerda Lari.

La sala incluye además otros objetos curiosos como agendas de miembros de la familia Jackson, un cartel de “no aparcar” colocado por la policía frente a Neverland el día de la muerte del artista, publicaciones religiosas de los Testigos de Jehová, un barrote de la terraza de la casa donde se gravó “Thriller” o material promocional de sus giras. 

A ello se suma una extensa colección de vestuario, desde trajes y chaquetas icónicas hasta prendas más cotidianas como pijamas, bañadores, sombreros o zapatos de su infancia, de la época en la que formó, junto a sus hermanos, los Jackson 5.

Fan del artista desde los ocho años, Lari asistió a varias giras internacionales, pasó noches enteras esperando a las puertas de hoteles, conoció personalmente a Jackson en Los Ángeles en 2009 –de donde conserva un autógrafo expuesto en la sala– e incluso acudió a su funeral. Además, le dedicó un espectáculo de magia en Barcelona y publicó un libro sobre sus experiencias siguiendo a su ídolo.

La visita a la sala forma parte de la experiencia completa de la Casa dels Àngels, que incluye un recorrido guiado por la historia del edificio, un espectáculo de magia y un restaurante de cocina local. El inmueble, de 792 metros cuadrados, está catalogado como bien cultural de interés local y acumula siglos de historia: acogió una comitiva de Felipe V, recibió a Pau Casals y, según varias leyendas, fue escenario de un ahorcamiento de una chica considerada “bruja”.

La exposición pone en valor el legado artístico del cantante y presenta los objetos como auténticas piezas de museo, en contraste con la persistente controversia que sigue rodeando su figura por las acusaciones de abusos a menores.

Esta polémica se ha reactivado recientemente tras el estreno del documental The Trial, que incluye audios inéditos difundidos por el periódico The New York Post, en los que Jackson pronuncia frases sobre su relación con los niños como: “los niños acaban enamorándose de mi personalidad. A veces me meto en problemas”; “si me dijeras ahora mismo... 'Michael, nunca podrías ver a otro niño...' me suicidaría” o “los niños... solo quieren tocarme y abrazarme”.

Cabe recordar que en 1993 fue acusado por primera vez de abusos sexuales a un menor, aunque el caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial. En 2005, un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos en un nuevo proceso. Sin embargo, la controversia resurgió en 2019 con el documental Leaving Neverland, donde dos hombres denunciaron supuestos abusos en su infancia.

Aunque estas demandas fueron inicialmente desestimadas, en 2023 una corte de California reabrió los casos, y se prevé un nuevo juicio durante 2026. En este contexto, la figura de Michael Jackson continúa siendo objeto de debate global, mientras sus hijos intentan defender su imagen y proteger su herencia, también en medio de disputas legales relacionadas con la gestión de su patrimonio.

Primera bola de partido salvada. El desahucio de Txema Escorsa, un profesor de secundaria de 31 años y vecino del bloque Sant Agustí 14 en el barrio de Gràcia de Barcelona, se ha aplazado para el próximo 15 de abril tras una movilización vecinal contra el lanzamiento instado por el fondo New Amsterdam Developers.

El caso de este vecino de Gràcia es una realidad cada vez más frecuente en Barcelona: fondos de inversión compran fincas enteras o varias viviendas donde antes residían vecinos para destinarlos a 'coliving', esto es, trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones. La principal diferencia es que esta modalidad es mucho más lucrativa que el alquiler tradicional y esquiva el tope de precios.

La comitiva judicial y un representante del fondo (que ha rechazado atender a los medios de comunicación) han comparecido pasadas las 9.30h. Tras constatar que la presencia de manifestantes impedía el desahucio, el lanzamiento se ha aplazado para el próximo 15 de abril, según el Sindicato de Inquilinos.

Desde la entidad han reclamado a New Amsterdam Developers empezar la negociación instada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, para llegar a un acuerdo antes de la nueva fecha prevista para el lanzamiento.

“El próximo desahucio de este bloque será el 15 de abril. Nosotros estaremos aquí otra vez para demostrar la fuerza de la lucha por la vivienda”, ha dicho Escorsa desde el balcón de su casa. El inquilino, que ha sido recibido entre vítores tras conocer la decisión del aplazamiento, ha agradecido la movilización y el apoyo de los vecinos y miembros del sindicato.

“De las 11 familias que éramos, solo quedamos cinco. Pero las que decidimos quedarnos plantamos cara y seguimos resistiendo contra este negocio”, ha señalado Escorsa en declaraciones a los medios este miércoles. “Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino. Los colivings nos están expulsando a todos”, ha denunciado.

Vecinos de otros bloques adquiridos por fondos de inversiones para hacer colivings también se han han intervenido desde el balcón de Txema explicando sus situaciones. Marga Aguilar, quien también enfrenta un juicio por negarse a abandonar su piso del edificio de La Papallona (también comprado por NAD), ha explicado que también tiene ya una fecha de desahucio prevista. “Hoy estamos aquí por Txema, porque estos lanzamientos solo se pueden frenar desde la movilización vecinal”, ha señalado la mujer a través del megáfono.

Otra vecina de las que ha hablado ha sido Rosario Castelló, la única vecina que aún persiste en el bloque de la calle Entença 69, después de que otro fondo de inversión comprara el edificio para hacer colivings. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses.

Para el lanzamiento de hoy, varios activistas se han concentrado desde las 7:30 frente al edificio sosteniendo pancartas pintadas con lemas como “Basta colivings ilegales”. Desde el Sindicato de Inquilinas de Catalunya habían organizado acciones reivindicativas previas. “Lo que se plantea no es solo un desahucio. Es un pulso entre los co-livings y los barrios donde desarrollar nuestra vida”, ha remachado el portavoz del sindicato, Enric Aragonès.

Entre sacos de dormir y esterillas, varios de los activistas han pasado la noche acampados en la calle peatonal de Sant Agustí como protesta. Además, durante la tarde del martes, se celebraron varios conciertos de artistas como Maria Hein o Ginestà, mientras actrices como Elisabet Casanovas, Betsy Túrnez o Joana Vilapuig han compartido vídeos en sus redes sociales animando a la movilización vecinal para frenar el desahucio.

Desde la compra del edificio por parte de New Amsterdam Development (NAD), los vecinos han enfrentado un verdadero vía crucis después de que la propiedad descartase renovar los contratos existentes. Los pisos se gestionan ahora desde la empresa New Nomads, creada por el propio fondo de inversión después de que la antigua empresa que lo hacía (Enter Coliving) optara por dejar de trabajar con NAD a finales de 2025, según explican desde el sindicato.

Seis familias del edificio optaron por marcharse meses atrás –algunas con niños– para evitar futuros desahucios, pero Escorsa y otros cuatro inquilinos más se resisten a abandonar sus hogares. Aunque su contrato venció en agosto de 2025, se niega a irse de su piso como protesta contra la especulación inmobiliaria.

Cuatro de los pisos ya se encuentran alquilados como coliving, habitados principalmente por estudiantes extranjeros. Dos inmuebles aún están vacíos, y desde el sindicato alertan de que las habitaciones –de menos de 10 m²– se alquilan por entre 800 y 930 euros, mientras Escorsa paga 810 euros por todo el piso, prácticamente lo mismo que la empresa cobra por una sola habitación.

La mayoría de los pisos tienen tres habitaciones. Con esto, la propiedad podría llegar a ingresar casi 2.700 euros por cada inmueble, una cifra que prácticamente triplica el tope fijado por la Generalitat de Catalunya el 1 de enero, según denuncian desde el sindicato. “Incluso con la ley en vigor siguen infringiendo conscientemente la regulación”, ha lamentado Escorsa.

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado en una entrevista en RAC 1 que la Generalitat realizó una inspección en el bloque este martes donde detectaron que podría haber un “incumplimiento de la normativa” al superar el límite máximo del precio del alquiler fijado por ley. Por este motivo, ha añadido que el Govern abrirá expedientes en todas las viviendas del bloque. Según el régimen sancionador, podrían haber multas de hasta 90.000 euros por piso.

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas denuncia que, en tres años, no se haya realizado ninguna inspección adecuada del edificio hasta el día antes del intento de desahucio. “Lo que pedimos a las administraciones es que sean contundentes. Es necesario aplicar el régimen sancionador correspondiente para que este modelo de coliving no les salga a cuenta”, ha subrayado el profesor de secundaria. New Amsterdam Development ya controla 11 edificios en Barcelona, en barrios como Gràcia, Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.

Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya han rechazado el desahucio. “En ninguna ciudad permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos y vecinas de vivir en sus barrios”, ha manifestado en X el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera, ha calificado de “inadmisible” continuar con el desahucio sin volver a la vía de diálogo que el consistorio abrió el otoño pasado. En octubre, el gobierno municipal se reunió con los vecinos del bloque y trasladó a la propiedad la necesidad de que los pisos se destinen a uso residencial.

El fondo ya ha recibido sanciones por valor de 20.000 euros por obras sin licencia. “A pesar de que las obras se han declarado ilegales, se han impuesto multas y hemos informado a la Generalitat sobre la vulneración de la regulación de precios, nada de lo hecho hasta ahora ha sido suficiente para evitar el desahucio de Txema”, ha agregado Aragonès.

Este martes, el Síndic de Greuges aceptó la propuesta del sindicato de actuar como mediador entre propiedad e inquilinos, medida también valoró positivamente el Ayuntamiento de Barcelona. El Síndic ya ha intervenido en casos como la Casa Orsola y las fincas municipales de Vallcarca, donde logró paralizar desahucios y reconvertir inmuebles en viviendas de protección oficial.

Sin embargo, Riera lamenta que la empresa no se haya mostrado abierta a negociar en ningún momento. “Para poder hacer como con la Casa Orsola, es necesario que la propiedad manifieste la voluntad de vender, y no es el caso”. ElDiario.es ha intentado contactar con New Amsterdam Developers para recabar su versión de los hechos pero no se ha obtenido respuesta.

La vida de Irene Morillo cambió de un día para otro cuando le diagnosticaron un tumor en el riñón. No solo por la enfermedad en sí, sino porque esta joven de 16 años tuvo que marcharse lejos de su pueblo en Tarragona para recibir, durante diez meses, un tratamiento de quimioterapia en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En un primer momento, tanto a ella como a sus padres se les vino el mundo encima al pensar en el coste económico y emocional de alquilar un piso o pagar una pensión durante tantos meses en la capital catalana.

Finalmente, no tuvieron que pasar por ese viacrucis porque pudieron alojarse temporalmente en la Casa de los Xuklis, una residencia destinada a familias de niños con cáncer que deben desplazarse lejos de su hogar para recibir tratamiento. “Si no fuese por esta residencia, estaría en un piso en Barcelona pagando un alquiler y preocupada por no gastar. Y esto no tendría que ser así. Yo no he escogido que esto me pase a mí”, lamenta Irene.

Este proyecto, que pende de la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), acaba de cumplir 15 años y ha acogido a un millar de personas como Irene y su familia. Narcís Serrats, gerente de la iniciativa, explica que nació tras detectar una realidad “alarmante”: “Veíamos a muchos padres y madres sin un lugar donde alojarse, incluso durmiendo en el coche”.

La casa tiene cerca de 2.000 metros cuadrados y cuenta con 25 plazas de 30 m², las cuales son asignadas por médicos de los diversos hospitales oncológicos de Barcelona en función de las características y necesidades de cada paciente. Si la casa está llena, los sanitarios derivan a los niños a otros pisos gestionados desde los hospitales.

La Casa de los Xuklis siempre se ha sostenido, principalmente, gracias a donaciones privadas. En esta línea, Serrats critica que la administración no asuma un mayor peso en su financiación: “No es razonable que una familia tenga que desplazarse para recibir tratamiento médico y, además, preocuparse por dónde vivir o cómo pagarlo”.

Todo este gasto de personal y mantenimiento supone un coste anual de unos 600.000 euros, enmarcadors en los 2.000.000€ del presupuesto de Afanoc, de los que toda la Diputación de Barcelona aporta cerca del 30%. Desde la entidad reclaman un incremento del 5%, que se tenía que estudiar a partir de este ejercicio. Pero cualquier posibilidad de que eso ocurra está bloqueada hasta que la Generalitat consiga aprobar los presupuestos.

Los beneficiarios de esta casa no son solo de Catalunya, sino que vienen de todos los rincones de España. Carlota Díaz llegó desde León con su hijo Guzmán, de cinco años, y tuvo que dejar su trabajo para acompañarlo durante el tratamiento. “No es solo el impacto emocional, es que económicamente también es durísimo. No sé qué hubiésemos hecho sin esta opción”, reconoce. 

Montse Soler, madre de otro niño que pasó por la residencia, admite que, sin este recurso, la situación habría sido insostenible tanto a nivel económico como emocional. Más allá del alojamiento, la residencia ofrece un entorno que busca “devolver cierta normalidad” a la vida de los niños, explican desde AFANOC.

Por eso, se organizan actividades como talleres de teatro, manualidades, juegos o deporte, siempre con la colaboración de voluntarios. Además, cada paciente cuenta con un tutor que se coordina con su escuela para evitar que pierda el ritmo académico. “Tener esta rutina ayuda a que tu vida sea un poco más normal en una situación tan difícil”, explica Irene.

El centro tiene capacidad para 25 familias, cada una con su propia habitación, donde pueden alojarse hasta cuatro miembros. Dispone de cocina, salón, sala de deportes, sala de juegos, terraza y jardín. “Mi hijo fue feliz durante su tratamiento gracias a eso. Siempre estaba rodeado de otros niños y actividades, algo que en un piso no habríamos tenido”, recuerda Díaz.

Estefanía Vidal, que también pasó por la residencia durante la quimioterapia de su hijo Aleix, de cuatro años, lamenta la escasez de espacios como este. La Casa de los Xuklis es un proyecto único en Europa en su formato de entidad-asociación, aunque existen iniciativas similares como las casas Ronald McDonald o la Fundació Enriqueta Villavecchia.

Para Vidal, este tipo de residencias son “totalmente necesarias”, no solo por el alivio económico, sino por el apoyo emocional que generan. “No es lo mismo que tus padres te obliguen a tomarte un medicamento a que otros niños te animen porque están pasando por lo mismo. Te hace sentir que no estás solo”. Entre los padres, añade, también se crean lazos muy fuertes: “Nos hacíamos de psicólogos los unos a los otros”.

Irene coincide. Para ella, compartir esta etapa con otros jóvenes de su edad ha sido “muy emocionante” y le ha ayudado a no sentirse “sola”. Soler define la residencia como un “oasis” en medio de un momento “de especial inestabilidad”. 

Desde la entidad insisten en la calidad del sistema de salud público catalán, pero advierten que “hay una parte social del proceso que muchas veces queda desatendida”. Serrats recuerda que la enfermedad no termina en el hospital y que, fuera de él, muchas familias quedan desprotegidas. “Cuando un niño atraviesa una enfermedad grave, añadir una presión económica puede ser devastador también a nivel emocional”, apostilla.

Un grafitero sionista ha viajado recientemente a Barcelona para tapar murales contra el genocidio de Palestina, entre ellos uno del conocido muralista catalán Roc BlackBlock. El autor de las pintadas, el israelí Dudi Shoval, difundió en las redes sociales su acción en el barrio de El Clot, que consistió en eliminar una obra crítica con Benjamin Netanyahu, para luego dibujar al primer ministro de Israel con una corona y el mensaje de “Viva Israel”. 

El mural original, realizado por Roc BlackBlock a principios de junio, mostraba el rostro de Netanyahu manchado de sangre y con la palabra “criminal” escrita en la frente. Shoval, el grafitero sionista, pintó encima lo que el propio BlackBlock define a elDiario.es como “una versión sionista del mural”: el retrato del primer ministro con una corona monárquica acompañado del lema “Viva Israel”.

Durante la acción de Shoval, llevada a cabo el pasado mes de diciembre, los vecinos le empezaron a gritar y a reclamar que se marchara del barrio, según ha explicado BlackBlock a elDiario.es. Minutos después de que terminara de pintar el muro, otras personas lo cubrieron el nuevo con mensajes como “asesino” o “genocida”. Pero día siguiente, el artista israelí volvió al mismo lugar y realizó otro dibujo, esta vez con un candelabro judío, que también fue tapado por vecinos del barrio pocas horas después.

“La respuesta en contra de la pintada fue algo transversal, no fue solo cosa de activistas”, ha defendido este lunes BlackBlock. “Se marchó de Barcelona sabiendo que, aunque se gasten recursos intentando blanquear crímenes sionistas, no nos los tragaremos ni son bienvenidos”, escribió el artista catalán en una publicación en Instagram este domingo.

Días después de cubrir en dos ocasiones el mural de El Clot, Shoval también intervino otra obra del artista Juan Kantor en la que aparecía una joven palestina. Por ello, BlackBlock asegura que el episodio “va más allá de una pelea entre grafiteros”.

El muralista sionista permaneció en Barcelona apenas tres días y, según explicó él mismo en sus redes sociales, viajó a la capital catalana con el objetivo de cubrir esos grafitis. “Vinimos a Barcelona para luchar cara a cara contra la maldad. Por eso nos dirigimos a los barrios donde hay más musulmanes y odio”, explica en un vídeo publicado en Instagram tras realizar las pintadas.

Después de que su retrato fuera cubierto por los vecinos con consignas como “Palestina libre”, Shoval calificó lo sucedido de “grave” en sus redes sociales. “Quizás, y con la ayuda de Dios, esto haga que las comunidades judías en el extranjero dejen de vivir con miedo”, añadió en el texto de la publicación, donde además denunció haber sido agredido por algunos de ellos junto a sus acompañantes.

BlackBlock repintó su mural entre enero y febrero, aunque no lo hizo público hasta esta semana. La obra permanece intacta desde entonces, al igual que había ocurrido durante meses antes de la intervención del grafitero israelí. “Hace años que existe un gran respeto entre los distintos grafiteros. El dibujo se había mantenido intacto hasta que vino él”, explica el muralista catalán. “Es por ello, que respondemos en los muros de nuestros barrios y también en las redes sociales”, ha añadido en su publicación de Instagram.

Cuando Oleksandra Matviichuk vio a su marido entrar a la cocina de su casa con dos ladrillos no quería creer lo que imaginaba. Aprovechando que Rusia había vuelto a conectar la red eléctrica, su esposo había aprovechado para calentar ladrillos en el horno para que estos siguieran irradiando calor ante el inminente nuevo corte de la luz. En ese momento, la mujer ucraniana, de 42 años, comprendió cómo iban a sobrevivir ella y los demás ucranianos durante los meses de frío.

Matviichuk es abogada y activista. La organización que preside, el Centro para las Libertades Civiles, ganó el premio Nobel de la Paz en 2022 junto al bielorruso Alés Bialiatski y la organización rusa Memorial. Cuatro años después del galardón, sigue al frente del Centro para las Libertades Civiles, una organización de derechos humanos que ha reportado numerosos crímenes de agresión contra Ucrania. En estos momentos se encuentra de visita en Barcelona en el marco de un acto organziado por el Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (CIDOB). Porque a pesar de los ataques, sigue viviendo en su ciudad natal, Kiev.

Este ha sido el invierno más duro del cuarto año de guerra en Ucrania, donde el ejército ruso ha destruido deliberadamente la infraestructura eléctrica, dejando a millones de personas sin corriente ni calefacción en días que han registrado temperaturas mínimas históricas en el país. Además, Estados Unidos ha disminuido notoriamente su apoyo militar a Ucrania tras las negociaciones del último año, por lo que el país depende casi exclusivamente de la Unión Europea para intentar frenar el avance de las tropas rusas.

¿Cómo ha cambiado la guerra en Ucrania desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca?

Ucrania ha dejado de recibir el apoyo financiero y militar que antes proporcionaba Estados Unidos desde que comenzaron las negociaciones de paz impulsadas por Donald Trump. Irónicamente, este periodo se ha convertido en el más mortífero para los civiles desde el inicio de la invasión a gran escala. Según la ONU, las víctimas civiles, lejos del frente, aumentaron un 31%. En las negociaciones se habla de territorios, minerales o intereses geopolíticos, pero se ha perdido la dimensión humana del conflicto. Sigue sin haber respuestas sobre el destino de los miles de niños ucranianos deportados a Rusia ni sobre los civiles y prisioneros de guerra detenidos y torturados en cárceles rusas. 

Precisamente, la ONU concluyó este martes que el traslado forzoso de miles de niños ucranianos a Rusia o a territorios ocupados constituye un crimen de lesa humanidad. Desde la organización que usted dirige han reportado numerosos casos. ¿Qué se sabe sobre el traslado de estos niños ahora mismo?

Desde que estalló la guerra a gran escala, hemos documentado miles de crímenes de guerra en todo el país, incluidos los territorios ocupados. Más de 1,6 millones de niños han sido deportados a Rusia, donde se les prohíbe hablar ucraniano, estudian con libros que niegan la existencia de Ucrania y se les borra su identidad. Además, los militarizan en campamentos, con uniformes y entrenamiento en armas, preparándolos para convertirse en soldados de Putin.

Para cualquier sociedad, los niños son lo más valioso. Y como Rusia no acaba de lograr ganar en el campo de batalla, recurre al terror contra la población civil como principal arma de guerra. Lo que pretenden es quebrar la resistencia popular en el país. Desafortunadamente, hay muy poca información sobre el tema. La identidad de muchos de ellos está borrada. Y ya no es solo un problema de derechos humanos, sino de seguridad. Porque cuando estos niños crezcan, serán enviados a luchar y a morir.

¿Los ucranianos se sienten instrumentalizados por los intereses de Rusia y de la OTAN en esta guerra?

Sí, ya que esto no es solo una guerra por territorios, sino por el nuevo orden mundial. Cuando Putin invadió Ucrania en 2014, nuestro país era neutral y nadie planeaba unirse a la OTAN. La invasión no fue por miedo a la OTAN, sino al concepto de libertad. Tras la Revolución de la Dignidad, Ucrania avanzaba hacia la democracia y Putin quiso detenerlo. Esta guerra no es solo entre Rusia y Ucrania, sino entre dos sistemas: 'sovietismo' y democracia. Con ella, Putin intenta demostrar que puede invadir un país vecino, destruir su identidad y robar a sus hijos. Si tiene éxito, cambiará las reglas del mundo y lo que se considere legítimo hacer internacionalmente.

En los últimos días, Zelenski ha enviado expertos ucranianos en defensa aérea a los países del Golfo para defenderse de Irán, uno de los principales aliados de Rusia. ¿Cómo afecta este escenario a la guerra en Ucrania?

Vivo en Kiev, y mi ciudad hace meses que recibe ataques no solo de cohetes rusos, sino también de drones iraníes. China y Corea del Norte también apoyan a Rusia con tecnología, proyectiles y tropas. Nos enfrentamos a un bloque autoritario que ve a las personas como objetos, negándoles derechos y libertades, mientras las democracias intentan protegerlos. Irán ha atacado recientemente a países vecinos y Ucrania ha enviado drones interceptores para ayudar a defender civiles, aprovechando nuestra experiencia de cuatro años enfrentando ataques similares. Aunque Trump y Putin dudan de nuestras capacidades, los ucranianos sabemos cómo proteger a nuestra población y estamos listos para compartir esta experiencia internacionalmente. 

Rusia viola acuerdos y promesas, incluso con otros regímenes autoritarios. Los ucranianos sabemos muy bien que sus palabras no significan nada

Rusia e Irán son aliados, pero Trump pidió a Putin ayudarle con la operación contra el régimen de los ayatolás. ¿Con qué lealtad cree que responderá el Kremlin y cómo podría esto cambiar el tablero geopolítico mundial?

La historia muestra que Rusia no es tan fuerte como aparenta. Hace dos años, cuando el régimen de Al-Asad pidió ayuda, Moscú prometió apoyo, pero no hizo nada porque estaba atrapada en Ucrania. Lo mismo ocurre ahora con Irán. Putin envía palabras de aliento, pero no puede actuar realmente. Esto demuestra algo importante. Rusia viola acuerdos y promesas, incluso con otros regímenes autoritarios. Los ucranianos sabemos muy bien que sus palabras no significan nada. En 2014 y en 2022, Putin mintió sobre su presencia militar y planes de invasión en Crimea. Por ello, debemos fijarnos en lo que hace Moscú, no en lo que dice. 

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania han sacudido a la población en uno de los inviernos más fríos jamás registrados. ¿En qué punto atacar los sistemas eléctricos deja de ser una táctica militar y pasa a considerarse una forma de castigo colectivo?

Nunca es una táctica militar, porque no son objetivos militares. La infraestructura energética es vital para la supervivencia de los civiles, por lo que atacarla constituye un crimen de guerra. Desde que Rusia comenzó a atacar la red eléctrica de Ucrania, la Corte Penal Internacional abrió una causa penal por estos ataques a la energía y otras infraestructuras civiles. Pero Moscú ha ignorado las decisiones de la ONU y de los tribunales internacionales porque no le importan los derechos humanos.

Este mismo manual de guerra sigue el patrón global de los crímenes cometidos en Siria, Chechenia, Georgia, Mali, Libia o República Centroafricana. Y nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos es romper esta cadena de crímenes y buscar justicia, no solo por Ucrania, sino para prevenir futuros ataques similares a otras naciones.

¿Considera que el actual derecho internacional humanitario es suficiente para regular esta guerra energética o debería evolucionar para adaptarse a estas nuevas formas de guerra?

El problema reside en la arquitectura internacional, que se construyó para fortalecer este derecho. Pero ni las Convenciones de Ginebra ni la de La Haya detienen los misiles rusos. Esto significa que, para que estas normas entren en vigor, necesitamos una sólida arquitectura internacional de paz y seguridad. Y el sistema actual ha colapsado, por lo que, lamentablemente, es fácil predecir que este tipo de incendios, como las guerras, surgirán con mayor frecuencia en diferentes partes del mundo. Porque este cableado internacional es defectuoso y hay chispas por todas partes. Y por eso es nuestra obligación iniciar una reforma fundamental de esta arquitectura internacional de paz y seguridad. No dejar estas hermosas palabras siendo solo palabras en las Convenciones de Ginebra y La Haya, sino ponerlas en práctica. 

Dado que Rusia no es parte del Estatuto de Roma, ¿cómo puede funcionar la justicia internacional cuando una de las partes se niega a reconocerla? ¿Qué vías legales o diplomáticas siguen siendo realistas para llevar a los líderes rusos ante la Justicia?

Independientemente de esto, si Rusia ha cometido crímenes en el territorio de Ucrania, y Ucrania es parte del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional tiene derecho a procesar a los rusos. Además, Rusia también forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. He entrevistado a cientos de personas que sobrevivieron al cautiverio ruso y me contaron cómo los golpearon, violaron, encerraron en cajas de madera, cortaron los dedos, arrancaron las uñas, pusieron electricidad en los genitales... Una mujer me contó cómo le sacaron un ojo con una cuchara. No hay ninguna razón legítima para hacer tales cosas, que están completamente prohibidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. 

Como abogada, sé que nos enfrentamos a una brecha de rendición de cuentas. Por ejemplo, no existe un tribunal internacional que pueda procesar a Putin, a los altos líderes políticos y al alto mando militar del Estado ruso por el delito de agresión. Todas las atrocidades que documentamos son resultado de la decisión de sus líderes de quebrantar la paz e iniciar esta guerra sangrienta. Pero el Tribunal Penal Internacional de La Haya solo puede procesar por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no por el delito de agresión. Así que la guerra es legal. Sí, es legal. Tenemos que prohibir la guerra de agresión como tal.

¿Cree que esta guerra está evidenciando las debilidades del sistema de justicia internacional?

Está explotando las debilidades de otro tipo: falta de valentía, falta de liderazgo, falta de responsabilidad histórica. Se trata de un cambio global del orden mundial que ha comenzado con la ocupación forzosa de parte del territorio ucraniano. Eso significa que incluso España debe preocuparse por lo que está pasando. Porque no se puede construir un paraíso, ni siquiera siendo una isla, si una parte del planeta que está tan cerca se está desangrando. Putin inició una guerra a gran escala no porque quisiera ocupar solo una parte más del territorio ucraniano, sino porque quería ocupar y destruir toda Ucrania y retirarse. Ve a Ucrania como un puente hacia Europa. Su lógica es histórica. Planea atacar el próximo país europeo. Quiere restaurar por la fuerza el imperio ruso. Ucrania actúa como una barrera entre Europa y Rusia, pero ese no es el destino que queremos, no nacimos para proteger el continente europeo del ejército ruso. 

Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen decía que ya no se puede confiar en un sistema basado en reglas para mantener el orden mundial. ¿Los ucranianos siguen teniendo el mismo interés en unirse a la Unión Europea?

Claro. Porque para nosotros, es una cuestión de valores. Si le preguntas a un ucraniano común por qué tenemos que unirnos a la UE, empezará a usar el lenguaje de los valores para explicarlo. La gente desconoce la función del Parlamento Europeo, no comprende a fondo esta organización interestatal, pero dirán con total seguridad que luchamos por unirnos a la UE porque queremos tener la oportunidad de construir nuestro país de forma que se protejan los derechos de todos, que el gobierno rinda cuentas, que el poder judicial sea independiente y que la policía no golpee a los estudiantes que se manifiestan pacíficamente.

¿Qué reformas internas necesita aún el país para cumplir con los estándares a los que obliga el ingreso en la UE? 

Muchas. Somos una nación en transición. No somos una democracia ideal. Tenemos que avanzar en este camino, pero no es fácil, porque estamos atrapados entre dos lógicas: la de la guerra y la de la integración continua. Son radicalmente opuestas, porque la lógica de la guerra dicta la centralización y que hay que limitar los derechos humanos y la libertad por motivos de seguridad. Por ejemplo, tenemos toque de queda en mi ciudad natal, Kiev. En cambio, la lógica de la integración dicta que es necesario ampliar el espacio para los derechos y la libertad. Por lo tanto, buscamos un equilibrio entre ambas, porque no podemos permitirnos el lujo de posponer ninguna. Debemos realizarlas simultáneamente. Para nosotros, la victoria en esta guerra significa regresar a la dimensión civilizada europea. 

¿Le preocupa que el apoyo y la atención global hacia Ucrania estén disminuyendo?

Es natural, Ucrania no es el único foco de tensión en el mundo. Hay muchas guerras sangrientas que se desarrollan al mismo tiempo. Algunas duran decenas de años. Por ejemplo, la guerra en Sudán. Pero en España y en los países europeos no pueden darse el lujo de normalizar este mal, porque ustedes serán los siguientes. Porque esta guerra anunciada por Putin va en contra de los valores que definen su estilo de vida. Y Putin no se detendrá en Ucrania. Así que, si usted lo desea, es una llamada de atención para quienes empiezan a estar cansados, lo cual también es una pregunta muy interesante. 

Esta guerra no tiene fronteras. Un trozo de metal de 1.000 euros, es decir, drones rusos, puede paralizar la industria aérea española. Y pueden perjudicar la economía española por decenas de miles de millones de euros. Es otro tipo de guerra. Y solo hay dos ejércitos preparados para luchar en este tipo de guerra: el ruso y el ucraniano.

¿Cree que falta conciencia sobre la situación actual en países como España? 

En España, Alemania y Francia es muy natural. Empezaron a dar por sentado su seguridad. Pero los líderes europeos empiezan a comprender lo que está en juego. Tienen inteligencia, tienen expertos, y ven lo que Rusia planea. Y por eso empezaron a tomar medidas decisivas. Pero no a suficiente velocidad. La historia los juzgará no por lo que intentaron, sino por si lo lograron o no. Y para nosotros, el tiempo se convirtió en muerte. No tenemos tiempo para esperar. 

¿Qué impactos a largo plazo, legales, sociales o psicológicos, cree que tendrá este conflicto en el pueblo ucraniano?

Todos vivimos con dolor. Es muy difícil vivir así, mantener la resiliencia cuando la guerra tocó a casi todas las puertas. El 70% de los ucranianos dicen haber perdido a alguien en esta guerra. Un ejemplo. No nombraré el país, pero es un país muy poderoso de la Unión Europea. Una encuesta recogía que uno de cada cuatro ciudadanos varones afirmaba que abandonaría el país inmediatamente si Rusia atacara. Y este país ofrece un nivel de vida bastante bueno. Me sorprendió que no quieran protegerlo. Entonces comprendí que, como generación que heredó la democracia de sus abuelos, ven la libertad y la seguridad de forma diferente. Dan por sentada la libertad y la seguridad. Como si fueran oxígeno. Se convirtieron en consumidores de democracia. A largo plazo, espero que los ucranianos recuerden a la gente de Europa qué es la libertad.

No les sorprenda que la gente en Ucrania sueñe con la paz, pero simplemente no quiera ser ocupada por Rusia

¿En el plano personal, cómo logra usted mantener un equilibrio entre sus actividades, como documentar crímenes, y su vida personal en una ciudad en guerra? 

La guerra ha arruinado todo lo que yo llamo vida normal. Cosas tan sencillas como la posibilidad de reunirme con mis amigos en un café, cenar en familia o abrazar a mis seres queridos han desaparecido y se hicieron añicos. Vivir durante una guerra a gran escala significa vivir en total incertidumbre. No puedes planificar ni tu día ni tus próximas horas.

Significa levantarse cada mañana y consultar las noticias sobre lo que ocurrió durante la noche. La falta de sueño es un problema generalizado, hay una enorme tensión. No puedes decirle a tu cuerpo que no tenga miedo, aunque le digas a tu cerebro que se calme. Y a esto hay que añadirle el frío, que es un horror. Rusia ha convertido el invierno en un terror. 

Pero quiero traer un poco de esperanza. Estos tiempos dramáticos brindan a los ucranianos la oportunidad de expresar lo mejor de nosotros: ser valientes, luchar por la libertad, tomar decisiones difíciles pero correctas y ayudarnos mutuamente. Y creo que una de las principales lecciones de esta guerra es que, al hacerlo, muchos arriesgan literalmente su vida por personas a quienes nunca antes habían conocido. En esos momentos eres plenamente consciente de lo que significa ser humano, sí.

Usted ha dicho a menudo que la paz sin justicia no es verdadera paz. ¿Cómo podría ser realmente una paz justa para Ucrania? 

Mucha gente sin experiencia en ser invadida cree que la paz se alcanza cuando los ejércitos dejan de luchar. Pero la paz no llega cuando el país invadido deja de resistir, porque la ocupación no es paz, sino guerra, solo que con una forma diferente. La ocupación rusa no es solo cambiar una bandera por otra, sino que implica desapariciones forzadas, tortura, violaciones, negación de identidad, adopción forzada de hijos, campos de concentración y fosas comunes. Así que no les sorprenda que la gente en Ucrania sueñe con la paz, pero simplemente no quiera ser ocupada por Rusia. Porque no quieren vivir en una zona gris donde no tienen las herramientas para defender sus derechos, sus libertades, sus propiedades, sus hijos y sus seres queridos.

¿Cree que puede existir una solución pragmática que puede llevar la paz a su país? 

Cualquier solución pragmática debe empezar por definir qué es la paz. Paz significa libertad para vivir sin miedo a la violencia y con una perspectiva a largo plazo. Es muy pragmático definir la palabra paz correctamente. Y luego tenemos que encontrar una solución para que Putin detenga esta sangrienta guerra. Para que los ucranianos y otros países europeos que corren el riesgo de ser atacados puedan vivir sin miedo a la violencia.

Tenemos que hacer que el precio de la guerra para Putin sea mayor que el precio de la paz. Es una cuestión muy pragmática cómo hacerlo. Por ejemplo, España puede ayudar a detener la flota oculta rusa, que elude las sanciones y brinda a la economía rusa la posibilidad de alimentar esta sangrienta guerra. Porque Rusia aún puede producir y comprar cohetes y drones que cuestan decenas de miles de millones de euros. España puede desempeñar un papel. Es una pregunta muy práctica: ¿lo hará?

El fin del modelo de los falsos autónomos en Glovo no ha acabado con la odisea de conflictos laborales que la empresa arrastra desde hace años. En los últimos ocho meses, varios repartidores han sido despedidos bajo justificaciones como ausencias injustificadas o retrasos en los pedidos. Algunos de ellos, incluso, mientras se encontraban de baja médica. “Da la sensación de que tienen más trabajadores de los que necesitan y por eso aplican estas medidas tan estrictas”, sostiene Javier Pérez, repartidor de la empresa en Barcelona.

Pérez, afiliado a CGT, fue despedido en diciembre mientras se encontraba de baja por un accidente laboral. Según la empresa, había acumulado ausencias injustificadas. “Presenté toda la documentación de la baja a tiempo y mi supervisora me dijo que no me preocupase, pero tres días más tarde me llegó una carta de despido por ausencias sin justificar”, recuerda el repartidor, que lleva más de ocho años trabajando para la compañía.

Tras reclamar, Pérez fue readmitido al día siguiente. Pero su caso no es una excepción. Otros trabajadores en Barcelona como Manuel –nombre ficticio para preservar su anonimato– y Jamer Torrado, en Madrid, denuncian prácticas similares. Desde CCOO aseguran que existen casos parecidos por todo el país.

Los abogados Sharjeel Tariq y Francisco Valverde, que representan a varios repartidores de Glovo, afirman que desde el fin del modelo de falsos autónomos han visto aumentar las consultas de trabajadores despedidos. Valverde lleva unos 150 casos de despidos y más de 1.000 reclamaciones de riders por supuestos incumplimientos de derechos laborales. “Parece una estrategia de reducción de plantilla encubierta”, sostiene.

Por su lado, el sindicato CCOO tilda el conflicto de “ERE encubierto”, y está estudiando demandar a Glovo ante la Audiencia Nacional por este motivo. Desde el sindicato recuerdan que artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores considera despido colectivo aquel que afecta, al menos, a 30 trabajadores en un periodo de 90 días.

Aunque Glovo califica estos ceses como despidos disciplinarios, el abogado Tariq sostiene que en muchos casos se producen “sin audiencia previa y sin posibilidad de presentar alegaciones”. Desde su despacho están impugnando estos despidos solicitando su nulidad o, subsidiariamente, que se declaren improcedentes.

Preguntada por elDiario.es, Glovo no ha concretado el número de despidos en los últimos meses y se ha limitado a señalar que “antes de tomar cualquier medida disciplinaria se envían varias notificaciones al repartidor explicando la situación”. Los trabajadores, ha agregado la empresa, pueden presentar reclamaciones a través de los canales de recursos humanos si no están de acuerdo con la decisión.

Glovo ha añadido que un equipo especializado “revisa las reclamaciones y la documentación aportada en todos los casos”. Sin embargo, los trabajadores sostienen que, en la práctica, muchas veces no tienen a quién acudir. “La atención al trabajador es prácticamente inexistente. Todo depende de la aplicación y no hay contacto humano para resolver problemas”, lamenta Torrado.

Los testimonios de los trabajadores

En el caso de Manuel, le despidieron después de tramitar una baja médica de cinco días para cuidar de su madre, que acababa de ser operada. Defiende que presentó toda la documentación en plazo –y así lo ha podido comprobar elDiario.es a través de conversaciones de WhatsApp con su supervisor–, pero, pocos días después, recibió un correo electrónico notificándole su despido por ausencia injustificada. “Estaba de baja y no me dejaron ni alegar”, asevera.

A los pocos días, decidió presentar una demanda. Una semana después, y con la reclamación ya interpuesta, la empresa le llamó para revocar el despido. Manuel les advirtió de que, si querían readmitirle, debían hacerlo de manera formal. Pero la compañía no se presentó al acto de mediación. “Yo no iba a retirar mi demanda sin garantías por escrito. Pueden readmitirte hoy y despedirte mañana por otro motivo”, explica. El repartidor ya tiene fecha de juicio para 2028.

Tanto Javier como Manuel coinciden en otro detalle. Ambos recibieron varios correos electrónicos de la empresa solicitando que justificaran sus ausencias antes de ser despedidos. Sin embargo, sostienen que el enlace para adjuntar la documentación no funcionaba. Avisaron de ello a su supervisora, que les tranquilizó asegurando que ya había comunicado la situación a la empresa –una conversación a la que también ha tenido acceso este medio–. Pero acabaron siendo despedidos igualmente.

El exrepartidor Jamer Torrado fue despedido por supuestos retrasos en entregas de pedidos. “Cuando me cancelaban pedidos, el sistema me registraba automáticamente retrasos, aunque no fuera culpa mía”, relata. Tras acumular 13 incidencias, fue despedido sin posibilidad de justificar lo ocurrido.

Torrado acudió a las oficinas de Glovo para reclamar, pero asegura que allí le dijeron que no podían hacer nada. “El sistema te obliga a hacer unos 2,5 pedidos por hora. Si te envían a un lugar que está a 30 minutos o más, es imposible cumplir esos tiempos”, relata.

Javier Pérez también ha recibido avisos por supuestas demoras. Según denuncia, la empresa no tiene en cuenta factores externos como el tráfico, la lluvia o las obras a la hora de valorar los retrasos.

“Sabemos que la oleada de despidos es generalizada y de gran magnitud, pero no podemos ofrecer una cifra global porque la empresa no la está proporcionando y los registros oficiales no reflejan la realidad actual”, resume Carlos Sola, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de FSC-CCOO.

Ola de demandas contra Glovo

Desde que la empresa acabó con el modelo de falsos autónomos a finales de junio de 2025 para adaptarse a la Ley Rider, Glovo se vio obligada a regularizar la situación laboral de sus repartidores. Entre otras cosas, esto implicó garantizar un mínimo de horas de trabajo para la plantilla, algo que no ocurría bajo el sistema anterior.

El conflicto laboral con el nuevo modelo llega cuando todavía colean en los juzgados las consecuencias de los falsos autónomos. El fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, permanece investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener el modelo de falsos autónomos pese a la sentencia del Supremo que abrió la puerta a que los repartidores fueran empleados.

En su declaración judicial, Pierre alegó que el nuevo modelo buscaba zanjar “discusiones” con la Inspección de Trabajo, pero la realidad no ha sido así: el repartidor Javier Pérez ya ha interpuesto diez denuncias ante la Inspección de Trabajo junto a CGT y otras dos demandas en el juzgado a título individual.

Entre las reclamaciones colectivas presentadas con el sindicato figuran también la falta de equipos de protección (EPI), el limitado margen para elegir vacaciones o la obligación de utilizar el teléfono móvil personal para trabajar. “Si se nos rompe el móvil, no podemos trabajar y tampoco cobramos”, explica.

CCOO también ha denunciado a la empresa por no facilitar información a los comités de empresa. Glovo solo ha proporcionado datos de despidos a uno de los nueve comités existentes en España: el de Navarra. Solo en enero, en esta comunidad fueron despedidas 45 personas.

Otro de los puntos que los sindicatos llevan años criticando es el Convenio de 2006 por el que se rige la actividad laboral de los riders que, desde CCOO, consideran desactualizado. Esgrimen razones como que los sueldos son inferiores al SMI, que el salario variable es casi imposible de alcanzar porque está adaptado al poder adquisitivo de 2006 y que no se compensa correctamente el uso de vehículos, móviles u otros gastos de transporte y averías.

“El modelo de negocio de Glovo, como el de otras plataformas como Uber o Stuart, se basa en crecer rápido, competir agresivamente, asumir que las sanciones llegarán tarde y, cada vez más, aumentar los trabajadores subcontratados”, lamenta Manuel.

Al terminar el modelo de los falsos autónomos a finales de junio, según datos de Glovo, unas 14.000 personas fueron contratadas y otras 6.000 lo hicieron a través de empresas subcontratistas. Para Pérez, “la subcontratación fue una forma de ajustar plantilla sin hacerlo directamente. Además, es un modelo más cómodo para la empresa y dificulta la organización sindical”.

Tanto los abogados como los testimonios consultados coinciden en afirmar que muchos trabajadores no demandan por desconocimiento, falta de tiempo o recursos, especialmente aquellos migrantes que no dominan el idioma o el sistema legal. Entre quienes sí lo hacen, es frecuente que terminen aceptando acuerdos extrajudiciales con la empresa.

Mientras tanto, Glovo acarrea otras demandas de años anteriores, algunas de las cuales ya se han traducido en multas y sanciones, mientras que otras las han ganado en la Audiencia Nacional. “En este sector tenemos que pelear nuestros derechos constantemente”, zanja Manuel.

El mediodía del 13 de marzo de 1970, el legendario cantante Ramón Pelegero Sanchis, más conocido por su nombre artístico Raimon, ofreció un concierto en la facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Con canciones cargadas de mensajes políticos en oposición al régimen franquista, el cantante valenciano reunió a unas 5.000 personas en el vestíbulo del edificio, en apoyo a los trabajadores de AEG Telefunken de Terrassa, despedidos tras una de las huelgas más importantes de la época.

Este concierto se convirtió en uno de los actos más significativos de la facultad durante los últimos años del franquismo, una etapa en la que el movimiento estudiantil estaba especialmente activo en términos de movilización y compromiso político. La exposición 'Derecho a la resistencia. Una facultad comprometida con la democracia' en la Universitat de Barcelona, disponible hasta el 29 de mayo, rememora los episodios más relevantes de la Facultad de Derecho entre 1970 y 1976.

Durante esta última etapa de la dictadura, la Facultad de Derecho fue escenario de distintas asambleas políticas y actos culturales. Todo ello a pesar del vacío de poder en la institución, que entonces carecía de decano debido a las restricciones impuestas por el régimen.

Otro día histórico fue el 3 de febrero de 1976, cuando más de 4.000 personas asistieron a una asamblea multitudinaria a favor de la amnistía de los presos políticos, con Arias Navarro aún al frente del régimen. Según la comisaria de la muestra, Rosa Ana Alija, esta fecha sirve como eje de la exposición.

Aunque la asamblea era estudiantil, también participaron personas ajenas al alumnado. Se celebró dos días después de la multitudinaria manifestación del 1 de febrero, que se replicaría el día 8, terminando con disturbios. Estas protestas allanaron el terreno para que, un año y medio más tarde, se aprobara la Ley de Amnistía.

Cinco años sin decano como resistencia

Coincidiendo con esta asamblea, Manuel Jiménez de Parga –exministro de Trabajo del Gobierno de Adolfo Suárez y expresidente del Tribunal Constitucional–, tomó posesión como decano tras cinco años sin un titular oficialmente reconocido. A diferencia de lo habitual, el acto se celebró en el aula magna de la facultad y no en el rectorado. “Se quiso subrayar así la excepcionalidad de la situación”, apunta Alija.

Jiménez de Parga había sido elegido por la Junta de la Facultad en 1970, pero el régimen no ratificó el nombramiento por considerarlo un perfil “incómodo”, entre otras razones “por su vinculación con la defensa de los presos políticos”, señala la comisaria. Esto abrió un periodo de excepcionalidad institucional, que incluso derivó en el cierre temporal de la facultad en 1972, ya que ningún catedrático quería asumir un cargo ratificado por el franquismo.

Ante esta situación, el Gobierno franquista solicitó una terna, es decir, tres candidatos propuestos a la Junta de la Facultad. La particularidad fue que, por primera vez en la historia de España, los estudiantes participaron en la elección de los aspirantes. Sin embargo, el Ministerio tampoco aceptó la propuesta, y la situación permaneció en el limbo hasta la toma de posesión de De Parga en 1976, tras la asamblea proamnistía.

Movimiento estudiantil, actos culturales y prensa

Paralelamente al conflicto institucional, la Facultad vivió una intensa actividad política estudiantil iniciada a finales de los años sesenta, con la capuchinada como punto de inflexión, donde se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes. De hecho, el nivel de movilización del alumnado fue uno de los motivos por los que el régimen trasladó la facultad de Derecho desde el centro de la ciudad hacia la Diagonal, tras los Hechos del Paraninfo en 1957.

Las asambleas y actos políticos eran frecuentes, a pesar de la represión franquista. En ocasiones, las fuerzas del orden entraban en el recinto. Varios estudiantes fueron detenidos y encarcelados por su participación en protestas.

Uno de los actos culturales más característicos eran los llamados “juicios bufos”, espectáculos satíricos en los que los estudiantes criticaban tanto la vida académica como la situación política. Celebrados anualmente por los alumnos de los últimos cursos, podían tener un tono “muy mordaz” contra el régimen, convirtiéndose en uno de los pocos eventos públicos donde se podía criticar al franquismo, aunque de forma más o menos sutil, resalta Alija.

No obstante, en 1971, se prohibió uno de esos actos y unos 4.000 estudiantes protestaron en el interior de la facultad y a lo largo de la Diagonal, protesta que acabaría disuelta por la policía.

Tras la aprobación de la Ley de Prensa de 1966, aumentó, aunque de forma limitada, la pluralidad ideológica en la actividad editorial estudiantil, con boletines y publicaciones de distintas tendencias, muchos de ellos anónimos. 

Otro de los caballos de batalla de los estudiantes fue el acceso a la universidad para personas de clases populares. Las pruebas de acceso eran consideradas elitistas, ya que requerían conocimientos de idiomas modernos como inglés, alemán o francés, que solo estaban al alcance de familias de clase alta. En 1974, la Junta de la Facultad decidió por unanimidad oponerse a la realización de estas pruebas para estudiar Derecho.

Esta última etapa del franquismo, sin embargo, no fue especialmente violenta dentro de la facultad en comparación con otras anteriores, explica Alija. Durante estos años, el régimen promovió iniciativas aperturistas como la Ley de Asociaciones Políticas, la Ley de Huelga y una mayor tolerancia informativa en los medios de comunicación, modificando la Ley de Prensa de 1966, en un intento de mejorar su imagen ante la comunidad internacional. 

Sin embargo, la represión seguía siendo evidente en muchos ámbitos y la sociedad estaba cada vez más concienciada de ello. “Antes de preparar la exposición, nos dimos cuenta de que en esa época había una gran demanda de democracia desde la facultad, mucho más exigente que los años anteriores”, concluye Alija.

Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jerez, de 35 años, y su madre Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial las echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos (nombre ficticio), que en ese momento se encontraba en el instituto. 

El piso era propiedad del banco BBVA, que inició el proceso de desahucio. Pero cuando ellas lo alquilaron, en 2013, su casero era un particular. Un hombre que un día dejó de pagar la hipoteca y desapareció sin dejar rastro. Lo que derivó, años después, en el desalojo el pasado jueves de esta familia que asegura que siempre quiso pagar la renta: ya fuera con el casero en paradero desconocido, o más recientemente con la entidad financiera. 

A las 12:00 horas del pasado jueves, día del desahucio, Ángeles y Olga aguardaban en el piso junto a varias profesoras del instituto de Marcos y miembros del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat. En un corrillo improvisado en el salón donde la familia ha vivido más de una década, las mujeres aseguraban estar “agotadas” por la situación. Llevaban días sin apenas dormir ni comer, y lamentaban haber sufrido episodios de ansiedad en las últimas semanas e incluso haber detectado manchas en su piel asociadas al estrés.

En el portal, bajo un fuerte diluvio, les esperaban algunos vecinos del barrio, junto con otros activistas por la vivienda, que habían acudido para mostrarles apoyo. Entre ellos, otra madre del mismo instituto de Secundaria donde estudia Marcos, el Neus Català, que también estuvo a punto de ser desahuciada hace apenas unos días. Esa misma mañana, además, otra familia con hijos menores había sido desalojada.

Los vecinos denunciaban que este tipo de situaciones se han vuelto frecuentes en el barrio. “Los niños sienten vergüenza y lo pasan mal, y esto les repercute académicamente”, explicaba Alba Aguilar, profesora del instituto. Según contaba, en el centro hay varios alumnos que atraviesan situaciones similares.

Ejecutado el desahucio, puesto que la familia no opuso resistencia, abuela, madre y nieto durmieron en casa de una vecina del mismo bloque. En un primer momento, la idea era que Olga y Ángeles durmieran en el rellano del edificio, mientras que el menor se quedaría en casa de la vecina. Finalmente, los tres acabaron pasando la noche dentro del piso porque el rellano estaba lleno de sus pertenencias y “no había espacio para colocar el colchón”, explicaba Olga a elDiario.es la mañana siguiente. “No hemos dormido nada de la ansiedad”, añadía. 

Los servicios sociales les ofrecieron alojamiento en un albergue, pero la familia lo rechazó tras ver el estado de la habitación. “Había cucarachas, manchas de sangre, polvo y suciedad. Llevar a un niño a un lugar así no es fácil, es totalmente indigno para cualquier persona”, denuncia Ángeles, que tomó fotos del lugar.

Ya antes de verlo, tenían claro que ese no era un lugar seguro para Marcos, ya que padece graves alergias. “Le dan taquicardias y se queda sin respiración”, explicaba Olga. “Imagínate lo que pasaría si lo metemos en un sitio lleno de polvo o humedad”. 

La familia lleva meses buscando un alquiler que puedan permitirse, consciente de que tarde o temprano la iban a echar. Incluso Marcos les ayudaba a mirar anuncios cuando volvía del instituto. “Solo pedía un poco más de tiempo hasta encontrar un piso donde poder ir con mi hija y mi nieto”, lamenta Ángeles. “Cualquiera que haya intentado buscar un piso de alquiler sabe lo difícil que es, y más en tan poco tiempo”, subraya Alina Rodríguez, miembro del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat.

Once años sin noticias del casero

Olga y Ángeles detallan el rocambolesco papel de su casero. Durante los 13 años que han vivido en el piso apenas llegaron a verlo dos ocasiones. “Solo lo vimos el día que nos enseñó la vivienda y el día que nos entregó las llaves”, aseguran.

El problema comenzó en 2016, tres años después de entrar como inquilinas, cuando el propietario les pidió que cambiaran el número de cuenta al que ingresaban la mensualidad, alegando que había pasado del BBVA al Banco Sabadell. Sin embargo, nunca les llegó a facilitar esa nueva cuenta.

Tras varios intentos fallidos de ponerse en contacto con él, Ángeles acudió al Banco Sabadell para obtener información, pero le respondieron que no había cuenta alguna a ese nombre. Desde entonces, el propietario –identificado como Wilmer M.– desapareció, y la familia sospecha que pudo haberse marchado a otro país. Algunos vecinos aseguraban que debía dinero a varias personas del barrio.

Años después, en 2022, se enteraron de que en realidad el casero llevaba desde antes de que ellas entraran en el piso sin pagar la hipoteca. Aseguran que se lo comunicaron desde el juzgado, cuando acudieron a su domicilio a preguntar por el propietario y para informar que la vivienda había pasado ya a manos del BBVA. 

Durante los años de incertidumbre que pasaron entre 2016 y 2022, la familia asegura que intentó buscar formas para entender qué estaba sucediendo y seguir abonando el alquiler. Reconocen que no han pagado, pero defienden que es porque no podían y no sabían como hacerlo. “El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos qué pasaba y nadie nos hacía caso”, señala Olga.

Cuando empezaron a comprender la situación, en 2023, intentaron negociar con el banco un nuevo contrato de alquiler o incluso la compra de la vivienda, pero aseguran que no recibieron respuesta por parte de la entidad. 

Fuentes del BBVA confirman que no se plantearon negociar un alquiler, sino que iniciaron el proceso de desahucio. Sostienen desde la entidad financiera que el procedimiento se llevó a cabo “de acuerdo con la normativa”.

Sin vivienda pese a su vulnerabilidad

La familia ha recibido cuatro órdenes de desahucio desde que empezaron los problemas con la propiedad de su piso. La primera llegó en junio de 2024, pero lograron aplazarla hasta octubre de 2025. Posteriormente, se prorrogó hasta el 5 de febrero de 2025, fecha en que consiguieron retrasarla otro mes. Sin embargo, este jueves ya no hubo margen de negociación. “No encontrábamos ningún piso que pudiésemos pagar”, lamenta Olga. “No nos han escuchado ni han querido negociar nada”.

Ignasi Acosta, militante del sindicato, recuerda que hasta hace poco existía más margen para negociar gracias a la moratoria estatal de desahucios para hogares vulnerables, pero esta decayó a finales de febrero en el Congreso tras los votos en contra de PP, Junts y Vox.

“A nosotros, quien nos ha ayudado principalmente es el Sindicat. En los servicios sociales no nos escuchaban”, señala la mujer. En este caso, fue el propio instituto del menor quien les habló del sindicato de vivienda y les animó a acudir.

Los servicios sociales del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por su parte, responden que han intervenido “desde el primer momento” en este caso. Aseguran que las han asesorado y que han intentado intermediar con la propiedad en numerosas ocasiones.

También sostienen que han presentado al juzgado todos los informes que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, aunque no hayan servido para paralizar la orden en ninguna de las 4 ocasiones. Y confirman los detalles del anterior casero: “Tenemos la información de que el propietario del piso, el que se lo alquiló, se fue y dejó de pagar la hipoteca”.

En estos momentos, la familia se encuentra en lista de espera de la Mesa de Emergencia Habitacional, pero aún no tienen ningún piso asignado. La única alternativa de la que disponen es el alojamiento temporal en un albergue durante 15 días.

Este viernes, los servicios sociales les propusieron trasladarse a otro albergue que, según asegura Olga, está “más limpio” que el que rechazaron el día anterior. Finalmente durmieron allí. Sin embargo, sin una vivienda asignada por la Mesa de Emergencia y con todas sus pertenencias todavía amontonadas en el rellano del antiguo edificio, la familia sigue sin saber dónde recalará en el futuro próximo.

Se acerca la primavera y en la escuela Santa Maria Gardeny, en Lleida, estas fechas suelen comenzar a preparar las llamadas colonias. Así es como se conocen las excursiones que hacen los docentes con sus alumnos y que incluyen dormir fuera, habitualmente en casas de campo. Es uno de los momentos más esperados del curso para los niños y niñas. Pero este año la actividad ha quedado suspendida por razones laborales. 

La escuela Santa Maria Gardeny es una de las pioneras en impulsar esta especie de huelga de colonias que se extiende ahora por Catalunya. En pleno ciclo de protestas contra el Departamento de Educación, en las que los docentes exigen mejoras salariales y más recursos en el aula, un total de 54 centros educativos se han sumado a la iniciativa y amenazan con no hacer estas excursiones y viajes en el curso 2026/2027 si no se atiende a sus demandas.

Estas salidas con pernoctación, a menudo de más de dos o tres días, a veces incluso con viajes al extranjero a finales de etapa, se han consolidado desde hace años en los centros educativos. Pero aquellos docentes que voluntariamente se hacen responsables de los alumnos durante toda la excursión no lo ven reflejado en su nómina. No cobran las horas extras ni la nocturnidad. “Estás pendiente de ellos desde que se levantan hasta que se van a dormir, incluso de noche, y cobras lo mismo”, señala Agustí Liñán, maestro de la escuela Santa Maria Gardeny. 

Con todo, esta acción de protesta, recogida ahora bajo el manifiesto Paremos las salidas y las colonias, va más allá de exigir que se les pague las horas extras que conllevan estas excursiones. De hecho, los centros que lo suscriben lo plantean como una herramienta de presión para que Educación acepte las demandas que les llevaron a la huelga el pasado 11 de febrero. Entre ellas, el aumento salarial, más recursos para garantizar la escuela inclusiva, rebaja de la burocracia y mayor reducción de ratios en las aulas. 

La mayoría de sindicatos docentes, que mantienen estos días reuniones con Educación, apoyan la iniciativa. Linán, promotor en su centro de esta forma de protesta, pertenece a la CGT. También lo defiende Ustec. “Si estamos en un escenario de lucha por nuestras condiciones laborales, es lógico que una acción de protesta sea dejar de hacer actividades que descansan sobre el voluntarismo”, señala Iolanda Segura, de Ustec. CCOO, por su parte, asegura que defenderá en la negociación con Educación que se cobren las horas extra dedicadas, pero no apoya esta forma de protesta.

Liñán relata cómo empezó todo en su colegio, justo durante los preparativos de la última huelga. “Más allá de las movilizaciones habituales, en la calle, nos planteamos acciones que afectasen al sistema, y trasladamos al claustro el debate sobre si hacer colonias”, explica. En su caso, aprovecharon que estaban reservadas pero aún no pagadas para cancelarlas ya este curso como forma de protesta laboral. Lo decidieron con los votos favorables del 60% del claustro. De cara al curso siguiente, los partidarios de la medida ya eran el 85%. 

“Es una actividad muy esperada y se lo hemos tenido que explicar a los alumnos, igual que les explicamos la huelga. Y lo han entendido”, señala Linán. En cuanto a las familias, algunas se han quejado. Pero este docente argumenta: “Conocemos el valor pedagógico y social de las colonias, pero debemos adoptar decisiones de presión duras”. 

Lo más curioso es que tras aprobarlo en el claustro, y después de difundirlo para que se sumaran más centros, vieron que ya entonces no eran los únicos. El otro gran foco de esta reivindicación apareció al mismo tiempo en una serie de escuelas e institutos de las comarcas del Maresme y la Selva, que lanzaron un manifiesto de cara al curso 2026/2027. 

“Siempre tiene que haber alguien despierto”

Una de las impulsoras de ese grupo es Clàudia Cebrián, del Institut Lluís Companys de Tordera, en la provincia de Barcelona. En la última salida con pernocta en la que participó, esta profesora explica que hubo noches en las que permaneció despierta hasta las 4:00 de la madrugada para vigilar a su alumnado. En solo tres días acumuló 45 horas extra no remuneradas. “Es una presión constante y no está reconocida”, lamenta. 

“Organizar salidas con pernoctación implica estar presentes las 24 horas del día. Por la noche, hasta que el alumnado no está tranquilo, no podemos descansar, y siempre debe haber algún profesor despierto por lo que pueda ocurrir”, denuncia.

Según explica, en una sola jornada pueden llegar a realizar hasta 15 horas extra sin compensación económica. “Lo hacemos por vocación, pero no recibimos nada a cambio pese a dormir varias noches fuera de casa y asumir muchas horas extra”.

Otro de los problemas asociados a estas excursiones que señalan los docentes es la responsabilidad sanitaria que asumen durante estos viajes. “No tenemos formación médica y, aun así, somos responsables de administrar medicación”, subraya. En su centro hay estudiantes con tratamientos de salud mental complejos y otros que necesitan inyecciones de adrenalina. En otros países, destaca, este tipo de salidas suele contar con personal de enfermería. Además, estos viajes incluyen habitualmente realizar deportes de aventura, una carga añadida que responsabilidad que el profesorado también cuestiona. 

Cebrián sabe que quienes salen perjudicados con esta decisión son los alumnos. Por ello, el objetivo final es “no tener que aplicar la medida” el curso que viene y alcanzar un acuerdo con la Generalitat. Preguntados por ello, en Educación se remiten a las mesas sectoriales que celebran estos días con los sindicatos.

Antoni Gaudi pasó los últimos meses de su vida instalado en su taller del interior de la Sagrada Familia. Aquel espacio no era solo su lugar de trabajo: se había convertido, prácticamente, en su hogar. Allí dormía, dibujaba y daba forma a las maquetas que crearon su obra arquitectónica. Cien años después de su muerte, la Catedral de Barcelona ha estrenado este miércoles una película de realidad virtual que permite al espectador adentrarse en ese taller a través de unas gafas de VR de última generación.

La experiencia ofrece un viaje inmersivo a uno de los espacios más íntimos de Gaudí, donde diseñó minuciosamente su arquitectura ligada a la naturaleza, a la espiritualidad y a la artesanía. De aquel laboratorio surgieron obras como el Park Güell, la Casa Batlló, la Casa Mila, el Palau Güell, la Cripta de la Colonia Güell y la propia Sagrada Família.

Aunque la Catedral de Barcelona, del siglo XV, no fue una obra diseñada por él, su elección como escenario de esta experiencia de realidad virtual no es casual. Gaudí mantuvo una estrecha vinculación con el monumento a lo largo de su vida. “Uno de sus rituales era venir a misa a la Catedral y después bajar al mar, ya que afirmaba que las olas le ayudaban en su trabajo profesional y personal”, ha recordado el sacerdote de la Catedral de Barcelona, Josep Maria Turull, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles.

El germen del proyecto, según ha explicado su director, Stéphane Landowski, se remonta a un documental coproducido por TV3. Aquella experiencia despertó en el equipo el deseo de adentrarse en el taller de Gaudí y reconstruirlo “con el máximo rigor”. La recreación se ha construido a partir de una decena de fotografías originales del espacio, tomadas poco antes de la muerte del arquitecto y del incendio ocurrido durante el inicio de la guerra civil, que calcinó gran parte del material del taller.

A través de este material, especialistas en reconstrucción numérica —con experiencia en espacios como el Palacio de Versalles y el Museo del Louvre— han recreado digitalmente, pieza por pieza y objeto por objeto, el espacio original. La película, realizada durante 3 años, combina esta minuciosa reconstrucción con ficción interpretada por actores catalanes. “Es una manera de renovar el discurso tradicional sobre Gaudí y acercarlo a la ciudadanía con una nueva mirada”, ha señalado Turull.

La experiencia se organiza en pases cada 30 minutos para grupos de hasta 12 personas y está disponible en siete idiomas. Aunque los asistentes comparten el mismo espacio físico, la vivencia es individual. Además, cada participante utiliza gafas de realidad virtual de última generación.

Durante los 22 minutos que dura el recorrido, los espectadores pueden desplazarse por el taller tal y como lo tenía Gaudí, rodeados de maquetas, herramientas y materiales, e incluso de la cama donde el arquitecto pasaba algunas noches. “Es una experiencia no se tiene que ver; se tiene que vivir”, ha subrayado Marc Gomariz, director de una de las productoras participantes.

La película, que ya ha sido galardonada con diversos premios internacionales, está escrita y dirigida por Stéphane Landowski y Gael Cabouat, y producida por la compañía francesa GEDEON Experiences, junto a Small Creative y NHK. En 2023 formó parte de la sección Venice Immersive del 80º Festival de Cine de Venecia. Tras su paso por países como Francia, Alemania, China y Corea, la obra llega ahora a Barcelona.

“Desde que vimos la obra en Francia, tuvimos muy claro que era necesario llevarla a Barcelona”, ha apuntado Mar Esteve, directora de otra de las productoras participantes. “Es una gran película tanto a nivel gráfico como narrativo y representa un homenaje muy respetuoso de todo el legado de Gaudí”, ha añadido Gomariz.

La principal institución de los catalanohablantes en el entorno digital, Fundació Accent Obert (antes Fundació.cat), ha propuesto que los sistemas de inteligencia artificial se examinen de las mismas pruebas que deben superar los estudiantes para garantizar el buen uso de la lengua en estas plataformas. Aunque la entidad celebra que la presencia de la lengua en el mundo digital es cada vez más alta, piden “no bajar la guardia” y “seguir trabajando” para impulsar la lengua. 

“Si hemos llegado tan lejos como lengua en el mundo digital, es porque hemos hecho los deberes durante 20 años y tenemos la infraestructura”, ha subrayado el presidente de Accent Obert, Genís Roca, en una rueda de prensa convocada este miércoles.

En esta ocasión, piden que los chatbots se sometan a exámenes de primaria y ESO, a las pruebas PISA, a las PAU, al nivel C de catalán y a la prueba teórica del permiso de conducción. “Queremos que los mismos profesores que corrigen los exámenes de los alumnos lo hagan con los de las plataformas de IA”, ha explicado Roca. Según ha avanzado, los primeros exámenes se realizarán ya en 2026.

La fundación avierte de que, si los usuarios obtienen respuestas más precisas en otras lenguas al utilizar sistemas de IA, pueden acabar optando por cambiar de idioma, un fenómeno que denominan “desplazamiento lingüístico por fricción”.

También alertan de que, la mayoría de veces, estos nuevos modelos tecnológicos han sido desarrollados fuera del ámbito catalanoparlante y por consecuencia operan con “marcos culturales ajenos”. “El problema es que, aunque los chatbots contesten en catalán, no tenemos garantizado que también hayan pensado la respuesta en esta lengua”, ha apuntado Roca. “No queremos que un americano nos conteste quien era Miró”, ha añadido Joan Abellà, director de la fundación.

Accent Obert fue la entidad que impulsó la creación del dominio .cat, el primer dominio de tipo cultural del mundo. Sirvió como modelo para otros como el gallego (.gal) o el vasco (.eus). Con estas nuevas medidas, pretenden impulsar a otras lenguas no hegemónicas a hacer lo mismo. “Ya que tenemos las herramientas para impulsar nuestra cultura, queremos compartirlas con otras lenguas del mundo”, ha apuntado Roca.

El presidente ha recordado, además, que las grandes plataformas digitales tienen un fuerte interés en personalizar la experiencia de los usuarios. “Les va el negocio en ello. Y nada personaliza más que tratar a la gente en su idioma”, ha afirmado.

Dos de cada tres empresas de los territorios de habla catalana ofrecen ya sus webs en esta lengua y el número de creadores digitales que publican en catalán ha crecido con fuerza. Solo en 2025, las publicaciones en catalán aumentaron un 31% y sus visualizaciones un 72%, según datos de la fundación.

No obstante, Accent Obert, destaca que otros ámbitos como el de la automoción, los electrodomésticos o el doblaje de vídeo son más frágiles. Para reforzar la presencia del catalán en estos sectores han impulsado la campaña Configura, orientada a fomentar que dispositivos y servicios incorporen la lengua. “Tenemos un rol totalmente constructivo. Estamos más preocupados por generar nuevos métodos y herramientas para impulsar el catalán que no no por recriminar nada a nadie”, ha zanjado Roca.

“Los que llevamos tiempo trabajando en la zona, sabíamos que era solo cuestión de tiempo”. La frase es del periodista italiano Marzio G. Mian, que lleva más de tres décadas informando desde la zona Ártica y hace referencia a cómo esta remota región se ha convertido en el centro del tablero geopolítico global. 

Mian, candidato al Pulitzer en 2024 y fundador de la asociación de reporteros The Arctic Times Project, lleva casi veinte años documentando la situación en la región. Según el periodista, lo que atrajo la atención internacional fue la declaración de Donald Trump sobre su intención de “tomar” Groenlandia, pero la tensión en la zona ya se estaba gestando “mucho antes”, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, señala durante una conferencia celebrada este miércoles en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)..

El interés por el Ártico se debe a su posición estratégica en el comercio global y a su riqueza natural: aproximadamente el 30% de los recursos no descubiertos del planeta se encuentran allí. La aceleración del deshielo, provocado por el aumento de las temperaturas a nivel global, ha abierto nuevas rutas marítimas y facilitado el acceso a minerales y combustibles fósiles hasta ahora inaccesibles. “El Ártico es el punto donde convergen el cambio climático, la rivalidad entre potencias, la crisis del orden occidental y el nacimiento de un nuevo mundo”, destaca Mian.

En este territorio, uno de los más codiciados del mundo, se cruzan los intereses de Rusia, Estados Unidos, China y la OTAN. Sus tierras albergan importantes yacimientos de petróleo, gas, oro y más de la mitad de los minerales clave para la industria armamentística y la transición a energías limpias. “Explotar y desarrollar el Ártico se ha convertido en una prioridad estratégica crucial para las superpotencias”, explica el periodista experto en esta región.

Además, las nuevas rutas marítimas suponen alternativas más rápidas y económicas para el comercio internacional, evitando los canales de Suez y Panamá. En otoño, un buque portacontenedores chino completó por primera vez la travesía ártica entre China e Inglaterra en apenas 20 días, la mitad del tiempo de la ruta convencional. “Para China, la ruta ártica no solo es un atajo al Canal de Suez, sino una contingencia estratégica frente a Estados Unidos”, subraya Mian.

China se convirtió en 2013 en Estado observador del Consejo Ártico, lo que para Mian “alteró profundamente la dinámica y elevó las apuestas” en la zona. Desde entonces, ha aumentado su presencia en la región en colaboración con Rusia.

Pero a Washington le preocupa la creciente cooperación Moscú-Pekín y, según Mian, en los próximos años, también se avecina una relación “bastante complicada” entre Estados Unidos y Canadá, especialmente tras el reciente acuerdo comercial canadiense con China.

El interés por el control del Ártico y, en concreto de Groenlandia, se refleja en algunas de las recientes medidas militares. Hace tres días, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en respuesta a las demandas de Trump el despliegue de un grupo de barcos de guerra en el Atlántico Norte y el Ártico, encabezado por el buque insignia de la Marina británica.

La OTAN, por su parte, ha puesto en marcha la operación Centinela Ártico, reforzando la presencia de la Alianza en la región, como resultado de un pacto alcanzado en enero entre su secretario general, Mark Rutte, y Donald Trump.

Rusia, con 24.000 km de costa ártica, es el país con mayor presencia histórica en la zona. “Occidente ha ignorado durante demasiado tiempo que Rusia es una superpotencia gracias al Ártico”, afirma Mian. En los últimos quince años, alrededor de la mitad del PIB ruso y casi la mitad de sus exportaciones han dependido del Ártico.

Desde el inicio de su mandato, Vladímir Putin impulsó una red de bases militares, concentró la mayor parte de sus submarinos nucleares en la península de Kola y fortaleció su flota de rompehielos nucleares. “Recuerdo el impacto de ver una central nuclear anclada frente a una escuela con 500 niños. 'El Chernóbil del Ártico', lo llamó el director del colegio”, dice Mian. En este sentido, asegura que “Rusia estaría dispuesta a darlo todo por defender el Ártico”.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, siete de las ocho naciones árticas abandonaron el “pacto del hielo” del Consejo Ártico y Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN. Esto dividió la región prácticamente en dos bloques: por un lado, la alianza occidental; por el otro, Rusia, ahora más cercana a China en lo militar y estratégico, explica el periodista.

Hasta entonces, el Consejo Ártico había sido un espacio de diálogo donde los ocho Estados integrantes abordaban conjuntamente la protección ambiental, los derechos de los pueblos indígenas y la gestión de un océano en transformación. Sin embargo, con la creciente militarización y la disputa por recursos estratégicos, ese foro ha perdido gran parte de su relevancia y capacidad de negociación.

Mientras las potencias compiten por el control del Ártico, los pueblos indígenas que han vivido allí durante milenios quedan en segundo plano, advierte Mian. El periodista ha documentado cómo los cambios geopolíticos impactan directamente en la vida de la población inuit en Canadá, Alaska y Groenlandia, donde, en los últimos quince años, los suicidios entre jóvenes de 12 a 16 años han aumentado un 60%, reflejando el profundo estrés social y cultural que acompaña la carrera por la hegemonía en el Ártico.

Juanita Fernández prefiere que el pantano de La Baells esté lleno para no ver los restos de Sant Salvador de la Vedella, el pueblo donde se crio y que quedó sumergido tras la construcción del embalse. “Ver el sitio donde habías jugado y vivido reducido a una explanada de barro me produce una sensación rara”, confiesa la mujer de 71 años. El pantano, que actualmente se encuentra al máximo de su capacidad, cumple este martes cincuenta años desde su inauguración.

En los últimos años, a causa de la sequía, el pantano llegó a vaciarse por completo y algunos antiguos vecinos bajaban para ver lo que quedaba de lo que antes era su hogar. “Para mí, bajar a San Salvador era un trauma”, admite Carmina Iglesias, de 82 años, también exhabitante del pueblo inundado. “Sinceramente, prefiero que el agua lo tape todo”.

La Baells, inaugurado en febrero de 1976, fue el último embalse cuya construcción ordenó el franquismo en Catalunya. El principal objetivo era regular el caudal del río Llobregat y garantizar el abastecimiento de agua, sobre todo, al área metropolitana de Barcelona. La obra obligó a desplazarse a más de 300 familias y se creó un nuevo núcleo urbano, Sant Jordi de Cercs.

Todas las casas y edificios fueron derribados, excepto el antiguo monasterio –o “castillo”, como aún lo llaman los antiguos vecinos–, construido en el siglo IX por monjes benedictinos. Por eso, cuando el agua del pantano desciende, apenas quedan restos del antiguo pueblo. “Me da pena no poder enseñar a mis nietos el lugar donde crecí”, lamenta Juanita. El santuario es el único elemento que sigue siendo visible, ya que se alza por encima de la cota 630, el límite máximo del embalse.  

El municipio de Sant Jordi de Cercs, donde ahora viven muchos de los antiguos habitantes, es uno de los más nuevos de Catalunya. Construido expresamente para ofrecer un hogar a los vecinos de Sant Salvador, la uniformidad de los pisos y de las pequeñas casas adosadas de ladrillo anaranjado caracteriza a este pequeño núcleo. “No se puede comparar Sant Salvador con Sant Jordi”, apunta Josep Ramón López, excura de Sant Salvador de la Vedella y antiguo vecino del municipio. “El entorno físico y la forma de vivir eran completamente diferentes”.

El río, las montañas que abrazaban el valle donde se encontraba el pueblo y la cercanía entre los vecinos son algunas de las cosas que Romà Fernández, hermano de Juanita, más echa de menos de Sant Salvador de la Vedella. “Cuando sueño por las noches, siempre lo hago con Sant Salvador. Nunca he soñado con Sant Jordi”, confiesa. “Ibas de una casa a otra porque todas las puertas estaban abiertas. Ahora, si te cruzas a alguien por la calle, a veces ni siquiera le saludas porque no le conoces”.

A pesar de la nostalgia que implicó marcharse del lugar donde habían crecido y construido sus recuerdos, muchos de los vecinos vieron una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. “Realmente, aquí hemos ganado calidad de vida. Tenemos más sol y servicios que antes no teníamos”, admite Romà Fernández. “En Sant Salvador respirábamos todo el humo de la central térmica y siempre había polvo de la fábrica de cemento. Además, todo el pueblo estaba lleno de cables”.

Su hermana, Juanita, opina igual. “Mirándolo con perspectiva, estamos mejor aquí. Pienso que, con el tiempo, muchos de los pisos de Sant Salvador hubieran tenido problemas de aluminosis por la humedad del entorno. Además, no creo que el pueblo hubiese resistido a las lluvias torrenciales de 1982”. Sant Salvador estaba en una zona inundable al encontrarse en un valle por donde pasaban un río y un torrente. 

El proceso del traslado

Durante la década de los sesenta, en Sant Salvador de la Vedella ya corría el rumor de que la construcción de un pantano acabaría por engullir al pueblo. Muchos vecinos, sin embargo, lo percibían como algo muy lejano que difícilmente llegaría a materializarse mientras ellos viviesen. “No fue hasta que empezó a venir gente extraña –los topógrafos– al pueblo cuando nos dimos cuenta que aquello iba en serio”, recuerda López. 

El gobierno franquista y la Confederación Hidrográfica del Pirineo habían anunciado sus intenciones de construir el pantano en 1970. Pero no fue hasta 1971 que, el entonces alcalde, Ignasi Camps, anunció oficialmente el proyecto durante una asamblea convocada con los habitantes del pueblo. “No queremos irnos, pero tenemos que hacerlo para asegurar agua a Barcelona y a sus alrededores”, pronunció.

En un principio, el plan preveía trasladar a los habitantes a unos nuevos bloques en el barrio de Santa Eulàlia del municipio vecino de Berga. Pero esta opción implicaba perder su identidad como pueblo y la mayoría de vecinos se negaban a ello. Querían decidir su propio futuro, y su lucha consistió en lograr que el Ayuntamiento de Cercs –pueblo al que pertenecía Sant Salvador– financiara la construcción de un nuevo núcleo.

Para canalizar esa demanda, el alcalde Camps creó un Patronato Local de Vivienda. “Teníamos tres opciones. Podíamos oponernos, aceptar las indemnizaciones y marcharnos a Berga, o buscar una solución conjunta. Y finalmente optamos por esta tercera vía, que consistía en construir un nuevo pueblo en algún lugar cercano”, explica el exsacerdote López, quien también formó parte del Patronato.

El organismo se encargó de gestionar las expropiaciones y de elegir, con la participación de los vecinos, el nombre del nuevo municipio. “Fue un proceso colectivo y democrático entre todos los vecinos en unos años en que no existía la democracia”, subraya López. El Patronato hizo una encuesta a las 313 familias del pueblo sobre si querían trasladarse al nuevo pueblo o no. De todas ellas, tan solo 9 se mostraron en contra. 

El traslado, iniciado en 1977, se prolongó durante casi dos años, acompasado al ritmo al que el agua iba anegando el valle. Uno de los entretenimientos durante ese periodo de incertidumbre para vecinos como Romà Fernández, que en aquel entonces era adolescente, consistía en pasear en piragua por las calles. “Me lo pasaba muy bien navegando por los sitios donde había jugado y corrido, como si estuviera en Venecia”, recuerda el hombre de 66 años.

Las familias que vivían en las cotas más bajas fueron las primeras en marcharse, pero las que tenían sus casas en zonas más altas apuraron hasta el último momento. Quienes se trasladaron antes tuvieron que instalarse en un pueblo aún en construcción, sin servicios básicos y rodeado de obras. Carmina y sus hijos fueron de los primeros en instalarse en Sant Jordi de Cercs. “Al principio lo pasamos mal. No había ni luz, ni aceras, ni médico, ni comercios, todo era barro”, dice.

La construcción de la obra fue encargada a la empresa estatal Ferrovial, que entonces tenía poca experiencia en vivienda. Pero desde el Patronato, junto con arquitectos de la comarca del Berguedà, se advirtió de que el trabajo no se estaba realizando correctamente y les retiraron el contrato. 

Esto les obligó a contactar con otras empresas que finalmente acabarían la obra. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Cercs se endeudó durante años para asumir los gastos restantes para terminar el pueblo.

El buen ambiente que caracterizaba al pueblo

Todos los antiguos vecinos de Sant Salvador de la Vedella coinciden en señalar que el ambiente de las calles, la vida social y el fuerte sentimiento de comunidad definían la identidad del municipio. Contaba con dos cines y varios bares donde se realizaban numerosos conciertos, en los que llegaron a actuar incluso grupos legendarios como Los Mustang, la mítica banda de rock barcelonesa.

Cada año se celebraba, además, la fiesta mayor, en la que se bailaban danzas tradicionales y se comían caracoles, una costumbre que en sus primeros años se celebraba a escondidas del régimen franquista. Esta tradición aún se mantiene en Sant Jordi, pero otras como los bailes tradicionales se han perdido, explica Juanita. “Lo que más echo de menos es la unión que había entre los vecinos. Nos conocíamos todos y siempre nos ayudábamos”, evoca la mujer.

Buena parte de las familias habían llegado en la década de los cuarenta desde distintos puntos de España para trabajar en la minería, actividad clave en la comarca del Berguedà. Fue el caso de los padres de Romà y Juanita, que vinieron de Almería, y de los de Carmina, que vinieron de Asturias. Ese origen compartido como emigrantes fue, en parte, lo que generó el sentimiento de unión y comunidad entre los vecinos, muchos de los cuales residían en los bloques construidos por Carbones de Berga S.A., la principal empresa carbonera de Catalunya hasta su cierre definitivo en 1991.

El gran crecimiento demográfico del municipio se produjo precisamente en esos años, con la construcción de viviendas para los trabajadores de la compañía. En Sant Salvador convivían familias asentadas desde hacía generaciones con otras recién llegadas para emplearse en las explotaciones mineras o en la fábrica de cemento.

La vida económica del pueblo giraba en torno a cuatro industrias principales: las minas de carbón, la fábrica textil –donde trabajaban muchas de las mujeres–, la central térmica de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) y la fábrica de cemento. También había varios comercios pequeños. De todos ellos, solo uno se mantiene en pie en el nuevo pueblo de Sant Jordi de Cercs: la “Carnisseria Comellas”, cuyo legado se remonta a cuatro generaciones atrás.

Pero no todo pudo trasladarse. Una de las espinas que sigue clavada en la memoria de los antiguos habitantes de Sant Salvador de la Vedella es el traslado de la fachada de la iglesia románica original del núcleo vecino de la Baells, construida en el siglo XI, al nuevo municipio de Sant Jordi de Cercs. El Ayuntamiento había prometido reinstalarla; de hecho, las piedras fueron desmontadas y numeradas para su reconstrucción. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a cabo y algunas de esas piedras se perdieron.

Con el paso de los años, el embalse de La Baells se ha integrado en el paisaje y en la rutina diaria de los vecinos. Desde el nuevo núcleo urbano, sus habitantes contemplan cada día las aguas del embalse que ahogó a su pueblo. Una infraestructura que garantizó agua para miles de personas pero que transformó para siempre la vida de las 313 familias que perdieron el lugar donde habían construido toda una vida. “El proceso fue duro a nivel emocional, pero intentamos que fuese lo menos traumático posible manteniéndonos como comunidad”, zanja el excura López.

La huelga ferroviaria estatal ha dejado sin apenas trenes el inicio de la jornada laboral en Catalunya, que arrastra desde hace tres semanas una crisis en su red de Rodalies. Los servicios mínimos no se cumplen según lo previsto, tal como han confirmado fuentes de Renfe, y cientos de usuarios se han quedado esperando en los andenes o han tenido que recurrir a transportes alternativos como los autobuses. 

La huelga, que apela a unos 1.000 maquinistas en Catalunya, además de personal de intervención y estaciones, llega después de tres semanas de turbulencias ferroviarias en Rodalies. Un caos sin precedentes con cierres totales del servicio y numerosos tramos cortados que este fin de semana llevaron a miles de usuarios a manifestarse en Barcelona para pedir una mejora en la red. 

A las 8:30 horas, una veintena de usuarios aguardaban sin demasiadas esperanzas en la estación de Cerdanyola del Vallès para ir a trabajar o a estudiar a Barcelona. Los informadores de Renfe confirmaban a elDiario.es que desde primera hora solo había circulado un tren de la línea R4 en sentido sur, a las 6:40 horas. Según lo fijó el Departamento de Empresa y Trabajo, el mínimo de circulación debe ser del 66% en horas punta y 33% en horas valle.

Los datos oficiales de Renfe confirman las percepciones de los usuarios: se han cumplido únicamente el 42% de los servicios mínimos lo que ha generado diversas supresiones de trenes. En el conjunto de España, se han cumplido el 62,6% de los servicios mínimos.

 “Ya he hablado con mi jefe, pero a mí no me gusta ni llegar tarde ni deber horas”, lamentaba Guillermo Rivera, mozo de almacén de 26 años que trataba de llegar a la zona de Fabra i Puig en Barcelona. “La huelga está totalmente justificada, pero al final nos jodemos somos los trabajadores”, se quejaba. 

Frente a la estación también esperaba un grupo de unos 30 estudiantes de Bachillerato de un instituto de la ciudad, que tenían prevista una excursión al museo Cosmocaixa. Marc, uno de los profesores del centro, denunciaba que esta situación es habitual: “Este es el día a día de la clase trabajadora que va a Barcelona a trabajar, al médico, a estudiar o a comprar. Ya es hora de que empiecen a invertir de verdad en el transporte público”, expresaba el docente.

La mayoría de personas que han ido llegando a la estación han acabado dando marcha atrás para intentar subir a los autobuses A4 o E3 desde la estación de Fontetes, la única alternativa para llegar a Barcelona. Sin embargo, las pantallas indicaban que la mayoría de vehículos van completos, lo que ha impedido a varios pasajeros subir.

Este era el caso de Elene Abesadze, estudiante de Farmacia de 18 años, que llevba más de una hora y media esperando poder coger un autobús tras confirmar que los trenes no circularían este lunes. La joven tenía un examen a las 9:00 horas al que ya asumía que no iba a poder llegar. “Al margen de la huelga de hoy, el servicio funciona fatal casi siempre. Estoy deseando sacarme el carnet de conducir para no depender de Rodalies”, apostillaba.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha denunciado que los servicios mínimos programados en Catalunya “no se están cumpliendo”. A primera hora de la mañana, Paneque ha informado que el Gobierno ya ha reclamado a Renfe que los “garantice” y que, si no es posible, añada medios de transporte alternativos allí donde los maquinistas “no se presentan”.

“Intentaremos asegurar la movilidad a través de estos planes alternativos”, ha afirmado Paneque. Con todo, ha remarcado que entiende “el estado de ánimo” de los maquinistas y respeta el derecho a huelga.

Tres semanas de crisis y actuaciones pendientes

Con o sin paro laboral, Rodalies sigue sin prestar su servicio con normalidad y no lo hará al menos hasta el mes de abril, según confirmó la Generalitat. Hasta entonces, los billetes serán gratuitos y la Administración catalana asegura que mantendrá los autobuses como método de transporte alternativo. 

Desde que el accidente de Gelida, que causó la muerte de un maquinista en prácticas, dejó al descubierto los problemas de seguridad de la infraestructura, Adif ha identificado hasta 648 puntos que requieren de inspección. El gestor ferroviario asegura que ha destinado también 400 técnicos en las últimas semanas a reparar o reforzar las principales zonas de riesgo, entre ellos taludes y túneles.

Al margen de la huelga, la movilidad en Catalunya cuenta este lunes dos novedades. La primera, también ferroviaria, es la reapertura del tramo cerrado en la R4 entre Martorell y Sant Sadurní, donde se produjo el accidente de Gelida. Los trenes han vuelto a circular por las vías, aunque por ahora solo lo hacen los de mercancías y no los de pasajeros. 

Por otro lado, también se ha restablecido por completo el tráfico de vehículos en la autopista AP-7 en ese punto, que permanecía parcialmente cerrada en sentido sur debido a la caída del talud sobre las vías. La circulación en varios de sus carriles se cerró en sentido Tarragona por cuestiones de seguridad que según la Generalitat ya se han resuelto.

Miles de usuarios están llamados a salir a la calle este sábado para reclamar, otra vez, trenes dignos. Se cumplen 18 días desde el inicio de la mayor crisis en la historia de Rodalies, que ha puesto patas arriba la movilidad de 400.000 personas.

“Hacía mucho tiempo que avisábamos, si ha explotado es porque no estábamos bien. No hay ni información ni personal suficiente”, alerta Anna Gómez, portavoz de Dignitat a les Vies, la plataforma que ha llamado a la manifestación a las cinco de la tarde en Barcelona. Al mediodía, hay otra protesta por el mismo motivo, pero convocada por entidades independentistas.

Gómez remarca que en la protesta de los usuarios “todo el mundo es bienvenido, excepto la extrema derecha”, y remarca que la confrontación partidista distrae la atención del verdadero problema: “El desbarajuste de los servicios públicos”. Mientras, miles de usuarios ven alterados su día a día por el caos de Rodalies. elDiario.es ha hablado con cuatro de ellos, todos de diversos lugares de Catalunya, pero con el mismo problema.

Virginia, con miedo a perder su trabajo

Virgina tiene 51 años y vive en Cardedeu (Barcelona), pero trabaja en la capital catalana. Depende de Rodalies para poder llegar y volver a su casa. Las últimas semanas han sido un constante “sufrimiento” para esta mujer que, justo ahora, lleva cinco meses en un nuevo puesto, aún en periodo de prueba, y teme perderlo. “Ha sido desesperante, angustiante… No puedo ni describirlo. Hace más de 25 años que cojo la R2 y esto que estamos viviendo es increíble”, recuerda.

No tiene coche y por horario no puede llegar a Barcelona de ninguna otra forma. “El primer autobús que sale de Cardedeu es a las 8 de la mañana y llega a las 10, pero yo entro a las 9. Aun así hoy he tenido que coger el autobús y, claro, he llegado tarde”, explica a elDiario.es. Aunque su empresa ofrece dos tardes de teletrabajo, asegura que no puede aprovecharlas porque no sabe a qué hora llegará a su casa para reenganchar y acaba quedándose en la oficina.

“Duermo poquísimo”, asegura. Tiene que coger tres trenes antes de lo que le correspondería para estar segura de llegar a tiempo al trabajo, y por las noches vuelve tan tarde que sus horas de sueño se han reducido mucho. “Siempre me duelen las piernas, estoy muy cansada… Tengo unas ojeras que antes no tenía…”.

Extracto de mensajes de un grupo de usuarios de la R2 de Rodalies.

Estas dos semanas de crisis, explica la usuaria, han sido una pesadilla para la conciliación familiar. “Perdí una cita médica por los trenes”, relata. Y lo mismo le pasó a su hija de 14 años, quien tenía hora para vacunarse, pero su madre no llegó a tiempo para acompañarla y, como necesitaba que hubiera un tutor presente, perdió el turno.

Como muchos usuarios, Ruíz critica la actuación de los maquinistas y la huelga convocada para la próxima semana: “Me parece muy bien que protesten por la seguridad, pero creo que están aprovechando para llevar este caos a otro contexto”.

Otra queja recurrente de Ruíz es la desinformación permanente del servicio. “Es un maltrato”, sentencia. Ante esta falta de comunicación que, según los usuarios se remonta a bastante antes de la situación actual, muchos de ellos han creado comunidad en un grupo de WhatsApp de más de 1.000 personas donde reportan, a tiempo real, si los trenes funcionan y hasta ofrecen sus coches cuando no queda alternativa. “Nos ayudamos entre nosotros”, afirma.

Lorena, teletrabajo por obligación

Lorena tiene 49 años y hace cinco que llegó a Barcelona desde su País Vasco natal. No duró mucho en la capital catalana porque, a su edad, se vio condenada a seguir compartiendo piso debido a los altos precios del alquiler. Así que decidió mudarse, una vez más, a una localidad asequible. Y puso la vista en Reus (Tarragona), una ciudad a una hora y media de su trabajo, en Barcelona. En principio.

“Pasé un año sufriendo retrasos constantes, el tren iba mal o, directamente, no venía. Así que decidí pedir el teletrabajo. No lo hice por gusto, porque odio estar aislada en mi casa, pero era necesario”, relata. Ella es usuaria de la R15, una de las redes con más incidencias y que, como recorre localidades costeras, suele ir saturado de gente durante los meses de verano.

Ahora asegura que se siente “encerrada” en su casa, de donde hay semanas que no sale. Quiere cambiar de trabajo, pero todo lo que encuentra es en Barcelona, y no se quiere arriesgar. Cuenta que el trayecto podía llegar a durar el doble de lo establecido, incluso antes de estas semanas de crisis en Rodalies. Así que salía de su casa para tomar el primer tren, a las seis de la mañana, y solía llegar pasadas las 19 horas cuando, en principio, debería llegar antes de las 18h. “Eso con suerte. He llegado a entrar por la puerta casi a media noche”.

“Todo esto son derechos vulnerados. Los usuarios de Rodalies pagamos impuestos. ¿Para qué?”, se pregunta Lorena, que afea a los sindicatos, maquinistas, Adif y Govern que hayan convertido la situación en “un conflicto político”.

Esta mujer, que sigue teniendo que desplazarse a Barcelona por trabajo de vez en cuando, asegura que le dan igual las bonificaciones del servicio y el levantamiento de las Zonas de Bajas Emisiones. “¿De qué me sirve viajar gratis si no hay trenes? Entonces, ¿qué? ¿Cojo el coche? Se suponía que éramos ecologistas, ¿no?”, ironiza.

Esta mujer reconoce que, aunque pueda parecer menor, depender de Rodalies le está afectando. Y remite a la investigación que está realizando la Universitat Rovira i Virgili sobre los efectos psicológicos de la “crisis ferroviaria” en los usuarios. “Acabaremos todos locos. Yo sólo pido una cosa: Adif, devuélveme mi vida”, zanja.

Jofre y los accidentados viajes hasta La Cerdanya

Hace más de tres meses que Jofre no utiliza Rodalies. Usaba el tren semanalmente para ir, cada fin de semana, desde Barcelona, donde trabaja, a Puigcerdà (Girona), municipio en el que se crió y todavía vive su familia. Hace años que cubre esa distancia en tren, pero ha ido buscando alternativas tras los habituales incidentes de Rodalies de los últimos años.

Jofre realizó su último viaje en tren a principios de octubre de 2025, en víspera del inicio de las obras de desdoblamiento entre La Garriga y Montcada Bifurcació de la R3, que han dejado esta línea sin funcionamiento. Ese día, el tren salió con 45 minutos de retraso, sin previo aviso, y acumuló varias incidencias a lo largo del trayecto. Los pasajeros se vieron obligados a cambiar dos veces de vehículo por averías: primero fueron trasladados a otro tren y, tras averiarse también este segundo convoy, acabaron en un autobús.

Durante el trayecto por carretera, explica Jofre, el conductor se saltó algunas paradas y tuvo que retroceder para recoger a los pasajeros. Finalmente, llegaron a Barcelona cerca de la una y media de la madrugada, casi tres horas más tarde de lo previsto. A ello se sumó que, una vez llegado a Barcelona, el autobús decidió finalizar el trayecto antes de llegar a la última parada. Eso retrasó una hora más la llegada a su casa.

“La necesidad de este transporte público existe para ir de La Cerdanya a Barcelona. El problema es que es ultradeficitario y no te puedes fiar”. Para los habitantes de esta comarca del Pirineo catalán que cada vez depende más del turismo, es habitual que los jóvenes se trasladen a ciudades más grandes para estudiar o trabajar. Y él, como muchos de sus vecinos, se niega a recurrir al coche. “Durante la semana, en Barcelona, no lo necesitas. Y luego no quieres sufrir el tráfico de entrar y salir de la ciudad. Eso, además del coste de los peajes y la gasolina”, explica.

A estas incidencias, que Jofre asegura que son habituales, se suma que en ocasiones los retrasos se registran de forma incorrecta, lo que dificulta reclamar el importe de los billetes. En este contexto, cada vez más usuarios de la comarca optan por otras opciones para llegar a Barcelona. El problema es que su alternativa es tomar la R4 en Manresa o un autobús en Berga, lo que supone que alguien tenga que conducir casi una hora para dejarle en la estación.

Anna Gómez, activista y afectada

Anna Gómez es portavoz de Dignitat a les Vies, entidad a la que se acercó después de “sufrir” durante años los retrasos de Rodalies. “Igual la gente no lo entiende, pero va mucho más allá de que el tren vaya tarde”, resalta. Y pone un ejemplo: esta mañana ha perdido sus auriculares inalámbricos, sin darse cuenta. “Iba muy, muy dormida y, aunque pueda parecer una tontería, no lo es. Es una frustración terrible”, cuenta.

Estos días de retrasos y frecuencias afectadas, cuando se apea de su estación de tren, en Tarragona, después de salir del trabajo en Barcelona, mira el reloj y ve que solo le quedan seis horas para que le suene el despertador. “Mi vida es ir a trabajar, y ya está. No es sólo que no puedo quedar con amigos, sino que por no poder, no puedo ni ir a comprar”, se lamenta.

Y lo mismo le sucede en el trabajo, al que casi cada día, apunta, llega una media hora tarde. “Los compañeros saben que no te pueden echar la bronca, pero es que ya son muchos días. Y claro, hay malas caras”, dice Gómez.

Reconoce que muchas de estas incidencias responden a la negativa de los maquinistas a prestar servicio, algo que le parece “frustrante, pero necesario”. “Se quejan de cosas que, igual, no son tan graves, pero ahora que se ha torcido todo, aprovechan para hacer reclamaciones y se les tienen que entender. Han llegado al límite”, concluye.

La vida de Carme ha cambiado por completo. El Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona ha logrado un nuevo hito médico al llevar a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo procedente de una donante que recibió la eutanasia. La compleja intervención, en la que participaron cerca de un centenar de profesionales, tenía como objetivo devolver funciones vitales como masticar o gesticular a una paciente con una grave desfiguración facial.

La mujer necesitaba un trasplante en la parte central del rostro tras sufrir una necrosis de los tejidos faciales provocada por una infección bacteriana causada por la picada de un insecto. “Antes de la operación, no podia ni salir a tomar un café porque no podía tragar. Pero hoy estoy aquí para que la gente vea que hay cosas que se pueden solucionar. Yo he encontrado una luz”, ha señalado Carme este lunes en una rueda de prensa convocada en la sala de actos de Vall d'Hebron.

El éxito de la intervención se ha debido, en parte, a la meticulosa planificación del procedimiento, facilitada por el conocimiento previo de la fecha de la eutanasia de la donante. Así lo ha explicado Alberto Sandiumenge, coordinador de Programas de Donación y Trasplantes del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

La donante, además de sus órganos, decidió ofrecer también su cara, lo que ha permitido hacer posible esta intervención inédita hasta ahora. “Es una clara muestra de amor y generosidad en su máxima expresión. Sin esperar nada a cambio, la donante nos expresó la felicidad que sentía al poder donar no solo sus órganos, sino también su rostro, y poder de salvar la vida de otra persona”, ha destacado el Dr. Joan-Pere Barret i Nerín, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

Para llevar a cabo este tipo de operación, en todos los casos, donante y receptora deben compartir sexo y grupo sanguíneo, así como presentar medidas craneofaciales similares. 

Más allá del impacto estético, la desfiguración facial afecta gravemente a funciones esenciales como hablar, comer o ver, lo que puede acabar generando profundas consecuencias psicológicas y sociales. Por ello, se tienen en cuenta también otros criterios como la capacidad de adaptación psicológica de la paciente, su entorno sociofamiliar, el estado cognitivo y la adherencia al tratamiento, además de una evaluación exhaustiva de los antecedentes psiquiátricos.

Una vez autorizada la operación, la Unidad de Impresión 3D del hospital elaboró un modelo tridimensional digital a partir de imágenes obtenidas mediante un TAC tanto de la donante como de la receptora, lo que permitió guiar con precisión a los equipos quirúrgicos antes y durante la intervención. “El hecho de saber la fecha de la eutanasia de la donante con tanta antelacion fue clave para realizar la planificación en 3D”, ha apostillado el Dr. Barret.

Después del trasplante, la paciente permaneció ingresada un mes y, actualmente, ya ha empezado el largo proceso de rehabilitación para recuperar funciones básicas. “Había profesionales que me decían que no habría solución, y ahora ya empiezo a comer y a hablar. Mi vida cada vez es un poco mejor”, ha apuntado Carme. Actualmente, se encuentra en fase de adaptación a su nueva vida y su evolución está siendo favorable, destacan desde Vall d'Hebron.

Este tipo de cirugía se considera de máxima complejidad. Se trata de un trasplante de tejidos compuestos donde se trasplantan piel, tejido adiposo, nervios periféricos, musculatura facial y hueso de la cara.

Todas estas pequeñas estructuras deben reconstruirse –teniendo en cuenta que tienen una disposición tridimensional compleja– para reconectar el nuevo rostro del receptor con las funciones vitales, según han explicado los diferentes médicos que participaron en la intervención.

Por ello, la operación puede durar entre 15 y 24 horas. “No se trata solo de poner una ”máscara“ y traspasar tejidos blandos, sino de dar funciones y sensibilidad”, ha remarcado el Dr. Barret i Nerín.

Cada trasplante facial requiere, además disponer de los servicios asistenciales necesarios, de la coordinación de profesionales de múltiples especialidades, entre ellas Cirugía Plástica y Microcirugía Reconstructiva, Trasplantes, Inmunología, Psiquiatría y Psicología Clínica, Rehabilitación, Cuidados Intensivos y Anatomía Patológica.

Dada la complejidad de la intervención, sólo una veintena de centros en todo el mundo están capacitados para llevarla a cabo y apenas se han llevado a cabo 54 trasplantes faciales.

En este caso, la operación supone el tercer trasplante de cara realizado en Vall d’Hebron y el sexto en todo el Estado. Con esta intervención, Vall d’Hebron se sitúa entre los siete hospitales del mundo que han efectuado tres o más trasplantes faciales.

El centro barcelonés ya había marcado un precedente en 2010 al convertirse en el primer hospital del mundo en realizar un trasplante total de cara, en una operación liderada por el doctor Joan Pere Barret, apenas cinco años después del primer trasplante parcial realizado en Amiens (Francia).

La Organización Nacional de Trasplantes ha felicitado al equipo de Vall d’Hebron por la excelencia técnica y el trabajo coordinado que ha hecho posible este hito médico.

El conflicto por la gestión del agua del río Ebro y de su afluente Siurana ha encendido una vez más los ánimos en las comarcas tarraconenses del Priorat y el Baix Camp. Con los temporales de las últimas semanas, la mayoría de los embalses catalanes se encuentran hoy por encima del 90% de su capacidad. Pero esto no ha disipado la disputa que afecta a dos pantanos vecinos, el de Siurana y el de Riudecanyes, cuyo trasvase está envuelto en polémica y alcanza ahora también al Ebro. 

La oposición ecologista a los planes de trasvases del Ebro se remonta a décadas atrás. Y durante la sequía se reactivó ante la idea, finalmente descartada, de conectar el río con el área metropolitana de Barcelona. Pero ahora la propuesta de unos regantes de la comarca del Baix Camp, que dependen de los dos embalses tarraconenses, ha vuelto a indignar entidades locales y de defensa del medio ambiente. 

Actualmente, el pantano de Siurana, ubicado en la comarca del Priorat (9.000 habitantes), es el más vacío de Catalunya, con las reservas al 43%, según los datos más recientes de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Una de las razones, además de la falta de lluvias en esa zona, es que parte de su agua se deriva al vecino embalse de Riudecanyes, que abastece a la comarca del Baix Camp (200.000 habitantes). 

Las quejas tienen su origen en que la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes tiene derechos de uso sobre el agua de Siurana. El organismo es una entidad privada formada por agricultores, ayuntamientos del Baix Camp y algunas empresas. En la comarca vecina, el Priorat, las entidades locales llevan años denunciando la gestión del agua por parte de esta comunidad. En el último desembalse de agosto, ponen como ejemplo, se destinaron 0,23 hm3 a la comarca del Priorat y 1hm3 de agua a la comarca del Baix Camp.

Pero hace unas semanas, y tras décadas de lo que varias asociaciones ecologistas y agricultores del Priorat califican como “expolio de agua”, la comunitat de regantes hizo pública una nueva propuesta: trasvasar agua del Ebro hacia el embalse de Siurana –del que bebe a su vez Riudecanyes– para solucionar futuros problemas de escasez de agua en un contexto de emergencia climática. 

El presidente de los regantes, Miquel Àngel Prats, señaló que el trasvase solo se realizaría “puntualmente” en momentos en los que hubiera excedente en la cuenca del río Ebro, y que beneficiaría tanto a los agricultores del Baix Camp como a los del Priorat. Sin embargo, los segundos consideran que la cantidad de agua que recibiría su comarca seguiría siendo mínima.

Prats también alegó que ya se han hecho otros trasvases similares del Ebro hacia los pantanos más pequeños, como el de Margalef y Guiamets. No obstante, Andreu Escolà, del grupo ecologista GEPEC, reitera que la diferencia es que este trasvase “principalmente beneficiaría a la comarca del Baix Camp”. En la misma línea, el presidente del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, sostiene que aceptar el trasvase sería “rebasar una línea roja”. “No aceptaremos más expolio”, asegura.

La depuradora de Reus como alternativa

La propuesta de la Comunidad de Regantes llega en un momento en el que ya se está trabajando en el proyecto de una futura estación de regeneración de agua en la depuradora de Reus, también en el Baix Camp, con el objetivo de evitar la falta de agua y mejorar los recursos hídricos de la zona. Sin embargo, desde la CRPR argumentan que la opción de la depuradora, que tiene un coste estimado de 40 millones de euros, duplicaría el del trasvase, de 20.

Para Àngel Cortadelles, presidente de la Associació Priorat, el argumento económico no justifica el trasvase. “El Baix Camp es una comarca que tiene otras soluciones. Solo pedimos un sistema que no mate a la agricultura del Priorat”, defiende.

Susanna Abella, portavoz de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, remarca además que el agua depurada es una fuente segura que no depende directamente de las condiciones climáticas.

Con todo, otra de las razones por las que la Comunidad de Regantes se opone a este mecanismo de depuración es la falta de garantías sobre un grado de salinidad tolerable para los avellanos, uno de los principales cultivos de la comarca. Fuentes de la Agència Catalana de l’Aigua aseguran que, cuando el proyecto esté validado, intentarán buscar soluciones para garantizar el riego del avellano.

Desde la ACA afirman que se distribuirían 1,43 hm³ de agua al año para el riego de la CRPR, es decir, unos 0,43 hm³ más de los que se trasvasaron el año pasado desde Siurana hacia Riudecanyes.  

Consecuencias del transvase

Los ecologistas de la zona han alertado de las consecuencias que supondría trasvasar agua del río Ebro al pantano de Siurana. “Habría un fuerte impacto paisajístico con la construcción de nuevas canalizaciones, se alteraría aún más el caudal del Ebro y el agua del Siurana perdería calidad al mezclarse con la del Ebro”, advierte Lluís García, presidente de la Plataforma Riu Siurana Viu. 

Aunque los regantes del Baix Camp sostienen que su inciativa no supondría un trasvase entre cuencas, los ecologistas defienden lo contrario. Desde Plataforma Riu Siurana Viu han tildado la propuesta de “trasvase encubierto”, ya que aseguran que el agua del Ebro que entraría al pantano de Siurana acabaría desviándose hacia la riera de Riudecanyes, que pertenece a otra cuenca hidrográfica.

La Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes gestiona el agua del río Siurana –afluente del Ebro– a través de una concesión otorgada en 1930, que les autoriza a desviar agua de este río hacia al pantano de Riudecanyes, en la comarca del Baix Camp, para un uso, principalmente, de riego, aunque también industrial y de abastecimiento. Ellos mismos fueron quienes pidieron la construcción del pantano de Siurana en 1970. 

Como consecuencia, el río Siurana pierde parte de su caudal y los agricultores del Priorat denuncian sufren problemas de abastecimiento. En respuesta a años de descontento, el Consell Comarcal del Priorat presentó en 2024 un recurso de casación para anular la concesión de 1930, pero el Tribunal Supremo no lo admitió a trámite en noviembre de 2025.

La lluvia como gran responsable. El conseller de presidencia, Albert Dalmau, quien sustituye al president Salvador Illa por una infección ósea, ha vinculado la reciente crisis en Rodalies al “episodio meteorológico extremo” de los últimos días, sumado al “envejecimiento de la red ferroviaria” y al “déficit de mantenimiento” ante el pleno del Parlament, donde ha comparecido este miércoles para dar cuentas por el caos en la movilidad que se vive en Catalunya desde hace ocho días.

Dalmau también ha aprovechado su comparecencia para pedir “disculpas” a todos los usuarios de Rodalies por “no avisar” del cierre del servicio en la mañana siguiente al accidente en Gelida, que acabó con la vida de un maquinista en prácticas. El Govern ha asumido así responsabilidades por las deficiencias en la información a los usuarios, que han sido una constante a lo largo de toda la semana.

El president en funciones no ha hecho apenas referencia, sin embargo, a los habituales problemas de personal de Renfe, que tuvieron su máxima expresión en el parón de los maquinistas en los días posteriores al accidente. La conflictividad laboral ha sido uno de los grandes problemas tal como han reconcido fuentes del Departamento de Territorio, aunque este miércoles prácticamente la cuestión no ha aparecido en la intervención de Dalmau.

El conseller ha ofrecido convertir esta crisis en un “punto de inflexión” y hacer un acuerdo de país para “acabar de una vez por todas con los problemas de Rodalies”. Un pacto para el que ha tendido a la mano a todas las formaciones en la Cámara, a quienes ha pedido pensar en el interés de Catalunya.

El servicio de Rodalies, ha indicado Dalmau, “no está a la altura de lo que merecen los ciudadanos de Catalunya”. Y ha añadido que las deficiencias en el sistema vienen “de lejos”, recordando que en la década de los 2000, las inversiones ferroviarias se destinaron mayoritariamente a la alta velocidad.

En este sentido, Dalmau ha propuesto arreglar las vías “con las inversiones que sean necesarias” y ha afirmado que el traspaso de competencias es, en este momento, “más necesario y urgente que nunca”.

“No quiero que confundan la actitud de colaboración del Gobierno con un acto de tibieza o de falta de exigencia”, ha añadido el conseller, quien ha asegurado que los acuerdos, con el Ministerio y con los partidos, serán lo que permita avanzar en la mejora del servicio. “Llegar a acuerdos es el único camino que nos llevará a una solución duradera” ha apostillado en respuesta a las recriminaciones de los diferentes partidos políticos.

Dalmau ha defendido que la Generalitat ha utilizado “todos los recursos a su alcance” y que han exigido responsabilidades a Adif y Renfe. “Estoy seguro de que todos ustedes hubieran hecho lo mismo”, ha trasladado al resto de formaciones políticas. También ha recordado que el Ejecutivo ya ha activado el servicio de gratuidad para todo el servicio de Rodalies durante un mes y que su plan de Rodalies 2026-2030 prevé doblar la inversión, tal y como han pactado con los Comuns.

Como ya hizo Salvador Illa en un breve mensaje desde el hospital, Dalmau ha cerrado filas con la consellera Sílvia Paneque, de la que ha dicho que “ha hecho una gestión de la crisis excelente”. La consellera ha sido la política que más ha estado en el ojo del huracán durante toda la semana. En la sesión de control de esta mañana, sus socios de ERC han pedido su dimisión, junto a la de Albert Dalmau, por “empeorar la crisis” al igual que los partidos de la oposición.

Junts y ERC critican al Govern pero proponen salidas diferentes

La oposición ha sido este miércoles inclemente hacia el Govern, pero las intervenciones en el Parlament han demostrado que los partidos fuera del Ejecutivio tienen visiones absolutamente diferentes entre sí. Mientras que Junts ha pedido “parar el traspaso de Rodalies tal y como está planteado”, porque a su juicio vuelve a dar a Renfe la llave del servicio, ERC opina todo lo contrario y considera que es hora de acelerar la empresa mixta que ellos mismos pactaron con el PSOE.

“Le hago una petición formal: paren el traspaso de Rodalies tal y como está planteado con sus socios de ERC”, ha reclamado la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha pedido “un traspaso integral”, es decir, sin una operadora mixta en la que se sienten la Generalitat y el Ministerio.

“Rodalies es el ejemplo perfecto de una modelo centralista. Forma parte de una estrategia premeditada para lograr la decadencia de Catalunya”, ha asegurado Sales. La diputada ha esgrimido los últimos datos territorializados de ejecución de inversiones, en los que para el año 2023, Madrid tenía un grado de cumplimiento por encima del 100% mientras que Catalunya se quedaba en el 40%.

Por su parte, Esther Capella, diputada de ERC y exconsellera de Territorio, ha considerado que “la lluvia intensa no debería provocar ni hundimientos ni desprendimientos” porque la infraestructura ferroviaria debería estar preparadas para estas inclemencias. “En FGC no pasa”, ha destacado Capella. “En Rodalies la lluvia no ha causado el problema, en todo caso lo que ha conseguido es hacer visible el grave problema que sufren las infraestructuras que, por cierto, aún son titularidad del Estado”, ha dicho.

Capella ha reclamado además “acabar con la falta de ejecución de lo que se presupuesta en Catalunya”, que es, ha dicho, “una situación estructural”.

“Pedro Sánchez lleva gobernando ocho años, siempre con el apoyo de ERC y Junts. Y pese a eso, cuando hay un problema en Rodalies, unos culpan al PP y otros directamente a España. ¡Menuda jeta se gastan!”, ha exclamado el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Además de pedir la dimisión de Dalmau y Paneque, Fernández ha señalado como responsables del caos ferroviario a los gobiernos central y catalán pero, también a ERC y Junts por sostenerlo.

La Junta de Paz propuesta por Donald Trump el pasado mes de septiembre, con la que aspira a resolver la situación en Gaza, va cobrando forma. Pero no son pocas las voces palestinas que se oponen al organismo lanzado por el mandatario de Estados Unidos. Una de ellas es el abogado gazatí Raji Sourani, de visita en Barcelona, que ha criticado la medida en un encuentro a puerta cerrada en el CIDOB. “Nunca, en la historia de la ONU moderna y del Consejo de Seguridad se habían adoptado resoluciones que contradijeran sus propias decisiones y la Carta de Naciones Unidas”, ha manifestado.

El letrado, que huyó de Gaza al inicio del conflicto tras sobrevivir a un bombardeo que destruyó su casa, considera que la Junta de Paz no va a poder “ni acercarse” a una solución para el conflicto si excluye a la Autoridad Palestina. Estados Unidos ha llamado a participar en ella a más de sesenta países por un precio de 1.000 millones de dólares por asiento permanente. Sin embargo, tan solo una veintena han aceptado participar. Entre ellos, Israel, Hungría o Argentina.  

De llegar a crearse, Trump asumiría la presidencia del órgano de manera indefinida, incluso después de finalizar su mandato como presidente de Estados Unidos. Aunque inicialmente la Junta fue concebida para gestionar la reconstrucción de Gaza, devastada tras más de dos años de guerra, ahora su alcance pretende ampliarse también a la resolución de otros conflictos internacionales. Trump ha llegado incluso a sugerir que el organismo podría sustituir a la ONU.

“Será una junta de tecnócratas que decidirán por nosotros. Los palestinos no tenemos voz en nuestro futuro”, ha advertido el abogado.

Sourani forma parte del equipo de investigación ante la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por Sudáfrica en 2023 por el que Israel está acusado de cometer crímenes de genocidio. Además, es fundador y director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, la principal organización de derechos humanos en la Franja de Gaza, desde donde se documentan abusos, se realizan investigaciones independientes y se ofrece apoyo legal a las víctimas de los Territorios Palestinos Ocupados.

La propuesta estadounidense de crear la Junta de Paz se planteó como parte de la segunda fase del plan de 20 puntos para el alto el fuego. En relación a este plan, Sourani sostiene que “el acuerdo no ha solucionado prácticamente nada”. “No se ha implementado ni una décima parte del plan de Trump y más de 500 personas han sido asesinadas por Israel desde entonces”, ha afirmado.

El abogado ha denunciado además que el 90% de los edificios de Gaza han sido destruidos y que el 80% de la población sigue dependiendo de la ayuda humanitaria. “Aunque algunos productos han vuelto al mercado, el 90% de los gazatíes no tiene ingresos y, por lo tanto, no puede comprarlos”, ha explicado. A ello se suma la falta de agua corriente y electricidad, así como el colapso casi total de los sistemas sanitario y educativo.

La única consecuencia positiva del acuerdo, según Sourani, ha sido la reducción del número de muertes diarias. “Antes se mataban entre 200 y 600 personas al día; ahora son entre 10 y 20, aproximadamente”. Sin embargo, considera que el plan ignora las causas estructurales del conflicto. “Es incoherente hablar de un acuerdo de paz cuando el texto no menciona ni una sola vez la palabra ocupación”, ha subrayado.

Sourani también lamenta la falta de rendición de cuentas con Israel. “Tenemos el conflicto mejor documentado de la historia y aun así somos incapaces de aplicar el derecho internacional”. “Gaza es una prisión a presión, donde la destrucción, el hambre y la violencia persisten, y los palestinos seguimos sin poder decidir sobre nuestras propias vidas”, ha recordado sobre las décadas de control israelí por tierra, mar y aire.

Medio centenar de personas han ocupado este viernes la sede de la Socimi Vandor en Barcelona, propiedad del fondo de inversión británico Patron SL, en protesta por la compra de 14 bloques de la ciudad –con 193 pisos– que en los últimos ocho años han sido transformados en colivings gestionados por la empresa Cotown. “Seguiré luchando para que sean ellos quienes se vayan, yo no me iré de mi casa”, ha dicho Rosario Castelló, la única inquilina que sigue en el bloque de la calle Entença 69, en el barrio de l’Esquerra de l’Eixample.

El resto de viviendas del edificio han ido transformándose en colivings desde 2019. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses. “Vienen a pasárselo bien, y eso es comprensible, pero hacen mucho ruido y ensucian las zonas comunes del edificio”, lamenta. 

En otro de los bloques en el barrio de Les Corts, Kheira Nahal, de 65 años, continúa con otras tres familias que se niegan a aceptar la compensación ofrecida; los otros seis pisos ya se han convertido en coliving. “Por 30.000 euros no dejo el piso donde llevo 30 años”, afirma. Por su parte, Joan —nombre ficticio—, vecino de otra finca afectada en Sant Gervasi, denuncia que los colivings multiplican de cinco a diez veces el precio que pagaba el antiguo inquilino. “A este ritmo, no quedará ningún vecino en Barcelona”, lamenta. 

Esta es la tercera vez que algunas de las familias de los bloques afectados, junto con activistas del Sindicat de Llogateres, entran a las oficinas de Cotown en protesta. Reclaman principalmente la renovación de los contratos de alquiler, que se han ido paralizando a medida que la inmobiliaria adquiría las fincas. Desde el Sindicat advierten que Vandor está “incumpliendo las órdenes administrativas del Ayuntamiento de Barcelona, que obligan a revertir las obras ilegales y garantizar que las viviendas mantengan su uso residencial”.

Desde Vandor han respondido a lo que consideran un “asalto” a sus oficinas asegurando que llevan a cabo la comunicación con los inquilinos de forma “directa e individualizada”. “El 94% de los contratos preexistentes se han resuelto mediante acuerdos negociados”, aseguran sobre la situación de los inmuebles, y añaden que han ofrecido viviendas alternativas con contratos de siete años a algunos de los inquilinos. 

En un comunicado aseguran que estas opciones “de estabilidad” que dicen ofrecer a los inquilinos van más allá de lo que dicta la ley, y lamentan que “no hayan sido aceptadas”.

Por su parte, el Sindicat ha presentado una denuncia ante la Agència Catalana de Consum contra Vandor al consdierar que anuncian habitaciones a un precio superior al que establece la ley aprobada hace un mes por el Parlament de Catalunya. La normativa indica que la suma de lo que pagan todas las habitaciones no puede superar el precio máximo que tendría el piso si se alquilara entero, que en este caso equivaldría al importe que pagaba el antiguo inquilino. Sin embargo, señalan que los precios por habitación en la empresa Cotown pueden llegar a los 900 euros, lo que supera el límite establecido.

Durante el acto, los inquilinos han pedido varias veces sentarse a negociar con la inmobiliaria para intentar llegar a un acuerdo. Pero al igual que las otras tres veces donde lo han intentado, tanto la CEO de Cotown, Vanesa Esteban, como el representante legal de Vandor, Francesc Puiggalí, se han opuesto a ello. “La voluntad de negociación la tenemos, pero individualmente”, ha afirmado Esteban.

Por su parte, Puiggalí ha condenado el acto alegando que los manifestantes le estaban “intimidando” y haciendo “mobbing” en su “propia casa”. Ha reiterado lo dicho por Esteban y ha pedido a las personas abandonar el edificio y “dejar de hacer el numerito”. Sin embargo, tanto los inquilinos como los activistas del Sindicat de Llogateres han permanecido, sin causar altercados, en la entrada del inmueble sosteniendo pancartas.

El próximo febrero se votará una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permitirá blindar la regulación catalana frente a los intentos de la oposición de recurrirla ante el Constitucional. La reforma incluirá también una prórroga de tres años en los contratos de alquiler, lo que aseguran, desde el Sindicat de Llogateres, que “protegerá a los inquilinos de los fondos buitre frente a futuras expulsiones”.