Años de multas, una ley y amenaza de cárcel a directivos: cómo Trabajo tumbó el modelo de 'riders' falsos autónomos

“Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”. Esta frase de Uber Eats anuncia el fin de un modelo de mensajeros sin contrato laboral que ha imperado durante una década en la mayor parte de las grandes empresas del reparto de comida a domicilio en España, como fue el caso de Deliveroo y Glovo. Tras múltiples condenas y multas de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos, con el esfuerzo y la persistencia de muchas personas, al final fue la mano dura lo que dobló el brazo de las multinacionales, ante el aviso del Ministerio de Yolanda Díaz de demandas ante la justicia penal, con riesgo de cárcel para los directivos.

“Es muy fuerte pensar que ya no habrá falsos autónomos en el sector del delivery. Qué bien, pero, joder, qué tarde”, reflexiona Núria Soto, una de las caras del colectivo de repartidores RidersXDerechos. Fueron los primeros que comenzaron a movilizarse en 2017, en un inicio en Barcelona y después en otras grandes ciudades, para reclamar su condición de trabajadores ante las plataformas.

Sus movilizaciones, que fueron sumando a distintos sindicatos, se transformaron también en denuncias en los tribunales y ante la Inspección de Trabajo, individuales y luego colectivas, que fueron transformándose en un goteo de condenas y de sanciones de la autoridad laboral a estas grandes empresas por el abuso de falsos autónomos.

En 2020, llegaron al Tribunal Supremo, órgano que sienta jurisprudencia en España, que dio la razón a la Inspección de Trabajo y los denunciantes, condenando un modelo de falsa autonomía. Pero ni por esas. Muchos especialistas en Derecho laboral confiaban en que, una vez el Supremo fijara su criterio, las empresas adaptarían sus contratos, pero tampoco ocurrió.

Con ciertos cambios en sus algoritmos, las multinacionales de reparto alegaban que los contratos condenados por la justicia o sancionados por la Inspección de Trabajo eran cosa del pasado, y que las “nuevas” condiciones de sus riders respetaban la legalidad. Y seguían repartiendo con autónomos.

En todo este tiempo, solo una de las grandes compañías de comida a domicilio funcionaba con contratos laborales, Just Eat, que advertía de la competencia desleal del resto de operadores. Esta semana, ha celebrado el fin de autónomos en Uber: “Nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos”.

La Ley Rider y la labor incesante de la Inspección

La insumisión de las multinacionales al modelo laboral llevó al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a elaborar una norma específica, la llamada Ley Rider, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales. Tras una complicada negociación, Trabajo logró pactar la ley tanto con los sindicatos como con las patronales, lo que en su día supuso que Glovo se saliera de la CEOE, y que se aprobó en mayo de 2021.

Trabajo dio tres meses a las empresas para adaptarse al modelo laboral, pero llegó agosto y Glovo y Deliveroo —esta última en sus últimos coletazos antes de marcharse del país— desafiaron la norma manteniendo a sus mensajeros autónomos. Uber Eats, que cambio su modelo con la entrada en vigor de la Ley Rider, recuperó a los autónomos en 2022 siguiendo la estela de Glovo.

El Ministerio de Trabajo insistió en un mensaje, repetido en múltiples ocasiones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Ninguna empresa está por encima de la ley”. El Ministerio intensificó las campañas de la Inspección de Trabajo en este sector, con una incesante lista de investigaciones en todo el país, que suponen el trabajo de meses e incluso años en algunos casos, y que siguieron sumando sanciones contra las empresas.

En los dos últimos años, 2024 y 2025, la Inspección ha regularizado 45.693 riders y ha impuesto sanciones por valor de 224 millones de euros, responden a elDiario.es desde el Ministerio de Trabajo. Además, se ha reclamado a las empresas 185,8 millones de euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.

“Detrás de este resultado existe un ingente esfuerzo, dedicación y compromiso de las funcionarias y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto inspectores como subinspectores. Hablamos de largas horas de actividad inspectora, de actas de infracción que han abierto camino y, sobre todo, de la defensa sostenida del criterio de laboralidad ante los tribunales, siendo las propias compañeras y compañeros quienes comparecen en sede judicial para sostenerlo, no siempre en un contexto pacífico”, ha celebrado este viernes UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)

El cambio con la amenaza de cárcel para los directivos

Aunque las multas económicas complicaban la viabilidad de las compañías, las multinacionales mantenían sus estrategias de recursos judiciales y seguían operando con autónomos. Por ello, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

A finales de 2022, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

Tras ello, a raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre. Un día antes de que Pierre se sentara en el banquillo a declarar ante la jueza, Glovo anunció que abandonaba su modelo de autónomos, paso que la empresa ejecutó el pasado julio.

Todas las miradas se dirigieron entonces a Uber Eats, que no modificó su modelo de autónomos. Ese mismo julio, el Ministerio anunció una investigación de la Inspección de Trabajo, que está a punto de concluir, y el pasado diciembre finalmente amenazó a Uber Eats con demandar a la multinacional también ante la justicia penal, como en el caso de Glovo, cuyo proceso judicial está aún por resolver.

Solo unas semanas después, Uber Eats ha anunciado finalmente que abandona el modelo de autónomos, para contratar a los mensajeros a través de la subcontratación de flotas, y “su compromiso con el cumplimiento” de las obligaciones que les correspondan. Fuentes de la multinacional responden que aún pueden dar una fecha de este cambio, pero “el objetivo es llevar a cabo la transición completa lo antes posible”.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sostenido siempre que ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede sortear la legalidad y los principios democráticos que la sustentan”, reiteran en el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio sostienen que “España se sitúa como el lugar donde se demuestra fehacientemente que los nuevos modelos de empleo tienen que respetar los derechos laborales y que el éxito de los nuevos modelos productivos no puede, por tanto, basarse en la explotación, ya sea a través de algoritmos o del uso de la Inteligencia Artificial”.

En RidersxDerechos lamentan “tantos años” de incumplimiento por parte de las empresas, que recuerdan que “han tenido muchas consecuencias para muchas personas” y que tal vez podrían haberse evitado “actuando antes” por la vía penal, reflexionan.

En cualquier caso, “mejor tarde que nunca”, celebra Nuria Soto, que pide que se siga vigilando el sector, “para no ir de un fraude a otro”, en referencia a una subcontratación ficticia a través de flotas de reparto que incurra en una cesión ilegal de trabajadores. Además, RidersXDerechos está centrado ahora en reclamar la regularización de los riders sin papeles, para que las mejoras del sector “puedan llegarles también a ellos”, explica Soto.