El titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado reabrir al tráfico el arco del edificio de Faro Santander, en la calle Martillo, convertido en espacio peatonal por el Ayuntamiento de Santander tras la reforma de la sede del banco del Paseo de Pereda.

La justicia estima así las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida que ha presentado un recurso en los juzgados de Cantabria pidiendo la reapertura y pide con efecto inmediato -pero temporal por tratarse de medidas cautelares-, la reapertura al tráfico para el paso de la línea de autobús 5C2, de residentes, vehículos de emergencia y del transporte de mercancías que suministra a los comercios de la zona, hasta la resolución del contencioso.

Eso sí, las medidas que afectan al tráfico, abunda el auto, le corresponden al Ayuntamiento, en aras de determinar la señalización que regule el paso bajo el arco.

El auto judicial señala que las alegaciones del Ayuntamiento han consumado un hecho y que toda la documentación aportada por el Consistorio ha sido posterior a la apertura del paso bajo el arco. Según reza el texto, “la resolución administrativa se adoptó el día 12 de agosto de 2026 y consistió en el reformado del proyecto básico (...) y autorizando una nueva pavimentación, dando como consecuencia, un nuevo uso a la zona”. El juez advierte de que “no existe una resolución expresa en la que se autorice este nuevo uso”.

Keruin Martínez, portavoz de IU, ha comparecido este jueves ante los medios, en la plaza del Ayuntamiento para informar del otorgamiento de medidas cautelares y ofrecer una copia de las medidas otorgadas por el juez el 2 de septiembre.

El edil ha cuestionado los informes aportados por el Ayuntamiento y la actuación del Ayuntamiento porque “todas” las licencias con las que contaba el Banco Santander, ha dicho, “afectaban al edificio y no consta ningún tipo de autorización que le habilite para actuar sobre el vial”.

El vial “no se ha privatizado”

En el auto judicial consultado por elDiario.es, la argumentación del Ayuntamiento defiende el uso “restringido/compartido”, del vial bajo el arco, de acuerdo, bajo su criterio, al Plan General de Ordenación. “No estamos ante una actuación material”; “tampoco la situación actual impide el tráfico por ese vial, existe un rebaje de acera en la parte del Paseo Pereda”; “el vial no se ha privatizado”; “se ha establecido un régimen distinto del viario”, han sido varias de las razones del Consistorio.

Además, respecto a la modificación de la ruta de la línea de autobús 5C2, que ya no circula bajo el arco, el Ayuntamiento defiende en su escrito que “no es consecuencia de la actuación urbanística actualmente controvertida” -en referencia al cierre del arco-, sino del inicio de las obras, “en 2021”, dicen adjuntando un informe del Jefe de Tráfico del Servicio Municipal de Transportes, en el que se asegura que la modificación de la ruta “no ha supuesto un perjuicio operativo” y “no cae dentro del ámbito de la ordenación urbanística”.

También se agrega un informe de la Policía Local -muy cuestionado este jueves por el portavoz de IU porque está fechado el 29 de julio de 2026, en el que se considera que la peatonalización bajo el arco “está en sintonía” con las actuaciones de peatonalización del Consistorio.

Cuestionado por la forma de actuar del Ayuntamiento, Martínez ha dicho: “Creo que tenían miedo a la reacción de la ciudadanía, porque durante los seis años que ha estado cerrado al tráfico, siempre se ha dicho que el cierre del paso bajo el arco era temporal”. A lo que ha añadido que el Consistorio recalcó que, cuando finalizasen las obras, “volvería a pasar el autbús, los residentes , emergencias y taxi”

En opinión del concejal de IU, que desmiente de forma tajante la posibilidad que ve el Ayuntamiento en el Plan General, ha dicho que lo más reseñable del informe del ayuntamiento contra las cautelares es que se “ha materializado un hecho sin que exista respaldo documental administrativo”. Además, de que el Ayntamiento defiende la inexistencia de cambio de uso de víal, si no que es un uso compartido. “El hecho”, ha dicho Martínez, “es que solo pasan los peatones y se ha multado recientemente a un repartidor que abastecía a la cafetería” de Faro Santander, ha incidido.

El Ayuntamiento de Santander había presentado sus alegaciones a las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida (IU) en el recurso contencioso-administrativo contra el cierre del vial bajo el arco del Banco Santander, y la formación considera que la documentación aportada por el Consistorio plantea varias contradicciones. El juzgado deberá resolver ahora esta pieza separada, que ha sido admitida a trámite, mientras el procedimiento principal continúa su recorrido.

IU ha llamado especialmente la atención sobre las fechas de los documentos utilizados ahora por el Ayuntamiento para justificar el cambio en la configuración del vial. Según la formación, el informe de Tráfico está fechado el 29 de julio, el de Vialidad el 31 de julio y la resolución del reformado que el Consistorio invoca es del 12 de agosto. Todo ello, señala IU, después de que ya se hubiera advertido públicamente de la situación y reclamado explicaciones.

Primera denuncia en febrero en el pleno municipal

La formación recuerda que hizo pública su denuncia el pasado 3 de febrero, incluyendo una moción en el pleno municipal, y que posteriormente presentó un primer escrito de advertencia en junio. El segundo requerimiento formal, registrado el 6 de agosto y dirigido a la alcaldesa, Gema Igual, reclamaba la reapertura del paso bajo el arco y la recuperación del recorrido original de la línea 5C2. Al no obtener respuesta, IU acudió a los tribunales.

A juicio del concejal de IU, Keruin Martínez, esta sucesión temporal evidencia que el Ayuntamiento estaría intentando dotar ahora de cobertura administrativa a una situación que ya se había producido. “Los principales documentos que ahora utiliza el PP y el Ayuntamiento para justificar la situación tienen un mes o menos”, sostiene Martínez, que cuestiona que el Consistorio no dispusiera de esa documentación cuando comenzaron las reclamaciones.

“¿Es que se acaba de enterar el Ayuntamiento de que el Banco Santander ha transformado de su mano mayor un vial público?”, ha planteado el edil, que considera que los informes y resoluciones incorporados ahora al expediente son “muy endebles y hechos a medida”.

Los vehículos “pueden seguir circulando”

Pero IU pone también el foco en otro elemento de las alegaciones municipales: la consideración de que el vial no estaría realmente cerrado al tráfico. Según explica la formación, el Ayuntamiento sostiene ante el juzgado que los vehículos siguen pudiendo circular y que la actuación realizada bajo el arco tendría un carácter “meramente estético”.

Esta interpretación, señala Martínez, entraría en contradicción tanto con declaraciones realizadas anteriormente por la alcaldesa como con la situación que, a su juicio, se observa sobre el terreno. El cierre del paso ha supuesto, además, la modificación del recorrido de la línea 5C2 y la pérdida de dos paradas para los usuarios de este entorno.

IU insiste en que la resolución sobre estas medidas será provisional y no determinará el resultado del procedimiento principal. Por el momento, Martínez opta por la “prudencia” y asegura que habrá que esperar a la decisión judicial, aunque mantiene su acusación de que el Ayuntamiento está intentando “legalizar después” una actuación que, según sostiene, se ejecutó sin el procedimiento y los informes previos necesarios.

Las asociaciones vecinales Amigos de Cazoña, Cueto, Defensa de El Sardinero, Pombo-Cañadío-Ensanche y San Joaquín se han unido para lanzar el manifiesto conjunto “Santander está enferma”. Esta iniciativa busca abrir un debate ciudadano sobre el futuro del modelo urbano y proponer ideas que involucren al resto de colectivos y a las instituciones.

Los colectivos firmantes advierten que la ciudad “amable” que definió la identidad de la capital cántabra está dejando paso a un panorama marcado por “la suciedad, los ruidos constantes, las borracheras, los orines, la presencia de cristales rotos y una ocupación descontrolada de las calles”. Lejos de ser hechos aislados o molestias veraniegas temporales, denuncian que se trata de un problema estructural derivado de “un modelo de gestión que ha relegado la calidad de vida y la convivencia de los residentes a un segundo plano”.

Las consecuencias se repiten sistemáticamente. Cada noche, varias calles se convierten en espacios de consumo masivo de alcohol, acumulando basura y ruidos molestos que impiden el descanso vecinal hasta la madrugada, dejando un rastro de suciedad, orines, cristales y mobiliario dañado cada mañana. A esto se añaden la congestión circulatoria y un “uso desproporcionado del espacio público” que, dice, acentúa el desorden.

Ordenanzas que no se aplican

El manifiesto recalca que el origen de esta situación no radica en la falta de regulación. Santander dispone de ordenanzas sobre convivencia ciudadana, contaminación acústica, consumo de alcohol en vía pública y uso del suelo común. El problema principal radica en que estas normativas “no se aplican” de manera efectiva por parte de las autoridades locales. Esta inacción transmite a los ciudadanos un peligroso mensaje de impunidad, sugiriendo que, en determinadas épocas del año, “todo vale”.

Por otra parte, la coalición vecinal recuerda que mantener una ciudad va más allá de limpiarla cada mañana. Exigen planes continuos de mantenimiento urbano, conservación de espacios de tránsito, atención a zonas verdes y arbolado, y el respeto por el patrimonio histórico y las tradiciones locales.

Turismo compatible y diversificación económica

El movimiento vecinal aclara que no se posiciona en contra del sector turístico, reconociendo su papel estratégico en la generación de riqueza local. Sin embargo, sostienen que el turismo nunca puede desarrollarse contra la ciudad que lo acoge ni socavar el derecho fundamental de los vecinos a descansar y disfrutar de su entorno. Para los colectivos, “el éxito de Santander no puede medirse únicamente por indicadores cuantitativos como la cantidad de visitantes, terrazas o eventos organizados”.

Frente al desarrollo turístico, los vecinos reclaman una economía más diversa capaz de retener el talento joven y ofrecer oportunidades profesionales de calidad. Se trata de conservar elementos genuinos como la escala humana, la tranquilidad y el respeto mutuo, diferenciando a Santander de otros destinos masificados.

Renaturalización y mejora del transporte colectivo

La propuesta vecinal mira hacia el futuro sostenible de la capital. Según el manifiesto, una ciudad adaptada al siglo XXI debe priorizar la salud pública y la adaptación activa al cambio climático. Para ello, abogan por una renaturalización decidida mediante el aumento de zonas arboladas y áreas verdes urbanas.

Además, consideran fundamental priorizar el transporte público colectivo y promover una movilidad más respetuosa, reduciendo la dependencia del coche para lograr un entorno más accesible y seguro.

Llamamiento a la acción y colaboración

Los colectivos impulsores reiteran que su propósito no es la confrontación, sino el aprecio por su ciudad y la convicción de que todavía es posible corregir el rumbo. Con este fin, invitan formalmente a más asociaciones, entidades colectivas y ciudadanos independientes a unirse al documento para construir propuestas comunes y trabajar de la mano con las instituciones públicas.

“Queremos avanzar sin perder nuestra identidad. Que Santander cambie, mejore y prospere, pero que siga siendo reconocible para quienes la quieren y la viven”, concluye un manifiesto que reivindica que la ciudad pertenece, por encima de todo, a sus ciudadanos.

El Ayuntamiento de Suances (PSOE) celebra este fin de semana el XV Descenso de la Ría San Martín, una popular fiesta cuyo acto central es la navegación de gentes disfrazadas a bordo de divertidas embarcaciones. Sin embargo, la causa de la masiva muerte de aves que desató la alarma hace veinte días -alrededor de un centenar según la Asociación Ría San Martín y menos de la mitad, según el Gobierno de Cantabria (PP)- sigue sin esclarecerse.

La concejala de Medio Ambiente de Suances, Ana Belén Santiago (PSOE), ha señalado a elDiario.es que el Consistorio no ha sido informado todavía de novedad alguna respecto al resultado de los análisis que el Gobierno de Cantabria está realizando desde el pasado 8 de agosto: “Seguimos en la misma situación que al principio”, ha recalcado.

Para colectivos ambientalistas como la Asociación Ría San Martín, esta catástrofe evidencia la extrema vulnerabilidad de la ría, la única de toda Cantabria que carece por completo de una figura de conservación legal a pesar de su innegable valor ornitológico. La asociación insiste en que contar con la declaración de Área Natural de Especial Interés (ANEI) o su integración como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) obligaría a realizar controles industriales más estrictos y agilizaría los protocolos de emergencia. Cabe recordar que las industrias del entorno y la polémica depuradora de Vuelta Ostrera conviven con la mayor colonia reproductora de tarro blanco (especie de ave) de la cornisa cantábrica.

Cansados de la inacción regional, los vecinos decidieron hace tiempo elevar la batalla a nivel comunitario. El 23 de septiembre de 2025, la Comisión Europea registró formalmente una denuncia emitida desde esta asociación que encabeza Abel Ojugas y ya preparan una ampliación del expediente para remitir a Bruselas toda la documentación gráfica y censos de la actual mortandad registrada este agosto de 2026.

En paralelo, la asociación ha activado una recogida de firmas digital para “solicitar una protección efectiva y definitiva de la Ría de San Martín”. El objetivo es obligar a las autoridades a otorgar una figura de protección real al humedal.

El agua es plenamente “apta” para el baño

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Suances se intenta trasladar un mensaje de tranquilidad. Preguntada por la conveniencia de celebrar este fin de semana el descenso popular sin saber aún qué ha causado el desastre aviar, la concejala de Medio Ambiente, Ana Belén Santiago, le ha restado importancia, asegurando que en el consistorio no están “muy preocupados en ese sentido”.

Santiago ha defendido que, de confirmarse la hipótesis del botulismo aviar como causa de la mortandad, éste “no afecta a las personas”. Además, la edil ha recordado que gracias a “las lluvias que ha habido estos días” la situación parece haberse estabilizado y “ya no están apareciendo aves”. “Creemos que fue algo puntual en ese momento y que a día de hoy está limpia la ría”, ha afirmado con contundencia. Los análisis diarios certifican que el agua del baño sigue siendo plenamente “apta”, según la concejala.

Respecto al vallado del entorno que dispuso el Ayuntamiento, la concejala aclara que se mantiene instalado únicamente “por precaución” y “seguridad” para evitar que se acerquen niños o perros sueltos. No obstante, recalca que “no está cerrado el carril bici para nada” y que la zona donde se celebra el Descenso Popular “no tiene nada que ver” con la parte vallada, puesto que las embarcaciones pasarán a una distancia de “5 o 6 metros”, un margen que “para nada impide el paso”.

Un grave accidente practicando surf cambió para siempre la vida de Andrés García Lecue, dejándole como secuela una lesión medular que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Acostumbrado a librar una batalla diaria contra las barreras físicas, nunca imaginó que a ello se iba a sumar otro obstáculo en las gradas de su querido Racing de Santander. El arranque de una temporada futbolística histórica, que supone la vuelta del club a primera división después de 14 años, ha puesto en cuestión las condiciones de accesibilidad en Los Campos de Sport de El Sardinero.

Las primeras quejas del colectivo de Personas con Movilidad Reducida (PMR), de las que ya se hizo eco elDiario.es, llegaron en julio, cuando el club les informó de un cambio de ubicación: pasarían de Tribuna norte a Preferencia sur. Ahora, tras los dos primeros partidos de liga de la temporada 2026/2027, los abonados han calificado de “chapuza” el cambio de ubicación -que ha conllevado una obra-.

Al quedar reubicados en mitad de la grada de Preferencia Sur, se encuentran rodeados de una masa de aficionados que pasa gran parte del encuentro de pie. En lances de juego o goles, el público se levanta de manera espontánea, alzando bufandas, lo que anula por completo su visión.

“La gente es un amor y les dices que no vemos, y se disculpan, pero con la adrenalina y la emoción se les termina olvidando”, explica García Lecue, que no achaca en ningún caso el problema al resto de socios sino a un mal diseño estructural.

La ausencia de soluciones ha movido al joven a hacer un vídeo de denuncia del caso en sus redes sociales. Su testimonio ha vuelto a poner el foco en la gestión del Real Racing Club de Santander y del Ayuntamiento de la capital cántabra -propietario de la instalación- por unas reformas de la grada plagadas de ineficacia y parches provisionales que parecen no resolver el problema ni tampoco garantizar la no discriminación de este colectivo de abonados. Ni el club ni el Ayuntamiento santanderino han respondido por el momento a la petición de valoración de la situación realizada por este periódico.

Parches de 30 centímetros y respuestas inadecuadas

El club convocó a esta veintena de socios a una reunión de urgencia el pasado 14 de agosto, justo un día antes del primer partido de liga, en la que participaron el presidente del Racing, Manuel Higuera, y el director de comunicación, Roberto González.

En dicho encuentro, los directivos propusieron elevar la plataforma metálica donde se ubican las sillas de ruedas unos 30 centímetros. No obstante, esta medida ha sido calificada de “ridícula” por los afectados. “Calculamos que para poder ver el partido con verdaderas garantías habría que subir la plataforma por lo menos 70 centímetros”, apunta Andrés, asegurando que a esa altura salvarían el obstáculo visual sin tapar la visión de las filas posteriores. Sin embargo, el club ha comunicado esta semana a los socios que la ejecución de esta exigua reforma se retrasará “varias semanas más” porque los ingenieros continúan evaluando la viabilidad técnica.

Otro momento de tensión en esa misma reunión fue cuando se abordó el riesgo de sufrir balonazos que tienen los usuarios debido a su cercanía a la portería. Según denunciaron los asistentes, la respuesta del director de comunicación, Roberto González, rozó la falta de respeto al sugerir como solución “que los socios que pudiesen mover los brazos se pusiesen en la zona de mayor riesgo y los que no, detrás”. El colectivo ha criticado con dureza estas palabras, al considerar que “esa no es una respuesta válida para personas con discapacidades severas”.

Un traslado forzoso y sin consulta previa

El club tomó la decisión unilateral de trasladar a las PMR de su antigua ubicación en la tribuna norte la temporada pasada -donde se situaban a la izquierda de La Gradona, que es la grada de animación oficial- hacia la preferencia sur. Según relata Andrés García Lecue, este cambio se ejecutó con absoluta opacidad y sin consulta previa con los socios afectados. Se enteraron al ir a renovar su abono para esta temporada: “Nos dijeron que nos iban a cambiar pero no sabíamos exactamente a dónde; no sabíamos si íbamos a estar en fila cero, a mitad o en lo más alto”, lamenta.

El motivo de este desalojo responde, según los afectados, al afán por incrementar el aforo. En el espacio que ocupaban ellos la temproada pasada en Tribuna Norte, el club ha instalado andamios con asientos para reubicar a los miembros de las categorías inferiores. “Lo han hecho para meter a más gente”, lamenta García Lecue, cuestionando “a qué coste y a qué precio” se ha llevado a cabo esta reorganización que ha dejado al colectivo PMR sin visibilidad del terreno de juego.

“Pagamos más para no ver nada”

Cabe recordar que esta vuelta a la máxima categoría del Racing ha traído consigo el incremento del precio de sus abonos, algo que Andrés considera “lógico”, pero algo no tan comprensible: la eliminación de la gratuidad para sus acompañantes obligatorios, que ahora deben abonar la mitad de un pase regular. “Nosotros cumplimos con nuestra parte pagando más, pero el club no está cumpliendo con la suya”, añade Andrés, quien señala que, ante la situación actual, la inmensa mayoría de los afectados “preferiría volver sin pensarlo a la ubicación anterior de la Tribuna Norte”.

La situación queda retratada en las imágenes del primer encuentro liguero, donde se aprecia una hilera ininterrumpida de espaldas de aficionados que imposibilita cualquier seguimiento del balón desde una silla de ruedas.

Baños insalubres

De otro lado, las imágenes de los aseos habilitados en Los Campos de Sport muestran un panorama desolador: el suelo de los cubículos PMR aparece totalmente anegado por aguas sucias estancadas y desperdicios de papel higiénico flotando, un escenario de extrema insalubridad que imposibilita su utilización. Para un usuario de silla de ruedas, maniobrar en un habitáculo inundado es impracticable, al tener que impulsar las ruedas con las manos en contacto directo con el agua contaminada.

Como “parche provisional”, el Racing ha instalado aseos portátiles de obra junto a la zona adaptada. Al mismo tiempo, los afectados denuncian un “baile de la pelota” institucional entre el Ayuntamiento de Santander, propietario del estadio, y el Racing sobre quién debe asumir la financiación de estas reformas urgentes.

“El Ayuntamiento nos dice que la obligación de reorganizarnos y cumplir la normativa recae íntegramente sobre el club, pero nos queda la duda de quién tiene realmente la razón”, señala García Lecue con resignación.

Desde el colectivo lamentan también el silencio de la Fundación del Racing, entidad que no ha intervenido en este conflicto. ElDiario.es se ha puesto en contacto con la institución y, pese a su razón social vinculada a la Responsabilidad Social Corporativa y proclamar en su página web que su labor es “poner el fútbol y el deporte al servicio de la sociedad cántabra para construir una comunidad más justa, inclusiva, igualitaria y solidaria” se han limitado a responder que este asunto es “un tema del club”.

El único compromiso resuelto es, según el colectivo PMR, el relativo al aparcamiento adaptado del estadio. Ante el fraude sistemático de personas que utilizan tarjetas de familiares de PMR, obligando a los verdaderos beneficiarios a llegar con dos horas y media de antelación para encontrar un sitio libre, el club se ha comprometido a vallar plazas y dotar a los abonados de acreditaciones especiales vinculadas a la matrícula de sus vehículos. “Creemos que esto sí va a ser eficaz”, aventura García Lecue.

La vía legal y el reglamento de la UEFA

Entre tanto, Gisela Saiz, madre de otro de los socios afectados, ha formalizado una denuncia administrativa ante el Departamento Legal de LALIGA, advirtiendo de que, si no se subsanan las deficiencias, el caso se elevará a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Cantabria y a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Derechos Sociales.

La denuncia se fundamenta en el propio Reglamento General de LALIGA (Libro X - Infraestructuras y Estadios) que exige que los clubes de fútbol profesional mantengan sus estadios adaptados tecnológicamente y con instalaciones que garanticen la comodidad de los espectadores. Específicamente, LALIGA vigila y sanciona el incumplimiento de los planes de evacuación, seguridad y confort en los que “las plazas PMR deben estar debidamente acondicionadas y protegidas frente a riesgos ambientales y de visibilidad”.

Por otro lado, el Código Técnico de la Edificación (CTE - Documento Básico SUA) obliga a que las plazas reservadas dispongan de una visibilidad idónea y prohíbe de forma expresa que los elementos estructurales o el público impidan la visión. Asimismo, exige aseos accesibles debidamente dimensionados y aislados del uso masivo general.

A nivel internacional, la propia guía de accesibilidad de la UEFA contempla que la ubicación reservada para personas en silla de ruedas en recintos de alta competición debe diseñarse de modo que su línea de visión sobrepase la altura del público de pie situado delante, garantizando que una persona con movilidad reducida goce de la misma experiencia e isóptica de juego que el resto de los aficionados.

“Somos un grupo de unas 20 o 25 personas, un colectivo minoritario, y parece que por eso piensan que nos pueden poner en cualquier rincón esperando que no protestemos”, concluye Andrés García Lecue. Pero este colectivo de socios con movilidad reducida del Racing ha dejado claro que está dispuesto a persistir en su batalla hasta que El Sardinero sea un estadio verdaderamente accesible y libre de discriminación.

Rudagüera, un pintoresco rincón de interior de Cantabria en el municipio de Alfoz de Lloredo, está a punto de perder su único espacio de encuentro. Dividido en tres barrios tradicionales -San Pedro, Lloredo y Fresnedo- que suman 316 habitantes según el censo municipal, este núcleo rural se enfrenta a la desaparición de su único bar-restaurante.

La situación de este pueblo contrasta fuertemente con la hegemonía de la hostelería en el conjunto de España y, particularmente, en la zona occidental de Cantabria donde se ubica, con importantes localidades turísticas como Cóbreces, Santillana del Mar o Comillas, a 8,6, 11 y 17 kilómetros, respectivamente.

En paralelo, el cierre de este emblemático espacio coincide con la reciente aprobación del Gobierno de Cantabria (PP), que establece subvenciones de 2.000 euros financiadas por la Unión Europea (fondos NextGenerationEU) bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El próximo mes de septiembre, la histórica Casa Solariega San Pedro de Agüera, un edificio señorial de 1825 que durante la última década ha albergado el único restaurante, bar y hostal de la zona, La Ermita 1826, cerrará sus puertas definitivamente. La causa de este cierre es la finalización del contrato de arrendamiento de diez años de sus actuales gestores y la decisión de los propietarios del inmueble de recuperar el uso de la propiedad y, por el momento, acometer obras de actualización y reparar el tejado.

Este cierre deja a los vecinos de las tres pedanías huérfanos de su único espacio de socialización, acelerando el aislamiento en una comunidad con una población notablemente envejecida.

Para quienes habitan en Rudagüera durante todo el año, el bar representa mucho más que un negocio de hostelería. Es el centro de contacto comunitario. Alfred, un vecino originario de Barcelona que se instaló en el pueblo hace siete años junto a su mujer, Carmen, describe con tristeza el impacto de la noticia: “Nos quedamos sin ningún bar que haga de bar. Es el único sitio para hablar entre los vecinos, vernos las caras y comentar nuestras cosas cotidianas”, lamenta.

La gravedad de la situación se acentúa por la absoluta falta de alternativas públicas en el pueblo. En Rudagüera no existe ningún local del Ayuntamiento, centro cívico o espacio común de titularidad pública donde poder reunirse. Además, la bolera local se encuentra abandonada y ya no queda ni rastro de “los torneos y ligas como los que antaño, que unían a los pueblos de la comarca”, recuerda Alfred con nostalgia.

A partir de septiembre, para poder tomar un café o jugar una partida de cartas, los residentes de San Pedro, Lloredo y Fresnedo se verán obligados a desplazarse a la localidad de Golbardo, a unos cinco kilómetros de distancia. “Eso implica tener que coger el coche obligatoriamente”, señala Alfred, un obstáculo insalvable para muchos de los vecinos de avanzada edad que ya no conducen y que dependen enteramente de la vida que se genera dentro de los límites de su pedanía.

Preguntado por si se han planteado hacer una petición común al Ayuntamiento de Alfoz de Loredo para que habilite algún local o espacio de reunión vecinal, Alfred responde que “todavía no”, pero que “quizás es buena idea”. Dice tener una buena relación con el Consistorio, ya que estuvo unos meses a cargo de una biblioteca municipal.

Rentabilidad estival frente al vacío del invierno

La perspectiva del matrimonio que actualmente gestiona el establecimiento ofrece la otra cara de la moneda de la hostelería rural. Reconocen que mantener un restaurante abierto todo el año en un pueblo tan pequeño es complejo. “El verano se trabaja muy bien, pero en invierno, si no hubiera habitaciones, nos comeríamos los mocos”, explica.

Durante los meses fríos, el local abría de viernes a domingo, ofreciendo cenas y comidas para clientes de fuera atraídos por el renombre del restaurante, dado que el consumo diario de los pocos vecinos habituales resultaba “insuficiente” para sostener la estructura. Es por ello que decidieron ni siquiera plantear a los propietarios una posible renovación del contrato. Sobre los rumores que entre vecinos del pueblo apuntan a que se convertirá en apartamentos turísticos admiten que lo comprenden: “El modelo de alojamiento turístico es infinitamente más cómodo y requiere mucho menos trabajo”.

El haber sabido con tiempo la no renovación del contrato -vencía en julio pero les han dejado trabajar este último verano- dice que les ha permitido organizarse para buscarse otra salida laboral en Santander.

La paradoja de la subvención autonómica

Las ayudas de 2.000 euros del gobierno autonómico, gestionadas por la Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, buscan financiar el mantenimiento de establecimientos que sean el único bar de localidades “en riesgo de despoblamiento”, con el objetivo de combatir “el aislamiento social y la soledad no deseada”.

Sin embargo, en Rudagüera la iniciativa se ha convertido en una paradoja inútil. “La ayuda está muy bien, pero si no hay bar, no hay subvención”, apunta Alfred. Al no renovarse el contrato de alquiler, el pueblo pierde el único local que podía optar a ello. Los 2.000 euros resultan testimoniales ante las expectativas de beneficio de lo que puede generar otra actividad como el alojamiento vacacional, impulsado a su vez por el cambio climático que, en opinión de este vecino, “atrae cada vez más a compradores del centro de España que huyen del calor”, lo que a su vez “ha disparado en los últimos años el precio de la vivienda local”, añade.

Rudagüera, a pesar de su rico patrimonio civil, que destaca por su Torre medieval de Lloredo o sus históricas casas solariegas, está a punto de engrosar esta lista de pueblos desprovistos de un espacio de reunión social.

CORRECCIÓN sobre versión publicada el 24 de agosto de 2026

En una primera versión de esta noticia se informaba, a partir de los testimonios de dos vecinos y los actuales gerentes del bar-restaurante, que la intención de la propiedad era transformar el edificio en alojamientos turísticos. Amparo Salmón, como copropietaria del mismo junto a sus dos hermanos, se ha puesto en contacto con este periódico para expresar su malestar por no haber sido consultada al respecto, ya que “aún no se tiene decidido lo que se hará” y “no es cierto que el edificio familiar se vaya a convertir, de momento, en apartamentos turísticos”. Salmón ha explicado que “lo que sí se va a hacer por ahora son obras de actualización que el edificio ya necesita, debido a su antigüedad, y reparar el tejado”. Igualmente ha señalado que el inmueble tiene actualmente “licencia de hostal”, es decir, “habitaciones con servicio de comedor y de bar”.

En base a su testimonio se ha procedido a modificar el titular (Fin a la vida social de Rudagüera: el único bar cierra para convertirse en pisos turísticos) y a eliminar todas las alusiones a ello incluidas en la primera versión de la información como: “El histórico edificio será transformado en alojamientos turísticos y viviendas vacacionales”, “Esta reconversión comercial” y “cambiar el uso del inmueble hacia el alquiler vacacional turístico”.

La Demarcación de Costas en Cantabria ha solicitado a la Asociación Ría San Martín información tras la catástrofe ambiental en la ría de Suances que ha continuado hasta el mar, según ha confirmado la agrupación. El objetivo es realizar un informe del caso, en el que han aparecido por lo menos cien aves muertas, según el censo de la asociación, y 39, según el registro oficial del Gobierno de Cantabria (PP), que ha sido desmentido, convirtiendo la mortandad en una guerra de cifras sin conocerse aún las razones.

Dos personas de Costas han acudido a la zona y han recibido información de la asociación in situ. “Han pasado algunas aves muertas de la ría a la mar”, porque la corriente ha arrastrado los cadáveres de las aves enfermas y muertas hacia el mar abierto, fuera de los límites de la ría, ha dicho Abel Ojugas, de la asociación, para explicar el papel de Costas, entidad que se encarga de la protección de la ZEPA de la Isla de los conejos de Suances, entre otras zonas.

Y es que la asociación ha cuestionado el retraso en la publicación de los análisis veterinarios, después de que las primeras muestras de aves muertas se tomaran el 8 de agosto. Al cumplirse casi dos semanas del inicio de la mortandad masiva, el Gobierno de Cantabria solo ha descartado de forma oficial la gripe aviar y la enfermedad de Newcastle, pero sigue sin concretar la causa definitiva de las muertes.

Abel Ojugas, cuestiona estos plazos basándose en su experiencia personal. “A mí la administración me exigía realizar constantemente pruebas a mis aves rapaces; yo mismo tomaba muestras cloacales y en un plazo de cinco o seis días ya estaban los resultados”, recuerda. Para Ojugas, que hayan transcurrido 12 días sin un diagnóstico claro de la ría es una anomalía inaceptable. “Llevamos ya 12 días de retraso; es evidente que andan tapando la gravedad de lo que realmente ocurre”.

El agua de Solares, declarada de utilidad pública en 1828, no es solo un producto comercial, sino seña de identidad de un pueblo de Cantabria que creció al amparo de su manantial y su balneario. Sin embargo, la reciente adquisición de la emblemática compañía por parte de Aquadeus (perteneciente al Grupo Fuertes y al Holding Alma) en noviembre de 2024 ha traído consigo un ambicioso plan de expansión que, aunque promete ser un motor de desarrollo, ha comenzado a generar las primeras quejas vecinales.

La histórica planta embotelladora de Manantial de Fuencaliente se ha convertido, según los residentes afectados, en una fuente incesante de ruidos, vibraciones y tráfico de vehículos pesados que opera sin interrupción durante las 24 horas del día. Su objetivo: llegar a extraer hasta 40 litros por segundo, lo que equivale a 1.260 millones de litros anuales y alrededor de millón y medio de botellas diarias.

Para ello, la Consejería de Industria autorizó a la empresa el 13 de diciembre de 2024 la ejecución de un sondeo alternativo al de Fuencaliente para captación de aguas subterráneas. El 16 de julio de este año se autorizó el cambio de ubicación de ese sondeo y actualmente, como consecuencia de problemas técnicos que impidieron completar la ejecución de los sondeos anteriores, se está tramitando la autorización —a fecha 13 de agosto de 2026— del cambio de ubicación para la realización de un tercer sondeo. Todo ello suma más de año y medio de ruidosas prospecciones en el terreno que rodea al icónico manantial cántabro.

Vivir frente a un “polígono industrial”

Para Javier Gómez, hijo de una vecina cuya vivienda colinda directamente con la factoría, la situación es insostenible sobre todo desde junio de 2026, cuando la entrada de nueva maquinaria y generadores industriales transformó completamente el entorno residencial en un “polígono industrial”. “Se trabaja igual a las 12 del mediodía que a las 3 de la mañana”, denuncia Gómez, quien describe la presencia de equipos de refrigeración del tamaño de contenedores de barco instalados en el exterior, en pleno centro del pueblo.

El pasado 22 de julio, la madre de Javier, de 72 años, tuvo que ser trasladada a urgencias de madrugada debido a una crisis de hipertensión tras pasar varios días sin poder dormir debido al estruendo de los generadores y la chimenea de la planta.

María del Carmen Carrera, otra vecina afectada, califica el ruido de los generadores como “espantoso” y coincide en que, a pesar de vivir allí toda la vida, nunca se había enfrentado a una agresión sonora de tal magnitud que persiste incluso durante las noches y los días festivos.

“Con ventanas cerradas incluso se oye todo”, lamenta, insistiendo en que la situación se ha vuelto insoportable para las familias que viven en el entorno de las instalaciones, como su hermano, que habita en otra casa muy cercana a la suya.

Mediciones para probar ilegalidad sonora

La alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera (PRC), reconoce que el conflicto existe, aunque ha matizado que, a nivel oficial, “el Ayuntamiento solo ha recibido una denuncia formal por escrito de una familia”. La regidora asegura que “ningún vecino del pueblo me ha trasladado nada en la calle”.

Higuera ha justificado que la fábrica ha pasado de un nivel de producción bajo a un volumen mucho mayor tras la llegada de la nueva propiedad (Grupo Fuertes) y ha subrayado la importancia de la empresa como motor económico, ya que da empleo a “mucha gente” del propio municipio de Medio Cudeyo, de algo más de 7.600 habitantes. Si bien no ha precisado exactamente el número de trabajadores actuales de la embotelladora, sí ha aludido a que “en su día —refiriéndose a la gestión anterior de la familia Añíbarro— tenía unos 70 u 80 empleados”. Desde Aquadeus/Solares confirman que la plantilla actual es de 60 personas, “casi un 50% más” que cuando asumieron la titularidad de la embotelladora, y que en los próximos meses prevén incorporar “a un mínimo de 10 trabajadores adicionales con contrato indefinido, sobre todo aunque no únicamente de perfil técnico”, siguiendo su filosofía de dar preferencia a “recursos locales o comarcales”.

No obstante, la alcaldesa se ha mostrado tajante al afirmar que Agua de Solares debe cumplir la legalidad. “Tenemos que lograr una convivencia pacífica, sana y feliz para ambas partes”, ha asegurado, señalando que ya se ha dado traslado de la queja vecinal a los servicios técnicos municipales para que realicen las inspecciones correspondientes y que están “analizándolo” (desde el 2 de julio que el afectado Javier Gómez presentó por Registro una primera denuncia escrita).

Por su parte, ante la falta de respuesta institucional inmediata, los propios vecinos han tomado la iniciativa de fiscalizar la actividad. Javier Gómez adquirió un sonómetro profesional para contrastar el ruido ambiental con la normativa vigente. Si bien el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Medio Cudeyo establece un límite máximo de 35 a 40 decibelios para dormitorios en periodo nocturno, las mediciones en las viviendas afectadas superan los 50 decibelios de forma constante, según señala Gómez. El PGOU establece a su vez que el nivel sonoro en el domicilio vecino no puede sobrepasar en más de 3 decibelios el ruido de fondo entre las 22:00 y las 8:00 horas, según explica.

Sin embargo, pese a las primeras quejas verbales en marzo de 2026 y los vídeos remitidos posteriormente como parte de denuncias formales dirigidas al Ayuntamiento y elevadas a otros entes como la Guardia Civil o el Defensor del Pueblo, no se han adoptado medidas correctoras.

Quejas de huéspedes del Balneario de Solares

A la incomodidad vecinal se suma otro motor histórico de la zona: el Balneario de Solares Castilla Termal. Su director, Carlos Irigoyen, ha confirmado que el ruido industrial es “muy molesto” en las habitaciones que dan hacia la fábrica, especialmente en verano, cuando los huéspedes necesitan abrir las ventanas. “Son sobre todo unas seis habitaciones que tratamos de mantener desocupadas en la medida de lo posible porque nos han generado bastantes quejas entre nuestros clientes”.

En conversación con elDiario.es, Irigoyen ha recordado que trasladó personalmente el problema a la gerencia de la fábrica y se comprometieron hace más de un mes y medio a instalar paneles amortiguadores de ruido, pero a fecha de hoy los ruidos persisten y no hay constancia de dicha obra.

Dice que para ellos el problema comenzó ya en el verano de 2025, con las obras de perforación para un nuevo punto de extracción que Irigoyen asegura que fueron “insoportables”. El actual director del histórico establecimiento termal reconoce que para su modelo de negocio, sustentado en el descanso y la relajación, una planta que opera con maquinaria pesada y generadores a toda potencia durante la noche, sí preocupa.

Cabe recordar que la planta de la embotelladora Agua de Solares tiene la particularidad de estar ubicada prácticamente en el núcleo urbano de la localidad y no en un entorno que pueda considerarse industrial. Preguntados por si tienen constancia de que el aumento de su actividad esté generando algún tipo de incomodidad a la población, desde Aquadeus/Solares aseguran no tener conocimiento de ningún tipo. “Creemos que los vecinos entienden que antes existía una fábrica con una intensidad empresarial muy baja y la situación actual ha cambiado mucho. Evidentemente, hemos aumentado significativamente los movimientos de vehículos pero las vías urbanas no están sufriendo atascos ni problemas de tráfico. No obstante y como tenemos un proyecto importante de crecimiento en los próximos años, ya estamos abordando con el ayuntamiento planeamientos futuros para que no generemos eventuales inconvenientes”, concluyen.

El Ayuntamiento retomará reuniones en septiembre

Higuera reconoce que ha mantenido conversaciones con la gerencia de la fábrica y en ellas le han trasladado su compromiso de eliminar los generadores temporales “una vez que se obtenga el incremento de potencia eléctrica que han solicitado” y de instalar los paneles acústicos prometidos. Según le han dicho, “la compañía a la que se le ha encargado ese trabajo no ha sido capaz de hacerlo todavía”.

En opinión de la alcaldesa, la intención de los nuevos dueños de Agua de Solares es “venir a convivir” y no alterar la vida del pueblo. Respecto al incremento del tráfico experimentado en el municipio debido al mayor volumen de vehículos pesados que entran y salen de la embotelladora, la regidora ha asegurado que, durante esa misma reunión mantenida con la empresa, esta se comprometió también a construir un aparcamiento disuasorio para camiones, donde puedan esperar sin molestar antes de ser avisados para efectuar las cargas.

Ahora bien, preguntada por si existe algún tipo de acuerdo escrito sobre estas promesas y sus posibles tiempos de ejecución, Higuera ha admitido que solamente han sido compromisos verbales.

En todo caso, la regidora confía en poder retomar en septiembre, con el fin del periodo vacacional, las reuniones con la dirección de la planta de Solares para lograr “la convivencia deseada” entre el desarrollo industrial y el bienestar de residentes y turistas termales.

La crisis ambiental en la ría de San Martín, en Suances, lejos de apaciguarse con las explicaciones de la administración, ha derivado en una guerra de cifras entre los colectivos locales y el Gobierno de Cantabria (PP). A esta desconexión censal se suma la dinámica geográfica de las mareas. Con la bajada de la marea, la corriente arrastra los cadáveres de las aves enfermas y muertas hacia el mar abierto, fuera de los límites de la ría. “La marea los saca para fuera” y desde la asociación Ría San Martín explican que tienen constancia de que socorristas de la Cruz Roja han estado recuperando cuerpos en las inmediaciones de la playa, un conteo que “tampoco se está integrando con transparencia” en el registro autonómico.

La Asociación Proyecto Ría San Martín informó de más de un centenar de aves muertas y después, el Ejecutivo autonómico redujo a tan solo 39 la cifra oficial de aves muertas localizadas en el estuario desde el pasado 8 de agosto. Ahora, la Asociación Proyecto Ría San Martín ha desmentido este jueves categóricamente estos datos. Su portavoz, Abel Ojugas, tacha el recuento de “llamativo” e “insuficiente”, asegurando que las cifras oficiales omiten la realidad del ecosistema y “ocultan especies clave ya retiradas”.

Si bien la Consejería de Desarrollo Rural ha detallado el hallazgo de 24 azulones, 13 gaviotas reidoras y dos tarros blancos, la organización local insiste que dispone de pruebas documentales que demuestran una mortandad muy superior y la presencia de especies ausentes en el informe oficial.

La Asociación Proyecto Ría San Martín rebate el recuento oficial remitiendo a los censos mensuales exhaustivos registrados en eBird, una base mundial de observaciones. “De enero a junio, e históricamente todo el año, registramos poblaciones constantes de entre 90 y 100 patos en Vuelta Ostrera”. Actualmente, Abel Ojugas advierte que la población residente visible se ha reducido a apenas 15 o 25 ejemplares. “La disminución en el terreno es abismal”.

La asociación denuncia, además, que el Gobierno cántabro ha invisibilizado a varias especies en su desglose. Ojugas afirma que el informe oficial no incluye ejemplares de cercetas comunes ni de ánades frisos, a pesar de que disponen de fotografías que confirman su retirada. “No dicen nada de los frisos y cercetas que nosotros mismos fotografiamos al inicio del episodio”.

Falta de transparencia

La desconfianza se ha intensificado en los últimos días debido a la falta de colaboración de los agentes sobre el terreno. Ojugas relata un tenso episodio ocurrido el pasado 18 de agosto, cuando solicitaron a un guarda forestal realizar un parte conjunto de recogida. El agente, tras personarse en la zona a las 9:30 de la noche y recibir el aviso de la presencia de dos cercetas (una muerta y una moribunda), cuatro azulones muertos y tres gaviotas reidoras afectadas, se negó a facilitar una copia de su informe o a permitir que fotografiaran su registro. “Nos dijo que no podía dárnoslo y que debíamos pedirlo formalmente a la administración”.

Esa misma noche, al alertar al 112 sobre más aves moribundas a las 10 de la noche, las autoridades les indicaron que dejasen los cuerpos en el medio natural, que ya los recogerían al día siguiente. Los voluntarios tuvieron que resguardar los cadáveres en un tejado para protegerlos hasta la mañana. “Tuvimos que tirarlos encima de un tejado para evitar que se los comieran especies depredaroras”.

La muerte de cientos de aves acuáticas, que ya alcanza al 80% de la colonia local, según ecologistas locales, ha activado todas las alarmas en Cantabria ante la sospecha de un brote de botulismo o vertidos industriales. Mientras el Ayuntamiento de Suances ha extremado las precauciones en los arenales y la Consejería de Medio Ambiente analiza los cadáveres de los animales, la Asociación Proyecto Ría San Martín ha exigido una protección legal inmediata para un ecosistema que agoniza “sin una figura de conservación”.

El paisaje habitual de la Ría San Martín, ese estuario donde el agua dulce se funde con el Cantábrico en el entorno de Suances e Hinojedo, se ha transformado en la última semana en un escenario de desolación. Lo que comenzó como un hallazgo aislado de ánades (tipo de pato) muertos el pasado 8 de agosto se ha convertido en una “catástrofe medioambiental” en cadena que amenaza con diezmar una de las zonas de mayor biodiversidad del norte de España, según Abel Ojugas, presidente de la Asociación Proyecto Ría San Martín.

El ecologista ha descrito la situación de “bastante preocupante” dado que, según los censos y observaciones a pie de campo realizados por su organización, la mortalidad ya ha golpeado al 80% de la colonia de azulones (ánade azulón) que habita la zona, y el goteo de cadáveres no cesa. “Empezamos a ver alguno enfermo y luego ha sido en cadena, en cadena, en cadena”, relata Ojugas, que cifra en más de un centenar los ejemplares recogidos hasta la fecha.

La magnitud del desastre no solo se mide en números, sino en el valor ecológico de las especies afectadas. La Ría San Martín es, según los registros de la plataforma mundial de observaciones eBird, la segunda zona más importante de Cantabria en número de especies y alberga la mayor colonia reproductora de tarro blanco -otra variedad de pato- de toda la cornisa cantábrica. Ya se han encontrado al menos cinco ejemplares jóvenes muertos de esta especie, según la asociación. A la lista de bajas se suman otras especies como: ánades frisos, cercetas comunes, un cisne y, más recientemente, la gaviota reidora, una especie que comienza a llegar ahora para pasar el invierno, como parte de su proceso migratorio.

Riesgo de contagio a otros animales

Otro de los puntos en los que la Asociación Proyecto Ría San Martín pone el acento es en el riesgo de contagio existente por la propia dinámica del ecosistema. Los ecologistas han documentado gráficamente cómo otras especies están consumiendo los restos de las aves infectadas. “Ayer había cámbaros comiéndose los restos de un tarro blanco; hemos visto cormoranes alimentándose de ánades frisos muertos y signos de carroñeo por parte de zorros o jabalíes presentes en la zona”, ha advertido Ojugas.

Esta interacción acelera la dispersión de lo que sea que esté matando a las aves, convirtiendo cada cadáver no retirado en un nuevo foco de infección.

¿Botulismo o fallo industrial?

A falta de los resultados definitivos de las necropsias y análisis de agua, muchas hipótesis apuntan al botulismo aviar. Esta enfermedad, provocada por una toxina bacteriana que prolifera en condiciones de calor, falta de oxígeno y aguas estancadas, encajaría con los síntomas observados. Sin embargo, la singularidad de la Ría San Martín, un entorno de mareas donde el agua se renueva constantemente, genera dudas entre los ambientalistas de la zona.

“El botulismo se genera donde hay poco agua o está estancada. En la Ría San Martín hay mareas, sube y baja, no hay pozas”, explica Ojugas a elDiario.es, al tiempo que recuerda la actividad humana e industrial de la zona, con factorías como la Asturiana de Zinc, Solvay o la polémica Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Vuelta Ostrera y que algún fallo haya alterado el equilibrio del agua. “Puede haber habido algún fallo, aguas estancadas que se mueven y no se oxigenan correctamente”, ha argumentado, “pero en cualquier caso tienen que ser las administraciones y autoridades competentes las encargadas de determinarlo”, ha concluido.

Precaución en las playas y cierre de accesos

Por su parte, el Ayuntamiento de Suances mantiene la cautela a la espera de los informes técnicos. La concejala de Medio Ambiente, Ana Santiago (PSOE), ha confirmado que el municipio ha solicitado su propia analítica de aguas para contrastarla con la de la Consejería de Medio Ambiente (PP), con la que, según ha señalado, han tenido que contactar vía correo electrónico en ausencia de un teléfono operativo. Santiago ha matizado que, en principio, se descarta una contaminación química masiva que afecte a toda la fauna acuática: “Si fuera por el agua, también habría cadáveres de peces, y no es el caso; de momento solo son aves”, ha dicho.

Pese a ello, la emergencia ha obligado a tomar medidas drásticas para proteger la salud pública. Ante la advertencia de la Asociación Proyecto Ría San Martín -primera en dar la voz de alarma-, de que el botulismo puede afectar también a los humanos y, especialmente, a las mascotas, el consistorio ha procedido al vallado y señalización de las zonas más críticas del carril bici y las orillas de la ría.

“Hemos puesto carteles de prohibido el paso a personas y animales por prevención”, ha explica la concejala Ana Santiago a elDiario.es este lunes. La mayor preocupación del equipo de gobierno es que el foco pueda extenderse hacia las concurridas playas de Suances, como la de La Concha, dada la proximidad de la desembocadura. “Estamos super pendientes; hay que actuar rápidamente antes de que pueda llegar a los arenales”, ha subrayado Santiago, reconociendo que los plazos de los laboratorios se están dilatando debido a que agosto es un mes “poco hábil”.

El momento en que ha estallado esta crisis es bastante crucial, ya que Cantabria se encuentra en pleno periodo migratorio, y la Ría San Martín actúa como una “estación de servicio” vital para las aves que viajan hacia el sur. Actualmente hay unas 300 gaviotas reidoras en la zona, pero en las próximas semanas se espera la llegada de hasta 700 cercetas comunes y centenares de otras aves invernantes.

“Si una cerceta para, descansa y se infecta, puede llevar el virus a otro lugar”, ha advertido Ojugas sobre el potencial efecto multiplicador de la emergencia ambiental. Desde SEO/BirdLife Cantabria han mostrado también su apoyo a la asociación local y siguen con preocupación el caso.

Un clamor por la protección legal

Para los ecologistas, lo que está ocurriendo es la consecuencia de años de desidia administrativa. Abel Ojugas denuncia que la Ría San Martín es la única de Cantabria que carece de una figura de protección legal, a pesar de su innegable valor ornitológico. “Llevamos años detrás de la administración; es la más rica de Cantabria y está sin protección”, ha lamentado.

La Asociación Proyecto Ría San Martín, con más de una década de trayectoria, sostiene que, si el estuario contara con la declaración de Área Natural de Especial Interés (ANEI), como se ha solicitado repetidamente, o estuviera integrada en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los controles sobre la industria serían más estrictos y la respuesta ante emergencias más ágil. “Una protección efectiva supone mayor seguimiento, conservación y gestión”, sostienen desde la organización.

El presidente de la organización ambientalista ha reiterado que este fatídico incidente cuyas causas están aún por determinar “tiene que marcar un antes y un después” y cuando termine esta emergencia no se puede volver a la situación anterior de desprotección.

Durante meses, obtener una cita para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en Cantabria se ha convertido en una misión casi imposible. Lo que debería ser un trámite administrativo gratuito y fluido derivó en un colapso que ha estado alimentado un lucrativo mercado negro. Sin embargo, tras la presión ejercida por el Colegio de la Abogacía de Cantabria y diversas organizaciones sociales, la Delegación del Gobierno de Cantabria ha implantado un nuevo sistema para tratar de impedir el fraude mediante la automatización de las citas. Es decir, que a partir de ahora la cita llega directamente a cada persona, no tienen que estar pendientes de pedirla y que no haya disponibles en el plazo que se les exige.

La crisis de las citas para “huellas” -el paso final para obtener la tarjeta de la residencia o su renovación- alcanzó su punto álgido a principios de año. Adriana Villegas Rey, miembro de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria (ICA) y responsable de la sección de Extranjería, describe un escenario de desesperación para los usuarios: “Antes te metías y daba igual la hora; no había citas, no había citas, no había citas”. Esta escasez no era fruto de la casualidad, sino que se veía agravada por una red de “conseguidores” que acaparaban los turnos disponibles.

Villegas relata cómo el fraude se hacía evidente a través de plataformas como Mil Anuncios o Wallapop, donde proliferaban ofertas para gestionar citas a cambio de dinero. Los testimonios que llegaban a los despachos de abogados y a las ONG eran alarmantes: clientes que confesaban haber pagado entre 50, 100 y hasta 150 euros o 200 euros por un turno que legalmente es gratuito. “Teníamos mensajes, teníamos números de teléfono... incluso llegamos a aportar grabaciones de cómo un cliente le decía a su abogado que había pagado 60 euros y tenía la cita para dentro de tres días”, ha explicado la letrada.

Según ha podido comprobar elDiario.es, estos anuncios aún persisten pero los pocos que mantienen un contacto telefónico directo responden que lo hacían pero que “ahora ya no” (conseguir citas a cambio de dinero). Otros piden contactar por whatsapp o mensajes a través de las propias plataformas para preservar su identidad: “Si le corre prisa conseguir una cita para poder proseguir con la tramitación de su documentación, contacte ya por mensajería privada y le ayudo a obtener la huella para lo antes posible en toda España. Citas rápidas y baratas”, reza un anuncio.

La red de obtención de citas no se limita exclusivamente a los anuncios en internet, sino que también ha estado presente en el tejido empresarial local. Según ha descrito Adriana Villegas, en una comunidad “pequeña como es Cantabria”, se ha detectado que determinadas empresas, especialmente en el sector de la hostelería -donde existe un gran movimiento de trabajadores-, conseguían turnos de manera irregular para sus empleados. “Teníamos testimonios de usuarios que nos decían que su jefe iba a hablar con alguien y así conseguían la cita”, relata la responsable del ICA, quien ha destacado la “intranquilidad” que esto generaba entre los abogados, al ver cómo quienes no pagaban o no tenían estos contactos se quedaban sin opción de tramitar su huella.

Quejas formales a la Delegación del Gobierno

Ante esta situación, en marzo de este año, el Colegio de la Abogacía se quejó a la Delegación del Gobierno de Cantabria y a la Policía Nacional. Simultáneamente, Arianne Cobo, abogada del Movimiento por la Paz (MPDL) en Cantabria, denunció el asunto ante el Defensor del Pueblo y la propia Delegación debido a la ausencia absoluta de citas en Santander.

“La queja la presentamos en marzo, que fueron los meses más problemáticos”, recuerda Cobo, quien añade que la administración respondió inicialmente prometiendo un incremento de la plantilla para solventar el tapón administrativo. Adriana Villegas destaca que, en una comunidad pequeña como Cantabria, el problema resultaba incomprensible: “Que esto ocurra en Madrid o Barcelona se puede entender por la presión migratoria, pero en Cantabria no había este problema, tampoco en provincias vecinas como Burgos o Asturias”.

Las reuniones mantenidas entre el ICA, el delegado del Gobierno, la Policía Nacional y la Abogacía del Estado fueron clave para trasladar la gravedad de los hechos. Según Villegas, el Colegio proporcionó a la Policía Nacional toda la documentación y datos recopilados sobre los números de teléfono y métodos de pago utilizados por las redes de reventa de citas.

Automatización como en otras provincias

La solución técnica al problema ha llegado de la mano de la automatización. Una solución aplicada ya en otras provincias como Tarragona, Castellón o Alicante, según explica Villegas. Se trata de poner en marcha un sistema donde la propia Oficina de Extranjeros asigna la cita de oficio.

Bajo este nuevo modelo, cuando un ciudadano extranjero recibe la resolución favorable de su autorización de residencia, el sistema le asigna automáticamente un día y hora para acudir a poner las huellas. “Ahora hay resoluciones que ya vienen con la cita asignada o que te indican que te llegará un correo en unos días con el turno”, detalla Villegas. Este cambio elimina la necesidad de que el interesado -o los especuladores- tengan que monitorizar la página web de la administración constantemente.

La abogada Arianne Cobo confirma que el sistema ya está dando sus primeros frutos: “Desde esta semana en la oficina de MPDL Cantabria ya hemos recibido varias concesiones con ese sistema de citas que parece que va a funcionar bien y acabará con la problemática”.

Por su parte, Villegas asegura que, desde junio, la situación ha cambiado radicalmente y que incluso para los trámites donde no hay asignación automática -como peticiones de asilo o cédulas de inscripción-, ya es posible encontrar turnos disponibles de forma ordinaria.

Congelación de cuentas bancarias y despidos

El colapso de las citas no era un mero inconveniente burocrático; tenía consecuencias vitales para los trabajadores extranjeros. Villegas recuerda casos de personas que han tardado hasta tres meses en conseguir una cita tras obtener su permiso de arraigo. Aunque la resolución favorable permite trabajar, la falta de la tarjeta física (TIE) generaba problemas graves con las entidades bancarias. “Los bancos, si no veían el NIE renovado, congelaban las cuentas de muchos ciudadanos”, ha lamentado la responsable de la sección de Extranjería del ICA. Asimismo, algunas empresas amenazaban con dar de baja a trabajadores si no presentaban el documento físico actualizado.

Unión de abogacía y tercer sector

Un factor determinante para resolver esta crisis ha sido la creación de la sección de Extranjería dentro del Colegio de la Abogacía de Cantabria, hace aproximadamente un año y medio. Esta sección no solo agrupa a abogados particulares y del turno de oficio, sino que integra a representantes de organizaciones como Movimiento por la Paz, Cáritas, Cruz Roja, Cantabria Acoge e incluso sindicatos como Comisiones Obreras. “Es muy bueno porque estamos en contacto todos; tenemos un chat de WhatsApp muy activo para contarnos novedades y resoluciones”, explica Adriana Villegas. La abogada incide en que esta red de colaboración permitió detectar el fraude de forma rápida y actuar de manera coordinada ante la administración.

Villegas reconoce igualmente que en este caso la colaboración con la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional ha sido “excepcional” para atajar el problema. Los profesionales de la extranjería en Cantabria celebran que el sistema que antes empujaba a muchos solicitantes a recurrir a locutorios o intermediarios fraudulentos haya sido corregido por la tecnología y la voluntad política.

Problemática “controlada”, según la Policía Nacional

Desde la Policía Nacional, su portavoz Carlos Méndez ha confirmado a elDiario.es que la problemática está actualmente “controlada” gracias a un plan de choque para dar respuesta a la gran demanda de solicitudes. Este refuerzo policial ha permitido incrementar las horas de servicio, incluyendo turnos de tarde de lunes a viernes y aperturas extraordinarias durante varios sábados. Méndez ha admitido que una clave importante para evitar irregularidades reside en que el sistema de citas es ahora estrictamente individualizado para cada gestión y número de documento.

Según ha detallado el portavoz, la confirmación del turno llega de forma personalizada al solicitante mediante SMS y correo electrónico, lo que impide que terceros puedan acaparar citas para otros. Como resultado de estas medidas y del refuerzo de personal, la Policía asegura que actualmente es posible obtener cita para la semana siguiente o incluso, de forma puntual, para el día después.

La Policía Nacional no ha detallado si se han tomado medidas contra los presuntos vendedores de citas de los que el Colegio de la Abogacía ha facilitado pruebas y teléfonos. No obstante, desde el Colegio de la Abogacía aseguran que mantendrán las puertas abiertas y el canal de comunicación con la Policía Nacional para denunciar cualquier nueva incidencia que pueda surgir. “La administración nos ha dicho que la información que pasamos está sirviendo y que nos mantendrán informados”, ha asegurado Villegas.

En los últimos años, el mapa de la explotación sexual en Cantabria ha experimentado una notable transformación. Lo que antes era identificable en los grandes clubes de carretera o en zonas específicas de calle se ha desplazado hacia la opacidad de los pisos privados y el entorno digital.

En este complejo escenario, Tania García Sánchez, responsable de los programas de Prostitución y Trata de Médicos del Mundo en Cantabria, analiza un factor que ha cambiado las reglas del juego para cientos de mujeres: el reciente proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. Este proceso representa, en su opinión, un “hito histórico” que facilita alternativas reales fuera del sistema prostitucional para mujeres que, debido a su situación administrativa, simplemente “no existían” ante la administración.

La historia de Violeta (nombre ficticio), una mujer colombiana de 51 años, pone rostro a estas cifras. Violeta llegó a España hace tres años huyendo de la violencia y los conflictos armados en su país. Su perfil encaja con el de la mayoría de las usuarias acompañadas, o ‘titulares de derechos’, como prefieren designarles en la entidad social, donde el 46% de las mujeres atendidas proceden de Colombia. “Llegué sabiendo a qué venía, guiada por un viejo amigo, pero no sabía absolutamente nada del tema porque en mi país no ejercía”, relata Violeta sobre sus inicios en un pequeño pueblo cerca de Madrid.

Al llegar a Santander, se encontró con las barreras de un sistema que la mantenía en la sombra: “Las personas que me alquilaron la habitación me metían miedo, decían que no fuera a sitios como Cáritas o Médicos del Mundo porque trabajaban con la policía”. Siguió su propio criterio y, tras un primer acercamiento a Cáritas, le pusieron en contacto con Médicos del Mundo.

Para Violeta, la regularización extraordinaria ha sido su salvación. No solo le ha permitido obtener su tarjeta sanitaria, sino que ha sido la “llave” para traer a su hija y a su nieto, quienes corrían peligro en Colombia. “Lo que más anhelo es tener un trabajo normal, cumplir un horario y poder salir tranquila a la calle”, afirma con esperanza.

De otro lado, el camino hacia la regularización también ha sacado a la luz la existencia de un “negocio paralelo” que se lucra con la desesperación de estas mujeres. García denuncia haber detectado abogados en el ámbito privado que han cobrado entre 200 y 600 euros por asesoramiento en trámites que entidades como Médicos del Mundo y muchas otras -incluidos sindicatos como Comisiones Obreras-, han realizado de forma gratuita. “Muchas acceden a pagar pensando que así garantizan el éxito del trámite, cuando en realidad están siendo doblemente victimizadas por su falta de conocimiento”, ha advertido la responsable de la entidad social en Cantabria.

Del “no existir” al contrato de trabajo

En Cantabria, el proceso de regularización extraordinaria se cerró el pasado 30 de junio con un balance de 8.767 solicitudes registradas. Como recuerda García, la admisión a trámite de la solicitud ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país, lo que permite a muchas mujeres acceder al mercado laboral regulado de forma inmediata mientras esperan la resolución definitiva de sus expedientes.

Hemos acompañado de inicio a fin en el proceso de regularización a unas 30 mujeres

Médicos del Mundo ha jugado un papel determinante en este engranaje al ser una de las entidades autorizadas para emitir certificados de vulnerabilidad, documentos esenciales para que muchas mujeres en contextos de prostitución pudieran acogerse a la medida. “Hemos emitido aproximadamente 150 certificados de vulnerabilidad y hemos acompañado de inicio a fin en el proceso de regularización a unas 30 mujeres”, detalla la responsable técnica.

El impacto ha sido tal que la organización ha notado un incremento significativo en las atenciones, ya que el boca a boca sobre la posibilidad de obtener “papeles” ha servido de puente para que muchas víctimas de explotación sexual se acerquen a los recursos de apoyo social y psicológico, según explica García.

16 inserciones laborales en 2026

La respuesta de Médicos del Mundo es integral a través del I Plan Nacional de Inserción Sociolaboral (Plan Camino), impulsado por el Ministerio de Igualdad. En el periodo comprendido entre 2023-2024, la organización ha atendido en Cantabria a un total de 820 personas, la inmensa mayoría mujeres en situación de migración. De ellas, 32 mujeres han logrado acceder al empleo regulado, principalmente en el sector servicios, hostelería y limpieza, 13 de ellas con contratos indefinidos.

“Para una mujer que lleva muchos años en el contexto de la prostitución, la salida no es tan sencilla como se ve desde fuera; requiere una recuperación psicosocial profunda”, puntualiza García. Además de la inserción laboral, en 2025 se consiguió que 45 mujeres superaran las barreras del sistema y obtuvieran su tarjeta sanitaria, garantizando su derecho efectivo a la salud. Y en lo que llevamos de 2026 “ya son 16 las inserciones laborales logradas”, según detalla con satisfacción la responsable de la entidad.

Existen otras asociaciones en Cantabria como Aplec y Nueva Vida que también atienden a este colectivo. Aunque puede haber duplicidad (mujeres atendidas por varias entidades), Tania García indica que “hay cabida para las tres entidades y aún así a veces no llegamos”.

Abolición frente a violencia “extrema” contra la mujer

Frente al debate en torno a la prostitución, Médicos del Mundo defiende una visión abolicionista, entendiendo la prostitución como una forma extrema de violencia de género y una violación de los derechos humanos. Así, la organización colabora estrechamente con instituciones y otras entidades locales, como la Plataforma Abolicionista de Cantabria (PACANT).

Para la entidad, el reto actual reside en seguir denunciando la explotación sexual como una problemática que la sociedad tiende a normalizar porque ya no se ve en las carreteras ni en las calles. “Parece que la prostitución no existe, pero atender a unas 400 mujeres al año solo en nuestra asociación es un dato importante en Cantabria”, concluye Tania García.

La regularización extraordinaria ha sido el primer paso necesario para dar a muchas personas una identidad legal, pero el objetivo final sigue siendo garantizar que todas estas mujeres, como Violeta, puedan acceder a una vida donde sus derechos no estén en manos de otros.

Una sentencia del 30 de julio de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha condenado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por censurar publicaciones del sindicato STEC en el tablón sindical virtual habilitado para la comunicación con los docentes.

La resolución judicial establece que la retirada de estos contenidos por parte del departamento que dirige Sergio Silva supone “una vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de libertad de expresión”.

El conflicto se originó el pasado mes de febrero, en el marco de las negociaciones por la adecuación retributiva del profesorado. La Consejería pretendía condicionar estas mejoras a la aprobación de los presupuestos autonómicos hasta 2029, una medida que los sindicatos tildaron de “Cláusula Silva”. Ante esta situación, el colectivo docente denunció sentirse utilizado como herramienta de presión política bajo el lema “Somos docentes, no rehenes”.

Para visibilizar esta protesta, el STEC (Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en Cantabria) diseñó un cartel parodiando los anuncios de “SE BUSCA” del viejo oeste. En la imagen aparecían los rostros de la presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga y del consejero Sergio Silva, señalados como “peligrosos para la Educación Pública” por el “intento de secuestro de 9000 docentes”.

Libertad de expresión frente al “honor” del empleador

El sindicato intentó difundir esta campaña a través del tablón sindical virtual de EduCantabria, el medio oficial habilitado por la Administración tras haber limitado previamente las listas de correo. Sin embargo, la Consejería eliminó el cartel de forma reiterada y sin mediar explicación. Ante las quejas del STEC, Educación llegó a manifestar en mesa sectorial que seguiría suprimiendo publicaciones según su propio criterio, lo que llevó al sindicato a interponer una demanda.

En su defensa, el departamento de Sergio Silva argumentó que el cartel colisionaba con el “honor del empleador”. No obstante, la jueza ha desestimado esta postura, dictaminando que la retirada de la publicación carecía de fundamento legal. Como consecuencia, la Consejería no solo está obligada a reponer la imagen eliminada, sino que también deberá hacerse cargo de las costas del proceso judicial.

Desde el STEC recuerdan que este no es el primer varapalo judicial que recibe el Ejecutivo en su conflicto con el profesorado. Anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya había tumbado por abusivos los servicios mínimos que la Administración intentó imponer durante la huelga del inicio del curso pasado.

A pesar de estas sentencias, el sindicato critica que el Gobierno autonómico persista en la confrontación en lugar de retomar la vía del diálogo. Desde STEC han lamentado que el pasado 29 de julio, tras meses de espera para una mesa de negociación con la Junta de Personal Docente, la Administración ha optado por no acudir y enviar a su portavoz parlamentario a atacar las reivindicaciones sindicales. “Haría bien el Gobierno en dedicar su tiempo a negociar y no a censurar a los docentes”, han concluido desde la organización sindical.

La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha sido escenario de una concentración institucional y ciudadana en repulsa por el asesinato de Paula, una joven de 27 años, ocurrido en la céntrica calle de Perines este viernes. Ayuntamiento, Gobierno de Cantabria y Delegación del Gobierno han cerrado filas para condenar este nuevo crimen machista y reafirmar su compromiso de “ni una más”.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha recordado los trágicos detalles del suceso. Según los informes policiales, el aviso se recibió ayer alrededor de las 12:30 del mediodía. Al personarse en el domicilio, los agentes encontraron a Paula con heridas graves y abundante sangre, y los servicios sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento minutos después.

El agresor, quien era su pareja, confesó la autoría del crimen en el mismo lugar de los hechos y se encuentra actualmente detenido en dependencias policiales. Casares ha lamentado que no existían denuncias previas ni la víctima figuraba en el sistema de protección VioGén. “No hacemos ningún bien a la víctima si no denunciamos y no la incluimos en el sistema de protección”, ha enfatizado, haciendo un llamamiento urgente al entorno de las víctimas para que den la voz de alarma ante cualquier indicio de violencia.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha definido la jornada como “un día triste para la ciudad, para Cantabria y para España”. Con una sensibilidad especial hacia el entorno de la víctima, la regidora ha destacado que el impacto es mayor cuando el crimen ocurre en un barrio tan cercano y conocido como Perines.

“Hoy Santander llora, hoy Perines llora”, ha expresado Igual, quien ha insistido en la necesidad de que todas las instituciones refuercen la coordinación para paliar este “mal de la sociedad”. La alcaldesa ha enviado sus condolencias a la familia de Paula, un entorno muy vinculado también a los ámbitos político y cultural de la ciudad.

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga -que ha acucido a la cita junto a las consejeras de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, además de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta- ha manifestado que la comunidad entera se encuentra “estremecida” ante lo que es el segundo asesinato machista en la región -tras el registrado en marzo en Pedreña- en lo que va de año. Buruaga ha sido tajante al afirmar que la sociedad no puede “normalizar ni acostumbrarse” a esta violencia que trunca vidas y destroza familias.

La presidenta ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de disponer de todos los medios humanos y materiales para proteger a las mujeres. “Esta lucha la vamos a ganar. Costará más tiempo y sufrimiento, pero la sociedad cántabra y española acabará ganando”, ha aseverado, instando a las mujeres a que sepan que “no están solas” y que existe una red de protección segura.

Cifras alarmantes en 2026

El delegado del Gobierno ha aportado datos que reflejan la gravedad del problema a nivel nacional y regional en este año 2026. Con el asesinato de Paula, ya son 33 las mujeres asesinadas en España este año, lo que supone una media de una muerte cada siete días. En Cantabria, actualmente hay 1.628 mujeres bajo el sistema de protección VioGén, de las cuales 21 se encuentran en situación de riesgo alto.

Finalmente, Casares ha hecho un llamamiento a la unidad política para “desterrar los discursos negacionistas” que aún persisten en la sociedad y que dificultan la lucha contra esta lacra. Las tres instituciones han coincidido en que la única vía para erradicar la violencia de género es la unidad de acción y la implicación de toda la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Santander ha recibido un nuevo revés judicial al ser condenado al abono de las jornadas extraordinarias que el personal de escolta de la alcaldía ha venido realizando desde enero de 2023. La sentencia obliga al consistorio no solo al pago de las retribuciones adeudadas, sino también a abonar los intereses devengados y las costas judiciales del proceso.

Según detalla el delegado de personal del sindicato SIEP, Óscar Gómez, el montante de las horas impagadas asciende a unos 26.000 euros. Según el sindicato, el servicio de escolta ha sufrido una drástica reducción de efectivos, pasando de contar con seis agentes a solo tres. Esta situación se ha visto agravada por la existencia de vacantes en los puestos de conductor, lo que ha obligado a los escoltas a asumir estas tareas adicionales además de sus funciones propias de seguridad.

Esta falta de personal ha derivado en una carga de trabajo que supera la jornada ordinaria, con una media de 30 horas de servicio extraordinario al mes por trabajador. El sindicato ha subrayado que, aunque estas horas se retribuyeron hasta diciembre de 2022, el equipo de gobierno dejó de abonarlas a partir de esa fecha, a pesar de mantener las mismas exigencias de disponibilidad.

Tres años de “silencio administrativo”

El conflicto se remonta a febrero de 2023, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó una propuesta de abono de productividad para compensar estos excesos de jornada. Sin embargo, dicho acuerdo nunca se cumplió. Tras tres años de reclamaciones ante el Consistorio sin obtener respuesta, los profesionales se vieron obligados a recurrir a la vía judicial ante lo que consideran un “atropello” y una muestra de “incompetencia en la gestión de recursos humanos”.

Desde SIEP califican la situación de “kafkiana” y han instado al equipo de gobierno a que no recurra la sentencia “si queda algo de respeto a los profesionales”.

Un conflicto que se extiende a la seguridad ciudadana

Este nuevo revés judicial se une a las suesivas críticas de la Junta de Personal municipal, que ha denunciado una “campaña de desprestigio” contra los empleados públicos y ha señalado que más de una cuarta parte de la plantilla municipal sigue sin cubrirse, afectando gravemente a servicios básicos de la ciudad.

Recientemente, los sindicatos de la Policía Local han calificado de “caos absoluto” el dispositivo del “chupinazo” de la Semana Grande, denunciando que la escasez de efectivos obligó a desplegar apenas siete agentes para un evento que congrega cada año a más miles de personas.

Además, las organizaciones sindicales han puesto el acento en que esta situación de “precariedad material” es insostenible, señalando que la plantilla acumula dos años sin reposición de uniformidad básica, cascos actualizados ni chalecos antibalas operativos. Ante lo que consideran un “fracaso absoluto” de planificación que pone en riesgo la integridad de los trabajadores, los representantes ya han exigido dimisiones políticas y han anunciado que emprenderán medidas legales adicionales.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha presentado esta semana un escrito de alegaciones contra el proyecto 'Obras de ejecución de puntos de selfies en el municipio de Ribamontán al Mar'. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento y financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea, contempla la instalación de diversas estructuras en siete localidades del municipio: Suesa, Castanedo, Somo, Loredo, Galizano, Langre y Carriazo.

De forma novedosa, uno de los puntos más críticos de la denuncia de los ecologistas es la falta de garantías en cuanto a la seguridad de las estructuras. ARCA advierte de que el proyecto es “básico” y no dimensiona adecuadamente los materiales ni la cimentación para soportar cargas de uso masivo o fenómenos meteorológicos extremos.

David Higuera, portavoz de la asociación, ha puesto como ejemplo la “triste tragedia” de la pasarela de El Bocal -en la que fallecieron seis jóvenes el pasado marzo y otra resultó gravemente herida-, para ilustrar los riesgos de implantar infraestructuras accesorias en primera línea de costa, sometidas a la corrosión marina y a temporales. “¿Quién va a calcular si ese banco aguanta a 20 personas subidas a la vez? ¿Quién va a realizar el mantenimiento real?”, se pregunta. “No se ha aprendido nada de la tragedia de El Bocal”, añade.

Además, las alegaciones recalcan que el acantilado de Langre está en un proceso de “retroceso activo por erosión marina”, lo que hace que cualquier construcción permanente en sus proximidades sea una imprudencia que ignora el principio de precaución.

Para ARCA, esta intervención supone una “tematización y turistificación” innecesaria de enclaves de alto valor ecológico que ya funcionan por sí mismos como miradores naturales. Higuera ha expresado su rechazo frontal a lo que considera una“instrumentalización del paisaje como escenografía para el consumo digital”. Según Higuera, el gasto de cerca de 300.000 euros en estos “tótems” carece de utilidad pública y se aleja de los verdaderos problemas ambientales de la zona.

Preservar la “máxima naturalidad” del litoral

Otro de los puntos de las alegaciones de ARCA es la defensa del paisaje costero como un espacio que debe permanecer libre de elementos artificiales o ajenos. La asociación sostiene que la protección de la costa cántabra es una “conquista social” plasmada en instrumentos como el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Introducir artefactos icónicos para “enmarcar” el paisaje rompe la armonía natural y artificializa espacios que son valorados precisamente por su estado virgen.

Higuera ha criticado que el proyecto se base en “afirmaciones genéricas” sobre sostenibilidad que no se traducen en una justificación ambiental real. “El medio natural se respeta, no se toca. Se mantiene o se recupera ambientalmente, pero no se le añaden elementos artificiales”, ha afirmado tajante el portavoz en conversación con elDiario.es, comparando la situación con países del norte de Europa como Alemania, donde existe una cultura “ancestral” de mínima intervención en los bosques y senderos.

Para ARCA, los miradores naturales de Ribamontán al Mar no necesitan “aditamentos de dudosa estética que solo sirven para generar una foto en redes sociales”.

Incumplimientos de la Ley de Costas y el POL

Desde el punto de vista jurídico, ARCA señala que el proyecto vulnera artículos fundamentales de la Ley de Costas y su Reglamento. En concreto, se refieren al artículo 30, que prohíbe la formación de “pantallas arquitectónicas”. El “banco gigante” proyectado en Galizano, con dimensiones de 3,70 x 1,35 x 2,52 metros, se situaría en una zona elevada próxima al borde del acantilado, actuando como un hito artificial intrusivo que genera un impacto visual frontal incompatible con la normativa.

Además, David Higuera ha recordado que muchas de estas parcelas se encuentran dentro de la zona de servidumbre de protección o en el ámbito de influencia de 500 metros de la Ley de Costas, lo que hace necesario un informe del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que no consta en el expediente.

Asimismo, denuncian la incompatibilidad con el POL, que no promueve la tematización turística, sino la preservación y mínima transformación de los espacios litorales sensibles. Según la asociación, el proyecto ignora que enclaves como Loredo, Langre y Galizano están incorporados en el Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria.

Turistificación y olvido del sector primario

Más allá del impacto visual, Higuera reflexiona sobre el modelo socioeconómico que subyace a estos proyectos. Critica que se apueste “todo al turismo” mientras Cantabria sufre un proceso de desindustrialización y abandono del sector primario. “La turistificación echa a los locales; los precios de la vivienda suben y la gente de aquí no puede acceder a ella”, ha denunciado el portavoz, señalando que este modelo beneficia a unos pocos pero precariza la vida de los residentes.

Desde ARCA consideran que el paisaje de Ribamontán al Mar es un “activo económico” que los políticos están gestionando de forma “nefasta”. Higuera lamenta que espacios como el Parque Natural de Oyambre sean abandonados cuando no se les puede sacar un rédito comercial directo, mientras que en zonas protegidas se proponen “tirolinas, toboganes o bancos gigantes”.

Sobre otro polémico proyecto, el de la piscina de olas en Ribamontán al Monte, Higuera considera que es otro ejemplo de infraestructura accesoria y ajena al paisaje que no responde a una necesidad pública real y que contribuye a la degradación del patrimonio natural y al consumo de recursos hídricos. Para Higuera, autorizar la construcción de una instalación artificial de este tipo cuando la zona ya cuenta con una “línea de costa maravillosa” para practicar deportes náuticos de forma natural “no está justificado”.

La contaminación de Galizano frente a los 'selfies'

Finalmente, ARCA cuestiona la idoneidad del gasto de 300.000 euros en un momento en que el municipio enfrenta otros retos ambientales urgentes. Higuera ha mencionado específicamente la contaminación de la ría de Galizano “por vertidos de purines, aunque no lo digan” que el año pasado obligó a cerrar la playa al baño durante parte del verano. “De eso es de lo que se tienen que preocupar los políticos”, ha puntualizado.

En su escrito, la asociación concluye solicitando la denegación de la autorización y el archivo del expediente, o al menos la realización de estudios rigurosos de impacto paisajístico y seguridad que el proyecto actual omite. Para ARCA, permitir la “ocupación ornamental” del litoral sentaría un “precedente peligroso” para futuras intervenciones que sigan degradando la costa de Cantabria en nombre de la promoción turística.

El Gobierno de Cantabria ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para recuperar una pieza cerámica de valor arqueológico hallada el pasado 17 de julio en la playa de La Magdalena, en Santander, a la altura de la torre de socorristas situada junto al balneario. El Ejecutivo autonómico ha difundido un llamamiento a través de sus redes sociales con el objetivo de localizar el objeto y garantizar su conservación.

Las personas que dispongan de cualquier información sobre el paradero de la pieza pueden comunicarla al Museo Marítimo del Cantábrico, al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), al Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, ubicado en la Biblioteca Central de Cantabria, o a la Policía Local de Santander. El Ejecutivo autonómico ha agradecido la colaboración y ha subrayado que cualquier información puede resultar clave para la recuperación de este elemento del patrimonio cultural.

¿Qué hacer ante un hallazgo arqueológico?

Cabe recordar que, ante un hallazgo casual de restos arqueológicos, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español determina que los objetos son automáticamente de dominio público. El descubridor está obligado a no manipular la pieza ni alterar su entorno, debiendo notificar de forma inmediata el hallazgo a la administración de Cultura correspondiente o a las Fuerzas de Seguridad, como el SEPRONA de la Guardia Civil.

En concreto, la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria estipula que, aunque debes avisar en el momento, el plazo de entrega física (si hubiera peligro de pérdida) es de un máximo de 48 horas.

El Gobierno de Cantabria ha confirmado al elDiario.es que por el momento no ha recibido ninguna información sobre el paradero de la pieza hallada en la playa santanderina y posteriormente desaparecida.

La Junta de Personal Docente ha presentado este jueves la campaña “Por la Pública”, una iniciativa que busca canalizar “el malestar creciente de familias, estudiantes y docentes de Cantabria” ante una gestión de la Consejería de Educación marcada por los recortes y la falta de diálogo.

Esta movilización se produce como una respuesta a las demandas ya planteadas por el profesorado de los centros; de hecho, la cifra de apoyos sigue creciendo y ya son 92 los claustros de toda la red educativa pública que han suscrito el documento reivindicativo conjunto.

Uno de los ejes de la denuncia sindical se sitúa en la gestión de los datos de escolarización, donde acusan a la Consejería de ejercer “una absoluta falta de transparencia con el objetivo de manipular la percepción pública y justificar la supresión de unidades”. Según han detallado los portavoces Conchi Sánchez (CCOO), Diegu San Gabriel (STEC) y Rus Trueba (ANPE Cantabria), mientras que en el proceso ordinario de matriculación se publican listas de admitidos y no admitidos en plataformas como EduCantabria, en el proceso extraordinario esta información se oculta sistemáticamente.

Los equipos directivos y las familias se encuentran ante un muro informativo que les impide conocer cuántas solicitudes reales existen para cada centro y dónde se están denegando plazas. Esta opacidad es calificada por la Junta como “inédita”, ya que nunca antes se había negado la matriculación en centros públicos en periodo extraordinario bajo el argumento de suprimir líneas en la propia localidad.

Los sindicatos denuncian que se está enviando a las familias el mensaje de que “no pueden matricularse ahora y deben esperar a septiembre”, lo que genera una incertidumbre deliberada que empuja a los padres a buscar alternativas fuera de la red pública, principalmente en centros privados-concertados.

Emplazamiento urgente al consejero Sergio Silva

Ante lo que consideran una situación límite, la Junta de Personal Docente ha lanzado un mensaje directo al responsable de Educación, Sergio Silva. Los representantes sindicales le han convocado públicamente para el próximo miércoles 29 de julio a las 10:30 horas en la sede de la Consejería. El objetivo de este encuentro es forzar el inicio de unas negociaciones que “llevan estancadas más de un año y medio”, según los docecntes.

El dato esgrimido por los sindicatos es contundente: se cumplen 548 días desde la última reunión mantenida para negociar la extensión de la bajada de ratios, celebrada el 21 de enero de 2025. Durante este tiempo, la administración no ha dado respuesta a las constantes propuestas e invitaciones para retomar el diálogo, a pesar de que la bajada de ratios en todas las etapas educativas fue un compromiso de legislatura del actual Ejecutivo, ha recordado Diegu San Gabriel.

Los portavoces de la Junta han advertido que, si el consejero no acude a la cita o no ofrece soluciones concretas, se procederá a anunciar el calendario de movilizaciones.

Recortes políticos: 94 grupos y 100 docentes menos

La campaña 'Por la Pública' pretende denunciar que los recortes previstos por la Consejería para el próximo curso no responden a causas demográficas naturales, sino a decisiones políticas deliberadas. A falta de conocer la propuesta definitiva de cupos, la administración pretendería suprimir 94 grupos escolares y más de un centenar de plazas de profesorado entre centros de Primaria, ESO y Bachillerato en toda la región.

Para los sindicatos, el argumento de la bajada de la natalidad es una “excusa” que se aplica de forma discriminatoria. Mientras se cierran líneas en la red pública bajo este pretexto, se mantienen intactos los conciertos con la educación privada, incluso en centros que presentan cifras de matriculación con las que se están eliminando unidades en la pública.

Este “doble rasero” está afectando gravemente a localidades como Colindres, Laredo, Barreda y Torrelavega (Sierrapando), donde las AMPAS ya han iniciado recogidas de firmas y movilizaciones para defender sus colegios, han recordado.

La “secundarización” de la Primaria

Otro de los puntos más alarmantes señalados durante la presentación de la campaña ha sido el impacto pedagógico de estos recortes, especialmente en los cursos de primero y segundo de Primaria. Los sindicatos alertan de un fenómeno que denominan la “secundarización” de la Primaria: debido a la falta de personal y a la supresión de puestos, se está privando a los alumnos más pequeños de una figura de tutor de referencia fija, según ha explicado la portavoz de CCOO, Conchi Sánchez.

“En lugar de contar con un docente que lidere el proceso de transición desde Infantil, los niños de apenas seis años se encuentran con aulas por las que pasan hasta siete docentes diferentes”, ha detallado. Especialistas de música, inglés o educación física, junto a otros profesores con “horas sueltas”, asumen funciones tutoriales de forma fragmentada. Esta situación, que ya comenzó a detectarse el curso pasado, se agravará considerablemente si se mantienen los cupos actuales, suponiendo lo que la Junta define como una “absoluta bajada de la calidad educativa” y un perjuicio directo para el alumnado más vulnerable, ha incidido Sánchez.

Burocracia y extraescolares: compromisos incumplidos

La campaña no solo se centra en las ratios y los recortes, sino que exige además el cumplimiento de los acuerdos firmados anteriormente. Los sindicatos denuncian que han pasado dos años desde que se fijó en el cronograma oficial la negociación para la reducción de la burocracia docente, sin que se haya celebrado ni una sola reunión al respecto. Los docentes se ven “sepultados por tareas administrativas” que les restan tiempo para la atención directa al alumnado.

Asimismo, la regulación de las actividades extraescolares sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de haber registrado cerca de 3.000 firmas de docentes en marzo de 2025 reclamando un marco jurídico que aporte seguridad a profesores y alumnos, la Consejería no ha mostrado voluntad de avance tras 16 meses de espera, han lamentado.

Para la Junta, es una cuestión de voluntad política, ya que muchas de estas regulaciones no dependen de partidas presupuestarias, sino de la disposición al diálogo del consejero Silva, a quien han acusado de ser “incapaz de llegar a acuerdos”.

El “doble rasero” de las aulas con pocos alumnos

De otro lado, la Junta de Personal Docente ha cuestionado la supuesta insostenibilidad de las aulas con diez alumnos, denunciando que este argumento varía arbitrariamente según se trate de la red pública o la concertada.

Mientras la Consejería justifica la supresión de unidades en centros públicos alegando falta de demanda, mantiene vigentes conciertos educativos en centros privados con cifras similares -como ocurre en el caso de La Salle en Los Corrales-, lo que evidencia un “doble rasero” en la gestión de recursos, han argumentado.

“Hay muchos factores a la hora de proponer la supresión de unidades de la escuela pública. En un colegio de una localidad rural, alejada de entornos urbanos, ¿hacemos a esas familias trasladarse a un núcleo urbano?”, ha cuestionado Rus Trueba (ANPE). “No se nos olvide que la escuela pública es la garante de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es nuestro deber y nuestra obligación que esa red se mantenga y en las mejores condiciones posibles. No se trata únicamente de hacer matemáticas”, ha añadido.

Hacia una nueva “marea verde”

La Junta de Personal Docente ha concluido con un llamamiento a toda la sociedad cántabra para que se sume a esta nueva “marea verde”. El objetivo es hacer confluir las protestas de las AMPAS, los equipos directivos y los sindicatos en un frente común que exija “aulas con menos alumnos, docentes con mayor dedicación” y una defensa firme de los recursos públicos.

“Es hora de demostrar con hechos la disposición al diálogo que se pregona”, han sentenciado los representantes de STEC, ANPE y CCOO, recordando que el papel del consejero es, ante todo, velar por la enseñanza pública de su comunidad. La cita del próximo miércoles 29 de julio se presenta para ellos como decisiva en un conflicto que amenaza con enturbiar el inicio del próximo curso escolar si no se producen avances reales en las demandas de los 92 centros que ya se han sumado a las reivindicaciones.

La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha denunciado la agresión a una activista que milita en este colectivo durante una concentración convocada este miércoles en el número 20 de la Calle Antonio López de Santander para intentar parar un desahucio de una mujer y su hija, además de cuestionar la “vulneración del derecho a la protesta” por parte de la Policía Nacional, que ha impedido el paso a las personas que “voluntaria y pacíficamente” iban a manifestarse.

Según ha relatado esta organización sindical a través de una nota de prensa, dos horas antes de que llegara la comisión judicial encargada de realizar el lanzamiento de la vivienda en la que Blanca y su hija viven desde hace años, convocada para las 9.00 horas, dos furgones de la Policía Nacional con siete agentes han acudido de “forma violenta” al portal del domicilio.

“La agente responsable del dispositivo judicial ha agredido físicamente a una militante del Sindicato de Vivienda a pesar de que ningún miembro de la asamblea había ejercido violencia ni opuesto resistencia frente a los agentes: Han llegado con los furgones, han salido todos rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha cogido del pelo y ha tirado intentando quitarme a la fuerza del portal de la vivienda”, ha denunciado la activista del Sindicato de la Vivienda.

“Pedro Casares dijo que quería 'limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden' y parece que ya ha empezado. A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos”, ha explicado la militante afectada por esta situación que denuncia.

“Hemos informado a Delegación de Gobierno, tanto de la flagrante vulneración del derecho a protesta como de la agresión a nuestra compañera, y nos han animado a denunciarlo pero tampoco nos han dado ninguna solución”, ha apuntado otro militante del sindicato cántabro. “La agente que ha agredido a la militante ha reconocido la agresión frente a los miembros de la asamblea, pero ha retirado su número de placa del uniforme para continuar con el operativo policial”, han advertido los miembros del Sindicato de Vivienda.

“La vulneración del derecho a la protesta que se está efectuando contribuye a desplazar el foco de lo realmente importante en el dia hoy: una familia en situación de vulnerabilidad está a punto ser desahuciada de su casa sin alternativa habitacional, y sin que las instituciones sean capaces de dar una respuesta más allá de la violencia”, han señalado los participantes en la concentración convocada junto al portal del edificio.

La magistrada Mercedes Compostizo, encargada de la instrucción del ataque con artefactos explosivos contra la sede del PSOE de Cantabria -ubicada en la calle Vargas 45 de Santander- ha dado por concluida la investigación y considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a Miguel Toribio y René Odriozola, a quienes atribuye la planificación y ejecución del asalto ocurrido el 25 de abril de 2025, durante un acto sobre memoria democrática.

Según ha adelantado este martes el diario El País, la magistrada sostiene en su resolución que ambos actuaron impulsados por una ideología “radical” y que el objetivo de la acción era alterar el desarrollo de una reunión política en la que participaban más de medio centenar de personas.

La resolución judicial da un paso más respecto a las primeras fases de la investigación al incorporar de forma expresa el posible móvil ideológico de los hechos. Según la instructora, los dos investigados actuaron de común acuerdo y las diligencias practicadas apuntan a su vinculación con La Falange, extremo que también sostiene la acusación particular ejercida por el PSOE.

Uno de los procesados es hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), circunstancia que trascendió meses después de las detenciones. La regidora remitió un comunicado a los medios en el se desvinculaba de la actuación de su hijo “mayor de edad” y que calificaba lo ocurrido como “un hecho deleznable” que “debía ser rechazado sin matices”, aludiendo igualmente a la acción de la justicia para depurar responsabilidades pese al “profundo dolor” que la situación le causaba “como madre”.

Los hechos se produjeron mientras la sede socialista acogía una conferencia dedicada a explicar el cambio de denominación de varias calles de Santander, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según el relato que recoge el auto, uno de los acusados accedió al interior del local con el rostro cubierto y dejó dos garrafas que contenían explosivos de fabricación casera elaborados con ácido clorhídrico y aluminio. Los dispositivos fueron activados pocos segundos después desde el exterior, aunque una asistente consiguió sacarlos del edificio antes de que explosionaran.

La magistrada destaca que la rápida intervención de esa mujer evitó consecuencias mucho más graves. Tanto el auto como el escrito de acusación del PSOE inciden en que, de haber detonado los artefactos en el interior del local, se habría generado un importante riesgo para los asistentes, no solo por el carácter corrosivo de las sustancias empleadas, sino también por la posible situación de pánico que podría haberse desencadenado en un espacio cerrado y concurrido. El PSOE sostiene que la mujer que retiró las garrafas sufrió posteriormente lesiones psicológicas por las que precisó tratamiento.

La investigación policial reconstruyó la preparación del ataque mediante distintos indicios. Entre ellos figuran las grabaciones de cámaras de seguridad de un hotel cercano que muestran a los dos investigados transportando bolsas con los componentes utilizados para fabricar los explosivos, el posicionamiento de sus teléfonos móviles en las inmediaciones de la sede socialista y las pesquisas sobre la elaboración de los artefactos. Además, una de las garrafas contenía una nota con el mensaje “Frente a mentiras revanchistas, PSOE Satanás”, elemento que tanto la jueza como la acusación consideran revelador de la motivación política del ataque.

Concluida la instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formalizar sus escritos antes de la apertura del juicio oral. El PSOE solicita para ambos acusados una condena de 14 años y nueve meses de prisión al apreciar delitos de fabricación de explosivos, atentado contra la autoridad, lesiones, delito de odio y tentativa de impedir el ejercicio del derecho de reunión. La jueza, por su parte, aprecia indicios de fabricación de explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa y lesiones.

El ataque provocó una amplia condena institucional cuando se produjo hace más de un año y fue considerado por los socialistas como uno de los episodios más graves de violencia política registrados en Cantabria en las últimas décadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó entonces su apoyo al PSOE cántabro y defendió que la respuesta frente al odio debía ser “memoria, respeto y justicia”, mientras que dirigentes de distintos partidos expresaron su rechazo a una acción que estuvo a punto de tener consecuencias personales entre los asistentes al acto.