Familiares de jugadoras del equipo cadete femenino del Balonmano Torrelavega han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por bullying, tras tener conocimiento de un grupo de WhatsApp en el que jugadores juveniles de la misma entidad deportiva se dedicaban presuntamente a difundir imágenes de sus compañeras, tomadas durante partidos o entrenamientos, y a acompañarlas de “insultos homófobos, machistas y gordófobos”.

Padres y madres de varias de las jugadoras adolescentes afectadas —de entre 14 y 15 años— han relatado a elDiario.es los hechos, que se pusieron en conocimiento del club, según constatan, a principios del mes de marzo. “Les facilitamos como prueba hasta 67 pantallazos del chat, con insultos de todo tipo por parte de tres chicos y una chica del equipo juvenil, y un mes y medio después no se ha tomado ninguna medida al respecto ni nos dan ninguna información”, han denunciado.

Es más, la primera reacción del Balonmano Torrelavega dicen que ha sido alegar que los hechos habían tenido lugar “fuera del club”, al tratarse de un chat privado entre los propios jugadores, por lo que el club defiende que no era de su competencia lo que ocurriere en ese entorno digital en el que los supuestos acosadores —deportistas federados de la propia entidad— se han dedicado supuestamente a proferir descalificativos con el objetivo de ridiculizar a sus compañeras.

El club, cuyo equipo absoluto, el Bathco Balonmano Torrelavega, milita en la Liga Nexus Energía ASOBAL, cuenta en su página web con un apartado específico de 'protección a la infancia' dirigido a sus categorías inferiores. Además de un formulario de denuncia y el teléfono del denominado delegado de protección, Jordi Lluelles, —que es a su vez el segundo entrenador del equipo profesional y con el que este periódico ha tratado de ponerse en contacto hasta en cuatro ocasiones sin éxito—, en dicho apartado web existe un enlace a un amplio protocolo de actuación 'Frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia' que consta de 27 páginas.

En ese documento se hace alusión a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), recordando que la norma define como violencia: “Toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma o medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital”.

Esta imagen pública de abogar por un espacio seguro e inclusivo en sus categorías inferiores contrasta, según los familiares de las adolescentes con los que ha consultado este periódico, con la escueta respuesta que han recibido por parte de la entidad deportiva, dado que tan solo se les ha comunicado que “se ha activado el protocolo”, pero que, “al ser confidencial” no pueden darles más información.

“Ha pasado más de mes y medio desde que informamos de todo esto y no nos han dicho nada”, ha explicado la madre de una de las jugadoras a elDiario.es. “Alberto Marchante, miembro de la directiva, me dijo literalmente que las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, ha añadido.

Es precisamente esta indiferencia, falta de información y la ausencia de cualquier medida al respecto lo que ha colmado su paciencia y les ha movido a dar un paso más allá. Primero se han dirigido a la Federación Cántabra de Balonmano y después han formalizado la denuncia ante la Policía Nacional, el pasado domingo 12 de abril, siguiendo la propia recomendación del ente federativo.

Porque tras tener conocimiento de los hechos, los familiares de las jugadoras han indicado que la Federación sí se puso en contacto con el Balonmano Torrelavega e instó a la entidad a actuar de inmediato. El coordinador de entrenadores del club convocó entonces a una reunión a una de las jugadoras afectadas y a sus padres, tras lo cual se supone que únicamente pusieron en marcha el mencionado protocolo.

La Ley del Deporte de España es muy clara en este sentido, ya que obliga a federaciones, clubes y demás entidades deportivas a “prevenir, detectar y actuar frente al acoso”, especialmente en el caso de menores, mediante protocolos específicos, canales de denuncia y medidas de protección a las víctimas. La norma busca precisamente garantizar entornos seguros en el deporte y prevé sanciones para quienes no adopten estas medidas o toleren situaciones de bullying.

Delito de odio

“Si hubieran tomado medidas internas, como expulsar del club por lo que queda de temporada a los acosadores o haber pedido algún tipo de disculpa a las niñas se hubiera evitado la vía judicial, pero ahora el asunto se ha elevado a la Policía y es probable que todos los menores involucrados sean llamados a declarar”, ha lamentado otro de los padres de una jugadora víctima de los hechos.

Este padre ha explicado a su vez a este periódico la “incomodidad” de su hija, al tener que compartir a menudo cancha y vestuario con una de sus presuntas agresoras, perteneciente al equipo juvenil femenino del Balonmano Torrelavega, cada vez que la convocan para entrenar o jugar con esta categoría inmediatamente superior a la suya.

Por el momento son cuatro las menores afectadas a las que se ha tomado declaración, según han concretado sus familiares, en el marco de, tal como les ha informado la Policía Nacional, “la investigación de un posible delito de odio”.

Para el club son “faltas de respeto”

A preguntas de este medio, Alberto Marchante, responsable de Responsabilidad Social Corporativa del club torrelaveguense y que actuó como interlocutor con las familias afectadas como miembro de la directiva, ha señalado que el papel ejercido desde la entidad ha sido el de mediador entre las familias. En su opinión, el caso “no se puede definir como bullying”, ya que, según ha argumentado a preguntas de elDiario.es, “el bullying se ejerce sobre una sola persona, no sobre varias”.

Marchante ha señalado también que “ha habido varias formas de reparación en casos puntuales”, al tiempo que ha admitido entender que haya familias que no estén conformes, pero, a su juicio, “el club no puede entrar a ese debate ya que estamos hablando de menores y sería perjudicial para todos”, situando en el mismo plano a las jugadoras víctimas de los insultos y a sus presuntos agresores.

Si bien ha explicado que el Balonmano Torrelavega ha participado en varias formaciones sobre prevención de la violencia en el ámbito del deporte base, impulsadas desde la Dirección General de Deporte del Gobierno de Cantabria, ha evitado definir exactamente los hechos denunciados por los familiares de las jugadoras del cadete femenino.

Tras varias repreguntas para tratar de explicar cómo han definido desde el club lo sucedido, Marchante lo ha descrito como “faltas de respeto en un entorno puntual”. A su vez, el responsable de RSC ha considerado que “para el club lo que es reparador es que tras la reunión con ambas partes—sin concretar las medidas tomadas por la entidad— es que se hayan extinguido esas conductas” ya que, a su modo de ver, “apartar a las personas del equipo no es lo más adecuado”.

En ese sentido, Marchante ha celebrado que “todos los involucrados se han dado cuenta de lo que no hay que hacer y en todos los casos ha habido arrepentimiento y asunción de las cosas”, lo que a su entender ha confirmado la primera imprensión del club, de que se trataba de “una situación potencialmente muy reconducible”. Igualmente ha asegurado no reconocerse en las palabras denunciadas por uno de los familiares de las jugadoras respecto a su papel de mediador: “No me identifico ni me reconozco en esas palabras”.

Finalmente, este miembro de la Junta Directiva del Balonmano Torrelavega ha dicho no tener conocimiento de casos similares anteriores en otras temporadas y ha concluido que “la mayor satisfacción es que esto no vuelva a suceder”.

“La vivienda es un derecho humano fundamental para la dignidad de las personas, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución Española”. Así ha arrancado su presentación ante los medios el nuevo Sindicato de Vivienda de Cantabria. “Actualmente vivimos en un país donde se entiende la vivienda como un bien de mercado con el que poder hacer negocio y destinarse a usos distintos al de vivir: especulación, segundas o terceras residencias o turismo descontrolado”, ha señalado David Ayala, uno de sus portavoces.

A juicio del recién formado sindicato, este cambio hacia “un mercado salvaje” no es casual, es el resultado de “decisiones políticas, conscientes, de un capitalismo voraz que desarticula las bases sociales que hacen posible la vida”, según ha subrayado Ayala durante su intervención en rueda de prensa.

A juicio de este nuevo colectivo social, “la vivienda juega un doble papel contradictorio, como función social y a la vez, un activo financiero que genera beneficios”. Desde esta organización recuerdan que el conflicto que se plantea en este punto es anteponer el interés económico por encima del derecho a un hogar y “un conflicto social que enfrenta a dos clases con intereses opuestos, las inquilinas y los caseros” y “los beneficios de unos suponen el empobrecimiento de otros”. “Ante esta situación, ¿cómo vamos a poder asegurar la vivienda como un derecho?”, ha cuestionado Ayala.

“El 42% de nuestro sueldo lo dedicamos al alquiler”

Inés González, otra de las portavoces del Sindicato de Vivienda, ha destacado que “la situación de la vivienda en Cantabria es crítica”, con un aumento significativo en los precios del alquiler que ha duplicado su costo en la última década, “mientras que los ingresos medios de las familias solo han crecido un 20%”.

Gonzaléz ha detallado que según los datos más recientes de 2026, el coste del alquiler se sitúa ya en torno a 11,2 euros el metro cuadrado al mes, con Santander por encima de 11,9 euros el metro cuadrado y en Castro Urdiales en 11,6 euros el metro cuadrado. “Esto implica que una vivienda de tamaño medio de unos 80 metros puede rondar los 900 o 950 euros al mes”, ha explicado.

A juicio de la plataforma, esto resulta “inasequible para muchos, especialmente jóvenes y familias de bajos ingresos”, según han lamentado, ya que este crecimiento “está muy por encima de la evolución de los ingresos medios de los hogares, que han subido solo un 20%”. Y es que, en Cantabria, “las familias dedicamos el 42% de nuestro sueldo al alquiler”, ha señalado la portavoz.

De otro lado, desde el sindicato insisten en que a pesar de la afirmación de que falta vivienda, muchas propiedades nuevas se destinan a segundas residencias y hay un gran número de viviendas vacías en España. “En Cantabria nos repiten que falta vivienda, que la población está aumentando y que la ley del mercado hace subir los precios, pero incluso en municipios donde más se está construyendo o en aquellos que se están despoblando, el precio de la vivienda se dispara”.

Según González, “más de la mitad de la vivienda de nueva construcción se usa para segundas o terceras residencias”. Mientras tanto, ciudades como Santander o Torrelavega cuentan con centenares de solares sin edificar y en abandono, “a la espera de que la empresa privada y la especulación decidan su uso”. Esto se combina con viviendas vacías y sin uso, cuatro millones en toda España. “Construir sin regular no sirve”, han denunciado desde el sindicato.

Abusos de las inmobiliarias

Yolanda Ceballos ha explicado que el sindicato pretende ser “una organización plural y asamblearia” y entre sus objetivos figura “acabar con los abusos de las inmobiliarias”. “No toleraremos que nadie se tenga que ir de su casa para que quienes más tienen puedan especular con ella y lucharemos contra la dinámica turistificadora que las instituciones promueven para nuestro territorio, que no hace más que expulsar a quienes vivimos aquí”, ha denunciado.

Ceballos ha incidido en el posicionamiento expreso del colectivo, formado actualmente por unas 20 personas, “contra las viviendas y edificios de uso turístico y desde ya anunciamos que anteproyectos que amenazan con deshacer nuestros barrios, pueblos y nuestra vida comunitaria nos tendrán enfrente”. En este sentido ha señalado el apoyo y aprendizaje adquirido de otras organizaciones ciudadanas como Cantabria No Se Vende y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

“Hay que tener en cuenta que en el centro de Santander, la mayoría de las remodelaciones que se están haciendo no es para que haya viviendas de uso para vivir, sino que se quiere especular con ellas”, han advertido. Como ejemplo de ello han mencionado el edificio perteneciente a la orden religiosa de Los Franciscanos en Santander, “que lo ha comprado una empresa que pretende hacer más de 25 viviendas de uso turístico denominadas de lujo”, ha detallado González.

“Estamos haciendo una campaña en contra de este tipo de bloques turísticos que lo que hacen al final es quitar del mercado habitual las viviendas para convertirlas solo en uso turístico, con lo que ello implica”, han sostenido.

Ausencia de zonas tensionadas

Finalmente, el sindicato ha avanzado su intención a largo plazo de reclamar una ley propia para Cantabria ante la ausencia de zonas tensionadas declaradas e instar a las instituciones a que “no se haga efectivo ningún desahucio sin alternativa habitacional”.

Respecto al decreto de viviendas turísticas que aprobó el Gobierno de Cantabria y que ha dado una nueva moratoria a los propietarios, han considerado que “el Gobierno no deja de instaurar a los municipios de que sean flexibles con el tema de las viviendas turísticas, porque claramente su forma de gobernar es el enriqueciendo a los mismos y empobreciendo de los barrios y las ciudades que solamente ven que crece el turismo”.

Si bien no descartan llevar a cabo iniciativas legislativas populares e integrarse en la red de otros colectivos a nivel nacional, como la Confederación de Sindicato de Inquilinas de España, consideran que en Cantabria es necesario empezar por incentivar la presión en la calle. “La intención es llegar a poder hacer esa incidencia a nivel político, pero hasta ahora la presión en vivienda en Cantabria no ha sido una cosa que pudiera tener tanta relevancia y, sin embargo, estamos viviendo como en otras ciudades, en otros territorios, la presión en la calle ayuda mucho”, han considerado.

Sobre el Plan de Vivienda estatal que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, han señalado que “de nuevo es una normativa que deja a los más desfavorecidos al margen y regula para quienes tienen”, han argumentado. “Ni siquiera podemos pensar que es el principio de algo porque no creemos que vaya a cambiar las cosas”.

La organización ha instado a la comunidad a participar en sus asambleas y actividades, enfatizando la importancia de la solidaridad y la presión social para lograr cambios legislativos. Las reuniones se celebrarán todos los miércoles a las 19.00 horas de la tarde en la Biblioteca Municipal de Santander, así como una asamblea este jueves 23 de abril, que es por la mañana, por la prórroga de los alquileres. Igualmente, el Sindicato de la Vivienda ha organizado una 'vermutada' de carácter más lúdico para darse a conocer, y que tendrá lugar este sábado 25 en el local de la asociación Eureka, en Santander.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha apuntado que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes en el Consejo de Ministros podría beneficiar a unas 2.000 personas que residen en la comunidad autónoma con anterioridad al 1 de enero de 2026.

Casares ha defendido el proceso de regularización como una “extraordinaria noticia” y ha subrayado que se trata de una cifra estimada, algo en lo que coindicen las entidades sociales: “El número de personas en situación administrativa irregular podría ser mayor, dado que muchas de ellas no figuran en registros oficiales o se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que dificultan su contabilización”, han señalado desde la Coordinadora Cántabra de ONGD, consultada por elDiario.es.

La construcción y el empleo doméstico -junto a la hostelería, el comercio y el transporte y almacenamiento- son los sectores donde la presencia migrante, tanto en Cantabria como en el conjunto de España, es más notable, según el informe de UGT 'Desmontando prejuicios y estereotipos. Población de nacionalidad extranjera en Cantabria' presentado a finales de 2025.

Marruecos y Colombia son igualmente los países de origen de una gran parte de la población migrante que reside en Cantabria, junto a otras nacionalidades de América Latina como Perú, Venezuela y Bolivia, según confirman desde la Coordinadora cántabra.

Yulieth (33 años, Colombia) llegó hace un año y un mes a España, el mismo periodo que lleva sin ver a sus dos hijos, de 15 y 7 años. Trabaja limpiando casas por las mañanas y por las tardes estudia un grado medio de Estética y Belleza en el IES El Alisal de Santander.

En Cantabria ha contado con el apoyo de familiares que llevan más de dos décadas residiendo en la comunidad y gracias a ello no le ha faltado “techo y comida” en las situaciones más extremas, pero admite que hubo un tiempo en que estuvo “a punto de tirar la toalla”, volver a su país y renunciar a sus aspiraciones de poder ofrecer un mejor futuro a sus hijos. “En Colombia estudié logística portuaria, contabilidad y finanzas. Trabajé siempre en empresas. Me quedé sin trabajo y eso me hizo tomar la decisión de venirme”.

Para Yulieth, la obtención de papeles considera que le abriría muchas puertas: “El poder reencontrarme con mis hijos, lo primero, y también en términos laborales el tener los mismos derechos que otras personas”, asegura. “Yo vivía en Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Cali. Es una zona muy violenta. Es un sitio muy bonito, pero pesa mucho la violencia y la inseguridad. Eso es una de las cosas que me gustó de Santander, la seguridad”, relata.

Su primer trabajo fue como empleada del hogar interna, “un reemplazo en una casa de Castro Urdiales” donde, según asegura, “se portaron muy bien”. A la pregunta de si se trataba del cuidado y acompañamiento de personas mayores, casos bastante habituales en regiones como Cantabria, con una alta tasa de envejecimiento, Yulieth responde que no. Más bien todo lo contrario, era “una familia con un chico mayor de edad. Yo tenía que hacer la limpieza de la casa, la comida, atender al perrito...”. Tras esa primera experiencia cuenta que estuvo dos meses sin trabajar. “Tocaba puertas pero me decían que necesitaban personas con documentos porque si no podían coger una multa”.

De tanto intentarlo, dice, le salió el trabajo de limpieza actual. “Es un trabajo duro y para uno que no tiene papeles está mal pagado. Estoy en varias casas”, remarca. En definitiva, ante la posibilidad de regularizar su situación piensa en “la tranquilidad que supondría, por fin”. Asegura sentirse “muy contenta”, por ella y por todas aquellas personas que como ella “han venido a trabajar, a cumplir sus metas y anhelos y van a poder tener los mismos derechos de cualquier otro ciudadano”.

El alto coste de las solicitudes   

Wassima (36) y Yassine (43), naturales de Tánger (Marruecos), han encontrado en el centro social Smolny, en el barrio de Entrehuertas de Santander, una red de apoyo vecinal a la que acuden casi a diario con sus tres hijos, de 3, 6 y 10 años. Wassima perfecciona su español y estudia en Las Escuelas Verdes mientras los niños juegan y participan en talleres infantiles junto a otros pequeños del barrio.

Aunque la familia llegó a España el 28 de mayo de 2025, su marido, Yassine, vivió aquí en una etapa precedente, entre 2002 y 2012. Incluso residió por un tiempo en un centro de menores de Parbayón, donde estudió jardinería y carpintería a través de la asociación Amica. Ya siendo mayor de edad tuvo varios empleos en jardinería, ganadería y en una empresa de construcción de Reinosa. Todos con contratos de trabajo, ya que por aquel entonces su situación era regular. De hecho, tiene cotizados cerca de tres años a la Seguridad Social. “No sé si será verdad, pero me han dicho que si me dan los papeles puedo recuperar esos años cotizados”, dice ilusionado.

Motivos personales le llevaron a regresar a Marruecos y estuvo allí 13 años antes de volver a España. En ese periodo conoció a Wassima y formaron una familia. Actualmente viven de sus trabajos temporales, por días sueltos o semanas, en la construcción. “Son cosas muy temporales, trabajo 'en negro', chapuzas, reformas de pisos, poner un suelo... también trabajo con feriantes, montando y desmontando estructuras”, añade. “Solo queremos tener los papeles para poder trabajar legalmente, como todo el mundo, para poder cotizar”, sostiene.

Los trámites para ellos son algo más complicados y costosos debido al idioma. Solo la traducción jurada del árabe al español de parte de los documentos imprescindibles para iniciar la solicitud (certificado de nacimiento de sus hijos y de antecedentes penales), apenas cuatro páginas, tiene un coste de más de 120 euros. A eso hay que añadir la tasa administrativa de 38,28 euros que ha de abonar toda persona que quiera optar a esta regularización extraordinaria.

Yassine coincide con Yulieth en que las expectativas de regularizar su situación. Para él se traduciría en alcanzar “la tranquilidad de tener los mismos derechos que cualquier persona”. Trabajar indocumentado, dice, te expone a “muchos abusos, impagos e inseguridad”. En referencia a declaraciones políticas que dice escuchar con frecuencia últimamente, sostiene: “Claro que hay marroquíes malos, pero decir que todos somos delincuentes es muy injusto”, lamenta.

Cómo iniciar el procedimiento

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España ha lanzado un portal web específico con toda la información necesaria para facilitar la tramitación de la regularización extraordinaria. Este sitio web permite verificar si se cumplen los requisitos legales mediante un simulador y cuenta con vídeos explicativos y guías de preguntas frecuentes.

Los interesados pueden gestionar citas previas gratuitas, obtener modelos de documentos oficiales e iniciar trámites telemáticos de forma segura. Además, el portal proporciona un listado de entidades colaboradoras y colegios profesionales de abogacía que brindan asesoramiento jurídico durante el proceso.

De otro lado, entidades sociales como CEAR han creado infografías explicativas a modo de resumen de todo el proceso administrativo y con el objetivo de facilitar la comprensión a aquellas personas que quieren optar a la regularización.

Asimismo, se puede pedir cita previa para cursar la solicitud de forma presencial en el teléfono 060. La atención es en español, en horario de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas de lunes a viernes.

La tramitación presencial en Cantabria, que estará habilitada solo por las tardes, desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, podrá realizarse desde el 20 de abril -siempre con cita previa- tanto en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (calle Calvo Sotelo), como en las oficinas de Correos de Santander (plaza Alfonso XIII y c/ Vargas) y Torrelavega (c/Julián Ceballos).

El Ayuntamiento de Santander, por su parte, ha tardado menos de 24 horas en difundir su malestar y alertar del “riesgo de colapso” existente tras atender, según aseguran desde el Consistorio, “más de 100 consultas presenciales” sobre el proceso de regularización el jueves 16 de abril. Cabe destacar que en la misma nota de prensa no se ha detallado ninguna otra cifra del volumen habitual de consultas ciudadanas que se atienden a diario en las distintas dependencias municipales y que permita contrastar, de algún modo, esa alarmante saturación descrita.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de Cantabria, María José Sáinz de Buruaga, al adelantar que, cuando se dé “la más mínima posibilidad”, el Gobierno cántabro recurrirá la regularización aprobada por el Consejo de Ministros por considerarla “una absoluta temeridad y el mayor coladero de la historia” de España.

El sindicato UGT celebrará el próximo viernes 24 de abril la V Jornada de Homenaje a los Delegados y Delegadas en Prevención. Lara Pérez Camino, secretaria ejecutiva de la organización sindical en Cantabria, analiza la relevancia de la figura encargada de la prenvención de riesgos laborales en las empresas y explica los pormenores de una edición que va a poner el foco en la ausencia de protocolos prenventivos centrados en enfermedades que afectan mayoritariamente a las mujeres.

¿Por qué consideran necesaria una jornada de homenaje a la figura del delegado de prevención? 

En UGT Cantabria celebramos este año la quinta edición de homenaje a esta figura ya que los delegados y las delegadas de prevención son los representantes de las personas trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Y dado que, con carácter general, la cultura preventiva está lejos de ser real y efectiva en las empresas, y siendo conscientes de que ellos y ellas desarrollan en su día a día una importantísima labor contribuyendo a entornos laborales más seguros y saludables, consideramos más que merecido este homenaje como forma de reconocimiento a su valiosos desempeño en el ámbito de la seguridad y salud de sus centros de trabajo.

¿De dónde nace esa especie de rechazo a la persona encargada de supervisar la prevención de riesgos dentro de las empresas?

Realmente, como se recoge en la propia Ley de Prevención, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el centro de trabajo y esto supone un correlativo deber del empresario, por tanto, no hay que olvidar en ningún caso que la responsabilidad del cumplimiento y la supervisión recae en la empresa. No obstante, la figura del delegado y delegada de prevención tiene como competencias el velar y promover dicho cumplimiento, por lo que usualmente es percibido como un agente 'hostil' por parte de la empresa, ya que no deja de ser alguien que está instando a la implantación de todas las acciones y medidas preventivas que no están llevando a cabo por su parte.

¿Qué se puede hacer para cambiar esa tendencia y verlo como una oportunidad más que como una amenaza?

Por lo expuesto ya anteriormente, entendemos como fundamental que el entorno empresarial deje de considerar la prevención de riesgos laborales como un imperativo legal que debe cumplirse para evitar sanciones, lo que finalmente se traduce en que no se esté haciendo prevención real, sino más bien formal. La prevención no debe entenderse como un mero cumplimiento administrativo, con empresas que invierten el mínimo coste posible para evitar ser sancionados, sino que debe convertirse en un eje transversal de todas las decisiones empresariales, que proteja la continuidad del negocio preservando la salud de las personas que lo sacan adelante. Solo si entendemos que invertir en salud es invertir en productividad y en respeto de las relaciones laborales podremos acabar con los preocupantes datos de accidentes con los que nos encontramos cada día. Y ante una voluntad real de avanzar en materia de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo, no se puede obviar la especial relevancia de contar con un aliado como es la figura del delegado y la delegada de prevención para alcanzar dicho objetivo.

Solo si entendemos que invertir en salud es invertir en productividad y en respeto de las relaciones laborales podremos acabar con los preocupantes datos de accidentes con los que nos encontramos cada día

¿Qué datos avalan la necesidad de tomarnos en serio la prevención de riesgos laborales? 

Como no puede ser de otra manera, la principal razón es garantizar la propia seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como su calidad de vida, ya que detrás de las cifras de accidentes laborales, inasumibles para una sociedad como la actual, se encuentran personas, que vieron truncados drásticamente sus proyectos vitales o incluso perdieron la vida cuando iban a ganársela, afectando también a sus familiares y seres queridos. En este sentido, desde UGT se defiende también la necesidad de establecer figuras, como la de los delegados y las delegadas territoriales de Prevención que ya están funcionando en algunas comunidades autónomas con resultados positivos, para que ayuden a formar, informar y garantizar que las personas trabajadoras tengan la misma protección ante los riegos laborales, independientemente del tamaño de la empresa en la que trabajen, pues su actividad tendría alcance en empresas donde no existe representación sindical, y los datos respaldan que allí donde existe dicha representación se consiguen entornos laborales con unas mejores condiciones de seguridad y salud. Y relacionado con todo ello, a nivel estructural, consideramos necesario reconocer el origen laboral de los daños a la salud de las personas trabajadoras, porque de otra manera ciertas incapacidades temporales se continuarán derivando a la sanidad pública, tensionando aún más un servicio que ya se encuentra saturado, y además no se adoptarán las medidas preventivas necesarias, que evitarían que dichos daños continúen repitiéndose.

Celebran en los próximos días una jornada que aborda en concreto la perspectiva de género, dentro de los riesgos laborales. ¿Cuál es el motivo?

Todas nuestras jornadas de salud laboral, incluida esta de carácter más conmemorativo a la figura de los delegados y las delegadas de Prevención presentan un marcado contenido formativo. En este caso, la sesión se ha centrado en el embarazo y lo que conlleva a nivel de prevención de riesgos laborales, como herramienta de utilidad para nuestros delegados y delegadas de Prevención, pero también en consonancia con una vieja reivindicación de UGT Cantabria como agente social y que a su vez se corresponde con uno de los objetivos de la propia Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028, como es la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Cabe señalar en este punto que la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales exige abordar aspectos más allá de las habituales cuestiones biológicas como el embarazo y la lactancia, y por ello desde UGT reclamamos la consideración igualmente de la menopausia y especialmente la actualización del listado de enfermedades profesionales, donde deben recogerse enfermedades femeninas con origen laboral como el cáncer de ovario por exposición a amianto y el cáncer de mama por exposición al trabajo nocturno, por exposición a sustancias químicas (pesticidas, bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno y otros disolventes, óxido de etileno) y a radiaciones ionizantes.

¿En qué sectores es más pronunciada esta disparidad de género, esta falta de estudios centrados en las trabajadoras y en riesgos que pueden afectar solo a la mujer?

En esta pregunta se mencionan diversos aspectos que obviamente tienen una estrecha interrelación. Un factor fundamental es la segregación ocupacional, que hace referencia a la ocupación de distintos puestos de trabajo por parte de mujeres y hombres en base a estereotipos sociolaborales y que, históricamente, ha llevado a una desproporción de mujeres en cierto tipo de ocupaciones, perpetuándose además así la desigualdad de género en el mercado laboral. Esta segregación se da tanto en horizontal -sectores o actividades, usualmente de asistencia, educación y servicios para las mujeres y de industria para el caso de los hombres- como en vertical -puestos ocupados dentro de un mismo sector o actividad, como un ejemplo tradicional era el de médico y enfermera; aunque se ha ido avanzando en este sentido-. Realmente, en cuanto a los sectores más feminizados, y que suelen coincidir con los de mayor precariedad en condiciones laborales (en cuanto a salarios, jornadas, horarios…), son los relacionados con la prestación de servicios de asistencia y dependencia y también otro tipo de servicios, como limpieza, hostelería, y las denominadas 'empleadas del hogar', coincidiendo en ocasiones con perfiles de menor cualificación. Y en este marco histórico, en el que el hombre realizaba una actividad fuera de casa y la labor de la mujer estaba más asociada al entorno del hogar y los cuidados, con una menor visibilidad y valoración profesional, es en el que se han venido realizando, tomando como referencia un modelo masculinizado, tanto los diseños de equipos de trabajo, los diseños de equipos de protección individual e incluso en los estudios específicos para el establecimiento de valores límites ambientales de exposición en los lugares de trabajo (dimensiones, pesos, tallas, características fisiológicas en relación con porcentaje de grasa corporal o espesor de capa cutánea…), que junto con las evaluaciones de riesgos específicas son otras de las demandas de este sindicato. En resumen, por todo lo trasladado anteriormente, desde UGT Cantabria mantenemos la siguiente reivindicación: como ya recoge la propia Ley de Prevención, se ha de adaptar el trabajo a la persona trabajadora; y sin la perspectiva de género en los criterios empleados para dicha adaptación, parte de esas personas trabajadoras se estarían quedando desprotegidas y sin la adopción de medidas preventivas adecuadas para su actividad laboral.

El Ayuntamiento de Santander avanzaba en el mes de febrero de este año que iba a llevar a cabo una “modernización” del Centro de Interpretación del Litoral (CIL) ubicado en el entorno de La Maruca, edificio que fue inaugurado en 2011. Una licitación para el suministro e instalación para la renovación de equipos de climatización por valor de 155.788 euros y otra para su digitalización por valor de 716.162 euros, ambas con cargo a fondos europeos Next Generation.

Instalado en una antigua batería defensiva del siglo XVII, la de San Pedro del Mar, el edificio fue rehabilitado para convertirse en un espacio divulgativo dedicado a interpretar el paisaje litoral, especialmente el singular tramo de la Costa Quebrada, hoy parte de la red mundial de Geoparques de la UNESCO y en un entorno de triste actualidad tras el trágico accidente mortal en el que fallecieron seis jóvenes junto a la playa de El Bocal.

En abril de 2017, el propio Consistorio promocionaba una reapertura de la instalación en su canal de YouTube, con la exposición permanente ‘Patrimonio Litoral de Cantabria', una maqueta dedicada al parque geológico Costa Quebrada y visitas guiadas al entorno mareal. En el mismo video se hacía referencia además a la terraza del edificio “accesible desde el exterior” y a sus “vistas panorámicas”.

Tras menos de una década en funcionamiento, el CIL se encuentra cerrado al público desde marzo de 2020, coincidiendo con la llegada del coronavirus y sus restricciones. Desde entonces, han sido varios los proyectos de recuperación anunciados por el Ayuntamiento de Santander y muchas las quejas expresadas por vecinos del entorno de Monte que denuncian su abandono en las reseñas sobre el edificio que aparecen en diversos buscadores digitales.

De hecho, el 29 de febrero de 2024, el grupo municipal del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) llevó al pleno una serie de preguntas relacionadas con el edificio y el Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, al que se remiten todas las actuaciones previstas y, cuya ejecución debe completarse este año 2026.

Reacondicionamiento “prioritario” anunciado en 2023

Los regionalistas reprochaban a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), su anuncio en rueda de prensa en enero de 2023 de las acciones a desarrollar ese mismo año -dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander- entre las que se encontraba, como “prioritaria”, la adecuación del CIL y se fijaba su reapertura ese mismo verano, con “contratación de personal y organización de rutas guiadas por el entorno”.

Por todo ello, y recordando que la rehabilitaciñon del edificio ya había supuesto una inversión de casi 2,5 millones del Gobierno de España, preguntaban por el motivo por el que el CIL llevaba cerrado desde el año 2020 y si se había llevado a cabo algún trabajo de adecuación y mantenimiento del edificio desde entonces.

La respuesta desde el Ayuntamiento de Santander fue que “el motivo por el que ha estado cerrado es por un funcionamiento óptimo de las instalaciones, de climatización, habiéndose llevado a cabo un trabajo de mantenimiento oportuno en el edificio, teniendo en cuenta que no ha estado abierto”.

El Consistorio ahondaba en su argumentación alegando que la primera actuación a realizar iba a ser “una puesta a punto de las instalaciones, la actualización de sus contenidos”, y el análisis de “la mejor fórmula para la dotación de personal para atenderlo”.

Respecto a los plazos de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística, la alcaldesa dijo en ese momento que de las 45 actuaciones comprendidas en el mismo se habían iniciado 42, lo que suponía “un 93 %” y que cabía recordar que se trataba de “la segunda anualidad”, habiendo estado la primera anualidad del mencionado plan turístico “más enfocada en la planificación y el posicionamiento”.

Son varias las actuaciones contenidas en este último plan turístico de Santander, fundamentalmente relacionadas con mejora de señalización, las que están relacionadas con la polémica senda costera santanderina, tan cuestionada en los últimos meses por el trágico suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo y otra resultó gravemente herida.

Zaira Rivero es una de las cerca de 3.000 trabajadoras encargadas de cubrir los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria. Aunque según datos de febrero de 2026, al menos 1.308 personas tenían derecho al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, se estima que la cifra asciende a más de 4.000, ya que los SAD son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento.  

Esta amalgama de siglas, SAD y SAAD, comprende un amplio conjunto de atenciones de apoyo en las actividades básicas de la vida diaria que Servicios Sociales ofrece a las personas con algún grado de dependencia reconocido, en sus propias casas. Desde levantarse, lavarse, vestirse o comer hasta acompañamiento y apoyo psicosocial para fomentar hábitos saludables. Curiosamente también abarca tareas domésticas como limpieza, compra, cocina y cuidado de la ropa. Eso sí, estas tareas deben ser desempeñadas por personal cualificado.

Zaira Rivero estudió el ciclo formativo de grado medio de ‘Atención a personas en situación de dependencia’ y tiene compañeras con el título de Técnico Sociosanitario o incluso el grado en Enfermería: “Todas tenemos que tener titulación”, recalca.

Una de las reivindicaciones de este colectivo, que lleva alzando la voz con fuerza desde noviembre de 2025, es el reconocimiento como servicio público esencial. A su vez reclaman que se les garantice una formación continua, ya que, como recuerdan, “sostienen la vida de miles de personas dependientes”.

Un día 'cualquiera' en el SAD

Zaira resume cómo es un día de trabajo para ella en Torrelavega, en los tres barrios que tiene asignados: Ganzo, Duález y Torres, aunque, “siempre te puede tocar una sustitución en otra zona”, advierte. “Yo tengo una jornada parcial de 36 horas semanales, trabajo solo de mañana, y cada día tengo que atender a seis personas. Las primeras horas suelen ser aseos, luego empiezan los paseos y acompañamientos y las últimas son de labores y limpieza del hogar”.

Esta trabajadora cuenta que llega al domicilio de Blanqui, de 82 años, la primera persona a la que atiende, a las ocho de la mañana. Tiene 50 minutos para asearla, porque los 10 minutos restantes de la hora que le correspondería a esa primera usuaria los tiene que emplear en el desplazamiento al siguiente domicilio, donde le espera Mari, de 91 años.

En principio debería de salir de ese domicilio a las 9.00 horas, pero la primera persona reside en Ganzo y la segunda en Duález. En el mejor de los casos, Zaira explica que ese desplazamiento le lleva mínimo seis o siete minutos en coche. “Tengo que atravesar la bajada del hospital de Sierrallana, donde muchas veces hay atasco, por lo que siempre te retrasas más”, argumenta. “Otras compañeras, por ejemplo, trabajan en el centro y se tienen que desplazar por lugares en los que es imposible moverse en coche y andando te lleva más de 10 minutos”, explica.

Algo que agradece, aunque, al mismo tiempo considera que no debería de ser así, es que en muchas ocasiones cuentan con la colaboración de los familiares de las personas a las que atienden y les facilitan las cosas lo máximo posible. “A veces nos esperan con el baño preparado, por echarnos una mano lo tienen todo listo para cuando lleguemos porque conocen las condiciones en las que trabajamos”, afirma.

Otro factor a tener en cuenta en su trabajo es el estado de la persona a la que deben atender. Zaira explica que, si la persona está encamada, el cumplir con las exigencias temporales se complica enormemente. “Se viene necesitando hora y media e incluso más, a veces sería imprescindible la ayuda de otra compañera. Se te complica mucho, porque lavar a una persona con dificultades de movilidad a la vez que le sujetas para que no se te mueva y no se caiga es muy complicado, son posturas muy malas y son esfuerzos físicos muy grandes”, detalla.

A otra de las personas a las que visita a diario, Marimar, de 76 años, solo tiene que “ponerle la medicación en su sitio”, colocarle el pastillero para que ella pueda tomar lo que le corresponde correctamente, según dice. “Luego tengo otra persona que requiere aseo y a continuación un acompañamiento, que consiste en hacerle las compras, los recados o cualquier otra cosa que pueda necesitar”. Cuenta que ese mismo 'servicio', esa cuarta persona, tiene además dos días a la semana de labores del hogar, es decir, limpieza.

“El quinto servicio es también de labores del hogar y el sexto son dos horas seguidas también de limpieza”, concluye, en un repaso casi telegráfico de su intensa jornada laboral. El último domicilio cambia cada día pero todas las semanas se repite, es decir, cada día de la semana visita una casa diferente. Son las 15.00 horas y Zaira ha finalizado su jornada laboral.

Doble maltrato: administraciones y adjudicatarias

El sueldo de muchas de las trabajadoras de este colectivo no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional. No es de extrañar que desde sindicatos como USO denuncien “la invisibilización y el maltrato ejercido tanto por las administraciones públicas como por las empresas adjudicatarias”. Y es que la asignación de turnos corresponde a la empresa adjudicataria junto a las trabajadoras sociales. “Ellas son las que tienen que dar el beneplácito de si a un domicilio va una compañera o van dos”, pone como ejemplo Zaira.

De otro lado, en los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de la gestión del servicio de ayuda al domicilio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS )se dice que los desplazamientos entre domicilios deberían correr a cargo de las empresas, pero la realidad es otra bien distinta. La empresa adjudicataria lo que hace es repercutir ese tiempo en el de sus trabajadoras, ya que no se contempla un tiempo extra para ello ni se suma a su jornada laboral.

Otro de los abusos que están denunciando desde este colectivo laboral, que ha comenzado a movilizarse en Cantabria, está relacionado con la contrapartida que se hace por el kilometraje de sus vehículos particulares. “Estamos cobrando a 0,20 céntimos el kilómetro. Yo suelo gastar unos 60 euros al mes en gasolina, antes de la subida de precios de las últimas semanas, claro, y me pagaban solo 20 euros”, asegura Zaira Rivera.

Sanivida, Senior Servicios Integrales y Servisar son las empresas que actualmente ostentan las adjudicaciones de los cuatro servicios unidos en esta protesta (el SAP de Torrelavega, la Ley de Dependencia de Torrelavega y de la Mancomunidad de Cayón y el SAP de Santander). “Yo empecé con una empresa que se llamaba Azvase y a los dos años cambiamos a Sanivida. Al final están cortadas todas por el mismo patrón y lo que buscan es sacar el máximo beneficio”, lamenta Zaira, que es secretaria y delegada del comité de empresa de Sanivida.

“Si paramos también lo sufrirían los usuarios”

Además de concentraciones frente al Parlamento de Cantabria, como la celebrada el pasado 30 de marzo, actualmente están recogiendo firmas para exigir un convenio colectivo a nivel autonómico. “Llevaremos las firmas al Parlamento, solicitando ese convenio colectivo, y hablaremos con quien haga falta”, afirma.

Al preguntarle por si se han planteado la posibilidad de hacer paros, Zaira Rivera expresa una preocupación poco habitual en otros colectivos. Al tratarse de plantillas formadas mayoritariamente por mujeres, dice que “hay muchas familias que dependen de su salario, por lo que hacer parones supondría reducir sueldos ya de por sí muy precarios”.

Además, pone el foco en las personas a las que prestan asistencia. “También entre los usuarios y sus familias hay gente muy vulnerable que lo sufriría y no quisiéramos tener que llegar a ello”, concluye con una empatía inspiradora pese a la sobrecarga física y emocional que arrastran ellas mismas. De ahí surge también el llamamiento que el conjunto de trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de Cantabria hace a la sociedad: “Respeto, reconocimiento y dignidad”. Sin ellas, recuerdan, “el sistema de cuidados se detiene”.

Durante la conferencia 'Tres brutales agresiones a la bahía de Santander', el doctor en Ciencias del Mar Benjamín García Pastor (Santander, 1947) repasaba hace unos días las intervenciones humanas que desde 1873 hasta hoy han hecho perder aproximadamente un 50% de superficie y ocho metros de calado al apreciado icono de la capital cántabra. La quema de árboles en los Altos Hornos de La Cavada, cuyos sedimentos eran arrastrados por el río Miera; la concesión Wissocq para la construcción de muelles desde Santander a Maliaño y los sedimentos del hierro sobrante de las minas de Peña Cabarga han condicionado, según el experto, la evolución de una de las 'Bahías más bonitas del mundo'. Y es que la de Santander y la de Rosas, en Girona, son las dos únicas bahías españolas entre las 45 que forman la selecta asociación turística internacional.

Hoy apasionado divulgador de historia naval, García Pastor cuenta con orgullo que creció en un barrio santanderino “marinero por excelencia” como era el Tetuán de los años 60. Tras el fallecimiento de su padre, a los 15 años empezó a trabajar en un taller y, más adelante, mientras estudiaba Náutica, en el Puerto de Santander. Era el año 1978 y, desde entonces, su vida iba a estar ligada más de tres décadas a varios puestos de trabajo dentro de la institución portuaria. Primero como jefe de Máquinas en buques de dragado, después como jefe de mantenimiento, director de Servicios Portuarios -al frente de prácticos, remolcadores, grúas y policía portuaria- y director de Marketing. Se jubiló en 2010, siendo director económico y administrativo de la ya Autoridad Portuaria de Santander.

Como miembro del Centro de Estudios Montañeses y de la Asociación Mil Velas, su jubilación le ha permitido volcarse en la difusión del patrimonio marítimo de Cantabria y compartir su extenso conocimiento sobre una bahía que conoce al milímetro, tanto en superficie como en fondo y biodiversidad. De ahí su empeño en invitar a pensar en la cantidad de terrenos “ganados” o que le hemos quitado al mar: el Barrio Pesquero, Candina, el polígono de Parayas, el aeropuerto, las marismas de Alday, La Maruca, Valle Real y Bahía Real o el propio Puerto de Raos, entre otros. 

¿Cómo surge la idea de investigar esas grandes 'agresiones' que ha sufrido la bahía de Santander?

Cuando me jubilé me puse a estudiar historia naval y me llamaron para dar alguna conferencia sobre la construcción de barcos en el astillero de Guarnizo. La investigación es muy bonita, me encanta ir descubriendo cosas. Además, tengo la ventaja de tener acceso directo a la documentación del archivo documental del Puerto, donde hay gente encantadora y se molestan en ayudarme. Desde luego sin ellos sería imposible hacer lo que hago.

Hoy, ¿a qué grandes amenazas está expuesta la bahía de Santander?

Quitarle terrenos a la bahía de Santander es una de las grandes amenazas actuales. El riesgo que hay hoy es que se vaya restando superficie a la bahía. El terreno tiene un valor importantísimo, y aunque el puerto haya dicho que no vuelve a coger un metro cuadrado, no es totalmente cierto.

De hecho, ¿acaban de anunciar una ampliación, no?

Sí, los muelles número 9 y 7. Y eso es un terreno nuevo. Se han ganado muy pocos metros, pero se ha ganado el terreno. Imagino que por necesidades de los pueblos de alrededor, pero sin duda es un problema que la superficie de la bahía disminuya.

¿Y hay más problemas?

Sí, otro problema, y este es natural, es que está entrando continuamente arena a la bahía por la parte norte, por la zona de La Magdalena. Ni espigones ni nada. En la bahía siempre hay una corriente de agua que entra por la zona norte, desde fuera, y arrastra cantidades de arena. Por la zona sur, en El Puntal, las olas siempre rompen perpendiculares, paralelas a Loredo, a Somo, a Las Quebrantas… hasta Punta Rabiosa. En el momento que tú desfigures El Puntal, automáticamente las olas se van a encargar de desplazar la arena.

Otro problema, y este es natural, es que está entrando continuamente arena a la bahía por la parte norte, por la zona de La Magdalena. Ni espigones ni nada. En la bahía siempre hay una corriente de agua que entra por la zona norte, desde fuera, y arrastra cantidades de arena

Recuerdo que cuando dragábamos El Puntal, para que no cayese en el canal de navegación, solíamos tirar la arena en Serrera, al otro lado de Santa Marina, casi en Galizano. Hubo una época en que el mar arrastraba la arena de tal manera que las olas llegaron a entrar en Somo. Y fue entonces cuando el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria nos dijo que lo que debíamos hacer es tirar la arena en el mismo Puntal, no en Serrera, para que hiciese un ciclo cerrado y así El Puntal no fuese perdiendo arena.

La vista de El Puntal que se observa estos días desde Santander, con una pendiente de las dunas mucho más pronunciada de lo habitual, ¿es preocupante?

Lo último que yo he leído del Instituto de Hidráulica de Cantabria es que la bahía está bastante estabilizada. Hace 5 o 6 años comentaban que se iba a romper El Puntal, que ya había una zona de ruptura y que eso iba a avanzar y que iba a tener más riesgo de que con el oleaje se llegase a desconectar. Aunque este año sí es cierto que se ve más pronunciado, siempre ocurre que con los temporales de invierno las olas se llevan la arena. Lo que yo he observado hace unos días es que se ha cortado la punta, pero hay mucha más arena por debajo del agua. Eso significa que la arena se ha quedado allí.

El riesgo actual pienso que es que, con el tiempo, de manera natural, va a seguir entrando la arena y también depositándose en el fondo del Cantábrico. Un buceador muy experimentado, que baja muchas veces al pecio 'España', hundido durante la Guerra Civil frente a Loredo, me decía el otro día que antes los cañones del barco estaban al descubierto y se veían y ahora se están cubriendo de arena. O sea, la arena a 68 metros de profundidad también se está acumulando.

Usted habla también de la bahía como un motor económico de la ciudad. ¿Cree que orientar su explotación hacia los cruceros es lo más conveniente? ¿No vamos algo a la contra de otros destinos que ya están limitando la actividad crucerista?

Metes el dedo en la llaga [ríe]. Yo fui uno de los impulsores de esta idea de captar tráficos, porque los tráficos generan dinero. Tú haces unas inversiones, unos gastos, y lo que te interesa es rentabilizar esa inversión. ¿Y cómo rentabilizas? Pues cogiendo tráficos que sean cautivos, por eso es tan importante dentro de un puerto tener instalaciones fijas particulares. Porque claro, el particular quiere rentabilizarlo y quiere que eso se mueva, tener una gran superficie con muelles y nada más, no. Nosotros hicimos luego la Estación Marítima, queríamos rentabilizarla y fijar tráficos, porque cada vez que entra un barco genera actividad.

Pero la Estación Marítima, aun estando en pleno centro de Santander, ¿cree que está integrada en la vida de la ciudad?

No, debería tener más vida. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los ferris necesitan hacer consumo de combustible y se han desplazado más arriba. Por eso lo bueno son los cruceros, traen 2.000 o 3.000 pasajeros, pasan un día aquí y dejan dinero en la ciudad. Hombre, en Barcelona, que al principio era el objetivo de todos los puertos, los cruceros han desbordado las capacidades de la ciudad. Nosotros no hemos desbordado las capacidades de Santander y yo creo que el nivel actual es positivo. Curiosamente, la actual alcaldesa, Gema Igual, y yo, hicimos equipo en la promoción de Santander Costa Verde, para captar tráficos de barcos, cuando ella era concejala de Turismo. En este sentido, yo creo que es bueno para la ciudad y se utiliza una Estación Marítima que tienes parada o con bajo rendimiento. Ahora bien, el crucero es una cosa más, pero lo bueno es tener terminales de sosa, por ejemplo, porque las fábricas tienen que mandar las mercancías por el puerto y entonces sí rentabilizas. El Puerto de Santander yo creo que está ahora mismo bien gestionado. Hay un tándem tanto político como técnico, sobre todo el tándem técnico, muy bueno.

El Puerto de Santander creo que está ahora mismo bien gestionado. Hay un tándem tanto político como técnico muy bueno.

La cosa creo que va por buen camino. De hecho, Santander sube. No vale especializarse en un solo tráfico, es decir, tráfico de coches. Los tráficos de coches tienen un problema, que ocupan muchísima superficie. Yo he llegado a tener 25.000 coches metidos dentro del puerto parados durante una huelga de transportes. Ahora, por ejemplo, han decidido una cosa lógica: hacer un silo en altura con capacidad para 25.000 coches, pero en una zona relativamente pequeña, sin que ocupe tanta superficie.

¿Y se ha diversificado realmente? Porque es cierto que lo más conocido es el tráfico de coches, ¿no?

Sí, hay cinco niveles de tarifas portuarias en función del grado de elaboración del producto. Lo que pagan las mercancías va en función de su grado de elaboración. Por lo tanto, es interesante mover muchas mercancías elaboradas. Y los coches generan mucho dinero. Cuando se habla de toneladas, un puerto que ha movido 7 millones de toneladas no me dice nada, lo que hay que saber es de qué. Y tampoco vale decir que solamente coches porque da mucho dinero. No, hay que abrirse a todo porque un día los clientes fallan, por lo que sea, y hay que tener otras cosas. Para mí, uno de los mayores éxitos que tiene actualmente el Puerto de Santander es la terminal de contenedores, pues hace que tengas unos tráficos fijos y además llama a muchas otras empresas: transportistas, gente que embala mercancías para meter dentro de los contenedores... O sea, la actividad se aumenta. Hay un profesor en la Universidad, Pablo Coto Millán, que ya hace años que viene estudiando el impacto económico del puerto en la actividad regional y dice literalmente que, sin duda, es el motor económico de la comunidad. El puerto genera el 12% del empleo regional. Emplea de forma indirecta a mucha gente: los transportistas, los almaceneros, los prácticos, los amarradores, los consignatarios, toda la gente que trabaja alrededor y para el puerto.

¿Es optimista en términos medioambientales? ¿Cree que desde el puerto se está cuidando la conservación de la bahía?

Creo que nos hemos autolimitado todos y miramos la gestión portuaria con ojos medioambientales también, o sea, no nos desmandamos. No hay ahora mismo proyectos de dar bocados o provocar agresiones fuertes en la bahía. También es cierto que quizá si no hubiese esta presión medioambiental por parte vuestra, mía y demás esto se hubiese descontrolado. Aunque, un proyecto que a mí me ha dolido particularmente es el famoso muelle 9 que se ha inaugurado recientemente porque en la punta sur, o sureste, más bien, había una colonia de caballitos de mar. Los vi buceando. Cuando se ha hecho el testero (estructura portuaria de atraque) me imagino que habrá desaparecido. Ya no se ven. En el año 90 o 92 yo organicé una recogida de basuras del fondo del mar, que en aquel momento era una novedad, con grúas, y sacamos coches del fondo de la bahía. El mensaje entonces era que la bahía hay que cuidarla. Y creo que se ha logrado, que hemos avanzado mucho en ese sentido.

¿Cree que es compatible la gestión de un puerto como un motor económico y medioambientalmente sostenible?

Seguro, tiene que serlo. Son cosas opuestas, es decir, si yo tengo que garantizar un cuidado medioambiental, no solamente no voy a ganar dinero, sino que voy a perder dinero en ese trabajo. Sin embargo, creo que eso está asumido perfectamente. Hace 40 años, bah, ni se pensaba. Hoy en día eso se asume totalmente.

Y volviendo a esa diversificación de mercancías que comentaba, ¿el transporte de armas con destino cuestionable es necesario? Aquí hubo movilizaciones por el traslado de armamento para la guerra de Yemen.

Personalmente, soy un pacifista convencido, es decir, odio la guerra, odio la violencia. Pero el puerto no tiene limitaciones legales de conciencia: si hay que pasar armas, se pasan armas. O sea, el puerto no tiene conciencia. Si hay que pasar armas, se pasan armas salvo que esté prohibido. Claro que han pasado armas. Se llamaban mercancías peligrosas, pero no ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos el caso del cabo Machichaco, de los explosivos. Aquí teníamos un cliente que estaba en Burgos, que fabricaba explosivos, y creo que en el arco de la bahía, en Pontejos, había una empresa que se encargaba de cargar municiones con explosivos y sí han estado entrando y saliendo. Otra cosa diferente es que por seguridad se cumpla o no se cumpla la normativa, es decir, la normativa cuando se manejan explosivos es muy rígida, pero el puerto no tiene conciencia.

Yo personalmente ponía el candado y no dejaba pasar armas, pero claro, si yo pongo el candado, viene el consignatario, el estibador y el candado me lo ponen a mí, pero en la cárcel

¿Y usted cree que debería tenerla, en el contexto actual que atravesamos?

Los dirigentes pueden tenerla, pero yo no. Yo no puedo negarme a un cliente portuario, no puedo decirle a nadie que porque lleva armas por aquí no pueden pasar. Si son legales, el puerto se ajusta totalmente a la legalidad. A mí, como dirigente del puerto, me dará rabia que pasen armas por el puerto, pero no tengo ningún argumento legal para impedirlo. O sea, el puerto es una estructura ahora del Ministerio de Transportes, antes de Fomento y Obras Públicas, y el puerto no tiene conciencia, como entidad. Sí puedo ser o muy permisivo o muy severo en cuanto a los controles de seguridad que se deben hacer, pero no me puedo salir de la ley. La ley marca que es legal, que es lícito hacer tráfico de estas mercancías por el puerto, así que me tengo que atener a ello. Yo personalmente ponía el candado y no dejaba pasar armas, pero claro, si yo pongo el candado, viene el consignatario, el estibador y el candado me lo ponen a mí, pero en la cárcel.

Siempre habla de la importancia de la bahía para el deporte, ¿existe una buena organización en esa parcela?

La bahía es un precioso campo de regatas para las embarcaciones menores, tipo 'Optimist', los barquitos pequeños que están aprendiendo, es el sitio ideal. El único problema es que, en bajamar, los páramos quedan totalmente inutilizados. Siendo yo director de servicios del Puerto llamé una vez a responsables de actividades lúdicas o de ocio para recordarles que los barcos grandes que pasan por la canal de navegación no tienen posibilidad ni de frenar ni de moverse, el barco va por su camino y no frena. Yo entonces les dije: 'Señores, vamos a tener cuidado. En todas nuestras actividades lúdicas, deportivas o lo que sea, respetemos la canal de navegación'. Esto lo dije un viernes. El domingo siguiente, yo salí con mi barco a pescar y a la vuelta, delante de mí, un barquito de vela iba haciendo zigzag en medio de la canal. Era el hijo de uno de los asistentes a la reunión. O sea, lo que había yo pregonado en aquella reunión, imagino, por lo que vi, que les había entrado por un oído y salido por otro. La bahía es un sitio estupendo, pero hay una palabra que tenemos que tener siempre presente en la vida, respeto, respeto a todos, y en la mar es todavía más importante. En la mar hay una norma no escrita que es, primero, cuando veas a alguien en peligro, ayúdale, lo primero ayuda sin pensar si lo que estaba haciendo estaba bien o mal y, segundo, respeta.

¿Qué opina de las motos de agua?

Yo creo que las motos de agua no respetan. No respetan nada, pero es que el problema es que ponen en peligro a la gente. A mí me alucina ver motos de agua en verano por El Puntal a todo meter hasta la arena, poniendo en peligro la seguridad.

Y, ¿no hay ninguna normativa al respecto?

Creo que depende de los ayuntamientos, o sea, la normativa, la pueden marcar los ayuntamientos, no Capitanía Marítima, que al final es la responsable total de la seguridad.

¿Existe un problema de comunicación? ¿Se podría solventar de alguna manera que cualquier usuario de la bahía fuera más consciente de lo que se puede y no se puede hacer?

Yo creo que todos los años Salvamento Marítimo publica una normativa, al comienzo de temporada, con las reglas principales. Pero hay una norma que se emplea muy poco, que es la norma del sentido común, o sea, la bahía la puedes pasar a nado, pero claro, tienes que decir, primero: ¿voy a tener fuerzas para atravesarla? Y segundo, según mi velocidad de nado, si veo que entra un barco por La Magdalena, ¿me va a dar tiempo a hacerlo con seguridad? Insisto, para mí la norma básica es el sentido común y evitar la imprudencia. De otro lado, la Guardia Civil del mar hace una buena labor, pero pienso que debería cambiar algo su orientación. A mí me han parado muchas veces para pedirme la documentación del barco y ves otra serie de actividades, en ese mismo momento, que son peligrosas, están prohibidas y que la Guardia Civil no se mete en ellas. O sea, creo que debería centrarse tanto en exigir que se cumpla la legalidad vigente como en la prevención.

La labor de concienciación, ¿se está haciendo bien con los jóvenes, a través de charlas en colegios, por ejemplo, cree que se está interiorizando el respeto por el entorno?

Se ha mejorado muchísimo, pero yo pediría no bajar la guardia y seguir insistiendo en esta línea. Trabajar con gente de mi edad no tiene ningún sentido porque ya no vamos a cambiar, pero trabajar con las nuevas generaciones, por supuesto que sí. La mar es un sitio muy peligroso. Y hay algo que me gustaría resaltar sobre la seguridad y es que el servicio que tenemos de Salvamento Marítimo actual en España es modélico, es una maravilla. Están permanentemente pendientes de los movimientos de cada embarcación y si no regresas a puerto a la hora prevista te contactan por radio o se desplazan a la zona para ver si todo está bien. La tarea de esta gente se conoce muy poco y es muy muy buena.

¿Cómo valora la entrada de una nueva empresa, Alsa, en el transporte de Somo-Pedreña-Santander? ¿Es positivo que haya más operadores?

Claro, claro, además, creo que lo va a hacer con un barco solar, o menos contaminante que los convencionales, que ya ha estado circulando otros veranos por la bahía para excursiones, etcétera. Así es que, que vayamos apostando por energías menos contaminantes siempre es bueno y también que haya competencia, en cuanto a precios, horarios y servicios adicionales, imagino. Todo lo que sean energías limpias, bienvenido sea.

Desde su experiencia de tantos años en el Puerto de Santander y respecto a la tragedia de El Bocal, ¿qué opina sobre el conflicto de competencias entre administraciones que parece una constante en el litoral de la ciudad? ¿Hay alguna solución?

En el caso concreto de El Bocal, tengo mi valoración personal, lo que yo entiendo. Si los jueces han adjudicado responsabilidad a un departamento o a una institución, los jueces saben mucho más que yo. Pero no dejo de tener mi resquemor dentro y pensar que, ante una situación de riesgo, te toque o no te toque, tienes que echar una mano. ¿Hay fuego? Yo no soy bombero, pero si han pedido ayuda, pues voy a ver cómo puedo ayudar...

¿Un poco relacionado con lo que mencionaba antes de la ley del mar?

Exacto. Primero ayudar. Si el aviso es de un coche mal aparcado, pues a lo mejor hubiesen mandado una dotación para ver el coche que está mal aparcado. Pero esto de 'no, eso no es mío, si se cae que se caiga…'. O sea, no. Voy a verlo y luego veremos a ver cómo se soluciona. Guardia Civil, Autoridad Portuaria, Salvamento Marítimo y Ayuntamiento, por ejemplo, ¿por qué no tienen una coordinación de actividades entre ellos? ¿Por qué no existe una coordinación y colaboración para saber qué equipos están disponibles en cada momento?

¿Se refiere a una especie de mesa de trabajo o comunicación permanente, no solo en caso de sucesos puntuales?

Sería muy aconsejable que, entre todas las entidades y las administraciones, haya diálogo y haya unión, tomar decisiones consensuadas. No vale que en Ribamontán al Mar el alcalde permita navegar a 27 nudos y en Santander el límite sea de 22. Lo lógico es todos a la misma velocidad. Y tener en cuenta también lo qué marca la legislación para cumplirla, no lo que a mí me parezca. La seguridad y cuidar el medio ambiente creo que tienen que ser los factores prioritarios. En definitiva, creo que medioambientalmente en el puerto vamos mejora, pero eso no significa, ni mucho menos, que haya que bajar la guardia, sino reforzarla. Siempre van apareciendo más cosas que nos obligan a seguir vigilantes continuamente.

El Partido Regionalista de Cantabria ha pedido que sea la Universidad de Cantabria, a través del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), quien asuma la gestión de datos del proyecto sanitario Cohorte Cantabria. El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha presentado una iniciativa en el Parlamento para evitar la intención del Gobierno de Cantabria de poner en manos privadas la investigación de salud pública, tras conocerse que el consejero de Salud, César Pascual, va a firmar un convenio para poner en manos de la farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals los datos de 51.000 voluntarios cántabros del proyecto Cohorte.

La Proposición No de Ley del PRC se produce tras la confirmación a elDiario.es por parte del IFCA, centro mixto del CSIC y de la UC, de su “voluntad y capacidad para poder desarrollar el proyecto”.

“El proyecto Cohorte Cantabria constituye una de las principales iniciativas de investigación biomédica y de salud pública desarrolladas en nuestra comunidad autónoma, al integrar información clínica, epidemiológica y biológica de más de cincuenta mil voluntarios y voluntarias cántabras, conformando un activo estratégico de enorme valor científico, sanitario y social”, explica la propuesta.

Los regionalistas alertan de la intención del Gobierno de Cantabria de formalizar, a través del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals para realizar estudios de genómica y proteómica sobre los datos y muestras recabados por Cohorte Cantabria. Así mismo, cuestiona la justificación pública del consejero de Salud, César Pascual, sobre “la supuesta falta de capacidad técnica en Cantabria y en España para abordar un proyecto de esta magnitud”.

El portavoz Pedro Hernando considera prioritario optar “por el aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y sanitarias existentes en el sector público de nuestra comunidad autónoma frente a iniciativas de carácter privado”. Por ello, instan a que sea el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), debido a “su capacidad acreditada para el procesamiento y análisis de datos de gran volumen”, así como “su potencial en el tratamiento bioinformático y computacional de la información derivada de Cohorte Cantabria”, quien desarrolle “un hub nacional de investigación en la materia”.

Bajo el título “Tres brutales agresiones a la bahía de Santander”, el doctor en Ciencias del Mar Benjamín García Pastor analizará este martes 24 de marzo a las 19:30 horas, en el salón del Real Club de Regatas de Santander (plaza de Pombo, 3), la evolución del entorno marítimo de la ciudad y su actual apariencia.

La conferencia forma parte del ciclo “Paisajes de la Bahía”, organizado por la asociación MilVelas, volcada en la difusión de la cultura, la ciencia y el patrimonio natural, material e inmaterial, y el deporte relacionados con la mar. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Real Federación Cántabra de Vela, el Clúster Marítimo de Cantabria y el propio Real Club de Regatas.

El objetivo de García Pastor, tal como avanza a elDiario.es, es “poner en valor la bahía y todas las cosas que tiene buenas y no valoramos”, como, por ejemplo, “su importancia en la economía de la ciudad y para el deporte”, aunque también entender “los ocho metros de calado que hemos perdido”, apunta.

Es precisamente de este contexto donde surje la necesidad de comprender la evolución del entorno de la bahía a través de lo que, en su opinión, han sido tres impactos específicos que han marcado su paisaje actual: los Altos Hornos de La Cavada; la concesión de la construcción de muelles de Santander a Maliaño y las minas de Peñacabarga.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha convocado de urgencia a los medios de comunicación este martes tras conocer el auto de la jueza que instruye la investigación por el accidente de la pasarela de El Bocal, que se cobró la vida de seis jóvenes el pasado 3 de marzo, para valorar el contenido del mismo e incidir en la “transparencia y verdad institucional” practicada, en su opinión, por el Consistorio.

Durante su comparecencia, Igual ha celebrado “la celeridad que está teniendo la jueza”, quien a través de una nota de prensa difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria atribuye a Demarcación de Costas, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura siniestrada, acordando dirigir acción penal contra dos de sus funcionarios.

Aunque la alcaldesa ha reconocido no sentirse aliviada por las circunstancias que implica, Igual sí ha celebrado que el auto de la magistrada encargada de la instrucción del caso ratifique su versión de que “las obras no han sido finalizadas y, consecuentemente, el compromiso previo que tenía adquirido el Ayuntamiento de Santander nunca pudo entrar en vigor”.

Si bien la regidora municipal ha reconocido que “todas las administraciones tendremos que plantearnos mejoras en todo” y ha asumido el fallo de la cadena de respuesta, ha limitado el mismo a la agente de la Policía Local que, ha remarcado, “no pasó” el aviso que el 112 les trasladó a partir de la llamada de un vecino de la zona, alertando del preocupante estando de la pasarela tan solo unas horas antes del accidente. “Cuando no se detectó el riesgo porque la funcionaria municipal no trasladó la incidencia, soy la primera que lo reconoció”, ha subrayado.

A preguntas de los periodistas sobre “la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público” que ostenta el Ayuntamiento de Santander y que se menciona en la instrucción judicial, la alcaldesa ha admitido que “el auto dice que si hay algo peligroso, tenemos que precintarlo. Así lo hicimos en 2024 y cuando no lo hicimos el 2 de marzo de 2026, la primera en reconocerlo con absoluta humildad soy yo”.

Y sobre la promoción turística de la senda costera, que comprende un video de 2014 difundido por el propio Consistorio en su canal YouTube y cuya locución alude a “un proyecto conjunto del Ayuntamiento y del Ministerio”, Igual se ha excusado en que “la zona norte de Santander incluye 14 kilómetros cuadrados” y que “la senda se trata de un camino natural, dentro del cual se han hecho estas estructuras”. “Hay una ruta por la zona norte que no pasa por estas estructuras que se puede promocionar”, se ha justificado, a pesar de que en la cartelería y las imágenes del Ayuntamiento aparecían las pasarelas de madera que son ahora objeto de la investigación judicial.

“Lo hemos promocionado como se promociona el Centro Botín, sin saber que fuera peligroso”, ha tratado de zanjar. “Entendiendo que una obra no está finalizada, y quien no la ha finalizado la abre el público, se entiende que se cumplen con todas las medidas de seguridad”, ha subrayado.

“Un programa informático muy intuitivo”

Sobre el protocolo de seguridad de la Policía Local que el Ayuntamiento entregó este pasado lunes, Igual ha mantenido que “hemos aportado a la jueza, dentro de la documentación que se nos ha requerido, los tres canales mediante los cuales llegan los avisos de los vecinos: el 092, el registro municipal del Ayuntamiento o la web y en ningún caso había quejas de la pasarela”. “En la senda sí hemos tenido otras muchas reclamaciones que tenían que ver con otras situaciones, pero ninguna sobre el mal estado de esta pasarela en concreto”, ha añadido.

Ahondando en este mismo aspecto, y pese a mencionar que no conocía con detalle el protocolo que se envió a la jueza el lunes, Igual ha dicho que en el mismo “hay desplegables en los que hay que rellenar varios campos antes de cancelar la incidencia. Mientras que una incidencia está abierta está de un color y cuando está cerrada está de otro”, ha detallado. “El programa informático es muy intuitivo. En este caso, en el sistema informático no se abre esa incidencia”, ha continuado sobre la falta de respuesta al aviso de un vecino que alertó del posible colapso de la pasarela.

La alcaldesa de Santander ha reiterado que “por encima de todo está la memoria de las siete víctimas: seis más una” y que “esas familias no se merecen ni intoxicación política, ni rumorología, ni inventarse cosas, sino que se merecen certezas”.

“Falta por conocer la razón del colapso”

Para finalizar, Gema Igual ha vuelto a poner el foco en la causa precisa del colapso de la pasarela: “Lo que nos falta por conocer es la razón del colapso. Por qué se cayó la pasarela. Con mucha cautela, eso también se está investigando y nos permitirá saber lo que ha ocurrido”, ha incidido.

“Estábamos confiados en que Costas lo estaba manteniendo. No solo eso, sino que cuando lo requeríamos, Costas nos hacía saber de ese mantenimiento y nos mandaban fotos. No puedo admitir ni admito que pudiéramos tener la duda de que estuviera abandonado. Que una tabla esté descolorida no quiere decir que sea peligroso”, ha dicho.

La alcaldesa ha lamentado que actualmente “el resto de las pasarelas están acotadas y está feo”, por lo que ha lanzado las preguntas de si “se pueden reabrir o no o si son seguras”. “Ahora que vemos que el mantenimiento es de Costas, estamos expectantes de que nos digan si están bien y se pueden reabrir, o están mal, y hay que arreglarlas o retirarlas”, ha dicho.

Igual ha admitido que la comunicación con Costas, “cuando tenía que ser, era ordenada e iba bien”, refiriéndose a las reparaciones que se han efectuado en varias infraestructuras en los últimos años, pero preguntada por si ha mantenido alguna comunicación directa con el titular de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio, ahora investigado por la jueza, ha respondido que ante la existencia de una investigación en curso “es más oportuno que las comunicaciones sean por escrito para dejar prueba fehaciente de ello”.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha interpretado varios papeles este miércoles: jueza, abogada defensora, abogada de la acusación, fiscal, víctima y política. Lo que sí ha evitado de nuevo ha sido asumir ninguna responsabilidad tras el colapso de la pasarela de la senda costera del litoral norte de la ciudad en la que fallecieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo y una séptima víctima fuera hospitalizada. “A ver si por decirle a la gente que venga a Santander tengo yo la culpa de que se caiga una pasarela”, se ha defendido durante una intervención en la que ha querido hablar únicamente de los documentos que el Ayuntamiento ha entregado al Juzgado que investiga el caso, documentación que, sin embargo, no ha compartido a los medios.

En su comparecencia, “en aras a la transparencia y del proceso judicial”, la regidora ha hecho una valoración personal pormenorizada de por qué delega en la Demarcación de Costas —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica—, el mantenimiento del puente de madera siniestrado, y por qué ha hecho promoción turística de una senda que supuestamente no le corresponde mantener y no es de su competencia. Además, ha valorado cuál cree que es su responsabilidad como alcaldesa, obviando en su discurso inicial la falta de respuesta de la Policía Local que no verificó la denuncia de una llamada alertando del estado de la pasarela tan solo unas horas antes de que colapsara. Sobre este tema, su papel como responsable de la seguridad ciudadana de Santander, ha pasado de puntillas y forzada por las preguntas.

“No me he planteado dimitir, sino conocer lo que ha pasado”, ha respondido Igual a los periodistas. En este sentido, ha distinguido entre responsabilidad colectiva e individual, afirmando que su responsabilidad se limita a “mejorar en todo lo que sea necesario mejorar”, sin concretar a qué se ha referido: “Habrá que depurar responsabilidades, yo no puedo ser responsable de los 1.200 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Santander, no puedo responder de una persona que recibe un aviso y no hace nada”, ha dicho sobre la policía local que gestionó la llamada de un vecino que avisó el día antes del mal estado de la pasarela. 

Sobre la existencia o no de un protocolo dentro de la Policía Local para la atención de llamadas, Igual ha dicho que sí hay y se le entregará el lunes a la jueza; siendo esta documentación —la referida a su competencia en seguridad ciudadana— la única que no ha entregado aún en el Juzgado que investiga el caso. Protocolos que, según denunciaron fuentes policiales a La SER, no existían.

Habrá que depurar responsabilidades, yo no puedo ser responsable de los 1.200 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Santander, no puedo responder de una persona que recibe un aviso y no hace nada

Gema Igual (PP) — Alcaldesa de Santander

Preguntada por el hecho de que el Ayuntamiento de Santander solicitara fondos europeos Next Generation para promocionar turísticamente la senda costera, como se recoge en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio, siendo una obra “no recepcionada”, según la alcaldesa, se ha preguntado: “¿Qué tiene que ver que se promocione turísticamente una zona de Santander a que unas maderas estén en mal estado? Es como qué tiene que ver que se promocione el aeropuerto de Santander y se caiga un avión”.

Igual ha destacado también que “las responsabilidades políticas son lo que menos debe importar”, antes de reconocer que tiene “muchas responsabilidades mientras sea alcaldesa, lo primero saber lo que ha pasado, a ver si se piensan que me muero por ser alcaldesa”. Sí se siente “responsable” por los fallos en la cadena de comunicación de la Policía Local, que tan solo unas horas antes del accidente mortal dejó sin atender el aviso del 112, que alertó de la llamada de un vecino ante el riesgo de colapso de la pasarela: “No estuvimos a la altura. Mejoraremos en todo lo que haya que mejorar”, se ha limitado a decir.

Sin entregar la documentación

Gema Igual ha trasladado este miércoles lo que considera “certezas”, como que “las maderas no están en mal estado, por lo que yo he visto”, “incógnitas”, como preguntarse “¿qué hizo Costas?”, y “dudas”, como que “a lo mejor la causa del colapso no es el mantenimiento y es estructural”.

En su comparencia pública, en la que ha mencionado varias veces a las familias de las víctimas, ha hablado de unos documentos por supuesta transparencia, pero no los ha compartido con los periodistas “por respeto a la jueza”, cosa que no le ha impedido hablar de esos mismos documentos detalladamente.

Sobre la pasarela, de la que ha asegurado que “nunca” se ha hablado en los Consejos de Distrito de Santander, ha insinuado que “ni nos hemos imaginado que no lo estuvieran manteniendo y no lo tuvieran perfectamente al ser su responsabilidad”. “Yo respondo de lo que hago yo, no lo que hacen otros. Mi humanidad me ha hecho hacer cosas que otros no hacen. Actúo con total transparencia y desconozco lo que hacen desde otras administraciones”, ha insistido. Sobre todo esto, Igual ha manifestado que no ha hablado con el jefe de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio. “Ni le he llamado ni él a mí. No he echado de menos esa llamada”, ha zanjado.

Casares: “Había un compromiso firme por escrito”

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha respondido este miércoles a la alcaldesa de Santander, tras reunirse con el comité de empresa de la multinacional Solvay, asegurando que el Gobierno central recepcionó la obra de la senda litoral de Santander, de la que forma parte la pasarela de El Bocal, “porque la había encargado y estaba acabada”, pero ha subrayado que “había un compromiso firme por escrito” del Ayuntamiento de encargarse de su mantenimiento.

Casares ha reiterado que “la parte de la obra” que se hizo de la senda litoral “estaba finalizada y recepcionada” por el Gobierno de España, “porque es quien hizo la obra, quien pagó la obra y quién promovió la obra”. Además, se ha preguntado si la obra no estaba recepcionada, por qué el Ayuntamiento permitía utilizarla, un asunto que, ha argumentado, es “competencia exclusiva” municipal, cuando el Consistorio apuntó incluso que “era peligroso”.

Asociaciones vecinales, sociales y ecologistas han convocado una marcha “silenciosa” el próximo domingo 22 de marzo en Santander, bajo el lema 'Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal' y con el objetivo de recordar a Lucía, Xabi, Celia, Eunate, Lluna y Elena, los seis jóvenes fallecidos el fatídico 3 de marzo.

La movilización, prevista para el domingo 22 a las 12 horas, discurrirá entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Santander, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

El objetivo principal de la iniciativa, según han transmitido los convocantes es “honrar la memoria de las víctimas, acompañar a sus familias y reclamar verdad, transparencia y responsabilidades para que una tragedia así no vuelva a repetirse”.

A la idea inicial de la marcha, surgida de organizaciones muy cercanas al territorio de la senda costera, como Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), se sumaron enseguida las asociaciones de vecinos de Pombo-Cañadío-El Ensanche y Cueto, así como la Plataforma 8M y la formación política Cantabristas. Posteriormente han manifestado su apoyo las agrupaciones municipales Izquierda Unida Santander y el PRC Santander, así como el Patronato del Geoparque Costa Quebrada, tal como ha señalado el portavoz de ARCA, Carlos García.

Una convocatoria de carácter “exclusivamente humano”

García ha explicado a elDiario.es el carácter “exclusivamente humano” de la convocatoria, motivada por “la conmoción general” que ha provocado una tragedia en la que “cualquiera de nosotros, que paseamos habitualmente por el entorno, podríamos habernos visto afectados”.

El portavoz ha añadido que “la manera en que tenemos de disfrutar la costa norte de la ciudad, que es lo más natural y rural de nuestro territorio, nos ha llevado a sentirnos orgullosos y a querer que venga gente de fuera a disfrutarlo”, por lo que, el hecho de que las vícitimas hayan sido estos seis jóvenes, la mayoría de fuera, “duele especialmente”, en su opinión.

Es por ello que desde ARCA y el resto de organizadores consideran que “la conmoción general merece un parón y un arropamiento emocional. Se trata de un suceso cercano a todos, antes de pasar al capítulo siguiente requiere solidarizarnos con las familias de las víctimas, todos nos sentimos en la necesidad de encontrarnos y, lo más importante, hacerlo de un modo sereno, profundo y sosegado”.

“Cuando se pone en valor un espacio de la máxima naturalidad debe ir acompañado de la máxima seguridad, y no del máximo riesgo, como ha sucedido. Y eso sí que hay que depurarlo”, ha remarcado García.

En esta línea, el portavoz de Arca ha subrayado que el silencio va a tener un significado simbólico muy importante en la marcha, “ahondar en que la asunción de reponsabilidades se haga de la forma debida, porque es muy grave lo que ha pasado y no puede volver a suceder”.

Mientras España celebraba al ritmo de 'Naranjito' el Mundial de Fútbol en junio de 1982, el primer gran evento de la vuelta a la democracia, Loli Benito (Torrelavega, 1966) daba a luz a su primera hija en Peñagrande (Madrid), uno de los centros de internamiento más oscuros del Patronato de Protección a la Mujer. La obscena institución creada en 1941 para “reconducir la moral” de mujeres consideradas lejos del camino marcado por la dictadura franquista —y presidida por la esposa de Franco, Carmen Polo— sobrevivió nada más y nada menos que una década a la muerte del dictador, hasta el año 1985.

El Patronato, por el que se dice que pasaron más de 40.000 niñas y mujeres —aunque la destrucción de documentación impide determinar la cifra exacta—, tuvo alrededor de 800 centros repartidos por todo el país, gracias a la colaboración de órdenes religiosas como Las Adoratrices, Las Trinitarias, El Buen Pastor, Las Oblatas o la orden secular de Las Cruzadas Evangélicas —gestoras de Peñagrande—, entre otras. La doctora en Historia Contemporánea Carmen Guillén (Mazarrón, 1988) desglosa en la primera tesis doctoral centrada en el Patronato, y recientemente convertida en el libro Redimir y Adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), su compleja estructura.

La cántabra Loli Benito reconstruye su historia con elDiario.es y explica que llegó a Peñagrande con solo 13 años, embarazada como consecuencia de los abusos continuados que sufría por parte de su padre, que fue quien la entregó al Tribunal Tutelar de Menores de Cantabria para que se hicieran cargo de ella. Fue su propio progenitor, tras la muerte de su madre por enfermedad, quien volvió a abusar de ella en 1983, durante una visita en la que le permitieron llevarse a la niña fuera del centro unos días. “Jueves, viernes, sábado santo y domingo de Pascua, me acuerdo perfectamente… Me llevó a un hostal, me violó otra vez y me volví a quedar embarazada”, detalla.

Loli Benito llegó a Peñagrande con solo 13 años, embarazada como consecuencia de los abusos continuados que sufría por parte de su padre, que fue quien la entregó al Tribunal Tutelar de Menores de Cantabria para que se hicieran cargo de ella

No fue hasta el año 1984, cuando durante el primer mandato del Gobierno socialista de Felipe González comenzaron a cerrar los centros dependientes del Patronato y a aconsejar a las internas que regresasen a sus lugares de origen. Loli fue trasladada a Santander. “Yo les expliqué que no tenía familia a la que recurrir, pero no me creyeron. Me trajo una trabajadora social en su coche, con mis dos niños”.

Ya en Cantabria, recuerda cómo fue en la Diputación donde le advirtieron: “Tienes dos opciones, te vas tú sola y dejas a los niños o te vas con los niños a la calle”. Porque, según le contaron entonces, “no había ningún centro o albergue donde pudiera estar una mamá con dos niños”. Loli lamenta que con el tiempo supo que eso no era verdad, que en 1985 sí existían recursos de acogida en la región para casos como el suyo.

“Yo no tenía apoyos, no tenía visitas, no tenía nadie… Entonces era muy fácil quitarme a los niños, nadie se iba a quejar”, lamenta. “Me dijeron que me tomara un mes para pensármelo. Pero después me he dado cuenta de que lo que pasaba era que me faltaba un mes para cumplir los 18 años y, claro, yo no podía firmar. En aquel momento, porque yo aún estaba tutelada por el Patronato, era menor de edad. Es decir, que el objetivo era quedarse con los niños. Siempre lo fue”, asegura. Así, en agosto de ese año, una vez cumplida la mayoría de edad, firmó los papeles de entrega en adopción de su hija de tres años y su hijo menor, de apenas uno. “Ya no volví a verlos”, añade.

Yo no tenía apoyos, no tenía visitas, no tenía nadie… Entonces era muy fácil quitarme a los niños, nadie se iba a quejar

Ese periodo en Peñagrande, de 1980 a 1985, marcó para siempre su vida. La rutina de ella y del resto de mujeres con las que convivía consistía en compatibilizar largas jornadas de trabajo en los distintos talleres —confección de sábanas de quirófano para hospitales, edredones y otros productos para El Corte Inglés, Galerías Preciados, Iberia, hoteles o la marca Puma— con la crianza de sus hijos. “Me llegaron a entregar un resguardo del título de Graduado Escolar, pero yo no recibí educación, jamás asistí a ninguna clase”, explica. “Lo hacían simplemente para poder justificar que allí se nos formaba cuando, en realidad, se nos explotaba laboralmente siendo incluso menores”.

Trato diferenciado por clases sociales

Ana Rubio, en cambio, aunque también trabajó duramente en talleres, sí que pudo estudiar auxiliar de enfermería estando en el Patronato. Pertenecía a otra clase social y eso en Peñagrande lo tenían en cuenta. Incluso les separaban por módulos en función de su estatus, o de si eran tuteladas o no. “Depende de dónde vinieras, si tenías dinero o no, te colocaban en un sitio o en otro. Y claro, el trato era diferente”, sostiene. Para la mayoría de niñas recluidas allí, Peñagrande era inmenso, “como el castillo de Drácula”, describe en conversación con este periódico.

Depende de dónde vinieras, si tenías dinero o no, te colocaban en un sitio o en otro. Y claro, el trato era diferente

“Yo venía de una familia muy religiosa y de clase media”, cuenta Ana, a quien sus padres dejaron en Peñagrande con 17 años para “esconder” su embarazo por “la vergüenza y el miedo al qué dirán” de la época. A diferencia de Loli, ella sí pudo regresar a la casa familiar con su hija en brazos, pero con el condicionante de que, de puertas para afuera, sería su hermana. Sus padres se habían mudado de casa, a una zona alejada de su entorno anterior, para evitar coincidir con personas conocidas. “Lo peor que llevaba era lo de tener que esconderme”, reconoce, “lo de sentirte menos que los demás”. “Pero supongo que no lo hicieron con mala intención, creían que era lo mejor para mí, por eso creo que lo he perdonado”, reflexiona.

Ana cuenta que, junto a la fuerte depresión post parto que sufrió, “porque era una niña”, otros de los episodios más duros que vivió en Peñagrande fueron los incendios. Uno de ellos comenzó en uno de los talleres de costura en el que se confeccionaban edredones porque alguien tiró una colilla. “No podíamos salir y cuando los bomberos llegaron tampoco nos pudieron sacar por la ventana porque había barrotes, tuvieron que esperar a que se apagara un poco el fuego para sacarnos por las escaleras. Imagínate yo con la barriga, que no me veía los pies…”, cuenta aún con gesto compungido.

Aunque Loli y Ana coincidieron en el tiempo en la maternidad de Peñagrande, no se reencontraron en Torrelavega hasta hace apenas un año. Lo hicieron gracias a la organización ‘Desterradas hijas de Eva’ fundada por Consuelo García del Cid, otra superviviente del Patronato volcada hasta hoy en la investigación y búsqueda de justicia y reparación. Loli llevaba tiempo vinculada a ese grupo de mujeres supervivientes, pero en cambio Ana indagó en redes sociales a raíz del acto de perdón organizado por la Conferencia Española de Religiosos (Confer) en junio de 2025 en Madrid.

Este evento público en el que participaron algunas de las órdenes religiosas cómplices del Patronato franquista no fue considerado suficiente para las víctimas, que mostraron su disconformidad en el propio acto, exigiendo “verdad, justicia y reparación” reales. Para Loli, “no sirvió para nada”. Y es que una de las condiciones impuestas por la organización fue que no se hablase de niños robados.

Amistad, sororidad y… violencia machista

Las dos supervivientes dicen que la mejor lección de vida de Peñagrande fue el compañerismo que sintieron nada más llegar allí. Insisten en que el apoyo entre internas fue quizás lo que les salvó y que el concepto de sororidad es reciente, pero “allí ya existía”, aseguran. “Nos ayudaban en todo, en todo, sin conocernos”.

A dos voces describen con complicidad cómo acudían a darse apoyo en los partos. “Nosotras mismas cogíamos las placentas, las pesábamos, poníamos el peso y las metíamos en el congelador, porque servían para cosméticos, ahí se vendía todo”, explica Loli. “Sí, entonces había cremas muy famosas de placenta”, apostilla Ana, al tiempo que recuerda que una compañera canaria siempre le agradece que diera de mamar a su hijo “porque a ella no le subía la leche”.

Asumes el maltrato como una forma de vida, por lo que has vivido primero

Pero el pasado común de Loli y Ana no se limita a su traumática estancia en Peñagrande. Años después, ambas sufrieron violencia machista en sus primeras relaciones sentimentales. Se miran, sonríen con la resignación de quien ha sobrevivido a demasiadas adversidades y coinciden en señalar que “sin quererlo asumes el maltrato como una forma de vida, por lo que has vivido primero”.

Aseguran que ese destino es compartido por muchas de ellas. “Me casé con un maltratador”, sentencia Ana. “Por eso yo tengo un poco olvidado el tema de Peñagrande, porque lo de después para mí fue incluso peor. Es un proceso muy largo en el que cuando llega la primera bofetada, tú ya estás destrozada”.

40 años sin asistencia psicológica

Y es que para las dos, el daño psicológico y emocional después de su paso por el Patronato es una realidad que pasa factura. Loli detalla cómo en Peñagrande conoció a una chica que se suicidó. “Los padres la llevaron con la intención de que dejara al niño allí y se volviera al pueblo. Pero ella no quería. Y entonces, cuando dio a luz, le quitaron al niño y el mismo día que venían los padres para llevársela al pueblo, ella se tiró por el hueco de la escalera de maternidad”.

Si bien después de 27 años de sufrir en silencio, Loli tuvo la “inmensa suerte y casualidad” de ser contactada por Nerea, su hija mayor, a través de redes sociales. “Hay muchas madres que siguen buscando a sus hijos. Nunca hemos tenido apoyo psicológico. Bueno, cada una el que se ha buscado. Yo tengo mi psiquiatra y mi psicólogo en la Seguridad Social y es lo que he tenido”.

Ambas coinciden en que la angustia que genera el no poder contarlo es lo peor. “Cuando ahora participo en alguna charla”, relata Loli, “y me dicen: 'ay, gracias por contarlo', yo digo que 'no, gracias a vosotras, porque para mí contarlo es terapéutico'. ¿Tú sabes lo que es esconder dos hijos durante 27 años?”, subraya.

En cambio, “las órdenes religiosas se han reconvertido en oenegés. Las Cruzadas Evangélicas siguen a cargo de centros de menores y centros para mujeres maltratadas con grandes subvenciones”, denuncian. Otras de esas congregaciones religiosas que actualmente recibe cuantiosas ayudas públicas son Las Adoratrices.

Ley de Memoria Democrática

Después de lo vivido, Loli y Ana comparten con elDiario.es que, “por fin”, el 20 de marzo hay previsto un acto institucional en el que el Gobierno de España, a través de los ministerios de Memoria Democrática, Justicia e Igualdad, les va a entregar un reconocimiento como víctimas del franquismo. Se trata de una de las principales peticiones que mujeres como ellas, supervivientes del Patronato, vienen solicitando con insistencia, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, y que ha tardado más de 40 años en ser atendida.

Para Consuelo García del Cid, “es algo necesario, y un paso más para continuar luchando”, ya que todavía hay otras reclamaciones sobre la mesa. “Pedimos una comisión de la verdad, que investiguen y soliciten los libros de contabilidad de las congregaciones religiosas, no nos están entregando la documentación solicitada pese al compromiso público establecido el pasado 9 de junio, dicen que no tienen nada o entregan fechas de entrada y salida, nada más”, reclama.

Esta mujer, que ha logrado reunir a más de 100 supervivientes del Patronato, aunque solo unas 30 dispuestas a hablar ya que “el estigma de vergüenza quedó enquistado y, en la mayoría de los casos, ni maridos ni hijos saben de su paso por esos lugares”, advierte: “Somos todas muy mayores y no tenemos tiempo material de espera, no puede prologarse durante años. Llevo 15 años luchando y en ese tiempo hemos perdido a tres compañeras ya fallecidas y serán sus hijos quienes recogerán el certificado de victima del franquismo”.

Entre tanto, Loli Benito aboga por seguir acudiendo allá dónde le llamen para explicar en primera persona su sobrecogedora experiencia en el Patronato de Protección a la Mujer, durante tantas décadas silenciado. Así, el próximo 29 de abril estará en Santander junto a la investigadora Pilar Iglesias, para intervenir en el ciclo sobre ‘Guerra y dominación, heridas y reparación’ organizado por la Universidad de Cantabria.   

Bajo el lema “Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No Olvidar Gaza”, alrededor de un centenar de personas se han concentrado hoy en la plaza de Atarazanas de Santander, como parte de las protestas convocadas por toda España promovidas por la plataforma PararLaGuerra.

Más de medio centenar de personas se han concentrado este sábado, bajo una persistente lluvia, en la Plaza de Atarazanas, junto a la catedral, para reclamar el “no a la guerra” y pedir el fin del conflicto en Oriente Medio y que no se olvide la situación que vive la población de Gaza.

Durante la movilización, marcada por una adversa climatología con incesante lluvia, se ha leído el siguiente manifiesto:

“Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EEUU e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial.

Condenamos con energía el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro.

Pero nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes.

Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional“.

José Antonio Alonso, uno de los portavoces de la concentración en Santander, ha explicado que el objetivo principal del acto ha sido “unificar el terrible pesar por esta tragedia que está ocurriendo y animar a la movilización ciudadana ante la situación internacional”. En la misma línea, ha adelantado que es probable que en los próximos días se produzcan “más convocatorias impulsadas por colectivos de mayor tamaño”.

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha pedido la dimisión de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual (PP), por su gestión de la tragedia de la pasarela de la senda costera en la que fallecieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo.

Fernández ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto a la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, para refrendar las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que hacía referencia a documentación que demuestra la responsabilidad municipal en el mantenimiento de la pasarela.

Los socialistas han acusado al Ayuntamiento de intentar “desviar la atención” cada vez que surge una crisis y han criticado la falta de transparencia del equipo de gobierno del Partido Popular.

Según han denunciado en la comparecencia pública, la alcaldesa de Santander ha sostenido en reiteradas ocasiones que el mantenimiento de la pasarela no correspondía al Ayuntamiento. Sin embargo, en su opinión, “la documentación oficial demuestra que la infraestructura fue recepcionada por el Consistorio en 2015 y que, posteriormente, en 2017, el propio Ayuntamiento reafirmó su compromiso con su mantenimiento”.

Desde el PSOE sostienen que esta contradicción abre un escenario “muy grave” en términos políticos. Según ha afirmado Daniel Fernández, si la alcaldesa conocía estos datos y aun así aseguró públicamente que el Ayuntamiento no tenía responsabilidad sobre la pasarela, habría “faltado a la verdad ante la ciudadanía en un momento especialmente sensible tras la tragedia”.

Por otro lado, Fernández ha planteado una segunda posibilidad: que la alcaldesa desconociera la situación administrativa de la infraestructura. “En ese caso, el problema sería de incompetencia, al no saber qué instalaciones dependen del Ayuntamiento que dirige”.

“Si lo sabía y dijo lo contrario, debe dimitir por mentir; y si no lo sabía, debe dimitir por incompetencia”, ha subrayado el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal.

Por su parte, Quiñones ha señalado que “han llegado los datos, han llegado los documentos, ha llegado la verdad que solo tenía y tiene un camino desde el pasado fatídico y trágico 3 de marzo” y que “la responsabilidad sobre la Policía Local de Santander es, en última instancia, de la alcaldesa de la ciudad”.

Quiñones ha defendido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que depende la Demarcación de Costas, ha enviado toda la documentación recopilada por el Gobierno de España sobre esa obra a la jueza encargada de la investigación del suceso. “Entre esa documentación se encuentra un acta formal que certifica que la obra fue terminada y recepcionada en el año 2015, siendo Ministra de Medio Ambiente del Partido Popular, Isabel García Tejerina, y un documento municipal del 3 de marzo del año 2017, con Gema igual ya de alcaldesa, en el que el Ayuntamiento, a través del servicio de parques y jardines por escrito, reiteró su obligación de conservarla”, ha aseverado.

La portavoz del PSOE de Cantabria ha insistido en que “la responsabilidad sobre el mantenimiento de la senda costera de la pasarela de El Bocal y del conjunto de las pasarelas que hay en esa senda y que, además, la alcaldesa ha promocionado en FITUR, es de la alcaldesa de la ciudad”.

Quiñones ha justificado la comparecencia pública del PSOE este sábado por las reiteradas acusaciones vertidas por parte de la alcaldesa de Santander: “Ella misma, una vez terminado el luto oficial, dio una rueda de prensa para dar informaciones incorrectas, buscar responsables donde no los había y dar una rueda de prensa bajo la improvisación, con pocas certezas y con poca documentación. Fue la primera en buscar culpables. Fue la primera en apuntar a todas las direcciones y fue la primera en dejar caer la responsabilidad de esta tragedia en una agente de la Policía Local de Santander”, ha lamentado.

Trabas al pleno extraordinario en el Ayuntamiento

Finalmente, el portavoz del PSOE en Santander también ha denunciado que el equipo de gobierno municipal esté poniendo obstáculos para celebrar un pleno extraordinario en el que se debatan las responsabilidades políticas y técnicas de la tragedia de El Bocal.

En este sentido, ha explicado que 13 concejales (PSOE, PRC, Vox e IU), “casi la mitad de la corporación municipal”, han solicitado el pasado martes formalmente la convocatoria de ese debate público en el Ayuntamiento de Santander y hasta última hora del viernes el Ayuntamiento no ha respondido. “Dice la alcaldesa, a través del secretario, que los portavoces tenemos que determinar el punto de resolución del orden del día y si conlleva ese punto del orden del día votación, algo que evidentemente entendemos que no es necesario matizar, porque lo que queda claro es que queremos un debate sobre las responsabilidades políticas y técnicas del Ayuntamiento de Santander respecto a esta tragedia”,

Fernández ha incidido en que a Gema Igual “no le interesa ni la comisión de investigación ni le interesa tampoco que exijamos el pleno extraordinario que hemos propuesto y, por lo tanto, estamos de nuevo ante una cortina de humo del Partido Popular”, ha concluido.

El portavoz municipal socialista ha dicho que “ojalá estuviésemos hablando de qué medidas hay que tomar para que una tragedia así no vuelva a repetirse nunca más en Santander” y no de algo que, a su juicio, no es discutible en política: “la verdad”.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha excusado este lunes su ausencia a lo largo de toda la semana pasada durante el dispositivo de emergencias llevado a cabo en El Bocal, organizado para dar respuesta al accidente en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela de la senda costera de Santander, y ha justificado que se encontraba en un “viaje de trabajo en México”.

Casares, que también es el secretario general del PSOE de Cantabria, ha subrayado que el motivo de su viaje a México era “la exhumación de los restos de Matilde de la Torre y de su hermano Carlos, dando cumplimiento a su deseo de volver a España en el 80 aniversario de su fallecimiento”. En este sentido, ha remarcado que “no era un viaje de placer, como lamentablemente he podido leer en algún medio de comunicación”.

“Lamentablemente estaba en un viaje de trabajo en México y cuando se producen estos hechos el martes, por las distintas combinaciones que había, no hubiera llegado aquí hasta el jueves, cuando ya estaba toda la actuación policial, incluso todos los cuerpos de las víctimas rescatados”, ha explicado a preguntas de los medios de comunicación sobre el motivo por el que no adelantó la fecha de su vuelta tras el accidente.

Sobre su ausencia en el transcurso de la tragedia, el delegado del Gobierno ha asegurado que “desde el primer momento” mantuvo contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica. “Tuve la oportunidad también de hablar varias veces con el secretario de Estado de Medio Ambiente, quien se trasladó a la zona y estuvo dos días en Santander”, ha dicho. “Y he estado también en coordinación con el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Estado del Interior y con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con mi equipo en la Delegación del Gobierno y, por supuesto, con los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria”, ha reiterado.

Sin comunicación con la alcaldesa

Sin embargo, Casares ha reconocido no haber hablado aún con la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), pero sí su predisposición a hacerlo “por si requieren de alguna cosa en la que podamos ayudar”. Posteriormente, se ha mostrado muy crítico con las declaraciones de la regidora municipal y, preguntado por la acusación vertida por su parte hacia la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, como responsable del mantenimiento del puente colapsado, ha señalado que “en este momento lo importante es saber, esperar y tener toda la documentación para ver de quién es finalmente la responsabilidad del mantenimiento de esta infraestructura en el término municipal de Santander”.

Como conclusión, y preguntado sobre si Costas reparó parte de la senda costera dos años antes, en 2024, Casares ha reconocido desconocerlo pero “estar seguro” de que el Ministerio para la Transición Ecológica “cuando tenga toda la información y documentación, en ese ejercicio de transparencia que ya anunció el secretario de Estado, lo dará a conocer a los distintos medios de comunicación”.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de la “unidad” y la “coordinación” entre las administraciones para esclarecer los hechos y las responsabilidades, enfatizando “la necesidad de esperar la documentación judicial y evitar culpar a las administraciones, destacando la importancia de conocer la verdad para ayudar a las familias afectadas”.

“Está judicializado, como saben, y por tanto, lo más probable es que todo esto se dirima en los tribunales de justicia sobre la responsabilidad y, sobre todo, a mí, insisto, me parece muy importante pensar en las familias”, ha concluido. En la misma línea ha insistido en que “no va de echarnos los trastos unas administraciones a otras” y que “no va a contribuir a esa espiral de declaraciones públicas en la línea de lo que hizo la alcaldesa de Santander”, ha incidido.

De otro lado, ha dicho que el Ministerio será el que aclare qué cuestiones de las que dijo la alcaldesa de Santander en la rueda de prensa del pasado viernes “no se corresponden con la realidad”, como ya adelantó este departamento ese mismo día. Al respecto de la documentación requerida por la magistrada instructora del caso, Casares ha asegurado que desde el Gobierno de España “van a facilitar toda la documentación requerida”.

Sobre si Costas ha procedido a retirar alguna de las plataformas restantes, Casares ha dicho que “se han precintado simplemente por parte de la Policía Local y del Ayuntamiento de Santander, que es quien debe hacerlo, pero, en cualquier caso, si no se ha hecho, que se haga cuanto antes para evitar cualquier otro incidente o cualquier otra desgracia”.

El delegado de Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria ha atendido a los medios este lunes tras la firma con el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), del protocolo de actuación para suprimir los pasos a nivel del municipio cántabro de Los Corrales de Buelna.

La manifestación feminista convocada este domingo en Cantabria con motivo del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer ha recorrido el centro de la ciudad con una asistencia masiva en el recorrido previsto, con miles de personas que han caminado entre la rotonda de Puertochico y la plaza del Ayuntamiento de Santander, clamando por los derechos de las mujeres y en favor de la paz.

Durante el recorrido, la manifestación ha celebrado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del accidente de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes el pasado martes por el colapso de una pasarela en mal estado, y ha exigido responsabilidades por “una tragedia que nunca debió ocurrir”. También ha habido un homenaje a las más de 100 niñas asesinadas recientemente en una escuela de Irán durante un ataque de Estados Unidos e Israel.

La Comisión 8M Cantabria, integrada por 17 organizaciones feministas de la comunidad autónoma y convocante de la marcha junto a las Asambleas Feministas Abiertas y el grupo feminista musical Percumozas, ha mostrado su preocupación ante “la persistente ola de violencia contra las mujeres a nivel global y estatal” y por “la creciente sensación de que los avances en igualdad pueden retroceder si determinadas corrientes negacionistas o antifeministas siguen ganando espacio”.

La marcha feminista, que ha servido para reclamar “igualdad, justicia y dignidad”, también ha hecho un llamamiento unánime al movimiento feminista y al resto de la sociedad a enfrentarse a los planteamientos de la ultraderecha y “salir victoriosas, porque creemos que la humanidad necesita de la igualdad entre mujeres y hombres”. “Una democracia real no se puede construir sin una igualdad efectiva, que es un valor ético indiscutible sobre el que existe un amplísimo consenso”, han asegurado las portavoces de la Comisión 8M Cantabria.

En este sentido, desde la organización de la manifestación celebrada este 8M en Santander con motivo del Día Internacional de la Mujer han indicado que “el feminismo sigue siendo necesario porque los derechos no están garantizados para siempre, porque aún hay desigualdades, violencias y brechas que cerrar y porque juntas somos más fuertes”.

A lo largo del trayecto, distintas organizaciones y asociaciones feministas han alzado sus pancartas y han gritado lemas reivindicativos, que han incluido palabras para las mujeres trans, las interraciales y la precariedad laboral a la que se enfrentan las mujeres. Distintas generaciones se han reunido en esta cita anual que celebra y reivindica la mujer trabajadora, porque “si las mujeres paran, el mundo para”, según han recordado las asistentes. También han denunciado la violencia machista, con mensajes como “los violadores existían antes que la minifalda” o “el machismo mata, el feminismo salva vidas”.

A sus 73 años, Fernando Cabellos, vecino de Monte “de toda la vida”, es un amplio conocedor de la zona litoral de El Bocal donde el colapso de una pasarela se saldó el martes con la muerte de cinco jóvenes estudiantes de FP, una herida que permanece hospitalizada y otra desaparecida.

Como todos los días entre las 10.30 y 11.00 de la mañana, desde su jubilación hace más de una década, Fernando pasaba el lunes por la zona de la tragedia y vio que la pasarela se movía mucho. “Yo no llevo teléfono nunca. Fui para casa y dije: Voy a llamar porque si pasan muchas personas, con el peso, se va a hundir. Llamé al 112 hacia la una de la tarde”, relata.

En conversación con elDiario.es en las inmediaciones de la tragedia, el vecino explica cómo “la chica” del 112 que le atendió le preguntó “dónde era exactamente y cómo era” y él le detalló que se trataba de “un puente que hay en dirección hacia Cueto, el único” y que no tenía pérdida.

Cabellos asegura que, tal como le han asegurado efectivos de la Policía Local que han contactado con él para comprobar su identidad, constan dos llamadas suyas registradas por el teléfono de emergencias 112 Cantabria.

Otra vecina de la zona y el propio Fernando recuerdan que el paso original, antes de la construcción de la pasarela, era por el prado, no tan cercano a los acantilados. “Por la zona de las rocas solo iban los pescadores, la gente que iba a pescar. Lo que no entiendo es por qué se han hecho todas estas cosas y luego no se mantienen”, lamentan.

El mismo martes, Cabello cuenta que, como cada día, volvió a hacer su paseo habitual por la zona. Esta vez para comprobar si se había producido alguna actuación tras su llamada del lunes al 112. Lamentablemente, “el puente seguía igual”.  

“Es una pena, no he podido dormir en toda la noche, pensando que podía haber vuelto a llamar, insistir más, y no lo hice. Pero pensé: Si he llamado y no han venido, para qué...”, concluye visiblemente afectado por el desenlace.

El enclave natural de Costa Quebrada se ha convertido en uno de los activos principales de la agenda promocional turística de Cantabria desde su reconocimiento oficial como geoparque mundial de la UNESCO en 2025. Tanto es así que el geoparque fue uno de los principales atractivos del expositor de Cantabria en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid. Un túnel audiovisual con efectos sonoros, sensación de brisa y olor a mar invitaba al público de IFEMA a realizar un “paseo sensorial” por los ocho municipios que abarca: Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Miengo, Suances, Santillana del Mar, Polanco y Camargo.

De otro lado, la Sociedad Geológica de España (SGE) ha confirmado que celebrará su XVI Reunión Nacional de Patrimonio Geológico del 8 al 12 de junio de 2026 en Santander, el mayor núcleo urbano de Costa Quebrada, bajo el lema 'Re-conectando con la Tierra'.

Igualmente, la actividad divulgativa que desde hace décadas ha venido realizando la Asociación Costa Quebrada, impulsora de la candidatura a geoparque mundial de la UNESCO, se ha intensificado. Desde su origen como grupo de voluntarios, la organización se ha convertido en una entidad profesionalizada, con diversas sedes en espacios cedidos por entidades locales y con unas líneas estratégicas claras que buscan promover lo que definen como “gobernanza participativa”.

Es precisamente en esta parcela de colaboración con el conjunto de agentes implicados en el territorio de donde han surgido debates sobre las amenazas de conservación que enfrenta la zona. Uno de los focos es su área marina, que se extiende aproximadamente desde la península de La Magdalena, en Santander, hasta Santa Justa, en Ubiarco, unos 75 kilómetros cuadrados.

El investigador en el Instituto Español de Oceanografía (CSIC) Antonio Punzón advierte que “la parte sumergida no tiene ninguna figura de protección, salvo una zona muy limitada de la isla de Mouro”, en la capital cántabra. El experto explica que existen varios tipos de figuras de protección. Una de ellas es la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la Red Natura 2000 declarada en la isla de Los Conejos, por el tipo de aves que nidifican allí. No existe en cambio ningún tipo de figura de protección para la particularidad de los hábitats del fondo marino de la misma zona, pese a su gran valor biológico.

Punzón apuesta por implicar al sector pesquero profesional en estas iniciativas de protección. En su opinión, el propio sector es un activo que, de algún modo, puede “arrastrar” a las distintas administraciones a actuar. “Las Reservas de Interés Pesquero son muy interesantes porque es el propio sector el que las promueve y se autorregula: cuando, cuánto y qué se puede pescar, para entendernos”. El investigador añade que se trata de una fórmula que ha dado buenos resultados en algunos lugares del Mediterráneo.

Para Juanma Portugués, divulgador medioambiental y gerente de la escuela de buceo Calypso (Miengo), como empresa dedicada al turismo activo y defensor del ecoturismo, la existencia de alguna figura de protección marina en la zona es “muy necesario”. Sobre todo, dice, pensando en otros modelos que, en su opinión, “han generado un turismo y una economía muy sostenible”. Cita como ejemplo lugares como la isla de Hierro o reservas naturales como Tabarca o las islas Medas.

La amenaza silenciosa de la pesca furtiva

Portugués se muestra muy crítico con la gran amenaza que supone para las especies marinas presentes en Costa Quebrada la pesca furtiva, al no existir figura de protección alguna en esa parte del litoral del geoparque. En estas prácticas “no vigiladas” incluye tanto a la pesca recreativa que se realiza desde barco como a la sumergida con arpón y otros instrumentos.

“Necesitaríamos al menos más vigilancia, ya que la degradación que esto está ocasionando en el ecosistema y la biodiversidad es muy evidente, nosotros lo vemos a diario”. El instructor aclara que “esto no implica que no se pesque, sino que se acoten las áreas” y “se haga con responsabilidad”.

El problema del furtivismo, lamenta, “no es el furtivismo solamente, sino su causa”. Juanma Portugués relata cómo son muchos los restaurantes de la zona que quieren “una lubina pescada esta mañana”. Y lo peor es que al final “no es una, sino 15 o 20”. Además, dice que durante sus inmersiones cada vez ven “más tramallos ilegales”. Se trata, describe, de redes de pesca de 90 o 100 metros, en las que colocan una botella de litro de cola para que pequeños peces queden atrapados y atraigan a otras especies que interesa capturar, como bogavantes o centollos, por ejemplo.

“A mí, como empresa, me realizan inspecciones dos veces al año, a principio y final de temporada, para comprobar que lo tengo todo en regla. Unas cinco horas de control de papeles para ver que todo está correcto. Me gustaría que esos mismos controles se hicieran de forma aleatoria en restaurantes o embarcaciones de recreo. Lo que sucede es que ahora mismo el furtivismo no es un delito, es un deporte y un negocio para muchos puertos deportivos”.

Portugués asegura que la isla de los Conejos, frente a la localidad de Miengo, “es una zona de inmersión preciosa”. “Hay unos juegos de luces, unos contrastes increíbles, pero digamos que es una casa en venta”. El buceador se refiere a la “huida de especies” experimentada en los últimos tiempos debido a la proliferación de pescadores furtivos.

Largos procesos burocráticos

Volviendo a la necesidad de solicitar alguna figura de especial protección, Punzón reconoce que son procesos burocráticos que pueden llegar a extenderse una década y que irremediablemente requieren voluntad política. “Declarar desde las administraciones que se quiere proteger esa zona e iniciar el proceso, implicar a todas las personas, implicar al Ministerio de Transición Ecológica y demostrar que existen unos valores ambientales”, resume. “En ese tablero, nosotros somos peones que podemos chillar y podemos patalear, pero poco más”, añade el gerente de Calypso.

El investigador incide en que la implicación de todos los agentes desde el principio sí tiene posibilidades de éxito. “Pongamos el ejemplo de la creación de una especie de etiqueta de trazabilidad o 'labelling' para que un pez que ha sido pescado frente a Suances, respetando los controles de sostenibilidad, vaya a parar a un restaurante de Suances y, de repente, algo que valía 10, valga 25 euros y a la vez contribuya a regenerar un sector muy tocado como el de la pesca artesanal”. El beneficio añadido, a su modo de ver, favorece oficios y empresas pequeñas que son muy sostenibles.

Capacidad de carga turística y recalificaciones del suelo

En lo referente al turismo, Punzón recuerda que “todos los sistemas tienen una capacidad de carga. Y llevamos superando esa capacidad de carga mucho”. Cita situaciones “como las que se han visto este último verano en El Puntal, el cambio de los usos que se dan al suelo o la construcción de campos de golf sobre zonas de inundación” y que, dice, tienen un efecto directo en la primera línea de mar o parte sumergida del geoparque.

“Todos los terrenos son permeables y si tú no lo permites, si tú sellas todo lo que son las zonas costeras y demás, se interrumpe el conocido como flujo tierra- mar”. Frente a la proliferación de construcciones inmobiliarias en el litoral y la explotación turística a gran escala, el investigador se muestra tajante: “La apuesta única por el crecimiento sin control es un suicidio”.

“Se puede morir de éxito”, recalca Portugués, que insiste en que “deberíamos preguntarnos, ¿qué turismo queremos?”. Según Punzón, “no hay que olvidarse nunca de la gente que habita en el terreno”. Y al hilo de ello describe dos opciones: “¿Diseñamos nuestra casa en función de quién va a venir a verla o queremos una casa en la que los que vivimos dentro estamos bien? En la que, por supuesto, puedan venir a visitarnos, pero de una forma moderada, que podamos atenderles adecuadamente, que se sientan a gusto… ¿Cuál es el modelo? Yo lo tengo claro”, sentencia.

“De lo protegido tampoco se hace una gestión adecuada”

“Tanto los medios de comunicación, colectivos voluntarios como Ecologistas en Acción o Centinelas Cantabria, que siempre están vigilantes, o el propio movimiento feminista son agentes importantes en la tarea común de concienciación”, reflexiona Antonio Punzón. Y, por supuesto, la asociación gestora del geoparque, encargada de hacer de puente entre la sociedad civil y las autoridades políticas, pero limitada a labores de divulgación.

Javier Álvaro Apezteguía, responsable de educación del Geoparque Costa Quebrada, coincide en que “todo lo que sea preservar y conservar el patrimonio es una necesidad” y extender las figuras de protección en las áreas marinas del enclave, sin duda, ayudaría. El educador señala igualmente que lo que sucede, en ocasiones, es que “de lo que está protegido tampoco se hace una gestión adecuada”.

Además, considera que las redes sociales “generan un impacto negativo en lugares que antes eran casi desconocidos”. Hace unos meses se alertó de la erosión registrada en el promontorio de la zona de la playa de La Arnía, lugar emblemático para fotografiarse al atardecer, y desde Costa Quebrada “se solicitó a la Demarcación de Costas señalizar la zona alertando del peligro, algo que finalmente no se consideró importante por parte del ente regulador”, lamenta Álvaro.

Del mismo modo, para Lucía Duribe, coordinadora de la entidad, la declaración de zonas marinas protegidas favorecería otro de los objetivos del geoparque: “El desarrollo y supervivencia de empresas encuadradas en lo que conocemos como turismo azul, actividades en el entorno marino desarrolladas por negocios que sí apuestan por la sostenibilidad”.  

En su opinión, la ventaja de entidades como Costa Quebrada es que sus metas “no son cortoplacistas”, ya que su función es promover “una gobernanza participativa que precisamente extienda una concienciación a todos los niveles y a todos los agentes involucrados en el territorio”, incluido los políticos.  

En conclusión, el investigador del CSIC Antonio Punzón recuerda que existen compromisos internacionales que obligan a España a proteger al menos el 30% de sus aguas antes de 2030. La superficie marina protegida actualmente se sitúa todavía alrededor del 22,5%, según los últimos datos del MITECO, por lo que el dato puede verse como “una oportunidad” para el geoparque cántabro de Costa Quebrada, que en 2027 deberá iniciar los trámites para obtener una especie de reválida de la UNESCO que prolongue su reconocimiento mundial otros cuatro años.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, Mònica Bernabé (Barcelona, 1972) viajó a Afganistán por primera vez en 2000 y, tras varias idas y venidas, se instaló allí en 2006. Desde aquel país ejerció como corresponsal freelance del diario El Mundo hasta 2014. Durante ese tiempo también colaboró para otros medios como Catalunya Ràdio, Canal Sur TV o Radio Francia Internacional. En 2015 se trasladó a Italia, donde continuó su labor de corresponsal para El Mundo. Y en mayo de 2017 se incorporó al diario Ara como responsable de la sección de Internacional. En la actualidad es reportera sobre temas sociales en este diario.

De su estancia en el país afgano nacieron los libros 'Mujeres, Afganistán' (Blume, 2014), 'Afganistán, crónica de una ficción' (Debate, 2012) y  ‘Crónica de un fracaso: Afganistán, la retirada’ (Debate, 2023). Entre sus múltiples galardones figuran el premio Julio Anguita Parrado, que recibió en 2010, y el Premio Cirilo Rodríguez a la mejor corresponsal española en el extranjero, en 2013. Bernabé protagoniza este martes el Foro de Periodismo Matilde Zapata del Colegio de Periodistas de Cantabria, que pretende reivindicar el papel de las periodistas en el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

¿En qué ha cambiado ese trabajo de corresponsal que usted pudo ejercer residiendo en Afganistán y las coberturas actuales en zonas de conflicto?

Lo que ha cambiado es una tendencia que ya empezó cuando yo me establecí en Afganistán. Yo allí siempre fui periodista freelance y ahora la mayoría de corresponsales, aunque los medios los presenten como propios, en realidad no están contratados, no tienen un contrato laboral. El hecho de ser freelance siempre esconde una precariedad laboral y que los medios puedan bajar las tarifas cuando quieran porque son acuerdos verbales, no son acuerdos escritos. La figura del corresponsal contratado creo que es una especie en extinción, digamos.

Otra fórmula habitual es la de los enviados especiales. ¿Se puede hacer la misma cobertura, el mismo análisis que alguien que está asentado en el territorio?

Yo creo que no, es muy diferente viajar a un país y estar incluso tres semanas o un mes que vivir en ese país de forma continua. Yo lo digo por mi propia experiencia en Afganistán. Cuando me establecí en Afganistán en el año 2006 ya había viajado de forma regular al país los años anteriores. Pero cuando te instalas ves las dificultades y cómo funciona realmente el territorio. Por ejemplo, cuando iba cada año solía quedarme en un hotel o un hostal pero cuando me instalé allí y me busqué un apartamento me di cuenta que solo había electricidad tres o cuatro horas al día, algo que en los hoteles no me había sucedido porque allí siempre había tenido.

¿Cómo valora el debate actual generado en torno al burka y el niqab en España?

No soy experta en islam, aunque he vivido casi ocho años en Afganistán. Yo personalmente nunca he visto una mujer con burka en España, burka como se entiende el burka. Sí que he visto mujeres con niqab o mujeres con velo negro que les tapa la cara. Por cierto, esto último es una vestimenta no típica de Afganistán sino de los países del Golfo con los cuales mantenemos tan magníficas relaciones en España y otros países de la Unión Europea. Estamos hablando de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos o de Arabia Saudí.

Yo no soy defensora de que las mujeres lleven burka ni niqab pero no sé hasta qué punto la prohibición es la mejor medida

En cuanto a la prohibición del burka, yo no soy defensora de que las mujeres lleven burka ni niqab, pero no sé hasta qué punto la prohibición es la mejor medida. Quizás habría que empezar por saber qué imanes hay en las mezquitas en España. Son personas que vienen de otros países y de los que no se sabe qué están predicando en las mezquitas y en las madrasas, las escuelas coránicas en las que se están enseñando a los niños y jóvenes españoles, nacidos aquí. Creo que sí es un tema que habría que abordar, que se está haciendo en otros países europeos. Me viene a la cabeza el ejemplo de Bélgica, que ha promovido que en las escuelas públicas se enseñe religión para el que lo quiera, tanto católica como islámica, porque se puede elegir. Sería mejor que la religión islámica, que está previsto en nuestra legislación, se enseñe en las escuelas públicas y sepamos qué se está enseñando y no en mezquitas de las que no sabemos nada. Estas mujeres que visten de esta manera, tal vez son ellas las que deciden vestir así, tal vez es su marido quien se lo impone o tal vez es la presión social o del imán. Por eso quizás es importante empezar por saber qué está predicando el imán, qué es lo que hay que hacer y qué es lo correcto en el islam.

¿Qué papel cree que ha jugado Europa en el regreso de los talibanes a Afganistán?

Europa, la comunidad internacional, los países de la OTAN, que son los que tenían desplegadas tropas en Afganistán, ya sabían que el país no podía mantenerse sin la ayuda internacional y que los talibanes eran una amenaza evidente cuando se retiraran las tropas internacionales, pero imagino que no esperaban que hubiera un descalabro total. El gobierno afgano cayó en cuestión de semanas. Es difícil de resumir en pocas palabras, pero la comunidad internacional no contribuyó a crear unas instituciones que se pudieran valer por ellas mismas. En la Administración, en el Gobierno y Parlamento afganos, se permitió que hubiera una serie de criminales de guerra que habían arrasado el país, habían matado a un montón de gente y en cambio se convirtieron en los aliados de Occidente. Estas personas por lo único que miraban era por sus propios intereses. Y la prueba es esa, que los talibanes regresaron al país rápidamente. Actualmente Europa dice que apoya a las mujeres afganas y mantiene un bloqueo teórico al régimen talibán y, por otro lado, en el mes de enero ha habido una reunión de los países europeos con los talibanes para organizar viajes de deportación para afganos que no han obtenido el asilo en Europa o han cometido algún delito. Entonces, la pregunta es: ¿Reconoces a los talibanes como régimen legítimo, sí o no? Dices que no, pero después estás negociando con ellos y, por tanto, reconociéndolos como autoridades legales. Es lo de siempre, nos movemos por nuestros propios intereses, lo que de verdad ocurra en otros países no interesa demasiado.

Hablar de Trump cada vez que abre la boca no creo que sea necesario ni que debería ser noticia

Reporteros sin Fronteras cifra en más de 220 los periodistas asesinados en Gaza desde octubre de 2023. ¿Recuerda algún precedente de esta magnitud? ¿Se está denunciando lo suficiente desde los grandes medios de comunicación internacionales que, a su vez se están valiendo de estos informadores locales para cubrir el genocidio?

Yo creo que no se denuncia lo suficiente esto último, que los periodistas extranjeros continuamos sin poder entrar en Gaza. Que supuestamente se haya acabado la ofensiva, entre comillas, y que sigamos sin poder entrar nos tendría que llevar a la reflexión de que si no nos quieren enseñar lo que está pasando dentro, nada bueno tiene que estar pasando. El asesinato directo de periodistas palestinos, que claramente han sido objetivo del Ejército israelí, no deja de ser un crimen claro de guerra. Lo que a mí también me da mucha rabia es que los medios de comunicación, por desgracia, nos movemos mucho por modas. Gaza hasta hace nada era la moda y ahora casi no aparece. Vamos pasando de temáticas, de repente nos interesa mucho algo y con la misma velocidad desaparece de la agenda.

¿Qué parte de responsabilidad tenemos los periodistas para revertir esta situación?

Si se apostara realmente por el periodismo internacional, -y eso significa tener gente sobre el terreno, pero gente que se pueda ganar la vida, no gente a la que le pagas una miseria-, si tienes gente sobre el terreno puedes tener información de forma regular. Ahora mismo, ¿dónde hay corresponsales? Estados Unidos, Bruselas, las grandes capitales europeas, China… Nuestra visión del mundo está muy reducida ¿Cuántos corresponsales tenemos en África, que es un continente inmenso? ¿Y en América Latina? A pesar de la gran vinculación cultural con España... Hablar de Trump cada vez que abre la boca no creo que sea necesario ni que debería ser noticia. Siempre vamos todos alrededor de lo mismo y, vuelvo a insistir, creo que tenemos un conocimiento muy reducido del mundo.