El Ayuntamiento de Santander ha recibido un nuevo revés judicial al ser condenado al abono de las jornadas extraordinarias que el personal de escolta de la alcaldía ha venido realizando desde enero de 2023. La sentencia obliga al consistorio no solo al pago de las retribuciones adeudadas, sino también a abonar los intereses devengados y las costas judiciales del proceso.

Según detalla el delegado de personal del sindicato SIEP, Óscar Gómez, el montante de las horas impagadas asciende a unos 26.000 euros. Según el sindicato, el servicio de escolta ha sufrido una drástica reducción de efectivos, pasando de contar con seis agentes a solo tres. Esta situación se ha visto agravada por la existencia de vacantes en los puestos de conductor, lo que ha obligado a los escoltas a asumir estas tareas adicionales además de sus funciones propias de seguridad.

Esta falta de personal ha derivado en una carga de trabajo que supera la jornada ordinaria, con una media de 30 horas de servicio extraordinario al mes por trabajador. El sindicato ha subrayado que, aunque estas horas se retribuyeron hasta diciembre de 2022, el equipo de gobierno dejó de abonarlas a partir de esa fecha, a pesar de mantener las mismas exigencias de disponibilidad.

Tres años de “silencio administrativo”

El conflicto se remonta a febrero de 2023, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó una propuesta de abono de productividad para compensar estos excesos de jornada. Sin embargo, dicho acuerdo nunca se cumplió. Tras tres años de reclamaciones ante el Consistorio sin obtener respuesta, los profesionales se vieron obligados a recurrir a la vía judicial ante lo que consideran un “atropello” y una muestra de “incompetencia en la gestión de recursos humanos”.

Desde SIEP califican la situación de “kafkiana” y han instado al equipo de gobierno a que no recurra la sentencia “si queda algo de respeto a los profesionales”.

Un conflicto que se extiende a la seguridad ciudadana

Este nuevo revés judicial se une a las suesivas críticas de la Junta de Personal municipal, que ha denunciado una “campaña de desprestigio” contra los empleados públicos y ha señalado que más de una cuarta parte de la plantilla municipal sigue sin cubrirse, afectando gravemente a servicios básicos de la ciudad.

Recientemente, los sindicatos de la Policía Local han calificado de “caos absoluto” el dispositivo del “chupinazo” de la Semana Grande, denunciando que la escasez de efectivos obligó a desplegar apenas siete agentes para un evento que congrega cada año a más miles de personas.

Además, las organizaciones sindicales han puesto el acento en que esta situación de “precariedad material” es insostenible, señalando que la plantilla acumula dos años sin reposición de uniformidad básica, cascos actualizados ni chalecos antibalas operativos. Ante lo que consideran un “fracaso absoluto” de planificación que pone en riesgo la integridad de los trabajadores, los representantes ya han exigido dimisiones políticas y han anunciado que emprenderán medidas legales adicionales.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha presentado esta semana un escrito de alegaciones contra el proyecto 'Obras de ejecución de puntos de selfies en el municipio de Ribamontán al Mar'. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento y financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea, contempla la instalación de diversas estructuras en siete localidades del municipio: Suesa, Castanedo, Somo, Loredo, Galizano, Langre y Carriazo.

De forma novedosa, uno de los puntos más críticos de la denuncia de los ecologistas es la falta de garantías en cuanto a la seguridad de las estructuras. ARCA advierte de que el proyecto es “básico” y no dimensiona adecuadamente los materiales ni la cimentación para soportar cargas de uso masivo o fenómenos meteorológicos extremos.

David Higuera, portavoz de la asociación, ha puesto como ejemplo la “triste tragedia” de la pasarela de El Bocal -en la que fallecieron seis jóvenes el pasado marzo y otra resultó gravemente herida-, para ilustrar los riesgos de implantar infraestructuras accesorias en primera línea de costa, sometidas a la corrosión marina y a temporales. “¿Quién va a calcular si ese banco aguanta a 20 personas subidas a la vez? ¿Quién va a realizar el mantenimiento real?”, se pregunta. “No se ha aprendido nada de la tragedia de El Bocal”, añade.

Además, las alegaciones recalcan que el acantilado de Langre está en un proceso de “retroceso activo por erosión marina”, lo que hace que cualquier construcción permanente en sus proximidades sea una imprudencia que ignora el principio de precaución.

Para ARCA, esta intervención supone una “tematización y turistificación” innecesaria de enclaves de alto valor ecológico que ya funcionan por sí mismos como miradores naturales. Higuera ha expresado su rechazo frontal a lo que considera una“instrumentalización del paisaje como escenografía para el consumo digital”. Según Higuera, el gasto de cerca de 300.000 euros en estos “tótems” carece de utilidad pública y se aleja de los verdaderos problemas ambientales de la zona.

Preservar la “máxima naturalidad” del litoral

Otro de los puntos de las alegaciones de ARCA es la defensa del paisaje costero como un espacio que debe permanecer libre de elementos artificiales o ajenos. La asociación sostiene que la protección de la costa cántabra es una “conquista social” plasmada en instrumentos como el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Introducir artefactos icónicos para “enmarcar” el paisaje rompe la armonía natural y artificializa espacios que son valorados precisamente por su estado virgen.

Higuera ha criticado que el proyecto se base en “afirmaciones genéricas” sobre sostenibilidad que no se traducen en una justificación ambiental real. “El medio natural se respeta, no se toca. Se mantiene o se recupera ambientalmente, pero no se le añaden elementos artificiales”, ha afirmado tajante el portavoz en conversación con elDiario.es, comparando la situación con países del norte de Europa como Alemania, donde existe una cultura “ancestral” de mínima intervención en los bosques y senderos.

Para ARCA, los miradores naturales de Ribamontán al Mar no necesitan “aditamentos de dudosa estética que solo sirven para generar una foto en redes sociales”.

Incumplimientos de la Ley de Costas y el POL

Desde el punto de vista jurídico, ARCA señala que el proyecto vulnera artículos fundamentales de la Ley de Costas y su Reglamento. En concreto, se refieren al artículo 30, que prohíbe la formación de “pantallas arquitectónicas”. El “banco gigante” proyectado en Galizano, con dimensiones de 3,70 x 1,35 x 2,52 metros, se situaría en una zona elevada próxima al borde del acantilado, actuando como un hito artificial intrusivo que genera un impacto visual frontal incompatible con la normativa.

Además, David Higuera ha recordado que muchas de estas parcelas se encuentran dentro de la zona de servidumbre de protección o en el ámbito de influencia de 500 metros de la Ley de Costas, lo que hace necesario un informe del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que no consta en el expediente.

Asimismo, denuncian la incompatibilidad con el POL, que no promueve la tematización turística, sino la preservación y mínima transformación de los espacios litorales sensibles. Según la asociación, el proyecto ignora que enclaves como Loredo, Langre y Galizano están incorporados en el Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria.

Turistificación y olvido del sector primario

Más allá del impacto visual, Higuera reflexiona sobre el modelo socioeconómico que subyace a estos proyectos. Critica que se apueste “todo al turismo” mientras Cantabria sufre un proceso de desindustrialización y abandono del sector primario. “La turistificación echa a los locales; los precios de la vivienda suben y la gente de aquí no puede acceder a ella”, ha denunciado el portavoz, señalando que este modelo beneficia a unos pocos pero precariza la vida de los residentes.

Desde ARCA consideran que el paisaje de Ribamontán al Mar es un “activo económico” que los políticos están gestionando de forma “nefasta”. Higuera lamenta que espacios como el Parque Natural de Oyambre sean abandonados cuando no se les puede sacar un rédito comercial directo, mientras que en zonas protegidas se proponen “tirolinas, toboganes o bancos gigantes”.

Sobre otro polémico proyecto, el de la piscina de olas en Ribamontán al Monte, Higuera considera que es otro ejemplo de infraestructura accesoria y ajena al paisaje que no responde a una necesidad pública real y que contribuye a la degradación del patrimonio natural y al consumo de recursos hídricos. Para Higuera, autorizar la construcción de una instalación artificial de este tipo cuando la zona ya cuenta con una “línea de costa maravillosa” para practicar deportes náuticos de forma natural “no está justificado”.

La contaminación de Galizano frente a los 'selfies'

Finalmente, ARCA cuestiona la idoneidad del gasto de 300.000 euros en un momento en que el municipio enfrenta otros retos ambientales urgentes. Higuera ha mencionado específicamente la contaminación de la ría de Galizano “por vertidos de purines, aunque no lo digan” que el año pasado obligó a cerrar la playa al baño durante parte del verano. “De eso es de lo que se tienen que preocupar los políticos”, ha puntualizado.

En su escrito, la asociación concluye solicitando la denegación de la autorización y el archivo del expediente, o al menos la realización de estudios rigurosos de impacto paisajístico y seguridad que el proyecto actual omite. Para ARCA, permitir la “ocupación ornamental” del litoral sentaría un “precedente peligroso” para futuras intervenciones que sigan degradando la costa de Cantabria en nombre de la promoción turística.

El Gobierno de Cantabria ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para recuperar una pieza cerámica de valor arqueológico hallada el pasado 17 de julio en la playa de La Magdalena, en Santander, a la altura de la torre de socorristas situada junto al balneario. El Ejecutivo autonómico ha difundido un llamamiento a través de sus redes sociales con el objetivo de localizar el objeto y garantizar su conservación.

Las personas que dispongan de cualquier información sobre el paradero de la pieza pueden comunicarla al Museo Marítimo del Cantábrico, al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), al Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, ubicado en la Biblioteca Central de Cantabria, o a la Policía Local de Santander. El Ejecutivo autonómico ha agradecido la colaboración y ha subrayado que cualquier información puede resultar clave para la recuperación de este elemento del patrimonio cultural.

¿Qué hacer ante un hallazgo arqueológico?

Cabe recordar que, ante un hallazgo casual de restos arqueológicos, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español determina que los objetos son automáticamente de dominio público. El descubridor está obligado a no manipular la pieza ni alterar su entorno, debiendo notificar de forma inmediata el hallazgo a la administración de Cultura correspondiente o a las Fuerzas de Seguridad, como el SEPRONA de la Guardia Civil.

En concreto, la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria estipula que, aunque debes avisar en el momento, el plazo de entrega física (si hubiera peligro de pérdida) es de un máximo de 48 horas.

El Gobierno de Cantabria ha confirmado al elDiario.es que por el momento no ha recibido ninguna información sobre el paradero de la pieza hallada en la playa santanderina y posteriormente desaparecida.

La Junta de Personal Docente ha presentado este jueves la campaña “Por la Pública”, una iniciativa que busca canalizar “el malestar creciente de familias, estudiantes y docentes de Cantabria” ante una gestión de la Consejería de Educación marcada por los recortes y la falta de diálogo.

Esta movilización se produce como una respuesta a las demandas ya planteadas por el profesorado de los centros; de hecho, la cifra de apoyos sigue creciendo y ya son 92 los claustros de toda la red educativa pública que han suscrito el documento reivindicativo conjunto.

Uno de los ejes de la denuncia sindical se sitúa en la gestión de los datos de escolarización, donde acusan a la Consejería de ejercer “una absoluta falta de transparencia con el objetivo de manipular la percepción pública y justificar la supresión de unidades”. Según han detallado los portavoces Conchi Sánchez (CCOO), Diegu San Gabriel (STEC) y Rus Trueba (ANPE Cantabria), mientras que en el proceso ordinario de matriculación se publican listas de admitidos y no admitidos en plataformas como EduCantabria, en el proceso extraordinario esta información se oculta sistemáticamente.

Los equipos directivos y las familias se encuentran ante un muro informativo que les impide conocer cuántas solicitudes reales existen para cada centro y dónde se están denegando plazas. Esta opacidad es calificada por la Junta como “inédita”, ya que nunca antes se había negado la matriculación en centros públicos en periodo extraordinario bajo el argumento de suprimir líneas en la propia localidad.

Los sindicatos denuncian que se está enviando a las familias el mensaje de que “no pueden matricularse ahora y deben esperar a septiembre”, lo que genera una incertidumbre deliberada que empuja a los padres a buscar alternativas fuera de la red pública, principalmente en centros privados-concertados.

Emplazamiento urgente al consejero Sergio Silva

Ante lo que consideran una situación límite, la Junta de Personal Docente ha lanzado un mensaje directo al responsable de Educación, Sergio Silva. Los representantes sindicales le han convocado públicamente para el próximo miércoles 29 de julio a las 10:30 horas en la sede de la Consejería. El objetivo de este encuentro es forzar el inicio de unas negociaciones que “llevan estancadas más de un año y medio”, según los docecntes.

El dato esgrimido por los sindicatos es contundente: se cumplen 548 días desde la última reunión mantenida para negociar la extensión de la bajada de ratios, celebrada el 21 de enero de 2025. Durante este tiempo, la administración no ha dado respuesta a las constantes propuestas e invitaciones para retomar el diálogo, a pesar de que la bajada de ratios en todas las etapas educativas fue un compromiso de legislatura del actual Ejecutivo, ha recordado Diegu San Gabriel.

Los portavoces de la Junta han advertido que, si el consejero no acude a la cita o no ofrece soluciones concretas, se procederá a anunciar el calendario de movilizaciones.

Recortes políticos: 94 grupos y 100 docentes menos

La campaña 'Por la Pública' pretende denunciar que los recortes previstos por la Consejería para el próximo curso no responden a causas demográficas naturales, sino a decisiones políticas deliberadas. A falta de conocer la propuesta definitiva de cupos, la administración pretendería suprimir 94 grupos escolares y más de un centenar de plazas de profesorado entre centros de Primaria, ESO y Bachillerato en toda la región.

Para los sindicatos, el argumento de la bajada de la natalidad es una “excusa” que se aplica de forma discriminatoria. Mientras se cierran líneas en la red pública bajo este pretexto, se mantienen intactos los conciertos con la educación privada, incluso en centros que presentan cifras de matriculación con las que se están eliminando unidades en la pública.

Este “doble rasero” está afectando gravemente a localidades como Colindres, Laredo, Barreda y Torrelavega (Sierrapando), donde las AMPAS ya han iniciado recogidas de firmas y movilizaciones para defender sus colegios, han recordado.

La “secundarización” de la Primaria

Otro de los puntos más alarmantes señalados durante la presentación de la campaña ha sido el impacto pedagógico de estos recortes, especialmente en los cursos de primero y segundo de Primaria. Los sindicatos alertan de un fenómeno que denominan la “secundarización” de la Primaria: debido a la falta de personal y a la supresión de puestos, se está privando a los alumnos más pequeños de una figura de tutor de referencia fija, según ha explicado la portavoz de CCOO, Conchi Sánchez.

“En lugar de contar con un docente que lidere el proceso de transición desde Infantil, los niños de apenas seis años se encuentran con aulas por las que pasan hasta siete docentes diferentes”, ha detallado. Especialistas de música, inglés o educación física, junto a otros profesores con “horas sueltas”, asumen funciones tutoriales de forma fragmentada. Esta situación, que ya comenzó a detectarse el curso pasado, se agravará considerablemente si se mantienen los cupos actuales, suponiendo lo que la Junta define como una “absoluta bajada de la calidad educativa” y un perjuicio directo para el alumnado más vulnerable, ha incidido Sánchez.

Burocracia y extraescolares: compromisos incumplidos

La campaña no solo se centra en las ratios y los recortes, sino que exige además el cumplimiento de los acuerdos firmados anteriormente. Los sindicatos denuncian que han pasado dos años desde que se fijó en el cronograma oficial la negociación para la reducción de la burocracia docente, sin que se haya celebrado ni una sola reunión al respecto. Los docentes se ven “sepultados por tareas administrativas” que les restan tiempo para la atención directa al alumnado.

Asimismo, la regulación de las actividades extraescolares sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de haber registrado cerca de 3.000 firmas de docentes en marzo de 2025 reclamando un marco jurídico que aporte seguridad a profesores y alumnos, la Consejería no ha mostrado voluntad de avance tras 16 meses de espera, han lamentado.

Para la Junta, es una cuestión de voluntad política, ya que muchas de estas regulaciones no dependen de partidas presupuestarias, sino de la disposición al diálogo del consejero Silva, a quien han acusado de ser “incapaz de llegar a acuerdos”.

El “doble rasero” de las aulas con pocos alumnos

De otro lado, la Junta de Personal Docente ha cuestionado la supuesta insostenibilidad de las aulas con diez alumnos, denunciando que este argumento varía arbitrariamente según se trate de la red pública o la concertada.

Mientras la Consejería justifica la supresión de unidades en centros públicos alegando falta de demanda, mantiene vigentes conciertos educativos en centros privados con cifras similares -como ocurre en el caso de La Salle en Los Corrales-, lo que evidencia un “doble rasero” en la gestión de recursos, han argumentado.

“Hay muchos factores a la hora de proponer la supresión de unidades de la escuela pública. En un colegio de una localidad rural, alejada de entornos urbanos, ¿hacemos a esas familias trasladarse a un núcleo urbano?”, ha cuestionado Rus Trueba (ANPE). “No se nos olvide que la escuela pública es la garante de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es nuestro deber y nuestra obligación que esa red se mantenga y en las mejores condiciones posibles. No se trata únicamente de hacer matemáticas”, ha añadido.

Hacia una nueva “marea verde”

La Junta de Personal Docente ha concluido con un llamamiento a toda la sociedad cántabra para que se sume a esta nueva “marea verde”. El objetivo es hacer confluir las protestas de las AMPAS, los equipos directivos y los sindicatos en un frente común que exija “aulas con menos alumnos, docentes con mayor dedicación” y una defensa firme de los recursos públicos.

“Es hora de demostrar con hechos la disposición al diálogo que se pregona”, han sentenciado los representantes de STEC, ANPE y CCOO, recordando que el papel del consejero es, ante todo, velar por la enseñanza pública de su comunidad. La cita del próximo miércoles 29 de julio se presenta para ellos como decisiva en un conflicto que amenaza con enturbiar el inicio del próximo curso escolar si no se producen avances reales en las demandas de los 92 centros que ya se han sumado a las reivindicaciones.

La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha denunciado la agresión a una activista que milita en este colectivo durante una concentración convocada este miércoles en el número 20 de la Calle Antonio López de Santander para intentar parar un desahucio de una mujer y su hija, además de cuestionar la “vulneración del derecho a la protesta” por parte de la Policía Nacional, que ha impedido el paso a las personas que “voluntaria y pacíficamente” iban a manifestarse.

Según ha relatado esta organización sindical a través de una nota de prensa, dos horas antes de que llegara la comisión judicial encargada de realizar el lanzamiento de la vivienda en la que Blanca y su hija viven desde hace años, convocada para las 9.00 horas, dos furgones de la Policía Nacional con siete agentes han acudido de “forma violenta” al portal del domicilio.

“La agente responsable del dispositivo judicial ha agredido físicamente a una militante del Sindicato de Vivienda a pesar de que ningún miembro de la asamblea había ejercido violencia ni opuesto resistencia frente a los agentes: Han llegado con los furgones, han salido todos rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha cogido del pelo y ha tirado intentando quitarme a la fuerza del portal de la vivienda”, ha denunciado la activista del Sindicato de la Vivienda.

“Pedro Casares dijo que quería 'limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden' y parece que ya ha empezado. A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos”, ha explicado la militante afectada por esta situación que denuncia.

“Hemos informado a Delegación de Gobierno, tanto de la flagrante vulneración del derecho a protesta como de la agresión a nuestra compañera, y nos han animado a denunciarlo pero tampoco nos han dado ninguna solución”, ha apuntado otro militante del sindicato cántabro. “La agente que ha agredido a la militante ha reconocido la agresión frente a los miembros de la asamblea, pero ha retirado su número de placa del uniforme para continuar con el operativo policial”, han advertido los miembros del Sindicato de Vivienda.

“La vulneración del derecho a la protesta que se está efectuando contribuye a desplazar el foco de lo realmente importante en el dia hoy: una familia en situación de vulnerabilidad está a punto ser desahuciada de su casa sin alternativa habitacional, y sin que las instituciones sean capaces de dar una respuesta más allá de la violencia”, han señalado los participantes en la concentración convocada junto al portal del edificio.

La magistrada Mercedes Compostizo, encargada de la instrucción del ataque con artefactos explosivos contra la sede del PSOE de Cantabria -ubicada en la calle Vargas 45 de Santander- ha dado por concluida la investigación y considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a Miguel Toribio y René Odriozola, a quienes atribuye la planificación y ejecución del asalto ocurrido el 25 de abril de 2025, durante un acto sobre memoria democrática.

Según ha adelantado este martes el diario El País, la magistrada sostiene en su resolución que ambos actuaron impulsados por una ideología “radical” y que el objetivo de la acción era alterar el desarrollo de una reunión política en la que participaban más de medio centenar de personas.

La resolución judicial da un paso más respecto a las primeras fases de la investigación al incorporar de forma expresa el posible móvil ideológico de los hechos. Según la instructora, los dos investigados actuaron de común acuerdo y las diligencias practicadas apuntan a su vinculación con La Falange, extremo que también sostiene la acusación particular ejercida por el PSOE.

Uno de los procesados es hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), circunstancia que trascendió meses después de las detenciones. La regidora remitió un comunicado a los medios en el se desvinculaba de la actuación de su hijo “mayor de edad” y que calificaba lo ocurrido como “un hecho deleznable” que “debía ser rechazado sin matices”, aludiendo igualmente a la acción de la justicia para depurar responsabilidades pese al “profundo dolor” que la situación le causaba “como madre”.

Los hechos se produjeron mientras la sede socialista acogía una conferencia dedicada a explicar el cambio de denominación de varias calles de Santander, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según el relato que recoge el auto, uno de los acusados accedió al interior del local con el rostro cubierto y dejó dos garrafas que contenían explosivos de fabricación casera elaborados con ácido clorhídrico y aluminio. Los dispositivos fueron activados pocos segundos después desde el exterior, aunque una asistente consiguió sacarlos del edificio antes de que explosionaran.

La magistrada destaca que la rápida intervención de esa mujer evitó consecuencias mucho más graves. Tanto el auto como el escrito de acusación del PSOE inciden en que, de haber detonado los artefactos en el interior del local, se habría generado un importante riesgo para los asistentes, no solo por el carácter corrosivo de las sustancias empleadas, sino también por la posible situación de pánico que podría haberse desencadenado en un espacio cerrado y concurrido. El PSOE sostiene que la mujer que retiró las garrafas sufrió posteriormente lesiones psicológicas por las que precisó tratamiento.

La investigación policial reconstruyó la preparación del ataque mediante distintos indicios. Entre ellos figuran las grabaciones de cámaras de seguridad de un hotel cercano que muestran a los dos investigados transportando bolsas con los componentes utilizados para fabricar los explosivos, el posicionamiento de sus teléfonos móviles en las inmediaciones de la sede socialista y las pesquisas sobre la elaboración de los artefactos. Además, una de las garrafas contenía una nota con el mensaje “Frente a mentiras revanchistas, PSOE Satanás”, elemento que tanto la jueza como la acusación consideran revelador de la motivación política del ataque.

Concluida la instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formalizar sus escritos antes de la apertura del juicio oral. El PSOE solicita para ambos acusados una condena de 14 años y nueve meses de prisión al apreciar delitos de fabricación de explosivos, atentado contra la autoridad, lesiones, delito de odio y tentativa de impedir el ejercicio del derecho de reunión. La jueza, por su parte, aprecia indicios de fabricación de explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa y lesiones.

El ataque provocó una amplia condena institucional cuando se produjo hace más de un año y fue considerado por los socialistas como uno de los episodios más graves de violencia política registrados en Cantabria en las últimas décadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó entonces su apoyo al PSOE cántabro y defendió que la respuesta frente al odio debía ser “memoria, respeto y justicia”, mientras que dirigentes de distintos partidos expresaron su rechazo a una acción que estuvo a punto de tener consecuencias personales entre los asistentes al acto.

El Parlamento de Cantabria ha invertido 43.000 euros en renovar su página web con una nueva estética, algunos enlaces que no funcionan y un suspenso en transparencia. Un cambio superficial sin contenidos actualizados porque algunos de los datos que publica la institución son antiguos y otros ni siquiera aparecen. Directamente siguen sin hacerse públicos. Aunque la institución admite que “se encuentra en fase de lanzamiento” por lo que seguirán mejorando y ampliando “contenidos y funcionalidades”.

La institución cántabra sigue sin publicar ni la declaración de actividades, ni la de bienes y rentas, ni la de intereses económicos de los diputados. Ninguna de las tres que puede consultar cualquier ciudadano en la web del Congreso de los Diputados.

La estrenada web -renovada por la empresa madrileña COMPASSDIGITAL S.L. con un contrato que incluye el mantenimiento técnico durante cuatro años- solo tiene una pestaña para colgar una de ellas, las declaraciones de actividades de los diputados cántabros. Pero está vacía. Los otros documentos tampoco tienen su apartado.

No obstante, el Parlamento de Cantabria asegura que “mejora los servicios de información pública” y precisa que la “renovación integral” de su plataforma digital “no se limita a una actualización estética”, sino que forma parte de un proceso más amplio de modernización tecnológica de la Cámara, “orientado a reforzar la transparencia, la accesibilidad y la difusión de la actividad parlamentaria”.

Según el último presupuesto los grupos parlamentarios reciben dos millones de euros del presupuesto de la Cámara pero en el apartado correspondiente no se detallan qué subvenciones concretas percibe cada uno de ellos. La última información disponible en Transparencia es del año 2022 que corresponde a la anterior legislatura. En la web institucional tampoco hay rastro de la justificación de esas cantidades, se entregan sin fiscalización ni control posterior de cómo y en qué se ha gastado.

La única información disponible es de hace cuatro años, la legislatura anterior. Cuando el PRC recibía 47.512 euros al mes por sus 14 diputados, 37.382 el Partido Popular con nueve, el PSOE ingresaba 34.100 por sus siete escaños, Ciudadanos 21.148 por sus tres representantes -aunque el grupo acabó la legislatura fragmentado con Marta García en el grupo mixto- y Vox que por dos parlamentarios obtenía cerca de 15.000 euros mensuales.

También está desactualizada la relación de peticiones de equipamiento informático que hacen los diputados. Las últimas que permanecen colgadas remiten al sillón ergonómico que pidió en 2019 Félix Álvarez cuando ocupó un escaño parlamentario representando a Ciudadanos.

Sueldos

En cambio, sí que se ha publicado la información relativa a los sueldos que perciben los representantes públicos. Más de cinco mil euros al mes la presidenta, María José González Revuelta, 4.685 euros los portavoces de los grupos parlamentarios y tres mil euros los diputados con dedicación absoluta -1.740 quienes tengan dedicación parcial- a todos ellos se suman las dietas, 1.228 euros mensuales.

Por contra, la última información que proporciona el Parlamento sobre los gastos de viaje de los diputados corresponde a 2021, cuando una diputada regionalista cobró 41 euros por asistir a un congreso sobre despoblación en León, y otros tres de -del PP, PRC y PSOE- participaron hace cinco años en la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Canarias y pasaron unos gastos de unos seiscientos euros cada uno. Se desconoce si en años posteriores se ha realizado algún gasto más por estas circunstancias o sus señorías no han realizado ningún viaje.

El Parlamento mantiene actualizado el apartado de gastos de personal eventual de confianza -trece asesores de todos los grupos parlamentarios con un salario anual de 44.119 euros, excepto el jefe de gabinete de la presidenta de la institución que llega hasta los 75.000- y de retribuciones de personal funcionario que permite comparar salarios. La persona que más cobra en el Parlamento no es un político, sino un funcionario: el secretario general que percibe 86.000 euros anuales. Un puesto de libre designación entre los letrados de la Cámara.

Prestaciones a exparlamentarios

Transparencia sí que informa de las 'prestaciones' a los exparlamentarios. Cuando un diputado deja el Parlamento puede solicitar el 'paro' y cobrar 1.400 euros durante un máximo de 16 meses. En este caso, la institución si ha hecho públicos los nombres de los perceptores a quienes se presupone que se otorga este subsidio porque están en desempleo. Al acabar la pasada legislatura -según figura en la documentación del portal del Parlamento- lo solicitaron Félix Álvarez (Ciudadanos), Emilia Aguirre y María Ángeles Matanzas como exdiputadas del PRC, el socialista Javier García Oliva y Pedro Gómez que defendió los intereses de los ganaderos desde la bancada del Partido Popular. El regionalista Francisco Ortiz sólo lo cobró durante siete meses.

Información económica

En lo referente a la información económica, la institución no hace públicos los informes de liquidación del presupuesto de la Cámara desde el año 2021. La publicación del saldo en las cuentas bancarias -otro apartado de su propio portal de transparencia- se actualizó por última vez en 2024. Para tener acceso, por ejemplo, a los contratos menores la página remite a un enlace de la plataforma de contratación, no aparecen los listados como en el portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria que permite el acceso directo a este tipo de documentación.

En el apartado de Patrimonio no funcionan los enlaces para acceder a la relación de los fondos artísticos de la institución. Una colección institucional de 152 obras con un valor estimado en 800.000 euros, según la tasación hecha en 2024 por la propia institución: 78 pinturas, 54 obras gráficas, 10 fotografías y una decena de esculturas se reparten por estancias, zonas comunes y despachos del edificio del antiguo hospital de San Rafael. Uslé, Quirós, Roberto Orallo, Esteban de la Foz, Luz de Alvear o Navarro Baldeberg firman piezas de este patrimonio pictórico del hemiciclo cántabro.

Para Manuel, un joven de 22 años afectado por una enfermedad neuromuscular degenerativa, el Real Racing Club es mucho más que un equipo de fútbol; es su “única ilusión” durante los largos meses de invierno cuando solo sale de casa para ir al campo. Lo mismo le ocurre a Miguel Ángel que, a sus 61 años, lleva 23 temporadas apoyando de forma incondicional al equipo, incluso cuando el racinguismo estaba en sus peores momentos. “Cuando empecé a ir al campo todavía caminaba con muletas”, recuerda. Ahora lo hace en silla de ruedas.

Sin embargo, el ansiado regreso del club a Primera División ha traído consigo una realidad amarga para ellos y otros cerca de 20 aficionados con movilidad reducida (PMR) con los que comparten emociones cada partido en los Campos de Sport de El Sardinero.

Lo que debería ser una temporada ilusionante se ha convertido en “una inesperada decepción” que Gisela Saiz, la madre de Manuel y presidenta de la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (Asemcan), trata de reconducir.

Saiz ha remitido una reclamación por escrito al club el pasado 23 de junio, a petición de ese pequeño colectivo de abonados PMR del Racing con los que ella y su hijo comparten habitualmente grada desde hace 15 años. “Cuando el equipo todavía estaba en Segunda B”, recuerda. El motivo: el cambio de política por el que se han visto sorprendidos al ir a renovar su abono para la temporada 2026-2027 y que consideran “insensible y excluyente”.

Desplazados al “relente” del Fondo Sur

Hasta ahora, este grupo de aficionados PMR se situaba en una esquina del Fondo Norte, una zona donde aunque “la visibilidad no era perfecta” estaban protegidos de las inclemencias del tiempo en las filas superiores, aseguran.

La nueva ubicación que el Racing les ha asignado se encuentra en el otro extremo del estadio de El Sardinero, en el Fondo Sur donde se ubican las aficiones de los equipos visitantes, a pie de campo y justo detrás de una de las porterías.

La preocupación principal es la exposición total al sol, el viento y, sobre todo, a la lluvia. Para aficionados como Manuel, mojarse no es solo una incomodidad, es un riesgo vital. “Si mi hijo se moja y coge un frío, a los tres días está en la UCI de Valdecilla por problemas respiratorios”, advierte Saiz, recordando que el joven ya pasó 12 días ingresado el año pasado por un resfriado.

Miguel Ángel comparte este malestar y no entiende por qué el club ha tomado esta decisión sin consultarles: “No han tenido en cuenta nuestras necesidades, nos han menospreciado”, afirma con rotundidad. “La mayoría de las personas tiene sillas eléctricas, con motores que si se mojan se pueden estropear, con el coste que eso supone”, añade.

La nueva zona es un espacio “al relente” y sin tejavana que lo cubra, lo que obligaría a los aficionados a utilizar paraguas de grandes dimensiones, dificultando la visión de los socios situados detrás.

Además de la meteorología, argumentan que la ubicación detrás de la portería conlleva un riesgo físico evidente. “Estamos justamente detrás de la portería; una persona ágil se aparta de un balonazo, pero nosotros no tenemos tiempo de reacción”, explica Miguel Ángel.

La presidenta de Asemcan contrasta esta situación con la de otros estadios como San Mamés o el Santiago Bernabéu, donde las zonas PMR están en tribunas elevadas y debidamente cubiertas. Es por ello que la respuesta telefónica recibida por parte del responsable de comunicación de la entidad, Roberto González —quien según Saiz se limitó a decir que “se mojarían como el resto”—, le ha parecido “increíble”.

“Soy sus brazos y sus pies”

De otro lado, y por primera vez, los acompañantes de las personas con movilidad reducida deberán pagar el 50% del precio de un abonado nuevo. Hasta la fecha, estos asientos estaban exentos de pago, reconociendo que la persona con movilidad reducida (PMR) no acude con un asistente por ocio, sino por necesidad vital.

Para Gisela, esta medida ignora la realidad de grandes dependientes como su hijo, quien tiene una discapacidad reconocida del 85% y requiere ayuda para realizar cualquier acción cotidiana, desde vestirse hasta beber agua o abrir un paraguas. “Yo soy una extensión de mi hijo; soy sus brazos y sus pies”, recalca, por lo que, en su opinión, cobrar por este asiento “penaliza doblemente a familias que ya soportan gastos elevados derivados de la discapacidad”.

Miguel Ángel pone cifras a este “hachazo” económico: ha pasado de pagar unos 116 euros por su carné a un total de 470 euros (299 por su abono y 171 por el de su acompañante). “Es el 50% de un nuevo abonado, no de lo que yo pago con mi descuento del 5% por antigüedad”, matiza con malestar.

Abono de acompañante nominativo

Además, advierten que a esto se suma la obligatoriedad de que el abono sea nominativo, lo que impide que diferentes familiares o cuidadores se turnen para asistir al estadio. “Mi hija de 16 años lleva toda su vida atendiendo a su hermano y lo hace perfectamente, pero ahora dicen que los menores no pueden entrar como acompañantes”, lamenta Gisela, calificando la medida de otra complicación “injustificada”.

Según relatan, el club les ha llegado a sugerir el uso de voluntarios -que proporcionaría el Racing- para atender a las PMR, una propuesta que la presidenta de Asemcan ha tachado de “locura”: “Un voluntario cualquiera no sabe cómo movilizar a mi hijo para llevarle al baño o cómo actuar ante una urgencia médica”.

“Discriminación cero” y mejor visibilidad, según el Racing

En respuesta a las preguntas de elDiario.es, desde el Real Racing Club, su director de comunicación y portavoz, Roberto González, ha negado que exista una queja formal de una veintena de socios, atribuyendo el escrito únicamente a la presidenta de Asemcan y negando que hubiera “siquiera 20 abonados PMR la pasada temporada”, pero sin especificar el número preciso.

De otro lado, según González, el cambio de ubicación responde a dos objetivos: “mejorar la visibilidad” y garantizar que “no exista ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa” entre los abonados. “Ahora podrán vivir intensamente los partidos junto a todos los aficionados de Preferencia Sur. Desgraciadamente, y dependiendo del viento, un tercio de los asientos del estadio, todas las preferencias, están sujetas a las inclemencias de la lluvia. También la esquina en donde habían estado hasta ahora las personas con movilidad reducida”, alega.

Respecto al cobro a los acompañantes, González defiende que un descuento del 50% es “de lejos, el mayor de los existentes en el club”, comparándolo con el 15% que reciben los abonados Oro más antiguos del club. El portavoz racinguista asegura también que aquellas familias con dificultades económicas pueden solicitar ayudas a la Fundación Racing en la taquilla del estadio.

En cuanto a la obligatoriedad de que los carnés de acompañante sean nominativos, el portavoz explica que el sistema no permite abonos sin asignar, aunque sostiene que en los accesos “no se hacen controles de identificación” estrictos y que, “si la persona con movilidad reducida lo desea, excepcionalmente, puede solicitar poner los dos abonos, el suyo y el del acompañante, a su nombre”.

Conflicto entre el club y el Ayuntamiento de Santander

La accesibilidad del estadio de El Sardinero es un problema que va más allá de los asientos. Gisela y Miguel Ángel recuerdan la falta de ascensores y rampas adecuadas, así como el estado de los baños. Miguel Ángel teme que los baños compartidos de la nueva ubicación sean un foco de infección: “Si hay una cola y el baño de discapacitados está libre, entrará todo el mundo; el agua sucia que se forme en el suelo me la llevaré en las manos al mover mi silla, que es manual”.

El portavoz del Racing traslada la responsabilidad de estas mejoras estructurales al propietario de la instalación: el Ayuntamiento de Santander. “El Racing lleva años reclamando una actuación, ya que no solo las personas con movilidad reducida, sino cientos de nuestros abonados veteranos deben renunciar a acudir al estadio por las escaleras”, lamenta.

Según el club, existe un proyecto de renovación integral que incluye ascensores en las zonas Este y Oeste, pero “a pesar de la sensibilidad de ambas partes”, sigue siendo un “tema pendiente de resolver” dentro del convenio de mantenimiento con el Consistorio santanderino.

¿Qué dice la normativa?

Lo cierto es que la nueva política que ha decidido aplicar el club cántabro en su regreso a Primera División choca, en primer lugar, con su propio 'Reglamento Interno del Recinto Deportivo Campos de Sport de El Sardinero' aprobado en 2019 y que en su página 48 recoge lo siguiente:

Movilidad Reducida.- Se trata de un abono personal e intransferible exclusivamente para abonados/as con movilidad reducida que vayan en silla de ruedas. Ubicados en la zona asignada de preferencia norte-este, con acceso exclusivo por puerta 7. Para darse de alta por primera vez, es indispensable presentar el certificado de discapacidad correspondiente que en todo caso deberá ser superior al 65% de grado de discapacidad física. Cada abonado/a con movilidad reducida podrá acceder con un acompañante.

De otro lado, la legislación nacional más reciente, el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, establece en su artículo 11 que los asistentes personales o personas de apoyo tienen derecho a acompañar a la persona con discapacidad a los servicios de atención al público “siempre que esta así lo requiera, sin que ello suponga un sobrecoste para dichas personas”.

En cuanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque no regula los precios en Primera División (dejando libertad a cada club), sí establece para los eventos que organiza directamente (como la Copa del Rey o partidos de la Selección Española) que “la entrada para la persona usuaria de silla de ruedas incluye una invitación gratuita para el acompañante”.

Esta normativa refuerza la postura de Asemcan, desde donde inciden en que gran parte de los clubes de La Liga aplican la gratuidad total entendiendo el asiento como una “extensión” de la PMR. En consecuencia, a medida que se acerca el inicio de la liga, el próximo 15 de agosto, el malestar crece en el grupo de WhatsApp que comparten estos aficionados, que ya barajan medidas de protesta como acudir al primer partido del Racing con pancartas que denuncien su “exilio”.

“Solo pedimos que recapaciten; no es un capricho, es una cuestión de derechos básicos”, concluye Gisela. “Siento que nos han tratado bastante mal, no nos han querido escuchar y cuando se les ha preguntado hemos recibido muy malas contestaciones”, sostiene Miguel Ángel. “El Racing no se ha portado bien. Cuando estábamos en Segunda B íbamos cuatro pelagatos, pero ahora que el campo está lleno…”, sentencia.

La doctora en Ingeniería Industrial y profesora de Ingeniería Eléctrica Raquel Martínez ha analizado la situación energética de Cantabria en el marco de un curso de verano monográfico de la Universidad de Cantabria sobre la capacidad de la comunidad para valerse de sus propios recursos mineros y energéticos. Martínez ha participado en 28 proyectos de investigaciones y actualmente forma parte del Grupo de Tecnologías Electro‑Energéticas Avanzadas (GTEA) de la UC, contando con una amplia trayectoria en la investigación de la integración de energías renovables y eficiencia energética. Además, es coordinadora del máster en Formación Permanente en Energías Renovables y Gestión Energética.

El título de su curso menciona el “abastecimiento sostenible de Cantabria”. ¿Es realista pensar que la región puede ser autosuficiente?

Es fundamental empezar aclarando que hablar de un autoabastecimiento total es, en la práctica, una utopía. Especialmente en el ámbito energético, no tiene sentido plantearse la autonomía absoluta de una sola región. Formamos parte de un mercado eléctrico integrado a nivel nacional e incluso europeo, lo que significa que la electricidad fluye según la eficiencia del sistema global. El objetivo real que debemos perseguir es una estrategia para reducir las dependencias externas y participar de forma activa en ese paradigma de generación. En este mercado único, técnicamente nos es indiferente si la energía se genera en Madrid, Andalucía o aquí, pero lo que sí es vital para Cantabria es “poner su granito de arena” aprovechando los recursos en los que somos competitivos para fortalecer el sistema conjunto.

Siendo así, ¿podría estimarse un porcentaje aproximado del potencial real de autonomía de la región sin caer en expectativas falsas?

Como ingenieros, podemos calcular cifras exactas sobre el potencial técnico basándonos en los recursos naturales disponibles, como el viento o el agua. Sabemos que Cantabria es rica en estos recursos, pero los proyectos no surgen de forma automática solo por existir el recurso. La viabilidad de una instalación depende de un equilibrio extremadamente complejo: financiación asegurada, cumplimiento estricto de normativas medioambientales y soluciones técnicas que se adapten a terrenos a veces muy difíciles. Por tanto, más que dar un porcentaje de autonomía, lo que analizamos es la capacidad de desarrollar proyectos que sean económica, técnica y ambientalmente viables.

El autoabastecimiento total de Cantabria es una utopía, la clave es la diversificación

En la formulación del curso se ha mencionado que uno de los principales obstáculos en Cantabria para las renovables es social. ¿Por qué ese rechazo es tan fuerte en nuestra comunidad?

Cantabria tiene una identidad muy vinculada a su entorno natural y actualmente su economía está muy enfocada hacia el turismo. Esto genera una sensibilidad especial ante cualquier instalación que pueda alterar el paisaje. El rechazo social suele estar motivado principalmente por el impacto visual o ambiental en nuestras montañas, incluso cuando hablamos de instalaciones cuya naturaleza es, irónicamente, sostenible, como los parques eólicos. Las barreras técnicas o administrativas son superables mediante ingeniería y localización adecuada, pero la barrera social es la más difícil de gestionar. A menudo, no basta con ofrecer compensaciones económicas; el ciudadano siente que pierde algo que el dinero no puede pagar, que es su entorno.

¿Qué se puede hacer para superar esa barrera social o alcanzar un equilibrio?

El cambio de mentalidad es notable. Actualmente, cualquier gran proyecto —ya sea energético o minero— incluye planes de restauración medioambiental extraordinariamente minuciosos. Durante el curso hemos visitado instalaciones como el parque eólico del Escudo y Dolomitas del Norte, y hemos comprobado que una parte muy sustancial del presupuesto total se destina ahora a la recuperación del entorno. Estas medidas, que hace unos años eran mínimas o inexistentes, hoy son centrales en los proyectos. Existe un esfuerzo técnico real por alcanzar una “paz social” con las comunidades locales y cumplir con una legislación de evaluación ambiental que en Cantabria se mira con lupa.

Si tuviera que marcar una hoja de ruta estratégica en clave energética para Cantabria en la próxima década, ¿por dónde empezaría?

La clave es la diversidad de fuentes. No podemos jugarlo todo a una sola carta tecnológica. Cantabria tiene un recurso eólico muy potente y cierto potencial hidráulico que debemos aprovechar. Sin embargo, debemos ser inteligentes: no tiene sentido promover aquí macroparques fotovoltaicos si sabemos que en otras regiones de España el sol rinde mucho más. Cada territorio debe aportar aquello en lo que es más eficiente para el mercado común. Además, hay un factor invisible pero crítico: la red eléctrica. No sirve de nada generar energía limpia si no desarrollamos y modernizamos la red para que esa electricidad se pueda integrar y transportar de forma efectiva.

La guerra de Ucrania dejó al descubierto nuestra vulnerabilidad energética. ¿Hemos aprendido alguna lección?

La crisis de Ucrania fue un duro recordatorio de que la geopolítica es básica en el tema energético. Nos enseñó que debemos reducir la dependencia del exterior, pero hay un matiz importante: la independencia que nos dan las renovables es relativa. Es cierto que el viento y el sol son “nuestros”, pero la tecnología necesaria para transformarlos en electricidad no siempre lo es. Gran parte de los componentes de los paneles solares o de la electrónica de control provienen de países como China. Si surge un conflicto internacional o tensiones arancelarias, pasamos de depender del combustible a depender de la tecnología y los componentes, como ya hemos visto en los sectores del automóvil o la telefonía. La independencia absoluta al 100% no existe; lo que buscamos es reducir la incertidumbre ante la volatilidad global.

Como experta, ¿cree que la actual regulación del mercado eléctrico, protege al consumidor de estos vaivenes?

La liberalización del mercado en España viene de una ley de 1997, así que no es algo nuevo, aunque ha costado hacerla efectiva. Un mercado libre permite que los precios bajen cuando hay mucha oferta, como ocurre ahora en las horas de sol gracias a la fotovoltaica, lo cual es muy beneficioso para el consumidor. Pero la otra cara de la moneda es que, ante una crisis geopolítica, los precios se disparan. Existe la tentación de intervenir el mercado para bajarlos artificialmente, pero debemos ser conscientes de que eso genera un “déficit de tarifa”. Al final, la energía no es gratis y lo que no se paga en la factura eléctrica se acaba pagando vía impuestos.

La energía no es gratis y lo que no se paga en la factura eléctrica se acaba pagando vía impuestos

El cambio climático ya es una realidad en el norte de España. ¿Cómo puede afectar esto al consumo energético en Cantabria?

Es una realidad absoluta que estamos notando todos. Hasta hace poco, el aire acondicionado era algo casi anecdótico en Cantabria, pero ahora ya se implementa en casi todos los edificios nuevos y oficinas de la administración. Esto, sumado a la necesaria electrificación de la economía —sustituir calderas de gas por aerotermia y bombas de calor—, va a disparar la demanda eléctrica en la región. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya contempla este aumento. Para absorberlo sin colapsar el sistema ni los precios, el autoconsumo será la pieza maestra.

Por tanto, ¿es el autoconsumo la solución definitiva para el ciudadano particular?

Es una parte fundamental de la solución porque fomenta la generación distribuida, restando peso a las grandes centrales. En 2019 hubo un “boom” gracias a una normativa mucho más favorecedora que eliminó las trabas que existían antes. Ahora, en la obra nueva, la integración de renovables es obligatoria por normativa. Aunque los precios del mercado bajen y las instalaciones parezcan menos rentables a corto plazo, el autoconsumo proporciona una estabilidad y una conciencia de participación en la transición energética que el ciudadano valora cada vez más. Al final, se trata de que cada uno aporte su parte para que el sistema sea más robusto frente a las crisis que puedan venir.

La Feria del Libro de Santander y Cantabria (FELISA) ha sido este domingo escenario de una protesta política que se ha saldado con la cancelación de uno de los actos programados en su jornada de clausura. La presentación del poemario 'El dólar de plata', del poeta argentino Marcos-Ricardo Barnatán y su hijo Jimmy Barnatán, ha motivado un sonoro boicot ciudadano en la Plaza Porticada.

La presencia de Barnatán en el programa de FELISA había desatado polémica por sus declaraciones en contra del estado palestino que difunde con asiduidad a través de sus redes sociales. Algunos colectivos habían exigido que se retirase de la Feria.

Desde minutos antes del inicio previsto a las once de la mañana, varios cientos de personas portando banderas palestinas y kufiyyas han rodeado el escenario donde iba a celebrarse la presentación y han ocupado las sillas dispuestas a su alrededor para expresar su rechazo a la presencia del poeta en la feria. Al grito unísono de “no es una guerra, es un genocidio”, los asistentes han impedido que el autor tomara la palabra, forzando a la organización a advertir que, de continuar la interrupción, el acto sería suspendido en cuestión de minutos, como así ha sido finalmente.

Seis agentes de la Policía Nacional han entrado en el recinto de la feria. Varios de ellos han instado a los portadores de simbología palestina y próximos a la pancarta 'Palestina no se vende' a retirarse de las inmediaciones bajo la amenaza de ser sancionados. “O se quedan y los sancionamos o se van”, ha espetado un agente a varias personas que han reivindicado su derecho a la libertad de expresión.

“Están esperando a que les quites el cartel para hacer la foto y poder decir que se lo hemos quitado”, ha señalado otro de los policías nacionales personados en la plaza Porticada en alusión a este medio y otros compañeros de prensa y comunicación que se encontraban trabajando.

“Boicot cultural” contra el sionismo

Sergio Tamayo, representante de la Asociación Interpueblos, ha justificado la acción como una medida necesaria frente a lo que consideran una estrategia de propaganda. “Hemos venido aquí a hacer un boicot cultural a un sionista que defiende que Palestina no existe”. Tamayo considera que este tipo de eventos sirven para “blanquear” la imagen del Estado de Israel, una práctica “financiada durante años a nivel global”, ha recordado.

El activista ha hecho referencia a recientes declaraciones del autor en redes sociales que ha sido lo que, desde que se anunció la presencia de Barnatán en el programa de Felisa, ha motivado la reacción de varios colectivos sociales cántabros.

“Este hombre ha escrito en un tweet que en Cantabria hay 800 integrantes de Hamás, cosa que es mentira, pero es ese tipo de discurso que va calando”, ha resaltado. Tamayo ha recalcado que para su asociación el sionismo representa “una lacra” responsable del asesinato de miles de personas durante décadas de ocupación.

Cuestionamiento del uso del espacio público

En la misma línea se ha pronunciado María Toca, presidenta de la asociación cultural Ágora Luis Toca. “La presencia de Barnatán en un evento sostenido con fondos municipales resulta inadmisible”. “Es muy triste que la ciudad de Santander utilice un espacio público como es la feria del libro para blanquear el estado sionista y genocida”, ha lamentado.

Frente a las críticas de quienes acusaron a los manifestantes de atacar la libertad de expresión cultural, Toca se ha mostrado contundente: “No reventamos actos culturales, estamos poniendo la voz y el cuerpo para defender a un pueblo que está siendo masacrado”. Según la gestora cultural y también escritora, la cultura no debe ser utilizada como un escudo para figuras que, a su juicio, mantienen posturas que desprecian la vida del pueblo palestino, una situación de violencia que, recordó, “viene de muy atrás”.

Respuesta de la organización

Paco Gómez Nadal, coordinador de la feria y representante del Gremio de Libreros de Cantabria, ha explicado que la organización fue consciente de la polémica días antes, pero decidió mantener la programación al tratarse de una obra poética y no de un foro político.

“Habíamos programado a un poeta. Nos enteramos hace días de sus opiniones sionistas y el gremio decidió que no estaba invitado para hablar ni de Israel ni de Palestina”, ha aclarado Gómez Nadal. El responsable de la feria ha considerado que la policía ha gestionado la situación con prudencia, evitando realizar identificaciones para no generar “multas muy altas” a los manifestantes, cosa que él mismo advirtió por micrófono tras cancelarse el acto y decidir mantener únicamente la firma de libros de los Barnatán.

Gómez Nadal ha querido paragonar lo ocurrido este domingo con la presentación celebrada la jornada anterior, en la que dos autores palestinos, Kayed y Amal Hammad “pudieron expresarse ante 200 personas con total libertad, sin que nadie interrumpiera su discurso”, a su modo de ver. A juicio de Gómez Nadal, “hoy se ha silenciado la palabra. Nos falta mucho recorrido para que sea una sociedad plenamente democrática”, ha concluido el organizador, calificando el boicot como un acto triste para la convivencia en la ciudad.

Santander ha vivido este sábado una nueva jornada de movilización en defensa de la sanidad pública. Más de un millar de personas, convocadas por una variada representación de colectivos sociales, políticos y sindicales, y que ha superado las previsiones iniciales, han marchado por el centro de la ciudad para denunciar que “la salud no es un negocio”.

Unidos bajo el mensaje de cabecera “Sanidad pública y de calidad, sin recortes. No a la privatización”, los asistentes han recorrido el centro de la ciudad desde Numancia hasta la plaza del Ayuntamiento, han exigido el fin de lo que consideran un desmantelamiento programado del sistema sanitario público en la comunidad.

“Estrategia ideológica de cambio de modelo”

Charo Quintana, una de las portavoces del movimiento, se ha mostrado tajante al afirmar que la movilización no responde a incidentes puntuales, sino a una deriva peligrosa del sistema. “Hemos salido a la calle porque vemos con triste claridad que nuestro sistema sanitario público en Cantabria está en riesgo”, ha explicado Quintana a elDiario.es.

La portavoz ha recordado que el derecho a la asistencia sanitaria es un “derecho humano fundamental” que, paradójicamente, siempre requiere de defensa activa por parte de la ciudadanía. En su opinión, lo que Cantabria atraviesa actualmente no son problemas aislados, sino que “existe una estrategia, una política ideológica clara que persigue cambiar nuestro modelo”. Un modelo, ha subrayado, que “debería basarse siempre en la solidaridad, la universalidad, la calidad y la seguridad asistencial”.

“Lo público se defiende”

Tras la cabecera de la movilización se han situado la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria (ADSPC), la Coordinadora Cántabria por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, trabajadores de los hospitales de Laredo, Valdecilla y Tres Mares, la Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) y representantes de los partidos políticos PSOE, PRC, IU, Podemos y Cantabristas, entre otros. Entre las autoridades locales y regionales presentes, han asistido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), y la diputada del Grupo Regionalista Paula Fernández, ambos candidatos a las próximas elecciones autonómicas.

A lo largo del recorrido, los asistentes han coreado consignas como: “La sanidad pública no se vende, se defiende” y “Gobierne quien gobierne, lo público se defiende”. Otro de los gritos más repetidos ha sido “ni un paso atrás, por la sanidad pública con dignidad” y críticas directas al Ejecutivo regional, llegando a proclamar que “el Partido Popular para la sanidad pública es una enfermedad”.

Privatización y falta de recursos

Días previos a la marcha de este sábado, los convocantes han puesto sobre la mesa situaciones concretas como el estado de la atención primaria y la red rural. Cabe recordar que este verano un total de 80 consultorios rurales de Cantabria no contarán con médico.

De igual modo se ha reclamado que los 250 millones de euros destinados al concierto con el hospital privado Santa Clotilde “vuelvan a nuestro sistema sanitario público”. Los convocantes han advertido de que el desvío de fondos hacia intereses privados no es solo una cuestión de gestión económica, sino que tiene consecuencias directas en la salud pública: empeoramiento de las listas de espera y una rebaja progresiva de las capacidades del Sistema Cántabro de Salud.

Y es que los colectivos participantes han coincidido en rechazar un modelo donde “se consolidan conciertos estructurales de larga duración” y se facilita el acceso empresarial a datos sanitarios.

La convocatoria ha concluido con la lectura de un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento en el que los colectivos convocantes han defendido que la asistencia sanitaria constituye un derecho humano fundamental que se encuentra “seriamente amenazado, tanto en Cantabria como en el conjunto del Estado”. El texto ha reivindicado el papel de la sanidad pública como “uno de los principales pilares de cohesión social”, y ha destacado su contribución a reducir las desigualdades, generar empleo de calidad e impulsar la investigación y la innovación.

La situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo, dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), permanece en un punto crítico que las trabajadoras califican de insostenible.

Tras las movilizaciones iniciadas en mayo para denunciar la falta estructural de personal y la degradación de la calidad asistencial, la plantilla advierte que las medidas temporales adoptadas no solo son insuficientes, sino que la presión asistencial ha aumentado con nuevos ingresos mientras el personal facultativo se reduce a niveles alarmantes.

Ante este escenario se ha convocado una nueva concentración de protesta el próximo 3 de julio a las 14:30 horas a las puertas del centro en Laredo, tras la llevada a cabo en la sede del ICASS, el pasado 28 de mayo.

Según recuerda Anjana González, auxiliar de enfermería del centro, el ICASS ofreció inicialmente la contratación de nueve efectivos de “acúmulo de tareas” por seis meses, una medida que los trabajadores veían como un parche temporal urgente bajo la promesa de modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), inalterada desde 2019.

Sin embargo, tras la intervención del comité de empresa (UGT, CCOO, TU y SIEP), la cifra se redujo a ocho acúmulos. “El comité interpretó que buscábamos negociar, cuando solo queríamos exponer una problemática y obtener soluciones”, ha explicado González. Solo el sindicato CSIF, junto a SUC y otros sindicatos independientes, han sido los únicos en desmarcarse del acuerdo para apoyar las reivindicaciones directas de la plantilla.

Actualmente solo quedan cuatro meses para que estos contratos temporales finalicen, sin que se vislumbre una solución estructural.

Un solo enfermero para cuatro plantas

La denuncia más grave que surge en las últimas semanas es la drástica reducción del personal de enfermería. “La decisión del ICASS de dejar a un solo enfermero por turno para cubrir las necesidades de las cuatro plantas del centro está obligando a las auxiliares y sociosanitarios a asumir tareas para las que no están capacitadas ni supervisadas”, lamenta González.

“Estamos supliendo funciones que no nos competen, como la administración de medicación, lo que repercute directamente en la seguridad y salud de los residentes”, advierte.

Esta situación se suma a la carga de trabajo ya denunciada anteriormente, donde el personal apenas dispone de 10 minutos para el aseo de grandes dependientes o se ve obligado a reducir el tiempo de comida de los usuarios a 15 minutos, cuando algunos requerirían hasta 45 por problemas de disfagia (dificultad para tragar).

Más ingresos de pacientes

La portavoz denuncia que a pesar de las protestas y de la evidente falta de manos, la administración no ha paralizado la entrada de nuevos residentes. “Este último mes se han contabilizado cuatro nuevos ingresos”, lo que ha llevado a algunas plantas a completar su aforo máximo, según González.

Desde el ICASS se alega que el centro cumple con los ratios legales, pero los trabajadores rebaten este argumento señalando que no se tiene en cuenta el perfil del usuario actual. “Trabajamos con grandes dependientes que requieren atención en parejas”, explican, subrayando que la organización del trabajo es imposible cuando “se necesitan cinco manos y solo tienes dos”.

Un problema que afecta a toda la ciudadanía

Ante lo que consideran una “falta de respuesta” por parte del Gobierno de Cantabria, la plantilla ha iniciado una ronda de reuniones con diversas asociaciones y partidos políticos para dar voz a lo que califican como “la punta del iceberg” de un problema de gestión pública.

Las profesionales insisten en que no se detendrán hasta que se garantice una atención de calidad, advirtiendo que la degradación del servicio es una problemática que afecta a toda la ciudadanía y al futuro de la atención a la dependencia en la región.

La formación Cantabristas ha anunciado la convocatoria de una concentración para este viernes, 3 de julio, a las 18:00 horas en la Plaza de la Constitución de Laredo. La movilización ciudadana se presenta como una respuesta directa a lo que la organización define como un “boicot antidemocrático” orquestado por el Ayuntamiento de la villa, actualmente bajo el gobierno del Partido Popular.

El conflicto se originó el pasado sábado, 27 de junio, cuando un acto público programado por la formación fue interrumpido e impedido por la intervención de la Policía Local. Según denuncian los organizadores, la fuerza pública actuó siguiendo órdenes de precintar el área, imposibilitando el desarrollo normal de la jornada política en la vía pública.

Javier Mata, portavoz local de Cantabristas Laredo, ha sido contundente al calificar esta intervención como una decisión “totalmente antidemocrática” que vulnera los principios más básicos de la participación ciudadana.

Mata ha subrayado que el objetivo primordial de la protesta de este viernes es visibilizar la repulsa colectiva ante la actitud de la alcaldía. El portavoz ha denunciado que el bloqueo de un acto político en espacios públicos representa un ataque frontal a los derechos de reunión y expresión. “Creemos que ese boicot del Ayuntamiento es algo inaudito, es intolerable, que ha vulnerado derechos fundamentales”, ha afirmado, insistiendo en que este tipo de actuaciones no deben quedar impunes en un sistema democrático.

Desde la agrupación local se ha realizado un llamamiento extensivo a toda la sociedad cántabra para que se sume a la defensa del ejercicio de los derechos y del uso del espacio público.

Para Cantabristas, lo ocurrido en Laredo trasciende las siglas del partido y afecta a la calidad democrática de toda la comunidad, argumentando que las plazas y calles deben ser lugares de encuentro y debate libre.

La formación ha sido tajante al recordar que las administraciones locales no pueden situarse por encima del ordenamiento jurídico. En este sentido, Javier Mata ha hehco hicapié en una premisa básica para la convivencia: “Nadie, ni el alcalde, está por encima de la ley”.

Con esta concentración, Cantabristas busca que la vulneración de estos derechos fundamentales “tenga consecuencias” y se garantice, de ahora en adelante, el respeto a la actividad política en la vía pública.

Unidos x Laredo solicita el expediente administrativo

La formación Unidos x Laredo se ha unido a las críticas y ha señalado que lo sucedido el pasado sábado “empieza a formar parte de un patrón de actuación institucional profundamente preocupante”.

Así, desde el partido consieran que “afirmaciones públicas tan contundentes como que un acto carecía de autorización o de comunicación administrativa, deben acreditarse en documentos oficiales, expedientes e informes. No basta con decirlo. Hay que poder demostrarlo”.

Por ese motivo, Unidos x Laredo ha registrado una solicitud para acceder íntegramente al expediente administrativo y conocer exactamente qué documentación respaldaba las manifestaciones públicas realizadas desde la Alcaldía. “En un Estado de Derecho las instituciones hablan a través de los expedientes, no de las ocurrencias”, ha añadido la formación en un comunicado.

Unidos x Laredo ha recordado que “el Ayuntamiento no pertenece al alcalde, la Policía Local no está para resolver discrepancias políticas” y “las instituciones no pueden utilizarse para decidir quién habla y quién no habla”, incidiendo en que “mucho menos cuando están en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política o el derecho de reunión”.

“Si las afirmaciones realizadas por la Alcaldía son ciertas, bastará con exhibir el expediente y toda la documentación que las respalde. Especialmente lo relativo a la autorización o no de la Delegación del Gobierno”, han argumentado. “Si no lo son, estaremos ante un problema mucho más grave: el de una institución que habla antes de comprobar los hechos”, ha concluido la formación política.

“Vivienda ideal para personal sanitario. A escasos metros del hospital Valdecilla. Cuatro habitaciones. Disponible en julio y agosto. 3.000 euros al mes. Si vas a trabajar este verano en Santander y buscas una vivienda amplia, cómoda y perfectamente ubicada, esta puede ser una excelente opción. Especialmente adecuada para médicos internos residentes (MIR), enfermeros, fisioterapeutas, personal sanitario desplazado o equipos profesionales que necesiten alojamiento temporal durante los meses de verano”.

La irrechazable propuesta de este anuncio -publicado en un popular portal inmobiliario- consiste en pagar 750 euros por una habitación en un piso compartido con otras tres personas. No concreta si quiera los metros del piso, pero sí que cuenta con dos baños “completos” con plato de ducha y mampara, todo un lujo también a compartir entre cuatro inquilinos.

De otro lado, en el grupo de Facebook 'Alojamiento para personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud', alguien escribe: “Busco piso en Santander, Torrelavega y alrededores de menos de 600 euros. Soy sanitaria de larga duración”. Son solo algunos ejemplos de lo que una persona en búsqueda activa de vivienda en Cantabria se puede encontrar estos días.

Si bien la normalización de prácticas abusivas dificulta más, si cabe, el acceso a una vivienda de las personas con menos recursos, los desproporcionados precios del mercado del alquiler en Cantabria acentúan a su vez la llamada ‘fuga de talento’.

La crisis de vivienda es ya una realidad para colectivos cualificados como personal sanitario, docentes, empleados públicos o universitarios que ven condicionadas sus decisiones y proyectos de vida a las soluciones habitacionales disponibles (o inexistentes). El impacto es todavía mayor a las puertas del verano, una época en la que los anuncios de alquiler no estacional prácticamente desaparecen de los portales inmobiliarios.

Los médicos MIR que pierde Valdecilla

El alto precio de la vivienda en Santander influyó decisivamente para que Miguel (25 años, Oviedo) renunciara a hacer el MIR en el Hospital Valdecilla. Explica que para un residente de primer año en Santander que realiza dos guardias, el sueldo ronda los 1.600 euros. Cuando el año pasado barajó la posibilidad de elegir Santander como destino para hacer su residencia los alquileres de pisos completos se situaban entre los 900 y 1.000 €, mientras que una habitación en piso compartido no bajaba de los 500 €. Admite que esto hace que sea “muy difícil vivir de forma independiente sin ayuda familiar” o sin ver seriamente mermada la capacidad de ahorro.

En su opinión, el problema principal en Santander no es solo el precio, sino la disponibilidad anual. “Muchos caseros solo alquilan de septiembre a junio, reservando los meses de verano para el turismo. Dado que los residentes suelen incorporarse en el mes de junio, este modelo de alquiler es ”muy limitante“ e incompatible con su vida profesional.

Aunque la vivienda, dice, no fue el único factor, Miguel admite que sí influyó en que decidiera finalmente quedarse en Oviedo.

Profesores interinos destinados a zonas costeras

La situación tampoco es muy halagüeña después del verano. Docentes interinos o sanitarios que llegan en septiembre a municipios como Laredo, Noja, Santoña, Castro Urdiales, Suances o Comillas descubren que apenas hay alquiler anual. Los propietarios prefieren contratos de 9 o 10 meses y deben abandonar la vivienda en junio.

Hay ayuntamientos, centros de salud o colegios que tienen problemas para cubrir plazas porque los trabajadores no encuentran vivienda cerca o porque los alquileres son incompatibles con sus salarios. La cuestión es cómo atraer profesionales a determinadas zonas si no existe vivienda disponible.

Santander, ciudad universitaria cada vez menos accesible

Otra de las preguntas que surgen alrededor del problema habitacional es si puede una ciudad seguir siendo atractiva para estudiantes de enseñanzas superiores o personal investigador si el alojamiento consume una parte creciente de sus becas, salarios y ayudas familiares.

Lorena (23 años, Alicante) acaba de concluir el tercer curso del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Santander y a pesar de contar con varias ofertas para hacer prácticas en medios de comunicación este verano, no ha podido quedarse en Cantabria. Su presupuesto no le permite costearse los 1.400 euros al mes que su casera les pide a ella y a su compañera en verano por el piso que comparten en la zona de Puertochico y que durante el curso académico les cuesta 850 €. Ni siquiera el hecho de volver a renovar el contrato de alquiler a partir del mes de septiembre para el curso 2026-27 les ha servido para obtener un trato preferente o cierta rebaja en el periodo estival por parte de la propietaria.

Lorena lamenta que sus decisiones estén totalmente condicionadas por esta situación. “Es triste, porque sabes que estás perdiendo oportunidades por el hecho de no tener donde vivir y piensas ¿y si este tren no vuelve a pasar?”, admite con un tono de resignación que invita a reflexionar sobre en qué momento la sociedad comenzó a fallarle a los de su generación. “Llevo cinco años viviendo en Santander y me acuerdo el primer año de estar mirando pisos con compañeros y había bastantes de 600 o 650 euros y ahora no bajan de 800 u 850” y “también han aumentado mucho los anuncios que directamente solo quieren alquileres temporales”, añade.

La situación de Pedro, estudiante de 4º curso de ADE (Administración y Dirección de Empresas), es similar. El piso que comparte con otros tres compañeros de universidad y por el que pagan 1.400 euros en la zona centro de Santander casi duplica su precio en verano, alcanzando los 2.600 euros de renta. En su caso tiene exámenes de convocatoria extraordinaria hasta el 14 de julio, por lo que está obligado a quedarse y más teniendo en cuenta la distancia que le separa de su lugar de origen, México.

“Tengo unas amigas que me prestan su sofá la primera semana de julio, porque los exámenes extraordinarios acaban el día 14 y yo tengo que dejar el piso donde vivo a finales de junio”. Después, otras compañeras de estudios le acogerán una semana en el salón de su piso de tres habitaciones, en el que vaticina que van a coincidir unos ocho estudiantes expulsados igualmente por la avaricia de los alquileres vacacionales.

La residencia universitaria tampoco es una opción alcanzable para ninguno de ellos. El coste de una habitación tipo estudio se sitúa alrededor de los 800 €, según detallan.

Como a ellos, que están formándose para abrirse puertas en el mercado laboral, la dificultad para alquilar afecta directamente a quienes podrían cubrir vacantes en sanidad, educación o sectores tecnológicos. Y cuando un territorio no puede ofrecer un proyecto de vida a las personas que necesita para sostener sus servicios públicos y su economía, el problema deja de ser únicamente inmobiliario para convertirse en un problema de futuro.

La cuestión es si una comunidad con una alta tasa de envejecimiento como Cantabria -con un 25% de población mayor de 64 años, según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)- puede permitirse perder talento por culpa de la vivienda.

Sin mención al problema habitacional

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, lamentaba recientemente esa 'fuga de talento' joven de Cantabria y pedía traer de vuelta a quienes se han marchado, debido -en su opinión- a la “menor capacidad del tejido empresarial regional frente a otras comunidades y a la búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo profesional, conciliación, bienestar laboral, inclusión y diversidad” por parte de los jóvenes.

Ante directivos y responsables de Recursos Humanos, Conde reclamaba implantar medidas contra este fenómeno pero sin mencionar el problema de la vivienda. Una omisión significativa en un contexto en el que el encarecimiento de los alquileres y la escasez de oferta se han convertido ya en un factor determinante para fijar o expulsar población joven y cualificada de la comunidad autónoma.

Para David Sanjuan, presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria, las cifras contradicen cualquier discurso de optimismo institucional y advierten de un encarecimiento “clarísimo” del alquiler habitacional, que solo en Santander ha subido un 15%. Sanjuan explica que para los estudiantes que buscan una habitación en pisos compartidos, las opciones “han pasado de costar entre 180 y 250 euros a no bajar ahora de los 300-350 euros”.

El alquiler de una vivienda completa supondría más del 90% de los ingresos de los jóvenes cántabros

Según los datos que maneja el Consejo, el coste de una habitación consume ya casi el 50% del salario neto de un joven en Cantabria, mientras que el alquiler de una vivienda completa supondría destinar más del 90% de sus ingresos. Sanjuan critica que esta precariedad se ve agravada por la “especulación” en periodos estivales, donde muchos propietarios optan por expulsar a los inquilinos jóvenes en junio para priorizar el alquiler turístico, más rentable ante un verano que además tiende a alargarse cada vez más por el cambio climático.

Por su parte, Sanjuan es rotundo al reclamar soluciones jurídicas inmediatas como la declaración de “zonas tensionadas”. En su opinión, esta es la única fórmula actual para “destensionar el mercado” y “frenar una especulación que no solo expulsa a los jóvenes de sus casas, sino que está forzando una emigración laboral agravada por la falta de competitividad de los sueldos frente al coste de la vida en la región”, apunta.

Viviendas de alquiler transformadas en alojamiento vacacional

El precio de los alquileres en Cantabria ha aumentado un 33,6% desde 2015, según el Ministerio de Vivienda. En los municipios más poblados (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales o Laredo) las subidas rondan entre el 31% y el 35%. Y tal como advierte el Consejo de la Juventud, solo el 13,9% de los jóvenes cántabros está emancipado, llegando Cantabria a liderar la tasa más baja de todo el país en tres de los últimos seis años.  

Además, la desaparición de alquileres de larga duración a favor de alquileres temporales para estudiantes o visitantes es directamente proporcional al aumento de viviendas turísticas registrado en Cantabria durante los últimos cinco años.

Según el INE, la comunidad pasó de 4.886 viviendas turísticas en 2020 a 6.229 en 2025, un aumento del 27,5%, mientras que las plazas disponibles crecieron alrededor de un 32%, hasta superar las 32.000. Todo ello pese a que en 2025 se produjo una ligera reducción vinculada a cambios regulatorios y a la depuración de registros.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha comparecido este viernes, acompañada de su equipo de gobierno, para realizar un balance de los tres años de gestión de su legislatura, a menos de un año de que finalice su mandato. Preguntada por elDiario.es sobre la situación de las 107 familias inquilinas de la calle Hermanos Calderón, en Peñacastillo, afectadas por la venta de las viviendas -a las que accedieron por la fórmula de alquiler asequible- por parte de InmoCaixa al fondo Mosaic Propco, Igual ha mostrado su intención de reunirse con ellas. Sin embargo la regidora ha condicionado dicho encuentro con los afectados, quienes denuncian sentirse en una situación de total “indefensión” , a la elaboración de un informe técnico detallado.

Cabe recordar que, a pesar de las insistentes peticiones de mediación enviadas por los vecinos desde el mes de marzo, Gema Igual aún no se ha sentado cara a cara con el centenar de familias a las que el fondo privado amenaza con dejar en la calle. La alcaldesa justifica esta demora en la necesidad de poseer un conocimiento profundo del caso antes de realizar cualquier movimiento político.

Por ello, asegura que lo primero que ha solicitado es el “histórico de todo el documento” para determinar con exactitud cuáles son los derechos y obligaciones de las partes implicadas, así como las posibilidades reales de ayuda que puede ofrecer el Ayuntamiento.

“Para ni ilusionarles ni engañarles, lo que necesito es tener el conocimiento que ya he pedido y que ya me están elaborando”, ha afirmado. La regidora ha querido desmarcarse de lo que considera posturas populistas, señalando que, si estuviera en la oposición, les diría que el problema está solucionado, pero “como gobernante debe actuar bajo el marco de la legalidad y la responsabilidad técnica”.

La mediación de la Sociedad de Vivienda

Frente a las quejas vecinales que apuntan a un “silencio” por parte del equipo de Gobierno desde finales de mayo, la alcaldesa sostiene que la atención a los vecinos sí se está produciendo, aunque a través de otros canales municipales. Igual ha recordado que “cree” que ha sido el gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) quien se ha reunido “al menos en dos o tres ocasiones” con los representantes de los inquilinos. Sin embargo, consultados al respecto, los vecinos niegan ninguna reunión como colectivo y solamente reconocen una reunión con una vecina con el gerente de la SVS: “Por ahora, ni SVS, ni Ayuntamiento”.

Sin embargo, según los afectados, en un primer encuentro el 31 de marzo, el director del SVS afirmó no saber nada de la venta y sugirió que el inmueble debería haberse ofrecido primero al Ayuntamiento. Semanas después, tras revisar los contratos, el gerente cambió de opinión señalando que, al tratarse de vivienda libre sobre suelo privado, el consistorio no tenía derecho de tanteo ni preferencia en la compra.

Para los afectados, la implicación de Gema Igual es una cuestión de responsabilidad moral, ya que el Ayuntamiento de Santander avaló públicamente la promoción inicial de estas viviendas de “alquiler asequible” en 2011, participando incluso en actos oficiales como la entrega de llaves en el Palacio de La Magdalena. Por el momento, la alcaldesa insiste en que no quiere demorar la información y se ha comprometido a mostrar a los vecinos cuándo recibió ella misma la documentación técnica para demostrar que no ha habido dejadez en su gestión.

Cumplimiento “del 85,1%”

La regidora ha destacado el grado de cumplimiento del 85,1% de su programa electoral, con “256 de las 301 medidas prometidas ya implantadas o en fase de ejecución” al tiempo que ha subrayado la solvencia económica del municipio, que maneja un presupuesto de 275 millones de euros con una deuda de “apenas el 11%” y “sin haber subido impuestos en 13 años”. Igual ha resaltado a su vez haber superado el aislamiento institucional inicial mediante la “recuperación del diálogo” y la puesta en marcha de proyectos conjuntos con el Puerto de Santander y los gobiernos regional y central.

En lo que ha calificado de “una visión de ciudad a largo plazo”, ha recordado el impulso a proyectos que trascienden la legislatura actual, como la reordenación ferroviaria, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, tras haber sido paralizado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, “espera, por la experiencia de otros casos anteriores, esté listo en tres meses” y la consolidación de Santander como referente cultural con las obras del Reina Sofía, el MUPAC o Faro Santander. En el aparatado de gestión interno, Igual ha destacado la “estabilización del personal municipal a través de 31 procesos selectivos en marcha” y “la actualización de ordenanzas clave en materias como limpieza, bajas emisiones y terrazas”.

La regidora ha destacado también la construcción de vivienda protegida en zonas como El Alisal o El Cabildo, dando especial relevancia a la importancia de “la colaboración público-privada” en todos los ámbitos.

700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.

El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según  los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.

La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.  

Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).

La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.

Un derecho convertido en barrera de exclusión

Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.

De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.

Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.

No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.

El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.

‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón

En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.

Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.

Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.

Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).

Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo

A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.

Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.

Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.

Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”

A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.

La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.

La urgencia de una alternativa social

Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).

La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.

La pérdida de flota sitúa al sector pesquero cántabro en mínimos históricos. Según datos de la Federación de Cofradías de Cantabria, la flota de embarcaciones pesqueras de la comunidad se encuentra en sus niveles más bajos en años. La situación es especialmente crítica en el segmento de artes menores -pesca cerca de la costa-, que actualmente cuenta con solo 64 barcos en activo tras haber perdido nueve unidades en lo que va de 2026.

La flota de cerco -dedicada a captura de sardina, anchoa o caballa- la componen apenas 30 embarcaciones, con una pérdida constante de una o dos unidades anuales. Esta merma de barcos no solo supone una pérdida económica, sino el desmantelamiento de un modo de vida que ha definido al litoral de Cantabria durante siglos.

En concreto, la estampa del frente marítimo de Santander está cambiando de forma acelerada. Donde antes dominaba el ajetreo de barcos yendo y regresando de faenar a la lonja, hoy son cada vez más habituales las imponentes siluetas blancas de grandes ‘hoteles flotantes’ circulando por la canal.

El Puerto de Santander ha consolidado una apuesta decidida por el turismo de cruceros, un sector que vive un momento de gloria con cifras que este 2026 baten todos los registros previos.

La apuesta por el turismo como motor estratégico

Frente a la crisis del sector primario, la política institucional se ha volcado en la marca 'Santander Cruise Deluxe'. Esta alianza entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de la capital y el Puerto busca posicionar a la comunidad como el referente de cruceros premium en el norte de España.

Las previsiones para esta temporada son históricas: 38 escalas y más de 60.000 turistas. El retorno para la ciudad se articula a través del desembarco masivo de pasajeros que, durante sus horas de escala, supuestamente consumen en la oferta gastronómica, visitan centros culturales y realizan excursiones por diversos puntos de la región.

A finales de este mes de mayo, el puerto fue testigo de la visita simultánea de buques como el Ventura, con capacidad para 3.300 pasajeros y una tripulación formada por 1.200 personas, y el World Voyager, con 200 turistas a bordo y 125 tripulantes. Entre ambos casi unas 5.000 personas.

César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, destaca que este mercado no solo favorece la desestacionalización del turismo, sino que aún cuenta con un “importante margen de crecimiento”. El objetivo es claro: convertir a Santander en el puerto de referencia para los cruceros de lujo, aprovechando la comodidad de un atraque situado en pleno corazón de la ciudad.

Un futuro incierto entre el lujo y la tradición

Sin embargo, la convivencia entre el modelo de puerto turístico de éxito y la supervivencia de la pesca tradicional parece cada vez más difícil especialmente en puertos como el de Santander. Mientras la Autoridad Portuaria celebra el éxito de sus gestiones internacionales en ferias como Seatrade Miami, los pescadores locales ven cómo su infraestructura básica, como el puente de acceso a la lonja, no goza del mantenimiento adecuado.

Agustín Trueba, secretario de la Cofradía de Pescadores de Santander, confirma que la flota de la capital se encuentra bajo mínimos. Actualmente, la cofradía cuenta con solo nueve barcos de artes menores. Aunque es la misma cifra que se registró en 2025, supone un descenso significativo respecto a 2024, cuando todavía faenaban 12 embarcaciones. Esta reducción del 25% en apenas dos años ilustra la velocidad a la que el sector está desapareciendo en la propia bahía santanderina.

Trueba pone el foco en una infraestructura que se ha convertido en el principal enemigo de los marineros: el puente levadizo de Raos. La avería prolongada de esta estructura el pasado año, que se mantuvo inoperativa entre febrero y octubre, dice que sin duda “ha incidido muy negativamente en la actividad pesquera”.

Este periodo de bloqueo, fue una de las causas, según Trueba, de que se descargase un 50% menos de bocarte (anchoa) en la lonja santanderina durante la última costera, ya que los barcos de mayor porte no podían acceder al punto de subasta y se veían obligados a descargar en puertos vecinos como el de Santoña.

Hasta la fecha, solo se ha reparado una de las dos hojas del puente. Aunque la autoridad portuaria se comprometió formalmente a tener lista la segunda hoja en un plazo de dos meses -desde febrero que se reparó la primera-, ya han transcurrido cuatro y el mecanismo sigue sin funcionar en su totalidad, recuerda el secretario de la cofradía santanderina. Según Trueba, aunque en principio los barcos actuales pueden pasar con una sola hoja abierta, “en el momento en que surja cualquier mínima avería técnica en la hoja operativa, la flota volvería a quedar atrapada”, impidiendo el acceso a la lonja.

Promoción internacional frente a realidad local

La efervescencia turística convive, por tanto, con una realidad menos amable, la paulatina desaparición de la identidad pesquera y la agonía de una flota que lucha por no extinguirse. El Barrio Pesquero de Santander, uno de estos últimos reductos se enfrenta al desafío de no convertirse en un mero escenario pintoresco para los miles de cruceristas que, cada año más, desembarcan en el muelle de Maliaño buscando esa esencia marinera.

Las productoras audiovisuales cántabras agrupadas en LA PACCA han mostrado su rechazo a la campaña de promoción del comercio local impulsada por el Ayuntamiento de Santander y realizada íntegramente mediante herramientas de inteligencia artificial.

La asociación considera que resulta contradictorio defender el comercio de proximidad recurriendo a una tecnología que, a su juicio, no solo quita puestos de trabajo, sino que “supone sustituir todo un ecosistema empresarial que se basa en la creatividad, la artesanía y la cultura por un modelo que automatiza procesos de forma artificial”.

“Desde las administraciones públicas, hay mejores maneras de apostar por el comercio local sin utilizar herramientas que anulan el trabajo que podría estar hecho por personas y empresas radicadas en nuestra región”, han señalado en un comunicado.

Desde LA PACCA, constituida en 2020 y que representa a 19 productoras de cine y audiovisual de Cantabria, la mayoría de ellas con sede en Santander, defienden que las administraciones públicas cuentan con alternativas y medios para apoyar al comercio sin prescindir del trabajo de profesionales del sector. La asociación reconoce que la inteligencia artificial es una tecnología emergente cada vez más presente en la producción audiovisual, pero considera que su uso no debe producirse a costa de la industria cultural y creativa del territorio.

La organización advierte además de que la creación de contenidos mediante inteligencia artificial puede debilitar una economía que tradicionalmente se alimenta de la inversión pública y privada en empresas locales. En este sentido, han incidido en que “la construcción de la identidad visual de una ciudad debe contar con la participación de los profesionales que forman parte del ecosistema creativo cántabro”.

La postura del sector audiovisual de la región se suma así a las críticas expresadas este mismo martes por el PSOE de Santander, que ha cuestionado la decisión del equipo de gobierno de emplear contenidos generados por IA para promocionar el comercio local. Los socialistas han reclamado una apuesta por el talento y las empresas de la ciudad, argumentando que este tipo de campañas deberían servir también para dinamizar el tejido económico y creativo local.

Mesa de trabajo

Como propuesta, LA PACCA ha pedido a las instituciones cántabras la creación de una mesa de trabajo para definir criterios de convivencia entre la creación audiovisual tradicional y las nuevas herramientas de generación artificial de contenidos. Asimismo, ha reclamado una mayor responsabilidad por parte de las administraciones a la hora de contratar producciones audiovisuales, favoreciendo la participación de empresas del sector asentadas en la comunidad autónoma.

Las calles de Santander han sido este sábado, seis de junio, el escenario de una movilización transversal bajo el lema 'Cantabria para vivir'. Más de mil personas, según las primeras estimaciones de la organización, han recorrido el centro de la capital para denunciar un modelo económico y habitacional que, a juicio de los convocantes, prioriza el turismo masivo y los intereses de los fondos de inversión sobre la calidad de vida de los residentes.

La protesta ha aglutinado diversos sectores sociales -desde el sindicato de la vivienda hasta la defensa de la sanidad y educación públicas, pasando por trabajadoras de servicios sociales y afectados por fondos de inversión- que exigen que la comunidad piense, ante todo, en quienes “vivimos y trabajamos aquí todo el año”.

Diegu San Gabriel, portavoz de la asociación 'Cantabria no se vende' y miembro del sindicato STECT, ha destacado el “clamor” de una mayoría social que reclama que el turismo sea solo un complemento y no el eje depredador de la economía local.

San Gabriel ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien rechazó la implantación de una tasa turística para no dañar a la “gallina de los huevos de oro”. “Si hay que hacer un símil con aves, yo diría que el turismo es más bien un cuco, que pone los huevos en nido ajeno y depreda”, ha sentenciado.

Para el portavoz, el actual modelo turístico supone que los costes de infraestructuras y servicios públicos derivados de la masificación sean sufragados por los residentes habituales, mientras “los beneficios no revierten en la comunidad de forma equitativa”.

El “olvido” del Artículo 47

Uno de los pilares de la manifestación ha sido la crítica a la situación de la vivienda en Cantabria. Entre los asistentes se encontraba un nutrido grupo de inquilinas e inquilinos de la calle Hermanos Calderón afectados por la venta de un lote de pisos de alquiler asequible a un fondo de inversión extranjero. Laura, una de las portavoces de este colectivo, ha puesto voz a la desesperación de las familias tras la venta de sus viviendas por parte de la empresa Mosaic Propco a un fondo luxemburgués.

“Estamos aquí porque nos han vendido... y a Gema [Igual] le da igual”, ha lamentado Laura, denunciando que la operación se realizó sin ofrecer a los inquilinos el derecho de tanteo y retracto. “Nadie se quiere hacer cargo y nos quieren echar a la calle”, ha añadido en declaraciones a elDiario.es durante la marcha.

La movilización ha servido también para reivindicar el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y prohíbe la especulación. Laura ha sido tajante al respecto: “No vamos a parar de manifestarnos y de ir donde haga falta para luchar por nuestros derechos y por el puñetero artículo 47 que todo el mundo ha dejado abandonado y de lado”.

Una enmienda a la totalidad del modelo actual

La marcha no solo ha puesto el foco en el turismo y la vivienda, sino que los manifestantes han denunciado a la par el deterioro de los servicios esenciales, mencionando desde “aulas masificadas” hasta “trenes que no llegan”, además de un mercado laboral marcado por “empleos temporales con salarios de miseria” que no permiten cubrir necesidades básicas como la alimentación o el transporte.

Los portavoces han insistido en que el modelo actual de gestión del Gobierno autonómico y los ayuntamientos empeora la calidad de vida ciudadana en favor de intereses especulativos y “la ciudadanía no está dispuesta a permitir que Cantabria se convierta en un parque temático donde el acceso a la vivienda y los servicios públicos sean un lujo inalcanzable para la clase trabajadora”.