700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.

El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según  los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.

La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.  

Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).

La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.

Un derecho convertido en barrera de exclusión

Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.

De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.

Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.

No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.

El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.

‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón

En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.

Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.

Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.

Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).

Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo

A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.

Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.

Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.

Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”

A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.

La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.

La urgencia de una alternativa social

Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).

La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.

La pérdida de flota sitúa al sector pesquero cántabro en mínimos históricos. Según datos de la Federación de Cofradías de Cantabria, la flota de embarcaciones pesqueras de la comunidad se encuentra en sus niveles más bajos en años. La situación es especialmente crítica en el segmento de artes menores -pesca cerca de la costa-, que actualmente cuenta con solo 64 barcos en activo tras haber perdido nueve unidades en lo que va de 2026.

La flota de cerco -dedicada a captura de sardina, anchoa o caballa- la componen apenas 30 embarcaciones, con una pérdida constante de una o dos unidades anuales. Esta merma de barcos no solo supone una pérdida económica, sino el desmantelamiento de un modo de vida que ha definido al litoral de Cantabria durante siglos.

En concreto, la estampa del frente marítimo de Santander está cambiando de forma acelerada. Donde antes dominaba el ajetreo de barcos yendo y regresando de faenar a la lonja, hoy son cada vez más habituales las imponentes siluetas blancas de grandes ‘hoteles flotantes’ circulando por la canal.

El Puerto de Santander ha consolidado una apuesta decidida por el turismo de cruceros, un sector que vive un momento de gloria con cifras que este 2026 baten todos los registros previos.

La apuesta por el turismo como motor estratégico

Frente a la crisis del sector primario, la política institucional se ha volcado en la marca 'Santander Cruise Deluxe'. Esta alianza entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de la capital y el Puerto busca posicionar a la comunidad como el referente de cruceros premium en el norte de España.

Las previsiones para esta temporada son históricas: 38 escalas y más de 60.000 turistas. El retorno para la ciudad se articula a través del desembarco masivo de pasajeros que, durante sus horas de escala, supuestamente consumen en la oferta gastronómica, visitan centros culturales y realizan excursiones por diversos puntos de la región.

A finales de este mes de mayo, el puerto fue testigo de la visita simultánea de buques como el Ventura, con capacidad para 3.300 pasajeros y una tripulación formada por 1.200 personas, y el World Voyager, con 200 turistas a bordo y 125 tripulantes. Entre ambos casi unas 5.000 personas.

César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, destaca que este mercado no solo favorece la desestacionalización del turismo, sino que aún cuenta con un “importante margen de crecimiento”. El objetivo es claro: convertir a Santander en el puerto de referencia para los cruceros de lujo, aprovechando la comodidad de un atraque situado en pleno corazón de la ciudad.

Un futuro incierto entre el lujo y la tradición

Sin embargo, la convivencia entre el modelo de puerto turístico de éxito y la supervivencia de la pesca tradicional parece cada vez más difícil especialmente en puertos como el de Santander. Mientras la Autoridad Portuaria celebra el éxito de sus gestiones internacionales en ferias como Seatrade Miami, los pescadores locales ven cómo su infraestructura básica, como el puente de acceso a la lonja, no goza del mantenimiento adecuado.

Agustín Trueba, secretario de la Cofradía de Pescadores de Santander, confirma que la flota de la capital se encuentra bajo mínimos. Actualmente, la cofradía cuenta con solo nueve barcos de artes menores. Aunque es la misma cifra que se registró en 2025, supone un descenso significativo respecto a 2024, cuando todavía faenaban 12 embarcaciones. Esta reducción del 25% en apenas dos años ilustra la velocidad a la que el sector está desapareciendo en la propia bahía santanderina.

Trueba pone el foco en una infraestructura que se ha convertido en el principal enemigo de los marineros: el puente levadizo de Raos. La avería prolongada de esta estructura el pasado año, que se mantuvo inoperativa entre febrero y octubre, dice que sin duda “ha incidido muy negativamente en la actividad pesquera”.

Este periodo de bloqueo, fue una de las causas, según Trueba, de que se descargase un 50% menos de bocarte (anchoa) en la lonja santanderina durante la última costera, ya que los barcos de mayor porte no podían acceder al punto de subasta y se veían obligados a descargar en puertos vecinos como el de Santoña.

Hasta la fecha, solo se ha reparado una de las dos hojas del puente. Aunque la autoridad portuaria se comprometió formalmente a tener lista la segunda hoja en un plazo de dos meses -desde febrero que se reparó la primera-, ya han transcurrido cuatro y el mecanismo sigue sin funcionar en su totalidad, recuerda el secretario de la cofradía santanderina. Según Trueba, aunque en principio los barcos actuales pueden pasar con una sola hoja abierta, “en el momento en que surja cualquier mínima avería técnica en la hoja operativa, la flota volvería a quedar atrapada”, impidiendo el acceso a la lonja.

Promoción internacional frente a realidad local

La efervescencia turística convive, por tanto, con una realidad menos amable, la paulatina desaparición de la identidad pesquera y la agonía de una flota que lucha por no extinguirse. El Barrio Pesquero de Santander, uno de estos últimos reductos se enfrenta al desafío de no convertirse en un mero escenario pintoresco para los miles de cruceristas que, cada año más, desembarcan en el muelle de Maliaño buscando esa esencia marinera.

Las productoras audiovisuales cántabras agrupadas en LA PACCA han mostrado su rechazo a la campaña de promoción del comercio local impulsada por el Ayuntamiento de Santander y realizada íntegramente mediante herramientas de inteligencia artificial.

La asociación considera que resulta contradictorio defender el comercio de proximidad recurriendo a una tecnología que, a su juicio, no solo quita puestos de trabajo, sino que “supone sustituir todo un ecosistema empresarial que se basa en la creatividad, la artesanía y la cultura por un modelo que automatiza procesos de forma artificial”.

“Desde las administraciones públicas, hay mejores maneras de apostar por el comercio local sin utilizar herramientas que anulan el trabajo que podría estar hecho por personas y empresas radicadas en nuestra región”, han señalado en un comunicado.

Desde LA PACCA, constituida en 2020 y que representa a 19 productoras de cine y audiovisual de Cantabria, la mayoría de ellas con sede en Santander, defienden que las administraciones públicas cuentan con alternativas y medios para apoyar al comercio sin prescindir del trabajo de profesionales del sector. La asociación reconoce que la inteligencia artificial es una tecnología emergente cada vez más presente en la producción audiovisual, pero considera que su uso no debe producirse a costa de la industria cultural y creativa del territorio.

La organización advierte además de que la creación de contenidos mediante inteligencia artificial puede debilitar una economía que tradicionalmente se alimenta de la inversión pública y privada en empresas locales. En este sentido, han incidido en que “la construcción de la identidad visual de una ciudad debe contar con la participación de los profesionales que forman parte del ecosistema creativo cántabro”.

La postura del sector audiovisual de la región se suma así a las críticas expresadas este mismo martes por el PSOE de Santander, que ha cuestionado la decisión del equipo de gobierno de emplear contenidos generados por IA para promocionar el comercio local. Los socialistas han reclamado una apuesta por el talento y las empresas de la ciudad, argumentando que este tipo de campañas deberían servir también para dinamizar el tejido económico y creativo local.

Mesa de trabajo

Como propuesta, LA PACCA ha pedido a las instituciones cántabras la creación de una mesa de trabajo para definir criterios de convivencia entre la creación audiovisual tradicional y las nuevas herramientas de generación artificial de contenidos. Asimismo, ha reclamado una mayor responsabilidad por parte de las administraciones a la hora de contratar producciones audiovisuales, favoreciendo la participación de empresas del sector asentadas en la comunidad autónoma.

Las calles de Santander han sido este sábado, seis de junio, el escenario de una movilización transversal bajo el lema 'Cantabria para vivir'. Más de mil personas, según las primeras estimaciones de la organización, han recorrido el centro de la capital para denunciar un modelo económico y habitacional que, a juicio de los convocantes, prioriza el turismo masivo y los intereses de los fondos de inversión sobre la calidad de vida de los residentes.

La protesta ha aglutinado diversos sectores sociales -desde el sindicato de la vivienda hasta la defensa de la sanidad y educación públicas, pasando por trabajadoras de servicios sociales y afectados por fondos de inversión- que exigen que la comunidad piense, ante todo, en quienes “vivimos y trabajamos aquí todo el año”.

Diegu San Gabriel, portavoz de la asociación 'Cantabria no se vende' y miembro del sindicato STECT, ha destacado el “clamor” de una mayoría social que reclama que el turismo sea solo un complemento y no el eje depredador de la economía local.

San Gabriel ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien rechazó la implantación de una tasa turística para no dañar a la “gallina de los huevos de oro”. “Si hay que hacer un símil con aves, yo diría que el turismo es más bien un cuco, que pone los huevos en nido ajeno y depreda”, ha sentenciado.

Para el portavoz, el actual modelo turístico supone que los costes de infraestructuras y servicios públicos derivados de la masificación sean sufragados por los residentes habituales, mientras “los beneficios no revierten en la comunidad de forma equitativa”.

El “olvido” del Artículo 47

Uno de los pilares de la manifestación ha sido la crítica a la situación de la vivienda en Cantabria. Entre los asistentes se encontraba un nutrido grupo de inquilinas e inquilinos de la calle Hermanos Calderón afectados por la venta de un lote de pisos de alquiler asequible a un fondo de inversión extranjero. Laura, una de las portavoces de este colectivo, ha puesto voz a la desesperación de las familias tras la venta de sus viviendas por parte de la empresa Mosaic Propco a un fondo luxemburgués.

“Estamos aquí porque nos han vendido... y a Gema [Igual] le da igual”, ha lamentado Laura, denunciando que la operación se realizó sin ofrecer a los inquilinos el derecho de tanteo y retracto. “Nadie se quiere hacer cargo y nos quieren echar a la calle”, ha añadido en declaraciones a elDiario.es durante la marcha.

La movilización ha servido también para reivindicar el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y prohíbe la especulación. Laura ha sido tajante al respecto: “No vamos a parar de manifestarnos y de ir donde haga falta para luchar por nuestros derechos y por el puñetero artículo 47 que todo el mundo ha dejado abandonado y de lado”.

Una enmienda a la totalidad del modelo actual

La marcha no solo ha puesto el foco en el turismo y la vivienda, sino que los manifestantes han denunciado a la par el deterioro de los servicios esenciales, mencionando desde “aulas masificadas” hasta “trenes que no llegan”, además de un mercado laboral marcado por “empleos temporales con salarios de miseria” que no permiten cubrir necesidades básicas como la alimentación o el transporte.

Los portavoces han insistido en que el modelo actual de gestión del Gobierno autonómico y los ayuntamientos empeora la calidad de vida ciudadana en favor de intereses especulativos y “la ciudadanía no está dispuesta a permitir que Cantabria se convierta en un parque temático donde el acceso a la vivienda y los servicios públicos sean un lujo inalcanzable para la clase trabajadora”.

Bajo el lema ‘¡NO! Al modelo que nos expulsa’, una cada vez más amplia representación de movimientos sociales se prepara para recorrer Santander el próximo sábado 6 de junio. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por el colectivo ‘Cantabria No Se Vende’ (CNSV), que ya ejerció de motor en movilizaciones similares hace dos años, se ha transformado en una convocatoria amplia que invoca un cambio frente al actual modelo turístico y urbanístico de la comunidad. La cita, fijada a las 12:00 horas en la Plaza de las Estaciones, pretende ser un punto de inflexión frente a lo que las organizaciones convocantes califican como una “imposición que degrada la calidad de vida de quienes habitan el territorio”.

La movilización no es el esfuerzo de una única plataforma, sino que agrupa a una diversidad de sensibilidades “sin precedentes” y “apartidista”, sostienen desde CNSV. Desde sindicatos de enseñanza como el STEC hasta colectivos por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el recién fundado Sindicato de la Vivienda, pasando por organizaciones ecologistas como ARCA, Salvar Oyambre, Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion, o por los servicios públicos como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. El espectro social es amplio. Igulamente se sumarán a la marcha asociaciones vecinales como las de Pombo-Cañadío- El Ensanche en Santander y grupos juveniles de comarcas rurales como La Velorta (en Vega de Pas) o La Bardal (Cabuérniga); centros sociales como Smolny o colectivos LGTBI como Las Quimas y Alega.

El diagnóstico de todos ellos es compartido: Cantabria se enfrenta a una emergencia habitacional y social, con el desmantelamiento de la economía productiva y un plan de ordenación territorial (PROT) que sirve “más para destruir que para ordenar”, según los convocantes.

“Esta movilización surge como una crítica al modelo de desarrollo que se está imponiendo en Cantabria de manera general. Han pasado ya casi dos años desde la última marcha y percibimos que nada ha cambiado sino que más bien el gobierno regional está pisando el acelerador en la promoción de un modelo que prioriza el turismo masivo sobre las necesidades básicas de la población”, asegura Inés González, una de las portavoces de CNSV. “Las cosas van igual o a peor, con modificaciones en la ley de suelo que facilitan la construcción en suelo rústico y medidas que parecen empujar a los municipios a fomentar aún más las viviendas turísticas”, argumenta.

Los ejes de la protesta: vivienda, servicios y empleo

La convocatoria se articula en torno a varios pilares fundamentales. El más urgente es el de la vivienda. Los activistas exigen una ley que regule el precio del alquiler, una moratoria efectiva para los pisos turísticos y la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. Desde CNSV denuncian que: “Permitir el avance indiscriminado de los pisos turísticos en medio de una crisis de vivienda es como estar en una pandemia sanitaria y dedicar las camas de los hospitales a hoteles”.

En término similares se pronuncia Cristina Asenjo, del Sindicato de la Vivienda. “Vivir en Cantabria se está convirtiendo en algo inaccesible para el groso de la población: nos vemos afectadas por alquileres cada vez más altos y el desplazamiento de las vecinas de los barrios, así como de los negocios locales, en favor de la turistificación de los mismos”. El Sindicato denuncia la falta de “control administrativo sobre el número ni la legalidad de la mayoría de las viviendas turísticas que existen en Cantabria”.

Del mismo modo desde La Velorta, su presidenta Marina Sainz de la Maza explica a elDiario.es que se suman a la manifestación porque, “como juventud rural que quiere desarrollar su proyecto de vida en los pueblos”, creen que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal problema para permanecer en el territorio, incluso por encima del empleo”.

Sainz de la Maza insiste en que: “No puede ser que haya jóvenes con trabajo, cotizando y aportando a la sociedad, que no puedan acceder a una vivienda en sus propios pueblos”. Mientras, la vivienda se convierte “cada vez más en un negocio que permite obtener grandes beneficios sin generar riqueza ni arraigo en el territorio”, añade. “Sin vivienda no hay arraigo, no hay relevo generacional y no hay futuro para nuestros pueblos. Por eso estaremos en la calle junto a quienes defienden el derecho a vivir y construir un proyecto de vida digno en Cantabria”, concluyen desde este joven e inspirador colectivo de los Valles Pasiegos.

El Gobierno más agresivo en “especulación y desorden”

Por su parte, desde la asociación ecologista ARCA, Carlos García, recuerda que se trata de las mismas reivindicaciones sobre el modelo territorial que su organización ya defendió en 2021, 2022 y 2023. Ahora bien, consideran que “el Gobierno actual es el más agresivo en lo que respecta al modelo basado en la especulación, el turismo de masas y el desorden” si se tienen en cuenta, apunta García, “el desorden que impera aquí en comparación con las políticas de regiones vecinas como Asturias, Euskadi o Navarra en temas, por ejemplo, como la regulación del aparcamiento de autocaravanas”. El portavoz de ARCA lamenta, por tanto, que “este Goberino es el responsable de las mayores agresiones ambientales”.

Deterioro de los servicios públicos

El deterioro de los servicios públicos ocupa también un lugar central en la movilización del 6 de junio. Desde el ámbito educativo, el portavoz del sindicato STEC, Diegu San Gabriel, denuncia la bajada de inversiones “mientras se reducen impuestos a las rentas más altas, además de la falta de adaptación de las infraestructuras escolares al cambio climático”.

De forma paralela se suma la preocupación por la privatización encubierta en la sanidad. Itziar Salcedillu, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, señala que apoyan la convocatoria del próximo 6J porque “es evidente que hay que defender los servicios públicos en Cantabria, entre los que se encuentra la sanidad pública, gravemente amenazada por el abandono de la atención primaria y por la privatización”.

El “mantra” del turismo como modelo económico

El modelo económico también está bajo la lupa. Los movimientos sociales cuestionan el “mantra” del turismo como única fuente de riqueza y desde Cantabria No se Vende hacen especial hincapié en un plan estratégico que “recupere la industria agroalimentaria local y la reindustrialización de comarcas como las de Besaya y Campoo, castigadas por constantes expedientes de regulación de empleo (ERE)”. El objetivo, recalcan desde CNSV, es poner en el centro de las políticas a quienes “vivimos y trabajamos todo el año” en Cantabria.

Contra las “palabras vacías”: un decálogo de medidas concretas

Una de las novedades de esta convocatoria es la elaboración de un decálogo de medidas concretas que los colectivos presentarán públicamente al finalizar la marcha del 6 de junio. Esta iniciativa surge para evitar que la clase política “manipule” sus reivindicaciones con términos como “turismo sostenible”, que consideran vacíos de contenido real mientras el modelo actual siga expulsando a los vecinos de sus barrios y pueblos.

Estas propuestas, diseñadas para ser aplicables dentro del contexto competencial actual del Gobierno de Cantabria, buscan forzar un cambio de rumbo inmediato. La manifestación del 6J no busca solo expresar indignación, sino establecer una hoja de ruta política basada en un medio ambiente saludable, empleo digno (ni temporal ni precario) y un territorio ordenado.

El recorrido: de las estaciones al corazón de la ciudad

La organización ha diseñado un itinerario que pretende visibilizar la protesta por los puntos neurálgicos de Santander, facilitando la llegada de personas de toda la región gracias al punto de encuentro inicial en las estaciones y su tránsito por la zona del Cabildo. “El recorrido elegido tiene un carácter muy simbólico. Iniciar en las Estaciones representa un punto de encuentro clave y un eje de transporte fundamental para toda la región. Aunque no queremos centralizarlo todo en Santander, entendemos que es el punto de mayor accesibilidad para que acuda gente de toda Cantabria. Queremos recorrer la ciudad para que se nos vea en todas partes y reivindicar nuestro territorio”, señala González.

Itinerario de la marcha (12:00h): la manifestación partirá de la plaza de las Estaciones, para continuar por la rampa de Sotileza y subir por la Cuesta del Hospital. Desde allí, la convocatoria atravesará las calles Ruamenor y Ruamayor hasta desembocar en Isabel II. El recorrido proseguirá por la emblemática calle San Francisco hacia la plaza Porticada y la plaza del Príncipe. El tramo final discurrirá por Hernán Cortés, las calles del Martillo, Daoiz y Velarde, Lope de Vega y Peñaherbosa. Tras pasar por Casimiro Sainz, la marcha enfilará el paseo de Pereda para concluir con la lectura del manifiesto en el templete de los Jardines de Pereda.

Tras desmarcarse del acuerdo alcanzado entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos mayoritarios, la situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo sigue igual. Las trabajadoras mantienen sus movilizaciones, con una nueva concentración este jueves a las 11.00 horas frente a la sede del ICASS en Santander, al considerar que las medidas acordadas no resuelven la falta estructural de personal.

Uno de los puntos de mayor controversia es el uso indebido de los ocho “acúmulos de tareas” (contrataciones temporales) concedidos al centro. Según denuncian representantes de los trabajadores, la dirección del CAD de Laredo está utilizando estos refuerzos para cubrir necesidades estructurales, como vacaciones y bajas laborales, en lugar de para aumentar los efectivos reales en las plantas.

“El acuerdo firmado por los cuatro sindicatos indicaba que no se podía hacer uso de esos acúmulos para cubrir bajas o vacaciones, pero es exactamente lo que se está haciendo”, explica Anjana González, trabajadora del centro asistenicial. Con cerca de 12 compañeras de baja, el personal denuncia que la carga de trabajo sigue siendo la misma y que los refuerzos no llegan a mejorar el ratio de atención al residente. Además, lamentan que los turnos de noche siguen sin reforzarse y que, en muchas ocasiones, trabajan incluso sin personal de enfermería.

El factor humano: 10 minutos para un aseo completo

La falta de “manos” tiene una consecuencia directa en la calidad asistencial. Los trabajadores describen una situación de “atropello” constante donde apenas disponen de 8 o 10 minutos para asear, duchar y vestir a cada usuario. “Casi no les das tiempo ni a abrir el ojo cuando ya les estás lavando a las 8 de la mañana; vas a una velocidad que no permite una manipulación adecuada”, lamenta González.

Esta urgencia horaria afecta especialmente a los residentes con necesidades específicas. Por ejemplo, una persona con disfagia (riesgo de atragantamiento) requeriría unos 45 minutos para comer con seguridad; sin embargo, debido a la falta de personal, los trabajadores se ven obligados a reducir drásticamente el tiempo de comida de otros usuarios a apenas 15 minutos para poder atender a todos los usuarios. Esta situación, según explica a eldiario.es, genera un “alto nivel de estrés y frustración” entre los empleados, quienes sienten que no pueden ofrecer la dignidad y el cuidado que los mayores merecen.

Un problema de “organización”, según el ICASS

Desde su primera movilización, el pasado 8 de mayo, González explica que la subdirectora de Dependencia del Gobierno de Cantabria, Patricia Blanco, ha visitado en un par de ocasiones el centro y ha sugerido que el problema es de “organización” y no de número de personal. La trabajadora se muestra tajante al respecto: “Me puedo organizar muy bien, pero si necesito cinco manos y solo tengo dos, voy a seguir necesitando tres más por muy bien que me organice”.

Asimismo, existe un profundo malestar con los sindicatos mayoritarios firmantes del pacto con el ICASS (UGT, CCOO, SIEP y TU). Desde el CAD de Laredo sostienen que ninguna de estas organizaciones ha acudido al centro para supervisar si se está cumpliendo lo firmado o para pedir explicaciones sobre el uso de los contratos de refuerzo.

Ante la inacción de la administración, las trabajadoras pretenden ser escuchadas directamente por los responsables del ICASS que se encuentren en su jornada laboral este jueves y desean, a su vez, poder contar con el apoyo de compañeras y compañeros de otros CAD como el Santander o Torrelavega que quieran solidarizarse con su situación. “No vamos con intención de negociar, porque no somos órgano negociador, pero queremos que se nos escuche y se dé una solución real”, concluyen, advirtiendo que no pararán hasta que se garantice una atención de calidad en el centro.

El hospital privado de Santa Clotilde pondrá en funcionamiento una unidad de cuidados intensivos (UCI) por “el aumento de la complejidad” de las operaciones quirúrgicas que hará dentro del convenio con la sanidad pública, según ha reconocido el consejero de Salud, César Pascual. Un acuerdo por el que el hospital religioso recibirá 256 millones de euros en los próximos 16 años y que podría prorrogarse hasta 2046.

Pascual ha asegurado que la nueva UCI que se proyecta en el centro privado no está pensada para derivar pacientes críticos de los hospitales de la red pública —como Valdecilla o Sierrallana—, sino para dar cobertura a los pacientes de la sanidad pública que se operen en ese centro privado. Como ha explicado el consejero, esta infraestructura es necesaria para aquellos pacientes que, tras ser intervenidos en Santa Clotilde, requieran una reanimación más compleja o cuidados intensivos que el hospital no podía ofrecer hasta ahora.

El convenio singular con Santa Clotilde empezó a funcionar el uno de enero aunque el hospital todavía no cumple los requisitos exigidos en el acuerdo en cuanto a personal e instalaciones. De hecho, proyecta una ampliación del actual edificio para poder alcanzar las exigencias técnicas de un acuerdo que ya está en vigor.

La externalización de cribados de cáncer “no es una obligación”

Una de las cuestiones más polémicas del acuerdo fue que incluía los programas de cribado de cáncer de mama y de colon que se realizan en la sanidad pública. El consejero justificó esta circunstancia por la demora en la lectura de las pruebas de mamografías, aunque fue una situación puntual que ya se ha resuelto. De tal manera que se sigue ocupando de ello el Servicio Cántabro de Salud.

El consejero de Salud ha confirmado que estos cribados se seguirán haciendo en la sanidad pública aunque están recogidos en el convenio con Santa Clotilde. Según el consejero, implica que “tenemos la posibilidad de hacerlo, puede haber momentos punta que en un momento determinado pueda ser necesario, y lo que contempla el convenio es esa posibilidad, pero no significa que se vayan a mandar. De hecho, no se están mandando”, ha zanjado a preguntas de elDiario.es en una comparecencia de prensa para presentar la reforma y ampliación del Hospital de Día Médico de Sierrallana.

El convenio singular suscrito con el hospital privado establece el montante fijo de 256 millones de euros de dinero público en los próximos 16 años, con la única salvedad de rebajar el 1% por incumplimiento. Es decir, que el centro privado seguirá cobrando el 99% del dinero aunque no cumpla los objetivos del convenio o no realice los cribados. Que se hayan incluido servicios sanitarios que no se están prestando no representa inconveniente para Pascual ni va a reducir el dinero que perciba el centro privado.

El “bulo” de las derivaciones y las listas de espera

Respecto a la derivación de pacientes de la sanidad pública a Santa Clotilde, que ya se está haciendo, el consejero ha asegurado que pueden elegir entre operarse en lo privado o en lo público y que no pierden su puesto en las listas de espera en el caso de rechazar una derivación a Santa Clotilde para adelantar su operación o prueba diagnóstica. Según Pascual, se trata de un “bulo lanzado interesadamente”. “No es retirado de la lista en absoluto, sigue esperando a que le toque en su hospital”, ha insistido a preguntas de los medios de comunicación sobre esta cuestión.

Además de un éxito deportivo, el ascenso del Real Racing Club de Santander a la Primera División se ha convertido en un fenómeno social que atraviesa generaciones. En este contexto de euforia colectiva ha visto la luz 'Doce en el prao', una composición de Ettore Formicone que nace con el objetivo de sumarse al repertorio musical de El Sardinero.

La obra no es una canción de fútbol al uso, sino una pieza coral y épica que busca sus raíces en la identidad más profunda de Cantabria para celebrar que el equipo vuelve a la máxima categoría del fútbol nacional.

Ettore Formicone, músico, compositor y productor de origen italiano pero afincado en Santander desde hace 15 años, escribió este tema en diciembre del año pasado pero decidió esperar al mejor momento para presentarlo y, ese, no ha sido otro que el cumplimiento del sueño del ascenso.

Para Formicone, el Racing es mucho más que un club: “el Racing es Cantabria y Cantabria es el Racing”. El músico confiesa que, a título personal, acudir por primera vez a un partido en El Sardinero le permitió hace muchos años “comprender mucho mejor la idiosincrasia de la ciudad de Santander”.

Puente entre la tradición celta y el fútbol moderno

Lo que diferencia a 'Doce en el prao' de otras composiciones deportivas es su apuesta decidida por el folclore cántabro. El tema, con predominancia de voces femeninas, pretende convertirse en “una especie de grito de guerra de la afición”, utilizando como punto de partida el pasado celta, la cultura marinera y la tradición montañesa de la región. Para lograr esta atmósfera, Formicone ha integrado instrumentos típicos que conectan directamente con la memoria colectiva de Cantabria: el cuerno, el bígaro, la gaita y, como no, las panderetas.

La participación de las pandereteras, con su “canto hipnótico”, y el sonido de la gaita a cargo de Luis Ángel Jorrín Terán, aportan una dimensión mística y ancestral a la canción. El uso del bígaro y el cuerno tampoco es casual; funcionan como instrumentos de llamada, evocando la forma en que los antiguos cántabros se comunicaban entre montes o los pescadores saludaban al mar, trasladando ahora ese eco a las gradas de El Sardinero.

El carácter intergeneracional y multicultural de la actual afición del Racing ha querido reflejarse en la estructura coral de la canción. Así, el tema cuenta con una diversidad de voces que simbolizan “la heterogeneidad de la grada”. Entre las voces solistas destacan Raquel Cobo Gutiérrez, Yevdokiya Sverdlova, Lara Santos Rodríguez, Giulia Formicone Soto y el propio Ettore Formicone.

Además, el alma de la pieza reside en la potencia del Coro Joven de Santander, bajo la dirección de César Marañón. Su intervención eleva la canción a una dimensión más emotiva y grandiosa, reforzando la idea de que en el estadio no juegan solo once, sino que hay “doce en el prao”: los 11 futbolistas sobre el terreno de juego más la afición entregada. Como afirma el autor, “aquí sumamos todos, porque para restar ya están los adversarios”.

El himno de una nueva era

La letra del tema, que menciona sentimientos “verdes y poderosos como los montes” y olas “blancas e innombrables”, refuerza la conexión entre el paisaje de la región y los colores del club. “20.000 voces se unen en una que vibra, desde El Sardinero al mundo entero”, reza uno de los versos más potentes, subrayando la ambición de una afición que, tras 14 años de lucha, vuelve a lo más alto.

Para Formicone, ir a ver al Racing es casi una “liturgia”. El Sardinero no es solo un lugar físico, sino el hogar de una afición que ha demostrado su resiliencia en los momentos más difíciles. El deseo del compositor es que 'Doce en el prao' perdure en el tiempo y se convierta en el recuerdo de un gran momento para los niños y niñas que hoy visten la camiseta verdiblanca por primera vez.

Con el ascenso ya consumado, su objetivo es que sea el himno de una nueva era: un homenaje a la identidad cántabra y a ese “sentimiento verde y blanco” que, como el viento sur mencionado en la letra, sopla con fuerza para llevar al Racing de nuevo a lo más alto.

Un informe reciente de la Fundación Franz Weber (FFW) señala que los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos -Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca- han registrado cuatro nuevos habitantes en tres años. El coste de este 'éxito' demográfico asciende a 132.000 euros, de lo que se desprende que cada nuevo residente - financiado bajo la premisa de que los toros fijan población- ha costado a las arcas públicas unos 33.000 euros.

Rubén Pérez Sueiras, portavoz de incidencia política de FFW, advierte igualmente que varios de los municipios que organizan este tipo de eventos comparten una misma empresa organizadora: Tudanca Toros. El portavoz denuncia que estas ayudas son, en la práctica, un “mantenimiento artificial”. Las subvenciones, que en municipios como Tresviso o Valle de Villaverde pueden cubrir hasta el 100% del gasto, llegan a pagar desde la organización hasta la publicidad de los eventos. “Cubren absolutamente todo”, explica Pérez, “lo que permite a los promotores no arriesgar su propio dinero” y que resulte “un negocio redondo”.

Pérez trabaja para la fundación desde 2012 y se ha convertido en la sombra de las administraciones que intentan sostener artificialmente la tauromaquia. El activista antitaurino explica cómo en un informe de 14 páginas que el Ejecutivo de Sáenz de Buruaga (PP) le remitió el pasado mes de marzo -en respuesta a una consulta pública que realizó-, lejos de aclarar el impacto económico de las subvenciones a la tauromaquia, se enumeran una serie de medidas genéricas que no aclaran en ningún caso el impacto económico de las mismas. “Dedica páginas enteras a hablar de becas universitarias, mejoras en consultorios rurales, exenciones en el canon del agua o deducciones por gastos de guardería”, advierte el portavoz.

La “excusa” de la despoblación

En el documento firmado por el subdirector general de Seguridad y Protección Ciudadana José Manuel Rios Salinas, al que ha tenido acceso elDiario.es, hay únicamente dos menciones directas a la tauramoquia, asunto que motivaba la consulta. “El Gobierno de Cantabria no tiene la más mínima idea ni dato que sustente que estas subvenciones han tenido un impacto real”, afirma Pérez con rotundidad. “Te contestan con una relación de todas las actuaciones del Gobierno en todos los ámbitos, pero no resuelven la pregunta concreta sobre el impacto de los toros”.

La respuesta oficial que recibió la fundación no contiene cifras concretas sobre venta de entradas o movimiento de personas no empadronadas en estos eventos subvencionados. En su lugar, el Ejecutivo se limita a defender que la tauromaquia es una “medida favorecedora del desarrollo” y el “fomento de la economía”.

“Es un debate que debe darse a nivel político y social: ¿qué modelo de cultura u ocio necesitan estos municipios?”, reflexiona el portavoz. “Si el presupuesto de las fiestas se va en gran parte a los toros, no queda nada para ludotecas, actividades familiares o programación cultural de pequeño formato que sí podría ayudar a las familias”. Pérez subraya que, mientras el 97,7% de la ciudadanía cántabra declara no asistir a eventos taurinos, el Gobierno se empeña en una “dinamización” que solo beneficia a un lobby muy concreto.

Incluso es habitual inflar los datos de asistencia a estos eventos, según la FFW. Pérez menciona el caso de la última corrida de toros celebrada en Pesaguero, el pasado septiembre, donde el gobierno habló de 1.800 asistentes: “Vimos las fotos de aquel día y ahí no había esa cantidad ni de broma”. El portavoz cuestiona además cómo se barema la presencia en un encierro: “¿Cuentas a la gente que corre unos minutos o a los que se asoman a ver qué pasa?”, se pregunta.

Fomento de violencia animal entre menores

Más allá del despilfarro económico, el punto más crítico para la Fundación Franz Weber es la exposición de menores a la violencia. Recientemente, la entidad ha denunciado que el Ayuntamiento de Castañeda ha patrocinado entradas gratis para niños de 0 a 7 años para asistir a una suelta de vaquillas. Esta práctica ignora las advertencias directas del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en 2018 y en febrero de este año reiteró su recomendación de alejar a los menores de 18 años de la violencia taurina.

“La participación de menores en la tauromaquia preocupa a la ONU, y Cantabria tiene que hacer los deberes si no quiere ser interpelada de nuevo”, advierte Pérez. El portavoz señala casos como la suelta de becerros en Rasines, donde se permite la participación infantil en un ambiente que refuerza la normalización del sufrimiento animal. La justificación del Gobierno cántabro para no sancionar estos eventos en 2025 fue, según Pérez, el “absurdo máximo”: alegaron que el animal no pertenecía a una raza brava y que, por tanto, no representaba un riesgo para los menores.

Desde un punto de vista científico, Pérez recuerda que existe un consenso sobre los efectos negativos de esta exposición: “Diferentes especialistas han advertido alteraciones en el comportamiento, niveles de agresividad y ansiedad posterior en menores expuestos a contenidos violentos”. Para la fundación, regalar entradas a niños de seis o siete años es una estrategia del lobby para buscar un “relevo generacional” a través de la insensibilización temprana.

Falsa vinculación con la identidad cántabra

Otro tema recurrente, denuncia Pérez, es la supuesta vinculación de la tauromaquia con la identidad cántabra, algo que la consejera de Cultura ha defendido recientemente. “Es algo impostado”, sostiene el activista. “Sociológicamente, Cantabria es cada vez más parecida a Asturias o Galicia, donde la afición es mínima fuera de ferias muy específicas sostenidas por turistas, como la de Santiago en Santander o la de Pontevedra”.

La conclusión de Pérez es clara: el dinero público debería destinarse a servicios básicos y no a financiar “sangre y violencia” bajo una excusa demográfica que los propios datos desmienten, ya que el conjunto de municipios rurales sigue perdiendo población.

Desde la Fundación Franz Weber adelantan que van a seguir vigilantes, analizando cada expediente de subvención y cada oferta infantil, en una Cantabria donde, en esta legislatura, las vaquillas parecen tener más prioridad presupuestaria que otro tipo de ocio en línea con la ley de bienestar animal.

Las familias del alumnado del CEIP Eloy Villanueva de Monte han trasladado su preocupación por la falta de condiciones adecuadas para garantizar caminos escolares seguros para los niños y niñas de la zona.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha organizando una marcha este sábado en la que han participado cerca de dos centenares de personas en bici, patines, patinete y a pie, en un recorrido que ha partido del centro escolar y ha concluido en el parque Ateca.

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro escolar público han recordado que, en los últimos años, Monte ha experimentado un crecimiento significativo en población, incluyendo un notable aumento de menores en edad escolar.

Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de una adecuada inversión en infraestructuras peatonales, lo que obliga a muchos niños a desplazarse al colegio por calzadas sin aceras, compartiendo espacio con vehículos y asumiendo riesgos innecesarios.

Así, consideran prioritario que el Ayuntamiento de Santander impulse medidas específicas orientadas a garantizar la seguridad de los menores en sus desplazamientos diarios.

Para ello, su propuesta pasa por actuar tanto en las⁠ zonas aún no desarrolladas (actualmente prados o suelos sin urbanizar), acometiendo la construcción de aceras y recorridos peatonales seguros sin supeditar estas actuaciones al desarrollo por parte de promotores privados, como también en las zonas ya construidas. En estas últimas proponen medidas como reordenación del tráfico en calles estrechas sin aceras, priorizando la conversión a sentido único para liberar espacio peatonal; la implantación de plataformas compartidas con prioridad peatonal o de semáforos que reduzcan el riesgo para los peatones.

Estas actuaciones no solo mejorarán la seguridad de los menores, sino que fomentarán la autonomía infantil, la movilidad sostenible y una mayor calidad de vida para todo el barrio, han considerado.

Por todo ello, han solicitado la elaboración de un estudio específico de caminos escolares seguros en el barrio de Monte y la inclusión de estas actuaciones como prioridad en los planes de inversión municipal.

El reciente anuncio de un acuerdo entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU para reforzar las plantillas de los centros de dependencia en la región —que preveía la incorporación de nuevos efectivos para aliviar la carga de trabajo— no ha sido bien recibido por la totalidad del personal público vinculado a este sector. Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo no solo consideran la medida insuficiente, sino que la califican como un “parche” que no resuelve su crisis estructural. Por ello se concentrarán este sábado, 9 de mayo, a las 14.00 horas, a las puertas del edificio para reclamar soluciones “reales” ante “la grave falta de personal” que sufre el servicio.

Anjana González, técnica auxiliar del CAD de Laredo, es una de las voces que lidera esta movilización que ha nacido, según subraya, desde la propia base de los trabajadores y no desde las cúpulas sindicales. “Encima de que han firmado menos de lo que se nos ofrecía en primera instancia, no estamos de acuerdo”, explica González en referencia al acuerdo que otorga ocho ‘acúmulos’ más uno en el centro de día, frente a los nueve técnicos sociosanitarios que se habían planteado inicialmente en las reuniones con el ICASS.

'Acúmulos' frente al problema de la temporalidad

El núcleo del conflicto reside en la naturaleza de las contrataciones. Para la plantilla de Laredo, la fórmula del “acúmulo de tareas” es una solución de corto recorrido para un problema crónico. “Lo que necesitamos son efectivos reales, no un 'acúmulo' que sea un parche que me dure seis meses y luego me lo vuelvan a quitar y me encuentre en la misma situación o peor”, ha lamentado González en declaraciones a elDiario.es.

En el argot administrativo, según ha explicado, estos 'acúmulos' sirven para cubrir picos de trabajo, pero no consolidan una plaza estructural o vacante. Mientras tanto, el centro sigue lidiando con bajas y vacaciones que quedan sin cubrir, obligando a los profesionales actuales —unos 71 técnicos y auxiliares de una plantilla total cercana a las 200 personas— a asumir turnos interminables sin respetar los descansos mínimos. “Estamos agotados física y mentalmente”, reza una carta enviada por los trabajadores a los medios de comunicación.

El riesgo añadido de la falta de enfermeras

La situación es especialmente alarmante en el área de enfermería. La falta de estas profesionales está provocando un efecto dominó que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Según ha denunciado González, cuando no hay enfermeras disponibles, la responsabilidad de tareas críticas recae sobre el personal auxiliar y técnico sociosanitario, quienes no poseen la cualificación legal para desempeñarlas.

“Es grave. La gente se piensa que es un tema muy sencillo, pero es que un mínimo error puede provocar algo grave”, advierte la trabajadora. González pone como ejemplo reciente una sentencia judicial por homicidio imprudente contra un auxiliar de enfermería en la Comunidad de Madrid por un error en el suministro de medicación, un riesgo que, aseguran, planea sobre su día a día debido a la sobrecarga asistencial.

Actualmente, el CAD de Laredo atiende a 121 residentes permanentes, a los que se suman unos 20 usuarios del centro de día. A pesar de que existen habitaciones vacías que no se ocupan por la falta de personal, la presión sobre las empleadas y empleados no cesa, afectando directamente a la calidad del servicio que reciben los dependientes.

Una protesta unánime de toda la plantilla

Lo que hace singular este conflicto es su carácter asambleario. Aunque cuentan con el asesoramiento legal de sindicatos como CSIF o SUC -que han reclamado también más empleados de servicios en el CAD de Sierrallana y se han negado a firmar el acuerdo del ICASS-, los trabajadores recalcan que la gestión de las protestas es propia. “Esto no ha salido de parte de los sindicatos, ha salido de los trabajadores”, ha insistido Anjana González, señalando que incluso la dirección del propio centro de Laredo apoya sus reivindicaciones ya que “son testigos directos de la falta de efectivos”.

Los trabajadores de Laredo sienten que sus necesidades específicas han sido ignoradas en la mesa de negociación por parte de los sindicatos firmantes (UGT, CCOO, SIEP y TU). “No estamos nada de acuerdo en lo que ha firmado el comité porque no ha tenido en consideración lo que los trabajadores estábamos pidiendo”, ha sentenciado González.

Tras años trabajando bajo mínimos, el objetivo de la concentración de este sábado es dar visibilidad al problema. “Hemos visto el momento de dar un golpe en la mesa”, afirma González. “Ya se ha escuchado nuestro grito de socorro y no vamos a parar hasta que no mejore. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero que no vamos a parar lo tenemos clarísimo”, ha añadido.

La movilización de Laredo busca no solo presionar al ICASS para que convierta los “parches” temporales en plazas estructurales, sino también alertar a la sociedad cántabra sobre la precariedad de un sector público que debería ser garante de la dignidad en los cuidados de la tercera edad y la dependencia.

Lo que comenzó como una medida excepcional para salvar a la hostelería durante la pandemia se ha convertido, para algunos vecinos del centro de Santander, en una “ocupación desmedida del espacio público” que ha alcanzado un “límite insostenible”. Mientras el equipo de gobierno municipal del PP defiende su nuevo borrador de ordenanza de terrazas como un ejercicio de equilibrio, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche denuncia una “falta absoluta de voluntad política” y una “gestión presidida por la desidia”.

Y es que la indignación y malestar de los vecinos se ha vuelto a reavivar tras el anuncio de la alcaldesa, Gema Igual (PP), de un nuevo aplazamiento en la tramitación de la Ordenanza de Terrazas bajo la premisa de que “no hay tiempo” y que mantendrá durante el verano a Santander en un limbo normativo obsoleto. Esta decisión es vista por los vecinos como una “auténtica tomadura de pelo” y una “estrategia para permitir la ocupación masiva” durante la temporada estival.

Según la portavoz vecinal, Ana Gómez, el equipo de gobierno municipal está “sometido a los deseos” de un “grupo de presión muy poderoso” vinculado a la Asociación de Hostelería. “Llego a la conclusión de que el caos se busca, porque si hay voluntad de regir una ciudad, eso se lleva a cabo”, añade en conversación con este periódico.

Gómez llega a comparar el estado de las calles de la capital cántabra con un “síndrome de Diógenes”, argumentando que “la ciudad está llena de colillas, de mobiliario de terraza por todas partes y coches mal aparcados” ante la inacción de las autoridades.

Desde el colectivo vecinal denuncian que la normativa vigente no solo es obsoleta, sino que se incumple sistemáticamente. “Se dan licencias que están concedidas por el Ayuntamiento por encima de lo que permite la ordenanza”, afirma Gómez, quien critica que se permita a los clientes “arremolinarse” fuera de los espacios delimitados, invadiendo aceras de forma abusiva.

Gómez describe lo que, en su opinión, responde a un patrón de conducta en el Consistorio santanderino. “Tras una queja vecinal, el Ayuntamiento anuncia inmediatamente que ya tenían todo el plan en marcha”, una casualidad que la portavoz tilda de poco creíble.

En este caso concreto, argumenta que el Ayuntamiento solo ha reaccionado presentando su propio borrador, el 14 de octubre de 2025, cuando los vecinos hicieron público su estudio en septiembre de 2025: “Fue claramente una reacción a nuestro borrador”, sostiene Gómez.

Modelo de otras ciudades que funciona

Frente a la propuesta municipal, los vecinos han presentado un documento basado en el estudio comparativo de ordenanzas de otras ciudades como Oviedo, San Sebastián, Madrid o Sevilla. Ana Gómez recalca que su propuesta no es “un invento”, sino un compendio de medidas que ya garantizan la convivencia posible entre ocio y respeto al descanso en otras capitales: “Uno va de turismo y se puede tomar algo sin problemas, pero la gente también puede dormir”, asegura.

La propuesta vecinal es mucho más restrictiva en puntos clave como los horarios, exigiendo el cierre a las 23.00 horas en invierno y las 00.00 horas los fines de semana; frente a las 00.30 horas que plantea el borrador municipal.

Respecto al control de ruido, la asociación de vecinos propone sonómetros y 'semáforos de ruido', además de la prohibición total de estufas y televisores. Asimismo la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche insta a la responsabilidad del hostelero.

Gómez rechaza el argumento de que los hosteleros “no son policías”, para lo que utiliza una analogía clara: “En una boutique, si un cliente tira las prendas al suelo, el dependiente le dice que tiene que respetar las normas. En los bares debería de ser igual”, opina.

La ilegalidad de las fachadas y la accesibilidad

La asociación denuncia que la ordenanza vigente es ilegal desde 2019. Según explican, no se está aplicando la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a dejar las fachadas libres de obstáculos para garantizar la accesibilidad universal. “Esta ordenanza ya tenía que estar aplicada hace tiempo. La planta de las fachadas tiene que estar absolutamente libre de muebles”, insiste Gómez, señalando que otras ciudades ya modificaron sus normas para cumplir con este requisito legal.

El borrador del Ayuntamiento sí contempla ahora que las terrazas no se sitúen adosadas a la fachada para adaptarse a la Orden de accesibilidad vigente desde hace un lustro. Sin embargo, introduce medidas de “simplificación administrativa” que preocupan a los vecinos, como la eliminación de la renovación obligatoria, lo que daría carácter permanente a las autorizaciones.

Derecho al descanso

Ana Gómez lamenta que la prioridad del Consistorio parezca ser únicamente “pensar en cuatro días de fiesta” y “tener las calles llenas”, olvidando el derecho a la salud y al descanso de quienes habitan la ciudad todo el año. La portavoz critica la falta de una “policía de barrio” efectiva que vigile no solo las terrazas, sino también el cumplimiento de las normativas de ruido y limpieza.

Ante este escenario, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche ha advertido que no se quedará de brazos cruzados. Exigen una rectificación inmediata y aseguran que utilizarán “todos los medios a su alcance”, incluyendo la vía judicial y las movilizaciones en la calle, para defender sus derechos fundamentales. “Si no hay voluntad de regir una ciudad, pasa lo que estamos viendo”, concluye Gómez.

Familiares de jugadoras del equipo cadete femenino del Balonmano Torrelavega han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por bullying, tras tener conocimiento de un grupo de WhatsApp en el que jugadores juveniles de la misma entidad deportiva se dedicaban presuntamente a difundir imágenes de sus compañeras, tomadas durante partidos o entrenamientos, y a acompañarlas de “insultos homófobos, machistas y gordófobos”.

Padres y madres de varias de las jugadoras adolescentes afectadas —de entre 14 y 15 años— han relatado a elDiario.es los hechos, que se pusieron en conocimiento del club, según constatan, a principios del mes de marzo. “Les facilitamos como prueba hasta 67 pantallazos del chat, con insultos de todo tipo por parte de tres chicos y una chica del equipo juvenil, y un mes y medio después no se ha tomado ninguna medida al respecto ni nos dan ninguna información”, han denunciado.

Es más, la primera reacción del Balonmano Torrelavega dicen que ha sido alegar que los hechos habían tenido lugar “fuera del club”, al tratarse de un chat privado entre los propios jugadores, por lo que el club defiende que no era de su competencia lo que ocurriere en ese entorno digital en el que los supuestos acosadores —deportistas federados de la propia entidad— se han dedicado supuestamente a proferir descalificativos con el objetivo de ridiculizar a sus compañeras.

El club, cuyo equipo absoluto, el Bathco Balonmano Torrelavega, milita en la Liga Nexus Energía ASOBAL, cuenta en su página web con un apartado específico de 'protección a la infancia' dirigido a sus categorías inferiores. Además de un formulario de denuncia y el teléfono del denominado delegado de protección, Jordi Lluelles, —que es a su vez el segundo entrenador del equipo profesional y con el que este periódico ha tratado de ponerse en contacto hasta en cuatro ocasiones sin éxito—, en dicho apartado web existe un enlace a un amplio protocolo de actuación 'Frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia' que consta de 27 páginas.

En ese documento se hace alusión a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), recordando que la norma define como violencia: “Toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma o medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital”.

Esta imagen pública de abogar por un espacio seguro e inclusivo en sus categorías inferiores contrasta, según los familiares de las adolescentes con los que ha consultado este periódico, con la escueta respuesta que han recibido por parte de la entidad deportiva, dado que tan solo se les ha comunicado que “se ha activado el protocolo”, pero que, “al ser confidencial” no pueden darles más información.

“Ha pasado más de mes y medio desde que informamos de todo esto y no nos han dicho nada”, ha explicado la madre de una de las jugadoras a elDiario.es. “Alberto Marchante, miembro de la directiva, me dijo literalmente que las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, ha añadido.

Es precisamente esta indiferencia, falta de información y la ausencia de cualquier medida al respecto lo que ha colmado su paciencia y les ha movido a dar un paso más allá. Primero se han dirigido a la Federación Cántabra de Balonmano y después han formalizado la denuncia ante la Policía Nacional, el pasado domingo 12 de abril, siguiendo la propia recomendación del ente federativo.

Porque tras tener conocimiento de los hechos, los familiares de las jugadoras han indicado que la Federación sí se puso en contacto con el Balonmano Torrelavega e instó a la entidad a actuar de inmediato. El coordinador de entrenadores del club convocó entonces a una reunión a una de las jugadoras afectadas y a sus padres, tras lo cual se supone que únicamente pusieron en marcha el mencionado protocolo.

La Ley del Deporte de España es muy clara en este sentido, ya que obliga a federaciones, clubes y demás entidades deportivas a “prevenir, detectar y actuar frente al acoso”, especialmente en el caso de menores, mediante protocolos específicos, canales de denuncia y medidas de protección a las víctimas. La norma busca precisamente garantizar entornos seguros en el deporte y prevé sanciones para quienes no adopten estas medidas o toleren situaciones de bullying.

Delito de odio

“Si hubieran tomado medidas internas, como expulsar del club por lo que queda de temporada a los acosadores o haber pedido algún tipo de disculpa a las niñas se hubiera evitado la vía judicial, pero ahora el asunto se ha elevado a la Policía y es probable que todos los menores involucrados sean llamados a declarar”, ha lamentado otro de los padres de una jugadora víctima de los hechos.

Este padre ha explicado a su vez a este periódico la “incomodidad” de su hija, al tener que compartir a menudo cancha y vestuario con una de sus presuntas agresoras, perteneciente al equipo juvenil femenino del Balonmano Torrelavega, cada vez que la convocan para entrenar o jugar con esta categoría inmediatamente superior a la suya.

Por el momento son cuatro las menores afectadas a las que se ha tomado declaración, según han concretado sus familiares, en el marco de, tal como les ha informado la Policía Nacional, “la investigación de un posible delito de odio”.

Para el club son “faltas de respeto”

A preguntas de este medio, Alberto Marchante, responsable de Responsabilidad Social Corporativa del club torrelaveguense y que actuó como interlocutor con las familias afectadas como miembro de la directiva, ha señalado que el papel ejercido desde la entidad ha sido el de mediador entre las familias. En su opinión, el caso “no se puede definir como bullying”, ya que, según ha argumentado a preguntas de elDiario.es, “el bullying se ejerce sobre una sola persona, no sobre varias”.

Marchante ha señalado también que “ha habido varias formas de reparación en casos puntuales”, al tiempo que ha admitido entender que haya familias que no estén conformes, pero, a su juicio, “el club no puede entrar a ese debate ya que estamos hablando de menores y sería perjudicial para todos”, situando en el mismo plano a las jugadoras víctimas de los insultos y a sus presuntos agresores.

Si bien ha explicado que el Balonmano Torrelavega ha participado en varias formaciones sobre prevención de la violencia en el ámbito del deporte base, impulsadas desde la Dirección General de Deporte del Gobierno de Cantabria, ha evitado definir exactamente los hechos denunciados por los familiares de las jugadoras del cadete femenino.

Tras varias repreguntas para tratar de explicar cómo han definido desde el club lo sucedido, Marchante lo ha descrito como “faltas de respeto en un entorno puntual”. A su vez, el responsable de RSC ha considerado que “para el club lo que es reparador es que tras la reunión con ambas partes—sin concretar las medidas tomadas por la entidad— es que se hayan extinguido esas conductas” ya que, a su modo de ver, “apartar a las personas del equipo no es lo más adecuado”.

En ese sentido, Marchante ha celebrado que “todos los involucrados se han dado cuenta de lo que no hay que hacer y en todos los casos ha habido arrepentimiento y asunción de las cosas”, lo que a su entender ha confirmado la primera imprensión del club, de que se trataba de “una situación potencialmente muy reconducible”. Igualmente ha asegurado no reconocerse en las palabras denunciadas por uno de los familiares de las jugadoras respecto a su papel de mediador: “No me identifico ni me reconozco en esas palabras”.

Finalmente, este miembro de la Junta Directiva del Balonmano Torrelavega ha dicho no tener conocimiento de casos similares anteriores en otras temporadas y ha concluido que “la mayor satisfacción es que esto no vuelva a suceder”.

“La vivienda es un derecho humano fundamental para la dignidad de las personas, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución Española”. Así ha arrancado su presentación ante los medios el nuevo Sindicato de Vivienda de Cantabria. “Actualmente vivimos en un país donde se entiende la vivienda como un bien de mercado con el que poder hacer negocio y destinarse a usos distintos al de vivir: especulación, segundas o terceras residencias o turismo descontrolado”, ha señalado David Ayala, uno de sus portavoces.

A juicio del recién formado sindicato, este cambio hacia “un mercado salvaje” no es casual, es el resultado de “decisiones políticas, conscientes, de un capitalismo voraz que desarticula las bases sociales que hacen posible la vida”, según ha subrayado Ayala durante su intervención en rueda de prensa.

A juicio de este nuevo colectivo social, “la vivienda juega un doble papel contradictorio, como función social y a la vez, un activo financiero que genera beneficios”. Desde esta organización recuerdan que el conflicto que se plantea en este punto es anteponer el interés económico por encima del derecho a un hogar y “un conflicto social que enfrenta a dos clases con intereses opuestos, las inquilinas y los caseros” y “los beneficios de unos suponen el empobrecimiento de otros”. “Ante esta situación, ¿cómo vamos a poder asegurar la vivienda como un derecho?”, ha cuestionado Ayala.

“El 42% de nuestro sueldo lo dedicamos al alquiler”

Inés González, otra de las portavoces del Sindicato de Vivienda, ha destacado que “la situación de la vivienda en Cantabria es crítica”, con un aumento significativo en los precios del alquiler que ha duplicado su costo en la última década, “mientras que los ingresos medios de las familias solo han crecido un 20%”.

Gonzaléz ha detallado que según los datos más recientes de 2026, el coste del alquiler se sitúa ya en torno a 11,2 euros el metro cuadrado al mes, con Santander por encima de 11,9 euros el metro cuadrado y en Castro Urdiales en 11,6 euros el metro cuadrado. “Esto implica que una vivienda de tamaño medio de unos 80 metros puede rondar los 900 o 950 euros al mes”, ha explicado.

A juicio de la plataforma, esto resulta “inasequible para muchos, especialmente jóvenes y familias de bajos ingresos”, según han lamentado, ya que este crecimiento “está muy por encima de la evolución de los ingresos medios de los hogares, que han subido solo un 20%”. Y es que, en Cantabria, “las familias dedicamos el 42% de nuestro sueldo al alquiler”, ha señalado la portavoz.

De otro lado, desde el sindicato insisten en que a pesar de la afirmación de que falta vivienda, muchas propiedades nuevas se destinan a segundas residencias y hay un gran número de viviendas vacías en España. “En Cantabria nos repiten que falta vivienda, que la población está aumentando y que la ley del mercado hace subir los precios, pero incluso en municipios donde más se está construyendo o en aquellos que se están despoblando, el precio de la vivienda se dispara”.

Según González, “más de la mitad de la vivienda de nueva construcción se usa para segundas o terceras residencias”. Mientras tanto, ciudades como Santander o Torrelavega cuentan con centenares de solares sin edificar y en abandono, “a la espera de que la empresa privada y la especulación decidan su uso”. Esto se combina con viviendas vacías y sin uso, cuatro millones en toda España. “Construir sin regular no sirve”, han denunciado desde el sindicato.

Abusos de las inmobiliarias

Yolanda Ceballos ha explicado que el sindicato pretende ser “una organización plural y asamblearia” y entre sus objetivos figura “acabar con los abusos de las inmobiliarias”. “No toleraremos que nadie se tenga que ir de su casa para que quienes más tienen puedan especular con ella y lucharemos contra la dinámica turistificadora que las instituciones promueven para nuestro territorio, que no hace más que expulsar a quienes vivimos aquí”, ha denunciado.

Ceballos ha incidido en el posicionamiento expreso del colectivo, formado actualmente por unas 20 personas, “contra las viviendas y edificios de uso turístico y desde ya anunciamos que anteproyectos que amenazan con deshacer nuestros barrios, pueblos y nuestra vida comunitaria nos tendrán enfrente”. En este sentido ha señalado el apoyo y aprendizaje adquirido de otras organizaciones ciudadanas como Cantabria No Se Vende y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

“Hay que tener en cuenta que en el centro de Santander, la mayoría de las remodelaciones que se están haciendo no es para que haya viviendas de uso para vivir, sino que se quiere especular con ellas”, han advertido. Como ejemplo de ello han mencionado el edificio perteneciente a la orden religiosa de Los Franciscanos en Santander, “que lo ha comprado una empresa que pretende hacer más de 25 viviendas de uso turístico denominadas de lujo”, ha detallado González.

“Estamos haciendo una campaña en contra de este tipo de bloques turísticos que lo que hacen al final es quitar del mercado habitual las viviendas para convertirlas solo en uso turístico, con lo que ello implica”, han sostenido.

Ausencia de zonas tensionadas

Finalmente, el sindicato ha avanzado su intención a largo plazo de reclamar una ley propia para Cantabria ante la ausencia de zonas tensionadas declaradas e instar a las instituciones a que “no se haga efectivo ningún desahucio sin alternativa habitacional”.

Respecto al decreto de viviendas turísticas que aprobó el Gobierno de Cantabria y que ha dado una nueva moratoria a los propietarios, han considerado que “el Gobierno no deja de instaurar a los municipios de que sean flexibles con el tema de las viviendas turísticas, porque claramente su forma de gobernar es el enriqueciendo a los mismos y empobreciendo de los barrios y las ciudades que solamente ven que crece el turismo”.

Si bien no descartan llevar a cabo iniciativas legislativas populares e integrarse en la red de otros colectivos a nivel nacional, como la Confederación de Sindicato de Inquilinas de España, consideran que en Cantabria es necesario empezar por incentivar la presión en la calle. “La intención es llegar a poder hacer esa incidencia a nivel político, pero hasta ahora la presión en vivienda en Cantabria no ha sido una cosa que pudiera tener tanta relevancia y, sin embargo, estamos viviendo como en otras ciudades, en otros territorios, la presión en la calle ayuda mucho”, han considerado.

Sobre el Plan de Vivienda estatal que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, han señalado que “de nuevo es una normativa que deja a los más desfavorecidos al margen y regula para quienes tienen”, han argumentado. “Ni siquiera podemos pensar que es el principio de algo porque no creemos que vaya a cambiar las cosas”.

La organización ha instado a la comunidad a participar en sus asambleas y actividades, enfatizando la importancia de la solidaridad y la presión social para lograr cambios legislativos. Las reuniones se celebrarán todos los miércoles a las 19.00 horas de la tarde en la Biblioteca Municipal de Santander, así como una asamblea este jueves 23 de abril, que es por la mañana, por la prórroga de los alquileres. Igualmente, el Sindicato de la Vivienda ha organizado una 'vermutada' de carácter más lúdico para darse a conocer, y que tendrá lugar este sábado 25 en el local de la asociación Eureka, en Santander.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha apuntado que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes en el Consejo de Ministros podría beneficiar a unas 2.000 personas que residen en la comunidad autónoma con anterioridad al 1 de enero de 2026.

Casares ha defendido el proceso de regularización como una “extraordinaria noticia” y ha subrayado que se trata de una cifra estimada, algo en lo que coindicen las entidades sociales: “El número de personas en situación administrativa irregular podría ser mayor, dado que muchas de ellas no figuran en registros oficiales o se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que dificultan su contabilización”, han señalado desde la Coordinadora Cántabra de ONGD, consultada por elDiario.es.

La construcción y el empleo doméstico -junto a la hostelería, el comercio y el transporte y almacenamiento- son los sectores donde la presencia migrante, tanto en Cantabria como en el conjunto de España, es más notable, según el informe de UGT 'Desmontando prejuicios y estereotipos. Población de nacionalidad extranjera en Cantabria' presentado a finales de 2025.

Marruecos y Colombia son igualmente los países de origen de una gran parte de la población migrante que reside en Cantabria, junto a otras nacionalidades de América Latina como Perú, Venezuela y Bolivia, según confirman desde la Coordinadora cántabra.

Yulieth (33 años, Colombia) llegó hace un año y un mes a España, el mismo periodo que lleva sin ver a sus dos hijos, de 15 y 7 años. Trabaja limpiando casas por las mañanas y por las tardes estudia un grado medio de Estética y Belleza en el IES El Alisal de Santander.

En Cantabria ha contado con el apoyo de familiares que llevan más de dos décadas residiendo en la comunidad y gracias a ello no le ha faltado “techo y comida” en las situaciones más extremas, pero admite que hubo un tiempo en que estuvo “a punto de tirar la toalla”, volver a su país y renunciar a sus aspiraciones de poder ofrecer un mejor futuro a sus hijos. “En Colombia estudié logística portuaria, contabilidad y finanzas. Trabajé siempre en empresas. Me quedé sin trabajo y eso me hizo tomar la decisión de venirme”.

Para Yulieth, la obtención de papeles considera que le abriría muchas puertas: “El poder reencontrarme con mis hijos, lo primero, y también en términos laborales el tener los mismos derechos que otras personas”, asegura. “Yo vivía en Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Cali. Es una zona muy violenta. Es un sitio muy bonito, pero pesa mucho la violencia y la inseguridad. Eso es una de las cosas que me gustó de Santander, la seguridad”, relata.

Su primer trabajo fue como empleada del hogar interna, “un reemplazo en una casa de Castro Urdiales” donde, según asegura, “se portaron muy bien”. A la pregunta de si se trataba del cuidado y acompañamiento de personas mayores, casos bastante habituales en regiones como Cantabria, con una alta tasa de envejecimiento, Yulieth responde que no. Más bien todo lo contrario, era “una familia con un chico mayor de edad. Yo tenía que hacer la limpieza de la casa, la comida, atender al perrito...”. Tras esa primera experiencia cuenta que estuvo dos meses sin trabajar. “Tocaba puertas pero me decían que necesitaban personas con documentos porque si no podían coger una multa”.

De tanto intentarlo, dice, le salió el trabajo de limpieza actual. “Es un trabajo duro y para uno que no tiene papeles está mal pagado. Estoy en varias casas”, remarca. En definitiva, ante la posibilidad de regularizar su situación piensa en “la tranquilidad que supondría, por fin”. Asegura sentirse “muy contenta”, por ella y por todas aquellas personas que como ella “han venido a trabajar, a cumplir sus metas y anhelos y van a poder tener los mismos derechos de cualquier otro ciudadano”.

El alto coste de las solicitudes   

Wassima (36) y Yassine (43), naturales de Tánger (Marruecos), han encontrado en el centro social Smolny, en el barrio de Entrehuertas de Santander, una red de apoyo vecinal a la que acuden casi a diario con sus tres hijos, de 3, 6 y 10 años. Wassima perfecciona su español y estudia en Las Escuelas Verdes mientras los niños juegan y participan en talleres infantiles junto a otros pequeños del barrio.

Aunque la familia llegó a España el 28 de mayo de 2025, su marido, Yassine, vivió aquí en una etapa precedente, entre 2002 y 2012. Incluso residió por un tiempo en un centro de menores de Parbayón, donde estudió jardinería y carpintería a través de la asociación Amica. Ya siendo mayor de edad tuvo varios empleos en jardinería, ganadería y en una empresa de construcción de Reinosa. Todos con contratos de trabajo, ya que por aquel entonces su situación era regular. De hecho, tiene cotizados cerca de tres años a la Seguridad Social. “No sé si será verdad, pero me han dicho que si me dan los papeles puedo recuperar esos años cotizados”, dice ilusionado.

Motivos personales le llevaron a regresar a Marruecos y estuvo allí 13 años antes de volver a España. En ese periodo conoció a Wassima y formaron una familia. Actualmente viven de sus trabajos temporales, por días sueltos o semanas, en la construcción. “Son cosas muy temporales, trabajo 'en negro', chapuzas, reformas de pisos, poner un suelo... también trabajo con feriantes, montando y desmontando estructuras”, añade. “Solo queremos tener los papeles para poder trabajar legalmente, como todo el mundo, para poder cotizar”, sostiene.

Los trámites para ellos son algo más complicados y costosos debido al idioma. Solo la traducción jurada del árabe al español de parte de los documentos imprescindibles para iniciar la solicitud (certificado de nacimiento de sus hijos y de antecedentes penales), apenas cuatro páginas, tiene un coste de más de 120 euros. A eso hay que añadir la tasa administrativa de 38,28 euros que ha de abonar toda persona que quiera optar a esta regularización extraordinaria.

Yassine coincide con Yulieth en que las expectativas de regularizar su situación. Para él se traduciría en alcanzar “la tranquilidad de tener los mismos derechos que cualquier persona”. Trabajar indocumentado, dice, te expone a “muchos abusos, impagos e inseguridad”. En referencia a declaraciones políticas que dice escuchar con frecuencia últimamente, sostiene: “Claro que hay marroquíes malos, pero decir que todos somos delincuentes es muy injusto”, lamenta.

Cómo iniciar el procedimiento

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España ha lanzado un portal web específico con toda la información necesaria para facilitar la tramitación de la regularización extraordinaria. Este sitio web permite verificar si se cumplen los requisitos legales mediante un simulador y cuenta con vídeos explicativos y guías de preguntas frecuentes.

Los interesados pueden gestionar citas previas gratuitas, obtener modelos de documentos oficiales e iniciar trámites telemáticos de forma segura. Además, el portal proporciona un listado de entidades colaboradoras y colegios profesionales de abogacía que brindan asesoramiento jurídico durante el proceso.

De otro lado, entidades sociales como CEAR han creado infografías explicativas a modo de resumen de todo el proceso administrativo y con el objetivo de facilitar la comprensión a aquellas personas que quieren optar a la regularización.

Asimismo, se puede pedir cita previa para cursar la solicitud de forma presencial en el teléfono 060. La atención es en español, en horario de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas de lunes a viernes.

La tramitación presencial en Cantabria, que estará habilitada solo por las tardes, desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, podrá realizarse desde el 20 de abril -siempre con cita previa- tanto en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (calle Calvo Sotelo), como en las oficinas de Correos de Santander (plaza Alfonso XIII y c/ Vargas) y Torrelavega (c/Julián Ceballos).

El Ayuntamiento de Santander, por su parte, ha tardado menos de 24 horas en difundir su malestar y alertar del “riesgo de colapso” existente tras atender, según aseguran desde el Consistorio, “más de 100 consultas presenciales” sobre el proceso de regularización el jueves 16 de abril. Cabe destacar que en la misma nota de prensa no se ha detallado ninguna otra cifra del volumen habitual de consultas ciudadanas que se atienden a diario en las distintas dependencias municipales y que permita contrastar, de algún modo, esa alarmante saturación descrita.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de Cantabria, María José Sáinz de Buruaga, al adelantar que, cuando se dé “la más mínima posibilidad”, el Gobierno cántabro recurrirá la regularización aprobada por el Consejo de Ministros por considerarla “una absoluta temeridad y el mayor coladero de la historia” de España.

El sindicato UGT celebrará el próximo viernes 24 de abril la V Jornada de Homenaje a los Delegados y Delegadas en Prevención. Lara Pérez Camino, secretaria ejecutiva de la organización sindical en Cantabria, analiza la relevancia de la figura encargada de la prenvención de riesgos laborales en las empresas y explica los pormenores de una edición que va a poner el foco en la ausencia de protocolos prenventivos centrados en enfermedades que afectan mayoritariamente a las mujeres.

¿Por qué consideran necesaria una jornada de homenaje a la figura del delegado de prevención? 

En UGT Cantabria celebramos este año la quinta edición de homenaje a esta figura ya que los delegados y las delegadas de prevención son los representantes de las personas trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Y dado que, con carácter general, la cultura preventiva está lejos de ser real y efectiva en las empresas, y siendo conscientes de que ellos y ellas desarrollan en su día a día una importantísima labor contribuyendo a entornos laborales más seguros y saludables, consideramos más que merecido este homenaje como forma de reconocimiento a su valiosos desempeño en el ámbito de la seguridad y salud de sus centros de trabajo.

¿De dónde nace esa especie de rechazo a la persona encargada de supervisar la prevención de riesgos dentro de las empresas?

Realmente, como se recoge en la propia Ley de Prevención, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el centro de trabajo y esto supone un correlativo deber del empresario, por tanto, no hay que olvidar en ningún caso que la responsabilidad del cumplimiento y la supervisión recae en la empresa. No obstante, la figura del delegado y delegada de prevención tiene como competencias el velar y promover dicho cumplimiento, por lo que usualmente es percibido como un agente 'hostil' por parte de la empresa, ya que no deja de ser alguien que está instando a la implantación de todas las acciones y medidas preventivas que no están llevando a cabo por su parte.

¿Qué se puede hacer para cambiar esa tendencia y verlo como una oportunidad más que como una amenaza?

Por lo expuesto ya anteriormente, entendemos como fundamental que el entorno empresarial deje de considerar la prevención de riesgos laborales como un imperativo legal que debe cumplirse para evitar sanciones, lo que finalmente se traduce en que no se esté haciendo prevención real, sino más bien formal. La prevención no debe entenderse como un mero cumplimiento administrativo, con empresas que invierten el mínimo coste posible para evitar ser sancionados, sino que debe convertirse en un eje transversal de todas las decisiones empresariales, que proteja la continuidad del negocio preservando la salud de las personas que lo sacan adelante. Solo si entendemos que invertir en salud es invertir en productividad y en respeto de las relaciones laborales podremos acabar con los preocupantes datos de accidentes con los que nos encontramos cada día. Y ante una voluntad real de avanzar en materia de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo, no se puede obviar la especial relevancia de contar con un aliado como es la figura del delegado y la delegada de prevención para alcanzar dicho objetivo.

Solo si entendemos que invertir en salud es invertir en productividad y en respeto de las relaciones laborales podremos acabar con los preocupantes datos de accidentes con los que nos encontramos cada día

¿Qué datos avalan la necesidad de tomarnos en serio la prevención de riesgos laborales? 

Como no puede ser de otra manera, la principal razón es garantizar la propia seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como su calidad de vida, ya que detrás de las cifras de accidentes laborales, inasumibles para una sociedad como la actual, se encuentran personas, que vieron truncados drásticamente sus proyectos vitales o incluso perdieron la vida cuando iban a ganársela, afectando también a sus familiares y seres queridos. En este sentido, desde UGT se defiende también la necesidad de establecer figuras, como la de los delegados y las delegadas territoriales de Prevención que ya están funcionando en algunas comunidades autónomas con resultados positivos, para que ayuden a formar, informar y garantizar que las personas trabajadoras tengan la misma protección ante los riegos laborales, independientemente del tamaño de la empresa en la que trabajen, pues su actividad tendría alcance en empresas donde no existe representación sindical, y los datos respaldan que allí donde existe dicha representación se consiguen entornos laborales con unas mejores condiciones de seguridad y salud. Y relacionado con todo ello, a nivel estructural, consideramos necesario reconocer el origen laboral de los daños a la salud de las personas trabajadoras, porque de otra manera ciertas incapacidades temporales se continuarán derivando a la sanidad pública, tensionando aún más un servicio que ya se encuentra saturado, y además no se adoptarán las medidas preventivas necesarias, que evitarían que dichos daños continúen repitiéndose.

Celebran en los próximos días una jornada que aborda en concreto la perspectiva de género, dentro de los riesgos laborales. ¿Cuál es el motivo?

Todas nuestras jornadas de salud laboral, incluida esta de carácter más conmemorativo a la figura de los delegados y las delegadas de Prevención presentan un marcado contenido formativo. En este caso, la sesión se ha centrado en el embarazo y lo que conlleva a nivel de prevención de riesgos laborales, como herramienta de utilidad para nuestros delegados y delegadas de Prevención, pero también en consonancia con una vieja reivindicación de UGT Cantabria como agente social y que a su vez se corresponde con uno de los objetivos de la propia Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028, como es la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Cabe señalar en este punto que la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales exige abordar aspectos más allá de las habituales cuestiones biológicas como el embarazo y la lactancia, y por ello desde UGT reclamamos la consideración igualmente de la menopausia y especialmente la actualización del listado de enfermedades profesionales, donde deben recogerse enfermedades femeninas con origen laboral como el cáncer de ovario por exposición a amianto y el cáncer de mama por exposición al trabajo nocturno, por exposición a sustancias químicas (pesticidas, bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno y otros disolventes, óxido de etileno) y a radiaciones ionizantes.

¿En qué sectores es más pronunciada esta disparidad de género, esta falta de estudios centrados en las trabajadoras y en riesgos que pueden afectar solo a la mujer?

En esta pregunta se mencionan diversos aspectos que obviamente tienen una estrecha interrelación. Un factor fundamental es la segregación ocupacional, que hace referencia a la ocupación de distintos puestos de trabajo por parte de mujeres y hombres en base a estereotipos sociolaborales y que, históricamente, ha llevado a una desproporción de mujeres en cierto tipo de ocupaciones, perpetuándose además así la desigualdad de género en el mercado laboral. Esta segregación se da tanto en horizontal -sectores o actividades, usualmente de asistencia, educación y servicios para las mujeres y de industria para el caso de los hombres- como en vertical -puestos ocupados dentro de un mismo sector o actividad, como un ejemplo tradicional era el de médico y enfermera; aunque se ha ido avanzando en este sentido-. Realmente, en cuanto a los sectores más feminizados, y que suelen coincidir con los de mayor precariedad en condiciones laborales (en cuanto a salarios, jornadas, horarios…), son los relacionados con la prestación de servicios de asistencia y dependencia y también otro tipo de servicios, como limpieza, hostelería, y las denominadas 'empleadas del hogar', coincidiendo en ocasiones con perfiles de menor cualificación. Y en este marco histórico, en el que el hombre realizaba una actividad fuera de casa y la labor de la mujer estaba más asociada al entorno del hogar y los cuidados, con una menor visibilidad y valoración profesional, es en el que se han venido realizando, tomando como referencia un modelo masculinizado, tanto los diseños de equipos de trabajo, los diseños de equipos de protección individual e incluso en los estudios específicos para el establecimiento de valores límites ambientales de exposición en los lugares de trabajo (dimensiones, pesos, tallas, características fisiológicas en relación con porcentaje de grasa corporal o espesor de capa cutánea…), que junto con las evaluaciones de riesgos específicas son otras de las demandas de este sindicato. En resumen, por todo lo trasladado anteriormente, desde UGT Cantabria mantenemos la siguiente reivindicación: como ya recoge la propia Ley de Prevención, se ha de adaptar el trabajo a la persona trabajadora; y sin la perspectiva de género en los criterios empleados para dicha adaptación, parte de esas personas trabajadoras se estarían quedando desprotegidas y sin la adopción de medidas preventivas adecuadas para su actividad laboral.

El Ayuntamiento de Santander avanzaba en el mes de febrero de este año que iba a llevar a cabo una “modernización” del Centro de Interpretación del Litoral (CIL) ubicado en el entorno de La Maruca, edificio que fue inaugurado en 2011. Una licitación para el suministro e instalación para la renovación de equipos de climatización por valor de 155.788 euros y otra para su digitalización por valor de 716.162 euros, ambas con cargo a fondos europeos Next Generation.

Instalado en una antigua batería defensiva del siglo XVII, la de San Pedro del Mar, el edificio fue rehabilitado para convertirse en un espacio divulgativo dedicado a interpretar el paisaje litoral, especialmente el singular tramo de la Costa Quebrada, hoy parte de la red mundial de Geoparques de la UNESCO y en un entorno de triste actualidad tras el trágico accidente mortal en el que fallecieron seis jóvenes junto a la playa de El Bocal.

En abril de 2017, el propio Consistorio promocionaba una reapertura de la instalación en su canal de YouTube, con la exposición permanente ‘Patrimonio Litoral de Cantabria', una maqueta dedicada al parque geológico Costa Quebrada y visitas guiadas al entorno mareal. En el mismo video se hacía referencia además a la terraza del edificio “accesible desde el exterior” y a sus “vistas panorámicas”.

Tras menos de una década en funcionamiento, el CIL se encuentra cerrado al público desde marzo de 2020, coincidiendo con la llegada del coronavirus y sus restricciones. Desde entonces, han sido varios los proyectos de recuperación anunciados por el Ayuntamiento de Santander y muchas las quejas expresadas por vecinos del entorno de Monte que denuncian su abandono en las reseñas sobre el edificio que aparecen en diversos buscadores digitales.

De hecho, el 29 de febrero de 2024, el grupo municipal del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) llevó al pleno una serie de preguntas relacionadas con el edificio y el Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, al que se remiten todas las actuaciones previstas y, cuya ejecución debe completarse este año 2026.

Reacondicionamiento “prioritario” anunciado en 2023

Los regionalistas reprochaban a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), su anuncio en rueda de prensa en enero de 2023 de las acciones a desarrollar ese mismo año -dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander- entre las que se encontraba, como “prioritaria”, la adecuación del CIL y se fijaba su reapertura ese mismo verano, con “contratación de personal y organización de rutas guiadas por el entorno”.

Por todo ello, y recordando que la rehabilitaciñon del edificio ya había supuesto una inversión de casi 2,5 millones del Gobierno de España, preguntaban por el motivo por el que el CIL llevaba cerrado desde el año 2020 y si se había llevado a cabo algún trabajo de adecuación y mantenimiento del edificio desde entonces.

La respuesta desde el Ayuntamiento de Santander fue que “el motivo por el que ha estado cerrado es por un funcionamiento óptimo de las instalaciones, de climatización, habiéndose llevado a cabo un trabajo de mantenimiento oportuno en el edificio, teniendo en cuenta que no ha estado abierto”.

El Consistorio ahondaba en su argumentación alegando que la primera actuación a realizar iba a ser “una puesta a punto de las instalaciones, la actualización de sus contenidos”, y el análisis de “la mejor fórmula para la dotación de personal para atenderlo”.

Respecto a los plazos de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística, la alcaldesa dijo en ese momento que de las 45 actuaciones comprendidas en el mismo se habían iniciado 42, lo que suponía “un 93 %” y que cabía recordar que se trataba de “la segunda anualidad”, habiendo estado la primera anualidad del mencionado plan turístico “más enfocada en la planificación y el posicionamiento”.

Son varias las actuaciones contenidas en este último plan turístico de Santander, fundamentalmente relacionadas con mejora de señalización, las que están relacionadas con la polémica senda costera santanderina, tan cuestionada en los últimos meses por el trágico suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo y otra resultó gravemente herida.

Zaira Rivero es una de las cerca de 3.000 trabajadoras encargadas de cubrir los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria. Aunque según datos de febrero de 2026, al menos 1.308 personas tenían derecho al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, se estima que la cifra asciende a más de 4.000, ya que los SAD son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento.  

Esta amalgama de siglas, SAD y SAAD, comprende un amplio conjunto de atenciones de apoyo en las actividades básicas de la vida diaria que Servicios Sociales ofrece a las personas con algún grado de dependencia reconocido, en sus propias casas. Desde levantarse, lavarse, vestirse o comer hasta acompañamiento y apoyo psicosocial para fomentar hábitos saludables. Curiosamente también abarca tareas domésticas como limpieza, compra, cocina y cuidado de la ropa. Eso sí, estas tareas deben ser desempeñadas por personal cualificado.

Zaira Rivero estudió el ciclo formativo de grado medio de ‘Atención a personas en situación de dependencia’ y tiene compañeras con el título de Técnico Sociosanitario o incluso el grado en Enfermería: “Todas tenemos que tener titulación”, recalca.

Una de las reivindicaciones de este colectivo, que lleva alzando la voz con fuerza desde noviembre de 2025, es el reconocimiento como servicio público esencial. A su vez reclaman que se les garantice una formación continua, ya que, como recuerdan, “sostienen la vida de miles de personas dependientes”.

Un día 'cualquiera' en el SAD

Zaira resume cómo es un día de trabajo para ella en Torrelavega, en los tres barrios que tiene asignados: Ganzo, Duález y Torres, aunque, “siempre te puede tocar una sustitución en otra zona”, advierte. “Yo tengo una jornada parcial de 36 horas semanales, trabajo solo de mañana, y cada día tengo que atender a seis personas. Las primeras horas suelen ser aseos, luego empiezan los paseos y acompañamientos y las últimas son de labores y limpieza del hogar”.

Esta trabajadora cuenta que llega al domicilio de Blanqui, de 82 años, la primera persona a la que atiende, a las ocho de la mañana. Tiene 50 minutos para asearla, porque los 10 minutos restantes de la hora que le correspondería a esa primera usuaria los tiene que emplear en el desplazamiento al siguiente domicilio, donde le espera Mari, de 91 años.

En principio debería de salir de ese domicilio a las 9.00 horas, pero la primera persona reside en Ganzo y la segunda en Duález. En el mejor de los casos, Zaira explica que ese desplazamiento le lleva mínimo seis o siete minutos en coche. “Tengo que atravesar la bajada del hospital de Sierrallana, donde muchas veces hay atasco, por lo que siempre te retrasas más”, argumenta. “Otras compañeras, por ejemplo, trabajan en el centro y se tienen que desplazar por lugares en los que es imposible moverse en coche y andando te lleva más de 10 minutos”, explica.

Algo que agradece, aunque, al mismo tiempo considera que no debería de ser así, es que en muchas ocasiones cuentan con la colaboración de los familiares de las personas a las que atienden y les facilitan las cosas lo máximo posible. “A veces nos esperan con el baño preparado, por echarnos una mano lo tienen todo listo para cuando lleguemos porque conocen las condiciones en las que trabajamos”, afirma.

Otro factor a tener en cuenta en su trabajo es el estado de la persona a la que deben atender. Zaira explica que, si la persona está encamada, el cumplir con las exigencias temporales se complica enormemente. “Se viene necesitando hora y media e incluso más, a veces sería imprescindible la ayuda de otra compañera. Se te complica mucho, porque lavar a una persona con dificultades de movilidad a la vez que le sujetas para que no se te mueva y no se caiga es muy complicado, son posturas muy malas y son esfuerzos físicos muy grandes”, detalla.

A otra de las personas a las que visita a diario, Marimar, de 76 años, solo tiene que “ponerle la medicación en su sitio”, colocarle el pastillero para que ella pueda tomar lo que le corresponde correctamente, según dice. “Luego tengo otra persona que requiere aseo y a continuación un acompañamiento, que consiste en hacerle las compras, los recados o cualquier otra cosa que pueda necesitar”. Cuenta que ese mismo 'servicio', esa cuarta persona, tiene además dos días a la semana de labores del hogar, es decir, limpieza.

“El quinto servicio es también de labores del hogar y el sexto son dos horas seguidas también de limpieza”, concluye, en un repaso casi telegráfico de su intensa jornada laboral. El último domicilio cambia cada día pero todas las semanas se repite, es decir, cada día de la semana visita una casa diferente. Son las 15.00 horas y Zaira ha finalizado su jornada laboral.

Doble maltrato: administraciones y adjudicatarias

El sueldo de muchas de las trabajadoras de este colectivo no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional. No es de extrañar que desde sindicatos como USO denuncien “la invisibilización y el maltrato ejercido tanto por las administraciones públicas como por las empresas adjudicatarias”. Y es que la asignación de turnos corresponde a la empresa adjudicataria junto a las trabajadoras sociales. “Ellas son las que tienen que dar el beneplácito de si a un domicilio va una compañera o van dos”, pone como ejemplo Zaira.

De otro lado, en los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de la gestión del servicio de ayuda al domicilio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS )se dice que los desplazamientos entre domicilios deberían correr a cargo de las empresas, pero la realidad es otra bien distinta. La empresa adjudicataria lo que hace es repercutir ese tiempo en el de sus trabajadoras, ya que no se contempla un tiempo extra para ello ni se suma a su jornada laboral.

Otro de los abusos que están denunciando desde este colectivo laboral, que ha comenzado a movilizarse en Cantabria, está relacionado con la contrapartida que se hace por el kilometraje de sus vehículos particulares. “Estamos cobrando a 0,20 céntimos el kilómetro. Yo suelo gastar unos 60 euros al mes en gasolina, antes de la subida de precios de las últimas semanas, claro, y me pagaban solo 20 euros”, asegura Zaira Rivera.

Sanivida, Senior Servicios Integrales y Servisar son las empresas que actualmente ostentan las adjudicaciones de los cuatro servicios unidos en esta protesta (el SAP de Torrelavega, la Ley de Dependencia de Torrelavega y de la Mancomunidad de Cayón y el SAP de Santander). “Yo empecé con una empresa que se llamaba Azvase y a los dos años cambiamos a Sanivida. Al final están cortadas todas por el mismo patrón y lo que buscan es sacar el máximo beneficio”, lamenta Zaira, que es secretaria y delegada del comité de empresa de Sanivida.

“Si paramos también lo sufrirían los usuarios”

Además de concentraciones frente al Parlamento de Cantabria, como la celebrada el pasado 30 de marzo, actualmente están recogiendo firmas para exigir un convenio colectivo a nivel autonómico. “Llevaremos las firmas al Parlamento, solicitando ese convenio colectivo, y hablaremos con quien haga falta”, afirma.

Al preguntarle por si se han planteado la posibilidad de hacer paros, Zaira Rivera expresa una preocupación poco habitual en otros colectivos. Al tratarse de plantillas formadas mayoritariamente por mujeres, dice que “hay muchas familias que dependen de su salario, por lo que hacer parones supondría reducir sueldos ya de por sí muy precarios”.

Además, pone el foco en las personas a las que prestan asistencia. “También entre los usuarios y sus familias hay gente muy vulnerable que lo sufriría y no quisiéramos tener que llegar a ello”, concluye con una empatía inspiradora pese a la sobrecarga física y emocional que arrastran ellas mismas. De ahí surge también el llamamiento que el conjunto de trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de Cantabria hace a la sociedad: “Respeto, reconocimiento y dignidad”. Sin ellas, recuerdan, “el sistema de cuidados se detiene”.

Durante la conferencia 'Tres brutales agresiones a la bahía de Santander', el doctor en Ciencias del Mar Benjamín García Pastor (Santander, 1947) repasaba hace unos días las intervenciones humanas que desde 1873 hasta hoy han hecho perder aproximadamente un 50% de superficie y ocho metros de calado al apreciado icono de la capital cántabra. La quema de árboles en los Altos Hornos de La Cavada, cuyos sedimentos eran arrastrados por el río Miera; la concesión Wissocq para la construcción de muelles desde Santander a Maliaño y los sedimentos del hierro sobrante de las minas de Peña Cabarga han condicionado, según el experto, la evolución de una de las 'Bahías más bonitas del mundo'. Y es que la de Santander y la de Rosas, en Girona, son las dos únicas bahías españolas entre las 45 que forman la selecta asociación turística internacional.

Hoy apasionado divulgador de historia naval, García Pastor cuenta con orgullo que creció en un barrio santanderino “marinero por excelencia” como era el Tetuán de los años 60. Tras el fallecimiento de su padre, a los 15 años empezó a trabajar en un taller y, más adelante, mientras estudiaba Náutica, en el Puerto de Santander. Era el año 1978 y, desde entonces, su vida iba a estar ligada más de tres décadas a varios puestos de trabajo dentro de la institución portuaria. Primero como jefe de Máquinas en buques de dragado, después como jefe de mantenimiento, director de Servicios Portuarios -al frente de prácticos, remolcadores, grúas y policía portuaria- y director de Marketing. Se jubiló en 2010, siendo director económico y administrativo de la ya Autoridad Portuaria de Santander.

Como miembro del Centro de Estudios Montañeses y de la Asociación Mil Velas, su jubilación le ha permitido volcarse en la difusión del patrimonio marítimo de Cantabria y compartir su extenso conocimiento sobre una bahía que conoce al milímetro, tanto en superficie como en fondo y biodiversidad. De ahí su empeño en invitar a pensar en la cantidad de terrenos “ganados” o que le hemos quitado al mar: el Barrio Pesquero, Candina, el polígono de Parayas, el aeropuerto, las marismas de Alday, La Maruca, Valle Real y Bahía Real o el propio Puerto de Raos, entre otros. 

¿Cómo surge la idea de investigar esas grandes 'agresiones' que ha sufrido la bahía de Santander?

Cuando me jubilé me puse a estudiar historia naval y me llamaron para dar alguna conferencia sobre la construcción de barcos en el astillero de Guarnizo. La investigación es muy bonita, me encanta ir descubriendo cosas. Además, tengo la ventaja de tener acceso directo a la documentación del archivo documental del Puerto, donde hay gente encantadora y se molestan en ayudarme. Desde luego sin ellos sería imposible hacer lo que hago.

Hoy, ¿a qué grandes amenazas está expuesta la bahía de Santander?

Quitarle terrenos a la bahía de Santander es una de las grandes amenazas actuales. El riesgo que hay hoy es que se vaya restando superficie a la bahía. El terreno tiene un valor importantísimo, y aunque el puerto haya dicho que no vuelve a coger un metro cuadrado, no es totalmente cierto.

De hecho, ¿acaban de anunciar una ampliación, no?

Sí, los muelles número 9 y 7. Y eso es un terreno nuevo. Se han ganado muy pocos metros, pero se ha ganado el terreno. Imagino que por necesidades de los pueblos de alrededor, pero sin duda es un problema que la superficie de la bahía disminuya.

¿Y hay más problemas?

Sí, otro problema, y este es natural, es que está entrando continuamente arena a la bahía por la parte norte, por la zona de La Magdalena. Ni espigones ni nada. En la bahía siempre hay una corriente de agua que entra por la zona norte, desde fuera, y arrastra cantidades de arena. Por la zona sur, en El Puntal, las olas siempre rompen perpendiculares, paralelas a Loredo, a Somo, a Las Quebrantas… hasta Punta Rabiosa. En el momento que tú desfigures El Puntal, automáticamente las olas se van a encargar de desplazar la arena.

Otro problema, y este es natural, es que está entrando continuamente arena a la bahía por la parte norte, por la zona de La Magdalena. Ni espigones ni nada. En la bahía siempre hay una corriente de agua que entra por la zona norte, desde fuera, y arrastra cantidades de arena

Recuerdo que cuando dragábamos El Puntal, para que no cayese en el canal de navegación, solíamos tirar la arena en Serrera, al otro lado de Santa Marina, casi en Galizano. Hubo una época en que el mar arrastraba la arena de tal manera que las olas llegaron a entrar en Somo. Y fue entonces cuando el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria nos dijo que lo que debíamos hacer es tirar la arena en el mismo Puntal, no en Serrera, para que hiciese un ciclo cerrado y así El Puntal no fuese perdiendo arena.

La vista de El Puntal que se observa estos días desde Santander, con una pendiente de las dunas mucho más pronunciada de lo habitual, ¿es preocupante?

Lo último que yo he leído del Instituto de Hidráulica de Cantabria es que la bahía está bastante estabilizada. Hace 5 o 6 años comentaban que se iba a romper El Puntal, que ya había una zona de ruptura y que eso iba a avanzar y que iba a tener más riesgo de que con el oleaje se llegase a desconectar. Aunque este año sí es cierto que se ve más pronunciado, siempre ocurre que con los temporales de invierno las olas se llevan la arena. Lo que yo he observado hace unos días es que se ha cortado la punta, pero hay mucha más arena por debajo del agua. Eso significa que la arena se ha quedado allí.

El riesgo actual pienso que es que, con el tiempo, de manera natural, va a seguir entrando la arena y también depositándose en el fondo del Cantábrico. Un buceador muy experimentado, que baja muchas veces al pecio 'España', hundido durante la Guerra Civil frente a Loredo, me decía el otro día que antes los cañones del barco estaban al descubierto y se veían y ahora se están cubriendo de arena. O sea, la arena a 68 metros de profundidad también se está acumulando.

Usted habla también de la bahía como un motor económico de la ciudad. ¿Cree que orientar su explotación hacia los cruceros es lo más conveniente? ¿No vamos algo a la contra de otros destinos que ya están limitando la actividad crucerista?

Metes el dedo en la llaga [ríe]. Yo fui uno de los impulsores de esta idea de captar tráficos, porque los tráficos generan dinero. Tú haces unas inversiones, unos gastos, y lo que te interesa es rentabilizar esa inversión. ¿Y cómo rentabilizas? Pues cogiendo tráficos que sean cautivos, por eso es tan importante dentro de un puerto tener instalaciones fijas particulares. Porque claro, el particular quiere rentabilizarlo y quiere que eso se mueva, tener una gran superficie con muelles y nada más, no. Nosotros hicimos luego la Estación Marítima, queríamos rentabilizarla y fijar tráficos, porque cada vez que entra un barco genera actividad.

Pero la Estación Marítima, aun estando en pleno centro de Santander, ¿cree que está integrada en la vida de la ciudad?

No, debería tener más vida. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los ferris necesitan hacer consumo de combustible y se han desplazado más arriba. Por eso lo bueno son los cruceros, traen 2.000 o 3.000 pasajeros, pasan un día aquí y dejan dinero en la ciudad. Hombre, en Barcelona, que al principio era el objetivo de todos los puertos, los cruceros han desbordado las capacidades de la ciudad. Nosotros no hemos desbordado las capacidades de Santander y yo creo que el nivel actual es positivo. Curiosamente, la actual alcaldesa, Gema Igual, y yo, hicimos equipo en la promoción de Santander Costa Verde, para captar tráficos de barcos, cuando ella era concejala de Turismo. En este sentido, yo creo que es bueno para la ciudad y se utiliza una Estación Marítima que tienes parada o con bajo rendimiento. Ahora bien, el crucero es una cosa más, pero lo bueno es tener terminales de sosa, por ejemplo, porque las fábricas tienen que mandar las mercancías por el puerto y entonces sí rentabilizas. El Puerto de Santander yo creo que está ahora mismo bien gestionado. Hay un tándem tanto político como técnico, sobre todo el tándem técnico, muy bueno.

El Puerto de Santander creo que está ahora mismo bien gestionado. Hay un tándem tanto político como técnico muy bueno.

La cosa creo que va por buen camino. De hecho, Santander sube. No vale especializarse en un solo tráfico, es decir, tráfico de coches. Los tráficos de coches tienen un problema, que ocupan muchísima superficie. Yo he llegado a tener 25.000 coches metidos dentro del puerto parados durante una huelga de transportes. Ahora, por ejemplo, han decidido una cosa lógica: hacer un silo en altura con capacidad para 25.000 coches, pero en una zona relativamente pequeña, sin que ocupe tanta superficie.

¿Y se ha diversificado realmente? Porque es cierto que lo más conocido es el tráfico de coches, ¿no?

Sí, hay cinco niveles de tarifas portuarias en función del grado de elaboración del producto. Lo que pagan las mercancías va en función de su grado de elaboración. Por lo tanto, es interesante mover muchas mercancías elaboradas. Y los coches generan mucho dinero. Cuando se habla de toneladas, un puerto que ha movido 7 millones de toneladas no me dice nada, lo que hay que saber es de qué. Y tampoco vale decir que solamente coches porque da mucho dinero. No, hay que abrirse a todo porque un día los clientes fallan, por lo que sea, y hay que tener otras cosas. Para mí, uno de los mayores éxitos que tiene actualmente el Puerto de Santander es la terminal de contenedores, pues hace que tengas unos tráficos fijos y además llama a muchas otras empresas: transportistas, gente que embala mercancías para meter dentro de los contenedores... O sea, la actividad se aumenta. Hay un profesor en la Universidad, Pablo Coto Millán, que ya hace años que viene estudiando el impacto económico del puerto en la actividad regional y dice literalmente que, sin duda, es el motor económico de la comunidad. El puerto genera el 12% del empleo regional. Emplea de forma indirecta a mucha gente: los transportistas, los almaceneros, los prácticos, los amarradores, los consignatarios, toda la gente que trabaja alrededor y para el puerto.

¿Es optimista en términos medioambientales? ¿Cree que desde el puerto se está cuidando la conservación de la bahía?

Creo que nos hemos autolimitado todos y miramos la gestión portuaria con ojos medioambientales también, o sea, no nos desmandamos. No hay ahora mismo proyectos de dar bocados o provocar agresiones fuertes en la bahía. También es cierto que quizá si no hubiese esta presión medioambiental por parte vuestra, mía y demás esto se hubiese descontrolado. Aunque, un proyecto que a mí me ha dolido particularmente es el famoso muelle 9 que se ha inaugurado recientemente porque en la punta sur, o sureste, más bien, había una colonia de caballitos de mar. Los vi buceando. Cuando se ha hecho el testero (estructura portuaria de atraque) me imagino que habrá desaparecido. Ya no se ven. En el año 90 o 92 yo organicé una recogida de basuras del fondo del mar, que en aquel momento era una novedad, con grúas, y sacamos coches del fondo de la bahía. El mensaje entonces era que la bahía hay que cuidarla. Y creo que se ha logrado, que hemos avanzado mucho en ese sentido.

¿Cree que es compatible la gestión de un puerto como un motor económico y medioambientalmente sostenible?

Seguro, tiene que serlo. Son cosas opuestas, es decir, si yo tengo que garantizar un cuidado medioambiental, no solamente no voy a ganar dinero, sino que voy a perder dinero en ese trabajo. Sin embargo, creo que eso está asumido perfectamente. Hace 40 años, bah, ni se pensaba. Hoy en día eso se asume totalmente.

Y volviendo a esa diversificación de mercancías que comentaba, ¿el transporte de armas con destino cuestionable es necesario? Aquí hubo movilizaciones por el traslado de armamento para la guerra de Yemen.

Personalmente, soy un pacifista convencido, es decir, odio la guerra, odio la violencia. Pero el puerto no tiene limitaciones legales de conciencia: si hay que pasar armas, se pasan armas. O sea, el puerto no tiene conciencia. Si hay que pasar armas, se pasan armas salvo que esté prohibido. Claro que han pasado armas. Se llamaban mercancías peligrosas, pero no ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos el caso del cabo Machichaco, de los explosivos. Aquí teníamos un cliente que estaba en Burgos, que fabricaba explosivos, y creo que en el arco de la bahía, en Pontejos, había una empresa que se encargaba de cargar municiones con explosivos y sí han estado entrando y saliendo. Otra cosa diferente es que por seguridad se cumpla o no se cumpla la normativa, es decir, la normativa cuando se manejan explosivos es muy rígida, pero el puerto no tiene conciencia.

Yo personalmente ponía el candado y no dejaba pasar armas, pero claro, si yo pongo el candado, viene el consignatario, el estibador y el candado me lo ponen a mí, pero en la cárcel

¿Y usted cree que debería tenerla, en el contexto actual que atravesamos?

Los dirigentes pueden tenerla, pero yo no. Yo no puedo negarme a un cliente portuario, no puedo decirle a nadie que porque lleva armas por aquí no pueden pasar. Si son legales, el puerto se ajusta totalmente a la legalidad. A mí, como dirigente del puerto, me dará rabia que pasen armas por el puerto, pero no tengo ningún argumento legal para impedirlo. O sea, el puerto es una estructura ahora del Ministerio de Transportes, antes de Fomento y Obras Públicas, y el puerto no tiene conciencia, como entidad. Sí puedo ser o muy permisivo o muy severo en cuanto a los controles de seguridad que se deben hacer, pero no me puedo salir de la ley. La ley marca que es legal, que es lícito hacer tráfico de estas mercancías por el puerto, así que me tengo que atener a ello. Yo personalmente ponía el candado y no dejaba pasar armas, pero claro, si yo pongo el candado, viene el consignatario, el estibador y el candado me lo ponen a mí, pero en la cárcel.

Siempre habla de la importancia de la bahía para el deporte, ¿existe una buena organización en esa parcela?

La bahía es un precioso campo de regatas para las embarcaciones menores, tipo 'Optimist', los barquitos pequeños que están aprendiendo, es el sitio ideal. El único problema es que, en bajamar, los páramos quedan totalmente inutilizados. Siendo yo director de servicios del Puerto llamé una vez a responsables de actividades lúdicas o de ocio para recordarles que los barcos grandes que pasan por la canal de navegación no tienen posibilidad ni de frenar ni de moverse, el barco va por su camino y no frena. Yo entonces les dije: 'Señores, vamos a tener cuidado. En todas nuestras actividades lúdicas, deportivas o lo que sea, respetemos la canal de navegación'. Esto lo dije un viernes. El domingo siguiente, yo salí con mi barco a pescar y a la vuelta, delante de mí, un barquito de vela iba haciendo zigzag en medio de la canal. Era el hijo de uno de los asistentes a la reunión. O sea, lo que había yo pregonado en aquella reunión, imagino, por lo que vi, que les había entrado por un oído y salido por otro. La bahía es un sitio estupendo, pero hay una palabra que tenemos que tener siempre presente en la vida, respeto, respeto a todos, y en la mar es todavía más importante. En la mar hay una norma no escrita que es, primero, cuando veas a alguien en peligro, ayúdale, lo primero ayuda sin pensar si lo que estaba haciendo estaba bien o mal y, segundo, respeta.

¿Qué opina de las motos de agua?

Yo creo que las motos de agua no respetan. No respetan nada, pero es que el problema es que ponen en peligro a la gente. A mí me alucina ver motos de agua en verano por El Puntal a todo meter hasta la arena, poniendo en peligro la seguridad.

Y, ¿no hay ninguna normativa al respecto?

Creo que depende de los ayuntamientos, o sea, la normativa, la pueden marcar los ayuntamientos, no Capitanía Marítima, que al final es la responsable total de la seguridad.

¿Existe un problema de comunicación? ¿Se podría solventar de alguna manera que cualquier usuario de la bahía fuera más consciente de lo que se puede y no se puede hacer?

Yo creo que todos los años Salvamento Marítimo publica una normativa, al comienzo de temporada, con las reglas principales. Pero hay una norma que se emplea muy poco, que es la norma del sentido común, o sea, la bahía la puedes pasar a nado, pero claro, tienes que decir, primero: ¿voy a tener fuerzas para atravesarla? Y segundo, según mi velocidad de nado, si veo que entra un barco por La Magdalena, ¿me va a dar tiempo a hacerlo con seguridad? Insisto, para mí la norma básica es el sentido común y evitar la imprudencia. De otro lado, la Guardia Civil del mar hace una buena labor, pero pienso que debería cambiar algo su orientación. A mí me han parado muchas veces para pedirme la documentación del barco y ves otra serie de actividades, en ese mismo momento, que son peligrosas, están prohibidas y que la Guardia Civil no se mete en ellas. O sea, creo que debería centrarse tanto en exigir que se cumpla la legalidad vigente como en la prevención.

La labor de concienciación, ¿se está haciendo bien con los jóvenes, a través de charlas en colegios, por ejemplo, cree que se está interiorizando el respeto por el entorno?

Se ha mejorado muchísimo, pero yo pediría no bajar la guardia y seguir insistiendo en esta línea. Trabajar con gente de mi edad no tiene ningún sentido porque ya no vamos a cambiar, pero trabajar con las nuevas generaciones, por supuesto que sí. La mar es un sitio muy peligroso. Y hay algo que me gustaría resaltar sobre la seguridad y es que el servicio que tenemos de Salvamento Marítimo actual en España es modélico, es una maravilla. Están permanentemente pendientes de los movimientos de cada embarcación y si no regresas a puerto a la hora prevista te contactan por radio o se desplazan a la zona para ver si todo está bien. La tarea de esta gente se conoce muy poco y es muy muy buena.

¿Cómo valora la entrada de una nueva empresa, Alsa, en el transporte de Somo-Pedreña-Santander? ¿Es positivo que haya más operadores?

Claro, claro, además, creo que lo va a hacer con un barco solar, o menos contaminante que los convencionales, que ya ha estado circulando otros veranos por la bahía para excursiones, etcétera. Así es que, que vayamos apostando por energías menos contaminantes siempre es bueno y también que haya competencia, en cuanto a precios, horarios y servicios adicionales, imagino. Todo lo que sean energías limpias, bienvenido sea.

Desde su experiencia de tantos años en el Puerto de Santander y respecto a la tragedia de El Bocal, ¿qué opina sobre el conflicto de competencias entre administraciones que parece una constante en el litoral de la ciudad? ¿Hay alguna solución?

En el caso concreto de El Bocal, tengo mi valoración personal, lo que yo entiendo. Si los jueces han adjudicado responsabilidad a un departamento o a una institución, los jueces saben mucho más que yo. Pero no dejo de tener mi resquemor dentro y pensar que, ante una situación de riesgo, te toque o no te toque, tienes que echar una mano. ¿Hay fuego? Yo no soy bombero, pero si han pedido ayuda, pues voy a ver cómo puedo ayudar...

¿Un poco relacionado con lo que mencionaba antes de la ley del mar?

Exacto. Primero ayudar. Si el aviso es de un coche mal aparcado, pues a lo mejor hubiesen mandado una dotación para ver el coche que está mal aparcado. Pero esto de 'no, eso no es mío, si se cae que se caiga…'. O sea, no. Voy a verlo y luego veremos a ver cómo se soluciona. Guardia Civil, Autoridad Portuaria, Salvamento Marítimo y Ayuntamiento, por ejemplo, ¿por qué no tienen una coordinación de actividades entre ellos? ¿Por qué no existe una coordinación y colaboración para saber qué equipos están disponibles en cada momento?

¿Se refiere a una especie de mesa de trabajo o comunicación permanente, no solo en caso de sucesos puntuales?

Sería muy aconsejable que, entre todas las entidades y las administraciones, haya diálogo y haya unión, tomar decisiones consensuadas. No vale que en Ribamontán al Mar el alcalde permita navegar a 27 nudos y en Santander el límite sea de 22. Lo lógico es todos a la misma velocidad. Y tener en cuenta también lo qué marca la legislación para cumplirla, no lo que a mí me parezca. La seguridad y cuidar el medio ambiente creo que tienen que ser los factores prioritarios. En definitiva, creo que medioambientalmente en el puerto vamos mejora, pero eso no significa, ni mucho menos, que haya que bajar la guardia, sino reforzarla. Siempre van apareciendo más cosas que nos obligan a seguir vigilantes continuamente.

El Partido Regionalista de Cantabria ha pedido que sea la Universidad de Cantabria, a través del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), quien asuma la gestión de datos del proyecto sanitario Cohorte Cantabria. El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha presentado una iniciativa en el Parlamento para evitar la intención del Gobierno de Cantabria de poner en manos privadas la investigación de salud pública, tras conocerse que el consejero de Salud, César Pascual, va a firmar un convenio para poner en manos de la farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals los datos de 51.000 voluntarios cántabros del proyecto Cohorte.

La Proposición No de Ley del PRC se produce tras la confirmación a elDiario.es por parte del IFCA, centro mixto del CSIC y de la UC, de su “voluntad y capacidad para poder desarrollar el proyecto”.

“El proyecto Cohorte Cantabria constituye una de las principales iniciativas de investigación biomédica y de salud pública desarrolladas en nuestra comunidad autónoma, al integrar información clínica, epidemiológica y biológica de más de cincuenta mil voluntarios y voluntarias cántabras, conformando un activo estratégico de enorme valor científico, sanitario y social”, explica la propuesta.

Los regionalistas alertan de la intención del Gobierno de Cantabria de formalizar, a través del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals para realizar estudios de genómica y proteómica sobre los datos y muestras recabados por Cohorte Cantabria. Así mismo, cuestiona la justificación pública del consejero de Salud, César Pascual, sobre “la supuesta falta de capacidad técnica en Cantabria y en España para abordar un proyecto de esta magnitud”.

El portavoz Pedro Hernando considera prioritario optar “por el aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y sanitarias existentes en el sector público de nuestra comunidad autónoma frente a iniciativas de carácter privado”. Por ello, instan a que sea el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), debido a “su capacidad acreditada para el procesamiento y análisis de datos de gran volumen”, así como “su potencial en el tratamiento bioinformático y computacional de la información derivada de Cohorte Cantabria”, quien desarrolle “un hub nacional de investigación en la materia”.