El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, ha instado este miércoles a la participación masiva en la manifestación convocada en la localidad de Villaverde de Pontones contra el PSIR Olucas este sábado 31 de octubre a las 12:00 horas.

Lobete, que ha comparecido ante los medios frente al Parlamento de Cantabria, ha trasladado en primer lugar las condolencias de su partido ante el trágico accidente de tren ocurrido en la provincia de Toledo la mañana de este miércoles: “Desde Cantabristas queremos trasladar nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familias y con su entorno”.

La formación política ha hecho “un llamamiento al conjunto de la sociedad cántabra y a las entidades sociales” para asistir a la movilización contra el proyecto de Olucas Surf Center. “Pensamos que es un proyecto cuyo interés público no está justificado en ningún sentido” y “se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno una declaración que simplemente reproduce los argumentos del promotor para construir una piscina de olas artificiales que nadie ha pedido, que va en contra de lo que Cantabria necesita”, ha subrayado Lobete.

“Es un proyecto que profundiza en los problemas que estamos teniendo ya en muchos lugares de Cantabria con la masificación turística”, ha insistido.

La convocatoria a la manifestación, ha dicho, es una demostración del papel que está teniendo Cantabristas “liderando la oposición al Partido Popular con movilizaciones apoyadas por los vecinos y por la gente de la zona y que esperamos que sea multitudinaria”.

Para Lobete, “el objetivo de Cantabristas es plantar cara a las políticas del Gobierno del Partido Popular. A estas políticas que están destruyendo Cantabria a base de PSIRes y estamos viendo muchos ejemplos en muchos lugares”.

En este sentdo, el líder de Cantabristas ha mencionado otros casos similares como el de Rucandial, Las Excavadas o el PSIR de Laredo. “Yo creo que en Cantabria nadie entiende que se puedan derribar viviendas, que se puedan expropiar fincas y prados particulares de vecinos y vecinas para proyectos de promotores privados”.

“Inseguridad jurídica sin precendentes”

Lobete ha lamentado que “el Gobierno del Partido Popular, la señora Buruaga y el señor Roberto Media están generando una inseguridad jurídica sin precedentes” que, en su opinión, “lleva a que ningún propietario o propietaria en Cantabria de una finca o de una casa pueda estar seguro de que en su vivienda o encima de su vivienda no se pretenda construir un proyecto especulativo por parte de cualquier promotor privado que pueda derribar o expropiar su vivienda”.

“Nos parece gravísimo y creemos que este sábado hay una oportunidad de plantar cara a este modelo, de parar de una vez por todas las políticas del Partido Popular con los PSIR, la inseguridad jurídica y, en definitiva, a defender nuestra tierra”, ha puntualizado.

Desde Cantabristas han argumentado que los PSIR “no deberían nunca poder desarrollarse para proyectos privados porque se basan en un supuesto interés general que en el caso de este macro complejo turístico queda patente que no existe” y que es “absolutamente imposible de justificar”.

Lobete ha insistido en que el PSIR “es una figura que se está utilizando de forma torticera, que en principio es de carácter singular pero que se está utilizando de forma extensiva, para desarrollar proyectos de todo tipo” y ha adelantado que “si Cantabristas está en el próximo Gobierno de Cantabria, si está en las instituciones y tiene capacidad de condicionar el próximo Gobierno, se va a acabar con esta figura de los PSIR, especulativos y para fines privados”, ha remarcado Lobete. “Es uno de los objetivos que tenemos y queremos que lo sepa toda la sociedad cántabra”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Ribamontán al Monte “llega tarde”

Preguntado por la convocatoria de este miércoles en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte con el promotor del proyecto y con los vecinos, el secretario general de Cantabristas ha dicho que, a su juicio, “llega tarde” y el Consistorio “está actuando de una forma reactiva a la movilización y a lo que están planteando los vecinos”.

Lobete ha opinado que “no es lógico es que el promotor lleve dos años paseándose por Villaverde y que el Ayuntamiento no haya abierto la boca sobre este tema, que cuando han tenido que emitir informe hacia el Gobierno de Cantabria hayan dicho que sí puede ser susceptible de PSIR”. Parqa Cantabristas “el momento de decir no ya pasó y había que haberlo hecho”. “No entendemos que se convoque a los vecinos para escuchar la publicidad del promotor”, ha considerado Lobete.

“El papel del Ayuntamiento es defender a sus vecinos y de la misma manera el del Gobierno de Cantabria debería ser defender a sus vecinos de los abusos y de los intereses particulares de un promotor, no entendemos el silencio que ha mantenido el Ayuntamiento durante todo este tiempo”, ha opinado.

“Entendemos que el Ayuntamiento no quiere ser el culpable de lo que se va a realizar, pero es que para no ser el culpable tienes que defender de manera activa a tus vecinos y no lo ha hecho”, ha añadido Lobete.

El líder de Cantabristas ha recordado que el consejero de Fomento dijo en el Parlamento de Cantabria que uno de los motivos por los que se quería desarrollar este PSIR en ese lugar era porque había habido colaboración del Ayuntamiento. “Creo que el Ayuntamiento debería aclarar si esto es así. Porque pensamos que en ese caso es muy grave y que el papel del ayuntamiento y el papel de las instituciones tiene que ser otro”, ha explicado.

Agravio comparativo

En el caso del PSIR Olucas, Lobete ha hecho alusión al agravio comparativo que supone que muchas personas no han podido construirse una vivienda para vivir en estos prados y, sin embargo, “puede venir un promotor privado a construir una piscina de olas artificiales”.

“Creo que la gente está enfadada porque no quiere que sus pueblos se transformen en resorts turísticos de lujo o resorts turísticos para el negocio privado. La gente que vive en estos lugares quiere que sigan siendo como son”, ha remarcado.

Cuestionado por qué les diría a los vecinos de Ribamontán al Monte que sí que ven algo positivo en que haya un incentivo turístico en su municipio, Lobete ha respondido que les sugeriría que “piensen que este complejo privado genera muy poca riqueza en el territorio, una generación de empleo de baja calidad, para personal de limpieza y camareros y camareras, en un número indeterminado que no se conoce”. Lobete ha apuntado que, en cambio, “va a generar muchos problemas en el acceso al pueblo, en la afluencia, y en los comercios locales va a dejar muy poco beneficio porque estamos hablando de un lugar que ya tiene dentro sus restaurantes, sus bares, sus alojamientos...”

“No beneficia a las escuelas de surf”

El líder de Cantabristas ha opinado que tampoco “esto no beneficia a las escuelas de surf que ya existen. Creemos que puede repercutir de manera negativa”.

“El surf, afortunadamente en Cantabria, tiene otros valores diferentes que tienen que ver con el respeto por la naturaleza. Creemos que la mayoría de las personas que practican surf están en contra de que se destruya nuestro territorio de esta manera”, ha concluido.

Medio centenar de personas procedentes de Liébana, Campoo, Polaciones y Cervera de Pisuerga han participado este domingo en la marcha informativa en defensa de las montañas de la Cordillera Cantábrica y contra el proyecto de la carretera Reinosa-Potes por sus “impactos ambientales” convocada por Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).

La marcha ha partido del Mirador de la Cruz de Cabezuela y ha recorrerido nueve kilómetros por pista forestal. El objetivo de la actividad ha sido dar a conocer las características ambientales de la zona afectada y alertar sobre las consecuencuencias que tendrá la construcción de la futura vía. Responsables de la agrupación ecologista han calificado de “éxito” el interés mostrado por vecinos de las localidades afectadas por el proyecto que se han sumado a la cita.

ARCA ha incidido en que la Cordillera Cantábrica constituye uno de los principales corredores ecológicos del norte de España. La apertura de la nueva carretera supondría “una fragmentación del territorio y una alteración significativa de un entorno de gran valor natural”, ya que “la infraestructura provocaría importantes impactos ambientales y un derroche económico que no responde a una demana social real”, han señalado desde la asociación.

“La carretera carece de encaje legal” y según los ecoligistas “tanto el estudio informativo como la evaluación ambiental parten de una situación de nulidad”.

Desde ARCA han recordado que “en el año 1996, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el anterior proyecto de carretera Reinosa-Potes al invadir competencias de Castilla y León”. Si bien el nuevo trazado se plantea íntegramente por territorio cántabro, mantiene, según ARCA, las mismas afecciones ambientales que motivaron las objeciones al proyecto original.

El grifo público de agua del manantial de Fuencaliente de Solares, en el que pueden abastecerse gratis los vecinos del municipio cántabro de Medio Cudeyo, no funciona desde el pasado 23 de septiembre por una avería en la bomba de expulsión que tardará un mes en estar arreglada, según comunica la empresa.

Mientras tanto, a raíz de las protestas de los usuarios y como medida provisional, la embotelladora ha decidido entregar de forma gratuita agua mineral a quienes acudan al punto de recogida con botellas o garrafas de Agua de Solares vacías, siendo “conscientes de las molestias que está ocasionando la interrupción del servicio”, aseguran.

La fuente pública ya sufrió otra avería en abril de 2022 que interrumpió el suministro de agua. El Ayuntamiento de Medio Cudeyo anunció en su web la reanudación del servicio gratuito de recogida de agua y desde entonces se fijó un horario exclusivo para personas empadronadas en el municipio entre las diez y las doce de la mañana de lunes a viernes.

El acceso a esta agua, declarada de utilidad pública en 1828, constituye una seña de identidad históricamente vinculada al municipio.

A pesar de que un cartel inicial atribuía el corte a labores de mantenimiento limitadas a un solo día, la falta de servicio durante varias semanas y la escasa información por parte del Ayuntamiento de Medio Cudeyo ha generado un creciente desconcierto vecinal.

El uso de este grifo de agua mineral, procedente directamente del manantial público de Fuencaliente -del que la embotelladora Agua de Solares tiene una concesión de aprovechamiento, junto al hotel-balneario de Solares Castilla Termal- está limitado a dos garrafas de 5 litros al día por vecino.

Según han explicado fuentes de la empresa a elDiario.es, el origen del problema reside en una avería en la bomba de impulsión que traslada el agua desde el manantial hasta la fuente pública. La compañía ha argumentado que “al tratarse de una maquinaria antigua sin repuestos en el mercado”, la empresa se ha visto obligada a encargar la fabricación de una bomba especial adaptada a las características de la captación.

“El plazo que nos han facilitado para su reposición es de aproximadamente un mes. Una vez recibida e instalada, podremos restablecer el servicio”, han informado desde la central de Aquadeus, ubicada en Albacete y propietaria de Agua de Solares desde 2024.

Subvención pública para modernizar la planta

La avería en la fuente pública se produce en un contexto de renovación del complejo industrial. La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria concedió una subvención de 2.011.250 euros a Manantial de Fuencaliente, S.A. (Agua de Solares) el 31 de octubre de 2025.

La ayuda, concedida en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 y la tercera de mayor cuantía entre el centenar de empresas beneficiadas, está destinada a cofinanciar un proyecto de transformación y modernización industrial en el que la empresa ha declarado que invertirá 8 millones de euros.

Todo ello forma parte del plan de expansión iniciado tras la compra de la embotelladora por parte Aquadeus (Grupo Fuertes y Holding Alma) en noviembre de 2024, enfocado en aprovechar al máximo el límite de extracción de hasta 40 litros por segundo (1.260 millones de litros al año) del manantial cántabro.

Para localizar caudales adicionales, la Consejería de Industria ha autorizado a la empresa la realización de hasta tres sondeos subterráneos en el entorno del manantial, que acumulan más de un año de prospecciones continuadas marcadas por incidencias técnicas y cambios de ubicación.

Los trabajos de perforación y el funcionamiento ininterrumpido de generadores industriales las 24 horas del día han provocado las protestas de los vecinos de las viviendas cercanas. Según los afectados, desde hace meses se sobrepasan los límites de decibelios del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que les ha obligado a presentar diversas denuncias ante el Ayuntamiento, la Guardia Civil y el Defensor del Pueblo.

La actual directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Tamara González, será la nueva consejera de Cultura, Turismo y Deporte en esta recta final de la legislatura en sustitución de Luis Martínez Abad, que sale del equipo de María José Sáenz de Buruaga para formar parte de las listas del PP al Senado el 29N en la segunda posición por detrás de la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

El recambio en la Consejería es el último peldaño de una crisis de gobierno provocada por el anuncio de que un hombre, Juan Sáez Bereciartu, iba a sustituir a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que abandona el Gobierno de Cantabria para encabezar las listas al Congreso por el PP en la comunidad. La operación provocaba un incumplimiento de la Ley de Igualdad, al reducir la presencia femenina en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico por debajo del 40% como exige la normativa, tal y como denunció el PRC y el PSOE.

Ante esta situación, y después de 24 horas de cambios en el argumentario, la presidenta del Ejecutivo cántabro ha comparecido este viernes junto a los consejeros salientes -Martínez Abad y Urrutia- y sus sustitutos -González y Sáez Bereciartu-, arropados por el resto del Consejo de Gobierno para oficializar los relevos.

“Quiero agradecerle públicamente a Luis la valentía, la generosidad y el sentido de la responsabilidad enorme que ha demostrado para aceptar este reto”, ha comenzado Buruaga. “Es una persona maravillosa, íntegra, que siempre está donde se le necesita. Perdemos en el Gobierno a un gran compañero, a una persona buena, de las de verdad”, ha añadido, al tiempo que ha insisitido en que “estos relevos no responden a ningún problema de gestión”.

Según la presidenta, “las dos personas que se incorporan en su lugar, al Consejo de Gobierno, reúnen experiencia política, solvencia profesional y un profundo conocimiento de la Administración en las instituciones y algo que es fundamental, sentido de la lealtad”. “Ninguno es un recién llegado. Los dos vienen perfectamente engrasados, porque llevan tres años en el Gobierno”, ha continuado la presidenta.

Sobre Juan Sáez, la presidenta cántabra ha dicho que “es un prestigioso letrado del servicio jurídico del Gobierno de Cantabria”, lo que en su opinión lo convierte en “una garantía”. Respecto a Tamara González, Buruaga ha afirmado que “es una todoterreno” que “representa toda una vida dedicada al servicio público, como concejala, desde abajo, donde se aprenden cosas que te acompañan toda la vida. Después como diputada autonómica, después como senadora autonómica. Y también es un referente de gestión hoy como directora general de Inclusión, Familias e Igualdad”.

La presidenta de Cantabria ha señalado además que González es “una persona especializada en arqueología y prehistoria”, por lo que no se le ocurre “nadie mejor para pilotar la nueva etapa del MUPAC (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria). ”Gracias de verdad a las dos por este paso al frente, por aceptar este desafío“, ha añadido.

Trayectoria vinculada al PP

Tamara González (Santillana del Mar, 1963) tiene una trayectoria política vinculada al Partido Popular de Cantabria, de cuya mano ha desempeñado varios cargos políticos desde 1995. Es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Arqueología y Prehistoria por la Universidad de Cantabria. Además, es técnica superior en Promoción de Igualdad de Género y tiene un máster en Malos Tratos y Violencia de Género por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Desde 1995 es presidenta de la Junta Local del Partido Popular en Santillana del Mar y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria, donde de 2017 a 2022 ocupó el cargo de Secretaria de Igualdad. Desde 2022 ocupa el cargo de coordinadora de Política Social del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria.

En las elecciones de 1999 fue elegida concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santillana del Mar, siendo reelegida en 2003, 2007 y 2011. Fue diputada autonómica del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria de 1999 a 2015, ejerciendo como portavoz de las áreas de Mujer, Cultura y Turismo.

El 14 de julio de 2011 fue designada por el Parlamento de Cantabria como senadora autonómica, cargo que ocupó hasta julio de 2015. En las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 resultó nuevamente elegida diputada regional, aunque entregó su acta de parlamentaria para incorporarse como directora general en el Ejecutivo de Buruaga.

Relevo en las direcciones generales de Justicia e Inclusión

La presidenta de Cantabria ha anunciado igualmente quiénes tomarán el relevo en las dos direcciones generales ocupadas hasta ahora por los consejeros recién designados. La dirección general de Justicia y Víctimas del Terrorismo va a quedar en manos de Severiano Cuesta, procurador, vicedecano del Colegio de Procuradores, “un reputado profesional, perfecto, conocedor de este ámbito y senador hasta la actual convocatoria de las elecciones”.

La Dirección General de Inclusión, Familias e Igualdad será asumida por Cristina Fernández Rabanillo, funcionaria de carrera desde el año 2024 y jefa del servicio de Igualdad del Gobierno de Cantabria, según ha detallado María José Sáenz de Buruaga.

El portavoz parlamentario y coordinador del PP en Cantabria, Juan José Alonso, ha reiterado este jueves los argumentos esgrimidos en las últimas horas por su partido respecto al posible incumplimiento de las leyes de Régimen Jurídico e Igualdad en el que el Gobierno autonómico incurriría al nombrar a Juan Ignacio Sáez Bereciartu como consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplicación Administrativa en sustitución de Isabel Urrutia. Esto supondría reducir la presencia femenina en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo por debajo del 40 por ciento que exige la ley.

Alonso ha incidido en que “el Partido Popular demuestra la igualdad con hechos, no con declaraciones vacías” y que “la igualdad y la capacidad, el mérito y la responsabilidad de las mujeres en el Partido Popular es algo que está fuera de toda duda”. El portavoz popular ha insistido en que “no hay ninguna duda que en el Partido Popular y en el PP de Cantabria valoramos y colocamos a la mujer, evidentemente, en el puesto que merece por su valía, por su capacidad y por el mérito”.

A la pregunta de cómo el Ejecutivo autonómico que preside María José Sáenz de Buruaga prevé sortear la presunta ilegalidad que supondría el nombramiento del sustituto de la consejera Urrutia anunciado este miércole, el portavoz de los populares cántabros ha asegurado: “Yo lo único que puedo decir es que con respecto a la igualdad y al respeto a la mujer, este Gobierno y el Partido Popular de Cantabria es el más feminista de la historia de Cantabria. Repito, presidenta del Gobierno, secretaria general, presidenta del Parlamento...”.

A preguntas de los periodistas estrictamente por el aspecto legal, Juan José Alonso ha reiterado que “la posición del PP con respecto a la mujer es indiscutible y los aspectos legales los resolverán los técnicos a los que les corresponde”.

“Es una cuestión de legalidad”

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha comparecido minutos después para repetir igualmente la denuncia realizada por su formación en la jornada precedente. “Yo pensé que hoy iba a ser un día para la rectificación y del reconocimiento de los errores por parte del Partido Popular y me temo que no ha sido así”, ha comenzado.

“Esto no es una cuestión de igualdad, que también, es una cuestión de legalidad”, ha subrayado. “La señora Urrutia no se puede presentar a las elecciones siendo consejera por una cuestión de legalidad, una ley lo dice así. Se la podía haber saltado a la torera, pero no se podría presentar. Ocurre lo mismo con esto”, ha ironizado.

“La Ley de Régimen Jurídico establece que tiene que existir una paridad en todos los órganos de gobierno y el Consejo de Gobierno de Cantabria lo es, una paridad de 40-60 y 3 de 7 no lo cumple”. Hernando ha insisitido en que “si no les gusta la ley, que la cambien, pero si esa ley está en vigor, que lo está, que la cumplan”.

“Si vamos a tener un consejero que el primer hecho que va a hacer es incumplir la ley en su nombramiento, que nos avisen qué más leyes van a incumplir”, ha remarcado el portavoz regionalista. Para Hernando, “Juan Ignacio Sáez Bereciartu es un hombre con una trayectoria impecable, que tiene unos conocimientos jurídicos suficientemente demostrados, que es una persona que conoce perfectamente la Administración y estoy convencido que sería mejor consejero que la actual, pero hay un problema de legalidad”.

Posible delito de prevaricación

Preguntado por qué va a hacer el PRC al respecto, el portavoz ha explicado que “cualquier asociación, ciudadano, partido puede ir a los tribunales a determinar la legalidad o ilegalidad de la medida” Igualmente ha recordado que la fase de nombramiento consta de dos fases y que “habrá un control político sobre el mismo si los tribunales determinaran que ese nombramiento es ilegal porque no ha cumplido el artículo 19 de la Ley de Régimen Jurídico”.

“Se abrirían después otras vías como las penales. Todos sabemos qué dice el 404 del Código Penal -referente al delito de prevaricación-. Quien dicta a sabiendas una resolución injusta está cometiendo un delito, pero eso sería después del contencioso” ha explicado. “Yo espero que se imponga la racionalidad, que se imponga el criterio y la pausa en estas decisiones”, ha añadido.

“Ha sido una decisión muy precipitada. Yo no entiendo tampoco por qué ayer se anunció el nombramiento de un miembro del Gobierno en la sede del Partido Popular. Creo que lo razonable sería pausar, tomar decisiones y adecuarlas a la ley”, ha argumentado.

Parece llamativo que un letrado prestigioso, de largo recorrido, con un fuerte conocimiento de la Administración como es el señor Sáez Bereciartu, vaya a iniciar su recorrido político como consejero con un asunto de este tipo

Pedro Hernando — Portavoz parlamentario del PRC

“Parece llamativo que un letrado prestigioso, de largo recorrido, con un fuerte conocimiento de la Administración como es el señor Sáez Bereciartu, vaya a iniciar su recorrido político como consejero con un asunto de este tipo. Tengo serias dudas porque, además, creo que es una persona con una valía en lo personal, en lo jurídico y en lo administrativo muy importante”, ha apostillado Hernando, confiando en que se produzca una reconsideranción por parte del Ejecutivo que preside Buruaga.

“Va a tener que rectificar”

También se ha pronunciado al respecto el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, que ha sido cuestionado en una rueda de prensa sobre el nombramiento de Juan Ignacio Sáez Bereciartu como sustituto de Isabel Urrutia en la Consejería de Presidencia, una designación que rompe la paridad exigida por ley en el seno del Consejo de Gobierno de Cantabria.

En este sentido, Casares ha pedido “una reflexión general” y ha vaticinado que Buruaga “va a tener que rectificar” porque “no va a poder nombrar a ese nuevo consejero”, puesto que “incumpliría” con el 40% mínimo de mujeres que establece la ley. Al respecto, ha apuntando que cree, “sinceramente”, que se trata de un “desconocimiento” de la legislación ya que “lo que no puede ser es que el Partido Popular abiertamente diga que va a incumplir una ley”.

Una vez anunciada la designación de Isabel Urrutia, hasta este martes consejera de la Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, como candidata al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29N por el Partido Popular, la presidenta del Ejecutivo cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado en la misma rueda de prensa quién será su sustituto.

Se trata de Juan Ignacio Sáez Bereciartu, actual director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria. Nacido en San Sebastián en 1962, es licenciado en Derecho por la UNED de Cantabria. Ejerció como abogado desde 1989 hasta 1990, posteriormente ingresó en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria como funcionario de carrera del cuerpo de Letrados, puesto que ocupó desde 1990 hasta 1998.

En octubre de 1998 fue nombrado secretario general de la Consejería de Presidencia y ocupó dicho puesto hasta su nombramiento como director general de Función Pública en marzo de 2002. En julio de 2003 se reincorporó a su puesto de letrado tras las elecciones autonómicas, y en diciembre de 2011 fue nombrado subdirector general del Servicio Jurídico hasta julio de 2015. Posteriormente volvió a incorporarse a su puesto de Letrado hasta su nombramiento como director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo en la presente legislatura.

Además, según figura en el Portal de Transparencia de Cantabria, Juan Ignacio Sáez Bereciartu ha sido profesor asociado de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria entre 1990 y 1994 y profesor y director de cursos en el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria, además de docente de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria desde el año 2000 al año 2004.

Además, desde el año 1990, ha sido letrado asesor/secretario del Consejo de Administración de diversas sociedades públicas del Gobierno de Cantabria, como la Sociedad Regional para la Promoción de Actividades Culturales del Palacio de Festivales de Santander o la Sociedad de Emergencias de Cantabria, entre otras.

La asociación Hispania Nostra ha incorporado a su Lista Roja de patrimonio amenazado una histórica casona señorial situada en el barrio de Barreda, en la localidad de Orejo (municipio de Marina de Cudeyo, Cantabria). El inmueble constituye un exponente representativo de la arquitectura civil residencial de la hidalguía rural cántabra de los siglos XVII y XVIII. Con esta nueva inclusión, la comunidad autónoma de Cantabria alcanza la cifra de 70 bienes culturales y naturales catalogados en riesgo de desaparición o alteración grave dentro de este registro nacional.

Ubicada en el número 10 del barrio de Barreda, la casona responde a la tipología tradicional de la arquitectura señorial montañesa. La edificación está levantada mediante muros de carga de mampostería regularizada y cuenta con elementos de sillería tallada de grano fino reservados para esquinas, dinteles y platabandas.

La huella de los canteros de Trasmiera

Su elemento de mayor trascendencia artística radica en su fachada principal, presidida por un monumental escudo de armas de estilo barroco labrado en piedra de sillería. El blasón se encuentra rodeado por una cartela con volutas en alto relieve, coronado por un yelmo de hidalgo de perfil y flanqueado por lambrequines simétricos. La composición se completa con figuras humanas a cuerpo completo y mascarones, reflejo de la maestría técnica de los célebres talleres de cantería de la comarca histórica de Trasmiera. Asimismo, el entorno inmediato conserva un antiguo lavadero y un abrevadero tradicional de sillería de valor etnográfico.

Grietas severas y vegetación invasiva

A pesar de su valor patrimonial, el edificio es de propiedad privada y carece de protección legal específica. El prolongado abandono ha derivado en una situación estructural crítica: presenta grietas severas en los muros de carga, desprendimientos de mampostería y la pérdida de integridad de la cubierta.

A ello se suma el crecimiento descontrolado de vegetación invasiva, cuyas raíces ejercen presión mecánica sobre la piedra. Existe un riesgo directo de colapso de la fachada principal, lo que provocaría la pérdida irreversible del conjunto escultórico barroco, que carece de apuntalamiento preventivo.

El patrimonio civil y el militar, los peor parados

Con sus 70 bienes amenazados, Cantabria se sitúa en una posición intermedia en el mapa nacional del patrimonio en riesgo. Si bien la clasificación está encabezada por comunidades de mayores dimensiones como Castilla y León, que lidera la lista con 460 bienes, Andalucía, Aragón o Castilla-La Mancha, Cantabria sí supera en número de elementos en peligro a otras regiones uniprovinciales o insulares como La Rioja, Navarra, las Islas Baleares o Canarias.

De todos los bienes cántabros en riesgo, la categoría que más preocupa es la de patrimonio civil, con alrededor de 40 bienes en la lista roja, en su mayoría conjuntos históricos, palacios y edificios singulares. Le sigue el patrimonio militar (10), y a mayor distancia el patrimonio religioso y militar, ambas con menos de una decena de bienes en riesgo. Cantabria tiene tres bienes en riesgo en la categoría de patrimonio natural y dos en la de arqueológico.

El contrapunto positivo lo marca la Lista Verde, donde se incluyen los bienes que han salido de la Lista Roja tras eliminarse el riesgo gracias a intervenciones de rehabilitación o conservación. Cantabria cuenta con 6 bienes en la Lista Verde de un total de 269 registrados en toda España. Así, entre las joyas cántabras recuperadas destaca el Cargadero de Mineral de Dícido, en Castro Urdiales, que fue galardonado con el Premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas 2026. La lista de éxitos se completa con la ermita de Cintul (Cos, Mazcuerras), el convento de Santa Cruz y la grúa-draga de Priestman (Santander), el palacio de los Acebedo (Hoznayo) y la torre de Ruerrero (Valderredible).

Autora de obras referentes del pensamiento feminista contemporáneo como Ética para Celia (2021) o Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección' 2015), Ana De Miguel (Santander, 1961) cuestiona abiertamente la soberanía digital de los estados frente a las multinacionales tecnológicas. También interpela, sin equidistancias, a quienes defienden la regulación del ‘trabajo sexual’ frente a la abolición del sistema prostitucional. Desde el año 2005, De Miguel ejerce como profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos, aunque actualmente se encuentra en comisión de servicios en la UNED, y dirige el curso ‘Historia de la Teoría Feminista’, que ya va por su 35 edición en la Universidad Complutense de Madrid. Acaba de participar en Santander en las IV Jornadas sobre Trata y Explotación Sexual para hablar de la prostitución como escuela de desigualdad.

¿Por qué es la prostitución una escuela de desigualdad?

La pregunta filosófica que nos hacemos en este 2026 es cómo es posible que una sociedad como la nuestra, que apoya la igualdad entre mujeres y hombres y que ha sido pionera, con la primera ley de violencia de género o la ley de igualdad, hiciera lo que hizo. ¿Cómo es posible que a finales de los 90 y principios de los 2000, al mismo tiempo que nos volcábamos en la igualdad y en las cuotas de paridad, abriéramos las puertas a los y las proxenetas que llenaron el país tras la caída del Muro de Berlín? España se convirtió en el burdel de Europa. Y hay que preguntarse por esta traición sin paliativos de nuestros compañeros de humanidad. ¿Qué es la prostitución? Es un harén mantenido por todos los españoles. Lo que la democracia ha democratizado es que –si antes un harén lo podían tener solo los megamillonarios– ahora cualquier joven, trabaje en la construcción, sea reponedor de supermercado, profesor, cirujano o físico nuclear, dispone de ese harén. Todos tienen acceso a miles de mujeres de todas las etnias por un precio cada vez más barato.

¿Y qué explicación nos dan? Dicen: “No podemos evitar que se prostituyan si ellas quieren”. Pero una mujer no se puede prostituir sola. Es solo el dinero del hombre el que la prostituye. Por eso no hay harenes de hombres para mujeres heterosexuales, porque nosotras no sacamos la billetera para comprar cuerpos de hombres que no nos desean. El motor de la prostitución es el hombre con su dinero. Un hombre con su dinero es el que crea a la mujer prostituida; si el hombre no saca el dinero, es imposible que haya prostitución. La causa no es una mujer queriendo prostituirse, es un hombre queriendo pagar.

¿Por qué cree que es necesaria la Ley Orgánica de Abolición del Sistema Prostitucional?

Toda sociedad tiene que tener una idea de cómo quiere organizarse. Como decía Hannah Arendt, la política va de cómo vamos a vivir juntas y juntos y qué sociedad queremos. La LOASP es el ideal al que queremos tender. Una sociedad democrática no quiere ponerles a sus niños un burdel en la esquina del colegio para mandarles el mensaje desde los ocho añitos de que a las mujeres se las puede comprar con dinero, mientras que la compañera de pupitre es una igual. No queremos esa doble verdad como principio educativo. Además, el desencuentro enorme que hay hoy entre chicas y chicos se debe en muy buena medida a la pornografía, que está destruyendo la sexualidad de los jóvenes. Les están educando en la violencia.

En plataformas como Pornhub se ven vídeos de violaciones o de chicas inconscientes, e incluso existen investigaciones que apuntan a que instituciones como el Vaticano, o fondos de inversión como JP Morgan o la propia Universidad de Cornell –donde se acaba de reabrir un caso de violación múltiple– invierten en pornografía. Las multinacionales tecnológicas entran como Pedro por su casa y los estados dicen que no pueden proteger a su ciudadanía. ¿Qué democracia es esta que mantiene un harén de decenas de miles de mujeres para sus ciudadanos varones? Por eso es imprescindible una ley orgánica abolicionista.

La pornografía está destruyendo la sexualidad de los jóvenes: les está educando en la violencia

¿Qué responde a quienes se sitúan al otro lado, argumentando que la regulación permitiría mejorar la situación de las mujeres que ejercen la prostitución?

Para quienes dicen que a las mujeres de este mundo que están en mala situación hay que permitirles ser putas para que no se mueran de hambre, solo les digo que ojalá tengan que responder de esto algún día ante los niños y las niñas. ¿Qué me estás diciendo, que en España, uno de los países más ricos del mundo, lo que les decimos a las niñas que nacen en Nigeria es que vengan aquí de putas y les damos dinero? No me lo puedo creer. La prostitución es una escuela de desigualdad humana donde los hombres en el burdel aprenden a ver solo su deseo y dejan de ver a las mujeres como seres humanos.

A los que salen con los típicos tópicos de que “no se le pueden poner puertas al campo”, les digo: ¡Vete a la mierda! Aceptemos todo entonces y no pongamos límites a nada. Gente que es súper revolucionaria para la vivienda o la economía, de repente con la prostitución te dice que no se puede cambiar al ser humano. El sexo no es una actividad cualquiera, y por eso las mujeres no vamos de putos.

¿Cómo se puede garantizar que una política abolicionista de la prostitución no se limite a penalizar, sino que garantice derechos y alternativas económicas y sociales para las mujeres?

La ley sueca es un modelo. La autora Emma Holten lo explica muy bien. La ley sueca no es perfecta, pero hoy haces una encuesta entre los chicos jóvenes en Suecia y la mayoría está en contra de la prostitución. Lo ven como veríamos hoy en España el fumar en los aviones o en las aulas, como un despropósito.

¿Cuál es la clave del modelo sueco?

Mucha pedagogía desde la base sobre por qué no queremos convivir con un harén y, de otro lado, penalizar al cliente/putero. En nuestra sociedad se penaliza todo. A mí me penalizan si no llevo el cinturón de seguridad, que es mi vida. ¿Y cómo no se va a penalizar a un proxeneta o a un cliente que con su dinero está induciendo a la prostitución a una persona, sea en OnlyFans, en una esquina o en un polígono? Si quieres darle dinero a una mujer, dáselo, pero no te atrevas a meterle las manos si no te desea.

Nosotras no sacamos la billetera para comprar cuerpos de hombres que no nos desean

¿Qué papel juega la prostitución y la pornografía en la construcción social de la sexualidad masculina?

Las chicas jóvenes están teniendo un desencuentro sexual con los chicos porque ellos han aprendido a asociar sexualidad con violencia y humillación. No soy socióloga, pero es lo que me cuentan muchas alumnas. La mitad de los vídeos porno son violentos. Es más, Pornhub acaba de incorporar en la cabecera de su web una opción que se llama ‘IA Puta’. La Inteligencia Artificial te despliega un menú a la carta: eliges si la quieres rubia o morena, luego la personalidad –que por defecto sale sumisa–, la profesión (camarera, sirvienta), y luego las prácticas que prefieres: esposas, tragar semen, todo a la carta... ¿Qué te parece? ¡IA Puta! ¿Y que un estado no pueda proteger a sus ciudadanos más jóvenes de una plataforma que les dice “¿eres mayor de 18 años?”, das al botón y te ofrece eso? Dime para qué sirve el estado. La primera función de un estado es la protección física. Si las plataformas tecnológicas se han tragado a los estados, es el fin de la democracia.

¿Qué haría falta para desbloquear la ley abolicionista? ¿Cuál es la excusa para que esté encallada?

Creo, sinceramente, que el problema es una parte de la izquierda y del autodenominado feminismo. ¿Por qué? Porque critican la mercantilización de todo –de la vivienda, de los servicios públicos– y abrazan la mercantilización del cuerpo de las mujeres y de las niñas. Esa contradicción es una herida por la que sangran los votos. ¿Qué hace falta? Que la izquierda siga su tradición de coherencia: el cuerpo de las personas no se mercantiliza. Hay que poner límites al poder del dinero y luchar de verdad por la igualdad entre chicas y chicos, y ser menos frívolos, menos bohemios.

¿El consentimiento de la ley ‘del solo sí es sí’ no ha logrado poner límites?

El consentimiento a nivel penal está muy bien, pero hoy se está utilizando para legitimar lo ilegitimable. En el ámbito educativo y social tiene la consecuencia perversa de que, a través de la pornografía, se coacciona a una chica para que consienta cualquier práctica, hasta la agresión física. El estado social existe precisamente para no dejar todo al consentimiento individual. Los sindicatos surgieron para que no quedara en el obrero individual el consentir o no jornadas abusivas. En una sociedad de desigualdad económica brutal, el consentimiento se extrae facilísimo. Es como la ley de acoso sexual: un profesor no puede solicitar relaciones a una alumna, o un jefe a su empleada aunque ella sea mayor de edad y “consienta”, porque hay una relación de poder.

Volviendo a la ley abolicionista ¿cree que hay falta de voluntad en estos últimos años?

Desde el Gobierno de coalición se excusan diciendo que existen “diferentes sensibilidades” entre los socios. En el Gobierno hay distintas posturas; Sumar, Podemos o Bildu están a favor de regular el ‘trabajo sexual’. Pero para el PSOE también es muy cómodo decir que la tienen vetada. Hoy por hoy, donde hay más mujeres y hombres luchando por abolir la prostitución es dentro del Partido Socialista. Aunque luego, como conviven con puteros hiperconocidos como Ábalos, pues la cosa está regular.

¿Corre riesgo el feminismo de fragmentarse en exceso?

Sí, el feminismo está fragmentado, pero es que está fragmentado todo. La política de las identidades que se puso de moda a finales de los 90 invita a las generaciones jóvenes a mirarse continuamente al espejo: “Mírate al espejo, mira a ver quién eres, si eres un hombre o una mujer desde los seis años”. Como filósofa te diré que sólo vas a saber quién eres a través de la acción. Pero mientras los jóvenes se miran al espejo, el gran capitalismo y el neoliberalismo les ha desplumado de todos sus derechos económicos: del derecho a la vivienda y de un salario digno para tener un proyecto de vida. Y el feminismo también se ha dejado llevar por la política de la identidad. Al capitalismo le ha encantado la política de la identidad porque lo económico ha pasado a segundo o tercer plano. Ser mujer, lesbiana, gay o negro no es sinónimo automático de querer una sociedad más justa si no se cuestiona la estructura económica. Hay que unirse en lo económico.

La idea de que "tu cuerpo es tu mejor recurso y serías tonta si no le sacas partido" proviene de EE.UU.

¿Qué responsabilidad tienen las universidades en la transformación de las relaciones de género?

Las universidades han sido colonizadas por pensadoras y pensadores estadounidenses que invitan a pensar únicamente desde las identidades, y en Estados Unidos no hay nada más importante que el dinero. La idea de que “tu cuerpo es tu mejor recurso y serías tonta si no le sacas partido” proviene de ahí. Autoras como Judith Butler están a favor de los vientres de alquiler, de la gestación subrogada y del trabajo sexual porque consideran que el dinero todo lo legitima. Luego se presentan como lo más transgresor y antifamilia tradicional, pero resulta que son lesbianas y tienen una pareja y un hijo. Dime donde está lo no tradicional. Si en nuestro país las supuestas madres intelectuales del feminismo académico son pensadoras norteamericanas que defienden que el dinero todo lo compra, la contradicción es total.

Tras tantos años dedicada al análisis del pensamiento feminista, ¿qué pregunta cree que seguimos sin hacernos como sociedad?

La pregunta se la haría directamente a los hombres. Cuando les contamos que siete chicos han violado a una chica durante varias horas en el campus de la Universidad de Cornell tras drogarla, o cuando ven la violencia que se ejerce a diario, les preguntaría: ¿Por qué vuestra única respuesta sigue siendo “yo no he sido”? Les diría: dejad de responder “yo no he sido”. Decidnos más bien: “Cuéntamelo, explícame cómo es esto posible y vamos juntos a acabar con ello”. Tienen que pasar de la pasividad a cambiar un mundo asqueroso en el que las grandes corporaciones se han apoderado de todo.

La aerolínea de bajo coste Volotea ha iniciado los trámites para acogerse al preconcurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona. La compañía busca abrir un periodo formal de negociación con sus acreedores para reestructurar su deuda -350 millones de euros- y evitar la declaración de concurso voluntario, blindando su actividad frente a posibles ejecuciones judiciales mientras ultima un plan de viabilidad.

El principal detonante de esta situación financiera ha sido, aseguran, el fuerte incremento en el precio del carburante derivado de la crisis del estrecho de Ormuz, que ha supuestos un sobrecoste de unos 150 millones de euros en su factura de combustible.

En relación a cómo afecta el plan de ajuste a las rutas aéreas que la compañía opera en el aeropuerto Seve Ballesteros, fuentes de la compañía han avanzado a elDiario.es que “en principio, Cantabria no estaría afectada por ninguna cancelación de vuelos” y, además, el nuevo trayecto de Madrid-Santander “operará a partir de noviembre con total normalidad”.

La estrategia trazada por la empresa pretende realizar “reajustes y reducciones en determinadas frecuencias de vuelo para optimizar la ocupación y rentabilidad de cada trayecto”, han explicado pero por ahora “no se contempla la supresión total de conexiones ni la cancelación de rutas” en Santander. De este modo, la compra de billetes para los destinos que actualmente operan desde el Seve Ballesteros seguirán estando disponibles en la web.

Seguna aerolínea con más destinos en el Seve Ballesteros

Volotea se ha consolidado como la segunda aerolínea con mayor presencia en el Aeropuerto Seve Ballesteros de Santander por número de destinos (6), solo por detrás de la irlandesa Ryanair (9). La compañía mantiene operativas durante todo el año conexiones directas con Sevilla, Málaga, Valencia y Granada, a las que se suma la ruta con Mahón (Menorca) que opera solo en verano. La aerolínea está presente en Cantabria desde 2012, habiendo transportado a más de 525.000 pasajeros desde entonces y alcanzando en 2026 los casi 160.000 asientos disponibles, un 164% más respecto a 2025, según la compañía.

A todas ellas hay que añadir la nueva ruta entre Santander y Madrid, programado a partir del próximo 6 de noviembre, y que fue anunciada este mes de junio por los consejeros de Fomento y Turismo del Gobierno de Cantabria, Roberto Media y Luis Martínez Abad, respectivamente. Esta conexión de bajo coste tiene previsto operar con dos frecuencias semanales (los viernes y domingos por la tarde), con un avión Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros y tarifas de salida a partir de 19 euros. Los vuelos de Volotea se sumarían así a las 21 frecuencias semanales por sentido de Air Nostrum/Iberia.

Reducción de flota y de plantilla

La deuda acumulada por la compañía supera actualmente los 350 millones de euros, figurando entre sus principales acreedores la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La compañía proyecta reducir sus pérdidas a la mitad para el ejercicio 2026, situándolas en 33 millones de euros.

Para revertir esta situación antes del plazo límite fijado en diciembre, el plan de reestructuración de Volotea contempla una reducción de su flota comercial, que pasará de las 44 aeronaves actuales a una horquilla de entre 30 y 35 aviones. Este recorte de capacidad operativa conllevará asimismo un ajuste de plantilla de aproximadamente 50 empleos en las oficinas centrales de Barcelona.

A pesar de los trámites judiciales, el consejero delegado de Volotea, Carlos Muñoz, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los usuarios, garantizando que la aerolínea continúa volando con total normalidad, comercializando billetes y planificando su programación futura.

“Vamos al Congreso y no vamos a hacernos la foto. Vamos a decirles que no nos sirven los parches, que lo que queremos es una solución para toda España”, adelantaba Clara Salas, portavoz de la Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón, durante la concentración de denuncia por el desahucio de Maricarmen celebrada el pasado viernes en Santander.

Representantes de las familias afectadas por la venta de promociones de vivienda asequible de InmoCaixa al fondo Mosaic Propco mantendrán este martes una reunión en el Congreso de los Diputados con responsables de Izquierda Unida (grupo Sumar) para abordar posibles medidas que permitan garantizar la permanencia de los inquilinos en sus hogares y evitar nuevos procesos de expulsión residencial.

En el encuentro -que coincidirá con el Consejo de Ministros que prevé sacar adelante un Real Decreto sobre vivienda tras las grandes movilizaciones por el caso de Maricarmen- participarán el coordinador de IU en Cantabria y candidato de IU-Podemos a la Presidencia autonómica, Israel Ruiz Salmón, junto a la responsable federal de Vivienda de IU y coordinadora de IU Madrid, Carolina Cordero, y el diputado de IU integrado en el Grupo Parlamentario Sumar, Toni Valero, entre otros cargos de la organización.

Además de los representantes de las 107 familias de la promoción de Hermanos Calderón de Santander, en la reunión estarán afectados por operaciones similares en otros municipios, entre ellos Vicálvaro, Vallecas y Pinto, en la Comunidad de Madrid. Y es que “Caixabank ha ido dejando cadáveres no solo en Santander. También en Erandio, también en Madrid. Estamos con todos ellos”, ha añadido Salas.

“Hace unos días no solo se desahució Mari Carmen, se desahució a David de Vallecas. Hace unos días se suicidó una persona. Hay gente que ya tenemos situación de problemas mentales con bajas precisamente por ansiedad y por la situación que estamos viviendo. No puede ser que todos los días, a todas horas y por la noche, no podamos dormir por esta situación. Queremos una solución ya”, ha concluido la portavoz.

Por su parte, Ruiz Salmón ha afirmado que “si estas promociones nacieron con una finalidad social, esa finalidad debe preservarse; no es aceptable que viviendas destinadas al alquiler asequible acaben convertidas en un activo financiero más”.

“La política debe servir para proteger a quienes están en una posición más vulnerable frente a grandes actores económicos y si es necesaria la expropiación de grandes fondos, que así sea”, ha añadido.

Además, el candidato ha destacaco que “cuando una administración expropia suelo para construir una carretera, una acera o una infraestructura de interés general nadie cuestiona la legitimidad de esa actuación y que garantizar el derecho a la vivienda de cientos de familias también es una cuestión de interés general, por lo que las instituciones deben estar dispuestas a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance”.

Más casos de la Caixa en otras ciudades

Tal como detalla IU, el problema se remonta a la venta realizada por InmoCaixa de varias promociones de vivienda asequible impulsadas en el marco de la Obra Social “la Caixa” y distribuidas por distintos puntos del país. La operación afecta a ocho promociones situadas en Santander, Madrid, Córdoba y Erandio, entre otros lugares, y alcanza a cerca de 700 familias. “La Caixa no puede permanecer ajena a esta situación porque no ha garantizado el fin social original con que nacieron las promociones”, han asegurado desde IU.

“Estas viviendas fueron promovidas originalmente para facilitar el acceso a un alquiler asequible a personas y familias que cumplían determinados requisitos económicos. En muchos casos, los residentes llevan más de una década viviendo en los inmuebles y accedieron a ellos dentro de programas con una clara finalidad social”, argumenta la formación.

Sin embargo, tras la adquisición por parte de Mosaic Propco, los vecinos denuncian que se les ha comunicado la intención de no renovar los contratos de arrendamiento a medida que vayan venciendo, con el objetivo de vender posteriormente las viviendas a precios de mercado. Una situación que, según advierten, coloca a centenares de familias ante el riesgo de perder su vivienda habitual y por las que ya están recibiendo presiones que han sido denunciadas.

Cuando la gestión del patrimonio abandona la fijación por las “piedras viejas” para centrarse en la vida de las personas, el enfoque de la política rural cambia de manera radical. Bajo esa premisa se articula ‘Mujeres que narran’, un ciclo de encuentros comunitarios organizado por Tanea Arqueología y el Ayuntamiento de Riotuerto, con apoyo del Ministerio de Cultura y el Gobierno de Cantabria, en el Centro Cívico y Cultural Carlos III de La Cavada.

Lejos de limitarse a una mirada melancólica hacia el pasado, la iniciativa utiliza la memoria compartida entre vecinas para descifrar los retos actuales de los pueblos. “Durante décadas se ha identificado el patrimonio cultural con ermitas, cimientos u objetos, pero el verdadero foco debe estar en los vínculos emocionales y vitales de quienes habitan el territorio”, reflexiona Ángel Astorqui, arqueólogo y responsable de Tanea Arqueología.

Para Astorqui, poner en el centro las vivencias de las mujeres rurales no responde a un mero ejercicio anecdótico, sino a una necesidad histórica de restitución y visibilidad pública.

Del monumento al vínculo humano

Este experto en gestión cultural detalla que el cambio de paradigma en la arqueología social implica “pasar de la contemplación de objetos a la construcción de pertenencia comunitaria”. En las zonas rurales, los proyectos participativos suelen convocar de forma natural a las mujeres mayores, quienes custodian una memoria oral tan rica como invisibilizada.

“Muchas veces, cuando empiezan a hablar, dicen: ‘¿Pero esto a quién le va a interesar? Si mi vida no tiene importancia’”, relata Astorqui. Sin embargo, la perspectiva cambia cuando rememoran cómo con apenas seis años subían solas a las cinco de la mañana al monte a llevar la comida a sus padres ganaderos bajo temperaturas heladas.

Al compartir relatos que sus propios nietos contemplan hoy como ficciones lejanas, las participantes descubren que no eran las únicas y convierten sus vivencias individuales en un acervo común. “Ese reconocimiento mutuo es el que genera un sentimiento real de pertenencia y cohesión social”, subraya el responsable de Tanea.

Más allá de los concejos y de los bares

Astorqui considera que, históricamente, la vida social y la toma de decisiones en los pueblos se han estructurado al margen de las mujeres. “Aunque en la teoría la institución tradicional del concejo abierto convocaba a un representante por unidad familiar, la inercia social relegó casi sistemáticamente la representación pública a los varones”, señala. A pesar de ello, explica que eran las mujeres quienes sostenían los acuerdos cotidianos sobre la limpieza de caminos, los apoyos mutuos o el arreglo de infraestructuras comunitarias.

Esta marginación del espacio público se ha proyectado hasta el presente. “Las mujeres nunca han ocupado espacios de poder ni han tenido visibilidad pública en sus territorios”, recalca Astorqui. A ello se suma la pérdida progresiva de sus lugares de reunión. “Cuando un pueblo se queda sin bar, el cierre abre telediarios porque es el espacio de socialización masculino; pero a las mujeres les quitaron paulatinamente los lavaderos sin que nadie reparase en el impacto de esa pérdida”, denuncia el arqueólogo.

Cuando un pueblo se queda sin bar, el cierre abre telediarios porque es el espacio de socialización masculino

La desaparición de esos puntos de encuentro informales ha intensificado problemas como la soledad no deseada, un fenómeno que “rara vez se nombra de forma técnica entre las vecinas”, señala, pero que aflora de inmediato en estas conversaciones cotidianas que promueve la iniciativa 'Mujeres que narran'.

Un 'programa electoral' real frente a la política de despacho

Frente a la crispación política y los discursos prefabricados, Astorqui defiende que las reuniones de las mujeres rurales encierran una lucidez que ya querrían para sí los partidos políticos ante las próximas citas electorales. De la escucha activa de estas vecinas no emergen “diagnósticos precisos de los problemas, y las soluciones más efectivas para el bien común”, apunta. “Si escuchas a las mujeres de más de 65 años en un pueblo, te sacan un programa político perfecto”, asegura el responsable de Tanea.

Como ejemplo recuerda que, mientras la administración insiste en que las zonas rurales están conectadas porque existe una línea de transporte público, las vecinas ponen sobre la mesa la realidad, que “el autobús pasa a una hora inútil para la atención médica en el que no da tiempo a llegar a las citas”. Por ello, ante la paulatina desaparición de los consultorios locales y la necesidad de desplazarse a los hospitales de referencia de Santander, Laredo o Torrelavega, “son las propias mujeres quienes proponen el ajuste exacto de horarios que funcionaría para toda la comarca”, explica Astorqui.

Ocurre lo mismo al abordar retos de salud mental, brechas de cuidados o la convivencia pacífica. “Tienen las respuestas porque priorizan el bienestar colectivo y la vida cotidiana sobre las disputas abstractas”, añade Astorqui, al tiempo que bromea con que más de un representante público debería dejarse caer por estos talleres para aprender a diseñar políticas útiles.

La memoria obrera y migratoria de La Cavada

El caso de La Cavada aporta, además, una singularidad histórica imprescindible para conectar el pasado con el mapa social del presente. Aunque el imaginario colectivo asocia la localidad a la emblemática Real Fábrica de Cañones, el desarrollo de la industria textil entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX transformó el municipio en un dinámico polo de atracción laboral.

En una época en la que el conjunto de Cantabria sufría notables tasas de despoblación, Riotuerto ganaba habitantes gracias a la llegada de mujeres procedentes de Extremadura o Barcelona para trabajar en la fábrica textil (La Montañesa Textil). “Fue un proceso de migración interior con dinámicas muy parecidas a las de la revolución industrial vasca o catalana”, explica Astorqui.

En su opinión, analizar esta memoria obrera femenina permite abordar hoy los retos de la movilidad humana y las dinámicas de integración con “una perspectiva empática y libre de prejuicios”.

Democracia cultural

El ciclo 'Mujeres que narran', enmarcado en el Plan Nacional de Derechos Culturales y bajo el amparo de la Convención de Faro de la UE, aboga por la cogobernanza y la 'democracia cultural'. Este enfoque supera la idea de la cultura como mero consumo o espectáculo para entenderla como una herramienta viva que sostiene la vida comunitaria y permite a la ciudadanía crear sus propias narrativas.

La cultura no es un producto que se compra, sino un derecho que se habita colectivamente

Las jornadas de La Cavada -que se celebran alrededor de una merienda informal los días 24 de septiembre y 1 de octubre, antes del gran encuentro interterritorial del 3 de octubre con delegaciones de Asturias y Euskadi- están abiertas a cualquier persona sin necesidad de conocimientos previos.

“No buscamos expertas, sino la sabiduría de lo cotidiano”, concluye Ángel Astorqui. “La invitación es sencilla: venir a conversar o, simplemente, a escuchar. Porque la cultura no es un producto que se compra, sino un derecho que se habita colectivamente para decidir cómo queremos que sean nuestros pueblos mañana”.

La 'Ruta Norte' es un camino amargo. Un circuito organizado por quienes dirigen redes de prostitución que trasladan a las mujeres de una ciudad a otra por todo el norte de España. Cantabria es una de las estaciones en las que las víctimas de explotación sexual están 15 o 20 días como máximo, antes de seguir la gira por Euskadi, Galicia y Asturias. En ocasiones llegan al sur de Francia o hasta Valladolid.

Médicos del Mundo ha identificado y bautizado esta ruta que mueve a las mujeres constantemente por dos razones: alimentar la continua demanda de “novedad” por parte de los consumidores de prostitución e impedir que la víctima desarrolle arraigo local, que establezca lazos o mantenga un acceso continuado a los recursos sanitarios, sociales y de protección legal de la comunidad.

La prostitución en Cantabria se ha trasladado desde los clubs -solo quedan una decena- hacia domicilios privados y plataformas digitales, lo que hace cada vez más difícil su intervención. Aumenta el negocio, pero cada vez es más difícil abrir procedimientos penales para perseguir el proxenetismo y la trata de seres humanos.

En la comunidad funcionan 45 pisos fijos que ofrecen servicios sexuales de forma continuada. Eso dicen las cifras oficiales de la Fiscalía de Cantabria. Sin embargo, el equipo técnico de la Asociación Nueva Vida ha logrado ubicar “más de 150 lugares y pisos” en los que se ejerce la prostitución.

La magnitud de este dato se encuadra en los resultados del ‘Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres’ de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que situó a Cantabria como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa relativa de mujeres prostituidas. Únicamente le superan Baleares, Cataluña y Valencia.

Los lugares son los mismos, las mujeres van rotando. Los pisos están, sin llamar la atención, en edificios residenciales de zonas urbanas de Cantabria. Son el eje central de la oferta presencial.

Sin embargo, ahora se ha detectado una modalidad emergente que dificulta aún más el rastreo: el uso de pisos turísticos de alquiler de corta estancia.

En estos espacios, las redes de explotación operan durante periodos festivos o temporadas vacacionales concretas, desmantelando la infraestructura con rapidez una vez concluidas las fechas de mayor afluencia, como puede ser la Semana Grande de Santander. Fechas en las que también se incrementa el número de clientes.

Solo un nuevo caso de trata

A pesar de la red de locales y domicilios contabilizada, la Fiscalía de Cantabria llama la atención sobre la “escasa incidencia” formal de causas judiciales relacionadas con los delitos de prostitución y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Las estadísticas del propio órgano judicial revelan que únicamente se incoó un procedimiento judicial por el delito de trata de seres humanos en toda la comunidad y en materia de delitos de prostitución, solo se registró una nueva causa por posibles ilícitos de prostitución lucrativa, trata y favorecimiento de la inmigración ilegal.

El ejercicio cerró con cero sentencias condenatorias dictadas por delito de trata de seres humanos en la comunidad.

Esta profunda brecha entre la realidad del mercado prostitucional en las calles y su escaso traslado a las salas de justicia responde a tres factores, según argumenta el propio ministerio público.

En primer lugar, destaca la reticencia de las víctimas a acudir a las autoridades o poner denuncias, debido al estigma social, el estrecho control al que son sometidas y el temor a sufrir represalias directas de los explotadores y las redes criminales.

A esta barrera se suma que es un mercado que opera en el entorno digital, donde se hacen los contactos y se ponen los anuncios. Un escenario donde la intermediación de terceras personas queda oculta tras plataformas web y redes sociales, lo que complica que se puedan obtener pruebas directas.

Por último, al ser una actividad ejercida “a puerta cerrada” en pisos privados impide la entrada de las fuerzas de seguridad, salvo que exista un consentimiento explícito de las moradoras o lo autorice un juez.

La pornografía, puerta de entrada a la prostitución

La memoria de la Fiscalía de Cantabria pone el foco en el complejo escenario de invisibilización de este tipo de delitos. Los continuos desplazamientos de mujeres incrementan su aislamiento y añaden opacidad al oscuro negocio. También complica que intervengan las entidades sociales que luchan contra la prostitución.

En Cantabria, son principalmente tres. APLEC Inclusión Mas Igualdad es una de ellas. Frente a las complejas definiciones legales que separan la trata, la explotación sexual y la prostitución, Silvia Cifrián, abogada de APLEC en Cantabria explica que “estas realidades no son compartimentos estancos, sino manifestaciones de una misma forma de violencia machista en la que no existe espacio para el consentimiento”.

Ellos acuden acude periódicamente a los clubes y pisos donde se ejerce la prostitución. Tienen un equipo de trabajadoras sociales, psicólogas y más de veinte voluntarias que ofrecen “un espacio seguro de escucha sin juzgar ni coaccionar a las mujeres” porque “ya bastante coacción están sufriendo”, como apuntan las trabajadoras sociales Nadia y Elsa. Sucede especialmente con “mujeres procedentes de contextos muy vulnerables” donde la explotación sexual campa a sus anchas, apuntan.

Su tarea es construir una relación de confianza con las mujeres para proporcionarlas asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación laboral y apoyo social y administrativo. Intentan hacerles ver que existen alternativas viables para cuando decidan o puedan cambiar de vida.

Para ayudar en ese proceso, APLEC tiene dos pisos de acogida, cada uno con cuatro plazas para alojar a mujeres e incluso a menores de hasta 14 años a su cargo. Estas viviendas proporcionan a las mujeres tiempo y seguridad para “reflexionar y reorientar su proyecto vital lejos de la coacción de las redes”.  Además, como la organización funciona también en otras comunidades autónomas se pueden hacer traslados cuando la integridad o seguridad de una mujer se ve amenazada aquí en Cantabria.

En el plano legislativo y social, APLEC reivindica la aprobación urgente de una ley integral para la abolición de la prostitución -la LOASP todavía a la espera de tramitación parlamentaria- que garantice “respuestas coordinadas en materia sanitaria, social y de seguridad, al tiempo que penalice el consumo de sexo de pago y persiga cualquier forma de lucro a costa del cuerpo de las mujeres”.

El equipo que trabaja en Cantabria considera que es urgente “desnormalizar el consumo prostitucional y educar a la juventud en un concepto sano de sexualidad y consentimiento”.

Las profesionales alertan de que la pornografía actúa como la principal puerta de entrada al mercado del sexo de pago entre los adolescentes y recuerdan que “comprar sexo no forma parte de una buena educación sexual”, por lo que instan a la ciudadanía a involucrarse activamente en la erradicación de esta forma de explotación.

La indignación por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada este miércoles de su vivienda en Madrid tras años de resistencia, ha llegado hasta la capital cántabra. Convocados de urgencia con apenas 24 horas de antelación frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, cientos de manifestantes y representantes de movimientos sociales, sindicales y partidos de izquierda se han concentrado este viernes a las 19:30 horas para convertir la protesta por lo sucedido en Madrid en un clamor por el derecho a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria en la región.

Al ritmo de consignas como “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”, “Cantabria no se vende, Cantabria se defiende” o “La casa es para tener hogar, no para especular” y críticas directas a la inacción de las administraciones, la protesta ha conectado el caso madrileño con la emergencia habitacional que atraviesa Cantabria. Durante el acto, convocado bajo el lema 'Por todas las Maricarmen, los asistentes han clamado que la pérdida del hogar por el avance del “rentismo” no es un suceso aislado, sino un drama que afecta de lleno a decenas de familias cántabras.

“Un caso como el de Mari Carmen remueve y moviliza masivamente porque despojar a una persona vulnerable mediante la fuerza policial hace que salir a la calle sea lo mínimo. Pero debemos enfocar la mirada hacia nuestras propias calles, barrios y pueblos”, han proclamado las organizaciones convocantes.

Como parte de un manifiesto conjunto han recordado casos recientes, similares al de Maricarmen, sucedidos en la comunidad autónoma como el de José -expulsado semanas atrás de su hogar en Muriedas-, o el de Blanca y su hija, desahuciadas en Santander en un operativo que conllevó cargas policiales.

Al tiempo, han advertido que los fondos de inversión especulativos están penetrando en el territorio cántabro, poniendo en riesgo la continuidad y el arraigo de las familias trabajadoras. Igualmente se ha hehco alusión a otros aspectos que alimentan la crisis habitacional en la región: desde los alquileres temporales inasumibles y la proliferación de la turistificación masiva hasta los “zulos a precios abusivos”, las “hipotecas asfixiantes” y las presiones sobre el territorio.

La resistencia de los vecinos de Hermanos Calderón

Pero la protesta local se ha personificado especialmente en la lucha de las familias de la calle Hermanos Calderón de Peñacastillo (Santander), cuyas viviendas de alquiler asequible promovidas por Fundación La Caixa han acabado en manos del fondo de inversión con base en Luxemburgo Mosaic Propco.

Clara Salas, portavoz de los afectados, ha recordado el acoso constante que sufren mediante visitas a puerta fría y llamadas a deshoras por parte de empresas de desocupación contratadas para forzar su salida o exigirles la compra de sus casas por más de 240.000 euros, el doble del precio al que el fondo las adquirió de Caixabank (unos 120.000 euros por piso).

Salas han subrayado que en los bloques residen personas mayores de 65, 70 y 80 años, menores y personas con gran dependencia que durante diez años asumieron el pago del IBI, seguros y comunidad creyendo que accederían a la propiedad. “Nosotros construimos nuestro hogar aquí y no nos vamos a ir cuando caduquen los contratos; vamos a luchar unidos contra el fondo y contra las administraciones”, ha aseverado la portavoz. Salas ha adelantado además que la próxima semana acudirán al Congreso de los Diputados a exigir soluciones reales.

Este colectivo ha aprovechado la concentración para hacer un reparto masivo de cartas dirigidas al consistorio santanderino. En ellas piden que cada persona, a título particular, firme la misiva en la que se solicita formalmente al Ayuntamiento que replantee la compra de los inmuebles para garantizar que mantengan permanentemente su función de alquiler social público.

Derecho constitucional frente al negocio privado

David Ayala, portavoz del Sindicato de Vivienda de Cantabria, ha destacado la necesidad de atajar la problemática del derecho a un techo digno amparado por la Constitución Española y el afán de lucro de los grandes tenedores. “No se puede permitir ningún desahucio sin una alternativa habitacional digna”, ha dicho Ayala, atribuyendo dicha responsabilidad tanto al Gobierno central como al autonómico.

En el terreno político, representantes de distintas formaciones han acudido a la convocatoria. Israel Ruíz Salmón, candidato de IU-Podemos a la presidencia de Cantabria, ha exigido una postura firme de las instituciones cántabras y ha planteado la expropiación de las viviendas en manos de fondos buitre como una solución legal y democrática para proteger a la población vulnerable: “La especualción tiene que quedar fuera de cualqueir derecho básico como es la vivienda”. Ruíz Salmón ha reiterado que desde su grupo parlametario van a trabajar para que “el martes un decreto de vivienda para tramitar iniciativas que atajen el problema sin ”parches“.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha dicho compartir “la indignación ciudadana por el desalojo de Madrid” y ha instado a “no dejar la vivienda a la merced del mercado”. Casares ha anunciado que el grupo socialista impulsará en las próximas semanas un Real Decreto Ley en el Congreso para paralizar los desahucios de familias vulnerables.

Asimismo, Casares ha interpelado directamente al PP para que actúe con “humanidad y sentido de Estado”, al tiempo que ha instado al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos cántabros a declarar zonas tensionadas, limitar los alquileres y aplicar la Ley de Vivienda. Con cierto tono de autocrítica, el socialista ha dicho: “Creo que no hemos hecho lo suficiente. Creo que se puede hacer más, que todos tenemos que hacer más, desde el Gobierno de España hasta el último ayuntamiento de Cantabria”.

“No dejéis de luchar”

Finalmente los convocantes han hecho un llamamiento a los asistentes a sumarse a la siguiente cita, convocada para este sábado a las 12:00 horas en la Plaza de los Derechos Humanos de Santander, para recorrer las calles en defensa del territorio y contra el fascismo.

La concentración ha concluido con un recordatorio a la consigna pronunciada por Maricarmen tras perder su hogar en Madrid este miércoles: “No dejéis de luchar; las casas son para vivir y el territorio se defiende con solidaridad y apoyo mutuo”.

Varios inquilinos de las 107 viviendas de la calle Hermanos Calderón en Santander han denunciado en el juzgado las presiones en forma de constantes llamadas y mensajes para forzarles a abandonar sus pisos de alquiler social por parte de una empresa contratada como mediadora por los nuevos propietarios del edificio, el fondo de inversión, Mosaic Propco.

Una denuncia por presunto acoso inmobiliario y delito de coacciones a la empresa Administración y Gestión de Inmuebles Sociales, S.L. (IMASS), dedicada profesionalmente a la desocupación y a la posesión de inmuebles, refieren los denunciantes.

En concreto, los vecinos se quejan de que han empezado a recibir llamadas, mensajes y comunicaciones dirigidas a conseguir que abandonen sus viviendas antes de que venzan sus contratos o que las compren.

A finales de enero de 2026, un hombre se presentó sin previo aviso en uno de los domicilios en nombre de Mosaic. Preguntó quiénes vivían en la vivienda, cuántas personas componían la familia y cuál era su nivel de renta y les dijo que el fondo de inversión no pretendía prorrogar los alquileres, que quería que abandonasen las viviendas cuanto antes. Después preguntó por cuánto dinero estarían dispuestos a marcharse.

Una semana más tarde volvió a las diez de la noche y empezó a tocar el timbre de forma insistente. Les pidió 248.000 euros por adquirir la vivienda y como los propietarios no aceptaron les manifestó -“de malas formas”, recoge la denuncia- que en ese caso “se iban a la calle”.

A partir de entonces, las llamadas, los mensajes al whassap y en el contestador fueron constantes a través de números desconocidos y otra persona que también representaba a IMASS.

Reclamación a la Agencia de Protección de Datos

En paralelo, también han presentado una reclamación formal ante la Agencia de Protección de Datos por la utilización de datos personales por parte de esta empresa sin consentimiento. Además de los números de teléfonos aseguran que esta empresa mediadora ha “intentando recopilar circunstancias personales” sobre los inquilinos.

En las mismas solicitan al organismo regulador que abra una investigación para determinar cómo “una sociedad especializada en desocupación y recuperación de inmuebles” ha accedido a su información privada con el objetivo de negociar su desalojo.

Los escritos remitidos a la Agencia Española de Protección de Datos, explican que las viviendas pertenecían originariamente a una entidad vinculada a La Caixa y posteriormente se transmitieron a Mosaic Propco, S.L., que ha trasladado a los residentes su intención de no prorrogar los contratos de arrendamiento a su vencimiento para vender los inmuebles.

En este contexto, según señalan las reclamaciones, trabajadores de IMASS han iniciado contactos directos con los arrendatarios manifestando actuar en representación de la nueva propiedad para instarles al abandono anticipado de las casas.

Los afectados viven una situación de incertidumbre después de que 'la Caixa' -que construyó las viviendas asequibles en el marco de un programa de su fundación- decidiera vender los pisos a un fondo de inversión que quiere alquilar de nuevo las viviendas a precios de mercado.

Algunas de las familias que residen en los inmuebles son vulnerables o pasan por circunstancias muy delicadas. Otras familias se enfrentan a su posible salida, ya que su contrato vence próximamente, en concreto este mes de noviembre, tal como relataban recientemente a elDiario.es.

Otras medidas de presión

La gestión del fondo también ha generado otros conflictos que los inquilinos califican como “otras medidas de presión”. Hace escasas semanas, los inquilinos denunciaron que un cambio en la titularidad de los contratos de agua, por el que Mosaic Propco pasó a figurar como pagador, les ha impedido acceder a las bonificaciones municipales de la empresa de gestión de aguas (Aqualia) vinculadas a determinadas situaciones económicas. La plataforma vecinal considera que la pérdida de estas ayudas supone un nuevo perjuicio para las familias y existe una clara intencionalidad de perjudicarles con el objetivo de expulsarles de los pisos.

Tras dar a conocer a los medios la revocación de las medidas cautelares dictada por el titular del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santander sobre la reapertura al tráfico bajo el arco de Faro Santander, el concejal de IU Keruin Martínez ha puesto el foco en “la actuación de una entidad privada -refiriéndose al Banco Santander- sobre el espacio público sin cobertura administrativa previa”.

Martínez ha sostenido que las actuaciones municipales posteriores han consistido en “poner a trabajar a los servicios municipales al servicio de la cacicada de Gema Igual y Ana Patricia Botín” para intentar “regularizar a posteriori” tras haber sido “pillados”.

Para ilustrar la situación, el representante de IU ha dicho: “Es como si te dan una licencia para reformar tu casa y por el mismo precio te quedas con la calle porque te viene bien; eso es lo que está pasando aquí y lo que queda acreditado a la espera de la resolución judicial”. Según el concejal, “el promotor privado actuó sobre un vial público sin que constara ninguna licencia ni autorización previa en el momento de consumarse los hechos”.

Martínez ha recalcado que el procedimiento judicial continúa plenamente abierto a través del recurso principal planteado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local, posteriormente y como reacción a las mediadas cautelares dictaminadas por el juez el 3 de septiembre. Martínez ha recordado además que a esta causa se ha sumado la comunidad de vecinos del número 2 de la calle del Martillo y otro colectivo, ha avanzado, “que ya se ha personado y del que tendremos conocimiento pronto”.

“La cuestión judicial sigue abierta y pendiente; la resistencia a permitir la circulación responde a cuestiones políticas y no administrativas”, ha concluido el portavoz de IU.

El juez del número 2 del Contencioso-Administrativo de Cantabria ha revocado las medidas cautelares que obligaban a abrir al tráfico el arco de Faro Santander. Una decisión recogida en un auto del 2 de septiembre que el Ayuntamiento de Santander no ha llegado a cumplir.

Ahora, el juez estima el recurso municipal y el arco de la calle Marcelino Sanz de Sautuola -antigua calle del Martillo- seguirá siendo peatonal. Eso no supone que vaya a ser una decisión definitiva porque el proceso judicial sigue abierto.

Lo que ha hecho el juez es aceptar el acuerdo de la Junta de Gobierno que legalizaba la peatonalización, aunque se hizo a posteriori cuatro días después de conocerse el primer auto judicial.

El concejal de Izquierda Unida en Santander, Keruin Martínez, que presentó el recurso considera que aunque el juez haya aceptado la solicitud del Ayuntamiento de levantar las medidas cautelares, el auto no desdice lo establecido en la primera resolución sobre la existencia de una “vía de hecho”. Así, el nuevo auto de 22 de septiembre dice lo siguiente: “a los solos efectos de esta medida cautelar, ya no existe ese cierre definitivo al tráfico rodado denunciado por la parte demandante, sino que existe una nueva regulación del uso del vial público (viario compartido/restringido) que permite la circulación, debiendo ser en el procedimiento principal donde se analice la existencia de la vía de hecho denunciada inicialmente (...), así como la eventual legalidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander el 7 de septiembre de 2026”.

Martínez lo ha calificado como una “victoria parcial para los vecinos de Santander”, argumentando que la actuación del equipo de Gobierno ha pasado de pretender un cierre definitivo a asumir la posibilidad de circulación bajo el paso. En palabras del edil, “el juez en ningún momento desdice aquello que ya ha establecido en el primer auto; sencillamente reconoce que el acuerdo adoptado a posteriori por la Junta de Gobierno merece la consideración para levantar las cautelares porque reconoce que no hay un cierre definitivo”.

Por ello, ha subrayado que “lo que iba a ser un cierre definitivo actualmente ya es un cierre parcial o una apertura que depende de una regulación de tráfico”. En su opinión, “la pregunta que le corresponde ahora sí responder al Ayuntamiento es quién va a poder circular y cuándo”.

En esta línea, el portavoz de IU ha arremetido contra la falta de visión técnica del proyecto, afirmando que “la actuación que se ha hecho bajo el arco del Banco Santander solamente responde al capricho de Gema Igual” y de la presidenta de la entidad bancaria, Ana Patricia Botín.

Martínez ha denunciado la ausencia de criterios de movilidad y planificación, advirtiendo del impacto directo en la accesibilidad de barrios como el Ensanche, Santa Lucía, El Río de la Pila o San Celedonio. A este respecto, ha cuestionado los perjuicios en la atención sanitaria de urgencia: “Los vecinos ven mermada su posibilidad de sobrevivir a un infarto si eso depende de lo pronto que llegue una ambulancia”, recordando que no existe impedimento legal ni material para permitir el paso de vehículos de emergencia, taxis, residentes o transporte público.

Gema Igual: “Si pasan coches por el arco se colapsaría la rotonda”

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que la decisión del juez de levantar las cautelares para seguir restringiendo el tráfico bajo el arco de Faro Santander es “de lógica y sentido común”.

Según la regidora, esta medida de peatonalización es “la que está en el expediente desde el primer momento, la que entendemos que está en el contexto de esta gran infraestructura, la que esperamos cuando hemos visto las colas y la afluencia de personas ante Faro Santander y la que llevamos viendo desde el año 2021 cuando se ha hecho la obra”.

Aún así, Igual ha subrayado que respeta “totalmente” el proceso judicial abierto, y ha afirmado que, por el momento, continuará el arco de Faro Santander restringido al tráfico excepto a vehículos de emergencia, como tenía previsto el Ayuntamiento “desde el primer momento”, porque es un vial restringido-compartido.

Por otro lado, ha criticado que el concejal de IU, Keruin Martínez, quiera “confundir” a los vecinos “con que se van a quedar aislados”, ya que, según ha explicado, todos los del entorno tienen acceso con vehículo a sus garajes, locales comerciales y viviendas.

Además, la regidora ha destacado que la no apertura del tráfico por ese paso se debe a que el autobús municipal tiene otras alternativas y a que si pasaran coches por el arco “se colapsaría la arteria principal e incluso la rotonda del Centro Botín”.

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha dicho que fue “un funcionario” quien ordenó desviar a pacientes de la sanidad pública a la privada, a través de un correo electrónico difundido a varios directivos y personal de admisión.

En este sentido, ha negado categóricamente que se trate de una directriz oficial emitida por la cúpula directiva. “Decir que un alto cargo dio una instrucción es rotundamente falso”, ha apostillado.

Pascual ha explicado que las instrucciones fueron redactadas por un trabajador del área de admisión que “confundió el alcance del convenio singular con el hospital concertado y las reglas aplicables a la sanidad pública”.

Según su versión, el correo electrónico se envió “hace dos o tres semanas” y el protocolo interno del Hospital Valdecilla -en el que se ordenaba retirar la cita o mandar al final de la cola a los usuarios que rechazaran ser derivados a la sanidad privada- fue “rápidamente anulado por las gerencias” en cuanto se detectó.

A preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa de presentación de la Ley de Salud Digital, el responsable de la sanidad autonómica ha respaldado las explicaciones previas de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y ha insistido en que “no hay constancia de que nadie se haya quitado de la lista de espera” y que la opción de derivación hacia centros concertados como el Hospital Santa Clotilde sigue siendo un procedimiento voluntario.

“Un correo no es una instrucción legal”

Durante su comparecencia, el consejero ha hecho hincapié en la diferencia entre un mensaje informal de gestión y un acto administrativo regulado.

Según ha argumentado, lo difundido a varios directivos y áreas de admisión no constituye en ningún caso una instrucción formal de la Consejería. “Una instrucción es una cuestión absolutamente legal que tiene validez y rango normativo; decir que se mandó una instrucción no es lo mismo que se envíe un correo interpretando lo que sea”, ha remarcado el titular de Salud.

Sin sanciones ni cese para el empleado de admisión

Cuestionado sobre si la Consejería o el SCS prevén la apertura de un expediente o el cese del responsable que remitió la indicación, Pascual ha descartado adoptar medidas disciplinarias de calado.

“Errores se pueden cometer y un error no es motivo de cese”, ha aseverado. También ha explicado que no ha considerado necesario solicitar explicaciones personales de forma directa al trabajador involucrado.

A juicio del consejero, el fallo humano debe contextualizarse en el escenario de sobrecarga que atraviesa la atención sanitaria en la comunidad tras los paros laborales. “Hemos perdido 169.000 consultas o pruebas y tenemos mucha tensión asistencial y mucha presión por recuperar” -ha justificado Pascual- dando a entender que el empleado actuó guiado por el afán de “agilizar citaciones y maximizar huecos en las agendas”.

En su opinión, la gestión del incidente ha quedado acotada al ámbito de los gerentes del Servicio Cántabro de Salud y del propio centro hospitalario.

“Dos únicas quejas por el tono”

En relación con el malestar social y las denuncias acumuladas por colectivos de usuarios y representaciones sindicales, el consejero ha replicado que solo se hn registrado “dos quejas de dos personas que se han sentido presionadas”.

Pascual ha aclarado que, tras investigar ambos expedientes, las reclamaciones no obedecen a exclusiones reales de la lista, sino a discrepancias con el “tono” empleado por el personal administrativo encargado de realizar las llamadas. Es más, el consejero ha argumentado que una de las usuarias que ha protestado “finalmente se hizo la prueba” en el hospital Santa Clotilde, ejerciendo su derecho a reclamar pero sin perder la atención sanitaria.

Protocolo de derivación: “El paciente no sale del sistema”

Para disipar las dudas sobre la “demora voluntaria” planteadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Pascual ha detallado cómo actúa el protocolo cuando un ciudadano rechaza la oferta de acudir al centro privado.

La propuesta de derivación a Santa Clotilde se realiza únicamente para “adelantar los plazos” previstos en el hospital público. Si el paciente prefiere mantenerse en Valdecilla, “no pasa nada: no se modifica en absoluto su cita y se queda exactamente donde estaba para la fecha programada”.

En el caso de rechazos expresos, la normativa congela temporalmente el cómputo de los plazos de demora garantizada porque la decisión parte del usuario, pero en ningún caso implica perder la plaza ni ser relegado al último lugar de la lista.

“No tenemos ningún tipo de instrucción para pasar a nadie al último lugar; el paciente sigue en la lista y pasa a la siguiente ronda de llamadas, un mes o dos depués”, ha concluido el consejero.

La experiencia de cruzar fronteras implica mucho más que un cambio de coordenadas geográficas, supone una transformación identitaria atravesada por pérdidas silenciosas y reconstrucciones personales. Bajo esta premisa cobra vida 'Caminante: historias resonantes de la migración por Europa', un proyecto de podcast producido y presentado por la periodista mexicana Norma Saldaña.

Afincada en Santander tras una trayectoria profesional de más de diez años en medios impresos, de radio y televisión en su país de origen, Saldaña ha emprendido este proyecto focalizado en la memoria migrante. Tras completar su primera temporada de diez episodios centrados en testimonios de mujeres, la iniciativa ha arrancado su segunda entrega incorporando también voces masculinas y la migración académica.

La génesis de Caminante se remonta a la propia vivencia migratoria de su conductora, quien ha experimentado en primera persona los obstáculos burocráticos y emocionales de la adaptación a un nuevo país. Su primer contacto con España tuvo lugar en septiembre de 2005, cuando se trasladó a Valencia junto a su marido. Allí se topó de forma abrupta con la falta de reconocimiento oficial de su titulación universitaria en Comunicación, lo que le impidió ejercer el periodismo a pesar de contar con una década de ejercicio a sus espaldas en cabeceras de renombre como la agencia estatal Notimex o el diario Reforma. Saldaña recuerda aquel momento como un duro golpe profesional que reducía su formación previa a un nivel de educación secundaria.

Ese primer choque motivó el regreso de la familia a Querétaro (México) en 2006, donde Saldaña continuó su carrera en periódicos digitales, la radio y la televisión pública local, además de cursar un máster en Comunicación y Cultura Digital por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin embargo, tras quince años en territorio mexicano, la llamada de la tierra de su marido (de origen cántabro) impulsó una segunda migración hacia Santander a finales de 2022, esta vez acompañados por su hijo.

En esta nueva etapa en Cantabria, y tras lograr finalmente la equivalencia de su título universitario e integrarse en el Colegio Oficial de Periodistas de Cantabria, Saldaña terminó de germinar la idea de crear un espacio donde las vivencias de las personas migrantes dejaran de ser invisibles.

Poner nombre y rostro al 'duelo migratorio'

Uno de los pilares sobre los que se cimenta el espacio es el concepto de 'duelo migratorio', entendido como el proceso de pérdida y adaptación emocional que atraviesa toda persona que abandona su país de origen. La conductora explica que el episodio inaugural de la primera temporada, en el que entrevistó a una especialista mexicana dedicada al acompañamiento de personas migrantes, sirvió para “abrir el melón” de una realidad a menudo silenciada. A través de las reacciones del público, Saldaña comprobó cómo muchas personas descubrían por primera vez que “la pesadez, la nostalgia o el dolor que sentían tenían una denominación concreta y un sentido psicológico”.

En esta línea, la comunicadora considera que en Cantabria existe un cierto vacío en cuanto a espacios físicos e institucionales destinados al desahogo emocional para la población extranjera. Aunque reconoce la labor técnica y legal de entidades sociales como Cantabria Acoge o Movimiento por la Paz en la regularización de trámites administrativos, sostiene que hace falta una red de refugio que acompañe “el dolor de la pérdida” y recuerde que “el desarraigo es una etapa transitoria”. Frente a esta carencia, Saldaña ha invocado a “la importancia de la empatía entre pares y el valor de la amistad transnacional”, afirmando con gratitud que la bondad y el afecto carecen de nacionalidad.

Historias vitales frente a la deshumanización mediática

La urgencia por dar vida a Caminante responde también a una firme voluntad de contrarrestar el endurecimiento del discurso mediático y político hacia el colectivo migrante. La periodista ha manifestado su preocupación ante la proliferación de “relatos estigmatizantes que vinculan a las personas de origen extranjero con la delincuencia o las retratan como una carga para el sistema público”. Saldaña sostiene que “la deshumanización proviene del desconocimiento y de reducir vidas humanas a meros números o estadísticas”.

Nadie abandona su país, sus raíces y a su familia por mero placer

La presentadora asevera que “nadie abandona su país, sus raíces y a su familia por mero placer”, sino empujado por situaciones de violencia, inseguridad o falta de futuro, la mayoría de las veces. Por ello, defiende que el podcast constituye “un canal de sanación colectiva” tanto para quien relata su vivencia como para quien la escucha.

Al poner rostro, voz y emoción a los trayectos de vida, el programa busca desmontar los prejuicios que alimentan los discursos de odio, demostrando que detrás de cada proyecto migratorio existe el derecho fundamental de cualquier ser humano a construir una vida digna.

Grabación pública en el Ágora Solidaria Luis Toca

El diseño técnico y narrativo de 'Caminante' ha destacado por su carácter colaborativo y comunitario. Saldaña ha agradecido la generosidad del Ágora Solidaria Luis Toca, que ha cedido sus instalaciones para transformar la grabación en un encuentro abierto al público. Si bien la comunicadora admite que entrevistar a personas ajenas a la vida pública entraña una notable dificultad, por la intensidad emocional que, en ocasiones, puede surgir durante el directo, cree que la presencia de oyentes en la sala ha contribuido a su vez a tejer un ambiente de confianza e intimidad.

Tras una primera temporada compuesta por diez episodios protagonizados íntegramente por mujeres, la segunda entrega del proyecto introduce novedades significativas. El espacio ha comenzado a incorporar testimonios masculinos, reconociendo la dureza de los procesos migratorios que atraviesan también los hombres. Así, el primer capítulo de la nueva temporada ha recogido la experiencia de Efrén Navarrete, un estudiante mexicano que cursó su doctorado en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Cantabria y llegó a incorporarse a la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Suiza.

De otro lado, el crecimiento de Caminante ha traspasado el plano del podcast digital para integrarse en la parrilla radiofónica tradicional. Saldaña ha confirmado con satisfacción que los episodios de la primera temporada han comenzado a emitirse en la emisora de radio Fractal FM de Málaga (87.8 FM) desde este mes de septiembre todos los jueves, lo que supone un hito en la trayectoria del proyecto y una vía para multiplicar el alcance de sus mensajes.

La periodista reitera su agradecimiento a las personas que han compartido su intimidad ante los micrófonos y hace un llamamiento a cualquier persona migrante que desee compartir sus vivencias. Quienes tengan interés en sumarse a las próximas grabaciones pueden contactar con la producción a través de sus perfiles en redes sociales en Instagram (@caminante.podcast). “Caminante continuará siendo una apelación constante a la empatía y a poner rostro a quienes han emprendido el camino lejos de su hogar”, concluye Saldaña.

El titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado reabrir al tráfico el arco del edificio de Faro Santander, en la calle Martillo, convertido en espacio peatonal por el Ayuntamiento de Santander tras la reforma de la sede del banco del Paseo de Pereda.

La justicia estima así las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida que ha presentado un recurso en los juzgados de Cantabria pidiendo la reapertura y pide con efecto inmediato -pero temporal por tratarse de medidas cautelares-, la reapertura al tráfico para el paso de la línea de autobús 5C2, de residentes, vehículos de emergencia y del transporte de mercancías que suministra a los comercios de la zona, hasta la resolución del contencioso.

Eso sí, las medidas que afectan al tráfico, abunda el auto, le corresponden al Ayuntamiento, en aras de determinar la señalización que regule el paso bajo el arco.

El auto judicial señala que las alegaciones del Ayuntamiento han consumado un hecho y que toda la documentación aportada por el Consistorio ha sido posterior a la apertura del paso bajo el arco. Según reza el texto, “la resolución administrativa se adoptó el día 12 de agosto de 2026 y consistió en el reformado del proyecto básico (...) y autorizando una nueva pavimentación, dando como consecuencia, un nuevo uso a la zona”. El juez advierte de que “no existe una resolución expresa en la que se autorice este nuevo uso”.

Keruin Martínez, portavoz de IU, ha comparecido este jueves ante los medios, en la plaza del Ayuntamiento para informar del otorgamiento de medidas cautelares y ofrecer una copia de las medidas otorgadas por el juez el 2 de septiembre.

El edil ha cuestionado los informes aportados por el Ayuntamiento y la actuación del Ayuntamiento porque “todas” las licencias con las que contaba el Banco Santander, ha dicho, “afectaban al edificio y no consta ningún tipo de autorización que le habilite para actuar sobre el vial”.

El vial “no se ha privatizado”

En el auto judicial consultado por elDiario.es, la argumentación del Ayuntamiento defiende el uso “restringido/compartido”, del vial bajo el arco, de acuerdo, bajo su criterio, al Plan General de Ordenación. “No estamos ante una actuación material”; “tampoco la situación actual impide el tráfico por ese vial, existe un rebaje de acera en la parte del Paseo Pereda”; “el vial no se ha privatizado”; “se ha establecido un régimen distinto del viario”, han sido varias de las razones del Consistorio.

Además, respecto a la modificación de la ruta de la línea de autobús 5C2, que ya no circula bajo el arco, el Ayuntamiento defiende en su escrito que “no es consecuencia de la actuación urbanística actualmente controvertida” -en referencia al cierre del arco-, sino del inicio de las obras, “en 2021”, dicen adjuntando un informe del Jefe de Tráfico del Servicio Municipal de Transportes, en el que se asegura que la modificación de la ruta “no ha supuesto un perjuicio operativo” y “no cae dentro del ámbito de la ordenación urbanística”.

También se agrega un informe de la Policía Local -muy cuestionado este jueves por el portavoz de IU porque está fechado el 29 de julio de 2026, en el que se considera que la peatonalización bajo el arco “está en sintonía” con las actuaciones de peatonalización del Consistorio.

Cuestionado por la forma de actuar del Ayuntamiento, Martínez ha dicho: “Creo que tenían miedo a la reacción de la ciudadanía, porque durante los seis años que ha estado cerrado al tráfico, siempre se ha dicho que el cierre del paso bajo el arco era temporal”. A lo que ha añadido que el Consistorio recalcó que, cuando finalizasen las obras, “volvería a pasar el autbús, los residentes , emergencias y taxi”

En opinión del concejal de IU, que desmiente de forma tajante la posibilidad que ve el Ayuntamiento en el Plan General, ha dicho que lo más reseñable del informe del ayuntamiento contra las cautelares es que se “ha materializado un hecho sin que exista respaldo documental administrativo”. Además, de que el Ayntamiento defiende la inexistencia de cambio de uso de víal, si no que es un uso compartido. “El hecho”, ha dicho Martínez, “es que solo pasan los peatones y se ha multado recientemente a un repartidor que abastecía a la cafetería” de Faro Santander, ha incidido.

El Ayuntamiento de Santander había presentado sus alegaciones a las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida (IU) en el recurso contencioso-administrativo contra el cierre del vial bajo el arco del Banco Santander, y la formación considera que la documentación aportada por el Consistorio plantea varias contradicciones. El juzgado deberá resolver ahora esta pieza separada, que ha sido admitida a trámite, mientras el procedimiento principal continúa su recorrido.

IU ha llamado especialmente la atención sobre las fechas de los documentos utilizados ahora por el Ayuntamiento para justificar el cambio en la configuración del vial. Según la formación, el informe de Tráfico está fechado el 29 de julio, el de Vialidad el 31 de julio y la resolución del reformado que el Consistorio invoca es del 12 de agosto. Todo ello, señala IU, después de que ya se hubiera advertido públicamente de la situación y reclamado explicaciones.

Primera denuncia en febrero en el pleno municipal

La formación recuerda que hizo pública su denuncia el pasado 3 de febrero, incluyendo una moción en el pleno municipal, y que posteriormente presentó un primer escrito de advertencia en junio. El segundo requerimiento formal, registrado el 6 de agosto y dirigido a la alcaldesa, Gema Igual, reclamaba la reapertura del paso bajo el arco y la recuperación del recorrido original de la línea 5C2. Al no obtener respuesta, IU acudió a los tribunales.

A juicio del concejal de IU, Keruin Martínez, esta sucesión temporal evidencia que el Ayuntamiento estaría intentando dotar ahora de cobertura administrativa a una situación que ya se había producido. “Los principales documentos que ahora utiliza el PP y el Ayuntamiento para justificar la situación tienen un mes o menos”, sostiene Martínez, que cuestiona que el Consistorio no dispusiera de esa documentación cuando comenzaron las reclamaciones.

“¿Es que se acaba de enterar el Ayuntamiento de que el Banco Santander ha transformado de su mano mayor un vial público?”, ha planteado el edil, que considera que los informes y resoluciones incorporados ahora al expediente son “muy endebles y hechos a medida”.

Los vehículos “pueden seguir circulando”

Pero IU pone también el foco en otro elemento de las alegaciones municipales: la consideración de que el vial no estaría realmente cerrado al tráfico. Según explica la formación, el Ayuntamiento sostiene ante el juzgado que los vehículos siguen pudiendo circular y que la actuación realizada bajo el arco tendría un carácter “meramente estético”.

Esta interpretación, señala Martínez, entraría en contradicción tanto con declaraciones realizadas anteriormente por la alcaldesa como con la situación que, a su juicio, se observa sobre el terreno. El cierre del paso ha supuesto, además, la modificación del recorrido de la línea 5C2 y la pérdida de dos paradas para los usuarios de este entorno.

IU insiste en que la resolución sobre estas medidas será provisional y no determinará el resultado del procedimiento principal. Por el momento, Martínez opta por la “prudencia” y asegura que habrá que esperar a la decisión judicial, aunque mantiene su acusación de que el Ayuntamiento está intentando “legalizar después” una actuación que, según sostiene, se ejecutó sin el procedimiento y los informes previos necesarios.

Las asociaciones vecinales Amigos de Cazoña, Cueto, Defensa de El Sardinero, Pombo-Cañadío-Ensanche y San Joaquín se han unido para lanzar el manifiesto conjunto “Santander está enferma”. Esta iniciativa busca abrir un debate ciudadano sobre el futuro del modelo urbano y proponer ideas que involucren al resto de colectivos y a las instituciones.

Los colectivos firmantes advierten que la ciudad “amable” que definió la identidad de la capital cántabra está dejando paso a un panorama marcado por “la suciedad, los ruidos constantes, las borracheras, los orines, la presencia de cristales rotos y una ocupación descontrolada de las calles”. Lejos de ser hechos aislados o molestias veraniegas temporales, denuncian que se trata de un problema estructural derivado de “un modelo de gestión que ha relegado la calidad de vida y la convivencia de los residentes a un segundo plano”.

Las consecuencias se repiten sistemáticamente. Cada noche, varias calles se convierten en espacios de consumo masivo de alcohol, acumulando basura y ruidos molestos que impiden el descanso vecinal hasta la madrugada, dejando un rastro de suciedad, orines, cristales y mobiliario dañado cada mañana. A esto se añaden la congestión circulatoria y un “uso desproporcionado del espacio público” que, dice, acentúa el desorden.

Ordenanzas que no se aplican

El manifiesto recalca que el origen de esta situación no radica en la falta de regulación. Santander dispone de ordenanzas sobre convivencia ciudadana, contaminación acústica, consumo de alcohol en vía pública y uso del suelo común. El problema principal radica en que estas normativas “no se aplican” de manera efectiva por parte de las autoridades locales. Esta inacción transmite a los ciudadanos un peligroso mensaje de impunidad, sugiriendo que, en determinadas épocas del año, “todo vale”.

Por otra parte, la coalición vecinal recuerda que mantener una ciudad va más allá de limpiarla cada mañana. Exigen planes continuos de mantenimiento urbano, conservación de espacios de tránsito, atención a zonas verdes y arbolado, y el respeto por el patrimonio histórico y las tradiciones locales.

Turismo compatible y diversificación económica

El movimiento vecinal aclara que no se posiciona en contra del sector turístico, reconociendo su papel estratégico en la generación de riqueza local. Sin embargo, sostienen que el turismo nunca puede desarrollarse contra la ciudad que lo acoge ni socavar el derecho fundamental de los vecinos a descansar y disfrutar de su entorno. Para los colectivos, “el éxito de Santander no puede medirse únicamente por indicadores cuantitativos como la cantidad de visitantes, terrazas o eventos organizados”.

Frente al desarrollo turístico, los vecinos reclaman una economía más diversa capaz de retener el talento joven y ofrecer oportunidades profesionales de calidad. Se trata de conservar elementos genuinos como la escala humana, la tranquilidad y el respeto mutuo, diferenciando a Santander de otros destinos masificados.

Renaturalización y mejora del transporte colectivo

La propuesta vecinal mira hacia el futuro sostenible de la capital. Según el manifiesto, una ciudad adaptada al siglo XXI debe priorizar la salud pública y la adaptación activa al cambio climático. Para ello, abogan por una renaturalización decidida mediante el aumento de zonas arboladas y áreas verdes urbanas.

Además, consideran fundamental priorizar el transporte público colectivo y promover una movilidad más respetuosa, reduciendo la dependencia del coche para lograr un entorno más accesible y seguro.

Llamamiento a la acción y colaboración

Los colectivos impulsores reiteran que su propósito no es la confrontación, sino el aprecio por su ciudad y la convicción de que todavía es posible corregir el rumbo. Con este fin, invitan formalmente a más asociaciones, entidades colectivas y ciudadanos independientes a unirse al documento para construir propuestas comunes y trabajar de la mano con las instituciones públicas.

“Queremos avanzar sin perder nuestra identidad. Que Santander cambie, mejore y prospere, pero que siga siendo reconocible para quienes la quieren y la viven”, concluye un manifiesto que reivindica que la ciudad pertenece, por encima de todo, a sus ciudadanos.