Inquilinos de Hermanos Calderón de Santander denuncian a Protección de Datos la cesión de sus teléfonos a una empresa de desocupación

Varios inquilinos de las 107 viviendas de la calle Hermanos Calderón, en Peñacastillo, afectados por la venta de sus edificios a un fondo de inversión, Mosaic Propco, han presentado una reclamación formal ante la Agencia de Protección de Datos la utilización de datos personales por parte de una empresa de desocupación.

Así lo han informado fuentes jurídicas que representan a varios de los afectados, que viven una situación de incertidumbre después de que 'la Caixa', que compró el terreno y construyó viviendas asequibles en el marco de un programa de su fundación y por un periodo de siete años, decidiera vender los edificios a un fondo de inversión, que prevé alquilar de nuevo las viviendas a precios de mercado.

Algunas de las familias que residen en los inmuebles son vulnerables o pasan por circunstancias muy delicadas. Otras familias se enfrentan a su posible salida, ya que su contrato vence próximamente, en concreto este mes de noviembre, tal como relataban recientemente a elDiario.es.

Las citadas fuentes han informado que al menos dos vecinas han interpuesto varias denuncias ante la Agencia de Protección de Datos por “intimidaciones de una parte de la nueva propiedad” y de una agencia de desocupación, “con datos personales” como teléfonos. Asimismo, han señalado, también han “intentando recopilar circunstancias personales” sobre los afectados.

En concreto, las reclamaciones, muy similares entre sí, se dirigen contra la empresa dedicada a la desocupación, Administración y Gestión de Inmuebles Sociales, S.L. (IMASS) y el fondo Mosaic Propco, S.L. por la obtención y utilización no consentida de los datos personales de los afectados.

En las mismas solicitan al organismo regulador que abra una investigación para determinar cómo “una sociedad especializada en desocupación y recuperación de inmuebles” ha accedido a su información privada con el objetivo de negociar su desalojo.

Los escritos remitidos a la Agencia Española de Protección de Datos, explican que las viviendas pertenecían originariamente a una entidad vinculada a La Caixa y posteriormente se transmitieron a Mosaic Propco, S.L., que ha trasladado a los residentes su intención de no prorrogar los contratos de arrendamiento a su vencimiento para vender los inmuebles.

En este contexto, según señalan las reclamaciones, trabajadores de IMASS han iniciado contactos directos con los arrendatarios manifestando actuar en representación de la nueva propiedad para instarles al abandono anticipado de las casas.

En un caso, una vecina indica que a principios de este año un representante de IMASS ha acudido a su propio domicilio y le ha asegurado disponer de su número de teléfono y correo electrónico facilitados presuntamente por la empresa propietaria. Posteriormente recibió varias llamadas en su línea personal sin autorización previa, procedentes de dos numeraciones distintas gestionadas por integrantes de la citada compañía de desocupación.

La denuncia argumenta la presunta infracción de preceptos clave del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, como los principios de licitud, lealtad y transparencia, la exigencia de una base jurídica que legitime la cesión, la limitación de la finalidad y la minimización de la información tratada.

Por ello, la vecina solicita que la autoridad inspectora investigue los hechos concretos, esclarezca el origen y alcance de los ficheros transmitidos y compruebe si estas prácticas se han llevado a cabo de manera generalizada con el resto de los inquilinos del complejo residencial.

Otras medidas de presión

La gestión del fondo también ha generado otros conflictos que los inquilinos califican como “otras medidas de presión”. Hace escasas semanas, los inquilinos denunciaron que un cambio en la titularidad de los contratos de agua, por el que Mosaic Propco pasó a figurar como pagador, les ha impedido acceder a las bonificaciones municipales de la empresa de gestión de aguas (Aqualia) vinculadas a determinadas situaciones económicas. La plataforma vecinal considera que la pérdida de estas ayudas supone un nuevo perjuicio para las familias y existe una clara intencionalidad de perjudicarles con el objetivo de expulsarles de los pisos.