El mar está recuperando su sitio. Canarias tiene unas 1.500 hectáreas de superficie que corren el peligro de afrontar una inundación marina, poniendo en riesgo a miles de habitantes, infraestructuras y servicios críticos esenciales para las islas, según el informe SOS Costas Canarias, realizado por Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad.

La dependencia de infraestructuras situadas en la costa casi a nivel del mar coloca a las islas en una posición de extrema vulnerabilidad. Salvo en La Gomera, todo el suministro eléctrico canario y decenas de depuradoras y desaladoras quedarían a merced de un fuerte temporal marino.

Una lámina de inundación marina con un periodo de retorno de 100 años sitúa en peligro directo a 79.095 habitantes en Canarias. Las láminas de 100 años son mapas oficiales que dibujan las zonas exactas que quedarían bajo el agua ante un temporal o inundación tan fuerte que, por estadística, solo ocurre una vez cada siglo, es decir, tienen un 1% de probabilidad de suceder cada año. Su objetivo es advertir de qué calles, viviendas e infraestructuras están en peligro para poder tomar medidas de prevención.

“Canarias y sobre todo la isla de Gran Canaria debe de dar un paso atrás en la ocupación de la primer línea del litoral, casi 80.000 personas están con este riesgo de inundación por temporales marinos, y en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 32.000 habitantes”, señala Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

Suministro de energía y agua en peligro

De las 11 centrales eléctricas que tiene Canarias, todas excepto la central de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera, están situadas en zonas de riesgo por inundación marina. En 6 de ellas, el riesgo de peligro es extremo. Son la central térmica de Jinámar en Gran Canaria, la de Las Salinas en Fuerteventura, la de Punta Grande en Lanzarote, y las centrales de Las Caletillas en Tenerife, los Guinchos en La Palma y Llanos Blancos de El Hierro.

Las desaladoras, potabilizadoras y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR y EBAR) se construyen muchas veces pegadas al mar por razones técnicas. En caso de ser inundadas por un fuerte temporal marino, no sólo se cortaría el suministro de agua a la población, sino que generaría episodios muy graves de vertidos contaminantes directos al mar.

El informe destaca que los casos más críticos son la desaladora de Montaña Roja, en Lanzarote, que podría comprometer el suministro de toda la zona turística de Playa Blanca, en el sudoeste de la isla; el de la planta potabilizadora de Fuerteventura, ubicada en Puerto del Rosario, justo al lado de la Central Térmica de Las Salinas, cuya afectación comprometería directamente el suministro de agua a la capital isleña, y en Gran Canaria, donde “los servicios del agua están bastante amenazados”, corren grave peligro las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de El Pagador, en el municipio de Moya, y la de Arguineguín.

El problema más destacado en la isla de Tenerife son las 30 instalaciones de gestión de las aguas que están en zonas de riesgo de inundación, como pozos y estaciones de bombeo, depuración, y las instalaciones privadas de tratamiento de resorts turísticos.

Si un temporal inunda o destruye estas infraestructuras, también se paraliza la capacidad de socorrer a la población civil justo en el momento meteorológico más crítico, ya que son numerosos los Centros de Seguridad y Emergencias que están a pie de playa como algunos centros de la Guardia Civil, de Protección Civil o los puestos de socorro de la Cruz Roja.

Zonas turísticas en peligro

El informe hace un énfasis especial en el peligro que corren las instalaciones turísticas. Un punto singularmente alarmante es el camping de Punta del Hidalgo, en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, donde la lámina de inundación marina cubre el área completa de acampada, lo que obligaría a evacuaciones urgentes para evitar que el mar arrastre a los campistas.

El informe de SOS Costas Canarias también destaca recintos “hiperurbanizados” a pie de mar, como el Palacio de Congresos y el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas, o los polémicos hoteles de la cadena RIU dentro del Parque Natural de Corralejo.

El patrimonio cultural e histórico de Canarias también está en riesgo de ser destruido por un fuerte temporal marino. Existen más de 80 bienes patrimoniales amenazados directamente por el oleaje extremo, sobre todo en Gran Canaria, como yacimientos arqueológicos, búnkeres antiguos y salinas históricas, como las Salinas de Tenefé o las de Órzola. El problema de estas estructuras es que su posición es fija y no pueden reubicarse, por lo que el daño físico suele ser inevitable. No como las centrales de suministro de energía y agua.

Algunas vías de transporte críticas también están en riesgo. Aunque los aeropuertos y grandes puertos podrían sufrir riesgos menores o perimetrales, como la pista del aeropuerto de Gran Canaria o los aerogeneradores del aeropuerto de La Palma, algunas carreteras importantes están muy expuestas. Un ejemplo claro es la autovía GC-2 a su paso por Arucas, que podría quedar inutilizada por la invasión del mar en más de 2 kilómetros de su trazado.

Son datos del informe de SOS Costas Canarias elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad, que ha sido publicado recientemente de modo íntegro en su web y aporta mapas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) sobre las zonas en riesgo de inundación marina, entre otros.

Viviendas en peligro

Las Palmas de Gran Canaria y el sur de Tenerife son los epicentros del peligro para las viviendas. El afán histórico por edificar viviendas a pie de playa ha dejado un litoral altamente expuesto. El caso más alarmante de todo el archipiélago es el del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene a 30.554 ciudadanos bajo amenaza de inundación marina, lo que supone casi dos quintas partes de la población con este problema en Canarias. El mayor impacto se produce en el entorno de Playa de Las Canteras, en la costa occidental del casco urbano.

Otros puntos bastante afectados por la incidencia de los temporales marinos son el casco urbano de Arinaga, en Agüimes, con un tejido residencial muy denso junto a la línea de la costa; el área urbana de la Playa de Las Salinetas, en Telde, y en Arucas, las áreas residenciales costeras del Puertillo, Quintanilla y San Andrés.

En Tenerife, el principal lugar de riesgo extremo se localiza en los núcleos turísticos del sur. El municipio de Arona tiene 16.502 habitantes conviviendo con el riesgo de inundación marina, concentrados en enclaves hiperurbanizados como Playa de las Américas, Los Cristianos y Las Galletas. En la vertiente norte tinerfeña, la costa de Puerto de la Cruz contabiliza 2.759 vecinos residiendo directamente sobre la lámina de peligro.

En otras islas, la urbanización turística también desafía al mar. En Fuerteventura, el riesgo se sitúa en el casco urbano de Corralejo y amenaza de forma contundente a los polémicos hoteles de la cadena RIU, asentados directamente en el Parque Natural de Corralejo, que resultarían completamente afectados por el riesgo de inundación. También el casco urbano de El Cotillo, con casi 1.200 habitantes en zona de riesgo, incluyendo toda la zona de urbanizaciones que se está construyendo, por lo que serán muchos más.

En La Gomera, el riesgo sobre la población se concentra en su mayor parte en el extremo occidental de la isla, en los núcleos urbanos de Valle Gran Rey y Playa de la Calera.

El riesgo en La Palma y El Hierro es bastante moderado, concentrándose en dos localidades, en Puerto de Naos, en Los Llanos de Aridane de La Palma, y Tamaduste en El Hierro.

“Son urgentes protocolos de aviso a la población y señalización una a una de todas edificaciones con riesgo para informar a la población del elevado riesgo que están asumiendo en esas zonas urbanizadas. Por otra parte, es sabido que en un escenario de cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos como temporales marinos, inundaciones, aumento del nivel del mar, serán cada vez más frecuentes y de mayor magnitud y de mayor extensión”, apunta Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

Las conclusiones del informe de Sos Costas Canarias son contundentes. Las cifras constatan la tremenda presión urbanística sobre el litoral. La artificialización de las costas canarias ha sobrepasado los límites prudenciales, se pierde un kilómetro de costa cada 3 meses, y de los 79 municipios canarios que tienen costa, 54 están en riesgo de sufrir inundaciones.

En un archipiélago vulnerable a las alteraciones oceánicas, la protección activa de estas infraestructuras y la exclusión de nuevas urbanizaciones en zonas inundables no son una opción, sino la única alternativa antes de que el mar recupere de forma drástica el espacio que se le ha arrebatado.

Un grupo de trabajadores ha realizado la mañana de este miércoles una protesta simbólica en el aparcamiento de motos que será eliminado el 15 de julio del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) de Las Palmas de Gran Canaria. La zona de estacionamiento tiene unas 150 plazas y, según el personal, lo utilizan a diario más de 200 personas.

Es el único aparcamiento de motos que queda en el Complejo Hospitalario y se lleva utilizando desde hace más de 15 años. “Tenía tanta demanda que desde hace un año sólo lo utilizamos los trabajadores”, asegura Rita Jorge, enfermera del hospital y afiliada al sindicato Asaca.

“¿Dónde vamos a aparcar tantos vehículos? ¿Cómo vamos a llegar a nuestros puestos de trabajo? Porque lo que queremos es venir a trabajar”, lamenta Rita.

Desde el sindicato de enfermería Satse consideran “incomprensible que se continúen suprimiendo espacios destinados a un medio de transporte que contribuye a descongestionar el tráfico, facilita la movilidad y reduce el impacto ambiental” mientras “se continúa sin ofrecer una alternativa real para acceder al hospital”.

La organización sindical explica que muchos trabajadores utilizan la moto como única alternativa viable para llegar a su puesto de trabajo y advierte de que esta medida obligará a muchos a desplazarse en coche, “aumentando la congestión y la demanda de un aparcamiento ya insuficiente”, aseguran.

Inciden en que esta decisión se ha adoptado sin ningún tipo de alternativa. “Evidentemente, hay una ausencia clara de planificación y de negociación con los sindicatos”, asegura Juan Trenzado, secretario provincial de Satse Las Palmas.

“Hay colas por las mañanas constantemente para poder entrar al parking”, asegura Rita Jorge. Según algunos trabajadores hay lista de espera para poder optar a una plaza de aparcamiento privado, y los bonos por ser trabajador cuestan en torno a los 100 euros al mes.

Trenzado califica de “escandalosos” los precios del aparcamiento privado: “Son de los más caros del Archipiélago o del territorio nacional. Y casi no hay plazas disponibles”. Según los carteles que indican las tarifas un día entero de aparcamiento cuesta 18,95 euros.

El sindicato Asaca coincide en que el aparcamiento privado es “carísimo en comparación con el Hospital Negrín”. Y señalan que el Insular “podría habilitar otras zonas para las motos, pero no tiene intención de hacerlo”. “Hay espacios en diferentes puntos del complejo que, si se adaptaran, permitirían estacionar las motocicletas”, añade.

Aparcar fuera tampoco es una alternativa

Fuera del estacionamiento privado, en las inmediaciones del complejo, es muy difícil aparcar. Las viviendas que hay alrededor no tienen garajes, ni zonas de estacionamiento. Los coches de los vecinos compiten por encontrar un hueco donde dejar el vehículo con los usuarios y trabajadores del hospital.

Según Satse, numerosos profesionales se ven obligados a acudir al centro hospitalario con más de una hora de antelación para intentar encontrar una plaza gratuita en los alrededores o asumir el elevado coste del aparcamiento privado.

La organización recuerda que “acceder al puesto de trabajo no puede convertirse en un coste añadido ni en un obstáculo diario para quienes sostienen el funcionamiento del sistema público de salud”. Y considera que ha llegado el momento de abordar de manera definitiva un problema que “lleva demasiado tiempo sin respuesta”.

La dirección del hospital justifica la decisión de eliminar el estacionamiento de motos “debido al incremento de obras en ejecución que afectan al complejo hospitalario”, y señala que es necesario “reorganizar la parcela del recinto”. La zona reservada hasta ahora a las motos pasará a destinarse a los vehículos de los servicios sanitarios, técnicos y de mantenimiento, según un comunicado interno.

Asaca ha anunciado que el viernes 10 de julio y el lunes 13 se repetirán las protestas a las puertas del hospital. El sindicato reclama una mesa de diálogo con la dirección para buscar una solución antes de que el aparcamiento desaparezca.

El Tribunal de Cuentas del Estado tiene abiertas diligencias desde el pasado 16 de junio para investigar un presunto “menoscabo de fondos públicos” tras la denuncia de la asociación Corrupción Cero, quien apunta presuntas irregularidades en la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado inmediato de las actuaciones al Ministerio Fiscal. 

La denuncia también ha sido enviada a la Fiscalía Anticorrupción de la delegación de Tenerife, y señala un reguero de presuntas irregularidades: desde el mantenimiento del precio del agua de riego respecto al que se pagaba durante la emergencia hídrica de 2024, aunque ya no haya sequía, hasta una cadena de contrataciones presuntamente llenas de puertas giratorias y conflictos de intereses.

En 1983 se empezaron a construir 10 embalses para 17 municipios del norte de Tenerife con una capacidad total de 3,25 hectómetros cúbicos, fue el Plan de Balsas del Norte de Tenerife. El Cabildo Insular, con la participación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Gobierno de Canarias, construyó una infraestructura que aprovecha el agua de las galerías que los agricultores desperdician en invierno, para disponer en verano de 300 litros por segundo en el norte de la isla.

Esta es la historia de cómo se creó la empresa pública Balsas de Tenerife. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción tienen sobre la mesa una denuncia firmada por Juan Manuel Pérez, presidente de la Asociación Corrupción 0, que pone el foco en Ana María Sánchez, quien ejerció como gerente de BALTEN entre el 9 de septiembre de 2021, hasta su cese el 28 de febrero de 2025, según el informe Jurídico interno de BALTEN. 

“Puertas Giratorias” 

Según expone el documento de denuncia, tras su cese de la empresa insular Balten, Ana Sánchez pasó a desempeñar funciones directivas como directora adjunta en Servicios de Aguas del Valle, S.A. (Savasa). Esta incorporación resulta especialmente controvertida porque SAVASA fue una de las entidades directamente beneficiadas por las modificaciones económicas al alza aprobadas por Balten durante su mandato y con su participación directa como gerente. 

Según la denuncia, a este hecho se suma el nombramiento de su marido, Braulio Domínguez, como gerente de Teidagua en diciembre de 2024. Y hay que tener en cuenta que esta empresa está participada al 50% por Canaragua. Porque fue precisamente bajo la gerencia de su mujer Ana Sánchez, cuando Balten adjudicó a CANARAGUA un contrato de operación y mantenimiento de redes por un valor estimado de más de 5,8 millones de euros. No era la oferta más económica de las tres que se presentaban. En la denuncia se solicita que se investigue si estos hechos constituyen un “conflicto de interés estructural” y una situación de “puerta giratoria”. 

Las acusaciones de favoritismo en las licitaciones se sustentan en los propios registros oficiales. Según la resolución de la Plataforma de Contratación del Sector Público aportada a la causa, el contrato de mantenimiento otorgado a CANARAGUA se cerró por un importe fijo de 695.500 euros y se formalizó el 30 de octubre de 2024. El propio documento oficial confirma que la entidad pública desechó otras ofertas más económicas a favor de la empresa con la que la gerencia tenía aparentes vínculos.

Precios de sequía en tiempo de lluvias 

Al igual que la gasolina cuando hay escasez de petróleo, con el agua ocurre lo mismo. Durante la emergencia hídrica de 2023 y 2024, con los embalses casi vacíos, en niveles críticos del 12,8%, BALTEN justificó modificar excepcionalmente y de manera urgente el precio del agua de riego, encareciendo el suministro a proveedores como SAVASA. La empresa Balsas de Tenerife argumentaba que había “riesgo de desabastecimiento agrícola” y que esta empresa suministradora amenazaba con cortar el suministro del agua si no se cubrían sus costes.

Según el denunciante, todo esto provocaría un grave perjuicio económico a las arcas insulares. La documentación aportada en las denuncias detalla que el agua extraída del Pozo Patronato (gestionado por SAVASA) pasó de costar un 46,43% más caro, de un 0,420 €/m³, a 0,615 €/m³, el Pozo La Calderona se encareció un 66,75%, ya que pasó de 0,412 €/m³ a 0,687 €/m³, y el Pozo Chivana se encareció un 60,19%, de 0,520 €/m³ a 0,833 €/m³.

Sin embargo, el escenario meteorológico cambió radicalmente a principios de 2026. Las intensas lluvias de la borrasca Therese dejaron los embalses prácticamente llenos, alcanzando casi un 90% de su capacidad. Esto motivó que el Cabildo de Tenerife levantara oficialmente la declaración de emergencia hídrica el 1 de marzo de 2026. Pero aunque desapareció totalmente esta situación excepcional de sequía, la denuncia señala que BALTEN no ha revertido estos precios. Según la asociación denunciante Corrupción Cero, pagar el agua a precio de sequía extrema en época de abundancia podría constituir el “menoscabo a los fondos públicos”, que ahora deben dirimir el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. 

El caso no solo salpica presuntamente a la anterior gerencia de la empresa pública, sino que apunta directamente a la actual cúpula política de la isla. El escrito, dirigido expresamente a la atención de la Presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acusa a la corporación insular de una flagrante “inactividad”.

El denunciante advierte de que el gobierno insular podría estar “consintiendo” estas presuntas irregularidades al no ordenar la reversión de los precios del agua pese a tener los embalses al máximo de su capacidad, lo que supondría un quebranto patrimonial continuado.

Este periódico ha contactado con Ana María Sánchez, exgerente de BLATEN y actual directora adjunta de la gerencia de SAVASA, que asegura que no ha sido notificada por ninguna instancia judicial. Niega las acusaciones de puertas giratorias, y sin querer hacer más declaraciones, recuerda que dejó la gerencia de Balsas de Tenerife en enero de 2025.

Ayoub perdió un ojo, pero hoy llora por los dos. Este martes también perdió su casa en El Becerril de Guía, su pasaporte y los papeles del médico que atestiguan, junto a las cicatrices de su cara, las cinco intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido. “Estábamos esperando a ver qué iba a decir el Juzgado, pero cuando llegaron me largaron sin dejarme coger mis papeles”, dice, entre lágrimas, señalando a la retroexcavadora que puede verse desde la calle Doctor Chil, donde la Guardia Civil expulsó a la prensa, lejos del desahucio, y donde se han ido reuniendo vecinos y curiosos, algunos con niños, que se encuentran de vacaciones, como los niños desalojados del poblado, que no pudieron evitar verlo. Entre los espectadores había opiniones encontradas: algunos se solidarizaban con las familias y otros justificaban el desalojo por tratarse de “okupas”.

El joven Ayoub es una de las más de 50 personas que han sido desalojadas del poblado de Mr. Leacock; un desahucio masivo para el que se desplegó un dispositivo de más de 50 guardias civiles, una veintena de policías locales, una unidad de bomberos, una ambulancia y dos psicólogas de Cruz Roja. Con este desahucio terminan historias de más de 20 años, como la de Larbi Njima, que llegó en patera por sus propios medios al cruce de Arinaga en 2003. “Todo el mundo sabe lo que pasa aquí. ¿A dónde nos vamos ahora?”.

Los últimos momentos que los vecinos pasaron en sus casas no fueron ni siquiera privados, ya que la prensa, antes de ser también desalojada de la primera línea, entraba y salía de las residencias, grababa imágenes para la televisión o cortes para la radio; pero, a pocos minutos del desahucio, y a pesar de que se conocía la sentencia desde 2025 y de que el Ayuntamiento de Guía solicitó públicamente ayuda interinstitucional en el mes de abril, ya solo se podía certificar el rumor del desalojo. Un desalojo de casas con número y buzón, ya que algunos de esos residentes fueron empadronados en el poblado por la intermediación del grupo que hoy les desahucia, Félix Santiago Melián S.L., cuando trabajaron para ellos.

“No sé dónde pasaré la noche”

Abdel Albateui lleva viviendo en la finca desde 2014 y, desde hace más de cuatro años, está buscando una habitación para alquilar, “pero sólo son para estudiantes”, cuenta a este periódico. “Hay una universidad privada aquí y, entonces, no hay alquiler para nosotros”, explica. Asegura que, como él, la mayoría de sus vecinos gastaron mucho dinero en autoconstruirse las viviendas; en su caso gastó más de seis mil euros en bloques, cemento y material para construir su habitación, “con su ducha y su cocina”, donde ha vivido con su mujer y su hijo.

Abdel tiene estudios y trabajo, pero no tiene dónde vivir. Estudió varias carreras: primero, educador social; después, ayudante de Enfermería; y en Canarias, Mecánica Industrial. “Desde que llegué aquí, siempre luchando, estudiando, trabajando, yo sólo. He conseguido todo lo mío solo. Nadie me ha ayudado en nada”, y concluye: “si nos tenemos que ir, dejamos todo esto aquí atrás y ya está”. Horas después, cuando volvemos a hablar con él, nos confiesa que está “totalmente derrotado”. No sabe qué hacer, dónde ir ni dónde pasará esta noche.

Multado en su propio desahucio y con orden de expulsión

“Hay gente que no tiene a dónde ir”, se lamenta Miriam Bani, una joven que ha vivido en el poblado durante seis años, hasta que se fue hace un par de semanas. Su marido, que estaba dentro intentando negociar con la policía para poder quedarse algunos días más, ha sido desalojado y multado con más de 500 euros y con una orden de expulsión, ya que es de origen marroquí y está en proceso de regularización. Ambos siguen empadronados en la vivienda de la que han sido desahuciados. Miriam critica que a la gente no le están dejando entrar por sus cosas, ni por su documentación, como a sus vecinos, que no les han dejado ir “ni por su ropa, ni por comida, ni por pasaporte, ni por nada; con la misma ropa que llevaban puesta, les han echado”, asegura.

Cuenta que algunos de los que tenían niños “se han atrincherado, porque ni el Gobierno canario, ni el Cabildo, ni el Ayuntamiento les han ayudado”. Lo último que les han dicho es que, si ellos entran y les sacan y se quedan con los niños en la calle, directamente se los quitan y se los llevan a un centro“, sostiene la joven.

Ausencia institucional

Durante el lanzamiento no se personó en la finca ningún representante de las tres instituciones con competencias en materia de vivienda. Desde este periódico hemos preguntado al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias por el desalojo, las consecuencias o las alternativas habitacionales, sin obtener respuesta. Tampoco se supo nada acerca de la colaboración interinstitucional que solicitó en el mes de abril el alcalde socialista de Guía, Alfredo Gonçalvez, cuyo objetivo era amortiguar el impacto que el desahucio de este martes tendría sobre las vidas de más de 50 personas. Canarias Ahora nunca pudo conocer el número de informes de vulnerabilidad tramitados desde Servicios Sociales del Ayuntamiento, ni cómo fue la colaboración que, aseguran, mantuvieron en todo momento con el Juzgado.

“Racismo inmobiliario”

Por su parte, Víctor Suárez, de la asociación ecologista Tamaranae, se refiere al lanzamiento como “la imagen total de la vergüenza de nuestra sociedad. Un lugar donde recibimos a 18 millones de turistas, donde supuestamente tenemos bonanza económica, y un sistema de bienestar y un estado de derecho”, declara. “Pues aquí vemos nuestro estado de derecho: personas vulnerables sin ninguna alternativa habitacional, con menores, que van a ser puestos en la calle”.

Presente con una pancarta, el colectivo Derecho al Techo denunció el caso y se refirió a lo que han sufrido los afectados como “racismo inmobiliario”. “Estas personas no son malas madres ni malos padres; son personas que no pueden acceder a un mercado inmobiliario desbocado”, expresó Tito Martín, portavoz del colectivo.

Fueron precisamente miembros de Derecho al Techo quienes ayudaron a Ayoub, que seguía llorando, a encontrar su pasaporte; el resto de sus pertenencias, materiales e inmateriales, ya están bajo los escombros de lo que un día fue -tantos días- su casa.

Lo anunciaron hace un año y el día ha llegado. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cierra sus oficinas de Gran Canarias tras los recortes en su financiación. Durante este año solo han tenido un trabajador de los cuatro que llegaron a tener en años anteriores. No desaparecerán del archipiélago, pero desde ahora seguirán presentes con viajes desde Madrid. 

La portavoz de ACNUR en España, Paula Barrachina, ha declarado a este periódico que “nuestro objetivo es poder recuperar los fondos necesarios para reabrir la presencia en Canarias. Esta es una prioridad, especialmente en el contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo, donde es clave mantener una presencia continua en las Canarias y otros puntos de la geografía española”.

Las oficinas de Canarias no son las únicas que cierran. También lo hacen las de Ceuta, Melilla, Málaga y Algeciras. “Seguiremos tan comprometidos como lo hemos estado siempre y trabajando para apoyar a las personas refugiadas en España y que el impacto sea el menor posible”, ha subrayado Barrachina.  

Durante el último año en España han reducido su personal a la mitad. En Madrid también se eliminaron varios puestos, incluido en el área de protección. Los ajustes los han realizado en diferentes fases para facilitar una mejor transición y asegurar la continuidad de los proyectos en la medida de lo posible. “Hemos tenido que reducir actividades clave como el apoyo en interpretación y asistencia jurídica en todo el territorio”, asegura la portavoz de Acnur, y añade que en Canarias, “seguiremos muy presentes a través de viajes frecuentes y del trabajo con nuestros socios sobre el terreno, para seguir apoyando a las personas con necesidades de protección, a las autoridades y a la sociedad civil. El proyecto de intérpretes seguirá funcionando”, concluye. 

A nivel global, ACNUR va a eliminar aproximadamente 3.500 puestos de trabajo. Estima una reducción global de los costos de personal de alrededor del 30%. Para este año tiene un presupuesto similar al de los anteriores, que prácticamente no cambia desde 2015, unos 3.400 millones de dólares, pero el número de refugiados es casi el doble. Actualmente, en el mundo hay 117 millones de personas desplazadas a la fuerza.  

Su financiación procedente de Estados Unidos cayó de 2.100 millones de dólares en 2024 a 840 millones en 2025. Europa también está contribuyendo menos (por ejemplo, Francia y Alemania). Sin embargo, desde ACNUR aseguran que España es el país del mundo que más dinero aporta en donaciones particulares. 

El impacto de estos recortes en las personas refugiadas ha sido “devastador”, aseguran desde ACNUR, y está afectando a medicamentos esenciales, refugio de emergencia, alimentos, artículos de socorro, agua potable y servicios de protección, incluidos los dirigidos a la infancia y a personas supervivientes de violencia sexual y trata, se han reducido o suspendido.

A las 12.00 horas de este martes, la hora prevista para el desalojo masivo en el conocido como poblado de Mr. Leacock en el Becerril de Guía, en Gran Canaria, 53 agentes de la Guardia civil y una decena de la Policía Local están en lo que llaman tareas de apoyo a la comitiva judicial. Así ha comenzado el desalojo de unas 100 personas, entre las que se encuentran familias con menores que están dentro del poblado, al encontrarse ya de vacaciones escolares.

“El Ayuntamiento nos cerró la puerta y se lavó las manos”, cuenta a los medios Etuani, uno de los vecinos. El hasta hoy residente del poblado de Mr. Leacock explica que este lunes visitaron las viviendas miembros de la Guardia Civil, pero que “él no ha hablado con Servicios Sociales” ni los ha visto por allí.

El dispositivo de la Guardia Civil dio órdenes a la prensa de abandonar la propiedad privada que iba a ser desalojada, “por motivos de seguridad”, y la envió a la loma de la calle Doctor Chill, desde donde también vieron lo poco que se podía ver a tal distancia vecinos y curiosos.

La Guardia Civil y la Policía local procedieron al corte de la carretera desde la entrada del poblado hasta la rotonda de la escultura de Guanarteme Artemi Semidán y tras el visto bueno de la comitiva judicial se procedió al corte de la luz en el poblado y se dio acceso a las máquinas retroescavadoras para derrivar las casas en las que algunos de sus residentes llevaban hasta 23 años viviendo, algunos de ellos, empadronados por la empresa que desahucia, el Grupo Félix Santiago Melián, mientras eran trabajadores en sus tierras.

El caso de Essaadi ha sido un doble impacto porque además de quedarse sin casa se le ha impuesto una multa de 501euros, con advertencia de expulsión del país.

A las 16.00 horas ya no quedaban residentes.

Los Bomberos municipales de Las Palmas de Gran Canaria se manifestaban a las puertas del ayuntamiento, durante el pleno municipal, provocando una sonora pitada que duró casi dos horas. Se habían sumado a la protesta de los servicios municipales de limpieza en su primera jornada de huelga. También les acompañaban trabajadores de Ayuda a Domicilio, y de Salvamento y Socorrismo. Todos comparten las mismas reivindicaciones fundamentales: falta de personal, precariedad laboral, y unas condiciones laborales que ponen en riesgo tanto a trabajadores como a la ciudadanía. 

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria llevan más de tres años advirtiendo que la plantilla de la ciudad es “totalmente insuficiente para una capital como esta”. Critican el “estado totalmente lamentable” del único parque de Bomberos que está operativo a diario en la ciudad.  

En la capital de Gran Canaria hay tres parques de bomberos, pero sólo se suele utilizar uno. El de Vegeta lleva desde el año pasado cerrado. Desde el Ayuntamiento aseguran que “está reformado desde hace cuatro años”, pero al igual que ocurre con el parque de bomberos de la Isleta “se cierra cuando el personal no aparece”, según reconocen desde el consistorio. 

“El Castillo de los horrores”

Los bomberos aseguran que todos van a trabajar al Parque Central, situado en el área de Miller Bajo. Está en un “estado totalmente lamentable”, hace años que no les visita nadie, ni siquiera sus hijos porque les da “miedo y vergüenza”. 

Se aprecia a simple vista, desde la calle se ve la torre de bomberos llena de desconchones y con algunas terrazas envueltas en redes para que no se caigan trozos de cornisa. En el interior hay goteras, humedades, escombros, paredes y techos rotos, baños precintados por averías. 

En esas dependencias trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, funcionarios públicos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la capital de Gran Canaria.

“Parece el castillo de los horrores. Parece, no sé, un psiquiátrico ruso de los años 60”, asegura Raúl Esclarín, cabo del Servicio de Extinción y Salvamento de los bomberos de las Palmas de Gran Canaria, y delegado sindical de UGT. 

Desde el ayuntamiento se justifican recordando que “esta semana hemos sacado a licitación la renovación de estas instalaciones por 2.1 millones de euros”. Es la misma cantidad económica que hace dos años anunciaron conjuntamente la alcaldesa Carolina Darias y el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales. 

Desde entonces, el expediente ha quedado bloqueado por trabas burocráticas durante dos años. La renovación contempla nuevos vestuarios, 20 habitaciones individuales, zonas de descanso y la renovación integral de la torre de maniobras y entrenamiento. El proyecto menciona incluso que el parque de bomberos tendrá “dos baños adaptados para personas con movilidad reducida”. 

También está prevista la renovación de las instalaciones eléctricas, de fontanería, saneamiento, protección contra incendios y climatización, así como la sustitución de carpinterías y acabados interiores y exteriores. Si todo va bien, no estará listo hasta 2028. 

Raúl Esclarín, cabo del Servicio de Extinción y Salvamento de bomberos del ayuntamiento no se muestra muy optimista con el anuncio. Considera que son las mismas promesas de hace años. “Con dos millones no dan ni para reformar la torre”, asegura. 

Baile de cifras

Según datos de UGT, en la ciudad debería haber unos 175 bomberos trabajando cada día, según la relación de puestos de trabajo. Serían 135 bomberos y 40 mandos entre jefatura, suboficiales, sargento y cabos. Pero critican que ahora son unos 80 y en breve esperan varias bajas, por lo que serán menos de la mitad de los que deberían. “Nos vamos a quedar en 67 bomberos dentro de poco”, lamenta el cabo de bomberos y delegado sindical de UGT.

Fuentes del ayuntamiento aseguran que esas cifras “no se corresponden con la realidad”, y que actualmente cuenta con “109 bomberos, lo que supone aproximadamente el 80% de la plantilla prevista”.

Desde el Consistorio afirman que “han incorporado personal en los últimos años”. Y se refieren a la última promoción que “permitió la incorporación de 32 nuevos bomberos y posteriormente se han cubierto también siete plazas de cabo y tres de sargento, reforzando la estructura operativa del cuerpo, así como también ha nombrado un nuevo jefe de servicio”.

Desde UGT explican que en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento constan unos 100 bomberos, pero en realidad hay una decena de ellos que trabajan en otra administración donde también tienen plaza. Además, hay que añadir que “un 15% aproximadamente, 10, 12 compañeros que son bajas de larga duración”. Lo justifican por la edad media de la plantilla que “es muy alta, rondamos los 52 años para una profesión que es eminentemente física”, afirma Esclarín. Y añade que son profesionales que “probablemente ya no van a volver a trabajar”, ya que padecen “cardiopatías, o enfermedades graves como cáncer, o han requerido cirugías muy complicadas y no se van a recuperar” para trabajar. 

Asegura que la Administración conoce el problema, pero no cubre esas bajas. “Un policía, un maestro, o un médico que está de baja más de cuatro, cinco semanas, ya le ponen un sustituto, tiran de la lista de reserva y le ponen un sustituto de interino, aquí no”, explica Esclarín. 

Desde el Ayuntamiento reconocen que “el actual grupo de gobierno es consciente del reto que supone el relevo generacional” y aseguran que continúa trabajando en la planificación de futuras incorporaciones para garantizar la continuidad y la calidad presta el cuerpo de bomberos. 

“En verano habrá 5 bomberos para toda la ciudad” 

El cabo Escartín advierte de que “en verano el servicio va a colapsar, van a llegar días en los que va a haber cuatro o cinco bomberos para trabajar en toda la ciudad”. Con la plantilla menguada a casi la mitad, cuando cojan vacaciones de verano la reducción puede ser drástica. 

“Eso va a ser un despropósito, un caos absoluto. Imagínate, además, con el riesgo que eso conlleva. O sea, una ciudad como Las Palmas, 400.000 habitantes, con que salga un incendio potente en una nave industrial, o un barco, un accidente de tráfico muy grave como los que hemos tenido. Y que haya solo cuatro, cinco, seis personas disponibles para toda la ciudad. Ya no te hablo, si salen dos servicios a la vez, sería increíble”, se lamenta Esclarín. 

El servicio lo ha dirigido “un cortijo” 

“Se ha creado como una especie de cortijo, en el que los mismos que dirigen el servicio son los que hacen absolutamente todo”, critica Esclarín. Asegura que hay un número de horas extras desproporcionadas, y que cuando dan formaciones se las pagan muy bien a quien las imparte, ya que las costea la Dirección General de Seguridad e Inteligencia del Gobierno de Canarias. “Bueno, es una especie de mafia la que dirige todo esto”, concluye Esclarín. Y señala a las anteriores jefaturas y “a sus acólitos”. 

Desde el actual equipo de gobierno aseguran que estas acusaciones “carecen de fundamento”. Señalan que el actual jefe del Servicio fue seleccionado mediante un procedimiento abierto y transparente culminado en marzo de este año. Se trata de un profesional con una amplia trayectoria en el ámbito de las emergencias y apenas han transcurrido unos meses desde su incorporación. 

Sobre el actual jefe, Mario Beltrán, desde UGT aseguran que “se ha dado cuenta de estos problemas y los está reclamando, pero ahora es muy difícil salir del pozo en el que nos han metido”. El cabo de bomberos Esclarín resume la situación que están viviendo como “dantesca”. Y aseguran que se les “ha faltado el respeto como profesionales”, en muchos sentidos.

El refuerzo del ayuntamiento en los bomberos

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remarcan que durante este mandato han reforzado los medios del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. “En el ámbito del parque móvil, desde el pasado año se han destinado 2,5 millones de euros a la incorporación de seis nuevos vehículos, con tres camiones de primera salida y un vehículo de mando”. 

Para este año aseguran que tienen prevista la llegada de una nueva autobomba y ya se ha adjudicado la construcción de un camión bomba rural ligero. Recuerdan que el año pasado se incorporó el nuevo material de excarcelación para intervenciones en accidentes de tráfico, con una inversión cercana a los 580.000 euros, así como equipos de protección individual, con más de 2.000 prendas y complementos por un importe próximo a los 700.000 euros. Y añaden que hace dos años, dentro del convenio con la Autoridad Portuaria, incorporaron 135 equipos de respiración autónoma, y este año 70 equipos de protección acuática. “En conjunto, se han destinado más de 1,3 millones de euros en equipamientos”, afirman fuentes municipales. 

Una cuantiosa cantidad de medios para una plantilla que reconocen envejecida, y aunque no lo reconozcan escasa, teniendo en cuenta que de los 3 parques de bomberos sólo funciona uno con normalidad, si a esas instalaciones se las puede llamar normales. 

A tan solo tres días del desahucio masivo previsto en Becerril de Guía, se ha celebrado una reunión con las cuatro familias con menores que viven en el poblado. Según ha podido saber este periódico, en la reunión el Ayuntamiento les ha comunicado que “no hay nada para ellos”, al mismo tiempo que les ha advertido de que los menores afectados por el desahucio “no pueden estar en la calle o se los llevarán a un centro de menores”. Afirmación que los vecinos han entendido como una amenaza. A la reunión han asistido el concejal de Servicios Sociales, Alejandro Rivero Díaz, dos trabajadoras sociales y miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Han pasado dos meses desde que el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, informó a los medios de comunicación de que el 30 de junio se produciría un desahucio de 200 personas. El consistorio conoce desde diciembre de 2024, por un auto judicial, que se produciría este desalojo masivo en un terreno propiedad del grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM). Es el propio Ayuntamiento de Guía el que ha empadronado “al menos a 79 personas” en este poblado, según reconocía el propio alcalde a este periódico. Actualmente, el consistorio cifra en 50 las personas que serán desahuciadas el próximo martes y no tiene ningún tipo de ayuda ni solución habitacional para ellas, según afirma uno de los afectados a Canarias Ahora.

El desahucio se ha ido posponiendo por vía judicial desde octubre de 2025 a falta de informes de vulnerabilidad social. La última vez que el Juzgado solicitó estos informes al Ayuntamiento fue el pasado mes de marzo. Hasta ahora, el consistorio no ha informado de cuántos informes de vulnerabilidad social ha preparado y presentado al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa María de Guía.

Por su parte, la abogada de una de las personas afectadas ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por no haberse tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de su representado. En la parte del recurso a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la defensa considera que dicho auto carece de “valoración fáctica alguna, solicitud de informe de servicios sociales o ponderación del impacto del lanzamiento”. Es decir, que al menos en el caso de su cliente la vulnerabilidad no está correctamente acreditada para proceder al desalojo.

A la pregunta formulada al Ayuntamiento de Guía sobre cuántos informes de vulnerabilidad ha remitido al Juzgado tras el requerimiento de la jueza, posterior a un primer aplazamiento, el consistorio responde a esta redacción que “ha colaborado en todo momento con el Juzgado”, sin ofrecer más detalles al tratarse, alegan, de “información sensible”.

Colaboración interinstitucional

La noticia de este desahucio saltó a la opinión pública tras una nota emitida por el Ayuntamiento de Guía el pasado 9 de abril, en la que solicitaba colaboración interinstitucional, principalmente al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, para amortiguar con tiempo el impacto que el desalojo pudiera tener sobre la vida de unas 200 personas.

Ese día, la Junta de Gobierno Local aprobó la declaración de “situación de riesgo social y sanitario” y la solicitud formal del apoyo y la actuación urgente de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para adoptar las medidas que correspondan en “materia de seguridad pública, atención social especializada, protección de menores, salud pública o recursos de acogida temporal y cuantas otras medidas resulten necesarias”. Se volvió a remitir el 29 de abril por sede electrónica y por correo electrónico a Cruz Roja Española en Las Palmas.

El Ayuntamiento asegura que este jueves se celebró “una última reunión” a la que asistieron representantes de las diferentes administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El propio alcalde había convocado a la empresa pública de vivienda social VISOCAN, que según ha podido confirmar este periódico “no les consta haber participado”. Hoy, en el poblado permanecen menos residentes —unas 50 personas, según el Ayuntamiento—, ya que muchas han ido abandonando el lugar ante la proximidad de la fecha de lanzamiento.

Un embudo en los recursos

Actualmente, el municipio de Guía carece de recursos habitacionales propios, lo que impide dar una respuesta inmediata a situaciones de emergencia como los desahucios y obliga a recurrir a otras administraciones. Además, el plan concertado de este año tiene una inversión de 4.416,98 euros inferior a la del año anterior, según datos de la Consejería de Bienestar Social.

Con una estructura limitada a cinco trabajadoras sociales -tres fijas, dos interinas y una externa vinculada a la Renta Canaria-, el sistema afronta una sobrecarga crítica. La gestión de expedientes de vulnerabilidad, ayudas y alternativas habitacionales recae sobre un equipo claramente insuficiente, lo que anticipa un posible colapso administrativo ante picos de demanda como el actual.

“Ignorados ocupantes”

Actualmente, hay al menos 79 personas empadronadas en el asentamiento de la antigua finca de Mr. Leacock. Según el auto judicial de 6 de marzo, quien ejecuta el lanzamiento es Félix Santiago Melián SL, y los interpelados son únicamente dos personas con nombre y apellidos. También se menciona como ejecutados a los “ignorados ocupantes” y se cita como interesado al Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Según el testimonio de algunos de los residentes entrevistados por Canarias Ahora, “nadie del Ayuntamiento se ha preocupado por nosotros ni ha pasado por aquí”.

En una entrevista anterior, se señalaba que “actualmente 24 residentes de la finca acuden a los servicios sociales municipales; dos familias, con tres menores a cargo cada una, todos ellos escolarizados en Guía”.

Así, según la información recabada, todo apunta a que el desahucio de Mr. Leacock sigue previsto y que no se han producido avances administrativos significativos desde el mes de abril. Algunos residentes han manifestado a este periódico su intención de concentrarse frente al Ayuntamiento y que no saben dónde van a dormir el martes si finalmente se ejecuta el desalojo.

Durante el pleno municipal de este viernes se ha escuchado una sonora pitada. Frente a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han protestado con pitos y bocinas, durante casi dos horas, varios centenares de trabajadores municipales. Hoy tenía lugar la primera jornada de huelga de los Servicios de Limpieza de la capital de Gran Canaria, que previsiblemente se volverá a repetir el próximo 31 de julio. A la manifestación se han sumado trabajadores municipales de Ayuda a Domicilio, de Salvamento y Socorrismo y los Bomberos municipales. 

Han salido a protestar juntos porque comparten las mismas reivindicaciones principales: falta generalizada de personal, precariedad laboral, y un “alarmante deterioro de las condiciones de trabajo que ponen en riesgo tanto a las trabajadoras como a la ciudadanía”. Además, critican una progresiva privatización de los servicios públicos esenciales. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea desde hace meses la creación de la Sociedad Municipal de Higiene Urbana, una sociedad mercantil con un modelo mixto, como el actual, pero que los sindicatos temen que interrumpa su vínculo como empleados públicos, y termine suponiendo despidos y peores condiciones laborales. “La limpieza de Las Palmas de Gran Canaria no se defiende convirtiéndola en una empresa; se defiende fortaleciendo el servicio público. Estos comités estarán siempre del lado de una gestión pública directa, de los trabajadores y del interés general de la ciudadanía”, afirman en un reciente comunicado los tres comités municipales, de Limpieza, Residuos y del Ayuntamiento. 

Actualmente la plantilla de los servicios municipales de limpieza está formada por 417 empleados. Según el sindicato COBAS Canarias la huelga ha sido secundada por el 60% de los trabajadores, respetando los servicios mínimos que garantizó el ayuntamiento con 11 trabajadores para la limpieza viaria y 7 de recogida de residuos, en torno al 5%. 

Por su parte el Ayuntamiento asegura que mantiene el compromiso de diálogo con los representantes de los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza con el objetivo de seguir avanzando en el diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos entre ambas partes.

Mientras, los sindicatos han preparado un calendario de negociación y protestas durante el próximo mes de julio. Si nada cambia han fijado otra jornada de huelga de los servicios de limpieza, recogida de residuos del ayuntamiento el próximo 31 de julio.

164 fallecidos y más de 971 heridos. Este es, hasta el momento, el balance de los dos potentes terremotos que han golpeado Venezuela esta madrugada. En Canarias, miles de venezolanos permanecen en alerta y observan con preocupación las novedades de la tragedia. “Vivimos con mucha preocupación el primer terremoto y la réplica, e intentamos contactar con familiares y conocidos”, cuenta a este periódico Marcela Maspero, presidenta de la Asociación Solidaridad Venezuela. “Aún no tenemos el cálculo de pérdidas humanas, pero hay cientos de desaparecidos”, añade. 

Ella misma tiene una prima desaparecida bajo los escombros en San Bernardino (Caracas). Para ella, ahora mismo la prioridad debe ser la búsqueda y el rescate de los desaparecidos. “Medicina y alimentos también, pero ahora la ayuda más grande que necesitamos son equipos humanos para retirar los escombros”, subraya. 

En esta línea, el Gobierno de España ha anunciado el envío de 54 trabajadores de rescate a Venezuela. Se trata de una unidad especializada en ámbitos urbanos que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas. 

“Uno de los puntos más afectados ha sido La Guaira”, indica Maspero. Allí se ubican un puerto y un aeropuerto, lo que ha dificultado también las comunicaciones con la población venezolana. “Se han visto afectadas zonas de edificios muy altos, pero también zonas humildes”, señala. 

La presidenta de la asociación insiste en que el impacto de estos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 son “consecuencia de la falta de inversión y de la irresponsabilidad” de la administración. Además, afea la tardía respuesta de los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos. “Solo el pueblo salva al pueblo, por eso estamos alerta y seguiremos informando de las novedades”, indica.

En esta línea, sostiene que las personas que viven en Canarias y que tienen lazos con Venezuela pueden acudir a la asociación, y asegura que el Gobierno regional se ha puesto a disposición de esta y otras entidades. 

Un ''baño de dolor en el corazón''

“Hoy amanecimos aquí en Canarias con un baño de dolor en el corazón por la tragedia que está suscitando a nuestros compatriotas venezolanos”, asegura Jose Antonio Pérez, vicepresidente de la Asociación Amigos Canarios Venezolanos. La entidad cuenta con casi 700 personas afiliadas, “no simplemente venezolanos, sino de toda Iberoamérica”, tal y como matiza su presidente. 

Pérez asegura que ya han podido comunicarse con sus familiares y que poco a poco se han restablecido las comunicaciones, “incluso Internet”. 

Asegura que por el momento “no se tiene una cifra exacta de fallecidos ni damnificados que hayan perdido sus viviendas”. Los estados que más han sufrido han sido Caracas, el estado de La Guaira, y el estado de Vargas, explica Pérez.  

Numerosos testimonios relatan historias de gente durmiendo en la calle por miedo a las réplicas y gente buscando entre los escombros de edificios desplomados a sus familiares y amigos. 

Amistades de canarios en Venezuela aseguran que “se han desplomado edificios por completo”, como en Caracas, en la zona de Chacao, Altamira, han sufrido graves daños y posibles víctimas mortales. También se han caído puentes, como en Los Andes. 

“La experiencia de un amigo que se estaba haciendo la diálisis en el hospital de Maracay, 10 minutos después de salir de la diálisis empezó el terremoto. Gracias a Dios no sucedió nada en el centro médico”, relata Pérez que hace un llamamiento a la calma: “por supuesto, lo que hay que es mantener la calma y orar mucho a Dios para que todo esto vuelva a la calma”.  

Actualmente está en contacto con las instituciones para poder hacer un centro de acopio y posteriormente hacer un envío de ayuda humanitaria, con artículos y utensilios de primera necesidad y alimentos no perecederos para poderlos enviar a Venezuela. “Es lo que podemos hacer y nuestra asociación está abierta para todo aquello que quieran ayudar, bienvenido sea”, concluye Jose Antonio Pérez, vicepresidente de la Asociación Amigos Canarios Venezolanos.

El Consulado en Canarias

En declaraciones a Canarias Ahora, la cónsul general de Venezuela en Canarias, María Elisabeth Seijo Candamio, asegura que “hasta el momento no se ha recibido ninguna llamada ni la presencia de ningún ciudadano venezolano en el Consulado buscando apoyo para ubicar a algún familiar”. La cónsul habla con serenidad del transcurso de la mañana, en la que ha estado atendiendo a medios nacionales y regionales para brindar toda la información que han puesto a disposición desde el Consulado con sede en Santa Cruz de Tenerife.

La embajada también ha difundido varios números de teléfono para cumplir estos objetivos: 915981200 para la embajada, 650817137 para el consulado en Madrid, 65015752 para el consulado en Barcelona, 639154752 para el consulado en Bilbao, 672353744 para el consulado en Vigo, 608670628 para el consulado en Canarias.

Además, llama a “mantener la calma y seguir exclusivamente los reportes de los canales oficiales” del gobierno de Caracas para “evitar la difusión de informaciones falsas o alarmistas”.

Los centros de menores migrantes empiezan a quedarse vacíos. Los de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura, con 24 y 25 plazas respectivamente, cerrarán sus puertas el próximo uno de julio. La Consejería de Bienestar Social reconoce que se ha reducido la presión por los traslados de menores a La Península y que han bajado las llegadas por lo que ha iniciado una reorganización de estos centros. 

En marzo se cumplía un año de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería por la que se hace una redistribución equitativa de menores entre las comunidades autónomas, haciendo que la solidaridad sea una obligación. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunciaba este miércoles en Lanzarote que se han tramitado 2.000 expedientes de traslado de menores inmigrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península “sin un solo incidente”. 

La Consejería de Bienestar Social asegura que se están cerrando aquellos centros que están más vacíos “para hacer una mejor gestión de los recursos públicos”. Explica que el centro de Ayagaures tiene 9 menores, y tiene capacidad para 24, y el de Ancor, tiene 16 y su capacidad es de 25. “Lo que ocurre es que los contratos firmados con estas entidades en la anterior legislatura contempla que se paga por plaza, ocupada o no”, y califica la actual situación de “insostenible”. Argumenta que una administración pública tiene que velar por el buen destino de los recursos del erario público. “Se trató de negociar con las entidades, que no quisieron acogerse a ninguna alternativa”, aseguran desde la Consejería. 

Se refieren a la empresa gestora de estos centros, la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que para Comisiones Obreras es “una empresa que durante años ha ganado mucho dinero”, y aseguran que ahora que tendría que hacer mejoras salariales a sus trabajadores, “dicen que no les sale rentable”. 

El sindicato exige al Gobierno de Canarias y a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo una solución urgente que garantice tanto la continuidad de la atención a los menores como el mantenimiento del empleo de las 42 personas trabajadoras afectadas. Explican que el contrato se firmó en el año 2019, “en una situación de emergencia” y cuando regía el tercer convenio colectivo. Aseguran que durante estos siete años “los trabajadores han estado en precario”, y ahora “cuando sacan a licitación ordinaria a concurso público” y con el V Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores, “a la empresa no le parece rentable”, afirma Zayda González, coordinadora de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias. 

Desde CCOO explican que cuando se firmó el contrato “por vía de emergencia” se pagaba más por plaza, la nueva cuantía sería algo menor, pero superior a los 100 euros por menor cada día. El sindicato califica de “grave” que una discrepancia económica como esta pueda “terminar disolviéndose con despidos y con el desarraigo” de menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad.

A juicio del sindicato, estos cierres suponen “una decisión de enorme impacto social y laboral” por dejar en la calle a profesionales que sostienen diariamente la vida cotidiana de estos menores y por el traslado de niños y adolescentes que ya cuentan con escuela, amistades, atención sanitaria, rutinas y vínculos comunitarios en su actual entorno.

La organización sindical ha apuntado, además, que el despido colectivo de los trabajadores comunicado el 16 de junio no está justificado si el servicio continúa prestándose por otra vía y piden que en todo caso se recoloquen a los trabajadores o se les subrogue en distintas empresas, ya que “cuesta mucho encontrar trabajadores cualificados en este sector”, además de que se mantiene la continuidad “afectiva y profesional” en la atención a los menores.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que, a mediados de julio, se celebrará una Conferencia Sectorial en la que se repartirán 35 millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen mayor flujo de entrada de menores inmigrantes no acompañados.

Canarias recibirá cuatro millones, “que se suman a los 140 millones de euros ya asignados de los presupuestos para política de acogida para las islas específicamente”, y destacaba que “la mitad de los fondos de los presupuestos del Estado que iban para esta materia han sido consignados a Canarias”, aseguraba en Lanzarote Rego. 

La ministra ha explicado que, en estos momentos, quedan en Canarias aproximadamente una cuarta parte de la cifra de menores que llegó a tutelar antes de que se reformase la Ley de Extranjería y que también se han resuelto 1.000 expedientes de protección internacional.

“La situación de Canarias ha cambiado drásticamente. El sistema de acogida se ha descongestionado sustancialmente, es mucho más garantista de lo que era hace un año y muchos niños y niñas pueden desarrollar su proyecto en lugares en los que tienen los derechos garantizados”, ha señalado.

Las islas padecen una crisis habitacional sin precedentes. Por ello, colectivos sociales convocan tres movilizaciones en el archipiélago que se enmarcan en la campaña estatal por el derecho a la vivienda, bajo el lema: “la vivienda nos cueste la vida”. Los convocantes aspiran a que sean “un punto de inflexión” en la lucha contra la crisis de vivienda que sufre Canarias.

La plataforma Derecho al Techo ha convocado en las Palmas de Gran Canaria el sábado 20 de junio a las 11:00 una manifestación que irá desde el Parque del Canódromo, en el barrio de Schamann hasta el Parque de Don Benito. En La Palma será el día 26 de junio, a las 18:00, en la Plaza España de los Llanos de Aridane. Y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife convoca a otra movilización para el día 27 de junio a las 11:30, en el parque estudiante Javier Fernández Quesada, en San Cristóbal de La Laguna. 

El aumento de la población, la presión turística con sus viviendas vacacionales y una gestión política que los colectivos sociales califican de “absoluto fracaso” han generado una situación de colapso que dibuja una radiografía alarmante en la que se expulsa a los vecinos de sus barrios y deja a familias en la calle.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Canarias hubo 1.426 desahucios el año pasado. Casi el 80% de ellos fue por impago del alquiler. La crisis de la vivienda es uno de los factores principales por los que cada vez es más difícil salir de la pobreza. Hay casi 700.000 personas que están en riesgo de exclusión social en el archipiélago, es decir, sus ingresos son inferiores a 965 euros al mes, lo que supone más del 30% de la población, según la Red Europea de Lucha contra la pobreza.  

Mientras, los precios de la vivienda no dejan de subir. En febrero de 2024 entró en vigor el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias, por el que se declaraba la emergencia habitacional del archipiélago. Desde entonces, el precio de la vivienda en las islas no ha dejado de aumentar. Actualmente, se sitúa en los 2.234 euros/metro cuadrado, volviendo a batir su récord histórico. Supone una subida del 13,6% respecto al año pasado. 

Según los convocantes de las movilizaciones por el derecho a la vivienda “esta realidad no es fruto de una evolución natural del mercado, sino la consecuencia directa de políticas que han favorecido la especulación y la mercantilización de un derecho básico”.

En Canarias hay un total de unas 18.000 viviendas públicas lo que supone menos del 2% de todo el parque residencial del archipiélago, según Provivienda. Sin embargo, actualmente hay 34.000 los demandantes de vivienda pública. Y en los últimos tres años sólo se entregaron 24, según el propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). 

Casas vacías hay muchas más. Se estima que son unas 211.000 las casas que están deshabitadas en las islas. Suponen aproximadamente una de cada cinco. El dato surge del Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de estas viviendas vacías están concentradas en municipios turísticos y en las capitales, siendo Las Palmas de Gran Canaria el municipio con más viviendas vacías de todo el archipiélago. 

Pero el Gobierno canario sólo ha movilizado una vivienda vacía en los últimos diez años. El ICAVI confirmaba vía Transparencia que solo ha conseguido incorporar al mercado una casa deshabitada desde 2015. Fue en 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Pero el Gobierno canario promete movilizar cien viviendas en los próximos dos años con sólo un millón de euros.  

Hasta la patronal de las empresas inmobiliarias está de acuerdo con poner en venta o alquiler las viviendas vacías. La Asociación de Consultoras Inmobiliarias asegura que Canarias necesita como mínimo 44.000 viviendas para cubrir la demanda actual. Bastaría con movilizar una quinta parte de las viviendas que están cerradas. 

Con esta situación de crisis habitacional la ocupación ha descendido en el archipiélago más de un 10% en 2025, según el Ministerio del Interior. El año pasado se registraron 596 delitos de usurpación y allanamiento de morada en Canarias, siendo la principal causa el impago del alquiler. 

Y a la vez, Canarias es de las comunidades donde los rentistas tienen más propiedades. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tienen la mayor concentración de multiarrendadores, donde cerca del 65% de los caseros posee dos o más viviendas en alquiler, un porcentaje superior a los de Madrid o Barcelona. En el archipiélago hay más de 50.500 propietarios con más de 4 inmuebles. Otros casi 14.000 propietarios tienen entre 11 y 25 viviendas, y hay casi 3.000 con más de 25 propiedades. 

La población canaria sitúa la vivienda como principal problema y un 90% cree necesario cambiar el modelo turístico. Convirtiendo a las islas en la tercera comunidad en la que más se busca vivienda sin éxito, según el INE, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. 

La Ley canaria de alquiler vacacional tampoco ha rebajado la precio de la crisis de vivienda. Los pisos turísticos disponibles han pasado de 47.100 a 42.300. El Ministerio de Vivienda instaba el mes pasado al Gobierno de Canarias a inspeccionar y cerrar “las más de 14.200 viviendas turísticas ilegales que ha detectado el Registro de la Propiedad en este año”, lo que convierten a las islas en la cuarta comunidad con más incidencia de este problema. “Podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible en Canarias, en lugar de expulsar a miles de canarios y canarias de sus barrios, de sus ciudades y, en definitiva, de sus islas”, aseguraba desde el Ministerio. 

Medidas urgentes de aplicación inmediata

Frente a esta situación, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo en Gran Canaria defienden un Plan de Emergencia Habitacional, en el que se incluyen de 13 medidas urgentes que pueden ser de aplicación inmediata, “dirigidas a intervenir directamente sobre el mercado de la vivienda y acabar con la gentrificación de nuestros barrios”, aseguran. 

La primera medida es la declaración inmediata de zonas tensionadas y aplicación efectiva de topes al alquiler, a lo que el Gobierno de Fernando Clavijo se ha negado insistentemente, llegando a desechar la idea de declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada, afirmando que en Canarias “no hay grandes tenedores de vivienda”. 

Los colectivos convocantes también proponen alquileres indefinidos para garantizar estabilidad habitacional, y la recuperación de viviendas vacías mediante políticas fiscales “contundentes” a grandes tenedores, como las de bancos o fondos buitre para destinarla a vivienda protegida y/o alquiler asequible. Proponen que se les incremente el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y se les penalice fiscalmente por tener vacías las viviendas, en lugar de los actuales incentivos voluntarios.  

También plantean el fin de la compra especulativa de vivienda, con prohibición de adquisición por parte de fondos de inversión, empresas, grandes capitales y personas físicas, sin importar origen.

Exigen la eliminación de campañas institucionales para atraer nómadas digitales, “que tensionan el mercado residencial y reducen la oferta de vivienda habitual”. También reclaman el control del suelo público para poner “fin de su cesión a intereses privados o turísticos, adecuación de la planificación urbanística a la capacidad de carga del territorio insular y regulación de la implantación de franquicias mediante instrumentos urbanísticos”, que protejan el comercio de proximidad y la diversidad económica de los barrios.

Ambos colectivos rechazan contundentemente los criterios excluyentes en el acceso a vivienda pública, y piden que se eliminen los requisitos económicos o administrativos que expulsan a los sectores más precarizados del acceso a la vivienda social. 

Las organizaciones reclaman la recuperación de pisos turísticos y alquileres temporales para su incorporación al uso residencial, incluyendo la paralización de nuevas licencias de vivienda vacacional. Requieren que se amplíe y blinde el parque público de vivienda mediante la incorporación de vivienda de la SAREB y otros activos públicos, evitando su privatización futura.

Otras de sus propuestas son: el Derecho de tanteo y retracto para las administraciones públicas en la compra de edificios, la obligación de destinar el 50% de toda nueva construcción o gran rehabilitación a vivienda pública o alquiler asequible.

Y por último piden la suspensión total de los desahucios sin alternativa habitacional garantizada por las administraciones públicas, y que se ilegalice a las empresas de desocupación para poner fin a los desalojos extrajudiciales.

Abrir un nuevo ciclo de movilización social

Las organizaciones critican que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago” y denuncian que el actual modelo económico “ha transformado la vivienda en un activo financiero” al servicio de la especulación inmobiliaria, los fondos de inversión y los grandes propietarios. “La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía sometida a la lógica del beneficio privado”, aseguran.  

Desde Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife hacen un llamamiento para participar en las manifestaciones del próximo 20, 26 y 27 de junio, para convertirlas en una demostración de fuerza capaz de abrir un nuevo ciclo de lucha por el derecho a la vivienda en Canarias.

Cuándo y dónde serán las manifestaciones: 

Una familia con un menor de ocho años y sin alternativa habitacional ha sido desahuciada este lunes en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Los colectivos Derecho al Techo y Guanarteme Se Mueve que han estado presentes en el lanzamiento, denuncian que el informe de vulnerabilidad que podría haber paralizado el desahucio ha llegado demasiado tarde, el mismo día del desalojo. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado a este periódico que ha actuado en tiempo y forma dentro de sus competencias. Desde el consistorio aseguran que los Servicios Sociales municipales recibieron el 28 de mayo una solicitud de informe de vulnerabilidad por parte de la persona afectada, pese a no existir una petición formal del juzgado. El informe fue elaborado y remitido al órgano judicial el 5 de junio, “antes de la ejecución del lanzamiento, y también se entregó una copia a la persona afectada”, aseguran fuentes municipales.

La familia residía en una pequeña habitación subarrendada por una persona que, según han podido comprobar los activistas, carecía de legitimidad para ello. “Es una estafadora que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, está en busca y captura, dejó de pagar, con lo cual los inquilinos están en la calle”, denunciaba Marifé Navarro, portavoz de Derecho Al Techo. 

Los afectados, solicitantes de protección internacional, habían requerido el informe de vulnerabilidad con antelación. Aseguran que llamaron de manera reiterada a las administraciones competentes, pero la notificación no llegó a tiempo para solicitar el aplazamiento del lanzamiento.

Gentrificación de Guanarteme

Los colectivos sociales señalan que los fondos buitres y especuladores se están apropiando del barrio de Guanarteme, donde este lunes presenciaron, impotentes, un desahucio más que ejemplifica lo que supone el fenómeno de la gentrificación. “Un desahucio donde coexisten dos realidades contrapuestas. Por un lado están llegando vecinos con un alto poder adquisitivo y se está expulsando a las vecinas de toda la vida, y además se está naturalizando la infravivienda”, asegura Jonathan Mesa, portavoz de Derecho Al Techo. 

Además, critican que se ha naturalizado que haya familias residiendo en infraviviendas, “la familia de hoy vivía en un cuarto pequeñito a un precio que casi es prácticamente el precio de una vivienda”. Advierten de que mientras no se ponga freno a esta dinámica “seguiremos con desahucios invisibles, pero que están ocurriendo en el día a día”.

Desahucios invisibles 

Derecho al Techo subraya que situaciones como esta se repiten a diario sin que trasciendan públicamente. Muchas familias afectadas no hacen públicas sus circunstancias por miedo a ser estigmatizadas, a que sus hijos sufran consecuencias sociales o que los futuros arrendadores les cierren las puertas. La organización destaca que detrás de estos casos existe una casuística compleja: víctimas de fraudes inmobiliarios, familias sin contrato de alquiler por falta de alternativas, y trabajadores con ingresos que quedan igualmente excluidos del mercado de la vivienda.

Siete desahucios inminentes

En la agenda de Derecho al Techo hay siete fechas marcadas con desahucios inminentes. “Estamos viviendo una situación de absoluta desidia y dejación por parte de las administraciones públicas competentes, en particular del Gobierno de Canarias, ante desahucios que se están ejecutando sin importar que se trate de niños, mayores o familias vulnerables. Es un absoluto fracaso de las políticas de vivienda y por desgracia no existe ahora mismo normativa suficiente en la que podamos apoyarnos para que estos lanzamientos dejen de ocurrir. Ni hay legislación para impedir los desahucios, ni hay soluciones habitacionales para paliarlos”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo.

Manifestacion el 20 de junio

Ante esta situación, Derecho al Techo hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación por el derecho a la vivienda que tendrá lugar el próximo 20 de junio. La concentración está prevista a las 11:00 horas en el Canódromo de Schamann, desde donde los participantes recorrerán las calles de la ciudad hasta la Plaza Don Benito, donde se leerá un manifiesto y habrá actuaciones musicales.

En el mundo hay 117,5 millones de personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares, un 5% menos respecto al año anterior, según Naciones Unidas. Aunque cada vez hay más guerras, han aumentado la violencia y la crisis climática, por primera vez en una década se han registrado menos desplazados forzosos en el ámbito global. El motivo: cada vez es más difícil pedir protección internacional. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Canarias registró el pasado año casi 7.825 solicitudes de asilo en 2025 pese a las “políticas hostiles” de la UE. 

“Las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retorno forzoso” están obligando a millones de personas a permanecer en países donde sus vidas corren peligro. Según CEAR, el descenso de solicitudes de asilo no se debe a que haya menos necesidades de protección internacional, sino a las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas solicitantes de asilo y protección internacional.

Entre esas políticas hostiles, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el pasado 12 de junio y que pone en riesgo los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización llama la atención especialmente sobre la lista de países considerados seguros, ya que incluye algunos con graves déficits en Derechos Humanos, como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que prevé la detención prolongada y la expulsión a centros de deportación de terceros países. 

“España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, sostiene Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

“Más control, más deportaciones y menos protección”

España registró una reducción significativa de solicitudes de asilo (13,7%), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Pese a ello, Canarias experimenta un aumento del 2% para un total de 7.825 solicitudes, frente a las 7.667 del 2024. Según CEAR, este descenso se debe principalmente a “la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo”.  

España sólo ha reconocido el asilo al 11% de las personas que lo solicita. Lo que nos sitúa en la cola de Europa, sólo por delante de Croacia y Chipre, muy alejados de la media europea que está en el 34%, y que también ha registrado un considerable descenso en el último año. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias lo resume en una frase: “Hay más control, más deportaciones y menos protección”. 

Venezuela es el país del que proceden más solicitantes de asilo a España. En Canarias, las principales nacionalidades solicitantes de protección internacional han sido: Venezuela, Mali, Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú; manteniendo la tendencia de los últimos años. 

Menos llegadas a las costas canarias

Las políticas de externalización de fronteras provocaron también una reducción considerable de las llegadas a costas canarias, un 62% menos que el año anterior. En este contexto, CEAR vuelve a reclamar a España que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas humanas en las rutas migratorias.

La organización subraya que el 15% de todas las personas que llegaron a las costas españolas fueron niñas, niños y adolescentes sólos, familiares que les acompañen. La reforma Ley de Extranjería, que facilita la corresponsabilidad entre Comunidades Autónomas, y los autos del Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de quienes solicitan protección internacional han agilizado los traslados a la Península. En total, 581 niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares fueron derivados desde Canarias a otras autonomías en 2025. Estos datos han sido recogidos por CEAR en su informe anual, presentado en el día de hoy en el Cabildo de Gran Canaria.

Más discursos de odio, menos derechos

En su Informe Anual , CEAR ha denunciado que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, o en los países de tránsito u origen, sino que también ocurren en nuestro país. “Persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas”, asegura CEAR.  

Obstáculos especialmente acuciantes en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna o al empadronamiento. Para la organización la escalada del racismo y la xenofobia continúan “constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión”. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que erosiona la cohesión social. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

Nuevo Comité de personas refugiadas en Canarias

La exposición del Informe Anual de CEAR también ha servido para presentar el recién creado Comité de Personas Refugiadas (CPR) que ha impulsado la organización. Un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso, tanto dentro como fuera de la entidad. La presentación del Comité de personas refugiadas la realizaron Nicole Sirikari Pachka, natural del Congo y Edwin Abadía Arboleda, de origen colombiano, ambos miembros del CPR de Canarias. 

Hay dos aparcamientos a escasos 300 metros, tres minutos andando, hasta las dependencias municipales de Arguineguín. Uno en la calle Tamarán, donde aparcan la mayoría de concejales y vecinos del municipio, y otro cruzando a pie la plaza Perez Galdós. Pero el aparcamiento de la Policía Local está justo al lado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mogán. Y aunque la Alcaldía tiene una plaza reservada en el propio estacionamiento de la Policía Local, la alcaldesa, Onalia Bueno, estaciona “desde hace años” su vehículo particular en las plazas reservadas a los coches patrulla en la Comisaría de Arguineguín.  

No sólo ella, también lo hacen algunos de sus concejales, como: Víctor Gutierrez; Tania del Pino Alonso, teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Gobierno de Presidencia, y Juan Mencey Navarro, primer teniente de alcalde del Área de Gobierno de Urbanismo y Promoción Turística. 

No es raro encontrar el coche particular de la alcaldesa y de algunos de estos concejales aparcados en las plazas reservadas a los coches patrullas, incluso en las plazas destinadas a los vehículos policiales de atestados, donde los propios policías municipales tienen expresamente prohibido aparcar. Según se recoge en diferentes documentos a los que ha accedido este periódico, estos hechos vienen ocurriendo desde hace casi diez años. 

Queja a la Jefatura de Policía

Este periódico ha tenido acceso a un informe registrado en el propio Ayuntamiento de Mogán, el pasado mes de mayo, en el que un agente municipal se queja de esta situación al jefe del Cuerpo de la Policía Local. Lo normal sería que el jefe de Policía Local de respuesta a la queja presentada, pero fuentes conocedoras del caso dudan de que vaya a ocurrir. 

El informe asegura que llevan “años padeciendo” este problema, y detalla que los policías locales tienen que estacionar mal sus coches patrulla “en doble o triple fila” impidiendoles la salida rápida. Además, explica que “muchas veces” tienen que quitar unos coches para poder salir con otros.  

Consecuencias fatales 

El escrito menciona que estos hechos han llegado a crear situaciones de “auténtica preocupación e importancia”. Se refiere sutilmente a que pudo tener consecuencias fatales. El escrito relata que “un vehículo de protección civil que se encontraba estacionado en nuestros estacionamientos no pudo salir de forma inmediata para trasladar a un médico del centro de salud de Arguineguín hasta el lugar en que se encontraba un accidentado en parada cardiorrespiratoria en Puerto Rico”. El traslado tuvo que hacerlo una patrulla de la Guardia Civil, debido al bloqueo de vehículos. Y en ese punto termina diciendo: “ese día se encontraba el vehículo de la alcaldesa ocupando uno de nuestros estacionamientos”. Y aunque el escrito no lo dice, aquel hombre murió. 

El informe ni siquiera insinúa que el fallecimiento fuera consecuencia del coche mal aparcado, como es lógico, tan sólo menciona que el coche “no pudo salir de forma inmediata”. La hemeroteca recoge que aquel día de noviembre de 2025 un hombre falleció en un accidente laboral en los apartamentos Orinoco, en Puerto Rico, tras resbalar y golpearse la cabeza contra un escalón y que “pese a los esfuerzos por reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tan sólo confirmaron el deceso”. Era un hombre polaco que llevaba sólo seis días en España.

Concejales multados en 2017

Hace casi diez años hubo un policía que se atrevió a multar a dos concejales por aparcar donde no debían. Pero según consta en un atestado de 2017 de la Guardia Civil, el coche particular de aquel agente fue vandalizado a las pocas horas. 

En el atestado el agente afirma que no sospecha de nadie, pero “sin creer que las casualidades existan, ese día ocurrieron hechos” que considera importantes y los quiere hacer constar. Lo que se narra a continuación es que aquel día en la Jefatura de Arguineguín comprobó que en el estacionamiento de la alcaldía había un vehículo particular de color rojo. Informó al subinspector jefe y al oficial de servicio que lo iba a denunciar, “sabiendo que hay orden del jefe de la policía para que se denuncie cualquier vehículo que no sea el de la alcaldesa”, pero al comprobar que se trataba del vehículo de un concejal del equipo de gobierno decidió no hacerlo, suponiendo que no tardará mucho en retirar el coche. El vehículo del concejal estuvo aparcado ahí desde las 13.30 hasta las 20.30, y entonces decidió multar. 

El atestado recoge que “ya se le había informado y advertido hasta en dos ocasiones” a una concejala del equipo de gobierno, para “que no accediera ni estacionara en el lugar, precisamente para evitar denunciarla”. También se recoge que “el concejal de Policía tiene la misma costumbre y hace caso omiso de nuestras recomendaciones”, refiriéndose a Mencey Navarro. 

El atestado continúa relatando que a las 21:00 de la noche “se había personado la concejala Tania de CIUCA y grupo de gobierno” exigiendo que le dijeran qué policía le había denunciado, y que “no pensaba pagar la multa, todo esto bastante alterada y cabreada”. 

Dos horas después, el policía local que multó el vehículo mal estacionado de la concejala, encontró su coche particular vandalizado, con tres ruedas pinchadas y dos rajas de un metro en las lonas del techo de su vehículo pick-up. A este periódico no le consta que ningún otro policía local haya osado multar durante la última década a ningún cargo de gobierno municipal por aparcar indebidamente su coche en las plazas destinadas a los coches patrullas. 

Continúa ocurriendo

El informe recoge que “desde hace años se ha intentado corregir esta anomalía” y se ha hablado con varios concejales: “En cierta ocasión se informa al concejal Mencey delante del jefe Tomás Hernández, (jefe de la Policía Local en el momento de los hechos) que deje de estacionar en la zona” a lo que según el informe respondió “que se pensaría lo que haría”. Además, el documento menciona que la “concejala Tania ha llegado a dejar su vehículo particular ”durante más de 4 días seguidos“ dificultando la maniobra de salida de los coches patrullas. 

El informe relata que los hechos han sido denunciados verbalmente a un subinspector, “el cual reconoció el problema, pero también dejó claro que no hacía nada” y que tenía que ser otro oficial, que se encontraba en ese momento de testigo, el que tuvo que llamar al concejal para que retirara su coche. En el informe se explica que la concejala “ha continuado con la misma práctica” y que recientemente ha vuelto a dejar su coche en la plaza de Atestados, “concretamente del día 15 al 16 de abril”, y se adjunta una foto, a la que también ha tenido acceso este periódico. A continuación se puede leer: “Ese mismo día la alcaldesa también deja su vehículo en la zona de Atestados”. 

En el escrito se resalta que la alcaldesa utiliza el estacionamiento de la alcaldía “a modo de reservado” para que aparquen otros concejales o “cualquier otro particular allegado, estacionando ella en cualquier otro estacionamiento de nuestros vehículos patrulla sin ningún tipo de reparo y sin tener en cuenta las consecuencias”. 

“No todos son iguales”

En el informe de queja enviado a la Jefatura de la Policía Local se destaca que “esta situación no se ha padecido con ningún otro grupo de gobierno anterior, ni con ningún otro particular”. También reconoce que “no es una práctica generalizada” por parte de todos los concejales, “afortunadamente sólo lo hacen la alcaldesa, y los concejales Mencey, Tania y Víctor”, y añade que “es una clara evidencia de que no todos son iguales”. 

Una de las más recientes quejas por parte de los policías locales se refiere al pasado día 13 de abril, cuando “se les ha informado a todos que no estacionen o que lo hagan el menor tiempo posible”, pero al día siguiente había 4 vehículos particulares estacionados, “algo que evidentemente parece que no entienden”. 

El escrito finaliza dejando constancia de que existe una orden de la jefatura de la Policía Local de 2017 en la que “en NINGÚN CASO hace referencia a que los concejales ni la alcaldesa puedan estacionar en los estacionamientos de los vehículos patrulla”. 

“Obligado Cumplimiento” 

En dicha Orden de Régimen Interno de la Policía Local de Mogán, a la también ha tenido acceso este periódico, fechada en 2017 y que lleva por título: “Estacionamiento de Vehículos Policiales”, se establece el modo de estacionar los vehículos de la Policía Local de Mogán, y especifica que es de “obligado cumplimiento”. 

El primer punto señala que el espacio señalizado como ALCALDÍA estará siempre libre y “reservado para la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Sres. Concejales, en su caso”. 

El segundo punto dice que “todos los vehículos policiales deben ser estacionados de conformidad con la señalización existente”, y da instrucciones para que en caso de emergencia “se efectúe la salida del vehículo con el menor número de maniobras” posible, lo que conlleva colocarlos en posición de salida del aparcamiento. Y añade un croquis con todo detalle. 

Casi diez años después, el coche de la alcaldesa y el de algunos de sus concejales siguen estacionados habitualmente en el lugar de los coches patrullas. Fuentes conocedoras de este asunto señalan que el concejal Mencey Navarro ha llegado a utilizar el aparcamiento de la Policía Local durante meses para no ser multado por no tener en regla la ITV, ya que fue sancionado por esta circunstancia cuando su coche particular se encontraba aparcado fuera del estacionamiento de la Policía Local de Arguineguín. 

Denunciado por la oposición

El grupo municipal de Nueva Canarias de Mogán dirigió un escrito a la alcaldesa y al jefe de la policía local el pasado 4 de mayo sobre el “uso indebido de estacionamientos policiales y afección a la seguridad operativa”. El documento se refiere “a problemática reiterada” de la ocupación de los estacionamientos “destinados a vehículos policiales por parte de cargos políticos” y señala que “compromete gravemente la capacidad de respuesta ante incidencias y emergencias, generando un evidente riesgo para la seguridad ciudadana”.  

El documento menciona expresamente “a la Sra. Alcaldesa, quien, según parece, ha venido utilizando de forma habitual los estacionamientos destinados a vehículos policiales”, incluso manteniendo su vehículo estacionado durante periodos prolongados, “llegando a producirse situaciones en las que no se ha podido disponer de un vehículo de manera inmediata para atender servicios urgentes”. 

Por el momento el Ayuntamiento de Mogán no ha respondido a las preguntas de este periódico.

Cerca del 75% de los médicos de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) no tiene especialidad médica demostrada, “tampoco la dirección del servicio”, según han denunciado varios médicos de ese servicio a la Asociación MIR España, y a cuyos testimonios también ha tenido acceso este periódico. 

La Asociación MIR España lleva días recogiendo información ofrecida por los médicos residentes y adjuntos de distintos años y especialidades, del propio servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, y califica la situación de “auténtico despropósito”. 

“De 56 médicos de urgencias, solo 15 tienen especialidad vía MIR”, según las evidencias que ha recibido la Asociación MIR España. Critican que los médicos residentes están siendo tutorizados por personal que, en su mayoría, carece de la titulación de especialista, lo que supone un “riesgo absoluto para los pacientes y para la formación de los profesionales”.  

“Tenemos testimonios de pacientes muriendo a la espera de ser atendidos en los pasillos del hospital. Esto no es casualidad, esto es por una gestión horrorosa”, asegura Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España. Señala que “como no se han formado por la vía MIR, no han pasado por la formación sanitaria especializada, no pueden dar una docencia adecuada”, y que en muchos casos son los residentes los que enseñan a los propios adjuntos.

El MIR (Médico Interno Residente) es el sistema oficial y obligatorio de formación de especialistas médicos en España. Durante 4 o 5 años los residentes se forman de manera práctica y remunerada para ejercer como médico especialista en el Sistema Nacional de Salud. Pero según los propios trabajadores del HUC, cinco de cada siete médicos de urgencias no tienen ninguna especialidad médica reconocida. “Tampoco la dirección de urgencias: ni la jefa de servicio, ni los cuatro jefes de área”, según nos han manifestado a este periódico varios trabajadores del HUC. 

Algunos de estos testimonios cuentan que hay médicos residentes “siendo supervisados por un chaval de 24 o 25 años que acababa de salir de la carrera”. Aseguran que tratan casos extremos de pacientes muy críticos sin la supervisión adecuada. Algunas declaraciones apuntan a que al no tener MIR “hacen mucho gasto pidiendo pruebas médicas innecesarias”. 

“Hay casos de residentes de primer año que dicen haber tenido que valorar y manejar prácticamente solos, pacientes con shock séptico, ictus o arritmias”, asegura Arzúa. Desde la Asociación MIR España explican que es totalmente incompatible con una formación MIR segura, y que “incumple de manera flagrante” las condiciones por las que fueron acreditados por el Ministerio de Sanidad en su día.

La Asociación MIR España y su delegación en Canarias aseguran que van a solicitar una auditoría docente en Urgencias del HUC para garantizar la supervisión de los residentes y la calidad asistencial. Según los testimonios que han recibido consideran que hay “dudas relevantes” sobre cómo se supervisa a los médicos residentes, sobre la disponibilidad de especialistas acreditados y el cumplimiento de los estándares formativos exigidos por el sistema MIR.

Aprendizaje “autodidacta” en Urgencias 

La Asociación MIR España alerta de que hay bastantes residentes en tratamiento psicológico, “toman antidepresivos, incluso ansiolíticos”, por trabajar en un ambiente laboral “totalmente peligroso, de una tensión constante”, y con una aprendizaje que describen como: “autodidacta”. 

Aseguran que se les ha comunicado que den prioridad “al volumen de pacientes”, primando de este modo “la cantidad, como si el residente fuera mano de obra barata asistencial y no un profesional en formación, que lo que necesita es supervisión”, relata Arzúa. 

Desde la Asociación MIR explican que los residentes acceden a su plaza “tras superar una de las oposiciones más exigentes de España y tienen derecho a una formación de calidad, supervisada y segura”. Y recuerdan que “los residentes no forman parte de las plantillas estructurales de los hospitales”, están ahí para formarse: “los especialistas que atenderán a la población en los próximos años se está formando hoy en nuestro hospitales”, concluyen.  

En España, la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias entró en vigor en 2024. Según critican varios médicos el HUC es “el único hospital de referencia de Canarias que no dará formación a residentes MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, por decisión del Director Médico del HUC”. Aseguran que el HUC “no cumple los requisitos” y por eso “no lo han solicitado”, ya que sin médicos MIR no pueden recibir a residentes de urgencias. 

Mientras se implementa esta especialidad de reciente creación en toda España, para trabajar en Urgencias basta con tener cualquier tipo de especialidad, pero hay que tener alguna, la “más frecuente suele ser la de médicos de familia”, explican médicos que trabajan en urgencias. 

La Dirección de Urgencias, sin especialidad

Este periódico ha podido confirmar que ni la jefa del Servicio de Urgencias del HUC, ni tampoco ninguno de los cuatro jefes de área de urgencias tienen el MIR, o alguna especialidad reconocida.

La jefa de urgencias se licenció en el año 2000 y llegó al cargo en diciembre de 2024, según reconoce en su propio currículum publicado en Linkedin. Para trabajar en urgencias “habría que tener una especialidad y hacer el MIR o ser pre-95”, como se conoce a los médicos que se licenciaron antes de 1995, cuando bastaba con terminar la carrera universitaria para ejercer como médico de cabecera. Con la incorporación de leyes europeas, tuvieron que demostrar sus años de experiencia para que el Ministerio de Sanidad les reconociera oficialmente el título de especialistas, sin necesidad de haber realizado el sistema MIR actual. 

Según especialistas de urgencias consultados, “se está vulnerando la ley” y las normas del Servicio Canario de la Salud. Señalan que un jefe de servicio debería acceder a ese puesto “por tener su plaza en propiedad, su especialidad correspondiente, y llevar más de cinco años trabajando”. 

Por debajo de la jefa de servicio, que ha estado varias semanas de baja, están los jefes de área o de unidad, y tampoco cumplen los requisitos, como carecer de especialidad reconocida. Según el registro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el jefe de la unidad de consultas de atención rápida (CAR), el de unidad consultas externas, el de reanimación, y la jefa de la unidad de observación, aparecen como médico general, es decir, sin especialidad. 

Estos jefes de unidad tiene “poca experiencia en urgencias, y no tienen el dominio de la gestión que requiere el cargo”, critican algunos médicos. Otros señalan que algunos jefes de unidad son “muy jóvenes” y sin la experiencia necesaria para un puesto de esas características, ya que deberían saber tomar decisiones, formar a los residentes, e incluso sustituir a la jefa de servicio, como ha llegado a ocurrir. No entran a valorar que son médicos de países extracomunitarios, de Latinoamérica en su mayoría, y han tenido que homologar su título, ya que no se han formado en España. Solo destacan que no tiene ninguna especialidad médica reconocida.  

Todos lo sabían, pero… 

Estas circunstancias son conocidas por varios sindicatos médicos, pero ninguno ha querido criticarlo públicamente, ni dejar constancia por escrito de las quejas de los profesionales que han acudido en su ayuda. En conversaciones con este periódico han reconocido que conocían que esto pasa en las urgencias del HUC, pero han preferido no hacer declaraciones. Ha tenido que ser la Asociación MIR España, creada en 2020, quien saque a la luz revelaciones denunciando esta situación. 

La propia Dirección Médica del HUC reconoció en un comunicado interno del 14 de mayo de 2025 que los servicios de urgencias se nutren de médicos no especialistas, pero se excusaba en que la especialidad de urgencias es de reciente creación, como en toda España. Pero aunque no tengan especialidad, considera que pueden cumplir con la tutorización de los residentes. Para la Asociación MIR España esta justificación es “totalmente absurda”, y aseguran que este comunicado les “horroriza”, porque hacen “una trivialización, una banalización de la formación sanitaria especializada reglada”, asegura Arzúa.

Auditoría para el HUC

La Asociación MIR España va a pedir una auditoría urgente al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Aseguran que cuando finalice la recogida de testimonios mandarán la documentación a la Inspección de Trabajo, al Ministerio de Sanidad, y a la Consejería de Salud. Durante esta semana aún seguirán recabando evidencias en su cuenta de Instagram @AsociacionMir , donde publicarán de manera “anónima y confidencial” los testimonios en los próximos días.  

La Diputada del Común, Dolores Padrón, también ha pedido recientemente una auditoría externa urgente, al servicio de urgencias del HUC. Su institución le dedicó un capítulo entero en su informe de 2025, y en la investigación que realizó de oficio encontró un médico residente “solo en urgencias con 30 personas en una habitación”. 

El mal funcionamiento de las urgencias en este Hospital Universitario de Canarias no es ninguna novedad. Este periódico informaba hace unas semanas de un nuevo colapso, con pacientes amontonados en los pasillos obstruyendo la salida de emergencias. 

Según la última memoria anual de la Defensora del Paciente, el HUC es el hospital con mayor número de reclamaciones de todo el archipiélago, siendo su servicio de urgencias el más denunciado de toda España. Registraron 320 quejas, de las cuales 31 fueron fallecimientos. El informe asegura que las Urgencias del HUC “perduran como un ejemplo de deshumanización y colapso absoluto”. 

Cómo empezó todo

Según varios médicos, el grave deterioro que se ha producido en los últimos dos o tres años en las Urgencias del HUC “fue a raíz de una fuga de especialistas”. Aseguran que les obligan a hacer un número de horas extraordinarias, “de 280 a 300 horas al mes”, y aunque algunos querían quedarse, terminaron marchándose a otros destinos. 

Explican que la dirección médica sólo contabiliza 140-150 horas de trabajo al mes, pero como les obligan hacer, como mínimo, media docena de guardias, las horas de trabajo reales son casi el doble.  

Diferentes médicos del HUC consultados señalan que el Director Médico, José Antonio García Dopico, está “obsesionado” con reducir el tiempo de espera en urgencias, que según dice no supera la hora, aunque los trabajadores de urgencias aseguran que algunos pacientes llegan a esperar hasta 12 y 14 horas. 

Estos trabajadores de urgencias consideran que hay otros indicadores de la calidad que son más importantes, como: las veces que vuelven a visitar al médico, los reingresos, y por supuesto, la mortalidad. 

Respuesta de la Dirección Médica del HUC

Algunos de los trabajadores de urgencias con los que ha contactado este periódico aseguran que están siendo “coaccionados” para que señalen a quien haya dado testimonio a la Asociación MIR. También han sido “amenazados” con abrirles expediente a quienes filtren información: “quien tenga algo contra los médicos no MIR que lo denuncie en Fiscalía”, aseguran que les han dicho. 

Aunque no ha querido responder a las preguntas de este periódico, desde el Hospital Universitario de Canarias han remitido un comunicado en el que aseguran que mantienen “un firme compromiso con la calidad asistencial” y con la formación especializada de los médicos residentes, desarrollando su actividad docente “conforme a la normativa vigente”.  

Afirman que en cada jornada de guardia participan, “además del equipo propio de Urgencias, un total de 67 médicos (40 especialistas y 27 MIR de otras especialidades) de las distintas áreas del hospital, que acuden al servicio para valorar y atender a los pacientes cuando es necesario, aparte de 16 especialidades más en localización”. Aseguran que en cada franja horaria, cuentan “con más de 15 médicos en el turno de mañana, 10 en el de tarde y 7 durante la noche, sin contar los residentes”. Este argumento es criticado por los médicos de urgencias, “lo importante no es cuántos profesionales hay, sino cuál es su nivel de formación y experiencia”, señalan.

Desde el HUC aseguran que “existe un protocolo de supervisión vigente aprobado por la Comisión de Docencia y una revisión de la planificación de los circuitos formativos de febrero de 2025 y actualizado en junio de 2026”. Mantienen que “en ningún caso, la responsabilidad de la actividad asistencial recae sobre los residentes”, y que esta labor la realizan los médicos adjuntos: “Ningún paciente se va de alta sin la firma del facultativo adjunto”. A lo que algunos médicos de urgencias responden que una firma “no elimina el riesgo”. 

Por último, el HUC destaca en su comunicado que el hospital mantiene una elevada capacidad de retención del talento formado en el propio centro. Y ofrecen como prueba el argumento de que “el 85% de los médicos internos residentes que han finalizado su periodo de formación este año han optado por incorporarse a la plantilla del hospital”. A lo que algún médico de urgencias responde que eso “no incluye” a los siete residentes que querían quedarse en el Servicio de Urgencias y “fueron invitados a irse al Hospital de la Candelaria”. 

Pero sobre todo, el comunicado del HUC no dice nada sobre por qué toda la dirección de Urgencias y el 75% de sus médicos no tiene el MIR, ni ninguna especialidad reconocida. Sobre este hecho no han dado ninguna explicación.

Canarias adelantaba al lunes 1 de junio su campaña contra los incendios forestales de este año. El Gobierno autonómico anunciaba un despliegue sin precedentes: 2.600 efectivos, 19 medios aéreos y 202 autobombas listos para combatir el fuego. Sin embargo, frente a este gran dispositivo la comunidad científica plantea una realidad incómoda: el problema actual no se soluciona con más medios de extinción, sino transformando la gestión directa del territorio.

Un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), publicado en la revista Geographies, plantea que “no es una cuestión de más medios, sino de ordenar el territorio. Ya no se trata de centrarnos sólo en la extinción y tener más aviones y más bomberos, sino de transitar hacia un modelo resiliente basado en la gestión del territorio”, asegura el geógrafo Fernando Medina, del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este especialista en protección civil y miembro del Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica (GEOTIGMA), ha publicado recientemente un estudio que revela una paradoja: Hay menos incendios, pero mucho más destructivos. 

Las cifras son inquietantes. Según el estudio, en los últimos 20 años en Gran Canaria ha habido cerca de mil incendios, “cada vez son menos, pero mucho más intensos”, explica Medina. Según su investigación, sólo cuatro de estos fuegos, el 0,4%, han calcinado el 97,6% de la superficie total quemada en las últimas dos décadas en la isla. 

Incendios de Sexta Generación en Gran Canaria

Según el estudio, estos cuatro grandes incendios son considerados como de sexta generación, es decir, son tan masivos y extremos que generan su propia meteorología, los fuegos tienen su propia dinámica atmosférica interna. Se vuelven inabordables, prácticamente imposibles de apagar con las estrategias tradicionales de los bomberos forestales. Son capaces de derretir el asfalto. 

El primer gran incendio de Gran Canaria ocurrió entre julio y agosto de 2007, afectó principalmente a Tejeda, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Ha pasado a la historia por ser el mayor incendio de las islas hasta la fecha. Calcinó 18.972 hectáreas, casi la mitad de toda la superficie quemada los últimos 20 años. Provocó la evacuación de unas 4.000 personas. Se desarrolló bajo condiciones térmicas extremas con días que superaron los 40 grados. Aquel incendio fue provocado por un vigilante forestal. Según su confesión “se le fue de las manos”, su intención era denunciar los pocos medios con los que contaban los vigilantes forestales y ampliar su contrato. 

En septiembre de 2017, en Cruz de Tejeda se quemaron 1.893 hectáreas. Su capacidad destructiva no radicó tanto en la extensión total, sino en su impacto directo sobre la interfaz urbano-forestal, las zonas pobladas incrustadas en el bosque, lo que obligó a evacuar a unas 400 personas y expuso la vulnerabilidad de las viviendas en estas áreas.

En agosto de 2019 se encadenaron varios fuegos afectando a Artenara, Valleseco, y Tejeda. Se calcinaron 10.700 hectáreas en total, pero fue extremadamente peligroso, provocó la evacuación de unas 10.000 personas, el mayor desalojo en la historia de Gran Canaria, y el segundo del archipiélago. Sólo le superó el devastador incendio de Tenerife de agosto de 2023, que obligó a evacuar a más de 26.000 personas.

El cuarto de estos incendios de sexta generación que ha sufrido la isla de Gran Canaria ocurrió en 2020, entre Tasarte y La Aldea de San Nicolás. Se quemaron casi mil hectáreas. Pero su particularidad es que no fue en verano, si no en el mes de febrero, rompiendo las estimaciones estacionales habituales. La gran sequía de aquel año, y los fuertes vientos acompañados de calima elevaron mucho las habituales temperaturas invernales. 

El mito climático en los incendios de sexta generación. 

La ciudadanía asume sistemáticamente que el cambio climático es el único responsable de que las llamas sean ahora incontrolables. La ciencia confirma que el calentamiento global agrava el riesgo aumentando los días con temperaturas superiores a los 30 grados, como ocurrió con el fuego de Tasarte en pleno febrero de 2020. No obstante, el factor climático no explica por sí solo el surgimiento de los incendios de sexta generación. Para los expertos, la auténtica mecha de estos megaincendios radica en el abandono de las tierras rurales y la actual forma de ocupar el monte.

La trampa del bosque habitado

La masificación del territorio, el abandono de las zonas rurales y la búsqueda de la tranquilidad fuera de los núcleos urbanos ha provocado que cada vez aparezcan más viviendas en plena naturaleza, lo que se conoce como “disrupción urbanística”, viviendas dispersas en el monte. 

Cuando el fuego estalla en estas zonas pobladas, la dinámica de los efectivos contra incendios cambia. “En ese momento ya no se trata de apagar fuegos, se trata de salvar vidas”, asegura Medina.  

Cambiar la percepción del riesgo

Vivir bajo la sombra de los pinos es idílico, pero se olvidan los riesgos que conlleva. Solo alrededor del 9% de los planes municipales de Canarias han sido actualizados en la última década, dejando las zonas de riesgo en un limbo normativo alarmante.

Debido a la escasa regulación del monte, Fernando Medina, especialista en Protección Civil, aconseja enseñar a los vecinos a autoprotegerse. Se vuelve imprescindible limpiar los perímetros al menos de unos 15 metros alrededor de las fincas, parcelas y viviendas, o garantizar el acceso adecuados para los servicios de emergencia, además de contar con planes de evacuación.

Medina insiste en que “la población debe cambiar su percepción del riesgo” y entender los peligros reales de vivir en la naturaleza. También plantea que se permita activar las “fases de preemergencia” mucho antes de que ocurra el incendio para poder enviar mensajes a la población y obligar a tomar precauciones.

El paisaje mosaico y otras soluciones

Para Medina, una posible solución territorial para frenar la virulencia de los megaincendios serían los paisajes mosaicos. Consiste en romper la homogeneidad del monte, ya que una masa forestal continua favorece que se acelere la dispersión del fuego. 

Para construir este paisaje mosaico, los investigadores proponen alternar el bosque con zonas de cultivo. Además, propone las quemas controladas en invierno para crear cinturones que dificulten el avance de las llamas en verano. Y por supuesto recuperar el pastoreo y en especial, la trashumancia.  

Pero el paisaje mosaico por sí solo no basta. Debe haber “un cambio de modelo integral”, y dejar de centrarse solo en la extinción del fuego, para centrarse más en “la prevención y resiliencia”. Medina propone que la autoprotección y el conocimiento del territorio deben convertirse en una variable transversal en el sistema educativo.

Tecnología y táctica anticipatoria

Medina señala la importancia de mapear las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI) para saber dónde hacer la prevención y utilizar sistemas tecnológicos como el programa ALERTAGRAN, el sistema inteligente del Cabildo de Gran Canaria para la prevención y gestión de emergencias como incendios forestales, inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos. Esta red tecnológica permite al CECOPIN anticipar riesgos mediante herramientas pioneras, incluyendo la monitorización en 3D y la gestión operativa en tiempo real. Esto permite anticipar por dónde se moverá el fuego, priorizar recursos y gestionar las complejas evacuaciones masivas con mayor eficacia.

“Aprender a vivir con los incendios forestales”

“Hay que aprender a vivir con los incendios forestales”, asegura Medina. Explica que el futuro pasa por asumir que el fuego es parte del ecosistema y hay que diseñar un territorio, y una sociedad, preparados para que surja el fuego, el incendio no se convierta en una catástrofe.

El estudio en el que participó este geógrafo y profesor de la ULPGC, se asegura que “el cambio implica entender el fuego como un fenómeno inevitable y recurrente en los ecosistemas insulares. El reto ya no es eliminar el fuego, sino convivir con él bajo un modelo que reduzca su impacto y evite que se convierta en un desastre”.

El mensaje científico es claro: el fuego ya no es solo un problema de extinción que se apaga sumando helicópteros, es un enorme desafío de diseño territorial y responsabilidad cívica colectiva. 

Canarias es frontera de Europa, destino de la ruta migratoria más mortífera del planeta. Mientras casi 2.000 personas fallecieron el año pasado en el océano, el Gobierno canario se dedica a criticar al Gobierno central y evita enfrentarse a sus contradicciones internas. Los dos partidos que forman el Ejecutivo autonómico, CC y PP, tienen posiciones totalmente contrarias sobre el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo que entrará en vigor el 12 de junio. 

La Unión Europea lleva gestando desde el año 2020 un nuevo acuerdo que unifique las políticas de asilo y control fronterizo. Fue aprobado en 2024 con el objetivo de asegurar un reparto equitativo de responsabilidades y crear procedimientos uniformes en los 27 estados miembros. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) ha sido duramente criticado por organizaciones de Derechos Humanos que denuncian la reducción del derecho de asilo, que fomenta la detención sistemática en las fronteras, y además promueve la externalización de fronteras y el control migratorio en terceros países.

Aquí en las islas, mientras Coalición Canaria lo rechaza de forma frontal, su socio de gobierno del Partido Popular, respalda de manera entusiasta el nuevo marco europeo. En lo único que coinciden es en criticar que las islas afrontan la entrada en vigor del pacto sin información, sin coordinación y sin haber sido consultadas.

Recientemente, la Unión Europea ha dado luz verde a los centros de deportación de migrantes en terceros países, calificadas por diversas organizaciones como “agujeros negros de los Derechos Humanos”, o “campos de concentración para migrantes”, como los centros de Sheingin y Gjader, que gestiona la Italia de Meloni en Albania desde 2024, y que parecen ser el modelo que tendrá la UE. 

Un Gobierno, dos visiones

El PP votó el pasado mes de marzo, junto con la ultraderecha en el Parlamento Europeo, permitir la apertura de estos centros de deportación de migrantes fuera de la UE. El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri Hijazo, se mostraba en conversación con este periódico totalmente a favor, calificándolo de “beneficioso” para Europa. 

“El PP de Canarias está a favor de los centros de deportación que sean, como dice el reglamento, a través de acuerdos entre la Unión Europea y terceros países. Supervisados y controlados para la reubicación de esas personas que han sido expulsadas porque no cumplen con los requisitos para permanecer en Europa. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo no tengo argumentos para estar en contra”, aseguraba Qadri. 

En Coalición Canaria sí que encuentran importantes objeciones, como la creación de los centros de deportación de migrantes fuera de la UE. “Estamos en contra de la creación de centros en terceros países, como estamos en contra de ponerle precio a las personas. Lo que están haciendo es alejar a Europa de sus valores fundacionales y nosotros estamos en contra” aseguran desde Coalición Canaria. 

“Se está poniendo precio a las personas, 20.000 euros por cabeza. Eso produce estupor y cuestiona los valores fundacionales de Europa”, señalaba David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria.

“A solidario no me da lecciones nadie”

Jacobo Qadri además de ser vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, es alcalde de Barlovento, en la isla de La Palma, donde asegura que “se vive la inmigración” muy de cerca. “Yo, voluntariamente, abrí con fondos municipales un centro de acogida para menores migrantes no acompañados en mi municipio. Fui el primero, junto con el Ayuntamiento de Moya en Gran Canaria. O sea que, a solidario no me da lecciones nadie”, sentencia Qadri. 

Jacobo Qadri plantea que si él pudo hacerlo en su municipio, también puede hacerse fuera de Europa. “Yo los hice en Barlovento, yo lo hice aquí, en el pueblo. Dos mil habitantes al noreste de la Palma. Es decir, lo que abren la posibilidad de hacerlos en terceros países. ¿Por qué no?” 

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP en Canarias argumenta su posición política de enviar a migrantes a centros de detención fuera de Europa “para que no estén botados en la calle, ni estén mendigando por las aceras, ni estén cometiendo delitos, o estén los pobres durmiendo en la intemperie. Estén en un centro, con higiene, con comida, con las condiciones hasta que se les reubique. El que esté en contra de eso, pues… Yo estoy a favor”, concluye Jacobo Qadri. 

Críticas fuera, contradicciones dentro

Ninguno de los partidos del Ejecutivo canario se han pronunciado públicamente sobre sus contradicciones internas. Se limitan a reclamar protagonismo sobre el Pacto Europeo y exigen que Canarias no se convierta “en un gran centro de detención”. Llevan meses reclamando que la Comisión de Inmigración aclare sus dudas sobre el Pacto Europeo. Pero durante este tiempo no han aclarado sus posiciones ideológicas dentro del Ejecutivo canario.  

“No esperamos una visión más humana y de respeto a los Derechos Humanos con la aplicación de este nuevo Pacto Migratorio de la Unión Europea” dijo Clavijo en la inauguración de una jornada sobre el Pacto Europeo de Migración. Recientemente, el Gobierno canario ha reclamado al Estado de forma oficial información sobre el Pasto. Clavijo lamentó que “en un asunto de tanta trascendencia el Estado no haya convocado ni una sola Conferencia Sectorial de Inmigración o Presidentes para debatir este asunto”. En opinión del presidente canario, este es el ejemplo de la “mala política, la política que está pensada en el relato, la polarización, en la tensión y el enfrentamiento”.

Conocer Europa y el fenómeno migratorio

Ambos partidos estuvieron de acuerdo con el Pacto Europeo de Migraciones aunque ahora lo critiquen y al menos, la mitad del Gobierno, teme un retroceso en Derechos Humanos. El PP junto a la ultraderecha europea votó a favor de endurecer el pacto europeo de migración y la creación de centros de detención en fuera de la UE. Coalición Canaria, que está integrada en el grupo parlamentario europeo Renovar Europa, a través de la coalición electoral CEUS (Coalición por una Europa Solidaria), con otras fuerzas nacionalistas como PNV, también votaron a favor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y a pesar de haberlo respaldado siempre, ahora Coalición Canaria expresa sus críticas, principalmente por falta de información y financiación para las islas. 

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, que exige al Estado de manera insistente una cumbre urgente con las comunidades autónomas, confundía recientemente en los micrófonos de La Radio Canaria las principales instituciones de la UE, con el único fin de criticar al presidente Pedro Sánchez: “Cuando se aprobó el Pacto de migración, no me refería al presidente de España, me refería al presidente de turno de la Comisión Europea. Esto significa que esto se aprueba siendo el máximo responsable de la UE el señor Sánchez”, decía Valido, confundiendo o mintiendo sobre las instituciones, los cargos y las fechas. Para empezar, la Comisión Europea está presidida por la alemana Ursula von der Leyen desde 2019. La Diputada confunde esta institución europea con la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que España presidió de julio a diciembre de 2023. Pero no fue hasta el 2024, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron definitivamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y de ningún modo eso convierte a Sánchez en el “máximo responsable de la UE”. 

Las intervenciones sobre el fenómeno migratorio de los partidos al frente del Gobierno en Canarias se han convertido en una constante crítica al Gobierno Estatal, pero rara vez buscan soluciones ni propuestas al fenómeno migratorio. Quizá haya que esperar al mismísimo día 12 de junio cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración, y el Papa esté de visita en Canarias para que ocurra el milagro, y hagan algo por los migrantes. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna tiene constancia de altos niveles de gas radón desde el año 2022. La alerta saltó cuando el Laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental de la Universidad detectó en varias aulas de la planta baja niveles superiores a los 300 Bq/m3 (Bequerelios por metro cúbico), el límite sanitario que establece la ley. No fue hasta el año pasado cuando se clausuraron las clases. 

Durante un tiempo “estuvieron expuestos a niveles superiores de lo que permite la ley”, según explican que les dijeron desde Dirección a la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. Aunque pidieron los resultados de las mediciones, la Delegación de Estudiantes asegura que hasta ahora no se los han facilitado. 

Durante todo este curso las aulas donde se detectaron niveles altos de gas radón han estado clausuradas y los alumnos están dando clase en las salas de estudio del Edificio de Servicios al Alumnado ULL-CajaCanarias en el Campus de Anchieta, las que todos los alumnos conocen como las “Aulas de Caja Canarias”. 

Aulas poco adecuadas para dar clase

Desde el inicio de este curso se está dando clase en aulas provisionales “poco aptas, donde la mitad de los alumnos asiste a clase de espaldas al profesor”, aseguran desde la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la ULL. “Eran salas de estudio, dos salas enormes, con sillas a los dos lados de la mesa, unos frente a otros, de tal modo que la mitad de los alumnos que da clase ahí está de espaldas al profesor. La universidad colocó televisores para que pudieran ver al profesor o las diapositivas que pusiera”, asegura Samuel Frías, secretario de Relaciones Institucionales de la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la ULL. 

Son unos mil alumnos afectados. “Han sido recolocados en cinco nuevas aulas, de las que a su vez, la Universidad ha tenido que recolocar a otros estudiantes de otros cursos y grados de industriales”, asegura Frías. 

“Todos los días para ir a clase era una lotería. Me hacía siempre las mismas preguntas antes de llegar: ¿Podré ver la pizarra hoy? ¿Escucharé al profesor en algún momento? ¿Podré ver las transparencias? Cada asiento no era equitativo para todos. Si llegabas antes conseguías el mejor sitio, si no, simplemente no podías tomar apuntes”, relata con frustración un estudiante afectado.

Lentitud y falta de transparencia

La falta de transparencia es el reproche más unánime. “La Universidad no ha hecho ningún tipo de comunicado informando a los estudiantes de lo ocurrido o de cuándo podrán volver a sus aulas”, asegura Frías. La dirección de la Universidad se limitó a enviar un correo a la comunidad de la escuela para comunicar que no se debían mover ni tocar los medidores de radón. 

Los alumnos coinciden en criticar a la Universidad por falta de transparencia. “Se está demorando mucho. Pese a lo perjudicial que es la inhalación del radón, se están tomando una especial lentitud para solucionar el problema, afectando gravemente a la docencia y al avance en el aula”, lamenta otro de los alumnos afectados.

Desde el mes de julio del año pasado han tratado el asunto en todas y cada una de las reuniones de Juntas de Escuela, que tienen cada mes. Y han comunicado sus quejas por escrito a tres Vicerrectorías. El pasado mes de diciembre escribieron al Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras y la Gerencia de la Universidad de La Laguna para trasladar “enérgicamente sus quejas”, y concluían su escrito transmitiendoles lo inaceptable que “esta situación de precariedad durante lo que resta de curso y, muy probablemente del siguiente”, y recordándoles que “la salud y la calidad docente no pueden depender de una burocracia interminable”.

“La Universidad es del pueblo”

Los estudiantes critican duramente que la Universidad ha retrasado los plazos de regreso a las aulas afectadas de forma sistemática. En julio de 2025 les prometieron que volverían a las aulas el año siguiente, después en el segundo cuatrimestre de 2026, pero la realidad es que las aulas siguen clausuradas bajo la excusa institucional de que “las cosas de palacio van despacio”. Y ante esta justificación de la universidad uno de los alumnos consultados se indigna: “No me parece coherente porque esto no es de palacio, esto es del pueblo y esto es de los estudiantes y están sufriendo”, concluye. 

“La solución barata: ventilación forzada”

Desde entonces, “sólo han reformado una de las aulas afectadas, instalando un sistema de ventilación forzada”, les comunicaron desde la dirección de la Universidad a la delegación de estudiantes. 

Esta medida consiste en colocar extractores y ventiladores gigantes para forzar la circulación del aire y evitar que el radón se concentre en el ambiente. Sin embargo, el colectivo estudiantil la tacha de solución “banal y deficiente”. Son alumnos de Ingeniería, y aunque no hayan terminado la carrera plantean otras soluciones “mejores”.  

“Lo eficiente y seguro habría sido levantar el suelo y cambiarlo por completo para sellar el paso del gas de raíz”, asegura uno de los alumnos, y sobre la ventilación forzada añade: “Es la respuesta más barata de todas, es una solución pésima, y como estamos en la Facultad de Ingeniería, también me parece una construcción bastante poco práctica, sobre todo porque genera ruido”.  

Además, la llegada del verano paraliza cualquier avance: la subida de las temperaturas aligera el aire, lo que provoca que el radón fluya con más intensidad y vuelva las mediciones inestables, impidiendo la reapertura de los espacios.

Temor a un gas peligroso

El radón es un gas que produce la naturaleza, pero es radiactivo, inoloro, incoloro e insípido. Su principal peligro es que al filtrarse y acumularse en espacios cerrados, se inhala dañando los pulmones y aumentando exponencialmente el riesgo de cáncer de pulmón.  

Este gas se origina de manera natural al desintegrarse las moléculas de uranio que hay presentes en el suelo y las rocas. Debido a la naturaleza volcánica del archipiélago, la presencia de gas radón es alta, aproximadamente el 19 % del territorio está considerado de alto riesgo. El Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre establece un límite legal y sanitario de referencia de 300 Bq/m3 (Bequerelios por metro cúbico) para el promedio anual de concentración de gas radón.

El temor es generalizado ante un peligro invisible: “Nunca sabías si el aula en la que estabas metido podía tener radón o no, porque la ULL no compartió jamás los resultados”.

Esta política de ocultación y el patrón de “poner medidores y quitarlos a los meses en total silencio” se replicó de forma idéntica en la Residencia Universitaria Parque de las Islas (RUPI) de la ULL. 

“El correo inicial de la universidad indicaba lo 'urgente' que era la situación, pero después de retirarlos no se supo absolutamente nada más. Jamás se pronunciaron, nunca publicaron los datos de la residencia ni comentaron los resultados”, denuncia un estudiante residente.

La Escuela frente al Rectorado

En el trasfondo de la lenta resolución del conflicto subyace una evidente grieta política dentro de la propia institución. El alumnado exculpa en gran parte a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) y a su director, Ernesto Pereda de Pablo —asegurando que trabajó activamente incluso sacrificando sus vacaciones—, pero apuntan directamente a las altas esferas.

“La Escuela siempre ha intentado ayudar, pero considero que el responsable directo es el Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras. Profesores, alumnos y la junta manifestamos nuestro rotundo desacuerdo a través de documentos oficiales. Si el Vicerrectorado no pone de su mano, no se avanza en esta universidad. Parece que hasta que no ocurra el primer susto grave de salud, no se tomarán las medidas reales y definitivas que merecemos”, concluye uno de los alumnos afectados. 

La versión de la Gerencia: “Hemos actuado con prontitud y transparencia”

Lidia Pereira, gerente de la Universidad de La Laguna, defiende la gestión llevada a cabo y niega las acusaciones de opacidad. “Hemos actuado con prontitud, con inmediatez, y con transparencia”, asegura, y añade que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de las mediciones se informó a los estudiantes y se trabajó para encontrar una solución.

Sobre la demora en el regreso a las aulas, la responsable apunta a las exigencias técnicas del proceso de medición: “El periodo técnico para la medición es de noviembre a mayo y tendrían que hacerse mediciones como mínimo de unos tres meses”. Según Pereira, cuando finalizó el primer cuatrimestre “los indicadores no permitían que se volvieran”.

Respecto a las quejas de falta de información, la gerente rechaza la versión del alumnado: “No comparto esa visión, porque incluso desde el principio hemos hablado con las delegaciones de alumnos”. 

Cuando se le pregunta directamente si se han comunicado a los estudiantes los niveles de radón registrados, la gerente responde que todos los espacios medidos cuentan con cartelería con un código QR que permite contactar con el laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental (FIMERAL), responsable de las mediciones, y que los datos están a disposición de quien los solicite. 

En cuanto a las quejas escritas enviadas a las vicerrectorías, la gerente asegura tener constancia de un único escrito: “La única queja que yo tengo constancia es que se envió por correo. Tuvimos una reunión telemática y le explicamos que estábamos midiendo y que no se podía volver a esas aulas por los indicadores de medición”.

Sobre la solución de la ventilación forzada, cuestionada por los propios alumnos de ingeniería, Pereira defiende que las decisiones técnicas corresponden a los expertos: “Quien tiene que hacer la valoración del tipo de actuaciones que hay que hacer tienen que ser los técnicos que realizan las obras de los edificios”. Y descarta la opción de levantar el suelo planteada por algunos estudiantes: “Levantar el suelo lleva otro tipo de actuaciones que quizás no se hayan relatado en toda su dimensión con ellos, pero se ha hecho esa valoración y no es viable en este momento”.

Por último, ante la pregunta de si se puede garantizar que los alumnos y profesores no han corrido peligro, la gerente responde con rotundidad: “Por supuesto. Desde el primer momento hemos actuado”, y añade que duda que “exista otra institución en Canarias que haya desarrollado una actividad de salud preventiva y de actuación similar a la nuestra”.

En cuanto al plazo de regreso, Pereira no ofrece certezas: “En este momento no lo puedo asegurar porque no ha terminado ni el periodo de medición, pero lo tendremos en breve”.