Personas enfermas en los pasillos, arrinconadas contra la pared, escondidas por una cortina, sin luz natural ni ventilación. Es una muestra del colapso del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). 

Muy cerca hay más pacientes, sentados en sillones llegan a esperar “hasta tres días” a que les suban a planta. El pasillo de evacuación también está abarrotado por más enfermos en camilla. El personal de Urgencias lo llama la “zona cero”. Es la salida de emergencia que se habilita de forma recurrente, pese a estar prohibido. Así dibujan algunos trabajadores del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, la situación actual de su servicio de Urgencias.

En las Urgencias se acumulan personas que están esperando a ser vistas y valoradas por un médico, pero también hay enfermos que esperan a les den cama en una habitación del hospital o a ser derivados a la concertada, y a veces son pacientes que tienen el alta médica administrativa y que están a la espera de un centro sociosanitario, son personas sin hogar, explican distintos médicos.  

A pesar de esta realidad que describen los sanitarios y las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico y que corresponden a este mismo miércoles, desde el HUC aseguran que la situación es de “normalidad”. Aseguran que “todas las zonas están habilitadas, y hay pacientes que esperan diagnóstico y otros tratamiento con normalidad”. Desde el hospital insisten en que “la situación de las Urgencias es muy dinámica y hay días de mayor afluencia de pacientes pero la espera para ser atendido está en la media”. Asimismo, apuntan que los “tiempos de espera son normales” y que el pasillo de emergencia “no está ocupado”.

“Si eso es normalidad, tener a personas mayores en la entrada de urgencias y en fila detrás de una cortina, eso es normalizar el maltrato al paciente, y es terrible”, señalan trabajadores del HUC.

Cati Darias, de Intersindical Canaria, confirma esta realidad y va más allá. “Las camillas son elementos de traslado de pacientes, no son elementos para que los pacientes estén. Ya el hecho de que estés en una camilla y no en una cama es una anomalía”, y señala que, cuando tampoco hay camillas disponibles, el personal ofrece a los enfermos un sillón. “Si tardan tres días en darle una cama de hospitalización, pasará los tres días en ese sillón. Eso es habitual”, lamenta.

Hasta 17 pacientes en camillas de pasillo

Fuentes del hospital consultadas por este periódico contabilizan hasta 17 el número de pacientes que han permanecido esta semana en camillas repartidas por los distintos pasillos del servicio de urgencias.  “Ahí puede perfectamente haber 8, 10, 12, dependiendo de lo saturada que esté Urgencia. No es un problema, y en eso quiero insistir, exclusivamente del HUC. Esa foto es del HUC, pero no es un problema exclusivamente de este hospital. En otros hospitales se habilitan salas de espera, o se habilitan aulas de formación para albergar pacientes”, explica Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias.

Desde Intersindical Canaria, recalcan que “a esta situación de falta de infraestructura, y de colapso, y de ocultar a los pacientes, y de no darles un lugar digno, o procurar su intimidad instalando una cortina que parece hasta una cuestión burlesca, a esto ahora hay que añadir que están aplicando férreos recortes en la contratación de personal”.

En cuanto a la seguridad, la sindicalista advierte de que el hacinamiento en los pasillos dificulta incluso la movilidad del personal para prestar cuidados básicos de enfermería, y que una eventual evacuación de emergencia resultaría “altisimamente complicada”.

La zona cero: una salida de emergencias convertida en sala de espera

El caso de la llamada zona cero merece especial atención. Se trata, según Darias, de un pasillo que separa el área de la UCI y Radiología de la zona de urgencias, y que está catalogado como vía de evacuación del hospital. “Fue objeto de denuncia de la Inspección de Trabajo por parte de Intersindical Canaria, a lo que hubo un requerimiento para que en el plazo máximo de seis meses se realizaran las obras necesarias para que no se ubicaran camillas en esa zona. Y es algo que, de manera reiterada, vuelve a suceder”, denuncia la coordinadora.

Fuentes internas confirman que actualmente la zona se abre y cierra en días alternos según la presión asistencial, con un enfermero atendiendo desde una mesa con ordenador en mitad del corredor de emergencias.

“Es totalmente ilegal y peligroso para el tránsito de más camillas y ya fue clausurada en una ocasión por la Inspección de Trabajo”, asegura Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias.

Recortes de personal sobre un sistema ya al límite

El colapso estructural se agrava, según los trabajadores, por una política activa de reducción de contrataciones. “Esta Consejería de Sanidad maltrata a sus trabajadores, pero además hace un maltrato de la ciudadanía”, afirma Darias, quien alerta de que, si no se revierte la situación antes del verano, se cerrarán agendas completas de especialidades. 

Desde Intersindical Canarias recuerdan que la comunidad ya parte de los ratios de personal sanitario más bajos de todo el Estado en relación con la población atendida, y que la población en las islas ha crecido en 600.000 habitantes en los últimos años sin que se haya creado “ni una sola cama de hospitalización” en ese mismo período. “Si no adecuamos los recursos sanitarios a este incremento poblacional brutal, nos vamos a encontrar estas situaciones en urgencias, en atención primaria y en las listas de espera”, advierte Darias.

El HUC, el hospital con más denuncias de Canarias

Según la última memoria anual de la Defensora del Paciente, el HUC es el hospital con mayor número de reclamaciones de todo el archipiélago, siendo su servicio de urgencias el más denunciado de todo el país. Darias no pone en duda ese dato, pero apunta que los tiempos de espera, “aunque han mejorado levemente, sobrepasan todas las indicaciones de las sociedades científicas”.

Fuentes internas del hospital reconocen que las quejas de los pacientes son menos de las que deberían ser. “Al final están tan cansados que una vez que suben a planta o se ponen bien, lo único que quieren es irse a casa”, explica.

Intersindical Canarias reconoce que los datos del hospital tinerfeño son los peores del sistema, y que la situación se replica en mayor o menor medida en los cuatro hospitales de tercer nivel del archipiélago y en los centros de las islas no capitalinas.

Activistas de Gran Canaria y Tenerife han convocado acciones de solidaridad de urgencia este miércoles para denunciar la detención ilegal de diez integrantes de la Caravana Global Sumud Land. Será este miércoles a las 18:30 en el parque de San Telmo en Las palmas de Gran Canaria y en Catedral de La Laguan en Tenerife, donde realizarán una actuación a modo de protesta, e invitan a participar y asistir a toda la ciudadanía. 

El convoy humanitario de la Global Sumud partió hace un mes desde Mauritania rumbo a la Franja de Gaza. Fue detenido el pasado domingo en las inmediaciones de la ciudad libia de Sirte. Entre las personas secuestradas y de las que no se ha vuelto a tener noticia directa se encuentra la periodista española Alicia Armesto Núñez. Una de sus últimas publicaciones fue a cinco kilómetros de Sirte, donde fueron detenidas, y hace tres días realizó su última publicación, hasta el momento, relatando la despedida de parte del convoy. Desde entonces no se tienen más noticias directas de ella. 

Alicia Armesto tiene 62 años, es periodista y reportera gráfica, y actualmente trabaja en el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM). Siempre ha estado vinculada al activismo y la defensa de los Derechos Humanos, y ha estado trabajado con diversos medios independientes, desde donde ha cubierto durante años la crisis de refugiados. Junto a Alicia Armesto permanecen bajo arresto otros nueve cooperantes internacionales de diversas nacionalidades. Presuntamente todos han sido trasladados a dependencias controladas por las autoridades del este de Libia en Bengasi.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado que sus diplomáticos en Trípoli están realizando un seguimiento estrecho del incidente, a la espera de recibir los permisos necesarios de seguridad en suelo libio para brindar la asistencia consular de emergencia. 

Según Adelina Abdola, una de las organizadoras de esta movilización de urgencia en Las Palmas de Gran Canaria, la delegación “se acercó a un checkpoint para entregar una carta solicitando avanzar conforme al derecho internacional y para negociar el paso seguro del convoy. Desde entonces, el contacto con ellos se ha perdido. Las negociaciones han vuelto a bloquearse”. Denuncian que todas las rutas hacia Gaza están siendo cerradas “una tras otra”. 

Las agrupaciones locales en el archipiélago exigen una actuación política “firme e inmediata” ante los respectivos ministerios exteriores para garantizar la integridad física y la inmediata liberación de todo el pasaje humanitario. 

Una “performance” coordinada por Whatsaap

La convocatoria circula por grupos de Whatsaap y anuncia la cita a las 18:30 en el parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria y a las 20:00 en la Catedral de La Laguna. La organización ha previsto que si la afluencia de personas es elevada, para evitar posibles multas, los colectivos se dividirán en varios grupos para realizar las actuaciones.

Las organizadoras solicitan a quienes quieran participar de la actuación performativa de protesta que acudan provistos de un trozo de tela o kufiye (pañuelo palestino) para vendarse los ojos, cuerda para simular la atadura de manos y un cartón para proteger las rodillas durante el acto de protesta. Asimismo, se ha hecho un llamamiento a quienes dispongan de “cochitos” de juguete para utilizarlos de manera simbólica en la representación de los diez camiones y siete ambulancias que componen el convoy retenido.

El objetivo principal de la cita es filmar la performance para su posterior difusión masiva en redes sociales bajo los lemas reivindicativos del movimiento. Durante el acto, varios participantes permanecerán de pie sosteniendo fotografías de los rostros y nombres de las diez personas desaparecidas para visibilizar su situación crítica.

Máxima preocupación por los cooperantes

Junto a la periodista madrileña Alicia Armesto Núñez, el grupo de diez personas represaliadas por el bloqueo a la ayuda humanitaria conforma un contingente marcadamente internacional. Entre los detenidos e incomunicados tras cruzar la zona de control en Sirte se encuentran los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, así como los ciudadanos italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia. La lista oficial de la organización Global Sumud Flotilla la completan el tunecino Ashraf Khoja, la polaca Laura Kwoczala, el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, la portuguesa Ana Margarida Franca Santana y la estadounidense Jenelle Jones. Desde el colectivo denuncian de forma unánime que este arresto masivo supone una flagrante criminalización de su labor de asistencia civil internacional.

Los trabajadores de la asociación Aspronte, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual de Tenerife, han llevado a los tribunales a la dirección de la entidad por modificar el sistema que tenía la plantilla de organizar las vacaciones y los descansos.  

Aspronte (Asociación familiar pro personas con discapacidad intelectual de Tenerife) es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1966 para dar respuesta a las carencias y necesidades de las familias de personas con discapacidad intelectual en Tenerife. En 1972, fue declarada de Utilidad Pública, y como aseguran en su página web buscan “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”. Actualmente, Aspronte tiene empleados a 56 trabajadores en dos centros, en Santa Cruz de Tenerife y La Orotava. 

Desde el comité de empresa aseguran que la dirección de la entidad quiere reorganizar el calendario laboral y “sin haber acreditado una causa real que lo justifique va a eliminar los periodos de cierre que se venían aplicando históricamente”. Es decir, la entidad no podrá cerrar como hacía hasta ahora en las vacaciones de verano del mes de agosto, en Semana Santa y del 23 de diciembre al 3 de enero por Navidad. La demanda, presentada como conflicto colectivo por el comité de empresa y CCOO, ya ha sido admitida a trámite y tiene fecha de juicio para el 23 de marzo del próximo año 2027, en los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife. 

La gerencia de Aspronte sostiene que la medida planteada “se enmarca en un proceso de adaptación progresiva” de la prestación de servicios dentro de la red pública de atención a la dependencia y discapacidad, y aseguran que se da por la “futura implantación del modelo de concierto social previsto en la normativa vigente”. 

Desde el comité de empresa aseguran que “esa no es la realidad”. El Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS), que es “quien paga las plazas de los usuarios, y quien pone el dinero público”, tiene un convenio son los trabajadores que “no recoge que la entidad tenga que abrir los 365 días del año, sino que hay un máximo de apertura de 248 días” al año, asegura Carlos Alberto Pulido, integrador social y miembro del comité de empresa. 

Desde la gerencia de Aspronte se afirma que, Plena Inclusión Canarias, “entidad representativa del sector de la discapacidad intelectual”, ha trasladado que este modelo de prestación continuada “constituye ya una realidad consolidada en distintos ámbitos de la red pública”.  

Sin embargo, Carlos Alberto Pulido, del comité de empresa de Aspronte, define a la plataforma Plena Inclusión Canarias como “el lobby de los centros de personas con discapacidad”. Y asegura que la empresa utiliza esta plataforma para que hagan una interpretación del convenio a su favor. 

“Engañados por Aspronte”

“Nos sentaron a negociar engañándonos”, asevera Carlos Alberto Pulido, del comité de empresa. El representante de los trabajadores explica que la empresa justifica su medida porque “viene impuesta” por el Instituto de Atención Sociosanitaria, pero “no lo han podido demostrar, ni lo han acreditado”. Además, sostienen que hace un año “con los mismos modelos de trabajo la empresa no tuvo reparo en firmar un plan de igualdad reconociendo esos derechos”. 

La empresa asegura que durante el proceso se han valorado distintas alternativas, “si bien no ha sido posible alcanzar un acuerdo”, y que mantienen su voluntad de diálogo. Pero como hay un procedimiento judicial en marcha la entidad considera prudente “no realizar valoraciones adicionales sobre cuestiones que deberán ser analizadas en dicho ámbito”.

Un conflicto por derechos adquiridos

La plantilla insiste en que no se trata solo de unas vacaciones, sino de una condición consolidada durante años y asumida como parte del funcionamiento de la empresa. Según los trabajadores, el modelo permitía cerrar en determinados periodos y organizar la vida personal con antelación, algo que ahora quedaría en manos de turnos y cambios más flexibles.

El comité entiende que la dirección pretende equiparar las condiciones del personal antiguo con las de nuevas incorporaciones, “pero a costa de recortar derechos históricos”, señalan. También advierte de que el conflicto está generando malestar interno y podría provocar salidas de trabajadores con experiencia, justo en un servicio que depende en gran medida de la estabilidad de los equipos.

Un centro esencial bajo presión

Aspronte cumple 60 años y atiende a personas con discapacidad intelectual, un ámbito en el que la plantilla subraya que “la continuidad de los profesionales de referencia es clave”. Los trabajadores aseguran que su labor “exige una alta carga emocional, responsabilidad constante y equipos cohesionados para garantizar una atención estable y de calidad”.

Por eso, la propuesta del comité no pasa por cerrar más o menos días, sino por mantener los derechos adquiridos y reforzar el servicio con más contratación si la empresa quiere ampliar la apertura. La demanda colectiva ya está en marcha y el conflicto queda ahora en manos de la vía judicial.

Desde la entidad se agradece la profesionalidad y el compromiso que viene mostrando la plantilla en el desarrollo diario de su labor, “manteniendo en todo momento la adecuada atención y apoyo a las personas usuarias con independencia del actual contexto de conflicto laboral”, concluye Víctor García, gerente de Aspronte.

Es la primera vez que ocurre en España. Y no ha sido contra Vox, sino contra el gobierno autonómico formado por Coalición Canaria y Partido Popular. Varias organizaciones sociales han demandado al Gobierno de Canarias por endurecer los requisitos de acceso a la vivienda pública, en sintonía con la denominada “prioridad nacional” de la extrema derecha.

Las organizaciones aseguran que esta medida “es ilegal” y confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dará la razón dada la cantidad de precedentes judiciales que en toda Europa se han pronunciado contra la medida. Denuncian que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda del gobierno insular ante la falta de vivienda pública.

Así lo han explicado, en la mañana de este martes en rueda de prensa, las organizaciones Derecho al Techo y el Observatorio de Derechos Humanos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Canarias.  

El pasado 7 de abril entró en vigor el decreto que modifica los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial pública. El nuevo decreto establece un mínimo de 12 años de empadronamiento en Canarias de forma ininterrumpida. Una medida que para los demandantes “está en línea con la llamada `prioridad nacional´ que las derechas ya están impulsando en otras comunidades, como Aragón o Extremadura, y en varios países de Europa”, y que ya tiene en contra a la justicia europea. 

“Nos encontramos ante un mecanismo que crea barreras estructurales y, por tanto, desvirtúa la noción de vivienda protegida”, afirma Sofía Olivares del colectivo Derecho al Techo. 

“Aunque el presidente de Canarias defiende que en este territorio no hay cabida a la prioridad nacional, la realidad es que este decreto es un ejemplo claro de la prioridad nacional. Nosotros le llamamos prioridad racista, es una prioridad clasista, y es una prioridad abiertamente ilegal”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Estas organizaciones aseguran que el Decreto 23/2026 de 9 de marzo, contiene varias medidas que provocan lo que se denomina “discriminación indirecta”, es decir, que aunque en la norma no se pone de forma explícita que se excluya a un colectivo en particular, el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto. Y en este caso las más perjudicadas son las personas migrantes“, aseguran las organizaciones. 

“Esto no es un invento nuevo, ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de Clavijo. Esto es un invento del Frente Nacional de la extrema derecha de Francia en los años 80, que lo que tratan es de convertir los derechos en privilegios”, explicaba Miguel Ruiz.

Contra la jurisprudencia internacional

Las organizaciones sociales recuerdan que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que exigir “un requisito de 10 años para poder acceder a ayudas de servicios sociales era discriminatorio y, por lo tanto, es una jurisprudencia muy reciente que refuerza nuestra posición. Pero esta es una jurisprudencia que lleva desde los años 80 dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los distintos tribunales constitucionales”, asegura el abogado del Observatorio DESCA.  

Se refieren a la sentencia, publicada el pasado 7 de mayo, por la que la Gran Sala del TJUE formada por 15 jueces, considera que Italia había vulnerado el Derecho comunitario al exigir diez años de residencia, para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, una prestación de lucha contra la pobreza y reinserción laboral.

En declaraciones a este medio desde el Observatorio DESCA sugieren al presidente Fernando Clavijo que lo consulte con la IA. “Es un caso de manual, de hecho si le preguntas a ChatGPT sabemos que no hay que confiar en ChatGPT, pero es lo primero que te dice, ojo, cuidado, que esto puede ser discriminatorio”, ironizan desde el Observatorio DESCA.  

El decreto canario de acceso a la vivienda pública exige más años de arraigo que lo que se pide para obtener la nacionalidad española. Mientras en Canarias ahora se exige un mínimo de 12 años para acceder a una vivienda pública, en España para obtener la nacionalidad se piden diez años, como tiempo máximo general de residencia legal y continuada. 

Contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Las organizaciones afirman que esta exclusión vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Constitución Española, especialmente aquellos referentes al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a una vivienda digna. 

También señalan que “contradice los propios planes del gobierno canario”, como el Plan de inmigración y convivencia intercultural 2026-2029, que enfatiza “la importancia de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas en el disfrute de una vivienda adecuada, sin discriminación ni segregación”. 

Aseguran que este decreto no solo afecta a las personas migrantes de origen extranjero, “también quedan excluidas las personas de origen canario que vivan en la península y quieran volver”. 

“Irrazonable y discriminatorio” 

Además, califican de “discriminatorio e irrazonable” exigir estar empadronado o trabajar en el mismo municipio de forma ininterrumpida durante cinco años, una condición que perjudica a las personas que, por precariedad laboral y residencial tienen más probabilidades de cambiar de trabajo frecuentemente y tienen que mudarse de un municipio a otro.  

Otra de sus críticas va dirigida contra los nuevos baremos económicos, que también “resultan discriminatorios”. Como la condición de poseer unos ingresos mínimos de entre 12.600 euros y 21.000 euros al año, según la composición de la familia. Según los cálculos del Observatorio DESCA y de Derecho al Techo, a través de los datos publicados por el INE, hasta el 16,8% de las personas inquilinas de Canarias se verían excluidas directamente por este baremo de requisitos económicos. Lo que supone más de 68.144 hogares, independientemente de si son de origen canario o no. 

También critican que el decreto canario excluye a quienes han tenido que ocupar una vivienda. “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya ha establecido que los reglamentos que permiten el acceso a las viviendas protegidas y a los servicios sociales no pueden estigmatizar a la población más vulnerable y que las conductas de estas personas que ocupan porque no hay un parque público de vivienda suficiente no puede ser una excusa para castigarlas”, explica Miguel Ruiz del Observatorio DESCA.

“Miseria Nacional”

Derecho al Techo y el Observatorio DESCA consideran que los requisitos que exige el gobierno canario “constituye más bien una ´miseria nacional´ y que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda ante la falta de vivienda pública”, con el precio del alquiler disparado, la expulsión de residentes de las ciudades, y el “secuestro de la oferta de vivienda por parte del sector turístico”, añaden.

Estas organizaciones sociales apuestan por una “prioridad habitacional”, con una serie de medidas que “sí funcionan y no dejan a nadie fuera”, como: la ampliación y blindaje del parque de vivienda protegida, “ya sea con la cesión de solares a promotoras o el uso del tanteo y el retracto”, imponer impuestos a los pisos vacíos de bancos y fondos buitre; prohibir las viviendas de uso turístico para que retornen al mercado residencial, unas 50.000 viviendas en 2025, o limitar las compras de viviendas por parte de inversores con intenciones especulativas. Y por supuesto, regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. 

“Hay un montón de viviendas vacías en manos de fondos buitres, a los que hay que penalizar de una vez por todas. Y, por supuesto, hay una medida que la pueden aprobar mañana, que es: limitar los precios de alquiler, declarando zonas tensionadas. Esto está solicitado incluso por algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria”, explica Isabel Saavedra, abogada del colectivo Derecho al Techo. 

Ambas organizaciones instan al Gobierno de Canarias a ser “más valiente y ambicioso con las políticas públicas” para abordar el problema de la vivienda en Canarias “sin dejar fuera precisamente a quienes más lo necesitan”.

Esta demanda puede tardar un año en resolverse. El abogado del Observatorio DESCA ha explicado que el recurso tiene una tramitación preferente porque el decreto ya está en vigor, y afecta a todas las personas que quieran acceder a una vivienda protegida, “por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia le va a tener que dar preferencia, pero esto puede tardar incluso un año en tener una resolución final”. 

Aunque aseguran que tienen “plena confianza” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les vaya a dar la razón por la amplia jurisprudencia que ya existe, recuerdan que todavía podrían acudir “al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional”, y aseguran que incluso podrían llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

Canarias es una de las comunidades más afectadas por la emergencia habitacional, con un registro de demandantes de vivienda de promoción pública que supera las 34.000 personas. Sin embargo, según datos del propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el pasado año 2025 sólo se entregaron ocho viviendas de promoción pública de nueva construcción. 

En 2023 no se entregó ni una sola vivienda, mientras esperaban más de 25.000 demandantes de vivienda de promoción pública. En 2024, ascendieron a más de 29.000, y se hizo entrega de 16 viviendas. 

Según ese mismo informe, en 2010 se entregaron 325 viviendas y tan sólo había 1.818 demandantes de vivienda de promoción pública. Después de aquel año, en plena crisis económica, se dispararon los demandantes de vivienda pública y se desplomó la adjudicación. De hecho, entre los años 2017 y 2021 no se entregó ni una sola vivienda de promoción pública.  

El Instituto Canario de Vivienda reconocía que “no ha existido una oferta significativa de vivienda pública, mientras que las solicitudes de inscripción se han incrementado de forma sostenida año tras año, alcanzando en 2025 más de 34.000 personas inscritas”. 

Las ocho viviendas de Ingenio

Las ocho casas entregadas el pasado año coinciden con la entrega de llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social, ubicadas en el barrio de El Sequero, en el municipio de Ingenio, que realizó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.  

Esa promoción de 8 viviendas tuvo un presupuesto de adjudicación de algo más de 1,6 millones de euros, y un plazo de ejecución de 14 meses. Fueron adjudicadas en régimen de alquiler social para rentas bajas, inferiores a 1,5 veces el IPREM.

Durante aquel acto que tuvo lugar el 15 de diciembre del año pasado el consejero aseguró que desde el Gobierno de Canarias han “situado la vivienda en el centro de nuestra acción política, como un pilar fundamental para mejorar la vida de las personas”. Rodríguez señaló que habían entregado “en el último año más de 100 viviendas públicas en la isla de Gran Canaria”. Pero esas 100 viviendas públicas a las que se refería son de promoción privada, no de promoción pública, como las que entregaba. 

De cara a este año 2026 el consejero se mostraba confiado en que, “con el ritmo de entrega se incrementará de forma notable, ya que hemos iniciado proyectos de construcción en todas las islas, cuyas viviendas comenzarán a entregarse a partir del próximo año”, aseguraba Rodríguez. 

Cambios en la dirección del ICAVI

Durante aquel acto, al consejero le acompañaban la alcaldesa de Ingenio, el concejal de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento, y el entonces director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, quien dimitió dos meses después tras ser procesado por delitos sexuales. 

Estos datos de demandantes de vivienda de promoción pública y las adjudicadas aparecen en un informe del ICAVI que realizó entonces Antonio Ortega como director. Actualmente, es María del Pino de León Hernández la directora del Instituto Canario de la Vivienda, un organismo autónomo que depende directamente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias con Pablo Rodríguez a la cabeza. 

1 de cada 5 viviendas está vacía 

Se estima que en Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías, esto sería una de cada cinco, las casas deshabitadas que hay en el archipiélago. El dato surge del Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), corresponde a las viviendas sin contrato eléctrico o con consumo inferior al de 15 días al año. El propio INE la considera provisional y aproximada. 

Fernando Rodríguez de la asociación Provivienda en Canarias asegura que si tan sólo “se pusieran a disposición una quinta parte de todas esas viviendas que están vacías” en la región, se daría solución a las más de 34.000 personas demandantes de vivienda de promoción pública que hay en el archipiélago. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife señalan que todas esas viviendas vacías “no son inspeccionadas, ni sancionadas, ni expropiadas” como contempla la Ley de Vivienda de Canarias de 2003. Y añaden que se podrían poner como “alternativa habitacional para personas en especiales circunstancias de emergencia social, como también figura en la misma Ley”. 

“18.000 viviendas públicas en Canarias”

Según Provivienda “en Canarias hay unas 18.000 viviendas públicas en total”, lo que supone “apenas el 2% sobre el total del parque residencial de Canarias”.

El Ministerio de Vivienda tiene otras cifras aproximadas sobre el parque de vivienda de titularidad pública que hay en Canarias, y que representa aproximadamente entre el 1,7% y el 3% del parque total de viviendas de las islas. Esto sitúa al archipiélago como una de las comunidades con menor tasa de vivienda pública y social de España, muy lejos del objetivo europeo que ronda el 10%. 

El propio Instituto Canario de Vivienda ha tenido que reconocer que no sabe exactamente cuántas, ni el Estado en que se encuentran las viviendas protegidas que hay en las islas. Este periódico consiguió que el Instituto Canario de la Vivienda le respondiera vía Transparencia, asumiendo que no tiene un listado con todas las promociones de pisos públicos en las Islas que detalle su ubicación, fecha de calificación, número de expediente o total de casas.

Promesas sobre vivienda

El pasado mes de marzo el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y secretario general de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, aseguraba en una tribuna del periódico Canarias7 que en estos momentos se están desarrollando “más de 3.000 viviendas públicas en distintas fases en todo el Archipiélago, 2.000 solo en construcción”. Sobre el Instituto Canario de la Vivienda afirmaba que se iba a incrementar su presupuesto “hasta alcanzar los cerca de 200 millones de euros, el más alto de su historia. A esto se suma el mayor paquete de ayudas al alquiler que ha impulsado el Gobierno de Canarias en los últimos años, con más de 37 millones de euros destinados a apoyar a miles de familias”. Lo cierto es que solo el 2% de las viviendas públicas proyectadas hace cinco años han sido entregadas en Canarias. 

Convocadas por la asociación Guanarteme se Mueve y la plataforma Derecho al Techo, a las 12 de la mañana de este domingo, se dieron cita unas 200 personas, vestidas de luto para la ocasión, en el antiguo cine de Guanarteme. Durante el recorrido, por el que fueron pastoreados por la policía, realizaron diez paradas en las que leyeron breves panegíricos para explicar cómo la gentrificación, la turistificación y la dejadez de las administraciones está condenado al emblemático barrio de Guanarteme a la “pérdida de su identidad y a la expulsión de sus vecinas”. 

Bajo la desconchada fachada verde de lo que un día fue el cine de Guanarteme, hoy clausurado con las puerta tapiadas, hay un enorme rótulo que reza “centro evangelístico”. Allí arrancaba el pasacalles con los primeros acordes a ritmo de Jazz, mezclando el duelo con la celebración de la vida. 

“Las calles del barrio vivían y compartían las historias de las películas que aquí se proyectaban. Ahora somos espectadores, pero no de la gran pantalla, sino del olvido y el abandono, que bajo falsas promesas, bajó la persiana. Hoy estamos aquí para despedir a nuestro hermano no nato, un espacio que nunca se va a dar, el funeral del centro cultural que nunca existió”, se escuchó decir por un megáfono que a ratos distorsionaba. “Después de la muerte siempre hay vida, de los escombros se puede construir, y este barrio está necesitado de grúas que en vez de destruir nuestras casas, construyan espacios de identidad, culturales y sociales donde los vecinos puedan volver a compartir sus historias”, decía una joven activista de la asociación Guanarteme Se Mueve. 

El cortejo estaba encabezado por una pancarta que decía “vuelven los buitres a Guanarteme. Aquí no hay quien viva”. Le seguían tres coronas de flores, y cuatro porteadoras con un ataúd a cuestas. Tras ellos caminaba el resto de la comitiva fúnebre que daba tímidos pasos de baile a ritmo de jazz. Les acompañaban dos músicos que tocaban en directo con una trompeta y un sousafón. 

Contaminación frente al Centro de Salud

Cuando llegaron a la calle Mario César frente al Centro de Salud, otra activista leyó: “En un espacio donde debe haber silencio y tranquilidad está siendo invadido por los ruidos constantes y los fuertes aullidos de coches y obras. Somos aquí testigos del sinsentido de embudo que se ha convertido esta calle. El punto de salida principal del barrio hacia la GC-1 y GC-2 aglomera al tráfico que recorre las calles de nuestro barrio haciendo un muro de ruido y contaminación. Hoy venimos a despedirnos de una atención médica digna, personal y cercada, que ha fallecido a manos de colapso poblacional”. 

Adiós al Barranco de la Ballena 

La siguiente parada fue por partida triple casi en el mismo lugar: en el Barranco de la Ballena, frente al esqueleto en construcción del Residencial las Américas al lado del Hotel Art. 

“Donde el sol alimentaba la plaza, el huerto y los talleres de los vecinos, ahora se levanta un muro que esconde el sol, que separa y divide el barrio. Con una arquitectura hostil para el entorno que desdibuja la identidad del barrio, que promueve un modelo de vida individualista, donde puedas tener de todo en un mismo complejo, sin interactuar con el barrio, conocer a los vecinos, ni sus costumbres. Habrá casi 500 viviendas, 500 nuevos coches, y 500 nuevos consumidores, pero nunca 500 nuevos vínculos”, leyeron activistas de la plataforma Derecho al Techo.  

En el mismo lugar giraron para que la comitiva viera el barranco y escucharan el siguiente mensaje: “La desaparición de nuestra identidad también incide en la desaparición de nuestros espacios, flora y fauna. Hoy más que nunca despedimos al Barranco de La Ballena y con ello todo lo que supone. Una barrera natural que nos protegía de inundaciones y de altas temperaturas entre otros, ha sido reemplazado por una tubería intermitente, sepultado por el cemento, provocando filtraciones, alterando el entorno, y rompiendo su ciclo natural. Hemos reemplazado una anatomía perfecta por una infraestructura artificial que lejos de beneficiarnos, nos perjudica y ahoga haciendo del barrio un cuerpo sin alma y sin vida, que no deja respirar y nos sume en un entorno hostil y desértico protagonizado por cárceles de cemento que con el tiempo se terminarán derrumbando por la misma naturaleza que sigue buscando su hueco en el barrio”. 

El “ARTentado”

A escasos metros, frente al hotel Art leyeron: “Estamos ante uno de los recordatorios físicos del momento en el que el barrio falló como tejido colectivo. Sin embargo, también cumplen hoy una función importante. La de advertir, educar y evitar que estos errores se repitan. El ”Art“ o como nos gustaría llamarlo, ”ARTentado“ , es precisamente eso, un atentado hacia nuestra identidad como barrio y tejido social. No es un hogar, no es un espacio compartido, ni siquiera es un espacio que respire con el barrio, sino una estructura ajena, casi indiferente, que se impone sobre lo que fuimos. Y sin embargo, permanece ahí, como una herida abierta que también enseña. Porque en su presencia hay una advertencia, una memoria y, quizás, una oportunidad de volver a pensarnos como vecinos, no como espectadores de nuestra propia desaparición”.

Vecinas y vecinos unidas por un hilo invisible

En la plazoleta de las Torres Canteras, sobre el barranco enterrado, las vecinas y vecinos pararon nuevamente para escuchar un nuevo elogio fúnebre. “Hay algo en el barrio que no se ve a simple vista, pero que lo atraviesa todo: una trama de vínculos, gestos y memorias compartidas que lo mantienen vivo. No se trata solo de calles o edificios, sino de las personas que los habitan y de cómo se reconocen entre sí. Ese hilo rojo se manifiesta en la cercanía cotidiana, en el saludo, en la conversación breve, en la confianza que se construye sin hacer ruido. El barrio tiene su propia forma de latir. Está ligado a su historia, a su relación con la costa, a su manera de transformarse sin perder del todo su esencia. Ese hilo también se hace visible en las fiestas populares, en las actividades organizadas por vecinas y vecinos, en las tradiciones que pasan de generación en generación casi sin darse cuenta. Son momentos donde el barrio se reconoce, donde ese vínculo invisible se fortalece y se celebra. El mayor patrimonio del barrio es su gente. Proteger el barrio es, en el fondo, cuidar de ese hilo invisible. Es mantener viva la identidad, las tradiciones, el apoyo mutuo. Es seguir tejiendo, entre todas y todos, un lugar donde no solo se vive, sino donde se pertenece”, manifestaron. 

Decisiones urbanísticas que expropian vidas

Los pasos de las vecinas se animaban con la música y las palabras, y cuando algunas estaban casi a punto de bailar, los sentimientos de esperanza y ánimo, pasaron al enfado y la indignación. “Esta es mi casa”, dice una anciana frente a la casa de la calle Castillejos 16. Su hija asegura que “llevan años viviendo bajo la amenaza de ser expropiados”, pero por el momento prefieren no dar más explicaciones y seguir con el pasacalles. La casa que queda aislada entre dos solares, por donde pasa el barranco natural y el canalizado artificialmente.

“Hay decisiones urbanísticas que no solo modifican calles: modifican vidas. Porque expropiar no significa mover líneas sobre un plano, significa expulsar vecinas y vecinos de sus casas, arrancar recuerdos de sus paredes y romper vínculos construidos durante décadas. Allí donde algunos ven una operación urbana, otros ven desaparecer su hogar. 

La comitiva fúnebre se dirigió a la playa de las Canteras “el alma de la ciudad, el único espacio donde todavía se puede respirar entre tanto muro y humo”. Desde Guanarteme, el acceso a la playa es directo, “casi íntimo, como si el mar formara parte de la propia casa. No es solo paisaje: es rutina, es refugio”, mencionaban en este particular panegírico las activistas. Y añadían, “es un ecosistema único dentro de la ciudad que no pertenece a nadie, y al mismo tiempo, nos pertenece a todas y todos. Cuidarlo no es una opción. Es la única forma de no perder lo que todavía nos conecta con lo esencial”. 

Casas terreras, calidad de vida 

“Las casas terreras han sido siempre la imagen viva del barrio. Además, hay una sabiduría silenciosa en esta arquitectura. Las casas terreras respiran mejor, acumulan menos calor, hacen las calles más frescas y habitables. Son, sin pretenderlo, una forma de sostenibilidad que nace de entender el lugar. Frente al hormigón que asfixia, ellas alivian”, aseguraban las activistas y añadían: “rehabilitar estas viviendas no es mirar al pasado con nostalgia, sino apostar por el futuro con sentido. Es una forma de avanzar sin olvidar. Potenciar las casas terreras y proteger el patrimonio no es solo conservar edificios. Es proteger la identidad del barrio. Es mejorar la calidad de vida”, concluían las activistas. 

Comercio local, memoria viva 

“Esas tiendas que llevan décadas abiertas, que han visto pasar generaciones, no son solo comercios: son memoria viva, patrimonio intangible hecho de historias, recetas, gestos y costumbres que dan forma a Guanarteme. En cada compra cercana hay algo más que un intercambio. Hay sostenibilidad en lo simple, en evitar trayectos innecesarios, en mantener la riqueza dentro del propio barrio”.  

Despedidas y celebración

El cortejo fúnebre continuó por el Paseo de las Canteras hasta la Plaza del Pilar, donde leyeron e último de los panegíricos al barrio de Guanarteme: “Lo que antes era la base de la vida, de árboles, huertos y matorrales, hoy se ha convertido en un simple techo que cubre coches. En una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, donde la sombra no es lujo, sino necesidad, esta ausencia se siente más que nunca. Las plazas dejan de ser refugio para convertirse en superficies duras, incómodas, vacías. Y cuando una plaza deja de ser agradable, también deja de ser encuentro. En barrios densos como Guanarteme, donde cada rincón de sombra y encuentro importa, convertir plazas en cubiertas de garajes significa perder algo más que suelo natural. Significa alejarse, una vez más, de la ciudad humana que todavía intentamos conservar”, concluyeron. 

Tras dos horas recorriendo estos lugares emblemáticos del barrio el funeral a ritmo de jazz terminó en el Huerto de la Ventana, un solar “único” de la ciudad, por ser un espacio comunitario autogestionado de encuentro colectivo, social, político y de disfrute, donde pudieron degustar maafé de verduras y papas con mojo de almendras. Así terminaron las vecinas que acudieron al funeral de Guanarteme, conociéndose más, comiendo, bebiendo, celebraron la vida. 

Pese al alarmismo del Gobierno canario, los protocolos seguidos en el buque MV Hondius se ajustan a los estándares epidemiológicos internacionales “de manera impecable”, asegura el médico Daniel López Acuña, que trabajó 30 años en la Organización Mundial de la Salud (OMS), y fue director mundial de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis. El experto en epidemiología, y exmiembro del Comité Permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Amós García Rojas, coincide plenamente, y explica que “los protocolos de la OMS y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se han seguido escrupulosamente bien”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido la actuación de su propio Ejecutivo y criticaba, en la mañana de este lunes en El Programa de Ana Rosa, que “no se le han hecho los test antígenos y los PCR antes de que bajen los pasajeros” del barco. 

Para López Acuña es una crítica infundada. “A mí el protocolo y el operativo me han parecido impecables”, afirma Acuña. Y sobre Fernando Clavijo ha asegurado que “no sabe de lo que está hablando” y explica que no hay capacidad de hacer pruebas de PCR en el barco. “Las muestras tienen que ser enviadas a Madrid, al laboratorio de microbiología y eso hubiese supuesto un gran retraso en el operativo de evacuación incrementando el riesgo de transmisión dentro del barco”. López Acuña es tajante: “Clavijo no entiende de qué va la cosa”. 

El epidemiólogo canario Amós García Rojas explica que si se hubiera hecho las PCR en el barco se habría tenido que esperar una semana para una segunda prueba PCR de confirmación y hasta entonces los pasajeros no podrían haber salido del barco, y se preguntaba “y si dan positivo qué, ¿tendrían que quedarse todos en el barco haciendo la cuarentena, aumentando el riesgo quienes no estén contagiados?”. Amós García se pregunta si para el presidente canario el asesoramiento del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tienen ningún valor para el gobierno canario. Amós García insiste en “zanjar esta polémica y no crear más tensiones”, recordando que el contagio del hantavirus entre personas es muy bajo. 

Sin embargo, el presidente canario aseguraba en el programa de televisión que “los científicos nos dijeron que había que hacer los PCR o los test de antígenos antes de bajar del buque” y mencionaba a expertos como Basilio Valladares, catedrático en parasitología y fundador del instituto de enfermedades tropicales. “Porque aunque sea asintomático dos días antes de que se manifiesten los síntomas eres portador y contagias el virus”, aseguraba el presidente canario. 

El epidemiólogo experto López Acuña insiste en que “Clavijo no tiene ni idea de lo que está diciendo, habla como si fueran test rápidos que se compran en farmacias”. 

Tampoco está de acuerdo con la supuesta recomendación de Basilio Valladares, Acuña asegura que Valladares no estaría haciendo “un planteamiento realista ni práctico. El protocolo seguido está bien concertado con la OMS y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”. Asegura Acuña que “en esta evacuación no tiene sentido hacer un triaje”. Y concluye que “Clavijo está actuando a la desesperada”. 

Explicaciones de Delegación de Gobierno

En nota de prensa Delegación de Gobierno ha explicado que en el barco no se realizaron PCR generalizadas, y tampoco durante la navegación, ya que no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas. Las pruebas se llevaron a cabo en Cabo Verde y “se realizaron, tanto a las personas que el epidemiólogo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades EUROPEO (ECDC) consideró contactos de mayor riesgo, como a las tres personas que presentaban síntomas, que fueron evacuadas allí mismo”. El barco continuó entonces su trayecto únicamente con pasajeros sin síntomas.

A partir de ese momento, las autoridades sanitarias recibieron cada 12 horas la Declaración Marítima de Sanidad (DMS) del barco, cuyos informes reflejaban que no había nuevos casos sintomáticos durante la travesía. A la llegada a España, los pasajeros fueron sometidos a revisión sanitaria y control de temperatura. “A pesar de no tener una temperatura elevada en el barco, la pasajera francesa desarrolló fiebre posteriormente en el avión. Ante esta situación, las autoridades francesas decidieron realizarle una PCR urgente”. Además, el hospital al que acudió requiere la activación de protocolos especiales de soporte ante posibles casos positivos.

En el caso de España, las muestras de las 14 personas consideradas contactos ya han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología. Este tipo de pruebas requiere un análisis de laboratorio que no es automático, especialmente cuando se procesan varias muestras simultáneamente. Los resultados se esperan a lo largo del día de hoy. En cualquier caso, “a día de hoy ningún pasajero español presenta síntomas”, concluye la nota de prensa de la Delegación de Gobierno. 

Los datos ya no dejan lugar a duda: Canarias tiene un problema con su costa. El litoral del archipiélago pierde cada año cuatro kilómetros de costa natural por artificialización. Es decir, cada tres meses se pierde un kilómetro de costa natural por la actividad humana, convirtiéndolo en superficies artificiales. 

El 18% del suelo en la franja de los primeros 500 metros desde el mar ya ha sido transformado principalmente por el urbanismo, y fuera de los espacios protegidos ese porcentaje supera el 40% en varias islas. Estas son algunas de las principales conclusiones de SOS Costas Canarias, “el primer y único diagnóstico público y riguroso” sobre el estado real del litoral canario, presentado por la Fundación Canaria y el Observatorio de la Sostenibilidad. 

Turistificación: el motor de la destrucción costera

El informe apunta directamente a la turistificación como el principal impulsor de la devastación costera. El 96% de los turistas que visitan Canarias se concentra en cuatro islas (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote) y dentro de ellas el 88% se reparte en 16 municipios. Las Islas alcanzan un índice de casi 20 plazas alojativas por cada 100 habitantes, casi cinco veces más de la media nacional.

Dos municipios, Adeje y San Bartolomé de Tirajana, reciben juntos cuatro millones de turistas al año. Y otras cinco localidades (Yaiza, Pájara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Adeje) las plazas turísticas ya superan en número a los residentes. Esto crea una presión de inversión constante sobre los mismos puntos del litoral, generando conflictos entre la conservación del territorio. 

En 2025, Canarias recibió 18,4 millones de turistas con una media de 7 pernoctaciones por persona; esto supone una media de 300.000 visitantes simultáneos diarios en el archipiélago, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

A esta presión turística se suma una pérdida masiva de suelo agrícola en la franja costera. De las 80.000 hectáreas históricamente cultivadas en los primeros cinco kilómetros desde el mar, hoy solo permanece activo el 38%. En Fuerteventura, el colapso es aún más severo: apenas el 9% de ese suelo sigue siendo productivo.

80.000 personas en riesgo de inundación marina

El informe pone el foco también en los riesgos que acarrea esta ocupación del territorio. Las inundaciones representan el 69% de los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros por desastres naturales en España, y Canarias no es ajena a esa realidad: cerca de 80.000 personas están expuestas a inundaciones marinas en 54 municipios costeros, y otras 11.400 viven en zonas de riesgo próximas a barrancos. “Si se sigue construyendo en estas zonas habrá más población en riesgo, y cada vez será más peligroso en este escenario de cambio climático en el que estamos viviendo”, señala Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad. 

El estudio advierte además que prácticamente todas las centrales térmicas del archipiélago están expuestas a inundaciones marinas, y que una emergencia de este tipo podría comprometer el abastecimiento de agua al afectar a las plantas desaladoras. Además, casi la mitad del suelo inundable está clasificada como urbana, o que ya están urbanizadas, “lo que supone un grave problema si no se corrige la ordenación territorial”, asegura Anne Striewe, directora de Fundación Canarina. 

291 puntos de vertido al mar sin autorización, algunos dentro de la Red Natura 2000

Los vertidos al mar son quizá el hallazgo más perturbador del informe. En 2025 hay censados 403 puntos de vertido al mar en el archipiélago, de los cuales 291 carecen de autorización. En El Hierro, el 100% de los puntos de vertido opera al margen de la legalidad; en La Palma, el porcentaje alcanza el 88%. Para colmo, 94 de estos puntos vierten directamente en espacios de la Red Natura 2000, áreas de especial protección medioambiental de la Unión Europea. 

Sólo hay 112 emisarios con autorización. Tenerife concentra casi la mitad de los puntos de vertido, seguida de Gran Canaria, mientras que el resto de islas tienen cifras mucho menores. La distribución refleja claramente la relación entre vertidos, densidad de población y presión turística. Más del 70% de los puntos son simples desagües sin condiciones adecuadas de dilución, y solo un 13% utiliza emisarios submarinos, que son los sistemas técnicamente adecuados.

Según el informe, hay más de 20 instalaciones industriales que vierten directamente al mar en Canarias. Las emisiones incluyen compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, pesticidas y otras sustancias. 

Una realidad incómoda

El informe señala que la figura de “declaración de interés insular o autonómico”, introducida por la Ley 4/2017, se utiliza sistemáticamente para eludir los mecanismos ordinarios de control urbanístico y ambiental, en proyectos que en la mayoría de los casos aumentan la presión sobre espacios protegidos, consumen recursos hídricos escasos y generan nueva demanda de energía en territorios ya saturados.

Es el primer informe de estas características que se hace público en Canarias, lo que da idea de la ausencia de datos sobre el litoral que ha habido durante décadas. Ha tenido que ser una fundación y un observatorio independiente, y no la administración, quienes han elaborado el estudio, lo que dice bastante sobre el estado de la gobernanza costera en el archipiélago.

Los números son difícilmente reversibles, como reconoce el propio título del informe. Pero sus autores insisten en que todavía hay margen para actuar si las instituciones asumen la urgencia. La pregunta es si lo harán antes de que los cuatro kilómetros anuales que Canarias pierde se conviertan en una cifra imposible de recuperar.

Medidas urgentes y soluciones posibles

Para ello, el informe realiza algunas exigencias al Gobierno regional y a los Cabildos, como que paralicen cautelarmente todos los nuevos proyectos urbanísticos en las franjas de mayor presión y constituyan una mesa técnica para revisar los Planes Insulares de Ordenación.

“La costa canaria es un patrimonio natural, social y económico de valor incalculable. Su protección no es una carga, sino una oportunidad para liderar un modelo de desarrollo basado en la calidad, la sostenibilidad y la equidad. No hay tiempo que perder: cada nuevo suelo urbanizable aprobado en la costa es un paso irreversible hacia la pérdida de lo que nos hace únicos”, aseguran los impulsores del informe SOS Costas Canarias. 

El responsable del estudio, Fernando Prieto, es tajante: “Canarias tiene que elegir entre un escenario de colapso, con vez mas turistas, mas destrucción de la costa y mas desigualdad, o un escenario de adaptación al cambio climático, con menos turismo, menos desigualdad y mas conservacion del territorio”.

El estudio, con casi 700 páginas, fue presentado este jueves ante un aforo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. En el debate de la mesa redonda que clausuró la jornada, participaron la abogada ambientalista Irma Ferrer, la comunicadora científica Carla Henríquez, el responsable del estudio Fernando Prieto, el científico del Observatorio de la Sostenibilidad y el profesor de la ULL Abel López Díez, y fue moderada por Anne Striewe, directora general de la Fundación Canarina, que explicó que SOS Costas Canarias “estará disponible de forma pública y gratuita en las próximas semanas en la web de la Fundación Canarina como herramienta de consulta para organizaciones, medios de comunicación y ciudadanía, y principalmente para que las instituciones que tengan que tomar decisiones sobre nuestro territorio, lo hagan de manera informada y con datos científicos como base”.

El canario Amós García Rojas, experto en epidemiología, y exmiembro del Comité Permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que representaba a España, lanza un mensaje claro y rotundo ante la crisis del hantavirus: Tranquilidad. 

Preguntado por la actualidad en la crisis sanitaria del hantavirus respecto a que el barco no vaya a atracar en puerto, y sólo va a fondear, como ha asegurado el presidente canario Fernando Clavijo, el epidemiólogo García Rojas lo deja claro: no influye en nada. “No influye en que haya más riesgos, ni menos riesgos. Entre otras cosas porque el riesgo vinculado al hantavirus es muy bajo. Para la población de nuestra tierra es bajísimo”. 

Amós García insiste en que esta crisis sanitaria no tiene nada que ver con la de la COVID-19 y agrega que el hantavirus se conoce desde hace décadas y que sólo se transmite por contacto directo con heces, saliva o excrementos de ratones, “ya sea por contacto directo, por respirar, inhalar partículas microscópicas en suspensión de estos excrementos. Y la transmisión de persona a persona es extremadamente complicada”. 

Sin quitarle importancia, Amós García explica que el hantavirus tiene una letalidad alta. “Es una enfermedad seria. Aproximadamente entre un 30 o 40% de los afectados puede desarrollar un cuadro clínico grave y llegar a fallecer. Pero el contagio, la tasa de contagio es baja”, insiste. Se requiere un contacto “muy directo, muy estrecho” entre una persona y otra para que se pueda producir una transmisión persona a persona. “Y esto se da sobre todo en el contexto de la variante Andes”, la que está afectando al crucero MV Hondius, explica García Rojas. 

Y mientras, el epidemiólogo explica lo que la ciencia sabe sobre el hantavirus, se pregunta: “¿Sabes de verdad lo que me da miedo de toda esta situación? El miedo. ”Yo lo que tengo, es miedo al miedo“. 

La epidemia del miedo

Al epidemiólogo le preocupa cómo en redes sociales se transmite y se contagia el miedo. “Se están produciendo unos debates demenciales, alejados del conocimiento y de la ciencia, que están buscando algo muy evidente, que es atemorizar a la población. Porque una población atemorizada es una población fácilmente manipulable”, concluye.  

“Yo creo que convendría ser excesivamente transparentes, que todas las autoridades competentes sean capaces de elaborar un discurso único, lógico y razonable, que se tiene que fundamentar en el conocimiento científico. Y que de esa manera llegue a la ciudadanía en condiciones adecuadas. Porque lo contrario está generando más preocupación en la ciudadanía. Y eso me da mucho miedo” explica García Rojas. 

Amós García lamenta la bronca política, “francamente es muy triste ver como de un sitio a otro se empiezan a tirar la patata. Es absolutamente alucinante, de verdad”. Crítica que las autoridades estén dando “vaivenes” trasladando desconfianzas mutuas en un contexto de crisis sanitaria, “generando más ansiedad y más intranquilidad en la población”. 

Falta de conocimiento científico

Cuestionado sobre si a nuestros gobernantes les falta buen asesoramiento científico, García Rojas responde: “Yo creo que lo que les falta fundamentalmente es ser conscientes de que lo que deben trasladar el discurso a la ciudadanía son precisamente los científicos. Es decir, que el político gestione lo que los científicos están poniendo sobre la mesa, lo que sea necesario. Hay un asunto de Salud Pública que le preocupa más al epidemiólogo, ”los trastornos psicológicos que se están produciendo en un porcentaje amplio de la ciudadanía“. Señala al miedo y al temor a lo desconocido que pueda tener la ciudadanía, pero ”no los científicos, que son los que deben estar dando los mensajes adecuados“.  

Desde esa perspectiva, García Rojas explica que “es un problema evidente de salud pública que debemos abordar. Y debemos abordarlo, primero, exigiendo transparencia a nuestras autoridades, un discurso único, que no haya bronca política entre las diferentes administraciones y que, a ser posible, ese discurso único sea teledirigido por el mundo científico”, concluye. 

Falta de financiación en Salud Pública

García Rojas señala otro problema que es común a todo el país: “La falta de financiación en Salud Pública”. Crítica que la Salud Pública “requiere muchísimas más inversión, una salud pública deficitaria, en cuanto a la cantidad de recursos con los que se mueve están muy limitados. Y eso es un problema”. 

Sin Agencia Estatal de Salud Pública

“La Agencia Estatal de Salud Pública todavía sigue sin estar disponible”, reprocha García Rojas. Dicha agencia lleva un retraso de 15 años desde su previsión original en la Ley General de Salud Pública de 2011. 

No fue hasta en 2022, cuando la actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria era ministra de Sanidad, que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley por el que se creaba la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), “para dar respuesta a los desafíos presentes y futuros en asesoramiento, evaluación, y comunicación de riesgos para la salud” anunció Carolina Darias en Consejo de Ministros. Pero las elecciones generales de 2023 paralizaron el proyecto. 

A principios del pasado año, la actual ministra de Sanidad, Mónica García, volvió a poner la AESAP en la agenda política. Y se creó en julio de 2025. En febrero de este año tendría que haberse puesto en marcha, pero la elección de la sede donde se ubicará la AESAP ha vuelto a retrasar su puesta en funcionamiento. El motivo principal es que las ocho candidaturas requieren obras de calado o adecuaciones técnicas. No será hasta el 18 de agosto, como muy pronto, cuando se conozca donde estará ubicada. Y entonces podrá empezar a funcionar. 

Para García Rojas es “absolutamente necesario imponer una autoridad, una Agencia Estatal de Salud Pública que luego daría lugar a las agencias autonómicas de salud pública. ¿Y por qué es necesaria?” se pregunta el epidemiólogo, para responder a continuación: “Porque esa agencia debe estar en manos de profesionales, en manos de científicos, y debe tener capacidad de independencia con respecto al mundo político y debe estar dotada de recursos. Sería la que tendría que tener el liderazgo en el abordaje de esta situación y debería ser la que fuera la que diera el discurso a la ciudadana”, sentencia.  

El experto epidemiólogo, natural de Santa Cruz de Tenerife, concluye insistiendo en su mensaje de tranquilidad: “Estamos ante una situación en la que las posibilidades de que se produzca un problema de salud es prácticamente nulo, es muy bajo, muy bajo. El primer mensaje debe ser tranquilidad. Porque en estos momentos lo único que está produciendo problemas es precisamente el miedo”. 

El próximo sábado 9 de mayo, el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte “de extrema derecha”. Por tercer año consecutivo el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz dan cabida al Fit Experience Fest, un festival organizado por Lifepro Nutrition, marca de suplementos alimenticios que tiene como principal embajador y comercial a Daniel Esteve, líder de la organización Desokupa.  El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha organizado una recogida de firmas en la plataforma Resist.es para pedir a las administraciones que retiren todo su apoyo al evento. 

El director ejecutivo de la empresa organizadora de este festival es Alejandro Monedero, quien en sus redes ha animado a inscribirse en el ‘Club Desokupa’, que dirige Daniel Esteve, cuya página web está esponsorizada por la empresa de Monedero. Uno de sus “instructores” es Daniel Toledo, alias ‘Jacare’, un conocido neonazi y exluchador de artes marciales que estuvo presente incluso en ediciones anteriores del Fit Experience Fest. 

Bajo el disfraz de “evento familiar e inclusivo, este festival no es más que una pasarela de propaganda para empresas que son el pulmón económico de la extrema derecha más violenta”, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. Critican que las instituciones de Tenerife blanqueen “el negocio de quienes quieren echarnos de nuestras casas con violencia”, y califican el festival como “un insulto a la clase trabajadora”. “Mientras miles de familias en nuestras islas viven bajo la amenaza constante del desahucio y la precariedad habitacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz han decidido dónde poner sus prioridades: blanqueando institucionalmente a quienes viven de la intimidación, otra vez”, aseguran. Y añaden que “a estas alturas, no podemos llamarlo descuido, hay que llamarlo colaboracionismo”. 

Patrocinios con dinero público

Desde la Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias confirman a esta redacción que colaboran con este evento a través de un “contrato de patrocinio deportivo por importe de 14.900 euros”, y explican que este tipo de contratos no se abonan de manera automática, “la entidad organizadora debe presentar un informe de retorno de la inversión (ROI) que justifique el impacto y la repercusión obtenida para la imagen del Gobierno de Canarias y para la de la feria de la Actividad Física y el Deporte Expodeca”. 

Aseguran que la Consejería ha apoyado este festival de la misma manera que lo hacen otras instituciones públicas, porque “reúne los requisitos y objetivos que promueven”, como “la actividad física entre la población juvenil”. Sobre la recogida de firmas han preferido “no hacer valoraciones”.

El Cabildo de Tenerife ha preferido no responder a las preguntas de este periódico. 

Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha limitado a “remitir al comunicado de la empresa organizadora”. En dicho comunicado la empresa que organiza, Lifepro Nutrition, asegura que es un evento “estrictamente deportivo sin ideologías políticas”, y que la relación de Daniel Esteve y Desokupa “se limita exclusivamente a la edición de 2024”, y que cualquier vinculación con la “dirección u organización del evento es rotundamente falsa”. Dicho comunicado no se puede encontrar por el momento ni en la página web del festival, ni en sus redes sociales. Tampoco hace ninguna mención a que la empresa organizadora del evento Lifepro Nutrition, sigue esponsorizando la web de Desokupa de Daniel Esteve. 

Desde la organización del evento tampoco han respondido a nuestras preguntas. En ediciones anteriores, los “patrocinadores Oro”, aportaban cuantías de 50.000 euros, según la información de 2024 del propio festival.

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife critica que “este patrocinio se une a lo que se está convirtiendo en tradición para las instituciones canarias, la promoción y contratación de grupos y personalidades de extrema derecha con los contratos otorgados a EdaTV”, como se ha contado desde este periódico, “o a influencer ultraderechistas dando formaciones en colegios o promocionando Canarias en FITUR durante años”, aseguran.  

¿Festiva o deporte? 

Además de los patrocinios que en ediciones anteriores iban desde los 2.500 euros, hasta los 50.000 euros, este evento en sí mismo es un lucrativo negocio de un sólo día, cada inscripción cuesta 12 euros y tiene capacidad para 5.000 personas, lo que supondría unos 60.000 euros sólo en entradas. Los patrocinios se deberían a que promueven el deporte, sin embargo en la propia página web del festival hay videos de “los momentos más épicos de años anteriores” donde se puede ver gente joven de marcha, y a veces haciendo deporte. Entre imágenes de chicas bailando y chicos musculados, aparecen jóvenes bebiendo y fumando, aunque aparentemente se trate de un evento deportivo. 

Desokupas criminales

En Canarias, miembros de estas organizaciones de Desokupas han sido denunciados por coacciones, amenazas, intimidación, homicidio en grado de tentativa e incluso asesinato. El año pasado miembros de Desokupa Ahora, se presentaron en una comisaría de Santa Cruz de Tenerife con un cadáver. Recientemente, la justicia ha confirmado 11 años de prisión para dos “desokupadores” de viviendas por intento de asesinato. Daniel Esteve se desvincula de cualquier relación con esta organización canaria. 

Recogida de firmas 

En la petición de recogida de firmas, dirigida al Cabildo de Tenerife, exigen la retirada inmediata del patrocinio público al festival, transparencia total sobre las cuantías de dinero público gastadas, ya que se desconoce por el momento el dinero invertido desde la administración, y el compromiso ético para vetar entidades que vulneren los derechos humanos. La plataforma asegura que “cuando se superan las 10.000 firmas envían la carta a las instituciones”. Durante el primer día ha recogido más de 300 firmas. La carta del Sindicato de Inquilinas de Tenerife finaliza diciendo que “Las instituciones públicas deben garantizar que el uso de los recursos colectivos esté alineado con la defensa de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vivienda”.

El próximo 30 de junio unas cien personas serán desalojadas de la antigua fábrica de Mr.Leacock en la carretera de Guía a Gáldar, al norte de Gran Canaria. Según el auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Santa María de Guía, al que ha tenido acceso este periódico, quien ejecuta el desahucio es Félix Santiago MelIán SL, el grupo empresarial más fuerte del norte de la isla, quien un día habría ayudado a algunas de estas personas a empadronarse en el municipio por ser trabajadores de sus tierras, hoy paradójicamente les desahucia. 

Actualmente, todas están en situación de vulnerabilidad, y algunas son familias con niños y niñas a su cargo. Al menos 79 de ellas están empadronadas en la finca propiedad del grupo, según el Ayuntamiento. 

Todo esto ocurre a pocos metros del casco urbano de Santa María de Guía, en una extensión de tierra limítrofe con Gáldar y donde se encuentra la casona del comunista Mr. Leacock, en torno a la cual se han construido las vidas un centenar de personas que ni ahora, ni después del desalojo tendrán alternativa habitacional y que encierran historias de vida difíciles, donde se mezclan factores como la pobreza, la falta de empleo, el desarraigo o enfermedades que requieren tratamientos vitales como la diálisis.

Casas con números y buzones

Entre las ruinas del antiguo almacén de Mr. Leacock se ha levantado un pequeño barrio. Son los propios vecinos los que se encargan de la recogida de basuras, y de llevar luz, agua y suministros al medio centenar de viviendas, infraviviendas, y chabolas, que durante décadas se han ido construyendo. Durante el día, la vida transcurre con normalidad.

A los redactores de este periódico les costó encontrar testimonios de afectados en horario laboral, ya que la mayoría de residentes se están buscando la vida; son albañiles, agricultores, vendedores ambulantes y casi todos están empadronados allí. 

Ayuda interinstitucional

La noticia salió a la luz cuando el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalvez, pidió colaboración interinstitucional frente a la amenaza de desalojo para estas personas. Reconoce a este medio que el consistorio ya no empadrona a quienes viven en la finca aunque se hiciera hasta el pasado año. Los primeros en formalizar su residencia en la antigua fábrica azucarera fueron trabajadores de FSM. Aún hoy, sólo unos pocos trabajan en las plataneras para alguna de las empresas de Félix Santiago Melián. 

Desde el ayuntamiento de Guía aseguran que puede haber 200 personas viviendo ahí, pero los propios residentes no cuentan más de cien, entre los cuales hay once menores. “Como mucho somos 70 u 80 personas en total”, aclaran. El alcalde de Guía explica que actualmente 24 residentes de la finca acuden a los servicios sociales municipales; dos familias con tres menores a cargo cada una, todos ellos escolarizados en Guía. 

Actualmente, y según el primer edil, hay una familia más, con cuatro hijos a los que ya no van a permitir empadronarse, un documento básico para acceder a todas las prestaciones como la tarjeta sanitaria.

“No duermo pensando dónde voy a ir”

Abdul El Guerouh explica a Canarias Ahora que no tiene a dónde ir. “No hay cambio” dice refiriéndose a que no tiene alternativa habitacional después del desalojo del 30 de junio. “A mí no me gusta eso”, dice señalando los escombros que hay en la entrada superior a la finca. “Te lo juro por Dios, a mí eso me da vergüenza, la gente pasa por la calle y lo ve”. 

Vive en la finca desde 2007. “Estoy aquí desde hace 18 años”. Por las noches no puede dormir pensando a dónde irá tras el desalojo. “Aquí hay muchos problemas, aquí la gente tiene niños” y cuenta casa por casa el número de niños que se verían afectados. A ojo, le salen más de diez. Abdul, actualmente enfermo del pulmón, cuenta a esta redacción que fue agricultor y se pregunta si el problema del desalojo tiene solución... “Inshallah”, suspira. “Si Dios quiere”.

“Hemos fabricado de día, no de noche”

Etuani pide una solución para todos los afectados, no solo para los que, como en su caso, tienen hijos menores a su cargo (tres). Cuenta que si el 30 de junio hay un desalojo, los vecinos de la finca se van a manifestar de forma pacífica para permanecer. Lleva 25 años en Canarias y tiene la doble nacionalidad (marroquí y española desde hace siete años). Trabaja en la obra, pero ahora está en paro. Etuani gastó en la construcción de su propia casa y en acondicionarla 19.000 euros. “Nadie ha gastado tanto como yo”. Otros han gastado 3.000, 4.000 y 5.000. 

“A veces en la basura no hay nada para vender”

Ahmed Ouarar no tiene a dónde ir. Salió de prisión el pasado 17 de enero enfermo del riñón. Cumplió cuatro años de condena por ser patrón de una patera. Acude a diálisis cada varios días por semana al hospital Doctor Negrín desde 2023. Buscó en Las Palmas de Gran Canaria centros de acogida donde le pudieran ayudar, pero ninguno le llamó. Hasta que un día cogió unos palés y plásticos y se construyó una humilde chabola. 

Agradece a las administraciones que le ayudan con la medicación y bonos de comida en el supermercado. Teniendo un hogar su mayor problema es conseguir la medicación. Asegura que tiene ganas de trabajar, “pero no hay trabajo” y su situación administrativa es irregular. A veces camina todo el día buscando en la basura algo que poder vender, “pero algunas veces no hay nada”.   

“No hay alquiler, todo turístico”

El caso de Salah Daaif es también muy complicado. Tiene todo en bolsas en una esquina de su casa “por lo que pueda pasar”. Como no encontró alquiler que pudiera pagar, compró por 1.000 euros su vivienda en la finca de Mr. Leacock. “Yo acepté esta casa sin muebles y tuve que invertir 2.000 euros para poder vivir porque era como un garaje nada más”.

A Salah le preocupa el exterior, el estado de la entrada del poblado, la limpieza. “Solo hay un contenedor pequeño de basura y eso significa que nadie piensa en ti, abandonados”, asevera. Salah asegura que quiere pagar un alquiler, que su hijo también trabaja, pero que “no hay vivienda, todo es turístico”. 

Desde este periódico hemos contactado con el grupo Félix Santiago Melián para conocer desde cuándo la empresa es propietaria de la finca, qué saben de las personas que residen allí, si hay familias con niños, qué tienen previsto hacer en esa finca y su postura sobre este desalojo, entre otras cuestiones, pero han declinado responder a las preguntas formuladas. 

En concreto, han respondido que agradecen el interés mostrado, pero que “en este momento, la empresa no tiene previsto realizar entrevistas sobre este asunto”. 

¿Quién es el Grupo Félix Santiago Melián? 

El Grupo FSM fue fundado por Félix Santiago Melián en 1961 en el norte de Gran Canaria. Comenzó siendo una empresa familiar, primero dedicada a la agricultura, después a la construcción, y hoy ha diversificado su labor al sector energético y “de la hospitalidad”, es decir, restauración, alojamiento, eventos y turismo. 

En su página web explican que, a través de sus valores, “nuestro grupo demuestra su compromiso con la ética, la responsabilidad social y el respeto hacia las personas y el entorno”. Actualmente, es una de las empresas más relevantes de Gran Canaria, cuyo director general y administrador único es Juan Carlos Santiago Cubas, uno de los cinco hijos del fundador, mientras que la directora ejecutiva es Laura Santiago, nieta del fundador.  

Felix Santiago recibió en 2008 la distinción de Hijo Predilecto de la Ciudad de Gáldar. También fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad hermana de Santa María de Guía y mecenas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante su larga trayectoria fue vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, y también vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas. 

Tras fallecer a los 87 años en Sardina (Gáldar), en julio de 2022, el alcalde, Teodoro Sosa, declaró tres días de luto oficial. Meses después, se reunió con Martha Leacock (heredera escocesa de la familia Leacock) para tratar el futuro de los edificios Leacock y del antiguo almacén, que se encuentran en estado de abandono. Entonces, Teodoro Sosa, mostró su deseo de buscar una solución para resaltar la influencia del histórico empresario en Gáldar y en Gran Canaria. 

¿Y si Mr. Leacock levantara la cabeza?

Mr. John Milburn Leacock llegó a Canarias a finales del siglo XIX, estableciéndose en el norte de Gran Canaria, donde desarrolló un importante entramado agrícola e industrial. Su hijo David amplió ese legado, pero con el tiempo muchas de esas propiedades han quedado en ruinas, mientras hoy decenas de personas enfrentan el desahucio en esas mismas tierras.

Durante los años de escasez de la II Guerra Mundial, Leacock cultivó alimentos básicos para repartirlos entre sus trabajadores, reflejando un fuerte sentido de responsabilidad social. Ese compromiso estaba profundamente ligado a su ideología: era, según matizó su propio hijo, “un comunista convencido”, lector del Daily Worker, cabecera comunista de Nueva York y firme simpatizante de la II República.

Tras el golpe de 1936 fue detenido junto a su esposa, obligado a pagar por su liberación y a ceder el control de sus bienes bajo vigilancia franquista. El exilio posterior, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos, fue uno de los episodios más dolorosos de su vida, marcado por la nostalgia constante de haber dejado atrás su montaña del norte de Gran Canaria.

A su regreso en 1963 retomó su actividad agrícola, impulsó nuevos cultivos y generó empleo para cientos de personas, destacando por su trato justo; pagaba los salarios, horas extra y ofreció atención médica incluso cuando no era obligatorio con arreglo a las leyes de la época. Dejó en herencia sus tierras a once de sus trabajadores, fiel al principio “la tierra es para quien la trabaja”.

Hoy, de forma paradójica, esas mismas tierras están a punto de desalojar a quienes las habitan, mientras los restos mortales de Leacock descansan a unos kilómetros, en el cementerio de La Atalaya.

La paradoja del destino es que en un mes desahucian a algunos de los trabajadores que empadronó el actual propietario de esas tierras que en un tiempo no tuvieron dueño. En la lápida del comunista se puede leer: “Descanse en paz en la tierra que tanto amó”.

Frente a kilométricas playas de arena blanca, la localidad de Costa Calma, en el sur de Fuerteventura, presume de ser un destino paradisíaco para el turismo. Hay 22 hoteles y 33 urbanizaciones con unos 5.500 residentes empadronados. En su mayoría trabajan para el turismo o son extranjeros retirados. En temporada alta este municipio majorero llega a recibir unos 15.000 visitantes diarios. 

Estos son los números de Costa Calma. La realidad que denuncian sus vecinos es distinta. “El palmeral está completamente abandonado, lleva desde la pandemia sin mantenimiento y se está muriendo. La inseguridad se ha disparado, los hoteles les dicen a los turistas que tengan cuidado si salen por la noche. En general vamos de mal en peor. ” se queja Chelo Brenlla, vicepresidenta de la plataforma de vecinos Pájara: el sur despierta. 

Desde la plataforma critican una grave falta de infraestructuras y servicios básicos. Tras más de 30 años con distintos gobiernos, en el ayuntamiento “no han sabido o no han querido” dar respuesta a sus demandas. 

El alcalde de Pájara, Alejandro Jesús Jorge Moreno, califica de lamentable la situación en Costa Calma, y reconoce que la situación es “muy compleja y derivada de las urbanizaciones no recepcionadas, que ha ralentizado la inversión”. Aunque entiende el malestar de los vecinos, señala que todos los gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento “han intentado mejorar con los medios que han tenido a su alcance”. Recuerda que llevan menos de tres años en el gobierno de Pájara y que han realizado actuaciones, pero entiende que siguen sin ser suficientes, ya que la localidad “necesita de más y mejores servicios e infraestructuras”. 

Urbanizaciones sin recepcionar 

Como apunta el alcalde y los vecinos coinciden, el problema radica en que hace décadas las urbanizaciones no se recepcionaron correctamente. Costa Calma lleva desde entonces funcionando como un conjunto de espacios públicos, pero sin haber sido formalmente aceptadas por el municipio, lo que permite al Ayuntamiento “eludir su obligación de mantenerlas”. Los vecinos señalan que el Ayuntamiento ni siquiera ha asumido sus obligaciones en las urbanizaciones que tuvieron que ser recepcionadas por sentencia firme en febrero de 2022.

Lo confirma quién ganó aquella sentencia, el empresario Gregorio Pérez, presidente del grupo SBH Hoteles, que en declaraciones a esta redacción asegura que “la situación cada día es peor”. Recalca que el palmeral de 500.000 metros cuadrados está completamente abandonado desde hace 5 años, y que todas sus palmeras sufren la infección del picudo negro de las palmeras (Diocalandra frumentii). Gregorio Pérez asegura que el Ayuntamiento “justifica el abandono del palmeral y de los incendios constantes que sufre para recalificar ese espacio y hacer una hilera comercial”. El empresario señala concretamente al redactor del Plan General de Ordenación y al alcalde de Pájara por su pasividad.  

El Ayuntamiento de Pájara reconoce que a pesar de tener a personal trabajando en el palmeral “no es suficiente”, y que actuarán “con mayor compromiso” mientras esperan tener pronto la licitación en marcha. 

El pasado 31 de marzo, los presidentes de las comunidades de propietarios, que representan a más de 1.500 vecinos, presentaron un escrito formal ante el Ayuntamiento de Pájara reclamando nueve puntos concretos: desde el estado del procedimiento de licitación del servicio de agua potable y saneamiento, “actualmente insostenible”, según señalan en el documento, hasta la construcción de un muro de contención en la calle Tenerife-Barranco, donde el desplazamiento de inmuebles está causando daños graves a propietarios y vecinos.

El agua, un negocio que pagan las comunidades

Uno de los principales focos de malestar es el suministro de agua. Costa Calma se abastece a través de contadores patrón, lo que obliga a cada comunidad a asumir la gestión de los recibos individuales con precios que rozan los 5 euros por metro cúbico, que pagan a la empresa FuertCan SL, y no al Ayuntamiento como otros vecinos de Pájara, a mitad de precio. “Hay comunidades al borde de la quiebra que no pueden afrontar los pagos de las fugas”, denuncian desde la plataforma. 

El empresario Gregorio Pérez ya no es el administrador de FuertCan, sino la familia Sánchez García. Pero recuerda que él entregó las redes de abastecimiento como decía la sentencia, “pero las redes van desde el depósito de la potabilizadora/depuradora hasta el contador de las viviendas. Los depósitos no han sido entregados porque no lo decía la sentencia”. Señala que están en “fase de interpretación y ejecución de la sentencia”, en la que se decretó que obligaba a vender el agua a los vecinos. Reconoce que hubo una subida “justificada” de los precios del agua, “debido a la crisis de Ucrania y a que no han cambiado en 25 años”. Asegura que “los precios podrían bajar” si le permiten instalar placas fotovoltaicas en los tejados de sus diez hoteles y en la potabilizadora. Y que recientemente trató de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento involucrando a otras empresas suministradoras y al Consejo Insular de Aguas para “unificar precios” y que sea el mismo en todo Morro Jable, pero “el Ayuntamiento no ha dado ningún tipo de respuesta”, asegura.  

El Ayuntamiento de Pájara asegura que tiene como objetivo sacar pronto una licitación para solucionar el problema del agua. Señala que es un tema “muy complejo” y reconoce que los vecinos y vecinas de su municipio “llevan muchos años pagando una de las aguas más caras de Canarias”.

Ratas, oscuridad e inseguridad

El escrito presentado al Ayuntamiento de Pájara por los presidentes de la mayoría de comunidades de vecinos, al que ha tenido acceso esta redacción, describe un panorama de abandono desolador, con imágenes de: asfaltado y aceras en muy mal estado, tapas de arquetas rotas, y alumbrado público deficiente que deja de funcionar cuando llueve, contenedores en mal estado, basura que no se recoge, y plagas de ratas, cucarachas y mosquitos consecuencia de los vertidos de aguas fecales en zonas que las comunidades no pueden gestionar.

Desde el Ayuntamiento indican que “el nuevo contrato de limpieza mejorará el servicio también en Costa Calma”, el municipio contará con nuevos contenedores, papeleras y más maquinaria, “mientras tanto seguiremos haciendo campañas de limpieza de choque”, aseguran desde el Consistorio. 

La inseguridad también se ha disparado: según los vecinos, los incidentes crecieron hasta el punto de que algunos hoteles advierten a sus clientes de que “tengan precaución al salir por la noche”. Tras una reunión con la Delegación del Gobierno, “la situación mejoró ligeramente”, confirman desde la plataforma, pero aseguran que las medidas adoptadas son insuficientes.

Sin médico de urgencias, ni polideportivo

La lista de carencias no se detiene en el asfalto o la basura. Costa Calma carece de servicio de urgencias médicas las 24 horas; el centro más próximo está a 30 kilómetros. No existe un polideportivo ni espacios para actividades. El colegio permanece cerrado por las tardes porque el Ayuntamiento no ha provisto de un bedel, lo que impide cualquier actividad extraescolar. Y los estudiantes de secundaria deben recorrer 60 kilómetros diarios hasta el instituto, “llegando agotados”, según denuncian algunos familiares. 

El Ayuntamiento asegura que el polideportivo está dando los pasos correctos en su tramitación. “Anunciamos en su día que sacábamos a licitación la redacción del proyecto. Una vez que nos entreguen el proyecto tenemos que aprobarlo y sacar a licitación la obra”, afirma.

El palmeral, uno de los símbolos identitarios de Costa Calma, lleva sin mantenimiento desde la pandemia. Los vecinos alertan de que se está muriendo: incendios, falta de riego y abandono total. “¿Dónde está el presupuesto destinado a su cuidado?”, pregunta el escrito dirigido al consistorio.

6 millones recaudados, 30 años de preguntas

Según los cálculos de las comunidades de propietarios, el Ayuntamiento de Pájara recauda aproximadamente 6 millones de euros anuales procedentes de Costa Calma. “¿Dónde se ha invertido ese dinero en los últimos 30 años?”, se preguntan los vecinos. Los presidentes de comunidades aseguran que han comunicado con documentos todas las deficiencias detectadas en aceras, alumbrado y otras infraestructuras, y que “a día de hoy no están resueltas”. Los vecinos anuncian próximas movilizaciones para principios de mayo. 

Por su parte desde el Ayuntamiento concluyen que “han recepcionado por primera vez en la historia del municipio una urbanización sin necesidad de sentencia judicial”. Ocurrió en Esquinzo y agradecen la altura de miras del empresario. “Estamos trabajando para que ocurra lo mismo en Costa Calma y continuar recepcionando urbanizaciones de forma progresiva”, aseguran. Y terminan reconociendo que “la responsabilidad de todo lo que ocurra en este mandato y sea competencia del Ayuntamiento la asume este grupo de gobierno. Los vecinos y vecinas tienen el derecho de exigir y de manifestarse y jamás tendrán la culpa de pretender acceder a mejores servicios y mejores infraestructuras”, concluyen.

Canarias dispone de 26 oficinas distribuidas por todo el archipiélago donde las personas extranjeras que ya residen en España pueden iniciar los trámites de la regularización extraordinaria hasta el 30 de junio. 

Actualmente, en el archipiélago no hay oficinas de extranjería habilitadas para este proceso. La atención presencial, con cita previa, se está dando en oficinas de Correos y de la Seguridad Social. 

La cita previa puede solicitarse a través de la web del Ministerio, mediante formulario o llamando al 060 (lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30). Además, en la misma web del Gobierno puede verificar si se reúnen todos los requisitos y consultar la documentación necesaria. 

Doce oficinas en la provincia de Las Palmas

Oficinas de Seguridad Social C/ Presidente Alvear, 38 – Las Palmas de Gran Canaria

Correos — Las Palmas de Gran Canaria

Correos — Resto de la provincia

Catorce oficinas en Santa Cruz de Tenerife Seguridad Social

Oficinas de Seguridad Social  C/ Garcilaso de la Vega, 15 – Santa Cruz de Tenerife

Correos — Santa Cruz de Tenerife capital

Correos — Resto de Tenerife

Correos — Islas menores

Las oficinas de Correos atienden de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 horas. Las oficinas de la Seguridad Social lo hacen en horario de tarde.

El resto de trámites habituales en estas oficinas se siguen realizando con normalidad en sus horarios de siempre.

Entidades Colaboradoras en Canarias 

Hasta ahora hay 16 entidades colaboradoras acreditadas para realizar el registro electrónico con sede en Canarias, que también ayudan a conseguir el informe de vulnerabilidad. Además hay otras organizaciones y entidades nacionales que trabajan en el archipiélago. 

En Las Palmas: Nahía, Mujeres Solidaridad y Cooperación, Rayuela, Actúa, Solidaridad Venezuela, Arena y Laurisilva, El Buen Samaritano, FÜNDEC

En Santa Cruz de Tenerife: Canoa Solidaria, ACAMEI, Acciones Unidas, Entre Mares, FEDEMILANZ, ECCA Social, Misión Cristiana Moderna, Social Innovation Cluster. 

Apoyo municipal a la regularización extraordinaria 

Varios ayuntamientos canarios están apoyando activamente el proceso de regularización extraordinaria de migrantes mediante la emisión de certificados de vulnerabilidad, empadronamientos y dispositivos de atención con cita previa, en coordinación con entidades colaboradoras.

- Las Palmas de Gran Canaria (provincia Las Palmas): Refuerza atención en Oficina de Atención a la Ciudadanía y Servicios Sociales; nuevo punto en calle Pérez Muñoz; Edificio Metropol (Avenida Primero de Mayo, 62; calle Anzofé, 18). 

- Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria, Las Palmas): Dispositivo especial en Centro de Colectivos El Zagüán (Vecindario), con Canoa Solidaria, Fundación Sur Acoge y ACAMEI. Gratuito, cita previa. 

La plataforma Mi Barco, Mi Casa ha informado de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha ordenado “el desalojo” de más de 100 embarcaciones del muelle deportivo de la capital. 

“Ahora mismo tenemos unas 35 órdenes de desahucio administrativo que hemos recurrido. Y además, otros 100 afectados que han empezado a recibir órdenes de desalojo. Con lo cual somos unas 140 personas las que estamos en este proceso que ha iniciado la Autoridad Portuaria para privatizar el muelle”, explica Antonio Pérez, portavoz de la plataforma.

Desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas remiten a su última nota de prensa, que cifra en 34 las órdenes de desahucio que han emitido hasta ahora. En concreto, este comunicado dice que el ente portuario “ha dado luz verde a los procedimientos de desahucio para la recuperación de la posesión de cuatro puestos de amarre de la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas, debido a que están ocupados sin autorización y no han atendido al requerimiento previo de desalojo”. Mientras, fuentes jurídicas de los afectados consultadas aseguran que llevan al menos “más de 40 casos de desahucio” impulsados por la Autoridad Portuaria.

La plataforma está especialmente preocupada por algunos casos de personas vulnerables. Alude, en concreto, al de un hombre de avanzada edad que padece una “grave enfermedad”, y que está “en cuidados paliativos” al que también le han notificado su expulsión. “Está un poco desamparado, pero se ha puesto en contacto con un abogado”, confirman desde la plataforma.  

Antonio Pérez lleva 35 años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria y 9 años en el Muelle Deportivo, en su velero, y advierte de que se está repitiendo el mismo modus operandi que ocurrió el pasado mes de enero con Margarita, una mujer de 71 años que residía desde hace ocho en su embarcación Claudine, en el mismo muelle. 

“El mismo método para expulsarlos a todos”

La plataforma asegura que se está repitiendo el mismo patrón desde hace meses, pero “el problema se está agrandando por momentos”. Según relatan, primero la dirección del Muelle Deportivo, que dirige Dácil La Camera, deniega la posibilidad de pagar el atraque de las embarcaciones. “No te notifican ninguna causa, directamente no te dejan pagar el atraque sin ninguna explicación”, aseguran a esta redacción. 

El siguiente paso es una “notificación de desalojo, sin causa justificada”. Más tarde, el director de la Autoridad Portuaria, Francisco Javier Trujillo Ramírez, habría notificado al menos 34 órdenes de desahucio, “dando 10 días para que abandonen el muelle”, bajo la advertencia de que si no lo hacen, previa autorización judicial, “retirarán la embarcación y la depositarán en tierra, a su costa”, como dicen las cartas de notificación que ha llegado a los afectados. 

Antonio explica que “si no desalojas en esos 10 días, inician una expediente administrativo de desahucio, pero necesitan una orden judicial. La puedes recurrir, pero si no lo haces, como le pasó a Margarita, te desalojan”. 

“La Marina, un fondo buitre”

“El fondo buitre en el que se ha transformado la Autoridad Portuaria y la dirección del Muelle Deportivo sigue adelante, afectando cada vez a más usuarios”, aseguran a esta redacción desde la plataforma Mi Barco, Mi Casa. Y añaden, “nos quieren echar a todos, su idea es vaciar La Marina, arruinarla y después, a sus negocios”, se lamentan. 

Advierten de que les quieren echar a todos, “a los que vivimos en nuestro barco” y a los que tengan algún problema de impago o en mal estado su embarcación. Con estas órdenes la Autoridad Portuaria pide que los barcos se vayan, “no piden que dejes de vivir en el barco o que te empadrones en otro sitio, te ordenan que te vayas”, asegura otro de los afectados. 

La plataforma lo describe como un proceso privatizador que empezó afectando a 30 personas y ya son más de 100, pero que “al final estamos hablando de más de 1.300 atraques, con un proyecto muy suculento, que va aafectar a todos”, a los que viven en su barco “de forma legal”, asegura Antonio, “y a todos los demás, porque una privatización supondrá un encarecimiento del acceso a este muelle”. 

Antonio explica que “han ido repartiendo notificaciones a gente que incluso ni vive en su barco, con lo cual la repercusión está extendiéndose a simples usuarios del Muelle Deportivo”. Asegura que también se les ha notificado a algunas concesiones privadas que hay dentro del muelle. 

“El último desalojo” 

“Han sacado un barco de un extranjero que está en su país, aunque el abogado que lleva su caso se puso en contacto con la Autoridad Portuaria, le han sacado su barco del muelle”, explican desde la plataforma Mi Barco, Mi Casa. Debido a que desde la Autoridad Portuaria ha insistido en varias ocasiones en que “no realizan desalojos”, tan sólo “notifican órdenes administrativas de desahucio”, desde la plataforma recalcan que esta imagen del miércoles pasado es de “un desalojo”.

“Nosotros estamos esperando la resolución a los recursos que hemos presentado a esas órdenes de desalojo y de desahucio”, dice Antonio. Describe que están viviendo desde hace meses con una gran intranquilidad, “una situación que se está degradando cada vez más, a la espera de que un juez ponga algo de sentido común y legalidad en este asunto”, concluye. Y añade para terminar, “si no detenemos esto, al final la Autoridad Portuaria lo que pretende es echar a los usuarios con la única finalidad de hacer una marina privada”. 

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes su “preocupación” por la situación de Canarias como frontera atlántica ante la inminente aplicación el próximo 12 de junio del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. “No esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea” ha dicho Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en la inauguración de la jornada que Casa África ha organizado titulada: Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades. 

“Corremos el riesgo de involucionar y dar un paso atrás en Derechos Humanos, y eso en Canarias lo queremos evitar”, ha asegurado el presidente canario en esta jornada que se celebra en Casa África, el mismo día que comienza la presentación se solicitudes presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. 

Este encuentro ha reunido a representantes institucionales, juristas y organizaciones especializadas para abordar, desde distintas perspectivas, cómo el nuevo Pacto Europeo afectará a la gestión migratoria, los derechos humanos y las dinámicas en las fronteras del archipiélago. 

El presidente canario ha criticado la “ausencia total de debate y coordinación previa a la aplicación de este pacto migratorio y de su reglamento”. También ha señalado que en los primeros días de la regularización “tampoco ha habido coordinación con las Comunidades Autónomas ni con los propios ayuntamientos” 

Al acto no ha asistido ningún representante del Gobierno de España ni de la Comisión Europea, aunque habían sido invitados expresamente para que en la mesa de debate “fuera plural, pero no ha sido posible”, aseguraba José María Rodríguez, moderador de la jornada y delegado de la Agencia EFE.   

La administración canaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las organizaciones no gubernamentales han tratado de prever en este foro cómo tendrán que coordinarse cuando entre en vigor la nueva normativa para ofrecer “una respuesta mucho más garantista en el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica” con la que tiene que atenderse a las personas migrantes y demandantes de asilo. 

Clavijo ha expresado las dudas que el Gobierno canario tiene sobre el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, y asegura que trasladará al Gobierno de España y a la Comisión Europea en un próximo viaje que realizará a Bruselas, según ha anunciado. 

La primera de ellas es si Canarias, como territorio fronterizo que es de la UE y destino al que llegan en pateras y cayucos que se lanzan a la ruta marítima más mortífera del mundo va a albergar “esos agujeros negros de los derechos humanos” que prevé este pacto, es decir, los centros de retención donde los migrantes pueden permanecer hasta seis meses, ya que ese es el plazo máximo de los triajes a los que deberán ser sometidos a su llegada.

“¿Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles, y de la Europa pobre que los tenemos que sostener?”, se preguntaba Clavijo en alusión a la posibilidad de que esta nueva normativa aumente la presión migratoria que seguirá soportando Canarias, dada la conflictividad política, la crisis climática y la hambruna que persiste en el Sahel y “la posibilidad de que la UE reduzca en su nuevo presupuesto, como ha hecho EEUU”, con los fondos que destina a la cooperación internacional.

Son incógnitas que “nos hubiera encantado debatir en la conferencia sectorial que lleva un año sin celebrarse”, aseguraba el presidente canario que cree oportuno debatir entre todas las comunidades autónomas, “independientemente de lo que sobrevuela desde el punto de vista de políticas xenófobas y fascistas de algunos grupos políticos”, ha manifestado Clavijo. 

“Europa se encuentra en un proceso de endurecimiento sin precedentes de su política migratoria y el nuevo reglamento de retorno es una norma que supone, sin duda alguna, un giro restrictivo en la aplicación del pacto migratorio europeo”, ha subrayado el director general de Casa África, José Segura.

“Agujero negro de derechos humanos”

Lo más “alarmante” de esta medida es, a su juicio, “la creación de los llamados 'hubs' de retorno o centros de deportación en terceros países”, lo que va a permitir “que personas que no tienen permiso para permanecer en suelo europeo, incluidas familias con menores, van a poder ser trasladadas a infraestructuras ubicadas en países con los que la UE ni siquiera tiene por qué tener vínculos de ninguna índole”, ha asegurado José Segura. 

Numerosas organizaciones del tercer sector definen a estos centros de deportaciones fuera de las fronteras europeas como “agujeros negros de derechos humanos”, donde es imposible supervisar y asegurar que se respetan las mínimas garantías para las personas retenidas, como ha explicado Segura.  

En la misma línea de Clavijo, el director general de Casa África, José Segura, ha coincidido en que el nuevo escenario determinado por las decisiones que se han tomado los últimos días en Bruselas y en Madrid “va a marcar el futuro de esta frontera atlántica y el de la gestión migratoria en toda la Unión Europea”.

Un modelo de externalización de fronteras que busca acelerar las expulsiones de migrantes, ante una tasa de retorno actual que apenas alcanza un 20% y que “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha criticado Segura. 

El pacto y la visita del Papa 

Tras agradecer a los asistentes a las jornadas y a todos los agentes públicos y ONG que intervienen en Canarias en la gestión del fenómeno migratorio y que “atienden de la manera más digna a los niños que llegan sólos”, Clavijo ha confirmado que la próxima visita a canarias del papa León XIV, sirva para “lanzar un mensaje de civismos, moralidad y respeto a los derechos humanos, como el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años en los que ha sido consciente de que son personas como los canarios que tuvimos que emigrar y que están buscando un futuro mejor”. 

Precisamente, la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea coincide con la visita del Papa prevista para los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife respectivamente. León XIV visitará el muelle de Arguineguín, en Mogán, para homenajear a los migrantes y a los equipos de rescate en este lugar, que es puerto de referencia para los rescates de migrantes en Gran Canaria. 

La primera de las mesas de debate ha tratado sobre el marco normativo del Pacto en la frontera atlántica, moderado por José María Rodríguez, Delegado de la Agencia EFE en Canarias, con la participación de José A. Ayuso Delgado, Comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas; Sonia Cristina Díaz Zapata, Coordinadora de Protección de Derechos de la Población Migrante de OXFAM; Mª Elena Muñoz Martínez, Coordinadora estatal del servicio jurídico, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Y la segunda mesa ha tratado sobre retos de derechos humanos en Canarias con la participación de Marta García Cienfuegos, de ACNUR España; Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, y Marie Trapet Llamas, Jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

Después de seis años de arduo trabajo para las organizaciones, hoy ha entrado en vigor el Real Decreto de regularización extraordinaria, y desde el movimiento que lo impulsó ya están encontrándose con importantes dificultades.  

Critican una absoluta falta de coordinación entre la administración canaria y las entidades colaboradoras. El pasado lunes 13 de abril, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, anunció que el Foro Canario de la Inmigración propondría “la creación de un grupo de trabajo para abordar el proceso de regularización extraordinaria”. Aún no está claro cuándo se creará este grupo de trabajo, “quizá en las próximas semanas”, dicen desde el Movimiento Regularización Ya en Canarias. La previsión del gobierno canario parece escasa teniendo en cuenta que en el mes de enero el Consejo de Ministros anunció la noticia. 

Así arranca hoy en Canarias el plazo de la solicitud telemática a través de la plataforma Mercurio. También se puede empezar a solicitar ya la cita previa, que será presencial y gratuita. El próximo lunes 20 de abril, se abre la presentación de solicitudes presenciales en los puntos establecidos. Aún se desconocen cuáles serán exactamente. La Dirección General de la Seguridad Social sólo ha podido confirmar a este diario una dirección, la de la Seguridad Social de la calle Presidente Alvear. El 30 de junio termina el plazo de solicitud de regularización extraordinaria.  

Talleres informativos

Desde la Dirección General Servicios Sociales e Inmigración aseguran a este periódico que están previstas tres formaciones para entidades colaboradoras, el día 23 de abril en Tenerife, el 27 de abril en Gran Canaria y otra online el día 29 de abril, todas impartidas en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Por su parte, el Movimiento Regularización Ya ha anunciado talleres informativos todas las semanas. En Gran Canaria serán cada martes, de 18:00 a 20:00 horas, en el Café d´Espacio en Las Palmas de Gran Canaria y próximamente se anunciarán fechas para el sureste y sur de la Isla.

Hace dos días, tan sólo había tres entidades colaboradoras acreditadas en el listado de la Secretaría de Estado de Migraciones para hacer los trámites. Hoy són más de una docena, pero “siguen siendo pocas y la administración no está coordinando nada”, aseguran desde el Movimiento Regularización Ya en Canarias.  

Primeros problemas burocráticos

Critican que el cuello de botella burocrático está en el informe de vulnerabilidad que finalmente ha exigido el Gobierno. Lo van a poder hacer los servicios sociales y las “pocas” entidades colaboradoras inscritas. “Pedir informes de vulnerabilidad es absurdo. Por qué necesitan un informe que diga que no tiene papeles. No es necesario, no aporta nada. No se dan papeles en función de los ingresos”, se queja Laura Menna, del Movimiento Regularización Ya en Gran Canaria. “Ya lo advertimos durante la negociación, pero no nos hicieron caso”, asegura. Y añade que las entidades colaboradoras que se han inscrito tienen pocos medios humanos y técnicos para el volumen de trabajo que tendrán que realizar hasta el 30 de junio. Desde la administración no han planteado dar recursos y “lo han dejado en manos de las entidades”, asegura Menna. 

La Consejería de Servicios Sociales asegura que el Gobierno Canario puede “colaborar y echar una mano, pero no es su responsabilidad”, ya que este proceso de regularización extraordinario parte del Gobierno central. Aseguran desde la consejería que están colaborando con los Centros de Información para Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras. 

Otros problemas

Precisamente CCOO había convocado una huelga en las oficinas de extranjería de todo el país en pleno proceso de regularización, pero en la tarde de este jueves la ha desconvocado al alcanzar un acuerdo con el Gobierno. 

La portavoz de Movimiento Regularización Ya criticaba duramente al sindicato antes de conocerse que la huelga queda desconvocada: “es una vergüenza, no necesitamos a la derecha y la ultraderecha para para hacernos boicot”, y recordaba que el sindicato no ha colaborado “en nada” desde que comenzaron a luchar por la regularización hace seis años. 

Descoordinación entre administraciones

Elisabeth Santana, Directora General de Servicios Sociales e Inmigración, asegura que se están viendo afectados “por esta decisión unilateral del Gobierno. No hay comunicación con el Ministerio. No convocó la Comisión Sectorial ni informó a las Comunidades Autónomas, ni al tercer sector”, y asegura que trabajarán para ayudar en este proceso a través del Foro Canario de la Inmigración. Santana ha confirmado a esta redacción que desde el teléfono del 012 se va a informar en 16 idiomas sobre este proceso que “aunque no sirva para dar cita previa, podrán informarse en su idioma”, asegura.

Después de la tormenta no siempre viene la calma. Aún pueden producirse daños personales. Vecinos de Mogán han avisado de un importante desprendimiento en el paseo que discurre entre Arguineguín y Anfi. También avisan de que a unos pocos metros del lugar hay una roca de grandes dimensiones, visiblemente deteriorada, que amenaza con caer sobre la carretera GC-500, concretamente en el tramo que discurre entre el hotel Sunwing y el hotel Green Beach en dirección a Patalavaca. 

Juan Manuel Gabella, concejal y portavoz de Nueva Canaria en Mogán, asegura que ya en 2017 avisaron que una roca fracturada se podía precipitar sobre el paseo entre Arguineguin y Anfi, como finalmente ha ocurrido. Ahora, alerta de la poca seguridad que hay en la zona donde se ha producido el desprendimiento. No hay señalización “ni advertencia de peligro por parte del ayuntamiento”, critican. 

Como la zona no está acordonada, el concejal reprocha que turistas y residentes pasen por el desprendimiento cruzando sobre las piedras. Exige que el ayuntamiento de Mogán “garantice la seguridad de las personas”, advirtiendo y señalizando los peligros que hay en la zona. El único cartel que había en ese lugar, que alertaba en varios idiomas de que es una zona peligrosa, ha quedado destrozado tras el desprendimiento.

En un escrito presentado al Ayuntamiento de Mogán, el concejal de Nueva Canarias pide a la alcaldesa que “se ordene una inspección urgente de dicho risco; que se adopten medidas provisionales, como la instalación de una malla de protección, o cualquier otro sistema que garantice la seguridad de las personas”. Y también pide que se determine “si las obras que se están desarrollando en la parte alta de la ladera afectan o no a la seguridad, así como si el terreno es lo suficientemente estable para soportar el peso de las nuevas construcciones”. 

El edil de Playas de Mogán, Willy García, que se personó en el lugar del derrumbe junto a un técnico municipal, en declaraciones a Canarias7 descartó que se vayan adoptar medidas y que “no advierten riesgos para la seguridad de los paseantes”. Entiende que al final la acción de la borrasca tiró la parte del cantil que estaba más débil y que “la suerte quiso que lo hiciera sin causar daños”.

Respecto a la roca fracturada que amenaza con romper sobre la GC-500 en el tramo entre el hotel Sunwing y el hotel Green Beach en dirección a Patalavaca, el concejal Juan Manuel Gabella señala que la construcción de viviendas en la zona “podría estar afectando a la estabilidad del risco, y que, si se desprendiese, podrían ocasionar un grave accidente y afectar a la vida de quienes transitan con sus vehículos por dicho tramo”.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, de quien depende ese tramo, los técnicos aseguran que en ese lugar no se ha registrado ninguna incidencia. “Son grietas que llevan ahí muchos años y se revisan de vez en cuando”, dicen. Confirman que han sido revisadas tras la borrasca Therese y, en cualquier caso, aseguran que hay una empresa contratada para que arregle varios taludes por la zona y que “revisarán en las próximas semanas esa parte por si hiciera falta hacer algún arreglo”. Tras ver las mismas imágenes que acompañan esta información, insisten en que “si ven que hay algo que esté con peligro o en riesgo de caída inminente, sí actuarán. Pero en principio no han detectado en esa zona ninguna incidencia destacable”.   

Daños de la borrasca Therese

Los daños en infraestructuras tras la borrasca Therese en Gran Canaria el pasado mes de marzo son millonarios. El Cabildo y varios ayuntamientos estiman daños en infraestructuras por valor de unos 80 millones de euros. En concreto el Consejo de Gobierno extraordinario aprobó la emergencia de 18 obras para arreglar 21 carreteras afectadas por la borrasca Therese con una dotación inicial de 13,3 millones de euros. 

No es la primera vez que ocurre, ni será la última. Las conclusiones de los últimos informes sobre el cambio climático son claras. Canarias podría sufrir más episodios similares al de Therese, o al de Hermine en septiembre de 2022, que también causó desprendimientos muy peligrosos en Mogán. 

Un estudio de 2023 analizaba el caso de urbanizaciones levantadas sobre laderas próximas a los barrancos, como la de este caso. Cuando se producen eventos climáticos extremos, como un episodio de lluvias torrenciales, podría haber deslizamientos y destrozos. Aunque el estudio publicado en la revista Environment, Development and Sustainability analiza el caso de San Agustín, ponía otros ejemplos de otras muchas urbanizaciones turísticas, como esta en concreto de Patalavaca, levantada sobre terrenos con una fuerte pendiente debido a la abrupta orografía del lugar.