En toda Europa ha crecido el interés y la preocupación por los partidos de derecha populista radical. Por “derecha populista radical” nos referimos a partidos cuyo perfil ideológico es radical pero no extremista. La diferencia está en que mientras los partidos extremistas tienen como objetivo acabar con la democracia y establecer un régimen autoritario, los populistas aceptan la democracia pero rechazan diversos elementos del régimen democrático liberal. Por ejemplo, la derecha populista radical está en contra de la inmigración y de los derechos a las minorías.

La cuestión de cómo hacer frente a estos partidos ha ganado impulso en los últimos años. Sin embargo, el caso de España ha recibido poca atención. Esto se relaciona con el hecho de que los partidos de derecha populista radical casi no tienen influencia política.

Los partidos de derecha populista radical más relevantes en España son Democracia Nacional, España-2000 y Plataforma per Catalunya. Democracia Nacional y España-2000 son partidos a nivel nacional, mientras que Plataforma per Catalunya se organiza exclusivamente dentro de Cataluña. El perfil ideológico de Democracia Nacional se caracteriza por una combinación de anti-elitismo y nacionalismo español. Su lema es “No seas tonto, reacciona! Los españoles primero”. España-2000 pone énfasis en la ley y el orden, la reducción de impuestos y las políticas anti-inmigración. También utiliza el lema “Los españoles primero”, llamando a su enfoque como de “patriotismo social”. Por último, Plataforma per Catalunya declara estar más allá de la brecha socioeconómica entre izquierda y derecha. Al igual que los otros dos partidos, hace un llamamiento a aquellos que están en contra de los inmigrantes y no se sienten representados por la clase política. Su lema es “nativos primero”.

Curiosamente, si nos fijamos en los datos electorales en España desde 1980, ninguno de estos partidos ha recibido alguna vez más de 1% de los votos en unas elecciones. ¿A qué se debe este escaso éxito electoral? En nuestro trabajo recientemente publicado en la revista South European Society and Politics, nos dispusimos a responder a esta pregunta.

Durante un tiempo pareció que existía un atractivo potencial para este tipo de partidos. Fue en la década de los 2000, cuando, atraídos por una economía en auge, los inmigrantes llegaban a España en grandes números. A principios de los 90 los inmigrantes representaban sólo el 2% de la población española, mientras que en 2013 esta cifra había aumentado hasta el 12%. En la década de los 2000, las actitudes negativas hacia los inmigrantes españoles crecieron cada vez más, como lo demuestran las encuestas del CIS. La preocupación de los españoles respecto a la inmigración alcanzó su pico en octubre de 2006, cuando el 59% lo veía como el principal problema de España. Sin embargo, la prominencia de la inmigración como problema comenzó a desvanecerse con el estallido de la crisis económica. En 2011 el número de españoles que creía que la inmigración era el principal problema del país había caído por debajo del 10%, y en mayo de 2013 se había reducido a un mero 1,5%, mientras que el número de españoles que indicó que el desempleo era el principal problema del país llegaba al 82%.

En resumen, está claro que entre los años 2000 y 2010 los partidos de derecha populista radical tuvieron una oportunidad de oro para explotar la presencia de sentimientos anti-inmigrantes entre la población. La pregunta es, ¿por qué no fueron capaces de obtener beneficios electorales de este estado de ánimo de los ciudadanos? En nuestra opinión, hay dos factores principales que lo explican.

Por un lado, el sistema electoral español beneficia a los grandes partidos con un apoyo geográficamente concentrado, a expensas de los partidos pequeños que tienen un apoyo geográficamente disperso. No es casualidad que el partido de derecha populista radical de mayor éxito en España sea Plataforma per Catalunya, un partido que se concentra geográficamente en una Comunidad. Por otro lado, la derecha populista radical tuvo grandes dificultades para encontrar un nicho electoral durante los 2000. Esto se debe en parte al hecho de que estos partidos no podían diferenciarse lo suficiente del Partido Popular. El nacionalismo (con tonos xenófobos) y el autoritarismo están muy arraigados en los principios ideológicos de la identidad del PP, como se demuestra por la hegemonía electoral del partido entre los votantes de extrema derecha; en las elecciones generales de 2011, entre el 80 y el 83% de la derecha y los votantes de extrema derecha votaron al PP. El único elemento que diferencia claramente estos partidos del PP es el populismo radical de los primeros, en oposición a la defensa del statu quo de este último. El discurso populista se caracteriza por la afirmación de que “las élites” no respetan la soberanía popular, y ha llegado el momento de tomar el poder y darlo de nuevo a “el pueblo”.

Hasta hace poco, el populismo en España estaba en un estado de latencia en algunas de las actitudes políticas. Durante la década de 2000, la sensibilidad de los españoles hacia estas actitudes aumentó pero el factor que generó un cambio en este sentido fue la crisis económica. Como se puede observar en el gráfico 1, el nivel de confianza en las instituciones democráticas en España ha caído en picado desde 2008 y la satisfacción con la democracia ha disminuido de la misma forma. No sería exagerado afirmar que ahora mismo hay un Zeitgeist populista en el país.

Gráfico 1: La confianza en las instituciones democráticas y la satisfacción con la democracia entre 2002 y 2014 en España (valores medios)

La crisis económica ha tenido un efecto dramático en la sociedad española y en su sistema de partidos. El PP ha perdido el monopolio de la derecha como el PSOE ha perdido su hegemonía en la izquierda. En consecuencia, se han abierto espacios en los extremos del espectro político, los cuales están siendo ocupados por nuevas fuerzas políticas en estos momentos. A la izquierda, Podemos, un nuevo partido político con un discurso populista, ha crecido de manera exponencial en un período muy corto. En las elecciones del Parlamento Europeo del año pasado obtuvo el 8% de los votos y cinco escaños. Las probabilidades de que repita este éxito inicial en las elecciones nacionales y demuestre que sus apoyos son estables están a su favor. Después de todo, la gran recesión ha provocado en España un aumento en la preocupación por las cuestiones socioeconómicas en lugar de cuestiones migratorias, y además hay poca confianza en las instituciones democráticas del país.

Pero a la vez este es también un momento difícil para la derecha. La derecha populista radical perdió una oportunidad de oro cuando las actitudes anti-inmigrantes estaban en su punto más alto. Ahora ha surgido una nueva oportunidad, no tanto por la retórica xenófoba sino por los mensajes populistas y anti-casta. Por otro lado, el Partido Popular ha perdido en gran medida el control sobre los votantes conservadores y de extrema derecha debido a los escándalos por corrupción. ¿Será capaz algún partido de derecha populista radical de convertir este nuevo contexto a su favor? Con un año tan electoralmente cargado como 2015, puede que no tengamos que esperar demasiado tiempo para conocer la respuesta.

Artículo publicado en LSE EuroppBlog: The UK should take on board the lessons froms Spain before embracing English devolutionThe UK should take on board the lessons froms Spain before embracing English devolution

El debate constitucional que se está desarrollando en el Reino Unido nos es familiar a todos los españoles. Nosotros también estamos inmersos en nuestro propio debate constitucional, al igual que lo están los belgas y los italianos, quienes nunca han dejado atrás sus propios debates constitucionales. Esto es lo que pasa con los conflictos centro-periferia, nunca desaparecen del todo. Esta presencia continua es parte de su propia naturaleza. Es ingenuo pensar que los conflictos centro-periferia pueden ser resueltos, de la misma forma que es ingenuo pensar que los partidos estatales hacen concesiones a sus periferias rebeldes con la esperanza de apaciguar sus aspiraciones. En los últimos 100 años en Europa, cada vez que partidos estatales en el gobierno han hecho concesiones a los movimientos nacionalistas periféricos, lo han hecho para proteger sus propios resultados electorales a nivel estatal, y conscientes de los riesgos que dichas concesiones representaban en términos de fomentar una nueva ronda de demandas de más descentralización. Como sostengo en Challenging the State: Devolution and the Battle for Partisan Credibility (OUP 2012), la neutralización de la amenaza nacionalista requiere un grado de consenso inter-temporal entre partidos estatales rivales que la propia dinámica de competición electoral impide o dificulta en extremo. Para los partidos estatales rivales, siempre es posible obtener réditos electorales de la manipulación del conflicto centro-periferia en su favor.

Los recientes acontecimientos en el Reino Unido -el referéndum sobre la independencia de Escocia y sus consecuencias- son un ejemplo perfecto de lo que conlleva la descentralización. Seguramente la mayor parte de los británicos, si excluimos a las generaciones jóvenes, han tenido una sensación de déjà vu de finales de los 90 y principios de 2000. La única diferencia es que esta vez se jugaban más de lo que estaba en juego en ocasiones anteriores. Hoy como entonces los líderes políticos utilizan argumentos referidos al déficit democrático que existe en Escocia, a lo injusto de la situación (en anteriores ocasiones la injusticia era para con Escocia y Gales; hoy es hacia Inglaterra), y argumentos en torno a la necesidad de conseguir que la política se acerque a la gente. La descentralización sería la solución a todo ello.

Entre 1979 y 1990, los años de la hegemonía conservadora, los laboristas partidarios de la descentralización denunciaban, con razón, el déficit democrático existente por aquel entonces en Escocia y Gales. El Laborismo galés y escocés se dio cuenta de que a pesar del constante rechazo experimentado por el Partido Conservador en las urnas en las elecciones generales, los votantes de Escocia y Gales estaban condenados a ser gobernados por las mayorías conservadoras en Inglaterra. Al mismo tiempo, el crecimiento del Partido Nacional Escocés (SNP), que también utilizaba argumentos sobre el déficit democrático, amenazaba las mayorías relativas de los Laboristas en Westminster, tan dependientes de los votos de galeses y escoceses. En reacción a esto, los programas electorales del Partido Laborista en 1992 y 1997 expresaron un compromiso firme con un amplio programa de transferencia de competencias a Escocia, Gales y las regiones de Inglaterra.

La descentralización generalizada, que recuerda un poco al “café para todos” en España,era la opción que tenía más sentido, ya que permitía al partido presentar su propuesta descentralizadora como un beneficio para el país en su conjunto y no como una concesión a los nacionalismos periféricos. La descentralización generalizada, además, daba credibilidad al compromiso del Nuevo Laborismo de Blair de profundizar en la democracia británica y acercar la política a los ciudadanos. Al mismo tiempo, extender la descentralización a las regiones inglesastenía una clara ventaja partidista para el Laborismo: el partido era proporcionalmente más fuerte electoralmente que el Partido Conservador en las regiones del norte de Inglaterra (Noreste, Noroeste, Yorkshire y Humber). Por lo tanto, en caso de extender la descentralización a las regiones inglesas, el Partido Laborista podía contar con mantener algunos reductos de poder regional en el norte para compensar la más que probable hegemonía electoral de los conservadores en las regiones del sur (East Anglia, Sur-Este y Sur-Oeste).

Sin embargo, después de la victoria arrolladora del Partido Laborista en 1997, la devolución a las regiones inglesas, en contra de las promesas electorales de los laboristas, se pospuso por otros cinco años y, cuando finalmente se inició, le faltó ambición. La propuesta laborista para descentralizar Inglaterra puso como condición que los parlamentos regionales sólo se debían establecer en respuesta a una demanda desde abajo. Hoy sabemos que esta postura fue un gran error estratégico. Es cierto que, en aquel momento, había una buena razón partidista para hacerlo así, ya que esta condición sólo favorecía a los laboristas y perjudicaba a los conservadores. El cálculo de los laboristas era que sólo las regiones del norte de Inglaterra, en las que el partido era mayoritario, pedirían la descentralización pero, permítanme la expresión coloquial, les salió el tiro por la culata. En el referéndum de 2004 celebrado en el noreste de Inglaterra los ciudadanos de la región rechazaron establecer un parlamento y un gobierno regionales y, como resultado, la cuestión de la descentralización inglesa continuó sin resolverse por unos cuantos años más. Tras los resultados del referéndum en Escocia esta cuestión ha vuelto al centro del debate político con fuerzas renovadas.

El argumento en torno a la injusticia de la situación presente hacia Inglaterra es contundente y difícil de negar, y es de sobra conocido que el agravio comparativo entre regiones de un mismo país es el alimento que nutre los conflictos entre el centro y la periferia. Nosotros, los españoles, lo sabemos bien. No hay nada sorprendente en que la cuestión de la descentralización inglesa haya resurgido precisamente ahora. Es un tema demasiado atractivo electoralmente como para dejarlo pasar.

La devolución a la británica siempre fue una criatura extraña. A diferencia de Irlanda del Norte, Escocia y Gales, Inglaterra no tiene su propio parlamento regional. Inglaterra se gobierna desde Westminster, lo que significa que los diputados elegidos en las circunscripciones de Irlanda del Norte, Escocia y Gales intervienen y deciden sobre los asuntos que conciernen sólo a Inglaterra mientras que los parlamentarios elegidos en circunscripciones de Inglaterra no pueden intervenir en los asuntos descentralizados de Irlanda del Norte, Escocia y Gales. La injusticia hacia Inglaterra inherente en esta situación puede ser fácilmente utilizada con fines electoralistas y los intereses partidistas de conservadores y laboristas, hoy como en 1997 y 2004, juegan un papel fundamental en el proceso de descentralización.

Existen cuatro opciones fundamentales que están siendo debatidas como “soluciones” a la cuestión del problema inglés: una constitución federal con Inglaterra como cuarta nación, la devolución de poderes a las ocho regiones inglesas, excluir a los parlamentarios norirlandeses, escoceses y galeses de votar en asuntos que conciernen solo a Inglaterra (“Votos ingleses para leyes inglesas” o EVEL en inglés) y la reforma de la Cámara de los Lores para que sea una cámara de representación territorial. Muchos diputados conservadores están a favor de EVEL; otros, como el diputado conservador John Redwood, prefieren la solución federal con Inglaterra como cuarta nación. James Wharton, diputado conservador de Stockton del Sur, declaró el 22 de septiembre que EVEL es “un deber y un mínimo”. EVEL, por lo tanto, se considera más como un primer paso en el camino hacia la resolución de la cuestión inglesa que como la aspiración final. Desde un punto de vista partidista, tanto EVEL como un parlamento inglés son opciones que beneficiarían a los conservadores, ya que tienen una mayoría de votos en Inglaterra, pero ninguna de las dos “soluciones” parece garantizar un acuerdo estable.

El liderazgo del Partido Laborista, en cambio, se está mostrando reacio a participar en el debate, y esto está generando tensión en el interior del partido. Un grupo de parlamentarios laboristas en Westminster está presionando para que se cree el partido laborista inglés, con voz propia para los asuntos de Inglaterra en el grupo parlamentario laborista . El pasado 22 de septiembre The Guardian citaba a Ben Bradshaw, diputado laborista por Exeter, diciendo que el partido tenía que dejar “claro que estamos luchando por Inglaterra”, a lo que añadió: “Tenemos que tener claro que nuestra constitución está basada en un desequilibrio y una injusticia ”. John Denham, diputado laborista por Southampton, escribió en su blog el 19 de septiembre: “El desafío es asegurarse de que todos tenemos un poco de lo mismo”, refiriéndose a autonomía regional para gobernar.

El Partido Laborista se enfrenta a un desafío de enormes proporciones en el escenario post-referéndum. Durante años ha ido perdiendo su hegemonía sobre el electorado escocés aunque los votos escoceses siguen siendo claves para los escaños del partido en Westminster. Por un lado, si quiere dejar de perder votos hacia el SNP, el Partido Laborista debe cumplir su promesa de aumentar el nivel de descentralización en Escocia. Por otro lado, debe actuar de forma preventiva en Gales y mover ficha antes de que Plaid Cymru decida jugar la carta del victimismo galés en el reparto de la tarta de la descentralización. Y todo esto lo tiene que hacer a la vez que se enfrenta a la voz emergente del laborismo “inglés” en el interior del partido. Apoyar EVEL o un estado federal con Inglaterra como cuarta nación sería una estrategia suicida para el Partido Laborista. La única esperanza de los laboristas es presionar por una descentralización generalizada a las regiones inglesas, una oportunidad que tuvieron en sus manos en 1997 y que torpemente dejaron escapar después de años de juguetear con la idea.

Es evidente que una lógica estrictamente partidista, conservadora y laborista, conducirá la situación actual hacia una crisis constitucional, que en última instancia beneficiaría a los nacionalistas periféricos y al UKIP. Incluso podría abrir un nicho electoral del que se podrían aprovechar nuevos partidos con una agenda regionalista (si el SNP, Plaid Cymru y el UKIP han podido crecer electoralmente a pesar de los obstáculos del sistema electoral británico, ¿por qué no podrían hacerlo otros?). A este respecto, los líderes políticos del Reino Unido deberían tener en cuenta la experiencia de España con la descentralización, y algunas de las lecciones que nos ha enseñado. Veamos las tres que pueden ser más importantes por sus implicaciones en el caso británico.

La primera lección es que los acuerdos constitucionales no son estables si se basan exclusivamente en intereses partidistas. La crisis catalana en España da buena fe de ello. La segunda lección es que la descentralización generalizada española (a diferencia de lo que habría sido una descentralización parcial en Cataluña, Galicia y País Vasco) ha dado beneficios electorales a los partidos estatales durante muchos años. Hasta que la Gran Recesión barrió los apoyos electorales del PP y el PSOE, la concentración del voto en torno a los dos grandes partidos en España en elecciones generales ha sido muy considerable, al tiempo que ambos partidos fueron capaces de construir bastiones regionales de poder que servían de consuelo cuando estaban estaban fuera del gobierno central.. El Partido Laborista y el Partido Conservador deben tomar nota de que ambos tienen algo que ganar mediante la extensión de la descentralización a las regiones inglesas, y mucho que perder si intentan que sólo su partido salga beneficiado de un nuevo acuerdo constitucional. La tercera lección no es una lección sino un contrafáctico: No sabemos lo que hubiera pasado en España si el Senado se hubiera reformado para convertirse en una cámara de representación territorial. La democracia española sin duda habría sido menos mayoritaria de lo que ha sido, aunque no está claro si eso habría sido para bien o para mal. Si hubiera existido un Senado en el que Cataluña habría estado representada como territorio constituyente, ¿estaría ahora Cataluña movilizada en torno a un referéndum de independencia?

Hace unas semanas los editores de Agenda Pública tuvimos un encuentro con Luuk Van Middelaar aprovechando que estaba en España para presentar su libro, recién traducido al español, El paso hacia Europa: Historia de un comienzo (Galaxia Gutenberg, 2013). Van Middelaar nos habló de su obra a la luz de la Gran Recesión y de los efectos que la misma ha tenido sobre el proceso de construcción europea. En este post queremos contaros algunos de los temas de discusión y de los argumentos más interesantes que Van Middelaar desgranó durante la entrevista.

El primer tema importante que le planteamos al autor hace referencia a un argumento central del libro según el cual los gobiernos de los países miembro de la UE desempeñan un doble papel: el de Estados miembros fundadores por separado y el de Estados miembros de forma conjunta. Como Estados miembros por separado, los gobiernos nacionales representan a —y son responsables ante— sus respectivos electorados nacionales y su objetivo principal es la defensa de los intereses nacionales; como Estados miembros de forma conjunta, tienen la responsabilidad de asumir las decisiones tomadas junto a sus socios europeos en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno ante su electorado nacional, y de obtener el consentimiento de sus respectivas ciudadanías (o al menos de sus parlamentos) a dichas decisiones europeas. En otras palabras, los gobiernos nacionales de la UE tienen dos caras, la de sus Estados respectivos y la de Europa.

Según afirma Van Middelaar, la Gran Recesión ha mostrado hasta qué punto es difícil para los gobiernos nacionales funcionar con esta especie de doble personalidad en tiempos de crisis, cuando la tensión entre los intereses nacionales y los europeos alcanza niveles elevados de intensidad. Según el entrevistado, las decisiones europeas siempre son el resultado de un tira y afloja entre los gobiernos nacionales y entre éstos y la Comisión (también presente en el Consejo, representada por su Presidente) que termina en compromisos en los que todos ganan algo y pierden algo para poder llegar a un acuerdo. Así, un primer ministro que se limita a afirmar después de una reunión del Consejo Europeo que el resultado ha sido muy bueno para su país (o, alternativamente, que le han obligado a hacer lo que no quería) está faltando a su responsabilidad en tanto que líder europeo y nacional, ya que no está explicando a su ciudadanía la realidad de lo sucedido. No está explicando que la participación como Estado miembro en el Consejo viene acompañada de la necesidad de gestionar la tensión entre los intereses nacionales y europeos y que, por tanto, las decisiones conjuntas necesariamente implican concesiones a otros socios por el bien de Europa.

A este respecto, nosotros nos preguntamos lo siguiente: Si es tan importante que los líderes de los gobiernos nacionales se muestren responsables ante sus respectivas ciudadanías por las decisiones que se toman en el Consejo y que, cuando están participando en el Consejo, no piensen sólo en sus intereses nacionales sino en el interés de Europa en su conjunto, ¿por qué sucede tan a menudo que los líderes nacionales son irresponsables? Durante la crisis hemos visto dos tipos de comportamiento por parte de los líderes nacionales europeos. Por un lado, participar en el Consejo Europeo con la mirada puesta en la opinión pública nacional y volver a casa presentando las medidas europeas aprobadas como triunfos nacionales; por otro lado, evadir la responsabilidad por medidas impopulares en casa afirmando que la decisión ha venido impuesta por Bruselas (o por los otros socios). De lo primero ha dado muestras de sobra conocidas la canciller alemana, Ángela Merkel; de lo segundo, nuestro Presidente, Mariano Rajoy, sin ir más lejos.

Van Middelaar nos explica esta irresponsabilidad como un problema de incentivos democráticos. Los líderes nacionales son elegidos por sus respectivas ciudadanías y es ahí donde reside su legitimidad democrática. Ningún líder nacional ha sido jamás premiado por sus electores en casa por comportarse como un gran líder europeo en contra de los intereses de su propio país; los premios y los castigos se reparten en base al comportamiento del gobierno nacional en la defensa de los intereses nacionales. En palabras de Van Middelaar refiriéndose a su propio país de origen, “los votantes holandeses no buscan en su primer ministro un gran estadista europeo; lo que quieren es que sea un buen primer ministro holandés”. Nosotros creemos que esto nos debería hacer reflexionar sobre lo siguiente: mientras el ámbito de la democracia representativa sea exclusiva o fundamentalmente nacional, y el proceso político europeo descanse sobre todo en los hombros del Consejo, los líderes políticos nacionales tendrán pocos incentivos para ser responsables en tanto que líderes europeos, particularmente en tiempos de crisis, cuando más difícil es alinear los divergentes intereses nacionales entre sí y con los de Europa en su conjunto. Por la misma razón, los avances que se hagan (y que se han hecho) en la construcción europea se harán a trompicones, dos pasos adelante y uno hacia atrás, y les faltará siempre la coherencia necesaria, la visión de conjunto, tal y como el diseño del euro (en gran parte, un tira y afloja entre Francia y Alemania) ha puesto claramente en evidencia.

El segundo tema importante que tratamos con Luuk Van Middelaar se refería a la siguiente paradoja: mientras que las decisiones europeas que se han tomado para hacer frente a la Gran Recesión han sido eminentemente políticas y han favorecido claramente a unos países más que a otros, se han presentado a la opinión pública, y ésta así las ha entendido, como decisiones tecnocráticas, impuestas por las circunstancias de la mano de oscuros funcionarios de Bruselas sin legitimidad democrática alguna y sin alternativa posible (el “no hay alternativa a la austeridad” tan repetido durante los peores momentos de la crisis). Van Middelaar nos explica esta paradoja como resultado del miedo que existe entre los líderes nacionales de Europa a “politizar” el ámbito de decisión europeo.

Por razones históricas de todos conocidas, afirma Van Middelaar, la concepción de la democracia europea que defienden las élites políticas nacionales es formalista y tecnocrática, no es la democracia del conflicto entre proyectos políticos opuestos que se dirime mediante elecciones, sino la del consenso necesario para evitar un regreso a los traumas del pasado. Es decir, las élites políticas nacionales en Europa no buscan una pelea abierta, a la vista de todos, entre opciones contrapuestas; buscan los acuerdos a puerta cerrada que después se presentan como resultado de una deliberación alejada de las pasiones de la política y, por ello, supuestamente superior desde un punto de vista normativo. Según Van Middelaar, lo fundamental para los líderes nacionales que se sientan a la mesa del Consejo a negociar es evitar el conflicto abierto, la ruptura; el fracaso viene dado por el abandono de la mesa de negociación. Este es el resultado a evitar, nadie debe salir de las reuniones del Consejo sintiéndose un total perdedor, no se deben tratar los temas a decidir en términos de ganadores y perdedores. Para ello, se cubren las decisiones con un velo de tecnocracia, se niega la existencia de caminos alternativos, se enfantiza el consenso, se esconde la lucha política.

En nuestra opinión, el problema de esta concepción formalista y tecnocrática de la democracia es que, especialmente en momentos de crisis como el que atravesamos ahora, se vacía de contenido y pierde legitimidad a pasos agigantados. La ciudadanía europea, sobre todo en los países deudores del Euro, no acepta el mantra de que no hay alternativa a la austeridad y entiende que, si realmente no hay alternativa, entonces tampoco hay democracia. Es comprensible el miedo de los políticos europeos al conflicto entre Estados miembro ganadores y perdedores. Sin embargo, cubrir este conflicto -que existe y es visible por todos- de un halo de tecnocracia sin alternativas no es la mejor manera de evitar sus peores consecuencias. Al contrario, podría ser la receta perfecta para convocarlas. Por el contrario, una lucha abierta, demócratica, en la arena electoral, entre proyectos alternativos de sociedad (y no entre estados-nación) podría ser lo que salvara la democracia europea y le devolviera legitimidad a los ojos de la ciudadanía.

Las próximas elecciones europeas del 25 de mayo deberían servir para “politizar” y, por tanto, “democratizar”, el ámbito de decisión europeo. Las confederaciones de partidos europeos están presentando plataformas políticas distintas, proyectos alternativos, liderados por primera vez por candidatos concretos comprometidos, en caso de ser elegidos, a defender dichos proyectos. Por primera vez estamos presenciando debates televisados de los proyectos políticos en liza. En estas elecciones europeas estamos viendo un atisbo de la democracia del conflicto en el ámbito europeo, de la competición abierta y libre entre proyectos alternativos de sociedad que es el alma de la democracia representativa. Éstas serán las elecciones de la Gran Recesión, en las que se dirime si la ciudadanía europea quiere continuar con la austeridad o si quiere una política alternativa. Por eso, los ciudadanos europeos haríamos bien en tomarlas en serio y en pensar en ellas como elecciones europeas, y no como un ensayo de las próximas elecciones nacionales. Los momentos democráticos de la UE son pocos, aprovechémoslos y mostremos a las élites políticas nacionales que no tenemos miedo a los conflictos que se airean en la arena electoral, no a puerta cerrada. Mostrémosles que creemos que la solución para Europa es más, no menos, democracia.

Por último, hablamos con Van Middelaar de la creciente brecha entre el Norte (acreedores) y el Sur (deudores) y de hasta qué punto esta brecha podría poner en peligro el proyecto europeo a largo plazo. El autor de El paso hacia Europa nos respondió que quedan por delante años muy difíciles pero que la Gran Recesión no va a ser el principio del fin del proyecto europeo. La brecha Norte-Sur no permanecerá para siempre porque la rueda de la historia siempre gira y quienes están hoy arriba pueden estar mañana abajo, y viceversa. Ahora son los países deudores los que están haciendo sus deberes y otros países europeos, como Alemania, están empezando a arrastrar los pies. Van Middelaar nos propone que pensemos en el proyecto europeo como en un puente. A un lado del puente están los estados-nación; al otro, la visión de una Europa unida. Tal vez nunca lleguemos al otro lado del puente, pero vamos avanzando mientras caminamos sobre él. El paso hacia Europa nos cuenta la historia de ese caminar sobre el puente y, para Van Middelaar, estar a mitad de camino en el puente no es tan mal sitio como nos pueda parecer.

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

En poco más de tres semanas, tendrá lugar el mayor proceso electoral simultáneo del mundo. 500 millones ciudadanos de 28 países europeos podrán acudir a elegir sus representantes en el parlamento democráticamente electo más grande del planeta entre el 22 y el 25 de mayo. Solo la supera la elección a la Lok Sabha, la Cámara Baja de India, con un censo de 814 millones, aunque esta en realidad se trata un macroproceso formado por diversas fases cuya duración se prolonga durante cinco semanas.

Son muchas las críticas, y a menudo sólidamente fundamentadas, que se dirigen a la Unión Europea. Desde Agenda Pública nos hemos hecho eco –y nos seguiremos haciendo- de los argumentos teóricos y de los datos empíricos que sostienen esa perspectiva crítica hacia la democracia europea.

Sin embargo, todo ello solo puede entenderse desde la convicción de que la Unión Europea forma parte de una meta irrenunciable y de largo recorrido, la aspiración paneuropea que intuyó un austro-húngaro como Coudenhove-Kalergi, o el sueño europeo que solo un americano, como Jeremy Rifkin, podía valorar en toda su magnitud. Y también una realidad poliédrica, como nos recuerda Luuk van Middelaar en El paso hacia Europa, donde se admiten perspectivas casi opuestas sobre su significado y alcance: las que reivindican sus méritos y logros, las que alertan de sus límites e insuficiencias, e incluso las que manifiestan su escepticismo ante el proceso. Desde esa perspectiva plural, es necesario seguir explicando por qué Europa importa.

A menudo, observamos la UE como una realidad esencialmente económica, la Europa del 7-25-50, como nos recuerda J.I. Torreblanca: el 7% de la población mundial, el 25% de la producción, y el 50% del gasto social. Se trata de unas cifras que exigen un proyecto de sostenibilidad económica y social en un entorno cada vez más mundializado.

Pero la realidad socioeconómica europea no puede hacernos olvidar el gran logro de la UE tras medio siglo: la paz y la concordia entre tradicionales vecinos enemigos. No olviden estas cifras que nos recordaba Diego Beas: la Europa del 100-75-25. Hace 100 años del inicio de la Gran Guerra europea y 75 del estallido de la segunda gran guerra europea. Las dos cicatrices mundiales nacidas en Europa. Pero también hace 25 años de la caída del muro de Berlín, donde esas cicatrices empezaron a cerrarse. No estamos aún en condiciones de percibir todo el alcance de las repercusiones que tuvo el fin del telón de acero. La crisis de Ucrania solo puede entenderse en ese contexto, como nos han explicado Javier Morales y Rubén Ruiz.

El gran problema de la UE: el déficit democrático, que se ha hecho aún más complejo con la extensión comunitaria a casi todo el continente. Un déficit que amenaza la UE de convertirla en una seudodemocracia imperial. Aquella en la que grandes estructuras institucionales acaban sustituyendo la voluntad e los ciudadanos por complejas tramas de decisión y en la que la voz de los individuos se diluye ante poderes sin rostro mucho más eficaces.

Ciertamente, esta falta de voz en el proceso no es igual en todas partes. En el Eurobarómetro de noviembre de 2013 se observa cómo el 57% de los daneses considera que su voz es escuchada en la UE, por sólo un 18% de españoles que lo considera así. ¿Es la forma en la que se construye la voluntad nacional en su fase ascendente la que determina si la ciudadanía se siente más escuchada en la UE? ¿Existe el riesgo de que estalle un sentimiento de ‘impotencia democrática’ como algunos han identificado ya en países como España?

Por otro lado, la crisis financiera y las políticas de austeridad han intensificado la percepción de desconfianza en las instituciones europeas, y el descontento con sus resultados.

En este sentido, los resultados de los Eurobarómetros semestrales desde 2007 son tozudos: el porcentaje de europeos que confían en la UE cayó 26 puntos en cinco años, del 57% de mayo de 2007 al 31% del mismo mes de 2012. Al mismo tiempo, se ha deteriorado muchísimo la confianza que la ciudadanía tiene en sus respectivos gobiernos y la confianza en los gobiernos estatales descendió en estos cinco años del 41% (mayo de 2007) al 28% (mayo de 2012).

En este contexto de creciente desafección europea, la UE afronta un gran reto: superar la que aparece como la gran brecha del sueño europeo. La división norte/sur parece estar superando la vieja división este/oeste y, a su vez, absorbe dentro de sí misma otras brechas más sofisticadas (laborales, productivas, sociales, culturales…).

Como ha explicado nuestra editora Sonia Alonso, esta brecha se plasma en una creciente distancia en la insatisfacción con la democracia y en la confianza en partidos y gobiernos, en general, que se da entre las opiniones públicas del norte y el sur. Posiblemente este diferencial tiene que ver con la propia satisfacción de los ciudadanos con la calidad democrática en sus propios países, como sugiere un estudio de Pieterjan Desmet and Claes de Vreese.

Por otro lado, Sonia Alonso nos apunta que la evaluación de la justicia social en las democracias del Sur de Europa es alarmantemente negativa. Dos datos nos sirven para ilustrarlo: el 58,2% de los españoles considera que el gobierno está haciendo poco o nada para proteger a todos los ciudadanos contra la pobreza y el 59,7% considera que el gobierno está haciendo poco o nada para reducir la desigualdad de ingresos. En Portugal lo consideran el 69,2%.

En estas coordenadas tendrán lugar las elecciones del 22 al 25 de mayo en Europa. Las mayores elecciones del mundo.

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

La reforma del texto constitucional no servirá como herramienta –al menos no exclusivamente- para salir de la crisis económica, pero debe servir para superar la profunda crisis política de la que aquella trae causa. Y, evidentemente, la reforma de la Constitución no hará desaparecer de un día para otro nuestros problemas de legitimidad democrática, sobre todo, porque algunos de sus motivos no se deben a problemas de configuración jurídico-constitucional, sino a un problema de índole cultural. Sin embargo, la actualización de la Carta Magna ha de ser la hoja de ruta en la reconfiguración de nuestro modelo de convivencia.   

En 2006 el Consejo de Estado se pronunció sobre la modificación constitucional respecto de los cuatro elementos sobre los que el Gobierno de Rodríguez Zapatero le preguntó: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Hoy resulta claro, sin embargo, que con el cambio de estas 4 cuestiones, de calados diversos, no es suficiente. Y ello, entre otras razones, porque estamos en un momento de renovación de legitimidades, en el que el originario acuerdo constituyente necesita ser revisado, no en su totalidad pero sí en algunos aspectos clave y, entre estos, parece que hay unanimidad en considerar que el prioritario es el modelo de organización territorial.

Y es más, como nos explicaba José María de Areilza, aunque no hubiera aparecido en escena Cataluña, sería igualmente necesario entrar a repensar nuestro modelo de descentralización política. Esto no significa negar los logros alcanzados durante estos años por la Constitución que configuró un sistema abierto que sirvió para dar cabida a las reivindicaciones legítimas de, sobre todo, Cataluña y País Vasco y poder, así, empezar la andadura democrática. Pero han pasado 30 años y el modelo de organización territorial prefigurado en la Constitución ha quedado, en unos casos, superado por la propia realidad jurídico-política y, en otros, se ha demostrado ineficaz para la resolución de determinados conflictos y/o aspiraciones de algunas Comunidades Autónomas. Son varios los aspectos que necesitan de replanteamiento (por ejemplo, el reconocimiento real de la plurinacionalidad del Estado, el sistema de listas de competencias, el sistema –inexistente-  de cooperación entre niveles de poder y, por supuesto, el Senado). Quizá una aproximación válida sería, como apuntaba Leopoldo Calvo Sotelo, ver cómo dar encaje en el (renovado) modelo de organización territorial los elementos del Estatuto de Cataluña, refrendado en 2006, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 2010.

Ahora bien, nada de esto tendrá sentido si no se parte de un modelo de organización territorial compartido por todos, al menos en sus bases. Uno de los problemas que ha acarreado nuestro sistema autonómico ha sido que muchos, en la derecha y en la izquierda, no creían en un sistema descentralizado o, si se quiere, altamente descentralizado. Apostaron por la descentralización, si se nos permite, con la boca pequeña. Además, sectores importantes de la vida política y de la sociedad civil han seguido creyendo que la autonomía consistía en un poder cedido o delegado por el Estado (central) en favor de las Comunidades. Sin embargo, la autonomía política de las Comunidades no es consecuencia del ejercicio de delegación del Estado, sino que deriva directamente de nuestro texto constitucional. Esta última realidad jurídica ha sido obviada por muchos.

Ha llegado, pues, el momento de sentarse y plantear la discusión serena y rigurosa de cuál es el modelo de organización territorial del que queremos dotarnos. Esto nos lleva a uno de los puntos clave sobre la reforma constitucional, y que paradójicamente apenas se abordan en el debate público: el cuándo. ¿Qué condiciones han de darse para realizar un proceso de este tipo de la forma más serena y dialogada posible? Para los millones de ciudadanos que apuestan ya por una reforma, puede resultar muy frustrante reconocer que en el próximo año apenas se vislumbra un escenario favorable, debido a la larga serie de citas electorales que pueden culminar en las generales de 2015. Pero tampoco un exceso de realismo político debe servir de excusa para cimentar el inmovilismo y aplazar perpetuamente la reforma. La observación comparada nos señala que, en situaciones de minorías políticas (como sucede en Bélgica), los partidos aceptan entrar más fácilmente en un proceso consensuado de reforma. Y también nos dice que es importante el compromiso previo, en un programa electoral, de los partidos más convencidos, como sucedió con la ‘devolution’ de Tony Blair. ¿Significa todo ello que en 2016 estaremos quizá ante la gran ocasión? Desde aquí sólo podemos recordar que, como nos decía Alberto López Basaguren, “la política tiene que evitar el callejón sin salida”.

Hace unos días un artículo de Benito Arruñada se preguntaba si la culpa de la crisis política y económica que vive España no es solo de políticos e instituciones sino también de la sociedad. El artículo se hacía eco de una encuesta de la Fundación BBVA en la que aparecemos como los europeos más críticos con políticos e instituciones mientras somos los que menos nos molestamos en informarnos.

No obstante, otros datos que hemos publicado nos indican que la crisis ha aumentado el interés de los ciudadanos por la política. Si en 2006 eran un 43% los españoles que decían hablar o discutir sobre política al menos una vez por semana, hoy ese porcentaje se eleva hasta el 59%. En particular, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos entre 18 y 54 años que afirman hablar sobre política todos los días.

Este mayor interés por la política coincide con el hecho de que el 26,2% de los españoles considera que los políticos, los partidos y la política convencional son uno de los principales problemas de España. Esto nos podría suscitar dos preguntas a las que intentamos responder en esta nota.

¿Somos más críticos con la política como reacción a la crisis política y económica en que estamos inmersos? ¿O es que ha crecido nuestra información política, transformando nuestra cultura política, y ello nos está haciendo más exigentes con nuestra clase política?

En cuanto al primer interrogante, Diego Muro y Guillem Vidal se han preguntado si la corrupción sólo nos importa cuando la economía va mal. Parece que, cuando los ciudadanos nos vemos amenazados por circunstancias económicas adversas, somos más proclives a buscar culpables y nos mostramos menos tolerantes frente a la corrupción, percibida como un mal de las instituciones o de la ‘clase política’ que nos ha llevado a esta situación. En este sentido, los niveles de desempleo evolucionan de una forma muy similar a los cambios en la percepción de la corrupción, aunque esta elevada correlación no necesariamente significa que una sea consecuencia de lo otro.

De forma más optimista, el segundo interrogante estaría sugiriendo que la crítica ciudadana a los políticos sería el reflejo de un aumento del conocimiento sobre la política. Sin embargo, no hay que olvidar lo que nos recuerda nuestro editor Juan Rodríguez: más bien parece que la decepción de los ciudadanos puede ser el producto de la propia desinformación y alejamiento de la política. Así, se hace difícil pensar que el conocimiento sobre la política que tiene un país, y las preferencias políticas individuales resultantes, hayan podido cambiar mucho en pocos años. La ingeniería social de este tipo suele conllevar generaciones. La calidad democrática de la ciudadanía no se produce espontáneamente ni caprichosamente. En una encuesta de 2009 España ya estaba a la cola. Además, las circunstancias actuales pueden favorecer el desarrollo pero también pueden perjudicarlo. ¿Cómo?

Quienes saben menos de política suelen ser aquellos que disponen de menos recursos socioeconómicos. Quienes menos tienen son quienes menos participan, quienes saben menos del sistema político y, en consecuencia, se ven a sí mismos como ciudadanos menos eficaces e influyentes. Es obligatorio preguntarse, por tanto, en qué medida el hecho de que España sea ya, en estos momentos, el país más desigual de Europa puede afectar al conocimiento de la política por parte de capas importantes de la población y a su participación política. ¿La producción de desigualdad en el presente condicionará y perjudicará la democracia el futuro? Uno de los riesgos inminentes de este fenómeno perverso es que cada día más serán “unos pocos” los que puedan establecer la agenda política.

La crisis económica y las políticas de austeridad están afectando la inversión en educación. En este sentido, y como nos indica Máriam Martínez-Bascuñán, Martha Nussbaum nos alerta de una “crisis silenciosa” (“Sin fines de lucro”, Ed. Katz) que tiene que ver con el recorte del presupuesto asignado a la educación. Y con ello, la “erosión grave de las cualidades esenciales para la vida misma de la democracia”. En este sentido, nuestra editora Argelia Queralt alertaba del riesgo de que la nueva LOMCE debilitara el aprendizaje de los valores constitucionales en el itinerario curricular.

Otra derivada que debe centrar nuestra atención es la tendencia, en los medios de comunicación, a convertir la política en un tema morboso, conflictivo o incluso caricaturesco. Ante el crecimiento del interés por la política, los medios pueden tratar de satisfacer al público sacrificando la función de informar –y con ello, de formar- en aras del entretenimiento. Así, se han multiplicado los programas de infoentretenimiento, y a partir del análisis de Carol Galais podemos señalar que a más exposición a programas de información, más polarización de la audiencia.

Finalmente, en la era del Big Data, la fractura digital se sobrepone a las viejas fracturas. Según los datos del trabajo “Internet y participación política en España” (2010), a mayores niveles de estudios mayores niveles de utilización de Internet. Nuestras sociedades se hallan abrumadas ante una ingente cantidad de información. Pero seguirá siendo necesario disponer de un capital cultural, cívico y humanístico, para procesarlo, comprenderlo y digerirlo. Los estudios muestran que en España persiste un déficit de comprensión e interpretación de los acontecimientos que sólo es posible fomentar desde el ámbito educativo. De lo contrario, podemos convertirnos en meros consumidores pasivos de información preseleccionada. Y sin las herramientas y las actitudes precisas, informarse puede no significar formarse, sino conformarse con la realidad.

En 1914, Ortega y Gasset lanzaba la iniciativa de una Liga de Educación Política para superar la ‘vieja política’ que estaba lastrando la sociedad española. Cien años después no resulta menos perentoria una coalición similar formada por la escuela, los medios de comunicación públicos y privados, la red, el Parlamento y muchos otros foros de la sociedad civil.

La evaluación de la justicia social en las democracias del Este y del Sur es alarmantemente negativa.

Hace unas semanas presentaba un gráfico basado en datos de la Encuesta Social Europea 2012/2013, en el que mostraba hasta qué punto los ciudadanos europeos creen que la justicia social es un componente definitorio de la democracia. Vimos entonces que para una mayoría de ciudadanos en 12 de los 24 países en los que se pasó la encuesta (en algunos casos mayorías muy considerables) una democracia no es tal si no va acompañada de justicia social.

Hoy presento la otra cara de la moneda de esta creencia: cómo evalúan los ciudadanos europeos la justicia social de las democracias en las que viven. Los dos gráficos presentados abajo muestran el porcentaje de respuestas a las preguntas: a) ¿Hasta qué punto cree que el gobierno protege a todos los ciudadanos contra la pobreza? y b) ¿Hasta qué punto cree que el gobierno toma medidas para reducir la desigualdad de ingresos en el país? La escala de respuestas va de 0, si la afirmación no es aplicable en absoluto para el país del encuestado, a 10, si la afirmación es totalmente aplicable al país del encuestado.

Si comparamos el gráfico de hace unas semanas con los gráficos de este post veremos, en primer lugar, que allí donde más importancia se da a la justicia social como parte inherente de la democracia es también donde peor se evalúa el nivel de justicia social de la democracia realmente existente en el país. En estos casos, la brecha existente entre expectativas y realidad es, por tanto, muy amplia. Observamos, además, que esto ocurre en mucha mayor medida en Europa del Este y del Sur que en la Europa del Norte y el Oeste. La evaluación de la justicia social en las democracias del Este y del Sur es alarmantemente negativa. Sin duda a ello han contribuido los efectos de la Gran Recesión y la manera en la que se están gestionando por gobiernos democráticamente elegidos. Sin embargo, la explicación no puede estar sólo ahí puesto que Irlanda e Islandia, duramente atacadas por la crisis económica, y en el caso de Irlanda con una intervención de la Troika por medio, no presentan valores tan negativos como los de España y Portugal y no digamos ya los de algunos países del Este como Bulgaria o Kosovo.

Hasta qué punto esta brecha entre expectativas y realidad tiene un impacto sobre la legitimidad de los respectivos sistemas democráticos es algo que analizaremos en otro post.

Ricardo Hausmann se preguntaba hace unos días ¿por qué son democráticos los países ricos? La respuesta es que no es suficiente con una mano invisible que haga funcionar la economía. Es necesaria, además, una segunda mano invisible que genere la calidad necesaria dentro del sistema político para que las economías modernas funcionen. Esta segunda mano invisible requiere información suficiente, como nos recuerda Hausmann, para tomar decisiones mejores.

En esta misma línea, Andrés Ortega afirma en Recomponer la democracia que es necesario encontrar los incentivos necesarios para convencer a las élites políticas y económicas de acometer las reformas necesarias para superar una crisis, la política, que es condición para la recuperación económica.

Sin embargo, ¿se trata sólo de persuadir a quienes deciden formal e informalmente? ¿Y quién debe hacerlo? ¿Expertos, comunicadores, ciudadanos y actores interesados? Si existe realmente esa segunda mano invisible de la democracia, ¿responde a la voluntad del ciudadano? En el trasfondo de estos interrogantes, aparece el debate del papel de la ‘voz’ de aquellos que participan en el proceso democrático (instituciones, actores y simples ciudadanos). ‘Voz’ en el sentido de Hirschman, “un intento de cambiar un estado de cosas insatisfactorio”. La ‘voz’ de los que no están de acuerdo o piensan que las cosas se pueden hacer mejor.

Crece la intuición de que estamos ante un momento crucial en el que se define cómo se articulará la ‘voz’ de nuestras democracias en el futuro. Y, con ello, quién podrá expresarla.

Partiendo de la consideración del espacio público como un proceso a través del cual los problemas de la sociedad son discutidos, procesados y, finalmente, llevados a influir sobre la formación de la autoridad de la ley y de las políticas públicas, Mariam Martínez-Bascuñán asume que este espacio está en plena transformación debido a la generalización de las nuevas tecnologías. El resultado podría ser una emergente ‘democracia comunicativa’.

Un futuro no exento de riesgos. Si en la nota de la semana pasada señalábamos el riesgo creciente de que sean los “nuevos pocos” los que capturen el proceso político y que para ello inviertan recursos económicos en el establecimiento de la agenda política, hoy insistimos en una paradoja. Frente al riesgo de la aparición de una nueva elite transnacional, las redes sociales plantean un escenario contradictorio: eliminan las barreras a la libre circulación de la información y de ideas, pero también, paradójicamente, las imponen.

En este sentido, Cass R. Suntsein argumenta que en la web normalmente vemos aquello que nos gusta y nos gusta aquello que vemos, eludiendo la exposición a aquellas perspectivas que no compartimos. Este fenómeno que es el que ha permitido la emergencia de medios y blogs “de nicho”, en los que sólo podemos leer opiniones con las que estamos de acuerdo, no contribuye en absoluto al debate democrático. Como Lluís Bassets afirmaba en una conversación, lo que se produce es una fragmentación y una competencia de versiones de la realidad que viven las unas de espaldas a las otras.

Aunque ya no podemos hablar de tiranía de la mayoría, las nuevas minorías que se construyen en la red presentan los mismos peligros potenciales sobre los que alertaba Tocqueville: la imposición de una sutil censura, el debilitamiento de la independencia de juicio y la merma en la capacidad crítica de la sociedad.

Además, esta manera compartimentada de leer la realidad afecta a la propia esencia de la democracia ya que no sólo hay disenso sobre la interpretación de la realidad, como debe ser en una sociedad plural, sino que hay disenso sobre la propia realidad. El reto es, como apunta Bassets, si seremos capaces de organizar una comunidad política, una verdadera politeya, si ni tan sólo hay consenso alrededor de la realidad. ¿Cómo conseguir que la gente que vive en modelos paralelos mantenga principios comunes que hagan viable la supervivenvia del marco democrático? En último extremo, ¿cómo garantizar que la fragmentación de la opinión y del conocimiento no conduzca a la fragmentación de la voz de los ciudadanos, y con ello, del debilitamiento de los que se encuentran a priori más alejados del poder?

En nuestra opinión, reconstruyendo espacios de argumentación pública. ¿Cómo? Lejos del modelo clásico de filósofos-reyes, que parecen saber mejor que nadie lo que conviene al resto de la sociedad, hemos de avanzar hacia una convergencia de voces entre políticos, expertos y ciudadanos, en torno a un principio de calidad democrática: expertos y comunicadores que aportan datos (más o menos) objetivos (y sobre todo discutibles y falseables, alejados de las certezas dogmáticas), gobernantes que utilizan esos datos para tomar decisiones con criterio inclusivo y racional, y ciudadano que absorbe esa información, la discute, la contrasta (e incluso la retroalimenta) y la acaba utilizando para castigar o premiar a los gobernantes.

El futuro de la democracia de calidad, donde las instituciones respondan ante la ciudadanía, y el progreso económico y social se juegan en este debate sobre quién merece ser escuchado para que las decisiones que se tomen sean mejores. Y también de cómo saber escuchar.

“Es muy lamentable que parte de las élites económicas (en los países más afectados por la crisis) asuman tan poca responsabilidad por la deplorable situación actual”. Lo decía Angela Merkel hace unos meses en una entrevista en el diario El País.

La emergencia de una nueva élite, totalmente desconectada de las preocupaciones y dificultades de las clases medias, está provocando que, como ya señaló Colin Crouch, estemos entrando en una nueva fase posdemocrática en la que “poderosos intereses de minorías se han vuelto mucho más activos que la masa de gente común a la hora de lograr que el sistema político trabaje para ellos”. Andrés Ortega en ‘Recomponer la democracia’ sitúa a España en este punto de la evolución de la democracia.

Recientemente ha sido Oxfam la que, aprovechando el encuentro del World Economic Forum en Davos, ha querido denunciar que la mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico de la población.

Hay visiones contrapuestas sobre los efectos que para la democracia tiene la concentración en pocas manos del poder económico, político y social. Tim Harford en el Financial Times ha puesto en duda la metodología del informe de Oxfam y desde la academia ha sido Gregory Mankiw quien asegura en ‘Defending the One Percent’ que las desigualdades son un aspecto inevitable o incluso beneficioso para el progreso económico, y por lo tanto, los ricos deben luchar por ellas.

De quién consiga establecer la agenda setting en este debate se desprenderá si se produce o no una captura del proceso político por parte de unos pocos. Los “nuevos pocos” destinarán recursos a establecer la agenda pues, como dice Lawrence Katz y señaló Pau Marí-Klose en un artículo reciente, es en sociedades muy desiguales donde las élites económicas disfrutan de una capacidad excesiva para comprar voluntades y conseguir favores y contratos, utilizando mecanismos que distorsionan las dinámicas de mercado (cortejando a políticos, financiando sus campañas, incurriendo en prácticas oligocopolíticas y eludiendo la acción de los tribunales, etc.). Esto les permitiría optar por desconectarse completamente de los intereses de la sociedad y seguir apoyándose en la dinámica del crecimiento de las rentas del capital (en 2011, las rentas empresariales superaban por vez primera a las rentas salariales en España).

Cabe identificar algunas propuestas que mejorarían las opciones de la mayoría de la sociedad y situarían sus preocupaciones en el centro del debate.

En primer lugar, se debería producir un “empoderamiento” económico de la ciudadanía permitiendo que participe más en la economía. Esto implica situar la economía en el debate público y aumentar la pedagogía y la cultura económicas. Algunas voces reclaman, en esta línea, que la cuestión social no se puede dejar en manos de los economistas.

El economista Francesc Trillas ha señalado una debilidad española que no existe en Estados Unidos ni en Francia: nuestros economistas con más prestigio profesional académico a nivel internacional no son de izquierdas y, en este sentido, sería muy deseable que existieran plataformas de izquierda y centro-izquierda que tuvieran el prestigio público y profesional que se ha ganado, por ejemplo, Nada es Gratis, pero para eso no hay que renunciar jamás a la pretensión de construir mejor conocimiento científico.

En tercer lugar, cabe preguntarse si podremos conservar la igualdad social adquirida sin los actores que la promocionaron en el pasado siglo. Los partidos políticos y los sindicatos se han ido haciendo pequeños, tienen menos capacidad para vehicular las demandas sociales y ello coincide con un momento histórico de destrucción masiva de empleo y de aparición de lo que Guy Standing ha denominado “el precariado”. A ello tenemos que añadir que, a pesar de la rapidez y la utilidad de los medios sociales para organizar manifestaciones, estas tienen pocos resultados prácticos. Podemos saber un poco más de las protestas y manifestaciones en el mundo a partir del estudio World Protests 2006 - 2013 realizado por la Initiative for Policy Dialogue y la Fundación Friedrich Ebert.

Y, finalmente, la mayoría de la sociedad podrá situar sus preocupaciones en el centro del debate público si tiene voz. La salida de la crisis será política o no será y en este sentido para ser un país democráticamente maduro tenemos que “invertir” en infraestructuras de ideas y opinión. Para construir esta infraestructura necesitamos superar un viejo problema muy español: tenemos una clase dominante más que una clase dirigente.

Si observamos la evolución del debate político en los últimos años, podríamos tener la impresión de que se ha reavivado con la crisis y sus duras consecuencias. Pero no nos dejemos engañar: la política nos interesa hoy más que hace años, y hemos incrementado nuestra atención y nuestra exigencia hacia los políticos, pero seguimos hablando muy poco de políticas. Nuestro debate público sigue padeciendo la misma falta de calidad de los años de bonanza: la política vista como un juego de trincheras, como una discusión entre esencias ideológicas, una competición entre identidades partidistas, o, en una versión muy de moda, como una lucha entre el pueblo y ‘los de arriba’.

Desde nuestro punto de vista, a la perspectiva de fallo multiorgánico diagnosticada por Andrés Ortega en Recomponer la democracia, debemos añadir la idea de fracaso cognitivo, según Daniel Innerarity. Entendemos por tal el fracaso de la transferencia de conocimiento desde aquellos centros que la producen (universidades, think tanks, empresas privadas y otros actores sociales) a los centros de decisión (gobiernos) y a los ciudadanos que deben elegir a sus representantes para ubicarlos en esos centros de decisión.

Una observación rápida de portadas de diario o de tertulias radiofónicas de la última década nos demostraría que no supimos transformar un debate que siguió girando en torno a principios y a identidades de partido (si no directamente ideológicas). En estos años de reconversión política predominan las enmiendas a la totalidad (cambios de sistema, substitución de partidos, transformación radical de las normas de decisión y representación) más que debate sobre cirugía institucional de alta definición.

Este fallo cognitivo tiene formas muy concretas: las páginas de política y de economía suelen estar separadas en secciones estancas, nuestros debates tienen pocos números y nuestras reformas legales e institucionales apenas mencionan cómo evaluaremos antes el rendimiento de las existentes y de las futuras.

Por supuesto, el fallo cognitivo (no pudimos hacerlo mejor porque no sabemos suficiente) es sólo un vector que explica nuestra situación, que se une con otros: el debilitamiento del Estado ante las reglas de la globalización, las dinámicas perversas de instituciones políticas ineficientes, y errores concretos de políticas públicas equivocadas o mal diseñadas.

¿Dónde podríamos situar las causas de este fallo cognoscitivo? Aunque quizá dispersos y faltos de una coherencia global, existen algunos debates en curso sobre esta cuestión.

Por un lado, hay un debate centrado en el ‘quién’ debe transmitir o divulgar el conocimiento: ¿es que los expertos, los científicos sociales hablan poco porque su espacio está ocupado por voces menos autorizadas? Para unos, se trata de una terreno en el que deberían haber más politólogos y científicos sociales. Para otros, el problema viene más bien de las carencias que los académicos sociales tienen para transmitir su conocimiento en comparación con otros tipos de escritores más dotados. Es decir, quién merece ser escuchado.

También hay un problema referente a la educación cívica de la ciudadanía. Los medios han trasladado una ciencia entendida como verdades que eran dadas a conocer a la opinión pública sin apenas posibilidad de ser rebatidas. Que ello haya sido así, y se haya concebido la existencia de un ciudadano como receptor pasivo, ha provocado un debate menos informado y que genera una ciudadanía menos exigente hacia la política.

Hay un segundo debate que hace más referencia al ‘qué’: abordamos la discusión sobre cómo debería gobernarse nuestra sociedad mediante posiciones demasiado normativas, basadas en principios ideológicos (a veces demasiado alejados de la realidad concreta, a veces demasiado poco contrastados con los hechos). Este problema posee diversas fuentes. Es cierto que a veces la academia no ayuda mucho a situar el debate sobre las cuestiones esenciales, al producir investigaciones irrelevantes para los ciudadanos interesados y, peor, para los propios gobernantes. Pero sobre todo, estamos pendientes de que los profesionales de la información trasladen a sus textos de análisis la ingente cantidad de datos que ya están disponibles. No se trata sólo de cómo ha cambiado el negocio del periodismo y de la información.

Esta situación se refleja en lagunas preocupantes. Existe una falta de cultura de la evaluación de nuestras políticas públicas. Y esto nos hace perder oportunidades. Un ejemplo son los debates sobre la manera en que recibimos las periódicas evaluaciones de ratings y rankings como PISA, que a menudo se leen como la clasificación de la Liga de fútbol. ¿Cuánto nos ha ayudado a mejorar nuestras políticas educativas evaluaciones internacionales de este tipo?

Algunos dicen que el futuro de las políticas públicas pasa por los datos. Dos tensiones se apuntan en ese horizonte: tendremos muchos más datos para tomar decisiones (aunque la política deberá resolver sobre qué serán esos datos y a quién pertenecerán) al tiempo que necesitaremos una visión de conjunto para saber cómo utilizarlos y seleccionarlos. A la espera de ese escenario, cabrá preguntarse hasta qué punto podremos resolver el fallo multiorgánico de la política española sin superar el fallo cognitivo que la ha acompañado.

Como señala Ortega en Recomponer la democracia, para salir del ‘fallo multiorgánico’ de la política española es necesario ‘reanimar las instituciones’. Esto significa atemperar lo que él denomina ‘ejecutivitis’, es decir la sobredimensión que tiene el gobierno central en la política española.

Y dentro del ejecutivo, el presidente del gobierno, ya de por sí muy fuerte según nuestro ordenamiento, ha tendido a ganar peso y protagonismo. Es lo que Fabbrini ha llamado el ascenso del príncipe democrático.

Ello se explica por la tendencia a la personalización del poder gubernamental o, como algunos lo denominan, a la presidencialización de la política, una tendencia que se ha visto auspiciada por los cambios en la estructura de la comunicación, por la internacionalización de la política protagonizada precisamente por jefes de Estado y de gobierno y por la erosión de las fracturas tradicionales que han conducido, hasta hace muy poco, a la convergencia ideológica de los grandes partidos.

Estas circunstancias han transcurrido en paralelo al proceso de descentralización política y mientras que en el escalón estatal se configuraba un sistema de partidos de tendencia bipartidista en el que se ha impuesto una lógica mayoritaria, a pesar de que ha habido gobiernos minoritarios, en el ámbito autonómico y local los gobiernos de coalición son habituales y como consecuencia se han impuesto dinámicas más consensuales.

La ‘ejecutivitis’ es pues una disfunción que surge de una tensión entre dos inercias políticas que se dan en el subsuelo del esquema institucional establecido en la Constitución. Durante décadas hemos tendido a ser un ‘sistema mayoritario’, siguiendo la terminología del politólogo Arendt Lijphart, causa de la centralidad del gobierno respecto al parlamento y por los efectos mayoritarios del sistema proporcional, pero nuestra estructura de poder general, de producción de políticas y de gasto ha ido acomodándose a una descentralización que exigen más cooperación entre poderes y entre niveles de gobierno y más consensualismo.

Esta bifurcación entre personalización del poder (que también se ha dado en la gran mayoría de los gobiernos autonómicos), por un lado, y la división territorial de la toma de decisiones y de gasto público, por otro, se ha demostrado perversa. La simultaneidad de estos fenómenos ha dado lugar a notables tensiones, hasta el punto que hoy nos encontramos ante un gobierno central macrocefálico que aspira a una mayor centralización y ante una realidad territorial diversa que tira hacia sí y que en algunos casos opta claramente por la secesión.

Y aunque ninguna de estas opciones tiene cabida en el diseño institucional actual si tenemos en cuenta que todos los sondeos recientes apuntan a que el escenario parlamentario en España va a estar más fragmentado y que no va a haber un partido mayoritario, se dibujan tres grandes escenarios.

El continuismo parece poco viable ya que se enfrenta por un lado a un riesgo evidente de colapso funcional y por otro al colapso político por los embates que suponen el secesionismo, la pérdida de apoyo a la autonomía por parte de la población y los amagos de renuncia al autogobierno por parte de algunas autonomías que prefieren perder competencias antes que asumir los retos de ejercerlas eficazmente.

La recentralización, a pesar de ser la opción que se deduce del proyecto del gobierno central y de que cuenta con el apoyo de UPyD y de una parte del PSOE, es poco plausible no sólo porque iría en contra del alabado principio de subsidiariedad sino porque la propia institucionalización del sistema autonómico ha creado los incentivos para su propia supervivencia. ¿Estará dispuesta la elite política autonómica a hacerse el harakiri y aparecer como la responsable del colapso económico español?

En cambio, una federalización completa del sistema que implicase la incorporación de las autonomías a la gobernación podría proporcionar a la vez más autonomía y más unión. Y ello debería significar resucitar el Senado del estado vegetativo en el que se encuentra actualmente, lo que podría conducir a un reequilibrio de poder entre el parlamento y el gobierno. Es decir, más autonomía y más unión al mismo tiempo. ¿La cuadratura del círculo? En cualquier caso, no requiere tanta imaginación como la mayoría de escenarios apocalípticos o rupturistas que ahora se están planteando.

Nota de Análisis de los editores de Agenda Pública

Los teóricos de la democracia coinciden en una serie de criterios básicos que debe cumplir un sistema político para ser clasificado como democracia: elecciones libres y limpias, igualdad ante la ley, derecho al voto, libertad de expresión, etc. En lo que nunca se han puesto de acuerdo, sin embargo, es en hasta qué punto es un elemento definitorio de la democracia no sólo la igualdad política (“una persona, un voto”) sino también la igualdad socioeconómica. Por el momento son mayoría aquellos que consideran que la igualdad socioeconómica no debe formar parte de la definición de democracia. Una democracia no deja de ser democracia por tener mucha pobreza o mucha desigualdad, siempre que los derechos civiles y políticos así como el proceso democrático (elecciones, participación, control del gobierno,...) sean respetados.

Parece que los ciudadanos europeos no están del todo de acuerdo con esta definición de democracia y que para ellos el componente de justicia social es definitorio de la misma. Con el fin de medir el significado que tiene para los ciudadanos la democracia (esto es, qué elementos son parte fundamental de la misma), la última Encuesta Social Europea pregunta a los encuestados lo siguiente: “Hasta qué punto es importante para la democracia que los gobiernos protejan a los ciudadanos contra la pobreza / desarrollen políticas que reduzcan la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos?” La escala de respuesta a cada pregunta va de 0 (nada importante) hasta 10 (extremadamente importante) y las preguntas llevan consigo una explicación previa en la que se advierte al encuestado de que no se trata de pensar en ninguna democracia en concreto sino tan sólo en la democracia en abstracto, como ideal. El gráfico muestra solo el porcentaje de aquellos que han respondido 10. Juzguen ustedes mismos. En un próximo gráfico veremos cómo estos mismos ciudadanos juzgan el nivel de justicia social en sus propias democracias y, por tanto, hasta qué punto hay un desfase entre el ideal y lo realmente existente.

Se extiende una percepción negativa hacia los partidos por el supuesto debilitamiento de su papel en las dos principales funciones que desempeñan en las democracias parlamentarias: motor de participación política y provisión de cargos públicos representativos y de calidad.

Esta última función está siendo muy cuestionada en España por todos aquellos que sostienen que España tiene un problema de elites de mala calidad, excesivamente politizados y poco preparados técnicamente. No obstante, como sostenía nuestro editor Juan Rodríguez, este juicio tiene mucho que ver, de entrada, con un problema de falsas expectativas. Sin que ello omita los potenciales problemas de incentivos perversos que pueden provocar, en ocasiones, una verdadera mala selección de políticos por parte de los partidos, a tenor de lo que señalaba Pablo Simón.

La resolución de esta cuestión pasa, según Tony Wright, por afrontar el otro problema: la debilidad de los partidos como mecanismos de participación política, que permita la reconexión entre ciudadanos y políticos.

Para recuperar la preeminencia como mecanismo para la expresión de la opinión política y la representación, Andrés Ortega apunta en su libro Recomponer la democracia que los partidos deben adaptarse en sus estructuras internas y en su actuación externa e interna. Ampliar las medidas de participación interna, potenciar primarias, hacer más porosa la formación de sus propuestas…

Pero, ¿hasta qué punto los problemas de conexión social son la consecuencia de disfunciones internas de los partidos? ¿Realmente la ciudadanía no participa más en los partidos porque conoce sus limitaciones internas? En definitiva, ¿más democracia interna favorecerá una reconexión entre partidos y ciudadanos?

¿Y si no fuera así, como apunta inquietantemente Richard Katz en su reciente libro colectivo? Si lo que en realidad estuviera sucediendo es que el declive de la conexión de los partidos con la sociedad, y su posible impacto sobre la selección de los políticos, se debiera a cambios sociales y culturales de fondo (nuevas formas de socialización y participación, ciudadanos con implicación más esporádica y más calculada, menos aptos para el compromiso estable que exige un partido, con medios de comunicación que permiten la relación directa entre líderes y votantes, relegando el papel de los abnegados militantes, etc.), quizá las reformas internas en los partidos hacia mayor democracia e inclusividad tendrían un efecto muy limitado.

Esto nos lleva a plantearnos algunos escenarios de futuro para los partidos a medio plazo.

Existe siempre la posibilidad de pensar que quizá el potencial de adaptación de los partidos es mucho mayor de lo que muchos individuos creen. Que todo cambie para que todo siga igual es siempre el primer escenario racional, especialmente el de aquellos que están al frente de los aparatos de partidos.

En el otro extremo, se encuentran aquellos que propugnan una democracia sin partidos, o al menos una democracia donde los partidos deberían compartir sus funciones de representación, expresión y selección de cargos con otros actores (movimientos sociales, grupos de presión) y otros métodos (elección directa, quizá incluso selección por lotería, como apunta Jorge San Miguel rememorando el método de sorteo ateniense). Quizá el olfato realista haga desconfiar a muchos de este escenario.

Si hacemos casos del entusiasmo de aquellos que propugnan reformas institucionales internas para abrir los partidos, como hacen + Democracia o Por una nueva ley de partidos, la mayor regulación externa de los partidos y las medidas de mayor democracia interna nos conducirían a un escenario de partidos participativos, mucho más atractivos para aquellos ciudadanos que hoy prefieren otros foros u otras formas de participación, más directas y reactivas. No obstante, no deberíamos olvidar el escepticismo antes mencionado de Richard Katz, así como el hecho de que España se encuentra hoy entre los países con mayor regulación de los partidos, en la línea del modelo alemán.

Queda un último escenario: los partidos sin miembros, que mantienen sus funciones de movilización y de selección de elites, auspiciadas en una democracia donde la competición electoral se bifurca de otros ámbitos de expresión. De hecho, ese parece ser el escenario que señala la continua pérdida de militantes en Europa, sin que ello detenga el funcionamiento de la democracia ni siquiera el de los propios partidos.

A favor de este último escenario, existen dos tendencias irrefrenable: muchísimos ciudadanos insatisfechos con los partidos actuales siguen creando nuevos partidos (más 1.000 nuevos partidos registrados en España en los últimos 10 años en España) como estrategia para cambiar la política, pero muchos de ellos partidos pequeños, de ámbito local o regional, que funcionan sin apenas estructuras, incluso cuando consiguen acceder a instituciones de gobierno.

Quizá lo único que haga falta para normalizar este último escenario, posiblemente el más realista, es que los partidos actuales pierdan el complejo de inferioridad que arrastran: es cierto que han cometido errores, que son imperfectos, que hay vías para mejorarlos, pero siguen siendo imprescindibles para el funcionamiento de la democracia representativa.

[Nota de Análisis de los Editores de Agenda Pública]

Muchas de las decisiones de política económica en las que España se juega el modelo de sociedad que quiere construir se aprueban en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, una institución que, como claramente indica su nombre, es de naturaleza intergubernamental. Su legitimidad democrática es, en el mejor de los casos, indirecta (puesto que los jefes de estado y de gobierno han sido democráticamente elegidos en sus respectivos países) y, en el peor, inexistente (nosotros, ciudadanos españoles, no podemos elegir a los jefes de estado y de gobierno del resto de países a pesar de que éstos deciden sobre temas que incumben directamente a España). Puesto que el Consejo no tiene que responder ante el Parlamento Europeo, de ello se deduce que no existe un control democrático directo sobre quienes toman las decisiones en Bruselas. Como bien dice Ortega, “los ciudadanos se dan cuenta de que cada vez son más las decisiones que se toman fuera del marco del Estado”.

En España estamos actualmente inmersos en un debate sin fin en torno a cuánto y cómo debemos cambiar nuestro sistema institucional y nuestra constitución. Sorprende, sin embargo, la ingenuidad con la que nos olvidamos de Europa mientras nos dedicamos a ello. Cambiar nuestras instituciones no va a cambiar el problema de pérdida de autonomía del gobierno español en tanto que miembro de la Unión Europea. Cambiar la ley de partidos y la ley electoral no va a cambiar el hecho de que esos mismos partidos, si llegan al gobierno, van a tener que sentarse a la mesa del Consejo. Es ahí donde se dilucidan las cuestiones fundamentales de política económica española y es ahí donde España, por el momento, carece de poder de influencia para defender los intereses de los ciudadanos españoles. ¿Cuál es el plan de nuestros partidos al respecto? ¿De qué va a servir a los partidos una radicalización a la izquierda o a la derecha, una refundación, o lo que sea que decidan hacer para ganarse la confianza de los ciudadanos, si luego les van a dar un baño de realidad en Bruselas? Seamos serios y no vendamos la piel del oso antes de cazarlo y pensemos en cuál debería ser nuestra estrategia en Europa.

Mientras Francia se lame las heridas y se somete a la austeridad alemana, delante de nuestros ojos ha surgido por debajo (¿o por encima?) del eje franco-alemán, sin que nadie lo pretendiera, otro eje que podría romper la UE en dos y sobre el que ya hablamos en una nota anterior. Nos referimos al eje entre acreedores y deudores, entre democracias que se imponen y “democracias impotentes”, por acuñar el término utilizado por Ignacio Sánchez-Cuenca en su reciente libro. La política alemana de salvar el euro pero castigar a los países con deuda (una política que, por otro lado, es contradictoria) fue la gran comadrona de este nuevo eje. La existencia de este eje nos pone frente a tres retos fundamentales, interrelacionados entre sí, a los que hay que dar respuesta y que, por tanto, deberían figurar como prioridades en la agenda pública española.

En primer lugar, hay que repensar la política de alianzas de España en la Unión Europea. ¿Acaso no tendría sentido establecer una alianza que sirva de contrapeso a Alemania y sus aliados? Estos países van bien preparados y coordinados a las reuniones del Consejo. España debería buscar aliados entre los países deudores con los que plantarse en el Consejo y defender un cambio en los tratados que abra la puerta a una nueva política monetaria, en vez de mirar al resto de países deudores por encima del hombro, comparándose con ellos e implorando para que la desgracia del otro no sea contagiosa, como hizo durante la crisis de deuda del 2011.

En segundo lugar, hay que reaccionar a la radicalización del espacio político en España y en Europa y al reto que supone para el sistema político el surgimiento de populismos de extrema derecha y de extrema izquierda. Estos populismos no se combaten ignorándolos o despreciándolos por anti-democráticos, anti-liberales o anti-europeos. No una manera eficaz de hacerles frente. Estos populismos, en parte, tienen su razón de ser en la impotencia de las democracias nacionales para proteger a sus ciudadanos frente a la globalización de los mercados y sus efectos en términos de crisis económicas recurrentes y de creciente desigualdad entre países y dentro de cada país. Para evitar salidas populistas a la crisis hay que afrontar la crítica populista a la impotencia de las democracias nacionales y defender en Europa, que es la única arena desde donde se puede poner remedio a esta impotencia, un cambio de modelo.

En tercer lugar, se impone promover la coordinación transnacional entre los partidos políticos que hace más de medio siglo hicieron posible el pacto social liberal que dio lugar a los estados de bienestar y que pusieron en marcha el proyecto europeo. Hoy un nuevo modelo europeo, basado no sólo en la eficiencia y la competitividad económica sino también en el crecimiento y la igualdad social, no podrá nunca imponerse sobre los países acreedores por parte de los países deudores. Necesitamos de la concurrencia de todas las fuerzas europeas y también alemanas, holandesas y finlandesas. Pero contrariamente los auto-denominados progresistas piensan aún en términos casi exclusivamente nacionales -incluso nacionalistas-, por lo que el reto de los países deudores es sacudirse de encima su miopía nacional y convencer a sus homónimos en los países acreedores de que la batalla hay que darla en el eje ideológico y no en el eje nacionalista y de que de los resultados de esta batalla depende el futuro de Europa. Se mire como se mire el futuro pasa por pensar más en Europa.

Artículo publicado en LSE Europp Blog: The Eurozone is not suffering from an economic crisis, but a crisis of national politicsLSE Europp BlogThe Eurozone is not suffering from an economic crisis, but a crisis of national politics

Según se dice, en la periferia de la eurozona (Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España) estamos presenciando el establecimiento de una democracia sin alternativas. Los gobiernos nacionales de la periferia del euro están adoptando un paquete de medidas económicas, conocido como “austeridad”, que una mayoría de los ciudadanos en cada uno de estos países ha rechazado y castigado en las urnas. A pesar de ello, sin embargo, nuevos gobiernos han sido elegidos que continúan con las políticas de austeridad. La alternancia en el poder, por tanto, no ha producido un giro de la política económica hacia políticas fiscales más expansivas.

Según el punto de vista más extendido en los países de la periferia, tanto entre el gran público como por parte de las élites (incluidos los gobiernos que buscan eludir responsabilidades), los gobiernos de los países periféricos, en tanto que miembros de la Unión Europea y de la Eurozona, no tienen otra elección más que implementar el programa de austeridad que viene impuesto sobre ellos por una combinación de instituciones europeas no directamente elegidas por el pueblo, estados miembro acreedores y mercados internacionales. La implicación última de este punto de vista es que los gobiernos nacionales carecen de autonomía y esto lleva necesariamente a una ausencia de alternativas en política económica. Por tanto, aunque el pueblo vota, el pueblo no elige realmente.

El punto de vista más extendido en los países núcleo del euro, fundamentalmente en Alemania, refleja la otra cara de la moneda (nunca mejor dicho) de la crisis del euro. Según este punto de vista, todos los estados miembro de la UE están sometidos a las mismas reglas del juego, reglas que se decidieron en común y que además han sido democráticamente legitimadas en cada país miembro bien sea por referéndum o por ratificación de los respectivos parlamentos nacionales. Todos los estados miembro, además, han sido igualmente golpeados por la crisis financiera de 2008. La diferencia entre unos estados miembro y otros es que algunos hicieron sus deberes (en términos de reformas económicas y estructurales) antes del estallido de la crisis mientras que otros usaron los primeros años del euro para gastar por encima de sus posibilidades.

Por tanto, la ausencia de alternativas económicas que ahora experimentan los países de la periferia del euro es una consecuencia auto-infligida de un comportamiento anterior irresponsable, e incluso fraudulento en el caso de Grecia. Ayudar ahora a los países periféricos a salir de una crisis económica que se han causado a sí mismos sería correr el riesgo de que no aprendan la lección y vuelvan a hacerlo en el futuro (lo que los teóricos llaman riesgo moral). En otras palabras, sería como un cheque en blanco para que en el futuro cada estado miembro haga lo que le parezca sin atender a sus posibles consecuencias negativas. Para evitar el riesgo moral, se argumenta desde el núcleo del euro, los países periféricos altamente endeudados que quieran ayuda tienen que hacer antes sus deberes. No hay alternativa a la austeridad.

La idea de que no hay alternativa a la austeridad es común a la periferia y al núcleo de la Eurozona, pero en una y otro se atribuye a causas opuestas. En los países de la periferia, la falta de alternativa es vista como una imposición extranjera, de otros países, sobre su soberanía nacional. En los países del núcleo, la falta de alternativa en la periferia se ve como algo auto-infligido. Las consecuencias políticas de uno y otro punto de vista no son triviales. Para los países periféricos del euro, la responsabilidad por la situación presente en la que se encuentran recae en los países del núcleo del euro y en las instituciones europeas en Bruselas. Para los países del núcleo, la responsabilidad está toda del lado de los países periféricos y su comportamiento irresponsable.

El problema que existe con el punto de vista de los países periféricos no es tanto lo que se afirma -puesto que es cierto que los ciudadanos de estos países no pueden cambiar con su voto la política económica- como lo que se calla. Los gobiernos nacionales de los estados miembro juegan un papel doble en la Unión Europea, como ha argumentado soberbiamente Luuk Van Middelaar en su reciente libro The Passage to Europe (2013): por un lado, juegan un papel en tanto que estados miembro separadamente; por otro lado, juegan también un papel en tanto que estados miembro conjuntamente.

En tanto que estados miembro separadamente, los gobiernos nacionales representan –y son responsables ante– sus respectivos electorados nacionales y su objetivo fundamental es la defensa de los intereses nacionales de sus respectivos países. En tanto que estados miembro conjuntamente, los gobiernos nacionales no sólo son el principal órgano decisor de la Unión Europea sino que, además, tienen la responsabilidad de llevar a la mesa conjunta (el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno) el consentimiento de sus respectivos ciudadanos y/o parlamentos a las decisiones conjuntamente adoptadas por ellos. En otras palabras, y por resumir esta idea un poco compleja, los gobiernos nacionales de los estados miembro llevan puestas dos chaquetas simultáneamente y en todo momento, la nacional de sus propios países y la de la Unión Europea (esto es, el propio país con sus socios).

A pesar de llevar continuamente estas dos chaquetas, por el mero hecho de ser países miembro de la UE, no es así como los gobiernos están contando las cosas en casa, es decir, en el propio país. Desde el estallido de la crisis, los gobiernos nacionales de los países periféricos del euro se han visto a menudo tentados a salir a la arena pública llevando solo una de las dos chaquetas, la del propio país, para así evitar asumir responsabilidades por lo que han hecho mientras llevaban puesta la otra chaqueta, la europea, la conjunta. Los gobiernos se han declarado impotentes ante sus ciudadanos, sometidos a la tiranía económica de la Troika, negándose a reconocer el papel que ellos mismos (y gobiernos anteriores, claro está) han jugado en el trascurrir de los hechos.

Sin embargo, los gobiernos nacionales de la periferia sí tienen autonomía para decidir, aunque sólo sea por el hecho de que retienen la máxima expresión de poder soberano que hay, su capacidad para abandonar el club al que pertenecen (o al menos de amenazar con hacerlo). Además, los gobiernos también pueden intentar bloquear in extremis resoluciones del Consejo Europeo en caso de que éstas representen una amenaza existencial para el propio país (Van Middelaar 2013).

Los gobiernos nacionales de la periferia no han usado estas prerrogativas por miedo a los riesgos o por debilidad y han tomado decisiones conjuntamente con sus socios de las que son ahora responsables ante ellos. Ahora les toca conseguir el consentimiento de sus ciudadanos y de sus parlamentos a decisiones en las que ellos han participado pero que prefieren presentar en casa como imposiciones. Durante la crisis del euro, los gobiernos de la periferia han querido seguir siendo parte de la mesa conjunta de negociación, el Consejo Europeo, pero no han aceptado que una silla en esa mesa implica asumir la responsabilidad por lo que en esa mesa se decida. Cuando están en casa se ponen la chaqueta nacional y ni explican a sus ciudadanos por qué es tan necesario tener un asiento en esa mesa (esto es, pertenecer a la UE y al euro), ni preguntan a sus ciudadanos si aún quieren ser parte de ese club.

El problema con el punto de vista de los países núcleo del euro también es lo que se callan. Al igual que los gobiernos nacionales de la periferia, los gobiernos del núcleo, cuando están en casa, sólo se ponen sus chaquetas nacionales, y prefieren mostrar lo menos posible a sus ciudadanos lo que hacen cuando llevan puesta la chaqueta europea. El espinoso asunto de si los países periféricos hicieron lo que hicieron antes de la crisis financiera animados por un diseño institucional del euro defectuoso, que había sido decidido conjuntamente por todos los estados miembro, incluidos los del núcleo del euro, y mientras estos mismos países miraban para otro lado, se deja siempre en un segundo plano puesto que es un asunto del que no se puede hablar con la chaqueta nacional puesta. La decisión de presentar ante los propios ciudadanos el problema del riesgo moral como un problema fundamental a partir de 2010, pero no antes, no durante los diez años anteriores de saltarse todos continuamente las reglas de Maastricht, es una decisión política, no tecnocrática. Es una decisión que responde a claros intereses nacionales de los países del núcleo, no a intereses conjuntos europeos.

Numerosas voces del activismo político, de la academia y el periodismo, e incluso de las élites económicas y políticas, culpan de la actual democracia sin alternativas a la victoria de la economía sobre la política, de los tecnócratas sobre los políticos. Si fuera realmente así, ¿cómo podríamos explicar los efectos tan dispares que la misma crisis económica ha tenido sobre las democracias nacionales de la Eurozona si no es como consecuencia de decisiones políticas, no sólo tecnocráticas? No es la economía la causante del presente estado en que se encuentran los países de la periferia sino la política o, más exactamente, el manejo que los políticos han hecho de la situación económica. Es la política la causante, pero no sólo la política europea sino, fundamentalmente, la política nacional y, diría más, la política nacionalista perseguida por los gobiernos de los estados miembro en defensa de intereses exclusivamente nacionales.

Cierto es que la crisis del euro ha dejado a los gobiernos de la periferia muy poca discreción en materia de política económica y esto supone un problema enorme de legitimidad democrática en estos países. Sin embargo, la autonomía política de los gobiernos no ha desaparecido por completo, como nos quieren hacer creer para exonerar sus responsabilidades. La Unión Europea está gobernada por sus estados miembro conjuntamente a través de negociaciones inter-gubernamentales en el Consejo Europeo. Esto es así ahora más que nunca. La Comisión es débil y el Parlamento Europeo aún está estirando sus músculos. Este énfasis inter-gubernamental deja abierta la puerta a respuestas nacionales, y nacionalistas, ante la crisis económica que seguimos padeciendo. De hecho, los estados miembro, desde el estallido de la crisis en 2008, se han comportado ignorando por completo los niveles de interdependencia económica de los países de la Eurozona y la fragilidad que se deriva de ello. Si queremos que algún día la Unión Europea sea realmente europea, responsable ante todos los países europeos y sensible a todos los ciudadanos europeos, los gobiernos nacionales de todos los estados miembro deberían empezar por escuchar a los ciudadanos de toda la UE y no sólo a los propios. Pero eso no lo harán hasta que tengan un incentivo fuerte para ello y el actual diseño institucional de la UE lo impide.

Las elecciones alemanas del pasado 22 de septiembre fueron seguidas con mucha atención en España. El nivel de cobertura de los medios fue comparable con el de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, probablemente porque, como un diario publicó en su editorial, las elecciones alemanas “trascienden las fronteras de la propia Alemania [...] Millones de personas son conscientes de cuánto les afecta lo que hoy deciden las urnas” (ABC, 22/09/13).

Este breve –y necesariamente burdo– análisis de los medios de comunicación españoles se basa en los artículos y editoriales publicados entre el 22 y el 30 de septiembre por los tres principales periódicos impresos en España: El País, de centro-izquierda; ABC, de derecha; y El Mundo, autodefinido como “liberal”. Estos tres periódicos son los que tienen el mayor número de lectores entre los diarios generalistas impresos a nivel nacional, aunque es cierto que la cifra global de los lectores ha disminuido drásticamente desde 2007.

Los titulares del 23 de septiembre pusieron de relieve el amplísimo mandato que la canciller recibió en los comicios. Las portadas personalizaron la victoria electoral de la CDU-CSU en la figura de Angela Merkel. Fue su victoria, sus resultados y su mandato. Ella lo hizo posible. En El País, Fernando Aramburu habló de una “victoria personal suya y no de su gobierno” (23/09/13) y ABC se refirió al “triunfo personal de Angela Merkel”. En El Mundo, Ana Alonso Montes hacía mención al “estilo presidencialista” de la canciller.

Los tres diarios señalaron que es el único primer ministro de la Unión Europea que ha sobrevivido a la crisis económica y estaban de acuerdo en que este hecho, junto a sus tres victorias consecutivas, la hace merecedora de estar al mismo nivel de figuras como Adenauer o Kohl. En las páginas de ABC algunos analistas utilizaron incluso afirmaciones del tipo “los alemanes aman a Merkel” y “Merkel es Alemania” (José-Pablo Jofré, 22/09/2013). Otros títulos en las páginas interiores continuaron con este tema: “Angela I de Alemania hace historia” (Ana Alonso Montes, El Mundo, 23/09/2013); “Caen 20, sobrevive Merkel” (Claudi Pérez, El País, 22/09/2013). Hasta qué punto el editorial de El Mundo, “Merkel, Merkel über alles”, estaba usando el viejo verso del himno nacional alemán provocativamente o no es algo que tal vez nunca podamos determinar. La única explicación que se da en el texto es que “parafraseando una antigua estrofa del himno tradicional alemán que proclama que Alemania está por encima de todo, su gran Victoria electoral sitúa a Angela Merkel ciertamente über alles tras arrollar a todos sus oponentes” (editorial, 23.09.2013).

Los periodistas españoles no pasaron por alto el hecho de que en Alemania a menudo se refieren a Merkel con el término Mutti. Mientras que ABC daba a este mote una interpretación benigna, El Mundo y El País se mostraban más escépticos y críticos. ABC dijo que “Mutti es un término que desprende simpatía, confianza y cercanía” (José-Pablo Jofré, 22.09.2013). En cambio, según John Müller, desde las páginas de El Mundo, “[p]or eso los alemanes la llaman Mutti, porque Ángela mantiene la casa en orden, las cuentas equilibradas y todos los hijos tocan a algo en la mesa, aunque sea poco” (23.09.2013). Un poco en la misma línea, para Juan Gómez, desde las páginas de El País, Mutti tiene que ver con “la llaneza del ama de casa que propugna como modelo de austeridad nacional” (22.09.2013). Según Francisco Basterra, también desde El País, “Merkel solo tiene una idea contable de Europa” (27.09.2013).

Los tres periódicos atribuyen la victoria de la candidata del CDU-CSU, Angela Merkel, al hecho de que Alemania ha sufrido lo que El País llama “una crisis muy benigna”, sin “rastro de recortes” (Claudi Pérez, 22/09/2013). Los indicadores macroeconómicos de Alemania son la envidia de los países periféricos de la zona euro: el segundo nivel más bajo de desempleo en la UE y la vuelta a la senda del crecimiento económico.

Sin embargo, hay una clara diferencia entre la interpretación de ABC y la de El País. Según el editorial del primero, la aplastante victoria de Merkel se explica por la buena situación de la economía alemana, pero sin que ello esté relacionado con las políticas europeas promovidas por Alemania respecto a la periferia: “En definitiva, los alemanes han votado a Merkel porque consideran que su situación es satisfactoria, no necesariamente porque estén de acuerdo con la gestión de la crisis en la UE y sus efectos en los países del sur” (editorial, 23.09.2013). Por el contrario, según el editorial de El País, una “Alemania profundamente conservadora” después de “las elecciones más aburridas en décadas” ha dado a Merkel un “apoyo mayoritario para mantener sus tesis férreas sobre el euro y las políticas de austeridad” (23.09.2013). Por tanto, “el reto de Merkel, encomendado en silencio por su electorado, es que complete la gobernanza del euro y culmine la Europa política. Y que lo haga cumpliendo la promesa de que mientras viva, solange Ich lebe, no habrá eurobonos ni mutualización de la deuda. La solidaridad deberá pagársela cada uno” (Lluís Bassets, El País, 22.09.2013).

Los resultados, coinciden en afirmar los tres diarios, representan un antes y un después del 22 de septiembre de 2013, algo cercano a un terremoto para el sistema de partidos alemán. Según estos análisis, el parlamento alemán se ha dividido en dos mitades, la CDU, que ocupa todo el espectro de la derecha y el centro-derecha; y el SPD, Verdes y Die Linke, que comparten la izquierda y el centro-izquierda. Los liberales del FDP desaparecen del Bundestag y quién sabe si del paisaje político alemán por completo.

Los periodistas de los tres periódicos ven en estos resultados la fragmentación de la izquierda alemana en tres partes que eventualmente tendrán que llegar a un acuerdo, dado que una hipotética coalición entre las tres podría ser la única manera de acceder al poder. “¿Hasta cuándo SPD y Verdes renunciarán al poder por rechazo a la radicalidad comunista?” (Herman Tertsch, ABC, 25.09.2013).

El espectacular crecimiento de AFD, pese a no lograr representación parlamentaria, se reconoce como un reto al que Merkel y su partido tendrán que hacer frente en un futuro próximo. Después de todo, como señaló El País, la AFD es la “única formación que logró pescar votos en los viveros de la CDU” (Juan Gómez, 25.09.2013) y, por tanto, “[s]e trata de hacer valer la vieja maxima democristiana de no dejar espacio a ningún partido a la derecha de CDU y CSU” (Juan Gómez, 28.09.2013).

La gran coalición entre la CDU-CSU y el SDP se considera unánimemente como la consecuencia más probable de las elecciones, a pesar de los supuestos riesgos que conlleva para los socialdemócratas. Sin embargo, de nuevo existen diferencias en las interpretaciones, seguramente motivadas por las diferentes tendencias ideológicas de cada medio. Mientras que en El País leemos a Francisco Basterra diciendo que “en todas las capitales europeas se ha escuchado un suspiro de alivio” (27.09.2013) al no haber conseguido la CDU una mayoría absoluta, lo cual fuerza una coalición con el SPD, ABC publicó que “la mejor opción hubiera sido una mayoría absoluta de Merkel” (editorial 23.09.2013).

En su editorial, ABC justificó esta preferencia alegando que fueron los socios de coalición de Merkel, el FDP y sus ministros, quienes empujaron a la canciller a sus excesos proausteridad hacia la periferia europea. En particular habló del ministro Rösler, “cuya actitud ha acabado siendo castigada por los votantes”. El Mundo también insinuó la idea de que la actitud de Merkel hacia la periferia de la zona euro fue condicionada por sus socios de coalición: “es posible que su victoria le otorgue un cierto margen para, secundada por el SPD, flexibilizar su política económica y ayudar a los países con problemas como España e Italia a salir de la crisis” (editorial, 23.09.2013). Se trata de una interpretación que intenta exculpar la figura de Merkel por las políticas de austeridad defendidas en Europa.

Aunque pueda resultar sorprendente para el lector alemán, los editoriales de ABC y El Mundo transpiran admiración por Merkel y sus políticas en Alemania. El problema es que en España Alemania se identifica con la austeridad y con las imposiciones de la Troika, y, por tanto, es difícil defender la postura de rigidez de este país cuando está causando tanto dolor entre los españoles. Esta podría ser la razón por la que el ABC y El Mundo sugirieron en sus respectivos editoriales que Merkel y su partido en solitario en el gobierno habrían sido más suaves de lo que fueron en compañía de su socio de coalición, el FDP. El editorial de ABC incluso esperaba que una gran coalición estable y fuerte entre CDU-CSU y SPD, con un gran mandato y legitimidad, fuera más capaz que su predecesor de tomar las decisiones necesarias, tales como la unión bancaria o la unión fiscal.

Los artículos de análisis dentro de las páginas de ABC y El Mundo ofrecen lecturas alternativas a las presentadas en los editoriales. En uno de estos artículos de ABC se afirmó que “el SPD está mucho más cerca de Lutero que de Keynes” (Alberto Sotillo, 09/23/2012) y que, por lo tanto, los españoles no deberían esperar ningún cambio con el SPD en el gobierno. Otro artículo de ABC habló de que la presión sobre la CDU-CSU proviene de Alternative für Deutschland (AfD), una presión que se espera que crezca en los meses anteriores a las elecciones europeas de 2014 y que, según este análisis, no permitirá a la CDU-CSU reducir la presión sobre la periferia de la eurozona (Herman Tertsch, 24/09/2013). Las páginas de El País hicieron referencia al hecho de que el SPD apoyó las políticas de Merkel respecto al euro mientras estaba en la oposición y que, por esta razón, no hay muchas esperanzas de que su posición cambie aun entrando a formar parte de una gran coalición (editorial, 23/09/2013).

Por último, ABC reprocha a Merkel el creciente nacionalismo alemán en su gestión de la crisis del euro: “donde más ha errado ha sido permitiendo que el debate sobre la crisis generase en Alemania una corriente de nacionalismo antieuropeo [...]. Eso ha sido un error, como lo fue aplazar el primer rescate de Grecia en 2010 a cuenta de unas elecciones regionales de gran importancia para Merkel” (editorial, 23/09/2013). La culpa de este creciente nacionalismo se encuentra de nuevo, según ABC, en la actitud del socio de coalición de Merkel, el FDP, que ha perdido muchos votos hacia el AfD, una formación abiertamente antieuropea.

Aunque ABC es el único periódico en la muestra de este análisis que hace referencia explícita al nacionalismo alemán, desde las páginas de El País también se reprocha a Angela Merkel su defensa de la soberanía y los intereses nacionales alemanes en el ámbito europeo sin tener en cuenta las instituciones de la UE y los intereses de otros estados miembro. Según este diario, tanto si Merkel lo ha hecho como un movimiento táctico para evitar la entrada del AfD en el parlamento, o si realmente es lo que piensa, es algo que aún está por ver (Bastenier, 09/24/2013).

En resumen, hubo algunas coincidencias en las interpretaciones de los resultados efectuados por los tres diarios pero, en general, hubo una división izquierda-derecha en la forma en que Alemania, bajo el liderazgo de Merkel, ha sido analizada por los medios de comunicación españoles. El centro-izquierda, representado por El País, fue más crítico con las políticas de austeridad defendidas por Alemania a nivel europeo, y mostró su satisfacción por el hecho de que Merkel no obtuviera la mayoría absoluta en el Parlamento. Desde la derecha, ABC hubiera preferido que Merkel estuviera sola al volante del proyecto europeo y justificó la rigidez de sus políticas europeas trasladando la responsabilidad de éstas al FDP, cuyo castigo electoral se celebra como una consecuencia merecida por su actitud nacionalista e insolidaria hacia el Sur de Europa. Por último, las páginas de El Mundo mostraron tanto crítica como admiración, lo que dificulta saber cuál es el posicionamiento real de este diario.

Los datos muestran claramente la aparición de una brecha en la opinión pública europea entre el Norte y el Sur desde el estallido de la crisis

La diferencia en los niveles de confianza política entre el Sur y el Norte de la UE ha crecido desde el 9% al 32% en el caso de los gobiernos, y desde el 6% al 25% en relación a los partidos políticos

La insatisfacción con la democracia ha pasado de 21% a 46%, a este diferencial es a lo que llamo “fractura democrática”

Hace algunas semanas Lluís Orriols escribió un interesante artículo sobre el incipiente “divorcio ideológico” en Europa entre los llamados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) y el resto de países de la UE. Mientras que los primeros se escoran progresivamente hacia la izquierda, el resto de Europa está moviéndose gradualmente hacia la derecha.

Este alejamiento no es solo ideológico; se extiende a las cuotas de confianza y de satisfacción con las instituciones representativas de las democracias europeas. Para observar dicha evolución podemos tomar los resultados del Eurobarómetro entre 2002 y 2012. He clasificado los países de la UE en tres categorías no exhaustivas: Europa del Sur (Chipre, Grecia, Italia, Portugal y España), el grupo proausteridad de Europa del Norte (Alemania y sus aliados, Finlandia, Países Bajos y Austria) y los países del Norte de Europa pero fuera del Euro (Dinamarca, Suecia y Reino Unido). Los gráficos 1, 2 y 3 muestran la evolución del nivel de confianza en el gobierno y los partidos políticos, así como el nivel de satisfacción con la democracia en cada uno de estos grupos de países durante los últimos diez años, cinco antes de la crisis y cuatro después.

Los picos positivos y negativos de los gráficos indican que las cuotas de confianza en el gobierno y los partidos políticos pueden verse muy influenciados por el contexto. La proximidad de unas elecciones, los escándalos políticos o las crisis económicas e internacionales son factores que tienen un efecto directo –positivo o negativo– en los niveles de confianza. A pesar de esta trayectoria llena de altibajos, el gráfico muestra claramente la aparición de una brecha en la opinión pública europea entre el Norte y el Sur desde el estallido de la crisis. Empecemos por el Norte.

En los países del Norte de Europa, desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 la confianza política se ha mantenido por encima de los niveles de 2002 (con valores similares para los países dentro y fuera del Euro). Tanto la confianza en el gobierno como la confianza en los partidos políticos alcanzaron sus máximos entre septiembre 2008 y febrero 2009, cuando los gobiernos europeos y los partidos gubernamentales estaban unidos en la implementación de reformas anticíclicas. Período durante el cual los políticos europeos planteaban la necesidad de reinventar el capitalismo e incrementar los niveles de regulación de los mercados financieros, al mismo tiempo que acusaban de lo que había ocurrido a los EEUU y su actitud de “libre-mercado-por-encima-de-todo”. Después de alcanzar este pico de confianza los niveles bajaron en 2010 y 2011, los años de los rescates europeos en el sur, pero luego las cuotas volvieron a crecer en 2012, en particular en relación a la confianza en los partidos políticos, la cual saltó de 25% en noviembre de 2011 a casi 35% en junio 2012 – período en que las políticas de austeridad estaban bien enraizadas en las instituciones de la UE y las cancillerías del Norte de Europa. La satisfacción con la democracia en los países del Norte de Europa ha evolucionado de un modo similar. La evolución es menos cambiante que en el caso de la confianza política, ya que es menos dependiente de factores contextuales, pero la tendencia hacia arriba es clara – aunque modesta, como se muestra en el Gráfico 3.

En comparación, en el Sur de Europa la confianza en los gobiernos y los partidos ha disminuido consistentemente desde febrero 2009, con una caída de 27 puntos para los gobiernos y 15 para los partidos en sólo cuatro años. En junio de 2012 sólo uno de cada diez encuestados en los países del Sur confiaba en su gobierno y sus partidos políticos. Si nos fijamos en los últimos diez años, la diferencia en los niveles de confianza política entre el Sur y el Norte de la UE ha crecido desde el 9% al 32% en el caso de los gobiernos, y desde el 6% al 25% en relación a los partidos políticos. La satisfacción con la democracia también ha caído de forma dramática. El diferencial en los últimos diez años ha pasado de 21% (una brecha ya de por sí notable) a 46%. A este diferencial es a lo que llamo “fractura democrática”.

Hasta aquí, he presentado los hechos (o mejor dicho las estadísticas). Según estas estadísticas, la opinión pública europea está cada vez más dividida en función de líneas territoriales. Las democracias en el Norte se han recuperado, llegando incluso a sobrepasar los niveles de confianza política y satisfacción con el sistema político de hace diez años; las democracias en el Sur sufren una caída en picado de los niveles de confianza y satisfacción política.

¿Cómo podemos interpretar estas cifras? Esta es la parte que requiere necesariamente cierta especulación (aunque contrastada), ya que no he realizado propiamente dicho un análisis causal de esta fisura democrática. Las sociedades del Norte de Europa están cada vez más complacidas con sus gobiernos y sus partidos, así como más satisfechas con sus democracias en términos relativos. Es complicado concebir cómo las sociedades del Norte de Europa pueden estar complacidas teniendo en cuenta la dramática situación que atraviesa la UE: devastada por la estagnación económica, los niveles crecientes de desigualdad, el debilitado estado del bienestar, las devaluaciones internas, los desarmados sindicatos, las frágiles perspectivas económicas, etc.

En mi opinión, la razón por la cual las sociedades del Norte de Europa confían en sus representantes es, sencillamente, porque se sienten representados y sienten que sus intereses han sido tomados en cuenta. ¿Cómo explicar dicha percepción? Porque los gobiernos del norte de la eurozona están desarrollando una política económica basada en la austeridad que tiene sus efectos más visibles en el sur, y no en sus países respectivos. Las sociedades del Norte de Europa se oponen a continuar con los rescates para los países del sur porque consideran (erróneamente) que esos rescates constituyen la forma de hacer pagar a los países del sur sus deudas con los impuestos de los del norte. Los gobiernos a favor de la austeridad conquistan a sus votantes con discursos sobre la necesidad de imponer austeridad y disciplina fiscal a los gobiernos derrochadores del sur, circunscribiendo sus acciones para salvar el dinero de los contribuyentes del norte; pero al mismo tiempo, esos mismos gobiernos amasan los beneficios intencionales (prestando al tipo de interés del mercado) o involuntarios (pagando muy poco por su propia deuda) a raíz del estado de las finanzas públicas en los países del sur afectados por la crisis de la deuda.

Esta situación es un ejemplo clásico de solapamiento territorial y clivaje económico. Los países acreedores se encuentran en el Norte, los deudores en el Sur, y los intereses de ambos están totalmente enfrentados entre ellos. Un proceso de colonialismo interno parece estar emergiendo dentro de la UE. Este proceso se ve agravado por el “divorcio ideológico” entre el Norte y el Sur mencionado al principio. Históricamente, estos solapamientos entre territorio, economía e ideología han conducido muy raramente a la resolución de los conflictos económicos y políticos de forma moderada. Al contrario, tensan la posición de cada uno en direcciones polarizadas. Parece que nos encaminamos hacia la tormenta perfecta.

“Confiamos en la desconfianza” es el título de un libro reciente del intelectual búlgaro Ivan Krastev en el que argumenta que las democracias actuales no podrán sobrevivir si los ciudadanos no recuperan la confianza en sus representantes. Precisamente la lección más importante que nos llega de Italia tras las últimas elecciones es que cuando el nivel de desconfianza de la ciudadanía en sus gobernantes alcanza cotas tan elevadas, no hay diseño institucional capaz de, por un lado, proteger a dichos gobernantes de su hundimiento político y, por otro, producir eso tan preciado por los mercados y por nuestros políticos: la gobernabilidad a cualquier precio.

Ocho millones de italianos no confían ya en sus líderes tradicionales. El Movimiento 5 Estrellas (M5S) liderado por Beppe Grillo ha sido la fuerza política más votada en Italia. Este resultado ha puesto fin a tres décadas de bipartidismo de bloques, a duras penas conseguido mediante dos leyes electorales, la de 1993 y la de 2005, la última de las cuales fue denominada por su propio creador como la “cerdada”, claramente diseñada para intentar evitar la llegada de la izquierda al poder. Decía hace unos días Roger Senserrich en su post de Politikon que “ninguna ley electoral sobrevive al contacto con los votantes italianos”. Yo iría más lejos y diría que la lección italiana para España es que ninguna ley electoral sobrevive al contacto con votantes profundamente cabreados por todo lo malo que ya conocen sin saber -no siendo ellos expertos en diseño institucional comparado- lo bueno que les queda por conocer. Italia nos envía, por tanto, dos avisos para navegantes.

El primero es un aviso para los que navegan las aguas de la política tradicional. Tal vez PSOE y PP estén pensando que la ley electoral española les protegerá de un tsunami electoral a la italiana, como nos advertía Soledad Gallego en su columna en El País. Ambos partidos pueden engañarse a sí mismos convenciéndose de que los tres años que quedan de legislatura juegan a su favor. El PSOE podría pensar que tres años juegan a favor de que la crisis económica empeore y/o que el PP siga cometiendo errores. El PP se engañaría en el sentido opuesto, confiando en salir airoso de la situación a nada que la economía, al final de los tres años de su mandato, empiece a mejorar un poco. Para resistir esta tentación de auto-engañarse, nada mejor que observar el caso italiano y reflexionar sobre qué sucedería si movimientos de protesta como el de los Indignados consiguieran cuajar una organización y un liderazgo suficientes para competir por el voto cabreado de los españoles en las próximas elecciones generales.

El segundo es un aviso para los que navegan las aguas de la política fuera de las instituciones. Lo mismo que tres años podrían jugar a favor de quienes están en el poder (PP) o en la oposición (PSOE) y persiguen estrategias de exoneración in extremis, también podrían jugar a favor de un movimiento de protesta que por el momento se debate en el dilema de elegir entre organizarse como partido político o continuar su activismo fuera de las instituciones pero que, en el trascurso de tres años, podría encontrar la salida al dilema mediante el salto a un formato organizativo de inspiración grillina (estemos atentos a lo que pasa con el Partido X). Beppe Grillo también se enfrentaba a un dilema cuando puso en marcha el M5S. Quería una organización para competir en las elecciones locales porque sabía que quitar votos a los partidos italianos era la única manera de darles una estocada mortal, pero no quería fundar un partido político porque desconfía profundamente de las instituciones representativas. Encontró la solución al dilema mediante un populismo que combina a la perfección retórica y estrategia electoral.

Por un lado, la retórica populista es la encargada de definir su movimiento como “anti-político”, para mantenerse claramente diferenciado de la política tradicional; el estatuto de la organización M5S se denomina el “no-estatuto”, para diferenciarlo de los estatutos de los partidos tradicionales; los candidatos que han resultado elegidos no son “representantes” ni “parlamentarios” sino “ciudadanos elegidos”. Por otro lado, la estrategia electoral populista es la encargada de mantener un cordón sanitario en torno a los políticos de la casta, con sus dos exponentes fundamentales a la cabeza, a los que Grillo se refiere como el pdmenoelle (versión italiana del ppsoe). Una parte fundamental de esta estrategia ha sido crear un movimiento cuyos candidatos no tienen ninguna experiencia previa en política; son, como le gusta decir a Grillo, ciudadanos normales. Otra parte fundamental de esta estrategia, aquella con más impacto pos-electoral, ha sido la de hacer firmar a todos aquellos que desearan presentarse como candidatos electorales del M5S un código de conducta por el que se comprometían, en caso de salir elegidos, a no apoyar ninguna alianza pos-electoral con ningún partido político italiano. A nadie debería extrañar, por tanto, que los representantes elegidos del M5S se nieguen ahora a dar su voto de confianza (investidura) a un posible gobierno encabezado por Bersani. Estaba en su código genético que no iban a hacerlo. Lo habían decidido como condición previa a la participación electoral. Los candidatos del M5S firmaron un mandato vinculante con el que Grillo quiso señalizar la diferencia cualitativa del M5S respecto a la farsa de la representación política que, según él, es la política italiana. Probablemente fue ese mandato vinculante el que les hizo ganarse la confianza de tantos electores italianos. Tal vez en España el movimiento de protesta de los indignados, “alérgico” a la política tradicional y tan crítico con los gobernantes que “no nos representan”, extraiga lecciones del caso italiano.

Si es verdad que no hay dos (Grecia, Italia) sin tres (España), el bipartidismo tiene los días contados en nuestro país. El multipartidismo podría llegar a España por medio de un cambio de la ley electoral pero, también, del lado de un tsunami electoral como el italiano y sin necesidad de cambio alguno; esto es, mediante un hundimiento del voto al PP y al PSOE. Últimamente se oyen voces defendiendo las bondades del bipartidismo y se alerta sobre la llegada de una serie de consecuencias indeseables si caemos en la tentación del multipartidismo a la belga o, lo que sería aún peor según estas mismas voces, a la italiana (el multipartidismo extremo de la primera república). Una no puede sino sospechar de tales advertencias suenan a defensa del status quo. Los que profesionalmente nos encargamos de estudiar los distintos diseños institucionales de las democracias actuales sabemos que cada diseño institucional tiene pros y contras y que depende de las prioridades de cada caso que se opte por un diseño u otro. En su último libro Las promesas políticas, José María Maravall alaba las bondades teóricas del bipartidismo para después reconocer, en su análisis empírico, que los partidos socialdemócratas que compitieron con reglas proporcionales (que favorecen el multipartidismo) ofrecieron programas electorales con mayor carga igualitaria que aquellos que compitieron con reglas mayoritarias (que favorecen el bipartidismo). Según esto, los españoles preocupados por la carga igualitaria de los programas electorales harían bien en exigir unas reglas electorales más proporcionales.

No estoy defendiendo con esto un cambio de la ley electoral que nos saque del bipartidismo. Lo que quiero decir es que nos estamos dejando distraer por consideraciones sobre diseño institucional cuando el problema más grave es de confianza y, ante los niveles de desconfianza que se están registrando en democracias como la griega, la italiana, o la española, no hay diseño institucional que pueda garantizar la estabilidad ni la gobernabilidad. De nuevo aquí nos sirve el caso italiano por su moraleja. Italia ha probado el multipartidismo de un sistema electoral extremadamente proporcional y ha probado también el bipartidismo de bloques de un sistema mixto con un fuerte componente mayoritario y el resultado ha sido menos, no más, gobernabilidad. El nuevo diseño institucional establecido en 1993 no cambió el comportamiento de la casta política italiana. La desconfianza, así, se hizo aún mayor, pues se demostró que ni los cambios electorales ni la recomposición del sistema de partidos sirvieron de nada. La desconfianza de los italianos, por tanto, se ha extendido a la democracia representativa en cuanto tal.

Pierden energías los indignados reclamando un cambio de la ley electoral como si fuera la cura milagrosa a nuestros problemas. Más importante que un particular diseño institucional es ganarse la confianza de los ciudadanos con alternativas creíbles, en las que se pueda confiar, como Beppe Grillo lo ha sido en Italia. Como dice Andrea Greppi en su libro La democracia y su contrario: “Si queremos democracia, necesitamos que la ficción representativa no acabe pareciéndonos increíble”. Si movimientos como el de Grillo consiguen recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia, incluso en la democracia representativa (pues el M5S, por mucho que se resista, es ahora parte de la institución representativa por excelencia), bienvenidos sean. Tal vez con ello consigamos que el miedo “cambie de bando”, como escribió en las páginas de Diario Kafka Isaac Rosa, y que la falta de alternativas deje de ser ejemplo de responsabilidad y virtud políticas en tiempos en los que los ciudadanos de a pie sólo ven ante sí sangre, sudor y lágrimas.