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Argelia Queralt

Directora Editorial de Agenda Pública.

Doctora en Derecho y profesora lectora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Acreditada como profesora titular de Universidad por la ANECA (2011) y como profesora agregada por la AQU (2011). Participa activamente en diferentes proyectos de investigación y es miembro de Grup d'Estudis Constitucionals i Europeus (GCR 181/2009). Sus principales líneas de investigación son la tutela jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y los procesos de integración política. Es autora de distintas publicaciones y dos monografías: El Tribunal de Estrasburgo: una jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos (2003) y La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional (2008) (premio Nicolás Pérez Serrano 2006). También se ha dedicado al análisis feminsita del Derecho y a la memoria democrática. Es miembro de la junta del Institut de Drets Humans de Catalunya.

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Así no: ni unos ni otros

Los diputados y diputadas que representan la mayoría de escaños en el Parlamento de Catalunya, Junts pel Sí y las CUPS, han presentado en la Mesa del Parlament una Resolución que supone un choque frontal con las normas mínimas y esenciales de eso a lo que llamamos Estado de Derecho y por lo que llevamos construyendo en Europa desde hace más de dos siglos. Mucho se habla de la legitimidad estos días en contraposición a la legalidad, como si fueran realidades desligadas o desligables. Olvidan quienes hacen este planteamiento que la legitimidad de las mayorías, y de las minorías (la democracia debe protegerlas), de nada sirven si no es bajo un sistema jurídico determinado. Sino, cada mayoría, por coyuntural o eventual que fuera, podría imponerse siempre y en todo caso a las anteriores, independientemente de cual fuera su contenido o propósito. En nuestro caso, el sistema de referencia, las reglas del juego, viene dado por la Constitución de 1978 y el ordenamiento jurídico que la desarrolla, el ordenamiento de la Unión Europa y los compromisos internacionales por los que hemos decidido obligarnos. Prescindir de todo esto supone abrir una puerta a la incertidumbre jurídica, fuera de todo marco de referencia, en el que no hay reglas de juego prefijadas, lo que dota de inseguridad a toda conducta de las instituciones pero también a la ciudadanía. En definitiva, permite iniciar un camino fuera de la legalidad que sirve también a nuestros derechos, a su tutela, y a nuestra convivencia. Es cierto que urge cambiar, y no sólo cosméticamente, el pacto de convivencia que contiene la Constitución de 1978 y adaptarlo así a las nuevas exigencias de nuestra realidad política y social, también a la catalana. Pero no podemos permitir que eso se haga de cualquier forma porque supondrá el fracaso de todo el proceso, también el de aquellos que quieren la independencia, porque su legitimidad no será reconocida por nadie más que por ellos al hacer que salten por los aires todos las cautelas propias del Estado de derecho democrático que reconocemos como propio y que hemos coincidido en elesobre el todos deseamos construir nuestro pacto social.

En el otro lado, genera interrogantes la estrategia exclusivamente “jurídica” del gobierno estatal para hacer frente a un conflicto político de primera magnitud. Las dudas aparecen en relación con la eficacia que puedan tener las medidas que estas semanas se están proponiendo para acabar ya sea con la actitud beligerante aunque pacífica de las instituciones catalanas ya sea para acabar con la persona a la que hacen responsable de todos sus/nuestros males: el Sr. Artur Mas. En este último caso pareciera que, y perdónenme la expresión, “muerto el perro, muerta la rabia”.

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Estado federal y Estado de las autonomías

Cuando hablamos de Estado Federal hacemos referencia a un determinado modelo de organización territorial en el que se produce una división vertical del poder político (además de la división horizontal clásica de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial). Así, el Estado Federal es un modelo de organización territorial en el que existe un doble nivel de gobierno: esto significa que tanto el estado central o federación y los entes subestatales o estados federados se distribuyen el poder político (por tanto, no sólo administrativo), delimitando sus responsabilidades a través de las competencias y a través de mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos.

Hoy en día dentro de la etiqueta “Estado federal” se auto-incluyen estados cuyo nivel de distribución competencial es muy variado: desde estados como EEUU o Alemania, altamente descentralizados y con sistemas de relación entre Estado y estados federados muy sólidos o, Brasil, con unos niveles muchos menores de autonomía por parte de los estados federados. O incluso Suiza que se autodenomina confederal y responde a la estructura federal

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La suspensión del Tribunal Constitucional

El pasado sábado fue publicada la  Ley de consultas populares no refrendarias aprobada por el Parlament de Catalunya (106 diputados de 135 votaron a favor) y acto seguido el President Mas convocó la consulta derivada de dicha ley mediante un Decreto. A partir de aquí, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha los mecanismos necesarios para impugnar tanto la Ley de consultas como el Decreto de convocatoria. Para ello, lo primero que hizo fue solicitar al Consejo de Estado un dictamen preceptivo, esto es, el gobierno está obligado a pedirlo, pero no es vinculante, el Gobierno no queda obligado por los argumentos de dicho órgano. El Consejo, reunido en sesión extraordinaria en domingo por primera vez en su historia democrática, dictó sendos dictámenes: uno respecto de la  constitucionalidad de la ley y otro respecto de la constitucionalidad de la consulta. Básicamente, y resumiendo, el Consejo, por unanimidad, dictamina que la Ley es inconstitucional porque entre otras no regula una consulta no referendaria sino un referéndum, instrumento que sólo está en manos del Gobierno central y que, además, atribuye al President la capacidad de convocar una consulta respecto de la que, consecuentemente, no tiene competencia. Parecidos argumentos se aplican a la constitucionalidad de la consulta. Dicho lo cual debe advertirse que el Consejo de Estado es un órgano asesor del Gobierno del Estado pero no es un tribunal, ni ordinario ni constitucional. Esto es, la única institución que tiene la potestad para en su caso anular la consulta es el Tribunal Constitucional.

Ayer por la mañana, tras cumplir todas las formalidades, el Gobierno adoptó la decisión de presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional: un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas popular no refrendarias y una impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el  artículo 161.2 de la Constitución contra el Decreto de convocatoria. El recurso de inconstitucionalidad, si así lo decide el Gobierno, también puede ir acompañado de la invocación del art. 161. 2 CE lo que implica la suspensión automática de ley por el mismo acto en el que se admite el recurso. Esta potestad de provocar la suspensión de la norma sólo la tiene el Gobierno frente a las leyes autonómicas y no, en cambio, los Gobiernos autonómicos frente a las leyes estatales. De hecho, el año 2013, de los 21 recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno por motivos competenciales en 15 se invocó la suspensión de la ley autonómica. Y, como decía, cabía la posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad sin requerir la suspensión. En cuanto a la impugnación del Decreto de convocatoria, como se acaba de explicar, también el Gobierno ha decidido utilizar la vía de recurso que conlleva la suspensión. Hay que ser conscientes de que podría haber optado por no hacerlo y dirigir la impugnación a través de un conflicto positivo de competencias que no produce la suspensión automática del acto autonómico.

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Catalunya: Derecho, política y ciudadanía

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10 certezas sobre la violencia de género en España

1. La violencia de género o violencia machista contra las mujeres es una manifestación de la desigualdad existente entre aquellos y estas. Así ha sido reconocido por todos los foros internacionales de tutela de los derechos humanos (entre los más recientes el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica).

2. La violencia de género en el ámbito estatal se identifica con la violencia sobre una mujer  causada por su pareja o expareja. Por tanto, se trata de una aproximación restrictiva a esta realidad. El contenido de este tipo de violencia en el ámbito internacional o, por ejemplo, catalán es más amplio, alcanzando cualquier violencia machista sobre las mujeres. 

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El ahora y el después en la regulación del aborto

Las informaciones sobre el paradero del anteproyecto, ahora quizá ya proyecto, de ley de protección de la vida del concebido y de derechos de la embarazada son confusas. El texto que finalmente sea aprobado por el Consejo de Ministros parece que presentará cambios respecto del Anteproyecto presentado por Gallardón en diciembre de 2013. Sin embargo, y ante las dudas, desde Agenda Pública queremos contribuir a un mejor entendimiento de cuales son hoy los derechos de las mujeres en relación con el embarazo y una posible decisión de interrumpirlo y cuales serán, en cambio, si se aprobara el anteproyecto del Ministro tal cual lo conocemos.

Para ello hemos elaborado una tabla comparativa con los elementos definitorios de los dos sistemas: el vigente y el proyectado por el Ministro Gallardón. Respecto de los elementos penales, recomendamos consultar la tabla realizada por nuestro colaborador Joan Queralt.

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Las legislaciones restrictivas no evitan los abortos

Uno de los argumentos esgrimidos para restringir la actual legislación en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo es la de reducir el número de abortos en España. Sin embargo, de los datos que se ofrecen a continuación se desprende que, en contra de lo defendido por el Ministro de Justicia e impulsor de este texto, las legislaciones que impiden el acceso de las mujeres a abortar o bien reducen mucho las posibilidades de hacerlo o no cuentan con unos índices de abortos menores. Baste ahora con traer a la luz la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2008 sobre el acceso al aborto legal y seguro y los informes ( Doc. 11537 rev. y  Doc. 11576) que lo acompañaron. Esta Resolución, aprobada por la Asamblea Parlamentaria, se fundamentaba en los siguientes hechos:

1) El aborto es legal en la gran mayoría de los 48 Estados del Consejo de Europa, aunque es muy variada su regulación. Las dos grandes opciones son el sistema de supuestos o bien el sistema de plazos, aunque también existen ordenamientos que optan por una combinación entre ambos (sería el caso de la ley española actual). Así, en la mayoría de Estados se permite el aborto libre hasta la semana número 12 de gestación, que puede ampliarse en algunos supuestos, incluyendo, por ejemplo, dificultades sociales, médicas o económicas. Las más restrictivas sólo permiten el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre (por ejemplo, Polonia y Reino Unido). El único Estado en el que sigue prohibido el aborto en cualquier plazo y supuesto es Malta, o al menos esto es lo que dice la letra de la ley.

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Después del rey, la reforma

Felipe VI ha sido proclamado rey de España. No llega el nuevo monarca en un momento fácil para la política y la sociedad españolas. Como explicamos el nuevo Jefe del Estado si quiere consolidar su propia legitimidad deberá ganarse a la izquierda y a los jóvenes. Y, además, como instrumento para conseguir lo anterior, deberá impulsar, en la medida en que sus funciones constitucionales se lo permiten, la necesaria reforma constitucional. Sin entrar ahora en un análisis profundo de qué es lo que debe modificarse y en qué sentido, resulta hoy ya obvio que necesitamos de una actualización del pacto constituyente de 1978, fundamentado en un nueva concurrencia de legitimidades, y de una actualización de algunos de los aspectos esenciales de nuestro modelo de estado, entendido éste en sentido amplio.

Ahora, pues, debemos plantearnos cuándo y cómo se va a llevar a cabo esta reforma. Y para ello hay que tener en cuenta que los próximos hitos electorales (sin contar ahora lo que pueda suceder el día 9 de noviembre en Cataluña) son la primavera de 2015, en la que se celebrarán elecciones municipales y autonómicas (excepto las CCAA de régimen especial), y el otoño de 2015, en que deben celebrarse las elecciones generales. Cabe la posibilidad, como apuntan algunos analistas, de que esta últimas se hagan coincidir con las primeras. En todo caso, si las elecciones generales tienen lugar en otoño 2015 vendrán condicionadas por un primer semestre marcado por precampañas y campañas electorales. Los partidos deberían ser capaces de sobreponerse a sus intereses estrictamente electorales y, paralelamente a sus procesos, ponerse ya a trabajar en una hoja de ruta sobre tiempos y contenidos para la reforma de la Constitución.

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El Rey ante el Parlamento

El proyecto de ley orgánica de abdicación del Rey Juan Carlos I superará la tramitación en el Congreso de los Diputados con una holgada mayoría absoluta. Esto supone que en los próximos días, una vez superado el trámite del Senado, será nombrado nuevo monarca Felipe VI de Borbón, Rey de España. Todo este proceso se ha llevado a cabo, como no podía ser de otra forma, siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución. Ahora bien, cabe preguntarse si aunque los pasos seguidos han sido formalmente adecuados, la tramitación podría haber sido realizada de otra forma siguiendo, igualmente, los márgenes constitucionalmente establecidos. Así ¿no podrían las Cortes haber ostentado mayor protagonismo en todo este proceso “abdicatorio”? Se ha afirmado que la abdicación es un acto personalísimo y que, por tanto, nada pueden hacer el Gobierno o las Cortes más que aceptarla. Aunque esta afirmación ha sido discutida, lo que es irrefutable es que las Cortes Generales representan al pueblo español, donde reside la soberanía, el poder del que derivan todos los poderes constituidos, también la Jefatura del Estado de la que es titular el Rey. Así, ¿las Cortes deberían haber consentido previamente? ¿podrían las Cortes haberse negado a aceptar la abdicación?

Si el Rey es poder del Estado, ¿no hubiera sido exigible que tuviera que hacer una suerte de rendición de cuentas ante las Cortes y que estas hubieran podido ejercer un control, si quiera a posteriori, de la labor realizada por el monarca durante estos 36 años? Algunos dirán que como el Rey no tiene poder político efectivo y que como todos sus actos deben ir refrendados por el Presidente del Gobierno o el Ministro del ramo para ser válidos tal fiscalización sería inútil. Es cierto que el acto del refrendo supone un traspaso de responsabilidad del Rey al refrendante porque, no olvidemos, el Rey es jurídicamente irresponsable de sus actos. Pero realmente ¿el Rey no tiene nada que explicarnos del desempeño de su función como Jefe del Estado? Y los diputados y diputadas, que no son sujetos refrendantes, ¿nada tiene que decir después de más de tres décadas de ejercicio de la más alta magistrautura del Estado?

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25-M: el mayor proceso electoral del mundo

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

En poco más de tres semanas, tendrá lugar el mayor proceso electoral simultáneo del mundo. 500 millones ciudadanos de 28 países europeos podrán acudir a elegir sus representantes en el parlamento democráticamente electo más grande del planeta entre el 22 y el 25 de mayo. Solo la supera la elección a la Lok Sabha, la Cámara Baja de India, con un censo de 814 millones, aunque esta en realidad se trata un macroproceso formado por diversas fases cuya duración se prolonga durante cinco semanas.

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