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La “ejecutivitis”, entre un sistema mayoritario y uno de consenso

Banderas autonómicas

Como señala Ortega en Recomponer la democracia, para salir del ‘fallo multiorgánico’ de la política española es necesario ‘reanimar las instituciones’. Esto significa atemperar lo que él denomina ‘ejecutivitis’, es decir la sobredimensión que tiene el gobierno central en la política española.

Y dentro del ejecutivo, el presidente del gobierno, ya de por sí muy fuerte según nuestro ordenamiento, ha tendido a ganar peso y protagonismo. Es lo que Fabbrini ha llamado el ascenso del príncipe democrático.

Ello se explica por la tendencia a la personalización del poder gubernamental o, como algunos lo denominan, a la presidencialización de la política, una tendencia que se ha visto auspiciada por los cambios en la estructura de la comunicación, por la internacionalización de la política protagonizada precisamente por jefes de Estado y de gobierno y por la erosión de las fracturas tradicionales que han conducido, hasta hace muy poco, a la convergencia ideológica de los grandes partidos.

Estas circunstancias han transcurrido en paralelo al proceso de descentralización política y mientras que en el escalón estatal se configuraba un sistema de partidos de tendencia bipartidista en el que se ha impuesto una lógica mayoritaria, a pesar de que ha habido gobiernos minoritarios, en el ámbito autonómico y local los gobiernos de coalición son habituales y como consecuencia se han impuesto dinámicas más consensuales.

La ‘ejecutivitis’ es pues una disfunción que surge de una tensión entre dos inercias políticas que se dan en el subsuelo del esquema institucional establecido en la Constitución. Durante décadas hemos tendido a ser un ‘sistema mayoritario’, siguiendo la terminología del politólogo Arendt Lijphart, causa de la centralidad del gobierno respecto al parlamento y por los efectos mayoritarios del sistema proporcional, pero nuestra estructura de poder general, de producción de políticas y de gasto ha ido acomodándose a una descentralización que exigen más cooperación entre poderes y entre niveles de gobierno y más consensualismo.

Esta bifurcación entre personalización del poder (que también se ha dado en la gran mayoría de los gobiernos autonómicos), por un lado, y la división territorial de la toma de decisiones y de gasto público, por otro, se ha demostrado perversa. La simultaneidad de estos fenómenos ha dado lugar a notables tensiones, hasta el punto que hoy nos encontramos ante un gobierno central macrocefálico que aspira a una mayor centralización y ante una realidad territorial diversa que tira hacia sí y que en algunos casos opta claramente por la secesión.

Y aunque ninguna de estas opciones tiene cabida en el diseño institucional actual si tenemos en cuenta que todos los sondeos recientes apuntan a que el escenario parlamentario en España va a estar más fragmentado y que no va a haber un partido mayoritario, se dibujan tres grandes escenarios.

El continuismo parece poco viable ya que se enfrenta por un lado a un riesgo evidente de colapso funcional y por otro al colapso político por los embates que suponen el secesionismo, la pérdida de apoyo a la autonomía por parte de la población y los amagos de renuncia al autogobierno por parte de algunas autonomías que prefieren perder competencias antes que asumir los retos de ejercerlas eficazmente.

La recentralización, a pesar de ser la opción que se deduce del proyecto del gobierno central y de que cuenta con el apoyo de UPyD y de una parte del PSOE, es poco plausible no sólo porque iría en contra del alabado principio de subsidiariedad sino porque la propia institucionalización del sistema autonómico ha creado los incentivos para su propia supervivencia. ¿Estará dispuesta la elite política autonómica a hacerse el harakiri y aparecer como la responsable del colapso económico español?

En cambio, una federalización completa del sistema que implicase la incorporación de las autonomías a la gobernación podría proporcionar a la vez más autonomía y más unión. Y ello debería significar resucitar el Senado del estado vegetativo en el que se encuentra actualmente, lo que podría conducir a un reequilibrio de poder entre el parlamento y el gobierno. Es decir, más autonomía y más unión al mismo tiempo. ¿La cuadratura del círculo? En cualquier caso, no requiere tanta imaginación como la mayoría de escenarios apocalípticos o rupturistas que ahora se están planteando.

Nota de Análisis de los editores de Agenda Pública

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