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Sonia Alonso

Investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Berlín (WZB) desde 2004 y doctora miembro del Instituto Juan March desde 1998. Entre 1998 y 2004 ha enseñado e investigado en las universidades de Salamanca, Carlos III de Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), St. Antony's College de la Universidad de Oxford, y Royal Holloway College de la Universidad de Londres. Sus temas de investigación incluyen la descentralización política y el conflicto nacionalista; los partidos políticos, en particular los partidos nacionalistas y regionalistas; los procesos de democratización y la calidad de la democracia; y la metodología del análisis de contenido de textos políticos. Su último libro es Challenging the State: Devolution and the Battle for Partisan Credibility (Oxford University Press, 2012).

Miembro del equipo de investigación Regional Manifestos Project.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 117

Una segunda oportunidad para la derecha populista radical

En toda Europa ha crecido el interés y la preocupación por los partidos de derecha populista radical. Por “derecha populista radical” nos referimos a partidos cuyo perfil ideológico es radical pero no extremista. La diferencia está en que mientras los partidos extremistas tienen como objetivo acabar con la democracia y establecer un régimen autoritario, los populistas aceptan la democracia pero rechazan diversos elementos del régimen democrático liberal. Por ejemplo, la derecha populista radical está en contra de la inmigración y de los derechos a las minorías.

La cuestión de cómo hacer frente a estos partidos ha ganado impulso en los últimos años. Sin embargo, el caso de España ha recibido poca atención. Esto se relaciona con el hecho de que los partidos de derecha populista radical casi no tienen influencia política.

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Inglaterra también quiere: ¿la españolización del Reino Unido?

Artículo publicado en LSE EuroppBlog: The UK should take on board the lessons froms Spain before embracing English devolution

El debate constitucional que se está desarrollando en el Reino Unido nos es familiar a todos los españoles. Nosotros también estamos inmersos en nuestro propio debate constitucional, al igual que lo están los belgas y los italianos, quienes nunca han dejado atrás sus propios debates constitucionales. Esto es lo que pasa con los conflictos centro-periferia, nunca desaparecen del todo. Esta presencia continua es parte de su propia naturaleza. Es ingenuo pensar que los conflictos centro-periferia pueden ser resueltos, de la misma forma que es ingenuo pensar que los partidos estatales hacen concesiones a sus periferias rebeldes con la esperanza de apaciguar sus aspiraciones. En los últimos 100 años en Europa, cada vez que partidos estatales en el gobierno han hecho concesiones a los movimientos nacionalistas periféricos, lo han hecho para proteger sus propios resultados electorales a nivel estatal, y conscientes de los riesgos que dichas concesiones representaban en términos de fomentar una nueva ronda de demandas de más descentralización. Como sostengo en Challenging the State: Devolution and the Battle for Partisan Credibility(OUP 2012), la neutralización de la amenaza nacionalista requiere un grado de consenso inter-temporal entre partidos estatales rivales que la propia dinámica de competición electoral impide o dificulta en extremo. Para los partidos estatales rivales, siempre es posible obtener réditos electorales de la manipulación del conflicto centro-periferia en su favor.

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¿Por qué los líderes europeos son irresponsables?

Hace unas semanas los editores de Agenda Pública tuvimos un encuentro con Luuk Van Middelaar aprovechando que estaba en España para presentar su libro, recién traducido al español, El paso hacia Europa: Historia de un comienzo (Galaxia Gutenberg, 2013). Van Middelaar nos habló de su obra a la luz de la Gran Recesión y de los efectos que la misma ha tenido sobre el proceso de construcción europea. En este post queremos contaros algunos de los temas de discusión y de los argumentos más interesantes que Van Middelaar desgranó durante la entrevista.

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25-M: el mayor proceso electoral del mundo

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

En poco más de tres semanas, tendrá lugar el mayor proceso electoral simultáneo del mundo. 500 millones ciudadanos de 28 países europeos podrán acudir a elegir sus representantes en el parlamento democráticamente electo más grande del planeta entre el 22 y el 25 de mayo. Solo la supera la elección a la Lok Sabha, la Cámara Baja de India, con un censo de 814 millones, aunque esta en realidad se trata un macroproceso formado por diversas fases cuya duración se prolonga durante cinco semanas.

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¿Qué reforma constitucional? Elementos y tiempos

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

La reforma del texto constitucional no servirá como herramienta –al menos no exclusivamente- para salir de la crisis económica, pero debe servir para superar la profunda crisis política de la que aquella trae causa. Y, evidentemente, la reforma de la Constitución no hará desaparecer de un día para otro nuestros problemas de legitimidad democrática, sobre todo, porque algunos de sus motivos no se deben a problemas de configuración jurídico-constitucional, sino a un problema de índole cultural. Sin embargo, la actualización de la Carta Magna ha de ser la hoja de ruta en la reconfiguración de nuestro modelo de convivencia.    En 2006 el Consejo de Estado se pronunció sobre la modificación constitucional respecto de los cuatro elementos sobre los que el Gobierno de Rodríguez Zapatero le preguntó: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Hoy resulta claro, sin embargo, que con el cambio de estas 4 cuestiones, de calados diversos, no es suficiente. Y ello, entre otras razones, porque estamos en un momento de renovación de legitimidades, en el que el originario acuerdo constituyente necesita ser revisado, no en su totalidad pero sí en algunos aspectos clave y, entre estos, parece que hay unanimidad en considerar que el prioritario es el modelo de organización territorial. Y es más, como nos explicaba José María de Areilzaaunque no hubiera aparecido en escena Cataluña, sería igualmente necesario entrar a repensar nuestro modelo de descentralización política. Esto no significa negar los logros alcanzados durante estos años por la Constitución que configuró un sistema abierto que sirvió para dar cabida a las reivindicaciones legítimas de, sobre todo, Cataluña y País Vasco y poder, así, empezar la andadura democrática. Pero han pasado 30 años y el modelo de organización territorial prefigurado en la Constitución ha quedado, en unos casos, superado por la propia realidad jurídico-política y, en otros, se ha demostrado ineficaz para la resolución de determinados conflictos y/o aspiraciones de algunas Comunidades Autónomas. Son varios los aspectos que necesitan de replanteamiento (por ejemplo, el reconocimiento real de la plurinacionalidad del Estado, el sistema de listas de competencias, el sistema –inexistente-  de cooperación entre niveles de poder y, por supuesto, el Senado). Quizá una aproximación válida sería, como apuntaba Leopoldo Calvo Sotelo, ver cómo dar encaje en el (renovado) modelo de organización territorial los elementos del Estatuto de Cataluña, refrendado en 2006, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 2010. Ahora bien, nada de esto tendrá sentido si no se parte de un modelo de organización territorial compartido por todos, al menos en sus bases. Uno de los problemas que ha acarreado nuestro sistema autonómico ha sido que muchos, en la derecha y en la izquierda, no creían en un sistema descentralizado o, si se quiere, altamente descentralizado. Apostaron por la descentralización, si se nos permite, con la boca pequeña. Además, sectores importantes de la vida política y de la sociedad civil han seguido creyendo que la autonomía consistía en un poder cedido o delegado por el Estado (central) en favor de las Comunidades. Sin embargo, la autonomía política de las Comunidades no es consecuencia del ejercicio de delegación del Estado, sino que deriva directamente de nuestro texto constitucional. Esta última realidad jurídica ha sido obviada por muchos. Ha llegado, pues, el momento de sentarse y plantear la discusión serena y rigurosa de cuál es el modelo de organización territorial del que queremos dotarnos. Esto nos lleva a uno de los puntos clave sobre la reforma constitucional, y que paradójicamente apenas se abordan en el debate público: el cuándo. ¿Qué condiciones han de darse para realizar un proceso de este tipo de la forma más serena y dialogada posible? Para los millones de ciudadanos que apuestan ya por una reforma, puede resultar muy frustrante reconocer que en el próximo año apenas se vislumbra un escenario favorable, debido a la larga serie de citas electorales que pueden culminar en las generales de 2015. Pero tampoco un exceso de realismo político debe servir de excusa para cimentar el inmovilismo y aplazar perpetuamente la reforma. La observación comparada nos señala que, en situaciones de minorías políticas (como sucede en Bélgica), los partidos aceptan entrar más fácilmente en un proceso consensuado de reforma. Y también nos dice que es importante el compromiso previo, en un programa electoral, de los partidos más convencidos, como sucedió con la ‘devolution’ de Tony Blair. ¿Significa todo ello que en 2016 estaremos quizá ante la gran ocasión? Desde aquí sólo podemos recordar que, como nos decía Alberto López Basaguren, “la política tiene que evitar el callejón sin salida”.

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Mejorando nuestra educación política

Hace unos días un artículo de Benito Arruñada se preguntaba si la culpa de la crisis política y económica que vive España no es solo de políticos e instituciones sino también de la sociedad. El artículo se hacía eco de una encuesta de la Fundación BBVA en la que aparecemos como los europeos más críticos con políticos e instituciones mientras somos los que menos nos molestamos en informarnos.   No obstante, otros datos que hemos publicado nos indican que la crisis ha aumentado el interés de los ciudadanos por la política. Si en 2006 eran un 43% los españoles que decían hablar o discutir sobre política al menos una vez por semana, hoy ese porcentaje se eleva hasta el 59%. En particular, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos entre 18 y 54 años que afirman hablar sobre política todos los días.   Este mayor interés por la política coincide con el hecho de que el 26,2% de los españoles considera que los políticos, los partidos y la política convencional son uno de los principales problemas de España. Esto nos podría suscitar dos preguntas a las que intentamos responder en esta nota.   ¿Somos más críticos con la política como reacción a la crisis política y económica en que estamos inmersos? ¿O es que ha crecido nuestra información política, transformando nuestra cultura política, y ello nos está haciendo más exigentes con nuestra clase política?   En cuanto al primer interrogante, Diego Muro y Guillem Vidal se han preguntado si la corrupción sólo nos importa cuando la economía va mal. Parece que, cuando los ciudadanos nos vemos amenazados por circunstancias económicas adversas, somos más proclives a buscar culpables y nos mostramos menos tolerantes frente a la corrupción, percibida como un mal de las instituciones o de la ‘clase política’ que nos ha llevado a esta situación. En este sentido, los niveles de desempleo evolucionan de una forma muy similar a los cambios en la percepción de la corrupción, aunque esta elevada correlación no necesariamente significa que una sea consecuencia de lo otro.   De forma más optimista, el segundo interrogante estaría sugiriendo que la crítica ciudadana a los políticos sería el reflejo de un aumento del conocimiento sobre la política. Sin embargo, no hay que olvidar lo que nos recuerda nuestro editor Juan Rodríguez: más bien parece que la decepción de los ciudadanos puede ser el producto de la propia desinformación y alejamiento de la política. Así, se hace difícil pensar que el conocimiento sobre la política que tiene un país, y las preferencias políticas individuales resultantes, hayan podido cambiar mucho en pocos años. La ingeniería social de este tipo suele conllevar generaciones. La calidad democrática de la ciudadanía no se produce espontáneamente ni caprichosamente. En una encuesta de 2009 España ya estaba a la cola. Además, las circunstancias actuales pueden favorecer el desarrollo pero también pueden perjudicarlo. ¿Cómo?   Quienes saben menos de política suelen ser aquellos que disponen de menos recursos socioeconómicos. Quienes menos tienen son quienes menos participan, quienes saben menos del sistema político y, en consecuencia, se ven a sí mismos como ciudadanos menos eficaces e influyentes. Es obligatorio preguntarse, por tanto, en qué medida el hecho de que España sea ya, en estos momentos, el país más desigual de Europa puede afectar al conocimiento de la política por parte de capas importantes de la población y a su participación política. ¿La producción de desigualdad en el presente condicionará y perjudicará la democracia el futuro? Uno de los riesgos inminentes de este fenómeno perverso es que cada día más serán “unos pocos” los que puedan establecer la agenda política. La crisis económica y las políticas de austeridad están afectando la inversión en educación. En este sentido, y como nos indica Máriam Martínez-Bascuñán, Martha Nussbaum nos alerta de una “crisis silenciosa” (“Sin fines de lucro”, Ed. Katz) que tiene que ver con el recorte del presupuesto asignado a la educación. Y con ello, la “erosión grave de las cualidades esenciales para la vida misma de la democracia”. En este sentido, nuestra editora Argelia Queralt alertaba del riesgo de que la nueva LOMCE debilitara el aprendizaje de los valores constitucionales en el itinerario curricular.

Otra derivada que debe centrar nuestra atención es la tendencia, en los medios de comunicación, a convertir la política en un tema morboso, conflictivo o incluso caricaturesco. Ante el crecimiento del interés por la política, los medios pueden tratar de satisfacer al público sacrificando la función de informar –y con ello, de formar- en aras del entretenimiento. Así, se han multiplicado los programas de infoentretenimiento, y a partir del análisis de Carol Galais podemos señalar que a más exposición a programas de información, más polarización de la audiencia.   Finalmente, en la era del Big Data, la fractura digital se sobrepone a las viejas fracturas. Según los datos del trabajo “Internet y participación política en España” (2010), a mayores niveles de estudios mayores niveles de utilización de Internet. Nuestras sociedades se hallan abrumadas ante una ingente cantidad de información. Pero seguirá siendo necesario disponer de un capital cultural, cívico y humanístico, para procesarlo, comprenderlo y digerirlo. Los estudios muestran que en España persiste un déficit de comprensión e interpretación de los acontecimientos que sólo es posible fomentar desde el ámbito educativo. De lo contrario, podemos convertirnos en meros consumidores pasivos de información preseleccionada. Y sin las herramientas y las actitudes precisas, informarse puede no significar formarse, sino conformarse con la realidad.   En 1914, Ortega y Gasset lanzaba la iniciativa de una Liga de Educación Política para superar la ‘vieja política’ que estaba lastrando la sociedad española. Cien años después no resulta menos perentoria una coalición similar formada por la escuela, los medios de comunicación públicos y privados, la red, el Parlamento y muchos otros foros de la sociedad civil.

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GRÁFICO: ¿Qué evaluación hacen los europeos de la justicia social en sus respectivas democracias?

Hace unas semanas presentaba un gráfico basado en datos de la Encuesta Social Europea 2012/2013, en el que mostraba hasta qué punto los ciudadanos europeos creen que la justicia social es un componente definitorio de la democracia. Vimos entonces que para una mayoría de ciudadanos en 12 de los 24 países en los que se pasó la encuesta (en algunos casos mayorías muy considerables) una democracia no es tal si no va acompañada de justicia social.

Hoy presento la otra cara de la moneda de esta creencia: cómo evalúan los ciudadanos europeos la justicia social de las democracias en las que viven. Los dos gráficos presentados abajo muestran el porcentaje de respuestas a las preguntas: a) ¿Hasta qué punto cree que el gobierno protege a todos los ciudadanos contra la pobreza? y b) ¿Hasta qué punto cree que el gobierno toma medidas para reducir la desigualdad de ingresos en el país? La escala de respuestas va de 0, si la afirmación no es aplicable en absoluto para el país del encuestado, a 10, si la afirmación es totalmente aplicable al país del encuestado.

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Voz e influencia política

Ricardo Hausmann se preguntaba hace unos días ¿por qué son democráticos los países ricos? La respuesta es que no es suficiente con una mano invisible que haga funcionar la economía. Es necesaria, además, una segunda mano invisible que genere la calidad necesaria dentro del sistema político para que las economías modernas funcionen. Esta segunda mano invisible requiere información suficiente, como nos recuerda Hausmann, para tomar decisiones mejores.  En esta misma línea, Andrés Ortega afirma en Recomponer la democracia que es necesario encontrar los incentivos necesarios para convencer a las élites políticas y económicas de acometer las reformas necesarias para superar una crisis, la política, que es condición para la recuperación económica. Sin embargo, ¿se trata sólo de persuadir a quienes deciden formal e informalmente? ¿Y quién debe hacerlo? ¿Expertos, comunicadores, ciudadanos y actores interesados? Si existe realmente esa segunda mano invisible de la democracia, ¿responde a la voluntad del ciudadano? En el trasfondo de estos interrogantes, aparece el debate del papel de la ‘voz’ de aquellos que participan en el proceso democrático (instituciones, actores y simples ciudadanos). ‘Voz’ en el sentido de Hirschman, “un intento de cambiar un estado de cosas insatisfactorio”. La ‘voz’ de los que no están de acuerdo o piensan que las cosas se pueden hacer mejor.Crece la intuición de que estamos ante un momento crucial en el que se define cómo se articulará la ‘voz’ de nuestras democracias en el futuro. Y, con ello, quién podrá expresarla.Partiendo de la consideración del espacio público como un proceso a través del cual los problemas de la sociedad son discutidos, procesados y, finalmente, llevados a influir sobre la formación de la autoridad de la ley y de las políticas públicas, Mariam Martínez-Bascuñán asume que este espacio está en plena transformación debido a la generalización de las nuevas tecnologías. El resultado podría ser una emergente ‘democracia comunicativa’.Un futuro no exento de riesgos. Si en la nota de la semana pasada señalábamos el riesgo creciente de que sean los “nuevos pocos” los que capturen el proceso político y que para ello inviertan recursos económicos en el establecimiento de la agenda política, hoy insistimos en una paradoja. Frente al riesgo de la aparición de una nueva elite transnacional, las redes sociales plantean un escenario contradictorio: eliminan las barreras a la libre circulación de la información y de ideas, pero también, paradójicamente, las imponen. En este sentido, Cass R. Suntsein argumenta que en la web normalmente vemos aquello que nos gusta y nos gusta aquello que vemos, eludiendo la exposición a aquellas perspectivas que no compartimos. Este fenómeno que es el que ha permitido la emergencia de medios y blogs “de nicho”, en los que sólo podemos leer opiniones con las que estamos de acuerdo, no contribuye en absoluto al debate democrático. Como Lluís Bassets afirmaba en una conversación, lo que se produce es una fragmentación y una competencia de versiones de la realidad que viven las unas de espaldas a las otras. Aunque ya no podemos hablar de tiranía de la mayoría, las nuevas minorías que se construyen en la red presentan los mismos peligros potenciales sobre los que alertaba Tocqueville: la imposición de una sutil censura, el debilitamiento de la independencia de juicio y la merma en la capacidad crítica de la sociedad. Además, esta manera compartimentada de leer la realidad afecta a la propia esencia de la democracia ya que no sólo hay disenso sobre la interpretación de la realidad, como debe ser en una sociedad plural, sino que hay disenso sobre la propia realidad. El reto es, como apunta Bassets, si seremos capaces de organizar una comunidad política, una verdadera politeya, si ni tan sólo hay consenso alrededor de la realidad. ¿Cómo conseguir que la gente que vive en modelos paralelos mantenga principios comunes que hagan viable la supervivenvia del marco democrático? En último extremo, ¿cómo garantizar que la fragmentación de la opinión y del conocimiento no conduzca a la fragmentación de la voz de los ciudadanos, y con ello, del debilitamiento de los que se encuentran a priori más alejados del poder?En nuestra opinión, reconstruyendo espacios de argumentación pública. ¿Cómo? Lejos del modelo clásico de filósofos-reyes, que parecen saber mejor que nadie lo que conviene al resto de la sociedad, hemos de avanzar hacia una convergencia de voces entre políticos, expertos y ciudadanos, en torno a un principio de calidad democrática: expertos y comunicadores que aportan datos (más o menos) objetivos (y sobre todo discutibles y falseables, alejados de las certezas dogmáticas), gobernantes que utilizan esos datos para tomar decisiones con criterio inclusivo y racional, y ciudadano que absorbe esa información, la discute, la contrasta (e incluso la retroalimenta) y la acaba utilizando para castigar o premiar a los gobernantes. El futuro de la democracia de calidad, donde las instituciones respondan ante la ciudadanía, y el progreso económico y social se juegan en este debate sobre quién merece ser escuchado para que las decisiones que se tomen sean mejores. Y también de cómo saber escuchar.

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Los nuevos pocos

"Es muy lamentable que parte de las élites económicas (en los países más afectados por la crisis) asuman tan poca responsabilidad por la deplorable situación actual". Lo decía Angela Merkel hace unos meses en una entrevista en el diario El País.   La emergencia de una nueva élite, totalmente desconectada de las preocupaciones y dificultades de las clases medias, está provocando que, como ya señaló Colin Crouch, estemos entrando en una nueva fase posdemocrática en la que "poderosos intereses de minorías se han vuelto mucho más activos que la masa de gente común a la hora de lograr que el sistema político trabaje para ellos". Andrés Ortega en ‘Recomponer la democracia’ sitúa a España en este punto de la evolución de la democracia.   Recientemente ha sido Oxfam la que, aprovechando el encuentro del World Economic Forum en Davos, ha querido denunciar que la mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico de la población.   Hay visiones contrapuestas sobre los efectos que para la democracia tiene la concentración en pocas manos del poder económico, político y social. Tim Harford en el Financial Times ha puesto en duda la metodología del informe de Oxfam y desde la academia ha sido Gregory Mankiw quien asegura en ‘Defending the One Percent’ que las desigualdades son un aspecto inevitable o incluso beneficioso para el progreso económico, y por lo tanto, los ricos deben luchar por ellas.   De quién consiga establecer la agenda setting en este debate se desprenderá si se produce o no una captura del proceso político por parte de unos pocos. Los "nuevos pocos" destinarán recursos a establecer la agenda pues, como dice Lawrence Katz y señaló Pau Marí-Klose en un artículo reciente, es en sociedades muy desiguales donde las élites económicas disfrutan de una capacidad excesiva para comprar voluntades y conseguir favores y contratos, utilizando mecanismos que distorsionan las dinámicas de mercado (cortejando a políticos, financiando sus campañas, incurriendo en prácticas oligocopolíticas y eludiendo la acción de los tribunales, etc.). Esto les permitiría optar por desconectarse completamente de los intereses de la sociedad y seguir apoyándose en la dinámica del crecimiento de las rentas del capital (en 2011, las rentas empresariales superaban por vez primera a las rentas salariales en España). Cabe identificar algunas propuestas que mejorarían las opciones de la mayoría de la sociedad y situarían sus preocupaciones en el centro del debate. En primer lugar, se debería producir un "empoderamiento" económico de la ciudadanía permitiendo que participe más en la economía. Esto implica situar la economía en el debate público y aumentar la pedagogía y la cultura económicas. Algunas voces reclaman, en esta línea, que la cuestión social no se puede dejar en manos de los economistas. El economista Francesc Trillas ha señalado una debilidad española que no existe en Estados Unidos ni en Francia: nuestros economistas con más prestigio profesional académico a nivel internacional no son de izquierdas y, en este sentido, sería muy deseable que existieran plataformas de izquierda y centro-izquierda que tuvieran el prestigio público y profesional que se ha ganado, por ejemplo, Nada es Gratis, pero para eso no hay que renunciar jamás a la pretensión de construir mejor conocimiento científico. En tercer lugar, cabe preguntarse si podremos conservar la igualdad social adquirida sin los actores que la promocionaron en el pasado siglo. Los partidos políticos y los sindicatos se han ido haciendo pequeños, tienen menos capacidad para vehicular las demandas sociales y ello coincide con un momento histórico de destrucción masiva de empleo y de aparición de lo que Guy Standing ha denominado "el precariado". A ello tenemos que añadir que, a pesar de la rapidez y la utilidad de los medios sociales para organizar manifestaciones, estas tienen pocos resultados prácticos. Podemos saber un poco más de las protestas y manifestaciones en el mundo a partir del estudio World Protests 2006 - 2013 realizado por la Initiative for Policy Dialogue y la Fundación Friedrich Ebert. Y, finalmente, la mayoría de la sociedad podrá situar sus preocupaciones en el centro del debate público si tiene voz. La salida de la crisis será política o no será y en este sentido para ser un país democráticamente maduro tenemos que "invertir" en infraestructuras de ideas y opinión. Para construir esta infraestructura necesitamos superar un viejo problema muy español: tenemos una clase dominante más que una clase dirigente.

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Más políticas y menos política

Si observamos la evolución del debate político en los últimos años, podríamos tener la impresión de que se ha reavivado con la crisis y sus duras consecuencias. Pero no nos dejemos engañar: la política nos interesa hoy más que hace años, y hemos incrementado nuestra atención y nuestra exigencia hacia los políticos, pero seguimos hablando muy poco de políticas. Nuestro debate público sigue padeciendo la misma falta de calidad de los años de bonanza: la política vista como un juego de trincheras, como una discusión entre esencias ideológicas, una competición entre identidades partidistas, o, en una versión muy de moda, como una lucha entre el pueblo y ‘los de arriba’.   Desde nuestro punto de vista, a la perspectiva de fallo multiorgánico diagnosticada por Andrés Ortega en Recomponer la democracia, debemos añadir la idea de fracaso cognitivo, según Daniel Innerarity. Entendemos por tal el fracaso de la transferencia de conocimiento desde aquellos centros que la producen (universidades, think tanks, empresas privadas y otros actores sociales) a los centros de decisión (gobiernos) y a los ciudadanos que deben elegir a sus representantes para ubicarlos en esos centros de decisión.   Una observación rápida de portadas de diario o de tertulias radiofónicas de la última década nos demostraría que no supimos transformar un debate que siguió girando en torno a principios y a identidades de partido (si no directamente ideológicas). En estos años de reconversión política predominan las enmiendas a la totalidad (cambios de sistema, substitución de partidos, transformación radical de las normas de decisión y representación) más que debate sobre cirugía institucional de alta definición.   Este fallo cognitivo tiene formas muy concretas: las páginas de política y de economía suelen estar separadas en secciones estancas, nuestros debates tienen pocos números y nuestras reformas legales e institucionales apenas mencionan cómo evaluaremos antes el rendimiento de las existentes y de las futuras.   Por supuesto, el fallo cognitivo (no pudimos hacerlo mejor porque no sabemos suficiente) es sólo un vector que explica nuestra situación, que se une con otros: el debilitamiento del Estado ante las reglas de la globalización, las dinámicas perversas de instituciones políticas ineficientes, y errores concretos de políticas públicas equivocadas o mal diseñadas.   ¿Dónde podríamos situar las causas de este fallo cognoscitivo? Aunque quizá dispersos y faltos de una coherencia global, existen algunos debates en curso sobre esta cuestión.   Por un lado, hay un debate centrado en el ‘quién’ debe transmitir o divulgar el conocimiento: ¿es que los expertos, los científicos sociales hablan poco porque su espacio está ocupado por voces menos autorizadas? Para unos, se trata de una terreno en el que deberían haber más politólogos y científicos sociales. Para otros, el problema viene más bien de las carencias que los académicos sociales tienen para transmitir su conocimiento en comparación con otros tipos de escritores más dotados. Es decir, quién merece ser escuchado.   También hay un problema referente a la educación cívica de la ciudadanía. Los medios han trasladado una ciencia entendida como verdades que eran dadas a conocer a la opinión pública sin apenas posibilidad de ser rebatidas. Que ello haya sido así, y se haya concebido la existencia de un ciudadano como receptor pasivo, ha provocado un debate menos informado y que genera una ciudadanía menos exigente hacia la política.   Hay un segundo debate que hace más referencia al ‘qué’: abordamos la discusión sobre cómo debería gobernarse nuestra sociedad mediante posiciones demasiado normativas, basadas en principios ideológicos (a veces demasiado alejados de la realidad concreta, a veces demasiado poco contrastados con los hechos). Este problema posee diversas fuentes. Es cierto que a veces la academia no ayuda mucho a situar el debate sobre las cuestiones esenciales, al producir investigaciones irrelevantes para los ciudadanos interesados y, peor, para los propios gobernantes. Pero sobre todo, estamos pendientes de que los profesionales de la información trasladen a sus textos de análisis la ingente cantidad de datos que ya están disponibles. No se trata sólo de cómo ha cambiado el negocio del periodismo y de la información.   Esta situación se refleja en lagunas preocupantes. Existe una falta de cultura de la evaluación de nuestras políticas públicas. Y esto nos hace perder oportunidades. Un ejemplo son los debates sobre la manera en que recibimos las periódicas evaluaciones de ratings y rankings como PISA, que a menudo se leen como la clasificación de la Liga de fútbol. ¿Cuánto nos ha ayudado a mejorar nuestras políticas educativas evaluaciones internacionales de este tipo?   Algunos dicen que el futuro de las políticas públicas pasa por los datos. Dos tensiones se apuntan en ese horizonte: tendremos muchos más datos para tomar decisiones (aunque la política deberá resolver sobre qué serán esos datos y a quién pertenecerán) al tiempo que necesitaremos una visión de conjunto para saber cómo utilizarlos y seleccionarlos. A la espera de ese escenario, cabrá preguntarse hasta qué punto podremos resolver el fallo multiorgánico de la política española sin superar el fallo cognitivo que la ha acompañado.

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