Catalá no mueve ficha pese a los 4.500 apartamentos turísticos ilegales de València mientras Madrid los prohíbe

Suspensión de las licencias municipales en las zonas más problemáticas, un fuerte endurecimiento del régimen sancionador, con multas de hasta 30.000 euros y un aumento del cuerpo de inspectores. Estas son las medidas que ha anunciado recientemente el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, del PP, para frenar el descontrol de apartamentos turísticos, que además de generar problemas de convivencia, arrastra al alza de forma exponencial los precios del alquiler residencial.

En València, aunque evidentemente a otra escala, también existe un problema derivado del descontrol de este tipo de alojamiento que se anuncia en plataformas digitales. Pese a todo, la alcaldesa de València, la también popular María José Catalá, no se decide a tomar cartas del asunto. El pasado mes de febrero, preguntada al respecto, se limitó a defender el incremento de inspecciones y de sanciones. Según dijo, tan solo en el primer trimestre de 2024, la Policía Local ha puesto 156 denuncias a apartamentos ilegales, un 120% más que en el anterior mandato.

Con todo, las cifras son insignificantes teniendo en cuenta que según Visit València, portal oficial del Ayuntamiento, la ciudad cuenta con 10.286 apartamentos turísticos anunciados en diferentes plataformas y que la Agencia Valenciana de Turismo solo tenía 5.747 registrados a 31 de diciembre de 2023, es decir, 4.539 están funcionando de forma irregular, la mayoría sin la compatibilidad urbanística que otorga el Ayuntamiento si cumple todos los requisitos. Las cifras de nuevas viviendas turísticas, además, se han disparado un 40% desde enero de 2023 hasta la actualidad, mientras que el registro oficial de la Agencia solo han subido en un año un 2,4%.

Además de las pocas sanciones que se ponen en comparación con el número de inmuebles ilegales, la cuantía de las mismas no es precisamente disuasoria. La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) viene exigiendo un incremento de las cuantías puesto que en la actualidad, según informan, se aplica una sanción de tan solo 600 euros, la mínima que establece la legislación, cuya horquilla permite llegar a los 4.000 euros. Queda lejos de los 30.000 euros que se aplicarán en Madrid.

Al mismo tiempo, el precio del metro cuadrado de alquiler residencial en València permanece en máximos históricos. Según el portal especializado Fotocasa, en el mes de marzo la ciudad alcanzó los 14,53 euros el metro cuadrado, un 17% más que en diciembre de 2022 y un 49% más que en enero de 2019, año previo a la pandemia.

En este contexto, y presionada también por Compromís y el PSPV, Catalá afirmó este jueves que no descarta ninguna medida sobre los apartamentos turísticos para que no proliferen los pisos ilegales y defendió un “crecimiento controlado” de estos establecimientos y un turismo de calidad.

Sobre la decisión de Almeida, comentó en declaraciones a Cope Valencia: “Madrid ha tomado una decisión. En nuestro caso, para poder hacer una suspensión de licencias, ha de modificarse el PGOU de 1989. No descarto nada, porque no quiero que proliferen los apartamentos turísticos ilegales, queremos un crecimiento controlado y un turismo de calidad”.

Compromís y el PSPV piden no se den más licencias

La portavoz de Compromís, Papi Robles, propuso un plan de choque “a favor de la vivienda, de los precios asequibles, para proteger a los valencianos y valencianas”. Robles hizo un llamamiento a todos los grupos municipales a sumarse a esta iniciativa “para frenar esta grave situación que está impidiendo el acceso a una vivienda en nuestra ciudad y está expulsando a los vecinos y vecinas de los barrios”.

La propuesta de Compromís, que se debatirá en el próximo pleno municipal, consiste en un plan para restringir “de forma drástica” los apartamentos turísticos en la ciudad. Este plan contempla una ordenanza municipal que establezca una moratoria de licencias de apartamento turístico mientras València esté catalogada como ciudad tensionada por la Ley de la Vivienda y que se establezca un régimen sancionador para los apartamentos turísticos irregulares. Para detectarlos, Compromís plantea que se cree un registro municipal obligatorio para los propietarios de viviendas turísticas. También insta al Gobierno municipal a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para establecer edificios libres de apartamentos turísticos y un máximo de un 5% de apartamentos turísticos por manzana de edificios.

El concejal socialista Borja Sanjuán exigió a Catalá “que deje de perder el tiempo” y aplique ya la moratoria para los apartamentos turísticos que dejó preparada y dispuesta para su aprobación el Partido Socialista desde Urbanismo en el anterior mandato.

“La señora Catalá lleva casi un año en el gobierno municipal y el resultado es que durante este año hay barrios de la ciudad de Valencia que han visto cómo se duplicaba el número de apartamentos turísticos que tenían hace tan sólo 12 meses. Se han disparado los apartamentos turísticos, especialmente los ilegales, y el PP no ha hecho absolutamente nada, pese a que el Partido Socialista le dejó preparada la moratoria para aprobarla en la primera junta de gobierno del nuevo mandato”, lamentó.

Sanjuán también comentó que “lo que debería hacer Compromís es apoyar la propuesta de los socialistas y dejar de ofrecer excusas a Catalá para retrasar más la puesta en marcha de la moratoria de los apartamentos turísticos con su propuesta de empezar de cero cuando ya hay un documento redactado por el servicio de Planeamiento y dispuesto para tramitar”.